COMUNICADO DE PRENSA CÍRCULO PODEMOS CALVIÀ PONENT En relación a la situación de los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios para la empresa “serveis del transport sanitari terrestre urgent per la illa de mallorca nº 1 ute”, adjudicataria del servicio público de ambulancias urgente de la isla de Mallorca, licitado por el Govern Balear a través del IB-SALUT, y en referencia a la inaplicación del convenio colectivo que pretende dicha empresa, queremos posicionarnos políticamente realizando las siguientes consideraciones: En atención a los principios políticos, en PODEMOS defendemos que un servicio público como el transporte público sanitario destinado a la ciudadanía, tanto el de carácter urgente como el de carácter programado, no debiera de privatizarse, en el sentido de licitar un contrato para que una empresa privada preste dicho servicio, nos comprometemos a trabajar para internalizar dicho servicio y devolver lo que es público al pueblo y que sea gestionado por éste a través de sus representantes políticos y los trabajadores de la función pública. La empresa pretende inaplicar el convenio colectivo, y por ende recortar derechos a la plantilla de trabajadores y a la ciudadanía en las siguientes materias: 1. Reducción de tablas salariales, en valores del 2015, en un 10%, para los años 2016 y 2017. 2. No aplicación del incremento salarial, regulado en el art. 12 del convenio para los años 16 y 17, que supone un ahorro del 3,5% de la masa salarial actual. 3. No aplicación del incremento de las pagas de septiembre de 2015-2016 y 2017, reguladas en el art. 17 del convenio sectorial, que supone un 2% de ahorro. 4. Congelación del concepto de antigüedad para 2016 y 2017, que supone un ahorro del 1%. 5. Realización de la formación continuada establecida por ley, convenio o contrato con el cliente, como obligatoria adicional a la jornada y sin retribución adicional. 6. Entrega de ropa a la devolución de la prenda deteriorada. 7. Lavado de ropa que haya estado en contacto con fluidos biológicos o con pacientes infectocontagiosos. No es de justicia social, que una empresa adjudicataria de un contrato para la prestación de un servicio público, que prorrogó voluntariamente hasta en dos ocasiones, una vez prorrogada en última ocasión, se despache diciendo que se encuentra en una situación objetiva de índole económica y por ello va recortar derechos de los trabajadores y trabajadoras y ciudadanía. ¿Cómo es posible que una empresa con anterioridad a prorrogar un contrato voluntariamente, a sabiendas del presupuesto –gastos, ingresos, y beneficios- pueda ahora sorpresivamente alegar que el contrato le es perjudicial económicamente si lo cumple? La respuesta es fácil: falta de ética empresarial y depredación del caudal público en perjuicio del sistema público de salud. Es por ello que desde PODEMOS CALVIÀ PONENT, queremos arropar a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa, y a la ciudadanía usuaria de dicho servicio público, mostrando nuestra más enérgica repulsa y censura por la actitud antisocial y egoísta de la empresa para con la plantilla y la ciudadanía de Mallorca, y por ello al amparo del contrato administrativo adjudicado (pliego de condiciones técnicas y administrativas) y acervo normativo en materia de contratación pública, nos comprometemos a trabajar para la resolución de dicho contrato y la internalización del servicio y gestionarlo directamente por la administración pública, y en su defecto, resolverlo por incumplimiento y licitar uno nuevo que evite situaciones como en la que nos encontramos.

Calvià, a 26 de Julio de 2016