La base de Morón, nuevas funciones El gobierno del PP ha firmado con Estados Unidos una modificación del vigente Convenio de Cooperación de Defensa para que la base aérea de Morón de la Frontera se convierta en la principal sede del ejército norteamericano para la intervención en África. Se cuadruplicará el número de efectivos militares USA, llegarán quinientos civiles “de apoyo” y crecerá significativamente el número de aviones de combate allí estacionados (algunos, sin duda, con armamento nuclear). Como es sabido, las bases de Morón y Rota son resultado de los Pactos de Madrid de 1953 entre el régimen franquista y el gobierno del presidente Eisenhower, en plena guerra fría entre el “mundo libre” --que así legitimaba, por razones geoestratégicas, a la dictadura surgida del golpe militar-fascista de 1936-- y el “bloque comunista”. Desde entonces, España ha sido un socio dócil, un aliado fiel, de la primera potencia militar del mundo constituida en sheriff del llamado orden internacional. La segunda Restauración Borbónica, en este como en otros ámbitos, apenas supuso cambios importante respecto a la situación en el franquismo; antes bien, la incorporación a la OTAN, propiciada por el PSOE de Felipe González, profundizó los compromisos militares y la aceptación de nuestra posición subalterna en la alianza. La potenciación de las base que ahora se pacta tiene como objetivo declarado facilitar las intervenciones militares rápidas en aquellos países africanos y del Próximo Oriente que sean percibidos como una amenaza para los intereses norteamericanos, bien por tener regímenes poco sumisos a la voluntad de Washington o por ser definidos como “estados fallidos”, propicios para que en ellos se desarrollen organizaciones terroristas. La modificación de las funciones de la base de Morón supone, de hecho, una cesión de soberanía a los Estados Unidos aún mayor que la hasta ahora existente. Una cesión que no escandaliza a los nacionalistas españoles, tan sensibles a las pitadas a himnos y a las demandas del derecho a decidir por parte de algunos pueblos de los que componen esa realidad plurinacional, no reconocida jurídicamente, que es el Estado Español. ¿Nos han preguntado a los andaluces si estamos de acuerdo con que porciones de nuestro territorio pasen, de hecho, a ser controlados por un ejército extranjero? ¿Ha sido consultado el gobierno de la Junta de Andalucía sobre un tema que afecta directamente a nuestro papel en el mundo y a nuestra seguridad? ¿Son compatibles los ideales de paz, interculturalidad y armonía que caracterizan nuestra cultura y a nuestro pueblo con que se añada a la función, que ya estamos siendo obligados a ejercer, de barrera territorial contra quienes pretenden acceder a Europa, la de ser también la plataforma desde la que se lancen ataques militares contra países del Sur? Actualmente, Andalucía no tiene instrumentos para poder decidir, y ni siquiera intervenir en las decisiones, sobre cuestiones como esta que afectan de forma muy importante a nuestro presente y nuestro futuro. Pero es que, además, las instancias políticas autonómicas hacen como si cuestiones como esta no fueran con ellas. La falta de competencias --que refleja las insuficiencias del actual modelo jurídico-territorial del

Estado-- no obliga a ser ciegos y mudos. Es clamoroso el silencio de doña Susana Díaz, tan locuaz siempre contra el PP y contra cuantos osen contradecirla, que parece no haberse enterado de lo que ha sido firmado sin consultarle ni siquiera informarla. Y choca también el silencio del Defensor del Pueblo Andaluz y de la mayoría de los partidos políticos. Desde Andalucía, ¿no hay nada que decir? ¿Debemos conformarnos con escuchar los telediarios o leer en la prensa lo que se acuerda, sin nosotros, para nuestro territorio? Tanto más cuanto que la potenciación de la base de Morón, junto a la reciente conversión de Rota en uno de los epicentros del escudo antimisiles, ponen a Andalucía en la diana del terrorismo internacional, convirtiéndonos en un país de riesgo por las potenciales represalias ante ataques que partan de nuestro suelo. Para no hablar de la probabilidad de accidentes con resultados dramáticos. Y, encima, hemos de soportar la burla de que traten de justificarnos todo esto con el mantra de la creación de puestos de trabajo. Por ese camino, pronto se defenderá la reinstauración de la pena de muerte aduciendo que supondría algunos nuevos empleos (de verdugo). En el caso de Morón, tenemos ya la experiencia de que toda ampliación del personal norteamericano supone el despido de trabajadores locales. Eso sí, puede que ahora se abran más whiskerías y clubs de alterne en las carreteras circundantes. ¿Se referirán a estos empleos quienes dicen que van a crearse con la potenciación de la base? ISIDORO MORENO Catedrático Emérito de Antropología Social Universidad de Sevilla Enviado como artículo para Tribuna al Grupo Joly el 21 de junio de 2015.