ANEXO Análisis Mensual No. 05, 2011

Revista de prensa La historia está en nuestras manos Ana Lucía Blas En qué consiste y por qué reformar la Constitución ahora José Carlos Sanabria

Documentos CICIG llama a cerrar filas ante la barbarie 26 de mayo del 2011

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ONU Derechos Humanos condena con firmeza masacre en Petén 15 de mayo del 2011

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No. 05, Mayo 2011

REVISTA DE PRENSA

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La historia está en nuestras manos Ana Lucía Blas * Aunque para estas alturas es probable que muchos estén cansados de ver y oír publicidad de los partidos políticos, el proceso electoral apenas comienza, pues, oficialmente arrancó el 2 de mayo pasado. A partir de ahora, con seguridad, la campaña se intensificará en la medida en que aparecen nuevas nominaciones, no solo de candidatos a la Presidencia, sino también candidatos a alcalde y a diputados. Así, cada día habrá más rostros sonriendo desde los postes o desde vallas, mientras en la radio y en la televisión sonarán sus canciones y promesas. Pero, fuera de todo ese ruido, el evento electoral trae consigo grandes retos, no solo para los partidos políticos y las instituciones relacionadas con el desarrollo de ese proceso, sino también para los ciudadanos. Por un lado, los partidos tienen la responsabilidad de respetar las reglas del juego. Hasta ahora, muchos las han incumplido, adelantándose abiertamente a la campaña y apelando una y otra vez las sanciones impuestas por el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, deben desarrollar una campaña de propuestas con visión de Estado, de largo plazo, incluyentes, que respondan a las principales necesidades de la población. Esto implica debate, en lugar de la confrontación y polarización que caracterizó la antesala electoral, especialmente por parte de los dos partidos que

encabezan las encuestas. Por el otro, los ciudadanos debemos dejar de lado la indiferencia y ser conscientes de que la historia se está escribiendo, y que en nuestras manos está el legado del próximo gobierno, pues no se trata únicamente de elegir a un Presidente para que administre el país durante cuatro años, ya que sus acciones y omisiones repercutirán más allá de ese plazo. Los alcaldes comparten también la responsabilidad del mayor o menor desarrollo de su municipio, y son el vínculo más cercano para que la población, especialmente en el área rural, plantee sus demandas. En tanto, los diputados deben representar a sus electores en el Congreso, legislando en función de los intereses de todos, y no de los de sus partidos o financistas.

Congreso de la República 20082012, en la que se evalúa el desempeño de ese organismo. Ambas herramientas pueden ser útiles para quienes deseen profundizar un poco más antes de tomar una decisión. Tenemos un electorado más maduro, compuesto por un gran porcentaje de jóvenes que ojalá logren obtener a tiempo su DPI y se empadronen para votar. Debemos estar atentos y ser críticos ante los ofrecimientos de los candidatos, para que nuestro voto sea producto de una reflexión sobre lo que queremos para Guatemala; de lo contrario, desperdiciaremos una importante oportunidad de sentar las bases para un futuro mejor.

De tal cuenta, es también importante que nos informemos, en la medida de nuestras posibilidades, acerca de quiénes son los aspirantes a esos cargos, de su trayectoria y propuestas, y tomemos la decisión que nos parezca más conveniente. Para contribuir en parte con el mejor conocimiento de las propuestas de los partidos y de la trayectoria de algunos candidatos, Asies trabaja en una nueva edición de la Monografía de los partidos políticos, la cual estará disponible en julio próximo. También publicó en el 2010 una Monografía del

*Consultora del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ASIES Fuente: Columna de opinión publicada en El Periódico. Guatemala, miércoles 11.05.11

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En qué consiste y por qué reformar la Constitución ahora José Carlos Sanabria * En las conversaciones con familiares, amigos, compañeros de trabajo y casuales casi nunca faltan los comentarios sobre la violencia e impunidad que afecta a muchos guatemaltecos, como la debilidad de las instituciones para atender estos flagelos. La evidente necesidad de promover cambios sustanciales en estos aspectos lleva a recordar que tanto los Acuerdos de Paz como varios informes e investigaciones de instituciones nacionales e internacionales, respaldan y sugieren acciones consensuadas, integrales y progresivas. Con ese ánimo, las universidades de San Carlos de Guatemala (Usac) y Rafael Landívar (URL), y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), asumieron el reto de proponer una reforma constitucional parcial, restringida a los ámbitos de justicia y seguridad. Dicha reforma, presentada al Congreso de la República, ha sido bien recibida por la instancia de jefes de bloque y los diferentes sectores de la Mesa de Seguridad y Justicia de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, de los que se espera enriquezcan su contenido. Es importante aclarar en qué consiste la propuesta, ante la urgencia para apoyar las acciones planteadas que posibilitarán un eficaz desarrollo de los sistemas de administración de justicia y seguridad, así como adecuar la Constitución a las actuales

circunstancias político-sociales, en el marco de un espíritu de perfeccionamiento del sistema democrático. Aprobar esta reforma garantizaría la estabilidad e independencia judicial en el ejercicio de la judicatura y magistratura, fortalecería la carrera judicial, aumentaría el período constitucional de funciones para jueces y magistrados, y establecería una sustitución paulatina de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La reforma modifica la integración de las comisiones que postulan candidatos a magistrados de la CSJ y a Fiscal General, y regula la carrera fiscal. A través del reconocimiento del derecho de asistencia legal gratuita se garantiza el acceso de los ciudadanos a este servicio. Reconoce constitucionalmente a la Policía Nacional Civil, fortalece la función de investigación, prevención y combate del delito, y la profesionalización de su recurso humano. En otras palabras, busca dotar a los sistemas de justicia y seguridad de un marco normativo constitucional y de carreras profesionales que permitan su eficaz desarrollo, los fortalezca institucionalmente e impulse soluciones integrales a los problemas de impunidad, violencia y criminalidad. El 2011 presenta una oportunidad

para aprobar esta reforma constitucional por dos razones: el consenso en diversos actores sociales y políticos, nacionales y extranjeros, sobre la necesidad de realizar cambios para fortalecer los sistemas de justicia y seguridad; y aprovechar el actual proceso electoral para su ratificación en consulta popular, con lo cual se ahorrarían gastos y se iniciaría, en el 2012, un nuevo período presidencial y legislativo en mejores condiciones para atender las demandas de seguridad y justicia. En las instancias académicas que suscriben la propuesta priva el criterio político de convertir el tema de las reformas en un pacto social que contribuyan al fortalecimiento de los sistemas de justicia y seguridad, para que estos puedan atender de manera integral la impunidad, criminalidad, inseguridad y violencia que impera en el país.

*Coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ASIES Fuente: Columna de opinión publicada en El Periódico. Guatemala, miércoles 25.05.11

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DOCUMENTOS

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CICIG llama a cerrar filas ante la barbarie Ante el recrudecimiento de la violencia de los últimos días, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 1. Manifiesta su más enérgico rechazo a las acciones criminales realizadas con saña y crueldad que pretenden aterrorizar a la población e imponer la cultura de la muerte, de la ilegalidad y del dinero fácil. 2. Expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas de los hechos deleznables ya conocidos. 3. Exige el respeto por la vida y la dignidad de todos las personas, así como el cese de las violaciones a los derechos humanos 4. Invita a cada ciudadano a pronunciarse en contra de hechos de esta naturaleza. 5. Insta al Gobierno a brindar seguridad a operadores de justicia y a la población en general, ejerciendo presencia estatal hasta en el último rincón de Guatemala. 6. Reitera su compromiso de colaborar con el Ministerio Público y con todas las autoridades de la República, en

su lucha por la justicia y contra la impunidad. En este momento, Guatemala requiere del compromiso de todos los ciudadanos para cerrar filas ante el crimen organizado, el narcotráfico, las violaciones a los derechos humanos y el terror que ejercen quienes pretenden acallar a la ciudadanía, a los defensores de los derechos humanos y a los medios de comunicación, así como paralizar el sistema de justicia para imponer el control del país y perpetuar sus actividades ilícitas. Otros países hermanos latinoamericanos ya han vivido la barbarie generada por los grupos de delincuencia organizada. Guatemala no puede repetir esa historia de terror, zozobra e injusticia. La población entera debe dar un paso adelante en contra de quienes desean convertir a Guatemala en un narcoestado. Asimismo, la CICIG reitera que solo el accionar estrictamente enmarcado en la legalidad por parte de las instituciones encargadas de la prevención, persecución y sanción de la delincuencia impedirá que Guatemala retroceda en el proceso de construcción del Estado de Derecho y se debilite aún más el sistema de justicia.

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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala apoya la ardua labor de todos aquellos que

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en el Ministerio Público enfrentan la delincuencia con patriotismo, valentía y honestidad.

Guatemala, 26 de mayo del 2011

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ONU Derechos Humanos condena con firmeza masacre en Petén La ONU-Derechos Humanos condena con firmeza los brutales hechos de violencia ocurridos entre el 14 y 15 de mayo, en los cuales al menos 29 campesinos (dos mujeres) habrían sido decapitados en la Finca "Los Cocos" en el municipio de La Libertad, departamento de Petén. Esta masacre se suma a otros hechos recientes de violencia, vulnerabilidad generalizada y abandono que afectan a los habitantes del departamento de Petén y que confirman la urgente necesidad de implementar una estrategia integral de seguridad humana que garantice los derechos humanos de las y los peteneros. En una misión realizada en el mes de noviembre de 2010 por esta Oficina al departamento de Petén, se observó la situación de inseguridad y desprotección en la que se encuentran las comunidades campesinas del municipio de la Libertad y San Andrés ante diversos fenómenos tales como el narcotráfico, la concentración de las tierras en manos de grandes

finqueros, la ganadería ilegal y las amenazas de ser desalojados de las tierras que ocupan. En aquella ocasión, esta Oficina conversó con las autoridades locales, observó la situación de precariedad en la que se encuentran las comunidades campesinas de la zona y manifestó la necesidad de fortalecer la presencia de las instituciones civiles del Estado en la región. La ONU-Derechos Humanos desea resaltar el deber de protección que el Estado ha asumido en virtud de la ratificación de diversos tratados de derechos humanos. De este deber se deriva la obligación de prevenir los actos de violencia cometidos por particulares en contra de otras personas, así como el deber de investigar, procesar y sancionar a los presuntos responsables de tales actos. Resulta fundamental para toda la ciudadanía que las autoridades responsables esclarezcan este tipo de hechos brutales que atentan contra la dignidad humana y que se pueda conocer quiénes fueron las víctimas así como sus victimarios.

Guatemala, 15 de mayo del 2011

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