Boletín 350 26 de agosto de 2015

PRESENTAN SENADORES DEL PAN PAQUETE ANTICORRUPCIÓN El grupo parlamentario del PAN en el Senado presentó un paquete de reformas para combatir la corrupción y para que, a través de la participación ciudadana, se realice una adecuada vigilancia del uso de los recursos públicos. En Acción Nacional hemos pasado del dicho al hecho al presentar dos iniciativas que proponen las leyes General del Sistema Nacional Anticorrupción y una nueva ley de Combate a la Corrupción, señaló Fernando Herrera Ávila, coordinador de los senadores panistas. Acompañado de Ricardo Anaya Cortés, presidente del CEN del PAN, de senadoras y senadores de Acción Nacional y de diversos representantes de la sociedad civil, Herrera Ávila indicó que con estas propuestas “refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía a través de la creación, impulso y aprobación de herramientas legislativas a favor de la integridad y rendición de cuentas”. Remarcó que el combate a la corrupción es una de las demandas “más explícitas del PAN” y ha sido una de las políticas públicas que se ha impulsado con total empeño en ambas cámaras del Congreso. A su vez, Ricardo Anaya aseguró que de aprobarse ambas legislaciones se obligará a todos los servidores públicos a presentar y hacer públicas en una sola plataforma sus tres declaraciones: patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, para que cualquier ciudadano pueda verificar el estado actual del patrimonio de un funcionario y cómo ha evolucionado. Además, agregó, todos los contratos de obras y servicios que realice la administración pública federal, estatal y municipal deberán estar disponibles en línea en una misma plataforma, en un gran ejercicio de transparencia. Precisó que otro gran eje de estas iniciativas es el de la investigación y en este sentido enfatizó: “nunca más un empleado siendo el responsable de investigar a su jefe. Lo que ocurrió hace unos días con el resultado que dio a conocer Virgilio Andrade no se debe repetir en nuestro país”. Lo que propone esta reforma, dijo, es un cambio radical para que sean órganos verdaderamente autónomos e independientes los responsables de investigar. “Nunca más el empleado del alcalde, nunca más el empleado del gobernador, nunca más el empleado del presidente de la República siendo el responsable de investigar posibles actos de corrupción; será ahora la Auditoría Superior de la Federación con enormes facultades, con

facultades ampliadas y la fiscalía especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción cuando se trate de la materia penal”, indicó. Por su parte, al explicar el contenido de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la senadora Laura Rojas mencionó que busca integrar la plataforma digital que a su vez aglutinará a los sistemas nacionales de Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Intereses, y de Información sobre Compras Públicas, así como el Sistema Nacional de Información sobre Funcionarios Públicos Sancionados. Este último, añadió, es una lista negra de servidores públicos que han sido sancionados a lo largo de su vida, en la función pública y podrá, entre otras cosas, evitar que puedan ser vueltos a contratar o ser postulados para algún cargo de elección popular de acuerdo con las reglas internas de los partidos políticos. Además, va a permitir que abusos como los del grupo OHL sean prevenidos y denunciados, porque serán exhibidos y estarán a la vista de todo el público. Rojas Hernández hizo notar que la Ley está encaminada a fortalecer la denuncia ciudadana. “Si ya tuviéramos el sistema funcionando plenamente no tendríamos que haber esperado que el Presidente de la República mandatara al secretario de la Función Pública a iniciar una investigación sobre la “Casa Blanca”, sino que cualquier ciudadano podría haber solicitado esa investigación. En tanto, la senadora Marcela Torres Peimbert expuso que Ley de Combate a la Corrupción busca poner un alto a la impunidad, ya que abre la posibilidad de sancionar también a particulares que de alguna forma estén involucrados en actos de corrupción con cualquier entidad gubernamental y del Estado mexicano. También, dijo, tiene una visión de incentivar la denuncia, obligando a todos los servidores públicos a denunciar actos de corrupción que no hayan cometido ellos pero que tengan conocimiento de que así sea y en caso de que no, ellos también son sujetos de sanción solamente por no denunciar actos de corrupción que sepan que están ocurriendo en sus propias dependencias. Adicionalmente, incluye un sistema de protección al denunciante, ya que empresas y personas morales que denuncien a personas físicas de sus propias empresas, podrán negociar también con la autoridad reducir sus penas, subrayó. Finalmente, la senadora panista dejó en claro que la reforma mandata la creación de fondos para dar recompensas económicas a los denunciantes y a los testigos que estén denunciando actos de corrupción. Mientras tanto, Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, hizo votos porque la buena política, la política abierta y la negociación se dé de cara a toda la ciudadanía, para que este sea un esfuerzo de parlamento abierto y que seamos capaces todos, desde la sociedad de civil y los

representantes populares, de construir un nuevo paradigma para un país que ya no puede esperar en esta materia.

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