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minera

Bajo la lupa

miércoles 25 de marzo del 2015 Gestión

un debate por el uso de agua GETTY

Planificación antes que un conflicto La especialista considera que los proyectos deben, en lo posible, utilizar fuentes que no use la población.

Fabiola Capurro Responsable del Área Ambiental. Socia de Ferrero Abogados

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uchos de los conflictos socioambientales relacionados a la actividad minera tienen su origen en el manejo del agua, ya sea por la provisión de agua (cantidad) o por el vertimiento de efluentes en él (calidad). Como cualquier otra actividad productiva, la minería necesita agua para su desarrollo, ya sea para su campamento o para el proceso de producción o transporte del mineral (mineroducto). Por lo general, la provisión de agua para una mina proviene de una fuente superficial (río) o subterránea (acuífero), lo que genera que los otros usuarios del recurso perciban que puede verse afectado su actual o potencial uso, como el primario (utilización directa de la fuente para satisfacer necesidades humanas primarias, como preparación de alimentos, consumo directo o aseo personal), poblacional (captación del agua debidamente tratada para satisfacer necesidades humanas básicas) o productivo (agrario, pecuario, agrícola, acuícola, etc.). Asimismo, respecto al vertimiento de los efluentes generados en la actividad minera, los otros usuarios del mismo recurso perciben que dichos efluentes, a pesar del sistema de tratamiento previo a su disposición final que están obligados a tener, van a perjudicar la calidad del agua de la fuente que usan pa-

ra satisfacer sus necesidad básicas o desarrollar sus actividades. Debido a que las percepciones sobre los perjuicios que podría ocasionar la actividad minera pueden ser difíciles de cambiar en la población del área de influencia de la mina, es recomendable, desde un principio, estudiar como alternativa de provisión de agua una fuente distinta a la usada por la población, como puede ser el agua desalinizada, es decir, aquella obtenida por el proceso de extracción de sales que se encuentran disueltas en el agua del mar. Esta opción puede ser económicamente más cara dentro de la estructura de costos de la construcción y operación de la mina, pero bien comunicada e informada a la población podría evitar un conflicto social. Un ejemplo en el país es la planta desalinizadora de Cerro Lindo de la minera Milpo y un ejemplo en Chile es la planta desalinizadora que se está construyendo en la mina Escondida. Asimismo, para evitar el vertimiento de efluentes siempre es más conveniente optar por el reuso del agua para su mismo proceso productivo o para su transporte, como es el caso de un mineroducto, o para el riego de áreas verdes. Todas estas opciones técnicas así sean las mejores alternativas posibles, solo podrán aportar a la prevención de un conflicto socioambiental si son transmitidas a la población de manera adecuada y oportuna. La solución técnica tiene que ir de la mano de una buena gestión social.

Ecosistemas sensibles versus megaproyectos Considera que a los problemas de contaminación se les suma la desaparición de fuentes de agua. José de Echave Exviceministro de Gestión Ambiental

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uchos de los conflictos que la minería ha enfrentado tienen como telón de fondo el tema del agua. Según la Defensoría del Pueblo, los conflictos por el agua representan el 50% de los conflictos mineros: las poblaciones perciben que la minería compite por el control de las fuentes de agua. Sin embargo, sobre este tema las empresas mineras tienen dos argumentos de peso: la minería en el Perú utiliza menos del 2% del agua disponible y, por otro lado, nos ubicamos entre los 20 países con mayor disponibilidad de recursos hídricos. En resumen, la minería es uno de los sectores productivos que menos agua utiliza y en el país el agua sobra. En todo caso, el debate está abierto sobre un tema clave. En primer lugar, para nosotros, y a pesar de que en el Perú no contamos con información actualizada sobre caudales de ríos y en muchos casos se manejan datos de hace 20 años, lo cierto es que los promedios nacionales pueden distorsionar lo que pasa en territorios concretos. La minería sí compite en territorios y cuencas donde se ubican varios proyectos. Por ejemplo, en el 2013 se otorgaron 1,498 derechos de uso de agua para minería: 32% de las licencias para explotación fue otorgado en la vertiente del Pacífico; 64 % en la ver-

tiente del Atlántico y 4% en la del Titicaca. Solo en la vertiente del Atlántico, el crecimiento de autorizaciones para minería en los últimos 15 años fue de 1,500%. Además, los derechos y licencias de agua se otorgan sin tomar en cuenta otros usos preexistentes. Aparte del tema del consumo, la difícil relación minería y recursos hídricos también se explica por los diferentes impactos que se generan. A los problemas de contaminación se les suma la desaparición de fuentes de agua. Por ejemplo, el desarrollo de varios megaproyectos ha significado la desaparición de varios ecosistemas, afectando el balance hídrico de los territorios. Como lo señala la Ley General del Ambiente, las cabeceras de cuencas son ecosistemas frágiles. Sin ir muy lejos, el controvertido proyecto Conga proponía afectar de manera irreversible todo un ecosistema de lagunas altoandinas: dos lagunas iban a ser secadas para explotar la zona mineralizada y las otras dos pretendían ser utilizadas como depósito de desmontes. La alternativa de las empresas ha sido la construcción de reservorios. En este tema también se abre un debate interesante sobre la manera cómo bienes públicos -como un sistema de lagunas altoandinas- pretenden ser reemplazados por bienes privados (reservorios), que son manejados por las propias empresas. Se necesita seguir trabajando para generar mayores equilibrios. Sobre agua y minería no está de más sugerir a las empresas mineras locales que revisen e implementen las recomendaciones del Consejo Internacional de Minería y Metales.