Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia 14 de noviembre de 2013 Año XI, no. 2,259

Reporte sobre la Magistratura en el Mundo (Reserva de Derechos: 04-2011-102610220300-102)

OEA/Colombia (EFE): •

Polémica sobre concepto de desaparición forzada en caso Palacio de Justicia. La fase oral del proceso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sigue contra el Estado colombiano por la toma del Palacio de Justicia, en 1985, concluyó hoy con polémicas sobre el concepto de desaparición forzada. La última audiencia de la CorteIDH en Brasilia estuvo signada por diferencias entre el Estado y familiares de las víctimas en relación a los desaparecidos que dejó esa cruenta acción del Movimiento 19 de Abril (M-19) y la encarnizada respuesta del Ejército que le siguió. La justicia colombiana ha reconocido que, además de un centenar de muertos, en el asalto al Palacio de Justicia hubo al menos once desaparecidos, aunque para algunos organismos de derechos humanos fueron doce o más. El abogado Julio Andrés Sampedro, de la Agencia de Defensa de la Nación, dijo ante la CorteIDH que en algunos casos denunciados no cabe el concepto de desaparición forzosa y que en otros no existen las debidas pruebas. "Hay casos en los que no se encontraron indicios de desaparición forzosa y en que las denuncias se apoyan en algunas declaraciones" que no son concluyentes, indicó Sampedro. El abogado subrayó la "preocupación que el Estado colombiano ha tenido con los derechos humanos en los últimos años" y su "rechazo absoluto a la desaparición forzosa", pero subrayó que en algunos de los casos relacionados a la toma del Palacio de Justicia "no hay pruebas de esos hechos". Sampedro planteó incluso la diferencia entre el concepto de desaparecido por razones políticas y "el desconocimiento del paradero de las víctimas". Esa diferenciación enervó a los familiares de las víctimas, que respondieron a través de la abogada Viviana Krsticevic, miembro del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que asiste a los deudos de los desaparecidos. Krsticevic se declaró "sorprendida por esa declaración", que calificó como "un maltrato más a las víctimas" y a sus familiares. "Hemos probado reiteradas veces que los desaparecidos no están perdidos, que son personas que fueron detenidas y que no aparecieron más. Hemos probado que ha habido amenazas y que, además de personas, desaparecieron pruebas, y eso fue obviamente con el ánimo de limitar las posibilidades de investigar cabalmente estos hechos", manifestó. En la última audiencia también declaró Jaime Castro, quien era ministro de Gobierno (Interior) de Colombia en 1985, y afirmó que el único objetivo del M-19 con ese ataque era la "toma del poder". El exministro negó la tesis de que el Gobierno del entonces presidente Belisario Betancourt hubiera facilitado la toma del Palacio de Justicia al retirar un fuerte operativo de seguridad que había en la capital colombiana. Explicó que el refuerzo de la seguridad obedeció a una visita oficial que días antes de esa acción hizo a Bogotá el entonces presidente francés, François Mitterrand, y admitió que la presencia de soldados en las calles fue relajada una vez que éste dejó el país. "Cuando asaltan el Palacio de Justicia tenían el propósito claro de usurpar el poder", pues "sostenían que la revolución era hecha con sangre y que no podía existir compasión", declaró Castro. Dijo además que, desde el mismo momento en que la sede de la Corte Suprema fue ocupada, el 6 de noviembre de 1985, "el Gobierno propuso una negociación", pero que la única respuesta que encontró en la guerrilla fue que "ellos estaban ahí para vencer o morir". Castro reconoció que Betancourt ordenó a

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los militares el inicio de una "operación de guerra" para recuperar el Palacio de Justicia, pero aseguró que lo hizo con la estricta recomendación de que fuera "respetada la vida de los rehenes, los magistrados e, inclusive, de los asaltantes". Según el exministro, a partir de ese momento la "responsabilidad" por la acción armada pasó a ser responsabilidad "exclusiva" de los jefes militares. Concluida hoy la fase oral, el Estado colombiano, los familiares de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que remitió el proceso a la corte, tendrán un plazo aún no establecido para presentar sus últimos alegatos por escrito. Tras un último análisis de esos documentos, la CorteIDH dejará el caso visto para sentencia, la cual espera dictar durante el próximo año.

Argentina (Info Bae): •

Un juez ordenó que se pague una pensión en moneda extranjera. Con duras críticas a la restricción cambiaria, Alfredo López hizo lugar al amparo que presentó una mujer. El magistrado marplatense ya había fallado contra distintas medidas económicas del Gobierno. El juez federal de Mar del Plata Alfredo López volvió a llevar un dolor de cabeza al equipo económico de la Casa Rosada. Se trata del mismo magistrado que el año pasado dio un amparo a un hombre que fue a la Justicia porque no podía comprar 10 dólares para sus nietos y al que la presidente Cristina Kirchner tildó de "abuelito medio amarrete". También declaró "inaplicable" el impuesto a las ganancias, así como el tope a las asignaciones familiares. En esta oportunidad, López declaró la inaplicabilidad del cepo cambiario para una mujer que cobraba una pensión en euros, y responsabilizó "a los funcionarios a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y del Banco Central de la República Argentina de los daños y perjuicios" que pueda sufrir la demandante. "Entiendo que los Jueces, en determinados supuestos y dadas ciertas condiciones, deben poner coto a situaciones que denoten un ejercicio arbitrario del poder legítimo que ostenta la Administración, siempre y cuando sus decisiones resulten irrazonables, arbitrarias y atentatorias del bien común de la Nación o de derechos y garantías amparadas por la Carta Magna", dijo el juez. "El beneficio percibido en moneda extranjera constituye un derecho adquirido, respecto del cual el Estado Nacional Argentino no puede intervenir impidiendo la transformación del mismo en detrimento del patrimonio de la amparista", añadió. Así se expresó López al atender al caso de una mujer que solicitó a la Justicia la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de disposiciones del Banco Central y de la AFIP y la autorización para obtener moneda extranjera, euros o subsidiariamente dólares estadounidenses, por el cobro de su pensión. El juez ordenó al BCRA y al Estado Nacional "procurar los medios necesarios a los fines de que la actora pueda reconvenir su beneficio de pensión en la moneda en que el país de origen la deposita mediante el otorgamiento inmediato de la correspondiente autorización para la adquisición de las sumas necesarias de la divisa extranjera, a los fines de que la amparista reciba su pensión, ello siempre y cuando se encuentre regularizada la situación fiscal de la actora". "En caso de no ser así, deberá emitir resolución debidamente fundada y conforme a derecho en ese sentido, en tiempo real o en el término de 1 (un) día hábil si la complejidad del caso así lo exigiere, explicitando los motivos de su pronunciamiento y los parámetros empleados", dispuso. Tras responsabilizar "a los funcionarios a cargo del PEN y del BCRA de los daños y perjuicios irrogados a la amparista", sostuvo que "en caso de quedar firme la presente (acción), proceder a la remisión de los antecedentes a sede penal federal, con motivo de la posible comisión de delitos que surgieren de las presentes actuaciones tales como abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público". Sentencia completa: http://bit.ly/1fDTHcj

Bolivia (Correo del Sur): •

Denuncian a Magistrada del Tribunal Supremo por agredir a su esposo. La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Rita Susana Nava fue denunciada por violencia familiar y doméstica por su esposo José Luis Pari, quien se querelló en su contra por agresiones y aseguró que desde que es autoridad se volvió prepotente y no tiene tiempo para su familia. Ayer los medios de comunicación intentaron comunicarse con ella, su teléfono celular estaba apagado y en secretaría de su despacho se informó que se encontraba con baja médica. El caso fue denunciado en la Policía el pasado 8 de noviembre, instancia que lo remitió para su investigación al Ministerio Público bajo el control jurisdiccional del juez Segundo de Instrucción en lo Penal. Según el informe de la Policía, el denunciante señaló que no es la primera vez que Nava lo agrede física y psicológicamente tratándole de “viejo, alcohólico”. El 8 de noviembre, según su declaración tuvieron una discusión porque ella le pidió las llaves de la vagoneta y después procedió a golpearlo con una tenaza. Después de romper un vidrio, se fue profiriendo insultos.

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Agrega que su esposa desde que es magistrada es “altanera, gritona, prepotente con él y sus hijos” y ya no tiene tiempo para su hogar; él como esposo se queda al cuidado de sus hijos, cocina, lava ropa y les lleva al colegio. Asimismo, señala que estuvo trabajando en Europa y el dinero reunido fue invertido en la campaña de Nava. En la Policía, la sargento Aurelia Negrete, informó que el caso pasó a conocimiento del Ministerio Público. Ayer los medios de comunicación intentaron comunicarse con la magistrada en su despacho pero se informó que no se encontraba por estar con baja médica y su teléfono celular se encontraba apagado.

Brasil (AP): •

Supremo Tribunal Federal ordena prisión en caso de corrupción. El máximo tribunal de justicia de Brasil ordenó el miércoles el encarcelamiento de diputados, ex ministros y empresarios sentenciados en el mayor escándalo de corrupción que vivió el país en los últimos años, incluyendo diputados en ejercicio y ex ministros. Un total de 25 personas fueron sentenciadas este año por el Supremo Tribunal Federal, la corte suprema de Brasil, por su participación en un escándalo de desvío de fondos públicos para la compra de votos en el Congreso en los primeros años del gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuya administración enfrentó peligro de caer por el caso, conocido como "mensalao" por involucrar pagos mensuales a diputados. Entre los sentenciados están José Dirceu, quien fuera poderoso ministro jefe de gabinete cuando ocurrió el escándalo, y los diputados en ejercicio Pedro Henry, Valdemar Costa Neto, José Genoino y Joao Paulo Cunha, además de ex legisladores, empresarios, banqueros y publicistas. No obstante, al concluir una maratónica sesión de siete horas, no quedó claro cuántos deberán acatar la orden de prisión emitida por el tribunal, que deberá analizar las apelaciones pendientes y su posible impacto sobre las sentencias dictadas antes de ordenar su detención. Dirceu, Genoino y Cunha están entre los que tienen apelaciones pendientes que podrían reducir sus sentencias, aunque no podrían llegar a ser absueltos. "Este caso va a cambiar la forma de hacer política en Brasil y la forma de aplicar la justicia penal", afirmó en la sesión el magistrado Luis Roberto Barroso, al recordar que en el país suramericano los pobres son los que suelen enfrentar condenas penales. De los 21 sentenciados a prisión, nueve recibieron penas de más de ocho años, con lo cual deberán entrar a régimen cerrado. Los restantes, por tener penas de menos de ocho años, podrán cumplir régimen semiabierto, que les permite pasar fuera de la prisión durante el día y solo ir a prisión para dormir. De los condenados a régimen cerrado, cuatro podrían pasar a semiabierto si son acatadas sus apelaciones. Tres de los sentenciados recibieron sentencias alternativas de multas y trabajo comunitario.

Alemania (El Mundo): •

Comienza el juicio contra el ex presidente Christian Wulff. "Mi comportamiento al frente de la Presidencia de Alemania fue correcto en todo momento", se ha defendido el ex presidente alemán Christian Wulff, a su entrada a la sala 127 del Tribunal regional de Hannover que abre hoy su juicio. Wulff, de 54 años, se vio obligado a dimitir el 17 de febrero de 2012 después de que le fuese suspendida la inmunidad por una sospecha de corrupción. Todo lo que ha conseguido reunir el fiscal desde entonces han sido pruebas de que un amigo personal de Wulff, el productor de cine David Groenewold, le invitó junto con su mujer Bettina a asistir a la Oktoberfest de Múnich y se hizo cargo de los gastos de hotel de ese viaje por un valor total de 719,40 euros. La cantidad es irrisoria, teniendo en cuenta el nivel de ingresos de un presidente de la República Federal de Alemania, pero suficiente para sentarlo e el banquillo. La acusación intentará demostrar que, a cambio, Wulff influyó a favor de un proyecto cinematográfico de Groenewold. Es la primera vez que un ex presidente alemán es juzgado y el proceso ha despertado gran expectación mediática. Fue precisamente su enfrentamiento con los medios de comunicación el elemento detonante de la dimisión de Wulff, después de que enviase un mensaje al teléfono del redactor jefe de Bild Zeitung, Kai Kiekmann, pidiendo que no publicase una información sobre su caso hasta que él no regresase de un viaje. 'Bild' publicó el mensaje y a partir de ese momento la caída de Wulff se precipitó. 'Errores pagados'. Curiosamente, Kai diekmann comentaba esta mañana que "Wulff ya pagó hace tiempo sus errores", dando a entender que con la dimisión bastaba y criticando con dureza la tozudez del equipo fiscal. "Wulff ya fue suficientemente castigado. La cantidad que se presenta en este juicio no hace comprable a un presidente de la República... Me impresiona la determinación y la mezquindad de los fiscales", ha dicho el periodista. "Hoy no va a ser un día sencillo, pero me gustaría resolver esta última alegación cuanto antes, demostrar que no soy culpable absolutamente de nada para, a continuación, retomar mis responsabilidades con alegría" ha declarado Wulff a la entrada de los juzgados. Se prevé que las audiencias se prolonguen durante 20 días y serán llamados 46 testigos a declarar.

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España (EP): •

El Ministro de Justicia pide que no se guarde "rencor" hacia los jueces por "hacer lo que deben" con la 'doctrina Parot'. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha pedido este jueves "a aquellos que, como el Gobierno de España, sienten profundo dolor por decisiones judiciales" como las excarcelaciones derivadas de la aplicación de la anulación de la 'doctrina Parot' que "no guarden rencor hacia jueces y magistrados por hacer lo que deben en un Estado de Derecho: cumplir la Ley y las doctrinas de Tribunales superiores como el Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo". En declaraciones a los periodistas durante su visita a Ceuta, el ministro ha recordado que "en un Estado de Derecho las decisiones de los tribunales a veces producen enorme satisfacción y otras sentimientos ciertamente distintos". "En cualquier caso, --ha subrayado-- deben ser acatadas porque no debemos dudar nunca de que cuando los jueces adoptan una posición que produce dolor e incluso no se comprende lo hacen desde la profunda integridad de quien está aplicando la Ley o un criterio jurisprudencial vinculante como es el de Estrasburgo". Gallardón ha pedido, además, que "nadie dude del compromiso de los jueces y los magistrados con el Estado de Derecho y con el dolor de las víctimas" porque, "una vez que el Tribunal Constitucional y el Supremo, esta misma semana, han fijado su posición sobre el criterio de Estrasburgo sobre la 'doctrina Parot', en las audiencias provinciales, para las condenas por delitos comunes, y en la Audiencia Nacional, para los delitos de terrorismo, lo que tienen que hacer es aplicarla". "Un juez --ha finalizado-- y lo digo yo, que soy fiscal, está obligado a aplicar la Ley y la doctrina de Tribunales superiores". El ministro se ha negado a valorar las declaraciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien se ha cuestionado si el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho "todo lo posible para evitar una sentencia semejante" en referencia a la del TEDH. "No quiero responder a algo que no he leído", ha desechado.

Rusia (EP): •

Nadezhda Tolokonnikova, de Pussy Riot, en una prisión de Siberia. Las autoridades penitenciarias rusas han confirmado que una de las dos miembros del grupo Pussy Riot encarceladas, Nadezhda Tolokonnikova, ha sido trasladada a una prisión de Siberia, poniendo fin con ello a las numerosas especulaciones que habían surgido sobre su paradero, según ha informado este jueves la agencia estatal de noticias RIA Novosti. En un comunicado de apenas dos líneas, el Servicio Federal Penintenciario aseguró ayer miércoles que Tolokonnikova había sido trasladada hace aproximadamente un mes a una colonia penitenciaria ubicada en el territorio de Krasnoyarsk (a unos 3.600 kilómetros al este de Moscú), y que sus familiares habían sido informados de ello "de acuerdo con la ley". Tolokonnikova, de 24 años, se declaró en huelga de hambre el pasado mes de septiembre para reclamar su traslado de la Colonia Correccional de la región de Monrovia (al sureste de Moscú), en la que, según denunció, había sufrido amenazas de muerte y unas condiciones de vida inhumanas. Las autoridades carcelarias informaron el pasado 18 de octubre de que la activista había sido trasladada a otra prisión. No obstante, según ha recordado RIA Novosti, las autoridades se negaron a informar oficialmente del lugar del traslado a familiares (ni siquiera a su marido) y compañeros de Tolokonnikova con el argumento de que las "normas" se lo impedían, lo cual dio pie a numerosas especulaciones. Algunos 'blogueros' rusos incluso llegaron a difundir, sin citar fuentes, que había fallecido. La última vez que fue vista por alguien ajeno a las autoridades fue el pasado 18 de octubre, cuando recibió una visita de su abogado. La semana pasada, el subdirector de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central, Denis Krivosheyev, advirtió de que el caso de Tolokonnikova equivalía a una desaparición forzada. El pasado 7 de noviembre, la abogada de Nadezhda Tolokonnikova presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Rusia contra la pena de dos años de cárcel a que ha sido condenada su cliente después de recibir el apoyo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Rusia, Vladimir Lukin, un prestigioso político liberal que fue nombrado Alto Comisionado en 2009 por la Cámara Baja del Parlamento, por recomendación del entonces presidente Dimitri Medvedev. 'LA MISA PUNK'. Nadezhda Tolokonnikova, Ekaterina Samutsevich y María Aliojina celebraron, junto con otras dos miembros de Pussy Riot, una 'oración punk' en la catedral en la que pedían a la "Madre de Dios" que expulsara a Putin del poder. La actuación provocó una fuerte indignación entre los creyentes ortodoxos y las tres activistas fueron condenadas a dos años de prisión en agosto de 2011 por un delito de gamberrismo relacionado con "odio religioso". La pena de Samutsevich fue conmutada en octubre de ese mismo año por libertad condicional. En mayo de 2013, el Tribunal Municipal de Moscú rechazó el recurso de las otras dos y confirmó la condena.

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De nuestros archivos: archivos: 6 de agosto de 2007 Brasil (El Tiempo) •

Juez desata gran polémica al afirmar en sentencia que el fútbol no es para homosexuales. Así Manoel Maximiliano Junqueira Filho, de una corte de Sao Paulo, se convirtió en blanco de grupos defensores de los derechos civiles y homosexuales. Después de mandar archivar una querella alegando motivos evidentemente homofóbicos, el juez recomendó que un jugador de esa tendencia sexual debe abandonar las canchas o montar un equipo aparte. La historia comenzó cuando el director administrativo del equipo de primera división Palmeiras, José Cyrillo Jr, dio a entender en un programa de televisión que el volante Richarlyson, del Sao Paulo, era homosexual. Richarlyson inició hace un mes una demanda judicial contra Cyrillo por injurias, pero Junqueira Filho decidió archivar el caso alegando que la queja no puede proseguir en terrenos judiciales. El juez sentenció que no ve ningún ataque y que en ningún momento el jugador fue señalado como homosexual. Pero si ese fuera el caso, bastaría con que compareciera ante el mismo programa de televisión "y declararse ser heterosexual y punto final". "Si fuese homosexual tendría que admitirlo o hasta omitirlo o guardar silencio al respecto. En esa hipótesis, sin embargo, sería mejor que abandonase las canchas. "Traer el episodio a la Justicia no es otra cosa, sino darle una dimensión exagerada a un hecho insignificante si se compara a la grandeza del fútbol brasileño", agrega el juez. En el proceso, el querellante presentó un manifiesto del Grupo Gay de Bahía -un grupo de activistas de los derechos homosexuales- además de un artículo de prensa que defiende la apertura de las canchas a atletas con opción sexual "no del todo aceptada". 'Jamás se concebiría un ídolo homosexual'. "Ya que fue señalado, este juicio responde: el fútbol es un juego viril, varonil, no homosexual", dijo el juez al destacar que hay hasta himnos que consagran esa condición y afirmó que quien recuerda la Copa del Mundo de 1970 "jamás concebiría un ídolo suyo homosexual". Quien presenció grandes figuras, sostiene el magistrado al enumerar glorias del fútbol brasileño, "no podría soñar en con un homosexual jugando fútbol". "No es que un homosexual no pueda jugar al balompié, que juegue si quiere, Pero forme su equipo e inicie una federación", sostiene. El juez se dice receloso en que si se aceptan atletas homosexuales en las canchas y "si la moda pega", pronto habría un "sistema de cuotas". En su veredicto, Junqueira Filho recalca que no se deben aceptar homosexuales en el fútbol brasileño porque ello "perjudicaría la uniformidad de pensamiento del equipo" y causaría incomodidad a los hinchas y a sus hijos durante los juegos. Mientras tanto, Richarlyson ha decidido permanecer recluido en el centro de entrenamientos de su equipo para evitar el asedio de la prensa. Uno de sus abogados, Renato Salge, anunció que el futbolista va a demandar también al juez por haber archivado el proceso "fundamentado en su propio pensamiento esdrújulo y homofóbico".

“Quien recuerda la Copa del Mundo de 1970 jamás concebiría un ídolo suyo homosexual”.

Elaboración: Dr. Alejandro Anaya Huertas [email protected]

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