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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS X LEGISLATURA Serie A: PROYECTOS DE LEY

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ENMIENDAS E ÍNDICE DE ENMIENDAS AL ARTICULADO 121/000052 Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas presentadas en relación con el Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, así como del índice de enmiendas al articulado. Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2013.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro. ENMIENDA NÚM. 1 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad, de devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2013.—Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Enmienda a la totalidad de devolución Se propone con la presente enmienda de totalidad la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

El Proyecto de Ley consigna invasiones de carácter competencial en diferentes ámbitos: ámbito educativo; ámbito de los puntos de atención al emprendedor; organización de los registros; régimen especial del criterio de caja; bonificaciones de cuotas; simplificación de las cargas administrativas siempre vinculada a las competencias de autogobierno y autorganización de las Comunidades autónomas; competencias en materia de estadísticas, etc. En relación a la educación en emprendimiento, no solo se ignoran las competencias autonómicas en los currículos de Educación Primaria, Secundaria, Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Universitarias, sino que se incurre en verdadera redundancia. Las competencias básicas que configuran la Educación se dirigen a aprender a emprender y aprender a emprender consiste en utilizar

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JUSTIFICACIÓN

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los saberes adquiridos para resolver los problemas generales incluidos los atinentes al emprendimiento empresarial. En relación a los Territorios Forales y en relación a las bonificaciones tributarias se ignora la existencia de tributos concertados a través de la Ley del Concierto Económico para el País Vasco y del Convenio Económico para Navarra. Algunas propuestas como las consistentes en la constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada sin Estatutos tipo, puede provocar importantes problema de inseguridad jurídica. Lo mismo se puede preconizar de las Sociedades en Régimen de Formación Sucesiva, Instituto Jurídico de difícil ubicación en el Derecho Mercantil y no garante de una de las pretensiones troncales del Proyecto de Ley: consolidar en el tiempo las iniciativas empresariales. Los acuerdos extrajudiciales de pagos se pueden establecer en esta Ley para los que posean dimensión estatal o en leyes autonómicas que establezcan mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos. En materia de Seguridad Social y en los aspectos atinentes a la bonificaciones de cuotas, nos encontramos ante uno de los contenidos que configuran la competencia en materia de Políticas Activas de Empleo transferidas en sus propios términos por ejemplo a la Comunidad Autónoma del País Vasco, pudiendo sus instituciones competentes establecer criterios de bonificaciones de cuantía o dimensión diferente. En relación a los incentivos fiscales por inversión de beneficios se ignora de nuevo los requerimientos del Concierto Económico para la Comunidad Autónoma de Euskadi y del Convenio Económico para la Comunidad Foral Navarra, lo anterior se puede preconizar para los incentivos, para la determinación de la cuota líquida del impuesto, para las deducciones, etc. En relación al apoyo a la financiación de los emprendedores se otorgan potestades exorbitantes a los registradores mercantiles. En cuanto a la simplificación de las cargas administrativas la configuración de los procedimientos administrativos de las Comunidades Autónomas corresponde regularlos a estas en el ámbito de sus competencias. La totalidad de los Estatutos de Autonomía prevén competencias exclusivas en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno y en el ámbito de las normas procesales y de procedimientos administrativos y económico-administrativos derivados de su organización propia. Igualmente y en relación a las garantías para la contratación pública se ignoran las competencias autonómicas citadas en el párrafo anterior. En relación a la Red Exterior y Territorial del Ministerio de Economía y Competitividad se ignora la posibilidad de la existencia de oficinas económicas y comerciales de las Comunidades Autónomas en el exterior. La estrategia de fomento de la internacionalización no solo ignora todo tipo de actuación autonómica y las relativas al sector público propio de las mismas sino las competencias en materia de promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica que en relación al País Vasco le atribuye el artículo 10/25 de su Estatuto de Autonomía. En relación al concepto de movilidad internacional debe observarse que la autorización de residencia para inversores encuentra recurrentemente contradicciones con la legislación de extranjería. En cuanto a las miniempresas o empresas de estudiantes nos encontramos con una realidad societaria poco experimentada en los países de nuestro entorno y que puede erigirse en un nuevo elemento de precarización de nuestras estructuras productivas. En todo caso, y en relación a las empresas de estudiantes se debería incorporar en el Proyecto de Ley la posibilidad de incorporar a las mismas la figura de los séniors, trabajadores jubilados o prejubilados que puedan complementar las carencias de estos emprendedores en materia de márketing, gestión empresarial, internacionalización de los mercados, acceso al crédito, etc. Igualmente, llama poderosamente la atención la omisión de cualquier referencia al trabajador autónomo como estructura potenciadora del emprendimiento. Disposición final sexta, la habilitación que prevé esta norma respecto a su contenido normativo supera ampliamente las competencias del Estado en los ámbitos que se consignan.

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FIRMANTE: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2013.—Alberto Garzón Espinosa, Diputado.— José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

La actividad emprendedora se ha convertido desde hace tiempo en prioridad en el discurso del Gobierno, que ha anunciado la aprobación de este Proyecto de Ley como solución a las evidentes dificultades por las que atraviesa quien decide emprender una actividad económica. Sin embargo, esta iniciativa no es un marco adecuado y específico para los emprendedores que inician una actividad económica, sino una norma confusa y técnicamente defectuosa, con medidas de diverso calado dirigidas a las empresas sea cual sea su dimensión y sus características económicas y productivas. Hay un error de diagnóstico por parte del Gobierno que es evidente y preocupante, y con un diagnóstico equivocado es difícil que se acierte en las medidas a desarrollar. Así, en la exposición de motivos del Proyecto de Ley se reconoce al desempleo juvenil como uno de los graves problemas de la economía y sociedad española, y se afirma que las causas de ello hay que buscarlas en las deficiencias de nuestro modelo de relaciones laborales y en la ausencia de una mayor iniciativa emprendedora entre los más jóvenes que haya llevado, ante la falta de oportunidades de trabajo por cuenta ajena, a unos mayores niveles de autoempleo. Esta simplificación de la realidad es absurda ante la complejidad de la crisis y sus efectos sobre el empleo. No parece entenderse que, entre otros factores, el elevado desempleo, y el juvenil en particular, responde a nuestro deficiente modelo productivo y a la propia gestión de la crisis en forma de austericidio. La solución mágica no puede ser, como se afirma otra vez de forma simplista en la exposición de motivos, un cambio de mentalidad en el que la sociedad valore más la actividad emprendedora y la asunción de riesgos. Que nuestro sistema educativo fomente el respeto al emprendedor y al empresario, así se dispone en el artículo 4 del Proyecto de Ley, no va a solucionar los problemas. Efectivamente, este Proyecto de Ley no aborda con suficiencia los principales problemas que afectan a aquellas personas que pretendan desarrollar una actividad económica productiva. Hay que considerar que la mortalidad de pequeños empresarios y autónomos en condiciones favorables del ciclo es superior al 60  % y que en condiciones recesivas esa mortalidad es, lógicamente, aún mayor. Una de las principales razones de esa mortalidad es la falta de financiación. Y no encontramos en la iniciativa del Gobierno ninguna medida favorable en este sentido. Es más, la creación de la figura del emprendedor de responsabilidad limitada para evitar que las deudas derivadas de la actividad afecten a su vivienda habitual, podrá ser un nuevo obstáculo de discriminación negativa para la obtención de crédito, porque va a ser difícil que alguien avale o preste a un emprendedor si éste no responde con su garantía real. El Proyecto de Ley no contempla una potenciación real de las sociedades de garantía recíproca, ni un tratamiento similar desde el punto de vista de la responsabilidad para todos los emprendedores, ni la reserva de un porcentaje del crédito para éstos y su exigencia en la banca nacionalizada. La falta de mercado es otra razón poderosa. En plena recesión y sin políticas de estímulo de la demanda, puede producirse un efecto sustitución, de tal forma que las nuevas iniciativas empresariales que supuestamente surjan al amparo de esta norma lo hagan a costa de empresas ya existentes con un

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Enmienda a la totalidad de devolución

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balance negativo en términos de empleo. Sin medidas concretas y eficaces de estímulo a la demanda no hay apoyo a los emprendedores que valga. La falta de adecuación de la oferta al mercado es también importante y si mantenemos un modelo productivo perverso que nos ha llevado a la actual situación, el emprendimiento es pura ficción. No se contemplan incentivos específicos para estimular la formación de tejido empresarial en nuevos sectores, ni medidas sectoriales concretas, como podría ser el apoyo al comercio de proximidad. De la misma forma, faltan apoyos formativos suficientes y de ayuda técnica para la configuración de planes de negocio viables, y el supuesto apoyo a la internacionalización es la reiteración de planes ya fracasados en lo que respecta a autónomos y empresas de reducida dimensión, que han conducido a una extraordinaria concentración de la exportación en pocas empresas. Sólo el 1,1  % de las empresas españolas exportan de manera regular. La falta de tamaño es otra razón de peso. Este Proyecto de Ley potencia la iniciativa individual, sin considerar medidas para apoyar las iniciativas colectivas y sin apoyos específicos a la economía social. El emprendimiento colectivo ha de ser una opción de desarrollo de distintos emprendedores y una fórmula de creación de empleo, especialmente en sectores tan estratégicos como la agricultura, el transporte o la industria. Por otro lado, el Proyecto de Ley regula la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva como una nueva figura jurídica cuyo régimen es esencialmente idéntico al de las sociedades de responsabilidad limitada, si bien previendo la no necesidad de desembolsar el capital mínimo exigido para éstas, pero incorporando nuevas obligaciones para garantizar una adecuada protección a terceros. Estas entidades estarán sometidas a tales límites y obligaciones para reforzar sus recursos propios e impulsar su crecimiento a través de la autofinanciación, que a efectos prácticos las hará poco operativas. No es difícil anticipar que su uso será irrelevante. Se regulan, además, diversos incentivos fiscales que persiguen favorecer la inversión en nuevas iniciativas empresariales o en actividades de I+D. Este tipo de incentivos son siempre discutibles por su coste de oportunidad pero, en todo caso, no están dirigidos a los emprendedores que inician una actividad. En primer lugar, porque en unos casos van dirigidos a la obtención de beneficios que se reinvierten y, en segundo lugar, porque en otros casos se refieren a aquellos socios que pueden llegar a invertir en el proceso de producción en sus diferentes formas. También se establecen medidas para simplificar las cargas administrativas, cuestión esta en principio positiva. Sin embargo, algunas de ellas pueden acabar por ser contraproducentes al afectar a derechos de prevención en materia de salud o a cautelas administrativas dirigidas a evitar situaciones que atentan contra la competencia o las garantías públicas. Así, en particular, no parece oportuno tratar a la seguridad y salud de los trabajadores como una carga administrativa (se eleva de 10 a 25 el número máximo de trabajadores de las empresas a las que se permite asumir personalmente al empresario las tareas de prevención de riesgos laborales) y, en todo caso, cualquier modificación en materia de prevención de riesgos laborales debería discutirse en el contexto normativo oportuno de seguridad y salud laboral y en el ámbito del diálogo social correspondiente. La idea de un acuerdo extrajudicial de pagos debe saludarse positivamente, pero se desaprovecha la oportunidad de darle un contenido suficiente. Por un lado, no se extiende esta posibilidad a los trabajadores que están sufriendo las consecuencias de la crisis en primera persona. Estos se verán obligados a solicitar concurso o a acudir a los mismos procedimientos que los grandes empresarios, a los acuerdos de refinanciación. Por otro lado, el procedimiento que se regula para la adopción del acuerdo es engorroso y su eficacia discutible. En particular, la posibilidad de legitimar al mediador para solicitar el concurso del deudor es un verdadero desatino, tal y como ha puesto de manifiesto el informe del Consejo del Poder Judicial. Por último, se regula un nuevo régimen de autorizaciones a la entrada, residencia y trabajo de extranjeros en España cuando concurran razones de interés económico, con una discrecionalidad administrativa que afecta a derechos de ciudadanía, vinculándolos además a parámetros económicos. No deja de ser sangrante que se pretenda atraer a cerebros e inversores extranjeros a cambio de residencia automática cuando se están expulsando a cerebros patrios, se desmantela el sistema de investigación y desarrollo, o se vulneran los derechos humanos de trabajadores inmigrantes pobres por no tener papeles. Por todos estos motivos se propone el rechazo del texto del Proyecto de Ley y su devolución al Gobierno.

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FIRMANTE: Rafael Larreina Valderrama (Grupo Parlamentario Mixto) A la Mesa del Congreso de los Diputados Rafael Larreina Valderrama, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2013.—Rafael Larreina Valderrama, Diputado.— Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Detrás de un título sugerente, el proyecto de Ley presentado por el Gobierno esconde una concepción socioeconómica ultraliberal; un modelo de Estado centralizado; un caos normativo realizado desde la perspectiva de la gran empresa y ajeno a la realidad del trabajador autónomo o el impulsor de una microempresa o pyme; y una falta de compromiso con la sostenibilidad social. En primer lugar, apreciamos una concepción ideológica que potencia un modelo socio­ económico ultraliberal centrado en un modelo de empresa de gran tamaño en el que prima el capital sobre las personas. Una muestra clara de esta concepción es la exclusión del ámbito de la ley de las cooperativas o las sociedades anónimas laborales que constituyen un modelo de empresa alternativo, con grandes posibilidades para el emprendimiento y de gran potencialidad a la hora de generar empleo y riqueza para la sociedad. En segundo lugar, hace caso omiso del actual modelo de Estado y ya no solo no admite los ámbitos de soberanía de las naciones históricas, como es el caso de Euskal Herria, sino que continúa con el proceso de recentralización emprendido por el actual Gobierno que supone una auténtica reforma constitucional de hecho. Ignorar los ámbitos de decisión, que como en el caso de Euskal Herria demuestran ser socialmente más eficientes, no favorece el emprendimiento ni da solución a los fracasos del modelo socioeconómico español. En tercer lugar, el Proyecto de Ley es un cajón de sastre en el que se mezclan propuestas diversas, inconexas entre sí, en las que abundan definiciones ideológicas y programáticas sin concreciones presupuestarias, ni derechos, ni obligaciones con alcance jurídico. Asimismo el Proyecto de Ley trasluce continuamente que está realizado desde la perspectiva de la gran empresa y es ajeno a la problemática diaria del trabajador o trabajadora autónoma, de quien impulsa una microempresa o una pyme, bien sea bajo el modelo cooperativo o mercantil. Muestra de ello son las medidas de incentivos fiscales en base a beneficios que solo son aplicables a grandes empresas ya consolidadas, las limitaciones de las cotizaciones iniciales de Seguridad Social en base a la edad o a la temporalidad, cuando la realidad muestra que la media de edad del emprendimiento está entre los 35 y 40 años y la experiencia de otros ámbitos, como el británico, demuestra que es más efectivo vincular el incremento de la cotización inicial de los emprendedores a la facturación real de los mismos. En esta misma línea podemos señalar la ineficacia práctica del modelo de cotización que se plantea en los casos de multiactividad pues no supone en la práctica ninguna facilidad para la persona que se plantee abordar un emprendimiento. Finalmente, en cuarto lugar, tenemos que señalar que tampoco existen en el proyecto ni enfoque social, ni disposiciones de índole social como programas para acabar con la discriminación práctica de la mujer en el ámbito empresarial con medidas específicas que hagan real la posibilidad de emprendimiento para las mujeres, o planes de discriminación positiva que faciliten el emprendimiento a personas con discapacidad. Es más, lo que si encontramos es un enfoque totalmente negativo y antisocial en el planteamiento mercantilista a la hora de administrar la concesión de los derechos de entrada y residencia, a personas que no tienen la ciudadanía de la Unión Europea, en base al estatus socioeconómico y su poder adquisitivo. Por estas razones, presentamos esta enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y pedimos su devolución al Gobierno.

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Enmienda a la totalidad de devolución

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FIRMANTE: M.ª Olaia Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto) A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Olaia Fernández Davila, Diputada por Pontevedra (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.— El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Enmienda a la totalidad de devolución Presentamos enmienda de devolución a este proyecto de ley porque parte de un enfoque erróneo de los principales problemas de la economía en la actualidad. Si existe falta de iniciativa emprendedora en el Estado español, esta es debida a un sistema económico totalmente desregulado, en donde prima la esfera financiera, desvinculada de la economía productiva, y no es debida a una falta de «espíritu emprendedor», como se desprende del proyecto de ley. Por lo tanto, el proyecto no tiene en cuenta los principales problemas con los que se encuentran las personas que apuestan por el emprendimiento en el actual contexto de crisis económica, y que podemos resumirlos en los siguientes:

El proyecto de ley, en vez de enfocar los problemas citados anteriormente, fía el apoyo a los emprendedores a un conjunto de medidas inconexas, que en muchos casos tienen como objetivo principal conseguir titulares de prensa, más que cumplir eficazmente con el propósito que se les supone. Cabe tener en cuenta que gran parte de las disposiciones del proyecto plantean objetivos o metas, pero no crean derechos u obligaciones con alcance jurídico. Además, el proyecto de ley no tiene en cuenta que el ámbito autonómico tiene atribuido numerosas competencias en estas materias, tanto en instrumentos regulatorios como tributarios. Existe un marco jurídico de ámbito autonómico y local en relación con el emprendimiento al cual debería adaptarse la regulación estatal. Desde el BNG entendemos que es necesario impulsar una estrategia coherente que guíe las actuaciones relativas al impulso del emprendimiento y de la creación de empresas, mejorar su financiación, etc., que tenga en cuenta el marco competencial autonómico y los principales problemas que lastran el dinamismo económico en el actual contexto de crisis, justo lo contrario del enfoque contemplado en este proyecto de ley, que parte de la idea expresada en la exposición de motivos de que «la ausencia de mayor iniciativa emprendedora» está en una de las causas del elevado desempleo juvenil. Siendo necesario el fomento del emprendimiento, este tipo de iniciativas están abocadas al fracaso si no se abordan las causas estructurales de la actual depresión económica.

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— Un frágil sistema de innovación, provocado por la falta de apoyo por parte del Gobierno a las políticas de impulso de I+D+i, traducido en masivos recortes a estas materias en los presupuestos del Estado, lo que provoca escasez de transferencia de conocimiento que permita desarrollar nuevos proyectos emprendedores. — La falta de acceso al crédito, provocado por un sistema financiero desregulado, alejado de la economía productiva y orientado a actividades especulativas. En ese sentido, el diseño estatal de las reformas financieras, compartido por PP y PSOE, refuerza dicho sistema, y ha conducido a la práctica desaparición de las cajas de ahorros a la par que estas reformas no han conseguido el objetivo con el que fueron anunciadas, el de facilitar crédito a empresas y familias. —  La debilidad de la demanda interna, provocada por el incremento del desempleo y por las medidas impulsadas por Gobierno y patronal tendentes a disminuir el salario real de los trabajadores, lo que implicará, de no revertirse esta situación, una fuerte debilidad en la demanda interna en los próximos años.

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Bajo nuestro punto de vista, el proyecto resulta confuso y desestructurado, puesto que no diferencia entre las medidas dirigidas a propiciar el inicio de actividades empresariales y de las que están destinadas a favorecer el desarrollo de las que están en marcha y de las dirigidas a la internacionalización. Además de las consideraciones generales que acabamos de mencionar, también podemos citar algunas cuestiones concretas del proyecto que justifican la presentación de esta enmienda a la totalidad, como las que exponemos a continuación. En el artículo 3 se recoge una definición del concepto de emprendedor que incluye a las personas jurídicas, en contra de la definición comúnmente aceptada referida solo a personas físicas. Los artículos 4, 5 y 6 contienen diversas disposiciones relativas a «incentivar la cultura emprendedora» en el sistema educativo, incluso desde el currículo de educación primaria. Se trata de unas medidas obsesivas que parten de la concepción errónea, como mencionamos anteriormente, de que el emprendimiento es la palanca para impulsar el dinamismo económico. La figura del emprendedor de responsabilidad limitada, desarrollada en el Capítulo II del Título I, arroja numerosas sombras, como el propio CES ha señalado en su informe sobre el anteproyecto. Con respecto a los contenidos del Título II, relativos a los apoyos fiscales y en la Seguridad Social a los emprendedores, se trata de una serie de medidas. Como primera consideración, es necesario tener en cuenta que el sistema fiscal del Estado español se asienta sobre unos pilares injustos y poco equitativos, y singularmente, con respecto al impuesto de sociedades, a pesar de que las grandes empresas tienen un tipo nominal mayor que el de las PYMEs, existe una maraña de deducciones que provoca que el tipo efectivo sea en la práctica menor para las grandes empresas que para estas últimas. Por lo tanto, para avanzar en una fiscalidad más justa para los emprendedores, sería necesario corregir el citado desequilibrio existente en el impuesto. Por otra parte el proyecto de ley, en un número importante de capítulos, únicamente plantea el apoyo a los emprendedores colectivos cuya fórmula jurídica sea la sociedad de capital (sociedad limitada o anónima), olvidando, por completo, a las cooperativas, sociedades que tienen sus características particulares y que quedan al margen de un número importante de los apoyos que se legislan en este proyecto para los emprendedores colectivos. Esto sucede con los incentivos fiscales contemplados en el Titulo II. El Título III contempla medidas de apoyo a la financiación de muy escaso alcance, y tal y como se ha mencionado anteriormente, la financiación del tejido productivo y en particular de los emprendedores debe abordarse desde una óptica global del problema, incluyéndose entre las medidas a aplicar, el impulso de instrumentos públicos que garanticen la financiación de la actividad emprendedora, como el impulso a la banca pública. Por último, cabe mencionar que las medidas dirigidas a la internacionalización de la economía española suponen un conjunto de medidas inconexas y de escaso calado cuyo efecto para el objetivo pretendido será próximo a cero. Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG solicita al Gobierno la devolución al Gobierno de este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 5 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda de devolución al Proyecto de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2013.—Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

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Enmienda a la totalidad de devolución

El Proyecto de Ley objeto de la presente enmienda a la totalidad pretende dar cumplimiento a un compromiso del Presidente del Gobierno quien, en su discurso de investidura celebrado el 19 de diciembre de 2011, afirmó que estaría cumplido en el plazo de tres meses. A su vez, el Gobierno no sólo ha incumplido dicho plazo, sino que ahora pretende acelerar su tramitación parlamentaria, limitando claramente las facultades de examen y enmienda inherentes a la función legislativa que se atribuye constitucionalmente a las Cortes Generales. En cualquier caso, después de más de 18 meses, cabría suponer que tan extenso periodo de gestación habría servido, por lo menos, para articular un conjunto de medidas realmente eficaces en orden a promover la actividad emprendedora y la internacionalización de las empresas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Debe destacarse inicialmente que el texto proyectado carece de la más mínima sistemática, mezclando cuestiones de muy diversa índole, que son objeto de tratamiento por distintas ramas del ordenamiento jurídico mercantil, fiscal, administrativo, etc. Tal falta de estructura lógica se agrava por la propia noción de emprendedor del proyecto, y que se hace coincidir con la de persona o entidad que desarrolla una actividad económica, lo que crea una situación de confusión generalizada provocadora de una gran inseguridad jurídica. Pero mucho más grave que lo anterior es, sin duda, el escaso alcance de las previsiones que se han diseñado para, se supone, el estímulo de la actividad emprendedora y el fomento de la internacionalización de las empresas. Y esto es así porque, junto al gran número de disposiciones que contienen meros enunciados programáticos, sin efectos jurídicos, se proponen medidas que, o bien no van a tener desarrollo en la práctica, o bien se someten a tales requisitos y condiciones que desvirtúan su sentido y finalidad. Es decir, el proyecto es realmente una mera «puesta en escena» para hacer creer a los agentes económicos que el Gobierno cumple sus promesas, aunque sea con retraso, y que supuestamente lo habría hecho con medidas eficaces y largamente demandadas y esperadas. El ejemplo más claro de esta impostura lo constituye una de las grandes promesas del Gobierno: la instauración del conocido como IVA de caja, régimen que, se decía, pondría fin al pago del IVA de las facturas no cobradas. Frente a tal presentación, debe hacerse constar que no podemos afirmar que estemos en realidad ante la introducción del criterio de caja en este impuesto. Y ello porque, pese a afirmarse que el ingreso o la deducción solo se efectuarán cuando se realizan los respectivos ingresos y pagos, tal regla tiene como límite, en cualquier caso, el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación de que se trate. Esto es, y como dice literalmente la memoria de análisis de impacto normativo del proyecto, «… se ha previsto que el 31 de diciembre del año inmediato siguiente a aquel que se haya realizado la operación sean nuevamente de aplicación las reglas generales de devengo y deducción del impuesto.» En consecuencia, y pese a no haberse efectuado el pago, el sujeto pasivo, en el plazo señalado, va a tener la obligación de ingresar el IVA correspondiente. No nos encontramos por tanto ante un criterio de caja real, sino ante una mera demora en el ingreso. Se desmienten en el texto, por tanto, todos los anuncios que se habían efectuado en este sentido y expresamente las palabras de la Vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2013, cuando afirmó que «los autónomos, las pequeñas empresas, no tendrán que pagar el IVA de las facturas hasta que no las cobren.» Además, esto podría tener graves consecuencias para aquellas empresas con un relevante nivel de deudas incobrables que, en la confianza de estar aplicando el criterio de caja, pueden desconocer que, no obstante, deberán ingresar el IVA de tales facturas como máximo al año siguiente. Por si lo anterior fuera poco, el proyecto establece, sorprendentemente, que la opción por el régimen especial afecta también al destinatario de las operaciones, que verá limitado su derecho a deducir hasta el pago y sobre el que recaerán obligaciones formales pendientes de determinar reglamentariamente. Es decir, empresas acogidas al criterio de devengo —régimen general— tienen la obligación de aplicar el criterio de caja cuando contraten con empresas que aplican el régimen especial. No es difícil suponer que una empresa sometida al criterio de devengo, a igualdad de condiciones, no adquirirá bienes y servicios a un sujeto pasivo que haya optado por el régimen especial del IVA de caja, ya que ello le va a suponer, frente a un proveedor en régimen general, una limitación de su derecho a deducir y un incremento de sus obligaciones formales.

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MOTIVACIÓN

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En definitiva, lo que en ningún caso puede hacer el Gobierno es inducir a error a los contribuyentes —con tal de mantener la apariencia de que cumple con sus compromisos—, sin advertir con la máxima transparencia a los contribuyentes afectados de todos los condicionantes y requisitos que piensa introducir en la regulación del régimen especial. La gravedad de la discordancia entre lo «publicitado» y la «letra pequeña» —el concreto contenido de las normas propuestas— es una constante en todo el proyecto, en especial en relación con las medidas que crean nuevas figuras a las que teóricamente pueden acogerse los emprendedores —en realidad todas las personas que ejercen una actividad económica— y con las de índole fiscal. Y así, la regulación del denominado «emprendedor de responsabilidad limitada» solo establece una parcial limitación a la embargabilidad de la vivienda habitual de las personas físicas que ejercen una actividad económica por cuenta propia, no extendiéndose tal limitación, además, a las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. Resulta claro que el escaso alcance de la medida no va a favorecer el aumento de la actividad económica ni la generación de riqueza, ni posibilita tampoco que el deudor pueda iniciar una nueva actividad empresarial. Respecto de la incorrectamente denominada «sociedad limitada de formación sucesiva», se contempla la posibilidad de crear una entidad de este tipo sin la aportación inicial del capital mínimo —3.000 euros— previsto en la vigente normativa, pero a cambio de imponer duras restricciones, tales como la limitación a la retribución anual de los socios y administradores, el deber de destinar a la reserva legal el 20 por 100 del beneficio del ejercicio, o la prohibición de reparto de dividendos hasta alcanzar el capital mínimo exigible. Con dichas exigencias, no es previsible que la figura vaya a tener un gran desarrollo en la práctica, pues las condiciones impuestas no se compadecen con los supuestos beneficios de no aportar inicialmente 3.000 euros. Las dos nuevas figuras organizativas de la actividad de los «emprendedores» son, en consecuencia, meras operaciones de imagen que, como decíamos anteriormente, ni van a tener desarrollo en la práctica, ni de ninguna forma varían de forma sustancial el ámbito de responsabilidad del empresario persona física que, si fracasa en su proyecto, no tendrá una «segunda oportunidad.» Desde la perspectiva de los incentivos fiscales que propone el proyecto, la valoración es la misma. El Gobierno los presenta, en general, como grandes avances, pero el contenido concreto de la regulación lo desmiente. Ya hemos visto como en relación con el criterio de caja en el IVA se ha ocultado cuidadosamente en su presentación el régimen real. Pero es que en el resto de beneficios fiscales sucede otro tanto, obviándose resaltar condiciones y exigencias que limitan de forma clara su alcance. Y así, la deducción del 10 por ciento por inversión de beneficios para las empresas de reducida dimensión se condiciona al cumplimiento de importantes requisitos —dotación de una reserva indisponible por importe igual a la base de la deducción, incompatibilidad con la libertad de amortización, con la reserva para inversiones de Canarias, etc.—, reduciéndose además al 5 por ciento si a la empresa le son aplicables los tipos de gravamen reducidos por mantenimiento o creación de empleo; curiosa previsión que puede hacer que compense al sujeto pasivo la destrucción de empleo pues un 5 por ciento de reducción de la cuota es justo el beneficio resultante de aplicar el tipo reducido (25 % -20 % ) y, a cambio, se aplicaría en su totalidad (10 % y no 5 % ) la deducción por inversión. En el correlato de esta deducción para los empresarios individuales (IRPF), la citada minoración al 5 por ciento se produce no solo cuando al contribuyente le sea aplicable la reducción del rendimiento neto por mantenimiento o creación de empleo, sino también cuando apliquen la nueva reducción por inicio de una actividad económica, reducción introducida por el reciente Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. En la posibilidad de abono del importe de la deducción por actividades de investigación y desarrollo no aplicadas por insuficiencia de cuota, tampoco se ha destacado que, además de un límite cuantitativo, el mismo no va a producirse hasta el año 2015, y siempre que el beneficiario acepte un descuento del 20 por ciento del importe de la deducción, criterio de regateo o bazar impropio de un sistema tributario avanzado y que desconoce que el objetivo del beneficio no debe ser otro que el incentivar las actividades de investigación y desarrollo y no el rebajar de cualquier forma el coste fiscal de la medida. Por último, en cuanto a la tan debatida necesidad de promover los «inversores de proximidad» o Business Angel, el proyecto se limita a establecer una deducción del 20 por ciento para la inversión en empresas de nueva o reciente creación, con un límite de inversión anual de 20.000 euros, base de la

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deducción incluso menor que la cifra de 25.000 euros contemplada en la actual normativa a efectos de la exención de la plusvalía generada en el momento de la desinversión. De lo expuesto puede deducirse sin dificultad que, también en el resto de los incentivos que se establecen en el ámbito tributario, asistimos a una mera operación de imagen ejecutada, además, con una clara finalidad: crear la apariencia de que se adoptan medidas eficaces —lo que permite decir que se cumplen las promesas—, pero a la vez introducir todo tipo de restricciones y exigencias que hagan lo más reducido posible su coste recaudatorio. El proyecto no responde, en consecuencia, a una decidida voluntad de favorecer a los emprendedores y, por extensión, estimular la reactivación de la actividad económica y su internacionalización, sino única y exclusivamente a cumplir formalmente con compromisos largamente demorados y todo ello al menor coste posible. Por otro lado, en el debate de investidura el Presidente del Gobierno aseguró que la ley de apoyo a los emprendedores iba a incluir medidas para mejorar la financiación de las empresas, cuando la realidad es que brillan por su ausencia. En este momento, el problema real al que se enfrentan los emprendedores es la falta crédito para iniciar un proyecto empresarial. La economía española afronta, con urgencia, un serio problema de financiación que supone hoy en día el principal cuello de botella para la recuperación de la actividad. El proceso de reestructuración y saneamiento de las entidades de crédito ha propiciado que llegue poca financiación a las empresas y, al mismo tiempo, el poco crédito que llega lo hace en condiciones claramente desfavorables (por ejemplo, con elevados tipos de interés, aumento de las garantías y reducción de los plazos). Por tanto, lo verdaderamente urgente para este país es solucionar el problema de financiación, que está ahogando a miles de pymes y autónomos. Lo anteriormente descrito no se aborda en el texto legislativo remitido por el Gobierno. En relación con el fomento de la internacionalización de la economía, apenas aporta nada novedoso al marco normativo vigente y a los instrumentos y organismos comerciales de apoyo a la empresa. No se introduce ninguna modificación de la estructura actual de la red territorial y exterior que continúa siendo la misma desde hace más de 25 años, cuando los mercados y las empresas han cambiado de forma sustancial en los últimos años. Se echa en falta medidas institucionales de colaboración con el sector privado y de coordinación con las Comunidades Autónomas en los instrumentos y organismos comerciales. Además, es necesario incluir medidas regulatorias para aumentar el tamaño de las empresas en los objetivos del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española. La evidencia empírica nos dice que existe una relación positiva entre el tamaño de las empresas y el aumento de las exportaciones. En el Proyecto de Ley apenas se dice nada de la colaboración público-privada, con el fin de impulsar la constitución de redes empresariales y clusters para la exportación a través de consorcios, fusiones, asociaciones de empresas para exportar, colaboración entre empresas que ya exportan y empresas que comienzan a internacionalizarse. Por todo ello, consideramos urgente abrir los canales institucionales para que las empresas multinacionales españolas, que ostentan el liderazgo internacional en sectores estratégicos, puedan actuar como elementos tractores de otras empresas ayudando a su internacionalización. En cuanto a la denominada movilidad internacional, debemos coincidir, en primer lugar, con aquellas organizaciones que han criticado la ruptura del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales en materia de inmigración. En este caso, no ha existido ni siquiera la mínima información previa en el seno del órgano de participación institucional en materia de inmigración. En segundo lugar, también debemos coincidir con los informes que consideran que el Proyecto de Ley incluye temas más relacionados con la política de inmigración, contemplados ya en una Ley Orgánica, que con la actividad emprendedora y, que al estar ya regulados en otros cuerpos legales, añaden gran confusión. En todo caso destaca en la citada regulación el reflejo de otras vías para autorizar la residencia de extranjeros cuando ya existen fórmulas legales que funcionan, resultando superfluas en cuanto a las situaciones y estableciendo duplicidades normativas. Lo que resulta es una regulación que incrementa la inseguridad jurídica, y las cargas administrativas en perjuicio de aquellos a los que pretendería beneficiar. El Proyecto además altera por completo el núcleo esencial de la política migratoria, que desde el año 2004 se ha basado en la vinculación de la llegada de inmigrantes al mercado laboral, es decir, en la evaluación del mercado laboral para permitir o no la contratación de extranjeros. La situación nacional de empleo es la concreción de esa evaluación y se plasma en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, elaborado con la participación de Comunidades Autónomas —por tener las competencias en las políticas activas de empleo—, y por los agentes sociales, que aportan una visión complementaria de alto valor cualitativo. El Proyecto de Ley de emprendedores quiere subvertir el sistema, alterando las bases de la

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política migratoria por la puerta de atrás en una Ley que nada tiene que ver ni va en la dirección adecuada, porque, en definitiva, se da la capacidad a dos Ministerios de abrir sectores de actividad a la contratación a extranjeros sin límites y sin comprobar previamente la capacidad de nuestro mercado laboral para cubrir esas vacantes. En definitiva, la iniciativa legislativa supone, ante todo, una medida propagandística más del Gobierno sin ningún alcance real para dinamizar la actividad emprendedora en España. No aborda de manera integral los problemas de regulación, de competencia efectiva y de financiación que afrontan día a día los emprendedores de este país. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista rechaza de plano el Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, lo que motiva la presente enmienda a la totalidad de devolución.

ENMIENDA NÚM. 6 FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) A la Mesa del Congreso de los Diputados El Grupo Mixto, a instancia del diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí,) al amparo de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de devolución al Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2013.—Joan Tardà i Coma, Diputado.—Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Enmienda a la totalidad de devolución El Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización responde supuestamente a la necesidad de hacer frente a la grave crisis económica, que supone una alta tasa de desempleo, siendo necesario emprender reformas que favorezcan la creación de empleo mediante políticas de apoyo a los emprendedores y al trabajo autónomo. Sin embargo, el Proyecto de Ley obvia por completo los emprendedores sociales. La economía social, como tercera gran línea de la economía, está siendo una baza positiva para el sostenimiento de muchos proyectos empresariales. Más allá de la economía social clásica de cooperativas, sociedades laborales y demás, debemos considerar el emprendimiento con acento social como un nuevo movimiento que, además de nutrir la economía, conlleva un emprendimiento que supera la capacidad individual por subsistir en entornos tan complejos como el actual. El emprendimiento social, formado por una corriente emprendedora de personas que tienen inquietudes transformadoras de su entorno ante los nuevos retos sociales y medioambientales que proponen soluciones innovadoras para resolverlos. Utilizan estrategias empresariales para organizarse, crear y administrar proyectos de base económica pero con enfoque social, orientados al cambio social, intentando conciliar el enfoque económico con los retos sociales, ambientales, y transformación positiva del entorno que se abordan. Este emprendimiento, este incipiente movimiento, apuesta desde su base por las alianzas, las economías de escala, para maximizar la eficiencia de los proyectos. A partir de ello, conviene reforzar positivamente su papel por cuanto contienen un plus o valor añadido a su actividad: no solo ayudan individualmente a superar la situación de desempleo a muchas personas sino que apuestan por la transformación positiva y colectiva del entorno. Conviene recordar, además, que su fortaleza como instrumento de mejora colectiva se añade que se concentran en algunos de los llamados yacimientos de empleo, que si bien han cambiado su fisionomía en los últimos años, tenían como características su capacidad de respuesta a nuevas necesidades sociales y medioambientales, se configuran en mercados incompletos y tienen un ámbito de producción o

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Exposición de motivos

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prestación habitualmente definido y son intensivas en empleo (el trabajo humano como elemento esencial en el proyecto). Estas necesidades, vinculadas a las transformaciones sociales y en gran medida tecnológicas, subyacen en el emprendimiento social, razón por la que debemos considerar su potencia como verdadero instrumento de creación de empleo a nivel estratégico. La respuesta al envejecimiento de la población, desarrollo sostenible y producción ecológica, energías verdes, prevención de la salud, inserción sociolaboral, acceso a la digitalización, a la vivienda, educación, microfinanciación, son elementos esenciales gestionados cada vez en mayor medida por proyectos de emprendimiento social, al que, sin duda, debemos dar una respuesta de mayor intensidad por ese valor cualitativo y cuantitativo. En el actual contexto de crisis económica, de deterioro del estado del bienestar y precarización del trabajo, las cooperativas y otras entidades y empresas que contempla la economía social son capaces de generar ocupación estable y de calidad. Tanto es así que, según datos del propio Ministerio de Empleo, en contra de la tendencia generalizada de destrucción de empleo, las cooperativas han continuado creando ocupación. En este sentido, la creación de cooperativas supone una alternativa viable para los trabajadores en paro, contra la tendencia industrial a la deslocalización. De hecho, desde 2008 se han creado más de 100 cooperativas por año solo en Catalunya. No en vano, el lema impulsado este año por la Alianza Cooperativa Internacional es «La cooperativa, una empresa que sigue siendo fuerte en tiempos de crisis». Por ello, desde el respeto competencial, las cooperativas deberían ser consideradas como protagonistas en un Proyecto de Ley de emprendedores en el reconocimiento de beneficios, especialmente fiscales. Asimismo, la Proposición no de Ley presentada por Esquerra Republicana, sobre la promoción del Año Internacional de las Cooperativas y medidas de fomento a las mismas, aprobada el día 19 de junio de 2012, reconoce el valor del cooperativismo como elemento de solidaridad, cohesión social, motor de crecimiento económico, generación de la riqueza y especialmente de creación de puestos de trabajo, e incorpora un mandato parlamentario que insta al Gobierno a incorporar políticas de apoyo al cooperativismo en el Proyecto de Ley de Emprendedores. Por otro lado, el Proyecto de Ley no respeta el marco constitucional de distribución de competencias. En este sentido, entre otras, no respeta la competencia de la Generalitat de Catalunya en materia de promoción de la actividad económica y en materia de trabajo y relaciones laborales. Por todo ello se presenta la siguiente enmienda de devolución del Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

ENMIENDA NÚM. 7 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de totalidad con texto alternativo al Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

Enmienda a la totalidad con texto alternativo Exposición de motivos Las expectativas relativas a la presentación, por parte del Gobierno, del Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización eran muy grandes desde que fue anunciado ante las elecciones generales de 2011 y posteriormente en el debate de investidura del Presidente Rajoy. Incluso el paso del

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Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2013.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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tiempo acrecentaba su importancia, ya que después de un año y medio de políticas económicas caracterizadas por la austeridad y por el incremento de la presión fiscal, se consideraba que el Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores constituiría una medida de apoyo al crecimiento y a la creación de empleo. No ha sido así. El proyecto de ley presentado por el Gobierno es largo, con muchos titulares y poco contenido, de hecho incorpora pocas medidas encaminadas a favorecer la recuperación económica o a facilitar la renovación del actual modelo productivo. Analizar el proyecto de Ley presentado por el Gobierno lleva a una cierta frustración. Por una parte, indica que el Gobierno ha identificado algunos de los problemas relevantes que atenazan la coyuntura económica y que frenan la salida de la crisis, entre estos, citar: la necesidad de acotar el riesgo del emprendedor, cuando el proyecto fracasa; la necesidad de regular el pago del IVA por criterios de caja; la necesidad de articular mecanismos de mejora de la financiación; la necesidad de simplificar las obligaciones de las pymes; entre otros. Sin embargo la debilidad de las respuestas del Gobierno a los problemas detectados resulta preocupante, falta ambición en las medidas propuestas en el proyecto de ley, por lo que se considera que tendrán un escaso efecto sobre la actividad económica, a la vez que quemará la política de apoyo al emprendedor, la cual es una de las vías necesarias para transformar el actual modelo productivo y para impulsar el crecimiento. La voluntad de limitar la responsabilidad de los emprendedores a los activos vinculados a la actividad empresarial hace años que se persigue sin éxito, en este tema no es admisible hacer excepciones en beneficio de la agencia tributaria, de la seguridad social o de las entidades financieras, si la consigna es limitar la responsabilidad, esta se debe limitar para todos, sin excepción y en beneficio de la actividad del emprendedor. En relación a la regulación del IVA por criterio de caja, el Gobierno ha escogido la vía más complicada para regularla, olvidando que este proyecto de ley también persigue el objetivo de simplificación administrativa de las pymes respecto a la administración. Tal como han señalado las diferentes organizaciones patronales, el nuevo sistema del IVA caja no va a tener recorrido a causa de la complejidad de su regulación. Respecto a los incentivos a las actividades de I+D+i, la medida es importante y ha sido reivindicada por CIU desde hace años, pero en la regulación dada por el Gobierno los incentivos no empezarían a operar hasta 2015, con lo cual se pierde el activo de constituir un impulso a la reactivación. Un planteamiento parecido hay que hacer respecto el reconocimiento de la figura de los business Angels que desde hace tantos años CIU reivindica su regulación. En este sentido el Proyecto de Ley da un paso adelante, sin embargo, al limitar a 20.000 euros la inversión el incentivo fiscal queda completamente desdibujado. También resulta preocupante que el proyecto de ley no incorpore ninguna bonificación ni incentivo fiscal para la creación de empleo por parte de emprendedores, ni para la creación del propio empleo como autónomo, o para capitalizar el 100 % de la prestación por desempleo de aquellas personas en paro que quieran poner en marcha un proyecto como emprendedores. Así mismo, las medidas de impulso fiscal o de mejora del crédito son modestas y la reducción de cargas administrativas previstas en el proyecto de ley es casi intrascendente, hoy la microempresa y la pyme están obligadas a soportar unas cargas administrativas demasiado parecidas a las que también soportan las grandes empresas. Convergència i Unió considera que la difícil coyuntura que atraviesa la economía española requiere de impulsos más ambiciosos desde una perspectiva integrada de carácter fiscal, financiera, laboral y administrativa que facilite la creación de nuevas actividades, estimule la creación de empleo y, así, contribuya a estimular el crecimiento y la salida de la crisis. Por todo ello, Convergència i Unió presenta una enmienda de totalidad con texto alternativo al Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. El texto alternativo al Proyecto de Ley perfecciona la proposición de Ley de apoyo al emprendedor y a la creación de empleo, ya presentada por el grupo parlamentario Catalán de CIU en el Congreso de los Diputados a principios de año y le incorpora algunas de las medidas contenidas en el Proyecto de Ley del Gobierno, si bien procurando eliminar aquellas limitaciones que debilitan la propuesta del Gobierno. La alternativa al Proyecto de Ley está dividida en cinco títulos, a los que hay que añadir cinco disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales, son los siguientes: En primer lugar, el Título I regula la figura del emprendedor. Se establece que la figura del emprendedor comprenderá a toda persona física que se encuentre en el proceso de lanzamiento de su proyecto

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empresarial, el cual deberá poner en marcha a través de una empresa individual o de una entidad jurídica con personalidad propia. La actividad del emprendedor deberá ser económica y en ningún caso podrán considerarse emprendedores las entidades que tengan como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Se regula también los incentivos fiscales al emprendedor. Todo sujeto que se encuadre dentro de dicha definición podrá gozar de una exención del 75 % en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en el Impuesto sobre Sociedades, de las rentas que obtenga durante los cuatro primeros años de actividad. No obstante, en el caso de superar los 200.000 euros en los primeros cuatro años del inicio de la actividad de la empresa, la exención se aplicará proporcionalmente al peso de las citadas cuantías respecto la facturación total de la empresa. También en dicho apartado se incorporan otros incentivos fiscales que tienen como objeto, incentivar la inversión de beneficios, la capitalización de las empresas, fomentar la realización de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica. Se incorpora, además, el criterio caja, para paliar los problemas de liquidez y de acceso a crédito de las empresas, en este caso la aplicación del criterio de caja es sencillo, si una pyme no cobra no ingresa el IVA, no hacen falta más requisitos. Y por último se generaliza la posibilidad de capitalización del 100 % del desempleo para aquellas personas que inicien una actividad como emprendedores. En particular, en relación al Impuesto de Sociedades se establece, en primer lugar, con el objeto de fomentar la capitalización empresarial y la inversión en activos nuevos de inmovilizado material, inmaterial, activos financieros o inversiones inmobiliarias, una nueva deducción del 25 % por inversión de beneficios para aquellas entidades que tengan la condición de empresas de reducida dimensión. La medida tendrá vigencia desde el 2013, ya que en caso contrario supondría frenar de golpe las posibles inversiones. En segundo lugar, teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la aplicación de los incentivos fiscales a las actividades de investigación y desarrollo, e innovación tecnológica, se establece un mecanismo para favorecer el aprovechamiento de la deducción por I+D+ i, generada por las entidades, cuando no haya podido ser objeto de aplicación. Por ello, con objeto de favorecer la utilización práctica de las deducciones no aplicadas, se permite, con carácter opcional del sujeto pasivo, que la deducción por I+D+i no quede sometida a ningún límite en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades, y que este incentivo pueda aplicarse ya con las deducciones pendientes de aplicación por falta de cuota. Asimismo, se incorpora un tipo de gravamen inferior para aquellas empresas que cumplan con los requisitos del artículo 108 de la Ley del Impuesto de Sociedades, que no distribuyan los beneficios obtenidos y decidan recapitalizar la propia empresa. Por último, también en este apartado se generaliza la posibilidad de capitalización del 100 % del desempleo para aquellas personas que inicien una actividad como emprendedores y con el fin de no penalizar aquellos trabajadores que coticen en el Régimen General y que vienen obligados a cotizar en otro Régimen a tiempo completo cuando realizan una actividad económica alternativa, se reducen las cuotas de la Seguridad Social. El Título II regula la figura del «Inversor de Proximidad», sean Business Angel o bien Family, Friends and Fools, sus incentivos fiscales y el concepto de red de inversores de proximidad. El inversor de proximidad es un inversor individual que aporta a título personal o a través de una sociedad unipersonal, su capital, sus conocimientos técnicos y su asesoramiento a una nueva iniciativa emprendedora durante su etapa inicial, con el fin de obtener una rentabilidad a medio plazo. Las inversiones de los inversores de proximidad en una única empresa no podrán superar los 200.000 euros. Tanto si el inversor de proximidad tributa por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como por el Impuesto sobre Sociedades, gozará de una deducción del 25 % por el capital aportado o por el préstamo participativo suscrito. Esta deducción tendrá un límite máximo en la base sobre la que aplicar la deducción de 200.000 euros anuales y con un máximo acumulativo de 200.000 de inversión en una misma empresa, siempre que dicho capital se mantenga en la empresa un mínimo de cuatro años. Asimismo los inversores de proximidad tendrán derecho a aplicarse una reducción del 50 % por los dividendos e intereses percibidos a partir del cuarto año y hasta el octavo de funcionamiento de la nueva empresa. Y, en el caso, de que exista transmisión de la participación, cuando se produzca transcurrido un período de entre cuatro y ocho años, las ganancias patrimoniales que se produzcan gozarán de una exención del 50 % y si existen pérdidas, en su caso, podrán deducirse en su totalidad (excluidas las deducciones ya aplicadas). En el supuesto que el inversor de proximidad esté financiando un proyecto de un emprendedor social, la deducción por el capital aportado o por el préstamo participativo suscrito aumentará en cinco puntos porcentuales.

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El Título III define otros mecanismos de financiación, con participación activa del Estado, destinados a respaldar y promover el acceso al crédito a los emprendedores. De este modo se potencia el uso de préstamos participativos por parte de ENISA, así como microcréditos con alcance a mujeres, jóvenes y a personas con discapacidad por parte de la misma empresa estatal o por parte del ICO. También se impulsan los programas de avales para emprendedores, coordinados entre CERSA y las Sociedades de Garantía Recíproca, ampliando el capital de la primera para reforzar la cobertura y solvencia que las Sociedades de Garantía Recíproca ofrecen a los emprendedores. Se asume el compromiso de extender los Fondos de Titulización para PYMES a emprendedores a la vez que se facilita la concesión de créditos y préstamos por parte de entidades financieras a emprendedores. Por último se perfeccionan las cédulas de internacionalización y se crea un nuevo instrumento homólogo al mismo, los bonos de internacionalización, con el fin de mejorar la financiación a actividades de exportación e internacionalización. Ambos instrumentos financieros permitirán que las entidades de crédito que financian este tipo de proyectos vía créditos y préstamos puedan refinanciarlos, lo que a su vez facilitará que se mejoren las condiciones de financiación para empresas y emprendedores que quieran exportar e internacionalizarse. En el Título IV se establecen medidas para impulsar la contratación pública con emprendedores. En particular, para poner en contacto a pequeños emprendedores que se dediquen a una misma actividad, se prevé la posibilidad de que los empresarios puedan darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, con el fin de fomentar la creación de uniones de empresarios para alcanzar condiciones que se les exigen en los pliegos de contratación. Se elevan los umbrales para la exigencia de la clasificación en los contratos de obras y servicios. Se acortan los plazos de devolución de garantías pasando de doce a seis meses en caso de que la empresa adjudicataria sea una pequeña y mediana empresas. Y, por último se incluye la prohibición de discriminar a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación pública. En el Título V, se crea una nueva figura, el Emprendedor de Responsabilidad Limitada, gracias a la cual las personas físicas podrán evitar que la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales afecte su vivienda habitual. Su redactado es coincidente con el propuesto en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno, si bien se eliminan de aquella redacción las excepciones que este contemplaba respecto a las deudas públicas y a la limitación de responsabilidad. A través de las cinco disposiciones adicionales se regula una bonificación del 90 % de la cotización como trabajador autónomo del emprendedor el primer año de actividad, el 75 % el segundo año y el 50 % el tercer año; también se regula otra bonificación del 90 % para aquel emprendedor que contrate trabajadores desempleados el primer año de actividad, el 75 % el segundo año y el 50 % el tercer año; se instaura un régimen de contabilidad simplificada para todos los contribuyentes que desarrollen una actividad emprendedora; se incorpora la obligación para las entidades de crédito de destinar un mínimo del 0,5 % de sus beneficios anuales a proyectos de emprendeduría; finalmente, a través de disposiciones finales, se compromete al Gobierno a aprobar, un proyecto de ley que regule la figura del emprendedor social, la regulación del «visado emprendedor» destinado a atraer talento empresarial e innovador del resto del mundo, la regulación de un proyecto de simplificación administrativa que incluyan medidas de simplificación en las cargas administrativas, medidas de simplificación en la contabilidad, en las operaciones vinculadas, una unificación de plazos, modelos y programa de declaración del Impuesto sobre Sociedades y de depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil y medidas de simplificación en la aplicación de retenciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los administradores de las sociedades, y, por último, se establece la obligatoriedad de elaborar anualmente un informe de evaluación sobre los resultados de la actividad de creación de empresas y financieras por parte de inversores de proximidad. TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales

El objeto de la presente ley es: 1.  Establecer el marco regulatorio de la figura del emprendedor desarrollando un conjunto de incentivos fiscales, laborales, financieros y administrativos con el fin de apoyar al emprendedor en la

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Artículo 1.  Objeto de la ley.

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creación de nuevas empresas, así como en la expansión de pequeñas empresas, facilitar su financiación y fomentar la creación de empleo. 2.  Regular la figura del inversor de proximidad y de los incentivos fiscales que le dan apoyo. Artículo 2.  Concepto de emprendedor. Uno.  A los efectos de la presente ley, se considera emprendedor a toda persona física que vaya a iniciar o haya iniciado una nueva actividad económica en los últimos veinticuatro meses, sea en nombre propio como trabajador autónomo o a través de cualquiera de las formas societarias o análogas existentes de conformidad con la legislación civil, laboral o mercantil admitida en derecho. Dos.  También se considerará emprendedor, a los efectos de ser beneficiario de inversiones realizadas por inversores de proximidad, aquellas empresas con menos de cinco años de antigüedad desde su creación, constituidas a través de cualquiera de las formas societarias o análogas existentes, de conformidad con la legislación civil, laboral o mercantil admitida en derecho. Tres.  Se consideran incluidas en los apartados anteriores, las empresas individuales, las sociedades mercantiles y otras formas societarias contempladas en el artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que tengan domicilio fiscal dentro de España. Cuatro.  En ningún caso podrán considerarse emprendedores las entidades que tengan como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Se entenderá que una entidad gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, por lo tanto, no realiza una actividad económica cuando concurran, durante más de 90 días del ejercicio social, cualquiera de las condiciones siguientes: a)  Que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o b)  Que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades económicas. Para determinar si existe actividad económica o si un elemento patrimonial se encuentra afecto a ella, se estará a lo dispuesto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. TÍTULO I Incentivos al emprendedor CAPÍTULO I Incentivos fiscales al emprendedor Artículo 3.  Incentivos fiscales al emprendedor en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, adicionando una nueva letra al artículo 7, quedando redactada en los siguientes términos. «Artículo 7:  Rentas exentas. Estarán exentas las siguientes rentas:

(Nueva letra).  Estarán exentas el 75 % de las rentas obtenidas por el emprendedor, persona física, que cumpla con los requisitos del artículo 2 de la Ley XXX de medidas de apoyo a la creación de empresas por parte de emprendedores y a su financiación por parte de inversores de proximidad, durante los cuatro primeros años de actividad. En el caso de superar los 200.000 euros de facturación anual, en los primeros cuatro años desde el inicio de la actividad de la empresa, la exención se aplicará proporcionalmente al peso de la citada cuantía respecto la facturación total de la empresa.»

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Artículo 4.  Incentivos fiscales al emprendedor, en el Impuesto sobre Sociedades. Se modifica el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, adicionando un nuevo apartado al artículo 9, quedando redactado en los siguientes términos: «Artículo 9.  Exenciones Apartado 4 (nuevo):  Estarán exentas el 75 % de las rentas obtenidas por aquellas sociedades que cumplan con los requisitos del artículo 2 de la Ley XXX, de medidas de apoyo a la creación de empresas por parte de emprendedores y a su financiación por parte de inversores de proximidad, durante los cuatro primeros años de actividad. En el caso de superar los 200.000 euros de facturación anual, en los primeros cuatro años desde el inicio de la actividad de la empresa, la exención se aplicará proporcionalmente al peso de la citada cuantía respecto la facturación total de la empresa.» CAPÍTULO II Otros incentivos fiscales Artículo 5.  Incentivos fiscales por inversión de beneficios. Se adiciona un nuevo artículo 37 del texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, quedando redactado en los siguientes términos:

1.  Las entidades que cumplan los requisitos establecidos en los apartados 1, 2 o 3 del artículo 108 y tributen de acuerdo con la escala de gravamen prevista en el artículo 114, ambos de esta Ley, tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra del 20 por ciento de los beneficios del ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material, inmovilizado inmaterial, activos financieros, o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, siempre que cumplan las condiciones establecidas en este artículo. La inversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la puesta a disposición de los elementos patrimoniales, incluso en el supuesto de elementos patrimoniales que sean objeto de los contratos de arrendamiento financiero a los que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre la disciplina e intervención de las entidades de crédito. No obstante, en este último caso, la deducción estará condicionada, con carácter resolutorio, al ejercicio de la opción de compra. En el caso de entidades que tributen en el régimen de consolidación fiscal, la inversión podrá efectuarla cualquier entidad que forme parte del grupo. 2.  La inversión en elementos patrimoniales afectos a actividades económicas deberá realizarse en el plazo comprendido entre el inicio del período impositivo en que se obtienen los beneficios objeto de inversión y los dos años posteriores o, excepcionalmente, de acuerdo con un plan especial de inversión aprobado por la Administración tributaria a propuesta del sujeto pasivo. 3.  La deducción se practicará en la cuota íntegra correspondiente al período impositivo en que se efectúe la inversión. 4.  La base de la deducción vendrá determinada por los beneficios obtenidos en el ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, minorados por aquellas rentas o ingresos que sean objeto de exención, reducción, bonificación, deducción del artículo 15.9 de esta Ley o deducción por doble imposición, exclusivamente en la parte exenta, reducida, bonificada o deducida en la base imponible, o bien que haya generado derecho a deducción en la cuota. 5.  Las entidades que apliquen esta deducción deberán dotar una reserva por inversiones, por un importe igual a la base de deducción, que será indisponible en tanto que los elementos patrimoniales en los que se realice la inversión deban permanecer en la entidad.

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«Artículo 37.  Deducción por inversión de beneficios.

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La reserva por inversiones deberá dotarse con cargo a los beneficios del ejercicio cuyo importe es objeto de inversión. En el caso de entidades que tributen en el régimen de consolidación fiscal, esta reserva será dotada por la entidad que realiza la inversión, salvo que no le resulte posible, en cuyo caso deberá ser dotada por otra entidad del grupo fiscal. 6.  Los elementos patrimoniales objeto de inversión deberán permanecer en funcionamiento en el patrimonio de la entidad, salvo pérdida justificada, durante un plazo de cinco años, o durante su vida útil de resultar inferior. No obstante, no se perderá la deducción si se produce la transmisión de los elementos patrimoniales objeto de inversión antes de la finalización del plazo señalado en el párrafo anterior y se invierte el importe obtenido o el valor neto contable, si fuera menor, en los términos establecidos en este artículo. 7.  Esta deducción es incompatible con la aplicación de la libertad de amortización, con la deducción por inversiones regulada en el artículo 94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, y con la Reserva para inversiones en Canarias regulada en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 8.  Los sujetos pasivos harán constar en la memoria de las cuentas anuales la siguiente información: a)  El importe de los beneficios acogido a la deducción y el ejercicio en que se obtuvieron. b)  La reserva indisponible que debe figurar dotada. c)  Identificación e importe de los elementos adquiridos. d)  La fecha o fechas en que los elementos han sido objeto de adquisición y afectación a la actividad económica. Dicha mención en la memoria deberá realizarse hasta que se cumpla el plazo de mantenimiento a que se refiere el apartado 6 de este artículo. 9.  El incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en este artículo determinará la pérdida del derecho de esta deducción, y su regularización en la forma establecida en el artículo 137.3 de esta Ley.» Artículo 6.  Incentivos fiscales a las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica y a las rentas procedentes de determinados activos intangibles. Uno.  Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 44, pasando el que era 3 a numerarse 4 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactado en los siguientes términos:

Para la aplicación de lo dispuesto en este apartado, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: a)  Que la plantilla media o, alternativamente, la plantilla media adscrita a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica no se vea reducida desde el final del período impositivo en que se generó la deducción hasta la finalización del plazo a que se refiere la letra b) siguiente.

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«2.  No obstante, en el caso de entidades a las que resulte de aplicación el tipo general de gravamen, el tipo del 35 por ciento, o la escala de gravamen prevista en el artículo 114 de esta Ley, las deducciones por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 35 de esta Ley podrán, opcionalmente, quedar excluidas del límite establecido en el último párrafo del apartado anterior, y aplicarse con un descuento del 10 por ciento de su importe, en los términos establecidos en este apartado. En el caso de insuficiencia de cuota, se podrá solicitar su abono a la Administración tributaria a través de la declaración de este Impuesto. Este abono se regirá por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo, sin que, en ningún caso, se produzca el devengo del interés de demora a que se refiere su apartado 2.

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b)  Que se destine un importe equivalente a la deducción aplicada o abonada, a gastos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica o a inversiones en elementos del inmovilizado material o activo intangible exclusivamente afectos a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, excluidos los inmuebles, en los 24 meses siguientes a la finalización del período impositivo en cuya declaración se realice la correspondiente aplicación o abono. c)  Que la entidad haya obtenido un informe motivado sobre la calificación de la actividad como investigación y desarrollo e innovación tecnológica o un acuerdo previo de valoración de los gastos e inversiones correspondientes al proyecto de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, en los términos establecidos en el apartado 4 del artículo 35 de esta Ley. En el caso de que no esté disponible dicho informe en el momento de la solicitud de la deducción, será necesario aportar la documentación justificativa de que se ha realizado una solicitud de informe motivado a la administración. d)  En relación con las deducciones generadas en periodos impositivos anteriores al 1 de enero del 2013, lo dispuesto en este apartado solo será de aplicación como máximo al 25 % del importe de las deducciones pendientes de compensación. En este caso, el periodo establecido en la letra a) anterior será igual a los 24 meses siguientes a la finalización del periodo impositivo en cuya declaración se realice la correspondiente aplicación o abono. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevará la regularización de las cantidades indebidamente aplicadas o abonadas, en la forma establecida en el artículo 137.3 de esta Ley. 3.  Una misma inversión no podrá dar lugar a la aplicación de más de una deducción en la misma entidad salvo disposición expresa, ni podrá dar lugar a la aplicación de una deducción en más de una entidad.» Dos.  Se modifica el artículo 23 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactado en los siguientes términos: «1.  Las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, se integrarán en la base imponible en un 40 por ciento de su importe, cuando se cumplan los siguientes requisitos: a)  Que la entidad cedente haya creado los activos objeto de cesión, al menos, en un 25 por ciento de su coste. b)  Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo de una actividad económica y que los resultados de esa utilización no se materialicen en la entrega de bienes o prestación de servicios por el cesionario que generen gastos fiscalmente deducibles en la entidad cedente, siempre que, en este último caso, dicha entidad esté vinculada con el cesionario. c)  Que el cesionario no resida en un país o territorio de nula tributación o considerado como paraíso fiscal, salvo que esté situado en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que la operativa responde a motivos económicos válidos. d)  Cuando un mismo contrato de cesión incluya prestaciones accesorias de servicios, deberá diferenciarse en dicho contrato la contraprestación correspondiente a los mismos. e)  Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para poder determinar los ingresos y gastos, directos e indirectos, correspondientes a los activos objeto de cesión.

2.  En el caso de cesión de activos intangibles, a los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá por rentas la diferencia positiva entre los ingresos del ejercicio procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de los activos, y las cantidades que sean deducidas en el mismo por aplicación de los artículos 11 o 12 de esta Ley, por deterioros, y por aquellos gastos del ejercicio directamente relacionados con el activo cedido. No obstante, en el caso de activos intangibles no reconocidos en el balance de la entidad, se entenderá por rentas el 80 por ciento de los ingresos procedentes de la cesión de aquellos.

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Lo dispuesto en este apartado también resultará de aplicación en el caso de transmisión de los activos intangibles referidos en el mismo.

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3.  Esta reducción deberá tenerse en cuenta a efectos de la determinación del importe de la cuota íntegra a que se refiere el artículo 31.1.b) de esta Ley. 4.  Tratándose de entidades que tributen en el régimen de consolidación fiscal, los ingresos y gastos derivados de la cesión, no serán objeto de eliminación para determinar la base imponible del grupo fiscal, las operaciones que den lugar a la aplicación de lo dispuesto en este artículo estarán sometidas a las obligaciones de documentación a que se refiere el apartado 2 del artículo 16 de esta Ley. 5.  En ningún caso darán derecho a la reducción las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación, o de la transmisión, de marcas, obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, de derechos personales susceptibles de cesión, como los derechos de imagen, de programas informáticos (a excepción de la información que constituye las ideas y los principios base del programa; la lógica, el análisis funcional, así como las técnicas del lenguaje de programación)„ equipos industriales, comerciales o científicos, ni de cualquier otro derecho o activo distinto de los señalados en el apartado 1. 6.  A efectos de aplicar la presente reducción, con carácter previo a la realización de las operaciones, el sujeto pasivo podrá solicitar a la Administración tributaria la adopción de un acuerdo previo de valoración en relación con los ingresos procedentes de la cesión de los activos y de los gastos asociados, así como de las rentas generadas en la transmisión. Dicha solicitud se acompañará de una propuesta de valoración, que se fundamentará en el valor de mercado. La propuesta podrá entenderse desestimada una vez transcurrido el plazo de resolución. Reglamentariamente se fijará el procedimiento para la resolución de los acuerdos previos de valoración a que se refiere este apartado. 7.  Asimismo, con carácter previo a la realización de las operaciones, el sujeto pasivo podrá solicitar a la Administración tributaria un acuerdo previo de calificación de los activos como pertenecientes a alguna de las categorías a que se refiere el apartado 1 de este artículo, y de valoración en relación con los ingresos procedentes de la cesión de aquellos y de los gastos asociados, así como de las rentas generadas en la transmisión. Dicha solicitud se acompañará de una propuesta de valoración, que se fundamentará en el valor de mercado. La propuesta podrá entenderse desestimada una vez transcurrido el plazo de resolución. La resolución de este acuerdo requerirá informe vinculante emitido por la Dirección General de Tributos, en relación con la calificación de los activos. En caso de estimarlo procedente, la Dirección General de Tributos podrá solicitar opinión no vinculante al respecto, al Ministerio de Economía y Competitividad. Reglamentariamente se fijará el procedimiento para la resolución de los acuerdos previos de calificación y valoración a que se refiere este apartado. 8.  La aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del apartado 1 de este artículo es incompatible con la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, regulada en el artículo 42 de esta Ley.» Tres.  Se añade una disposición transitoria cuadragésima al texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactada de la siguiente forma:

Las cesiones del derecho de uso o de explotación de activos intangibles que se hayan realizado en periodos impositivos con anterioridad al 1 de enero del 2013 se regularán por lo establecido en el artículo 23 de esta Ley, según redacción dada al mismo por la disposición adicional octava, ocho, de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.»

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«Disposición transitoria cuadragésima.  Régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles.

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Artículo 7.  Incentivo fiscal para fomentar la capitalización de las empresas. Se adiciona una nueva disposición adicional al texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, quedando redactado en los siguientes términos: «Disposición adicional (nueva):  Tipo de gravamen inferior para aquellas empresas que decidan recapitalizarse. Las entidades que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 108 de la presente Ley que no distribuyan los beneficios obtenidos y decidan recapitalizar la propia empresa gozarán de un tipo de gravamen inferior de cinco puntos porcentuales, al previsto en el artículo 114, en ese período impositivo. Para poder gozar del incentivo fiscal, la recapitalización deberá producirse en un período máximo de seis meses desde la aprobación de las cuentas anuales.» Artículo 8.  Criterio de caja. Se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 75 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con la siguiente redacción: «Apartado 3 (nuevo).  Cuando los sujetos pasivos sean empresas de reducida dimensión en los términos del artículo 108 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, o bien sean trabajadores autónomos en los términos del artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo, la exigibilidad del Impuesto para las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetos a gravamen procederá en el momento del cobro del precio y en las cuantías efectivamente cobradas.» CAPÍTULO III Incentivos laborales Artículo 9.  Capitalización de la prestación por desempleo. Se modifica el apartado 1, regla 3, de la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, quedando redactado en los siguientes términos: «Disposición transitoria cuarta.

Artículo 10.  Cotización aplicable a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos en los casos de pluriactividad con jornada laboral a tiempo completo o a tiempo parcial superior al 50 % . Uno.  Los trabajadores que causen alta por primera vez en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y con motivo de la misma inicien una situación

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Apartado 1, regla 3.  Lo previsto en las reglas 1.ª y 2.ª también será de aplicación a los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo, que pretendan constituirse como trabajadores autónomos o como socios de una empresa de nueva creación y no se trate de personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 % . En el caso de la regla 1.ª, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad o cubrir la parte del capital social inicial que le corresponda, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite del 100 % del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir.»

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de pluriactividad a partir de la entrada en vigor de esta norma podrán elegir como base de cotización, en ese momento, la comprendida entre el 50 % de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, durante los primeros dieciocho meses, y el 75 % durante los siguientes dieciocho meses, hasta las bases máximas establecidas para este Régimen Especial. Dos.  En los supuestos de trabajadores en situación de pluriactividad en que la actividad laboral por cuenta ajena lo fuera a tiempo parcial con una jornada a partir del 50 % de la correspondiente a la de un trabajador con jornada a tiempo completo comparable, se podrá elegir en el momento de alta, como base de cotización la comprendida entre el 75 % de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y el 85 % durante los siguientes dieciocho meses, hasta las bases máximas establecidas para este Régimen Especial. Tres.  La aplicación de esta medida será incompatible con cualquier otra bonificación o reducción establecida como medida de fomento del empleo autónomo, así como lo previsto en el artículo 113. Cinco.7 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado del 2013. TÍTULO II Inversor de proximidad CAPÍTULO I Disposiciones Generales Artículo 11.  Definición del «Inversor de Proximidad.» Uno.  El inversor de proximidad, sea como Business Angel o sea como Familiy Friends and Fools, es un inversor individual que aporta, a título personal o a través de una sociedad unipersonal, su capital, sus conocimientos técnicos y su asesoramiento durante la etapa inicial de la actividad empresarial a la que se refiere el artículo 2 de esta Ley, para apoyar a una nueva iniciativa emprendedora o la expansión y desarrollo de una pyme con potencial de crecimiento, con el fin de obtener una rentabilidad a medio plazo. Deberá estar adscrito a una red de inversores de proximidad. Dos.  Cuando la inversión la realicen de forma conjunta varios inversores de proximidad, estos podrán efectuarla en nombre propio o constituir una persona jurídica. En este caso, la persona jurídica deberá tener como principal objeto social la inversión en nuevos proyectos empresariales y su activo deberá estar formado en todo momento en más de un 75 % en inversiones de emprendedores. Tres.  La inversión máxima, incluyendo tanto el capital, la prima desembolsada y/o el préstamo participativo, de un inversor de proximidad en una única empresa no podrá superar los 200.000 euros. Cuatro.  Reglamentariamente podrán establecerse las características y condiciones de las sociedades que agrupen a varios inversores de proximidad, así como de las sociedades beneficiarias de la correspondiente financiación.

Uno.  Las redes de los inversores de proximidad son agrupaciones de inversores privados que tienen como finalidad crear un punto de encuentro entre los inversores potenciales con las empresas o emprendedores que buscan financiación a fin de alcanzar acuerdos de financiación. Dos.  Reglamentariamente se determinará cuáles son los requisitos que una red de inversores de proximidad debe cumplir para que pueda ser reconocida oficialmente, estableciéndose un registro oficial de redes de inversores de proximidad en España. Tres.  Las redes de los inversores de proximidad serán supervisadas por los órganos de supervisión financiera de la comunidad autónoma correspondiente o por la CNMV, en caso de tener ámbito estatal.

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Artículo 12.  Concepto Red de Inversores de Proximidad.

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CAPÍTULO II Incentivos fiscales a los inversores de proximidad Artículo 13.  Incentivos fiscales a los inversores de proximidad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Uno.  Se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, adicionando un nuevo apartado al artículo 68, quedando redactada en los siguientes términos: «Artículo 68.  Deducciones. 8 (nuevo).  Deducción inversores de proximidad. a)  Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que sean inversores de proximidad, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 6 de la Ley XXX, de medidas de apoyo a la creación de empresas por parte de emprendedores y a su financiación por parte de inversores de proximidad, tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra estatal el 25 % del capital aportado al emprendedor, sea este una persona física o jurídica, con un límite máximo en la base sobre la que aplicar la deducción de 200.000 euros anuales y con un máximo acumulativo de 200.000 euros de inversión máxima en una única empresa, siempre que dicho capital se mantenga en la empresa un mínimo de cuatro años. Se incluye en el concepto de capital aportado: el capital, la prima de emisión desembolsada y/o el préstamo participativo suscrito. Cuando la inversión efectuada por el inversor de proximidad se destine a una empresa social de nueva creación, el porcentaje de deducción se aumentará en cinco puntos. A estos efectos, se entiende como empresa social aquella que está regulada por la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, contemplada en el artículo 2. b)  Si el inversor de proximidad incumpliera el período mínimo de cuatro años de duración de la inversión en la nueva iniciativa empresarial, deberá devolver la deducción más los correspondientes intereses de demora, excepto en el caso de liquidación de la empresa receptora de la inversión con anterioridad a la finalización de este período. c)  Transcurrido un período de entre cuatro y ocho años, desde la inversión, las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto por la desinversión del inversor de proximidad tendrán una exención del 50 % y tributarán como renta del ahorro al tipo de gravamen general. d)  Cuando el inversor de proximidad registre una pérdida patrimonial como consecuencia de las aportaciones efectuadas a la nueva iniciativa empresarial, esta pérdida, excluidas las deducciones aplicadas a las que se refiere el apartado uno, se compensará con la reducción de la base imponible del ahorro. En el caso que la compensación diese un saldo negativo este podrá compensarse con la base general, estableciéndose un límite del 25 % de la misma. Si el saldo resultante siguiese siendo negativo, podrá compensarse durante los cinco años siguientes.» Dos.  Se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, adicionando un nuevo apartado al artículo 69, quedando redactada en los siguientes términos: «Artículo 69.  Límites de determinadas deducciones.

Tres.  Se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, adicionando un nuevo apartado al artículo 26, quedando redactada en los siguientes términos:

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3 (nuevo).  La base de las deducciones a las que se refiere el artículo 68, apartado 8, para los inversores de proximidad, no podrá exceder del 25 % de la base liquidable del contribuyente. La deducción generada y no aplicada como consecuencia de una cuota o base liquidable insuficiente podrá realizarse en los cinco años siguientes a su acreditación.»

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«Artículo 26.  Gastos deducibles y reducciones. (Nuevo apartado).  En los supuestos de los dividendos y los intereses de los préstamos participativos percibidos a partir del cuarto año y hasta el octavo de funcionamiento de la nueva empresa, que reciban los inversores de proximidad que cumplan con los requisitos del artículo 5 de la Ley XXX, de medidas de apoyo a la creación de empresas por parte de emprendedores y a su financiación por parte de inversores de proximidad, el rendimiento neto calculado con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores se reducirá en un 50 % .» Artículo 14.  Incentivos Fiscales a los inversores de proximidad en el Impuesto de Sociedades. Se modifica el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, adicionando una nueva disposición adicional, quedando redactado en los siguientes términos:

Uno.  Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades que sean inversores de proximidad, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 6 de la Ley XXX, de medidas de apoyo a la creación de empresas por parte de emprendedores y a su financiación por parte de inversores de proximidad, tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el 25 % del capital aportado al emprendedor, persona física o jurídica, con un límite máximo en la base sobre la que aplicar la deducción de 200.000 euros anuales y con un máximo acumulativo de 200.000 euros de inversión en una misma empresa, siempre que dicho capital se mantenga en la empresa un mínimo de cuatro años. Se incluye en el concepto de capital aportado: el capital, la prima de emisión desembolsada y/o el préstamo participativo suscrito. Cuando la inversión efectuada por el inversor de proximidad se destine a una empresa social de nueva creación, el porcentaje de deducción se aumentará en cinco puntos. A estos efectos, se entiende como empresa social aquella que está regulada por la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, contemplada en el artículo 2. Dos.  La base de las deducciones a las que se refiere el apartado anterior no podrá exceder del 25 % de la base liquidable del contribuyente. La deducción generada y no aplicada como consecuencia de una cuota o base liquidable insuficiente podrá realizarse en los cinco años siguientes a su acreditación. Tres.  Si el inversor de proximidad incumpliera el período mínimo de cuatro años de duración de la inversión en la nueva iniciativa empresarial deberá devolver la deducción más los correspondientes intereses de demora, excepto en el caso de liquidación de la empresa receptora de la inversión con anterioridad a la finalización del período. Cuatro.  Los dividendos y los intereses de los préstamos participativos percibidos a partir del cuarto año y hasta el octavo de funcionamiento de la nueva empresa, procedentes de la inversión realizada por los inversores de proximidad que cumplan con los requisitos del artículo 6 de la Ley XXX, de medidas de apoyo a la creación de empresas por parte de emprendedores y a su financiación por parte de inversores de proximidad, se integrarán en la base imponible en un 50 % de su importe. Cinco.  Transcurrido un período de entre cuatro y ocho años, desde la inversión, las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto por la desinversión del inversor de proximidad tendrán una exención del 50 % . Seis.  Cuando el inversor de proximidad registre una pérdida patrimonial como consecuencia de las aportaciones efectuadas a la nueva iniciativa empresarial, esta pérdida, excluidas las deducciones aplicadas a las que se refiere el apartado uno, se compensará con la reducción de la base imponible. En el caso que la compensación diese un saldo negativo este podrá compensarse durante los cinco años siguientes.»

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«Disposición adicional nueva.  Beneficios fiscales a los inversores de proximidad en el Impuesto de Sociedades.

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TÍTULO III Financiación de los emprendedores Artículo 15.  Préstamos participativos. Uno.  El Gobierno potenciará el uso de préstamos participativos, regulados por el artículo 20 del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y fomento y liberalización de la actividad económica, a través de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) a emprendedores. Dos.  Los préstamos participativos a emprendedores deberán representar un porcentaje no inferior al 25 % de la actividad anual que ENISA destina a la concesión de préstamos participativos para la financiación de empresas. Artículo 16.  Microcréditos. Uno.  El Gobierno fijará anualmente una cantidad destinada a microcréditos a través de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) y a través del Instituto de Crédito Oficial dirigidos a emprendedores. Se dará prioridad en la concesión de microcréditos a mujeres, jóvenes y personas con discapacidad que por circunstancias familiares o personales tengan mayor dificultad de acceso a otro tipo de financiación. Dos.  Los microcréditos tendrán un tipo de interés subvencionado y su duración en ningún caso podrá ser superior a los cinco años. El resto de características se regularán a través de la normativa de desarrollo de esta Ley. Artículo 17.  Programas de avales para emprendedores, coordinados entre la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A., CERSA y las Sociedades de Garantía Recíproca. Uno.  El Gobierno impulsará programas de avales a emprendedores para otorgar una cobertura parcial de las provisiones, tanto genéricas como específicas, y las que se deriven de los riesgos asumidos por las Sociedades de Garantía Recíproca, en función de las garantías otorgadas a las mismas ante las entidades financieras. Dos.  Sin perjuicio de lo explicitado en el párrafo anterior, el Gobierno ampliará el capital de la Compañía Española de Refinanciamiento, CERSA, para permitir que las Sociedades de Garantía Recíproca cuenten con un sistema de refinanciamiento al 90 % de los avales concedidos a los emprendedores que refuerce la cobertura y solvencia que estas ofrecen a emprendedores. Artículo 18.  Fondos de Titulización para PYMES y emprendedores. Uno.  El Gobierno estimulará el empleo de fondos de titulización de activos como mecanismos que faciliten los préstamos o créditos por parte de entidades financieras a PYMES y emprendedores. Dos.  La titulización de préstamos o crédito, a un plazo de amortización inicial no inferior a un año, concedidos a empresas no financieras domiciliadas en España de los que, al menos, el 60 % sean concedidos a empresas de nueva creación y PYMES podrán gozar del aval del Estado. Tres.  Las entidades financieras que cedan estos préstamos o créditos avaladas por el Estado deberán reinvertir al menos el 80 % de la liquidez obtenida por esta cesión en nuevos préstamos o créditos a emprendedores y PYMES en un plazo de, como máximo, dos años. Al menos el 60 % de la reinversión deberá realizarse en el primer año. Cuatro.  Reglamentariamente se determinarán los requisitos generales y específicos de constitución y procedimiento de los Fondos de Titulización para emprendedores, así como el alcance de los avales del Estado.

La letra I) del artículo 2.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, queda modificada como sigue: «I)  Las cédulas y bonos de internacionalización.»

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Artículo 19.  Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

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Artículo 20.  Cédulas y bonos de internacionalización. Uno.  Podrán emitir cédulas y bonos de internacionalización las siguientes entidades: a)  b)  c)  d) 

Los bancos y el Instituto de Crédito Oficial. Las cajas de ahorro. Las cooperativas de crédito. Los establecimientos financieros de crédito.

Dos.  Las entidades citadas en el apartado uno podrán emitir valores de renta fija con la denominación exclusiva de «Cédulas de Internacionalización» o de «Bonos de Internacionalización», en serie o singularmente y con las características financieras que se determinen en esta Ley. En particular, las cédulas y bonos de internacionalización podrán incluir cláusulas de amortización anticipada a disposición del emisor según lo especificado en los términos de la emisión. La realización de estas emisiones se ajustará al régimen previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, siempre que, de acuerdo con esta, resulte de aplicación. Tres.  El capital y los intereses de las cédulas de internacionalización estarán especialmente garantizados por todos los créditos y préstamos vinculados a la financiación de contratos de exportación de bienes y servicios o a la internacionalización de empresas que cumplan los requisitos establecidos en los apartados cuatro y cinco que en cada momento consten como activo en el balance de la entidad emisora y no estén afectados a la emisión de bonos de internacionalización y, si existen, por los activos de sustitución contemplados en el apartado ocho y por los flujos económicos generados por los instrumentos financieros derivados vinculados a cada emisión, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal del emisor. Cuatro.  Podrán garantizar las emisiones de cédulas de internacionalización los siguientes préstamos y créditos, o la parte de los mismos, que consten como activo en el balance de la entidad emisora y cumplan con los requisitos siguientes: a)  estar vinculados a la financiación de contratos de exportación de bienes y servicios españoles o de otra nacionalidad o a la internacionalización de las empresas residentes en España o en otros países; b)  tengan una alta calidad crediticia, y c)  concurra alguna de las circunstancias siguientes:

Asimismo podrán garantizar las emisiones de cédulas de internacionalización los activos de sustitución contemplados en el apartado ocho y los flujos económicos generados por los instrumentos financieros derivados vinculados a cada emisión y, en particular, los que sirvan de cobertura del riesgo de tipo de cambio y del riesgo de tipo de interés, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

cve: BOCG-10-A-52-2

1.º  Hayan sido concedidos a administraciones centrales, bancos centrales, administraciones regionales, autoridades locales o entidades del sector público de la Unión Europea, siempre que el prestatario no sea una entidad del sector público español. 2.º  Hayan sido concedidos a administraciones centrales, bancos centrales, administraciones regionales, autoridades locales o entidades del sector público no pertenecientes a la Unión Europea o a bancos multilaterales de desarrollo u organizaciones internacionales. 3.º  Con independencia del prestatario cuenten con garantías personales, incluidas las derivadas de seguros de crédito, de administraciones centrales, bancos centrales, administraciones regionales, autoridades locales, entidades del sector público o agencias de crédito a la exportación u organismo de análoga naturaleza que actúen por cuenta de una Administración Pública, siempre que el garante o asegurador esté situado en la Unión Europea. 4.º  Con independencia del prestatario cuenten con garantías personales, incluidas las derivadas de seguros de crédito, de administraciones centrales, bancos centrales, administraciones regionales, autoridades locales, entidades del sector público o agencias de crédito a la exportación u organismos de análoga naturaleza que actúen por cuenta de una Administración Pública, no pertenecientes a la Unión Europea, o de bancos multilaterales de desarrollo u organizaciones internacionales.

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Cinco.  A efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado cinco se considerarán préstamos y créditos de alta calidad crediticia: a)  Los contemplados en el punto 1.º de la letra c) del apartado 6. b)  Los contemplados en el punto 2.º de la letra c) del apartado 6, siempre que el prestatario tenga la calidad crediticia mínima exigible para que la cédula o bono de internacionalización pueda recibir el tratamiento preferencial concedido a los bonos garantizados en la normativa de solvencia de las entidades de crédito. c)  Los contemplados en el punto 3.º de la letra c) del apartado 6. d)  Los contemplados en el punto 4.º de la letra c) del apartado 6, siempre que el garante o asegurador tenga la calidad crediticia mínima exigible para que la cédula o bono de internacionalización pueda recibir el tratamiento preferencial concedido a los bonos garantizados en la normativa de solvencia de las entidades de crédito.

a)  Valores de renta fija representados mediante anotaciones en cuenta emitidos por el Estado u otros Estados miembros de la Unión Europea. b)  Valores de renta fija garantizados por Estados miembros de la Unión Europea y admitidos a cotización en un mercado regulado. c)  Valores de renta fija emitidos por el Instituto de Crédito Oficial, siempre que el emisor de las cédulas o bonos de internacionalización no sea el propio Instituto de Crédito Oficial.

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Seis.  El capital y los intereses de los bonos de internacionalización estarán especialmente garantizados por los préstamos y créditos vinculados a la financiación de contratos de exportación de bienes y servicios o a la internacionalización de empresas que cumplan los requisitos establecidos en el apartado siete, que se afecten en escritura pública y, si existen, por los activos de sustitución contemplados en el apartado ocho que se afecten en escritura pública y por los flujos económicos generados por los instrumentos financieros derivados vinculados a cada emisión que se afecten en escritura pública, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal del emisor. Siete.  Podrán garantizar las emisiones de bonos de internacionalización los préstamos y créditos, o la parte de los mismos, que consten como activo en el balance de la entidad emisora y cumplan con los requisitos establecidos en los apartados cinco y seis. Asimismo podrán garantizar dichas emisiones los préstamos o créditos concedidos a empresas vinculados a la financiación de contratos de exportación de bienes y servicios españoles o de otra nacionalidad o la internacionalización de empresas residentes en España o en otros países siempre que reciban una ponderación de riesgo, como máximo, del 50 % , a efectos del cálculo de los requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito establecidos en la normativa de solvencia de las entidades de crédito. Se entenderán incluidos en la categoría de préstamos descrita en el párrafo anterior los préstamos del Instituto de Crédito Oficial a entidades financieras en el marco de sus líneas de mediación para la internacionalización, siempre que reciban una ponderación de riesgo, como máximo, del 50 % , a efectos del cálculo de los requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito. Ocho.  Podrá constituirse un sindicato de tenedores de bonos, cuando estos se emitan en serie, en cuyo caso la entidad emisora designará un comisario que concurra al otorgamiento de la escritura pública mencionada en el apartado seis de este artículo en nombre de los futuros tenedores de bonos. Dicha persona, cuyo nombramiento deberá ser ratificado por la asamblea de tenedores de bonos, será presidente del sindicato, y, además de las facultades que le hayan sido conferidas en dicha escritura o las que le atribuya la citada asamblea, tendrá la representación legal del sindicato, podrá comprobar que por la entidad se mantiene el porcentaje a que se refiere el apartado doce, y ejercitar las acciones que correspondan a aquel. El Presidente, así como el sindicato, en todo lo relativo a su composición, facultades y competencias se regirán por las disposiciones del Título XI del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en cuanto que no se opongan a las contenidas en esta Ley. Nueve.  Las cédulas y bonos de internacionalización podrán estar respaldadas, respectivamente, hasta un límite del 5 y el 10 por ciento del principal emitido por los activos de sustitución siguientes:

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d)  Cédulas hipotecarias admitidas a cotización en un mercado regulado, siempre que dichas cédulas no estén garantizadas por ningún préstamo o crédito con garantía hipotecaria concedido por el propio emisor de las cédulas o bonos de internacionalización ni por otras entidades de su grupo. e)  Bonos hipotecarios admitidos a cotización en un mercado regulado, con una alta calidad crediticia, siempre que dichos valores no estén garantizados por ningún préstamo o crédito con garantía hipotecaria concedido por la propia entidad emisora de las cédulas o bonos de internacionalización, ni por otras entidades de su grupo. f)  Cédulas territoriales admitidas a cotización en un mercado regulado, siempre que dichas cédulas no estén garantizadas por ningún préstamo o crédito concedido por la propia entidad emisora de las cédulas o bonos de internacionalización, ni por otras entidades de su grupo. g)  Cédulas de internacionalización admitidas a cotización en un mercado regulado, siempre que dichas cédulas no estén garantizadas por ningún préstamo o crédito concedido por la propia entidad emisora de las cédulas o bonos de internacionalización, ni por otras entidades de su grupo. h)  Bonos de internacionalización admitidos a cotización en un mercado regulado, con una alta calidad crediticia, siempre que dichos bonos no estén garantizados por ningún préstamo o crédito concedido por la propia entidad emisora de las cédulas o bonos de internacionalización, ni por otras entidades de su grupo. i)  Otros valores de renta fija admitidos a cotización en un mercado regulado, con una alta calidad crediticia, siempre que dichos valores no sean bonos de titulización, y no hayan sido emitidos por la propia entidad emisora de las cédulas o bonos de internacionalización, ni por otras entidades de su grupo. j)  Otros activos de bajo riesgo y alta liquidez que pudieran determinarse reglamentariamente. A los efectos de este apartado se considerarán activos de alta calidad crediticia aquellos que reciban una ponderación de riesgo, como máximo, del 50 % a efectos de los requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito establecidos en la normativa de solvencia de las entidades de crédito.

a)  Adquiriendo sus propios bonos o cédulas de internacionalización hasta el límite que reglamentariamente se determine, para su posterior amortización. b)  Afectando al pago de las cédulas o bonos de internacionalización nuevos activos de sustitución de los contemplados en el apartado ocho, siempre que se cumplan los límites establecidos en dicho apartado. c)  En el caso de las cédulas de internacionalización, aumentando la cartera de préstamos o créditos que pudieran garantizarlas de acuerdo con los apartados cinco y seis. d)  En el caso de los bonos de internacionalización, afectando mediante escritura pública nuevos préstamos o créditos que pudieran garantizarlos de acuerdo con el apartado siete.

cve: BOCG-10-A-52-2

Diez.  La emisión de cédulas de internacionalización no requerirá el otorgamiento de escritura pública ni deberá ser objeto de inscripción en el Registro Mercantil. Tampoco le serán de aplicación las reglas contenidas en el Título XI del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, ni las previstas en la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, sobre regulación de la emisión de obligaciones por sociedades que no hayan adoptado la forma de sociedades anónimas, asociaciones u otras personas jurídicas, y la constitución del sindicato de obligacionistas. Once.  El importe total de las cédulas de internacionalización emitidas por una entidad de crédito no podrá ser superior al 70 % del importe de los préstamos y créditos no amortizados que cumplan los requisitos previstos en los apartados cinco y seis, que en cada momento consten como activo en el balance de la entidad emisora y que no hayan sido afectados a la emisión de bonos de internacionalización. Reglamentariamente podrá determinarse la consideración específica a efectos del cumplimiento de este límite de las cédulas de internacionalización que se encuentren en posesión del propio emisor. Doce.  El valor actualizado de los bonos de internacionalización deberá ser inferior, al menos, en un 2 % al valor actualizado de los préstamos y créditos afectados. Reglamentariamente se determinará la forma de cálculo del valor actualizado. Trece.  Si el importe de las cédulas y bonos de internacionalización excediera por alguna causa sobrevenida, los límites señalados en los apartados diez y once, respectivamente, las entidades emisoras deberán recuperar dichos límites en un plazo máximo de tres meses mediante alguna de las siguientes vías:

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Mientras tanto, la entidad deberá cubrir la diferencia mediante un depósito de efectivo o de fondos públicos en el Banco de España. Catorce.  Los tenedores de cédulas y bonos de internacionalización tendrán el carácter de acreedores con preferencia especial en los términos previstos en el artículo 1.922 del Código Civil frente a cualesquiera otros acreedores con relación a la totalidad de los préstamos y créditos que consten como activo en el balance de la entidad emisora y que cumplan los requisitos establecidos en los apartados cinco y seis cuando se trate de cédulas de internacionalización, salvo los que sirvan de cobertura de los bonos de internacionalización; y con relación a los préstamos y créditos que cumplan los requisitos del apartado siete y hayan sido afectados a la emisión cuando se trate de bonos de internacionalización y; en ambos casos, con relación a los activos de sustitución y a los flujos económicos generados por los instrumentos financieros derivados vinculados a las emisiones, si estos existen. Los tenedores de los bonos de internacionalización de una emisión tendrán prelación sobre los tenedores de las cédulas de internacionalización cuando concurran sobre un préstamo o crédito afectado a dicha emisión. Todos los tenedores de cédulas de internacionalización, cualquiera que fuese su fecha de emisión, tendrán la misma prelación sobre los préstamos y créditos que las garantizan y, si existen, sobre los activos de sustitución y sobre los flujos económicos generados por los instrumentos financieros derivados vinculados a las emisiones. Las cédulas y bonos tendrán carácter ejecutivo en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Quince.  Las cédulas y bonos de internacionalización emitidos por una entidad de crédito, pendientes de amortización, tendrán el mismo trato que las cédulas y bonos hipotecarios, a los efectos del artículo 50, apartado 2, letra c), del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Dieciséis.  Las cédulas y bonos de internacionalización emitidos podrán ser admitidos a negociación en los mercados de valores, de conformidad con lo previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Los emisores podrán adquirir cédulas y bonos de internacionalización emitidos por ellos mismos o por entidades de su grupo. Reglamentariamente podrán establecerse límites a las operaciones del emisor sobre sus propios títulos en el mercado secundario. Diecisiete.  Las cédulas y bonos de internacionalización regulados en esta Ley serán admitidos como inversiones de las reservas obligatorias de las sociedades y empresas mercantiles, equiparándose a estos efectos a los valores cotizados en Bolsa. En particular serán admitidos para los siguientes fines: a)  inversiones para la cobertura de provisiones técnicas de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, siempre que las cédulas o bonos hayan sido emitidos por sociedades establecidas en el Espacio Económico Europeo; b)  inversiones aptas para los fondos de pensiones; c)  inversión de los recursos de las Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria; d)  inversión en fondos de reserva de las entidades de la Seguridad Social.

Dieciocho.  En caso de concurso, los tenedores de cédulas y bonos de internacionalización gozarán del privilegio especial establecido en el número 1.º del apartado 1 del artículo 90 de la Ley Concursal. Sin perjuicio de lo anterior, se atenderán durante el concurso, de acuerdo con lo previsto en el número 7.º del apartado 2 del artículo 84 de la Ley Concursal, y como créditos contra la masa, los pagos que correspondan por amortización de capital e intereses de las cédulas y bonos de internacionalización emitidos y pendientes de amortización en la fecha de solicitud del concurso hasta el importe de los ingresos percibidos por el concursado de los préstamos y créditos que respalden las cédulas y bonos y, si existen,

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Los títulos representativos de las cédulas y bonos de internacionalización serán transmisibles por cualquiera de los medios admitidos en derecho y sin necesidad de intervención de fedatario público ni notificación al deudor. Cuando sean nominativos podrán transmitirse por declaración escrita en el mismo título. En caso de que los títulos sean al portador, se presumirá que el propietario de los mismos es el último perceptor de intereses.a

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de los activos de sustitución y de los flujos económicos procedentes de los instrumentos financieros derivados vinculados a la emisión. Diecinueve.  La entidad emisora de cédulas y bonos de internacionalización llevará un registro contable especial en el que deberá anotar todos los préstamos y créditos que sirven de garantía a las emisiones y, si existen, de los activos de sustitución inmovilizados para darles cobertura, así como de los instrumentos financieros derivados vinculados a cada emisión. Las cuentas anuales de la entidad emisora recogerán, en la forma que reglamentariamente se determine, los datos esenciales de dicho registro. Veinte.  La emisión, transmisión y cancelación de las cédulas y bonos de internacionalización regulados en esta Ley, así como su reembolso, gozarán de la exención establecida en la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. TÍTULO IV Medidas para impulsar la contratación pública Artículo 21.  Uniones de empresarios. Se modifica el artículo 59.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que queda redactado de la siguiente forma: «1.  Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que estén interesados en formar las Uniones a las que se refiere el párrafo anterior podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, que especificará esta circunstancia.» Artículo 22.  Elevación de umbrales para la exigencia de clasificación. Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 65 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que queda redactado en los siguientes términos: «1.  Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II. En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el subgrupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por estos no exceda del 50 % del precio del contrato.»

«5.  Las entidades del sector público que no tengan el carácter de Administración Pública podrán exigir una determinada clasificación a los licitadores para definir las condiciones de solvencia requeridas para celebrar el correspondiente contrato, en los supuestos del apartado 1 del artículo 65.» Tres.  Se modifica la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que queda redactado en los siguientes términos:

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Dos.  Se modifica el apartado 5 del artículo 65 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que queda redactado en los siguientes términos:

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«Disposición transitoria cuarta.  Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas. El apartado 1 del artículo 65, en cuanto determina los contratos para cuya celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros.» Artículo 23  Garantías para la contratación pública. Uno.  Se modifica el artículo 96 apartados 2 y 3, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, quedando redactado en los siguientes términos: «2.  Cuando así se prevea en los pliegos, la garantía en los contratos de obras, suministros y servicios, así como en los de gestión de servicios públicos cuando las tarifas las abone la administración contratante, podrá constituirse mediante retención en el precio. En el pliego se fijará la forma y condiciones de la retención. 3.  La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, salvo que en el pliego se establezca lo contrario.» Dos.  Se adicionan dos nuevos apartados 4 y 5 al artículo 146, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, quedando redactado en los siguientes términos: «4.  El órgano de contratación, si lo estima conveniente, podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que la aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 1 se sustituya por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. En todo caso bastará con esta declaración responsable en los contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000 de euros y de suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros. En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 5.  El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.»

1.  En sus procedimientos de contratación, los entes, organismos y entidades integrantes del sector público no podrán otorgar ninguna ventaja directa o indirecta a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración. 2.  Serán nulas de pleno derecho todas aquellas disposiciones contenidas en disposiciones normativas con o sin fuerza de Ley así como en actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano del sector público que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.

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Artículo 24.  Prohibición de discriminación a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación pública.

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Artículo 25.  Reducción del plazo para la devolución o cancelación de las garantías para las PYME. Se modifica el apartado 5 del artículo 102 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que queda redactado en los siguientes términos: «5.  Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 100. Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) núm.  800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses.» Artículo 26.  Reducción del plazo de demora en el pago para que el contratista pueda optar a la resolución contractual. Uno.  Se modifica el apartado 6 del artículo 216 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que queda redactado en los siguientes términos: «6.  Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.» Dos.  Se modifica el apartado 8 del artículo 216, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que queda redactado en los siguientes términos: «8.  Las Comunidades Autónomas podrán reducir los plazos de treinta días, cuatro meses y seis meses establecidos en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo.» Tres.  Se añade un nuevo artículo 228 bis, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que queda redactado en los siguientes términos:

Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 5, han de hacer a todos los subcontratistas que participen en los mismos. En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación y en los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos.»

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«Artículo 228 bis.  Comprobación de los pagos a los subcontratistas.

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TÍTULO V Emprendedor de Responsabilidad Limitada Artículo 27.  Limitación de responsabilidad del emprendedor de responsabilidad limitada. El emprendedor, persona física, cualquiera que sea su actividad podrá limitar su responsabilidad por las deudas que traigan causa del ejercicio de dicha actividad empresarial o profesional mediante la asunción de la condición de «Emprendedores de Responsabilidad Limitada», una vez cumplidos los requisitos y en los términos establecidos en este capítulo. Artículo 28.  Eficacia de la limitación de responsabilidad. 1.  Por excepción de lo que disponen el artículo 1.911 del Código Civil y el artículo 6 del Código de Comercio, el Emprendedor de Responsabilidad Limitada podrá obtener que su responsabilidad y la acción del acreedor, que tenga origen en las deudas empresariales o profesionales, no alcance al bien no sujeto con arreglo al apartado 2 de este artículo y siempre que dicha no vinculación se publique en la forma establecida en esta Ley. 2.  Podrá beneficiarse de la limitación de responsabilidad la vivienda habitual del deudor siempre que su valor no supere los 300.000 euros, valorada conforme a lo dispuesto en la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el momento de la inscripción en el Registro Mercantil. En el caso de viviendas situadas en población de más de 1.000.000 habitantes se aplicará un coeficiente del 1,5 al valor del párrafo anterior. 3.  En la inscripción del emprendedor en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio se indicará el bien inmueble, propio o común, que se pretende no haya de quedar obligado por las resultas del giro empresarial o profesional por cumplir con el apartado 2 de este artículo. 4.  No podrá beneficiarse de la limitación de responsabilidad el deudor que hubiera actuado con fraude o negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones con terceros, siempre que así constare acreditado por sentencia firme o en concurso declarado culpable. Artículo 29.  Publicidad mercantil del emprendedor de responsabilidad limitada. 1.  La condición de emprendedor de responsabilidad limitada se adquirirá mediante su constancia en la hoja abierta al mismo en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio. Además de las circunstancias ordinarias, la inscripción contendrá una indicación de los activos no afectos conforme a los apartados 1 y 2 del artículo 8 de esta Ley y se practicará en la forma y con los requisitos previstos para la inscripción del empresario individual. También servirá de título el acta notarial o la instancia suscrita con la firma electrónica reconocida del empresario y remitida telemáticamente al Registro. 2.  El emprendedor inscrito deberá hacer constar en toda su documentación, con expresión de los datos registrales, su condición de «Emprendedor de Responsabilidad Limitada» o mediante la adición a su nombre, apellidos y datos de identificación fiscal de las siglas «ERL.» 3.  Salvo que los acreedores prestaren su consentimiento expresamente subsistirá la responsabilidad del deudor por las deudas contraídas con anterioridad a su inmatriculación en el Registro Mercantil como emprendedor individual de responsabilidad limitada. 4.  El Colegio de Registradores, bajo la supervisión del Ministerio de Justicia mantendrá un portal público de libre acceso en que se divulgarán sin coste para el usuario los datos relativos a los emprendedores de responsabilidad limitada inmatriculados.

1.  Para su oponibilidad a terceros, la no sujeción de la vivienda habitual a las resultas del tráfico empresarial o profesional deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad, en la hoja abierta al bien. 2.  También servirá de título para practicar la inscripción en el registro la certificación expedida por el Registrador Mercantil en que se hubiere inmatriculado el emprendedor y que remitirá al Registro de la Propiedad, incluso telemáticamente, en el plazo de los tres días hábiles siguientes.

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Artículo 30.  Publicidad de la limitación de responsabilidad en el Registro de la Propiedad.

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3.  Practicada la inscripción a que se refiere el primer apartado de este artículo, el Registrador denegará la anotación preventiva del embargo trabado sobre bien no sujeto a menos que del mandamiento resultare que se aseguran deudas no empresariales o profesionales o se tratare de deudas empresariales o profesionales contraídas con anterioridad a la inscripción de limitación de responsabilidad, o de obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. 4.  En el caso de enajenación a un tercero de los bienes no sujetos se extinguirá respecto de ellos la no vinculación a las resultas del tráfico pudiéndose trasladar la no afección a los bienes subrogados por nueva declaración de alta del interesado. Artículo 31.  Cuentas anuales del emprendedor individual. 1. El emprendedor de responsabilidad limitada deberá formular y, en su caso, someter a auditoría las cuentas anuales correspondientes a su actividad empresarial o profesional de conformidad con lo previsto para las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada. 2.  El emprendedor de responsabilidad limitada deberá depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil. 3.  Transcurridos seis meses desde el cierre del ejercicio social sin que se hayan depositado las cuentas anuales en el Registro Mercantil, el emprendedor perderá el beneficio de la limitación de responsabilidad en relación con las deudas contraídas con posterioridad al fin de ese plazo. Recuperará el beneficio en el momento de la presentación. 4.  No obstante lo anterior, aquellos empresarios y profesionales que opten por la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada y que tributen por el régimen de estimación objetiva, podrán dar cumplimiento a las obligaciones contables y de depósito de cuentas previstos en este artículo mediante el cumplimiento de los deberes formales establecidos en su régimen fiscal y mediante el depósito de un modelo estandarizado de doble propósito, fiscal y mercantil, en los términos que se desarrollen reglamentariamente. Disposición adicional primera.  Bonificación de las cotizaciones sociales de los emprendedores. Las cotizaciones sociales, en el régimen de trabajadores autónomos, correspondientes a los emprendedores que cumplan con los requisitos de esta ley gozarán de una bonificación equivalente al 90 % de las cotizaciones el primer año de actividad, el 75 % el segundo año y el 50 % el tercer año. Disposición adicional segunda.  Bonificación por contratación de trabajadores desempleados. Los emprendedores que cumplan con los requisitos de esta ley que contraten nuevos trabajadores desempleados tendrán una bonificación equivalente al 90 % de las cotizaciones el primer año de actividad, el 75 % el segundo año y el 50 % el tercer año. Disposición adicional tercera.  Simplificación administrativa. Los contribuyentes que desarrollen una actividad emprendedora regulada en el artículo 2 de esta Ley, mientras no superen los importes de facturación establecidos en el artículo 3, sólo estarán obligados a llevar los siguientes libros de registro:

No obstante, estarán obligados a conservar, durante el plazo de prescripción, los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones, rentas, gastos, ingresos, reducciones y deducciones de cualquier tipo que deban constar en su declaración.

cve: BOCG-10-A-52-2

—  Libro de registro de ventas e ingresos. —  Libro de registro de compras y gastos. —  Libro de registro de bienes de inversión.

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Disposición adicional cuarta.  Financiación de las entidades de crédito de los proyectos de emprendeduría. Las entidades de crédito, reguladas en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, deberán destinar, como mínimo, un importe equivalente al 0,5 % de sus activos a la financiación de proyectos de emprendeduría. Disposición adicional quinta.  Plan de crecimiento de ENISA para el fomento de la actividad emprendedora. En el plazo de tres años, ENISA, en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo al que está adscrito llevará a cabo un plan para doblar su presupuesto y destinar anualmente no menos de un 25 % de su actividad anual a financiar actividades de emprendeduría. Disposición derogatoria.  Derogación normativa. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en esta Ley. Disposición final primera.  Informe anual. Anualmente el Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados un informe evaluación sobre los resultados de la actividad de creación de empresas por parte de emprendedores y la financiación por parte de inversores de proximidad. Disposición final segunda.  Emprendedor Social. El Gobierno, en el plazo de un año desde la aprobación de la presente Ley presentará un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, regulando la figura del emprendedor social. Disposición final tercera.  Visado emprendedor. El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la aprobación de la presente Ley, procederá a regular el «visado emprendedor» destinado a atraer talento empresarial e innovador del resto del mundo y gozará de prioridad de tramitación. Disposición final cuarta.  Simplificación Administrativa. El Gobierno, en el plazo de tres meses, desde la aprobación de la presente Ley, procederá a presentar un Proyecto de Ley de simplificación administrativa para las pequeñas y medianas empresas. En particular, dicho proyecto deberá incluir: —  Medidas de simplificación en las cargas administrativas de las empresas, —  Medidas de simplificación en la contabilidad, —  Medidas de simplificación en las operaciones vinculadas, —  Unificación de plazos, modelos y programa de declaración del Impuesto sobre Sociedades y de depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. —  Medidas de simplificación en la aplicación de retenciones en el Impuesto sobre la Renta y de las Personas Físicas para los administradores de sociedades. Disposición final quinta.  Habilitación normativa

Disposición final sexta.  Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

cve: BOCG-10-A-52-2

El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

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A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2013.—Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). ENMIENDA NÚM. 8 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 3 De modificación. Se propone la modificación del artículo 3 del Proyecto de Ley, quedando redactado como sigue: «Artículo 3.  Se consideran emprendedores aquellas personas físicas que, independientemente de su condición jurídica, decidan iniciar o inicien una actividad económica productiva, durante los 24 primeros meses de desarrollo de la misma y en los térmínos establecidos en esta Ley.» JUSTIFICACIÓN La definición de «persona física o jurídica que desarrolle una actividad económica productiva» (artículo 3), que se establece en este Proyecto de Ley, nada tiene que ver con lo que hasta ahora ha sido comúnmente aceptado por «emprendedor», ni con la definición que normativamente se ha desarrollado tanto en las diferentes normas autonómicas, como en las instituciones europeas. Todas ellas, consideran «emprendedor» exclusivamente a las personas físicas que deciden iniciar una actividad económica privada, con independencia de la forma organizativa por la que opten para desarrollarla. Consideramos que sólo puede calificarse como emprendedor a las personas físicas, y sólo en la fase inicial del proyecto empresarial, y entiende que dado que se pretende que esta figura adquiera dimensión jurídica, la norma debería definirla con más precisión.

ENMIENDA NÚM. 9 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 9 De modificación.

«1.  (…) para la inscripción del empresario individual. Será título para inmatricular al emprendedor de responsabilidad el acta notarial que se presentará obligatoriamente por el notario de manera telemática en el mismo día o siguiente hábil al de su autorización en el registro de la propiedad donde esté inscrito el bien no afecto. La limitación de responsabilidad sobre el bien no afecto se producirá desde la práctica del asiento de presentación en el

cve: BOCG-10-A-52-2

Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 9 del Proyecto de Ley quedando redactado como sigue:

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registro de la propiedad siempre que dentro del plazo de su vigencia se haga constar en el asiento de inscripción de la vivienda habitual los datos inmatriculados del emprendedor de responsabilidad limitada.» JUSTIFICACIÓN Implementación de los procedimientos telemáticos.

ENMIENDA NÚM. 10 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 10 De modificación. Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 10 del Proyecto de Ley quedando redactado como sigue: «2.  lnmatriculado el emprendedor de responsabilidad limitada, el Registrador Mercantil o el Notario autorizante del acta notarial a que se refiere el artículo 9.1 de la Ley, comunicarán telemáticamente al registrador de la propiedad los datos de inscripción de aquél en el Registro Mercantil, para su constancia en el asiento de inscripción de la vivienda habitual de aquel emprendedor.» JUSTIFICACIÓN En congruencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 11 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 10 De modificación. Se propone la modificación del apartado 3 del artículo 10 del Proyecto de Ley quedando redactado como sigue:

JUSTIFICACIÓN En congruencia con la enmienda anterior.

cve: BOCG-10-A-52-2

«3.  Practicado el asiento de presentación a que se refiere el artículo 9.1 de esta Ley, el Registrador … (resto igual)»

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Pág. 38 ENMIENDA NÚM. 12

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 13 De modificación. Se propone la modifícación del artículo 13 del Proyecto de Ley, quedando redactado como sigue: «Artículo 13.  Puntos de Atención al Emprendedor. 1.  Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) serán oficinas pertenecientes a la Administración General del Estado y a sus organismos, a las Comunidades Autónomas y sus organismos, y a las notarias, así como … .(resto igual). 2. (igual). 3.  Los Puntos de Atención al Emprendedor utilizarán, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de esta Ley, el sistema de tramitación telemática del Centro de Información y Red de Creación de empresa (CIRCE) cuya sede electrónica se ubicará en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. (resto igual) 4.  Todos los trámites necesarios …… a través del Punto de Atención al Emprendedor electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y del que creen las Comunidades Autónomas. 5. (igual).» JUSTIFICACIÓN Dado el título competencial, 149.1.18 CE, entendemos que sólo puede predicarse la cualidad de PAE a aquellas instituciones que tengan la naturaleza de administración pública, tanto estatal como autonómica, incluyendo a las notarías por las funcionalidad de naturaleza pública que desarrollan. Por otro lado, resulta plenamente coherente con el citado título competencial y con la Ley 30/1992 que se reconozca la capacidad de las CCAA  para crear estas oficinas como Puntos de Atención al Emprendedor, que podrán interconectarse a la red CIRCE mediante el convenio al que hace referencia la DA 2.ª de esta Ley. No reconocer estas facultades supone una recentralización inasumible por nuestro sistema competencial.

ENMIENDA NÚM. 13 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 15 De adición.

«… El sistema de tramitación telemática CIRCE dará traslado inmediato a los fundadores que así lo soliciten, la certificación o en soporte papel, sin coste adicional. Igualmente, y a través de dicho sistema, se remitirá al notario autorizante de la escritura de constitución los datos de inscripción para su constancia en la matriz y en la copia de aquella.»

cve: BOCG-10-A-52-2

Se propone la adición de un párrafo nuevo al apartado 5 del artículo 15 del Proyecto de Ley, quedando redactado como sigue:

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JUSTIFICACIÓN Desde la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, modificada por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, al amparo del artículo 112.5 de aquella norma, el registrador está legalmente obligado a remitir al notario autorizante de la escritura no sólo la calificación negativa, sino los datos de inscripción para el caso de que el título se inscriba.

ENMIENDA NÚM. 14 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 21 De modificación. Se propone la modificación del apartado ocho del artículo 21 por la que se introduce una nueva Disposición adicional séptima de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que quedará redactada como sigue: «Disposición adicional séptima.   Tratamiento de créditos de derecho público en caso de acuerdo extrajudicial de pagos. 1.  Lo dispuesto en el Titulo X de esta Ley no resultará de aplicación a los créditos de derecho público para cuya gestión recaudatoria resulte de aplicación … de la Ley General de la Seguridad Social o en la normativa recaudatoria y presupuestaria propia de la administración titular del crédito. 2. (igual). 3.  Tratándose de deudas con la Hacienda Pública … y en su normativo de desarrollo o en la normativa recaudatoria propia de la administración titular del crédito, con las siguientes especialidades. 4. (igual).» JUSTIFICACIÓN Ha de entenderse que las deudas con la Hacienda Pública tiene un alcance más amplio que la Hacienda estatal, es decir que las referidas a créditos de derecho público de otras Haciendas (bien autonómicas bien locales) se regulan por sus propias normas de recaudación y presupuestarias.

ENMIENDA NÚM. 15 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

De modificación. Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 22 del Proyecto de Ley quedando redactado como sigue: «1.  Las personas físicas y jurídicas podrán realizar… que presten este servicio, con arreglo al convenio suscrito al efecto, al efecto, todos los trámites administrativos (resto igual).»

cve: BOCG-10-A-52-2

Al artículo 22

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JUSTIFICACIÓN En coherencia con las enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 16 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 25 De modificación. Se propone la modificación del apartado dos del artículo 25 del Proyecto de Ley quedando redactado como sigue: «Dos.  Se modifica el artículo 23 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactado de la siguiente forma: “Artículo 23.  Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles. 1.  Los ingresos procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones … (resto igual)”» JUSTIFICACIÓN Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 17 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 25 De modificación. Se propone la modificación del apartado dos del artículo 25 del Proyecto de Ley quedando redactado como sigue:

“Artículo 23.  Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles. (resto igual) 5.  En ningún caso darán derecho a la reducción los ingresos procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación, o de la transmisión, de marcas, obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, de derechos personales susceptibles de cesión, como los derechos de imagen, de programas informáticos (a excepción de la información que

cve: BOCG-10-A-52-2

«Dos.  Se modifica el artículo 23 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactado de la siguiente forma:

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constituye las ideas y los principios base del programa; la lógica, algoritmos, así como las técnicas del lenguaje de programación), equipos industriales, comerciales o científicos, ni de cualquier otro derecho o activo distinto de los señalados en el apartado 1.”» JUSTIFICACIÓN Por razones de seguridad jurídica y garantía de la propiedad intelectual e industrial.

ENMIENDA NÚM. 18 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 27 De modificación. Se propone la modificación del artículo 27 del proyecto de ley, quedando redactado como sigue: «Artículo 27.  Cotización aplicable a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos en los casos de pluriactividad con jornada laboral a tiempo completo o a tiempo parcial superior al 50 %. 1.  Los trabajadores que causen de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y con motivo de la misma inicien una en situación de pluriactividad podrán, a partir de la entrada en vigor de esta norma, elegir como base de cotización en ese momento la comprendida entre el 50 % de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y el 75 % durante los siguientes dieciocho meses, hasta las bases máximas establecidas para este Régimen Especial. 2.  En los supuestos de trabajadores en situación de pluriactividad en que la actividad laboral por cuenta ajena lo fuera a tiempo parcial con una jornada a partir del 50 % de la correspondiente a la de un trabajador con jornada a tiempo completo comparable, se podrá elegir en el momento del alta, como base de cotización la comprendida entre el 75 % de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y el 85 % durante los siguientes dieciocho meses, hasta las bases máximas establecidas para este Régimen Especial. (resto igual).» JUSTIFICACIÓN En el Proyecto se establecen reducciones de la base de cotización a la Seguridad Social en caso de pluriactividad, pero solo para las nuevas altas, algo que parece totalmente contradictorio con respecto a la propia memoria de impacto del Anteproyecto.

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 32

cve: BOCG-10-A-52-2

ENMIENDA NÚM. 19

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De supresión. Se propone la supresión del artículo 32 del proyecto de ley. «Artículo 32.  Capital Social mínimo de las sociedades de Garantía Recíproca. Se modifica el artículo 8 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca, que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 8.  Importe exigido para la cifra mínima del capital social desembolsado. 1.  El capital social mínimo de las sociedades de garantía recíproca no podrá ser inferior a 15.000.000 de euros. 2.  Para garnatizar la liquidez y solvencia de las sociedades de garantía recíproca, en su condición de entidades financiera, el capital indicado en el apartado anterior podrá ser modificado, en los términos establecidos en el artículo 47.1.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.”» JUSTIFICACIÓN Con esta modificación normativa se pretende que el capital social mínimo de las SGR que actualmente no podrá ser inferior a 1.803.036,31 euros pase a ser 15.000.000 de euros, un incremento del 732 % , multiplicando por más de ocho las exigencias normativas. Esta modificación supone en la práctica que de las 23 SGR que existen en España, tan solo ocho podrían actualmente cumplir con este requerimiento. En la exposición de motivos de la propia Ley, no se menciona circunstancia, motivo o justificación alguno que derive en la exigencia de incrementar la cifra de capital social mínimo de la sociedades de garantía recíproca, sobre todo, cuando esta medida no supone favorecer el impulso de la actividad avalista en beneficio del público objetivo de las Sociedades de Garantía Recíproca. La medida no es en absoluto necesaria para el sector, no aporta ninguna ventaja y genera perjuicios para las empresas socias de las Sociedades de Garantía Recíproca o que puedan acceder a serlo.

ENMIENDA NÚM. 20 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 36 De modificación. Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 36 del proyecto de ley quedando redactado como sigue:

“5.  En las empresas de hasta diez trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere el artículo 6.1.e) de esta Ley. La misma posibilidad se reconoce al empresario que, cumpliendo tales requisitos, ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y cuando la empresa disponga de un único centro de trabajo.”»

cve: BOCG-10-A-52-2

«Uno.  Se modifica el artículo 30.5, que queda redactado del siguiente modo:

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JUSTIFICACIÓN No es conveniente, dados los datos de siniestralidad, relajar la prevención de riesgos laborales en empresas de entre 10 y 25 trabajadores.

ENMIENDA NÚM. 21 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 36 De supresión. Se propone la supresión del apartado 2 del artículo 36 del proyecto de ley, quedando redactado como sigue: «Dos.  Se añade una disposición adicional decimoséptima con la siguiente redacción: “Disposición adicional decimoséptima.  Asesoramiento ténico a las empresas de hasta veinticinco trabajadores. En cumplimiento del apartado 5 del artículo 5 y de los artículos 7 y 8 de esta Ley, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en colaboración con las Comunidades Autónomas, prestará un asesoramiento técnico específico en materia de seguridad y salud en el trabajo a las empresas de hasta veinticinco trabajadores. Esta actuación consistirá en el diseño y puesta en marcha de un sistema dirigido a facilitar al empresario el asesoramiento necesario para la organización de sus actividades preventivas, impulsando el cumplimiento efectivo de las obligaciones preventivas de forma simplificada.”» JUSTIFICACIÓN Se propone la supresión de todo el apartado dos del citado artículo en coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 22 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 36 De modificación. Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 36 del proyecto de ley quedando redactado como sigue:

Disposición adicional decimoséptima.  Asesoramiento técnico a las empresas de hasta veinticinco trabajadores. En cumplimiento del apartado 5 y del artículo 7 de esta Ley, las Administraciones Públicas competentes en materia laboral prestarán asesoramiento técnico específico (resto igual).»

cve: BOCG-10-A-52-2

«Dos.  Se añade una disposición adicional decimoséptima, con la siguiente redacción:

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JUSTIFICACIÓN Entendemos que debe modificarse este apartado 2, para lograr una adecuación al orden de distribución competencia! en la materia, donde son las administraciones autonómicas que han asumido competencias en materia laboral, y en concreto en prevención de riesgos laborales (ver la propia Ley 31/1995), las facultadas para prestar el asesoramiento específico a las empresas con menos de 25 trabajadores.

ENMIENDA NÚM. 23 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 38 De modificación. Se propone la modificación del artículo 38 del proyecto de ley quedando redactado como sigue: «Artículo 38.  Apoderamientos electrónicos. Los apoderamientos y revocaciones, otorgados por administradores o apoderados de sociedades mercantiles o por emprendedores de responsabilidad limitada, podrán también ser conferidos en documento electrónico siempre que se trate de gestiones ante las Administraciones Públicas que no requieran forma pública, en cuyo caso bastará que el documento de apoderamiento sea suscrito con la firma electrónica reconocida de poderdante. Dicho documento podrá ser remitido directamente por medios electrónicos al Registro administrativo competente.» JUSTIFICACIÓN El concepto de carga administrativa solo surge en la relación entre la Administración y persona física o jurídica, por lo que resulta razonable que dicho apoderamiento pueda constar en un documento electrónico sin forma documental público notarial.

ENMIENDA NÚM. 24 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 44 De modificación.

«Artículo 228 bis.  Comprobación de los pagos a los subcontratistas. Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar exigirán el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 5, han de hacer a todos los subcontratistas que participen en los mismos. A estos esfectos, los contratistas adjudicatarios aportarán al ente público contratante

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Se propone la modificación del apartado Tres del artículo 36 del proyecto de ley quedando redactado como sigue:

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cuando este lo solicite la relación detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación y en los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos. (resto igual).» JUSTIFICACIÓN Entendemos que debe ser requisito indispensable y exigible que la contrata documente la relación detallada de subcontratistas y el justificante de los pagos a su cadena de subcontratación, para que pueda realizarse el cobro por los servicios prestados a la Administración o ente público en cuestión incluyendo estas obligaciones en los anuncios de licitación y en los correspondientes pliegos de condiciones o contratos.

ENMIENDA NÚM. 25 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) A los Capítulos I y II, de la Sección I, del Título V De supresión. Se propone la supresión del capitulo I designado como Estrategia de Fomento de la Internacionalización y capítulo II nominado Instrumentos y organismos comerciales y de apoyo a la empresa de la sección I (Fomento de la Internacionalización) del Título V (Internacionalización de la economía española) del proyecto de ley. JUSTIFICACIÓN

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La materia regulada en los capítulos I y II de la sección 1.ª de este Título V supone una concepción expansiva de la acción exterior inasumible en la distribución competencial y entra de lleno en el contenido material del Proyecto de Ley de acción y servicio exterior del Estado y, además, lo regula de manera distinta, incluso contradictoria, con las disposiciones de ese Proyecto de Ley de acción y servicio exterior, donde, y a modo de ejemplo, toda la coordinación de la acción exterior que puede realizar la Administración del estado (que no la de las comunidades autónomas) la lleva a cabo el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (en el proyecto que ahora enmendamos tal responsabilidad se atribuye al Ministerio de Economía y Competitividad). Por otro lado, los instrumentos de planificación habilitados en ambos proyectos de ley son distintos y no se contempla ninguna integración o coordinación del Plan estratégico previsto en el artículo 48 del proyecto en la Estrategia de Acción Exterior fijada en aquel otro Proyecto de Ley de acción y servicio exterior del Estado.

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Pág. 46 ENMIENDA NÚM. 26

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 47 De adición. Se propone la adición de un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 47 del proyecto de ley con el siguiente tenor literal: «Las ComunidadesAutónomas desarrollarán políticas de fomento de la internacionalización de la economía y de las empresas en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de las directrices de actuación propias de la política exterior del Estado o de las relaciones internacionales de España.» JUSTIFICACIÓN En coherencia con las competencias que en política exterior y relaciones internacionales tiene el Estado de conformidad con el ordenamiento y doctrina constitucional (STC 165/1994), tal, y como se expresa en el dictamen 394/2013, del Consejo de Estado, con ocasión del Proyecto de Ley de acción y del servicio exterior del Estado.

ENMIENDA NÚM. 27 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 48 De modificación. Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 48 del proyecto de ley quedando redactado como sigue: «2.  El objetivo del Plan Estratégico… de la mejora de la competitividad de la economía española y de las empresas, el establecimiento de las prioridades geográficas y sectoriales y los planes de actuación de los organismos con competencias en la materia.» JUSTIFICACIÓN En coherencia con las enmiendas anteriores y por el mismo motivo.

ENMIENDA NÚM. 28

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 48 De modificación.

cve: BOCG-10-A-52-2

FIRMANTE:

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Pág. 47

Se propone la modificación del apartado 4 del artículo 48 del proyecto de ley quedando redactado como sigue: «4.  El Plan Estratégico será elaborado, con carácter bienal, por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el marco del Grupo Interministerial de Apoyo a la Internacionalización de la empresa española y con la participación del sector privado y de las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, y en coherencia con los fines y objetivos de la Política Exterior del Gobierno. El Plan será aprobado a propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad, por Acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.» JUSTIFICACIÓN Las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, llevarán a cabo las actuaciones de acción exterior que aprueben, sin perjuicio de su participación en la elaboración del Plan Estratégico estatal. Pero son dos cosas distintas: la acción exterior de las comunidades autónomas y el Plan estatal.

ENMIENDA NÚM. 29 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 49 De supresión. Se propone la supresión del artículo 49. «Artículo 49.  Instrumentos y Organismos Comerciales y de apoyo a la empresa. 1.  Constituyen instrumentos comerciales especializados de apoyo a la internacionalización de la economía y la empresa: a)  En el ámbito de la Administración General del Estado, los siguientes: i)  La Red Exterior, integrada en las Misiones Diplomáticas o las Representaciones Permanentes, y la Red Territorial, dependientes ambas del Ministerio de Economía y Competitividad. ii)  La entidad pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX), creada por el Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril. b)  Las Cámaras de Comercio Españolas en el Extranjero, cuando se reconozcan oficialmente, apoyarán, asimismo, la internacionalización de la economía y la empresa españolas. 2.  El Servicio Exterior del Estado contribuirá al apoyo de las empresas en el exterior.»

Entendemos que es una extralimitación contemplar como únicos instrumentos de apoyo los que se integran en la red exterior y, sobre todo, la creación de una red territorial. Esta misma extralimitación, desde un aspecto puramente de técnica legislativa, se promueve mediante el uso de una ley para la regulación de unas realidades que no requieren, para nada, este refrendo legal.

cve: BOCG-10-A-52-2

JUSTIFICACIÓN

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Pág. 48 ENMIENDA NÚM. 30

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 50 De supresión. Se propone la supresión del artículo 50. «Artículo 50.  Red Exterior y Territorial del Ministerio de Economía y Competitividad. 1.  La Red Exterior y Territorial del Ministerio de Economía y Competitividad es el soporte básico en el proceso de internacionalización de las empresas y los emprendedores por su proximidad a los mercados de origen y de destino y está integrada por las Oficinas Económicas y Comerciales y las Direcciones Territoriales y Provinciales de Economía y Comercio. 2.  Las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior, integradas en las Misiones Diplomáticas o las Representaciones Permanentes, son el instrumento de la Administración General del Estado para el desarrollo en el exterior de las labores de política económica, comercial, financiera y de apoyo a la internacionalización de la empresa. 3.  Las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio apoyan la internacionalización de la empresa y los emprendedores mediante la implementación de la política estatal de promoción comercial exterior y de fomento de las inversiones de las empresas españolas. 4.  El Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, como gestor de la Red Exterior y Territorial de apoyo a la internacionalización de la empresa, asignará los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de su labor con la máxima eficiencia y asegurando una atención a las iniciativas en materia de internacionalización de manera integral.» JUSTIFICACIÓN La referencia a una red de direcciones territoriales y provinciales de comercio como apoyo a la internacionalización es contraria a cualquier objetivo de eficacia y de evitación de duplicidades.

ENMIENDA NÚM. 31 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 51 De modificación.

«1.  El ICEX, sin perjuicio de la actuación de las Comunidades Autónomas para fomentar la internacionalización de sus economías y empresas, impulsará la internacionalización… (resto igual). 2. (Igual) 3. (suprimir).»

cve: BOCG-10-A-52-2

Se propone la modificación del artículo 51 del proyecto de ley quedando redactado como sigue:

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Pág. 49

JUSTIFICACIÓN Se pone en valor otros instrumentos autonómicos dirigidos al fomento de la economía mediante actuaciones exteriores y de internacionalización en relación con las empresas de su ámbito. Asimismo se propone la supresión del apartado tres en coherencia con las enmiendas realizadas al artículo 50 (supresión de las direcciones territoriales y provinciales de Comercio).

ENMIENDA NÚM. 32 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 56 De modificación. Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 56 del proyecto de ley quedando redactado como sigue: «1.  En los distintos programas y fondos de Instituciones Financieras Internacionales… El Ministerio de Economía y Competitividad, y las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias, desarrollarán los mecanismos necesarios para fomentar… (resto igual).» JUSTIFICACIÓN Reconocimiento del papel a desempeñar por las comunidades autónomas respecto de la internacionalización de sus empresas.

ENMIENDA NÚM. 33 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 57 De modificación. Se propone la modificación del artículo 57 del proyecto de ley quedando redactado como sigue:

JUSTIFICACIÓN Se pone en valor otros instrumentos autonómicos dirigidos al fomento de la economía mediante actuaciones exteriores y de internacionalización en relación con las empresas de su ámbito

cve: BOCG-10-A-52-2

«1.  Con carácter anual (resto igual). El programa será aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación y de Economía y Competitividad y con participación de las Comunidades Autónomas, previo informe… (resto igual). 2.  (igual) 3.  El ICEX, y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, informarán y asesorarán… (resto igual).»

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Pág. 50 ENMIENDA NÚM. 34

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 58 De modificación. Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 58 del proyecto de ley quedando redactado como sigue: «1.  Los extranjeros que se propongan… en los que acrediten ser: a)  emprendedores b)  profesionales altamente cualificados c) Investigadores d)  Trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales dentro de la misma empresa o grupo de empresas.» JUSTIFICACIÓN Se suprime la letra a) dedicada a los inversores por no tener ligazón con el desarrollo de una actividad laboral, premisa esta —desarrollo de un trabajo e inserción laboral— que es en la actualidad la clave de bóveda para obtener permisos de residencia (junto con el reagrupamiento familiar). Institucionalizar esta otra «entrada» de obtención del permiso de residencia por motivos únicamente económicos constituye un atentado contra el principio de igualdad, ya que supone una discriminación por motivos económico —posesión de riqueza— ajena al test de proporcionalidad y prudencia que deben guiar cualquier parámetro de aplicación desigual de las condiciones de permanencia en un país, todo ello en el marco del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos [Artículo 2.1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social], [Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.] y de la Declaración Universal de Derechos Humanos [Artículo 2.1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición], [Artículo 7.  Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación].

ENMIENDA NÚM. 35

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 59 De modificación.

cve: BOCG-10-A-52-2

FIRMANTE:

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Pág. 51

Se propone la modificación del apartado 4 del artículo 59 del proyecto de ley, quedando redactado como sigue: «4.  El cónyuge y los hijos menores de 18 años o mayores de edad cuando cumplan los requisitos del artículo 17 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, podrán ejercer el derecho a la reagrupación familiar en los términos establecidos en la citada Ley Orgánica.» JUSTIFICACIÓN Los preceptos que regulan el reagrupamiento familiar en la Ley Orgánica 4/2000 son preceptos orgánicos, conforme dispone la disposición final cuarta de la citada Ley, por lo que la situación que prevé el proyecto de ley en el artículo 59.4, que supone una modulación del ejercicio de dicho derecho, debe vincularse directamente a los citados preceptos de la ley Orgánica 4/2000, sin que quepa que por ley ordinaria se modifique dicha regulación.

ENMIENDA NÚM. 36 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 59 De modificación. Se propone la modificación del apartado 6 del artículo 59 del proyecto de ley quedando redactado como sigue: «6.  Las Misiones diplomáticas y Oficinas Consulares … efectuarán a la Dirección General de la Policía o al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de seguridad ciudadana y orden público, las consultas pertinentes … .riesgo en materia de seguridad. La Dirección General de la Policía, o el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de seguridad ciudadana y orden público, deberá responder en el plazo máximo de siete días … (resto igual).» JUSTIFICACIÓN Conforme a lo establecido en el artículo 68.4 de la Ley Orgánica 4/2000, las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia de seguridad ciudadana y orden público mediante la creación de una policía propia, podrán aportar, en su caso, un informe sobre afectación al orden público en todos los procedimientos de autorización de residencia o su renovación, referidas a extranjeros que se encuentran en España, en los que se prevea la necesidad de informe gubernativo. Tal informe se incorporará al expediente al igual que el que, en su caso, aporten las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus competencias sobre seguridad pública.

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al Capítulo II, de la Sección 2.ª, del Título V

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ENMIENDA NÚM. 37

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Pág. 52

De supresión. Se propone la supresión de los artículos 60 a 64 (ambos inclusive) relativos la obtención del visado de residencia para inversores. JUSTIFICACIÓN En coherencia con la enmienda de supresión de la letra a) del artículo 58.1. Como hemos señalado la adición de una nueva forma de obtener el permiso de residencia motivada exclusivamente en la posesión de riqueza, entendemos que debe ser suprimida por no tener ligazón con el desarrollo de una actividad laboral, premisa ésta —desarrollo de un trabajo e inserción laboral— que es en la actualidad la clave de bóveda para obtener permisos de residencia. Institucionalizar esta otra «entrada» de obtención del permiso de residencia por motivos únicamente económicos constituye un atentado contra el principio de igualdad ya que supone una discriminación por motivos económico —posesión de riqueza— ajena al test de proporcionalidad y prudencia que deben guiar cualquier parámetro de aplicación desigual de las condiciones de permanencia en un país, todo ello en el marco del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos [Artículo 2.1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social], [Artículo 26.Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.] y de la Declaración Universal de Derechos Humanos [Artículo 2.1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición], [Artículo 7.Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación].

ENMIENDA NÚM. 38 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 66 De modificación. Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 66 del proyecto de ley quedando redactado como sigue: «2.  Los solicitantes deberán cumplir los requisitos generales previstos en el artículo 50 de esta Ley, los fijados en el artículo 37 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.»

En coherencia con el artículo 37 de la Ley Orgánica 4/2000 (que tiene naturaleza orgánica) que exige: 1.  Para la realización de actividades económicas por cuenta propia habrá de acreditarse el cumplimiento de todos los requisitos que la legislación vigente exige a los nacionales para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada, así como los relativos a la suficiencia de la inversión y la potencial creación de empleo, entre otros que reglamentariamente se establezcan.

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Pág. 53

2.  La autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta propia se limitará a un ámbito geográfico no superior al de una Comunidad Autónoma, y a un sector de actividad. Su duración se determinará reglamentariamente. 3.  La concesión de la autorización inicial de trabajo, en necesaria coordinación con la que corresponde al Estado en materia de residencia, corresponderá a las Comunidades Autónomas de acuerdo con las competencias asumidas en los correspondientes Estatutos.

ENMIENDA NÚM. 39 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 67 De modificación. Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 67 del proyecto de ley quedando redactado como sigue: «1.  Se entenderá como actividad emprendedora aquella que sea de carácter innovador … y a tal efecto cuente con un informe favorable del órgano competente de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma donde se prevea iniciar, desarrollar o dirigir la actividad emprendedora.» JUSTIFICACIÓN La valoración del interés económico de la actividad a desarrollar por el emprendedor varía mucho según el territorio donde se decida llevar a cabo tal actividad. Por ello es importante que se cuente con el informe de la Comunidad Autónoma donde tal empresa vaya a realizarse.

ENMIENDA NÚM. 40 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 68 De modificación. Se propone la modificación del artículo 68 del proyecto de ley quedando redactado como sigue: «Artículo 68.  Profesionales altamente cualificados

JUSTIFICACIÓN El artículo 38 ter de la Ley Orgánica 4/2000 regula la residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados por lo que el artículo 68 del proyecto de ley viene a modificar el mismo al modular determinados supuestos de profesionales altamente cualificados en relación con su autorización de residencia.

cve: BOCG-10-A-52-2

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38 ter de la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, podrán solicitar una autorización de residencia para profesionales altamente cualificados …(resto igual).»

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Pág. 54 ENMIENDA NÚM. 41

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 69 De modificación. Se propone la modificación del artículo 69 del proyecto de ley quedando redactado como sigue: «Artículo 69.  Investigadores Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38 bis y 41 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y en sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, los extranjeros que pretendan entrar en España o que siendo titulares de una autorización de estancia y residencia, deseen realizar actividades de investigación, formación, desarrollo e innovación, deberán estar provistos de un visado o de una autorización de residencia para formación o investigación cuando se encuentren en las siguientes situaciones: a) Igual. b) Igual. c) Igual. d) Igual.» JUSTIFICACIÓN El artículo 38 bis de la Ley Orgánica 4/2000 ya regula un régimen especial de los investigadores y para ello define tanto la figura del investigador como otros requisitos para autorizar la residencia de los mismos así como sus salvedades en el marco de lo dispuesto en el artículo 41 de la citada LO 4/2000 que excepciona la obtención de un permiso de trabajo para determinadas actividades relacionadas con la investigación y formación, excepciones que no coinciden totalmente con lo dispuesto en el artículo que se enmienda de este proyecto de ley, por lo que este articulo 69 viene a modificar los citados artículos de la LO 4/2000.

ENMIENDA NÚM. 42 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 72 De modificación.

«5.  Las solicitudes de visado se resolverán y notificarán conforme lo estableció en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.» JUSTIFICACIÓN De conformidad con la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2000 se contemplan diversos plazos máximos para resolución de expedientes, que como veremos ninguno coincide con el dispuesto

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Se propone la modificación del apartado 5 del artículo 75 del proyecto de ley quedando redactado como sigue:

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(20 días) en el proyecto de ley que enmendamos. Entendemos que los plazos estipulados en la LO 4/2000 son los que deben aplicarse con carácter general y si el legislador quiere proponer una reducción en el tiempo de resolución de los expedientes de autorizaciones así como cambiar el sentido del silencio de los procedimientos generales (en la Ley Orgánica 4/2000 es desestimatorio, salvo prórrogas y modificación de la limitación temporal o de ocupación, y en el proyecto de ley es, sin embargo, estimatorio) debería proceder a modificar la Ley Orgánica y señalar plazo y carácter del silencio homogéneos, o al menos proporcionales, para todos los procedimientos de obtención de autorizaciones y permisos.

ENMIENDA NÚM. 43 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al artículo 73 De modificación. Se propone la modificación del segundo párrafo del apartado 1 del artículo 73 del proyecto de ley quedando redactado como sigue: «1.  La tramitación de las autorizaciones … (resto igual). El plazo máximo de resolución y el sentido del silencio administrativo, en caso de que no se resuelva en el plazo señalado, será el establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Las resoluciones serán motivadas y podrán ser objeto de recurso de alzada, de acuerdo … (resto igual).» JUSTIFICACIÓN De conformidad con la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2000 se contemplan diversos plazos máximos para resolución de expedientes, que como veremos ninguno coincide con el dispuesto (20 días) en el proyecto de ley que enmendamos. Entendemos que los plazos estipulados en la Ley Orgánica 4/2000 son los que deben aplicarse con carácter general y si el legislador quiere proponer una reducción en el tiempo de resolución de los expedientes de autorizaciones así como cambiar el sentido del silencio de los procedimientos generales (en la LO 4/2000 es desestimatorio, salvo prórrogas y modificación de la limitación temporal o de ocupación, y en el proyecto de ley es, sin embargo, estimatorio) debería proceder a modificar la Ley Orgánica y señalar plazo y carácter del silencio homogéneos, o al menos proporcionales, para todos los procedimientos de obtención de autorizaciones y permisos.

ENMIENDA NÚM. 44 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) A la disposición adicional primera Se propone la modificación del apartado 1 de la disposición adicional primera del proyecto de ley quedando redactado como sigue: «1.  Lo dispuesto en el Capítulo II del Titulo I de esta Ley … Ley General de la Seguridad Social, o en la normativa recaudatoria y presupuestaria propia de la administración titular del crédito.»

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De modificación.

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JUSTIFICACIÓN La misma que para la enmienda al apartado ocho del artículo 21.

ENMIENDA NÚM. 45 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) A la disposición adicional segunda De modificación. Se propone la modificación del apartado 2 de la disposición adicional segunda del proyecto de ley quedando redactado como sigue: «2.  Las Comunidades Autónomas que creen Puntos de Atención al Emprendedor, conforme al artículo 17 de la presente Ley, utilizarán, previa suscripción de un convenio con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el sistema de tramitación telemática del Centro de Información y Red de Creación de Empresa (CIRCE). El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, oído el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, podrá celebrar convenios de establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor con el resto de Administraciones Públicas y entidades privadas. En los convenios (resto igual).» JUSTIFICACIÓN En coherencia con la enmienda 1 al artículo 13 de esta Ley. Por otra parte, la participación de las Entidades Locales requerirá siempre la suscripción de un convenio, tal y como también está previsto por la Ley 30/1992. En cuanto a las entidades privadas, dada la cualidad de las funciones a desarrollar, se requerirá necesariamente la suscripción del oportuno convenio.

ENMIENDA NÚM. 46 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Nueva disposición adicional De adición. Se propone la adición de una nueva disposición adicional al proyecto de ley con el siguiente tenor literal:

1.  La excepción prevista en el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal será aplicable a los créditos de derecho público para cuya gestión recaudatoria resulte de aplicación la normativa foral correspondiente. Asimismo el régimen previsto en el apartado 3 de la misma disposición adicional séptima será aplicable a las deudas con las Haciendas Forales de acuerdo con su normativa. 2.  Lo dispuesto en la disposición adicional primera de esta Ley será aplicable a las deudas de derecho público para cuya gestión recaudatoria resulte de aplicación la normativa foral correspondiente.

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«Disposición adicional (ordinal que corresponda).  Regímenes forales.

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3.  Las medidas dispuestas en esta Ley que afectan a impuestos concertados se regirán por lo dispuesto en el Concierto Económico con el País Vasco o en Convenio Económico con Navarra, según proceda.» JUSTIFICACIÓN El respeto a los regímenes forales exige que determinadas previsiones del proyecto atinentes a la gestión recaudatoria de las deudas de las haciendas públicas, así como todas las medidas afectantes a los impuestos concertados, deban cohonestarse con dichos regímenes forales, preservando su especificidad.

ENMIENDA NÚM. 47 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Nueva disposición adicional De adición. Se propone la adición de una nueva disposición adicional al proyecto de ley con el siguiente tenor literal: «Disposición adicional (ordinal que corresponda).  Sistema de microfinanciación para autónomos y emprendedores. Se estudiará establecer un sistema de microfinanciación destinado a autónomos y emprendedores personas físicas, para circulante a través de las líneas ICO habilitadas o de los Fondos Sociales para ello y de entidades similares al ICO en las Comunidades Autónomas. En la concesión de microcréditos se ponderará la viabilidad del negocio al mismo nivel que las garantías y avales de la persona física, pudiendo también intervenir las Sociedades de Garantía Recíproca. El estudio y la concesión de dicha solicitud de microcrédito se hará a través de un servicio especifico de expertos, o a través de entidades colaboradoras certificadas para ello, que se establecerá en aquellas entidades bancarias en las cuales haya intervenido el Estado y puedan poner a disposición parte de su estructura para el desarrollo y aplicación de dicho sistema, bajo la supervisión de las condiciones de valoración y concesión por parte del ICO en el ámbito estatal y de entidades similares al ICO en las Comunidades Autónomas.»

La demanda de crédito no hace más que disminuir en los autónomos pero no es porque no lo necesiten. Obedece a dos simples cuestiones. La primera, es que, a más de la mitad de los autónomos, se les deniega el crédito. La segunda, que estos ya no quieren sobreendeudarse. Un autónomo tiene una necesidad media de crédito de entre 12.000 y 18.000 euros para circulante. Ninguno, después de estos cinco años de calvario, quiere endeudarse por cantidades mayores, que es lo que ofertan las entidades financieras. Y todos sabemos que, para las mismas, los costes de estudio, tramitación, etc. son los mismos para un crédito de 250.000 euros que para uno de 8.000, pero la rentabilidad es distinta. Por otro lado, el sistema de garantías establecido en las entidades bancarias, limita las posibilidades de acceso de los autónomos persona física a los recursos crediticios movilizados por el ICO de entidades similares al ICO en las Comunidades Autónomas, a través de sus líneas de financiación, al ser estas entidades bancarias las que gestionan dichos recursos. Por ello, y con el fin de hacer accesibles estas líneas al autónomo y/o emprendedor persona física, debería establecerse un mecanismo distinto para canalizarlas y en el que las exigencias sobre las entidades bancarias, no sean impedimento para desarrollar

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el carácter finalista de los recursos ICO, que moviliza el Estado a favor del tejido empresarial y de entidades similares al ICO en las Comunidades Autónomas. En este sentido, debería poder adaptarse el sistema de garantías a la realidad de los destinatarios, evitando que éstos sean insolventes por definición y ponderando al mismo nivel la viabilidad del proyecto que las garantías personales del solicitante. Para poder evaluar dicha viabilidad y que esto no suponga un coste que deban asumir las entidades bancarias, dichas líneas podrían ser gestionadas por la estructura de la banca nacionalizada. Incluso debería estudiarse la posibilidad de una Ley de Financiación No Bancaria, Microcrédito y emprendimiento social.

ENMIENDA NÚM. 48 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Nueva disposición adicional De adición. Se propone la adición de una nueva disposición adicional al proyecto de ley con el siguiente tenor literal: «Disposición adicional (ordinal que corresponda).  Préstamos a la carrera emprendedora. Se habilita como ayuda directa al nuevo emprendedor que inicia su carrera como tal, la posibilidad de acceso a un préstamo de hasta ocho mil euros de cuantía, a reembolsar en un máximo de cinco años concedido por la propia Administración, y gestionado por las entidades que se establezcan reglamentariamente.» JUSTIFICACIÓN De la misma forma que en otros países, como Estados Unidos o Francia, se establecen los préstamos estudiante para financiar el coste de los estudios universitarios, entendemos que podría ser una figura importable al emprendimiento como aprendizaje y podría financiarse a través de los FONDOS JEREMIE. Los beneficiarios de dicha medida podrían vincularse a aquellos desempleados que hayan capitalizado el desempleo con el fin de iniciar una actividad por cuenta propia, e incluso a la miniempresa o empresa de estudiantes (disposición adicional novena) en su desarrollo reglamentario.

A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputados Ana María Oramas González-Moro y Pedro Quevedo Iturbe de Coalición Canaria-Nueva Canarias, al amparo del artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

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Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2013.—Ana María Oramas González-Moro y Pedro Quevedo Iturbe, Diputados.—Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

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Pág. 59 ENMIENDA NÚM. 49

FIRMANTE: Ana María Oramas González-Moro Pedro Quevedo Iturbe (Grupo Parlamentario Mixto) Al Capítulo I De adición de un nuevo artículo. Se propone la adición de un artículo, a continuación de los actuales 4 a 6, en el Capítulo I, Educación en el emprendimiento. Propuesta de redacción: «Artículo XXX.  Compensación a las Comunidades Autónomas por la adaptación del currículo en el emprendimiento. El Estado adoptará las medidas necesarias para compensar a las Comunidades Autónomas el coste añadido de la adaptación de los currículos de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, así como la de los programas de formación permanente del profesorado, al incluir los contenidos sobre el emprendimiento, la iniciativa empresarial y la creación y desarrollo de empresas. De igual forma, se compensarán los gastos por la introducción en la enseñanza universitaria de las iniciativas de emprendimiento.» JUSTIFICACIÓN El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que las disposiciones legales, en su fase de elaboración y aprobación, deberán valorar sus repercusiones y efectos y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de sus principios. La educación es un servicio público fundamental y competencia transferida a las Comunidades Autónomas que éstas financian con sus recursos, mayoritariamente procedentes del sistema de financiación que hoy ya se manifiesta insuficiente para algunas autonomías entre las que se encuentra Canarias. Por ello, la adopción de medidas legislativas que afectan a competencia tan básica, han de valorarse conforme a los efectos económicos que la novedosa medida conllevará para las Administraciones competentes incluyendo, como mínimo, las medidas compensatorias a los gastos previsibles. Y ello, insistimos, en aplicación de los principios de lealtad institucional, coordinación y responsabilidad proclamados en los artículos 8,9 y 10 de la citada Ley Orgánica. ENMIENDA NÚM. 50 FIRMANTE: Ana María Oramas González-Moro Pedro Quevedo Iturbe (Grupo Parlamentario Mixto) De supresión. Se propone la supresión del número 7 del artículo 24 del proyecto de ley, relativo a los incentivos fiscales por inversión de beneficios, que modifica la Ley del Impuesto de Sociedades (Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo).

cve: BOCG-10-A-52-2

Al número 7 del artículo 24

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JUSTIFICACIÓN En efecto el núm. 7, indica la incompatibilidad de la deducción por inversión de beneficios con otras deducciones ya contempladas en las leyes del Régimen Económico y Fiscal de Canarias: leyes 20/1991 en su artículo 94 y 19/1994 en su artículo 27. El Régimen Económico y Fiscal de Canarias pretende afrontar los sobrecostes y problemas estructurales y permanentes, por su lejanía e insularidad, de las empresas, empresarios y profesionales de Canarias. Así lo pretende el REF y así lo recoge el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La compensación a los sobrecostes ofrece un carácter relativo si la comparásemos con los costes de las demás empresas con las que compiten y, en consecuencia, en la medida en que se reduzca el diferencial la pérdida de competitividad de las empresas canarias resultará mucho mayor. Baste recordar que la divergencia de la última década del PIB de Canarias respecto a la media del español, debería ofrecer una respuesta distinta a la que se nos propone en el texto del proyecto. Siendo ya hoy los actuales sistemas de compensación insuficientes, la situación futura se agravará de no enmendarse el contenido del texto que nos ocupa. A propósito de ello se concreta, además, un incumplimiento respecto a la atención del hecho insular recogida en el artículo 138 de la Constitución. ENMIENDA NÚM. 51 FIRMANTE: Ana María Oramas González-Moro Pedro Quevedo Iturbe (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 27 De modificación. Texto propuesto:

1.  Los trabajadores que causen de alta por primera vez en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y con motivo de la misma inicien una en situación de pluriactividad podría, a partir de la entrada en vigor de esta norma, elegir como base de cotización en ese momento, la comprendida entre el 50   % de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y el 75  % durante los siguientes dieciocho meses, hasta las bases máximas establecidas para este Régimen Especial. 2.  En los supuestos de trabajadores en situación de pluriactividad en que la actividad laboral por cuenta ajena lo fuera a tiempo parcial con una jornada a partir del 50  % de la correspondiente a la de un trabajador con jornada a tiempo completo comparable, se podrá elegir en el momento del alta, como base de cotización la comprendida entre el 75  % de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y el 85  % durante los siguientes dieciocho meses, hasta las bases máximas establecidas para este Régimen Especial. 3.  La aplicación de esta medida será incompatible con cualquier otra bonificación o reducción establecida como medida de fomento del empleo autónomo, así como con lo previsto en el artículo 113.Cinco.7 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.»

cve: BOCG-10-A-52-2

«Artículo 27.  Cotización aplicable a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos en los casos de pluriactividad con jornada laboral a tiempo completo o a tiempo parcial superior al 50 %

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JUSTIFICACIÓN En el Proyecto, se establecen reducciones de la base de cotización a la Seguridad Social en caso de pluriactividad, pero sólo para las nuevas altas, algo que parece totalmente contradictorio con respecto a la propia memoria de impacto del Anteproyecto. En la memoria dice textual (pág. 31): «Por último, para no penalizar excesivamente a aquellos trabajadores que coticen en el Régimen General y que vienen obligados a cotizar en otro Régimen a tiempo completo cuando realizan una actividad económica alternativa se reducen las cuotas de la Seguridad Social de forma que aliviaría la actual penalización y se incentivaría la pluriactividad, estimulando nuevas altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Esto facilitaría el control de las actividades no declaradas y que suponen una grave competencia desleal hacia los autónomos que sí las declaran.» En la memoria también se recoge la reducción de ingresos que para las arcas públicas tendría esta medida. En concreto establece textualmente que: —  (pág. 4) «La ley supondrá una reducción directa de ingresos públicos estimada en 1924,18 millones de euros en 2014 …» —  (pág. 61) «La reducción de cuotas de la Seguridad Social en los casos de pluriactividad minorará los ingresos por este concepto en 149,18 millones de euros anuales.» —  (pág. 54) En la tabla se incluye los 149,18 millones de euros en el total de reducción de ingresos (1924,18 millones de euros) y se explica que «La reducción de las cuotas Sociales en los supuestos de pluriactividad permitirán un ahorro anual medio de 1.350 euros anuales a aproximadamente 109.000 emprendedores.» En el Proyecto de Ley 1.  Los trabajadores que causen alta por primera vez en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y con motivo de la misma inicien una situación de pluriactividad a partir de la entrada en vigor de esta norma, podrán elegir como base de cotización en ese momento, la comprendida entre el 50 % de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado durante los primeros 18 meses, y el 75 por 100 durante los siguientes dieciocho meses, hasta las bases máximas establecidas para este Régimen Especial. 2.  En los supuestos de trabajadores en situación de pluriactividad en que la actividad laboral por cuenta ajena lo fuera a tiempo parcial con una jornada a partir del 50 % de la correspondiente a la de un trabajador con jornada a tiempo completo comparable, se podrá elegir en el momento del alta, como base de cotización la comprendida entre el 75 % de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado durante los primeros 18 meses, y el 85 % durante los siguientes 18 meses, hasta las bases máximas establecidas para este Régimen Especial. 3.  La aplicación de esta medida será incompatible con cualquier otra bonificación o reducción establecida como medida de fomento del empleo autónomo, así como con lo previsto en el artículo 113.Cinco.7 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

1.  El Proyecto limita la reducción de cuotas de la Seguridad Social exclusivamente a las nuevas altas, excluyendo a aquellas personas que ya están en situación de pluriactividad. 2.  Las nuevas altas en caso de pluriactividad en el RETA en ningún caso supondrían una reducción de ingresos públicos como establece la memoria, sino al contrario, pues son nuevos cotizantes. 3.  La memoria, al cuantificar en 149,18 millones de euros la reducción de ingresos y en 109.000 los emprendedores susceptibles de beneficiarse de esta reducción de base, está comprendiendo, dentro de la medida, a los actualmente ya están en pluriactividad:

cve: BOCG-10-A-52-2

Queremos incidir en varios aspectos que creemos deberían llevar a cambiar el redactado de este artículo:

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a)  Cifra el ahorro medio en 1350 euros anuales (actualmente se abona de media 230 euros, al 50 % serían 115 euros mensuales por 12 meses sería igual a 1380 euros a ingresar, lo cual se aproxima a la media que exponen). b)  109. 000 emprendedores son aproximadamente los que, a día de hoy, están en situación de pluriactividad. c)  En la memoria se reconoce la «actual penalización» de los que coticen en los dos regímenes. Es decir, de los que ya lo hacen. Se habla de incentivar la pluriactividad para combatir la economía sumergida y la «grave competencia desleal hacia los autónomos que sí las declaran.» Sin embargo, el Proyecto discrimina dos colectivos. i.  De un lado, los que ya declaraban estas actividades que mantienen la «actual penalización» (artículo 113.Cinco.7 de la Ley 17/2012 en el que se establece la devolución del 50 % del exceso de cotización cuando la suma anual supere los 11.633,68 euros, que evidentemente, no incluye a todos los que están en pluriactividad y que, además, la devolución tarda de media el año cotizado + ocho o nueve meses, lo que supone un grave problema de liquidez para estas personas). ii.  De otro, los que no declaraban a los que se premia con la reducción que se establece en el Anteproyecto. Es decir: 1.  Se mantiene la penalización de los que declaraban esas actividades y se premia a los que no. 2.  El diferencial de cotizaciones incrementa la competencia desleal. 3.  Puede derivar en que aquellos que cumplían sus obligaciones sumerjan su segunda actividad como autónomos con lo cual la efectividad de la medida para emerger actividad sumergida sea nula o incluso negativa. Proponemos que se modifique para que las reducciones sean para la nuevas altas pero también para los que ya cotizan en pluriactividad, tal y como entendemos estaba establecido en el borrador de Proyecto y en la memoria de impacto antes de su primera lectura y su remisión a Cortes.

ENMIENDA NÚM. 52 FIRMANTE: Ana María Oramas González-Moro Pedro Quevedo Iturbe (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 32 De supresión. Se propone la supresión de su contenido.

La modificación pretende un incremento del 732 % respecto al capital mínimo actualmente vigente: desde los 1.803.036,31 euros que contiene la Ley 1/1994 de 11 de marzo, hasta alcanzar los 15.000.000 euros que propone el artículo que nos ocupa. En la práctica supondría que únicamente ocho de las veintitrés Sociedades de Garantía Recíproca que operan en España, podrían continuar con su actividad. La exposición de motivos no menciona circunstancia o justificación alguna sobre el particular (tampoco figuraba en los trabajos y borradores anteriores introducidos con prisas de última hora), y sobre todo en una nueva normativa que se pretende impulsora de la actividad empresarial y emprendedora de las pequeñas y medianas empresas. Desde luego, la medida no impulsa la actividad avalista de las SGR. El sector de estas sociedades es un canal muy importante de apoyo a la financiación de las pymes y con esta modificación, lejos de mejorarlo, el sector se concentraría y alejaría de su gestión próxima y cercana a las empresas. Esta norma forzaría, también, la fusión artificial de SGR o su desaparición.

cve: BOCG-10-A-52-2

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Es indudable que la medida afecta sustancial y plenamente a la actividad de las SGR. No se entiende hoy una exigencia de tal magnitud cuando estas sociedades cumplen con holgura los niveles de solvencia exigidos. Las SGR cuentan con elevados coeficientes de solvencia, de un 17 % de media, muy por encima de los requisitos mínimos del 8 % de la exigida al sector financiero. Además, como entidades financieras controladas y supervisadas por el Banco de España, están sujetas a la Circular 5/2008 que establece cómo deben mantener, en todo momento, un coeficiente de solvencia no inferior al indicado. Las SGR no tienen problemas de capital ni baja capitalización, y tampoco están dejando de operar ni prestar avales por problemas del capital, pero un proceso de recapitalización o concentración de sociedades paralizaría la actividad de muchas de ellas en un momento, precisamente, de acuciante necesidad crediticia. La medida no es en absoluto adecuada ni aporta ventaja alguna a la situación actual, ni a la finalidad principal que dice pretender este proyecto ni a la realidad económica que justifica la existencia de las SGR. Finalmente, en coherencia con esta enmienda, proponemos enmendar, en igual sentido, las apelaciones contenidas en la exposición de motivos y disposición final octava.

ENMIENDA NÚM. 53 FIRMANTE: Ana María Oramas González-Moro Pedro Quevedo Iturbe (Grupo Parlamentario Mixto) A la Exposición de motivos, en su último párrafo De supresión. JUSTIFICACIÓN En coherencia con la enmienda de supresión del artículo 32 del proyecto, la referencia que la exposición de motivos, en su último párrafo, hace del mencionado artículo respecto a la cifra mínima de capital social ha de ser igualmente suprimida.

ENMIENDA NÚM. 54 FIRMANTE: Ana María Oramas González Moro Pedro Quevedo Iturbe (Grupo Parlamentario Mixto) A la disposición final octava, letra g)

JUSTIFICACIÓN Al contener aspectos contemplados en anteriores enmiendas para su supresión, como lo es el artículo 32 del proyecto, ha de actuarse en concordancia y proponer su supresión.

cve: BOCG-10-A-52-2

De supresión.

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Pág. 64 ENMIENDA NÚM. 55

FIRMANTE: Ana María Oramas González-Moro Pedro Quevedo Iturbe (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 34 De modificación. Se propone una nueva redacción con ligeras modificaciones sobre el texto del proyecto. En concreto: «Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias creen nuevas cargas administrativas para las empresas, ciudadanos u otras Administraciones Públicas, se asegurarán de eliminar al menos una carga existente de coste equivalente.» JUSTIFICACIÓN La introducción de nuevas cargas supone un coste que influye en la competitividad de las empresas, en los gastos de los ciudadanos y la eficiencia de las Administraciones Públicas. Baste el ejemplo, en relación a las Administraciones, de los procedimientos de pago de obligaciones de las Comunidades Autónomas acogidas al mecanismo de liquidez autonómica o al pago de proveedores. En estos procedimientos, las cargas introducidas suponen mayores retrasos para las Comunidades que si cubriesen sus necesidades de tesorería por otros medios. Es, por ello, que consideramos conveniente ampliar el objetivo de la norma abarcando no solo cargas administrativas empresariales sino también a los ciudadanos y a otras Administraciones.

ENMIENDA NÚM. 56 FIRMANTE: Ana María Oramas González-Moro Pedro Quevedo Iturbe (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 35, en su número 2 y letra a) De modificación. Se propone una redacción como la que sigue: «2. a)  Los servicios estatales y Autonómicos de estadística tendrán acceso en las condiciones establecidas por la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, a la información ya disponible en los registros de la Administración General del Estado para la elaboración de las operaciones incluidas en el Plan Estadístico Nacional o Autonómico.»

Conseguir el fin deseado de aliviar la carga de trabajo a las empresas puede ejercitarse desde la cooperación y eficiencia entre las Administraciones.

cve: BOCG-10-A-52-2

JUSTIFICACIÓN

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Pág. 65 ENMIENDA NÚM. 57

FIRMANTE: Ana María Oramas González-Moro Pedro Quevedo Iturbe (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 44 De modificación. Texto propuesto: Artículo 44. «Artículo 228 bis.  Comprobación de los pagos a los subcontratistas. Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar exigirán el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 5, han de hacer a todos los subcontratistas que participen en los mismos. En tal caso, los contratistas adjudicatarios aportarán al ente público contratante cuando éste lo solicite la relación detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación y en los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos.» JUSTIFICACIÓN

cve: BOCG-10-A-52-2

El nuevo artículo 228 bis del Proyecto, relativo a la «Comprobación de los pagos a los subcontratistas», establece que las Administraciones Públicas y demás Entes públicos contratantes podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 5, han de hacer a todos los subcontratistas que participen en los mismos. Más allá de la mera comprobación cuando el ente público contratante lo solicite entendemos que debe ser requisito indispensable y exigible que la contrata documente la relación detallada de subcontratistas y el justificante de los pagos a su cadena de subcontratación, para que pueda realizarse el cobro por los servicios prestados a la Administración o ente público en cuestión. Se trataría del mismo procedimiento previsto para el caso de concesión de subvenciones públicas, cuyo cobro establece la obligación de justificar haber abonado todos los servicios subcontratados para la ejecución del proyecto, así como estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Consideramos que debe modificarse en los términos de la propuesta aquí presentada o bien volver a la redacción del Anteproyecto.

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Pág. 66 ENMIENDA NÚM. 58

FIRMANTE: Ana María Oramas González-Moro Pedro Quevedo Iturbe (Grupo Parlamentario Mixto) Nueva disposición adicional De adición. Texto propuesto: Disposición adicional.  Sistema de microfinanciación para autónomos y emprendedores. «Se estudiará establecer un sistema de microfinanciación destinado a autónomos y emprendedores personas físicas, para circulante a través de las líneas ICO habilitadas o de los Fondos Sociales para ello. En la concesión de microcréditos se ponderará la viabilidad del negocio al mismo nivel que las garantías y avales de la persona física, pudiendo también intervenir las Sociedades de Garantía Recíproca. El estudio y la concesión de dicha solicitud de microcrédito se hará a través de un servicio específico de expertos, o a través de entidades colaboradoras certificadas para ello, que se establecerá en aquellas entidades bancarias en las cuales haya intervenido el Estado y puedan poner a disposición parte de su estructura para el desarrollo y aplicación de dicho sistema, bajo la supervisión de las condiciones de valoración y concesión por parte del ICO.» JUSTIFICACIÓN

cve: BOCG-10-A-52-2

Estamos ante la gran asignatura pendiente y que, claramente, es preciso mejorar en el Proyecto. La demanda de crédito no hace más que disminuir en los autónomos pero no es porque no lo necesiten. Obedece a dos simples cuestiones. La primera, es que, a más de la mitad de los autónomos, se les deniega el crédito. La segunda, que estos ya no quieren sobreendeudarse. Un autónomo tiene una necesidad media de crédito de entre 12.000 y 18.000 euros para circulante. Ninguno, después de estos cinco años de calvario, quiere endeudarse por cantidades mayores, que es lo que ofertan las entidades financieras. Y todos sabemos que, para las mismas, los costes de estudio, tramitación, etc., son los mismos para un crédito de 250.000 euros que para uno de 8.000, pero la rentabilidad es distinta. Por otro lado, el sistema de garantías establecido en las entidades bancarias limita las posibilidades de acceso de los autónomos persona física a los recursos crediticios movilizados por el ICO, a través de sus líneas de financiación, al ser estas entidades bancarias las que gestionan dichos recursos. Por ello, y con el fin de hacer accesibles estas líneas al autónomo y/o emprendedor persona física, debería establecerse un mecanismo distinto para canalizarlas y en el que las exigencias sobre las entidades bancarias no sean impedimento para desarrollar el carácter finalista de los recursos ICO, que moviliza el Estado a favor del tejido empresarial. En este sentido, debería poder adaptarse el sistema de garantías a la realidad de los destinatarios, evitando que estos sean insolventes por definición y ponderando al mismo nivel la viabilidad del proyecto que las garantías personales del solicitante. Para poder evaluar dicha viabilidad, y que esto no suponga un coste que deban asumir las entidades bancarias, dichas líneas podrían ser gestionadas por la estructura de la banca nacionalizada. Incluso debería estudiarse la posibilidad de una Ley de Financiación No Bancaria, Microcrédito y emprendimiento social.

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Pág. 67 ENMIENDA NÚM. 59

FIRMANTE: Ana María Oramas González-Moro Pedro Quevedo Iturbe (Grupo Parlamentario Mixto) Nueva disposición adicional De adición. Texto propuesto: Disposición adicional segundo. 

Préstamos a la carrera emprendedora.

«Se habilita como ayuda directa al nuevo emprendedor que inicia su carrera como tal la posibilidad de acceso a un préstamo de hasta ocho mil euros de cuantía, a reembolsar en un máximo de cinco años concedido por la propia Administración, y gestionado por las entidades que se establezcan reglamentariamente.» JUSTIFICACIÓN De la misma forma que en otros países, como Estados Unidos o Francia, se establecen los préstamos estudiante para financiar el coste de los estudios universitarios, entendemos que podría ser una figura importable al emprendimiento como aprendizaje y podría financiarse a través de los Fondos Jeremie. Los beneficiarios de dicha medida podrían vincularse a aquellos desempleados que hayan capitalizado el desempleo con el fin de iniciar una actividad por cuenta propia, e incluso a la miniempresa o empresa de estudiantes (disposición adicional novena) en su desarrollo reglamentario.

ENMIENDA NÚM. 60 FIRMANTE: Ana María Oramas González-Moro Pedro Quevedo Iturbe (Grupo Parlamentario Mixto) A la disposición adicional De adición. Se propone la adición de una disposición adicional nueva que modificaría el texto vigente del artículo 35, en su apartado 4, del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo). En concreto, con la siguiente redacción:

4.  Aplicación e interpretación de la deducción. a)  Para la aplicación de la deducción regulada en este artículo, los sujetos pasivos podrán aportar informe motivado emitido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, por el departamento competente de las Comunidades Autónomas, o por un organismo adscrito a estos, relativo al cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos exigidos en la letra a) del apartado 1 de este

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«Disposición adicional XXX.  Nueva redacción del artículo 35, apartado 4, del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

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artículo para calificar las actividades del sujeto pasivo como investigación y desarrollo, o en la letra a) de su apartado 2, para calificarlas como innovación, teniendo en cuenta, en ambos casos, lo establecido en el apartado 3. Dicho informe tendrá carácter vinculante para la Administración tributaria. b)  El sujeto pasivo podrá presentar consultas sobre la interpretación y aplicación de la presente deducción, cuya contestación tendrá carácter vinculante para la Administración tributaria en los términos previstos en los artículos 88 y 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los sujetos pasivos podrán aportar informe motivado emitido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, por el departamento competente de las Comunidades Autónomas, o por un organismo adscrito a éstos, relativo al cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos exigidos en la letra a) del apartado 1 de este artículo para calificar las actividades del sujeto pasivo como investigación y desarrollo, o en la letra a) de su apartado 2, para calificarlas como innovación tecnológica, teniendo en cuenta, en ambos casos, lo establecido en el apartado. Dicho informe tendrá carácter vinculante para la Administración tributaria. c)  Igualmente, a efectos de aplicar la presente deducción, el sujeto pasivo podrá solicitar a la Administración tributaria la adopción de acuerdos previos de valoración de los gastos e inversiones correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica, conforme a lo previsto en el artículo 91 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los sujetos pasivos podrán aportar informe motivado emitido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, por el departamento competente de las Comunidades Autónomas, o por un organismo adscrito a éstos, relativo al cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos exigidos en la letra a) del apartado 1 de este artículo, para calificar las actividades del sujeto pasivo como investigación y desarrollo, o en la letra a) de su apartado 2 para calificarlas como innovación tecnológica, teniendo en cuenta, en ambos casos, lo establecido en el apartado 3, así como a la identificación de los gastos e inversiones que puedan ser imputados a dichas actividades. Dicho informe tendrá carácter vinculante para la Administración tributaria.» JUSTIFICACIÓN Facilitar a las empresas, empresarios y profesionales el acceso a los informes necesarios para aplicar estos beneficios utilizando el principio de la desconcentración.

ENMIENDA NÚM. 61 FIRMANTE: Ana María Oramas González-Moro Pedro Quevedo Iturbe (Grupo Parlamentario Mixto) A la disposición final quinta. De supresión. Se propone la supresión de la referida disposición.

Este tipo de negocios pueden producir un grave impacto en la demanda de infraestructuras públicas, en el comercio tradicional y en el medio ambiente. No se trata de impedir su establecimiento sino que una superficie superior a los 500 metros bien pudiera requerir una autorización previa que valore los aspectos antes citados. Incluso se podría establecer un plazo máximo para otorgar la autorización.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado al Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2013.—Joan Tardà i Coma, Diputado.—Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 62 FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 4 De adición. Se añade un nuevo redactado en el apartado 1 del artículo 4, quedando redactado de la siguiente manera: «Los currículos de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional incorporarán objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación de la formación orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.» JUSTIFICACIÓN Mejora técnica con el fin de garantizar la aplicación plena a todas las fórmulas empresariales.

ENMIENDA NÚM. 63 FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 24 De adición.

«Las entidades que cumplan los requisitos establecidos en los apartados 1, 2 o 3 del artículo 108 incluyendo a las sociedades cooperativas y tributen de acuerdo con la escala de gravamen prevista en el artículo 114, ambos de esta Ley, tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra del 10 % de los beneficios del ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, que se

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Se añade un nuevo redactado en el apartado 1 del artículo 37 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo —que se modifica mediante el artículo 24—, quedando con el siguiente redactado:

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inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, siempre que cumplan las condiciones establecidas en este artículo. Esta deducción será del 5 % en el caso de entidades que tributen de acuerdo con la escala de gravamen prevista en la disposición adicional duodécima de esta Ley. La inversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la puesta a disposición de los elementos patrimoniales, incluso en el supuesto de elementos patrimoniales que sean objeto de los contratos de arrendamiento financiero a los que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. No obstante, en este último caso, la deducción estará condicionada, con carácter resolutorio, al ejercicio de la opción de compra. En el caso de entidades que tributen en el régimen de consolidación fiscal, la inversión podrá efectuarla cualquier entidad que forme parte del grupo.» JUSTIFICACIÓN Mejora técnica con el fin de garantizar la aplicación plena a todas las fórmulas empresariales.

ENMIENDA NÚM. 64 FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 25 De adición. Se añade un nuevo apartado —el cuatro— en el artículo 25, con el siguiente redactado:

1.  Será deducible de la cuota íntegra la cantidad de 9.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de la plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33 % contratados por el sujeto pasivo, experimentado durante el periodo impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por 100 del período inmediatamente anterior. 2.  Será deducible de la cuota íntegra la cantidad de 12.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de la plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 65 % contratados por el sujeto pasivo, experimentado durante el periodo impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 65 % del período inmediatamente anterior. 3.  El importe de las deducciones reguladas en los números 1 y 2 anteriores se incrementará en un 100 % en caso de que el sujeto pasivo sea considerado como empresa de reducida dimensión conforme a lo previsto en el artículo 108 de esta Ley. 4.  La deducción prevista en el presente artículo no se computará a los efectos del cálculo del límite previsto en el artículo 44 de esta Ley.»

cve: BOCG-10-A-52-2

«Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifica la redacción del artículo 41 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que quedará redactado del siguiente modo:

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JUSTIFICACIÓN Tras la reforma operada en el año 2006, la Deducción por Creación de Empleo que se prevé en el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para trabajadores con discapacidad ha sido uno de los pocos que se ha mantenido tras la desaparición progresiva de la mayor parte de las deducciones allí contempladas. Esto viene motivado sin duda, por la preocupación del legislador y su creciente atención hacia el colectivo que conforman las personas con discapacidad que no hay que olvidar tienen obstáculos de entrada al mercado laboral superiores a los del resto de personas que conforman la población en condiciones de acceder al complicado mercado laboral de nuestro país. No obstante lo anterior, no hay que olvidar que pese al mantenimiento de la deducción, ni su importe ni las condiciones para su aplicación se han visto modificado desde hace varios años, lo que nos lleva a plantear que, si lo que se quiere en este momento de grave crisis es incentivar la creación de empleo, como así ha demostrado el legislador al hilo de la reciente reforma laboral aprobada en Real Decretoley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en la que se han incluido medidas de fomento de la contratación indefinida, sería no sólo conveniente, sino claramente incentivador, el que se reformara la deducción con el fin de elevar su importe y modularlo en función del grado de discapacidad de los trabajadores, así como en función de la condición o no de empresa de reducida dimensión del sujeto pasivo. Asimismo, la propuesta que se realiza contempla que la deducción se pueda aplicar sin límite sobre cuota y una ampliación de su ámbito de aplicación eliminando la necesidad de que el contrato sea indefinido y a jornada completa. Además, se propone la eliminación de la incompatibilidad con la libertad de amortización con creación de empleo que se prevé en el número 3 de la actual redacción del artículo 41 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Con esta batería de medidas se fomentará, sin duda, la contratación de personas con discapacidad, colectivo con especiales dificultades de acceso a un mercado laboral, ya de por sí complejo en estos momentos, siendo esta medida el perfecto complemento a las medidas favorecedoras del emprendimiento que son el eje del Proyecto.

ENMIENDA NÚM. 65 FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 25 De adición. Se añade un nuevo apartado —el cinco— en el artículo 25, con el siguiente redactado:

«Estarán exentas de tributación por este impuesto las ayudas percibidas por las entidades de nueva creación con derecho a aplicar lo previsto en la presente disposición, que hayan sido otorgadas por las Administraciones Públicas en el marco de programas de apoyo a los emprendedores y estén ligadas al ejercicio de actividades económicas.»

cve: BOCG-10-A-52-2

«Se añade un nuevo apartado —el cinco— en la disposición adicional decimonovena del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, con el siguiente redactado:

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JUSTIFICACIÓN En el marco de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas pueden existir ayudas dirigidas al estímulo de los emprendedores que deberían estar, asimismo, exentas de tributación con el fin de no penalizar a los que inician su actividad económica.

ENMIENDA NÚM. 66 FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 26 De adición. Se añade un nuevo redactado en el título del artículo 38 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de o Residentes y sobre el Patrimonio —que se modifica mediante el apartado dos del artículo 26—, quedando con el siguiente redactado: «Artículo 38.  Incentivos fiscales para inversiones en empresas de nueva creación y por inversión de beneficios, sean sociedades de capital, cooperativas o sociedades laborales.»

El artículo 26 del Proyecto prevé la creación de una deducción del 20 % en la cuota del IRPF para las cantidades satisfechas en el período, por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, mediante la introducción de un nuevo apartado 1 en el artículo 68 de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF. Dado que el proyecto contempla la deducción solo para aportaciones realizadas en el momento de la constitución o en los tres años siguientes a la misma. Ahora bien, esto no satisface las necesidades de cooperativas y sociedades laborales, que deben capitalizarse con base en las aportaciones de sus trabajadores o socios trabajadores de trabajo durante toda la vida de la misma. Tampoco se cumple con ello el objetivo de facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de la empresa, que genera beneficios indudables para la resistencia de éstas, y supone un obstáculo para la deslocalización de las mismas, como ponen de manifiesto las repetidas manifestaciones de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo acerca de las ventajas de este tipo de empresas para el crecimiento económico y el bienestar social. En el proyecto, la deducción se aplica a las aportaciones de carácter temporal, término incompatible con la naturaleza de las cooperativas de trabajo y sociedades laborales, que precisamente se constituyen por quienes van a ser propietarios de la empresa durante su vida laboral. En el contexto indicado es en el que debe entenderse las manifestaciones del Comité Económico y Social español, que en su Dictamen sobre el anteproyecto de ley, de fecha 10 de junio de 2013, en su análisis del Título II se pronunciaba en el sentido de que «echa de menos concretamente en materia fiscal que los incentivos fiscales regulados en este Título se extiendan a las Cooperativas y Sociedades Laborales.» Por ello, para evitar este efecto penalizador entre distintas formas sociales y entre distintas formas de inversión, se propone la aplicación de la deducción también para las inversiones realizadas por los socios laborales y trabajadores de Sociedades laborales y de Cooperativas de trabajo asociado.

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Pág. 73 ENMIENDA NÚM. 67

FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 26 De adición. Se añade un nuevo redactado en el apartado 2 del artículo 38 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio —que se modifica mediante el apartado dos del artículo 26— quedando con el siguiente redactado: «Podrán excluirse de gravamen las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de acciones o participaciones de las entidades de nueva o reciente creación, sean sociedades de capital, cooperativas y sociedades laborales a que se refiere el artículo 68.1 de esta Ley, siempre que el importe total obtenido por la transmisión se reinvierta en la adquisición de acciones o participaciones de las citadas entidades en las condiciones que reglamentariamente se determinen.» JUSTIFICACIÓN

cve: BOCG-10-A-52-2

El artículo 26 del proyecto prevé la creación de una deducción del 20 % en la cuota del IRPF para las cantidades satisfechas en el período, por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, mediante la introducción de un nuevo apartado 1 en el artículo 68 de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF. Dado que el proyecto contempla la deducción sólo para aportaciones realizadas en el momento de la constitución o en los tres años siguientes a la misma. Ahora bien, esto no satisface las necesidades de cooperativas y sociedades laborales, que deben capitalizarse con base en las aportaciones de sus trabajadores o socios trabajadores de trabajo durante toda la vida de la misma. Tampoco se cumple con ello el objetivo de facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de la empresa, que genera beneficios indudables para la resistencia de éstas, y supone un obstáculo para la deslocalización de las mismas, como ponen de manifiesto las repetidas manifestaciones de la Comisión, el Parlamento europeo y el Comité Económico y Social europeo acerca de las ventajas de este tipo de empresas para el crecimiento económico y el bienestar social. En el proyecto la deducción se aplica a las aportaciones de carácter temporal, término incompatible con la naturaleza de las cooperativas de trabajo y sociedades laborales, que precisamente se constituyen por quienes van a ser propietarios de la empresa durante su vida laboral. En el contexto indicado es en el que debe entenderse las manifestaciones del Comité Económico y Social español, que en su Dictamen sobre el ante Proyecto de Ley de fecha 10 de junio de 2013, en su análisis del Título II, se pronunciaba en el sentido de que «echa de menos concretamente en materia fiscal que los incentivos fiscales regulados en este Título se extiendan a las Cooperativas y Sociedades Laborales.» Por ello, para evitar este efecto penalizador entre distintas formas sociales y entre distintas formas de inversión, se propone la aplicación de la deducción también para las inversiones realizadas por los socios laborales y trabajadores de Sociedades laborales y de Cooperativas de trabajo asociado.

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Pág. 74 ENMIENDA NÚM. 68

FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 26 De adición. Se añade un nuevo redactado en el apartado 1 del artículo 67 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de o Residentes y sobre el Patrimonio —que se modifica mediante el apartado tres del artículo 26— quedando con el siguiente redactado: «1.  La cuota líquida estatal del Impuesto será el resultado de disminuir la cuota integra estatal en la suma de: a)  La deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación, sean sociedades de capital, cooperativas y sociedades laborales, prevista en el apartado 1 del artículo 68 de esta Ley. b)  El 50 % del importe total de las de deducciones previstas en los apartados 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 68 de esta Ley.» JUSTIFICACIÓN

cve: BOCG-10-A-52-2

El artículo 26 del proyecto prevé la creación de una deducción del 20 % en la cuota del IRPF para las cantidades satisfechas en el período, por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, mediante la introducción de un nuevo apartado 1 en el artículo 68 de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF. Dado que el proyecto contempla la deducción sólo para aportaciones realizadas en el momento de la constitución o en los tres años siguientes a la misma. Ahora bien, esto no satisface las necesidades de cooperativas y sociedades laborales, que deben capitalizarse con base en las aportaciones de sus trabajadores o socios trabajadores de trabajo durante toda la vida de la misma. Tampoco se cumple con ello el objetivo de facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de la empresa, que genera beneficios indudables para la resistencia de éstas, y supone un obstáculo para la deslocalización de las mismas, como ponen de manifiesto las repetidas manifestaciones de la Comisión, el Parlamento europeo y el Comité Económico y Social europeo acerca de las ventajas de este tipo de empresas para el crecimiento económico y el bienestar social. En el proyecto la deducción se aplica a las aportaciones de carácter temporal, término incompatible con la naturaleza de las cooperativas de trabajo y sociedades laborales, que precisamente se constituyen por quienes van a ser propietarios de la empresa durante su vida laboral. En el contexto indicado es en el que debe entenderse las manifestaciones del Comité Económico y Social español, que en su Dictamen sobre el ante Proyecto de Ley de fecha 10 de junio de 2013, en su análisis del Título II, se pronunciaba en el sentido de que «echa de menos concretamente en materia fiscal que los incentivos fiscales regulados en este Título se extiendan a las Cooperativas y Sociedades Laborales.» Por ello, para evitar este efecto penalizador entre distintas formas sociales y entre distintas formas de inversión, se propone la aplicación de la deducción también para las inversiones realizadas por los socios laborales y trabajadores de Sociedades laborales y de Cooperativas de trabajo asociado.

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Pág. 75 ENMIENDA NÚM. 69

FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 26 De adición. Se añade un nuevo apartado —el sexto— al artículo 68 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio —que se modifica mediante el apartado cuatro del artículo 26— con el siguiente redactado: «La misma deducción prevista en el apartado 1.º será de aplicación a las cantidades satisfechas en el período para la suscripción de acciones o participaciones en cooperativas y sociedades laborales. Así se considerará a las acciones y participaciones de la clase laboral de sociedades laborales, y las participaciones en el capital de las cooperativas por sus socios trabajadores o de trabajo, o que habiliten para adquirir dicha condición. Para la aplicación de esta deducción no será necesario que la aportación tenga un carácter temporal ni cumplir los requisitos previstos en los números 2.º a) y 3.º a) de este apartado 1. Para la base de esta deducción, no se tendrán en cuenta las cantidades aportadas por la propia sociedad, las que hayan disfrutado de la deducción por cuenta ahorro-empresa, las cantidades exentas en el impuesto por constituir prestaciones por desempleo en pago único, las cantidades exentas por reinversión de dividendos contempladas en el artículo anterior, ni las subvenciones recibidas de Entidades públicas con dicho fin. Las acciones o participaciones en el capital deberán mantenerse en el patrimonio del inversor durante todo el período que dure la relación laboral con la sociedad, o la realización de prestaciones de trabajo para la misma.»

El artículo 26 del proyecto prevé la creación de una deducción del 20 % en la cuota del IRPF para las cantidades satisfechas en el período, por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, mediante la introducción de un nuevo apartado 1 en el artículo 68 de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF. Dado que el proyecto contempla la deducción sólo para aportaciones realizadas en el momento de la constitución o en los tres años siguientes a la misma. Ahora bien, esto no satisface las necesidades de cooperativas y sociedades laborales, que deben capitalizarse con base en las aportaciones de sus trabajadores o socios trabajadores de trabajo durante toda la vida de la misma. Tampoco se cumple con ello el objetivo de facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de la empresa, que genera beneficios indudables para la resistencia de éstas, y supone un obstáculo para la deslocalización de las mismas, como ponen de manifiesto las repetidas manifestaciones de la Comisión, el Parlamento europeo y el Comité Económico y Social europeo acerca de las ventajas de este tipo de empresas para el crecimiento económico y el bienestar social. En el proyecto la deducción se aplica a las aportaciones de carácter temporal, término incompatible con la naturaleza de las cooperativas de trabajo y sociedades laborales, que precisamente se constituyen por quienes van a ser propietarios de la empresa durante su vida laboral. En el contexto indicado es en el que debe entenderse las manifestaciones del Comité Económico y Social español, que en su Dictamen sobre el ante Proyecto de Ley de fecha 10 de junio de 2013, en su análisis del Título II, se pronunciaba en el sentido de que «echa de menos concretamente en materia fiscal que los incentivos fiscales regulados en este Título se extiendan a las Cooperativas y Sociedades Laborales.» Por ello, para evitar este efecto penalizador entre distintas formas sociales y entre distintas formas de inversión, se propone la aplicación de la deducción también para las inversiones realizadas por los socios laborales y trabajadores de Sociedades laborales y de Cooperativas de trabajo asociado.

cve: BOCG-10-A-52-2

JUSTIFICACIÓN

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Pág. 76 ENMIENDA NÚM. 70

FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 26 De adición. Se añade un nuevo párrafo en el número 1.º del apartado 1 del artículo 68 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio —que se modifica mediante el apartado cuatro del artículo 26— con el siguiente redactado: «La inversión en las cooperativas no será causa de pérdida de la condición de especialmente protegida prevista en los artículos 7 y siguientes de la Ley 20/1990.» JUSTIFICACIÓN El artículo 26 del proyecto prevé la creación de una deducción del 20 % en la cuota del IRPF para las cantidades satisfechas en el período, por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, mediante la introducción de un nuevo apartado 1 en el artículo 68 de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF. Dado que el proyecto contempla la deducción sólo para aportaciones realizadas en el momento de la constitución o en los tres años siguientes a la misma. Ahora bien, esto no satisface las necesidades de cooperativas y sociedades laborales, que deben capitalizarse con base en las aportaciones de sus trabajadores o socios trabajadores de trabajo durante toda la vida de la misma. Tampoco se cumple con ello el objetivo de facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de la empresa, que genera beneficios indudables para la resistencia de éstas, y supone un obstáculo para la deslocalización de las mismas, como ponen de manifiesto las repetidas manifestaciones de la Comisión, el Parlamento europeo y el Comité Económico y Social europeo acerca de las ventajas de este tipo de empresas para el crecimiento económico y el bienestar social. En el proyecto la deducción se aplica a las aportaciones de carácter temporal, término incompatible con la naturaleza de las cooperativas de trabajo y sociedades laborales, que precisamente se constituyen por quienes van a ser propietarios de la empresa durante su vida laboral. En el contexto indicado es en el que debe entenderse las manifestaciones del Comité Económico y Social español, que en su Dictamen sobre el ante Proyecto de Ley de fecha 10 de junio de 2013, en su análisis del Título II, se pronunciaba en el sentido de que «echa de menos concretamente en materia fiscal que los incentivos fiscales regulados en este Título se extiendan a las Cooperativas y Sociedades Laborales.» Por ello, para evitar este efecto penalizador entre distintas formas sociales y entre distintas formas de inversión, se propone la aplicación de la deducción también para las inversiones realizadas por los socios laborales y trabajadores de Sociedades laborales y de Cooperativas de trabajo asociado.

ENMIENDA NÚM. 71

Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 26 De adición. Se añade un nuevo redactado en el apartado 1 del artículo 70 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los

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FIRMANTE:

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Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de o Residentes y sobre el Patrimonio —que se modifica mediante el apartado siete del artículo 26— con el siguiente redactado: «La aplicación de la deducción por cuenta ahorro-empresa y de la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación sean sociedades de capital, cooperativas y sociedades laborales, requerirá que el importe comprobado del patrimonio del contribuyente al finalizar el período de la imposición exceda del valor que arrojase su comprobación al comienzo del mismo al menos en la cuantía de las inversiones realizadas.» JUSTIFICACIÓN El artículo 26 del proyecto prevé la creación de una deducción del 20 % en la cuota del IRPF para las cantidades satisfechas en el período, por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, mediante la introducción de un nuevo apartado 1 en el artículo 68 de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF. Dado que el proyecto contempla la deducción sólo para aportaciones realizadas en el momento de la constitución o en los tres años siguientes a la misma. Ahora bien, esto no satisface las necesidades de cooperativas y sociedades laborales, que deben capitalizarse con base en las aportaciones de sus trabajadores o socios trabajadores de trabajo durante toda la vida de la misma. Tampoco se cumple con ello el objetivo de facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de la empresa, que genera beneficios indudables para la resistencia de éstas, y supone un obstáculo para la deslocalización de las mismas, como ponen de manifiesto las repetidas manifestaciones de la Comisión, el Parlamento europeo y el Comité Económico y Social europeo acerca de las ventajas de este tipo de empresas para el crecimiento económico y el bienestar social. En el proyecto la deducción se aplica a las aportaciones de carácter temporal, término incompatible con la naturaleza de las cooperativas de trabajo y sociedades laborales, que precisamente se constituyen por quienes van a ser propietarios de la empresa durante su vida laboral. En el contexto indicado es en el que debe entenderse las manifestaciones del Comité Económico y Social español, que en su Dictamen sobre el ante Proyecto de Ley de fecha 10 de junio de 2013, en su análisis del Título II, se pronunciaba en el sentido de que «echa de menos concretamente en materia fiscal que los incentivos fiscales regulados en este Título se extiendan a las Cooperativas y Sociedades Laborales.» Por ello, para evitar este efecto penalizador entre distintas formas sociales y entre distintas formas de inversión, se propone la aplicación de la deducción también para las inversiones realizadas por los socios laborales y trabajadores de Sociedades laborales y de Cooperativas de trabajo asociado.

ENMIENDA NÚM. 72 FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 26

Se añade un nuevo apartado —el 1. Bis— redactado en el artículo 70 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio —que se modifica mediante el apartado siete del artículo 26— con el siguiente redactado: «Darán lugar a una deducción en la cuota del IRPF del 15 % de su importe: a)  Las cantidades efectivamente satisfechas durante el ejercicio para la adquisición de acciones o suscripción de participaciones de la clase laboral de una sociedad laboral, a o títulos que

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De adición.

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supongan acceso futuro a dicha participación, o participación en el capital social de una cooperativa de trabajo. Para la base de esta deducción, no se tendrán en cuenta las cantidades aportadas por la propia sociedad, las que hayan disfrutado de la deducción por cuenta ahorro-empresa, las cantidades exentas en el impuesto por constituir prestaciones por desempleo en pago único, las cantidades exentas por reinversión de dividendos contempladas en el artículo anterior, ni las subvenciones recibidas de Entidades públicas con dicho fin. b)  La misma deducción del apartado anterior se aplicará al promotor de una sociedad laboral o cooperativa de trabajo por las cantidades satisfechas para su constitución. En ambos casos, la participación en el capital de la sociedad laboral o de la cooperativa de trabajo deberá mantenerse en el patrimonio del inversor durante todo el período que dure la relación laboral y preste sus servicios como socio trabajador con la sociedad.» JUSTIFICACIÓN El artículo 26 del proyecto prevé la creación de una deducción del % en la cuota del IRPF para las cantidades satisfechas en el período, por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, mediante la introducción de un nuevo apartado 1 en el artículo 68 de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF. Dado que el proyecto contempla la deducción sólo para aportaciones realizadas en el momento de la constitución o en los tres años siguientes a la misma. Ahora bien, esto no satisface las necesidades de cooperativas y sociedades laborales, que deben capitalizarse con base en las aportaciones de sus trabajadores o socios trabajadores de trabajo durante toda la vida de la misma. Tampoco se cumple con ello el objetivo de facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de la empresa, que genera beneficios indudables para la resistencia de éstas, y supone un obstáculo para la deslocalización de las mismas, como ponen de manifiesto las repetidas manifestaciones de la Comisión, el Parlamento europeo y el Comité Económico y Social europeo acerca de las ventajas de este tipo de empresas para el crecimiento económico y el bienestar social. En el proyecto la deducción se aplica a las aportaciones de carácter temporal, término incompatible con la naturaleza de las cooperativas de trabajo y sociedades laborales, que precisamente se constituyen por quienes van a ser propietarios de la empresa durante su vida laboral. En el contexto indicado es en el que debe entenderse las manifestaciones del Comité Económico y Social español, que en su Dictamen sobre el ante Proyecto de Ley de fecha 10 de junio de 2013, en su análisis del Título II, se pronunciaba en el sentido de que «echa de menos concretamente en materia fiscal que los incentivos fiscales regulados en este Título se extiendan a las Cooperativas y Sociedades Laborales.» Por ello, para evitar este efecto penalizador entre distintas formas sociales y entre distintas formas de inversión, se propone la aplicación de la deducción también para las inversiones realizadas por los socios laborales y trabajadores de Sociedades laborales y de Cooperativas de trabajo asociado.

ENMIENDA NÚM. 73 FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto)

De adición. Se añade un nuevo apartado —el trece— en el artículo 25 con el siguiente redactado: Se añade un nuevo párrafo en la letra n) del artículo 7 de la apartado —el cinco— en Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las

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Al artículo 26

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Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio con el siguiente redactado: «Igualmente, estarán exentas las ayudas otorgadas por las Administraciones Públicas que se deriven de programas de incentivos a emprendedores siempre que estén ligadas al comienzo del ejercicio de una actividad económica según la definición que se contempla en esta Ley.» JUSTIFICACIÓN Del mismo modo que en la enmienda 4, en el marco de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas pueden existir ayudas dirigidas al estímulo de los emprendedores que deberían estar asimismo exentas de tributación con el fin de no penalizar a los que inician su actividad económica.

ENMIENDA NÚM. 74 FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 26 De adición. Se añade un nuevo apartado —el catorce— en el artículo 25 con el siguiente redactado: Se añade un nuevo segundo párrafo en el apartado 3 del artículo 32 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio con el siguiente redactado: «La reducción prevista en el párrafo anterior se incrementará en cinco puntos porcentuales en el caso de que el contribuyente sea una persona con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento.»

El apartado 3 al artículo 32 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (reducción en rendimientos de las actividades económicas), introducido recientemente por el Real Decreto-ley 4/2013, de apoyo al emprendedor, tiene como objeto incluir una reducción del 20 % para aquellos contribuyentes que inicien la realización de actividades económicas. Esta medida tan favorecedora no puede obviar la realidad de que el autoempleo es una de las vías utilizadas por las personas con discapacidad (a veces como única vía posible) para lograr su plena inserción en la sociedad, y por ello, en aras al cumplimiento del mandato constitucional recogido en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, consideramos que sería incentivador para el colectivo de personas con discapacidad, que esta reducción se viera incrementada en un 5 % . Esta medida que proponemos iría en línea con las reducciones incrementadas que ya se contemplan en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los rendimientos del trabajo (art. 20.3) y para los rendimientos de actividades económicas (art. 32.2.1.º) en aquellos casos en que los contribuyentes son personas con discapacidad.

cve: BOCG-10-A-52-2

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Pág. 80 ENMIENDA NÚM. 75

FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 27.bis De adición. Se añade un nuevo artículo 27.bis con el siguiente redactado: Artículo 27.bis.  Modificación de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad. La Ley 20/1990, Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad queda modificada en los siguientes términos: Uno.  Se modifica la disposición adicional undécima con el siguiente redactado: «1.  Las personas con discapacidad en alta en el Régimen especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o como trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, se beneficiarán, mientras dure la situación de alta, de una bonificación del 100 % de la cuota, que resulte de aplicar sobre la base de cotización el tipo vigente en el mencionado Régimen Especial. Se consideran personas con discapacidad las personas definidas en el párrafo tercero del apartado segundo del artículo uno de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 2.  Lo dispuesto en apartado anterior será también de aplicación a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado, que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o como trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, cuando cumplan los requisitos de los apartados anteriores de esta disposición adicional.» JUSTIFICACIÓN Esta propuesta de mejora de la redacción dada en el proyecto de ley se justifica por la extremadamente baja tasa de empleo de las personas con discapacidad, su mayor tasa de desempleo y la urgencia por activar y dar salidas laborales a este colectivo.

ENMIENDA NÚM. 76 FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 32.bis De adición. Se añade un nuevo artículo 32.bis con el siguiente redactado: Con el fin de garantizar un mejor acceso a la financiación de proyectos de emprendedores y jóvenes empresas se establecen las siguientes medidas: 1.  Un incentivo del 35 % de desgravación fiscal para inversiones de particulares en empresas de menos de tres años manteniendo al menos durante este tiempo su inversión en dichas empresas.

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«Artículo 27.bis.  Medidas de acceso a financiación alternativa.

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2.  Reducción de un 50 por ciento de los gravámenes impositivos para las ampliaciones de capital de empresas durante los primeros cinco años desde su creación.» JUSTIFICACIÓN Esta propuesta pretende garantizar un mejor acceso a la financiación de proyectos de emprendedores y jóvenes empresas, uno de los objetivos de este proyecto de ley. Se propone una reducción de los gravámenes impositivos durante el primer período de vida de la empresa. Cinco años es el tiempo promedio por el que se convierten en Pymes y ya se ha superado su primera fase de crecimiento, y de esta forma se pretende que puedan reducir los costes notariales y específicos para dicho proceso.

ENMIENDA NÚM. 77 FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 36 De supresión. JUSTIFICACIÓN Se suprime el artículo dado que su contenido no debe ser considerado una carga para las empresas sino un derecho y deber de los empleados y de los empleadores.

ENMIENDA NÚM. 78 FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) Al título VI De adición. Se añade un nuevo Título VI con el siguiente redactado: «TÍTULO VI El emprendimiento social CAPÍTULO I Medidas de fomento Se consideran emprendedores sociales aquellas personas que desarrollan una actividad económica de conformidad con los siguientes principios: a)  Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social.

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Artículo 74.  Emprendedores sociales.

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b)  Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad. c)  Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar. Artículo 75.  Formación en emprendimiento social. 1.  Las medidas previstas en el Capítulo I del Título I también se entenderán de aplicación al emprendimiento social. 2.  Las empresas de Economía Social participarán en todos los órganos que tengan por objetivo impulsar y difundir la formación profesional para el empleo entre empresa y trabajadores. 3.  El Instituto Nacional de las Cualificaciones deberá contemplar las especificidades de la Economía Social en su tarea de definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. CAPÍTULO II Modificaciones en los tipos de gravamen Artículo 76.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. El texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, queda redactado de la siguiente manera: Uno.  Se modifica el apartado 3 del artículo 28 que queda redactado de la siguiente manera: ”Tributarán al 15 % las sociedades cooperativas fiscalmente protegidas, excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que tributarán al tipo general o, en su caso, al tipo reducido que les sea aplicable según esta ley, siempre que cumplan con las condiciones requeridas.” Dos.  Se añade un nuevo párrafo al artículo 114 con el siguiente redactado: ”Esta escala será de aplicación asimismo a los resultados extracooperativos de las cooperativas. A estos efectos, la cifra neta de negocios a considerar será la global de la cooperativa, incluidas las operaciones de sus socios.” Tres.  Se añade un nuevo apartado en la disposición adicional duodécima con el siguiente redactado: ”Esta escala será de aplicación asimismo a los resultados extracooperativos de las cooperativas. A estos efectos, la cifra neta de negocios a considerar será la global de la cooperativa, incluidas las operaciones de sus socios.” Artículo 77.  Modificación de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

Uno.  Se modifica el apartado 2 del artículo 33 que queda redactado de la siguiente manera: ”En el Impuesto sobre Sociedades se aplicarán los siguientes tipos de gravamen: a)  A la base imponible, positiva o negativa, correspondiente a los resultados cooperativos se les aplicará el tipo del 15 % .

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La Ley 20/1990, de 19 de diciembre sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas queda modificada en los siguientes términos:

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b)  A la base imponible, positiva o negativa, correspondiente a los resultados extracooperativos se les aplicará el tipo general o el tipo especial para el que cumpliera los requisitos pertinentes.” CAPÍTULO III Participación en Entidades de naturaleza no cooperativa Artículo 78.  Modificación de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. La Ley 20/1990, de 19 de diciembre sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas queda modificada en los siguientes términos: Uno.  Se modifica el apartado 9 del artículo 13 que queda redactado de la siguiente manera: ”Participación de la cooperativa, en el capital social de Entidades no cooperativas en una cuantía conjunta superior al 100 % de los Fondos propios de la propia cooperativa, en el ejercicio en que se adquiera la participación. Este límite será el aplicable en el caso de que se trate de entidades que realicen actividades iguales o similares, o bien preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia cooperativa. En caso contrario, dicha participación no podrá superar el 50 % de dichos recursos. No se aplicarán este último límite a las participaciones que la cooperativa ostente en sociedades mercantiles, siempre que una norma legal prevea esta forma societaria para el desarrollo de una actividad, si dicha actividad forma parte del objeto social de la cooperativa. A los efectos previstos en este artículo se considerarán en todo caso como recursos propios, además de los que tengan dicha consideración a efectos contables: a)  El Capital Social de la cooperativa, y el Fondo de Reserva Obligatorio, aun cuando no tengan la consideración de pasivo financiero a efectos contables; b)  Los pasivos a largo plazo que estén constituidos por préstamos participativos, así como aquellos otros cuya titularidad sea de los socios de la cooperativa. El Ministerio de Economía y Hacienda podrá autorizar participaciones superiores en aquellos casos en que se justifique que tal participación coadyuva al mejor cumplimiento de los fines sociales cooperativos y no supone una vulneración de los principios fundamentales de actuación de estas entidades. Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la resolución expresamente a la cooperativa, se entenderá otorgada la autorización.” CAPÍTULO VI Incentivos a las sociedades cooperativas Artículo 79.  Modificación de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. La Ley 20/1990, de 19 de diciembre sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas queda modificada en los siguientes términos: Uno.  Se modifica el artículo 6 que queda redactado de la siguiente manera:

1.  Se consideraran protegidas, a los efectos de esta Ley, aquellas Entidades que, sea cual fuere la fecha de su constitución, se ajusten a los principios y disposiciones de la Ley General de Cooperativas o de las Leyes Cooperativas de las Comunidades Autónomas que tengan competencia en esta materia y no incurran de las causas previstas en el artículo 13. 2.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las normas contenidas en el Capítulo cuarto del Título II de esta Ley serán de aplicación a todas las Cooperativas regularmente constituidas e inscritas en el Registro de Cooperativas correspondiente, aun en el caso de que incurran en alguna de las causas de pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida.

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«Artículo 6.  Cooperativas protegidas: su consideración tributaria.

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En este último supuesto, las cooperativas tributarán por el tipo de aplicación en cooperativas no protegidas por la totalidad de sus resultados.” Dos.  Se modifica el artículo 26 que queda redactado de la siguiente manera: ”Artículo 26.  Incentivos por creación de empleo. Cualquier incentivo o beneficio relacionado con la creación de empleo se entenderá de aplicación, asimismo, a los supuestos de admisión definitiva de los socios trabajadores y socios de trabajo de las cooperativas. También en el caso de incentivos al mantenimiento de dicho empleo.” Tres.  Se modifica el artículo 31 que queda redactado de la siguiente manera: ”Artículo 31.  Tratamiento en el Impuesto sobre el Patrimonio y cuenta ahorro-empresa. A efectos de lo dispuesto en el artículo 6.º.f), de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, la valoración de las participaciones de los socios o asociados en el capital social de las Cooperativas se determinará en función del importe total de las aportaciones sociales desembolsadas, obligatorias o voluntarias, resultante del último balance aprobado, con deducción, en su caso, de las pérdidas sociales no reingresadas. Se aplicará a la constitución de cooperativas lo dispuesto en el artículo 68.6 de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en lo relativo a la deducción por cuenta ahorro-empresa. Idéntica deducción se aplicará para las aportaciones obligatorias y cuotas de ingreso realizadas en el ejercicio de la constitución y durante los primeros cinco años desde la inscripción de la cooperativa en el Registro correspondiente, o desde el alta del socio, siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicho precepto.” Artículo 80.  Modificación de la Ley 38/2011, de 9 de julio, Concursal. La Ley 20/1990, de 19 de diciembre sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas queda modificada en los siguientes términos: Uno.  Se añade un nuevo párrafo al apartado 4 del artículo 64 con el siguiente redactado: ”Asimismo, la solicitud recogerá el posicionamiento de los trabajadores o de su representación legal en relación con la posibilidad de que estos quieran asumir la responsabilidad de mantener la actividad empresarial a través de la transformación de la antigua empresa en una nueva, de propiedad colectiva, bajo la fórmula cooperativa de trabajo o sociedad laboral.” Artículo 81.  Modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, queda redactado de la siguiente manera: Uno.  Se añade un nuevo artículo 26.bis con el siguiente redactado: ”Artículo 26.bis.  Cláusulas sociales. Se reconoce la posibilidad de que en los correspondientes pliegos de cláusulas de contratación se incluyan cláusulas sociales, así como en la concurrencia de los requisitos objetivos por los que puedan resultar adjudicatarias las empresas de la Economía Social.

«En los contratos relativos a la prestación de servicios incluidos en la cartera de servicios correspondientes de las administraciones públicas competentes, y que sean concertados con medios ajenos, deberá considerarse a las empresas de Economía Social. Estos conciertos deberán ser consecuencia de convenio de colaboración con las Administraciones Públicas en base a criterios objetivos de planificación de la oferta y la demanda o de un contrato

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Dos.  Se añade un nuevo apartado —el tres— al artículo 169 con el siguiente redactado:

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marco entre las partes, siempre que este haya sido adjudicado con sujeción a las normas de esta Ley.” CAPÍTULO V Límites a las Cooperativas de trabajo asociado Artículo 82.  Modificación de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. La Ley 20/1990, de 19 de diciembre sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas queda modificada en los siguientes términos: Uno.  Se añade un nuevo apartado 3 en la disposición adicional tercera con el siguiente redactado: ”Con carácter excepcional y con el fin de promocionar la creación de empleo, los trabajadores contratados desde la entrada en vigor de esta Ley y hasta 31 de diciembre de 2018 por las cooperativas de trabajo asociado no se computarán a los efectos previstos en el artículo 8 de la Ley, siempre que se cumplan los límites previstos en los apartados 10 y 11 del artículo 13.” CAPÍTULO VI Ajuste y equiparación al resto de sociedades Artículo 83.  Modificación de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. La Ley 20/1990, de 19 de diciembre sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas queda modificada en los siguientes términos: Uno.  Se añade un nuevo apartado en el artículo 7 con el siguiente redactado: ”Las Cooperativas que desempeñen más de una actividad, para ser especialmente protegidas, deberán cumplir los requisitos correspondientes a su actividad principal, si la hubieran definido en sus Estatutos. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 12.” Dos.  Se modifica el apartado 1 del artículo 24 que queda redactado de la siguiente manera: ”Si la suma algebraica a que se refiere el artículo anterior resultase negativa, su importe podrá compensarse por la cooperativa con las cuotas íntegras positivas de los periodos impositivos que concluyan en los dieciocho años inmediatos y sucesivos. A los solos efectos de determinar los importes compensables, la Administración tributaria podrá comprobar las declaraciones y liquidar las cuotas negativas correspondientes aunque haya transcurrido el plazo al que se refiere el artículo 64 de la Ley General Tributaria.”

La Proposición no de Ley presentada por Esquerra Republicana, sobre la promoción del Año Internacional de las Cooperativas y medidas de fomento a las mismas, aprobada el día 19 de junio de 2012, reconoce el valor del Cooperativismo como elemento de solidaridad, cohesión social, motor de crecimiento económico, generación de la riqueza y especialmente de creación de puestos de trabajo, e incorpora un mandato parlamentario que insta al Gobierno a incorporar políticas de apoyo al cooperativismo en el Proyecto de Ley de Emprendedores. En el actual contexto de crisis económica, de deterioro del estado del bienestar y precarización del trabajo, las cooperativas y otras entidades y empresas que contempla la economía social son capaces de generar ocupación estable y de calidad.

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JUSTIFICACIÓN

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Sin embargo, el Proyecto de Ley obvia por completo los emprendedores sociales. La Economía Social, como tercera gran línea de la economía está siendo una baza positiva para el sostenimiento de muchos proyectos empresariales. El emprendimiento social, formado por un corriente emprendedor de personas que tienen inquietudes transformadoras de su entorno ante los nuevos retos sociales y medioambientales que proponen soluciones innovadoras para resolverlos. Utilizan estrategias empresariales para organizarse, crear y administrar proyectos de base económica pero con enfoque social, orientados al cambio social, intentando conciliar el enfoque económico con los retos sociales, ambientales, y transformación positiva del entorno que se abordan.

ENMIENDA NÚM. 79 FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) Nueva disposición adicional décimo tercera De adición. Se añade una nueva disposición adicional —la décimotercera— con el siguiente redactado: «Disposición adicional décimotercera.  Alcance de las medidas La incorporación de socios trabajadores a las cooperativas y sociedades laborales, con independencia de la antigüedad de la empresa, comportará el acceso a las medidas de apoyo e internacionalización contempladas en la presente Ley, como emprendedores.» JUSTIFICACIÓN Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 80 FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) Nueva disposición adicional décimo cuarta De adición. Se añade una nueva disposición adicional —la décimo cuarta— con el siguiente redactado:

El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, queda redactado de la siguiente manera: Uno.  Se añade un nuevo apartado —el tres— al artículo 169 con el siguiente redactado: ”En los contratos relativos a la prestación de servicios incluidos en la cartera de servicios correspondientes de las administraciones públicas competentes, y que sean concertados con medios ajenos, deberá considerarse a las empresas de Economía Social.

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«Disposición adicional décimocuarta.  Modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

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Estos conciertos deberán ser consecuencia de convenio de colaboración con las Administraciones Públicas en base a criterios objetivos de planificación de la oferta y la demanda o de un contrato marco entre las partes, siempre que este haya sido adjudicado con sujeción a las normas de esta Ley.” JUSTIFICACIÓN Se debe tener en cuenta el valor añadido de las empresas de la Economía social. Por ello, es necesario incluir en los contratos de gestión de servicios públicos a entidades de la Economía Social, en el procedimiento negociado.

ENMIENDA NÚM. 81 FIRMANTE: Joan Tardà i Coma (Grupo Parlamentario Mixto) Nueva disposición adicional décimo cuarta De adición. Se añade una nueva disposición adicional —la décimo cuarta—, con el siguiente redactado: «Disposición adicional décimo tercera.  Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda redactado de la siguiente manera: Uno.  Se modifica el artículo 98, que queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 98.  Exclusiones. No darán lugar a inclusión en este Régimen General los siguientes trabajos: a)  Los que se ejecuten ocasionalmente mediante los llamados servicios amistosos, benévolos o de buena vecindad. Asimismo, se consideraran servicios amistosos, benévolos o de buena vecindad, las colaboraciones sociales o de voluntariado deportivo, así como aquellas otras colaboraciones esporádicas y eventuales, con las entidades deportivas sin ánimo de lucro a secciones de deporte no profesional. b)  Los que den lugar a la inclusión en alguno de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social.» JUSTIFICACIÓN

A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de

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Mejora técnica.

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la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Palacio de Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2013.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

ENMIENDA NÚM. 82 FIRMANTE:

A efectos de sustituir el artículo 3

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Redacción que se propone: «Artículo 3. Emprendedores. ”Uno.  A los efectos de la presente Ley, se considera emprendedor a toda persona física que vaya a iniciar o haya iniciado una nueva actividad económica en los últimos veinticuatro meses, sea en nombre propio como trabajador autónomo o a través de cualquiera de las formas societarias o análogas existentes de conformidad con la legislación civil, laboral o mercantil admitida en derecho. Dos.  También se considerará emprendedor, a los efectos de ser beneficiario de inversiones realizadas por inversores de proximidad, aquellas empresas con menos de cinco años de antigüedad desde su creación, constituidas a través de cualquiera de las formas societarias o análogas existentes, de conformidad con la legislación civil, laboral o mercantil admitida en derecho. Tres.  Se consideran incluidas en los apartados anteriores, las empresas individuales, las sociedades mercantiles y otras formas societarias contempladas en el artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que tengan domicilio fiscal dentro de España. Cuatro.  En ningún caso podrán considerarse emprendedores las entidades que tengan como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Se entenderá que una entidad gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, por lo tanto, no realiza una actividad económica cuando concurran, durante más de noventa días del ejercicio social, cualquiera de las condiciones siguientes: a)  Que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o b)  Que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades económicas. Para determinar si existe actividad económica o si un elemento patrimonial se encuentra afecto a ella, se estará a lo dispuesto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”» JUSTIFICACIÓN Se presenta esta enmienda con el fin de acotar mejor el concepto de emprendedor.

ENMIENDA NÚM. 83

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A los efectos de modificar el artículo 3

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FIRMANTE:

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Redacción que se propone: «Artículo 3.  Emprendedores. Se consideran emprendedores aquellas personas, independientemente de su condición de persona física o jurídica, que desarrollen una actividad económica empresarial o profesional, en los términos establecidos en esta Ley.» JUSTIFICACIÓN Con el fin de guardar una cierta coherencia con el resto del articulado, debe concretarse la actividad económica a la de carácter empresarial o profesional del emprendedor, eliminando el término productiva, que es más indefinido y no se vuelve a mencionar en el texto de la norma.

ENMIENDA NÚM. 84 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado 2 del artículo 8 Redacción que se propone: «Artículo 8.  Eficacia de la limitación de responsabilidad. 2.  Podrá beneficiarse de la limitación de responsabilidad la vivienda habitual del deudor siempre que su valor no supere los 300.000 euros, valorada conforme a lo dispuesto en la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el momento de la inscripción en el Registro Mercantil. En el caso de viviendas situadas en población de más de 1.000.000 de habitantes se aplicará un coeficiente del 1,5 al valor del párrafo anterior. » JUSTIFICACIÓN Establecer un límite de 300.000 euros puede provocar discriminación dependiendo de la situación geográfica de la vivienda. Por ello, en caso de viviendas situadas en poblaciones de más de 1.000.000 habitantes se aplicará un coeficiente del 1,5.

ENMIENDA NÚM. 85 FIRMANTE:

A efectos de modificar el apartado 2 del artículo 8 Redacción que se propone: «Artículo 8.  Eficacia de la limitación de responsabilidad. 2.  Podrá beneficiarse de la limitación de responsabilidad la vivienda habitual del deudor siempre que no esté afecta a la actividad empresarial o profesional y que su valor no supere los

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300.000 euros, valorada conforme a lo dispuesto en la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el momento de la inscripción en el Registro Mercantil. Se presumen afectos a la actividad empresarial o profesional de los bienes relacionados con el Libro de inventario y cuentas anuales.» JUSTIFICACIÓN El artículo 8.2 establece que los inmuebles no estén afectos a actividad, pero no hace mención a la afectación parcial, situación común en un emprendedor en que «su casa» es a la vez su centro de trabajo. Por tanto, excluimos la afectación parcial de este precepto.

ENMIENDA NÚM. 86 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado 1 del artículo 9 Redacción que se propone: «Artículo 9.  Publicidad de la limitación de responsabilidad en el Registro de Propiedad. 1.  La condición de emprendedor de responsabilidad limitada se adquirirá mediante su constancia en la hoja abierta al mismo en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio. Además de las circunstancias ordinarias, la inscripción contendrá una indicación de los activos no afectos a la actividad conforme a los apartados 1 y 2 del artículo 8 de esta Ley y se practicará en la forma y con los requisitos previstos para la inscripción del empresario individual. También servirá de título el acta notarial o la instancia suscrita con la firma electrónica reconocida del empresario y remitida telemáticamente al Registro.» JUSTIFICACIÓN El artículo hace mención a la inscripción de los «bienes no afectos» en el Registro, pero por similitud a cualquier sociedad mercantil entendemos que esta protección tiene que hacer referencia a todos los activos no afectos a la actividad.

ENMIENDA NÚM. 87 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Redacción que se propone: «Artículo 11.  Cuentas anuales del emprendedor individual. 3.  Transcurridos siete meses desde el cierre del ejercicio social sin que se hayan depositado las cuentas anuales en el Registro Mercantil, el emprendedor perderá el beneficio de la limitación

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A efectos de modificar el apartado 3 del artículo 11

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de responsabilidad en relación con las deudas contraídas con posterioridad al fin de ese plazo. Recuperará el beneficio en el momento de la presentación.» JUSTIFICACIÓN Consideramos que no debe adelantarse el fin de plazo de depósito de cuentas, reduciendo el plazo de depósito y, en consecuencia, para la aprobación, a seis meses desde el cierre del ejercicio social, ya que los administradores de las sociedades de capital tienen tres meses para formular cuentas, hasta seis meses para aprobarlas y luego veinticinco días para depositarlas.

ENMIENDA NÚM. 88 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado 4 del artículo 11 Redacción que se propone: «Artículo 11.  Cuentas anuales del emprendedor individual. 4.  No obstante lo anterior, aquellos empresarios y profesionales que opten por la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada y que tributen por el régimen de estimación objetiva, o directa simplificada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, podrán dar cumplimiento a las obligaciones contables y de depósito de cuentas previstos en este artículo mediante el cumplimiento de los deberes formales establecidos en su régimen fiscal y mediante el depósito de un modelo estandarizado de doble propósito, fiscal y mercantil, en los términos que se desarrollen reglamentariamente.» JUSTIFICACIÓN Los autónomos en estimación directa simplificada que quieran acogerse a esta figura deberán afrontar nuevas obligaciones contables y registrales. Estos empresarios llevan libros de ingresos, de gastos y de bienes de inversión, lo que es suficiente para su actividad. Obligarles a llevar contabilidad y realizar cuentas anuales incrementa sus costes administrativos y, en general, les disuade de la posibilidad de registrarse como Emprendedor de Responsabilidad Limitada. Se propone que, del mismo modo que a los autónomos en módulos, se les admita el registro de sus libros fiscalmente obligatorios en modelo estandarizado del Registro Mercantil.

ENMIENDA NÚM. 89 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Redacción que se propone: «Artículo 11 bis.  Inembargabilidad de las percepciones futuras del autónomo, persona física que no excedan del SMI. Para garantizar la supervivencia del autónomo y preservar sus posibilidades de emprender de nuevo, debería establecerse, con relación a las percepciones futuras del autónomo, como desarrollo

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A efectos de adicionar un nuevo artículo 11 bis

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de lo que ya establece la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo, en su artículo 10.5, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo siguiente: 1.  Será inembargable la diferencia entre ingresos y gastos del trabajador autónomo que no exceda de la cuantía señalada para el Salario Mínimo Interprofesional, sean las deudas que originen el embargo de derecho público o privado. 2.  Para los rendimientos netos de la actividad económica o profesional, retribuciones o pensiones que sean superiores al Salario Mínimo Interprofesional se embargarán conforme a esta escala: a)  Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del Salario Mínimo Interprofesional, el 30 % . b)  Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer Salario Mínimo Interprofesional, el 50 % . c)  Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto Salario Mínimo Interprofesional, el 60 % . d)  Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto Salario Mínimo Interprofesional, el 75 % . e)  Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 % . 3.  Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir de una sola vez la parte inembargable. Igualmente serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges cuando el régimen económico que les rija no sea el de separación de bienes y rentas de toda clase, circunstancia que habrán de acreditar al Secretario Judicial. 4.  En atención a las cargas familiares del ejecutado, el Secretario Judicial podrá aplicar una rebaja de entre un 10 a un 15 % en los porcentajes establecidos en los números a), b), c) y d) del apartado 2 del presente artículo.» JUSTIFICACIÓN Creemos que en el caso de los autónomos, persona física, y debido al riesgo que asumen, se debería seguir el mismo criterio que existe con el resto de deudores asalariados. La interpretación finalista de dicha medida es el hecho que el deudor pueda tener unos ingresos que le permitan una subsistencia digna y hacer frente a la deuda contraída, lo cual supone una garantía no solo para el propio ejecutado, sino para el cobro de las deudas contraídas con el deudor ejecutante y los derechos de los mismos como acreedores. Por otro lado, se trata de combatir el miedo al fracaso y fomentar de forma efectiva la segunda oportunidad.

ENMIENDA NÚM. 90 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar un nuevo artículo 11 ter

«Artículo 11 ter.  Exención tasas emprendedores responsabilidad limitada. Los emprendedores de responsabilidad limitada quedarán exentos de las tasas correspondientes a su primera inscripción en los Registros Mercantil y de la Propiedad y se establecerán

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Redacción que se propone:

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reglamentariamente los requisitos abreviados de formulación de cuentas para minimizar su carga administrativa.» JUSTIFICACIÓN La figura del emprendedor de responsabilidad limitada (ERL) quedaría desvirtuada si resultan excesivos los costes de cumplimiento con este nuevo estatuto legal. Por ello, recomendamos exonerar de tasas al ERL al cumplir con los nuevos requisitos de publicidad en los Registros, así como establecer reglamentariamente un modelo de cuentas abreviadas cuya formulación no resulte gravosa para el empresario.

ENMIENDA NÚM. 91 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado 1 del artículo 13 Redacción que se propone: «Artículo 13.  Puntos de Atención al Emprendedor 1.  Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) serán oficinas pertenecientes a organismos públicos y privados, incluidas obligatoriamente todas las notarías, así como puntos virtuales de información y tramitación telemática de solicitudes.» JUSTIFICACIÓN La enmienda tiene como objeto establecer que los puntos de atención al emprendedor incluyan obligatoriamente a las notarías. Dicha obligación tiene como finalidad la mejora y agilización de los procesos de constitución y comienzo de actividad de la empresa, dado que existen notarías en pueblos desde 500 habitantes.

ENMIENDA NÚM. 92 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado 5 del artículo 13 Redacción que se propone:

5.  El Punto de Atención al Emprendedor del Ministerio de Industria, Energía y Turismo deberá adecuarse a la pluralidad lingüística del Estado e incluirá, en todo caso: (…resto igual…).»

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«Artículo 13.  Puntos de Atención al Emprendedor

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JUSTIFICACIÓN La enmienda tiene como objeto establecer que el Punto de Atención al Emprendedor tenga en cuenta la pluralidad lingüística del Estado.

ENMIENDA NÚM. 93 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar un nuevo párrafo al apartado 5 del artículo 15 Redacción que se propone: «Artículo 15.  Constitución de sociedades de responsabilidad limitada mediante escritura pública y estatutos tipo. 5.  El Registrador Mercantil, una vez recibida del CIRCE copia electrónica de la escritura de constitución junto con el NIF provisional asignado y la acreditación de la exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su modalidad de Operaciones Societarias realizada: a)  Procederá a la calificación e inscripción dentro del plazo de seis horas hábiles siguientes a la recepción telemática de la escritura, entendiéndose por horas hábiles a estos efectos las que queden comprendidas dentro del horario de apertura fijado para los registros. b)  Remitirá al Centro de Información y Red de Creación de Empresas, el mismo día de la inscripción, certificación de la inscripción practicada. c)  Solicitará el Número de Identificación Fiscal definitivo a la Administración Tributaria a través del CIRCE. Dicha certificación será necesaria para acreditar la correcta inscripción en el Registro de Sociedades, así como la inscripción del nombramiento de los administradores designados en la escritura. El sistema de tramitación telemática del CIRCE dará traslado inmediato a los fundadores que así lo soliciten, la certificación electrónica o en soporte papel, sin coste adicional. Igualmente, y a través de dicho sistema, se remitirá al notario autorizante de la escritura de constitución los datos de inscripción para su constancia en la matriz y en la copia de aquella. d)  (resto igual).»

Desde la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, modificada por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, al amparo del artículo 112.5 de aquella norma, el registrador está legalmente obligado a remitir al notario autorizante de la escritura no solo la calificación negativa, sino los datos de inscripción para el caso de que el título se inscriba. Dicha obligación es lógica consecuencia de la finalización del procedimiento de inscripción que se inicia con la presentación telemática que efectúa el notario, pues a salvo de que le manifieste expresamente lo contrario el otorgante, dicho notario tiene obligación de presentar el título telemáticamente por motivos de agilidad (112.1 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre). Asimismo, el título que acredita en el tráfico la realidad del negocio jurídico es la copia autorizada de la escritura, siendo preciso que tales datos de inscripción consten en dicha copia autorizada para que esta sea íntegra.

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El proyecto de ley guarda silencio acerca de esta obligación y, por tanto, podría interpretarse que respecto de la escritura de constitución no existe tal obligación. En consecuencia, se modifica este artículo para que no exista claridad al respecto y en coherencia con la regulación del procedimiento registral.

ENMIENDA NÚM. 94 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de suprimir «cada Registro de la Propiedad estará a cargo de uno o varios registradores. El número de registradores estarán a cargo de cada Registro de la Propiedad, en régimen de división personal, se determinará mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Justicia» del artículo 19. JUSTIFICACIÓN El Consejo de Estado, en su Memoria del año 2010, bajo el título de «La proliferación de los cambios legales y la necesidad de su consolidación en el ordenamiento jurídico», dice: «Los factores a que se ha hecho anteriormente mención desembocan en que la actuación pública se concreta en un elevado número de cambios normativos, que, en gran medida, son de rango legal. Tales novedades han de insertarse en un ordenamiento jurídico complejo, en el que resulta especialmente importante garantizar una adecuada seguridad sobre las previsiones legales que hayan de tenerse en cuenta en cada caso. Para ello es necesario que las novedades legales se integren adecuadamente en la previa situación normativa, produciéndose una autentica consolidación legal, que sirva al indicado objetivo de una fácil y segura búsqueda, identificación, localización y aplicación del régimen legal.» No parece que pueda discutirse que el artículo 19 debería integrarse en una específicamente modificación de la Ley Hipotecaria, lo que no hace el Proyecto. Técnico-jurídicos: Además de prescindir de un principio que hasta la fecha ha dado resultados satisfactorios, como es el de unipersonalidad de los registros de la propiedad, el proyecto configura la división personal tanto en relación con sus presupuestos, como con su procedimiento, de una forma absolutamente discrecional. Lo que redundará en una gran inseguridad jurídica y perjuicio para el servicio público registral. Competenciales:

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El artículo 147.1.c) del Estatut d’Autonomia de Catalunya atribuye a la Generalitat competencia ejecutiva en materia de registros públicos, de la propiedad y de bienes muebles, que alcanza al establecimiento de las demarcaciones registrales, incluida la determinación de los distritos hipotecarios. El texto enmendado pretende hacer de la «división personal» la regla general para demarcar los registros de la propiedad lo que, por vía indirecta, marginaría a la Generalitat de Catalunya en el proceso demarcatorio.

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Pág. 96 ENMIENDA NÚM. 95

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el artículo 19 Redacción que se propone: «Artículo 19.  Organización de los Registros. El Registro de la Propiedad y Mercantil estará abierto al público a todos los efectos, incluido el de presentación de documentos, de lunes a viernes desde las nuevas a las diecisiete horas, salvo el mes de agosto y los meses 24 y 31 de diciembre en que estará abierto desde las nueve a las catorce horas. Cada Registro de la Propiedad estará a cargo de uno o varios Registradores. El número de registradores estarán a cargo de cada Registro de la Propiedad, en régimen de división personal, se determinará mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Justicia. Cada Registro de la Propiedad estará a cargo de uno o varios Registradores. El número de Registradores que estarán a cargo de cada Registro de la Propiedad, en régimen de división personal, se determinará, con explicación precisa e individualizada de su justificación basada en datos objetivos y contrastables de su necesidad y alcance, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Justicia, con audiencia de las personas, entidades y sectores interesados.» JUSTIFICACIÓN Se trata de incorporar en la Ley la doctrina sentada por el Consejo de Estado en su informe de 8 de febrero de 2007 y con el objetivo de limitar la absoluta discrecionalidad demarcatoria del Ministerio de Justicia.

ENMIENDA NÚM. 96 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado Cuatro del artículo 21 Redacción que se propone: «Artículo 21.  Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

“2.º  El acuerdo haya sido informado favorablemente por un experto independiente, que cumpla las condiciones del artículo 28, designado por el registrador mercantil del domicilio del deudor. Si el acuerdo de refinanciación afectara a varias sociedades del mismo grupo, el informe podrá ser único y elaborado por un solo experto, designado por el registrador del domicilio de la sociedad dominante, si estuviera afectada por el acuerdo o en su defecto por el del domicilio de cualquiera de las sociedades del grupo. El informe del experto contendrá un juicio técnico sobre la suficiencia de la información proporcionada por el deudor, sobre el carácter razonable y realizable del plan en las condiciones definidas en el párrafo primero y sobre la proporcionalidad de las garantías conforme

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Cuatro.  Se modifica el número 2 del apartado 6 del artículo 71, que pasa a tener la siguiente redacción:

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a condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo. Cuando el informe contuviera reservas o limitaciones de cualquier clase, su importancia deberá ser expresamente evaluada por los firmantes del acuerdo.”» JUSTIFICACIÓN Respecto al artículo 71 bis, que regula la figura del experto independiente, el principal problema que se ha venido detectando es el papel prácticamente irrelevante que el mismo desempeña en el proceso, donde no es posible incorporar valores añadidos ni ex ante ni ex post. Por ello, se propone que el nombramiento se realice ad initio del propio proceso negociador de la refinanciación y que el mismo conozca directamente la materialidad de la misma. Aproximándose en su esencia a la figura del mediador concursal, en la medida y con las limitaciones necesarias para asegurar la objetividad y libertad de criterio de su opinión última.

ENMIENDA NÚM. 97 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado Cinco del artículo 21 Redacción que se propone: «Artículo 21.  Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Cinco.  Se modifica el apartado 2 del artículo 178, que pasa a tener la siguiente redacción: “2.  La resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor persona natural por liquidación de la masa activa declarará la remisión de las deudas insatisfechas, siempre que el concurso no hubiera sido declarado culpable ni condenado por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro delito singularmente relacionado con el concurso y que hayan sido satisfechos en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados, y, al menos, el 25 % del importe de los créditos concursales. Si el deudor hubiere intentado sin éxito el acuerdo extrajudicial de pagos, podrá obtener la remisión de los créditos restantes, si hubieran sido satisfechos los créditos contra la masa y todos los créditos concursales privilegiados.”» JUSTIFICACIÓN Este precepto permite que,ante la insuficiencia de la masa activa para satisfacer el total del pasivo, el sujeto quede liberado de la obligación personal de satisfacer las deudas pendientes no cubierto tras la liquidación, salvo las deudas públicas. La enmienda tiene como objeto permitir que el sujeto también quede liberado de las deudas públicas.

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado Siete (artículo 233) del artículo 21

cve: BOCG-10-A-52-2

ENMIENDA NÚM. 98

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Redacción que se propone: «Artículo 21.  Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Siete:  Se añade un Título X a la Ley Concursal, con el siguiente contenido: “Artículo 233.  Nombramiento del mediador concursal 1.  El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer de forma discrecional en la persona natural o jurídica de entre las que figuren en la lista oficial que se publicará en el portal correspondiente del Boletín Oficial del Estado, la cual será suministrada por el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia. El mediador concursal deberá reunir, además de esta condición de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, alguna de las que se indican en el apartado 1 del artículo 27. En todo lo no previsto en esta Ley en cuanto al mediador concursal, se estará a lo dispuesto en materia de nombramiento de expertos independientes. (Resto igual).”» JUSTIFICACIÓN El Proyecto indica que el nombramiento de mediador concursa! se realizará por orden secuencial conforme a la lista oficial. Teniendo en cuenta que el importe del pasivo puede ser de hasta 5 millones, el Notario o Registrador que nombran al mediador deben poder seleccionarlo de entre la lista en función de la mayor o menor complejidad de la situación del deudor.

ENMIENDA NÚM. 99 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado Siete (artículo 233) del artículo 21 Redacción que se propone: «Artículo 21.  Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Siete.  Se añade un Título X a la Ley Concursal, con el siguiente contenido: “Artículo 233.  Nombramiento del mediador concursal o administrador concursal. 1.  El deudor que pretenda alcanzar con sus acreedores un acuerdo extrajudicial de pagos solicitará el nombramiento de un mediador concursal o de un administrador concursal. (…resto igual…).”»

Presentamos la presente enmienda con el fin de homologar el tratamiento de los mediadores concursales a los administradores concursales, especialistas en estos procedimientos.

cve: BOCG-10-A-52-2

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Pág. 99 ENMIENDA NÚM. 100

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado siete (artículo 238) del artículo 21 Redacción que se propone: «Artículo 21.  Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Siete.  se añade un Título X a la Ley Concursal, con el siguiente contenido: “Artículo 238.  El acuerdo extrajudicial de pagos. 1.  Para que el plan de pagos se considere aceptado será necesario que voten a favor del mismo, acreedores que sean titulares, al menos, del 60 % del pasivo. En el caso de que el plan de pagos consista en la cesión de bienes del deudor en pago de deudas, dicho plan deberá contar con la aprobación de acreedores que representen el 75 % del pasivo y del acreedor o acreedores que, en su caso, tengan constituida a su favor una garantía real sobre estos bienes. En ambos supuestos, para la formación de estas mayorías se tendrá en cuenta exclusivamente el pasivo que vaya a verse afectado por el acuerdo y a los acreedores del mismo. 2.  (resto igual) 3.  (resto igual).”» JUSTIFICACIÓN La enmienda tiene como objeto que las referencias de los quórum necesarios se haga siempre en basa al % del pasivo afectado por el acuerdo y no sobre la totalidad del pasivo.

ENMIENDA NÚM. 101 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado siete (artículo 240) del artículo 21 Redacción que se propone: «Artículo 21.  Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Siete.  Se añade un Título X a la Ley Concursal, con el siguiente contenido.

1.  Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por deudas anteriores a la publicación de la apertura del expediente. El deudor podrá solicitar la cancelación de los correspondientes embargos del juez que los hubiera ordenado. 2.  Por virtud del acuerdo extrajudicial, los créditos quedarán aplazados y remitidos conforme a lo pactado. En caso de cesión de bienes a los acreedores, los créditos se considerarán extinguidos en todo o en parte, según lo acordado.

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“Artículo 240.  Efectos del acuerdo sobre los acreedores.

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3.  Los acreedores conservarán las acciones que les correspondan por la totalidad de los créditos contra los obligados solidarios y los garantes personales del deudor.”» JUSTIFICACIÓN Se añade la posibilidad de que la extinción sea parcial, a fin de permitir mayores márgenes de maniobra para llegar a un acuerdo: la cesión de bienes extinguirá la deuda total o parcialmente, en base a los términos que se acuerden en la cesión de que se trate.

ENMIENDA NÚM. 102 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de suprimir el apartado Ocho del artículo 21 JUSTIFICACIÓN El trato no igualitario a los créditos contraídos por el emprendedor, que gozarían de distinta protección por razón del sujeto acreedor, otorgando una suerte de privilegio o preferencia especial ex lege a las deudas públicas, no presenta, habida cuenta la finalidad perseguida por la norma, por lo que se propone la supresión de esta Disposición.

ENMIENDA NÚM. 103 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de sustituir el artículo 23 Redacción que se propone: «Artículo 23.  Criterio caja. La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Valor Añadido, queda modificada en los siguientes términos:

“Apartado 3 (Nuevo).  Cuando los sujetos pasivos sean empresas de reducida dimensión en los términos del artículo 108 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, o bien sean trabajadores autónomos en los términos del artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo, la exigibilidad del Impuesto para las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetos a gravamen procederá en el momento del cobro del precio y en las cuantías efectivamente cobradas.”»

cve: BOCG-10-A-52-2

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2013, se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 75 de la ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con la siguiente redacción:

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JUSTIFICACIÓN Consideramos necesario que se regule normativamente la reforma del IVA que permita pagar las facturas de los trabajadores autónomos por criterios de caja, con el fin de luchar contra la morosidad de las operaciones comerciales. La medida debe entrar en vigor el 1 de enero de 2013, y no en el 2014, tal y como ha anunciado el Gobierno.

ENMIENDA NÚM. 104 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado 3 del artículo 163 terdecies incluido artículo 23 Redacción que se propone: «Artículo 23.  Criterio caja. “Artículo 163 terdecies.  Contenido del régimen especial del criterio de caja. Tres.  Los sujetos pasivos a los que sea de aplicación este régimen especial podrán practicar sus deducciones en los términos establecidos en el Título VIII de esta Ley, con las siguientes particularidades. a)  El derecho a la deducción de las cuotas soportadas por los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial nace en el momento del pago total o parcial del precio por los importes efectivamente satisfechos, o si esto no se ha producido, el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación. Lo anterior será de aplicación con independencia del momento en que se entienda reatizado el hecho imponible. b) Igual. c) Igual.”» JUSTIFICACIÓN Si el emprendedor debe liquidar el IVA a 31 diciembre del año siguiente a la operación aunque no lo haya cobrado, se desvirtúa totalmente el espíritu del nuevo régimen del criterio de caja. En caso de impago de la factura, el sujeto pasivo siempre podrá optar por anular la factura y, por tanto, no debería ingresar ningún IVA.

ENMIENDA NÚM. 105

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de suprimir el artículo 163 quinquiesdecies incluido artículo 23

cve: BOCG-10-A-52-2

FIRMANTE:

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Pág. 102

JUSTIFICACIÓN De acuerdo con la opinión emitida por el Consejo Económico y Social, en la introducción del régimen especial del criterio de caja en el IVA para pequeñas empresas, se ha optado por una regulación muy restrictiva porque obliga a las empresas acogidas al criterio de devengo normal que contraten con ellas a establecer mecanismos de control adicional. Esto complicaría la gestión del impuesto y elevaría considerablemente los costes. El hecho de beneficiar a determinados sujetos pasivos del impuesto paliando sus problemas de liquidez y de acceso al crédito, no debería producir una distorsión en la mecánica del impuesto, ni infringir el principio de neutralidad del IVA, al producir un perjuicio financiero para el resto de sujetos pasivos. Para las empresas que, por su volumen de operaciones, no pueden acogerse al criterio de caja, es un perjuicio significativo tener que adaptar todos los sistemas informáticos, aplicaciones internas y los mecanismos de control tributario para filtrar las facturas que lleguen de proveedores en función de si están o no acogidos al criterio de caja, así como monitorizar dichas facturas con el objeto de retrasar la deducción del IVA soportado al periodo en que se realiza el pago. En definitiva, existiría un claro desincentivo para la contratación por parte de las grandes empresas con proveedores que operen con criterio de caja, lo que a su vez, podría disuadir a las pequeñas empresas de optar por este régimen, haciendo ineficaz su nueva regulación, y por estas razones se propone la supresión sugerida.

ENMIENDA NÚM. 106 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el artículo 24 Redacción que se propone: «Artículo 24.  Incentivos fiscales por inversión de beneficios. Se modifica el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactado de la siguiente forma: “1.  Las entidades que cumplan los requisitos establecidos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 108 y tributen de acuerdo con la escala de gravamen prevista en el artículo 114, ambos de esta Ley, tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra del 20 por ciento de los beneficios del ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto de Sociedades, que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, siempre que cumplan las condiciones establecidas en este artículo. Esta deducción será del 5 % en el caso de entidades que tributen de acuerdo con la escala de gravamen prevista en la disposición adicional duodécima. La inversión se entenderá efectuada (…Resto Igual…).”»

La enmienda tiene como objeto ampliar la deducción del 10 % al 20 % por inversión de beneficios.

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Pág. 103 ENMIENDA NÚM. 107

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado 1 y 3 del artículo 24 Redacción que se propone: «Artículo 24.  Incentivos fiscales por inversión de beneficios. Se modifica el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactado de la siguiente forma: “1.  Las entidades que cumplan los requisitos establecidos en los apartados 1, 2, 3 o 4 del artículo 108 y tributen de acuerdo…., tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra del 10 por ciento de los beneficios del ejercicio, …, que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en este artículo, o bien se incorporen a los recursos propios de la empresa para financiar el circulante propio de su actividad. 2. Igual. 3.  La deducción se practicará en la cuota íntegra correspondiente al periodo impositivo en que se efectúe la inversión. La deducción se practicará en la cuota íntegra del ejercicio en que la empresa disponga de beneficios y los destine a los fines previstos en el apartado 1, pudiendo aplicarse de manera efectiva en los cinco ejercicios siguientes. (Resto igual).”» JUSTIFICACIÓN El redactado inicial resulta restrictivo, ya que excluía a las sociedades del artículo 108.4 del texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, es decir, aquellas que justo han sobrepasado el límite de 10 millones de cifra de negocios, lo cual podría desincentivar el crecimiento empresarial. Asimismo, se incorpora también la posibilidad de usar los beneficios reinvertidos para reforzar los recursos propios de la empresa y así financiar la actividad propia de la empresa, es decir, su circulante. La débil capitalización y la ausencia de financiación ajena para financiar la propia actividad, es decir, el circulante, son dos de los problemas actuales más acuciantes entre los emprendedores, que se deberían resolver con el incentivo fiscal propuesto en esta Ley. Por último, la deducción resultaba inútil a corto plazo si se aplica en el ejercicio en que se genera la inversión. En su lugar la deducción debería ser efectiva en el ejercicio en que se imputa, pudiendo materializar la inversión o incorporación a los recursos propios de la empresa en los cinco ejercicios siguientes.

ENMIENDA NÚM. 108

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado 1 y 3 del artículo 24 Redacción que se propone:

cve: BOCG-10-A-52-2

FIRMANTE:

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Pág. 104

«Artículo 24.  Incentivos fiscales por inversión de beneficios. Se adiciona un último al apartado 1 y se modifica el apartado 3 del artículo 37 del texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004. de 5 de marzo, que queda redactado de la siguiente forma: “1.  Las entidades que cumplan los requisitos establecidos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 108 y tributen de acuerdo con la escala de gravamen prevista en el artículo 114, ambos de esta Ley, tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra del 10 por ciento de los beneficios del ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, siempre que cumplan las condiciones establecidas en este artículo. Esta deducción será del 5 % en el caso de entidades que tributen de acuerdo con la escala de gravamen prevista en la disposición adicional duodécima de esta Ley. La inversión se entenderá efectuada en la fecha que se produzca la puesta a disposición de los elementos patrimoniales incluso en el supuesto de elementos patrimoniales que sean objeto de los contratos de arrendamiento financiero a los que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. No obstante en este último caso, la deducción estará condicionada, con carácter resolutorio, al ejercicio de la opción de compra. En el caso de entidades que tributen en el régimen de consolidación fiscal, la inversión podrá efectuarla cualquier entidad que forme parte del grupo. A los efectos de este artículo, se entenderá como puesta a disposición de los elementos patrimoniales la fecha de adquisición su propiedad. 2.  Igual. 3.  La deducción se practicará en el propio período impositivo en el que se generen los beneficios que se destinen a la inversión que dé derecho a la deducción, estando sujeta a la condición resolutoria de que se realice la citada inversión en los plazos previstos en el apartado 2 de este mismo artículo. (Resto igual).”» JUSTIFICACIÓN

cve: BOCG-10-A-52-2

Por lo que respecta al párrafo a añadir en el apartado 1 del artículo 37 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se hace necesario clarificar cuándo se entiende realizada la inversión, en interés de una mayor claridad y seguridad jurídica. En efecto, el término «puesta a disposición» es susceptible de diferentes interpretaciones, por lo que resulta aconsejable referir el momento en cuestión a un concepto jurídicamente más preciso en Derecho español como es el de adquisición de la propiedad. Por lo que respecta a la modificación del apartado 3 del mismo precepto, resulta más adecuado a los objetivos que persigue el proyecto de Ley permitir que la deducción se aplique en el período impositivo en el que se obtienen los beneficios en todos los casos y no solamente cuando la inversión coincida en el mismo periodo. Con ello trataría de garantizarse la aplicación efectiva del incentivo, por cuanto es de esperar que, en el periodo en que se produzca el beneficio, el contribuyente disponga de cuota del Impuesto contra la que aplicar la deducción. Por el contrario, si la deducción se genera en un período posterior porque la inversión se produzca entonces, puede ocurrir (y ocurre ya en la práctica, por ejemplo, con la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios) que la deducción no se llegue a aplicar efectivamente por falta de beneficios o de cuota del Impuesto en ejercicios sucesivos.

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Pág. 105 ENMIENDA NÚM. 109

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el artículo 24 Redacción que se propone: «Artículo 24.  Incentivos fiscales por inversión de beneficios. Se modifica el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactado de la siguiente forma: “2.  Las entidades que cumplan los requisitos establecidos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 108 y tributen de acuerdo con la escala de gravamen prevista en el artículo 114, ambos de esta Ley, tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra del 10 por ciento de los beneficios del ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto de Sociedades, que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material, inmovilizado inmaterial, activos financieros o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, siempre que cumplan las condiciones establecidas en este artículo. (Resto Igual…).”» JUSTIFICACIÓN La enmienda tiene como objeto ampliar la inversión a inmovilizado inmaterial y activos financieros.

ENMIENDA NÚM. 110 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el artículo 24 Redacción que se propone: «Artículo 24.  Incentivos fiscales por inversión de beneficios. Se modifica el apartado 4 del artículo 37 del texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactado de la siguiente forma: “Artículo 37.  Deducción por inversión de beneficios

4.  La base de la deducción resultará de aplicar al importe de los beneficios del ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, objeto de inversión un coeficiente determinado por los beneficios obtenidos en el ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, minorados por aquellas rentas o ingresos que sean objeto de exención, reducción, bonificación, deducción del artículo 15.9 de esta Ley o deducción por doble imposición, exclusivamente en la parte exenta, reducida, bonificada o deducida en la base imponible, o bien que haya generado derecho a deducción en la cuota íntegra.”»

cve: BOCG-10-A-52-2

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Pág. 106

JUSTIFICACIÓN Se complica innecesariamente en lo referente al cálculo de la base de deducción, por utilizar un coeficiente que no aporta gran cosa. Así, la diferencia entre la base que resultaría de la magnitud definida en el numerador de dicho coeficiente, y que ineludiblemente hay que hallar, será casi igual, e incluso más exacta, que la base que se calcula después de aplicar el coeficiente, si no fuera por el redondeo a dos decimales. Por lo tanto, parece que sería más sencillo establecer como base de la deducción la magnitud que se define en el numerador del coeficiente.

ENMIENDA NÚM. 111 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado uno del artículo 25 Redacción que se propone: «Artículo 25.  Incentivos fiscales a las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica y a las rentas procedentes de determinados activos intangibles. Uno.  Se modifica el apartado 2 del artículo 44, del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactado en los siguientes términos:

a)  Que la plantilla media o, alternativamente, la plantilla media adscrita a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica no se vea reducida desde el final del período impositivo en que se generó la deducción hasta la finalización del plazo a que se refiere la letra b) siguiente. b)  Que se destine un importe equivalente a la deducción aplicada o abonada, a gastos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica o a inversiones en elementos del inmovilizado material o activo intangible exclusivamente afectos a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, excluidos los inmuebles, en los 24 meses siguientes a la finalización del periodo impositivo en cuya declaración se realice la correspondiente aplicación o abono. c)  Que la entidad haya obtenido un informe motivado sobre la calificación de la actividad como investigación y desarrollo e innovación tecnológica o un acuerdo previo de valoración de los gastos

cve: BOCG-10-A-52-2

“2.  No obstante, en el caso de entidades a las que resulte de aplicación el tipo general de gravamen, el tipo del 35 por ciento, o la escala de gravamen prevista en el artículo 114 de esta Ley, las deducciones por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica a que se refiere el apartado 1 y 2 del artículo 35 de esta Ley, podrán, opcionalmente, quedar excluidas del límite establecido en el último párrafo del apartado anterior, y aplicarse con un descuento del 10 por ciento de su importe, en los términos establecidos en este apartado. En el caso de insuficiencia de cuota, se podrá solicitar su abono a la Administración tributaria a través de la declaración de este Impuesto. Este abono se regirá por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo, sin que, en ningún caso, se produzca el devengo del interés de demora a que se refiere su apartado 2. El importe de la deducción aplicada o abonada, de acuerdo con lo dispuesto en este apartado, no podrá superar conjuntamente los 3 millones de euros anuales. Este límite se aplicará a todo el grupo de sociedades, en el supuesto de entidades que formen parte del mismo según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Para la aplicación de lo dispuesto en este apartado será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

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e inversiones correspondientes al proyecto de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, en los términos establecidos en el apartado 4 del artículo 35 de esta Ley. d)  En relación con las deducciones generadas en periodos impositivos anteriores al 1 de enero del 2013, lo dispuesto en este apartado solo será de aplicación como máximo al 25 % del importe de las deducciones pendientes de compensación. En este caso, el periodo establecido en la letra a) anterior será igual a los 24 meses siguientes a la finalización del periodo impositivo en cuya declaración se realice la correspondiente aplicación o abono. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevará la regularización de las cantidades indebidamente aplicadas o abonadas, en la forma establecida en el artículo 137.3 de esta Ley. 3.  Una misma inversión no podrá dar lugar a la aplicación de más de una deducción en la misma entidad salvo disposición expresa, ni podrá dar lugar a la aplicación de una deducción en más de una entidad. (Resto igual).”» JUSTIFICACIÓN Se propone flexibilizar la opción de solicitar el abono anticipado de la deducción a través de la supresión del plazo de espera de un año que contempla la letra a) del apartado 2 del artículo 44 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Las empresas que desarrollan las actividades de I+D+i deben tener la opción de solicitar la devolución del importe de la deducción no aplicada en el mismo momento de presentar la declaración del impuesto sobre sociedades sin necesidad de esperar un año desde la finalización del periodo impositivo en que se generó la deducción. Y se amplía el incentivo fiscal para las actividades de innovación tecnológica como concepto a incluir en la devolución.

ENMIENDA NÚM. 112 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A los efectos de modificar el apartado uno del artículo 25 Redacción que se propone: «Artículo 25.  Incentivos fiscales a las actividades de investigación y desarrollo y a las rentas procedentes de determinados activos intangibles.

“2.  No obstante, en el caso de entidades a las que resulte de aplicación el tipo general de gravamen, el tipo del 35 por ciento, o la escala de gravamen prevista en el artículo 114 de esta Ley, las deducciones por actividades de investigación y desarrollo a que se refiere el apartado 1 del artículo 35 de esta Ley, que se generen en períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013, podrán, opcionalmente, quedar excluidas del límite establecido en el último párrafo del apartado anterior, y aplicarse con un descuento del 20 por ciento de su importe, en los términos establecidos en este apartado. En el caso de insuficiencia de cuota, se podrá solicitar su abono a la Administración tributaria a través de la declaración de este Impuesto, una vez finalizado el plazo a que se refiere la letra a) siguiente. Este abono se regirá por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo, sin que, en ningún caso, se produzca el devengo del interés de demora a que se refiere su apartado 2.

cve: BOCG-10-A-52-2

Uno.  Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 44, pasando el que era 3 a numerarse como 4, que quedan redactados de la siguiente forma:

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El importe de la deducción aplicada o abonada, de acuerdo con los 3 millones de euros anuales. Este límite se aplicará a todo el grupo de sociedades, en el supuesto de entidades que formen parte del mismo según los criterios establecidos en el artículo 12 del Código de Comercio. Para la aplicación de lo dispuesto en este apartado, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: a)  Que transcurra, al menos, un año desde la finalización del periodo impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación. b)  Que la plantilla media o, alternativamente, la plantilla media adscrita a actividades de investigación y desarrollo no se vea reducida desde el final del periodo impositivo en que se generó la deducción hasta la finalización del plazo a que se refiere la letra c) siguiente. c)  Que se destine un importe equivalente a la deducción aplicada o abonada, a gastos de investigación y desarrollo o a inversiones en elementos del inmovilizado material o activo intangible exclusivamente afectos a actividades de investigación y desarrollo, excluidos los inmuebles, en los 24 meses siguientes a la finalización del período impositivo en cuya declaración se realice la correspondiente aplicación o abono. e)  Que la entidad haya obtenido un informe motivado sobre la calificación de la actividad como investigación y desarrollo o un acuerdo previo de valoración de los gastos e inversiones correspondientes al proyecto de investigación y desarrollo, en los términos establecidos en el apartado 4 del artículo 35 de esta Ley. En el caso de que no esté disponible dicho informe en el momento de la solicitud de la deducción, será necesario aportar la documentación justificativa de que se ha realizado una solicitud de informe motivado a la administración. (Resto igual…).”» JUSTIFICACIÓN Eliminación del párrafo que limita la aplicación del nuevo mecanismo a las deducciones generadas a partir de 1 de enero de 2013. Con el fin de movilizar importes adicionales para la inversión en actividades de I+D, se propone que se permita aplicar el nuevo sistema a las deducciones acumuladas por la empresas de años anteriores que no hanjodido utilizarse por falta de cuota, siempre que estas tenga informe motivado de la Administración. Con el fin de limitar el impacto económico que puede suponer para la Hacienda Pública, se añade una letra e) en los requisitos de aplicación que limita la utilización de este nuevo mecanismo en el caso de las deducciones generadas en periodos anteriores al 1-1-2013 al 25 % del total de las deducciones pendientes de compensación. El 75 % restante de las deducciones pendientes de compensación solo podrían usarse con los límites normales establecidos en el apartado uno del artículo 44. Los requisitos de un descuento del 20 % y de reinversión de un importe equivalente en I+D. Esto permitiría a las empresas recibir una inyección de liquidez inmediata para financiar y potenciar sus inversiones en I+D, ya que las empresas podrían acogerse al nuevo sistema en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del año 2013 a presentar en julio del 2014. Eliminación del párrafo que establece un límite de 3 millones en el importe de la deducción. Con este límite se penaliza a las empresas que invierten intensivamente frente a otras de menores inversiones en I+D, al introducir el descuento del 20 % y, sobre todo, el límite de 3M €. Proponemos que el límite conjunto para la aplicación del nuevo régimen desaparezca para no penalizar a las empresas que invierten intensivamente Actualmente desde el momento en que se solicita el Informe Motivado a la Administración y la emisión del mismo transcurre un tiempo de casi dos años. Por ello, es imposible tener el Informe Motivado en el momento en que la empresa decide acogerse al nuevo mecanismo. Para evitar esta circunstancia se propone que sea suficiente aportar la solicitud del Informe Motivado en caso de que todavía no haya sido emitido por la administración.

cve: BOCG-10-A-52-2

Modificación letra c) del punto 2, sobre informe motivado.

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Pág. 109 ENMIENDA NÚM. 113

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado dos del artículo 25 Redacción que se propone: «Artículo 25.  Incentivos fiscales a las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica y a las rentas procedentes de determinados activos intangibles. “Dos.  Se modifica el artículo 23 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactado de la siguiente forma: 1.  Las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, se integrarán en la base imponible en un 40 por ciento de su importe, cuando se cumplan los siguientes requisitos: a)  Que la entidad cedente haya creado los activos objeto de cesión, al menos, en un 25 por ciento de su coste. b)  Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo de una actividad económica y que los resultados de esa utilización no se materialicen en la entrega de bienes o prestación de servicios por el cesionario que generen gastos fiscalmente deducibles en la entidad cedente, siempre que, en este último caso, dicha entidad esté vinculada con el cesionario. c)  Que el cesionario no resida en un país o territorio de nula tributación o considerado como paraíso fiscal, salvo que esté situado en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que la operativa responde a motivos económicos válidos. d)  Cuando un mismo contrato de cesión incluya prestaciones accesorias de servicios deberá diferenciarse en dicho contrato la contraprestación correspondiente a los mismos. e)  Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para poder determinar los ingresos y gastos, directos e indirectos, correspondientes a los activos objeto de cesión.

2.  En el caso de cesión de activos intangibles, a los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá por rentas la diferencia positiva entre los ingresos del ejercicio procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de los activos, y las cantidades que sean deducidas en el mismo por aplicación de los artículos 11 o 12 de esta Ley, por deterioros, y por aquellos gastos del ejercicio directamente relacionados con el activo cedido. No obstante, en el caso de activos intangibles no reconocidos en el balance de la entidad, se entenderá por rentas el 80 por ciento de los ingresos procedentes de la cesión de aquellos. 3.  Esta reducción deberá tenerse en cuenta a efectos de la determinación del importe de la cuota íntegra a que se refiere el artículo 31.1.b) de esta Ley. 4.  Tratándose de entidades que tributen en el régimen de consolidación fiscal, las rentas derivadas de la cesión, no serán objeto de eliminación para determinar la base imponible del grupo fiscal, las operaciones que den lugar a la aplicación de lo dispuesto en este artículo estarán sometidas a las obligaciones de documentación a que se refiere el apartado 2 del artículo 16 de esta Ley. 5.  En ningún caso darán derecho a la reducción las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación, o de la transmisión, de marcas, obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, de derechos personales susceptibles de cesión, como los derechos de imagen, de programas informáticos a excepción de la información que constituye las ideas y los principios base del programa; la lógica, el análisis funcional, así como las técnicas del lenguaje de programación, equipos industriales, comerciales o científicos, ni de cualquier otro derecho o activo distinto de los señalados en el apartado 1.

cve: BOCG-10-A-52-2

Lo dispuesto en este apartado también resultará de aplicación en el caso de transmisión de los activos intangibles referidos en el mismo.

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6.  A efectos de aplicar la presente reducción, con carácter previo a la realización de las operaciones, el sujeto pasivo podrá solicitar a la Administración tributaria la adopción de un acuerdo previo de valoración en relación con los ingresos procedentes de la cesión de los activos y de los gastos asociados, así como de las rentas generadas en la transmisión. Dicha solicitud se acompañará de una propuesta de valoración, que se fundamentará en el valor de mercado. La propuesta podrá entenderse desestimada una vez transcurrido el plazo de resolución. Reglamentariamente se fijará el procedimiento para la resolución de los acuerdos previos de valoración a que se refiere este apartado. 7.  Asimismo, con carácter previo a la realización de las operaciones, el sujeto pasivo podrá solicitar a la Administración tributaria un acuerdo previo de calificación de los activos como pertenecientes a alguna de las categorías a que se refiere el apartado 1 de este artículo, y de valoración en relación con los ingresos procedentes de la cesión de aquellos y de los gastos asociados, así como de las rentas generadas en la transmisión. Dicha solicitud se acompañará de una propuesta de valoración, que se fundamentará en el valor de mercado. La propuesta podrá entenderse desestimada una vez transcurrido el plazo de resolución. La resolución de este acuerdo requerirá informe vinculante emitido por la Dirección General de Tributos, en relación con la calificación de los activos. En caso de estimarlo procedente, la Dirección General de Tributos podrá solicitar opinión no vinculante al respecto, al Ministerio de Economía y Competitividad. Reglamentariamente se fijará el procedimiento para la resolución de los acuerdos previos de calificación y valoración a que se refiere este apartado. 8.  La aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del apartado 1 de este artículo es incompatible con la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, regulada en el artículo 42 de esta Ley.”» JUSTIFICACIÓN Se incorpora en el texto de la norma la referencia a Ia no eliminación de las rentas en el caso de las cesiones de activos intangibles entre sociedades del grupo fiscal. Con esta modificación se mantiene la nueva redacción del precepto la redacción actualmente aplicable. En este sentido debe entenderse en cuenta la advertencia que realizó el Consejo Económico y Social en su dictamen sobre el anteproyecto ante la posibilidad de que se elimine este incentivo para los grupos fiscales. «En cuanto a la modificación del incentivo fiscal del artículo 23 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Patent Box), en concreto la eliminación de la posibilidad de aplicarlo a los grupos de consolidación fiscal, el CES quiere llamar la atención la falta de justificación de la medida ya que si lo que se pretende es evitar el uso abusivo de dicho beneficio fiscal, la Administración cuenta con medios suficientes para su control y persecución caso por caso, sin tener que acudir a su eliminación con carácter general, lo que podría tener consecuencias negativas contrarias al objetivo de la norma de impulsar las actividades de este tipo dentro del territorio nacional.»

ENMIENDA NÚM. 114 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado tres del artículo 25 «Artículo 25.  Incentivos fiscales a las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica y a las rentas procedentes de determinados activos intangibles Tres.  Se añade una disposición transitoria cuadragésima al texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactado de la siguiente forma:

cve: BOCG-10-A-52-2

Redacción que se propone:

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“Disposición transitoria cuadragésima.  Régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles. Las cesiones del derecho de uso o de explotación de activos intangibles que se hayan realizado en períodos impositivos con anterioridad al 1 de enero del 2013 se regularán por lo establecido en el artículo 23 de esta Ley, según redacción dada al mismo por la disposición adicional octava. Ocho de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.”» JUSTIFICACIÓN Lo previsto en el en la nueva redacción del artículo 23 del TRLIS nos equipara a países con los que competimos como Francia o Canadá y tendrá un efecto muy positivo en la viabilidad de las empresas de alta tecnología. Sin embargo, la actual redacción del artículo impide que la medida pueda tener impacto a corto plazo en la liquidez de las empresas, dado que en la práctica sus efectos se retrasan al ejercicio 2014 y 2015. Por ello, la enmienda tiene como objeto establecer que los efectos de la medida tenga efectos, desde el 2013.

ENMIENDA NÚM. 115 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar un nuevo apartado cuatro al artículo 25 Redacción que se propone: «Artículo 25.  Incentivos fiscales a las actividades de investigación y desarrollo y a las rentas procedentes de determinados activos intangibles. Cuatro (nuevo).  Adicionar un nuevo artículo 109 bis del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades quedando redactado en los siguientes términos: “Artículo 109 bis.  Libertad de amortización para la inversión en activos calificados de tecnológicos. Uno.  Aquellos elementos nuevos de inmovilizado material o inmaterial que se incorporen en las empresas de reducida dimensión, a causa de sus programas de I+D o de Innovación tecnológica, podrán ser amortizados libremente. Dos.  Una actividad se considerará como innovación tecnológica o de Investigación y Desarrollo si cumplen los requisitos del artículo 35 de la presente ley. Tres.  Lo previsto en el apartado Uno será compatible con la deducción por reinversión de beneficios de empresas de reducida dimensión aplicable a estas empresas.”» JUSTIFICACIÓN

cve: BOCG-10-A-52-2

La enmienda tiene como objeto establecer una libertad de amortización para la inversión de las empresas de reducida dimensión en activos calificados de tecnológicos.

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Pág. 112 ENMIENDA NÚM. 116

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar un apartado uno.pre al artículo 26 Redacción que se propone: «Artículo 26.  Incentivos fiscales para inversiones en empresas de nueva o reciente creación y por inversión de beneficios. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 26 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos de Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. “Uno.pre.  Se adiciona una nueva letra al artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 7: Rentas exentas. Estarán exentas las siguientes rentas: (…) (Nueva letra). Estarán exentas el 75 % de las rentas obtenidas por el emprendedor, persona física, que cumpla con los requisitos del artículo 3 de la presente ley, durante los cuatro primeros años de actividad. En el caso de superar los 200.000 euros de facturación anual, en los primeros cuatro años desde el inicio de la actividad de la empresa, la exención se aplicará proporcionalmente al peso de la citada cuantía respecto la facturación total de la empresa.”» JUSTIFICACIÓN La enmienda tiene como objeto establecer una exención del 75 % para las rentas obtenidas por el emprendedor, persona física durante los cuatro años de actividad.

ENMIENDA NÚM. 117 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de sustituir el apartado 4 del artículo 26 Redacción que se propone:

Cuatro.  Se añade un nuevo apartado 1 al artículo 68, que queda redactado de la siguiente forma: “1.  Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación. 1.º  Los contribuyentes, que sean inversores de proximidad, podrán deducirse de la cuota íntegra el 25 por ciento de las cantidades satisfechas en el período de que se trate, por el capital

cve: BOCG-10-A-52-2

«Artículo 26.  Incentivos fiscales para inversiones en empresas de nueva o reciente creación y por inversión de beneficios.

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aportado en empresas que cumplan con los requisitos del artículo 3 de la presente ley, pudiendo además de la aportación temporal al capital, aportar sus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad en la que invierten en los términos que establezca el acuerdo de inversión entre el contribuyente y la entidad. La base máxima de deducción será de 200.000 euros anuales y con un máximo acumulativo de 200.000 euros de inversión en una misma empresa, siempre que dicho capital se mantenga en la empresa un mínimo de cuatro años. Se incluye en el concepto de capital aportado: el capital, la prima emisión desembolsada y/o el préstamo participativo. Cuando la inversión efectuada se destine a una empresa social de nueva creación el porcentaje de deducción se aumentará a cinco puntos. 2.º  La base de las deducciones a las que se refiere el apartado anterior, no podrá exceder del 25 % de la base liquidable de contribuyente. La deducción generada y no aplicada, como consecuencia de una cuota o base liquidable insuficiente, podrá realizarse en los cinco años siguientes a su acreditación. 3.º  Si el inversor de proximidad incumpliera el período mínimo de cuatro años de duración de la inversión en la nueva iniciativa empresarial deberá devolver la deducción más los correspondientes intereses de demora, excepto en el caso de liquidación de la empresa receptora de la inversión con anterioridad a la finalización del período. 4.º  Las inversiones de los inversores de proximidad, se beneficiarán de una reducción del 50 % aplicable al importe de los dividendos y a los intereses de los préstamos participativos percibidos, a partir del cuarto año y hasta el octavo año de funcionamiento de la nueva empresa. 5.º  Trascurrido un período de entre cuatro y ocho años, desde la inversión, las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto por la desinversión del inversor de proximidad, tendrá una exención del 50 % . 6.º  Cuando el inversor de proximidad registre una pérdida patrimonial como consecuencia de las aportaciones efectuadas a la nueva iniciativa empresarial, está perdida, excluidas las deducciones aplicadas a las que se refiere el apartado uno, se compensará con la reducción de la base imponible del ahorro. En el caso que la compensación diese un saldo negativo este podrá compensarse con la base general estableciéndose un límite del 25 % de la misma. Si el saldo resultante siguiese siendo negativo podrá compensarse durante los cinco años siguientes. 7.º  Se considera inversor de proximidad a efectos de aplicar este artículo, aquel inversor individual que aporta a título personal o a través de una sociedad unipersonal, su capital, sus conocimientos técnicos y su asesoramiento durante la etapa inicial de la actividad empresarial para apoyar una nueva iniciativa emprendedora o la expansión y desarrollo de una pyme con potencial de crecimiento, con el fin de obtener una rentabilidad a medio plazo.”» JUSTIFICACIÓN Establecemos incentivos fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los inversores de proximidad con el fin de apoyar los procesos de mantenimiento de la actividad económica y de renovación del tejido productivo mediante el apoyo a la creación de nuevas empresas por parte de empresarios y emprendedores.

ENMIENDA NÚM. 118 FIRMANTE:

A efectos de suprimir el párrafo 3 del apartado cuatro del artículo 26 Redacción que se propone: «Artículo 26.  Incentivos fiscales para inversiones en empresas de nueva o reciente creación y por inversión de beneficios.

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“Cuatro.  Se añade un nuevo apartado 1 al artículo 68, que queda redactado de la siguiente forma: 1.  Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación. 1.º  (…) No formará parte de la base de deducción el importe de las acciones o participaciones adquiridas con el saldo de cuenta ahorro empresa, en la medida en que dicho saldo hubiera sido objeto dc deducción, ni las cantidades satisfechas por la suscripción de acciones o participaciones cuando respecto de establecida por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de las competencias prevista en la Ley 22/2009, por el que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.”» JUSTIFICACIÓN No tiene sentido que la Ley impida que los incentivos fiscales de las CCAA y de la administración central sean compatibles entre ellas, ya que uno de los principios básicos que siempre deben orientar la acción de las diversas administraciones es la colaboración entre ellas.

ENMIENDA NÚM. 119 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar un nuevo apartado en el artículo 26 Redacción que se propone: «Artículo 26.  Incentivos fiscales para inversiones en empresas de nueva o reciente creación y por inversión de beneficios.

“3.  Los contribuyentes que inicien el ejercicio de una actividad económica y determinen el rendimiento neto de la misma con arreglo al método de estimación directa, podrán reducir en un 20 por ciento el rendimiento neto positivo declarado con arreglo a dicho método, minorado en su caso por las reducciones previstas en los apartados 1 y 2 anteriores, en el primer período impositivo en que el mismo sea positivo y en el período impositivo siguiente. La reducción prevista en el párrafo anterior se incrementará en cinco puntos porcentuales en el caso de que el contribuyente sea una persona con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá que se inicia una actividad económica cuando no se hubiera ejercido actividad económica alguna en el año anterior a la fecha de inicio de la misma, sin tener en consideración aquellas actividades en cuyo ejercicio se hubiera cesado sin haber llegado a obtener rendimientos netos positivos desde su inicio. Cuando con posterioridad al inicio de la actividad a que se refiere el párrafo primero anterior se inicie una nueva actividad sin haber cesado en el ejercicio de la primera, la reducción prevista en este apartado se aplicará sobre los rendimientos netos obtenidos en el primer período impositivo en que los mismos sean positivos y en el período impositivo siguiente, a contar desde el inicio de la primera actividad. La cuantía de los rendimientos netos a que se refiere este apartado sobre la que se aplicará la citada reducción no podrá superar el importe de 100.000 euros anuales.

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Nuevo apartado. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 32, que queda redactado de la siguiente forma:

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No resultará de aplicación la reducción prevista en este apartado en el período impositivo en el que más del 50 por ciento de los ingresos del mismo procedan de una persona o entidad de la que el contribuyente hubiera obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha de inicio de la actividad.”» JUSTIFICACIÓN El artículo 8 tres del proyecto prevé la introducción de un nuevo apartado tres al artículo 32 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (reducción en rendimientos de las actividades económicas), con el fin de incluir una reducción del 20 por 100 para aquellos contribuyentes que inicien la realización de actividades económicas. Esta medida tan favorecedora no puede obviar la realidad de que el autoempleo es una de las vías utilizadas por las personas con discapacidad (a veces como única vía posible) para lograr su plena inserción en la sociedad, y por ello, en aras al cumplimiento del mandato constitucional recogido en el artículo 49 de la Carta Magna, consideramos que sería incentivador para el colectivo de personas con discapacidad, que esta reducción se viera incrementada en un 5 por 100. Esta medida que proponemos iría en línea con las reducciones incrementadas que ya se contemplan en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los rendimientos del trabajo (artículo 20.3) y para los rendimientos de actividades económicas (artículo 32.2.1.º) en aquellos casos en que los contribuyentes son personas con discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 120 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar un nuevo apartado en el artículo 26 Redacción que se propone: «Artículo 26.  Incentivos fiscales para inversiones en empresas de nueva o reciente creación y por inversión de beneficios.

“n)  Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciban en la modalidad de pago único establecida en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, siempre que las cantidades percibidas se destinen a las finalidades y en los casos previstos en la citada norma. Esta exención estará condicionada al mantenimiento de la acción o participación durante el plazo de cinco años, en el supuesto de que el contribuyente se hubiera integrado en sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado o hubiera realizado una aportación al capital social de una entidad mercantil, o al mantenimiento, durante idéntico plazo, de la actividad, en el caso del trabajador autónomo. Igualmente, estarán exentas las ayudas otorgadas por las Administraciones Públicas que se deriven de programas de incentivos a emprendedores, siempre que estén ligadas al comienzo del ejercicio de una actividad económica según la definición que se contempla en esta Ley.”»

cve: BOCG-10-A-52-2

Nuevo apartado. Con efectos desde el 1 de enero de 2013 se modifica la letra n) del artículo 7, que queda redactada de la siguiente forma:

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JUSTIFICACIÓN La Exposición de motivos del Proyecto de Ley de Medidas de Apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo contempla como uno de sus ejes prioritarios el fomento del espíritu emprendedor y para ello se ha considerado por parte del legislador que era necesaria la reforma de la letra n) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con el fin de declarar exentas de tributación las prestaciones por desempleo en su modalidad de pago único siempre que las cantidades percibidas se destinen a determinadas finalidades. Si bien la intención del legislador es muy loable, no hay que olvidar que en el marco de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas pueden existir ayudas dirigidas al estímulo de los emprendedores que deberían estar asimismo exentas de tributación con el fin de no penalizar a los que inician su actividad económica.

ENMIENDA NÚM. 121 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar un nuevo artículo 26 bis Redacción que se propone: «Artículo 26 bis. Incentivos.  sociedades.

Incentivos fiscales para el inversor de proximidad en el impuesto de

Se adiciona un nuevo artículo 43 bis al Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades quedando redactado en los siguientes términos:

1.  Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades que sean inversores de proximidad, tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el 25 % del capital aportado al emprendedor, persona física o jurídica, con un límite máximo en la base sobre la que aplicar la deducción de 200.000 euros anuales y con un máximo acumulativo de 200.000 euros de inversión en una misma empresa, siempre que dicho capital se mantenga en la empresa un mínimo de cuatro años. Se incluye en el concepto de capital aportado: el capital, la prima de emisión desembolsada y/o el préstamo participativo suscrito. Cuando la inversión efectuada por el inversor de proximidad se destine a una empresa social de nueva creación el porcentaje de deducción se aumentará cinco puntos. 2.  La base de las deducciones a las que se refiere el apartado anterior, no podrá exceder del 25 % de la base liquidable del contribuyente. La deducción generado y no aplicada, como consecuencia de una cuota o base liquidable insuficiente, podrá realizarse en los cinco años siguientes a su acreditación. 3.  Si el inversor de proximidad incumpliera el período mínimo de cuatro años de duración de la inversión en la nueva iniciativa empresarial deberá devolver la deducción más los correspondientes intereses de demora, excepto en el caso de liquidación de la empresa receptora de la inversión con anterioridad a la finalización del período. 4.  Las inversiones de los inversores de proximidad, se beneficiarán de una reducción del 50 % aplicable al importe de los dividendos y a los intereses de los préstamos participativos percibidos, a partir del cuarto año y hasta el octavo año de funcionamiento de la nueva empresa.

cve: BOCG-10-A-52-2

“Artículo 43 bis.  Deducción para los inversores de proximidad con personalidad jurídica propia.

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5.  Trascurrido un período de entre cuatro y ocho años, desde la inversión, las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto por la desinversión del inversor de proximidad, tendrá una exención del 50 % . 6.  Cuando el inversor de proximidad registre una pérdida patrimonial como consecuencia de las aportaciones efectuadas a la nueva iniciativa empresarial, está perdida, excluidas las deducciones aplicadas a las que se refiere el apartado uno, se compensará con la reducción de la base imponible del ahorro. En el caso que la compensación diese un saldo negativo este podrá compensarse con la base general estableciéndose un límite del 25 % de la misma. Si el saldo resultante siguiese siendo negativo podrá compensarse durante los cinco años siguientes. 7.  Se considera inversor de proximidad, a efectos de aplicar este artículo, aquel inversor individual que aporta a título personal o a través de una sociedad unipersonal, su capital, sus conocimientos técnicos y su asesoramiento durante la etapa inicial de la actividad empresarial, para apoyar una nueva iniciativa emprendedora o la expansión y desarrollo de una pyme con potencial de crecimiento, con el fin de obtener una rentabilidad a medio plazo.”» JUSTIFICACIÓN Establecemos incentivos fiscales en el Impuesto de Sociedades a los inversores de proximidad con el fin de apoyar los procesos de mantenimiento de la actividad económica y de renovación del tejido productivo mediante el apoyo a la creación de nuevas empresas por parte de empresarios y emprendedores.

ENMIENDA NÚM. 122 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar un nuevo artículo 26 ter Redacción que se propone: «Artículo 26 ter.  Incentivos fiscales en el Impuesto de Sociedades para el emprendedor. Uno.  Se adiciona un nuevo apartado al artículo 9 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades quedando redactado en los siguientes términos: “Artículo 9.

Estarán exentas el 75 % de las rentas obtenidas por el emprendedor, persona física, durante los cuatro primeros años de actividad. En el caso de superar los 200.000 euros de facturación anual, en los primeros cuatro años desde el inicio de la actividad de la empresa, la exención se aplicará proporcionalmente al peso de la citada cuantía respecto la facturación total de la empresa. Se considera emprendedor a toda persona física que vaya a iniciar o haya iniciado una nueva actividad económica en los últimos veinticuatro meses, sea en nombre propio como trabajador autónomo o a través de cualquiera de las formas societarias o análogas existentes de conformidad con la legislación civil, laboral o mercantil admitida en derecho.”» JUSTIFICACIÓN Establecemos incentivos fiscales al emprendedor con el fin de apoyar los procesos de mantenimiento de la actividad económica y de renovación del tejido productivo mediante el apoyo a la creación de nuevas

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Apartado (nuevo).

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empresas por parte de empresarios y emprendedores. La figura del emprendedor necesita ser reconocida para que los proyectos que tiene en mente puedan desarrollarse.

ENMIENDA NÚM. 123 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar un nuevo artículo 26 quáter Redacción que se propone: «Artículo 26 quáter.  Incentivos fiscales para fomentar la «capitalización de empresas. Se adiciona una nueva disposición adicional al texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, quedando redactado en los siguientes términos: “Disposición adicional (nueva).  Tipo de gravamen inferior para aquellas empresas que decidan recapitalizarse. Las entidades que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 108 de la presente ley que no distribuyan los beneficios obtenidos y decidan recapitalizar la propia empresa, gozarán de un tipo de gravamen inferior de cinco puntos porcentuales, al previsto en el artículo 114, en ese período impositivo. Para poder gozar del incentivo fiscal, la recapitalización deberá producirse en un período máximo de 6 meses desde la aprobación de las cuentas anuales.”» JUSTIFICACIÓN La enmienda tiene como finalidad establecer un gravamen inferior a cinco puntos porcentuales aquellas empresas que decidan recapitalizarse y no distribuir beneficios.

ENMIENDA NÚM. 124 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el artículo 27 Redacción que se propone:

1.  Los trabajadores de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en situación de pluriactividad podrán, a partir de la entrada en vigor de esta norma, elegir como base de cotización en ese momento, la comprendida entre el 50 % de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de

cve: BOCG-10-A-52-2

«Artículo 27.  Cotización aplicable a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos en los casos de pluriactividad con jornada laboral a tiempo completo o a tiempo parcial superior al 50 % .

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Presupuestos Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y el 75 % durante los siguientes dieciocho meses, hasta las bases máximas establecidas para este Régimen Especial. 2.  En los supuestos de trabajadores en situación de pluriactividad en que la actividad laboral por cuenta ajena lo fuera a tiempo parcial con una jornada a partir del 50 % de la correspondiente a la de un trabajador con jornada a tiempo completo comparable, como base de cotización la comprendida entre el 75 % de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y el 85 % durante los siguientes dieciocho meses, hasta las bases máximas establecidas para este Régimen Especial. 3.  La aplicación de esta medida será incompatible con cualquier otra bonificación o reducción establecida como medida de fomento del empleo autónomo, así como con lo previsto en el artículo 113 cinco.7 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.» JUSTIFICACIÓN Las reducciones de la base de cotización a la Seguridad Social en caso de pluriactividad, sólo es aplicable para las nuevas altas. La enmienda tiene como objeto extender el ámbito de aplicación a las reducciones de la base de cotización a la Seguridad Social en caso de pluriactividad a todos los trabajadores independientemente si son nuevas altas o no.

ENMIENDA NÚM. 125 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado dos del artículo 28 Redacción que se propone: «Artículo 28.  Acuerdos de refinanciación. El apartado 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda modificada como sigue: Dos.  El apartado 1 de la disposición adicional cuarta queda redactado del siguiente modo: “1.  Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido suscrito por acreedores que representen al menos el 50 % del pasivo titularidad de entidades financieras, reúna en el momento de adopción del acuerdo, las condiciones del artículo 71.6 de la presente Ley relativas a designación de experto independiente y elevación a instrumento público. Por la homologación judicial los efectos de la espera pactada para las entidades financieras que lo hayan suscrito se extienden a las restantes entidades financieras acreedoras no participantes o disidentes cuyos créditos no estén dotados de garantía real.”»

Dado el escaso éxito de los acuerdos de refinanciación, salvando singularísimas excepciones de importancia económica relevante por sí misma pero de reducido eco en el conjunto de situaciones, el proponer una mejora en las condiciones para que se dé la refinanciación es de la mayor importancia, pudiendo quedar en el 50 % frente a la rebaja del 75 al 67 % . No parece que con ello, se vulnere el derecho del resto de acreedores, dado que la cláusula de prevención así lo garantiza, siempre que no sean cargas excesivas.

cve: BOCG-10-A-52-2

JUSTIFICACIÓN

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FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar un nuevo apartado tres del artículo 28 Redacción que se propone: «Artículo 28.  Acuerdos de refinanciación. “Tres. (Nuevo).  El ordinal 11.º del apartado 2 del artículo 84 queda redactado del siguiente modo: 11.º  Los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido concedidos por acreedores financieros o por accionistas del concursado en el marco de un acuerdo de refinanciación, en las condiciones previstas en el artículo 71.6 y en la Disposición adicional cuarta de esta ley, sin que dichos créditos puedan considerarse subordinados aun cuando en el acreedor financiero o en los socios concurriesen las circunstancias previstas en el artículo 93.2 de esta ley. Esta clasificación no se aplica a los ingresos de tesorería realizados por el propio deudor o por personas especialmente relacionadas a través de una operación de aumento dc capital, préstamos o actos con análogo finalidad.”» JUSTIFICACIÓN Se introduce un reforzamiento del régimen aplicable al denominado «dinero nuevo», que es el elemento sobre el que pivota la regulación preconcursal, que al final persigue evitar el concurso facilitando liquidez adicional al empresario. Por ello, es fundamental para incentivar esa financiación adicional, mejorar el tratamiento jurídico y la protección de los que en ese momento de dificultad asumen la decisión de prestar ese apoyo financiero esencial, ya sean acreedores financieros, ya los propios accionistas de la compañía.

ENMIENDA NÚM. 127 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de suprimir el artículo 32

Proponemos la supresión del artículo 32 que modifica el artículo 8 de la Ley 1/1994 de 11 de marzo, sobre régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca. Con esta modificación normativa se pretende que el capital social mínimo de las SGR que actualmente no podrá ser inferior a 1.803.036,31 euros pase a ser 15.000.000 de euros, un incremento del 732 % , multiplicando por más de ocho las exigencias normativas. Esta modificación supone en la práctica que, de las 23 SGR que existen en España, tan solo ocho podrían actualmente cumplir con este requerimiento. En la exposición de motivos de la propia Ley, no se menciona circunstancia, motivo o justificación alguno que derive en la exigencia de incrementar la cifra de capital social mínimo de la sociedades de garantía recíproca, sobre todo, cuando esta medida no supone favorecer el impulso de la actividad avalista en beneficio del público objetivo de las Sociedades de Garantía Recíproca, es decir, la pequeña y mediana empresa. Mayores capitales propios no implican necesariamente mayores niveles de actividad, sobre

cve: BOCG-10-A-52-2

JUSTIFICACIÓN

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todo en el contexto económico actual. Utilizar la Ley de Emprendedores para ello, sin realizar mención alguna a la oportunidad y/o justificación de la misma, carece de todo sentido, dada la importancia y repercusión que esa modificación tiene en el conjunto de las sociedades de garantía recíproca (habiéndose introducido en el último momento cuando no figuró en ninguno de los trabajos y borradores iniciales). Manifestamos nuestra más rotunda oposición al citado artículo ya que las Sociedades de Garantía Recíproca cuentan con elevados coeficientes de solvencia, 17 % en media, muy por encima de los requisitos mínimos del 8 % y de la media del sector financiero. Como entidades financieras controladas y supervisadas por el Banco de España sujetas a la Circular 5/2008 que establece que las SGR deberán mantener, en todo momento, un coeficiente de solvencia no inferior al 8 % . Esta normativa forzaría la fusión artificial de Sociedades de Garantía Recíproca o su desaparición. El sector de SGR es un canal fundamental para apoyar la financiación de las Pymes y en nuestra opinión, con esta normativa, lejos de mejorar el sector, se concentraría y se alejaría su gestión en detrimento de las empresas. Pymes de los diversos territorios de España verían desaparecer sus SGR de referencia, se perdería un instrumento financiero cercano a las Pymes de la región. El sector de Sociedades de Garantía Recíproca no tiene un problema de falta de capital ni de baja capitalización. Las SGR no están dejando de operar ni de prestar avales por falta de capital social. El interés del Gobierno por forzar una concentración no se corresponde a un problema real del sector; no son necesarias concentraciones ni las mismas van a derivar en mejoras para las Pymes, sino al contrario. Cuando las casi desaparecidas cajas de ahorros se indignaban por un incremento del coeficiente de solvencia en una horquilla de entre el 12,5 % y el 25 % , qué pensarían que a uno solo de sus recursos propios computables se le elevase la exigencia en un 732 % . A efectos del cálculo de los recursos propios computables es fundamental tener en cuenta la importancia del Fondo de Provisiones Técnicas. Los recursos propios de las SGR están compuestos por el Capital y el Fondo de Provisiones Técnicas, este Fondo que se nutre de aportaciones de terceros no reintegrables y de los resultados de explotación generados por las SGR es precisamente la parte de recursos que se utiliza para compensar las provisiones de morosidad y de dudosos. La solvencia de las SGR se basa precisamente en este fondo, al realizar la ampliación de capital se genera una ampliación de la solvencia desmedida e ineficaz ya que no sirve para compensar directamente las necesidades de morosidad generadas. No se entiende una exigencia de tal magnitud cuando las SGR cumplen con holgura los niveles de solvencia legales exigidos.

ENMIENDA NÚM. 128 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado dos del artículo 36 Redacción que se propone: «Artículo 36.  Prevención de riesgos laborales en las pymes. Dos.  Se añade una disposición adicional decimoséptima con la siguiente redacción:

En cumplimiento del apartado 5 del artículo 5 y de los artículos 7 y 8 de esta Ley, el Ministerio colaboración con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, prestará un asesoramiento técnico específico en materia de seguridad y salud en el trabajo a las empresas de hasta veinticinco trabajadores. (Resto igual).”»

cve: BOCG-10-A-52-2

“Disposición adicional decimoséptima.  Asesoramiento técnico a las empresas de hasta veinticinco trabajadores.

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JUSTIFICACIÓN Los agentes sociales han desempeñado de manera satisfactoria durante más de una década los servicios de asesoramiento y concienciación en materia de riesgos laborales a las pymes a través de programas de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. No apreciamos razones de peso para modificar una práctica que ha funcionado adecuadamente en los últimos años.

ENMIENDA NÚM. 129 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el artículo 38 Redacción que se propone: «Artículo 38.  Apoderamientos electrónicos. Los apoderamientos y sus revocaciones, otorgados por administradores o apoderados de sociedades mercantiles o por emprendedores de responsabilidad limitada podrán también ser conferidos en documento electrónico, siempre que se trate de gestiones ante las Administraciones Públicas que no requieran forma pública, en cuyo caso bastará que el documento de apoderamiento sea suscrito con la firma electrónica reconocida del poderdante. Dicho documento podrá ser remitido directamente por medios electrónicos al Registro administrativo competente.» JUSTIFICACIÓN El concepto de carga administrativa solo surge en la relación entre Administración y persona física o jurídica, por lo que resulta razonable que dicho apoderamiento pueda constar en un documento electrónico sin forma documental público notarial. En el resto de los supuestos, lo lógico es que no se altere el régimen sustantivo del negocio jurídico en el que actúa el representante, puesto que no existe carga en el sentido administrativo, sino manifestación necesaria del principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 9.3 de la CE.

ENMIENDA NÚM. 130 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado tres del artículo 44 Redacción que se propone: «Artículo 44.  Reducción del plazo de demora en el pago para que el contratista pueda optar a la resolución contractual.

“Artículo 228 bis.  Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores. Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes deberán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 5, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.

cve: BOCG-10-A-52-2

Tres.  Se añade un nuevo artículo 228 Bis, con la siguiente redacción.

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En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación y en los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos.”» JUSTIFICACIÓN En coherencia con el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el cual se titula Pagos a Subcontratistas y Suministradores, el artículo 228 Bis, debe tener la misma denominación. Además los suministradores están afectados al 100 % por la morosidad privada en la línea de contratación, sea ésta con la Administración o totalmente privada.

ENMIENDA NÚM. 131 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado 2 del artículo 47 Redacción que se propone: «Artículo 47.  Fomento de la internacionalización de la economía española. 2.  El Gobierno dirige orienta las políticas de fomento de la internacionalización de la economía y la empresa española, cuya coordinación corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad, sin perjuicio de las competencias que el ordenamiento jurídico otorga a los distintos Ministerios y a las comunidades autónomas.» JUSTIFICACIÓN Al Gobierno corresponde la función de «orientar» las políticas de fomento a la internacionalización y con las demás administraciones que también participen en el impulso de la actividad económica en sus respectivos territorios. Asimismo, es preciso reconocer la responsabilidad que también tienen en este ámbito las CCAA.

ENMIENDA NÚM. 132 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado 3, 4 y 5 del artículo 48 «Artículo 48.  El Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española. 2.  El Plan se regirá por los siguientes principios: a)  Coherencia y coordinación de la acción Cooperación de las Administraciones Públicas, con particular atención e incidencia en las iniciativas de estímulo a la internacionalización de los emprendedores.

cve: BOCG-10-A-52-2

Redacción que se propone:

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b)  Complementariedad con la actuación sector privado. 3.  El Plan Estratégico será elaborado, con carácter bienal, por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el marco del Grupo Interministerial de Apoyo a la Internacionalización de la empresa española y con la participación del sector privado y de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, y de la conferencia sectorial. El Plan será aprobado a propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad, por Acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 4.  El Ministerio de Economía y Competitividad establecerá un sistema de evaluación y control de los instrumentos que integran el Plan Estratégico de Internacionalización con el fin de asegurar la calidad y eficacia de las actuaciones de internacionalización de la Administración General del Estado. El resultado de las evaluaciones será público y servirá de base para las modificaciones normativas y de gestión de los instrumentos y organismos que se incorporarán en las sucesivas versiones del Plan.» JUSTIFICACIÓN La enmienda tiene como objeto clarificar aspectos del Plan Estratégico de Internacionalización teniendo en cuenta las competencias de las CC.AA.

ENMIENDA NÚM. 133 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de suprimir el artículo 49 JUSTIFICACIÓN Este artículo, junto con los otros dos artículos que componen el Capítulo II (Instrumentos y organismos comerciales y de apoyo la empresa) del Título V (Internacionalización de la economía española) no aporta nada a la Ley y no introduce ningún cambio en la estructura de la red territorial y exterior de apoyo a la internacionalización que sigue siendo la misma desde hace al menos 25 años, periodo en el que tanto la economía española como los mercados internacionales han cambiado radicalmente. Dicha estructura cuenta además con importantes elementos de mejora que han sido transmitidos en numerosas ocasiones por los sectores y empresas utilizadores de la misma.

ENMIENDA NÚM. 134 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar el apartado 1 una nueva letra c) del artículo 49 Redacción que se propone: «Artículo 49.  Instrumentos y Organismos comerciales y de apoyo a la empresa.

JUSTIFICACIÓN También constituirán instrumentos comerciales especializados de apoyo a la internacionalización de la economía y la empresa aquellos organismos que las CC.AA. determinen.

cve: BOCG-10-A-52-2

c) (Nuevo) Los organismos que determinen las CCAA.»

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Pág. 125 ENMIENDA NÚM. 135

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de suprimir el artículo 50 JUSTIFICACIÓN Este artículo, junto con los otros dos artículos que componen el Capítulo II (Instrumentos y organismos comerciales y de apoyo la empresa) del Título V (Internacionalización de la economía española) no aporta nada a la Ley y no introduce ningún cambio en la estructura de la red territorial y exterior de apoyo a la internacionalización que sigue siendo la misma desde hace al menos 25 años, periodo en el que tanto la economía española como los mercados internacionales han cambiado radicalmente. Dicha estructura cuenta además con importantes elementos de mejora que han sido transmitidos en numerosas ocasiones por los sectores y empresas utilizadores de la misma.

ENMIENDA NÚM. 136 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el artículo 51 Redacción que se propone: «Artículo 51.  ICEX España Exportación e Inversiones. 1.  El ICEX, en un contexto de colaboración público privada con las empresas y organizaciones empresariales representativas del sector privado, impulsará la internacionalización y la competitividad de la economía y de las empresas españolas, en especial de las pequeñas y medianas empresas, en todas las fases de su proceso de internacionalización, así como el apoyo a la cooperación internacional y el fomento de las inversiones de empresas españolas en el exterior y de las extranjeras en España, a través de la prestación de aquellos servicios, asesorías, programas o apoyos que en cada caso se le requieran por parte de la Secretaría de Estado de Comercio en materia económica, comercial, financiera, de información y de formación. 2.  El ICEX, en conjunto con las organizaciones empresariales representativas del sector privado, canalizará las consultas, solicitudes, iniciativas o demandas de las empresas o instituciones interesadas en conocer o acceder a los instrumentos de apoyo relacionados con la internacionalización. A estos efectos, el ICEX establecerá los acuerdos, contratos y convenios necesarios con la Administración General del Estado y aquellas entidades del sector público y privado que desarrollen funciones relacionadas con la internacionalización y la atracción de inversiones.»

Reforzar la política de internacionalización a través de una mayor colaboración con el sector privado, que es el destinatario de estas políticas, así como con las organizaciones empresariales más representativas que son las que las representan.

cve: BOCG-10-A-52-2

JUSTIFICACIÓN

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Pág. 126 ENMIENDA NÚM. 137

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado 3 del artículo 51 Redacción que se propone: «Artículo 51.  ICEX España Exportación e Inversiones. 3.  Con objeto de dar cumplimiento a lo expuesto en el apartado 4 del artículo 50, el ICEX dotará a las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio y podrán ser ejercidas mediante convenio por los organismos de las Comunidades Autónomas que apoyan la internacionalización de las empresas y a la red de Oficinas Económicas y Comerciales del Ministerio de Economía y Competitividad de los recursos materiales y humanos necesarios que, adscritos al ICEX, resulten necesarios para asegurar el correcto desarrollo de las funciones del ICEX bajo las directrices de la secretaría de Estado de Comercio.» JUSTIFICACIÓN Las CC.AA. tienen una capacidad de impulso sobre la actividad de internacionalización de las empresas en su territorio que la ley no debe ignorar. Por ello, la enmienda tiene como objeto permitir que las Comunidades Autónomas mediante convenio puedan ejercer las funciones establecidas en el precepto.

ENMIENDA NÚM. 138 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el artículo 60 apartado 2 a) Redacción que se propone: «Artículo 60.  Visado de residencia para inversores.

a)  Una inversión inicial por un valor igual o superior a 2 millones de euros en títulos de deuda pública española, o por un valor igual o superior a un millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades financieras españolas. No obstante, cuando se adquieran acciones o participaciones sociales de entidades que cumplan las condiciones de joven empresa innovadora de acuerdo con la disposición adicional tercera de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación la inversión podrá ser igual o superior a 300.000 euros y cuando se adquieran acciones o participaciones sociales en entidades de capital riesgo que inviertan en empresas cuyo centro de actividad principal esté domiciliado en territorio español la inversión podrá ser igual o superior a 500.000 euros. (…resto igual…).»

cve: BOCG-10-A-52-2

2.  Se entenderá como inversión significativa de capital aquella que cumpla con alguno de los siguientes supuestos:

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JUSTIFICACIÓN Se pretende impulsar y facilitar las inversiones extranjeras en empresas que requieran un uso intensivo de capital y que a su vez realicen actividades que favorezcan la actividad investigadora y/o la inversión empresarial. La inclusión de la inversión en compañías que cumplan las condiciones de joven empresa innovadora supondría dar un paso importante en el desarrollo de un Estatuto especial para estas compañías. Respecto la inversión en los vehículos de capital riesgo, al estar sometidos a la supervisión de la CNMV y ser gestionados por equipos de gestores profesionales, se asegura la inversión de los fondos captados en el tejido productivo.

ENMIENDA NÚM. 139 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el artículo 60 apartado 2 b) Redacción que se propone: «Artículo 60.  Visado de residencia para inversores. 2.  Se entenderá como inversión significativa de capital aquella que cumpla con alguno de los siguientes supuestos: b)  La adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante, que podrá simultanearse con inversión en títulos de deuda pública del Estado o de las Comunidades Autónomas, o en acciones o participaciones sociales en entidades o empresas españolas, siempre que la inversión en inmuebles sea como mínimo de 250.000 euros. (resto igual).» JUSTIFICACIÓN La medida que es adecuada para reducir el stock acumulado, podría en algunos casos resultar excesiva en cuanto a importe mínimo, ya que los precios medios del stock de viviendas acumulado están en la mayoría de zonas muy por debajo de los 500.000 euros.

ENMIENDA NÚM. 140 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Redacción que se propone: «Artículo 60.  Visado de residencia para inversores. 2.  Se entenderá como inversión significativa de capital aquella que cumpla con alguno de los siguientes supuestos:

cve: BOCG-10-A-52-2

A efectos de modificar el apartado 2 c) del artículo 60

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c.  Un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea considerado y acreditado como de interés general, por la administración competente, para lo cual se valorará el cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones: (resto igual).» JUSTIFICACIÓN Con el fin de evitar duplicidades y no iniciar procesos de recentralización, la enmienda se presenta para clarificar que las administraciones competentes son las que tienen que elaborar el informe sobre interés general.

ENMIENDA NÚM. 141 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el artículo 61 Redacción que se propone: «Artículo 61.  Forma de acreditación de la inversión. Para la concesión del visado de residencia para inversores será necesario cumplir los siguientes requisitos: a)  En el caso previsto en la letra a) del apartado 2 del artículo 60, el solicitante deberá acreditar haber realizado la inversión en la cantidad mínima requerida, en un periodo no superior a 60 días anteriores a la presentación de la solicitud, de la siguiente manera:

b)  En el supuesto previsto en la letra b) del apartado 2 del artículo 60 el solicitante deberá acreditar ser propietario de los bienes inmuebles aportando uno o varios certificados de dominio del Registro de la Propiedad que corresponda al inmueble o inmuebles fechados dentro de los noventa días anteriores a la presentación de la solicitud. En caso de que la adquisición de los inmuebles se encontrara en trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad, será suficiente la presentación de una copia autorizada de la escritura pública en que se hubiera instrumentado, así como justificación de que se hubiera realizado o renovado asiento de presentación de la misma en los sesenta días anteriores a la fecha de la solicitud. El solicitante deberá acreditar disponer de una inversión en bienes inmuebles de 500.000 euros libre de toda carga o gravamen, o 250.000 euros libre de toda carga o gravamen si simultanea la inversión en la forma prevista en la letra b) del apartado 2 del artículo 60. La parte de la inversión que exceda de 500.000 ó 250.000 euros podrá estar sometida a carga o gravamen.

cve: BOCG-10-A-52-2

1.º  En el supuesto de inversión en acciones no cotizadas o participaciones sociales, se presentará el ejemplar de la declaración de inversión realizada en el Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad. 2.º  En el supuesto de inversión en acciones cotizadas, se presentará un certificado del intermediario financiero, debidamente registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores o en el Banco de España, en el que conste que el interesado ha efectuado la inversión a efectos de esta norma. 3.º  En el supuesto de inversión en deuda pública, se presentará un certificado de la entidad financiera o del Banco de España en el que se indique que el solicitante es el titular único de la inversión para un periodo igual o superior a 5 años. 4.º  En el supuesto de inversión en depósito bancario, se presentará un certificado de la entidad financiera en el que se constate que el solicitante es el titular único del depósito bancario.

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c)  En el supuesto previsto en la letra d) del apartado 2 del artículo 60, se deberá presentar un informe favorable para constatar que en el proyecto empresarial presentado concurren razones de interés general. El informe procederá de la Oficina Económica y Comercial del ámbito de demarcación geográfica donde el inversor presente la solicitud del visado.» JUSTIFICACIÓN La medida que es adecuada para reducir el stock acumulado, podría en algunos casos resultar excesiva en cuanto a importe mínimo, ya que los precios medios del stock acumulado están en la mayoría de zonas muy por debajo de los 500.000 euros.

ENMIENDA NÚM. 142 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar la letra b) del artículo 61 Redacción que se propone: «Artículo 61.  Forma de acreditación de la inversión. b)  En el supuesto previsto en la letra b) del apartado 2 del artículo 60 el solicitante deberá ser propietario de los inmuebles lo que acreditará mediante la copia autorizada de la escritura pública que corresponda al inmueble o inmuebles fechada dentro de los noventa días anteriores a la solicitud. Si la adquisición se hubiera inscrito bastará que en dicha copia autorizada se hagan constar los datos de inscripción.» JUSTIFICACIÓN El régimen de inscripción de la propiedad en España es meramente voluntario. Supone una carga injustificada que sólo demorará el trámite de obtención del visado, la necesidad de llevar a inscripción obligatoriamente la adquisición que haya efectuado quien pretenda obtener el visado, pues en el tráfico civil sólo existen dos tipos de títulos acreditativos de la propiedad erga omnes. De un lado, el título judicial y, de otro, el notarial expresivo de la adquisición efectuada. Es por ello, que en aras de la agilidad en la tramitación del visado, bastará que dicha copia autorizada esté fechada en los noventa días inmediatos anteriores a la solicitud. Obviamente, si el adquirente hubiera tomado la decisión de inscribir el inmueble, en dicha copia autorizada deberá constar los datos de inscripción, lo que siempre sucederá, pues el registrador de la propiedad está obligado a remitir estos al notario autorizante de la escritura pública de adquisición (art. 112.5 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre).

ENMIENDA NÚM. 143 FIRMANTE:

A efectos de modificar la letra c) del artículo 61 Redacción que se propone: «Artículo 61.  Forma de acreditación de la inversión d)  En el supuesto previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 60, se deberá presentar un informe favorable para constatar que en el proyecto empresarial presentado concurren razones de

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interés general. El informe procederá de la Oficina Económica y Comercial del ámbito de demarcación geográfica donde el inversor presente la solicitud del visado o del organismo competente de la Comunidad Autónoma.» JUSTIFICACIÓN La enmienda se presenta para clarificar que las administraciones competentes de las CC.AA. también podrán elaborar el informe.

ENMIENDA NÚM. 144 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado 1 del artículo 67 Redacción que se propone: «Artículo 67.  Definición de la actividad emprendedora y empresarial. 1.  Se entenderá como actividad emprendedora aquella que sea de carácter innovador con especial interés económico para España y a tal efecto cuente con un informe favorable del órgano competente de la Administración General del Estado o de la Comunidad Autónoma. (Resto igual).» JUSTIFICACIÓN La enmienda tiene como objeto establecer que el informe para tipificar que se entiende por actividad emprendedora lo puede elaborar la Administración General del Estado o el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

ENMIENDA NÚM. 145 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de suprimir el artículo 68 y 69 JUSTIFICACIÓN

cve: BOCG-10-A-52-2

Los artículos 68 y 69 no incorporan ningún beneficio adicional de la nueva autorización respecto de los procedimientos ya existentes y transferidos, por lo cual su aprobación simplemente buscaría suprimir la competencia de las CC.AA. para otorgarla a la Administración Central.

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Pág. 131 ENMIENDA NÚM. 146

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de modificar el apartado 1 del artículo 73 Redacción que se propone: «Artículo 73.  Procedimiento de autorización. 1.  La tramitación de las autorizaciones de residencia previstas esta Sección se efectuará por la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos, contemplará la utilización de medios telemáticos y su concesión corresponderá a la Dirección General de Migraciones o los organismos competentes de las CC.AA. que tengan transferida la autorización inicial de trabajo. (…resto igual…).» JUSTIFICACIÓN La enmienda tiene como objeto establecer que tal y como ocurre en la actualidad las CC.AA. que tienen transferida la autorización inicial de trabajo puedan seguir tramitando la autorización.

ENMIENDA NÚM. 147 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de suprimir la disposición adicional primera JUSTIFICACIÓN No se comprende el trato no igualitario a los créditos contraídos por el emprendedor, que gozarían de distinta protección por razón del sujeto acreedor, otorgando una suerte de privilegio o preferencia especial ex lege a las deudas públicas, habida cuenta la finalidad perseguida por la norma, por lo que se propone la supresión de esta disposición.

ENMIENDA NÚM. 148 FIRMANTE:

A efectos de suprimir la disposición adicional cuarta JUSTIFICACIÓN En el actual marco competencial, las Comunidades Autónomas, tienen la competencia para elaborar permisos y los nuevos procedimientos de autorización de residencia no son novedad y las pocas diferencias

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existentes son salvables a través de la modificación del reglamento, opción que deja inalterada la distribución de competencias.. Por tanto, la transposición de directiva al ordenamiento jurídico interno no es argumento para recentralizar competencias.

ENMIENDA NÚM. 149 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición adicional Redacción que se propone: «Disposición adicional (nueva).  Medidas para favorecer el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad sobrevenida. “En el plazo de doce meses, el Gobierno de España aprobará, previa consulta a los interlocutores sociales y las asociaciones más representativas de las personas con discapacidad y sus familias, un proyecto de ley dirigido a favorecer el mantenimiento en el empleo de las personas con discapacidad sobrevenida, que modifique las normas afectadas sobre suspensión y extinción del contrato de trabajo y el capítulo primero del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de la Ley 13/1982, se regula el empleo selectivo.”»

Según un estudio realizado en el 2006 («Estudio sectorial. Discapacidad sobrevenida», Fundosa Social Consulting ), el 44 % de los afectados por una discapacidad sobrevenida, no volvieron a trabajar tras la misma, lo que muestra en qué medida la discapacidad sobrevenida supone una ruptura sociolaboral. Por otra parte, entre aquellos que sí trabajaron tras la discapacidad (56 % ), casi una tercera parte no lo hacía ya cuando se realizó la encuesta que sirvió de base al estudio. Además, en la gran mayoría de los casos (77 % ) de aquellos que trabajaron tras sobrevenir la discapacidad, la reincorporación al mundo laboral supuso un cambio de empresa, lo que demuestra la incapacidad actual del mundo empresarial para asimilar la reincorporación al trabajo del colectivo que nos ocupa. La normativa vigente (Capítulo primero del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de la Ley 13/1982, se regula el empleo selectivo; artículos 48.2 y 49.1.e) del estatuto de los Trabajador) tampoco propicia la conservación del empleo en caso de discapacidad sobrevenida, sino más bien lo contrario. Actualmente, el principio general es la extinción del contrato de trabajo cuando un trabajador es declarado en situación de invalidez permanente y la excepción, permanecer en situación de suspensión. Por otra parte, dichas reglas obvian absolutamente la obligación de adaptar el puesto a la persona con discapacidad, reconocida en otras normas (artículo 37 bis de la LISMI, trasponiendo la Directiva 2000/78/CE), Proponemos abrir un plazo de estudio por el Gobierno de un año, con objeto de identificar qué medidas legales pueden ser las más adecuadas para impulsar decididamente la conservación del empleo de las personas con discapacidad sobrevenida, que por tal hecho no las convierte en incapaces para desarrollar otras tareas compatibles con su estado de salud y capacidad en la empresa, también teniendo en cuenta las dificultades de la propia empresa para encontrar un puesto adecuado y adaptado en algunos supuestos. También, se deben estudiar aquellos incentivos que se pueden abordar para que las empresas mantengan el empleo de las personas que devienen en una discapacidad (bonificaciones en cuotas a Seguridad Social, ayudas a la adaptación de los puestos…)

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JUSTIFICACIÓN

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Pág. 133 ENMIENDA NÚM. 150

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición adicional Redacción que se propone: «Disposición adicional (nueva).  Préstamos participativos. Uno.  El Gobierno potenciará el uso de préstamos participativos, regulados por el artículo 20 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y fomento y liberalización de la actividad económica, a través de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) a emprendedores. Dos.  Los préstamos participativos a emprendedores deberán representar un porcentaje no inferior al 25 % de la actividad anual de ENISA destina a la concesión de préstamos participativos para la financiación de empresas.» JUSTIFICACIÓN La enmienda tiene como objeto establecer mecanismos de financiación, con participación activa del Estado, destinados a respaldar y promover el acceso al crédito a los emprendedores.

ENMIENDA NÚM. 151 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar un nueva disposición adicional Redacción que se propone: «Disposición adicional (nueva).  Programas de avales para emprendedores coordinados entre la Compañía Española de Reafianzamiento S.A., CERSA y las Sociedades de Garantía Recíproca.

JUSTIFICACIÓN La enmienda tiene como objeto establecer mecanismos de financiación, con participación activa del Estado, destinados a respaldar y promover el acceso al crédito a los emprendedores.

cve: BOCG-10-A-52-2

Uno.  El Gobierno impulsará programas de avales a emprendedores para otorgar una cobertura parcial de las provisiones, tanto genéricas como específicas, y las que se deriven de los riesgos asumidos por las Sociedades de Garantía Recíproca, en función de las garantías otorgadas a las mismas ante las entidades financieras. Dos.  Sin perjuicio de lo explicitado en el párrafo anterior, el Gobierno ampliará el capital de la Compañía Española de Refinanciamiento, CERSA, para permitir que las Sociedades de Garantía Recíproca cuenten con un sistema de refinanciamiento al 90 % de los avales concedidos a los emprendedores que refuerce la cobertura y solvencia que éstas ofrecen a emprendedores.»

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Pág. 134 ENMIENDA NÚM. 152

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición adicional Redacción que se propone: «Disposición adicional (nueva).  Fondos de Titulización para PYMES y emprendedores. Uno.  El Gobierno estimulará el empleo de fondos de titulización de activos como mecanismos que faciliten los préstamos o créditos por parte de entidades financieras a PYMES y emprendedores. Dos.  La titulización de préstamos o crédito, a un plazo de amortización inicial no inferior a un año, concedidos a empresas no financieras domiciliadas en España de los que al menos el 60 % sean concedidos a empresas de nueva creación y PYMES podrán gozar del aval del Estado. Tres.  Las entidades financieras que cedan estos préstamos o créditos avaladas por el Estado deberán reinvertir al menos el 80 % de la liquidez obtenida por esta cesión en nuevos préstamos o créditos a emprendedores y PYMES en un plazo de como máximo 2 años. Al menos el 60 % de la reinversión deberá realizarse en el primer año. Cuatro.  Reglamentariamente se determinaran los requisitos generales y específicos de constitución y procedimiento de los Fondos de Titulización para emprendedores, así como el alcance de los avales del Estado.» JUSTIFICACIÓN La enmienda tiene como objeto establecer mecanismos de financiación, con participación activa del Estado, destinados a respaldar y promover el acceso al crédito a los emprendedores.

ENMIENDA NÚM. 153 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición adicional Redacción que se propone:

“1.  El importe de las ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo destinadas a subvencionar el coste salarial correspondiente a puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad, será del 75  % del salario mínimo interprofesional. Dicho importe será aplicable a los centros especiales de empleo y respecto de los trabajadores con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual con un grado de discapacidad de, al menos, el 33 % , o trabajadores con discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 %.”»

cve: BOCG-10-A-52-2

«Disposición adicional nueva.  Plan de choque para facilitar el mantenimiento y la creación de empleo de trabajadores con discapacidad, con especiales dificultades en el mercado laboral: Ayudas a los Centros Especiales de Empleo.

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JUSTIFICACIÓN La aplicación de medidas urgentes de apoyo al mantenimiento y fomento del empleo protegido ha contribuido a evitar una pérdida alarmante de puestos de trabajo entre las personas con discapacidad. En especial, respecto a las personas más vulnerables que requieren mayores niveles de apoyo. En un contexto de crisis económica y con los niveles de desempleo actuales, de no haberse adoptado estas medidas urgentes, la destrucción de empleo para las personas con discapacidad habría sido enorme. En este sentido tuvo un efecto muy positivo la adopción de la medida prevista en la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, que estableció que el importe de las ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo en CEE destinadas a subvencionar el coste salarial correspondiente a puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad, fuera del 75  % del salario mínimo interprofesional (y no sólo del 50 % del SMI) durante el período comprendido entre el 10 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2010, con carácter general. Además, y solo para trabajadores con especiales dificultades para su inserción laboral, el período de vigencia se extendió desde el 10 de julio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011. Estas medidas tuvieron un impacto muy positivo, no solo en el mantenimiento del empleo existente como en la creación de nuevo empleo. La estadística de contratos registrados en los Servicios Públicos de Empleo así lo atestigua y nos reveló que, en los centros especiales de empleo, en el año 2010, se celebraron un 29,20  % más contratos que en el año 2009 y que el 64,34  % de los contratos realizados en el 2010 lo ha sido en un centro especial de empleo. Así pues, proponemos establecer de nuevo esta medida.

ENMIENDA NÚM. 154 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición adicional Redacción que se propone: «Disposición adicional.  Aplicación de los incentivos al emprendedor y quienes reemprendan la actividad de una empresa ya creada. 1.  El Gobierno, reglamentariamente establecerá, que en el proceso de la transmisión de una empresa, siempre que no se realice en fraude de ley o a un familiar de primer grado, se realice una comunicación previa a las administraciones públicas (laborales y fiscales) para que estas, en el plazo de 3 meses, notifiquen si hay alguna acción pendiente o algún riesgo previsto. En caso que no exista contestación por parte de las Administraciones Públicas, en el plazo de tres meses, se elimina cualquier posibilidad de derivar responsabilidad en el nuevo titular de la actividad, sin perjuicio que la administración pueda realizar las acciones que considere oportunas respecto al antiguo titular de la actividad. 2.  Realizada la comunicación a la que se refiere el punto anterior, el adquirente de la empresa podrá aplicarse cualquier de los incentivos previstos en la presente ley.»

En primer lugar, la derivación extensiva que se está realizado en estos momentos en la responsabilidad en la continuidad de una empresa es el principal freno a dar continuidad a muchas actividades. Por ello, con el fin de permitir su continuidad, la responsabilidad universal se debería limitar. En segundo lugar, la enmienda tiene como finalidad extender la aplicación de los incentivos previstos en la presente ley al empresario que adquiera una empresa. Ya que consideramos que el empresario que

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JUSTIFICACIÓN

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adquiere una empresa también debe tener los mismos incentivos que un empresario que inicia una nueva actividad. Ya que a pesar que la forma utilizada es diferente, los dos son emprendedores y necesitan por parte de la Administración incentivos potentes que ayude a su mantenimiento.

ENMIENDA NÚM. 155 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición adicional Redacción que se propone: «Disposición adicional.  Bonificaciones y reducciones a los emprendedores mayores de 50 años. “Se extenderán aquellas bonificaciones en las cuotas y reducciones en la base de cotización establecidas en el Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven para menores de 30 años, a los mayores de 50 años que causen alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.”» JUSTIFICACIÓN Si las bonificaciones y reducciones establecidas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo joven están siendo efectivas para los menores de 30 años entendemos que deberían extenderse a todos los colectivos, prioritariamente a los mayores de 50 años. Emprender no tiene edad y existen otros grupos de población para los que son prioritarias políticas de fomento del autoempleo, más allá de los jóvenes. Los mayores de 50 años, generalmente expulsados del mercado laboral por cuenta ajena, tienen muy pocas posibilidades de volver a él. El autoempleo es en muchos casos la única alternativa para mantenerse activos y prolongar su vida laboral en un periodo de ella que además determinará su pensión futura. Por tanto, entendemos que debería extenderse la tarifa plana y la compatibilización de prestación y trabajo por cuenta propia, a todos los colectivos, prioritariamente a los mayores de 45 años.

ENMIENDA NÚM. 156 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición adicional Redacción que se propone:

“1.  El importe de las ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo destinadas a subvencionar el coste salarial correspondiente a puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad, será del 75  % del salario mínimo interprofesional. Dicho importe será aplicable a los centros especiales de empleo y respecto de los trabajadores con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual con un grado de

cve: BOCG-10-A-52-2

«Disposición adicional nueva.  Plan de choque para facilitar el mantenimiento y la creación de empleo de trabajadores con discapacidad, con especiales dificultades en el mercado laboral: Ayudas a los Centros Especiales de Empleo.

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discapacidad de, al menos, el 33 % , o trabajadores con discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 %.”» JUSTIFICACIÓN La aplicación de medidas urgentes de apoyo al mantenimiento y fomento del empleo protegido ha contribuido a evitar una pérdida alarmante de puestos de trabajo entre las personas con discapacidad. En especial, respecto a las personas más vulnerables que requieren mayores niveles de apoyo. En un contexto de crisis económica y con los niveles de desempleo actuales, de no haberse adoptado estas medidas urgentes, la destrucción de empleo para las personas con discapacidad habría sido enorme. En este sentido tuvo un efecto muy positivo la adopción de la medida prevista en la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, que estableció que el importe de las ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo en CEE destinadas a subvencionar el coste salarial correspondiente a puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad, fuera del 75  % del salario mínimo interprofesional (y no sólo del 50 % del SMI) durante el período comprendido entre el 10 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2010, con carácter general. Además, y solo para trabajadores con especiales dificultades para su inserción laboral, el período de vigencia se extendió desde el 10 de julio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011. Estas medidas tuvieron un impacto muy positivo, no solo en el mantenimiento del empleo existente como en la creación de nuevo empleo. La estadística de contratos registrados en los Servicios Públicos de Empleo así lo atestigua y nos reveló que, en los centros especiales de empleo, en el año 2010, se celebraron un 29,20  % más contratos que en el año 2009 y que el 64,34  % de los contratos realizados en el 2010 lo ha sido en un centro especial de empleo. Así pues, proponemos establecer de nuevo esta medida.

ENMIENDA NÚM. 157 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una disposición adicional nueva Redacción que se propone:

El Gobierno establecerá un sistema de microfinanciación a través de las líneas ICO habilitadas, destinado a autónomos y emprendedores, persona física. Se dará prioridad en la concesión de microcréditos a mujeres, jóvenes y personas con discapacidad que por circunstancias familiares o personales tengan mayor dificultad de acceso a otro tipo de financiación. Para la concesión de microcréditos se ponderará la viabilidad del negocio al mismo nivel que las garantías y avales de la persona física, pudiendo también intervenir las Sociedades de Garantía Recíproca. Además, los microcréditos tendrán un tipo de interés subvencionado y su duración en ningún caso podrá ser superior a los 5 años. El estudio y la concesión de dicha solicitud de microcrédito se harán a través de un servicio específico de expertos o a través de entidades colaboradoras certificadas para ello. Dichas entidades serán aquellas entidades bancarias en las cuales haya intervenido el Estado y puedan poner a disposición parte de su estructura para el desarrollo y aplicación de dicho sistema, bajo la supervisión de las condiciones de valoración y concesión que haga el ICO.»

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«Disposición adicional nueva.  Sistema de microfinanciación para autónomos y emprendedores.

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JUSTIFICACIÓN La demanda de crédito no hace más que disminuir para los autónomos y esta disminución obedece a dos cuestiones que nada tienen que ver con que los autónomos no necesiten realmente crédito. La primera es que, a más de la mitad de los autónomos, se les deniega el crédito. La segunda es que éstos ya no quieren sobreendeudarse. Un autónomo tiene una necesidad media de crédito de entre 12 mil y 18 mil euros para circulante. Ninguno, después de estos cinco años de calvario, quiere endeudarse por cantidades mayores, que es lo que ofertan las entidades financieras. Hay que considerar además que los costes de estudio, tramitación, etc., son los mismos para un crédito de 250 mil euros que para uno de 8 mil, pero la rentabilidad es distinta. Por otro lado, el sistema de garantías establecido en las entidades bancarias, limita las posibilidades de acceso de los autónomos persona física a los recursos crediticios movilizados por el ICO, a través de sus líneas de financiación, al ser estas entidades bancarias las que gestionan dichos recursos. Por ello, y con el fin de hacer accesibles estas líneas al autónomo y/o emprendedor, persona física, debería establecerse un mecanismo distinto para canalizarlas y en el que las exigencias sobre las entidades bancarias, no sean un impedimento para desarrollar el carácter finalista de los recursos ICO, que el Estado moviliza a favor del tejido empresarial. En este sentido, debería poder adaptarse el sistema de garantías a la realidad de los destinatarios, evitando que éstos sean insolventes por definición y ponderando al mismo nivel la viabilidad del proyecto que las garantías personales del solicitante. Para poder evaluar dicha viabilidad y que esto no suponga un coste que deban asumir las entidades bancarias, dichas líneas podrían ser gestionadas por la estructura de la banca nacionalizada.

ENMIENDA NÚM. 158 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición adicional Redacción que se propone: «Disposición adicional nueva.  Adecuación del Régimen de la Seguridad Social a la actividad de los clubs y entidades deportivas sin ánimo de lucro en el ámbito del deporte no profesional.

JUSTIFICACIÓN El artículo 7.6 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece que «el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y oídos los Sindicatos más representativos o el Colegio Oficial competente,

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“En el plazo de 2 meses desde la aprobación de la presente Ley el Gobierno procederá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y teniendo en cuenta la opinión de los interesados, a regular reglamentariamente la exclusión del campo de aplicación del Régimen de la Seguridad Social correspondiente a las personas cuyo trabajo por cuenta ajena en clubs y entidades deportivas sin ánimo de lucro, en atención a su jornada o a su retribución, pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida, siempre que los ingresos derivados del mismo no alcancen el salario mínimo interprofesional”. Asimismo, y mientras no entre en vigor la reforma que posibilite la adecuación del marco normativo, se mantendrá una moratoria en las actuaciones inspectoras de trabajo y de la Seguridad Social, a los clubs y a las entidades deportivas sin ánimo de lucro, en el ámbito del deporte no profesional y se paralizará la tramitación de las actas en curso.»

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podrá, a instancia de los interesados, excluir del campo de aplicación del Régimen de la Seguridad Social correspondiente, a las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, en atención a su jornada o a su retribución, pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida.» Esta es precisamente la demanda de numerosas entidades que conforman la actividad del deporte de base y amateur, entidades que trabajan con niños y jóvenes que realizan actividades deportivas en horario no lectivo, las cuales contribuyen a su formación personal y cívica, la educación en valores, la adquisición de hábitos saludables, a la integración y a la cohesión social. En estas entidades, el papel de los entrenadores, monitores y demás personas que colaboran con los equipos no profesionales es trascendental para la supervivencia del deporte no profesional, en la medida en que su dedicación es en gran parte altruista y desinteresada. A cambio de su dedicación y compromiso, más allá de lo que son estrictamente las horas de entrenamiento, reciben de los clubes una compensación económica de importe reducido que les permite también cubrir los gastos que les ocasiona. Estas entidades vienen demandando la regulación para las actividades deportivas de esta vía de exclusión ya prevista en la Ley General de la Seguridad Social. De no contemplarse, difícilmente los presupuestos de los clubs y entidades deportivas del ámbito no profesional y sin ánimo de lucro podrían asumir el incremento de gastos que les supondría. Esta realidad se ha puesto de manifiesto con ocasión de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Estado realizadas en los últimos meses, principalmente a entidades deportivas catalanas, con actividades de deporte de base y amateur, las cuales, de seguir adelante, pueden poner en riesgo la continuidad de las entidades, tal como vienen manifestando las entidades y federaciones deportivas de Catalunya. De las citadas actuaciones de inspección están derivando actas de liquidación y de infracciones por unos importes que para la mayoría de estas entidades deportivas son del todo inasumibles, por lo que pueden verse obligadas a desaparecer. Es en este contexto y admitiendo la singularidad de estas actividades y la importancia que tienen para el deporte y para la formación de niños y jóvenes, que se propone aplicar una moratoria en las actuaciones inspectoras a los clubs y a las entidades deportivas sin ánimo de lucro, en el ámbito del deporte no profesional, hasta que se haya clarificado la normativa y establecido una exclusión del régimen correspondiente de la Seguridad Social para las mismas, a la vez que aplicar los criterios que reglamentariamente se establezcan a las inspecciones y actas en curso.

ENMIENDA NÚM. 159 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición adicional Redacción que se propone: «Disposición adicional (nueva).  Financiación de las entidades de crédito de los proyectos de emprendeduría.

JUSTIFICACIÓN La enmienda tiene como objeto establecer la obligatoriedad para las entidades de crédito de destinar un mínimo de un 0,5 % de sus beneficios anuales a proyectos de emprendeduría, con el fin de fomentar la actividad emprendedora.

cve: BOCG-10-A-52-2

Las entidades de crédito, reguladas en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, deberán destinar, como mínimo, un importe equivalente al 0,5 % de sus activos a la financiación de proyectos de emprendeduría.»

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Pág. 140 ENMIENDA NÚM. 160

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición adicional Redacción que se propone: «Disposición adicional (nueva).  Plan de crecimiento de ENISA para el fomento de la actividad emprendedora. En el plazo de tres años, ENISA, en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo al que está adscrito, llevará a cabo un plan para doblar su presupuesto y destinar anualmente no menos de un 25 % de su actividad anual a financiar actividades de emprendeduría.» JUSTIFICACIÓN La enmienda tiene como objeto establecer que Enisa, con la colaboración del Ministerio, lleve a cabo un plan para destinar anualmente al menos un 25 % de su actividad anual a financiar actividades de emprendeduría, con el fin de fomentar la actividad emprendedora.

ENMIENDA NÚM. 161 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición adicional Redacción que se propone: «Disposición adicional (nueva).  Simplificación administrativa. Uno.  Los contribuyentes que desarrollen una actividad emprendedora, mientras no superen los 200.000 euros de facturación anual, en los primeros cuatro años desde el inicio de la actividad de la empresa, sólo estarán obligados a llevar los siguientes libros de registro: —  Libro de registro de ventas e ingresos. —  Libro de registro de compras y gastos. —  Libro de registro de bienes de inversión.

Dos.  Se considera emprendedor a toda persona física que vaya a iniciar o haya iniciado una nueva actividad económica en los últimos veinticuatro meses, sea en nombre propio como trabajador autónomo o a través de cualquiera de las formas societarias o análogas existentes de conformidad con la legislación civil, laboral o mercantil admitida en derecho.»

cve: BOCG-10-A-52-2

No obstante, estarán obligados a conservar, durante el plazo de prescripción, los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones, rentas, gastos, ingresos, reducciones y deducciones de cualquier tipo que deban constar en su declaración.

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Pág. 141

JUSTIFICACIÓN La enmienda tiene como objeto instaurar un régimen de contabilidad simplificada para todos los contribuyentes que desarrollen una actividad emprendedora.

ENMIENDA NÚM. 162 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición adicional Redacción Que se propone: «Disposición adicional (nueva).  Informe anual Anualmente el Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados un informe evaluación sobre los resultados de la actividad de creación de empresas por parte de emprendedores y la financiación por parte de inversores de proximidad.» JUSTIFICACIÓN La enmienda tiene como objeto establecer que anualmente el gobierno presente un informe de evaluación sobre los resultados de la creación de empresas por parte de emprendedores y la financiación por parte de inversores de proximidad.

ENMIENDA NÚM. 163 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición adicional Redacción que se propone: «Disposición adicional (nueva).  Emprendedor Social. El Gobierno, en el plazo de un año desde la aprobación de la presente Ley, presentará un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, regulando la figura del emprendedor social.» JUSTIFICACIÓN

cve: BOCG-10-A-52-2

Establecer la obligatoriedad de que el gobierno regule en el plazo de un año la figura del emprendedor social.

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Pág. 142 ENMIENDA NÚM. 164

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición adicional Redacción que se propone: «Disposición adicional (nueva).  Bonificación de las cotizaciones sociales de los emprendedores. Las cotizaciones sociales, en el régimen de trabajadores autónomos, correspondientes a los emprendedores que cumplan con los requisitos de esta ley gozarán de una bonificación equivalente al 90 % de las cotizaciones el primer año de actividad, el 75 % el segundo año y el 50 % el tercer año.» JUSTIFICACIÓN La enmienda tiene como objeto establecer una bonificación a las cotizaciones sociales de los emprendedores.

ENMIENDA NÚM. 165 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición adicional Redacción que se propone: «Disposición adicional (nueva).  Bonificación por contratación de trabajadores desempleados. Los emprendedores que cumplan con los requisitos de esta ley que contraten nuevos trabajadores desempleados tendrán una bonificación equivalente al 90 % de las cotizaciones el primer año de actividad, el 75 % el segundo año y el 50 % el tercer año.» JUSTIFICACIÓN La enmienda tiene como objeto establecer una bonificación por contratación de trabajadores desempleados.

ENMIENDA NÚM. 166 FIRMANTE:

A efectos de adicionar una nueva disposición adicional Redacción que se propone:

cve: BOCG-10-A-52-2

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

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Pág. 143

«Disposición adicional (nueva):  Aplazamiento de las deudas con la administración. El Gobierno en el plazo de tres meses modificará la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril con el fin de no exigir garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas, de derecho público gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuando su importe no exceda de 30.000 euros, y se encuentren tanto en período voluntario como en período ejecutivo de pago, sin perjuicio del mantenimiento, en este último caso, de las trabas existentes sobre bienes y derechos del deudor en el momento de la presentación de la solicitud.» JUSTIFICACIÓN En la actualidad la dispensa de garantías en el aplazamiento de deudas con la administración rige para importes de hasta 18.000 euros en las deudas tributarias y para 30.000 euros en las deudas con la Seguridad Social. El objetivo de esta enmienda es equiparar ambos importes, otorgando así, a las empresas con problemas financieros, flexibilidad para el pago de las deudas tributarias con el fin de favorecer su continuidad.

ENMIENDA NÚM. 167 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición adicional Redacción que se propone: «Disposición adicional (nueva).  Simplificación administrativa. El Gobierno, en el plazo de tres meses, desde la aprobación de la presente ley, procederá a presentar un Proyecto de Ley de simplificación administrativa para las pequeñas y medianas empresas. En particular, dicho proyecto deberá incluir: —  Medidas de simplificación en las cargas administrativas de las empresas. —  Medidas de simplificación en la contabilidad. —  Medidas de simplificación en las operaciones vinculadas. —  Unificación de plazos, modelos y programa de declaración del Impuesto sobre Sociedades y de depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. —  Medidas de simplificación en la aplicación de retenciones en el Impuesto sobre la Renta y de las Personas Físicas para los administradores de sociedades.» JUSTIFICACIÓN La enmienda tiene como objeto instar al gobierno a publicar un proyecto de ley sobre simplificación administrativa.

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición adicional

cve: BOCG-10-A-52-2

ENMIENDA NÚM. 168

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Pág. 144

Redacción que se propone: «Disposición adicional (nueva).  Incentivos fiscales para la mejora de la formación en la actividad emprendedora. Uno.  Se modifica el apartado 2 del artículo 68 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, en los siguientes términos: “2.  Deducciones en actividades económicas. A los contribuyentes por este Impuesto que ejerzan actividades económicas les serán de aplicación los incentivos y estímulos a la inversión empresarial establecidos o que se establezcan en la normativa del Impuesto sobre Sociedades con igualdad de porcentajes y límites de deducción. Los contribuyentes por este Impuesto que ejerzan actividades económicas tendrán derecho a aplicar las deducciones de la cuota íntegra establecidas en los artículos 40 y 113 Quáter del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en concepto de formación profesional del propio contribuyente.” Dos.  Se da nueva redacción al artículo 40 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en los siguientes términos:

1.  La realización de actividades de formación profesional dará derecho a practicar una deducción de la cuota íntegra del 5 % de los gastos efectuados en el período impositivo, minorados en el 65 por ciento del importe de las subvenciones recibidas para la realización de dichas actividades, e imputables como ingreso en el período impositivo. En el caso de que los gastos efectuados en la realización de actividades de formación profesional en el período impositivo sean mayores que la media de los efectuados en los dos años anteriores, se aplicará el porcentaje establecido en el párrafo anterior hasta dicha media, y el 10 % sobre el exceso respecto de ésta. 2.  A los efectos de lo previsto en el apartado anterior se considerará formación profesional el conjunto de acciones formativas desarrolladas por una empresa, directamente o a través de terceros, dirigido a la actualización, capacitación o reciclaje de su personal y exigido por el desarrollo de sus actividades o por las características de los puestos de trabajo. En ningún caso se entenderán como gastos de formación profesional los que, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tengan la consideración de rendimientos del trabajo personal. 3.  La deducción también se aplicará por aquellos gastos efectuados por la entidad con la finalidad de habituar a los empleados en la utilización de nuevas tecnologías. Se incluyen entre dichos gastos los realizados para proporcionar, facilitar o financiar su conexión a Internet, así como los derivados de la entrega gratuita, o a precios rebajados, o de la concesión de préstamos y ayudas económicas para la adquisición de los equipos y terminales necesarios para acceder a aquélla, con su software y periféricos asociados, incluso cuando su uso por los empleados se pueda efectuar fuera del lugar y horario de trabajo. Los gastos a que se refiere este apartado tendrán la consideración, a efectos fiscales, de gastos de formación de personal y no determinarán, la obtención de un rendimiento del trabajo para el empleado. 4.  Durante los tres primeros ejercicios de actividad, el porcentaje de deducción aplicable por gastos de formación será del 10 % . En el caso de que los gastos efectuados en la realización de actividades de formación profesional a partir del segundo ejercicio sean mayores que la media de los efectuados en el ejercicio anterior, se aplicará el porcentaje establecido en el párrafo anterior hasta dicha media, y el 20 % sobre el exceso respecto de ésta.”

cve: BOCG-10-A-52-2

“Artículo 40.  Deducción por gastos de formación.

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Pág. 145

Tres.  Se crea un nuevo artículo 113 quater en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en los siguientes términos: “Artículo 113 quater.  Deducción por gastos de formación en empresas de reducida dimensión. 1.  La realización de actividades de formación profesional por las entidades que cumplan las previsiones del artículo 108 de esta Ley dará derecho a practicar una deducción de la cuota íntegra del 25 % de los gastos efectuados en el período impositivo, minorados en el 65 por ciento del importe de las subvenciones recibidas para la realización de dichas actividades, e imputables como ingreso en el período impositivo. En el caso de que los gastos efectuados en la realización de actividades de formación profesional en el período impositivo sean mayores que la media de los efectuados en los dos años anteriores, se aplicará el porcentaje establecido en el párrafo anterior hasta dicha media, y el 50 % sobre el exceso respecto de ésta. 2.  A los efectos de lo previsto en el apartado anterior se considerarán formación profesional las actividades definidas en los apartados 2 y 3 del artículo 40 de esta Ley. 3.  Durante los tres primeros ejercicios de actividad, el porcentaje de deducción aplicable a las entidades que cumplan, las previsiones del artículo 108 de esta Ley por gastos de formación será del 50 % . En caso de que los gastos efectuados en la realización de actividades de formación profesional a partir del segundo ejercicio, por las entidades que cumplan las previsiones del, artículo 108 de esta Ley, sean mayores que la media de los efectuados en el ejercicio anterior, se aplicará el porcentaje establecido en el párrafo anterior hasta dicha media, y el 100 % sobre el exceso respecto de ésta.”» JUSTIFICACIÓN Consideramos imprescindible mejorar la formación tanto de los emprendedores, como de los trabajadores de la empresa de cara a la mejora del capital humano de la misma. Por tanto, definimos un sistema deducciones que se determinan en función del tamaño empresarial, así como del inicio de la actividad. Asimismo, se establece la consolidación de la deducción que se aplica por aquellos gastos efectuados por la entidad con la finalidad de habituar a los empleados en la utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación dado que el periodo de su vigencia finaliza a finales de diciembre de 2013.

ENMIENDA NÚM. 169 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición adicional transitoria única Redacción que se propone:

Los concursos declarados antes de la fecha de entrada en vigor de esta norma, en cuanto a las normas establecidas en el capítulo V del título I, seguirán rigiéndose hasta su terminación por la normativa concursal anterior a esta Ley.»

cve: BOCG-10-A-52-2

«Disposición transitoria única.

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JUSTIFICACIÓN Echamos de menos en el borrador del Anteproyecto un régimen de aplicación de los cambios del mediador concursal para los concursos ya declarados que debería regularse al final del Anteproyecto, como disposición transitoria, sobre el régimen transitorio que aclararía la aplicación temporal de esta modificación legislativa.

ENMIENDA NÚM. 170 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de suprimir la letra d) de la disposición final octava JUSTIFICACIÓN Con el fin de movilizar importes adicionales para la inversión en actividades de I+D, se propone que se permita aplicar el nuevo sistema a las deducciones acumuladas por la empresas de años anteriores que no han podido utilizarse por falta de cuota, siempre que éstas tenga informe motivado de la Administración.

ENMIENDA NÚM. 171 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de suprimir la letra g) de la disposición final octava JUSTIFICACIÓN Asimismo, se propone la supresión del apartado g) en coherencia con la propuesta de enmienda de supresión número 37 del artículo 32 sobre Capital Social Mínimo de las Sociedades de Garantía Recíproca.

ENMIENDA NÚM. 172 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final

Disposición final (nueva).  Modificación del artículo 6 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. «Artículo 6:  Requisitos para que el acreedor pueda exigir los intereses de demora. El acreedor tendrá derecho a intereses de demora cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:

cve: BOCG-10-A-52-2

Redacción que se propone:

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a)  Que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales. b)  Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso. En caso de que las partes hubieran pactado calendarios de pago para abonos a plazos, todos ellos y la suma de ellos siempre dentro del máximo de 60 días previsto en el artículo 4.3 de esta ley, cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada, los intereses y la compensación previstas en esta ley se calcularán únicamente sobre la base de las cantidades vencidas. JUSTIFICACIÓN De no incluir esta cautela, quedaría una laguna jurídica abierta a la superación del plazo máximo de 60 días por acumulación de plazos parciales.

ENMIENDA NÚM. 173 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final (nueva).  Supresión del apartado 1 del artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.» JUSTIFICACIÓN La experiencia de más de 8 años desde la entrada en vigor de la Ley 3/2004 sugiere que no quede margen a libertad de pacto tampoco sobre los tipos de interés de demora y que se apliquen directamente los del apartado 2.

ENMIENDA NÚM. 174 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone:

Modificación del artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. “Artículo 91.  Tipos impositivos reducidos. Uno:  Se les aplicará el tipo del 10 por 100 a las operaciones siguientes: 1. Igual.

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«Disposición final (nueva).

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2.  Las prestaciones de servicios siguientes: 1.o. Igual. 2.o  Los servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurantes y, en general, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario. (Se suprime segundo párrafo). 3.º Igual. 4.o Igual. 5.o Igual. 6.o  La entrada a teatros, circos, espectáculos y festejos taurinos con excepción a las corridas de toros, parques de atracciones y atracciones de feria, conciertos, bibliotecas, museos, parques zoológicos, salas cinematográficas y exposiciones, así como a las demás manifestaciones similares de carácter cultural a que se refiere el artículo 20, apartado uno, número 14 de esta ley cuando no estén exentas del impuesto. 7.o  Las prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 20, apartado uno, número 80 de esta ley, cuando no resulten exentos de acuerdo con dichas normas. 8.o Igual. 9.o Igual. 10.o  Igual . 11.o Igual. 12.o Igual. 13.o (Nuevo) El suministro y recepción de servicios de radiodifusión digital y televisión digital, quedando excluidos de este concepto la explotación de las infraestructuras de transmisión y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas necesarias a tal fin. 14.o  (Nuevo)  Los prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, que sean personas físicas, a los productores de películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos y a los organizadores de obras teatrales y musicales. 3.  Las siguientes operaciones: 1.o a 3.o: Igual. 4.o (Nuevo) Las importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, cualquiera que sea el importador de los mismos, y las entregas de objetos de arte realizadas por las siguientes personas: 1.  Por sus autores o derechohabientes. 2.  Por empresarios o profesionales distintos de los revendedores de objetos de arte a que se refiere el artículo 136 de esta ley, cuando tengan derecho a deducir íntegramente el impuesto soportado por repercusión directa o satisfecho en la adquisición o importación del mismo. 5.o  Las adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuando el proveedor de los mismo sea cualquiera de las personas a que se refieren los números 10 y 20 del número 4 precedente. (Resto igual).”»

El alza del IVA y otros impuestos incorporada en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, tenía como objetivo principal incrementar los recursos de la administración con el fin de contribuir a reducir el déficit y cumplir con los objetivos de estabilidad fijados en Europa. Este planteamiento tiene un carácter transversal que afecta a la totalidad de los sectores productivos y de las actividades económicas, sin embargo la misma normativa aplica a determinados sectores, como por ejemplo, al amplio sector de la cultura, una alza fiscal explícitamente discriminatoria. Para estos

cve: BOCG-10-A-52-2

JUSTIFICACIÓN

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sectores los tipos impositivos del IVA no aumentan 2 o 3 puntos como en el resto de las actividades, si no que aumentan 13 puntos. Ello contrasta además con la realidad que la mayoría de estos sectores son altamente intensivos en trabajo, lo cual repercutirá negativamente sobre el empleo. Además, salvo algunas excepciones, el tipo impositivo que grava el IVA en la mayoría de países europeos, aplicado a los citados sectores es un tipo reducido. Por todo ello, la enmienda persigue la rectificación inmediata de lo dispuesto en el RDL 20/2012 en relación al aumento de 13 puntos del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable al sector cultural y a la corrección también del aumento en 17 puntos del IVA aplicable a material escolar.

ENMIENDA NÚM. 175 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final (nueva).  Modificación del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactado de la siguiente forma: 1.  Las entidades de capital-riesgo, reguladas en la Ley 25/2005, Reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus sociedades gestoras, estarán exentas en el 99 % de las rentas que obtengan en la transmisión de valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de las empresas o entidades de capital-riesgo a que se refiere el artículo 2 de la citada Ley, en que participen, siempre que la transmisión se produzca a partir del inicio del segundo año de tenencia computado desde el momento de adquisición o de la exclusión de cotización y hasta el decimoquinto, inclusive. Excepcionalmente podrá admitirse una ampliación de este último plazo hasta el vigésimo año, inclusive. Reglamentariamente se determinarán los supuestos, condiciones y requisitos que habilitan para dicha ampliación. Con excepción del supuesto previsto en el párrafo anterior, no se aplicará la exención en el primer año y a partir del decimoquinto. En el supuesto en que se trate de adquisiciones sucesivas de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de una empresa o entidad de capital-riesgo a que se refiere el citado artículo 2 de la Ley 25/2005, reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras, se computará la tenencia de dichos valores, a efectos de la aplicación de la mencionada exención, tomando como fecha de adquisición de todos ellos la correspondiente a la primera toma de participación efectuada, siempre que las sucesivas inversiones en la misma empresa o entidad estén documentadas contractualmente y de forma fehaciente en la fecha de la referida primera toma de participación. No obstante, tratándose de rentas que se obtengan en la transmisión de valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de las empresas a que se refiere el segundo párrafo del apartado 1 del citado artículo 2, la aplicación de la exención quedará condicionada a que, al menos, los inmuebles que representen el 85  % del valor contable total de los inmuebles de la entidad participada estén afectos, ininterrumpidamente durante el tiempo de tenencia de los valores, al desarrollo de una actividad económica en los términos previstos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, distinta de la financiera, tal y como se define en la Ley reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras, o inmobiliaria. En el caso de que la entidad participada acceda a la cotización en un mercado de valores regulado en la Directiva 2004/39/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril

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“Artículo 55.  Entidades de Capital Riesgo.

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de 2004, la aplicación de la exención prevista en los párrafos anteriores quedará condicionada a que la entidad de capital-riesgo proceda a transmitir su participación en el capital de la empresa participada en un plazo no superior a tres años, contados desde la fecha en que se hubiera producido la admisión a cotización de esta última. (resto igual…)”» JUSTIFICACIÓN La financiación de las empresas innovadoras es clave para que pueda producirse el cambio de modelo económico. Las empresas intensivas en I+D+i, en particular, requieren unas necesidades de financiación muy significativas hasta que sus productos llegan al mercado. Las opciones que tienen estas empresas para cubrir sus necesidades financieras son escasas. La financiación bancaria es prácticamente inexistente y la financiación pública vía subvenciones y créditos blandos (CDTI, ENISA y otros organismos públicos del gobierno central o de los distintos gobiernos autonómicos) cubre solo parcialmente el «gap». Únicamente el acceso a capital privado dispuesto a invertir en las fases de I+D garantiza que estas empresas puedan avanzar en sus desarrollos y llegar con ellos al mercado. El 24 de noviembre de 2005 se aprobó la última Ley de Capital Riesgo (Ley 25/2005). Esta Ley introdujo novedades importantes y muy significativas que han impulsado la maduración del sector en nuestro país. No obstante, esta normativa penaliza fiscalmente de manera significativa la rentabilidad de determinadas inversiones que se concentran, precisamente, en los sectores desarrolladores de I+D+i. En concreto, los inversores de capital riesgo asumen el compromiso firme de financiar la compañía, pero en lugar de desembolsar la totalidad del importe comprometido en una única ampliación de capital lo hacen mediante sucesivas ampliaciones, a medida que la compañía va alcanzando una serie de hitos que, por mutuo acuerdo, los inversores y los promotores o accionistas previos fijaron en el momento de la primera toma de participación. De esta manera, los operadores de capital riesgo mitigan el riesgo inherente a este tipo de inversiones y las empresas acceden al capital que necesitan. La limitación que supone la Ley 25/2005 para esta forma de estructurar las operaciones se deriva de la exigencia de mantener las inversiones al menos 12 meses en las empresas para acogerse a la exención del 99  % de la plusvalía generada en el caso de una venta. Esta norma, que responde fielmente al espíritu de las inversiones de capital riesgo, que por lo general tienen una permanencia superior al año, no responde al esquema habitual de financiación de las empresas desarrolladoras de I+D+i antes descrito. Esta penalización fiscal merma de manera significativa la rentabilidad de las inversiones en las empresas desarrolladoras de productos con alto componente de I+D+i, sobre todo en sus fases iniciales. Y si bien ello es independiente del sector para el que están desarrollando sus productos es particularmente gravoso en los sectores considerados de mayor riesgo, como es el caso de la biotecnología y de otras tecnologías en fase experimental.

ENMIENDA NÚM. 176 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final

«Disposición final (nueva).  De modificación de la disposición transitoria del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. La disposición transitoria del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, queda redactada como sigue:

cve: BOCG-10-A-52-2

Redacción que se propone:

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“Se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2017, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 348 bis del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.”»

El 2 de octubre de 2011 entró en vigor el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, introducido por la Ley 25/2011, de 1 de agosto. Dicho precepto introdujo en nuestro ordenamiento un derecho de separación de los socios de compañías no cotizadas por falta de distribución de dividendos a partir del quinto año de su constitución que, de hecho, obligaba a estas sociedades a distribuir, cada año, como dividendo un tercio del beneficio ordinario a partir de dicho momento. Con la introducción de este precepto, se pretendía crear un instrumento para combatir el riesgo de opresión de la minoría en las sociedades de capital no cotizadas que, según la referida enmienda, se inspiró en el artículo 150 de la «Propuesta de Código de Sociedades Mercantiles», presentada por la Comisión General de Codificación en 2002. Sin embargo, este instrumento no sólo no es el más adecuado para proteger a los minoritarios en sociedades cerradas frente a los abusos de la mayoría, sino que olvida la protección de otros intereses, como son el de la propia sociedad y el de los acreedores. Además, puede dar lugar, por un lado, a generar dificultades económicas y financieras para este tipo de sociedades y, por otro, puede convertirse fácilmente en instrumento de abuso por parte de la minoría. En efecto, este precepto de nuevo cuño, de aplicarse con su actual redacción, podría significar que, especialmente en un momento de crisis como el actual, con una fuerte restricción del crédito a las empresas, las sociedades no cotizadas, además que no obtener recursos financieros bancarios ni poder acudir a los mercados de capitales para financiarse, se vean obligadas a dedicar una parte de sus fondos, que puede ser sustancial, a adquirir las acciones de los socios que ejerciten el derecho de separación por falta de distribución de dividendos. La alternativa es la distribución forzosa y anual de un tercio de sus beneficios ordinarios como dividendos. Cualquiera de las dos opciones, aunque, lógicamente, más la primera de ellas, supone una desviación de los fondos sociales respecto al que sería su destino más razonable en los tiempos que corren (reinversión, dividendos en porcentaje inferior a un tercio, etc.) y puede, a su vez, conllevar el incumplimiento de obligaciones asumidas por la sociedad frente a terceros, principalmente, los bancos que le hayan otorgado financiación. Es conocido que, en la actualidad, y debido principalmente a la crisis que estamos viviendo, los contratos de financiación de las empresas incluyen cláusulas que regulan el uso y destino de los fondos o beneficios de la sociedad, así como la composición de los fondos propios de las compañías, debiendo estas respetar unos parámetros o ratios referidos a porcentajes de reservas, fondos propios sobre deuda externa y similares que limitan la autonomía de las empresas a la hora de decidir acerca de la aplicación del resultado. Por tanto, la aplicación de este artículo daría lugar a un incumplimiento generalizado de contratos de financiación por parte de nuestras empresas, con las enormes dificultades que ello generaría. Por otra parte, también es sabido que los planes de negocio de las empresas suelen prever la reinversión de los beneficios generados durante los primeros años de andadura, como medida vital para su posterior desarrollo y supervivencia. Conviene destacar también que la redacción del artículo 348 bis genera un gran número de dudas interpretativas que dificultarían en alto grado su aplicación. Un claro ejemplo es que no resulta claro si este precepto deberá aplicarse por primera vez respecto a los beneficios del ejercicio 2011 o los del 2012. Cabe añadir que esta norma choca con muy diversas iniciativas planteadas por diferentes Grupos parlamentarios, durante la pasada legislatura, así el Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso (Convergència i Unió) presentó el 21 de febrero de 2010 una proposición no de ley instando su modificación, la cual fue aprobada por unanimidad: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que dentro del marco del nuevo Código mercantil que se está elaborando desde el Ministerio de Justicia, se estudien e impulsen las modificaciones legislativas que haya que introducir en la Ley de Sociedades de Capital para que, sin menoscabo del derecho de separación y del derecho a la distribución de los dividendos legalmente repartibles que se puedan generar por la explotación del objeto social, que asiste a los accionistas minoritarios, no se lleva a las sociedades no cotizadas a situaciones de dificultad económica.» El 29 de marzo de 2012 el Congreso de los Diputados acordó tramitar por el procedimiento de urgencia el Proyecto de Ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital (procedente del Real Decreto-Ley 9/2012, de 16 de marzo) por el

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procedimiento de urgencia. Este proyecto de ley, que modificó, entre otros, diversos preceptos de la Ley de Sociedades de Capital, fue aprovechado por nuestro legislador para introducir una enmienda [propuesta por Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso (Convergència i Unió)] que atendiera la problemática planteada por la PNL en relación con el citado artículo 348 bis. Fruto de la citada enmienda fue el artículo primero, apartado cuatro, de la Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, que adicionó a la LSC una nueva disposición transitoria del siguiente tenor literal: «Se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2014, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 348 bis de esta Ley.» Esta solución de suspender la vigencia del precepto comentado tiene la ventaja de, por un lado, dar un cierto tiempo a las sociedades para adaptarse a la nueva norma, y, por otro, otorgar un cierto margen mientras se tramita el futuro Código Mercantil. El 17 de junio de 2013 el Presidente de la Sección Segunda de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación entregó al Excmo. Sr. Ministro de Justicia el texto de la Propuesta de Código Mercantil elaborado por dicha Sección (la «Propuesta de Código Mercantil»). Esta propuesta contiene, en su artículo 217-6, una regulación del derecho de separación por falta de distribución de dividendos con algunas variantes y mejoras respecto a la redacción del artículo 348 bis LSC. Así las cosas, parece conveniente y oportuno aprobar una nueva suspensión de la vigencia del precepto en tanto el Ministerio de Justicia prepara el correspondiente proyecto con base en la Propuesta de Código Mercantil y dicho proyecto es tramitado como proyecto de ley en las Cortes y finalmente aprobado.

ENMIENDA NÚM. 177 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final (Nueva).  De modificación de la disposición transitoria del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. La disposición transitoria del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, queda redactada como sigue: “Se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2017, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 348 bis del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.” “Se suspende, hasta la entrada en vigor del Código Mercantil, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 348 bis del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.”»

El 2 de octubre de 2011 entró en vigor el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, introducido por la Ley 25/2011, de 1 de agosto. Dicho precepto introdujo en nuestro ordenamiento un derecho de separación de los socios de compañías no cotizadas por falta de distribución de dividendos a partir del quinto año de su constitución que, de hecho, obligaba a estas sociedades a distribuir, cada año, como dividendo un tercio del beneficio ordinario a partir de dicho momento. Con la introducción de este precepto, se pretendía crear un instrumento para combatir el riesgo de opresión de la minoría en las sociedades de capital no cotizadas que, según la referida enmienda, se

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«Se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2014, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 348 bis de esta Ley.» Esta solución de suspender la vigencia del precepto comentado tiene la ventaja de, por un lado, dar un cierto tiempo a las sociedades para adaptarse a la nueva norma y, por otro, otorgar un cierto margen mientras se tramita el futuro Código Mercantil.

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inspiró en el artículo 150 de la «Propuesta de Código de Sociedades Mercantiles», presentada por la Comisión General de Codificación en 2002. Sin embargo, este instrumento no sólo no es el más adecuado para proteger a los minoritarios en sociedades cerradas frente a los abusos de la mayoría, sino que olvida la protección de otros intereses, como son el de la propia sociedad y el de los acreedores. Además, puede dar lugar, por un lado, a generar dificultades económicas y financieras para este tipo de sociedades y, por otro, puede convertirse fácilmente en instrumento de abuso por parte de la minoría. En efecto, este precepto de nuevo cuño, de aplicarse con su actual redacción, podría significar que, especialmente en un momento de crisis como el actual, con una fuerte restricción del crédito a las empresas, las sociedades no cotizadas, además que no obtener recursos financieros bancarios ni poder acudir a los mercados de capitales para financiarse, se vean obligadas a dedicar una parte de sus fondos, que puede ser sustancial, a adquirir las acciones de los socios que ejerciten el derecho de separación por falta de distribución de dividendos. La alternativa es la distribución forzosa y anual de un tercio de sus beneficios ordinarios como dividendos. Cualquiera de las dos opciones, aunque, lógicamente, más la primera de ellas, supone una desviación de los fondos sociales respecto al que sería su destino más razonable en los tiempos que corren (reinversión, dividendos en porcentaje inferior a un tercio, etc.) y puede, a su vez, conllevar el incumplimiento de obligaciones asumidas por la sociedad frente a terceros, principalmente, los bancos que le hayan otorgado financiación. Es conocido que, en la actualidad, y debido principalmente a la crisis que estamos viviendo, los contratos de financiación de las empresas incluyen cláusulas que regulan el uso y destino de los fondos o beneficios de la sociedad, así como la composición de los fondos propios de las compañías, debiendo éstas respetar unos parámetros o ratios referidos a porcentajes de reservas, fondos propios sobre deuda externa y similares que limitan la autonomía de las empresas a la hora de decidir acerca de la aplicación del resultado. Por tanto, la aplicación de este artículo daría lugar a un incumplimiento generalizado de contratos de financiación por parte de nuestras empresas, con las enormes dificultades que ello generaría. Por otra parte, también es sabido que los planes de negocio de las empresas suelen prever la reinversión de los beneficios generados durante los primeros años de andadura, como medida vital para su posterior desarrollo y supervivencia. Conviene destacar también que la redacción del artículo 348 bis genera un gran número de dudas interpretativas que dificultarían en alto grado su aplicación. Un claro ejemplo es que no resulta claro si este precepto deberá aplicarse por primera vez respecto a los beneficios del ejercicio 2011 o los del 2012. Cabe añadir que esta norma choca con muy diversas iniciativas planteadas por diferentes Grupos parlamentarios, durante la pasada legislatura, así el Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso (Convergència i Unió) presentó el 21 de febrero de 2010 una proposición no de ley instando su modificación, la cual fue aprobada por unanimidad. «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que dentro del marco del nuevo Código mercantil que se está elaborando desde el Ministerio de Justicia, se estudien e impulsen las modificaciones legislativas que haya que introducir en la Ley de Sociedades de Capital para que, sin menoscabo del derecho de separación y del derecho a la distribución de los dividendos legalmente repartibles que se puedan generar por la explotación del objeto social, que asiste a los accionistas minoritarios, no se lleva a las sociedades no cotizadas a situaciones de dificultad económica.» El 29 de marzo de 2012 el Congreso de los Diputados acordó tramitar por el procedimiento de urgencia el Proyecto de Ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital (procedente del Real Decreto-ley 9/2012, de 16 de marzo) por el procedimiento de urgencia. Este proyecto de ley, que modificó, entre otros, diversos preceptos de la Ley de Sociedades de Capital, fue aprovechado por nuestro legislador para introducir una enmienda [propuesta por Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso (Convergència i Unió)] que atendiera la problemática planteada por la PNL en relación con el citado artículo 348 bis. Fruto de la citada enmienda fue el artículo primero, apartado cuatro, de la Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, que adicionó a la LSC una nueva disposición transitoria del siguiente tenor literal:

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El 17 de junio de 2013 el Presidente de la Sección Segunda de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación entregó al Excmo. Sr. Ministro de Justicia el texto de la Propuesta de Código Mercantil elaborado por dicha Sección (la «Propuesta de Código Mercantil»). Esta propuesta contiene, en su artículo 217-6, una regulación del derecho de separación por falta de distribución de dividendos con algunas variantes y mejoras respecto a la redacción del artículo 348 bis LSC. Así las cosas, parece conveniente y oportuno aprobar una nueva suspensión de la vigencia del precepto en tanto el Ministerio de Justicia prepara el correspondiente proyecto con base en la Propuesta de Código Mercantil y dicho proyecto es tramitado como proyecto de ley en las Cortes y finalmente aprobado.

ENMIENDA NÚM. 178 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final (Nueva).  Adición de un último inciso a la letra a) del apartado 6 del artículo 42 y de la letra c) del mismo artículo del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. “Artículo 42.  Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. 6.  Plazo para efectuar la reinversión.

JUSTIFICACIÓN En la misma línea que lo sostenido por este Grupo Parlamentario en la enmienda respecto del artículo 37 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en la letra a) del apartado 6 de su artículo 42 se hace necesario clarificar cuándo se entiende realizada la inversión, en interés de una mayor claridad y seguridad jurídica. En efecto, el término «puesta a disposición» es susceptible de

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a)  La reinversión deberá realizarse dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la puesta a disposición del elemento patrimonial transmitido y los tres años posteriores, o, excepcionalmente, de acuerdo con un plan especial de reinversión aprobado por la Administración tributaria a propuesta del sujeto pasivo. Cuando se hayan realizado dos o más transmisiones en el período impositivo de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de toda clase de entidades, dicho plazo se computará desde la finalización del período impositivo. La reinversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la puesta a disposición de los elementos patrimoniales en que se materialice. A los efectos de este artículo, se entenderá como puesta a disposición de los elementos patrimoniales la fecha de adquisición su propiedad. b) igual. c)  La deducción se practicará en la cuota íntegra correspondiente al período impositivo en que se efectúe la reinversión. Cuando la reinversión se haya realizado antes de la transmisión, la deducción se practicará en la cuota íntegra correspondiente al período impositivo en el que se efectúe dicha transmisión. La deducción se practicará en el propio período impositivo en el que se generen los beneficios que se destinen a la reinversión que dé derecho a la deducción, estando sujeta a la condición resolutoria de que se realice la citada reinversión en los plazos previstos en la letra a) del presente apartado 6 de este mismo artículo (resto igual).”»

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diferentes interpretaciones, por lo que resulta aconsejable referir el momento en cuestión a un concepto jurídicamente más preciso en Derecho español como es el de adquisición de la propiedad. Por lo que respecta a la modificación de la letra c) del apartado 3 del mismo precepto, resulta más adecuado a los objetivos que persigue el proyecto de Ley permitir que la deducción se aplique en el período impositivo en el que se obtienen los beneficios en todos los casos y no solamente cuando la reinversión coincida en el mismo período. Con ello, trataría de garantizarse la aplicación efectiva del incentivo, por cuanto es de esperar que, en el período en que se produzca el beneficio, el contribuyente disponga de cuota del Impuesto contra la que aplicar la deducción. Por el contrario, si la deducción se genera en un período posterior porque la inversión se produzca entonces, puede ocurrir (y ocurre en la práctica) que la deducción no se llegue a aplicar efectivamente por falta de beneficios o de cuota del Impuesto en ejercicios sucesivos.

ENMIENDA NÚM. 179 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final (Nueva).  Proyecto de Ley de Bases de Garantías sobre Bienes Muebles. El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, remitirá al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley de Bases de Garantías sobre Bienes Muebles.» JUSTIFICACIÓN En una situación como la actual, de amplia restricción del crédito, resulta imprescindible realizar un esfuerzo para la movilización de la riqueza y del patrimonio mobiliario del deudor. Debe abrirse el sistema registral a más bienes y a más garantías. No es eficiente un sistema financiero que sólo permite someter a garantía o gravámenes una pequeña fracción del patrimonio del concedente de la garantía, sea o no el deudor. Una Ley de Bases de Garantías sobre Bienes Muebles deberá atender a la finalidad indicada, y superar los estrechos límites de la regulación actual.

ENMIENDA NÚM. 180 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final apartado al artículo 7 Redacción que se propone:

Artículo 7.  Incentivos para entidades de nueva creación. (Nuevo).  Modificación de la deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad regulada en el artículo 41 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo:

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«Disposición final.  Adición de un nuevo apartado al artículo 7 de la ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero).

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«Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifica la redacción del artículo 41 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que quedará redactado del siguiente modo: Artículo 41.  Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad. 1.  Será deducible de la cuota íntegra la cantidad de 9.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de la plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por 100 contratados por el sujeto pasivo, experimentado durante el periodo impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por 100 del período inmediatamente anterior. 2.  Será deducible de la cuota íntegra la cantidad de 12.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de la plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 65 por 100 contratados por el sujeto pasivo, experimentado durante el periodo impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 65 por 100 del período inmediatamente anterior. 3.  El importe de las deducciones reguladas en los números 1 y 2 anteriores se incrementará en un 100 por 100 en caso de que el sujeto pasivo sea considerado como empresa de reducida dimensión conforme a lo previsto en el artículo 108 de esta Ley. La deducción prevista en el presente artículo no se computará a los efectos del cálculo del límite previsto en el artículo 44 de esta Ley.”»

Tras la reforma operada en el año 2006, la Deducción por Creación de Empleo que se prevé en el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para trabajadores con discapacidad ha sido una de las pocas que se ha mantenido tras la desaparición progresiva de la mayor parte de las deducciones allí contempladas. Esto viene motivado sin duda, por la preocupación del legislador y su creciente atención hacia el colectivo que conforman las personas con discapacidad que no hay que olvidar tienen obstáculos de entrada al mercado laboral superiores a los del resto de personas que conforman la población en condiciones de acceder al complicado mercado laboral de nuestro país. No obstante lo anterior, no hay que olvidar que pese al mantenimiento de la deducción, ni su importe ni las condiciones para su aplicación se han visto modificado desde hace varios años, lo que nos lleva a plantear que, si lo que se quiere en este momento de grave crisis es incentivar la creación de empleo, como así ha demostrado el legislador al hilo de la reciente reforma laboral aprobada en Real Decretoley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en la que se han incluido medidas de fomento de la contratación indefinida, sería no sólo conveniente, sino claramente incentivador, el que se reformara la deducción con el fin de elevar su importe y modularlo en función del grado de discapacidad de los trabajadores, así como en función de la condición o no de empresa de reducida dimensión del sujeto pasivo. Asimismo, la propuesta que se realiza contempla que la deducción se pueda aplicar sin límite sobre cuota y una ampliación de su ámbito de aplicación eliminando la necesidad de que el contrato sea indefinido y a jornada completa. Además, se propone la eliminación de la incompatibilidad con la libertad de amortización con creación de empleo que se prevé en el número 3 de la actual redacción del artículo 41 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Con esta batería de medidas se fomentará sin duda la contratación de personas con discapacidad, colectivo con especiales dificultades de acceso a un mercado laboral, ya de por sí complejo en estos momentos siendo esta medida el perfecto complemento a las medidas favorecedoras del emprendimiento que son el eje del Proyecto.

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Pág. 157 ENMIENDA NÚM. 181

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final (nueva)  Adición de un nuevo apartado 5 al artículo 7 de la ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero). “Artículo 7.  Incentivos para entidades de nueva creación. Con efectos …/5. (Nuevo)  Estarán exentas de tributación por este impuesto, las ayudas otorgadas por las Administraciones Públicas, en el marco de programas de apoyo a los emprendedores y ligadas al ejercicio de actividades económicas, que sean percibidas por entidades de nueva creación con derecho a aplicar lo previsto en la presente disposición.”» JUSTIFICACIÓN La exposición de motivos del Proyecto de Ley de Medidas de Apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo contempla como uno de sus ejes prioritarios el fomento del espíritu emprendedor y como muestra de esta intención, se ha considerado por parte del legislador que era necesaria la reforma de la letra n) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con el fin de declarar exentas de tributación las prestaciones por desempleo en su modalidad de pago único siempre que las cantidades percibidas se destinen a determinadas finalidades. En relación con esta cuestión, no se puede olvidar que, aparte de las prestaciones por desempleo en su modalidad de pago único que estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pueden existir otro tipo de ayudas otorgadas por las Administraciones Públicas que deberían, en aras a ser un verdadero incentivo, estar desfiscalizadas en su perceptor, contribuyendo así a su mayor eficacia. Es por ello que se propone que en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades se introduzca una mención a la exención de este tipo de ayudas en la nueva disposición adicional decimonovena (entidades de nueva creación), que regula el incentivo relativo al tipo impositivo reducido y las condiciones para su aplicación.

ENMIENDA NÚM. 182 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final

«Disposición final (Nueva).  Adición de un nuevo apartado 5 al artículo 7 de la ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero). “Artículo 7.  Incentivos para entidades de nueva creación. Con efectos …/…

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Redacción que se propone:

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5.  Estarán exentas de tributación por este impuesto, las ayudas otorgadas por las Administraciones Públicas, en el marco de programas de apoyo a los emprendedores y ligadas al ejercicio de actividades económicas, que sean percibidas por entidades de nueva creación con derecho a aplicar lo previsto en la presente disposición.”» JUSTIFICACIÓN La exposición de motivos del Proyecto de Ley de Medidas de Apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo contempla como uno de sus ejes prioritarios el fomento del espíritu emprendedor y como muestra de esta intención, se ha considerado por parte del legislador que era necesaria la reforma de la letra n) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con el fin de declarar exentas de tributación las prestaciones por desempleo en su modalidad de pago único siempre que las cantidades percibidas se destinen a determinadas finalidades. En relación con esta cuestión, no se puede olvidar que, aparte de las prestaciones por desempleo en su modalidad de pago único que estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pueden existir otro tipo de ayudas otorgadas por las Administraciones Públicas que deberían, en aras a ser un verdadero incentivo, estar desfiscalizadas en su perceptor, contribuyendo así a su mayor eficacia. Es por ello que se propone que en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades se introduzca una mención a la exención de este tipo de ayudas en la nueva disposición adicional decimonovena (entidades de nueva creación), que regula el incentivo relativo al tipo impositivo reducido y las condiciones para su aplicación.

ENMIENDA NÚM. 183 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final (nueva).  Modificación del artículo 8 de la ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero). Artículo 8.  Incentivos en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:

«3.  Los contribuyentes que inicien el ejercicio de una actividad económica y determinen el rendimiento neto de la misma con arreglo al método de estimación directa, podrán reducir en un 20 por ciento el rendimiento neto positivo declarado con arreglo a dicho método, minorado en su caso por las reducciones previstas en los apartados 1 y 2 anteriores, en el primer período impositivo en que el mismo sea positivo y en el período impositivo siguiente. La reducción prevista en el párrafo anterior se incrementará en cinco puntos porcentuales en el caso de que el contribuyente sea una persona con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento.

cve: BOCG-10-A-52-2

Tres.  Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 32, que queda redactado de la siguiente forma:

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A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá que se inicia una actividad económica cuando no se hubiera ejercido actividad económica alguna en el año anterior a la fecha de inicio de la misma, sin tener en consideración aquellas actividades en cuyo ejercicio se hubiera cesado sin haber llegado a obtener rendimientos netos positivos desde su inicio. Cuando con posterioridad al inicio de la actividad a que se refiere el párrafo primero anterior se inicie una nueva actividad sin haber cesado en el ejercicio de la primera, la reducción prevista en este apartado se aplicará sobre los rendimientos netos obtenidos en el primer período impositivo en que los mismos sean positivos y en el período impositivo siguiente, a contar desde el inicio de la primera actividad. La cuantía de los rendimientos netos a que se refiere este apartado sobre la que se aplicará la citada reducción no podrá superar el importe de 100.000 euros anuales. No resultará de aplicación la reducción prevista en este apartado en el período impositivo en el que más del 50 por ciento de los ingresos del mismo procedan de una persona o entidad de la que el contribuyente hubiera obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha de inicio de la actividad.”» JUSTIFICACIÓN El artículo 8 Tres del Proyecto prevé la introducción de un nuevo apartado 3 al artículo 32 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (reducción en rendimientos de las actividades económicas), con el fin de incluir una reducción del 20 por 100 para aquellos contribuyentes que inicien la realización de actividades económicas. Esta medida tan favorecedora no puede obviar la realidad de que el autoempleo es una de las vías utilizadas por las personas con discapacidad (a veces como única vía posible) para lograr su plena inserción en la sociedad, y por ello, en aras al cumplimiento del mandato constitucional recogido en el artículo 49 de la Carta Magna, consideramos que sería incentivador para el colectivo de personas con discapacidad, que esta reducción se viera incrementada en un 5 por 100. Esta medida que proponemos iría en línea con las reducciones incrementadas que ya se contemplan en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los rendimientos del trabajo (artículo 20.3) y para los rendimientos de actividades económicas (artículo 32.2.1.º) en aquellos casos en que los contribuyentes son personas con discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 184 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final (nueva).  Modificación del artículo 1 de la ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero).

Dos.  La disposición adicional undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, queda redactada del siguiente modo:

cve: BOCG-10-A-52-2

Artículo 1.  Cotización a la Seguridad Social aplicable a los jóvenes trabajadores por cuenta propia.

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“Disposición adicional undécima.  Reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta propia. 1.  Las personas con discapacidad en alta en el Régimen especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o como trabajadores por cuenta propia en e! Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, se beneficiarán, mientras dure la situación de alta, de una bonificación del 100 por 100 de la cuota, que resulte de aplicar sobre la base de cotización el tipo vigente en el mencionado Régimen Especial. Se consideran personas con discapacidad las personas definidas en el párrafo tercero del apartado segundo del artículo uno de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 2.  Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado, que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o como trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, cuando cumplan los requisitos de los apartados anteriores de esta disposición adicional.”» JUSTIFICACIÓN Modificar la disposición adicional undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, con el fin de que las personas con discapacidad en alta en el Régimen especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se beneficien, mientras dure la situación de alta, de una bonificación del 100 por 100 de la cuota, que resulte de aplicar sobre la base de cotización el tipo vigente en el mencionado Régimen Especial. Esta propuesta de mejora de la redacción dada en el Proyecto de Ley se justifica por la extremadamente baja tasa de empleo de las personas con discapacidad, su mayor tasa de desempleo y la urgencia por activar y dar salidas laborales a este colectivo.

ENMIENDA NÚM. 185 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final (nueva).  Modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Dos bis (nuevo apartado).  Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que queda redactado como sigue:

1.  En todos los contratos se exigirá al empresario la acreditación de que cumple lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 13 de abril, respecto la obligación de contar con un 2 por 100 de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes.

cve: BOCG-10-A-52-2

“Disposición adicional cuarta.  Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro.

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A tal efecto, los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán incorporar en la cláusula relativa a la documentación a aportar por los licitadores, la exigencia de que se aporte un certificado de la empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma, o en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas.”» JUSTIFICACIÓN Se deben realizar modificaciones, así mismo, en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para que los órganos de contratación administrativa exijan la acreditación del cumplimiento de la norma que obliga a las empresas de 50 o más trabajadores tener contratados un 2 por 100 de trabajadores con discapacidad o alguna de las medidas alternativas previstas en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982. Actualmente, el texto no es imperativo, pues solo permite a los órganos de contratación ponderar el cumplimiento del 2 % por las empresas obligadas. Al igual que se exige que se acredite el cumplimiento de normas de garantía de calidad y de gestión medioambiental creemos que también se debe exigir el cumplimiento de esta obligación de naturaleza laboral. Esta medida resulta plenamente lógica ya que se entiende que la Administración no debe tener contrato alguno con quien infringe la regulación legal vigente y aplicable. Y reiteramos que con esta medida en absoluto se está creando obligación legal alguna, sino sólo recordando la misma y exigiendo que se acredite el cumplimiento de una obligación legal imperativa y exigible desde hace años en nuestro país.

ENMIENDA NÚM. 186 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final (nueva).  Modificación del apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

“k)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos derivados de la realización de actos discriminatorios tipificados en los artículos 510 a 512 del Código Penal. l)  Haber sido sancionados en sede administrativa por infracciones laborales muy graves en supuestos de actos contra la intimidad y la dignidad, discriminación y acoso, tipificadas en los apartados 11, 12, 13 y 13 bis del artículo 8 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o por infracciones de empleo graves por incumplimientos en materia de medidas de reserva e integración laboral de personas con discapacidad, tipificada en el apartado 3 del artículo 15 de dicha Ley. m)  Haber sido sancionados en sede administrativa por infracciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley 49/2007, de 26 de diciembre. n)  No cumplir la obligación legal de reserva de empleo en favor de trabajadores con discapacidad o las medidas alternativas de carácter excepcional a dicha reserva, establecidas por la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, en los términos en que se determine reglamentariamente.”»

cve: BOCG-10-A-52-2

Se incorporan cuatro nuevas letras al apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que queda redactado como sigue:

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JUSTIFICACIÓN Parece importante excluir del acceso a las subvenciones o ayudas de cualquier tipo a las personas físicas o jurídicas incumplidoras de las normas que favorezcan a las personas con discapacidad o que realicen actos discriminatorios o contrarios a la dignidad de las personas. Por una parte, la realización de actos discriminatorios puede ser constitutiva de delito, de acuerdo con los artículos 510 a 512 del Código Penal, dada su gravedad y la alarma social que originan dichas actividades. En ámbitos como el laboral, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica y califica como muy graves o graves las conductas empresariales, respectivamente, discriminatorias o que vulneren las normas que favorecen a las personas con discapacidad. Sería una burla a las leyes que sujetos, personas físicas o jurídicas, que han sido condenados en el orden penal o sancionados en vía administrativa por tan graves conductas, obtengan beneficios o subvenciones como «premio» a su comportamiento, censurado, sin embargo, por las normas penales o de otros órdenes. En otros ámbitos, como el de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, se ha excluido de cualquier subvención o ayuda a aquéllas que promuevan el odio o la violencia, con base en la sanción penal de dichas conductas. De igual modo, se considera que no deben obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora aquellas personas físicas o jurídicas que viniendo obligadas por la legislación social vigente no cumplan la reserva de empleo en favor de trabajadores con discapacidad, ya que desde los poderes públicos no se puede favorecer a quienes incumplen obligaciones generales dirigidas a favorecer a grupos vulnerables. Por otra parte, la obtención de cualquier subvención pública debería estar condicionada a que la empresa acreditara el cumplimiento de la obligación de reservar un 2 % de los puestos de trabajo a personas con discapacidad en los términos establecidos en la LISMI. Para ello se debería incluir esta obligación en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

ENMIENDA NÚM. 187 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final (nueva).  Modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Dos ter (nuevo apartado).  Se modifica la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que queda redactada como sigue:

1.  Los órganos de contratación reservarán la adjudicación de un porcentaje de un 10 por 100 del importe total anual de su contratación a Centros Especiales de Empleo, cuando al menos el 70 por 100 de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales. Quedan excluidos del cómputo los contratos de obras y de concesión de obra pública. El porcentaje de esta reserva social en cada órgano de contratación se establecerá sobre el importe total anual de su contratación en el ejercicio anterior. 2.  Únicamente podrá justificarse el incumplimiento del indicado porcentaje de reserva en la falta de presentación de ofertas aceptables en los expedientes en los que se solicitaron o en la no inscripción en el Registro de Contratistas de empresas que cumplan los requisitos y adecuación al objeto contractual reservable.

cve: BOCG-10-A-52-2

“Disposición adicional quinta.  Contratos reservados.

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3.  En todos los anuncios de licitación de contratos cuya adjudicación se considere conveniente reservar a Centros Especiales de Empleo, deberá hacerse referencia a la presente disposición. 4.  Los órganos de contratación eximirán de la obligación de constituir garantía a los centros, entidades y empresas contratados al amparo de la reserva a que se refiere la presente disposición. Esta exención se reseñará y justificará en los pliegos en base a la importante función social que tales centros, entidades y empresas desarrollan.”» JUSTIFICACIÓN Como sabemos, los Centros Especiales de Empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores con discapacidad, a la vez que sea un medio de integración del mayor número de personas con discapacidad al régimen de trabajo normal. Estos centros ya han demostrado su eficacia y su productividad, llegando a convertirse en empresas consolidadas dentro de sus respectivos sectores, que ofrecen sus bienes y servicios al mercado en condiciones absolutamente competitivas. En la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se permite la reserva de adjudicación de algunos contratos a favor de los Centros Especiales de Empleo. Sin embargo, en la práctica no se está aplicando, ya que se dejó como una posibilidad meramente facultativa de las Administraciones contratantes. De forma complementaria a esta medida, sería muy positivo que se incorporara efectivamente dicha reserva de adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo, ya que se considera una clara acción muy eficaz para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en nuestro país, tal y como sucede en otros países. Los concretos contratos a reservar se podrían seleccionar en base a un porcentaje del volumen de contratación anual, con lo que se evitaría que los contratos reservados fueran muy poco significativos a efectos económicos, sin que tampoco alcanzaran en absoluto un número excesivo. Al amparo de esa reserva en la adjudicación se puede prever igualmente que los órganos de contratación eximan de la obligación de constituir garantía a los centros, entidades y empresas contratados, en base, reiteramos, a la importante función social que éstos desarrollan. Con esta reserva de contratos se muestra igualmente el compromiso de las Administraciones Públicas hacia el colectivo de personas con discapacidad, aplicando medidas de acción positiva. Además, no sólo no generaría coste económico alguno, sino que incidiría muy favorablemente en la creación de empleo y en la productividad y competitividad.

ENMIENDA NÚM. 188 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final

«Disposición final (nueva).  Modificación de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013: Se modifica la disposición adicional quincuagésima sexta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, mediante la adición de un nuevo número. “11.º  Los programas de actuación en materia de inserción laboral de personas con discapacidad para la ejecución de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad,

cve: BOCG-10-A-52-2

Redacción que se propone:

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y que se ejecuten dentro del Programa Operativo Plurirregional del FSE de Lucha contra la Discriminación 2007-2013 (2007E505UP0002).”» JUSTIFICACIÓN La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, estableció un conjunto de incentivos a las actividades de mecenazgo que han supuesto sin duda una ayuda para encauzar los esfuerzos privados en actividades de interés general, dotando a nuestro sistema fiscal de una serie de medidas de apoyo que han incentivado al sector privado en el desarrollo de actividades que benefician al conjunto de la sociedad. Dentro de estos incentivos fiscales se encuentran las Actividades Prioritarias de Mecenazgo que suponen beneficios incrementados con respecto a los generales para los contribuyentes que colaboren con ellas (artículo 22 de la Ley 49/2002). En relación con lo anterior, el Consejo de Ministros que se celebró el viernes 26 de septiembre de 2008 aprobó la Estrategia Global de Acción para el empleo de las Personas con Discapacidad, con el principal objetivo de promover el acceso al mercado de trabajo, mejorando su empleabilidad e integración laboral, de un colectivo que representa el 8,6 por ciento de la población entre 16 a 64 años, y sólo el 4,1 por ciento del total de ocupados. Para ello se previeron una serie de ayudas cuyo importe se estimaron en 3.700 millones de euros a lo largo de cinco años parte en bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas que contraten a personas con discapacidad y la parte restante al fomento del empleo protegido, en particular, en los centros especiales de empleo. Por otra parte, la UAFSE, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, tramitó en su día y, posteriormente, la Comisión Europea aprobó el programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007ES05UP0002, para el periodo 2007-2013, uno de cuyos objetivos es favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad, a través del cual se canalizan acciones con objetivos por tanto convergentes con los de la Estrategia Global antes reseñada. Al hilo de lo anterior y teniendo en cuenta el ámbito de las Actividades prioritarias de mecenazgo que se incluyeron en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y el ámbito objetivo del Proyecto de Ley cuyo fin último es el incremento del empleo, consideramos que es posible proponer la inclusión de los programas de actuación para la ejecución de la Estrategia Global de Acción para el empleo de las Personas con Discapacidad que se aprueben por el Ministerio competente y que se incluyan en el mencionado programa operativo FSE, como actividad prioritaria de mecenazgo, al igual que se hace en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 con los programas dirigidos a la formación del voluntariado que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones Públicas, los proyectos y actuaciones de las Administraciones Públicas dedicadas a la promoción de la sociedad de la información y los programas dirigidos a la lucha contra la violencia de género que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones Públicas o se hayan realizado en colaboración con éstas. Esta medida propuesta ayudará sin duda a que el sector empresarial se involucre en la creación de empleo para este colectivo, empleo que supone la integración de las personas con discapacidad en la sociedad.

ENMIENDA NÚM. 189 FIRMANTE:

A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final (nueva).  Modificación del artículo 2.1.c) del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.

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Se modifica el artículo 2.1.c) del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, que queda redactado como sigue: “Artículo 2.  Requisitos 1.  Podrán ser beneficiarios del programa los trabajadores desempleados menores de 65 años que, a la fecha de solicitud de incorporación, reúnan los siguientes requisitos: a)  Ser mayor de 45 años. b)  Ser demandante de empleo inscrito ininterrumpidamente como desempleado en la oficina de empleo (…/…). c)  Haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo y/o el subsidio por desempleo de nivel asistencial establecidos en el título tercero del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, salvo cuando la extinción se hubiera producido por imposición de sanción, y no tener derecho a la protección por dicha contingencia. Este requisito no se exigirá en los supuestos previstos en las letras b) y c) del apartado 2 de este artículo. d)  Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores (…/…).”» JUSTIFICACIÓN El programa de la renta activa de inserción, regulada por el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, establecía, hasta que fue modificado por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, que, para ser beneficiario de la renta activa de inserción el beneficiario debía haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo y/o el subsidio por desempleo de nivel asistencial establecidos en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social [artículo 2.1.c) del Real Decreto 1369/2006], salvo que se tratara de una persona con discapacidad. A partir de la modificación, operada por el citado Real Decreto Ley 20/2012, se ha suprimido esta última excepción, de forma que las personas con discapacidad también deben, para beneficiarse de esta ayuda, acreditar que han agotado las prestaciones de desempleo. Esta medida nos parece injusta y discriminatoria para las personas con discapacidad, muchísimas de las cuales no llegan a acceder a un empleo que genere prestaciones de desempleo, pues se ha suprimida una medida positiva dirigida a superar las desventajas de dichas personas en el mercado de trabajo, con una tasa de actividad y empleo mucho más baja que las de las personas sin discapacidad. Este programa puede utilizarse también para impulsar el acceso al autoempleo de sus beneficiarios, lo que vincula esta propuesta al Proyecto de Ley, por lo que proponemos suprimir los obstáculos que se han establecido para que se acojan a aquél las personas con discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 190 FIRMANTE:

A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final (nueva).  Modificación del artículo 147 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

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Se modifica el artículo 147 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que queda redactado como sigue: “Las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido, y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo. En el caso de personas que con anterioridad al inicio de una actividad lucrativa vinieran percibiendo pensión de invalidez en su modalidad no contributiva, durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad, la suma de la cuantía de la pensión de invalidez y de los ingresos obtenidos por la actividad desarrollada no podrán ser superiores, en cómputo anual, al doble del importe, también en cómputo anual, del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en cada momento. En caso de exceder de dicha cuantía, se minorará el importe de la pensión en el 50 % del exceso sin que, en ningún caso, la suma de la pensión y de los ingresos pueda superar 3 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). Esta reducción no afectará al complemento previsto en el apartado 6 del artículo 145 de esta Ley.”» JUSTIFICACIÓN Su objetivo es promover que el Sistema de Seguridad Social no suponga trabas para la activación y por tanto el acceso al empleo, tanto por cuenta propia como ajena, de las personas con discapacidad, y que al mismo tiempo estimule, compatibilizándolas en su caso, el tránsito de medidas pasivas a medidas activas. Así, se inventiva también el emprendimiento de las personas que cobran estas pensiones. De esta forma las personas pasarían de ser únicamente perceptores, a ser también contribuyentes fiscales y cotizantes a la Seguridad Social. Para ello, se ha de mejorar la Ley 8/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado. En este sentido, se propone: aumentar los ingresos por trabajo que se permiten compatibilizar con el percibo de la pensión de invalidez no contributiva. La suma de la pensión y los ingresos por el trabajo no podrá superar el duplo del IPREM (ahora el tope es la cuantía de éste). Si excede de ese tope se minora la pensión en un 50 % del exceso, sin que la suma de la pensión y los ingresos por el trabajo superen 3 veces el IPREM (ahora 1,5). Y suprimir el plazo de los 4 años actuales en que se permite la compatibilidad, (artículo 147 de la Ley General de la Seguridad Social) para que sea indefinida.

ENMIENDA NÚM. 191 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone:

“Disposición adicional trigésima quinta.  Reducciones y bonificaciones a la Seguridad Social aplicables a los jóvenes trabajadores por cuenta propia. 1.  En el supuesto de trabajadores por cuenta propia, incorporados al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a partir de la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo, o al Régimen Especial de Trabajadores del Mar, menores de 30 años de edad, o menos de 35 años en el caso de mujeres, se aplicará sobre la cuota por contingencias

cve: BOCG-10-A-52-2

«Disposición final.  Modificación de la disposición adicional trigésima quinta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda redactada del siguiente modo:

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comunes que corresponda, en función de la base de cotización elegida y del tipo de cotización aplicable, según el ámbito de protección por el que se haya optado, una reducción, durante los 18 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al 30  % de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, y una bonificación, en los 18 meses siguientes a la finalización del período de reducción, de igual cuantía que ésta. 2.  Alternativamente al sistema de bonificaciones y reducciones establecido en el apartado anterior, los trabajadores por cuenta propia que tengan menos de 30 años de edad y que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los cinco años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, podrán aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, incluida en la incapacidad temporal, resultante de aplicar a la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, por un período máximo de 36 meses, según la siguiente escala: a) Una bonificación equivalente al 90 % de la cuota durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta. b) Una bonificación equivalente al 75 % de la cuota durante los 12 meses siguientes al período señalado en la letra a). c) Una bonificación equivalente al 50 % de la cuota durante los 12 meses siguientes al período señalado en la letra b). Lo previsto en el presente apartado no resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta propia que empleen trabajadores por cuenta ajena. 3.  Los trabajadores por cuenta propia que opten por el sistema del apartado anterior, podrán acogerse a las bonificaciones y reducciones del apartado 1, siempre que el cómputo total de las mismas no supere el plazo máximo de 36 mensualidades. 4.  Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o como trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, cuando cumplan los requisitos de los apartados anteriores de esta disposición adicional. 5.  La reducción de la cuota será con cargo al Presupuesto de la Seguridad Social y la bonificación con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal.”» JUSTIFICACIÓN Extender los beneficios relativos a reducciones/bonificaciones para los jóvenes trabajadores por cuenta propia, a todos los trabajadores independientemente de la edad del emprendedor o trabajador autónomo e incrementar los porcentajes de reducción/bonificación y el periodo de tiempo aplicable para fomentar de forma decidida la emprendeduría.

ENMIENDA NÚM. 192

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final

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FIRMANTE:

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Redacción que se propone: «Disposición final.  Modificación del artículo 3 de la ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero). Artículo 3.  Compatibilización por los menores de 30 años de la percepción de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 228 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y como excepción a lo establecido en el artículo 221 de dicha ley, los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo que se constituyan como trabajadores por cuenta propia, podrán compatibilizar la percepción mensual de la prestación que les corresponda con el trabajo autónomo, por un máximo de 270 días, o por el tiempo inferior pendiente de percibir, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones siguientes: a)  Que el beneficiario de la prestación por desempleo de nivel contributivo sea menor de 30 años en la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia y no tenga trabajadores a su cargo. b)  Que se solicite a la entidad gestora en el plazo de 15 días a contar desde la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia, sin perjuicio de que el derecho a la compatibilidad de la prestación surta efecto desde la fecha de inicio de tal actividad. Transcurrido dicho plazo de 15 días el trabajador no podrá acogerse a esta compatibilidad. Durante la compatibilidad de la prestación por desempleo con la actividad por cuenta propia no se exigirá al beneficiario de la prestación que cumpla con las obligaciones como demandante de empleo y las derivadas del compromiso de actividad previstas en el artículo 231 de la Ley General de la Seguridad Social.”» JUSTIFICACIÓN Extender la posibilidad de compatibilizar la percepción de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad a todos los trabajadores por cuenta propia y no solo limitarlo al caso de los jóvenes.

ENMIENDA NÚM. 193 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone:

Artículo 4.  Ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo. Uno.  Se modifica la regla tercera y se introduce una nueva regla cuarta, pasando la actual cuarta, que también se modifica, a ser la quinta, del apartado 1 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de

cve: BOCG-10-A-52-2

«Disposición final.  Modificación del artículo 4 de la ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.

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protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, que quedan redactadas de la siguiente forma: “3.ª  Lo previsto en las reglas 1.ª y 2.ª también será de aplicación a: a)  Los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no se trate de personas con discapacidad igual o superior al 33 % . En el caso de la regla 1.ª, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 60 % 100 % del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir, siendo el límite máximo del 100 % cuando los beneficiarios sean hombres jóvenes menores de 30 años de edad o mujeres jóvenes menores de 35 años, considerándose la edad en la fecha de la solicitud. b)  Los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo menores de treinta años, cuando capitalicen la prestación para destinar hasta el 100 % de su importe a realizar una aportación al capital social de una entidad mercantil de nueva constitución o constituida en un plazo máximo de doce meses anteriores a la aportación, siempre que desarrollen una actividad profesional o laboral de carácter indefinido respecto a la misma, e independientemente del Régimen de la Seguridad Social en el que estén encuadrados. Para las personas que realicen una actividad por cuenta ajena de carácter indefinido, ésta deberá mantenerse por un mínimo de 18 meses. No se incluirán en este supuesto aquellas personas que hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas sociedades, ni los trabajadores autónomos económicamente dependientes que hayan suscrito con un cliente un contrato registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal. 4.ª Los beneficiarios jóvenes menores de 30 años que capitalicen la prestación por desempleo, también podrán destinar la misma a los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de una entidad, así como al pago de las tasas y el precio de servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad a emprender. 5.ª  La solicitud del abono de la prestación por desempleo de nivel contributivo, según lo establecido en las reglas 1.ª, 2.ª y 3.ª, en todo caso deberá ser de fecha anterior a la fecha de incorporación a la cooperativa o sociedad laboral, o a la de constitución de la cooperativa o sociedad laboral, o a la de inicio de la actividad como trabajador autónomo o como socio de la entidad mercantil en los términos de la regla tercera, considerando que tal inicio coincide con la fecha que como tal figura en la solicitud de alta del trabajador en la Seguridad Social. Si el trabajador hubiera impugnado el cese de la relación laboral origen de la prestación por desempleo, la solicitud deberá ser posterior a la resolución del procedimiento correspondiente. Los efectos económicos del abono del derecho solicitado se producirán a partir del día siguiente al de su reconocimiento, salvo cuando la fecha de inicio de la actividad sea anterior, en cuyo caso, se estará a la fecha de inicio de esa actividad.”» JUSTIFICACIÓN

cve: BOCG-10-A-52-2

Extender la posibilidad de capitalizar el 100 % de la prestación por desempleo a todos los trabajadores que pretendan constituirse como trabajadores autónomos.

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Pág. 170 ENMIENDA NÚM. 194

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final.  Modificación del artículo 5 de la ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero. Artículo 5.  Suspensión y reanudación del cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia. Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio: Uno.  Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 212, que queda redactada del siguiente modo: “d)  Mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta ajena de duración inferior a doce meses, o mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta propia de duración inferior a veinticuatro meses o inferior a sesenta meses en el supuesto de trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edad que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.”» JUSTIFICACIÓN Extender la posibilidad de reanudar el cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia de duración inferior a sesenta meses, a todos los trabajadores que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. Laboral.

ENMIENDA NÚM. 195 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final

«Disposición final.  Modificación del artículo 5 de la ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero). Artículo 5.  Suspensión y reanudación del cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia.

cve: BOCG-10-A-52-2

Redacción que se propone:

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Pág. 171

Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio: Dos.  Se modifica la letra b) del artículo 212.4, que queda redactada del siguiente modo: “b)  Previa solicitud del interesado, en los supuestos recogidos en los párrafos b), c), d) y e) del apartado 1, siempre que se acredite que ha finalizado la causa de suspensión, que, en su caso, esa causa constituye situación legal de desempleo, o que, en su caso, se mantiene el requisito de carencia de rentas o existencia de responsabilidades familiares. En el supuesto de la letra d) del apartado 1, en lo referente a los trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edad que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por desempleo podrá reanudarse cuando el trabajo por cuenta propia sea de duración inferior a sesenta meses. El derecho a la reanudación nacerá a partir del término de la causa de suspensión siempre que se solicite en el plazo de los quince días siguientes, y la solicitud requerirá la inscripción como demandante de empleo si la misma no se hubiere efectuado previamente. Asimismo, en la fecha de la solicitud se considerará reactivado el compromiso de actividad a que se refiere el artículo 231 de esta Ley, salvo en aquellos casos en los que la Entidad Gestora exija la suscripción de un nuevo compromiso. Si se presenta la solicitud transcurrido el plazo citado, se producirán los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 209 y en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 219. En el caso de que el período que corresponde a las vacaciones anuales retribuidas no haya sido disfrutado, será de aplicación lo establecido en el apartado 3 del artículo 209 de esta Ley.”» JUSTIFICACIÓN Extender la posibilidad de reanudar el cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia de duración inferior a sesenta meses, a todos los trabajadores que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

ENMIENDA NÚM. 196 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final.  Modificación del artículo 7 de la ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2013, se introduce una nueva disposición adicional decimonovena en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactada en la siguiente forma:

cve: BOCG-10-A-52-2

Artículo 7.  Incentivos para entidades de nueva creación.

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“Disposición adicional decimonovena.  Entidades de nueva creación. 1.  Las entidades de nueva creación, incluidas las contempladas en el artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, constituidas a partir de 1 de enero de 2013, que realicen actividades económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, con arreglo a la siguiente escala, excepto si, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de esta Ley, deban tributar a un tipo inferior al general: …(resto igual)…”» JUSTIFICACIÓN Es positivo que las sociedades de nueva creación tributen a unos tipos reducidos del 15 % , no obstante, con la actual redacción las cooperativas o las sociedades laborales no podrían beneficiarse del mismo por tener un tipo impositivo diferente al general, lo cual en este caso las perjudicaría.

ENMIENDA NÚM. 197 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de suprimir una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final.  Supresión del artículo 9 de la ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.» JUSTIFICACIÓN Por considerar que se puede incentivar la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa de otro modo, aplicando beneficios a contratos existentes antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 4/2013 y en los que existe realmente vínculo formativo.

ENMIENDA NÚM. 198 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final

«Disposición final.  Adición de un nuevo artículo 9 bis al Proyecto de Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. “Artículo nuevo 9 bis.  Bonificaciones de cuotas en los contratos para la formación y el aprendizaje y en los contratos en prácticas. 1.  Los contratos para la formación y el aprendizaje y los contratos en prácticas celebrados a partir de la entrada en vigor de esta ley, con trabajadores desempleados inscritos en la oficina de

cve: BOCG-10-A-52-2

Redacción que se propone:

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empleo, tendrán derecho a una beca de apoyo cuya cuantía será del 70 % del SMI mensual vigente en cada momento. Las empresas que celebren los citados contratos tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, incluidas las prórrogas, a una bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como las correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional, correspondientes a dichos contratos, del 100 por cien si el contrato se realiza por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas, o del 75 por ciento, en el supuesto de que la empresa contratante tenga una plantilla igual o superior a esa cifra. Asimismo, en los citados contratos celebrados o prorrogados según lo dispuesto en el párrafo anterior, se bonificará el 100 por cien de las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato, incluidas las prórrogas. 2.  Las empresas que, a la finalización de su duración inicial o prorrogada, transformen en contratos indefinidos los contratos para la formación y el aprendizaje y los contratos en prácticas, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 1.500 euros/año, durante tres años.”» JUSTIFICACIÓN Se propone incentivar como mecanismo de inserción al mercado de trabajo de los jóvenes vinculado a la formación, los contratos para la formación y el aprendizaje, y los contratos en prácticas ya existentes. Por un lado en el caso de los primeros, añadiendo a las bonificaciones existentes la percepción de una beca de apoyo equivalente al 70 % del salario mínimo interprofesional, y por otro en el caso de los segundos (los contratos en prácticas) igualándolos a los contratos para la formación y el aprendizaje en materia de bonificaciones a la contratación y a la conversión en contratos indefinidos.

ENMIENDA NÚM. 199 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final.  Modificar el artículo 10 del Proyecto de Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. “Artículo 10.  Contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos.

a)  Tener, en el momento de la celebración del contrato, una plantilla igual o inferior a nueve trabajadores. b)  No haber tenido ningún vínculo laboral anterior con el trabajador. c)  No haber adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, decisiones extintivas improcedentes. La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con

cve: BOCG-10-A-52-2

1.  Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que contraten de manera indefinida, a tiempo completo o parcial, a un joven desempleado menor de treinta años tendrán derecho a una reducción bonificación del 100 90 % de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante el primer año de contrato, del 75 % el segundo año, y del 50 % el tercer año, en los términos recogidos en los apartados siguientes. Para poder acogerse a esta medida, las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, deberán reunir los siguientes requisitos:

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posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo. d)  No haber celebrado con anterioridad otro contrato con arreglo a este artículo, salvo lo dispuesto en el apartado 5. 2.  Lo establecido en este artículo no se aplicará en los siguientes supuestos: a)  Cuando el contrato se concierte con arreglo al artículo 4 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. b)  Cuando el contrato sea para trabajos fijos discontinuos, de acuerdo con el artículo 15.8 del Estatuto de los Trabajadores. c)  Cuando se trate de contratos indefinidos incluidos en el artículo 2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre. 3.  Los beneficios a que se refiere el apartado 1, sólo se aplicarán respecto a un contrato, salvo lo dispuesto en el apartado 5. 4.  Para la aplicación de los beneficios, la empresa deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos dieciocho cuarenta y dos meses desde la fecha de inicio de la relación laboral, salvo que el contrato se extinga por causa no imputable al empresario o por resolución durante el periodo de prueba. Asimismo, deberá mantener el nivel de empleo en la empresa alcanzado con el contrato a que se refiere este artículo durante, al menos, un año desde la celebración del contrato. En caso de incumplimiento de estas obligaciones se deberá proceder al reintegro de los incentivos. No se considerarán incumplidas las obligaciones de mantenimiento del empleo anteriores a que se refiere este apartado cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba. 5.  En los supuestos a que se refiere el último inciso del primer párrafo del apartado 4, se podrá celebrar un nuevo contrato al amparo de este artículo, si bien el periodo total de bonificación no podrá exceder, en conjunto, de 12 36 meses. 6.  Para la aplicación de las medidas a que se refiere este artículo será precisa la formalización escrita de los contratos en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo Estatal. 7.  En lo no previsto en este artículo, será de aplicación lo dispuesto en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo establecido en sus artículos 2.7 y 6.2.”» JUSTIFICACIÓN Se pretende incrementar el incentivo a la contratación pasando de 1 a 3 años el periodo en el que se aplica la bonificación.

ENMIENDA NÚM. 200 FIRMANTE:

A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone:

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«Disposición final.  Modificar el artículo 11 del Proyecto de Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. “Artículo 11.  Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven. 1.  Tendrán derecho a una bonificación del 100 90 % de la cuota empresarial de la Seguridad Social durante los doce meses siguientes a la contratación, del 75 % el segundo año, y del 50 % el tercer año, los trabajadores por cuenta propia menores treinta años, y sin trabajadores asalariados, que desde la entrada en vigor de este real decreto-ley contraten por primera vez, de forma indefinida, mediante un contrato de trabajo a tiempo completo o parcial, a personas desempleadas de edad igual o superior a cuarenta y cinco años, inscritas ininterrumpidamente como desempleadas en la oficina de empleo al menos durante doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación o que resulten beneficiarios del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. 2.  Para la aplicación de los beneficios contemplados en este artículo, se deberá mantener en el empleo al trabajador contratado, al menos, dieciocho cuarenta y dos meses desde la fecha de inicio de la relación laboral, salvo que el contrato se extinga por causa no imputable al empresario o por resolución durante el periodo de prueba. 3.  En los supuestos a que se refiere el apartado 2, se podrá celebrar un nuevo contrato al amparo de este artículo, si bien el periodo total de aplicación de la bonificación no podrá exceder, en conjunto, de doce 36 meses. 4.  En el caso de que la contratación de un trabajador pudiera dar lugar simultáneamente a la aplicación de otras bonificaciones o reducciones en las cuotas de Seguridad Social, sólo podrá aplicarse una de ellas, correspondiendo la opción al beneficiario en el momento de formalizar el alta del trabajador en la Seguridad Social. 5.  En lo no previsto en esta disposición, será de aplicación lo establecido en la Sección I del Capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en el artículo 2.7.”» JUSTIFICACIÓN Incrementar el incentivo a la contratación pasando de 1 a 3 años el periodo en el que se aplica la bonificación.

ENMIENDA NÚM. 201 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final.  Modificar el artículo 12 del proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

1.  Para incentivar la adquisición de una primera experiencia profesional, las empresas podrán celebrar contratos temporales con jóvenes desempleados menores de treinta años que no tengan experiencia laboral o si ésta es inferior a tres seis meses. 2.  Estos contratos se regirán por lo establecido en el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo, salvo lo siguiente: a)  Se considerará causa del contrato la adquisición de una primera experiencia profesional.

cve: BOCG-10-A-52-2

“Artículo 12.  Primer empleo joven.

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b)  La duración mínima del contrato será de tres seis meses. c)  La duración máxima del contrato será de seis meses tres años, salvo que se establezca una duración superior por convenio colectivo sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, sin que en ningún caso dicha duración pueda exceder de 12 meses. d)  El contrato deberá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial siempre que, en este último caso, la jornada sea superior al 75 por ciento de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable. A estos efectos se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable lo establecido en el artículo 12.1 del Estatuto de los Trabajadores. 3.  Para poder acogerse a esta medida, las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, deberán no haber adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, decisiones extintivas improcedentes. La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo. 4.  Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que, una vez transcurrido un plazo mínimo de tres meses desde su celebración, transformen en indefinidos los contratos a que se refiere este artículo tendrán derecho a una bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social de 41,67 euros/mes (500 euros/año), durante tres años, del 90% el primer año, del 75% el segundo año y del 50% el tercer año, siempre que la jornada pactada sea al menos del 50% de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable. Si el contrato se hubiera celebrado con una mujer, la bonificación por transformación será de 58,33 euros/mes (700 euros/año). 5.  Para la aplicación de los beneficios, la empresa deberá mantener el nivel de empleo alcanzado con la transformación a que se refiere este artículo durante, al menos, doce meses. En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá proceder al reintegro de los incentivos. No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo a que se refiere este apartado cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba. 6.  Para la aplicación de las medidas a que se refiere este artículo será precisa la formalización escrita de los contratos en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo Estatal. 7.  En lo no previsto en este artículo, será de aplicación, en cuanto a los incentivos, lo dispuesto en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo establecido en sus artículos 2.7 y 6.2.”» JUSTIFICACIÓN Posibilitar la realización del contrato de primer empleo joven a jóvenes con experiencia laboral inferior a 6 meses en lugar de 3 meses, posibilitar que pueda tener una duración mínima de 6 meses y una máxima de 3 años, e incentivar en mayor medida la conversión de este tipo de contratos en indefinidos e igualar el incentivo tanto para el caso de hombres como de mujeres.

ENMIENDA NÚM. 202 FIRMANTE:

A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final.  Suprimir el artículo 13 del proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.»

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JUSTIFICACIÓN Se propone la supresión del artículo 13 en coherencia con la enmienda efectuada adicionando un nuevo artículo en el que se incentiva la contratación a través de los contratos para la formación y el aprendizaje y a través de los contratos en prácticas.

ENMIENDA NÚM. 203 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final.  Modificar el artículo 14 del proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. “Artículo 14.  Incentivos a la incorporación de jóvenes a entidades de la economía social. 1.  Se incorporan las siguientes bonificaciones aplicables a las entidades de la economía social: a)  Bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social durante tres años, cuya cuantía será de 66,67 euros/mes (800 euros/año), aplicables a las entidades contempladas en el artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, excepto las empresas de inserción, cooperativas o sociedades laborales que incorporen trabajadores desempleados menores de 30 años como socios trabajadores o de trabajo. En el caso de cooperativas, las bonificaciones se aplicarán cuando éstas hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena, en los términos de la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. b)  Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social aplicables a las empresas de inserción en los supuestos de contratos de trabajo suscritos con personas menores de 30 años en situación de exclusión social incluidas en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, de 137,50 euros/mes (1.650 euros/año) durante toda la vigencia del contrato o durante tres años, en caso de contratación indefinida. Estas bonificaciones no serán compatibles con las previstas en el artículo 16.3.a) de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre. 2.  En lo no previsto en el apartado anterior, se aplicará lo establecido en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, en cuanto a los requisitos que han de cumplir los beneficiarios, las exclusiones en la aplicación de las bonificaciones, cuantía máxima, incompatibilidades o reintegro de beneficios. En relación a las cooperativas y sociedades laborales, también será de aplicación, en cuanto a los incentivos, lo dispuesto en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo establecido en sus artículos 2.7 y 6.2.”»

Se propone hacer extensivos los incentivos a todas las fórmulas de la economía social recogidas en el artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social y para la incorporación de trabajadores de cualquier edad.

cve: BOCG-10-A-52-2

JUSTIFICACIÓN

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Pág. 178 ENMIENDA NÚM. 204

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final.  Adicionar una nueva disposición adicional al proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. “Disposición adicional (nueva).  Adecuación del marco normativo de las prácticas no laborales. El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la aprobación de la presente ley, procederá a presentar ante el Congreso de los Diputados un informe sobre el uso de las prácticas no laborales y sobre las modificaciones normativas y/o actuaciones que deberían adoptarse para potenciar su utilización como instrumento destinado a la inserción en el mercado laboral, de jóvenes sin experiencia laboral y sin cualificación profesional, de un modo adecuado.”» JUSTIFICACIÓN Se propone mandatar al Gobierno a realizar un análisis del estado de la cuestión de las prácticas no laborales y de las medidas a adoptar para fomentarlas de un modo adecuado y protegido, como instrumento de inserción en el mercado de trabajo para un colectivo de jóvenes con especiales dificultades, que les permita obtener a la vez, cualificación profesional y experiencia laboral.

ENMIENDA NÚM. 205 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final.  Adicionar una nueva disposición adicional al proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

El Gobierno de acuerdo con la Propuesta de Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil, consignará en los Presupuestos Generales del Estado para 2014, las partidas presupuestarias correspondientes para que las CC.AA. competentes en materia de ejecución de políticas de empleo, posibiliten que todos los jóvenes de hasta 25 años reciban una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas, adecuada al perfil del joven, en un plazo de cuatro meses, tras quedar desempleados o acabar la educación formal. Para ello, el Gobierno asegurará la adecuada integración del Sistema de Garantía Juvenil en los futuros programas cofinanciados por la UE, preferiblemente desde el comienzo del Marco Financiero Plurianual de 2014-2020.”»

cve: BOCG-10-A-52-2

“Disposición adicional (nueva).  Sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil.

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JUSTIFICACIÓN A la vista de la situación de desempleo joven existente en el Estado español, se propone mandatar al Gobierno a dar cumplimiento a la Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil y a implementar lo antes posible el Sistema con la plena participación de las comunidades autónomas.

ENMIENDA NÚM. 206 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final.  Adicionar una nueva disposición adicional al proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. “Disposición adicional nueva.  Financiación de programas de actuación en materia de inserción laboral de personas con discapacidad. «En el plazo de un mes, el Gobierno procederá a distribuir entre las Comunidades Autónomas los fondos procedentes del Fondo Social Europeo destinados al Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013, que queden pendientes, para financiar programas de actuación en materia de inserción laboral de personas con discapacidad en ejecución de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad.”» JUSTIFICACIÓN Prever la territorialización de los fondos que queden pendientes para que las CCAA puedan llevar a cabo los referidos programas de actuación en materia de inserción laboral de personas con discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 207 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone:

Disposición final segunda.  Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Dos (nuevo apartado).  Se adiciona un nuevo apartado 9 al artículo 34 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en los siguientes términos:

cve: BOCG-10-A-52-2

«Disposición final.  Adicionar un nuevo apartado dos a la disposición final segunda del proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

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“Artículo 34.  Jornada. 9.  El trabajador con discapacidad o el trabajador que tenga a su cuidado directo una persona con discapacidad, tendrá derecho a la adaptación de la jornada, horarios y turnos de trabajo, cuando acredite la necesidad de acudir, él mismo o la persona con discapacidad a su cuidado, a tratamientos de rehabilitación médica o psicológica relacionados con su discapacidad, sin que la empresa pueda denegar la solicitud de adaptación, salvo por necesidades urgentes o imprevisibles de la producción y mientras dichas circunstancias persistan. La concreción del ejercicio de este derecho deberá realizarse por acuerdo entre la empresa y el trabajador.”» JUSTIFICACIÓN Se trata de reconocer al trabajador con discapacidad, o al trabajador que tenga a su cuidado directo una persona con discapacidad, el derecho a la adaptación de la jornada, horario y turnos de trabajo (pero sin reducción de jornada), cuando acredite la necesidad de acudir a tratamientos de rehabilitación médica o psicológica relacionados con su discapacidad. En la actualidad el artículo 34.8 remite la regulación de las adaptaciones de la jornada a los convenios colectivos, con carácter general en relación a la conciliación de la vida personal. Lo cierto es que los convenios no han avanzado en este derecho en lo referido a las personas con discapacidad, hasta el punto que no existen cláusulas que lo reconozcan. Para que las personas con discapacidad se incorporen al mundo laboral precisan algunas adaptaciones y ajustes y este es uno de los más necesarios, de forma que, si no se facilita la adaptación de la jornada para que pueda acudir a tratamientos rehabilitadores del propio trabajador con discapacidad o de las personas bajo su cuidado, se obstaculiza el derecho a la igualdad de oportunidades en el empleo. La propuesta no supone reducir el número de horas de trabajo, por lo que la productividad en las empresas queda salvaguardada, sino distribuir aquellas de una forma diferente en los casos en que fuera necesario. La concreción del ejercicio de este derecho se acordará entre el trabajador y la empresa para causar la menor perturbación a la actividad productiva.

ENMIENDA NÚM. 208 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final.  Adicionar un nuevo apartado tres a la disposición final segunda del proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Disposición final segunda.  Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

“Artículo 37.  Descanso semanal, fiestas y permisos. 5.   Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución

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Tres (nuevo apartado).  Se modifica el apartado 5 del artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en los siguientes términos:

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proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Tendrá el mismo derecho el trabajador con discapacidad o el que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. El progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. Por convenio colectivo, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas. Las reducciones de jornada contempladas en el presente apartado constituyen un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.”» JUSTIFICACIÓN Se propone ampliar el derecho a reducir la jornada al supuesto en que lo solicite un trabajador con discapacidad por sí mismo aunque no tenga alguna persona con discapacidad a su cuidado.

ENMIENDA NÚM. 209 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final.  Adicionar un nuevo apartado cuatro a la disposición final segunda del proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Disposición final segunda.  Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Cuatro (nuevo apartado).  Se modifica el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 46 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en los siguientes términos:

3.  Los trabajadores tendrán derecho…/… También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a tres años los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o

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“Artículo 46.  Excedencia.

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afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.”» JUSTIFICACIÓN Se propone ampliar de dos a tres años el periodo de excedencia, igualando dicho periodo con el que se concede en el caso del cuidado de un menor (este derecho con esta duración ya lo tienen reconocido los funcionarios) a los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo.

ENMIENDA NÚM. 210 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final (nueva).  Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Se adiciona un nuevo artículo 47 bis a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en los siguientes términos: “Artículo 47 bis.  Adaptación del tiempo de trabajo de las personas con discapacidad. El funcionario con discapacidad o el funcionario que tenga a su cuidado directo una persona con discapacidad, tendrá derecho a la adaptación de la jornada, horarios y turnos de trabajo, cuando acredite la necesidad de acudir a tratamientos de rehabilitación médica o psicológica relacionados con la discapacidad, sin que la Administración respectiva pueda denegar la solicitud de adaptación, salvo por necesidades urgentes o imprevisibles de la producción y mientras dichas circunstancias persistan. La concreción del ejercicio de este derecho deberá realizarse por acuerdo entre la Administración y el funcionario.”» JUSTIFICACIÓN Prever que el funcionario con discapacidad o el funcionario que tenga a su cuidado directo una persona con discapacidad, tenga derecho a la adaptación de la jornada, horarios y turnos de trabajo, cuando acredite la necesidad de acudir a tratamientos de rehabilitación médica o psicológica relacionados con la discapacidad.

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final

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ENMIENDA NÚM. 211

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Redacción que se propone: «Disposición final (nueva).  Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Se modifica el apartado 1.h) del artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en los siguientes términos: “Artículo 48.  Permisos de los funcionarios. Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: h)  Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda. Tendrá el mismo derecho el funcionario con discapacidad y el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.”» JUSTIFICACIÓN Prever que el funcionario con discapacidad tenga el mismo derecho en relación a permisos que el funcionario que tenga a su cuidado directo una persona que por razón de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí misma.

ENMIENDA NÚM. 212 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final (nueva).  Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Se adiciona un nuevo artículo 81 bis a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en los siguientes términos:

1.  Cuando la adaptación de las condiciones de un puesto de trabajo no resulte posible, el funcionario con discapacidad tendrá derecho a ser adscrito a puestos de trabajo de distinta unidad administrativa, en la misma o en otra localidad. 2.  Cuando el funcionario con discapacidad acredite la necesidad de acudir a tratamientos de rehabilitación, médica o psicológica relacionados con su discapacidad, tendrá derecho al cambio de puesto de trabajo, implique o no el cambio de residencia, sin que la empresa pueda denegar la solicitud, salvo que no haya puesto de trabajo vacante.”»

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“Artículo 81 bis.  Movilidad por razón de discapacidad.

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JUSTIFICACIÓN Mejorar los derechos del funcionario con discapacidad, en relación a la movilidad por razón de la misma discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 213 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final Redacción que se propone: «Disposición final (nueva).  Sucesión de empresas y contratas en las que interviene un Centro Especial de Empleo: “1.  En el supuesto que un Centro Especial de Empleo sea contratista cedente, la relación laboral especial establecida en el artículo 2.1.g) del Estatuto de los Trabajadores se novará en relación laboral común en aquellos supuestos en los que, en virtud de lo previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores o en la cláusula establecida bien en el convenio colectivo de aplicación a una u otra empresa o en el pliego de condiciones correspondiente, una empresa cesionaria, no calificada como centro especial de empleo, debe subrogarse en los contratos especiales de trabajo de los trabajadores con discapacidad vinculados hasta entonces con la empresa cedente.” 2.  Se añade al punto 3 del artículo 8 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, el siguiente texto: “En el caso de personal con discapacidad procedente de un centro especial de empleo que se subrogara, en virtud de lo previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores o en la cláusula establecida bien en el convenio colectivo de aplicación a una u otra empresa o en el pliego de condiciones correspondiente, en una empresa que no tuviera aquella calificación, esta última se podrá bonificar en virtud del contrato de trabajo, en los términos establecidos en esta Ley para la contratación de personas con discapacidad.” 3.  Se modifica el artículo 42.2 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. “La plantilla de los Centros Especiales de Empleo estará constituida por el mayor número de trabajadores con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquella. A estos efectos no se computará el personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social, así como el personal sin discapacidad que se haya incorporado al Centro Especial de Empleo en virtud de la subrogación prevista en el artículo 44 del estatuto de los Trabajadores o en la cláusula establecida bien en el convenio colectivo de aplicación a una u otra empresa o en el pliego de condiciones correspondiente.”»

Los Centros Especiales de Empleo (CEE), cuando son adjudicatarios de contratos de servicio, tienen muchos problemas, debido a que la nueva contrata debe subrogarse en los trabajadores de la anterior empresa adjudicataria. Al CEE, tanto cuando deja de ser adjudicataria del servicio, como cuando pasa a serlo, se le plantean problemas jurídicos, puestos de manifiesto por la doctrina de los Tribunales en las

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JUSTIFICACIÓN

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ocasiones que se han pronunciado sobre estos problemas, que afectan a la estabilidad de su empleo y, en muchos casos, a la propia viabilidad de su proyecto empresarial Las Cortes Generales son conscientes de este grave problema, prueba de lo cual es que existe un mandato legal al Gobierno, incluido en la Disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, para que, en el plazo de doce meses (plazo que se ha incumplido), regulara «las cuestiones relacionadas con los supuestos de sucesión o subrogación empresarial que afecten a los trabajadores con discapacidad o a los centros especiales de empleo.» Las soluciones que se proponen no perjudican a las empresas ordinarias sino todo lo contrario, pues supone mejorar la transparencia y eficacia jurídica en los supuestos de sucesión de empresas y contratas, reforzando la institución jurídica de la subrogación laboral, y solo en aquellos casos en que se ha admitido legalmente o en los supuestos en que se ha previsto en la negociación colectiva. En el primer supuesto, es decir, cuando un CEE (contratista cedente) pierde una contrata y es sustituido por una empresa ordinaria, una línea doctrinal ampliamente mayoritaria, sentada por reiteradas Sentencias de Tribunales Superiores de Justicia ha venido interpretando que no cabe dicha obligación de subrogación laboral de los trabajadores con discapacidad pertenecientes a un centro especial de empleo y sometidos a la relación laboral especial regulada por el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio. Se argumenta, en una serie de primeras Sentencias al respecto, la imposibilidad jurídica de transformar una relación laboral de carácter especial en otra de naturaleza jurídica ordinaria, ya que la primera solo puede tener como sujeto empresarial una entidad calificada como centro especial de empleo. (Por ejemplo, S. TSJ Cataluña 18-7-2000, n.º 6290/2000; S. TSJ Madrid, de 21-9-2001; S. TSJ Galicia, de 16-2-2002) Hay dos Sentencias (SS. TSJ de Murcia, ambas de fecha 4-12-2000), sin embargo, que discreparon del criterio sentado por las anteriores Resoluciones judiciales, al considerar admisible la subrogación de los trabajadores con discapacidad en dicho supuesto. Sentencias posteriores abordan este problema desde una perspectiva diferente, tanto afecten al CEE como contrata cedente o como contrata cesionaria (S. TSJ de la Comunidad Valenciana, de 26-6-2003 y de 24-2-2005; S. TSJ Madrid, de 28-2-2006) La inaplicación de la cláusula de subrogación dependería, según esta nueva línea, de si resulta o no de aplicación a los trabajadores con discapacidad el Convenio Colectivo que establecía la obligación de subrogarse los trabajadores de la contrata. Estos problemas deben resolverse para dar seguridad, transparencia y eficacia a las instituciones jurídicas de la sucesión de empresas y contratas. Por otra parte, posibilitar la aplicación de las cláusulas de subrogación, en este primer supuesto en que el trabajador con discapacidad del CEE pasa a la empresa ordinaria, favorece, el objetivo de la LISMI de facilitar la transición del empleo protegido al empleo ordinario. En este supuesto primero (CEE como contratista cedente), se plantea otro problema que es el que la empresa ordinaria que se subroga de trabajadores con discapacidad procedentes de un CEE no disfruta de los beneficios previstos para los CEE, ya que no está calificada como tal, pero tampoco disfruta de los previstos para la empresa ordinaria. Y el problema se podría resolver con la propuesta que se formula, añadiendo al punto 3 del artículo 8 de la Ley 43/2006, el texto incluido. Se precisa, también, dar una solución a los problemas que se presentan cuando le es adjudicada una contrata a un CEE, debiendo asumir, en aplicación de las reglas sobre subrogación laboral, a los trabajadores sin discapacidad de la anterior contrata. El problema se plantea cuando el número de dichos trabajadores subrogados de la anterior adjudicataria de la contrata, ocasiona el no respetar el porcentaje mínimo del 70% de personal con discapacidad para que el CEE conserve la calificación como tal. La solución que se propone es no computar como tales los trabajadores que procedan del cambio de una contrata, para lo que se modifica el artículo 42.2 de la Ley 13/1982, LISMI.

ENMIENDA NÚM. 214

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) A efectos de adicionar una nueva disposición final

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FIRMANTE:

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Redacción que se propone: «Disposición final (nueva).  Participación de las Comunidades Autónomas en los incentivos de recaudación derivada del aumento de tipos impositivos en impuestos estatales. Modificación del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público; modificación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio: Uno.  Se añade un segundo párrafo a la Disposición Final Sexta del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que queda redactada de la siguiente forma: “Disposición final sexta.  Modificación de Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Con efectos desde el 1 de enero de 2012, se modifica la letra a) del apartado 6 del artículo 52 bis de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que queda redactada de la siguiente forma: El tipo de la devolución, expresado en euros por 1.000 litros, será el importe positivo resultante de restar la cantidad de 306 euros del tipo impositivo del epígrafe 1.3 vigente en el momento de generarse el derecho a la devolución. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en el artículo 26 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, las Comunidades Autónomas participarán en el incremento de la recaudación obtenida como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, conforme a las reglas de cesión y puntos de conexión establecidos en dicha Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y sin que resulte de aplicación, lo dispuesto en el artículo 21 de la misma, relativa a la revisión del fondo de suficiencia global.” Dos.  Se añade una Disposición adicional decimonovena al Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que queda redactada de la siguiente forma:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en el artículo 26 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, las Comunidades Autónomas participarán en el incremento de la recaudación obtenida como consecuencia de los nuevos tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales objeto de modificación en este Real Decreto-ley, conforme las respectivas reglas de cesión y puntos de conexión establecidos en dicha Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 21 de la misma, relativa a la revisión del fondo de suficiencia global.” Tres.  Se adiciona un apartado 10 al artículo 2.Tres de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:

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“Disposición adicional decimonovena (nueva).  Participación de las Comunidades Autónomas en la recaudación derivada del incremento de los tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales.

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“Tres.  Con efectos desde 1 de enero de 2013, se modifica la disposición adicional trigésima tercera, que queda redactada de la siguiente forma: Disposición adicional trigésima tercera.  Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 10 (nuevo)  Conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y el artículo 26 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, el 50 por 100 de la recaudación obtenida, por este gravamen en cada Comunidad Autónoma por los premios satisfechos a los contribuyentes residentes en su territorio se atribuirá a dicha Comunidad Autónoma.”» JUSTIFICACIÓN Las Comunidades Autónomas prestan su apoyo y dan soporte económico, industrial, comercial y de servicios a los emprendedores y a sus proyectos empresariales con el fin de ayudarlos a poner en marcha la actividad económica y el empleo que puedan crear. Para poder hacerlo con eficacia es preciso que su financiación evolucione acorde con sus responsabilidades. La presente enmienda persigue que las mismas participen de manera efectiva en el incremento de recaudación que está aportando a las administraciones públicas el aumento de impuestos efectuados en el 2012 y 2013. Si las mismas pueden participar de dicho aumento de recaudación de impuestos, podrán tener más recursos para apoyar y dar soporte a los emprendedores.

A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2013.—Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. ENMIENDA NÚM. 215 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Al artículo 6, apartado nuevo De adición. Texto que se añade:

JUSTIFICACIÓN La formación del profesorado en materia de emprendimiento es imprescindible y para ello es necesario dotar de recursos financieros a los centros.

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«3.  En el plazo de 3 meses tras la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un plan económico donde se detallará la dotación de recursos financieros adicionales que se destinará a la formación del profesorado en materia de emprendimiento.»

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Pág. 188 ENMIENDA NÚM. 216

FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Al artículo 9, apartado 1 De modificación. Texto que se propone: «1.  La condición de emprendedor de responsabilidad limitada se hará constar en la hoja abierta al mismo en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio. Además de las circunstancias ordinarias, la inscripción contendrá una indicación de los bienes no afectos conforme a los apartados 1 y 2 del artículo 8 de esta Ley y se practicará en la forma y con los requisitos previstos para la inscripción del empresario individual. Servirá de título el acta notarial que obligatoriamente será presentada de modo telemático por el notario en el mismo día de su autorización o inmediato hábil posterior en el registro de la propiedad donde esté inscrito el bien no afecto, produciéndose la limitación de responsabilidad sobre dicho bien desde la práctica del asiento de presentación siempre que dentro del plazo de vigencia del mismo se haga constar en el asiento de inscripción de la vivienda habitual los datos de inmatriculación del emprendedor de responsabilidad limitada.» Texto que se sustituye: «1.  La condición de emprendedor de responsabilidad limitada se adquirirá mediante su constancia en la hoja abierta al mismo en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio. Además de las circunstancias ordinarias, la inscripción contendrá una indicación del bien no afecto conforme a los apartados 1 y 2 del artículo 8 de esta Ley y se practicará en la forma y con los requisitos previstos para la inscripción del empresario individual. También servirá de título el acta notarial o la instancia suscrita con la firma electrónica reconocida del empresario y remitida telemáticamente al Registro.»

El Consejo Económico y Social (CES) en su Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley afirma con relación a la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada que «Por último, en otro orden de cosas, se introduce una formulación inadecuada de la necesaria publicidad de los bienes afectos a la actividad empresarial o profesional. El Anteproyecto recoge que en el momento de inscripción del emprendedor en el Registro Mercantil se inscriba igualmente el bien inmueble no afecto, cuando el CES considera que hubiera resultado jurídicamente más oportuno que en el Registro Mercantil se inscriban los bienes que sí quedan afectos a la actividad económica del emprendedor.» Se trata de mejorar técnicamente el Proyecto de Ley, concretando y anticipando el momento desde el que, en beneficio del Emprendedor de Responsabilidad Limitada, opera la limitación de responsabilidad sobre su vivienda habitual. A tal efecto, y para que no quede duda en el registro de la propiedad del momento a partir del cual opera esa limitación se obliga al notario autorizante del acta que se utilizará para la inmatriculación del Emprendedor de Responsabilidad Limitada a que presente telemáticamente la misma en el registro de la propiedad, de modo que desde tal fecha, y con independencia del tiempo que tarde el registrador mercantil en inmatricular al Emprendedor de Responsabilidad Limitada, operaría tal limitación que tendría expresión en el registro mercantil, como afirma el CES.

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JUSTIFICACIÓN

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Pág. 189 ENMIENDA NÚM. 217

FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Al artículo 10, apartado 2 De modificación. Texto que se propone: «2.  También servirá de título para practicar la inscripción en el registro la certificación expedida por el Registrador Mercantil en que se hubiere inmatriculado el emprendedor y que remitirá al Registro de la Propiedad, incluso telemáticamente, en el plazo de los tres días hábiles siguientes. Inmatriculado el emprendedor de responsabilidad limitada, el Registrador Mercantil o el Notario autorizante del acta notarial a que se refiere el artículo 9.1 de la Ley, comunicarán telemáticamente al registrador de la propiedad los datos de inscripción de aquel en el registro mercantil, para su constancia en el asiento de inscripción de la vivienda habitual de aquel emprendedor.» Texto que se sustituye: «2.  También servirá de título para practicar la inscripción en el registro la certificación expedida por el Registrador Mercantil en que se hubiere inmatriculado el emprendedor y que remitirá al Registro de la Propiedad, incluso telemáticamente, en el plazo de los tres días hábiles siguientes.» JUSTIFICACIÓN Por coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 218 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Al artículo 11, apartado 4 De modificación. Texto que se propone:

Texto que se sustituye: «4.  No obstante lo anterior, aquellos empresarios y profesionales que opten por la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada y que tributen por el régimen de estimación objetiva, podrán dar cumplimiento a las obligaciones contables y de depósito de cuentas previstos en este artículo mediante el cumplimiento de los deberes formales establecidos en su régimen fiscal y

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«4.  No obstante lo anterior, aquellos empresarios y profesionales que opten por la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada y que tributen por el régimen de estimación objetiva, o directa simplificada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán dar cumplimiento a las obligaciones contables y de depósito de cuentas previstos en este artículo mediante el cumplimiento de los deberes formales establecidos en su régimen fiscal y mediante el depósito de un modelo estandarizado de doble propósito, fiscal y mercantil, en los términos que se desarrollen reglamentariamente.»

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mediante el depósito de un modelo estandarizado de doble propósito, fiscal y mercantil, en los términos que se desarrollen reglamentariamente.» JUSTIFICACIÓN Los autónomos en estimación directa simplificada que quieran acogerse a esta figura deberán afrontar nuevas obligaciones contables y registrales. Estos empresarios llevan libros de ingresos, de gastos y de bienes de inversión, lo que es suficiente para su actividad. Obligarles a llevar contabilidad y realizar cuentas anuales incrementa sus costes administrativos y, en general, les disuade de la posibilidad de registrarse como Emprendedor de Responsabilidad Limitada. Se propone que, del mismo modo que a los autónomos en módulos, se les admita el registro de sus libros fiscalmente obligatorios en modelo estandarizado del Registro Mercantil.

ENMIENDA NÚM. 219 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Artículo nuevo De adición. Texto que se propone: «Artículo X.  Evaluación de la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada. Pasados dos años de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Ley, el Gobierno presentará ante las Cortes Generales un informe de evaluación de la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada, abriendo la posibilidad de que sean los emprendedores quienes decidan qué bienes quieren inscribir como afectos a su actividad económica en el Registro Mercantil.» JUSTIFICACIÓN Si bien el objetivo del legislador en el actual proyecto de ley es la protección de la vivienda habitual frente a la posible insolvencia futura, objetivo loable y positivo, lo cierto es que esto puede generar dificultades futuras en el acceso al crédito por parte de los emprendedores que se acojan a esta figura. Por ello, se propone que se realice una evolución de esta figura para que, en el caso de que no funcione de la manera esperada se abra el abanico de posibilidades y los emprendedores puedan decidir que bienes desean inscribir como afectos en el Registro Mercantil.

ENMIENDA NÚM. 220 FIRMANTE:

Al Título I, Capítulo III De supresión. Texto que se propone: Se suprime el Capítulo II del Título 1 en su totalidad.

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Capítulo III La sociedad limitada de formación sucesiva Artículo 12.  Sociedad Limitada de Formación Sucesiva. El texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se modifica en los siguientes términos: Uno.  Se modifica el artículo 4 que queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 4.  Capital social mínimo. 1.  El capital de la sociedad de responsabilidad limitada no podrá ser inferior a tres mil euros y so expresará precisamente en esa moneda. 2.  No obstante lo establecido en el apartado anterior, podrán constituirse sociedades de responsabilidad limitada con una cifra de capital social inferior al mínimo legal en los términos previstos en el artículo siguiente. 3.  El capital social de la sociedad anónima no podrá ser inferior a sesenta mil euros y sc expresará precisamente en esa moneda.» Dos.  Se añade un nuevo artículo 4 bis con la siguiente redacción: «Artículo 4 bis.  Sociedades en régimen de formación sucesiva. 1.  Mientras no se alcance la cifra de capital social mínimo fijada en el apartado uno del artículo 4, la sociedad de responsabilidad limitada estará sujeta al régimen de formación sucesiva, de acuerdo con las siguientes reglas: a)  Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual al 20 por ciento del beneficio del ejercicio sin límite de cuantía. b)  Una vez cubiertas las atenciones legales o estatutarias, solo podrán repartirse dividendos a los socios si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resultare inferior al capital legal mínimo. c)  La suma anual de las retribuciones satisfechas a los socios y administradores durante esos ejercicios por cualquier servicio prestado a la sociedad no podrá exceder del 20 por ciento del patrimonio neto del correspondiente ejercicio. 2.  En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender al pago de sus obligaciones, los socios y los administradores de la sociedad responderán solidariamente del desembolso de la cifra de capital mínimo establecida en la Ley. 3.  No será necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias de los socios en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada de formación sucesiva. Los fundadores y quienes adquieran alguna de las participaciones asumidas en la constitución responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales de la realidad de dichas aportaciones.» Tres.  Se modifica el artículo 5 que queda redactado de la siguiente manera:

1.  No se autorizarán escrituras de constitución de sociedad de capital que tengan una cifra de capital social inferior al legalmente establecido, ni escrituras de modificación de capital social que lo dejen reducido por debajo de dicha cifra, salvo que sea consecuencia del cumplimiento de una Ley. 2.  Para el caso de sociedades de responsabilidad limitada en régimen de formación sucesiva se aplicará lo establecido en los artículos 4 y 1 bis.»

cve: BOCG-10-A-52-2

«Artículo 5.  Prohibición de capital inferior al mínimo legal.

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Cuatro.  Se redacta de nuevo el artículo 23 que queda modificado de la siguiente manera: «Artículo 23.  Estatutos sociales. En los estatutos que han de regir el funcionamiento de las sociedades de capital se hará constar: a)  La denominación de la sociedad. b)  El objeto social, determinando las actividades que lo integran. c)  El domicilio social. d)  El capital social, las participaciones o las acciones en que se divida, su valor nominal y su numeración correlativa. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada en régimen de formación sucesiva, en tanto la cifra de capital sea inferior al mínimo fijado en el artículo 1, los estatutos contendrán una expresa declaración de sujeción de la sociedad a dicho régimen. Los Registradores Mercantiles harán constar, de oficio, esta circunstancia en las notas de despacho de cualquier documento inscribible relativo a la sociedad, así como en las certificaciones que expidan. Si la sociedad fuera de responsabilidad limitada expresará el número de participaciones en que se divida el capital social, el valor nominal de las mismas, su numeración correlativa y, si fueran desiguales, los derechos que cada una atribuya a los socios y la cuantía o la extensión de estos. Si la sociedad fuera anónima expresará las clases de acciones y las series, en caso de que existieran; la parte del valor nominal pendiente de desembolso, así como la forma y el plazo máximo en que satisfacerlo; y si las acciones están representadas por medio de títulos o por medio de anotaciones en cuenta. En caso de que se representen por medio de títulos, deberá indicarse si son las acciones nominativas o al portador y si se prevé la emisión de títulos múltiples. e)  El modo o modos de organizar la administración de la sociedad, el número de administradores o, al menos, el número máximo el mínimo, así como el plazo de duración del cargo y el sistema de retribución, si la tuvieren. En las sociedades comanditarias por acciones se expresará, además, la identidad de los socios colectivos. f)  El modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los órganos colegiados de la sociedad.» JUSTIFICACIÓN Este capítulo sería de escasa o nula utilidad real pues ya hay una Sociedad de Responsabilidad Limitada aunque exija un capital mínimo de 3.000 € puede constituirse fácilmente realizando una aportación en especia que ningún experto independiente valora. Además el capítulo que se propone suprimir impone limitaciones demasiado rígidas a la nueva forma societaria propuesta (por ejemplo, unas retribuciones a socios y administradores inferiores al 20% de un patrimonio neto que no llegará a los 3.000 €) que harían que fuese mínimamente utilizada en la práctica.

ENMIENDA NÚM. 221 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Disposición adicional nueva

Texto que se añade: «Disposición adicional XX.  Creación de una Ventanilla Única Digital El Gobierno impulsará, en el plazo de seis meses tras la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente Ley, la puesta en marcha de una ventanilla única digital compartida por

cve: BOCG-10-A-52-2

De adición.

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todas las administraciones públicas que permita la realización de todos los trámites empresariales necesarios para la puesta en marcha de una actividad empresarial. JUSTIFICACIÓN Eliminar los numerosos obstáculos y trámites injustificados que aún subsisten para la creación de empresas mediante la ventanilla única digital que permita realizar los trámites ante cualquier administración pública, reduciendo sustancialmente las cargas administrativas que soportan y el tiempo de constitución. Los Puntos de Atención al Emprendedor propuestos en el Proyecto de Ley resultan insuficientes para alcanzar este resultado final.

ENMIENDA NÚM. 222 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Disposición final nueva De adición. Texto que se propone: Disposición final X.  Modificación de la Ley XX/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero). Se modifica el artículo 1 de la Ley XX/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero) quedando el mismo redactado de la siguiente manera: «Artículo 1.  Cotización a la Seguridad Social aplicable a los jóvenes trabajadores por cuenta propia. Uno.  La disposición adicional trigésima quinta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda redactada del siguiente modo:

1.  En el supuesto de trabajadores por cuenta propia, incorporados al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a partir de la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo, o al Régimen Especial de Trabajadores del Mar, menores de 30 años de edad, o menores de 35 años en el caso de mujeres, se aplicará sobre la cuota por contingencias comunes que corresponda, en función de la base de cotización elegida y del tipo de cotización aplicable, según el ámbito de protección por el que se haya optado, una reducción, durante los 15 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al 30 % de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, y una bonificación, en los 15 meses siguientes a la finalización del período de reducción, de igual cuantía que ésta. 2.  Alternativamente al sistema de bonificaciones y reducciones establecido en el apartado anterior, los trabajadores por cuenta propia que tengan menos de 30 años de edad y que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los cinco años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los

cve: BOCG-10-A-52-2

“Disposición adicional trigésima quinta.  Reducciones y bonificaciones a la Seguridad Social aplicables a jóvenes trabajadores por cuenta propia.

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Trabajadores del Mar, podrán aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, incluida en la incapacidad temporal, resultante de aplicar a la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, por un período máximo de 30 meses, según la siguiente escala: a)  Una reducción equivalente al 80% de la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta. b)  Una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al período señalado en la letra a). c)  Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra b). d)  Una bonificación equivalente al 30% de la cuota en los 15 meses siguientes a la finalización del período de reducción. Lo previsto en el presente apartado no resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta propia que empleen trabajadores por cuenta ajena. 3.  Los trabajadores por cuenta propia que opten por el sistema del apartado anterior, podrán acogerse a las bonificaciones y reducciones del apartado 1, siempre que el cómputo total de las mismas no supere el plazo máximo de 30 mensualidades. 4.  Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o como trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, cuando cumplan los requisitos de los apartados anteriores de esta disposición adicional. 5.  La reducción de la cuota será con cargo al Presupuesto de la Seguridad Social y la bonificación con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal.” Dos.  La disposición adicional undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, queda redactada del siguiente modo: “Disposición adicional undécima.  Reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta propia.

a)  Una reducción equivalente al 80% durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta. b)  Una bonificación equivalente al 50% durante los cuatro años siguientes. Lo previsto en este apartado no resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta propia con discapacidad que empleen a trabajadores por cuenta ajena.

cve: BOCG-10-A-52-2

1.  Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o como trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, se beneficiarán, durante los cinco años siguientes a la fecha de efectos del alta, de una bonificación del 50% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo vigente en cada momento, incluida en la incapacidad temporal. 2.  Cuando los trabajadores por cuenta propia con un grado de discapacidad igual o superior al 33% tengan menos de 35 años de edad y causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los cinco años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, podrán aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, incluida en la incapacidad temporal, resultante de aplicar a la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, por un período máximo de 5 años, según la siguiente escala:

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3.   Los trabajadores por cuenta propia con discapacidad a que se refiere el apartado anterior, que hubieran optado por el sistema descrito en el mismo, podrán acogerse posteriormente, en su caso, a las bonificaciones y reducciones del apartado 1, siempre y cuando el cómputo total de las mismas no supere el plazo máximo de 60 mensualidades. 4.  Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado, que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o como trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, cuando cumplan los requisitos de los apartados anteriores de esta disposición adicional.”» JUSTIFICACIÓN Las medidas propuestas por el Gobierno tendrían un escaso impacto dada la actual redacción. No se ve la razón para limitar estas oportunidades de emprendimiento y autoempleo únicamente a los jóvenes. Esta enmienda las generaliza, eliminando los límites edad que se imponían en las reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social.

ENMIENDA NÚM. 223 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Disposición final nueva De modificación. Texto que se propone: Disposición final X.  Modificación de la Ley XX/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero). Se modifica el artículo 3 de la Ley XX/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero) quedando el mismo redactado de la siguiente manera: «Artículo 3.  Compatibilización por los menores de 30 años de la percepción de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia.

a)  Que el beneficiario de la prestación por desempleo de nivel contributivo sea menor de 30 años en la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia y no tenga trabajadores a su cargo. b)  Que se solicite a la entidad gestora en el plazo de 15 días a contar desde la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia, sin perjuicio de que el derecho a la compatibilidad de la prestación surta efecto desde la fecha de inicio de tal actividad. Transcurrido dicho plazo de 15 días el trabajador no podrá acogerse a esta compatibilidad.

cve: BOCG-10-A-52-2

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 228 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y como excepción a lo establecido en el artículo 221 de dicha ley, los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo que se constituyan como trabajadores por cuenta propia, podrán compatibilizar la percepción mensual de la prestación que les corresponda con el trabajo autónomo, por un máximo de 270 días, o por el tiempo inferior pendiente de percibir, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones siguientes:

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Durante la compatibilidad de la prestación por desempleo con la actividad por cuenta propia no se exigirá al beneficiario de la prestación que cumpla con las obligaciones como demandante de empleo y las derivadas del compromiso de actividad previstas en el artículo 231 de la Ley General de la Seguridad Social.» JUSTIFICACIÓN Las medidas aprobadas por el Gobierno tienen escaso impacto. No se ve la razón para limitar estas oportunidades de emprendimiento y autoempleo únicamente a los jóvenes. Esta enmienda las generaliza eliminando los límites de edad que se imponían para compatibilizar la percepción de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia.

ENMIENDA NÚM. 224 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Disposición final nueva De adición. Texto que se propone: Disposición final X.  Modificación de la Ley XX/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero). Se modifica el artículo 4 de la Ley XX/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero) quedando el mismo redactado de la siguiente manera: Artículo 4.  Ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo. Uno.  Se modifica la regla tercera y se introduce una nueva regla cuarta, pasando la actual cuarta, que también se modifica, a ser la quinta, del apartado 1 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, que quedan redactadas de la siguiente forma:

a)  Los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no se trate de personas con discapacidad igual o superior al 33%. En el caso de la regla 1.ª, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 100% del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir, siendo el límite máximo del 100% cuando los beneficiarios sean hombres jóvenes menores de 30 años de edad o mujeres jóvenes menores de 35 años, considerándose la edad en la fecha de la solicitud. b)  Los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo menores de treinta años, cuando capitalicen la prestación para destinar hasta el 100% de su importe a realizar una aportación al capital social de una entidad mercantil de nueva constitución o constituida en un plazo

cve: BOCG-10-A-52-2

“3.ª  Lo previsto en las reglas 1.ª y 2.ª también será de aplicación a:

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máximo de doce meses anteriores a la aportación, siempre que desarrollen una actividad profesional o laboral de carácter indefinido respecto a la misma, e independientemente del Régimen de la Seguridad Social en el que estén encuadrados. Para las personas que realicen una actividad por cuenta ajena de carácter indefinido, ésta deberá mantenerse por un mínimo de 18 meses. No se incluirán en este supuesto aquellas personas que hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas sociedades, ni los trabajadores autónomos económicamente dependientes que hayan suscrito con un cliente un contrato registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal. 4.ª  Las personas que capitalicen la prestación por desempleo, también podrán destinar la misma a los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de una entidad, así como al pago de las tasas y el precio de servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad a emprender. 5.ª  La solicitud del abono de la prestación por desempleo de nivel contributivo, según lo establecido en las reglas 1.ª, 2.ª y 3.ª, en todo caso deberá ser de fecha anterior a la fecha de incorporación a la cooperativa o sociedad laboral, o a la de constitución de la cooperativa o sociedad laboral, o a la de inicio de la actividad como trabajador autónomo o como socio de la entidad mercantil en los términos de la regla tercera, considerando que tal inicio coincide con la fecha que como tal figura en la solicitud de alta del trabajador en la Seguridad Social. Si el trabajador hubiera impugnado el cese de la relación laboral origen de la prestación por desempleo, la solicitud deberá ser posterior a la resolución del procedimiento correspondiente. Los efectos económicos del abono del derecho solicitado se producirán a partir del día siguiente al de su reconocimiento, salvo cuando la fecha de inicio de la actividad sea anterior, en cuyo caso, se estará a la fecha de inicio de esa actividad.”» JUSTIFICACIÓN Las medidas propuestas por el Gobierno tienen escaso impacto. No se ve la razón para limitar estas oportunidades de emprendimiento y autoempleo únicamente a los jóvenes. Esta enmienda las generaliza, eliminando los límites para capitalizar la prestación por desempleo.

ENMIENDA NÚM. 225 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Disposición final nueva De adición. Texto que se propone:

Se modifica el artículo 5 de la Ley XX/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero) quedando el mismo redactado de la siguiente manera: «Artículo 5.  Suspensión y reanudación del cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia. Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio:

cve: BOCG-10-A-52-2

Disposición final X.  Modificación de la Ley XX/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero).

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Uno.  Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 212, que queda redactada del siguiente modo: “d)  Mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta ajena de duración inferior a doce meses, o mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta propia de duración inferior a veinticuatro meses o inferior a sesenta meses en el supuesto de trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edad que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.” Dos.  Se modifica la letra b) del artículo 212.4, que queda redactada del siguiente modo: “b)  Previa solicitud del interesado, en los supuestos recogidos en los párrafos b), c), d) y e) del apartado 1, siempre que se acredite que ha finalizado la causa de suspensión, que, en su caso, esa causa constituye situación legal de desempleo, o que, en su caso, se mantiene el requisito de carencia de rentas o existencia de responsabilidades familiares. En el supuesto de la letra d) del apartado 1, en lo referente a los trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edad que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por desempleo podrá reanudarse cuando el trabajo por cuenta propia sea de duración inferior a sesenta meses. El derecho a la reanudación nacerá a partir del término de la causa de suspensión siempre que se solicite en el plazo de los quince días siguientes, y la solicitud requerirá la inscripción como demandante de empleo si la misma no se hubiere efectuado previamente. Asimismo, en la fecha de la solicitud se considerará reactivado el compromiso de actividad a que se refiere el artículo 231 de esta Ley, salvo en aquellos casos en los que la Entidad Gestora exija la suscripción de un nuevo compromiso. Si se presenta la solicitud transcurrido el plazo citado, se producirán los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 209 y en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 219. En el caso de que el período que corresponde a las vacaciones anuales retribuidas no haya sido disfrutado, será de aplicación lo establecido en el apartado 3 del artículo 209 de esta Ley.” Tres.  La letra d) del apartado 1 del artículo 213 queda redactada del siguiente modo: “d)  Realización de un trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a doce meses, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 210, o realización de un trabajo por cuenta propia, por tiempo igual o superior a veinticuatro meses, o igual o superior a sesenta meses en el supuesto de trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edad que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.”» JUSTIFICACIÓN Las medidas propuestas por el Gobierno tienen un escaso impacto. No se ve la razón para limitar estas oportunidades de emprendimiento y autoempleo únicamente a los jóvenes. Esta enmienda las generaliza, eliminando los límites de edad que se imponían para suspender y reanudar el cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia.

ENMIENDA NÚM. 226

Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Al artículo 21 De modificación.

cve: BOCG-10-A-52-2

FIRMANTE:

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Texto que se propone: Se modifica el artículo 21 quedando el mismo redactado de la siguiente manera: «Artículo 21.  Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda modificada en los siguientes términos: Uno.  Se modifica el número 2.º del apartado 6 del artículo 71, que pasa a tener la siguiente redacción: “2.º  El acuerdo haya sido informado favorablemente por un experto independiente designado por el registrador mercantil del domicilio del deudor. Si el acuerdo de refinanciación afectara a varias sociedades del mismo grupo, el informe podrá ser único y elaborado por un solo experto, designado por el registrador del domicilio de la sociedad dominante, si estuviera afectada por el acuerdo o en su defecto por el del domicilio de cualquiera de las sociedades del grupo. El informe del experto contendrá un juicio técnico sobre la suficiencia de la información proporcionada por el deudor, sobre el carácter razonable y realizable del plan en las condiciones definidas en el párrafo primero y sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo. Cuando el informe contuviera reservas o limitaciones de cualquier clase, su importancia deberá ser expresamente evaluada por los firmantes del acuerdo.” Dos.  Se modifica el apartado 2 del artículo 178, que pasa a tener la siguiente redacción: “2.  La resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor persona natural por liquidación de la masa activa declarará la remisión de las deudas insatisfechas, salvo las deudas de derecho público, siempre que el concurso no hubiera sido declarado culpable, que a juicio del juez el concurso no se hubiera derivado de una gestión patrimonial negligente o maliciosa, y que apreciare buena fe en su comportamiento, y que hayan sido satisfechos en su integridad los créditos contra la masa. Si el deudor hubiere intentado sin éxito el acuerdo extrajudicial de pagos, podrá obtener la remisión de los créditos restantes, con la salvedad de los créditos de derecho público, si hubieran sido satisfechos los créditos contra la masa y el juez apreciara las circunstancias de diligencia y buena fe antes indicadas.” Tres.  Se añade un Título X a la Ley Concursal, con el siguiente contenido: “TÍTULO X El acuerdo extrajudicial de pagos Artículo 231.  Presupuestos.

a)  Se encuentren en el indicado estado de dificultad. b)  En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial complejidad en los términos previstos en el artículo 190 de esta Ley. c)  Que dispongan de activos líquidos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo.

cve: BOCG-10-A-52-2

1.  El empresario persona natural que prevea que tendrá dificultades para cumplir regularmente con sus obligaciones, en una situación que pudiera poner en peligro la subsistencia futura de la empresa, podrá iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre que justifique que su pasivo no supera los seis millones de euros, que cuenta con efectivo y otros activos líquidos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo y que su patrimonio y sus ingresos previsibles permiten lograr con posibilidades de éxito un acuerdo de pago con sus acreedores que permita salvar su situación de dificultad. 2.  También podrán instar el mismo acuerdo cualesquiera personas jurídicas, sean o no sociedades de capital, que cumplan las siguientes condiciones:

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3.  No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial: 1.º  Quienes hayan sido condenados por cualquier clase de delito contra el patrimonio o contra el orden socio-económico o por falsedad documental, así como delito contra la Hacienda Pública o contra la Seguridad Social. 2.º  Los sujetos a su inscripción obligatoria en el Registro Mercantil que no figurasen inscritos con antelación. 3.º  Las personas que en los tres ejercicios inmediatamente anteriores a la solicitud, estando obligadas legalmente a ello, no hubieren llevado contabilidad. 4.º  Las personas que, dentro de los tres últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores. 4.  No podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pagos quienes se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite. Artículo 232.  Solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos. 1.  El deudor que pretenda alcanzar con sus acreedores un acuerdo extrajudicial de reestructración de créditos (o «de viabilidad») de pagos solicitará el nombramiento de un mediador: Si el deudor fuere persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud el órgano de administración o el liquidador. 2.  La solicitud se hará por comparecencia ante notario, en la que el deudor hará constar el efectivo y los activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que sea titular, los ingresos regulares previstos, una lista de acreedores con los que considere necesario celebrar el acuerdo, con expresión de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos, una relación de los contratos vigentes y una relación de gastos mensuales previstos. Si el deudor fuere persona casada, indicará la identidad del cónyuge, con expresión del régimen económico del matrimonio, y si estuviera legalmente obligado a la llevanza de contabilidad, acompañará asimismo las cuentas anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios. 3.  Se solicitará la designación por notario que elija el deudor dentro de los de la provincia del domicilio social o de cualquier provincia colindante. La solicitud se inadmitirá cuando el deudor no justifique el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para alcanzar un acuerdo extrajudicial, cuando el deudor se encuentre en alguna situación de las previstas en los apartados 3 o 4 del artículo 231 de esta ley y cuando faltare alguno de los documentos exigidos o los presentados fueran incompletos. Artículo 233.  Nombramiento de mediador concursal.

Artículo 234.  Convocatoria a los acreedores. 1.  El mediador concursal comprobará la existencia y la cuantía de los créditos y convocará al deudor y a los acreedores que figuren en la lista presentada por el deudor, que puedan resultar afectados por el acuerdo, a una reunión que se celebrará, en la localidad donde el deudor tenga su domicilio.

cve: BOCG-10-A-52-2

1.  El notario designará uno o dos mediadores para que asistan el proceso de negociación. Al menos uno de ellos deberá contar con conocimientos empresariales suficientes. El propio notario podrá actuar, en su caso y si reúne la suficiente cualificación, como comediador. 2.  El notario dirigirá una comunicación por medios electrónicos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de los medios que éstas habiliten en sus respectivas sedes electrónicas, conste o no su condición de acreedoras, en la que deberá hacer constar la identificación del deudor con su nombre y Número de Identificación Fiscal y la del mediador con su nombre, Número de Identificación Fiscal y dirección electrónica, así como la fecha de aceptación del cargo por éste.

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Artículo 235.  Efectos de la iniciación del expediente. 1.  Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral, empresarial o profesional. El deudor podrá solicitar nuevos créditos o préstamos, pero informando de esta situación a las entidades a las que se soliciten. También deberá informar antes de la solicitud a los acreedores que participaren en el proceso extrajudicial. 2.  El deudor que se encontrase negociando un acuerdo extrajudicial no podrá ser declarado en concurso, en tanto no concurran las circunstancias previstas en el artículo 5 bis. Artículo 236.  El plan de pagos. 1.  El plan de pagos se acompañará de un plan de viabilidad, será acordado por el deudor con los acreedores que participen en el proceso y de adhieran voluntariamente a él, y contendrá una propuesta de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, incluyendo, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia, y de un plan de continuación de la actividad profesional o empresarial que desarrollara. En el caso de que un acreedor no quiera adherirse al convenio, se le podrá notificar fehacientemente a través del notario la oferta que le hacen las demás partes implicadas para que reconsidere esta posición. En caso de que lo rechazare, no se llegare a acuerdo y la empresa o empresario llegaren a una posterior situación concursal, el juez podrá considerar esta oferta a los efectos de ordenar una quita por la cantidad que excediere de la misma. Artículo 238.  El acuerdo extrajudicial de pagos. 1.  Si el plan fuera aceptado por los acreedores, el acuerdo se elevará inmediatamente a escritura pública, que cerrará el expediente que el notario hubiera abierto. 2.  El mediador, y el notario debidamente informado por aquél, cuidarán de que de ninguna manera el acuerdo extrajudicial de viabilidad pueda perjudicar a los acreedores que no hayan sido parte en el proceso o no se hayan adherido a aquél. Si se incumpliera esta condición, el notario negará la elevación a escritura pública, bajo su responsabilidad. Artículo 240.  Efectos del acuerdo sobre los acreedores. 1.  Por virtud del acuerdo extrajudicial, los créditos quedarán aplazados y remitidos conforme a lo pactado. Las diversas disposiciones del acuerdo de viabilidad podrán ser impugnadas, conforme a las reglas generales, si resultaren hechos en fraude de acreedores.” Ocho.  Se introduce una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

a)  Los aplazamientos y fraccionamientos de pago en su día concedidos y vigentes a la fecha de la nueva solicitud de aplazamiento o fraccionamiento continuarán surtiendo plenos efectos, salvo solicitud de reconsideración de los mismos, en cuyo caso las deudas a que los mismos se refiriesen se incorporarán a la nueva solicitud. b)  En todo caso se incorporarán a la nueva solicitud de aplazamiento o fraccionamiento las deudas que a la fecha de presentación de la misma estuvieran incluidas en solicitudes pendientes de resolución. c)  El acuerdo de resolución del aplazamiento o fraccionamiento sólo podrá dictarse cuando el acuerdo extrajudicial de pagos haya sido formalizado. No obstante, será posible resolver antes de la concurrencia de tal circunstancia si se declara el concurso. d)  El acuerdo de concesión del aplazamiento o fraccionamiento, salvo que razones de cuantía discrecionalmente apreciadas por la Administración determinen lo contrario, tendrá como referencia

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“1.  Tratándose de deudas con la Hacienda Pública la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en su normativa de desarrollo, con las siguientes especialidades:

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temporal máxima la contemplada en el acuerdo extrajudicial de pagos, si bien la periodicidad de los plazos podrá ser diferente. 2.  Tratándose de deudas con la Seguridad Social la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refiere el apartado 2 anterior se regirá por lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley de la Seguridad Social y en su normativa de desarrollo, con las siguientes especialidades: a)  El acuerdo de resolución del aplazamiento sólo podrá dictarse cuando el acuerdo extrajudicial de pagos haya sido formalizado. b)  El acuerdo de concesión del aplazamiento, salvo que razones de cuantía discrecionalmente apreciadas por la Administración determinen lo contrario, tendrá como referencia temporal máxima la contemplada en el acuerdo extrajudicial de pagos, si bien la periodicidad de los plazos podrá ser diferente. En el caso de que el sujeto responsable tuviese aplazamiento de pago vigente a la fecha de la presentación de la solicitud del acuerdo extrajudicial, el mismo continuará surtiendo plenos efectos, sin perjuicio de las reconsideraciones o modificaciones que puedan solicitarse a efectos de incluir en el aplazamiento algún periodo de deuda corriente o de alterar alguna de las condiciones de amortización, respectivamente.” Nueve.  Se introduce una nueva disposición adicional con la siguiente redacción: “Disposición adicional novena.  Remuneración de los mediadores concursales. Serán de aplicación a la remuneración de los mediadores concursales a los que se refiere la presente Ley las normas establecidas o que se establezcan para la remuneración de los administradores concursales.”» Texto que se sustituye: «Artículo 21.  Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda modificada en los siguientes términos: Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 3 que queda redactado de la siguiente manera: “1.  Para solicitar la declaración de concurso están legitimados el deudor, cualquiera de sus acreedores y el mediador concursal cuando se trate del procedimiento regulado en el Título X de esta Ley.”

“1.   El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta Ley. En el caso en que solicite un acuerdo extrajudicial de pago, una vez que el mediador concursal propuesto acepte el cargo, el registrador mercantil o notario deberá comunicar, de oficio, la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración de concurso.” “3.  El secretario judicial, sin más trámite, procederá a dejar constancia de la comunicación presentada por el deudor o, en los supuestos de negociación de un acuerdo extrajudicial de pago, por el notario o por el registrador mercantil.» “4.  Transcurridos tres meses de la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que ya lo hubiera solicitado el mediador concursal o no se encontrara en estado de insolvencia.”

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Dos.  Se modifican los apartados 1, 3 y 4 del artículo 5 bis que quedan redactados de la siguiente manera:

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Tres.   Se modifica el primer párrafo del apartado 3 del artículo 15 que queda redactado de la siguiente manera: “3.  Una vez realizada la comunicación prevista en el artículo 5 bis y mientras no transcurra el plazo de tres meses previsto en dicho precepto, no se admitirán solicitudes de concurso a instancia de otros legitimados distintos del deudor o, en el procedimiento previsto en el Título X de esta Ley, distintos del deudor o del mediador concursal.” Cuatro.  Se modifica el número 2.º del apartado 6 del artículo 71, que pasa a tener la siguiente redacción: “2.º  El acuerdo haya sido informado favorablemente por un experto independiente designado por el registrador mercantil del domicilio del deudor. Si el acuerdo de refinanciación afectara a varias sociedades del mismo grupo, el informe podrá ser único y elaborado por un solo experto, designado por el registrador del domicilio de la sociedad dominante, si estuviera afectada por el acuerdo o en su defecto por el del domicilio de cualquiera de las sociedades del grupo. El informe del experto contendrá un juicio técnico sobre la suficiencia de la información proporcionada por el deudor, sobre el carácter razonable y realizable del plan en las condiciones definidas en el párrafo primero y sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo. Cuando el informe contuviera reservas o limitaciones de cualquier clase, su importancia deberá ser expresamente evaluada por los firmantes del acuerdo.” Cinco.  Se modifica el apartado 2 del artículo 178, que pasa a tener la siguiente redacción: “2.   La resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor persona natural por liquidación de la masa activa declarará la remisión de las deudas insatisfechas, salvo las deudas de derecho público a que se refiere el artículo 91.4.2 de esta Ley, siempre que el concurso no hubiera sido declarado culpable ni condenado por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro delito singularmente relacionado con el concurso y que hayan sido satisfechos en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios. Si el deudor hubiere intentado sin éxito el acuerdo extrajudicial de pagos, podrá obtener la remisión de los créditos restantes, con la salvedad de los créditos de derecho público, si hubieran sido satisfechos los créditos contra la masa y todos los créditos concursales privilegiados.” Seis.  Se modifica el apartado 1 del artículo 198 queda redactado como sigue: “1.   El Registro Público Concursal se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y constará de tres secciones: a)  En la sección primera, de edictos concursales, se insertarán ordenados por concursado y fechas, las resoluciones que deban publicarse conforme a lo previsto en el artículo 23 y en virtud de mandamiento remitido por el secretario judicial. b)  En la sección segunda, de publicidad registral, se harán constar, ordenadas por concursado y fechas, las resoluciones registrales anotadas o inscritas en todos los registros públicos de personas referidos en el artículo 24.1, 2 y 3, incluidas las que declaren concursados culpables o acuerden la designación o inhabilitación de los administradores concursales y en virtud de certificaciones remitidas de oficio por el encargado del registro una vez practicado el correspondiente asiento. c)  En la sección tercera, de acuerdos extrajudiciales, se hará constar la apertura de las negociaciones para alcanzar tales acuerdos y su finalización.”

“TÍTULO X El acuerdo extrajudicial de pagos Artículo 231.  Presupuestos. 1.  El empresario persona natural que se encuentre en situación de insolvencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de esta Ley, o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus

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Siete.   Se añade un Título X a la Ley Concursal, con el siguiente contenido:

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obligaciones, podrá iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre que aportando el correspondiente balance, justifique que su pasivo no supera los cinco millones de euros. A los efectos de este Título se considerarán empresarios personas naturales no solamente aquellos que tuvieran tal condición de acuerdo con la legislación mercantil, sino aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos. 2.  También podrán instar el mismo acuerdo cualesquiera personas jurídicas, sean o no sociedades de capital, que cumplan las siguientes condiciones: a)  Se encuentren en estado de insolvencia. b)  En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial complejidad en los términos previstos en el artículo 190 de esta Ley. c)  Que dispongan de activos líquidos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo. d)  Que su patrimonio y sus ingresos previsibles permitan lograr con posibilidades de éxito un acuerdo de pago en los términos que se recogen en el apartado 1 del artículo 236. 3.  No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial: 1.º  Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores. 2.º  Los sujetos a su inscripción obligatoria en el Registro Mercantil que no figurasen inscritos con antelación. 3.º  Las personas que en los tres ejercicios inmediatamente anteriores a la solicitud, estando obligadas legalmente a ello, no hubieren llevado contabilidad o hubieran incumplido el alguno de dichos ejercicios la obligación del depósito de las cuentas anuales. 4.º  Las personas que, dentro de los tres últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores. 4.  No podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pagos quienes se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite. 5.  Tampoco será posible iniciar el acuerdo extrajudicial si cualquiera de los acreedores del deudor, que necesariamente debieran verse vinculados por el acuerdo, hubiera sido declarado en concurso. Los créditos de derecho público no podrán verse afectados por el acuerdo extrajudicial. Los créditos con garantía real únicamente podrán incorporarse al acuerdo extrajudicial y verse afectados por el mismo si así lo decidiesen los acreedores que ostentan su titularidad, mediante la comunicación expresa prevista por el apartado 4 del artículo 234 No podrán acudir al procedimiento previsto en este Título las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

1.  El deudor que pretenda alcanzar con sus acreedores un acuerdo extrajudicial de pagos solicitará el nombramiento de un mediador concursal. Si el deudor fuere persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud el órgano de administración o el liquidador. 2.  La solicitud se hará mediante instancia suscrita por el deudor, en la que el deudor hará constar el efectivo y los activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que sea titular, los ingresos regulares previstos, una lista de acreedores con expresión de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos, una relación de los contratos vigentes y una relación de gastos mensuales previstos. Esta lista de acreedores también comprenderá a los titulares de préstamos o

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Artículo 232.  Solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos.

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créditos con garantía real o de derecho público sin perjuicio de que puedan no verse afectados por el acuerdo. Si el deudor fuere persona casada, salvo que se encuentre en régimen de separación de bienes, indicará la identidad del cónyuge, con expresión del régimen económico del matrimonio, y si estuviera legalmente obligado a la llevanza de contabilidad, acompañará asimismo las cuentas anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios. 3.  En caso de que los deudores sean empresarios o entidades inscribibles, se solicitará la designación del mediador al Registrador Mercantil correspondiente al domicilio del deudor mediante instancia que podrá ser cursada telemáticamente, el cual procederá a la apertura de la hoja correspondiente, en caso de no figurar inscrito. En los demás casos, se solicitará la designación al notario del domicilio del deudor. La solicitud se inadmitirá cuando el deudor no justifique el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para alcanzar un acuerdo extrajudicial, cuando el deudor se encuentre en alguna situación de las previstas en los apartados 3 o 4 del artículo 231 de esta Ley y cuando faltare alguno de los documentos exigidos o los presentados fueran incompletos. Artículo 233.  Nombramiento de mediador concursal. 1.  El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a la que de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se publicará en el portal correspondiente del «Boletín Oficial del Estado», la cual será suministrada por el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia. El mediador concursal deberá reunir, además de esta condición de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, alguna de las que se indican en el apartado 1 del artículo 27. En todo lo no previsto en esta Ley en cuanto al mediador concursal, se estará a lo dispuesto en materia de nombramiento de expertos independientes. 2.  Al aceptar el nombramiento, el mediador concursal deberá facilitar al registrador mercantil o notario una dirección electrónica que cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 29.6 de esta Ley, en la que los acreedores podrán realizar cualquier comunicación o notificación. 3.  El registrador o el notario procederá al nombramiento de mediador concursal. Una vez que el mediador concursal acepte el cargo, el registrador mercantil o el notario dará cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes para su constancia por anotación preventiva en la correspondiente hoja registral, así como al Registro Civil y a los demás registros públicos que corresponda, comunicará de oficio la apertura de negociaciones al juez competente para la declaración de concurso y ordenará su publicación en el «Registro Público Concursal.» 4.  Asimismo, dirigirá una comunicación por medios electrónicos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de los medios que éstas habiliten en sus respectivas sedes electrónicas, conste o no su condición de acreedoras, en la que deberá hacer constar la identificación del deudor con su nombre y Número de Identificación Fiscal y la del mediador con su nombre, Número de Identificación Fiscal y dirección electrónica, así como la fecha de aceptación del cargo por éste. Igualmente se remitirá comunicación a la representación de los trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de su derecho a personarse en el procedimiento.

1.  En los diez días siguientes a la aceptación del cargo, el mediador concursal comprobará la existencia y la cuantía de los créditos y convocará al deudor y a los acreedores que figuren en la lista presentada por el deudor, siempre que puedan resultar afectados por el acuerdo, a una reunión que se celebrará dentro de los dos meses siguientes a la aceptación, en la localidad donde el deudor tenga su domicilio. Se excluirá en todo caso de la convocatoria a los acreedores de derecho público. 2.  La convocatoria se realizará por conducto notarial, por cualquier medio de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción. Si constara la dirección electrónica de los acreedores

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Artículo 234.  Convocatoria a los acreedores.

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por haberla facilitado éstos al mediador concursal en los términos que se indican en el apartado 4 del artículo 235, la comunicación deberá realizarse a la citada dirección electrónica. 3.  La convocatoria deberá expresar el lugar, día y hora de la reunión, la finalidad de alcanzar un acuerdo de pago y la identidad de cada uno de los acreedores convocados, con expresión de la cuantía del crédito, la fecha de concesión y de vencimiento y las garantías personales o reales constituidas. 4.  Una vez recibida la convocatoria, los acreedores titulares de créditos con garantía real que voluntariamente quisieran intervenir en el acuerdo extrajudicial deberán comunicárselo expresamente al mediador en el plazo de un mes. Artículo 235.  Efectos de la iniciación del expediente. 1.  Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral, empresarial o profesional. Desde la presentación de la solicitud, el deudor se abstendrá de solicitar la concesión de préstamos o créditos, devolverá a la entidad las tarjetas de crédito de que sea titular y se abstendrá de utilizar medio electrónico de pago alguno. 2.  Desde la publicación de la apertura del expediente y por parte de los acreedores que pudieran verse afectados por el posible acuerdo extrajudicial de pagos, no podrá iniciarse ni continuarse ejecución alguna sobre el patrimonio del deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres meses. Se exceptúan los acreedores de créditos con garantía real, en cuyo caso, el inicio o continuación de la ejecución dependerá de la decisión del acreedor. El acreedor con garantía real que decida iniciar o continuar el procedimiento no podrá participar en el acuerdo extrajudicial. Practicada la correspondiente anotación de la apertura del procedimiento en los registros públicos de bienes, no podrán anotarse respecto de los bienes del deudor instante embargos o secuestros posteriores a la presentación de la solicitud del nombramiento de mediador concursal, salvo los que pudieran corresponder en el curso de procedimientos seguidos por los acreedores de derecho público y los acreedores titulares de créditos con garantía real que no participen en el acuerdo extrajudicial. 3.  Desde la publicación de la apertura del expediente, los acreedores que puedan verse afectados por el acuerdo deberán abstenerse de realizar acto alguno dirigido a mejorar la situación en que se encuentren respecto del deudor común. 4.  Desde la publicación de la apertura del expediente, los acreedores que lo estimen oportuno podrán facilitar al mediador concursal una dirección electrónica para que éste les practique cuantas comunicaciones sean necesarias o convenientes, produciendo plenos efectos las que se remitan a la dirección facilitada. 5.  El acreedor que disponga de garantía personal para la satisfacción del crédito podrá ejercitarla siempre que el crédito contra el deudor hubiera vencido. En la ejecución de la garantía, los garantes no podrán invocar la solicitud del deudor en perjuicio del ejecutante. 6.  El deudor que se encontrase negociando un acuerdo extrajudicial no podrá ser declarado en concurso, en tanto no concurran las circunstancias previstas en el artículo 5 bis.

1.  Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una antelación mínima de veinte días naturales a la fecha prevista para la celebración de la reunión, el mediador concursal remitirá a los acreedores, con el consentimiento del deudor, un plan de pagos de los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud, en el que la espera o moratoria no podrá superar los tres años y en el que la quita o condonación no podrá superar el 25 por ciento del importe de los créditos. El plan de pagos se acompañará de un plan de viabilidad y contendrá una propuesta de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, incluyendo, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia, y de un plan de continuación de la actividad profesional o empresarial que desarrollara. El plan de pagos incluirá necesariamente una propuesta de negociación de las condiciones de los préstamos y créditos así como copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento de los créditos de derecho público o, al menos, de las fechas de pago de los mismos, si van a satisfacerse en sus plazos de vencimiento.

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Artículo 236.  El plan de pagos.

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2.  La propuesta podrá consistir también en la cesión de bienes a los acreedores en pago de las deudas. 3.  Dentro de los diez días naturales posteriores al envío de la propuesta de acuerdo por el mediador concursal a los acreedores, éstos podrán presentar propuestas alternativas o propuestas de modificación. Transcurrido el plazo citado, el mediador concursal remitirá a los acreedores el plan de pagos y viabilidad final aceptado por el deudor. 4.  El mediador concursal deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso de acreedores si, dentro del plazo mencionado en el apartado 3 de este artículo, decidieran no continuar con las negociaciones los acreedores que representasen al menos la mayoría del pasivo que necesariamente pudiera verse afectado por el acuerdo, excluidos los créditos con garantía real cuyos titulares no hubiesen comunicado su voluntad de intervenir en el mismo o cualquier acreedor de derecho público. Artículo 237.  La reunión de los acreedores. 1.  Los acreedores convocados deberán asistir a la reunión, salvo los que hubiesen manifestado su aprobación u oposición dentro de los diez días naturales anteriores a la reunión. Con excepción de los que tuvieran constituido a su favor garantía real, los créditos de que fuera titular el acreedor que, habiendo recibido la convocatoria, no asista a la reunión y no hubiese manifestado su aprobación u oposición dentro de los diez días naturales anteriores, se calificarán como subordinados en el caso de que, fracasada la negociación, fuera declarado el concurso del deudor común. 2.  El plan de pagos y el plan de viabilidad podrán ser modificados en la reunión, siempre que no se alteren las condiciones de pago de los acreedores que, por haber manifestado su aprobación dentro de los diez días naturales anteriores, no hayan asistido a la reunión.

1.  Para que el plan de pagos se considere aceptado, será necesario que voten a favor del mismo acreedores que sean titulares, al menos, del 60 por ciento del pasivo. En el caso de que el plan de pagos consista en la cesión de bienes del deudor en pago de deudas, dicho plan deberá contar con la aprobación de acreedores que representen el setenta y cinco por ciento del pasivo y del acreedor o acreedores que, en su caso, tengan constituida a su favor una garantía real sobre estos bienes. En ambos supuestos, para la formación de estas mayorías se tendrá en cuenta exclusivamente el pasivo que vaya a verse afectado por el acuerdo y a los acreedores del mismo, incluyendo los préstamos y créditos con garantía real y sus acreedores cuando estos voluntariamente se hubieran incorporado al procedimiento. 2.  Si el plan fuera aceptado por los acreedores, el acuerdo se elevará inmediatamente a escritura pública, que cerrará el expediente que el notario hubiera abierto. Para los abiertos por el registrador mercantil, se presentará ante el Registro Mercantil copia de la escritura para que el registrador pueda cerrar el expediente. Por el notario o el registrador se comunicará el cierre del expediente al juzgado que hubiera de tramitar el concurso. Igualmente se dará cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes para la cancelación de las anotaciones practicadas. Asimismo, publicará la existencia del acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Registro Público Concursal por medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen al deudor, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, el registrador o notario competente, el número de expediente de nombramiento del mediador, el nombre del mediador concursal, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, y la indicación de que el expediente está a disposición de los acreedores interesados en el Registro Mercantil o Notaria correspondiente para la publicidad de su contenido. 3.  Si el plan no fuera aceptado, y el deudor continuara incurso en insolvencia, el mediador concursal solicitará inmediatamente del juez competente la declaración de concurso, que el juez acordará también de forma inmediata. En su caso, instará también del juez la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa en los términos previstos en el artículo 176 bis de esta Ley.

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Artículo 238.  El acuerdo extrajudicial de pagos.

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Artículo 239.  Impugnación del acuerdo. 1.  Dentro de los diez días siguientes a la publicación, el acreedor que no hubiera sido convocado o no hubiera votado a favor del acuerdo o hubiera manifestado con anterioridad su oposición en los términos establecidos en el artículo 237.1 podrá impugnarlo ante el juzgado que fuera competente para conocer del concurso del deudor. 2.  La impugnación no suspenderá la ejecución del acuerdo y solo podrá fundarse en la falta de concurrencia de las mayorías exigidas para la adopción del acuerdo teniendo en cuenta, en su caso, a los acreedores no convocados, en la superación de los límites establecidos por el artículo  36.1 o en la desproporción de la quita o moratoria exigidas. 3.  Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el procedimiento del incidente concursal. 4.  La sentencia de anulación del acuerdo se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Registro Público Concursal. 5.  La sentencia que resuelva sobre la impugnación será susceptible de recurso de apelación de tramitación preferente 6.  La anulación del acuerdo dará lugar a la sustanciación del concurso consecutivo regulado en el artículo 242. Artículo 240.  Efectos del acuerdo sobre los acreedores. 1. Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por deudas anteriores a la publicación de la apertura del expediente. El deudor, podrá solicitar la cancelación de los correspondientes embargos del juez que los hubiera ordenado. 2.  Por virtud del acuerdo extrajudicial, los créditos quedarán aplazados y remitidos conforme a lo pactado. En caso de cesión de bienes a los acreedores, los créditos se considerarán extinguidos. 3.  Los acreedores conservarán las acciones que les correspondan por la totalidad de los créditos contra los obligados solidarios y los garantes personales del deudor. Artículo 241.  Cumplimiento e incumplimiento del acuerdo. 1.  El mediador concursal deberá supervisar el cumplimiento del acuerdo. 2.  Si el plan de pagos fuera íntegramente cumplido, el mediador concursal lo hará constar en acta notarial que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Registro Público Concursal. 3.  Si el acuerdo extrajudicial de pagos fuera incumplido, el mediador concursal deberá instar el concurso, considerándose que el deudor incumplidor se encuentra en estado de insolvencia. Artículo 242.  Especialidades del concurso consecutivo.

1.ª  Salvo justa causa, el juez designará administrador del concurso al mediador concursal, quien no podrá percibir por este concepto más retribución que la que le hubiera sido fijada en el expediente de arreglo extrajudicial a menos que atendidas circunstancias excepcionales el juez acordare otra cosa. 2.ª  Tendrán también la consideración de créditos contra la masa los gastos del expediente extrajudicial y los demás créditos que, conforme al artículo 84 de esta Ley, tengan la consideración de créditos contra la masa, que se hubiesen generado durante la tramitación del expediente extrajudicial, que no hubieran sido satisfechos.

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1.  Tendrá la consideración de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del deudor o de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o por incumplimiento del plan de pagos acordado. Igualmente tendrá la consideración de concurso consecutivo el que sea consecuencia de la anulación del acuerdo extrajudicial alcanzado. 2.  En el concurso consecutivo, salvo el supuesto de insuficiencia de masa activa en los términos previstos en el artículo 176 bis de la Ley, se abrirá necesaria y simultáneamente la fase de liquidación, de conformidad con lo dispuesto en el Título V de esta Ley, con las especialidades siguientes:

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3.ª  El plazo de dos años para la determinación de los actos rescindibles se contará desde la fecha de la solicitud del deudor al registrador mercantil o notario. 4.ª  No necesitarán solicitar reconocimiento los titulares de créditos que hubieran firmado el acuerdo extrajudicial. 5.ª  En el caso de deudor empresario persona natural, si el concurso se calificara como fortuito, el juez declarará la remisión de todas las deudas que no sean satisfechas en la liquidación, con excepción de las de Derecho público siempre que sean satisfechos en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados.” Ocho.  Se introduce una nueva disposición adicional con la siguiente redacción: “Disposición adicional séptima.   Tratamiento de créditos de derecho público en caso de acuerdo extrajudicial de pagos. 1.  Lo dispuesto en el Título X de esta Ley no resultará de aplicación a los créditos de derecho público para cuya gestión recaudatoria resulte de aplicación lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria o en el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 2.  El deudor persona natural o jurídica al que se refiere el artículo 231 que tuviera deudas de las previstas en el apartado anterior, una vez admitida la solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos regulada en el artículo 232, deberá solicitar de la Administración Pública competente un aplazamiento o fraccionamiento de pago comprensivo de las deudas que, a dicha fecha, se encontrasen pendientes de ingreso, siempre que no tuviera previsto efectuar el mismo en el plazo establecido en la normativa aplicable. 3.  Tratándose de deudas con la Hacienda Pública la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refiere el apartado anterior se regirá por lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en su normativa de desarrollo, con las siguientes especialidades: a)  El acuerdo de resolución del aplazamiento o fraccionamiento sólo podrá dictarse cuando el acuerdo extrajudicial de pagos haya sido formalizado. No obstante, será posible resolver antes de la concurrencia de tal circunstancia si transcurren tres meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado» la existencia de tal acuerdo o se declarara el concurso. b)  El acuerdo de concesión del aplazamiento o fraccionamiento, salvo que razones de cuantía discrecionalmente apreciadas por la Administración determinen lo contrario, tendrá como referencia temporal máxima la contemplada en el acuerdo extrajudicial de pagos, si bien la periodicidad de los plazos podrá ser diferente. Los aplazamientos y fraccionamientos de pago en su día concedidos y vigentes a la fecha de presentación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento a que se refiere el apartado 2 anterior continuarán surtiendo plenos efectos, sin perjuicio de las peticiones de modificación en sus condiciones que puedan presentarse, en cuyo caso las deudas a que las mismas se refiriesen se incorporarán a la citada solicitud. En todo caso se incorporarán a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento las deudas que a la fecha de presentación de la misma estuvieran incluidas en solicitudes pendientes de resolución.

a)  El acuerdo de resolución del aplazamiento sólo podrá dictarse cuando el acuerdo extrajudicial de pagos haya sido formalizado. No obstante, será posible resolver antes de la concurrencia de tal circunstancia si transcurren tres meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado» la existencia de tal acuerdo o se declarara el concurso.

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4.  Tratándose de deudas con la Seguridad Social la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refiere el apartado 2 anterior se regirá por lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley de la Seguridad Social y en su normativa de desarrollo, con las siguientes especialidades:

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b)  El acuerdo de concesión del aplazamiento, salvo que razones de cuantía discrecionalmente apreciadas por la Administración determinen lo contrario, tendrá como referencia temporal máxima la contemplada en el acuerdo extrajudicial de pagos, si bien la periodicidad de los plazos podrá ser diferente. En el caso de que el sujeto responsable tuviese aplazamiento de pago vigente a la fecha de la presentación de la solicitud del acuerdo extrajudicial, el mismo continuará surtiendo plenos efectos, sin perjuicio de las reconsideraciones o modificaciones que puedan solicitarse a efectos de incluir en el aplazamiento algún periodo de deuda corriente o de alterar alguna de las condiciones de amortización, respectivamente.” Nueve.   Se introduce una nueva disposición adicional con la siguiente redacción: “Disposición adicional novena.   Remuneración de los mediadores concursales. Serán de aplicación a la remuneración de los mediadores concursales a los que se refiere la presente Ley las normas establecidas o que se establezcan para la remuneración de los administradores concursales.”» JUSTIFICACIÓN La propuesta del Anteproyecto tiene excesivas analogías con la actual regulación concursal. Se trata de cambiar su filosofía y orientación, para establecer no una alternativa al concurso judicial a las empresas en situación de insolvencia definitiva, sino una herramienta para que las PYMES puedan evitar esa fase concursal, actuando en un momento mucho más temprano de las dificultades, cuando es posible superarlas a través de un plan de viabilidad que salve a la empresa. La propuesta se inspira en el proceso introducido, con éxito, en la legislación belga, concretamente su «Ley de Continuidad de las Empresas» de 31 de enero de 2009. La finalidad fundamental, por tanto, es la supervivencia de la empresa, con la salvación de riqueza y puestos de trabajo que ello supone. Finalidad no cumplida por nuestra actual legislación concursal. Otras finalidades son: a) conseguir una mejor satisfacción de los acreedores, sobre todo los ordinarios, respecto de lo que conseguirían en un concurso. Para ello se les da el protagonismo necesario en la elaboración del plan de viabilidad, mediante su participación en la negociación mediada. Y b) conseguir aliviar la carga de los tribunales. Estos objetivos exigen que, como en el caso belga, el proceso sea reservado, y no perjudique más la situación de la empresa, ni su capacidad crediticia. Y que se lleve a cabo, no necesariamente con todos los acreedores, sino con los que se considere necesarios. Estos tendrán como principal interés la salvación de la empresa y, con ella, la mejor posibilidad de cobro de sus créditos y el mantenimiento de la empresa como cliente. Para ello, difiriendo del caso belga, la dirección del mismo se encomienda a notarios, con un amplio margen de elección que permita su especialización. Reúnen éstos en España un doble carácter de funcionarios públicos y profesionales que les hace idóneos para estas funciones. Los titulares de créditos (generalmente menores) que no participan no se deben ver perjudicados, para lo que se establece la necesaria salvaguarda. Los acuerdos, por último, pueden ser impugnados si resultasen ser hechos en fraude de acreedores.

ENMIENDA NÚM. 227 Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Al artículo 21, apartados Cinco y Siete De modificación.

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FIRMANTE:

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Texto que se propone: Artículo 21.  Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda modificada en los siguientes términos: […] Cinco.  Se modifica el apartado 2 del artículo 178, que pasa a tener la siguiente redacción: «2.   La resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor persona natural por liquidación de la masa activa declarará la remisión de las deudas insatisfechas, siempre que el concurso no hubiera sido declarado culpable ni condenado por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro delito singularmente relacionado con el concurso y siempre que, a juicio del juez, la insolvencia no se haya producido por circunstancias previsibles y evitables y el deudor no se haya beneficiado de una exoneración semejante en el plazo de los ocho años inmediatamente anteriores.» […] Siete.  Se añade un Título X a la Ley Concursal, con el siguiente contenido: «TÍTULO X El acuerdo extrajudicial de pagos Artículo 231.   Presupuestos. 1.  El empresario persona natural que se encuentre en situación de insolvencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de esta Ley, o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores. A los efectos de este Título se considerarán empresarios personas naturales no solamente aquellos que tuvieran tal condición de acuerdo con la legislación mercantil, sino aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos. 2.  También podrán instar el mismo acuerdo cualesquiera personas jurídicas, sean o no sociedades de capital, que cumplan las siguientes condiciones: a)  Se encuentren en estado de insolvencia. b)  En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial complejidad en los términos previstos en el artículo 190 de esta Ley.

1.º  Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores. 2.º  Los sujetos a su inscripción obligatoria en el Registro Mercantil que no figurasen inscritos con antelación. 3.º  Las personas que en los tres ejercicios inmediatamente anteriores a la solicitud, estando obligadas legalmente a ello, no hubieren llevado contabilidad o hubieran incumplido el alguno de dichos ejercicios la obligación del depósito de las cuentas anuales. 4.º  Las personas que, dentro de los tres últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores.

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3.  No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial:

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4.  No podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pagos quienes se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite. 5.  Tampoco será posible iniciar el acuerdo extrajudicial si cualquiera de los acreedores del deudor, que necesariamente debieran verse vinculados por el acuerdo, hubiera sido declarado en concurso. No podrán acudir al procedimiento previsto en este Título las entidades aseguradoras y reaseguradoras. […]» Texto que se sustituye: Artículo 21.   Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda modificada en los siguientes términos: Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 3 que queda redactado de la siguiente manera: «1.   Para solicitar la declaración de concurso están legitimados el deudor, cualquiera de sus acreedores y el mediador concursal cuando se trate del procedimiento regulado en el Título X de esta Ley.» Dos.   Se modifican los apartados 1, 3 y 4 del artículo 5 bis que quedan redactados de la siguiente manera: «1.   El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta Ley. En el caso en que solicite un acuerdo extrajudicial de pago, una vez que el mediador concursal propuesto acepte el cargo, el registrador mercantil o notario deberá comunicar, de oficio, la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración de concurso.» «3.  El secretario judicial, sin más trámite, procederá a dejar constancia de la comunicación presentada por el deudor o, en los supuestos de negociación de un acuerdo extrajudicial de pago, por el notario o por el registrador mercantil.» «4.  Transcurridos tres meses de la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que ya lo hubiera solicitado el mediador concursal o no se encontrara en estado de insolvencia.» Tres.   Se modifica el primer párrafo del apartado 3 del artículo 15 que queda redactado de la siguiente manera: «3.   Una vez realizada la comunicación prevista en el artículo 5 bis y mientras no transcurra el plazo de tres meses previsto en dicho precepto, no se admitirán solicitudes de concurso a instancia de otros legitimados distintos del deudor o, en el procedimiento previsto en el Título X de esta Ley, distintos del deudor o del mediador concursal.»

«2.º  El acuerdo haya sido informado favorablemente por un experto independiente designado por el registrador mercantil del domicilio del deudor. Si el acuerdo de refinanciación afectara a varias sociedades del mismo grupo, el informe podrá ser único y elaborado por un solo experto, designado por el registrador del domicilio de la sociedad dominante, si estuviera afectada por el acuerdo o en su defecto por el del domicilio de cualquiera de las sociedades del grupo. El informe del experto contendrá un juicio técnico sobre la suficiencia de la información proporcionada por el deudor, sobre el carácter razonable y realizable del plan en las condiciones definidas en el párrafo

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Cuatro.   Se modifica el número 2.2 del apartado 6 del artículo 71, que pasa a tener la siguiente redacción:

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primero y sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo. Cuando el informe contuviera reservas o limitaciones de cualquier clase, su importancia deberá ser expresamente evaluada por los firmantes del acuerdo.» Cinco.  Se modifica el apartado 2 del artículo 178, que pasa a tener la siguiente redacción: «2.  La resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor persona natural por liquidación de la masa activa declarará la remisión de las deudas insatisfechas, salvo las deudas de derecho público a que se refiere el artículo 91.4.2 de esta Ley, siempre que el concurso no hubiera sido declarado culpable ni condenado por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro delito singularmente relacionado con el concurso y que hayan sido satisfechos en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios. Si el deudor hubiere intentado sin éxito el acuerdo extrajudicial de pagos, podrá obtener la remisión de los créditos restantes, con la salvedad de los créditos de derecho público, si hubieran sido satisfechos los créditos contra la masa y todos los créditos concursales privilegiados.» Seis.   Se modifica el apartado 1 del artículo 198 queda redactado como sigue: «1.   El Registro Público Concursal se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y constará de tres secciones: a)  En la sección primera, de edictos concursales, se insertarán ordenados por concursado y fechas, las resoluciones que deban publicarse conforme a lo previsto en el artículo 23 y en virtud de mandamiento remitido por el secretario judicial. b)  En la sección segunda, de publicidad registral, se harán constar, ordenadas por concursado y fechas, las resoluciones registrales anotadas o inscritas en todos los registros públicos de personas referidos en el artículo 24.1, 2 y 3, incluidas las que declaren concursados culpables o acuerden la designación o inhabilitación de los administradores concursales y en virtud de certificaciones remitidas de oficio por el encargado del registro una vez practicado el correspondiente asiento. c)  En la sección tercera, de acuerdos extrajudiciales, se hará constar la apertura de las negociaciones para alcanzar tales acuerdos y su finalización.» Siete.   Se añade un Título X a la Ley Concursal, con el siguiente contenido: «TÍTULO X El acuerdo extrajudicial de pagos

1.  El empresario persona natural que se encuentre en situación de insolvencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de esta Ley, o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre que aportando el correspondiente balance, justifique que su pasivo no supera los cinco millones de euros. A los efectos de este Título se considerarán empresarios personas naturales no solamente aquellos que tuvieran tal condición de acuerdo con la legislación mercantil, sino aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos. 2.  También podrán instar el mismo acuerdo cualesquiera personas jurídicas, sean o no sociedades de capital, que cumplan las siguientes condiciones: a)  Se encuentren en estado de insolvencia. b)  En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial complejidad en los términos previstos en el artículo 190 de esta Ley.

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Artículo 231.  Presupuestos.

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c)  Que dispongan de activos líquidos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo. d)  Que su patrimonio y sus ingresos previsibles permitan lograr con posibilidades de éxito un acuerdo de pago en los términos que se recogen en el apartado 1 del artículo 236. 3.  No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial: 1.º  Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores. 2.º  Los sujetos a su inscripción obligatoria en el Registro Mercantil que no figurasen inscritos con antelación. 3.º  Las personas que en los tres ejercicios inmediatamente anteriores a la solicitud, estando obligadas legalmente a ello, no hubieren llevado contabilidad o hubieran incumplido el alguno de dichos ejercicios la obligación del depósito de las cuentas anuales. 4.º  Las personas que, dentro de los tres últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores. 4.  No podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pagos quienes se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite. 5.  Tampoco será posible iniciar el acuerdo extrajudicial si cualquiera de los acreedores del deudor, que necesariamente debieran verse vinculados por el acuerdo, hubiera sido declarado en concurso. Los créditos de derecho público no podrán verse afectados por el acuerdo extrajudicial. Los créditos con garantía real únicamente podrán incorporarse al acuerdo extrajudicial y verse afectados por el mismo si así lo decidiesen los acreedores que ostentan su titularidad, mediante la comunicación expresa prevista por el apartado 4 del artículo 234 No podrán acudir al procedimiento previsto en este Título las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

1.  El deudor que pretenda alcanzar con sus acreedores un acuerdo extrajudicial de pagos solicitará el nombramiento de un mediador concursal. Si el deudor fuere persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud el órgano de administración o el liquidador. 2.  La solicitud se hará mediante instancia suscrita por el deudor, en la que el deudor hará constar el efectivo y los activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que sea titular, los ingresos regulares previstos, una lista de acreedores con expresión de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos, una relación de los contratos vigentes y una relación de gastos mensuales previstos. Esta lista de acreedores también comprenderá a los titulares de préstamos o créditos con garantía real o de derecho público sin perjuicio de que puedan no verse afectados por el acuerdo. Si el deudor fuere persona casada, salvo que se encuentre en régimen de separación de bienes, indicará la identidad del cónyuge, con expresión del régimen económico del matrimonio, y si estuviera legalmente obligado a la llevanza de contabilidad, acompañará asimismo las cuentas anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios. 3.  En caso de que los deudores sean empresarios o entidades inscribibles, se solicitará la designación del mediador al Registrador Mercantil correspondiente al domicilio del deudor mediante instancia que podrá ser cursada telemáticamente, el cual procederá a la apertura de la hoja correspondiente, en caso de no figurar inscrito. En los demás casos, se solicitará la designación al notario del domicilio del deudor. La solicitud se inadmitirá cuando el deudor no justifique el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para alcanzar un acuerdo extrajudicial, cuando el deudor se encuentre en alguna situación de las previstas en los apartados 3 o 4 del artículo 231

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Artículo 232.  Solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos.

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de esta Ley y cuando faltare alguno de los documentos exigidos o los presentados fueran incompletos. Artículo 233.  Nombramiento de mediador concursal. 1.  El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a la que de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se publicará en el portal correspondiente del «Boletín Oficial del Estado», la cual será suministrada por el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia. El mediador concursal deberá reunir, además de esta condición de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, alguna de las que se indican en el apartado 1 del artículo 27. En todo lo no previsto en esta Ley en cuanto al mediador concursal, se estará a lo dispuesto en materia de nombramiento de expertos independientes. 2.  Al aceptar el nombramiento, el mediador concursal deberá facilitar al registrador mercantil o notario una dirección electrónica que cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 29.6 de esta Ley, en la que los acreedores podrán realizar cualquier comunicación o notificación. 3.  El registrador o el notario procederá al nombramiento de mediador concursal. Una vez que el mediador concursal acepte el cargo, el registrador mercantil o el notario dará cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes para su constancia por anotación preventiva en la correspondiente hoja registral, así como al Registro Civil y a los demás registros públicos que corresponda, comunicará de oficio la apertura de negociaciones al juez competente para la declaración de concurso y ordenará su publicación en el «Registro Público Concursal.» 4.  Asimismo, dirigirá una comunicación por medios electrónicos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de los medios que éstas habiliten en sus respectivas sedes electrónicas, conste o no su condición de acreedoras, en la que deberá hacer constar la identificación del deudor con su nombre y Número de Identificación Fiscal y la del mediador con su nombre, Número de Identificación Fiscal y dirección electrónica, así como la fecha de aceptación del cargo por éste. Igualmente se remitirá comunicación a la representación de los trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de su derecho a personarse en el procedimiento.

1.  En los diez días siguientes a la aceptación del cargo, el mediador concursal comprobará la existencia y la cuantía de los créditos y convocará al deudor y a los acreedores que figuren en la lista presentada por el deudor, siempre que puedan resultar afectados por el acuerdo, a una reunión que se celebrará dentro de los dos meses siguientes a la aceptación, en la localidad donde el deudor tenga su domicilio. Se excluirá en todo caso de la convocatoria a los acreedores de derecho público. 2.  La convocatoria se realizará por conducto notarial, por cualquier medio de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción. Si constara la dirección electrónica de los acreedores por haberla facilitado éstos al mediador concursal en los términos que se indican en el apartado 4 del artículo 235, la comunicación deberá realizarse a la citada dirección electrónica. 3.  La convocatoria deberá expresar el lugar, día y hora de la reunión, la finalidad de alcanzar un acuerdo de pago y la identidad de cada uno de los acreedores convocados, con expresión de la cuantía del crédito, la fecha de concesión y de vencimiento y las garantías personales o reales constituidas. 4.  Una vez recibida la convocatoria, los acreedores titulares de créditos con garantía real que voluntariamente quisieran intervenir en el acuerdo extrajudicial deberán comunicárselo expresamente al mediador en el plazo de un mes. Artículo 235.  Efectos de la iniciación del expediente. 1.  Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral, empresarial o profesional. Desde la presentación de la solicitud, el deudor se abstendrá de

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Artículo 234.  Convocatoria a los acreedores.

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solicitar la concesión de préstamos o créditos, devolverá a la entidad las tarjetas de crédito de que sea titular y se abstendrá de utilizar medio electrónico de pago alguno. 2.  Desde la publicación de la apertura del expediente y por parte de los acreedores que pudieran verse afectados por el posible acuerdo extrajudicial de pagos, no podrá iniciarse ni continuarse ejecución alguna sobre el patrimonio del deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres meses. Se exceptúan los acreedores de créditos con garantía real, en cuyo caso, el inicio o continuación de la ejecución dependerá de la decisión del acreedor. El acreedor con garantía real que decida iniciar o continuar el procedimiento no podrá participar en el acuerdo extrajudicial. Practicada la correspondiente anotación de la apertura del procedimiento en los registros públicos de bienes, no podrán anotarse respecto de los bienes del deudor instante embargos o secuestros posteriores a la presentación de la solicitud del nombramiento de mediador concursal, salvo los que pudieran corresponder en el curso de procedimientos seguidos por los acreedores de derecho público y los acreedores titulares de créditos con garantía real que no participen en el acuerdo extrajudicial. 3.  Desde la publicación de la apertura del expediente, los acreedores que puedan verse afectados por el acuerdo deberán abstenerse de realizar acto alguno dirigido a mejorar la situación en que se encuentren respecto del deudor común. 4.  Desde la publicación de la apertura del expediente, los acreedores que lo estimen oportuno podrán facilitar al mediador concursal una dirección electrónica para que éste les practique cuantas comunicaciones sean necesarias o convenientes, produciendo plenos efectos las que se remitan a la dirección facilitada. 5.  El acreedor que disponga de garantía personal para la satisfacción del crédito podrá ejercitarla siempre que el crédito contra el deudor hubiera vencido. En la ejecución de la garantía, los garantes no podrán invocar la solicitud del deudor en perjuicio del ejecutante. 6.  El deudor que se encontrase negociando un acuerdo extrajudicial no podrá ser declarado en concurso, en tanto no concurran las circunstancias previstas en el artículo 5 bis.

1.  Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una antelación mínima de veinte días naturales a la fecha prevista para la celebración de la reunión, el mediador concursal remitirá a los acreedores, con el consentimiento del deudor, un plan de pagos de los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud, en el que la espera o moratoria no podrá superar los tres años y en el que la quita o condonación no podrá superar el 25 por ciento del importe de los créditos. El plan de pagos se acompañará de un plan de viabilidad y contendrá una propuesta de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, incluyendo, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia, y de un plan de continuación de la actividad profesional o empresarial que desarrollara. El plan de pagos incluirá necesariamente una propuesta de negociación de las condiciones de los préstamos y créditos así como copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento de los créditos de derecho público o, al menos, de las fechas de pago de los mismos, si van a satisfacerse en sus plazos de vencimiento. 2.  La propuesta podrá consistir también en la cesión de bienes a los acreedores en pago de las deudas. 3.  Dentro de los diez días naturales posteriores al envío de la propuesta de acuerdo por el mediador concursal a los acreedores, éstos podrán presentar propuestas alternativas o propuestas de modificación. Transcurrido el plazo citado, el mediador concursal remitirá a los acreedores el plan de pagos y viabilidad final aceptado por el deudor. 4.  El mediador concursal deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso de acreedores si, dentro del plazo mencionado en el apartado 3 de este artículo, decidieran no continuar con las negociaciones los acreedores que representasen al menos la mayoría del pasivo que necesariamente pudiera verse afectado por el acuerdo, excluidos los créditos con garantía real cuyos titulares no hubiesen comunicado su voluntad de intervenir en el mismo o cualquier acreedor de derecho público.

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Artículo 236.  El plan de pagos.

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Artículo 237.  La reunión de los acreedores. 1.  Los acreedores convocados deberán asistir a la reunión, salvo los que hubiesen manifestado su aprobación u oposición dentro de los diez días naturales anteriores a la reunión. Con excepción de los que tuvieran constituido a su favor garantía real, los créditos de que fuera titular el acreedor que, habiendo recibido la convocatoria, no asista a la reunión y no hubiese manifestado su aprobación u oposición dentro de los diez días naturales anteriores, se calificarán como subordinados en el caso de que, fracasada la negociación, fuera declarado el concurso del deudor común. 2.  El plan de pagos y el plan de viabilidad podrán ser modificados en la reunión, siempre que no se alteren las condiciones de pago de los acreedores que, por haber manifestado su aprobación dentro de los diez días naturales anteriores, no hayan asistido a la reunión. Artículo 238.  El acuerdo extrajudicial de pagos. 1.  Para que el plan de pagos se considere aceptado, será necesario que voten a favor del mismo acreedores que sean titulares, al menos, del 60 por ciento del pasivo. En el caso de que el plan de pagos consista en la cesión de bienes del deudor en pago de deudas, dicho plan deberá contar con la aprobación de acreedores que representen el setenta y cinco por ciento del pasivo y del acreedor o acreedores que, en su caso, tengan constituida a su favor una garantía real sobre estos bienes. En ambos supuestos, para la formación de estas mayorías se tendrá en cuenta exclusivamente el pasivo que vaya a verse afectado por el acuerdo y a los acreedores del mismo, incluyendo los préstamos y créditos con garantía real y sus acreedores cuando estos voluntariamente se hubieran incorporado al procedimiento. 2.  Si el plan fuera aceptado por los acreedores, el acuerdo se elevará inmediatamente a escritura pública, que cerrará el expediente que el notario hubiera abierto. Para los abiertos por el registrador mercantil, se presentará ante el Registro Mercantil copia de la escritura para que el registrador pueda cerrar el expediente. Por el notario o el registrador se comunicará el cierre del expediente al juzgado que hubiera de tramitar el concurso. Igualmente se dará cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes para la cancelación de las anotaciones practicadas. Asimismo, publicará la existencia del acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Registro Público Concursa) por medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen al deudor, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, el registrador o notario competente, el número de expediente de nombramiento del mediador, el nombre del mediador concursa), incluyendo su Número de Identificación Fiscal, y la indicación de que el expediente está a disposición de los acreedores interesados en el Registro Mercantil o Notaria correspondiente para la publicidad de su contenido. 3.  Si el plan no fuera aceptado, y el deudor continuara incurso en insolvencia, el mediador concursal solicitará inmediatamente del juez competente la declaración de concurso, que el juez acordará también de forma inmediata. En su caso, instará también del juez la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa en los términos previstos en el artículo 176 bis de esta Ley.

1.  Dentro de los diez días siguientes a la publicación, el acreedor que no hubiera sido convocado o no hubiera votado a favor del acuerdo o hubiera manifestado con anterioridad su oposición en los términos establecidos en el artículo 237.1 podrá impugnarlo ante el juzgado que fuera competente para conocer del concurso del deudor. 2.  La impugnación no suspenderá la ejecución del acuerdo y solo podrá fundarse en la falta de concurrencia de las mayorías exigidas para la adopción del acuerdo teniendo en cuenta, en su caso, a los acreedores no convocados, en la superación de los límites establecidos por el artículo 236.1 o en la desproporción de la quita o moratoria exigidas. 3.  Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el procedimiento del incidente concursal. 4.  La sentencia de anulación del acuerdo se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Registro Público Concursal. 5.  La sentencia que resuelva sobre la impugnación será susceptible de recurso de apelación de tramitación preferente.

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Artículo 239.  Impugnación del acuerdo.

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6.  La anulación del acuerdo dará lugar a la sustanciación del concurso consecutivo regulado en el artículo 242. Artículo 240.  Efectos del acuerdo sobre los acreedores. 1.  Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por deudas anteriores a la publicación de la apertura del expediente. El deudor, podrá solicitar la cancelación de los correspondientes embargos del juez que los hubiera ordenado. 2.  Por virtud del acuerdo extrajudicial, los créditos quedarán aplazados y remitidos conforme a lo pactado. En caso de cesión de bienes a los acreedores, los créditos se considerarán extinguidos. 3.  Los acreedores conservarán las acciones que les correspondan por la totalidad de los créditos contra los obligados solidarios y los garantes personales del deudor. Artículo 241.  Cumplimiento e incumplimiento del acuerdo. 1.  El mediador concursal deberá supervisar el cumplimiento del acuerdo. 2.  Si el plan de pagos fuera íntegramente cumplido, el mediador concursal lo hará constar en acta notarial que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Registro Público Concursal. 3.  Si el acuerdo extrajudicial de pagos fuera incumplido, el mediador concursal deberá instar el concurso, considerándose que el deudor incumplidor se encuentra en estado de insolvencia. Artículo 242.  Especialidades del concurso consecutivo. 1.  Tendrá la consideración de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del deudor o de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o por incumplimiento del plan de pagos acordado. Igualmente tendrá la consideración de concurso consecutivo el que sea consecuencia de la anulación del acuerdo extrajudicial alcanzado. 2.  En el concurso consecutivo, salvo el supuesto de insuficiencia de masa activa en los términos previstos en el artículo 176 bis de la Ley, se abrirá necesaria y simultáneamente la fase de liquidación, de conformidad con lo dispuesto en el Título V de esta Ley, con las especialidades siguientes: 1.ª  Salvo justa causa, el juez designará administrador del concurso al mediador concursal, quien no podrá percibir por este concepto más retribución que la que le hubiera sido fijada en el expediente de arreglo extrajudicial a menos que atendidas circunstancias excepcionales el juez acordare otra cosa. 2.ª  Tendrán también la consideración de créditos contra la masa los gastos del expediente extrajudicial y los demás créditos que, conforme al artículo 84 de esta Ley, tengan la consideración de créditos contra la masa, que se hubiesen generado durante la tramitación del expediente extrajudicial, que no hubieran sido satisfechos. 3.ª  El plazo de dos años para la determinación de los actos rescindibles se contará desde la fecha de la solicitud del deudor al registrador mercantil o notario. 4.ª  No necesitarán solicitar reconocimiento los titulares de créditos que hubieran firmado el acuerdo extrajudicial. 5.ª  En el caso de deudor empresario persona natural, si el concurso se calificara como fortuito, el juez declarará la remisión de todas las deudas que no sean satisfechas en la liquidación, con excepción de las de Derecho público siempre que sean satisfechos en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados.»

«Disposición adicional séptima.  Tratamiento de créditos de derecho público en caso de acuerdo extrajudicial de pagos. 1.  Lo dispuesto en el Título X de esta Ley no resultará de aplicación a los créditos de derecho público para cuya gestión recaudatoria resulte de aplicación lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17

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Ocho.   Se introduce una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

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de diciembre, General Tributaria, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria o en el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 2.  El deudor persona natural o jurídica al que se refiere el artículo 231 que tuviera deudas de las previstas en el apartado anterior, una vez admitida la solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos regulada en el artículo 232, deberá solicitar de la Administración Pública competente un aplazamiento o fraccionamiento de pago comprensivo de las deudas que, a dicha fecha, se encontrasen pendientes de ingreso, siempre que no tuviera previsto efectuar el mismo en el plazo establecido en la normativa aplicable. 3.   Tratándose de deudas con la Hacienda Pública la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refiere el apartado anterior se regirá por lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en su normativa de desarrollo, con las siguientes especialidades: a)  El acuerdo de resolución del aplazamiento o fraccionamiento sólo podrá dictarse cuando el acuerdo extrajudicial de pagos haya sido formalizado. No obstante, será posible resolver antes de la concurrencia de tal circunstancia si transcurren tres meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado» la existencia de tal acuerdo o se declarara el concurso. b)  El acuerdo de concesión del aplazamiento o fraccionamiento, salvo que razones de cuantía discrecionalmente apreciadas por la Administración determinen lo contrario, tendrá como referencia temporal máxima la contemplada en el acuerdo extrajudicial de pagos, si bien la periodicidad de los plazos podrá ser diferente. Los aplazamientos y fraccionamientos de pago en su día concedidos y vigentes a la fecha de presentación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento a que se refiere el apartado 2 anterior continuarán surtiendo plenos efectos, sin perjuicio de las peticiones de modificación en sus condiciones que puedan presentarse, en cuyo caso las deudas a que las mismas se refiriesen se incorporarán a la citada solicitud. En todo caso se incorporarán a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento las deudas que a la fecha de presentación de la misma estuvieran incluidas en solicitudes pendientes de resolución. 4.  Tratándose de deudas con la Seguridad Social la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refiere el apartado 2 anterior se regirá por lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley de la Seguridad Social y en su normativa de desarrollo, con las siguientes especialidades: a)  El acuerdo de resolución del aplazamiento sólo podrá dictarse cuando el acuerdo extrajudicial de pagos haya sido formalizado. No obstante, será posible resolver antes de la concurrencia de tal circunstancia si transcurren tres meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado» la existencia de tal acuerdo o se declarara el concurso. b)  El acuerdo de concesión del aplazamiento, salvo que razones de cuantía discrecionalmente apreciadas por la Administración determinen lo contrario, tendrá como referencia temporal máxima la contemplada en el acuerdo extrajudicial de pagos, si bien la periodicidad de los plazos podrá ser diferente. En el caso de que el sujeto responsable tuviese aplazamiento de pago vigente a la fecha de la presentación de la solicitud del acuerdo extrajudicial, el mismo continuará surtiendo plenos efectos, sin perjuicio de las reconsideraciones o modificaciones que puedan solicitarse a efectos de incluir en el aplazamiento algún periodo de deuda corriente o de alterar alguna de las condiciones de amortización, respectivamente.»

«Disposición adicional novena.   Remuneración de los mediadores concursales. Serán de aplicación a la remuneración de los mediadores concursales a los que se refiere la presente Ley las normas establecidas o que se establezcan para la remuneración de los administradores concursales.»

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Nueve.  Se introduce una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

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JUSTIFICACIÓN El Proyecto de Ley de Emprendedores recoge una modificación de la Ley Concursal que, formalmente, no solo afecta a emprendedores, sino a cualquier persona física insolvente, también un consumidor. Se modifica el artículo 178.2 LC, introduciendo la exoneración del pasivo pendiente o fresh start. La propuesta consagra un fresh start más generoso para los empresarios, ya que se dispone que si el deudor intentó sin éxito un acuerdo extrajudicial de pagos, cabe la exoneración de todo el pasivo ordinario (sin necesidad de abonar siquiera el 25%), siempre que haya abonado los créditos de derecho público, créditos contra la masa y privilegiados. Por otro lado, es censurable la laxitud con la que el Proyecto aborda el problema de la buena fe del deudor que se puede acoger a la exoneración de deudas. Para beneficiarse del fresh start, tanto cuando se trata de consumidor como de empresario se exige que el concurso no se haya declarado culpable y que el deudor no haya sido condenado por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro delito singularmente relacionado con el concurso. No se concede ningún margen al juez para valorar el comportamiento del deudor fuera de los márgenes del concurso culpable y de tales tipos delictivos, que deberían haber sido objeto de una mayor especificación. Queda fuera de control esa zona gris que existe entre el concurso culpable y el deudor de buena fe merecedor de especial tutela, fruto de su sobreendeudamiento pasivo.

ENMIENDA NÚM. 228 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Al artículo 23, apartado dos De modificación. Texto que se propone: «Dos.  Se introduce un nuevo Capítulo X en el Título IX, con la siguiente redacción: […] Artículo 163 terdecies.  Contenido del régimen especial del criterio de caja. […]

a)  El derecho a la deducción de las cuotas soportadas por los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial nace en el momento del pago total o parcial del precio por los importes efectivamente satisfechos, o si este no se ha producido, el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación. Lo anterior será de aplicación con independencia del momento en que se entienda realizado el hecho imponible. A estos efectos, deberá acreditarse el momento del pago, total o parcial, del precio de la operación. […]» Texto que se sustituye: «Dos.  Se introduce un nuevo Capítulo X en el Título IX, con la siguiente redacción: […]

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Tres.  Los sujetos pasivos a los que sea de aplicación este régimen especial podrán practicar sus deducciones en los términos establecidos en el Título VIII de esta Ley, con las siguientes particularidades:

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Artículo 163 terdecies.  Contenido del régimen especial del criterio de caja. […] Tres.  Los sujetos pasivos a los que sea de aplicación este régimen especial podrán practicar sus deducciones en los términos establecidos en el Título VIII de esta Ley, con las siguientes particularidades: a)  El derecho a la deducción de las cuotas soportadas por los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial nace en el momento del pago total o parcial del precio por los importes efectivamente satisfechos, o si este no se ha producido, el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación. Lo anterior será de aplicación con independencia del momento en que se entienda realizado el hecho imponible. A estos efectos, deberá acreditarse el momento del pago, total o parcial, del precio de la operación. […]» JUSTIFICACIÓN Si el emprendedor debe liquidar el IVA a 31 diciembre del año siguiente a la operación aunque no lo haya cobrado, se desvirtúa totalmente el espíritu del nuevo régimen del criterio de caja. En caso de impago de la factura, el sujeto pasivo siempre podrá optar por anular la factura y por tanto no debería ingresar ningún IVA.

ENMIENDA NÚM. 229 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Al artículo 23, apartado dos De supresión. Texto que se propone: Se suprime la parte señalada del apartado dos del artículo 23. Dos.  Se introduce un nuevo Capítulo X en el Título IX, con la siguiente redacción: […] Uno.  El nacimiento del derecho a la deducción de los sujetos pasivos no acogidos al régimen especial del criterio de caja, pero que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el mismo, en relación con las cuotas soportadas por esas operaciones, se producirá en el momento del pago total o parcial del precio de las mismas, por los importes efectivamente satisfechos, o, si este no se ha producido, el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación. Lo anterior será de aplicación con independencia del momento en que se entienda realizado el hecho imponible. A estos efectos, deberá acreditarse el momento del pago, total o parcial, del precio de la operación. Reglamentariamente se determinarán las obligaciones formales que deban cumplir los sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones afectadas por el régimen especial del criterio de caja. Dos.  La modificación de la base imponible a que se refiere el apartado cuatro del artículo 80 de esta Ley, efectuada por sujetos pasivos que no se encuentren acogidos al régimen especial del criterio de caja,

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«Artículo 163 quinquiesdecies.  Operaciones afectadas por el régimen especial del criterio de caja.

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determinará el nacimiento del derecho a la deducción de la cuotas soportadas por el sujeto pasivo deudor, acogido a dicho régimen especial correspondientes a las operaciones modificadas y que estuvieran aún pendientes de deducción en la fecha en que se realice la referida modificación de la base imponible.» JUSTIFICACIÓN De acuerdo con la opinión emitida por el Consejo Económico y Social, en la introducción del régimen especial del criterio de caja en el IVA para pequeñas empresas, se ha optado por una regulación muy restrictiva porque obliga a las empresas acogidas al criterio de devengo normal que contraten con ellas a establecer mecanismos de control adicional. Esto complicaría la gestión del impuesto y elevaría considerablemente los costes. El hecho de beneficiar a determinados sujetos pasivos del impuesto paliando sus problemas de liquidez y de acceso al crédito, no debería producir una distorsión en la mecánica del impuesto, ni infringir el principio de neutralidad del IVA, al producir un perjuicio financiero para el resto de sujetos pasivos. Para las empresas que, por su volumen de operaciones, no pueden acogerse al criterio de caja, es un perjuicio significativo tener que adaptar todos los sistemas informáticos, aplicaciones internas y los mecanismos de control tributario para filtrar las facturas que lleguen de proveedores en función de si están o no acogidos al criterio de caja, así como monitorizar dichas facturas con el objeto de retrasar la deducción del IVA soportado al periodo en que se realiza el pago. En definitiva, existiría un claro desincentivo para la contratación por parte de las grandes empresas con proveedores que operen con criterio de caja, lo que a su vez, podría disuadir a las pequeñas empresas de optar por este régimen, haciendo ineficaz su nueva regulación, y por estas razones se propone la supresión sugerida.

ENMIENDA NÚM. 230 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Al artículo 23, apartado nuevo De adición. Texto que se propone: «Tres.  Se modifica el artículo 115 bis, que queda redactado de la siguiente forma: “Artículo 115 bis. La liquidación provisional a realizar por la Administración, conforme al artículo 115 de esta Ley, se practicará dentro de los dos meses siguientes al término del plazo previsto para la presentación de la autoliquidación correspondiente, para aquellos sujetos pasivos que hayan iniciado su actividad en el propio año o dentro de los dos años anteriores y así lo soliciten en los términos que reglamentariamente se establezcan.”»

Como medida de apoyo fiscal a las empresas de nueva creación, de modo complementario a lo establecido en relación con la imposición directa en este Proyecto de Ley, se plantea una aceleración en el calendario de devolución del IVA, reduciendo a dos meses el plazo general de seis a favor de este tipo de contribuyentes. Esta enmienda toma en consideración las dificultades financieras propias de cualquier inicio de actividad, unidas al hecho de que en esa fase inicial es habitual que se generen cuotas del IVA a devolver.

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JUSTIFICACIÓN

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Pág. 223 ENMIENDA NÚM. 231

FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Al artículo 26, apartado cuatro De modificación. Texto que se propone: «Artículo 26.  Incentivos fiscales para inversiones en empresas de nueva o reciente creación y por inversión de beneficios. […] Cuatro.  Se añade un nuevo apartado 1 al artículo 68, que queda redactado de la siguiente forma: «1.   Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación y por la concesión de préstamos participativos. 1.º  Los contribuyentes podrán deducirse el 20 por ciento de las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación así como cuando se concedan préstamos participativos siempre y cuando se cumpla lo dispuesto en los números 2.2 y 3.2 de este apartado, pudiendo, además de la aportación temporal al capital, aportar sus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad en la que invierten en los términos que establezca el acuerdo de inversión entre el contribuyente y la entidad. La base máxima de deducción será de 20.000 euros anuales y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas. No formará parte de la base de deducción el importe de las acciones o participaciones adquiridas con el saldo de la cuenta ahorro-empresa, en la medida en que dicho saldo hubiera sido objeto de deducción, ni las cantidades satisfechas por la suscripción de acciones o participaciones cuando respecto de tales cantidades el contribuyente practique una deducción establecida por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de las competencias previstas en la Ley 22/2009, por el que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.» JUSTIFICACIÓN

cve: BOCG-10-A-52-2

En la mayoría de las start-ups, las inversiones iniciales se hacen mediante un préstamo participativo, el cual podrá convertirse en capital a posteriori. Los préstamos participativos vienen regulados por el RDL 7/1996 (artículo 20) y en la Ley 10/1996. La propia ENISA (del Ministerio de Industria) usa normalmente este instrumento a la hora de participar en start-ups. De la forma en la que está redactado el artículo 26, no tendrían incentivo fiscal todas las suscripciones de préstamos participativos que se convirtieran en capital después del tercer año, dejando por tanto fuera a muchos inversores que hayan suscrito un préstamo participativo durante los 3 primeros años (y no lo hayan convertido en capital durante ese plazo).

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Pág. 224 ENMIENDA NÚM. 232

FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Disposición adicional nueva De adición. Texto que se propone: «Disposición adicional X.  Préstamos participativos. El Gobierno potenciará el uso de préstamos participativos, regulados por el artículo 20 del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y fomento y liberalización de la actividad económica, y microcréditos a emprendedores, a través de acuerdos con entidades de crédito así como con el ICO y ENISA. Fondos de Titulización para PYMES y emprendedores. Sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las correspondientes leyes de presupuestos generales del Estado u otras normas con rango de ley, los fondos de titulización de activos para emprendedores y PYME deberán reunir, además de las prescripciones generales establecidas en su normativa específica, los siguientes requisitos: a)  Por lo concerniente al activo, podrán titulizarse los préstamos o créditos cedidos por las entidades de crédito que se hayan adherido al Convenio tipo suscrito con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dichos préstamos o créditos deberán reunir las siguientes condiciones:

b)  En cuanto al pasivo, se podrá avalar por parte del Estado a través del Tesoro Público la totalidad del valor nominal de los bonos de cada serie o clase de valores de renta fija que se emita por los fondos de titulización de activos con calificación crediticia efectuada sin tomar en consideración la concesión del aval que, como mínimo, sea de AA, Aa o asimilados. c)  Deberá existir una mejora crediticia que reduzca el riesgo de los valores avalados, de modo tal que les proporcione una calificación crediticia mínima de las señaladas en la letra anterior, concedida por una agencia de calificación reconocida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta calificación deberá obtenerse con carácter previo a la concesión definitiva del aval.

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1)  Serán préstamos o créditos concedidos a emprendedores y PYMES domiciliadas en España. 2)  El saldo vivo de los préstamos o créditos correspondientes a un mismo sector, de acuerdo con el nivel de división de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, no podrá superar el 75 por ciento del total del activo cedido al fondo de titulización. 3)  Al menos, el 25 por 100 del saldo vivo de los préstamos y créditos cedidos deberán tener un plazo de amortización inicial no inferior a un año. Los fondos de titulización de activos se podrán constituir con carácter abierto, en el sentido del artículo 4 del Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regula los Fondos de Titulización de Activos y las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización, por un período máximo de dos años desde su constitución, siempre y cuando los activos cedidos al fondo de titulización sean préstamos o créditos concedidos a partir del 1 de enero de 2008. La entidad de crédito deberá reinvertir la liquidez obtenida como consecuencia del proceso de titulización en préstamos o créditos que se concedan a emprendedores y pequeñas y medianas empresas. Esta reinversión deberá realizarse, al menos, el 80 por ciento, en el plazo de un año a contar desde la efectiva disposición de la liquidez, y el resto en el plazo de dos años. A estos efectos, se entenderá por liquidez obtenida, el importe de los activos que la entidad cede al fondo de titulización en el momento de su constitución así como, en su caso, en las posteriores cesiones que se realicen como consecuencia del carácter abierto del fondo, durante el período anteriormente indicado de dos años.

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d)  Todos los valores emitidos por los fondos de titulización de activos pertenecientes a las series o clases avaladas por el Estado deberán ser, en todo caso, de renta fija y negociarse, aun cuando el aval sólo afecte a una proporción de la serie o clase, en un mercado secundario oficial español de valores. e)  El Estado apoyará las operaciones de titulización avalando una parte de los bonos emitidos por fondos de titulización que adquieran pagarés y títulos de renta fija de Pymes y cuya emisión se produzca al Mercado Alternativo de Renta Fija. Las entidades cedentes de activos a esos fondos se comprometen a reinvertir la totalidad de la liquidez obtenida en la compra de pagarés y títulos de renta fija de pymes. Sociedades de capital riesgo mixtas público-privadas. El Gobierno establecerá las bases, en colaboración con entidades del sector privado, para desarrollar empresas de capital riesgo mixtas público-privadas con el fin de facilitar la entrada del capital riesgo, business angels y otro tipo de inversores institucionales en proyectos de emprendedores y de las pequeñas y medianas empresas de modo que puedan participar en proyectos que oscilen entre los 200.000 y los 10 millones de euros para apoyarlas principalmente en el inicio de la actividad empresarial y en el paso de microempresa a pequeña empresa y de pequeña a mediana empresa.» JUSTIFICACIÓN Para la mejora del acceso a la financiación por parte de los emprendedores es necesario equilibrar el porcentaje de recursos propios que aportan los emprendedores con el de otros agentes e instituciones, así como las fuentes de financiación ajena con las que cuentan estos agentes al inicio de su actividad. Para alcanzar este objetivo, es imprescindible reducir las asimetrías de información y de los costes de transacción que se producen en estos procesos a través de la provisión de servicios y herramientas adecuadas para el estudio de la viabilidad de la idea, tutorización del plan de negocio y asesoramiento general del proyecto. Es necesario que se refuercen todos aquellos instrumentos financieros públicos y privados que garanticen y avalen la financiación en cuantía, plazo y coste demandada por las actividades y operativa de los emprendedores en la fase de consolidación de sus actividades, en particular para aquellos emprendedores que iniciaron su actividad empresarial mediante una empresa de base tecnológica. Asimismo, debe facilitarse el acceso a una mayor diversificación de las tradicionales fuentes de financiación mediante una ampliación de la oferta a través de la figura del préstamo participativo, de los FTPYMES y del capital riesgo, como escenario final de captación de recursos por parte de las actividades emprendedoras.

ENMIENDA NÚM. 233 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Disposición final nueva De adición. Texto que se añade:

Se modifica el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, mediante la introducción de una nueva disposición transitoria con la siguiente redacción: “Disposición transitoria vigésima segunda.  Beneficios fiscales en tasas por licencias. Con efectos exclusivos hasta el 31 de diciembre del 2014, los Ayuntamientos aplicarán una bonificación el 100 % en las tasas que se devenguen por el otorgamiento de las licencias de apertura

cve: BOCG-10-A-52-2

«Disposición adicional X.  Modificaciones en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

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de establecimientos o realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa, previstas en el artículo 20.4, i), de esta Ley.”» JUSTIFICACIÓN Se trata de eliminar durante 2013 y 2014 los costes fiscales en forma de tasas por licencias de apertura municipales asociados al inicio de nuevas actividades empresariales para facilitarlas.

ENMIENDA NÚM. 234 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Disposición final nueva De adición. Texto que se añade: «Disposición adicional XX.  Incentivos fiscales a empresas de reducida dimensión. “En el plazo máximo de un año, el Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que, bien bajo este objetivo específico, bien en el marco de una reforma general, revise todos los incentivos fiscales a las empresas de reducida dimensión, emprendedores, o autónomos, en términos que eviten, donde sea posible, el “efecto salto” derivado de la existencia de unas ventajas fiscales que se pierden en su totalidad al superar un determinado umbral de cifra de negocio, dando ello lugar a un desincentivo al crecimiento empresarial y a un incentivo a la no declaración de bases imponibles.”» JUSTIFICACIÓN A día de hoy existen numerosos incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión que, una vez han visto crecer su volumen de negocio y facturación, pierden de manera abrupta. Esto por un lado desincentiva el crecimiento de las mismas y por otro puede suponer que muchas empresas, para evitar una mayor carga fiscal, estén incentivadas a cometer fraude.

ENMIENDA NÚM. 235 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Al artículo 32 Texto que se propone: «Artículo 32.  Capital social mínimo de las Sociedades de Garantía Recíproca. Se modifica el artículo 8 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca, que queda redactado de la siguiente manera:

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De supresión.

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“Artículo 8.  Importe exigido para la cifra mínima del capital social desembolsado. 1.  El capital social mínimo de las sociedades de garantía recíproca no podrá ser inferior a 15.000.000 de euros. 2.  Para garantizar la liquidez y solvencia de las sociedades de garantía recíproca, en su condición de entidades financieras, el capital indicado en el apartado anterior podrá ser modificado, en los términos establecidos en el artículo 47.1, a), de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.”» JUSTIFICACIÓN Con esta modificación normativa se pretende que el capital social mínimo de las SGR que actualmente no podrá ser inferior a 1.803.036,31 euros pase a ser 15.000.000 de euros, un incremento del 732 %, multiplicando por más de 8 las exigencias normativas. En la exposición de motivos de la propia Ley, no se menciona circunstancia, motivo o justificación alguno que derive en la exigencia de incrementar la cifra de capital social mínimo de la sociedades de garantía recíproca, sobre todo, cuando esta medida no supone favorecer el impulso de la actividad avalista en beneficio del público objetivo de las Sociedades de Garantía Recíproca, es decir, la pequeña y mediana empresa. Mayores capitales propios no implican necesariamente mayores niveles de actividad, sobre todo en el contexto económico actual. Utilizar la Ley de Emprendedores para ello, sin realizar mención alguna a la oportunidad y/o justificación de la misma, carece de todo sentido, dada la importancia y repercusión que esa modificación tiene en el conjunto de las sociedades de garantía recíproca.

ENMIENDA NÚM. 236 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Disposición adicional De adición. Texto que se propone: «Disposición adicional X.  Fomento de la financiación privada. La Administración General del Estado y sus organismos dependientes, en el marco de sus programas de subvenciones y ayudas públicas, podrán concertar convenios de colaboración con entidades financieras que tengan establecidas líneas de crédito específicamente dirigidas a emprendedores o su internacionalización, cuyo objeto sea promover y facilitar la financiación de los emprendedores, limitando en parte los riesgos de impago en la devolución de los citados créditos, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.»

En los últimos tiempos, es un hecho constatado que una de las dificultades a las que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas es la obtención de financiación de las entidades financieras o instituciones similares, siendo ésta una de las vías más favorables para los emprendedores ya que les permite acometer nuevos proyectos y desarrollar actividades que, en definitiva, redundan en la promoción y creación de empleo. Por ello, consideramos que la ley tiene que promover e impulsar medidas concretas que faciliten el acceso a financiación bancaria por parte de las PYMES y de las Start-ups.

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JUSTIFICACIÓN

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Pág. 228 ENMIENDA NÚM. 237

FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Disposición adicional De adición. Texto que se propone: «Disposición adicional X.  Pago a proveedores fuera de plazo. En el plazo de dos meses, el Gobierno pondrá en marcha un mecanismo que permita a las empresas con facturas impagadas de Comunidades Autónomas y Entidades Locales que superen el plazo legal, cobrarlas directamente a la Administración Central. Ésta, a su vez, procederá a descontar las cantidades correspondientes de las transferencias que realiza a las administraciones territoriales.» JUSTIFICACIÓN Garantizar que no rebrota la morosidad en las administraciones territoriales y hacer que se cumpla en la práctica el plazo legal de pago.

ENMIENDA NÚM. 238 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Disposición adicional nueva De adición. Texto que se propone:

Se crea una sublínea de microfinanciación con cargo a la Línea ICO Empresas y Emprendedores, del Instituto de Crédito Oficial, dotada con 2.000 millones de euros, con la denominación “ICO, Sublínea Microcréditos.” Podrán acogerse a esta línea los emprendedores que lo hagan como autónomos o en forma de sociedad y con el límite de cinco trabajadores a su cargo. Se podrán financiar microcréditos de hasta 30.000 euros para inversión y de hasta veinticinco mil euros para circulante. La amortización será a tres años, con un plazo de carencia de seis meses. El tipo de interés aplicable será de Euribor seis meses, más diferencial, más un tipo para el cliente del 1 % máximo. Para su aplicación el Instituto de Crédito Oficial establecerá Convenios de Colaboración con las entidades financieras que cuenten con líneas de microfinanciación, Agencias Financieras de las CCAA y Sociedades de Garantías Reciprocas (SGR). Las garantías aplicables serán exclusivamente las de los Proyectos.

cve: BOCG-10-A-52-2

«Disposición adicional X.  Creación de un Línea ICO microfinanciación.

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Se crea un Fondo dotado con el 5 % del capital constituido que tendrá por finalidad hacer frente al coste del análisis de las operaciones y el acompañamiento de las mismas durante los doce primeros meses. El ICO establecerá Convenios con entidades especializadas de carácter asociativo con el fin de realizar el acompañamiento y análisis indicado en el párrafo anterior.» JUSTIFICACIÓN El ICO aplica habitualmente los criterios bancarios de riesgo para la aprobación de las operaciones que le son presentadas por sus clientes, de tal forma que no existe diferencia operativa con los créditos bancarios ordinarios. Tan sólo la sublínea SGR cuenta con el aval de estas entidades, pero el acceso al aval tiene las mismas limitaciones indicadas. Parece llegado el momento de abordar un Plan suficientemente ambicioso de microfinanciación con la garantía exclusiva del Proyecto y con condiciones de coste razonables, condiciones que hoy solo puede ser aplicadas a través del ICO. No se establecen nuevas obligaciones presupuestarias ya que este Fondo está dotado con la cantidad ya establecida para 2013 de 22.000 millones para las líneas ICO. Se establece un tipo de interés que es 3 puntos menor que los ordinarios del ICO para el mismo supuesto de periodo de amortización. Se establece un sistema de acompañamiento que es imprescindible para el análisis social del microcrédito y su seguimiento para reducir la morosidad.

ENMIENDA NÚM. 239 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Disposición adicional De adición. Texto que se propone: «Disposición adicional X.  Disponibilidad de crédito para las Pequeñas y Medianas Empresas. Las entidades financieras nacionalizadas realizarán una labor social, impidiendo que disminuya el crédito que reciben las Pequeñas y Medianas Empresas solventes. Con este fin, el Gobierno les fijará unos objetivos de crecimiento del crédito a estas empresas que iguale la tasa esperada de inflación.» JUSTIFICACIÓN

cve: BOCG-10-A-52-2

Evitar que, en las entidades financieras nacionalizadas, disminuya el crédito a las PYMES en términos reales.

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Pág. 230 ENMIENDA NÚM. 240

FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Disposición adicional De adición. Texto que se propone: «Disposición adicional X.  Línea ICO de avales para la titulización de préstamos. El Gobierno dará instrucciones al Instituto de Crédito Oficial para que dote una línea de avales que facilite la titulización de los préstamos a Pequeñas y Medianas Empresas que las entidades financieras tienen en sus balances.» JUSTIFICACIÓN Liberar así recursos que permitan a las entidades financieras conceder nuevos préstamos a las PYMES.

ENMIENDA NÚM. 241 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Disposición adicional nueva De adición. Texto que se añade:

1.  El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas elaborará un «Catálogo de las regulaciones administrativas de carácter económico de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales» en el que se recojan todas las disposiciones legislativas y reglamentarias emanadas de los órganos competentes de dichas administraciones territoriales que se refieran a las actividades agrarias, energéticas, industriales y de servicios, a la actividad laboral de los trabajadores o a cualesquiera otra materia que tenga incidencia económica. 2.  El referido Catálogo, que deberá estar realizado en el plazo máximo de seis meses tras la publicación de la presente Ley en el «Boletín Oficial del Estado», servirá de base para la elaboración de un dictamen acerca de las materias que requieren la elaboración de leyes de armonización por parte del Estado, clasificándolas por su mayor o menor urgencia. Para ello, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recabará entre los expertos académicos y profesionales de estas materias los informes que considere convenientes. 3.  Dicho dictamen y los informes aludidos en el punto anterior serán remitidos al Congreso para su conocimiento en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas y publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para general conocimiento antes de que transcurra un año desde la aprobación de la presente Ley.»

cve: BOCG-10-A-52-2

«Disposición adicional XX.  Elaboración de un Catálogo de Regulaciones Administrativas.

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Pág. 231

JUSTIFICACIÓN Las medidas propuestas en el Proyecto de Ley son poco ambiciosas. Es necesario, además, eliminar normas obsoletas, innecesarias o duplicadas.

ENMIENDA NÚM. 242 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Disposición adicional De adición. Texto que se propone: «Disposición adicional X.  Creación de una red pública de mentores. El Gobierno promoverá la creación de una red pública de mentores para asesorar a los jóvenes que lo soliciten en la puesta en marcha de sus proyectos empresariales.» JUSTIFICACIÓN Facilitar el emprendimiento juvenil.

ENMIENDA NÚM. 243 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Al artículo 48 De adición. Texto que se propone: «6.  Este plan será presentado, junto con el informe de evaluación y seguimiento del mismo ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados por parte del Secretario de Estado de Comercio de manera bienal, pudiendo los diferentes Grupos Parlamentarios presentar propuestas de resolución al mismo.» JUSTIFICACIÓN

cve: BOCG-10-A-52-2

Mejora técnica.

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Pág. 232 ENMIENDA NÚM. 244

FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Al artículo 49 De supresión. Texto que se suprime: «Artículo 49.  Instrumentos y Organismos comerciales y de apoyo a la empresa. 1.  Constituyen instrumentos comerciales especializados de apoyo a la internacionalización de la economía y la empresa: a)  En el ámbito de la Administración General del Estado, los siguientes: i)  La Red Exterior, integrada en las Misiones Diplomáticas o las Representaciones Permanentes, y la Red Territorial, dependientes ambas del Ministerio de Economía y Competitividad. ii)  La entidad pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX), creada por el Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril. b)  Las Cámaras de Comercio españolas en el extranjero, cuando se reconozcan oficialmente, apoyarán asimismo la internacionalización de la economía y la empresa españolas. 2.  El Servicio Exterior del Estado contribuirá al apoyo de las empresas en el exterior.» JUSTIFICACIÓN Este artículo, junto con los otros dos artículos que componen el Capítulo II (Instrumentos y organismos comerciales y de apoyo la empresa) del Título V (Internacionalización de la economía española) no aporta nada a la Ley y no introduce ningún cambio en la estructura de la red territorial y exterior de apoyo a la internacionalización que sigue siendo la misma desde hace al menos 25 años, periodo en el que tanto la economía española como los mercados internacionales han cambiado radicalmente. Dicha estructura cuenta además con importantes elementos de mejora que han sido transmitidos en numerosas ocasiones por los sectores y empresas utilizadores de la misma.

ENMIENDA NÚM. 245 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Al artículo 50 De supresión.

«Artículo 50.  Red Exterior y Territorial del Ministerio de Economía y Competitividad. 1.  La Red Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad es el soporte básico en el proceso de internacionalización de las empresas y los emprendedores por su proximidad a los mercados de origen

cve: BOCG-10-A-52-2

Texto que se suprime:

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Pág. 233

y de destino y está integrada por las Oficinas Económicas y Comerciales y las Direcciones Territoriales y Provinciales de Economía y Comercio. 2.  Las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior, integradas en las Misiones Diplomáticas o las Representaciones Permanentes, son el instrumento de la Administración General del Estado para el desarrollo en el exterior de las labores de política económica, comercial, financiera y de apoyo a la internacionalización de la empresa. 3.  Las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio apoyan la internacionalización de la empresa y los emprendedores mediante la implementación de la política estatal de promoción comercial exterior y de fomento de las inversiones de las empresas españolas. 4.  El Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, como gestor de la Red Exterior y Territorial de apoyo a la internacionalización de la empresa, asignará los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de su labor con la máxima eficiencia y asegurando una atención a las iniciativas en materia de internacionalización de manera integral.» JUSTIFICACIÓN Este artículo, junto con los otros dos artículos que componen el Capítulo II (Instrumentos y organismos comerciales y de apoyo la empresa) del Título V (Internacionalización de la economía española) no aporta nada a la Ley y no introduce ningún cambio en la estructura de la red territorial y exterior de apoyo a la internacionalización que sigue siendo la misma desde hace al menos 25 años, periodo en el que tanto la economía española como los mercados internacionales han cambiado radicalmente. Dicha estructura cuenta además con importantes elementos de mejora que han sido transmitidos en numerosas ocasiones por los sectores y empresas utilizadores de la misma.

ENMIENDA NÚM. 246 FIRMANTE:

Al artículo 51

Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia

De supresión. Texto que se suprime:

1.  El ICEX impulsará la internacionalización y la competitividad de la economía y de las empresas españolas, en especial de las pequeñas y medianas empresas, en todas las fases de su proceso de internacionalización, así como el apoyo a la cooperación internacional y el fomento de las inversiones de empresas españolas en el exterior y de las extranjeras en España, a través de la prestación de aquellos servicios, asesorías, programas o apoyos que en cada caso se le requieran por parte de la Secretaría de Estado de Comercio en materia económica, comercial, financiera, de información y de formación. 2.  El ICEX canalizará las consultas, solicitudes, iniciativas o demandas de las empresas o instituciones interesadas en conocer o acceder a los instrumentos de apoyo relacionados con la internacionalización. A estos efectos, el ICEX establecerá los acuerdos, contratos y convenios necesarios con la Administración General del Estado y aquellas entidades del sector público que desarrollen funciones relacionadas con la internacionalización y la atracción de inversiones. 3.  Con objeto de dar cumplimiento a los expuesto en el apartado 4 del artículo 50, el ICEX dotará a las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio y a la red de Oficinas Económicas y Comerciales del Ministerio de Economía y Competitividad de los recursos materiales y humanos necesarios que, adscritos al ICEX, resulten necesarios para asegurar el correcto desarrollo de las funciones del ICEX bajo las directrices de las secretaría de Estado de Comercio.»

cve: BOCG-10-A-52-2

«Artículo 51.  ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX).

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Pág. 234

JUSTIFICACIÓN Este artículo, junto con los otros dos artículos que componen el Capítulo II (Instrumentos y organismos comerciales y de apoyo la empresa) del Título V (Internacionalización de la economía española) no aporta nada a la Ley y no introduce ningún cambio en la estructura de la red territorial y exterior de apoyo a la internacionalización que sigue siendo la misma desde hace al menos 25 años, periodo en el que tanto la economía española como los mercados internacionales han cambiado radicalmente. Dicha estructura cuenta además con importantes elementos de mejora que han sido transmitidos en numerosas ocasiones por los sectores y empresas utilizadores de la misma.

ENMIENDA NÚM. 247 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia

Disposición adicional De adición Texto que se propone: «Disposición adicional X.  Ley de emprendedores.

En el plazo máximo de 6 meses tras la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente Ley, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para armonizar las diversas leyes de emprendedores autonómicas con las disposiciones establecidas en la Ley estatal de emprendedores.» JUSTIFICACIÓN Esta nueva Ley estatal convivirá en España con otras 9 normas sobre emprendimiento y trabajo autónomo a nivel autonómico. La idea es integrarlas en un todo armónico evitando con ello discriminaciones de trato que distorsionen la competencia y el mercado interno.

ENMIENDA NÚM. 248 FIRMANTE:

Disposición adicional nueva

Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia

De adición. Texto que se añade:

Se modifica la Disposición adicional quincuagésima sexta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 mediante la adición de un nuevo número 11. “11.º  Los programas de actuación en materia de inserción laboral de personas con discapacidad para la ejecución de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad, y que se ejecuten dentro del Programa Operativo Plurirregional del FSE de Lucha contra la Discriminación 2007-2013 (2007ES05UP0002).”»

cve: BOCG-10-A-52-2

«Disposición adicional X.  Actividades prioritarias de mecenazgo.

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Pág. 235

JUSTIFICACIÓN La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo estableció un conjunto de incentivos a las actividades de mecenazgo que han supuesto sin duda una ayuda para encauzar los esfuerzos privados en actividades de interés general, dotando a nuestro sistema fiscal de una serie de medidas de apoyo que han incentivado al sector privado en el desarrollo de actividades que benefician al conjunto de la sociedad. Dentro de estos incentivos fiscales se encuentran las Actividades Prioritarias de Mecenazgo que suponen beneficios incrementados con respecto a los generales para los contribuyentes que colaboren con ellas (artículo 22 de la Ley 49/2002). En relación con lo anterior, el Consejo de Ministros que se celebró el viernes 26 de septiembre de 2008 aprobó la Estrategia Global de Acción para el empleo de las Personas con Discapacidad, con el principal objetivo de promover el acceso al mercado de trabajo, mejorando su empleabilidad e integración laboral, de un colectivo que representa el 8,6 por ciento de la población entre 16 a 64 años, y sólo el 4,1 por ciento del total de ocupados. Para ello se previeron una serie de ayudas cuyo importe se estimaron en 3.700 millones de euros a lo largo de cinco años, parte en bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas que contraten a personas con discapacidad y la parte restante al fomento del empleo protegido, en particular, en los centros especiales de empleo. Por otra parte, la UAFSE, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, tramitó en su día y, posteriormente, la Comisión Europea aprobó el programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007ES05UPO002, para el periodo 2007-2013, uno de cuyos objetivos es favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad, a través del cual se canalizan acciones con objetivos por tanto convergentes con los de la Estrategia Global antes reseñada. Al hilo de lo anterior y teniendo en cuenta el ámbito de las Actividades prioritarias de mecenazgo que se incluyeron en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y el ámbito objetivo del Proyecto de Ley cuyo fin último es el incremento del empleo, consideramos que es posible proponer la inclusión de los programas de actuación para la ejecución de la Estrategia Global de Acción para el empleo de las Personas con Discapacidad que se aprueben por el Ministerio competente y que se incluyan en el mencionado programa operativo FSE, como actividad prioritaria de mecenazgo, al igual que se hace en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 con los programas dirigidos a la formación del voluntariado que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones Públicas, los proyectos y actuaciones de las Administraciones Públicas dedicadas a la promoción de la sociedad de la información y los programas dirigidos a la lucha contra la violencia de género que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones Públicas o se hayan realizado en colaboración con éstas. Esta medida propuesta ayudará sin duda a que el sector empresarial se involucre en la creación de empleo para este colectivo, empleo que supone la integración de las personas con discapacidad en la sociedad.

ENMIENDA NÚM. 249 FIRMANTE:

Apartado: g. De supresión. Texto que se añade:

cve: BOCG-10-A-52-2

Disposición final octava

Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia

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Pág. 236

Disposición final octava.  Entrada en vigor. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante: […] g)  Lo previsto en el artículo 32, relativo al importe exigido para la cifra mínima del capital social desembolsado de las sociedades de garantía recíproca, entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado.» JUSTIFICACIÓN Asimismo, se propone la supresión del apartado g) en coherencia con la propuesta de enmienda de supresión número 37 del artículo 32 sobre Capital Social mínimo de las Sociedades de Garantía Recíproca.

A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Olaia Fernández Davila, Diputada por Pontevedra (BNG); al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado, al Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.— Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 250 FIRMANTE: M.ª Olaia Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 2 De modificación. Texto que se propone: Se propone la siguiente modificación en el artículo 2: «Esta Ley es de aplicación a todas las actividades económicas y de fomento de la internacionalización realizadas por los emprendedores en el territorio español. Para coordinar su aplicación y desarrollo, se creará una Comisión integrada por los responsables del Ministerio de Industria y los responsables autonómicos con competencias en industria.» JUSTIFICACIÓN

cve: BOCG-10-A-52-2

Mediante esta enmienda se pretende introducir a los responsables autonómicos con competencias en industria en la coordinación y aplicación de la ley.

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Pág. 237 ENMIENDA NÚM. 251

FIRMANTE: M.ª Olaia Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 3 De modificación. Texto que se propone: Se modifica el actual contenido de este artículo, quedando redactado de la siguiente manera: «3.  Se consideran emprendedores aquellas personas físicas que desarrollen una actividad económica productiva, en los términos establecidos en esta Ley.» JUSTIFICACIÓN En este artículo se recoge una definición del concepto de emprendedor que incluye a las personas jurídicas, en contra de la definición comúnmente aceptada referida solo a personas físicas, así esta enmienda corrige esta situación.

ENMIENDA NÚM. 252 FIRMANTE: M.ª Olaia Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 4 De supresión. Texto que se propone: Se propone suprimir todo el contenido del artículo 4. JUSTIFICACIÓN Legislar en este Proyecto de Ley que los currículos de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional incorporarán todo tipo de contenidos para fomentar el «espíritu emprendedor» supone un despropósito, a la par que un enfoque erróneo, puesto que si existe falta de iniciativa emprendedora en el Estado español, esta es debida a un sistema económico totalmente desregulado, en donde prima la esfera financiera, desvinculada de la economía productiva, y no es debida a una supuesta falta de «espíritu emprendedor.»

ENMIENDA NÚM. 253 M.ª Olaia Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 5 De supresión.

cve: BOCG-10-A-52-2

FIRMANTE:

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Pág. 238

Texto que se propone: Se propone suprimir todo el contenido del artículo 5. JUSTIFICACIÓN Proponemos la supresión de este artículo puesto que contempla medidas declarativas que de materializarse atentan contra la autonomía universitaria, y que parten de la concepción errónea de una supuesta falta de espíritu emprendedor.

ENMIENDA NÚM. 254 FIRMANTE: M.ª Olaia Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 6 De supresión. Texto que se propone: Se propone suprimir todo el contenido del artículo 6. JUSTIFICACIÓN Estas medidas, tendentes a adoctrinar al profesorado en el espíritu emprendedor, la iniciativa empresarial y la creación de empresas parten una concepción errónea de la problemática referida al emprendimiento, como hemos puesto de manifiesto en la justificación de enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 255 FIRMANTE: M.ª Olaia Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 13 De modificación. Texto que se propone: Se modifica el punto 1, quedando redactado de la siguiente manera:

JUSTIFICACIÓN Se modifican los Puntos de Atención al Emprendedor, de manera que quedan definidos como oficinas exclusivamente públicas y pertenecientes al ámbito autonómico.

cve: BOCG-10-A-52-2

«1.  Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) serán oficinas pertenecientes a organismos públicos dependientes a sus respectivos gobiernos autonómicos, así como puntos virtuales de información y tramitación telemática de solicitudes.»

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Pág. 239 ENMIENDA NÚM. 256

FIRMANTE: M.ª Olaia Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 13 De modificación. Texto que se propone: Se modifica el punto 3, quedando redactado de la siguiente manera: «3.  Los Puntos de Atención al Emprendedor utilizarán el sistema de tramitación telemática del Centro de Información y Red de Creación de Empresa (CIRCE), cuyas sedes electrónicas se ubicarán en los departamentos autonómicos con competencias en materia de Industria.» JUSTIFICACIÓN Se modifican los Puntos de Atención al Emprendedor, de manera que las sedes electrónicas del sistema de tramitación telemática se ubicarán en los departamentos autonómicos.

ENMIENDA NÚM. 257 FIRMANTE: M.ª Olaia Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 13. De modificación. Texto que se propone: En los puntos 4 y 5 se propone sustituir «del Ministerio de Industria, Energía y Turismo» por «autonómico.» JUSTIFICACIÓN En consonancia con enmiendas anteriores referidas al ámbito competencial autonómico para el Punto de Atención al Emprendedor.

ENMIENDA NÚM. 258

M.ª Olaia Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 13 De adición.

cve: BOCG-10-A-52-2

FIRMANTE:

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Pág. 240

Texto que se propone: En el punto 2 del artículo 13 se añade la creación de cooperativas, quedando redactado de la siguiente manera: «2.  Los Puntos de Atención al Emprendedor se encargarán de facilitar la creación de nuevas empresas y cooperativas, el inicio efectivo de su actividad (continúa igual).» JUSTIFICACIÓN Esta ley debe contemplar también la creación de cooperativas como manera de emprendimiento.

ENMIENDA NÚM. 259 FIRMANTE: M.ª Olaia Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 22 De modificación. Texto que se propone: «1.  Las personas físicas y jurídicas podrán realizar por vía telemática, a través de los Puntos de Atención al Emprendedor, todos los trámites administrativos necesarios… (continúa igual).» JUSTIFICACIÓN En consonancia con enmiendas anteriores referidas al carácter público al ámbito y al ámbito competencial autonómico para el Punto de Atención al Emprendedor.

ENMIENDA NÚM. 260 FIRMANTE: M.ª Olaia Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 22 De adición. Texto que se propone:

«(…) el cese de la actividad de empresarios individuales y para la extinción y cese de la actividad de sociedades mercantiles y cooperativas.»

cve: BOCG-10-A-52-2

Al final del primer párrafo del punto 1 del artículo 22 se añaden las cooperativas, quedando la redacción de la siguiente manera:

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Pág. 241

JUSTIFICACIÓN Es necesario contemplar a las cooperativas dentro de los usuarios del Punto de Atención al Emprendedor en el caso del cese de actividad.

ENMIENDA NÚM. 261 FIRMANTE: M.ª Olaia Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 33 De adición. Texto que se propone: Se propone una adición al principio del punto 2 del artículo 33, quedando redactado de la siguiente manera: «2.  El Ministerio de Economía y Competitividad formulará, en cooperación con las administraciones autonómicas y locales, con carácter bienal… (continúa igual).» JUSTIFICACIÓN Mediante esta enmienda se pretende introducir la cooperación del Ministerio de Economía y Competitividad con las administraciones autonómicas y locales, de manera que cuestiones de la relevancia de las reformas regulatorias puedan contar con la participación de estas administraciones.

ENMIENDA NÚM. 262 FIRMANTE: M.ª Olaia Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto) Al artículo 60 De supresión. Texto que se propone: Se propone suprimir el apartado b) del punto 2 del artículo 60.

Siendo cuestionable la obtención de un visado de residencia en función del volumen de inversión o del proyecto empresarial, más cuestionable es ligar la obtención de ese visado a la adquisición de bienes inmuebles en España superiores a 500.000 euros.

cve: BOCG-10-A-52-2

JUSTIFICACIÓN

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Pág. 242 ENMIENDA NÚM. 263

FIRMANTE: M.ª Olaia Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto) A la disposición adicional segunda De modificación. Texto que se propone: Se propone una modificación en la redacción del punto 2, quedando redactado de la siguiente manera: «2.  Los organismos autonómicos correspondientes podrán celebrar convenios de establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor con otras Administraciones Públicas y entidades privadas (continúa igual).» JUSTIFICACIÓN En consonancia con enmiendas anteriores referidas al ámbito competencial autonómico para el Punto de Atención al Emprendedor.

ENMIENDA NÚM. 264 FIRMANTE: M.ª Olaia Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto) A la disposición adicional segunda De modificación. Texto que se propone: Se propone una modificación el la redacción del punto 4, quedando redactado de la siguiente manera: «4.  Las Administraciones Públicas llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias para la implantación, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, de todos los servicios que, conforme a esta Ley, deben prestar los Puntos de Atención al Emprendedor electrónico.» JUSTIFICACIÓN En consonancia con enmiendas anteriores referidas al ámbito competencial autonómico para el Punto de Atención al Emprendedor.

ENMIENDA NÚM. 265 M.ª Olaia Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto) A la disposición adicional nueva De adición.

cve: BOCG-10-A-52-2

FIRMANTE:

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Pág. 243

Texto que se propone: «En el plazo de tres meses a partir de la aprobación de la presente Ley, el gobierno llevará a cabo las modificaciones oportunas para adaptar el Documento Único Electrónico a las cooperativas, de manera que sea análogo al regulado en la disposición adicional tercera el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.» JUSTIFICACIÓN Con esta enmienda se pretende crear el DÚE para las cooperativas, de manera que puedan ser también beneficiarias de las ventajas que supone el Documento Único Electrónico. ENMIENDA NÚM. 266 FIRMANTE: M.ª Olaia Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto) A la disposición adicional nueva De adición. Texto que se propone: «En el plazo de tres meses a partir de la aprobación de este Proyecto de Ley, el gobierno tomará las medidas oportunas e impulsará las reformas necesarias para impulsar bancos públicos, preferentemente de carácter y gestión autonómica, con el fin de garantizar una adecuada financiación para las personas emprendedoras.» JUSTIFICACIÓN El Título III contempla medidas de apoyo a la financiación de muy escaso alcance. Para el BNG, la financiación del tejido productivo y en particular de los emprendedores debe abordarse desde una óptica global del problema, incluyéndose entre las medidas a aplicar, el impulso de instrumentos públicos que garanticen la financiación de la actividad emprendedora, como el impulso a la banca pública.

A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta las siguientes enmiendas parciales al Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2013.—Alberto Garzón Espinosa, Diputado.— José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. ENMIENDA NÚM. 267 FIRMANTE:

Al título del Proyecto de Ley De modificación. El título del Proyecto de Ley queda redactado en los siguientes términos: «Proyecto de Ley de apoyo a la actividad empresarial y su internacionalización.»

cve: BOCG-10-A-52-2

Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

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Pág. 244

MOTIVACIÓN El Proyecto de Ley no se centra exclusivamente en los emprendedores (personas físicas que inician una actividad económica productiva), sino que se extiende a cualquier tipo de actividad económica (iniciada recientemente o no) y protagonizada por cualquier actor económico, tenga la dimensión empresarial que tenga.

ENMIENDA NÚM. 268 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Al artículo 2 De modificación. El artículo 2 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 2.  Ámbito de aplicación. Esta Ley es de aplicación a todas las actividades económicas y de fomento de la internacionalización, y a las nuevas iniciativas de emprendimiento, realizadas en el territorio español.» MOTIVACIÓN El Proyecto de Ley no se centra exclusivamente en los emprendedores (personas físicas que inician una actividad económica productiva), sino que se extiende a cualquier tipo de actividad económica (iniciada recientemente o no) y protagonizada por cualquier actor económico, tenga la dimensión empresarial que tenga.

ENMIENDA NÚM. 269 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Al artículo 3 De modificación. El artículo 3 queda redactado en los siguientes términos:

Se consideran emprendedores aquellas personas físicas que deciden iniciar una actividad económica productiva privada, con independencia de la forma organizativa por la que opten para desarrollarla, en los términos establecidos en esta Ley.»

cve: BOCG-10-A-52-2

«Artículo 3.  Emprendedores.

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Pág. 245

MOTIVACIÓN Se propone esta redacción más ajustada al concepto comúnmente aceptado de emprendedor, explicitando que se trata exclusivamente de personas físicas y únicamente en la fase inicial del proyecto empresarial.

ENMIENDA NÚM. 270 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Al artículo 4, apartado 1 De modificación. El apartado 1 del artículo 4, queda redactado en los siguientes términos: «1.  Los currículos de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional incorporarán objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación de la formación orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades, así como a la ética empresarial.» MOTIVACIÓN Se propone suprimir en este apartado la expresión «y del respeto al emprendedor y al empresario». Desde una perspectiva igualitaria, consagrada en el artículo 14 de la Constitución, se supone que debe existir respeto para todas las personas cualesquiera que sea la actividad que realicen.

ENMIENDA NÚM. 271 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Al artículo 6, apartado 2 De modificación. El apartado 2 del artículo 6, queda redactado en los siguientes términos:

MOTIVACIÓN Necesidad de la implicación y participación de los agentes sociales en las tareas de formación en ámbitos de emprendimiento.

cve: BOCG-10-A-52-2

«2.  El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas y con la participación de los agentes sociales, promoverá que los programas de formación permanente del profesorado incluyan contenidos referidos al emprendimiento, la iniciativa empresarial y la creación y desarrollo de empresas.»

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Pág. 246 ENMIENDA NÚM. 272

FIRMANTE: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Al artículo 10, apartado 3 De modificación. El apartado 3 del artículo 10, queda redactado en los siguientes términos: «3.  Practicada la inscripción a que se refiere el primer apartado de este artículo, el Registrador denegará la anotación preventiva del embargo trabado sobre bien no sujeto a menos que del mandamiento resultare que se aseguran deudas no empresariales o profesionales o se tratare de deudas empresariales o profesionales contraídas con anterioridad a la inscripción de limitación de responsabilidad.» MOTIVACIÓN La figura del emprendedor de responsabilidad limitada tiene como objetivo básico evitar que las deudas derivadas de la actividad afecten a su vivienda habitual, siempre que su valor no supere los 300.000 euros. No obstante, de esa limitación se excluyen las deudas de naturaleza pública cuando, a efectos prácticos, la mayoría de las deudas que llevan a actuaciones cautelares o liquidatorias provienen de deudas con la Administración, principalmente de Hacienda o de Seguridad Social. Se propone suprimir en el apartado 3 del artículo 10 la expresión «o de obligaciones tributarias o con la Seguridad Social», para evitar, con los límites establecidos, que las deudas afecten a la vivienda habitual.

ENMIENDA NÚM. 273 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Al artículo 13, apartado 1 De modificación. El apartado 1 del artículo 13, queda redactado en los siguientes términos: «1.  Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) serán oficinas pertenecientes a organismos públicos y privados, incluidas las notarias y las habilitadas por los agentes sociales, así como puntos virtuales de información y tramitación telemática de solicitudes.»

El servicio podrá ser prestado por organismos privados y se propone que se incluya explícitamente a los agentes sociales.

cve: BOCG-10-A-52-2

MOTIVACIÓN

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Pág. 247 ENMIENDA NÚM. 274

FIRMANTE: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Al artículo 21, apartado uno De modificación. El apartado 1 del artículo 3 de la Ley Concursal, modificado en el apartado uno del artículo 21, queda redactado como sigue: «1.  Para solicitar la declaración de concurso están legitimados el deudor y cualquiera de sus acreedores.» MOTIVACIÓN La solicitud de declaración de concurso no es una institución de orden público sino en exclusivo interés particular del deudor y de sus acreedores, por lo que carece de sentido legitimar al mediador para efectuar dicha solicitud.

ENMIENDA NÚM. 275 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Al artículo 21, apartado dos De modificación. El apartado 4 del artículo 5 bis de la Ley Concursal, modificado en el apartado dos del artículo 21, queda redactado como sigue: «4.  Transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración del concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que no se encontrara en estado de insolvencia.» MOTIVACIÓN En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 276 Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Al artículo 21, apartado cinco De modificación.

cve: BOCG-10-A-52-2

FIRMANTE:

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Pág. 248

El apartado 2 del artículo 178 de la Ley Concursal, modificado en el apartado cinco del artículo 21, queda redactado como sigue: «2.  La resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor persona natural por liquidación de la masa activa declarará la remisión de las deudas insatisfechas, salvo las deudas de derecho público a que se refiere el artículo 91.4.º de esta Ley, siempre que el concurso no hubiera sido declarado culpable ni el concursado condenado por el delito previsto en el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro delito relacionado con el concurso y, asimismo, hayan sido satisfechos en su integridad los créditos derivados de las relaciones laborales del concursado con sus trabajadores y los créditos con privilegio cuyo titular sea una institución pública.»

MOTIVACIÓN Con la redacción del Proyecto de Ley el artículo es de imposible cumplimiento y no permite un nuevo comienzo al deudor concursado. Sólo deben protegerse, en este orden de cosas, los créditos cuya protección sea de interés social, es decir, los créditos de sus trabajadores y los públicos. Por lo demás, el precepto, en la redacción propuesta, es contradictorio porque los acreedores con privilegio especial ya habrán ejecutado sus garantías, cobrando su crédito a consta de ellas.

ENMIENDA NÚM. 277 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Al artículo 21, apartado siete De modificación. El apartado 2.1.ª del artículo 242 de la Ley Concursal, modificado en el apartado siete del artículo 21, queda redactado como sigue: «1.ª  Salvo justa causa, el juez designará administrador del concurso al mediador concursal, quien no podrá percibir por este concepto más retribución que la que le hubiera sido fijada en el expediente de arreglo extrajudicial.»

MOTIVACIÓN Se propone suprimir la posibilidad de incrementar la retribución de este administrador concursal, porque la redacción del Proyecto de Ley incentiva el fracaso de la mediación.

ENMIENDA NÚM. 278

Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Al artículo 21, apartado siete De modificación.

cve: BOCG-10-A-52-2

FIRMANTE:

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Pág. 249

El apartado 2.5.ª del artículo 242 de la Ley Concursal, modificado en el apartado siete el artículo 21, queda redactado como sigue: «5.ª  En el caso de deudor empresario persona natural, si el concurso no se calificara como culpable, el juez declarará la remisión de todas las deudas que no sean satisfechas en la liquidación conforme a lo dispuesto en el artículo 178.2 de esta Ley.»

MOTIVACIÓN En coherencia con la enmienda presentada a la redacción propuesta al artículo 178.2 de la Ley Concursal.

ENMIENDA NÚM. 279 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Nuevo artículo De adición. Se añade un nuevo artículo con la siguiente redacción: «Artículo 31 bis (nuevo).  Impulso del crédito oficial. 1.  El Gobierno articulará un plan de apoyo financiero dirigido a trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas y gestionado por el Instituto de Crédito Oficial. El plan tendrá como objetivo facilitar el acceso al crédito con la finalidad de crear empleo y dinamizar la actividad económica. El tipo de interés de estos préstamos se fijará por debajo del de mercado y en ningún caso podrá ser superior al tipo oficial del dinero marcado por el Banco Central Europeo más un diferencial que se determinará reglamentariamente. 2.  En particular, se fijará con carácter anual un porcentaje del plan de apoyo financiero destinado a microcréditos a través del Instituto de Crédito Oficial para los trabajadores autónomos y empresas de reducida dimensión con mayor dificultad de acceso a otro tipo de financiación. 3.  El Gobierno potenciará el Instituto de Crédito Oficial mediante la apertura de oficinas en todos los municipios de más de veinte mil habitantes, utilizando los inmuebles dependientes de la Administración General del Estado o los que puedan ceder otras administraciones públicas.»

MOTIVACIÓN Uno de los principales problemas para las personas desarrollan una actividad económica productiva es la falta de financiación y el Proyecto de Ley no articula medidas suficientes en este sentido. Se propone un papel más activo del crédito oficial con financiación accesible para los proyectos empresariales.

ENMIENDA NÚM. 280 Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Nuevo artículo De adición.

cve: BOCG-10-A-52-2

FIRMANTE:

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Pág. 250

Se añade un nuevo artículo con la siguiente redacción: «31 ter (nuevo).  Reserva de financiación para trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas. Los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y establecimientos financieros de crédito vendrán obligados a destinar un porcentaje de sus activos a la financiación de proyectos empresariales de trabajadores autónomos y de pequeñas y medianas empresas. Reglamentariamente se establecerá dicho porcentaje considerando la distinta tipología de las entidades de crédito y las características de los proyectos empresariales a financiar.»

MOTIVACIÓN Uno de los principales problemas para las personas que desarrollan una actividad económica productiva es la falta de financiación y el Proyecto de Ley no articula medidas suficientes en este sentido. Se propone establecer una reserva de crédito para autónomos y pequeñas y medianas empresas.

ENMIENDA NÚM. 281 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Al artículo 32 De supresión. Se suprime el artículo 32. MOTIVACIÓN Este artículo modifica el artículo 8 de la Ley sobre régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca elevando el capital social mínimo de las mismas hasta 15 millones de euros (1,8 millones en la actualidad). Entendemos que esta medida parece dirigida a la fusión artificial de sociedades de garantía recíproca o a la desaparición de buena parte de las mismas. De las 23 sociedades de este tipo que existen en España, sólo 8 de ellas cumplirían con la exigencia de un capital social no inferior a 15 millones de euros. Se propone suprimir este artículo porque no parece existir relación entre incrementar el capital social mínimo e impulsar la actividad avalista en beneficio de las empresas de menor dimensión.

ENMIENDA NÚM. 282 FIRMANTE:

Al artículo 36 De supresión. Se suprime el artículo 36.

cve: BOCG-10-A-52-2

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Pág. 251

MOTIVACIÓN El Proyecto de Ley establece una serie de medidas para eliminar supuestas cargas administrativas innecesarias, incluyendo una modificación de la Ley de prevención de riesgos laborales para elevar, de 10 a 25, el número máximo de trabajadores de las empresas a las que se permite asumir personalmente al empresario las tareas de prevención de riesgos laborales, sin que sea necesario contratar a una persona o a una entidad. No parece oportuno tratar a la seguridad y salud de los trabajadores como una carga administrativa. Y en todo caso, cualquier modificación en materia de prevención de riesgos laborales debería discutirse en el contexto normativo oportuno de seguridad y salud laboral y en el ámbito del diálogo social correspondiente.

ENMIENDA NÚM. 283 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Al artículo 44 De adición. Se añade un nuevo apartado en el artículo 44, con la siguiente redacción: «Dos bis (nuevo).  Se suprime el apartado 8 del artículo 227.» MOTIVACIÓN El apartado 8 del artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. Para defender los derechos de cobro del subcontratista (en buena medida trabajador autónomo o empresa de reducida dimensión) se propone su supresión para posibilitar el ejercicio de la acción directa al subcontratista frente a las administraciones públicas.

ENMIENDA NÚM. 284 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Al artículo 44

Se añade un nuevo apartado en el artículo 44, con la siguiente redacción: «Dos ter (nuevo).  Se suprime el apartado 5 del artículo 228.»

cve: BOCG-10-A-52-2

De adición.

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Pág. 252

MOTIVACIÓN El apartado 5 del artículo 228 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que el contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago superiores a los legalmente establecidos. Se propone la supresión de este apartado en coherencia con la Ley de morosidad que fija plazos máximos de pago tanto en la contratación privada como en la pública.

ENMIENDA NÚM. 285 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Al artículo 44, apartado tres De modificación. El primer párrafo del artículo 228 bis de la Ley de Contratos del Sector Público, añadido en el apartado tres del artículo 44, queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 228 bis.  Comprobación de los pagos a los subcontratistas. Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes deberán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 5, han de hacer a todos los subcontratistas que participen en los mismos.» MOTIVACIÓN Se propone sustituir «podrán» por «deberán» para tratar de conseguir una actuación efectiva de lo dispuesto en este artículo.

ENMIENDA NÚM. 286 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Al artículo 48, apartado 4 De modificación.

«4.  El Plan Estratégico será elaborado, con carácter bienal, por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el marco del Grupo Interministerial de Apoyo a la Internacionalización de la empresa española y con participación y consulta de los agentes económicos y sociales y de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, y en coherencia con los fines y objetivos de la Política Exterior del Gobierno.» MOTIVACIÓN Enmienda técnica.

cve: BOCG-10-A-52-2

El primer párrafo del apartado 4 del artículo 48, queda redactado en los siguientes términos:

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Pág. 253 ENMIENDA NÚM. 287

FIRMANTE: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural A la Sección 2.ª De supresión. Se suprime la Sección 2.ª (artículos 58 a 73, ambos inclusive). MOTIVACIÓN En esta sección se regula un nuevo régimen de autorizaciones a la entrada, residencia y trabajo en España de extranjeros en cuya actividad profesional concurren razones de interés económico. Se establece una discrecionalidad administrativa que afecta a derechos de ciudadanía, vinculándolos además a parámetros económicos. En todo caso, no es oportuno incluir en esta Ley temas más relacionados con la política de inmigración a través de su Ley orgánica, que con la actividad emprendedora.

ENMIENDA NÚM. 288 FIRMANTE: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Nueva disposición adicional De adición. Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente redacción: «Disposición adicional (nueva).  Voluntariado en entidades deportivas. 1.  En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley el Gobierno presentará a las Cortes Generales un proyecto legislativo con los cambios en materia de seguridad social y empleo precisos para que las retribuciones económicas recibidas por monitores, entrenadores y árbitros que compensen los gastos a que se ven obligados para desarrollar su actividad no profesional, no supongan la obligación de cotizar al Régimen General de la Seguridad Social. 2.  De manera transitoria, hasta que se sea efectiva la reforma legislativa a la que se refiere el apartado anterior, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social establecerá un periodo de moratoria en las inspecciones referidas a los clubes y entidades deportivas como consecuencia de la actividad realizada por monitores, entrenadores y árbitros no profesionales para evitar efectos no deseados que provoquen situaciones de inequidad.»

Ante las inspecciones de trabajo y seguridad social que están recibiendo los clubes y entidades deportivas como consecuencia de la actividad realizada por monitores, entrenadores y árbitros no profesionales y las consecuencias que ello está comportando para la viabilidad del sector del deporte base y para su promoción.

cve: BOCG-10-A-52-2

MOTIVACIÓN

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Pág. 254

A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas al articulado al Proyecto de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2013.—Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

ENMIENDA NÚM. 289 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 2 De modificación. Se propone la siguiente redacción del artículo.

«La presente Ley es de aplicación a las actividades empresariales y de fomento de la internacionalización realizadas por los emprendedores y demás personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad económica, en los términos que se establecen en cada caso.» MOTIVACIÓN En coherencia con la siguiente enmienda, que considera emprendedores sólo a aquellas personas que inician una actividad económica.

ENMIENDA NÚM. 290 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 3 De modificación. Se propone la siguiente redacción del artículo 3:

«Se consideran emprendedores aquellas personas, físicas o jurídicas, que inicien el desarrollo de una actividad económica productiva.» MOTIVACIÓN

cve: BOCG-10-A-52-2

El proyecto de Ley considera emprendedor a todas las personas que ejercen una actividad económica productiva, generando una gran confusión y una falta de coherencia sistemática de la norma. Tal falta de estructura lógica no debe impedir, sin embargo, definir con precisión el concepto de emprendedor, que debe reservarse a aquellas personas que inician una actividad económica.

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Pág. 255 ENMIENDA NÚM. 291

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista

Al título del Capítulo II del Título I De modificación.

Se propone la siguiente redacción del título del Capítulo II del Título I: «El empresario individual de responsabilidad limitada.» En consecuencia, todas las menciones del proyecto al «emprendedor de responsabilidad limitada» deben sustituirse por «empresario individual de responsabilidad limitada.» MOTIVACIÓN EI proyecto regula en realidad la limitación de responsabilidad de los empresarios personas físicas.

ENMIENDA NÚM. 292 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 7 De modificación. Se propone la siguiente redacción del artículo 7:

«Artículo 7.  Limitación de responsabilidad del empresario individual de responsabilidad limitada. Las personas físicas que desarrollen una actividad económica, podrán limitar su responsabilidad por las deudas que traigan causa del ejercicio de dicha actividad empresarial o profesional mediante la asunción de la condición de «Empresario de Responsabilidad Limitada», una vez cumplidos los requisitos y en los términos establecidos en este capítulo.» MOTIVACIÓN En coherencia con la anterior enmienda.

ENMIENDA NÚM. 293 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista

De modificación. Se propone la siguiente redacción del artículo 8: «1.  Por excepción de lo que disponen el artículo 1.911 del Código Civil y el artículo 6 del Código de Comercio, el Empresario de Responsabilidad Limitada podrá obtener que su

cve: BOCG-10-A-52-2

Al artículo 8

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Pág. 256

responsabilidad y la acción del acreedor, que tenga origen en las deudas empresariales o profesionales, sólo alcance a los bienes afectos a la actividad a que se refiere el apartado 2 de este artículo y siempre que dicha vinculación se publique en la forma establecida en esta Ley. 2.  Para beneficiarse de la limitación de responsabilidad deberán inscribirse en el Registro Mercantil los bienes adscritos a la actividad económica. Se presumen afectos a la actividad empresarial o profesional los bienes relacionados en el Libro de inventario y cuentas anuales. 3.  En la inscripción del empresario en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio se indicarán los bienes, propios o comunes, que se pretende hayan de quedar obligados por las resultas del giro empresarial o profesional por cumplir con el apartado 2 de este artículo. 4.  No podrá beneficiarse de la limitación de responsabilidad el deudor que hubiera actuado con fraude o negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones con terceros, siempre que así constare acreditado por sentencia firme o en concurso declarado culpable.» MOTIVACIÓN La regulación del denominado emprendedor de responsabilidad limitada tan solo establece una parcial limitación a la embargabilidad de la vivienda habitual de las personas físicas que ejercen una actividad económica por cuenta propia, no extendiéndose tal limitación, además, a las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. Resulta claro que el escaso alcance de la medida no va a favorecer el aumento de la actividad económica ni la generación de riqueza, ni posibilita tampoco que el deudor pueda iniciar una nueva actividad empresarial. Además, hay que poner de manifiesto que en el sistema vigente quien se dedique a una actividad económica en el tráfico puede limitar la responsabilidad de su patrimonio personal, mediante la creación de una sociedad unipersonal. Este planteamiento, que tiene su origen en una Directiva de la Unión Europea, es utilizado habitualmente sin que plantee problemas en la práctica, por lo que ha adquirido una importante difusión. Por ello, y sin desconocer que los bienes de propiedad personal o familiar pueden ofrecerse como garantía real de créditos y préstamos, debe regularse la figura, en todo caso, como una auténtica limitación de responsabilidad de los empresarios personas físicas en relación con los bienes afectos a la actividad, que serán, en consecuencia, los únicos susceptibles de embargo.

ENMIENDA NÚM. 294 FIRMANTE: Al artículo 9

Grupo Parlamentario Socialista

De modificación. Se propone la siguiente redacción del artículo 9:

1.  La condición de empresario de responsabilidad limitada se adquirirá mediante su constancia en la hoja abierta al mismo en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio. Además de las circunstancias ordinarias, la inscripción contendrá una relación de los bienes afectos a la actividad económica conforme a los apartados 1 y 2 del artículo 8 de esta Ley y se practicará en la forma y con los requisitos previstos para la inscripción del empresario individual. También servirá de título el acta notarial o la instancia suscrita con la firma electrónica reconocida del empresario y remitida telemáticamente al Registro. 2.  El empresario inscrito deberá hacer constar en toda su documentación, con expresión de los datos registrales, su condición de «Empresario Individual de Responsabilidad Limitada» o mediante la adición a su nombre, apellidos y datos de identificación fiscal de las siglas «ERL.»

cve: BOCG-10-A-52-2

«Artículo 9.  Publicidad mercantil del empresario individual de responsabilidad limitada.

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Pág. 257

3.  Salvo que los acreedores prestaren su consentimiento expresamente, subsistirá la responsabilidad del deudor por las deudas contraídas con anterioridad a su inmatriculación en el Registro Mercantil como empresario individual de responsabilidad limitada. 4.  El Colegio de Registradores, bajo la supervisión del Ministerio de Justicia mantendrá un portal público de libre acceso en que se divulgarán sin coste para el usuario los datos relativos a los empresarios de responsabilidad limitada inmatriculados.» MOTIVACIÓN En coherencia con las enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 295 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 10. De modificación. Se propone la siguiente redacción del artículo 10.

«1.  Para su oponibilidad a terceros, la no sujeción de los bienes inmuebles a las resultas del tráfico empresarial o profesional por no estar afectos a la actividad económica deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad, en la hoja abierta al bien. 2.  También servirá de título para practicar la inscripción en el registro la certificación expedida por el Registrador Mercantil en que se hubiere inmatriculado el empresario y que remitirá al Registro de la Propiedad, incluso telemáticamente, en el plazo de los tres días hábiles siguientes. A estos efectos, el empresario individual de responsabilidad limitada podrá solicitar del Registrador Mercantil que certifique que entre la relación de los bienes afectos a la actividad económica no figura el bien inmueble de que se trate. 3.  Practicada la inscripción a que se refiere el primer apartado de este artículo, el Registrador denegará la anotación preventiva del embargo trabado sobre bien no sujeto a menos que del mandamiento resultare que se aseguran deudas no empresariales o profesionales o se tratare de deudas empresariales o profesionales contraídas con anterioridad a la inscripción de limitación de responsabilidad, o de obligaciones tributarias o con la Seguridad Social devengadas con anterioridad a dicha inscripción. 4.  En el caso de enajenación a un tercero de los bienes no sujetos se extinguirá respecto de ellos la no vinculación a las resultas del tráfico pudiéndose trasladar la no afección a los bienes subrogados por nueva declaración de alta del interesado.» MOTIVACIÓN En coherencia con el nuevo régimen de limitación de responsabilidad del empresario individual que se propone. Debe destacarse igualmente que, extendiéndose la limitación a las deudas con la Hacienda Pública y la Seguridad Social, las anotaciones preventivas de embargo sólo procederán respecto de las deudas contraídas con anterioridad a la inscripción en el Registro.

FIRMANTE: Al artículo 11 De supresión. Se propone la supresión del artículo 11:

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ENMIENDA NÚM. 296

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Pág. 258

MOTIVACIÓN La exigencia de depósito de las cuentas anuales y de auditoría por parte del empresario individual no es aceptable y es contradictoria con la vigente regulación del estatuto del empresario persona física, que ni siquiera tiene obligación de inscribirse en el Registro Mercantil.

ENMIENDA NÚM. 297 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 12. Uno De modificación.

Se propone la siguiente redacción del apartado 1 del artículo 4 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, contenido en el artículo 12. Uno del proyecto: «1.  El capital de la sociedad de responsabilidad limitada no podrá ser inferior a mil euros y se expresará precisamente en esa moneda.» MOTIVACIÓN La incorrectamente denominada sociedad limitada de formación sucesiva contempla la posibilidad de crear una entidad de este tipo sin la aportación inicial del capital mínimo —3.000 euros— previsto en la vigente normativa, pero a cambio de imponer duras restricciones, tales como la limitación a la retribución anual de los socios y administradores, que no podrá exceder del 20 por 100 del patrimonio neto, el deber de destinar a la reserva legal el 20 por 100 del beneficio del ejercicio, o la prohibición de reparto de dividendos hasta alcanzar el capital mínimo exigible. Con dichas exigencias, no es previsible que la figura vaya a tener un gran desarrollo en la práctica, pues las condiciones impuestas no se compadecen con los supuestos beneficios de no aportar inicialmente 3.000 euros. Por ello, se propone rebajar directamente a 1.000 euros la cifra mínima de capital exigible a las sociedades de responsabilidad limitada.

ENMIENDA NÚM. 298 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 19 De modificación.

Se propone la siguiente redacción del primer párrafo del artículo 19: «Reglamentariamente se establecerá el horario de apertura al público a todos los efectos, incluido el de presentación de documentos, del Registro de la Propiedad y Mercantil.»

No parece que el horario de apertura al público deba ser objeto de concreción legal, cuya modificación exigirá en el futuro norma de igual rango.

cve: BOCG-10-A-52-2

MOTIVACIÓN

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Pág. 259 ENMIENDA NÚM. 299

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 21 De modificación.

Al apartado cinco del artículo 21 que modifica el apartado 2 del artículo 178 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Se propone modificar el artículo 178, con la siguiente redacción: Artículo 178. «2.  La resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor persona natural por liquidación de la masa activa declarará la remisión de las deudas insatisfechas, salvo las deudas de derecho público a que se refiere el artículo 91.4 de esta Ley, siempre que el concurso no hubiera sido declarado culpable ni condenado por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro delito singularmente relacionado con el concurso y que hayan sido satisfechos en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.» MOTIVACIÓN No hay motivo para hacer de mejor derecho al deudor que haya intentado una negociación y, en consecuencia, hacer de peor derecho al acreedor que, defendiendo sus intereses, haya considerado que no cabía aprobar la propuesta del deudor. No se considera aceptable la remisión de los denominados créditos restantes sin que hayan sido satisfechos al menos parcialmente.

ENMIENDA NÚM. 300 FIRMANTE: Al Artículo 21

Grupo Parlamentario Socialista

De modificación. Al apartado seis del artículo 21 que modifica el apartado 1 del artículo 198 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Se propone la modificación de la letra c) del apartado 1, con la siguiente redacción: Artículo 198.

c)  En la sección tercera, de acuerdos extrajudiciales, acuerdos de refinanciación y propuestas anticipadas de convenio en los términos previstos en el artículo 5 bis 1 de esta Ley, se hará constar la apertura de las negociaciones para alcanzar tales acuerdos y su finalización.»

cve: BOCG-10-A-52-2

«1. (…)

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Pág. 260

MOTIVACIÓN Parece razonable incluir en la sección tercera, también, la apertura de negociaciones para acuerdos de refinanciación y para obtener las adhesiones a una propuesta anticipada de convenio previstas, junto a los acuerdos extrajudiciales, en el apartado 1 del artículo 5 bis.

ENMIENDA NÚM. 301 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista

Al Artículo 21 De modificación.

Al apartado siete del artículo 21 que incorpora un nuevo Título X a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Se propone modificar el apartado 1 del artículo 231, con la siguiente redacción: Artículo 231. «1.  La persona física que se encuentre en situación de insolvencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de esta Ley, o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores.» MOTIVACIÓN Debe extenderse la mediación concursal también a las personas físicas ya que carece de sentido que las personas físicas que no sean empresarios, tengan que tramitar su insolvencia a través de la ley concursal.

ENMIENDA NÚM. 302 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 21 De modificación.

Al apartado siete del artículo 21 que incorpora un nuevo Título X a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Se propone modificar el párrafo primero del apartado 1 del artículo 233, con la siguiente redacción:

«1.  El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a la que de forma secuencial corresponda, salvo que se motive suficientemente una designación distinta, de entre las que figuren en la lista oficial que se publicará en el portal correspondiente del Boletín Oficial del Estado, la cual será suministrada por el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia. (Resto igual)»

cve: BOCG-10-A-52-2

Artículo 233.

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MOTIVACIÓN Entre la designación secuencial o vinculada y la designación totalmente discrecional caben fórmulas intermedias como la que se propone, por la que la regla sea la designación secuencial y prever la excepción pero de forma justificada.

ENMIENDA NÚM. 303 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 21 De modificación.

Al apartado siete del artículo 21 que incorpora un nuevo Título X a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Se propone modificar el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 236, con la siguiente redacción: Artículo 236. 1. (…) «El plan de pagos incluirá necesariamente una propuesta de negociación de las condiciones de los préstamos y créditos así como copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento de los créditos de derecho público o, al menos, de las fechas de pago de los mismos, si no van a satisfacerse en sus plazos iniciales de vencimiento.» MOTIVACIÓN Mejora técnica por corrección de error material y precisión del carácter de los plazos.

ENMIENDA NÚM. 304 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 21 De modificación. Al apartado siete del artículo 21 que incorpora un nuevo Título X a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Se propone modificar el artículo 237, con la siguiente redacción:

«1.  Los acreedores convocados deberán asistir a la reunión, salvo los que hubiesen manifestado su aprobación u oposición dentro de los diez días naturales anteriores a la reunión. El plan de pagos y el plan de viabilidad podrán ser modificados en la reunión, pero en tal caso, y si se modificaran las condiciones de pago de los acreedores no asistentes que hubieran

cve: BOCG-10-A-52-2

Artículo 237.

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manifestado previamente su voto favorable, se entenderá que su voto pasa a ser contrario a la aprobación de los planes modificados.» MOTIVACIÓN Resulta excesivo e injustificado que al acreedor que no asista o no haya votado, en caso de concurso, se le califique el crédito como subordinado. Dar un trato más equilibrado a la totalidad de los acreedores, tanto los que hayan manifestado su voluntad previamente como los que no asisten a la reunión.

ENMIENDA NÚM. 305 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 21

De modificación. Al apartado siete del artículo 21 que incorpora un nuevo Título X a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Se propone modificar la regla 12 del apartado 2 del artículo 242, con la siguiente redacción: Artículo 242. «2.  En el concurso consecutivo, salvo el supuesto de insuficiencia de masa activa en los términos previstos en el artículo 176 bis de la Ley, se abrirá necesaria y simultáneamente la fase de liquidación, de conformidad con lo dispuesto en el Título V de esta Ley, con las especialidades siguientes: 1.2  Salvo justa causa, el juez designará administrador del concurso a un mediador concursal distinto del anterior, quien no podrá percibir por este concepto más retribución que la que le hubiera sido fijada en el expediente de arreglo extrajudicial a menos que atendidas circunstancias excepcionales el juez acordare otra cosa.» MOTIVACIÓN Parece aconsejable la separación de institutos del mediador concursal y el administrador concursal en su caso, en el concurso continuado.

ENMIENDA NÚM. 306 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 21

Al apartado ocho del artículo 21 que incorpora una nueva disposición adicional a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Se propone la supresión del apartado 1 de la disposición adicional séptima.

cve: BOCG-10-A-52-2

De supresión.

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MOTIVACIÓN Partiendo de la defensa de lo público, parece un exceso por el desigual tratamiento que tienen aquí en relación con un concurso, pues en éste los créditos tributarios y de seguridad social sólo tienen carácter preferente hasta el 50 %.

ENMIENDA NÚM. 307 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 21 De modificación. Al apartado nueve del artículo 21 que incorpora una nueva disposición adicional a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. «Disposición adicional novena.  Remuneración de los mediadores concursales. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley XXX/2013, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, el Gobierno aprobará, mediante Real Decreto, las retribuciones correspondientes a los mediadores concursales a los que se refiere el Capítulo V del Título I de la presente Ley.» MOTIVACIÓN El acuerdo extrajudicial de pagos debiera orientarse a evitar el incremento de costes de un procedimiento concursal ordinario para las personas físicas o empresas de pequeña dimensión.

ENMIENDA NÚM. 308 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 23.Dos De modificación. Se propone la siguiente redacción del apartado Uno del artículo 163 terdecies de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, contenido en el artículo 23.Dos del proyecto:

MOTIVACIÓN El artículo 23 del proyecto de Ley crea un nuevo régimen especial en el IVA al objeto de aplicar el criterio de caja, en lugar del de devengo, para aquellos sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 2 millones de euros.

cve: BOCG-10-A-52-2

«Uno.  En las operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos. A estos efectos, deberá acreditarse el momento del cobro, total o parcial, del precio de la operación.»

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Dicho régimen especial, que se dice basar en el artículo 167 bis de la Directiva 2006/112/CE, parte del principio de que el impuesto se devengará, tanto el repercutido como el soportado, en el momento del cobro total o parcial de los importes efectivamente percibidos o satisfechos. Partiendo de este principio general, el Gobierno ha presentado a la opinión pública la modificación como el fin del ingreso del IVA de facturas que no se han cobrado, generando la confianza de autónomos y pymes en que, por lo menos a efectos de este impuesto, los impagados no constituirán ya un problema para su actividad económica.

Frente a tal presentación, debe hacerse constar que, sin embargo, el Gobierno ha optado por proponer una regulación muy restrictiva y de considerable complejidad. Pero más importante que el coste o complejidad del régimen que se ha diseñado, lo es el hecho de que no podemos afirmar que estemos en realidad ante la aplicación del criterio de caja. Y ello porque, pese a afirmarse que el ingreso o la deducción sólo se efectuarán cuando se realizan los respectivos ingresos y pagos, tal regla tiene como límite, en cualquier caso, el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación de que se trate. Es decir, y como dice literalmente la memoria de análisis de impacto normativo del proyecto, «…se ha previsto que el 31 de diciembre del año inmediato siguiente a aquel que se haya realizado la operación sean nuevamente de aplicación las regías generales de devengo y deducción del impuesto.» En consecuencia, y pese a no haberse efectuado el pago, el sujeto pasivo, en el plazo señalado, va a tener la obligación de ingresar el IVA correspondiente. No nos encontramos por tanto ante un criterio de caja real, sino ante una mera demora en el ingreso, con la dificultad añadida de desconocerse si será aplicable en este régimen la normativa de las facturas incobrables que, en el mejor de los casos, exigirá el transcurso de seis meses más y la reclamación fehaciente al deudor. Lo dicho hasta el momento podría tener graves consecuencias para aquellas empresas con un relevante nivel de deudas incobrables que, en la confianza de estar aplicando el criterio de caja, puedan desconocer que, no obstante, deberán ingresar el IVA de tales facturas como mínimo en 1 año y como máximo en 2 años. Para tales contribuyentes el nuevo régimen resulta claramente perjudicial. En definitiva, lo que se ha establecido responde a un régimen de demora de las obligaciones tributarias y no a un criterio de caja. Esta circunstancia puede inducir a error a los contribuyentes, por lo que debe corregirse el proyecto permitiendo de forma efectiva la aplicación del criterio de caja, de acuerdo con la Directiva Europea de referencia.

ENMIENDA NÚM. 309 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 23.Dos De modificación.

«a)  El derecho a la deducción de las cuotas soportadas por los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial nace en el momento del pago total o parcial del precio por los importes efectivamente satisfechos. Lo anterior será de aplicación con independencia del momento en que se entienda realizado el hecho imponible. A estos efectos, deberá acreditarse el momento del pago, total o parcial, del precio de la operación.»

cve: BOCG-10-A-52-2

Se propone la siguiente redacción de la letra a) del apartado Tres del artículo 163 terdecies de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, contenido en el artículo 23. Dos del proyecto:

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MOTIVACIÓN En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 310 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 23.Dos De supresión. Se propone la supresión del artículo 163 quinquiesdecies de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, contenido en el artículo 23. Dos del proyecto. MOTIVACIÓN El nuevo artículo 163 quinquiesdecies de la Ley del IVA establece, sorprendentemente, que la opción por el régimen especial afecta también al destinatario de las operaciones, que verá limitado su derecho a deducir hasta el pago y sobre el que recaerán obligaciones formales pendientes de determinar reglamentariamente. Es decir, empresas acogidas al criterio de devengo –régimen general–, tienen la obligación de aplicar el criterio de caja cuando contraten con empresas que aplican el régimen especial. No es difícil suponer que una empresa sometida al criterio de devengo, a igualdad de condiciones, no adquirirá bienes y servicios a un sujeto pasivo que haya optado por el régimen especial del IVA de caja, ya que ello le va a suponer, frente a un proveedor en régimen general, una limitación de su derecho a deducir y un incremento de sus obligaciones formales.

ENMIENDA NÚM. 311 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 23.Dos De modificación. Se propone la siguiente redacción del artículo 163 sexiesdecies de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, contenido en el artículo 23. Dos del proyecto:

a)  el devengo de las cuotas repercutidas por el sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de caja que estuvieran aún pendientes de devengo en dicha fecha; b)  el nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo respecto de las operaciones que haya sido destinatario y a las que haya sido de aplicación el régimen especial del criterio de caja que estuvieran pendientes de pago; El sujeto pasivo en concurso deberá declarar las cuotas devengadas y ejercitar la deducción de las cuotas soportadas referidas en los párrafos anteriores en la declaración-liquidación prevista reglamentariamente, correspondiente a los hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso. Asimismo, el sujeto pasivo deberá declarar en dicha declaración-liquidación, las demás cuotas soportadas que estuvieran pendientes de deducción a dicha fecha.»

cve: BOCG-10-A-52-2

«La declaración de concurso del sujeto pasivo acogido al régimen especial de criterio de caja determinará, en la fecha del auto de declaración de concurso:

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MOTIVACIÓN Ajuste técnico, en coherencia con la enmienda que suprime el artículo 163 quinquiesdecies.

ENMIENDA NÚM. 312 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 23.Dos De adición. Se propone la adición de un nuevo apartado Tres en el artículo 23 del proyecto, con la siguiente redacción: «Tres.  Se modifica la letra A) del apartado Cuatro del artículo 80, que queda redactada de la siguiente forma: “A)  Un crédito se considerará total o parcialmente incobrable cuando reúna las siguientes condiciones: 1.ª  Que hayan transcurrido seis meses desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido seis meses desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido y el vencimiento del último o único pago sea superior a seis meses. Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de esta Ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de seis meses a que se refiere esta condición 1.g será de tres meses.

Cuando se trate de las operaciones a plazos a que se refiere la condición 12 anterior, resultará suficiente instar el cobro de uno de ellos mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo para proceder a la modificación de la base imponible en la proporción que corresponda por el plazo o plazos impagados. Cuando se trate de créditos adeudados por Entes públicos, la reclamación judicial o el requerimiento notarial a que se refiere la condición 4.2 anterior, se sustituirá por una certificación expedida por el órgano competente del Ente público deudor de acuerdo con el informe del Interventor o Tesorero de aquél en el que conste el reconocimiento de la obligación a cargo del mismo y su cuantía.”»

cve: BOCG-10-A-52-2

2.ª  Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros Registros exigidos para este Impuesto. 3.ª  Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquélla, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros. 4.ª  Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes públicos.

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Pág. 267

MOTIVACIÓN Dadas las restricciones y condicionantes que el proyecto introduce en el régimen especial de caja, resulta necesario revisar las normas de modificación de la base imponible del IVA, al objeto de reducir de un año a seis meses el plazo general para considerar un crédito como incobrable, y de seis a tres meses, en el caso de empresas de reducida dimensión. Tal medida es valorada por el Consejo Económico y Social en su informe al anteproyecto de Ley, al considerar «…que el legislador podría haber optado, en cambio, por reducir sensiblemente el plazo a partir del cual el empresario puede proceder a la reducción de la base imponible por falta de cobro del IVA repercutido, pasando de un año a seis meses, en el caso general, y de seis a tres meses, en el caso de las pymes, lográndose con ello el efecto pretendido por el Anteproyecto de paliar los problemas de liquidez, en este caso, de todas las empresas.»

ENMIENDA NÚM. 313 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 24 De supresión. Se propone la supresión del segundo párrafo del apartado 1 del artículo 37 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, contenido en el artículo 24 del proyecto. MOTIVACIÓN La nueva redacción del artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece una deducción del 10 por ciento de los beneficios que las empresas de reducida dimensión inviertan en elementos nuevos del inmovilizado inmaterial o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas. Tal deducción, que se condiciona al cumplimiento de importantes requisitos —dotación de una reserva indisponible por importe igual a la base de la deducción, incompatibilidad con la libertad de amortización, con la reserva para inversiones de Canarias, etc.— se reduce, además, al 5 por ciento si a la empresa le son aplicables los tipos de gravamen reducidos por mantenimiento o creación de empleo contemplados en la disposición adicional duodécima de la Ley. Debe destacarse que dichos tipos reducidos tienen carácter temporal, estando prevista su aplicación sólo hasta el ejercicio 2013, se justifican por la actual situación de crisis económica y están condicionados al mantenimiento o creación de empleo. El proyecto vincula, en consecuencia, dos beneficios fiscales de diversa naturaleza y finalidad sin una justificación comprensible, aparte de la de intentar reducir en lo posible el coste fiscal de la medida. Por ello se propone la supresión de la indicada reducción, máxime si tomamos en consideración que la misma puede hacer que compense al sujeto pasivo la destrucción de empleo pues un 5 por ciento de reducción de la cuota es justo el beneficio resultante de aplicar el tipo reducido (25%-20%) y, a cambio, se aplicaría en su totalidad (10% y no 5%) la deducción por inversión en elementos del inmovilizado material.

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 25.Uno De modificación.

cve: BOCG-10-A-52-2

ENMIENDA NÚM. 314

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Pág. 268

Se propone la siguiente redacción del apartado 2 del artículo 44 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, contenido en el artículo 25. Uno del proyecto: «2.  No obstante, en el caso de entidades a las que resulte de aplicación el tipo general de gravamen, el tipo del 35 por ciento, o la escala de gravamen prevista en el artículo 114 de esta Ley, las deducciones por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 35 de esta Ley, que se generen en períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013, podrán, opcionalmente, quedar excluidas del límite establecido en el último párrafo del apartado anterior, en los términos establecidos en este apartado. En el caso de insuficiencia de cuota, se podrá solicitar su abono a la Administración tributaria a través de la declaración de este Impuesto. Este abono se regirá por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo, sin que, en ningún caso, se produzca el devengo del interés de demora a que se refiere su apartado 2. El importe de la deducción aplicada o abonada, de acuerdo con lo dispuesto en este apartado, no podrá superar conjuntamente los 3 millones de euros anuales. Este límite se aplicará a todo el grupo de sociedades, en el supuesto de entidades que formen parte del mismo según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Para la aplicación de lo dispuesto en este apartado, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: a)  Que la plantilla media o, alternativamente, la plantilla media adscrita a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica no se vea reducida desde el final del período impositivo en que se generó la deducción hasta la finalización del plazo a que se refiere la letra b) siguiente. b)  Que se destine un importe equivalente a la deducción aplicada o abonada, a gastos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica o a inversiones en elementos del inmovilizado material o activo intangible exclusivamente afectos a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, excluidos los inmuebles, en los 24 meses siguientes a la finalización del período impositivo en cuya declaración se realice la correspondiente aplicación o abono. c)  Que la entidad haya obtenido un informe motivado sobre la calificación de la actividad como investigación y desarrollo o innovación tecnológica o un acuerdo previo de valoración de los gastos e inversiones correspondientes al proyecto de investigación y desarrollo o innovación tecnológica, en los términos establecidos en el apartado 4 del artículo 35 de esta Ley. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevará la regularización de las cantidades indebidamente aplicadas o abonadas, en la forma establecida en el artículo 137.3 de esta Ley.»

En la redacción del proyecto, el abono de la deducción por actividades de investigación y desarrollo no sólo se somete a un límite cuantitativo, sino que se demora su ingreso —debe transcurrir, al menos, un año desde la finalización del periodo impositivo en que se generó la deducción- y, lo que es más sorprendente, se condiciona a la realización de un descuento del 20 por ciento de su importe. Además, se excluye de la medida a la innovación tecnológica. Como puede observarse, nos encontramos, una vez más, ante el establecimiento de requisitos y condiciones que sólo tienen por finalidad reducir el coste de las medidas, introduciéndose en este caso, además, criterios de regateo o bazar —descuentos- incompatibles con los principios constitucionales que debe cumplir nuestro sistema tributario, y que desvirtúan, igualmente, el objetivo del beneficio que no debe ser otro que el incentivar las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, cuyo coste no se ve reducido por la existencia de un crédito fiscal.

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Pág. 269 ENMIENDA NÚM. 315

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 25.Dos De modificación. Se propone la siguiente redacción de la letra a) del apartado 1 del artículo 23 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, contenido en el artículo 25. Dos del proyecto: «a)  Que la entidad cedente haya creado los activos objeto de cesión, al menos, en un 50 por ciento de su coste.» MOTIVACIÓN La nueva regulación de las rentas procedentes de la cesión de activos intangibles —patentes, modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, etc.— no sólo amplia la cuantía del beneficio —reducción de la base del 50 % al 60 %— sino que sustituye la actual exigencia de que la entidad cedente haya creado la totalidad de los activos objeto de cesión, por una aportación del 25 por ciento del coste de los mismos. Parece razonable que, al menos, se prevea un valor añadido del 50 por ciento, pues la cuantía del beneficio exige una intervención relevante de la entidad en la generación del activo cedido.

ENMIENDA NÚM. 316 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 26.Dos De modificación. Se propone la siguiente redacción de la letra b) del apartado 2 del artículo 38, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, contenida en el artículo 26. Dos del proyecto: «b)  Cuando las acciones o participaciones se transmitan a su cónyuge, a cualquier persona unida al contribuyente por parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido, a una entidad respecto de la que se produzca, con el contribuyente o con cualquiera de las personas anteriormente citadas, alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, distinta de la propia entidad cuyas participaciones se transmiten, o a un residente en país o territorio considerado como paraíso fiscal.»

Excluir de la exención por reinversión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación las transmisiones efectuadas a residentes en paraísos fiscales, tal y como hace en la actualidad la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley del IRPF.

cve: BOCG-10-A-52-2

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Pág. 270 ENMIENDA NÚM. 317

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 26.Cuatro De modificación. Se propone la siguiente redacción del segundo párrafo del apartado 1.12 del artículo 68, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, contenido en el artículo 26. Cuatro del proyecto: «La base máxima de deducción será de 40.000 euros anuales y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas.» MOTIVACIÓN Elevar a 40.000 euros la base máxima de deducción al objeto de facilitar la inversión en empresas de nueva creación.

ENMIENDA NÚM. 318 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 26.Cinco De modificación. Se propone la siguiente redacción del punto 22 del apartado 2 del artículo 68, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, contenido en el artículo 26. Cinco del proyecto: «2.º  El porcentaje de deducción será del 5 por ciento cuando el contribuyente hubiera aplicado la deducción prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.»

Al igual que sucede respecto del Impuesto sobre Sociedades, en el ámbito del IRPF se reduce igualmente al 5 por ciento la deducción por inversión de beneficios, cuando al contribuyente le sea aplicable la reducción del rendimiento neto por mantenimiento o creación de empleo —disposición adicional vigésima séptima, y con vigencia hasta el ejercicio 2013—, y/o la nueva reducción aplicable a los contribuyentes que inicien el ejercicio de una actividad económica, contemplada en el reciente Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Debe pues reiterarse que tal restricción ni se comprende ni justifica, dado que vincula beneficios fiscales de diversa naturaleza y finalidad, por lo que parece perseguirse únicamente reducir en lo posible el coste fiscal de la medida, y ello aunque el propio proyecto prevea que el importe de la deducción no puede exceder de la suma de la cuota íntegra estatal y autonómica del período impositivo en el que se obtuvieron los rendimientos netos de actividades económicas objeto de inversión.

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Pág. 271 ENMIENDA NÚM. 319

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 28.bis De adición Se propone la siguiente redacción: «Artículo 28 bis.  Fondo público para la financiación de las empresas, el fomento del autoempleo y la iniciativa emprendedora.

a)  La administración, gestión y dirección del Fondo corresponderá a un Consejo Rector en el que en todo caso habrá de preverse la participación de representantes de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. La Presidencia del Fondo corresponderá alternativamente, por períodos anuales, al titular del Ministerio de Economía y Competitividad y al del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. b)  El Fondo se dota con una aportación inicial por un importe inicial de 20.000 millones de euros con cargo a línea de crédito abierta en el MEDE por importe de 100.000 millones de euros. Asimismo, el Fondo se dotará con las aportaciones realizadas por las empresas de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, c)  Para el cumplimiento de sus fines, el Fondo podrá captar financiación en los mercados de capitales nacionales y extranjeros mediante, entre otros, la emisión de valores, la concertación de préstamos y la apertura de créditos, así como cualquier otra operación de endeudamiento, pudiendo realizar operaciones de canje, compra y conversión sobre las operaciones descritas, dentro de los límites que para cada ejercicio se fijen en la ley de presupuestos generales del Estado. Con la misma finalidad, el Estado podrá concertar operaciones de préstamo con el Fondo dentro del límite que se establezca en la ley de presupuestos generales de cada ejercicio. Los préstamos concertados con el Estado garantizarán con la suficiente antelación el pago de las obligaciones contraídas. El Fondo podrá, asimismo, realizar operaciones de gestión activa de su tesorería. Las emisiones de valores que realice el Fondo se regirán por lo dispuesto en esta Ley y sus normas de desarrollo. Las deudas y obligaciones que el Fondo contraiga para la captación de financiación gozarán frente a terceros de la garantía del Estado. Dicha garantía tiene el carácter de explícita, irrevocable, incondicional y directa. d)  Los créditos que otorgue el Fondo se concederán con un interés equivalente al Euribor más 50 puntos básicos. e)  Los créditos otorgados por el Fondo serán compatibles con otros créditos que las empresas puedan obtener de otras entidades públicas, con los límites que se determinen.

cve: BOCG-10-A-52-2

1.  Se crea el «Fondo público para la financiación de las empresas, el fomento del autoempleo y la iniciativa emprendedora», con la finalidad de facilitar crédito a las empresas y para las actuaciones previstas en el presente artículo. 2.  El Fondo queda adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad 3.  El Fondo tendrá la condición de entidad pública de las incluidas en el artículo 2.1.g) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Le resultará de aplicación lo dispuesto para el sector público empresarial en el artículo 3.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. 4.  El régimen jurídico del Fondo se establecerá por el Gobierno mediante Real Decreto que deberá aprobarse en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, que respetará, en todo caso, los siguientes criterios:

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5.  El Fondo facilitará crédito a las empresas, así como a los emprendedores y jóvenes desempleados que opten por fórmulas de autoempleo, economía social o creación de nuevas empresas ligadas a la nueva economía y a los nuevos yacimientos de empleo, para financiar proyectos de inversión, innovación, internacionalización y expansión de la actividad empresarial. Las actuaciones de este Fondo se extenderán, al menos, a los siguientes ámbitos: — Apoyo a la innovación y desarrollo de nuevos proyectos empresariales, incluidos la modernización de las empresas. —  Apoyo al autoempleo y creación de empresas —  Apoyo a la iniciativa emprendedora, especialmente en el marco de la economía sostenible y a los nuevos yacimientos de empleo, y a los jóvenes emprendedores en sus proyectos de asociacionismo profesional. —  Apoyo a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas. —  Apoyo a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. —  Apoyo destinado a la contratación, fundamentalmente de aquellos colectivos con especiales dificultades. —  Financiación destinada a aumentar las oportunidades de empleo y formación de los jóvenes, así como al desarrollo de su primera experiencia profesional. —  Financiación destinada a mejorar la cualificación profesional o competencia profesional de los trabajadores.» MOTIVACIÓN

Una de las medidas fundamentales a adoptar para la reactivación económica y la creación de empleo es resolver la falta de crédito que están padeciendo nuestras empresas. Por ello, se crea este Fondo cuya finalidad fundamental es otorgar crédito a las empresas, a la par que se incentiva el autoempleo, la iniciativa emprendedora y el asociacionismo, fundamentalmente, de aquellos colectivos más necesitados de ayudas, como son los parados de larga duración y jóvenes. Con esta finalidad, se apoya el crecimiento de jóvenes-empresas innovadoras, desarrollando el Estatuto de Joven Empresa Innovadora previsto en la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Y también se apoya la mejora de la productividad y competitividad de nuestras empresas, sin olvidarnos de su internacionalización, para coadyuvar al cambio de nuestro modelo productivo.

ENMIENDA NÚM. 320 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 32 De supresión. Se propone la supresión del artículo 32, Capital Social Mínimo de las Sociedades de Garantía Recíproca.

El precepto eleva de 1,8 a 15 millones de euros el capital social mínimo de las Sociedades de Garantía Recíproca, incremento de más de 700 % que ni se motiva ni se justifica, aparte de genéricas referencias a la solvencia y conveniencia de integración de dichas entidades. Tal previsión puede comprometer la viabilidad de sociedades que operan en la actualidad con eficacia en determinados sectores productivos, por lo que debe revisarse tal incremento.

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MOTIVACIÓN

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Pág. 273 ENMIENDA NÚM. 321

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 33 De modificación. Se propone la modificación del artículo 33, con la siguiente redacción: «Artículo 33.  Revisión del clima de negocios a través de mejoras regulatorias. Indicadores e intercambio de mejores prácticas. 1.  Con carácter anual, el Ministerio de Economía y Competitividad, recopilará y analizará propuestas para la mejora del clima de negocios para la inversión productiva y para el fomento de la competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, procedentes de operadores económicos, departamentos ministeriales, organismos reguladores y supervisores y administraciones autonómicas y locales. Asimismo, se analizará la posición relativa de la economía española en los principales sistemas de indicadores internacionales de competitividad y clima de negocios. 2.  El Ministerio de Economía y Competitividad formulará, con carácter anual, un informe preliminar con propuestas de reforma regulatoria para la mejora del clima de negocios y la competitividad de la economía española. Estas propuestas se integrarán en el Plan Estratégico de Internacionalización recogido en el artículo 48. 3.  El Ministerio de Economía y Competitividad impulsará, en cooperación con el Instituto Nacional de Estadística y las administraciones autonómicas y locales en el marco del Comité para la Mejora de la Regulación, el desarrollo y publicidad de indicadores de clima de negocios y buena regulación para la inversión productiva en el ámbito de las administraciones, así como el intercambio de buenas prácticas favorecedoras de un entorno propicio a la actividad económica.» MOTIVACIÓN Establecer con periodicidad anual el informe con propuestas regulatorias para mejorar el clima de negocios, así como introducir la promoción de la competencia efectiva y la participación de los organismos reguladores y supervisores en la elaboración de propuestas y del INE en el desarrollo y publicidad de indicadores de clima de negocios y buena regulación.

ENMIENDA NÚM. 322 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 34 De modificación. Se propone la modificación del artículo 34, con la siguiente redacción: Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias creen nuevas cargas administrativas para las empresas en el ejercicio de sus respectivas competencias, eliminarán previamente las cargas preexistentes equivalentes.» MOTIVACIÓN Mejora técnica para evitar duplicidad de cargas administrativas.

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«Artículo 34.  Simplificación de cargas administrativas.

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Pág. 274 ENMIENDA NÚM. 323

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 36 De supresión. Se propone la supresión del artículo 36. MOTIVACIÓN La elevación de 10 a 25 del número máximo de trabajadores de las empresas a las que se permite asumir personalmente al empresario las tareas de prevención de riesgos laborales supone tratar la seguridad y salud de los trabajadores como una carga administrativa, con quebrantamiento del nivel básico de garantías y responsabilidades que exige la adecuada protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. Todo ello, sin diálogo social.

ENMIENDA NÚM. 324 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 37 De supresión. Se propone la supresión del párrafo segundo, del apartado 3, del artículo 14, de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la redacción dada al mismo por el Proyecto de Ley que se enmienda. MOTIVACIÓN La remisión de los hechos y actos que deben consignarse en el Libro de Visitas Electrónico, e incluso de los obligados, a Orden Ministerial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social limita arbitrariamente la información que actualmente debe figurar en los Libros de Visita. Todo ello, sin diálogo social.

ENMIENDA NÚM. 325 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 38

Se propone la supresión del artículo 38. MOTIVACIÓN Debilita la imprescindible seguridad jurídica al tratarse de una materia tan susceptible de infidelidades y abusos ya que posibilita el otorgamiento de poderes por personas incapaces y, sobre todo, la suplantación

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De supresión.

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de personalidad con la consiguiente indefensión del empresario o del administrador de una compañía, ante una actuación desleal de quien tenga acceso a la tarjeta y pin portadores de la firma electrónica reconocida.

ENMIENDA NÚM. 326 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 44, apartado Tres De modificación. Se propone la modificación del artículo 44, apartado Tres, que añade un artículo 228 bis al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con la siguiente redacción: «Artículo 228 bis.  Comprobación de los pagos a los subcontratistas. Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes comprobarán el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 5, han de hacer a todos los subcontratistas que participen en los mismos. Los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante relación detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación y en los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos.» MOTIVACIÓN La comprobación que han de realizar las administraciones y demás entes públicos de los pagos a los subcontratistas por parte de los contratistas debe tener carácter imperativo y no facultativo según decida el ente público contratante.

ENMIENDA NÚM. 327 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista

De adición. Se propone la adición de un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 47, con la siguiente redacción: «El Ministerio de Economía y Competitividad coordinará, junto con las Comunidades Autónomas y el sector privado, los instrumentos y organismos de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa.»

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Al artículo 47

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Pág. 276

MOTIVACIÓN Es necesario mejorar la coordinación e institucionalización de la actividad de los instrumentos y organismos de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa.

ENMIENDA NÚM. 328 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 48 De modificación. Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 48 con la siguiente redacción: «2.  El objetivo del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española será la mejora de la competitividad y la maximización de la contribución del sector exterior al crecimiento y la creación de empleo. Este Plan incluirá las iniciativas para el fomento de la internacionalización y de la mejora de la competitividad de la economía española y de las empresas, el establecimiento de las prioridades geográficas y sectoriales, medidas para aumentar el tamaño de las empresas y los planes de actuación de los organismos con competencias en la materia.» MOTIVACIÓN Como respuesta a la persistente debilidad de la demanda interna, el sector exterior está ganado peso en la economía española. La evidencia empírica nos dice que existe una relación positiva entre el tamaño de las empresas y el aumento de las exportaciones. Para poder tener presencia en mercados exteriores, la empresa debe tener un tamaño crítico. En España, el tejido productivo está protagonizado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. Según el servicio de estudios del BBVA, un aumento del 1 % en el tamaño de la empresa eleva en un 5 % la capacidad de exportar. Por todo ello, es necesario incluir medidas para aumentar el tamaño de las empresas en los objetivos del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española.

ENMIENDA NÚM. 329 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 48 De modificación.

«4.  El Plan Estratégico será elaborado, con carácter anual, por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el marco del Grupo Interministerial de Apoyo a la Internacionalización de la empresa española y con la participación del sector privado y de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, y en coherencia con los fines y objetivos de la Política Exterior del Gobierno.»

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Se propone la modificación del apartado 4 del artículo 48, con la siguiente redacción:

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Pág. 277

MOTIVACIÓN Establecer con periodicidad anual el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española.

ENMIENDA NÚM. 330 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 48 De modificación. Se propone la modificación del apartado 5 del artículo 48, con la siguiente redacción: «5.  El Ministerio de Economía y Competitividad establecerá, con carácter anual, un sistema de evaluación y control de los instrumentos que integran el Plan Estratégico de Internacionalización con el fin de asegurar la calidad y eficacia de las actuaciones de internacionalización. El resultado de las evaluaciones será público, se remitirá a las Cortes Generales, se expondrá en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad y servirá de base para las modificaciones normativas y de gestión de los instrumentos y organismos que se incorporarán en las sucesivas versiones del Plan.» MOTIVACIÓN La evaluación del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española debe remitirse a las Cortes Generales con carácter anual para garantizar el necesario control parlamentario y, al mismo tiempo, publicarlo en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad con el fin de mejorar la transparencia.

ENMIENDA NÚM. 331 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 48 bis De adición. Se propone la adición de un nuevo artículo 48 bis con la siguiente redacción:

1.  El Gobierno, con carácter anual, remitirá el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española y el resultado de su evaluación a las Cortes Generales. 2.  Con periodicidad anual, la Secretaría de Estado de Comercio comparecerá ante las Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados y del Senado con el fin de informar sobre la evolución del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española, dar cuenta de la ejecución anual del mismo y realizar una evaluación continua de los programas de apoyo a la internacionalización con el objetivo de asegurar su eficacia y eficiencia.»

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«Artículo 48 bis.  Control parlamentario.

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Pág. 278

MOTIVACIÓN El Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española y su evaluación continua debe remitirse con periodicidad anual a las Cortes Generales y, al mismo tiempo, debe comparecer la Secretaría de Estado de Comercio para asegurar su control parlamentario, la rendición de cuentas (accountability) y mejorar la eficacia de sus actuaciones.

ENMIENDA NÚM. 332 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 53 De modificación. Se propone la modificación del artículo 53, con la siguiente redacción: «Artículo 53.  Modificación de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, para adaptar el Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX). Se modifica el apartado uno del artículo 114 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que queda redactado del siguiente modo: “Uno.  Se crea un Fondo para Inversiones en el Exterior destinado a promover la internacionalización de la actividad de las empresas, y, en general, de la economía española, a través de participaciones temporales y minoritarias directas en el capital social de empresas españolas para su internacionalización o de empresas situadas en el exterior y, en general, mediante participaciones en los fondos propios de las empresas mencionadas anteriormente y a través de cualesquiera instrumentos participativos. Con cargo al Fondo también podrán tomarse participaciones temporales y minoritarias directas en aquellos vehículos o fondos de capital expansión con apoyo oficial ya existentes o que se establezcan o fondos de inversión privados, que fomenten la internacionalización de la empresa o de la economía española. La gestora a la que se refiere el apartado dos del artículo 116 de la presente Ley no intervendrá directamente en la gestión operativa de las empresas participadas por el Fondo salvo que, previa autorización del Comité Ejecutivo del Fondo, se considere necesario con el fin de controlar el cumplimiento de los fines del FIEX. Excepcionalmente, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y acuerdo del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Competitividad podrá, a propuesta del Secretario de Estado de Comercio, autorizar la toma de una participación mayoritaria y autorizar a la gestora para que asuma la gestión operativa de la empresa participada por el Fondo en caso de ser considerado necesario para el cumplimiento de los fines del FIEX.”» MOTIVACIÓN

cve: BOCG-10-A-52-2

Las participaciones mayoritarias del Fondo en empresas deben contar con un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el acuerdo del Consejo de Ministros.

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Pág. 279 ENMIENDA NÚM. 333

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo 54 De modificación. Se propone la modificación del apartado Tres del artículo 54, con la siguiente redacción: «Tres.  El artículo 7 queda redactado del siguiente modo: “Artículo 7.  Gestión. 1.  La gestión del Fondo para la Internacionalización de la Empresa corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Comercio. Corresponderá al gestor del Fondo entre otras tareas las siguientes: la selección de los proyectos a financiar con cargo al Fondo y de común acuerdo con los beneficiarios de la financiación, la elaboración de los perfiles y estudios de viabilidad que sean precisos para el análisis de dichos proyectos, la valoración de las propuestas de financiación y su posterior presentación al Comité del Fondo para su aprobación, así como la supervisión de la ejecución de los citados proyectos y la evaluación de los mismos. Corresponderá también al gestor del Fondo el establecimiento de medidas de prevención para la mitigación de los impactos negativos en el desarrollo que sean identificados en el estudio de las operaciones realizadas con cargo al Fondo para la Internacionalización. Igualmente el gestor será responsable de la aprobación y seguimiento de un protocolo de actuación en materia de prevención de blanqueo de capitales. 2.  La Secretaría de Estado de Comercio garantizará con todos los medios a su alcance la eficaz y eficiente utilización de los recursos del Fondo, para lo cual, se podrán financiar, con cargo al propio Fondo, las asistencias técnicas y encomiendas de gestión que se estimen oportunas. 3.  Entre las funciones de COFIDES se encuentra la evaluación de operaciones de inversión con riesgo privado y la suscripción de acuerdos de participación en Fondos de Inversión. Por su parte, entre las funciones de CESCE está realizar análisis de riesgo de crédito y la gestión de recobros, refinanciaciones, moratorias y posibles cesiones de las deudas que tienen su origen en operaciones que cubre por cuenta del Estado. COFIDES Y CESCE podrán realizar estas funciones para el FIEM a requerimiento de su comité, previa propuesta de la Secretaría de Estado de Comercio. Todo ello sin perjuicio de la labor de agente financiero único del FIEM que desempeña el ICO, de acuerdo con el artículo 11 de esta Ley. 4.  El Ministerio de Economía y Competitividad, como gestor del FIEM, impulsará con todos los medios a su alcance la aplicación de los principios de transparencia, publicidad y concurrencia en los procedimientos de adjudicación por los países beneficiarios y podrá poner a disposición de éstos los recursos necesarios para garantizar la eficiencia en el procedimiento de identificación, selección y adjudicación de operaciones. 5.  El resto de estipulaciones relativas a la gestión, incluidas las condiciones financieras de los créditos, la financiación de los gastos locales, la participación de material extranjero o la financiación de comisiones comerciales, así como cualquier otra circunstancia a tener en cuenta en las operaciones con cargo al FIEM, serán objeto de desarrollo reglamentario posterior.”»

La Secretaría de Estado de Comercio como departamento encargado de gestionar el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) debe garantizar con todos los medios a su alcance la eficaz y eficiente utilización de los recursos públicos.

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Pág. 280 ENMIENDA NÚM. 334

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista A la Sección 2.ª del Título V De supresión. Se propone la supresión de la Sección 2.ª «Movilidad Internacional» del Título V. MOTIVACIÓN La Sección 2.ª del Título V que lleva por título «Movilidad Internacional» incluye determinados supuestos de autorización para extranjeros que resultan insustanciales y carecen de novedades que justifiquen una regulación legal. Ninguna de las medidas que contiene amplía, facilita o agiliza la inversión extranjera, la llegada de personal cualificado o la implantación de proyectos emprendedores ya que, cuando no contempla medidas superfluas, incurre en una evidente sobrerregulación. Su incomprensible deficiencia de técnica normativa desconoce la legislación española y europea, por lo que su aprobación no generaría más que inseguridad jurídica, duplicidad de procedimientos y aumento de cargas administrativas.

ENMIENDA NÚM. 335 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista A la disposición adicional primera De modificación. Se propone la siguiente redacción de la disposición adicional primera: «Disposición adicional primera.  Deudas de derecho público de las personas físicas que desarrollen una actividad económica.

a)  No se conozcan otros bienes del deudor con valoración conjunta suficiente susceptibles de realización inmediata en el procedimiento de apremio. b)  Entre la notificación de la primera diligencia de embargo del bien y la realización material del procedimiento de enajenación del mismo medie un plazo mínimo de dos años. Este plazo no se interrumpirá ni se suspenderá, en ningún caso, en los supuestos de ampliaciones del embargo originario o en los casos de prórroga de las anotaciones registrales.»

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1.  En el caso de las deudas de derecho público de las personas físicas que ejerzan una actividad económica que no hayan limitado su responsabilidad a los bienes afectos a la misma, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II del Título I de esta Ley, la Administración Pública competente podrá desarrollar las actuaciones de cobro establecidas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaría; en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con las especialidades reguladas en el siguiente apartado. 2.  Cuando entre los bienes embargados se encontrase la vivienda habitual del empresario individual, su ejecución será posible cuando:

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Pág. 281

MOTIVACIÓN En coherencia con el nuevo régimen propuesto para el empresario individual de responsabilidad limitada. Limitándose la responsabilidad a los bienes afectos a la actividad y extendiéndose dicha limitación a las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, lo previsto en la norma será aplicable a aquellas personas físicas que desarrollen una actividad económica y no se hayan acogido a lo previsto en el Capítulo II del Título I de la Ley.

ENMIENDA NÚM. 336 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista A la disposición adicional quinta De supresión. Se propone la supresión de la disposición adicional quinta. MOTIVACIÓN Esta disposición pretende exceptuar de la valoración de la situación nacional de empleo a las autorizaciones reguladas en esta Ley y otorga la posibilidad de establecer excepciones por Orden Ministerial para la contratación de extranjeros en sectores considerados estratégicos. En dicha Orden se podría acordar un cupo anual de contrataciones. Esta previsión es la más destacable y negativa novedad del Proyecto en materia de inmigración ya que desconoce lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000 respecto a la determinación de la situación nacional de empleo. La aprobación de esta fórmula eliminaría la participación de las Comunidades Autónomas, a quienes es necesario escuchar por ejercer competencias en las políticas activas de empleo que les permiten conocer las necesidades laborales, y elimina la participación de los agentes sociales, a quienes es necesario escuchar porque aportan un conocimiento cualificado de la realidad más allá de las visiones estadísticas.

ENMIENDA NÚM. 337 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista A la disposición adicional sexta De supresión. Se propone la supresión de la disposición adicional sexta.

La Disposición adicional sexta establece unas circunstancias de renovación de la residencia con ausencias superiores a seis meses al año en los supuestos regulados por esta Ley. Esta circunstancia constituye una excepción discriminatoria respecto a otro tipo de autorizaciones de residencia y no se concilia ni con la normativa europea que regula el cómputo necesario para obtener la residencia de larga duración ni con el concepto de residencia fiscal en España.

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Pág. 282 ENMIENDA NÚM. 338

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Disposición adicional (nueva) De adición. Se propone la adición de una nueva disposición adicional, con la siguiente redacción: «Disposición adicional XX.  Mejora de la financiación de las empresas. El Gobierno, en el plazo de un mes, remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley para mejorar la financiación de las empresas que contemplará, al menos, las siguientes medidas: 1.  Instrumentos eficaces para impulsar la intermediación no bancaria a través de los cambios regulatorios oportunos que desarrollen de forma efectiva fuentes de financiación alternativa como el capital riesgo, préstamos participativos a pequeñas y medianas empresas, redes de inversores de proximidad (business angels) y el desarrollo efectivo de la financiación directa de las empresas mediante los mercados financieros y del mercado alternativo de renta fija (MARF). 2.  Líneas de microcrédito orientadas a PYMES y autónomos que necesiten financiación de liquidez (capital circulante) e inversiones productivas, apoyando la concesión de avales o garantías adecuadas para aquellas empresas con dificultades para acceder a dicha financiación. 3.  Instrumentos para que las entidades de crédito, en particular las nacionalizadas, incrementen y mejoren la oferta de crédito a empresas mediante un mecanismo en el que las condiciones de concesión de dichos créditos valoren más la viabilidad y solvencia del proyecto que las garantías y avales. 4.  Medidas para evitar la retirada del crédito a PYMES y autónomos que estén al corriente de sus obligaciones de pago con las entidades de crédito.» MOTIVACIÓN Necesidad urgente de fomentar el uso de la financiación no bancaria en España ante la caída del crédito de las entidades bancarias. Mejorar la oferta de microcréditos a las empresas mediante líneas específicas, valorando adecuadamente la viabilidad de los proyectos empresariales frente a las exigencias de garantías patrimoniales y avales. Y, por último, asegurar el mantenimiento del crédito de liquidez (capital circulante) o inversiones productivas de las empresas solventes.

ENMIENDA NÚM. 339 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Disposición adicional (nueva) De adición.

«Disposición adicional XX.  Fomento de la financiación privada. Los Departamentos Ministeriales y cualesquiera otros organismos o entidades públicas de la Administración General del Estado, en el marco de sus programas de apoyo a la financiación de las empresas, podrán concertar convenios de colaboración con entidades financieras que tengan establecidas líneas de crédito específicamente dirigidas a emprendedores o su internacionalización,

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Se propone la adición de una nueva disposición adicional, con la siguiente redacción:

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Pág. 283

cuyo objeto sea promover y facilitar la financiación de los emprendedores, limitando los riesgos de impago en la devolución de los citados créditos, sujeto a los siguientes requisitos y en los términos que se establezca reglamentariamente: 1.  El importe de la cifra de facturación de la sociedad se situará en un rango entre 1.000.000 euros y 5.000.000 euros de facturación en el momento de otorgamiento del crédito. 2.  El importe del préstamo no será superior a 2.000.000 de euros. 3.  El plazo de devolución de crédito no será superior a cinco años. 4.  El importe que, como instrumento de limitación del riego de devolución para la Entidad Financiera sea objeto de ayuda o subvención, en ningún caso podrá cubrir la totalidad del principal financiado y se podrá calcular como un porcentaje máximo aplicado respecto la totalidad de programas de financiación específicos acordados entre las partes en el convenio de colaboración.” MOTIVACIÓN En los últimos tiempos, es un hecho constatado que una de las dificultades a las que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas es la obtención de financiación de las entidades financieras o instituciones similares, siendo ésta una de las vías más favorables para los emprendedores ya que les permite acometer nuevos proyectos y desarrollar actividades que, en definitiva, redundan en la promoción y creación de empleo. Por ello, consideramos que la ley tiene que promover e impulsar medidas concretas que faciliten el acceso a financiación bancaria por parte de las PYMES y de las Start-ups. Para ello, planteamos que se contemple en la ley la creación de instrumentos o mecanismos, mediante los cuales promuevan el compromiso de las entidades financieras en la financiación para PYMES en fase de crecimiento y con planes y presupuestos de negocio adecuados y a gestionar el proceso de concesión de esa financiación, siendo la Administración quien asuma parte del posible coste por mora que pudiera producirse en relación a esta financiación, sujeto a unas reglas mínimas y en el marco de la normativa que se debería establecer reglamentariamente. La financiación que se contempla como susceptible de esa garantía frente al impago, se otorgaría por plazo máximo de cinco años, y a interés de mercado. La entidad financiera o institución similar gestionaría la concesión de la financiación y su desarrollo posterior. La Administración Pública asumiría únicamente hasta un porcentaje predeterminado de la morosidad que este programa de financiación genere en cada entidad financiera, estableciéndose como premisa no superar nunca una cobertura superior al 80% de la mora que estos préstamos pudieran ocasionar a cada entidades financieras. Con esta medida la Administración Pública evita que este tipo de préstamos tenga un coste de capital excesivo para las entidades financieras (por los ratios legales de cobertura bancaria), que es uno de los principales motivos por el que, actualmente, no fluye el crédito. Las compañías que podrían ser beneficiarias de este tipo de financiación serían PYMES con cierta madurez empresarial, (con facturación de 1 a 5M€) que estén teniendo destacadas dificultades de financiación para emprender nuevas líneas de negocio o una expansión internacional. Los importes de los préstamos irían entre los 300.000 euros y los 2.000.000 euros por compañía. Consideramos que las PYMES de estas características son más adecuadas para este tipo de financiación que las empresas en fase de inicio de sus actividades, ya que estas últimas cuentan con otras medidas de apoyo.

ENMIENDA NÚM. 340

Grupo Parlamentario Socialista Disposición adicional (nueva) De adición. Se propone la adición de una nueva disposición adicional, con la siguiente redacción:

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FIRMANTE:

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«Disposición adicional XX.  Incorporación de los principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas en la internacionalización de las empresas. El Gobierno incorporará en materia de fomento de la internacionalización de las empresas y, en especial, a través del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española y de los instrumentos de apoyo financiero previstos en el Capítulo III del Título V de la presente Ley, los principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el fin de que las empresas que reciben apoyo oficial de Estado elaboren Planes específicos referidos al deber de respeto, compromiso, análisis y diligencia debida en materia de derechos humanos junto a los mecanismos oportunos para asegurar la transparencia y la información sobre su cumplimiento.» MOTIVACIÓN El 16 de junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respaldó unánimemente los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Estos Principios Rectores establecen un marco global autorizado sobre los roles respectivos de las empresas y de los gobiernos con el objetivo de que contribuyan a asegurar que éstas respetan los derechos humanos en sus propias operaciones y a través de sus relaciones comerciales. Los Principios Rectores han jugado un papel importante en el desarrollo de marcos de referencia similares de otras organizaciones internacionales y regionales, conduciendo así a la convergencia de los estándares que ellos establecen. Así, la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos se refleja en la versión revisada en 2011 de las Líneas Directrices para las empresas multinacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en el capítulo de las Directrices sobre la Responsabilidad Social de la Organización Internacional de Normalización (150 26000) y en las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional (parte del Grupo del Banco Mundial). Se trata de que el Gobierno de España, en la línea de otros gobiernos europeos, siga trabajando en la garantía de los derechos de forma coordinada y sistemática de conformidad con la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: “Estrategia renovada de la Unión Europea (UE) para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas” Bruselas, 25.10.2011, COM (2011) 681 final. Mediante esta propuesta, se trata de hacer realidad estos compromisos a través de este instrumento normativo y de su futuro desarrollo reglamentario, en coherencia con los contenidos de la resolución adoptada por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 21 de mayo como consecuencia del debate y aprobación de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista (n.º de expediente 162/591 de los Diputados) y en apoyo del Plan de Empresas y Derechos Humanos que se encuentra en elaboración por el Gobierno. Con ello también y, a través de la acción específica del Gobierno en materia de internacionalización de las empresas, se fortalece la ventaja comparativa de las empresas españolas en el mercado global, con el fin de que desarrollen sus operaciones empresariales previniendo y mitigando riesgos basados en los derechos humanos y fortaleciendo sus capacidades al respecto.

ENMIENDA NÚM. 341 FIRMANTE:

Disposición adicional (nueva) De adición.

cve: BOCG-10-A-52-2

Grupo Parlamentario Socialista

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Se propone la adición de una nueva disposición adicional, con la siguiente redacción: «Disposición adicional XX.  Nuevo marco laboral para el empleo y la negociación colectiva. El Gobierno, con carácter inmediato desde la entrada en vigor de esta Ley, abrirá un proceso de diálogo social para acordar un modelo de relaciones laborales equilibrado, con respeto a la autonomía colectiva, y un nuevo marco de negociación colectiva que, entre otras medidas: •  Mantenga la ultraactividad de los convenios colectivos, sin perjuicio de los mecanismos de arbitraje acordados, •  Respete la articulación y estructura de la negociación colectiva, en los términos del Acuerdo bipartido de 25 de enero de 2012. •  Propicie la flexibilidad interna negociada en las empresas, con limitación del uso del despido como mecanismo de ajuste laboral, con medidas que permitan que las suspensiones y reducciones no sean financiadas exclusivamente con cargo a las prestaciones de los trabajadores, sino también mediante aportaciones del Estado para mantener el puesto de trabajo; con medidas que permitan que trabajadores y empresarios puedan acordar fórmulas que permitan garantizar la continuidad del proyecto empresarial, sin descartar la reconversión hacia sociedades laborales o cooperativas. •  Evite la potestad unilateral del empresario en las modificaciones sustanciales del contrato, fundamentalmente en la determinación de la cantidad del salario, circunstancia que se está convirtiendo en una causa de despido indirecto, estableciendo que esta determinación sólo podrá hacerse mediante acuerdo colectivo o, en su caso, por arbitraje.» MOTIVACIÓN La nueva regulación de la negociación colectiva rompe el equilibrio en el marco de las relaciones laborales y otorga al empresario un poder unilateral en la fijación de las condiciones de trabajo, con aumento de la conflictividad social. La reforma laboral propicia el uso intensivo del despido como instrumento de ajuste y limita la flexibilidad interna negociada en las empresas, fórmula que podría evitar muchos despidos y el cierre de empresas, sin olvidar que la fijación unilateral de la cantidad del salario por parte del empresario también está propiciando numerosos despidos indirectos. Por ello, a través de esta enmienda, se trata de recuperar la paz social y la autonomía en la negociación colectiva, también en la fijación de las modificaciones sustanciales del contrato, fundamentalmente del salario.

ENMIENDA NÚM. 342 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Disposición adicional (nueva) De adición. Se propone la adición de una nueva disposición adicional, con la siguiente redacción: El Gobierno, con carácter inmediato a la entrada en vigor de esta Ley, y con la participación de las Comunidades Autónomas y el Consejo para el Fomento de la Economía Social, elaborará un programa de incentivos para las empresas de la economía social, para favorecer su promoción, mantenimiento, reconversión y dimensionamiento. A tal fin, se contemplarán ayudas dirigidas a: •  lncentivar el emprendimiento colectivo, favoreciendo la fusión e integración de empresas. •  Promover la creación de nuevas empresas de economía social prestadores de servicios, en especial de servicios de proximidad, incentivando su participación en la concesión de contratos públicos.

cve: BOCG-10-A-52-2

«Disposición adicional.  Apoyo a la economía social.

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•  Favorecer la conversión de empresas que están en crisis en empresas de economía social. Asimismo, adoptará las medidas que permitan el pleno desarrollo de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.» MOTIVACIÓN Las empresas de la economía social han demostrado a lo largo de su historia, y especialmente durante la crisis económica, su capacidad para generar y mantener empleos, así como para crear nuevas empresas. De ahí, la necesidad de dar un nuevo impulso a las mismas, posibilitando su mayor adaptación, apertura de ámbitos de actuación y nueva dimensión, en consonancia con los nuevos requerimientos del mercado laboral.

ENMIENDA NÚM. 343 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Disposición adicional (nueva) De adición. Se propone la adición de una nueva disposición adicional, con la siguiente redacción: «Disposición adicional.  Cotización a la Seguridad Social y tributación en el sistema fiscal de los trabajadores por cuenta propia, tanto si ejercen su actividad a tiempo completo como a tiempo parcial. El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, presentará un Proyecto de Ley de modificación del régimen de estimación objetiva del rendimiento en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y del sistema de cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, que garantice la proporcionalidad entre los ingresos y las cotizaciones de dichos trabajadores. En idéntico plazo, y en atención a lo dispuesto en el artículo 25, apartado 4, de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, remitirá al Pacto de Toledo una propuesta sobre el sistema de cotización a tiempo parcial para los trabajadores autónomos.» MOTIVACIÓN El régimen de estimación objetiva del rendimiento en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, establecido con carácter excepcional, debe reflejar la realidad de unos ingresos que, a su vez, son los que deben determinar la cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

ENMIENDA NÚM. 344

Grupo Parlamentario Socialista Disposición adicional (nueva) De adición.

cve: BOCG-10-A-52-2

FIRMANTE:

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Se propone la adición de una nueva disposición adicional, con la siguiente redacción: «Disposición adicional XX.  Clubes y entidades deportivas. El Gobierno, en el plazo más breve posible, adoptará las medidas que permitan que las cantidades que perciban los monitores, entrenadores y árbitros para compensar los gastos a que se vean obligados como consecuencia del desarrollo de una actividad no profesional en clubes y entidades deportivas, puedan considerarse como cantidades no salariales y, por tanto, no sometidas a la obligación de cotización de Seguridad Social. Asimismo, adoptará las medidas que permitan que la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se adecúe a lo previsto en el párrafo anterior, al objeto de evitar situaciones de inequidad.» MOTIVACIÓN El fomento del deporte a través de clubes y entidades deportivas exige la correcta calificación de las cantidades que se abonan al personal que realiza actividades no profesionales en los mismos.

ENMIENDA NÚM. 345 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista A la disposición final tercera De adición. Se propone la adición de un nuevo párrafo al apartado 5 del artículo 10 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo, contenido en la disposición final tercera del proyecto, con la siguiente redacción: «Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo dispuesto en el Capítulo II del Título I de la Ley XXX/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, cuando el trabajador autónomo se haya acogido al régimen de limitación de responsabilidad previsto en la citada Ley.» MOTIVACIÓN En coherencia con el nuevo régimen propuesto para el empresario individual de responsabilidad limitada. Limitándose la responsabilidad a los bienes afectos a la actividad y extendiéndose dicha limitación a las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, lo previsto en el apartado 5 del artículo 10 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo, será aplicable a aquellas personas físicas que desarrollen una actividad económica y no se hayan acogido a lo previsto en el Capítulo II del Título I de esta Ley.

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista A la disposición final quinta De modificación.

cve: BOCG-10-A-52-2

ENMIENDA NÚM. 346

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Se propone la modificación del apartado Uno de la Disposición final quinta, con la siguiente redacción: «Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. Uno.  Se modifica el artículo 2 que queda redactado del siguiente modo: “Artículo 2.  Ámbito de aplicación. 1.  Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo de esta Ley, realizados a través de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 500 metros cuadrados. 2.  Quedan al margen de la regulación contenida en el Título I de esta Ley las actividades desarrolladas en los mencionados establecimientos que tengan impacto en el patrimonio históricoartístico, la protección del medio ambiente, la seguridad, la salud pública o en el uso privativo y ocupación de bienes de dominio público, siempre que la decisión de sometimiento esté justificada y resulte proporcionada.”» MOTIVACIÓN Las actividades comerciales que tengan un impacto en la protección del medio ambiente, la seguridad o la salud pública también deben estar excluidas de la regulación de las medidas urgentes de impulso del comercio previstas en el Titulo I de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2013.—Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. ENMIENDA NÚM. 347 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Al artículo 7 De modificación. Se propone la siguiente modificación del artículo 7:

El emprendedor persona física, cualquiera que sea su actividad, podrá limitar su responsabilidad por las deudas que traigan causa del ejercicio de dicha actividad empresarial o profesional mediante la asunción de la condición de «Emprendedor de Responsabilidad Limitada», una vez cumplidos los requisitos y en los términos establecidos en este capítulo.»

cve: BOCG-10-A-52-2

«Artículo 7.  Limitación de responsabilidad del emprendedor de responsabilidad limitada.

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Pág. 289

JUSTIFICACIÓN Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 348 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Al artículo 9. Apartado 1 De modificación. Se propone la siguiente modificación: «Artículo 9.1.  Publicidad mercantil del emprendedor de responsabilidad limitada. 1.  La condición de emprendedor de responsabilidad limitada se hará constar en la hoja abierta al mismo en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio. Además de las circunstancias ordinarias, la inscripción contendrá una indicación de los bienes no afectos conforme a los apartados 1 y 2 del artículo 8 de esta Ley y se practicará en la forma y con los requisitos previstos para la inscripción del empresario individual. Será título para inmatricular al emprendedor de responsabilidad limitada el acta notarial que se presentará obligatoriamente por el notario de manera telemática en el mismo día o siguiente hábil al de su autorización en el Registro Mercantil o la instancia suscrita con la firma electrónica reconocida del empresario y remitida telemáticamente a dicho Registro.» JUSTIFICACIÓN La alternativa entre acta notarial e instancia suscrita con certificado de firma electrónica, permite que el emprendedor voluntariamente opte por una u otra vía, con lo que se respeta el principio de neutralidad tecnológica.

ENMIENDA NÚM. 349 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Al artículo 9. Apartado 3 De modificación.

«3.  Salvo que los acreedores prestaren su consentimiento expresamente, subsistirá la responsabilidad universal del deudor por las deudas contraídas con anterioridad a su inmatriculación en el Registro Mercantil como emprendedor individual de responsabilidad limitada.»

cve: BOCG-10-A-52-2

Se propone la siguiente modificación del apartado 3 del artículo 9:

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JUSTIFICACIÓN Se considera conveniente añadir «universal», para que no haya equívocos a que ésta es la responsabilidad establecida como principio general en el ordenamiento jurídico español, y que no se está refiriendo tan sólo a la responsabilidad sobre la vivienda habitual.

ENMIENDA NÚM. 350 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Al artículo 10. Apartado 2 De modificación. Se propone la siguiente modificación: «2.  lnmatriculado el emprendedor de responsabilidad limitada, el Registrador Mercantil expedirá certificación y la remitirá telemáticamente al Registrador de la Propiedad de forma inmediata, siempre dentro del mismo día hábil, para su constancia en el asiento de inscripción de la vivienda habitual de aquel emprendedor.» JUSTIFICACIÓN La propuesta conlleva la eliminación del plazo de 3 días contemplado en la norma para la remisión telemática de la certificación del Registrador Mercantil al Registro de la Propiedad, incluyendo en la norma que la comunicación sea practicada de forma inmediata, dentro del mismo día hábil.

ENMIENDA NÚM. 351 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Al artículo 19. Párrafo 2.º De modificación. Se propone la modificación del párrafo segundo del artículo 19, quedando con el siguiente tenor literal: «Cada Registro de la Propiedad estará a cargo de uno o varios Registradores. El número de Registradores que estarán a cargo de cada Registro de la Propiedad, en régimen de división personal, se determinará sobre criterios objetivos, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Justicia.»

Es de carácter técnico. Se pretende, con la presente enmienda, dotar de criterios objetivos en los que basar la organización registral. Criterios que podrán ser tanto de proximidad o localización como del volumen de titulación y los posibles movimientos demográficos.

cve: BOCG-10-A-52-2

JUSTIFICACIÓN

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Pág. 291 ENMIENDA NÚM. 352

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Al artículo 19. Párrafo 3.º (nuevo) De modificación. Se propone la inclusión de un tercer párrafo en el artículo 19 del Proyecto, con el siguiente contenido: «Los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes muebles se llevarán en formato electrónico mediante un sistema informático único en la forma que reglamentariamente se determine. Dicho sistema informático deberá permitir que las Administraciones Públicas y los órganos judiciales, en el ejercicio de sus competencias y bajo su responsabilidad, tengan acceso a los datos que consten en los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, si bien, en el caso de las Administraciones Públicas, respetando las excepciones relativas a los datos especialmente protegidos. Dichos accesos se efectuarán mediante procedimientos electrónicos y con los requisitos y prescripciones técnicas que sean establecidos dentro de los Esquemas Nacionales de lnteroperabilidad y de Seguridad.» JUSTIFICACIÓN Se pretende, con la presente enmienda, imponer la Ilevanza electrónica de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

ENMIENDA NÚM. 353 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Al artículo 21. Apartados dos De modificación. Se propone la siguiente modificación: Artículo 21. —Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal—, apartado Dos (por el que se modifican los apartados 1, 3 y 4 del artículo 5 bis). «1.  El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta Ley. En el caso en que solicite un acuerdo extrajudicial de pago, una vez que el mediador concursal propuesto acepte el cargo, el registrador mercantil o notario al que se le hubiera solicitado la designación del mediador concursal deberá comunicar, de oficio, la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración de concurso.»

Se propone añadir el inciso para precisar que la comunicación al Juzgado la realizará no cualquiera de los dos (registrador o notario), sino aquél al que corresponda por haber sido el receptor de una solicitud de nombramiento de mediador concursal.

cve: BOCG-10-A-52-2

JUSTIFICACIÓN

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Pág. 292 ENMIENDA NÚM. 354

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Al artículo 21. Apartado siete De modificación. Se propone la siguiente modificación: Artículo 21. —Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal—, apartado Siete (por el que se añade un Título X —El acuerdo extrajudicial de pagos—). «Artículo 236.  El plan de pagos. 1.  Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una antelación mínima de veinte días naturales a la fecha prevista para la celebración de la reunión, el mediador concursal remitirá a los acreedores, con el consentimiento del deudor, un plan de pagos de los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud, en el que la espera o moratoria no podrá superar los tres años y en el que la quita o condonación no podrá superar el 25 por ciento del importe de los créditos. El plan de pagos se acompañará de un plan de viabilidad y contendrá una propuesta de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, incluyendo, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia, y de un plan de continuación de la actividad profesional o empresarial que desarrollara. El plan de pagos incluirá necesariamente una propuesta de negociación de las condiciones de los préstamos y créditos así como copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento de los créditos de derecho público o, al menos, de las fechas de pago de los mismos, si no van a satisfacerse en sus plazos de vencimiento.» JUSTIFICACIÓN En el tercer párrafo, in fine, del apartado 1, entendemos que se ha omitido por error un «no.»

ENMIENDA NÚM. 355 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Al artículo 21. Apartado 7 De modificación.

«1.  Tendrá la consideración de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del mediador concursal, del deudor o de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o por incumplimiento del plan de pagos acordado. Igualmente tendrá la consideración de concurso consecutivo el que sea consecuencia de la anulación del acuerdo extrajudicial alcanzado.»

cve: BOCG-10-A-52-2

Se propone la modificación del artículo 242.1 de la Ley Concursal, incluido en el Título X que añade a la misma el artículo 21 del Proyecto de Ley 121/000052, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, con el siguiente tenor literal:

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Pág. 293

JUSTIFICACIÓN Es de carácter técnico. Se pretende, con la presente enmienda, dotar de coherencia y sistemática al articulado ya que conforme a lo que establecen los artículos 236.4, 238.3 y 241.3 el mediador concursal debe instar el concurso en caso de decisión de los acreedores para no continuar las negociaciones, no aceptación del plan de pagos o incumplimiento del mismo respectivamente; sin embargo el artículo 241.1 no le incluye entre los que pueden solicitar el concurso en los mismos supuestos. La solicitud por el deudor o por los acreedores es lógica ya que tienen un interés directo, pero también debe poder realizar esa solicitud el mediador concursal por coherencia con el contenido de los artículos precedentes.

ENMIENDA NÚM. 356 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Al artículo 27. Apartado 3 De adición. Se añade un inciso al final del apartado 3 del artículo 27 del Proyecto de Ley, que queda redactado de la siguiente manera: «3.  La aplicación de esta medida será incompatible con cualquier otra bonificación o reducción establecida como medida de fomento del empleo autónomo, así como con lo previsto en el artículo 113.Cinco.7 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, o artículos equivalentes de las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.» JUSTIFICACIÓN La finalidad de la redacción inicial del proyecto es declarar la incompatibilidad del régimen específico de cotización establecido en el artículo 27, con la medida regulada, para las situaciones de pluriactividad en el artículo 113.Cinco.7 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, y que se viene reiterando anualmente. Sin embargo, de mantenerse tal redacción, podría considerase que la incompatibilidad afectaría únicamente a las situaciones que se produjesen durante el año 2013, ejercicio al que se circunscribe su ámbito temporal de aplicación, cuando la misma debería afectar también a las situaciones similares que, previsiblemente, se regulen con el mismo tenor en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

ENMIENDA NÚM. 357 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Al artículo 41. Apartado tres Se propone añadir un nuevo apartado tres, al artículo 41, con el siguiente contenido: «Tres.  Se añade una nueva letra d) al artículo 32 de la siguiente forma: “d)  Todas aquellas disposiciones, actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Administraciones Públicas que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.”»

cve: BOCG-10-A-52-2

De adición.

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JUSTIFICACIÓN Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 358 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso A la disposición adicional octava De modificación. Se propone la modificación disposición adicional octava, quedando redactada del siguiente modo: «Disposición adicional octava.  Coste Económico. La aplicación de las previsiones contenidas en la presente Ley, que pudieran tener una incidencia sobre el gasto público, se desarrollará con los recursos humanos y los medios materiales existentes. En particular, la aplicación de las previsiones contenidas en los artículos 13, 19, 22, 35, 36, 37, en la Sección 2.ª del Título V y en la disposición adicional segunda no suponen aumento del gasto público, toda vez que el funcionamiento de los Órganos e instrumentos que se crean se desarrollará con los recursos humanos y los medios materiales existentes.» JUSTIFICACIÓN Por coherencia con las modificaciones propuestas en las enmiendas al artículo 19.

ENMIENDA NÚM. 359 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso A la disposición adicional décima De modificación. Se propone la modificación del Título de la disposición adicional décima y la inclusión en la misma de 2 apartados, el 1.º de nueva redacción y el 2.º recogiendo el texto actual de dicha Disposición, de forma que en su integridad quede redactado del modo siguiente:

1.  La realización de cualquier operación registral, incluida la publicidad formal, estará exenta del pago del arancel cuando la responsable final del pago del mismo, con arreglo a las normas arancelarias, sea una de las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 2.  Los aranceles regístrales para las inscripciones del Emprendedor de Responsabilidad Limitada en el Registro Mercantil y en e/ Registro de la Propiedad serán los siguientes: a)  Registro Mercantil: 40 euros. b)  Registro de la Propiedad: 24 euros.

cve: BOCG-10-A-52-2

«Disposición adicional décima.  Aranceles registrales y notariales.

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La publicación de la inscripción del Emprendedor de Responsabilidad Limitada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil estará exenta del pago de tasas.» JUSTIFICACIÓN Se considera conveniente ahondar en la reducción de costes registrales estableciendo la gratuidad, tanto del acceso de las Administraciones a la información registral, como de la práctica en cualquiera de los Registros de aquellos asientos de cualquier clase que hubieran de practicarse en favor de la Administración Pública, cuando esta fuera la legalmente obligada al pago.

ENMIENDA NÚM. 360 FIRMANTE: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Disposición adicional (nueva) De adición. Se propone añadir una nueva disposición adicional con el siguiente contenido: «Disposición adicional X.  Requisitos de capital aplicables a pequeñas y medianas empresas. 1.  A efectos del cálculo de los requisitos de recursos propios y de capital principal de las entidades de crédito, las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito de pequeñas y medianas empresas determinadas conforme a lo dispuesto en el artículo sexto de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, se multiplicarán por un factor corrector de 0,7619. 2.  Para la aplicación del factor establecido en el apartado anterior, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 501.2 del Reglamento (UE) N.º 575/2013 del parlamento europeo y del consejo de 26 de junio de 2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) N.º 648/2012.» JUSTIFICACIÓN Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 361 FIRMANTE:

Disposición adicional (nueva) De adición. Se propone añadir una nueva disposición adicional con el siguiente contenido:

cve: BOCG-10-A-52-2

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

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«Disposición adicional decimotercera.  Llevanza electrónica de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. La obligación de llevanza en formato electrónico de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, de conformidad con el artículo 19 de esta Ley, será efectiva en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley.» JUSTIFICACIÓN Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 362 FIRMANTE:

A la disposición final sexta. Apartado 3.º

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

De modificación. Se propone la modificación del apartado 3.º de la disposición final sexta, quedando redactado del siguiente modo: «3.  En el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta norma, el Gobierno aprobará un nuevo Reglamento del Registro Mercantil y la modificación necesaria del Reglamento Hipotecario.» JUSTIFICACIÓN De carácter técnico. Es necesario el desarrollo reglamentario para la implementación de las medidas propuestas.

ENMIENDA NÚM. 363 FIRMANTE:

Disposición final (nueva)

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

De adición. Se propone la adición de una nueva disposición final con el siguiente contenido:

La Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria se modifica en los siguientes términos: Uno.  Se añade un penúltimo párrafo a la exposición de motivos: “Esta Ley también consagra la doctrina del principio de la libertad de circulación dentro de la Unión Europea en materia de venta minorista por parte de los expendedores consagrada en este

cve: BOCG-10-A-52-2

«Disposición final xxx.  Modificación de la ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria.

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caso por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 26 de abril de 2012, dictada en el Asunto C-456/10, y por la Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de noviembre de 2012, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1/59/2007.” Dos.  La letra c) del apartado dos del artículo 1 queda redactada del siguiente modo: “c)  Ser titular de una expendeduría de tabaco y timbre, de una autorización de punto de venta con recargo, o de una expendeduría de tabacos de régimen especial de las previstas en la disposición adicional séptima de la presente ley. Esta limitación no regirá en el caso de introducción en el territorio de aplicación de esta ley por los titulares de expendedurías de tabaco y timbre de labores de tabaco que tengan la condición de mercancías comunitarias según el artículo 4.7 Reglamento (CEE) n.º 2913/1992, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario procedentes de otros Estados de la Unión Europea, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa fiscal aplicable.” Tres.  El apartado tres del artículo 4 queda redactado del siguiente modo: “Tres.  Los expendedores de tabaco y timbre, que habrán de ser necesariamente personas físicas, nacionales de cualquiera de los Estados de la Unión Europea, se configuran como concesionarios del Estado. Los expendedores no podrán estar incursos, ni incurrir, en ninguna de las situaciones previstas en las letras a) y b), del apartado dos, del artículo 1 de esta ley, no podrán ser titulares de otra expendeduría o de un punto de venta con recargo, ni podrán tener vinculación profesional o laboral con cualquiera de los importadores, fabricantes o distribuidores al por mayor del mercado de tabaco, salvo que dicha vinculación finalice antes de la adjudicación definitiva de la expendeduría. No obstante, los titulares de expendedurías de tabaco y timbre podrán mantener una vinculación laboral o profesional con otros operadores mayoristas a los exclusivos efectos de realizar la introducción de labores de tabaco prevista en el artículo 1.Dos.c) de la presente Ley.” Cuatro.  El quinto párrafo del apartado cuatro del artículo 4 queda redactado del siguiente modo: “No podrán solicitar la transmisión ni participar en subastas aquellos titulares de expendedurías que hayan sido sancionados por una infracción muy grave en los últimos cinco años, o dos graves, en los últimos tres años, siempre que sean firmes en vía administrativa.” Cinco.  Se añade un nuevo párrafo final al apartado cuatro del artículo 4: “Asimismo, tampoco podrán solicitar la transmisión aquellos titulares de expendedurías que se encuentren incursos en procedimientos sancionadores en materia de mercado de tabacos hasta su resolución y archivo.» Seis.  En el segundo párrafo del apartado cinco del artículo 4, se suprime el inciso: “o, en su caso, entidad local menor.” Siete.  Se modifica el apartado siete del artículo 4, que queda redactado del siguiente modo:

Ocho.  Se añade un nuevo apartado nueve en el artículo 4, que queda redactado del siguiente modo: “Se prohíbe la venta y suministro de productos de tabaco por cualquier otro método que no sea la venta directa personal o a través de máquinas expendedoras que guarden las condiciones señaladas en el artículo 4 de la ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al

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“Se fija en el 8,5 % sobre el precio de venta al público el margen de los expendedores por sus ventas de labores de tabaco. Dichas labores obligatoriamente habrán de ser adquiridas de alguno de los distribuidores habilitados, cualesquiera que sea el precio o clase de éstas, su origen o el comerciante mayorista que las suministre, sin perjuicio de la posibilidad de introducción directa por los titulares de expendedurías de tabaco y timbre de labores de tabaco prevista en el artículo 1.Dos.c) de la presente ley, para lo que les será de aplicación el régimen general de los operadores mayoristas. No obstante lo anterior, la venta de cigarros, en todo caso, supondrá para el expendedor un margen del 9 %.”

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tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos de tabaco. No obstante, los titulares de expendedurías de tabaco y timbre podrán vender a distancia a personas residentes en otro Estado miembro de la Unión labores de tabaco que tengan la condición de «mercancías comunitarias» según el artículo 4.7 Reglamento (CEE) n.º 2913/1992, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa fiscal aplicable.” Nueve.  Se modifica la letra I) del apartado cuatro del artículo 5: “I)  Ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos en el artículo 7 de esta Ley.” Diez.  Se añaden dos nuevos párrafos al final del apartado diez del artículo 5: “Específicamente, el Comisionado para el Mercado de Tabacos, para poder ejercitar adecuadamente la competencia de supervisión establecida en el apartado cuatro «b» de este artículo, podrá recabar de los expendedores de tabaco y timbre la información desglosada de las ventas diarias de labores de tabaco realizadas a puntos de venta con recargo y a particulares. A tal fin, podrá bien requerir la remisión de la citada información, dando un plazo de diez días para su remisión, bien obtener directamente, en el transcurso de la inspección a las expendedurías, una copia del archivo informático que contenga dicha información actualizada a esa fecha. Esta última previsión sólo afectará a los expendedores que dispongan de medios informáticos. La no remisión de la información requerida en el citado plazo o su no aportación en el momento de la inspección, tendrán la consideración de infracción grave conforme a lo dispuesto en el artículo 7 tres 2 «d» de la presente ley. En tales supuestos, y en caso de existir además desviaciones significativas entre las ventas efectuadas por la expendeduría y las que corresponderían a la normal demanda de la zona, el Comisionado podrá adoptar, en el acuerdo de inicio del correspondiente procedimiento sancionador, la medida de carácter provisional consistente en contingentar el suministro de labores de tabaco, limitando sus compras a la media de las registradas por las expendedurías de la misma localidad en el año anterior, si se tratara de expendedurías generales, o a la media provincial, si se tratara de expendedurías complementarias, al ser estas normalmente únicas en su respectiva localidad.” Once.  Se modifican la letra a) y la letra b) del punto 1 del apartado tres del artículo 7, que quedará redactado del siguiente modo: “a)  El abandono por los expendedores de su actividad, la cesión de la expendeduría en forma ilegal, la aceptación de retribuciones no autorizadas legalmente, la venta a precios distintos de los fijados legalmente, el traslado del lugar de venta sin la debida autorización, el suministro por el expendedor a diez o más puntos de venta con recargo no asignados, así como la comisión de dos o más infracciones graves por el suministro o transporte por el expendedor a un punto de venta con recargo no asignado. b)  La aceptación de retribuciones no autorizadas en los puntos de venta con recargo.” Doce.  Se modifica la letra a) del punto 2 del apartado tres del artículo 7, que quedará redactado del siguiente modo:

Trece.  Se modifica la letra c) del punto 2 del apartado tres del artículo 7, que quedará redactado del siguiente modo: “c)  La ausencia reiterada, en los puntos de venta con recargo, de existencias de las labores más demandadas, la venta a precios distintos de los establecidos en los puntos de venta con

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“a)  El incumplimiento por los expendedores de las obligaciones que en su estatuto concesional hagan referencia a los días y al horario de apertura del establecimiento, a la obligatoriedad de gestión personal directa y de residencia en el lugar, a la tenencia del nivel mínimo de existencias reclamado por el servicio público, la inobservancia de las condiciones de suministro a particulares y de suministro a los puntos de venta con recargo, así como el transporte a un punto de venta con recargo no asignado.”

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recargo, así como la identificación en el exterior del establecimiento en que se encuentre sito el punto de venta mediante logotipos, rótulos o elementos identificativos de fabricantes, marquistas o distribuidores y la publicidad en el exterior del establecimiento de sus marcas o productos.” Catorce.  Se modifica el primer párrafo de la disposición adicional novena, que queda redactado del siguiente modo: “La autoridad judicial o administrativa de todo el territorio nacional a cuya disposición se encuentran las labores de tabaco aprehendidas o decomisadas, en procedimiento de delito o infracción administrativa de contrabando, así como aquéllas que hayan sido objeto de abandono expreso o tácito a favor de la Hacienda Pública, ordenará que sean puestas a disposición del Comisionado para el Mercado de Tabacos a fin de que se proceda a su destrucción. En todo caso, la autoridad correspondiente extenderá la oportuna diligencia haciendo constar en las actuaciones la naturaleza y características de las labores de tabaco puestas a disposición del Comisionado.” Quince.  Se introduce una nueva disposición adicional décima que queda redactada del siguiente modo: “Disposición adicional décima.  Adaptación de los medios informáticos de los expendedores. Los expendedores que dispusiesen de medios informáticos deberán adecuarlos en el plazo de tres meses a partir de 1 de enero de 2014 a lo previsto en el apartado diez del artículo 5 de esta ley en el sentido de crear un archivo específico con la información a que se refiere dicho apartado a disposición inmediata y permanente del Comisionado y sus agentes.” Dieciséis.  El penúltimo párrafo de la disposición transitoria quinta queda redactado de la forma siguiente: “No podrán solicitar la transmisión ni participar en subastas aquellos titulares de expendedurías que hayan sido sancionados por una infracción muy grave en los últimos cinco años, o dos graves en los últimos tres años, siempre que sean firmes en vía administrativa. Asimismo, tampoco podrán solicitar la transmisión aquellos titulares de expendedurías que se encuentren incursos en procedimientos sancionadores en materia de mercado de tabacos hasta su resolución y archivo.” Diecisiete.  El punto 1.b) del anexo de la ley queda redactado de la forma siguiente: “b)  La comprobación del cumplimiento de las condiciones requeridas para la obtención de la autorización de cada punto de venta con recargo de labores de tabaco a que se refiere el artículo 4, cinco, de la ley, así como la revisión de dichas condiciones en las sucesivas renovaciones de la autorización.” Dieciocho.  El punto 4 del anexo de la ley quedará redactado de la siguiente forma: “Las tasas se devengarán, según los casos, en el momento de depositar las instancias para la subasta de concesión de expendedurías, de presentarse la solicitud de autorización o renovación de la actividad de venta con recargo o de dictarse el acto de homologación de las instalaciones.”

La Sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2012, aceptando la declaración y consideraciones de la cuestión prejudicial resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en su sentencia del 26 de abril de 2012, afecta de forma directa a las limitaciones establecidas por la Ley 13/1998, y hace imprescindible la urgente e inaplazable modificación de la norma, en lo que su aplicación supone la limitación de un derecho Así, el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo de Tribunal Supremo obliga a adaptar la regulación de las causas generales de incapacidad para ser operador contenidas en la Ley 13/1998, de 4 de mayo, y los preceptos reglamentarios conexos, de modo que no se inhabilite al titular de una expendeduría de tabaco y timbre para poder introducir labores de tabaco que tengan la condición de

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JUSTIFICACION

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mercancía comunitaria según el artículo 4.7 Reglamento (CEE) n.º 2913/1992, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario procedentes de otros Estados de la Unión Europea, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa fiscal aplicable, con el fin de garantizar el acceso libre de estos productos al mercado nacional. Por otro lado, la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2012 ordena también la nulidad de la proscripción del ejercicio del derecho a transmitir inter-vivos la titularidad de una expendeduría cuando su titular estuviese incurso en un procedimiento sancionador, por entender que el Consejo de Ministros se extralimitó al ejercer la potestad reglamentaria. En este sentido, se procede mediante la modificación del artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, a dar respaldo legal a la imposibilidad para la transmisión de una expendeduría cuando su titular estuviera incurso en un procedimiento sancionador, sin mención a la clasificación de la infracción impuesta ni a la fase procedimental. Finalmente, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2012, se modifica la Ley 13/1998, de 4 de mayo, para especificar que los titulares de expendedurías de tabaco y timbre podrán vender a distancia a personas residentes en otro Estado miembro de la Unión labores de tabaco que tengan la condición de «mercancías comunitarias» según el artículo 4.7 Reglamento (CEE) n.º 2913/1992, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa fiscal aplicable. Adicionalmente, se introducen otras modificaciones que pretenden, reforzar los efectos ejemplificadores del régimen sancionador de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, y corregir otros no deseados, mejorando las facultades de control referidas a la venta y suministro de labores a través de los puntos de venta con recargo y agilizando al mismo tiempo la gestión de las competencias del Organismo.

ENMIENDA NÚM. 364 FIRMANTE:

A la exposición de motivos

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

De adición.

«En lo que se refiere a las disposiciones adicionales, la primera establece el régimen aplicable a las deudas de derecho público de los emprendedores de responsabilidad limitada. Para el cobro de estas deudas, podrá embargarse la vivienda habitual, según el procedimiento especial de embargo previsto en su normativa específica. Se prevé, a través del resto de las disposiciones adicionales, la integración de las ventanillas únicas existentes a nivel estatal en el Punto de Atención al Emprendedor, la colaboración con otros sistemas electrónicos con ocasión de la constitución de sociedades utilizando el Documento Único Electrónico y una serie de disposiciones para la aplicación de la Sección 2.ª del Título V, entre las que destacan la tramitación de las autorizaciones a través del procedimiento único de solicitud de un permiso único y la no aplicación del criterio de la situación nacional de empleo para las autorizaciones reguladas. Asimismo, se reconoce a la «miniempresa» o empresa de estudiantes como herramienta pedagógica, a través de la cual se podrán realizar transacciones económicas y monetarias, emitir facturas y abrir cuentas bancarias. Estas empresas durarían un año, prorrogable a dos, transcurridos los cuales se liquidarían. Los estudiantes podrían, a través de ellas, realizar transacciones reales, sin necesidad de embarcarse en el riesgo que supone crear una empresa real Por último, se regula el régimen de transición para la completa desaparición de determinados índices o tipos de referencia privados de carácter oficial por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente bancario.»

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Se propone añadir el siguiente párrafo a la exposición de motivos:

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JUSTIFICACIÓN Con la entrada en vigor de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios tres índices que tenían carácter oficial dejaron de tenerlo: a) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre, concedidos por las cajas de ahorro en España (IRPH-Cajas); b) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre, concedidos por los bancos en España (IRPH-Bancos), y c) Tipo activo de referencia de las cajas de ahorros (Tipo CECA). Igualmente se previó la desaparición de estos índices en tal forma que dejarán de ser publicados por el Banco de España transcurrido un año de la entrada en vigor de la citada orden y su normativa de desarrollo, siempre que en ese plazo se hubiese establecido el correspondiente régimen de transición para los préstamos afectados. Con la presente ley se regula el proceso de desaparición de los índices de referencia citados y se crea el régimen transitorio al nuevo marco jurídico de tipos oficiales. De este modo, en caso de que los contratos suscritos no previeran un tipo de interés oficial de carácter sustitutivo (o este también hubiese perdido la condición de oficial), los índices desaparecidos se sustituyen por el IRPH del conjunto de entidades de crédito, que sigue siendo oficial, más/menos un diferencial igual a la media de las diferencias entre el tipo que desaparece y este IRPH de entidades.

ENMIENDA NÚM. 365 FIRMANTE:

Disposición adicional (nueva)

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

De adición. Se propone la adición de una nueva disposición adicional con el siguiente contenido: «Disposición adicional X.  Régimen de transición para la desaparición de índices o tipos interés de referencia. 1.  Con efectos desde el 1 de noviembre de 2013 el Banco de España dejará de publicar en su sede electrónica y se producirá la desaparición completa de los siguientes índices oficiales aplicables a los préstamos o créditos hipotecarios de conformidad con la legislación vigente:

2.  Las referencias a los tipos previstos en el apartado anterior serán sustituidas, con efectos desde la siguiente revisión de los tipos aplicables, por el tipo o índice de referencia sustitutivo previsto en el contrato. 3.  En defecto del tipo o índice de referencia previsto en el contrato o en caso de que este fuera alguno de los índices o tipos que desaparecen, la sustitución se realizará por el tipo de interés oficial denominado «tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España», aplicándole un diferencial equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el tipo que desaparece y el citado anteriormente, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en la que efectivamente se produce la sustitución del tipo.

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a)  Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por los bancos. b)  Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las cajas de ahorros. c)  Tipo activo de referencia de las cajas de ahorros.

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La sustitución de los tipos de conformidad con lo previsto en este apartado implicará la novación automática del contrato sin suponer una alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita. 4.  Las partes carecerán de acción para reclamar la modificación, alteración unilateral o extinción del préstamo o crédito como contrapartida de la aplicación de lo dispuesto en esta disposición.» JUSTIFICACIÓN Con la entrada en vigor de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios tres índices que tenían carácter oficial dejaron de tenerlo: a) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las cajas de ahorro en España (IRPH-Cajas); b) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por los bancos en España (IRPH-Bancos), y c) Tipo activo de referencia de las cajas de ahorros (Tipo CECA). Igualmente se previó la desaparición de estos índices en tal forma que dejarán de ser publicados por el Banco de España transcurrido un año de la entrada en vigor de la citada orden y su normativa de desarrollo, siempre que en ese plazo se hubiese establecido el correspondiente régimen de transición para los préstamos afectados. Con la presente ley se regula el proceso de desaparición de los índices de referencia citados y se crea el régimen transitorio al nuevo marco jurídico de tipos oficiales. De este modo, en caso de que los contratos suscritos no previeran un tipo de interés oficial de carácter sustitutivo (o este también hubiese perdido la condición de oficial), los índices desaparecidos se sustituyen por el IRPH del conjunto de entidades de crédito, que sigue siendo oficial, más/menos un diferencial igual a la media de las diferencias entre el tipo que desaparece y este IRPH de entidades.

ENMIENDA NÚM. 366 FIRMANTE:

Al artículo 61. Letra b)

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

De modificación. Se propone la modificación del párrafo segundo del artículo 61.b) «Formas de acreditación de la inversión», de la siguiente forma: «b) … En el caso de que la adquisición de los inmuebles se encontrara en trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad, será suficiente la presentación de una copia autorizada de la escritura pública en que se hubiera instrumentado, así como justificación de que se hubiere realizado o renovado asiento de presentación de la misma en los sesenta días anteriores a la fecha de solicitud y acreditación del pago de los tributos correspondientes.»

La acreditación de la inversión en bienes inmuebles debe efectuarse, como regla general, mediante certificado (o certificados) de dominio del Registro, único título oponible erga homnes en relación con la titularidad de la propiedad. En el supuesto de que la inscripción se estuviera tramitando, se admite la copia autorizada de escritura pública y la solicitud de asiento. En este caso se considera necesario, además, que se acredite haber efectuado la oportuna liquidación de los tributos correspondientes. Esta exigencia viene a garantizar que se han cumplido con las obligaciones tributarias existentes.

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JUSTIFICACIÓN

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De acuerdo con el artículo 59 del proyecto, lo dispuesto en la presente Ley se entenderá sin perjuicio del cumplimiento, por los sujetos obligados de las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y las obligaciones tributarias o de Seguridad Social.

ENMIENDA NÚM. 367 FIRMANTE:

Disposición final (nueva)

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

De adición. Se propone la adición de una nueva disposición final con la siguiente redacción: «Disposición final X.  Modificación del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.» El Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, queda modificado como sigue: Uno.  La letra c) del apartado 5 del artículo 50 queda redactada del siguiente modo: “c)  Los valores y derechos negociados en el Mercado Alternativo Bursátil y en el Mercado Alternativo de Renta Fija.” Dos.  El octavo párrafo del apartado cuatro del artículo 53 queda redactado del siguiente modo: “El conjunto de las acciones y participaciones en una institución de inversión colectiva de inversión libre o en una institución de inversión colectiva de instituciones de inversión colectiva de inversión libre, a las que se refiere el apartado 5.a.2.º del artículo 50 de este reglamento, o de acciones y participaciones en una sociedad o fondo de capital riesgo a las que se refiere el apartado 5.a.3.º del artículo 50 del mismo, no podrán computarse por un importe superior al 5 por 100 del total de las provisiones técnicas a cubrir. La inversión en acciones y participaciones emitidas por una sola de las entidades de capital riesgo y en valores o derechos negociados en el Mercado Alternativo Bursátil o en el Mercado Alternativo de Renta Fija, emitidos por una misma entidad no podrá superar, conjuntamente, el 3% de las provisiones técnicas a cubrir. El citado límite del 3% será de un 6% cuando la inversión en acciones y participaciones emitidas por las entidades de capital riesgo y en valores y derechos negociados en el Mercado Alternativo Bursátil o en el Mercado Alternativo de Renta Fija estén emitidos o avalados por entidades pertenecientes a un mismo grupo.”»

Se modifican los artículos 50 y 53 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, que regulan los bienes y derechos aptos para la inversión de las provisiones técnicas y los límites de diversificación y dispersión, en la redacción que había dado a dichos preceptos el artículo 17 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. La letra c) del artículo 50.5 fue añadida por el artículo 17 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, que modificó también el octavo párrafo del artículo 53.4, haciendo referencia en ambos preceptos a «los valores y derechos negociados en el Mercado Alternativo Bursátil, o en otro sistema multilateral de negociación que se concrete mediante real decreto», referencia que se modifica en la redacción que se

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JUSTIFICACIÓN

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propone, precisando que la referencia a «otro sistema multilateral de negociación que se concrete mediante real decreto» se refiere al Mercado Alternativo de Renta Fija.

ENMIENDA NÚM. 368 FIRMANTE:

Disposición final (nueva)

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

De adición. Adición una nueva disposición final con la siguiente redacción: «Disposición final X2.  Modificación del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. El Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, queda modificado como sigue: Uno.  Se modifica la letra d) del apartado 9 del artículo 70, que queda redactada como sigue: “d)  Los valores y derechos negociados en el Mercado Alternativo Bursátil y en el Mercado Alternativo de Renta Fija.”

“b)  La inversión en valores o instrumentos financieros emitidos por una misma entidad, más los créditos otorgados a ella o avalados o garantizados por la misma, no podrá exceder del 5 por ciento del activo del fondo de pensiones. No obstante, el límite anterior será del 10 por ciento por cada entidad emisora, prestataria o garante, siempre que el fondo no invierta más del 40 por ciento del activo en entidades en las que se supere el 5 por ciento del activo del fondo El fondo podrá invertir en varias empresas de un mismo grupo no pudiendo superar la inversión total en el grupo el 10 por ciento del activo del fondo. Ningún fondo de pensiones podrá tener invertido más del 2 por ciento de su activo en valores o instrumentos financieros no admitidos a cotización en mercados regulados o en valores o instrumentos financieros que, estando admitidos a negociación en mercados regulados no sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal, cuando estén emitidos o avalados por una misma entidad. El límite anterior será de un 4 por ciento para los citados valores o instrumentos financieros cuando estén emitidos o avalados por entidades pertenecientes a un mismo grupo. No obstante lo anterior, la inversión en valores o derechos emitidos por una misma entidad negociados en el Mercado Alternativo Bursátil o en el Mercado Alternativo de Renta Fija, así como la inversión en acciones y participaciones emitidas por una sola entidad de capital riesgo podrá alcanzar el 3 por ciento del activo del fondo de pensiones. El límite anterior del 3 por ciento será de un 6 por ciento para los citados valores u otros instrumentos financieros cuando estén emitidos por entidades pertenecientes a un mismo grupo. No estarán sometidos a los límites previstos en esta letra b) los depósitos en entidades de crédito, sin perjuicio de la aplicación del límite conjunto al que se refiere la letra f) de este artículo.”» JUSTIFICACIÓN Se modifican los artículos 70 y 72 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, que regulan las inversiones aptas de los fondos de pensiones y

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Dos.  La letra b) del artículo 72 queda redactada del siguiente modo:

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los criterios de diversificación, dispersión y congruencia de las inversiones, en la redacción que había dado a dichos preceptos el artículo 18 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. La letra d) del apartado 9 del artículo 70 fue añadida por el artículo 18 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, que modificó también, en el mismo sentido, la letra b) del artículo 72. La modificación que ahora se propone es paralela a la propuesta para los artículos 50 y 53 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y obedece a la misma finalidad.

ENMIENDA NÚM. 369 FIRMANTE:

Disposición final (nueva)

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

De adición. Adición una nueva disposición final con la siguiente redacción: «Disposición final X3.  Modificación de disposiciones reglamentarias. Las modificaciones que, a partir de la entrada en vigor de esta ley, puedan realizarse respecto a las normas reglamentarias que son objeto de modificación por esta ley, podrán efectuarse por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.» JUSTIFICACIÓN

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En la medida que las modificaciones propuestas en las enmiendas X1 y X2 afectan a normas de rango reglamentario, como son el reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, resulta necesaria una disposición como la que se propone en esta enmienda.

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ÍNDICE DE ENMIENDAS AL ARTICULADO —  Enmienda núm. 291, G.P. Socialista, a todo el Proyecto de Ley. Al título del proyecto —  Enmienda núm. 267, G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Exposición de motivos —  Enmienda núm. 364, del G.P. Popular, apartado II. — Enmienda núm. 53, de la Sra. Oramas González-Moro y Sr. Quevedo Iturbe (G.P. Mixto), párrafo último. Título preliminar Artículo 1. —  Sin enmiendas. Artículo 2 —  Enmienda núm. 250, de la Sra. Fernández Davila (G.P. Mixto). —  Enmienda núm. 268, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. —  Enmienda núm. 289, del G.P. Socialista. Artículo 3 —  Enmienda núm. 8, del G.P. Vasco (EAJ-PNV). —  Enmienda núm. 82, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 83, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 251, de la Sra. Fernández Davila (G.P. Mixto). —  Enmienda núm. 269, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. —  Enmienda núm. 290, del G.P. Socialista. Título I Capítulo I Artículo 4 —  Enmienda núm. 252, de la Sra. Fernández Davila (G.P. Mixto). —  Enmienda núm. 62, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto), apartado 1. —  Enmienda núm. 270, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, apartado 1. Artículo 5 —  Enmienda núm. 253, de la Sra. Fernández Davila (G.P. Mixto). Artículo 6

Artículo 6 bis (nuevo) —  Enmienda núm. 49, de la Sra. Oramas González-Moro y Sr. Quevedo Iturbe (G.P. Mixto)

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—  Enmienda núm. 254, de la Sra. Fernández Davila (G.P. Mixto). —  Enmienda núm. 271, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, apartado 2. —  Enmienda núm. 215, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), apartado 3 (nuevo).

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Capítulo II —  Enmienda núm. 291, del G.P. Socialista, a la rúbrica. Artículo 7 —  Enmienda núm. 292, del G.P. Socialista. —  Enmienda núm. 347, del G.P. Popular. Artículo 8 —  Enmienda núm. 293, del G.P. Socialista. —  Enmienda núm. 84, del G.P. Catalán (CiU), apartado 2. —  Enmienda núm. 85, del G.P. Catalán (CiU), apartado 2. Artículo 9 —  Enmienda núm. 294, del G.P. Socialista. —  Enmienda núm. 9, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 1. —  Enmienda núm. 86, del G.P. Catalán (CiU), apartado 1. —  Enmienda núm. 216, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), apartado 1. —  Enmienda núm. 348, del G.P. Popular, apartado 1. —  Enmienda núm. 349, del G.P. Popular, apartado 3. Artículo 10 —  Enmienda núm. 295, del G.P. Socialista. —  Enmienda núm. 10, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 2. —  Enmienda núm. 217, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), apartado 2. —  Enmienda núm. 350, del G.P. Popular, apartado 2. —  Enmienda núm. 11, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 3. —  Enmienda núm. 272, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, apartado 3. Artículo 11 —  Enmienda núm. 296, del G.P. Socialista. —  Enmienda núm. 87, del G.P. Catalán (CiU), apartado 3 —  Enmienda núm. 88, del G.P. Catalán (CiU), apartado 4. —  Enmienda núm. 218, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), apartado 4. Artículo 11 bis (nuevo) —  Enmienda núm. 89, del G.P. Catalán (CiU). Artículo 11 ter (nuevo) —  Enmienda núm. 90, del G.P. Catalán (CiU). Capítulo III —  Enmienda núm. 220, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD),

—  Enmienda núm. 297, del G.P. Socialista, apartado Uno.

cve: BOCG-10-A-52-2

Artículo 12 (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio)

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Capítulo IV Artículo 13 —  Enmienda núm. 12, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartados 1, 3 y 4. —  Enmienda núm. 91, del G.P. Catalán (CiU), apartado 1. —  Enmienda núm. 255, de la Sra. Fernández Davila (G.P. Mixto), apartado 1. —  Enmienda núm. 273, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, apartado 1. —  Enmienda núm. 258, de la Sra. Fernández Davila (G.P. Mixto), apartado 2. —  Enmienda núm. 256, de la Sra. Fernández Davila (G.P. Mixto), apartado 3. —  Enmienda núm. 257, de la Sra. Fernández Davila (G.P. Mixto), apartados 4 y 5. —  Enmienda núm. 92, del G.P. Catalán (CiU), apartado 5. Artículo 14 —  Sin enmiendas. Artículo 15 —  Enmienda núm. 93, del G.P. Catalán (CiU), apartado 5. —  Enmienda núm. 13, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 5 (párrafo nuevo). Artículo 16 —  Sin enmiendas. Artículo 17 —  Sin enmiendas. Artículo 18 —  Sin enmiendas. Artículo 19 —  Enmienda núm. 298, del G.P. Socialista, párrafo primero. —  Enmienda núm. 94, del G.P. Catalán (CiU), párrafo segundo. —  Enmienda núm. 351, del G.P. Popular, párrafo segundo. —  Enmienda núm. 95, del G.P. Catalán (CiU), párrafo nuevo. —  Enmienda núm. 352, del G.P. Popular, párrafo nuevo. Artículo 20 —  Sin enmiendas. Capítulo V

—  Enmienda núm. 226, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). — Enmienda núm. 274, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, apartado Uno (artículo 3, apartado 1). —  Enmienda núm. 353, del G.P. Popular, apartado Dos (artículo 5 bis, apartado 1). — Enmienda núm. 275, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, apartado Dos (artículo 5 bis, apartado 4). —  Enmienda núm. 96, del G.P. Catalán (CiU), apartado Cuatro (artículo 71, apartado 6. 2º). —  Enmienda núm. 227, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), apartados Cinco y Siete. —  Enmienda núm. 97, del G.P. Catalán (CiU), apartado Cinco (artículo 178, apartado 2).

cve: BOCG-10-A-52-2

Artículo 21 (Ley 22/2003, de 9 de julio)

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— Enmienda núm. 276, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, apartado Cinco (artículo 178, apartado 2). —  Enmienda núm. 299, del G.P. Socialista, apartado Cinco (artículo 178, apartado 2). —  Enmienda núm. 300, del G.P. Socialista, apartado Seis (artículo 198, apartado 1, letra c). —  Enmienda núm. 301, del G.P. Socialista, apartado Siete (artículo 231). —  Enmienda núm. 98, del G.P. Catalán (CiU), apartado Siete (artículo 233). —  Enmienda núm. 99, del G.P. Catalán (CiU), apartado Siete (artículo 233). —  Enmienda núm. 302, del G.P. Socialista, apartado Siete (artículo 233, apartado 1). —  Enmienda núm. 303, del G.P. Socialista, apartado Siete (artículo 236, apartado 1). —  Enmienda núm. 354, del G.P. Popular, apartado Siete (artículo 236, apartado 1). —  Enmienda núm. 304, del G.P. Socialista, apartado Siete (artículo 237). —  Enmienda núm. 100, del G.P. Catalán (CiU), apartado Siete (artículo 238, apartado 1). —  Enmienda núm. 101, del G.P. Catalán (CiU), apartado Siete (artículo 240). —  Enmienda núm. 355, del G.P. Popular, apartado Siete (artículo 242, apartado 1) — Enmienda núm. 277, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, apartado Siete (artículo 242, apartado 2, 1ª). — Enmienda núm. 278, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, apartado Siete (artículo 242, apartado 2, 5ª). —  Enmienda núm. 305, del G.P. Socialista, apartado Siete (artículo 242, apartado 2, 1ª). —  Enmienda núm. 14, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado Ocho (D.A. 7ª, apartados 1 y 3). —  Enmienda núm. 102, del G.P. Catalán (CiU), apartado Ocho (D.A. 7ª). —  Enmienda núm. 306, del G.P. Socialista, apartado Ocho (D.A. 7ª). —  Enmienda núm. 307, del G.P. Socialista, apartado Nueve (D.A. 9ª). Artículo 22 —  Enmienda núm. 15, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 1. —  Enmienda núm. 259, de la Sra. Fernández Davila (G.P. Mixto), apartado 1. —  Enmienda núm. 260, de la Sra. Fernández Davila (G.P. Mixto), apartado 1. Título II Artículo 23 (Ley 37/92, de 28 de diciembre) —  Enmienda núm. 103, del G.P. Catalán (CiU), apartado nuevo (artículo 75, apartado 3). —  Enmienda núm. 312, del G.P. Socialista, apartado nuevo (artículo 80, apartado 4, letra a)). —  Enmienda núm. 230, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), apartado nuevo (artículo 115). —  Enmienda núm. 104, del G.P. Catalán (CiU), apartado Dos, (artículo 163 Terdecies). — Enmienda núm. 228, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), apartado Dos, (artículo 163 Terdecies). — Enmienda núm. 229, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), apartado Dos (artículo 163 terdecies). —  Enmienda núm. 308, del G.P. Socialista, apartado Dos (artículo 163 Terdecies). —  Enmienda núm. 309, del G.P. Socialista, apartado Dos (artículo 163 Terdecies). —  Enmienda núm. 105, del G.P. Catalán (CiU), apartado Dos, (artículo 163 Quinquiesdecies). —  Enmienda núm. 310, del G.P. Socialista, apartado Dos (artículo 163 Quinquiesdecies). —  Enmienda núm. 311, del G.P. Socialista, apartado Dos (artículo 163 sexiesdecies).

—  Enmienda núm. 107, del G.P. Catalán (CiU), (artículo 37, apartado 1 y 3). —  Enmienda núm. 108, del G.P. Catalán (CiU), (artículo 37, apartado 1 y 3). —  Enmienda núm. 63, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto), (artículo 37, apartado 1). —  Enmienda núm. 106, del G.P. Catalán (CiU) (artículo 37, apartado 1). —  Enmienda núm. 109, del G.P. Catalán (CiU) (artículo 37, apartado 1). —  Enmienda núm. 313, del G.P. Socialista (artículo 37, apartado 1).

cve: BOCG-10-A-52-2

Artículo 24 (Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo).

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—  Enmienda núm. 110, del G.P. Catalán (CiU) (artículo 37, apartado 4). — Enmienda núm. 50, de la Sra. Oramas González-Moro y Sr. Quevedo Iturbe (G.P. Mixto), (artículo 37, apartado 7). Artículo 25 (Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo) —  Enmienda núm. 111, del G.P. Catalán (CiU), Rúbrica y apartado Uno (artículo 44, apartado 2). —  Enmienda núm. 114, del G.P. Catalán (CiU), Rúbrica. —  Enmienda núm. 112, del G.P. Catalán (CiU), apartado Uno (artículo 44, apartado 2). —  Enmienda núm. 314, del G.P. Socialista, apartado Uno (artículo 44, apartado 2) —  Enmienda núm. 16, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado Dos (artículo 23, apartado 1). —  Enmienda núm. 315, del G.P. Socialista, apartado Dos (artículo 23, apartado 1, letra a). —  Enmienda núm. 113, del G.P. Catalán (CiU), apartado Dos, (artículo 23, apartado 4 y 5). —  Enmienda núm. 17, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado Dos, (artículo 23, apartado 5). —  Enmienda núm. 114, del G.P. Catalán (CiU), apartado Tres, (D.T., 40ª). —  Enmienda núm. 64, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto), apartado Cuatro (nuevo), (artículo 41). —  Enmienda núm. 115, del G.P. Catalán (CiU), apartado Cuatro (nuevo), (artículo 109 bis). —  Enmienda núm. 65, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto), apartado Cinco (nuevo), (D.A. 19ª). Artículo 26 (Ley 35/2006, de 28 de noviembre) —  Enmienda núm. 73, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto), apartado nuevo (artículo 7, letra m)). —  Enmienda núm. 120, del G.P. Catalán (CiU), apartado nuevo, (artículo 7, letra n). —  Enmienda núm. 116, del G.P. Catalán (CiU), apartado nuevo, (artículo 7 letra nueva). —  Enmienda núm. 74, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto), apartado nuevo (artículo 32, apartado 3). —  Enmienda núm. 119, del G.P. Catalán (CiU), apartado nuevo, (artículo 32, apartado 3 (nuevo)). —  Enmienda núm. 66, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto), apartado Dos (artículo 38, a la rúbrica). —  Enmienda núm. 67, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto), apartado Dos (artículo 38, apartado 2). —  Enmienda núm. 316, del G.P. Socialista, apartado Dos (artículo 38, apartado 2, letra b). —  Enmienda núm. 68, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto), apartado Tres (artículo 67, apartado 1). —  Enmienda núm. 117, del G.P. Catalán (CiU), apartado Cuatro (artículo 68, apartado 1, 1º). —  Enmienda núm. 118, del G.P. Catalán (CiU), apartado Cuatro (artículo 68, apartado 1, 1º). — Enmienda núm. 231, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), apartado Cuatro (artículo 68, apartado 1, 1º). —  Enmienda núm. 317, del G.P. Socialista, apartado Cuatro (artículo 68, apartado 1. 1º, párrafo segundo) — Enmienda núm. 70, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto), apartado Cuatro (artículo 68, apartado 1, 1º, párrafo nuevo). —  Enmienda núm. 69, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto), apartado Cuatro (artículo 68, apartado 1, 6º). —  Enmienda núm. 318, del G.P. Socialista, apartado Cinco (artículo 68, apartado 2). —  Enmienda núm. 71, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto), apartado Siete (artículo 70, apartado 1). —  Enmienda núm. 72, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto), apartado Siete (artículo 70, apartado 1 bis). Artículo 26 bis (nuevo) — Enmienda núm. 122, del G.P. Catalán (CiU), (Real Decreto Legislativo 4/2004, artículo 9, apartado (nuevo). Artículo 26 ter (nuevo)

Artículo 26 quater (nuevo) —  Enmienda núm. 123, del G.P. Catalán (CiU), (Real Decreto Legislativo 4/2004, D.A (nueva)).

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—  Enmienda núm. 121, del G.P. Catalán (CiU), (Real Decreto Legislativo 4/2004, artículo 43 bis).

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Artículo 27 —  Enmienda núm. 51, de la Sra. Oramas González-Moro y Sr. Quevedo Iturbe (G.P. Mixto). —  Enmienda núm. 124, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 18, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartados 1 y 2. —  Enmienda núm. 356, del G.P. Popular, apartado 3. Artículo 27 bis (nuevo) —  Enmienda núm. 75, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto) (Ley 45/2002, de 12 de diciembre). Título III Artículo 28 (Ley 22/2003, de 9 de julio) —  Enmienda núm. 125, del G.P. Catalán (CiU), apartado Dos (DA. 4ª). —  Enmienda núm. 126, del G.P. Catalán (CiU), apartado nuevo. Artículo 28 bis (nuevo) —  Enmienda núm. 319, del G.P. Socialista. Artículo 29 (Ley 24/1988, de 28 de julio) —  Sin enmiendas. Artículo 30 (Ley 44/2002, de 22 de noviembre) —  Sin enmiendas. Artículo 31 —  Sin enmiendas. Artículo 31 bis (nuevo) —  Enmienda núm. 279, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Artículo 31 ter (nuevo) —  Enmienda núm. 280, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Artículo 32 (Ley 1/1994, de 11 de marzo) —  Enmienda núm. 19, del G.P. Vasco (EAJ-PNV). —  Enmienda núm. 52, de la Sra. Oramas González-Moro y Sr. Quevedo Iturbe (G.P. Mixto). —  Enmienda núm. 127, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 235, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). —  Enmienda núm. 281, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. —  Enmienda núm. 320, del G.P. Socialista.

—  Enmienda núm. 76, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto) (Ley1/1994, de 11 de marzo).

cve: BOCG-10-A-52-2

Artículo 32 bis (nuevo)

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Título IV Capítulo I Artículo 33 —  Enmienda núm. 321, del G.P. Socialista. —  Enmienda núm. 261, de la Sra. Fernández Davila (G.P. Mixto), apartado 2. Artículo 34 —  Enmienda núm. 55, de la Sra. Oramas González-Moro y Sr. Quevedo Iturbe (G.P. Mixto). —  Enmienda núm. 322, del G.P. Socialista. Artículo 35 — Enmienda núm. 56, de la Sra. Oramas González-Moro y Sr. Quevedo Iturbe (G.P. Mixto), apartado 2, letra a). Artículo 36 (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) —  Enmienda núm. 77, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto). —  Enmienda núm. 282, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. —  Enmienda núm. 323, del G.P. Socialista. —  Enmienda núm. 20, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado Uno (artículo 30.5). —  Enmienda núm. 21, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado Dos (D.A. 17ª). —  Enmienda núm. 22, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 2 (D.A. 17ª). —  Enmienda núm. 128, del G.P. Catalán (CiU), apartado 2 (D.A. 17ª). Artículo 37 (Ley 42/1997, de 14 de noviembre) —  Enmienda núm. 324, del G.P. Socialista (artículo 14, apartado 3). Artículo 38 —  Enmienda núm. 325, del G.P. Socialista. —  Enmienda núm. 23, del G.P. Vasco (EAJ-PNV). —  Enmienda núm. 129, del G.P. Catalán (CiU). Capítulo II Artículo 39 (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) —  Sin enmiendas. Artículo 40 (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) —  Sin enmiendas. Artículo 41 (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre)

Artículo 42 —  Sin enmiendas. Artículo 43 (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) —  Sin enmiendas.

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—  Enmienda núm. 357, del G.P. Popular, apartado Tres (nuevo) (artículo 32, letra d))

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Artículo 44 (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) — Enmienda núm. 283, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, apartado nuevo (artículo 227, apartado 8). — Enmienda núm. 284, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, apartado nuevo (artículo 228, apartado 5). —  Enmienda núm. 24, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado Tres (artículo 228 bis). — Enmienda núm. 57, de la Sra. Oramas González-Moro y Sr. Quevedo Iturbe (G.P. Mixto), apartado Tres (artículo 228 bis). —  Enmienda núm. 130, del G.P. Catalán (CiU), apartado Tres (artículo 228 bis). —  Enmienda núm. 285, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, apartado Tres (artículo 228 bis). —  Enmienda núm. 326, del G.P. Socialista, apartado Tres (artículo 228 bis). Capítulo III Artículo 45 (Código de Comercio de 1885) —  Sin enmiendas. Artículo 46 (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio) —  Sin enmiendas. Título V Sección 1ª Capítulo I —  Enmienda núm. 25, del G.P. Vasco (EAJ-PNV). Artículo 47 —  Enmienda núm. 26, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 2 (párrafo nuevo). —  Enmienda núm. 131, del G.P. Catalán (CiU), apartado 2. —  Enmienda núm. 327, del G.P. Socialista, apartado 2 (párrafo nuevo). Artículo 48 —  Enmienda núm. 132, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 27, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 2. —  Enmienda núm. 328, del G.P. Socialista, apartado 2. —  Enmienda núm. 28, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 4. —  Enmienda núm. 286, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, apartado 4. —  Enmienda núm. 329, del G.P. Socialista, apartado 4. —  Enmienda núm. 330, del G.P. Socialista, apartado 5. —  Enmienda núm. 243, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), apartado 6 (nuevo). Artículo 48 bis (nuevo) —  Enmienda núm. 331, del G.P. Socialista.

—  Enmienda núm. 25, del G.P. Vasco (EAJ-PNV). Artículo 49 —  Enmienda núm. 29, del G.P. Vasco (EAJ-PNV).

cve: BOCG-10-A-52-2

Capítulo II

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—  Enmienda núm. 133, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 244, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). —  Enmienda núm. 134, del G.P. Catalán (CiU), apartado 1 letra c) (nueva) Artículo 50 —  Enmienda núm. 30, del G.P. Vasco (EAJ-PNV). —  Enmienda núm. 135, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 245, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). Artículo 51 —  Enmienda núm. 246, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). —  Enmienda núm. 31, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartados 1 y 3. —  Enmienda núm. 136, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 137, del G.P. Catalán (CiU), apartado 3. Capítulo III Artículo 52 —  Sin enmiendas. Artículo 53 (Ley 66/1997, de 30 de diciembre) —  Enmienda núm. 332, del G.P. Socialista (artículo 114, Uno). Artículo 54 (Ley 11/2010, de 28 de junio) —  Enmienda núm. 333, del G.P. Socialista, apartado Tres (artículo 7) Artículo 55 —  Sin enmiendas. Capítulo IV Artículo 56 —  Enmienda núm. 32, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 1. Artículo 57 —  Enmienda núm. 33, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartados 1 y 3. Sección 2ª (artículos 58 a 73) —  Enmienda núm. 287, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. —  Enmienda núm. 334, del G.P. Socialista. Capítulo I

—  Enmienda núm. 34, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 1. Artículo 59 —  Enmienda núm. 35, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 4. —  Enmienda núm. 36, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 6.

cve: BOCG-10-A-52-2

Artículo 58

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Capítulo II Artículo 60 —  Enmienda núm. 37, del G.P. Vasco (EAJ-PNV). —  Enmienda núm. 138, del G.P. Catalán (CiU), apartado 2, a). —  Enmienda núm. 139, del G.P. Catalán (CiU), apartado 2, b). —  Enmienda núm. 262, de la Sra. Fernández Davila (G.P. Mixto), apartado 2, b). —  Enmienda núm. 140, del G.P. Catalán (CiU), apartado 2, c). Artículo 61 —  Enmienda núm. 37, del G.P. Vasco (EAJ-PNV). —  Enmienda núm. 141, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 142, del G.P. Catalán (CiU), letra b). —  Enmienda núm. 366, del G.P. Popular, letra b) —  Enmienda núm. 143, del G.P. Catalán (CiU), letra c). Artículo 62 —  Enmienda núm. 37, del G.P. Vasco (EAJ-PNV). Artículo 63 —  Enmienda núm. 37, del G.P. Vasco (EAJ-PNV). Artículo 64 —  Enmienda núm. 37, del G.P. Vasco (EAJ-PNV). Capítulo III Artículo 65 —  Sin enmiendas. Artículo 66 —  Enmienda núm. 38, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 2. Artículo 67 —  Enmienda núm. 39, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 1. —  Enmienda núm. 144, del G.P. Catalán (CiU), apartado 1. Capítulo IV Artículo 68

Artículo 69 —  Enmienda núm. 145, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 41, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), párrafo primero.

cve: BOCG-10-A-52-2

—  Enmienda núm. 145, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 40, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 1.

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Capítulo V Artículo 70 —  Sin enmiendas. Artículo 71 —  Sin enmiendas. Capítulo VI Artículo 72 —  Enmienda núm. 42, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 5. Artículo 73 —  Enmienda núm. 146, del G.P. Catalán (CiU), apartado 1, párrafo primero. —  Enmienda núm. 43, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 1, párrafo segundo. Artículo nuevo —  Enmienda núm. 219, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). Título VI (nuevo) —  Enmienda núm. 78, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto). Disposición adicional primera —  Enmienda núm. 147, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 335, del G.P. Socialista. —  Enmienda núm. 44, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 1. Disposición adicional segunda —  Enmienda núm. 45, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 2. —  Enmienda núm. 263, de la Sra. Fernández Davila (G.P. Mixto), apartado 2. —  Enmienda núm. 264, de la Sra. Fernández Davila (G.P. Mixto), apartado 4. Disposición adicional tercera —  Sin enmiendas. Disposición adicional cuarta —  Enmienda núm. 148, del G.P. Catalán (CiU). Disposición adicional quinta

Disposición adicional sexta —  Enmienda núm. 337, del G.P. Socialista.

cve: BOCG-10-A-52-2

—  Enmienda núm. 336, del G.P. Socialista.

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Disposición adicional séptima —  Sin enmiendas. Disposición adicional octava —  Enmienda núm. 358, del G.P. Popular. Disposición adicional novena —  Sin enmiendas. Disposición adicional décima —  Enmienda núm. 359, del G.P. Popular. Disposición adicional undécima —  Sin enmiendas. Disposición adicional duodécima —  Sin enmiendas.

—  Enmienda núm. 46, del G.P. Vasco (EAJ-PNV). —  Enmienda núm. 47, del G.P. Vasco (EAJ-PNV). —  Enmienda núm. 48, del G.P. Vasco (EAJ-PNV). —  Enmienda núm. 58, de la Sra. Oramas González-Moro y Sr. Quevedo Iturbe (G.P. Mixto). —  Enmienda núm. 59, de la Sra. Oramas González-Moro y Sr. Quevedo Iturbe (G.P. Mixto). —  Enmienda núm. 60, de la Sra. Oramas González-Moro y Sr. Quevedo Iturbe (G.P. Mixto). —  Enmienda núm. 79, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto). —  Enmienda núm. 80, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto). —  Enmienda núm. 81, del Sr. Tardà i Coma (G.P. Mixto). —  Enmienda núm. 149, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 150, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 151, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 152, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 153, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 154, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 155, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 156, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 157, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 158, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 159, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 160, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 161, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 162, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 163, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 164, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 165, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 166, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 167, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 168, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 221, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). —  Enmienda núm. 232, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). —  Enmienda núm. 234, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

cve: BOCG-10-A-52-2

Disposiciones adicionales nuevas

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—  Enmienda núm. 236, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). —  Enmienda núm. 237, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). —  Enmienda núm. 238, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). —  Enmienda núm. 239, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). —  Enmienda núm. 240, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). —  Enmienda núm. 241, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). —  Enmienda núm. 242, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). —  Enmienda núm. 247, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). —  Enmienda núm. 248, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). —  Enmienda núm. 265, de la Sra. Fernández Davila (G.P. Mixto). —  Enmienda núm. 266, de la Sra. Fernández Davila (G.P. Mixto). —  Enmienda núm. 288, del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. —  Enmienda núm. 338, del G.P. Socialista. —  Enmienda núm. 339, del G.P. Socialista. —  Enmienda núm. 340, del G.P. Socialista. —  Enmienda núm. 341, del G.P. Socialista. —  Enmienda núm. 342, del G.P. Socialista. —  Enmienda núm. 343, del G.P. Socialista. —  Enmienda núm. 344, del G.P. Socialista. —  Enmienda núm. 360, del G.P. Popular. —  Enmienda núm. 361, del G.P. Popular. —  Enmienda núm. 365, del G.P. Popular. Disposición transitoria única —  Enmienda núm. 169, del G.P. Catalán (CiU). Disposición derogatoria —  Sin enmiendas. Disposición final primera —  Sin enmiendas. Disposición final segunda —  Sin enmiendas. Disposición final tercera (Ley 20/2007, de 11 de julio) —  Enmienda núm. 345, del G.P. Socialista (artículo 10, apartado 5) Disposición final cuarta (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio) —  Sin enmiendas. Disposición final quinta

Disposición final sexta —  Enmienda núm. 362, del G.P. Popular, apartado 3.

cve: BOCG-10-A-52-2

—  Enmienda núm. 61, de la Sra. Oramas González-Moro y Sr. Quevedo Iturbe (G.P. Mixto). —  Enmienda núm. 346, del G.P. Socialista.

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Disposición final séptima —  Sin enmiendas. Disposición final octava —  Enmienda núm. 170, del G.P. Catalán (CiU), letra d). —  Enmienda núm. 54, de la Sra. Oramas González-Moro y Sr. Quevedo Iturbe (G.P. Mixto), letra g). —  Enmienda núm. 171, del G.P. Catalán (CiU), letra g). —  Enmienda núm. 249, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), letra g).

— Enmienda núm. 213, del G.P. Catalán (CiU) (Ley 13/1982, de 7 de abril y Ley 43/2006, de 29 de diciembre) —  Enmienda núm. 174, del G.P. Catalán (CiU) (Ley 37/1992, de 28 de diciembre) —  Enmienda núm. 190, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio) —  Enmienda núm. 191, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio) —  Enmienda núm. 363, del G.P. Popular (Ley 13/1998, de 4 de mayo) —  Enmienda núm. 367, del G.P. Popular (R.D. 2486/1998, de 20 de noviembre) —  Enmienda núm. 186, del G.P. Catalán (CiU) (Ley 3/8/2003, de 17 de noviembre) —  Enmienda núm. 368, del G.P. Popular (R.D. 304/2004, de 20 de febrero) —  Enmienda núm. 175, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Legislativo 4/2004 de 5 de marzo) —  Enmienda núm. 178, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Legislativo 4/2004 de 5 de marzo) — Enmienda núm. 233, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) (R.D. Legislativo 4/2004 de 5 de marzo) —  Enmienda núm. 172, del G.P. Catalán (CiU) (Ley 3/2004, de 29 de diciembre) —  Enmienda núm. 173, del G.P. Catalán (CiU) (Ley 3/2004, de 29 de diciembre) —  Enmienda núm. 189, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. 1369/2006, de 24 de noviembre) — Enmienda núm. 214, del G.P. Catalán (CiU) (Ley 35/2006, de 28 de noviembre) (R.D. Ley 20/2011, de 30 de diciembre y R.D. Ley 20/2012, de 13 de julio) —  Enmienda núm. 210, del G.P. Catalán (CiU) (Ley 7/2007, de 12 de abril) —  Enmienda núm. 211, del G.P. Catalán (CiU) (Ley 7/2007, de 12 de abril) —  Enmienda núm. 212, del G.P. Catalán (CiU) (Ley 7/2007, de 12 de abril) —  Enmienda núm. 176, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de julio) —  Enmienda núm. 177, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de julio) —  Enmienda núm. 185, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) —  Enmienda núm. 187, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) —  Enmienda núm. 188, del G.P. Catalán (CiU) (Ley 17/2012, de 27 de diciembre) —  Enmienda núm. 180, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 181, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 182, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 183, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 184, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 192, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 193, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 194, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 195, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 196, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 197, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 198, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 199, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 200, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 201, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 202, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 203, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero)

cve: BOCG-10-A-52-2

Disposiciones finales nuevas

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4/2013, de 22 de 4/2013, de 22 de 4/2013, de 22 de 4/2013, de 22 de

cve: BOCG-10-A-52-2

—  Enmienda núm. 204, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 205, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 206, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 207, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 208, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) —  Enmienda núm. 209, del G.P. Catalán (CiU) (R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero) — Enmienda núm. 222, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) (R.D. Ley febrero) — Enmienda núm. 223, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) (R.D. Ley febrero) — Enmienda núm. 224, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) (R.D. Ley febrero) — Enmienda núm. 225, del G.P. de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) (R.D. Ley febrero) —  Enmienda núm. 179, del G.P. Catalán (CiU). —  Enmienda núm. 369, del G.P. Popular.

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