Informe de Gestión 2015 AUTORIDADES Dr. Julio César Alak Ministro de Justicia y Derechos Humanos Dr. Alejandro Julián Álvarez Secretario de Justicia Dr. Nicolás Soler Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios Dr. Emiliano Blanco Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal Inspector General Claudio E. Barberá Subdirector Nacional Inspector General Pedro E. Amargán Director General del Cuerpo Penitenciario Inspector General José María Ferezín Director General de Régimen Correccional Inspector General Carlos A. Eced Director General de Administración Inspector General Sabino O. Guaymas Director Principal de Trato y Tratamiento

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Contenido > Introducción

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Pág. 13 > Capítulo 1: Reducción de la reincidencia, desistimiento del delito y protección pública

> Capítulo 2: Infraestructura y medidas contra la sobrepoblación

Pág. 53

> Capítulo 3: Gerenciamiento, administración y reforma normativa

Pág. 63

> Capítulo 4: Benchmarking aplicado a la gestión de calidad en el ámbito penitenciario

Pág. 91

> Capítulo 5: Investigaciones criminológicas y docencia

Pág. 99

> Capítulo 6: Mecanismos para prevenir, detectar y sancionar la corrupción

Pág. 107

> Capítulo 7: Emprendimientos en materia de gestión del riesgo de desastres y promoción ambiental

Pág. 115

> Capítulo 8: Acciones destinadas a la formación y capacitación del personal penitenciario

Pág. 123

> Capítulo 9: Métodos de gestión y promoción del bienestar de los recursos humanos

Pág. 131

> Capítulo 10: Programa para mejorar la imagen y la comunicación institucional

Pág. 145

> Cuadros estadísticos

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Introducción

Es un placer para mí poder presentar el Informe Anual 2015. Ha sido un año difícil, de arduo trabajo y de desafíos serios e impostergables. Creo que los resultados han sido positivos y nos comprometen a seguir trabajando para lograr un Emiliano Blanco

servicio público de calidad, con la mirada puesta en generar incidencia positiva en la reducción de

la reincidencia, desistimiento del delito y protección pública. Los principales desafíos que atravesamos pueden sintetizarse en: • Fuerte incremento de la tasa de encarcelamiento llegando a su récord histórico. • Incremento de la tasa de privados de su libertad bajo el instituto de prisión preventiva, llegando al nivel más alto de los últimos 10 años. • Altos niveles de conflictividad y violencia en establecimientos penitenciarios. • Inadecuados instrumentos administrativos objetivos y de medición. • Condiciones salariales y laborales del personal penitenciario sin la adecuada previsibilidad y seguridad jurídica. El proceso de solución de estos desafíos fueron abordados como elementos fundamentales y preexistentes para poder establecer un amplio programa de fortalecimiento, modernización y reforma organizacional y de las políticas penitenciarias.

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Consideraciones sobre los desafíos de gestión En primer lugar, se destinaron especiales esfuerzos a dar solución a los signos de sobrepoblación (puntualmente en la zona metropolitana) y se establecieron mecanismos inmediatos para asegurar, de acuerdo a los estándares de la materia, las condiciones de alojamiento dentro de la órbita del Servicio Penitenciario Federal. Se implementaron, entonces, mecanismos tendientes a aumentar los espacios de alojamiento disponible y al realojamiento de internos para maximizar la utilización de plazas disponibles. Por su parte, se generaron herramientas útiles para la gestión y se evaluaron las instalaciones destinadas al alojamiento de internos. En efecto, se crearon instrumentos de monitoreo, que permitieron —y lo harán de manera permanente— efectuar un seguimiento porcentual y estadístico que refleja la ratio entre plazas y población penal, según el criterio de alojamiento, a fin de controlar los índices de población penal y la real capacidad operativa utilizable. Respecto a las condiciones laborales del personal penitenciario, se creó una comisión de trabajo para impulsar la aprobación de una nueva estructura que privilegió la seguridad y la estabilidad salarial. Se lograron, así, mayores niveles de equidad salarial para el personal penitenciario, alcanzando guarismos fuertemente competitivos con otros empleos. En consecuencia, se estableció un programa de acción tendiente a mejorar las condiciones de prestación de los servicios y bienestar del personal, al tiempo que se realizó un estudio destinado a optimizar los recursos

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humanos, para lo cual se trabajó sobre tres ejes: la relación de personal considerando escalafón y función, la cantidad de personal ideal en relación con las características de cada uno de los lugares de alojamiento, y las ratios de personal por establecimiento. Como eje transversal se realizaron numerosas acciones, en todos los niveles, tendientes a mejorar la formación del personal. Se modificaron los programas de estudio de la academia de estudios superiores, incorporándose profesores con alta formación y de ámbitos ajenos al Servicio Penitenciario Federal. Asimismo, se realizaron numerosas conferencias y jornadas con personas de gran prestigio internacional en la materia, sea desde una perspectiva académica como también de gestión penitenciaria propiamente dicha. En paralelo, se trabajó en el mejoramiento de la gestión administrativa. Se constituyeron equipos de trabajo, articulando conocimientos teóricos y empíricos, para redactar protocolos, modificar normas operativas, reglamentaciones y, también, generar un digesto jurídico, jurisprudencial y doctrinario, todos específicamente orientados a la actividad penitenciaria. Esto permitió dotar de mayor objetividad y uniformidad al sistema y redujo los niveles de arbitrariedad y garantizó la uniformidad y la celeridad en la actuación de la administración penitenciaria. La objetividad, a su vez, implica un recurso a la toma de decisiones a partir de información objetiva, certera y confiable. Se puso gran énfasis en la obtención y procesamiento estadística de datos e información.

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En materia de gestión financiera, se tomaron medidas exitosas para revertir el balance negativo que se evidenciaba en el corte administrativo de comienzo de 2014, y se invirtió sostenidamente en el mantenimiento; reparación de instalaciones y refacción y construcción de lugares de alojamiento; en la incorporación de tecnología en términos de seguridad estática e infraestructura, y en proyectos de innovación tecnológica. Por su parte, se incorporaron estudios y medidas para descentralizar el presupuesto en relación con determinados gastos en cada establecimiento penitenciario y poder avanzar hacia un modelo de gerenciamiento basado en el benchmarking y estándares de calidad – precio – eficiencia. También se trabajó en la prevención genérica de la corrupción. A través del Servicio de Prevención de Corrupción, se desarrolló el Plan de Prevención de la Corrupción, mapa de riesgos en establecimientos penitenciarios y jornadas de capacitación con especialistas internacionales y nacionales. En relación a los desafíos concernientes a la alta tasa de internos procesados y altos niveles de conflictividad y violencia, se puso en marcha una reforma integral del sistema, bajo la mirada de criminología aplicada, ponderando criterios objetivos de clasificación inicial, distribución y categorización, para la asignación correcta de alojamiento e inclusión a programas específicos de tratamiento, respetando el principio de normalidad y garantizando el pleno ejercicio de derechos y obligaciones. Respecto de las medidas de aseguramiento y seguridad, se mejoraron los

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sistemas de seguridad estática y se incorporaron medidas tecnológicas de soporte. A su vez, se trabajó en la instauración de mecanismos de seguridad dinámica y análisis y manejo de la información, lo que conllevó a la reducción en la tasa de evasiones y fugas. Consideraciones sobre la visión y propósitos de gestión Tal como mencionáramos en los parágrafos que anteceden, las metas fundamentales de toda administración de prisiones radica en: la protección pública, el desistimiento del delito y la reducción de la reincidencia. En este sentido, se inquirió sobre qué tipo de intervenciones fueron probadas como las más efectivas a los fines de la reducción de la reincidencia o bien, en el desistimiento de la criminalidad. Para ello, se analizaron los postulados de la perspectiva criminológica conocida como What Works y se indicaron los requisitos básicos de un sistema para efectivizar la implementación de estrategias y políticas que concurran en la eficaz gestión de la criminalidad —a través de objetivos claros, simples y posibles—, utilizando estructuras uniformes de las sentencias y consecuentemente, diseñando servicios de intervención completa, destinados a reducir los niveles de violencia y conflictividad como así también, las tasas de reincidencia. La filosofía, las técnicas y los modelos propuestos por el What Works se ajustaron a la aplicación en el medio penitenciario, para adoptar tras los ajustes necesarios, su metodología como fuente inspiradora del trabajo en el Servicio Penitenciario Federal.

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Sabemos que las personas privadas de su libertad se enfrentan a múltiples y complejos problemas –entendidos como causas– que a su vez, están fuertemente interconectados. Dichos factores o causas, deben ser abordados por programas de tratamiento y concebidos en los planes de tratamiento individual. La aparición de nuevas formas de criminalidad, el surgimiento de delitos transnacionales, el avance del narcotráfico, la situación social y cultural cambiantes, y las patologías y personalidades siempre complejas de muchos de los alojados, requieren que la mirada sobre los problemas propios de la criminalidad permitan admitir la incidencia de influencias pluricausales. Como se expone a continuación, se concibió un programa destinado a alcanzar los principios de la rehabilitación eficaz a partir de la ponderación del modelo conocido como RNR (análisis y evaluación del riesgo, necesidad y responsividad) de Donald Andrews y James Bonta (The Psychology of Criminal Conduct, 2006). En esta lógica, es fundamental generar una sólida recopilación de evidencia a partir de estudios e investigaciones propias, por lo que se inició un trabajo con el Instituto de Criminología, como así también, intercambio con las administraciones penitenciarias de otros países y universidades nacionales e internacionales. Por último, las acciones aquí descriptas se realizaron sin descuidar las labores cotidianas del Servicio, lo que da testimonio del profesionalismo, compromiso y esfuerzo del personal penitenciario, a quienes felicito e invito a seguir trabajando con renovado empeño y en esta misma dirección.

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Confío que el año entrante continúe disminuyendo la violencia y la conflictividad, se eviten las fugas y evasiones, se brinde un completo servicio de intervenciones y tratamientos para mejorar la vida de las personas privadas de la libertad y se pueda lograr su adecuada reincorporación al medio libre. Emiliano Blanco Director Nacional Servicio Penitenciario Federal

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Capítulo 1 Reducción de la reincidencia, desistimiento del delito y protección pública

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Reducción de la reincidencia, desistimiento del delito y protección pública

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Capítulo 1

1.1. Marco general para el diseño y ejecución de programas de tratamiento Se aprobó un marco general de contenido para todos los programas destinados a la población penal. En este sentido, se distinguieron, por un lado, a los que versen sobre régimen penitenciario, que tienen la finalidad de garantizar el orden y la seguridad de las personas que acceden a un establecimiento con el fin de disminuir los riesgos en la vida y la salud –obligatorios por Ley–, y por el otro, a los de carácter tratamental destinados a disminuir la reincidencia, promover el desistimiento del delito y atender a la seguridad pública. El documento, además, establece los principios rectores que se respetarán para que –sin perjuicio de que en cada zona los funcionarios puedan adecuar los contenidos a sus necesidades y características de los alojados–, todos los programas estén regidos por el mismo espíritu, coherencia técnica y científica. Asimismo, se persigue darle un significado único a la lógica criminológica empleada en el medio penitenciario y para quienes laboran en actividades criminológicas. Como recomienda la Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes

de Naciones Unidas, distintos factores intervienen para alcanzar el desistimiento delictivo, desde la adquisición de destrezas para desempeñarse laboralmente en el medio libre, hasta incorporar rutinas y tener la perseverancia de cumplirlas o procesar las consecuencias de actos de confrontación y medir los probables efectos, mejorar el umbral de tolerancia a la frustración, evitar situaciones que lo acerquen al delito, entre otros. Los programas basados en la teoría del desistimiento ponen énfasis en el cambio a largo plazo por sobre el control a corto plazo, reconociendo que es improbable que ese progreso sea directo o contínuo. Se concentran en apoyar a los internos para que estos se vean a sí mismos de una manera nueva y positiva, y con perspectivas y expectativas de futuro. Este enfoque, asume que la reintegración social exitosa de una persona que ha sido condenada, es posible si se da una combinación de motivación, y capital humano y social. Al decir de la guía propuesta por Naciones Unidas, capital humano se refiere a la capacidad del individuo para efectuar cambios y alcanzar metas, en tanto que, capital social, se asocia con las posibilidades de inserción laboral y con una familia que lo apoya u otras relaciones personales.

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Consideraciones generales Los programas están destinados a atender cuestiones de régimen1 o de tratamiento penitenciario2. Los primeros son obligatorios y los siguientes tienen carácter voluntario. En todos los casos incentivan la activa participación de los destinatarios. Todo programa debe enunciar tanto los objetivos generales como los específicos que persigue. Como regla general, los tratamentales deben propender a que los receptores desistan del delito, eviten la reincidencia, adquieran habilidades sociales y herramientas aptas para la competencia social y la coexistencia humana. Por otra parte, debe establecer las formas de evaluación, los tiempos en que se podrán realizar correcciones y se podrá validar empíricamente, y los métodos que se emplearán para que tengan consistencia científica. Considerando el carácter interdisciplinario del tratamiento penitenciario y el carácter científico de la criminología, 1 Régimen penitenciario: es el conjunto de principios de conducción mínimos y exigibles para mantener la seguridad, el orden, preservar la vida y la salud propia y de terceros y las normas para alcanzar objetivos educativos, culturales, sociales, disciplinarios, sanitarios, comunicacionales, laborales y de convivencia dentro de la vida intramuros. 2 Tratamiento penitenciario: es la aplicación programada e individual de asistencias e intervenciones profesionales interdisciplinarias que, voluntaria y consentidamente recibe un interno, destinado a que adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, desistir del delito, evitar la recaída, la reincidencia y adquirir competencia social para alcanzar la coexistencia humana.

todo informe y dictamen profesional debe contener fundamentación objetiva, rigor probado de la competencia del especialista y basarse en cuestiones manifiestas, evidentes, objetivas y desplazar todas aquellas observaciones intuitivas. Para evitar imprecisiones, cuando se empleen términos cuya interpretación pueda llegar a ocasionar dudas, es necesario que se agregue un glosario con definiciones claras. El diseño y ejecución de los programas para promover el desistimiento delictivo y la disminución de la reincidencia, se realizarán con el empleo de instrumentos de criminología aplicada, metódica y científicamente justificados, bajo la base de estudios empíricos e interdisciplinarios, buscando el cumplimiento de objetivos claros, técnicamente sencillos, simples y posibles. Debe enunciar el lugar físico en que se aplicará, así como todos los recursos materiales y humanos, describiendo los perfiles y especialidades de los integrantes del equipo actuante. La descripción deberá referirse a los aspectos cuantitativos y cualitativos y planteará las funciones y responsabilidades que corresponderá a cada funcionario. También deberá acompañar un análisis sobre los costos que insumirá.

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Capítulo 1

Pueden ser transversales3 y/o especiales4. Los programas destinados a que los alojados cumplan con la carga de respetar los aspectos del régimen son obligatorios por ley, transversales y tienen como punto de partida un módulo cognitivo conductual básico de pocas sesiones, y apuntan a que se disminuyan los riesgos para sí, para terceros y faciliten la convivencia de todas las partes. Los programas especiales deberán describir claramente el perfil de los destinatarios, los objetivos preventivos que persiguen, las normas que los beneficiarios deberán cumplir para permanecer y las condiciones de exclusión una vez que fueron incorporados. En todos los casos, los internos deberán ser notificados y consentir las reglas a las que serán sometidos. Muy especialmente se tienen que enunciar las formas en que se han de determinar los avances o retrocesos en el régimen y la evolución de cada destinatario. En razón a que la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660, establece que deberá procurarse la adecuada reinserción social 3 Los programas de aplicación transversal están dirigidos a todas las personas privadas de la libertad, sin distinción de situaciones diferenciales específicas, más que las necesarias a criterio de las autoridades del establecimiento. 4 Son programas especiales los que están dirigidos a atender personas con problemáticas propias de quienes cometieron delitos específicos o de mayor riesgo comunitario. Toda vez que se proponga un programa especial deberá indicarse y justificarse hacia quién está dirigido, los requisitos que deberá cumplir y el proceso de selección que se seguirá para el ingreso al programa.

de las personas privadas de la libertad, resulta esencial que los tratamientos se realicen acudiendo a metodologías prosociales5 y transmitir formas de capital humano, cultural, social y material. Los programas tratamentales deben dirigirse a que los internos destinatarios adquieran un repertorio adecuado de habilidades socio-cognitivas necesarias para la competencia social6. En el ámbito penitenciario, se pretende que los internos adquieran las herramientas para la competencia social7. Además, deben tender a enseñarle al interno cómo pensar, pero no qué pensar, de forma tal que puedan recapacitar lo que han de hacer y lo que no. Además propiciarán a crear la habilidad para pensar de modo claro, lo que obtiene como resultado una prevención de la disfunción. Por otra parte, deberán generar en los internos habilidades para que puedan crear un pensamiento alternativo y la capacidad para desarrollar diferentes soluciones para un problema determinado. 5 Apoyo social - tecnicas prosociales: el apoyo social es el proceso de transmitir varias formas de capital humano, cultural, social y material. Puede ofrecerse en relaciones cercanas pero también puede ser una propiedad (cultural o estructural) de instituciones sociales. 6 Es sabido que un funcionamiento cognitivo inadecuado es un factor que contribuye al delito, pues lo hace más vulnerable a las influencias criminógenas y de riesgo. 7 Competencia social: conjunto de recursos cognitivos para poder desempeñarse en actividades laborales, convivir y respetar al grupo al se integre y coexistir humamente y normativamente en el medio social.

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También la capacidad de pensar en las consecuencias de los comportamientos o cursos de acción. Los programas deberán tener una aplicación oportuna, posible, pertinente y ser conducentes a un objetivo prefijado (principio de planificación del tratamiento). La intervención temprana evita que las conductas no deseadas en el medio donde se produzcan se conviertan en perdurables o ante la falta de reprobación y aceptación, se perciban por el autor como aceptables y generen su reconfirmación.

Principios rectores de los programas Todo programa deberá regirse, indefectiblemente, por los siguientes principios: a) Voluntad b) Información c) Individualidad y programación d) Prospectiva e) Riesgo8 f) Necesidad8 g) Responsividad8 h) Normalidad 8 Andrews, Donald, y Bonta, James, “Rehabilitating criminal justice policy and practice”, Psychology, Public Policy, and Law, Los principios de riesgo, de necesidad y de responsividad corresponden a programas de cuarta generación.

a) Principio de voluntad: el tratamiento penitenciario tiene el carácter de voluntario9, es decir que siempre requerirá del consentimiento informado del destinatario. Sólo son obligatorias las cargas relacionadas con el régimen penitenciario por indicarlo la ley. b) Principio de información: todo interno debe ser informado adecuadamente sobre los programas de los que podrá participar para su beneficio y podrá negarse sin que ello traiga aparejadas consecuencias. c) Principio de individualidad y programación: el tratamiento deberá ser individual y acorde a las necesidades de cada persona tratada. Sin perjuicio de ello, podrán implementarse programas grupales. Además, toda intervención asistencial e interdisciplinaria que tenga por finalidad cumplir con el artículo 1° de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad deberá ser planificada. La programación del tratamiento, evita que en forma discrecional, pueda decidirse acerca del destino del penado toda vez que –por vía administrativa–, se pudieran tomar medidas que lo afectan (traslados de establecimientos, cambios de los lugares de alojamiento, etc.). De ahí en más, la vida del interno deberá ser acorde a lo que surja de los informes 9 Artículo 5° Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

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Capítulo 1

criminológicos y a las decisiones que tomen los organismos colegiados coherentes con los estudios científicos. d) Principio de prospectiva: todo programa de tratamiento en el medio penitenciario deberá tener un carácter prospectivo, es decir que deberá realizarse pensando en el momento en el que el destinatario recuperará su libertad. Por lo tanto, considerando la planificación del tratamiento y su individualidad, deberán preverse todas las situaciones que podrían derivarse de las influencias conjugadas y armónicas al momento de la libertad. Al respecto, deberá tenerse en cuenta la importancia de una intervención temprana10. e) Principio de riesgo: el principio del riesgo se compone de dos premisas: 1. La primera es que el comportamiento delictivo puede predecirse. La intervención que se realiza sobre determinado infractor de ley debe ser acorde con el nivel de riesgo que presente. La predicción del comportamiento delictivo se construye a través de la utilización de instrumentos actuariales de medición de riesgo de reincidencia. Estos instrumentos parten de la base de 10 Intervención temprana: evita que las conductas no deseadas en el medio en donde se produzcan se conviertan en perdurables o ante la falta de reprobación y aceptación se perciban por el autor como aceptables y generen la reconfirmación de ellas.

la existencia de factores de riesgo, conductas, comportamientos o situaciones específicas de la vida del evaluado que aumentan la probabilidad de que –en un futuro cercano–, vaya a reincidir en la comisión de delitos. Por lo anterior, el resultado de la evolución no es binaria (riesgoso/no riesgoso), sino que probabilística11 (bajo riesgo, riesgo medio, alto riesgo). Cabe mencionar que este proceso por el cual se evalúa el riesgo de reincidencia de un determinado individuo, no sólo permite clasificar al interno según su nivel de riesgo, sino que entrega información clave para individualizar qué factores en la vida del sujeto se encuentran asociados a su carrera delictiva. Así, conociendo qué factores impactan en él, se puede construir una intervención específica para el privado de la libertad, orientada a reducir estos factores de riesgo, de manera que –una vez que el individuo vuelva al medio libre–, no incurra en conductas de riesgo que lo lleven a cometer nuevos delitos. 2. El segundo aspecto del principio de riesgo, establece que aquellos infracto11 El uso de estos instrumentos es una novedad, pues se pasó de sistemas de predicciones basadas en el juicio subjetivo del psicólogo o psiquiatra, a instrumentos actuariales que objetivan o estandarizan la evaluación al establecer un parámetro común respecto de todos los evaluados: El sujeto en cuestión tiene o no tiene factores de riesgo. Además, los factores de riesgo no son escogidos al azar, sino que se logran establecer luego, a través de investigaciones, detectándose si existe una relación causal con algunas conductas delictivas

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res de la ley que, al ser evaluados, arrojan un nivel bajo de riesgo de reincidencia no se ven favorecidos por intervenciones de este tipo. De hecho, al contrario, la intervención de este tipo de cohorte, incluso puede llegar a ser perjudicial. Este hallazgo no sólo permite racionalizar los recursos respecto de aquellos sujetos que requieren de un mayor control, sino que también refuerza la antigua noción de que la sanción penal debiera adaptarse al sujeto, y no ser una reacción estandarizada. A través de los estudios, se generaron resultados y posiciones de avance entre las distintas generaciones y se fueron esbozando los siguientes postulados12. • Cuando los infractores de bajo riesgo son colocados en intervenciones más intensas, es probable que estén expuestos a infractores de elevado riesgo de reincidencia, y se sabe que los pares son un factor de riesgo importante13. • Por definición, los infractores de bajo riesgo son más pro-sociales, y cuando son colocados en un programa muy estructurado y restrictivo, se afectan los factores que los hacen tener un menor riesgo. 12 Parte de la explicación de este hallazgo es atribuida a Lowenkamp y Latessa (2004). En la década del 70 Odonell también realiza notables aportes. 13 Este principio da fundamento a los sistemas de primera generación.

• Actualmente se atienden aspectos referidos a la victimización, vulnerabilidad, ansiedad, autoestima, problemas de habilidades de crianza y situaciones médicas específicas. • Otra explicación es el rendimiento intelectual y la madurez del individuo. Según Donald Andrews y James Bonta, rara vez se evalúan esos factores de disposición a responder cuando se forman los grupos de tratamiento. Además podría ocurrir que los infractores de bajo riesgo queden a merced de infractores de alto riesgo más sofisticados. • Finalmente, cuando un individuo con bajo riesgo de reincidencia es colocado en un programa intensivo, en el que se relaciona con pares con mayor riesgo de reincidencia, el sujeto refuerza la percepción de ser un delincuente lo que impacta en su identidad. f) Principio de necesidad: está relacionado con los que Andrews y Bonta denominan necesidades criminógenas. De acuerdo a estos autores todas las personas, infractoras como no infractoras, poseen ciertas necesidades o carencias. Por ejemplo, algunos infractores de la ley con alto riesgo de reincidencia pue-

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Capítulo 1

den necesitar encontrar un lugar donde vivir luego de haber cumplido su condena, o bien pueden tener baja autoestima, jaquecas crónicas o cavidades en sus dientes. El modelo RNR (riesgo-necesidad-responsividad) plantea la necesidad de identificar cuáles de estas carencias son criminógenas y cuáles no. En otras palabras, si el objetivo de la intervención es reducir la reincidencia de los infractores de la ley, entonces, la intervención debe determinar cuáles de las carencias del sujeto evaluado tienen una relación directa con su historial delictivo, o bien incidan en situaciones de riesgo que puedan derivar en la comisión de nuevos delitos. Esta aproximación introduce una nueva dinámica a la hora de construir programas de intervención: por un lado reconfigura el papel de la intervención penal buscando la utilización eficiente de los recursos, y por ende, impactando en aquellas concepciones asistencialistas de la intervención rehabilitadora. No sólo busca la obtención de resultados, sino que además acota los resultados a los objetivos de reducción del riesgo de reincidencia y, por lo mismo, busca una nueva legitimidad para la rehabilitación. Por otra parte, también evita que las intervenciones se ocupen de ciertas carencias que –si bien son relevantes

desde el punto de vista de asistencia social–, al no tener relación con el riesgo de reincidencia, no incidan en resultados visibles, y revivan los viejos temores y críticas de la sociedad en contra de las intervenciones. Además de atender a aquellas necesidades no criminológicas. g) Principio de responsividad: se refiere al hecho de que las intervenciones de aprendizaje social, son las formas más efectivas de enseñar nuevos comportamientos a las personas, con independencia del tipo de comportamiento. Las estrategias de aprendizaje cognitivo social operan de acuerdo a dos principios, uno de carácter general y otro más especifico. El primero dice que “el programa de intervención debe ser entregado en un estilo y modo que sea consistente con las habilidades y los estilos de aprendizaje del infractor”. También llamado principio de la estructura pretende influenciar la dirección del cambio hacia las actitudes y comportamientos pro-sociales a través del modelaje, refuerzo y resolución de problemas, entre otros14. 14 Socialización: es el proceso prolongado a lo largo de toda la vida, mediante el cual los seres humanos reciben los hábitos, valores y actitudes necesarios para vivir de manera activa e integrada en la sociedad. Desde que se nace hasta que se muere es se producen procesos de socialización. Se comienza a socializar un bebé cuando ya desde los primeros días de su vida, se le enseña a respetar una serie de horarios de alimentación y también una persona mayor ha de socializarse o resocializarse para aprender a vivir de una manera diferente tras jubilarse de su empleo o mudarse o cambiar su medio de vida, etc. En el medio penitenciario, el proceso de socialización puede realizarse a través de técnicas cognitivo conductuales o por medio del cumplimiento de metodologías que apelen al cumplimiento del régimen, entre otras.

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Por lo anterior expuesto, para Andrews y Bonta las mejores herramientas provienen de las aproximaciones cognitivas-conductuales y del aprendizaje cognoscitivo social. En términos sencillos, este principio apunta a que la intervención no puede ser entregada de una forma idéntica para todos los grupos de infractores. Es más, cuando se trata a distintos tipos de infractores no sólo se analiza el nivel de riesgo, sino la edad, el sexo, la etnia y las discapacidades sociocognitivas. Asimismo, la reducción de conductas de riesgo de ciertos tipos de delitos va a requerir necesariamente intervenciones diferentes. En lo que se refiere al aspecto específico, aparece el principio de la relación que trata de establecer una alianza de trabajo cálida, respetuosa y colaboradora con el receptor del tratamiento, siguiendo la línea del principio general, se ocupa de resaltar la importancia de identificar los estilos de personalidad y cognición del sujeto que recibe la intervención. Es decir, que esta suerte de adaptabilidad que sugiere el principio de responsividad –o disposición a responder– no sólo opera a la hora de construir la intervención, sino que también

debe ser un elemento a considerar a la hora de entregarlo a una persona específica. De esta forma, se rescata la individualidad de cada uno de los infractores de la ley que reciben una intervención y busca entregar un servicio que realmente los respete como personas. Como conclusión, se puede afirmar que la evaluación de riesgos, implica conocer la probabilidad relativa de un ofensor a la reincidencia y que el principio sugiere que el tratamiento específico debe hacer mayor hincapié en los ofensores de mediano y alto riesgo, y no en los ofensores de bajo riesgo. Además, requiere que se evalúen las características positivas en la vida de los ofensores –habilidades, fortalezas y recursos sociales–, los que deben ser incluidos en una evaluación global del riesgo de reincidencia. Es probable que los individuos tengan muchas necesidades de tratamiento, pero no todas esas necesidades están asociadas con el comportamiento infractor. La investigación ha reconocido 8 factores centrales de riesgo/necesidad (necesidades criminógenas):

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Capítulo 1

Principales factores de riesgo - necesidad 1. Historial del comportamiento antisocial.

Metas de la intervención

Indicadores Problemáticas en la etapa de prevención primaria, conductas antigregarias.

Abordaje sobre la franja de compensación. Motivación a través de programas prosociales. Construcción de habilidades para el manejo de sí mismo, enseñar habilidades de manejo de la ira.

2. Pauta de personalidad antisocial.

Impulsividad, búsqueda de placer en acciones riesgosas, agresividad e irritación.

3. Actitudes pro-criminales.

Racionalizaciones para la comisión de delitos, actitudes negativas hacia la ley.

Contrarrestar las racionalizaciones con actitudes pro-sociales y construcción de una identidad pro social.

4. Apoyo social para el delito.

Amigos criminales, aislamiento de personas pro -sociales.

5. Abuso de sustancias.

Consumo de drogas y/ abuso de alcohol drogas.

Reemplazo de los amigos criminales y asociados por amigos pro -sociales y asociados. Reducir el consumo abusivo de alcohol y fomentar alternativas al consumo de drogas.

6. Relaciones y circunstancias familiares.

Monitoreo y estrategias de disciplina inapropiadas de los padres y relación familiar débil.

Enseñar habilidades parentales, fomentar el vínculo y el cuidado de otros.

7. Educación y trabajo.

Desempeño bajo, bajos niveles de satisfacción.

Fomentar las habilidades para el trabajo o el estudio, y de las relaciones interpersonales dentro del contexto del trabajo y de la escuela

8. Actividades recreativas pro sociales

Ausencia de participación en actividades recreativas o de ocio pro-sociales

Desarrrollar la participación en actividades recreativas pro sociales, enseñar pasatiempos y deportes pro -sociales

Necesidades no criminógenas

Indicadores

Autoestima y victimización.

Sentimientos débiles de autoestima y autovalía.

Ansiedades y tensión personal.

Ansiedad, sentirse deprimido.

Trastorno mental mayor.

Esquizofrenia, trastorno bipolar.

Problemas médicos específicos.

Aspectos de salud.

Inhabilidades de crianza.

Conflictos parentales, evidencia de maltrato, abusos y violencia intrafamiliar.

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h) Principio de normalidad: está vinculado al cumplimiento regular de los derechos y al principio de legalidad, deben respetarse todos aquellos reconocidos por la Constitución Nacional, las leyes y reglamentaciones. Se trata del cumplimiento de los derechos en los mismos términos y con los mismos alcances que corresponden a cualquier ciudadano.

1.2. Consideraciones para la aplicación del modelo riesgo-necesidadresponsividad (RNR) La evaluación del riesgo es una parte central de todo tratamiento penitenciario. Existen diversas situaciones donde esto ocurre. Por caso, cada vez que en el ingreso de un interno o en el transcurso del tratamiento, se decide un alojamiento, o un juez solicita un informe con motivo de la evaluación previa a una eventual concesión de salidas transitorias o libertad asistida. Además, cuando se actualizan informes criminológicos o cuando se decide respecto de las medidas de seguridad que se aplican en determinado pabellón, entre otros motivos, interviene una evaluación del riesgo de infracciones o ilícitos, ya sea intramuros como extramuros. El nivel de precisión de dicha evaluación –de fundamental importancia– condiciona cuán adecuada y acertada es la decisión que se toma.

Existen diversas modalidades de evaluación del riesgo divididos en dos grupos que reciben los nombres de clínica y de actuarial. La predicción o estimación clínica es aquella empleada antiguamente y que se basa meramente en el criterio que decida adoptar el profesional interviniente de manera inestructurada, ya sea, un técnico penitenciario, psicólogo, criminólogo, médico forense, etc. En contraste, los métodos o técnicas actuariales, se basan en el análisis estructurado con criterios explícitos y definidos, mediante indicadores objetivos y operacionalizados, enfatizando el registro continuado e histórico de los sucesos relevantes para evaluar la adecuación y precisión de los enunciados sostenidos, revisando críticamente los criterios usados. Asimismo, la técnica clínico-actuarial está regida por los principios actuariales y se combina con la técnica clínica en aquellos aspectos de la evaluación respecto de los cuales no se disponen criterios o procedimientos actuariales. La importancia del método actuarial (y del clínico-actuarial) se desprende de que implica un mayor nivel de confiabilidad respecto de los métodos clínicos. En 1994, Andrews y Bonta cambiaron las siguientes denominaciones: métodos de primera generación a métodos clínicos, y métodos de segunda, tercera

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y cuarta generación a clínicos actuariales, de acuerdo a la incorporación de escalas de riesgo (segunda generación), las de necesidades (tercera) y la gestión del caso (cuarta). La característica clave del enfoque clínico es que las razones para las decisiones son subjetivas, a veces intuitivas, y guiadas por sentimientos instintivos, pero que no están validadas empíricamente. Es inherente al método actuarial la permanente evaluación de sus resultados y su ajuste basado en los resultados empíricos registrados en el tiempo.

dinámicos (áreas susceptibles de intervención especializada). La prevención de la reincidencia requiere intervenciones efectivas basadas en la comprensión de los factores que representan un riesgo para los ofensores y les dificultan el éxito de su reintegro social. Conforme lo dicho, algunos factores de riesgo son dinámicos, en el sentido de que son dóciles al cambio, mientras que otros factores de riesgo no lo son. Las variables estáticas utilizadas, corresponden a: • La edad actual.

1.2.1. Factores de riesgos estáticos y dinámicos

• La edad en la primera condena.

Los documentos internacionales concuerdan que la prevención de la reincidencia y el desistimiento del delito requieren para su logro de minuciosos estudios sobre los factores generadores de nuevas conductas delictivas o de actitudes que paulatinamente aproximen al sujeto a ingresar nuevamente en la vida criminal.

• El número de condenas anteriores de prisión.

Estos estudios se basan en la evaluación específica de necesidades criminógenas en base a la aplicación de instrumentos técnicos que distinguen entre factores estáticos (elementos predictores de reincidencia) y factores

• El número total de condenas previas.

• La naturaleza y la gravedad de los delitos. • El tiempo total alojado en la cárcel. Las puntuaciones de riesgo, evaluadas sobre la base de variables estáticas, correlaciona altamente la reincidencia posterior y un nuevo encarcelamiento. Una ventaja evidente de la utilización de los tipos de las variables mencionadas es que la evaluación del riesgo se automatizó. La información sobre nivel de riesgo individual de los infractores pena25

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les, brinda una utilidad práctica para el manejo interno en la toma de decisiones, ya que a partir de su implementación:

LSI) fue el ejemplo de evaluación del riesgo dinámico, a pesar de que incorpora tanto variables estáticas y dinámicas.

• Guía las decisiones sobre libertades anticipadas (condicional o asistida) y bajo qué condiciones.

Las variables dinámicas son:

• Permite focalizar los recursos hacia los más propensos a reincidir y, por el contrario, evita el desperdicio de recursos en aquellas personas que probablemente no volverían a delinquir.

• Consumo de alcohol y drogas

• Mejora la validez de la información relativa a los resultados de la eficacia de los programas y servicios. Es decir, proporcionando tasas de referencia respecto de la reincidencia.

• Ausencia pro-social de ocio o de actividades de recreación.

Existen otros factores dinámicos, relacionados a la situación personal del ofensor que también pueden ser considerados. Son dinámicos porque pueden cambiar en el tiempo, pero no la historia criminal. Por ejemplo, un ofensor puede ser abusador de sustancias, o conseguir o perder un empleo. Se considera más dificultoso medir a los factores dinámicos que a las variables de historia criminal porque la información debe ser compilada de diferentes fuentes y, frecuentemente, requieren interpretación y nunca han sido recopiladas de manera uniforme. La herramienta canadiense Level of Supervision Inventory (más conocida como

• Actitud antisocial u orientación • Compañías antisociales

• Problemas financieros • Dificultades familiares o matrimoniales • Problemas de vivienda

A partir de la revisión de LSI, conocido como LSI-R fue posible identificar los objetivos de cambio que pueden ser abordados con el fin de reducir el riesgo, algo que las medidas actuariales no hacen. Sin embargo, la desventaja es que las evaluaciones que utilizan esta herramienta requieren análisis individualizados de los ofensores, que implican un mayor costo y tiempo. Los factores dinámicos pueden ser subdivididos de diferentes maneras. Una división se relaciona a los factores de necesidad social y tiene que ver con las circunstancias del ofensor, tales como el alojamiento y finanzas, mientras que los factores personales incluyen temas emocionales y cognitivos. Una segunda división se refiere a la posibilidad de cambios

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del factor: esto produce un rango desde los factores dinámicos estables, los que poseen poca posibilidad de cambio a los factores dinámicos agudos, que pueden cambiar rápidamente. Una complicación de la terminología es que algunos factores sociales y personales –tales como vivencias en la niñez de bajo coeficiente intelectual–, son lógicamente o prácticamente imposibles de modificar, con un origen en el pasado de la constitución mental y física del infractor penal esto debe ser referido a los factores estáticos. En la práctica penitenciaria cuando se habla del surgimiento del modelo de riesgo, en realidad se está refiriendo a la aparición de una serie de intervenciones que se basan en el modelo de intervención creado y desarrollado por los psicólogos canadienses Donald Andrews y James Bonta durante en los años 80: el modelo de Riesgo, Necesidad y Responsividad (Risk-Need-Responsivity) antes mencionado. Los principios teóricos subyacentes a los tratamientos basados en riesgo, necesidad y responsividad sostienen que los infractores no incorporaron pautas de socialización adecuadas y por lo tanto carecen de valores, actitudes, errores de razonamiento y habilidades sociales, las que pueden ser enseñadas a través de programas específicos.

Lo relevante del trabajo de Andrews y Bonta se encuentra en lo que ellos denominaron como principios de intervención efectiva, los que no se restringen únicamente a los principios de Riesgo, Necesidad y Responsividad, que le dan su nombre, pues apuntaban a la elaboración de un modelo que pudiera entregar al infractor de ley un servicio humano. Conforme lo dicho, lo central del modelo se encuentra en los principios de Riesgo, Necesidad y Responsividad (RNR), que en palabras de sus propios autores significan15. “1. Principio de Riesgo: destinar servicios de intervención intensiva a los infractores de ley con alto riesgo de reincidir, disminuir las intervenciones a aquellos que se evalúe como de bajo riesgo. 2. Principio de Necesidad: enfocar el tratamiento a las necesidades criminógenas del individuo. 3. Principio de Responsividad: proveer el tratamiento en un estilo y forma que responda a los estilos y habilidades de aprendizaje del infractor de ley.” Que el modelo se haya centrado en estos tres principios tiene diversas consecuencias. Por caso, la referencia al principio del riesgo lleva implícita una 15 Andrews, Donald, y Bonta, James, “Rehabilitating criminal justice policy and practice”, Psychology, Public Policy, and Law, vol. 16, Nº 1 (2010), pág. 44.

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opción metodológica que en su tiempo era novedosa: el abandono de modelos clínicos de predicción y la incorporación de instrumentos actuariales que tuvieran una base teórica psicológica. En este sentido, ya no sólo existen instrumentos generales para evaluar el riesgo de reincidencia, sino que estos instrumentos se han especializado según la naturaleza del tipo de reincidencia que se desea evaluar.

1.3. Clasificación inicial y evaluación de riesgo Con la finalidad de disminuir los índices de violencia en los establecimientos penitenciarios, diseñar políticas efectivas para reducir la reincidencia, promover el desistimiento del delito y mejorar la seguridad pública, durante 2014 se tomó la decisión de poner en ejecución programas e instrumentos de criminología aplicada, a los efectos de brindar respuestas eficaces y eficientes en materia penitenciaria. Para ello, se efectuó un análisis de los postulados de la perspectiva criminológica conocida como What Works, considerando los requisitos básicos que ha de tener un sistema para efectivizar la implementación de estrategias y políticas que coadyuven a una eficaz gestión

de la criminalidad, a través de objetivos claros, simples y posibles. La filosofía, las técnicas y los modelos propuestos por el What Works se ajustaron a las características del medio penitenciario local, para adoptar su metodología como fuente inspiradora del trabajo que se realiza en el Servicio Penitenciario Federal. El equipo interdisciplinario que diseñó la encuesta realizada bajo técnicas clínico actuariales, continuó profundizando su intervención bajo las directivas del instituto de criminología y junto a funcionarios penitenciarios avanzaron en la toma de entrevistas y creación de una base de datos que permitiera sistematizar la información para su posterior análisis. Además, los internos entrevistados, fueron clasificados de acuerdo al riesgo para sí, para terceros y para la seguridad pública. Este trabajo, comenzó con una toma de muestras de 30 casos en octubre de 2014, lo que permitió establecer la correlación entre los tres niveles de riesgo y determinar que sobre un protocolo de más de 80 ítems, el riesgo de suicidio se correlaciona estrechamente con 15 de los datos, el de conflictividad con 34, y el de riesgo de fuga con 37. El área técnica informática de la institu-

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ción, por su parte, procesó los formularios y generó tablas con ponderaciones y la forma de cálculo de cada indicador. Al mes de enero de 2015, se cargaron casi 3.500 entrevistas, lo que permitió contar con una masa crítica para continuar el trabajo. Los aportes realizados por los economistas y econometristas, permitieron ampliar las competencias, saberes y acciones del Instituto de Criminología, y alcanzar resultados técnicos propios de las ciencias duras. El trabajo de los especialistas que conformaron el equipo interdisciplinario, laboró para identificar aquellos casos que realmente presentan riesgos de fuga, de suicidio y de conflictividad alta. Para ello debieron definir los casos que se destacaron del promedio y analizar los gráficos que se diseñaron con todas las cifras que arrojaron las entrevistas. Luego se hizo un análisis minucioso y objetivo y se realizaron pruebas para validar la información. Los profesionales no persiguieron conocer un indicador que marcara que la gran mayoría presenta riesgos de suicidio; sino saber cuáles eran los casos que más riesgo presentaban. Para estimar los valores límites y definir la presencia de un riesgo, decidie-

ron recurrir al promedio y al indicador de dispersión (medida de cuán alejados del promedio están los valores) más común: el desvío estándar. La propuesta fue establecer una gradación de riesgos, siempre para cada indicador, diferenciando aquellos internos que: • Presentan un riesgo bajo: aquellos que tienen un valor del indicador entre el promedio y el promedio más una vez el desvío estándar. • Presentan un riesgo medio: aquellos que tienen un valor del indicador entre el promedio más una vez el desvío estándar y el promedio más dos veces el desvío estándar. • Presentan un riesgo alto: aquellos que tienen un valor del indicador entre el promedio más dos veces el desvío estándar y el promedio más tres veces el desvío estándar. • Presentan un riesgo muy alto: aquellos que tienen un valor del indicador mayor al promedio más tres veces el desvío estándar. • Presentan un riesgo muy bajo: aquellos que tienen un valor del indicador menor al promedio. Además se generó un trabajo para diseñar el proceso de construcción de un indicador de reincidencia (dentro 29

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del mismo espíritu y metodología utilizados para la construcción de los indicadores de riesgo de suicidio, riesgo de fuga y conflictividad) que permita medir el potencial riesgo de reincidencia de cada interno. Los datos utilizados para la construcción del indicador provinieron del mismo formulario utilizado para los restantes indicadores. Para ello se tomó una de las preguntas del formulario como punto de partida: “Procesos o condenas previas siendo mayor”. A partir del universo de casi 3.500 formularios que se completaron se distinguieron dos grupos de internos: aquellos que sí presentaban condena previa (que se denominó r) y aquellos que no lo hacían (que se denominó p). Luego se observó el comportamiento de las demás variables en estos dos grupos. Se analizó el promedio de las respuestas de uno y otro grupo y su distribución. Posteriormente, mediante procedimientos estadísticos estándar se ordenaron las variables según su discrepancia relativa. Esto es, se definieron qué variables eran absolutamente distintas entre los dos grupos. Lo que es lo mismo que decir: qué hace distinto a un r de un p. A septiembre de 2015, se llevan analizados más de 5.500 casos, lo que permitió naturalizar el empleo de protocolos y estandarizar el empleo de bases de datos,

técnicas de entrevistas y obtención de información a través de métodos clínicos actuariales. Además, se realizan las entrevistas pertinentes y conducentes para establecer los niveles de riesgos a partir del ingreso en cualquiera de las alcaidías en forma regular, para que los directores y equipos técnicos de los establecimientos a los que sean destinados los encausados, cuenten con una información que los orienten para darles una asistencia oportuna para el hipotético caso que se evidencien riesgos de suicidio, de conflicto y de fuga. Los estudios y el consejo de la doctrina especializada proponen la adopción de previsiones durante las primeras 48 horas, pues son las reconocidas como críticas. Asimismo, se capacitaron y se entrenaron a profesionales para trabajar en el programa de clasificación inicial de riesgo para promover y ampliar su empleo en todos los establecimientos. La ponderación de la información permitió avanzar en las etapas de riesgo-necesidad y responsividad y concretar la categorización.

1.4. Categorización y distribución La Dirección Nacional ha resuelto utilizar –a través del empleo de instrumentos de criminología aplicada–, programas específicos tendientes a realizar la clasificación inicial por riesgo de las personas

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que ingresan a las alcaidías del Servicio Penitenciario Federal. A través de ellos se evaluaron los niveles de riesgo para sí, para terceros y para la sociedad que presentan los internos que por orden judicial ingresan al sistema.

Del análisis del texto, no queda duda de que cobra importancia la aplicación de métodos y técnicas programáticas que permitan clasificar e identificar distintas categorías para el alojamiento de los internos.

En consonancia con las recomendaciones de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela, tratadas por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en el 24º período de sesiones Viena, 18 a 22 de mayo de 2015, tema 6 del provisional –Utilización y aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal–, y particularmente acorde a la regla 93 que dice:

Para ello se implementaron modalidades de evaluación de carácter objetivo, para lo cual se tuvo en cuenta que podían responder al modelo clínico o al actuarial. En el clínico, la predicción o estimación se basa meramente en el criterio que decida adoptar el profesional interviniente de manera inestructurada, ya sea un técnico penitenciario, un psicólogo, un criminólogo, un médico forense, entre otros.

b) Dividir a los reclusos en categorías, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su reeducación.

En el actuarial, los métodos o técnicas se basan en el análisis estructurado con criterios explícitos y definidos, mediante indicadores objetivos y operacionalizados, poniendo énfasis en el registro continuado e histórico de los sucesos relevantes para evaluar la adecuación y precisión de los enunciados sostenidos y revisando críticamente los criterios usados.

II. En la medida de lo posible, se dispondrá de establecimientos penitenciarios separados, o de pabellones separados dentro de un mismo establecimiento, para las distintas categorías de reclusos”.

Asimismo, la técnica clínico-actuarial es la que se rige por los principios actuariales y se combina con la técnica clínica en aquellos aspectos de la evaluación respecto de los cuales no se disponen criterios o procedimientos actuariales.

I. “Los fines de la clasificación serán: a) Separar a los reclusos que, por su pasado delictivo o su mala disposición, pudieran ejercer una influencia nociva sobre sus compañeros de prisión.

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La importancia del método actuarial (y del clínico-actuarial) se desprende de que implica un mayor nivel de confiabilidad respecto de los métodos clínicos. Es sabido que los documentos internacionales concuerdan que la prevención de la reincidencia y el desistimiento requieren para su logro de minuciosos estudios sobre los factores generadores de riesgo que atentan para disminuir nuevas conductas delictivas o de actitudes que paulatinamente aproximen al sujeto a ingresar nuevamente en la vida criminal. Formulada la clasificación, corresponde realizar la categorización, es decir la agrupación en base a criterios perfilados de antemano. Para ello, se dictó un protocolo que prevé destinar la Unidad V del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza como establecimiento de ingreso, clasificación, categorización y distribución por riesgo inicial, en donde el Centro de Evaluación realizará dentro del plazo de 15 días hábiles desde el ingreso de cada interno el dictámen único integral por el cual se asesora al director del Complejo sobre el lugar de alojamiento y las pautas del régimen aplicable al caso.

1.4. Programas específicos 1.4.1. Tratamiento para ofensores sexuales El programa para ofensores sexuales, se impulsa en el marco de las estrategias y lineamientos que responden al desarrollo de programas específicos integrados al tratamiento individual de las personas privadas de la libertad. En este sentido, se propone un modelo de intervención psicosocial desde un enfoque cognitivo conductual que asista en términos de tratamiento a los agresores sexuales a fin de que modifiquen las conductas delictivas, con miras a reducir los índices de reincidencia. El programa fue desarrollado siguiendo los lineamientos que se encuadran en el marco general para el diseño y ejecución de programas de tratamiento que indica: “Los programas deberán tener una aplicación oportuna, posible, pertinente y ser conducentes a un objetivo prefijado”. Es oportuno, en virtud de la temporalidad y la situación procesal de los sujetos; es posible en tanto que es viable su aplicación, y es pertinente ya que está orientado a una problemática particular. Los principios básicos de la ejecución de la pena privativa de la libertad establecen que tiene por meta lograr que la per-

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sona en instancias de su cumplimiento, adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley obteniendo una posterior reinserción social. Los ofensores sexuales constituyen un reto importante para la criminología aplicada, debido a la complejidad de factores de riesgo que confluyen en ellos. Presentan carencias de tres tipos diferentes, aunque interrelacionadas, en su comportamiento y preferencias sexuales, en su conducta social más amplia y en sus cogniciones. Por eso, este programa prevé estas dificultades específicas en su diseño y aplicación. El término agresor sexual o, más precisamente ofensor sexual, describe una categoría legal de delincuentes más que una categoría psicológica de sujetos, ya que no presentan una personalidad uniforme sino heterogénea. Durante el tiempo de aplicación del programa, se imparten talleres de sensibilización con el fin de abordar temáticas y contenidos considerados imprescindibles para este tipo de condenados, por lo que resulta de suma importancia la participación activa de las personas privadas de la libertad, como así también, de determinadas condiciones personales facilitadoras de la propuesta. A saber: capacidad del individuo de entablar relaciones afectivas, disponer de ciertas

habilidades verbales y de comunicación interpersonal, capacidad para aprender de la experiencia y controlar su propia conducta. El presente programa está dirigido a todas las personas con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual y tiene una duración aproximada de 30 meses, que se desarrolla en tres etapas: 1. Se encuentra integrada por talleres de sensibilización de la conducta con temáticas orientadas al aprendizaje social. Esto quiere decir, por reglas y pautas básicas al ingreso a los establecimientos Penitenciarios Federales, como talleres de habilidades sociales y comunicativas de valoración de la vida y conciencia, de género e integridad sexual. 2. Al finalizar los talleres de la primera etapa y, como proceso de transición hacia la tercera, se realizará un taller de control de la ira desde un enfoque cognitivo conductual. 3. La última etapa, consta del tratamiento cognitivo conductual específico, cuya finalidad es la de modificar las conductas y pensamientos desadaptativos que incitan al sujeto a cometer hechos ilícitos para construir nuevos patrones de pensamiento.

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1.4.2. Prevención y reducción de la violencia La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la violencia como: “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. La misma institución clasifica los actos violentos determinando categorías que dependen de quién ha cometido el acto, quién es la víctima y a qué tipo de violencia ha sido sometida. A saber: 1. Violencia dirigida contra uno mismo: incluye actos autos lesivos y conductas suicidas que comprenden desde el pensamiento de quitarse la vida, hasta la consumación del acto, pasando por la búsqueda de medios para llevarlo a cabo y la tentativa de lograrlo. 2. Violencia interpersonal: se subdivide en otras dos: a) Violencia intrafamiliar o de pareja: se produce entre miembros de una familia o pareja, e incluye formas de violencia tales como el maltrato a los niños, maltrato conyugal y maltrato a los ancianos. b) Violencia comunitaria: es la que ocurre entre individuos no relacionados (fa-

miliar ni conyugalmente), se conozcan o no. Esta categoría involucra la violencia juvenil, los actos violentos azarosos, las violaciones y agresiones sexuales por parte de extraños y la violencia en establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, prisiones, hospitales y residencias de ancianos. 3. Violencia colectiva: se refiere a episodios que involucran el uso de la violencia por personas que se identifican como pertenecientes a un grupo frente a otro conjunto de individuos, como medio para conseguir objetivos políticos, económicos o sociales. Ejemplos de esta categoría son los conflictos armados entre estados o dentro de un mismo estado, genocidio, represión y otras violaciones de los derechos humanos, terrorismo y crimen organizado. Con el fin de prevenir y reducir los niveles de violencia en el Servicio Penitenciario Federal, se ordenó el diseño de un programa específico que cumpla con las recomendaciones y estándares internacionales. El programa aplica el principio de normalidad, genera capacidades en el personal con el objetivo de que gestionen las situaciones de violencia de forma adecuada; impulsa la detección de riesgos y necesidades de la población penal, y persigue que los alojados adquieran he-

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rramientas para mejorar su calidad de vida y generarles hábitos, rutinas y responsabilidades. El programa se aplica en 3 etapas calendarizadas. En la primera se elaboró un diagnóstico mediante la indagación de causas y consecuencias asociadas a la violencia; se delinearon y calificaron los problemas; se jerarquizaron los objetivos y se comenzaron a ejecutar acciones para abordar los problemas altos y muy altos. La segunda –que se extiende por dos años y comenzó en 2015– consiste en el diseño e implementación de la política de abordaje específico de riesgos de los internos que presentan evidencias de conflictividad calificadas como muy alta, alta y media. La tercera se desarrollará durante 2016 y 2017, años en los que se desplegarán acciones para quienes hayan sido considerados con riesgo bajo o muy bajo y evaluarán las acciones y los programas aplicados. También se creó de una base de incidentes en la que se registraron y digitalizaron las situaciones de violencia para obtener un historial con detalles sobre el personal, los internos y los terceros involucrados. Esta información, debidamente analizada, facilitó la toma de de-

cisiones para prevenir nuevos conflictos, determinar la frecuencia de los episodios y los motivos que los suscitaron.

1.4.3. Programa específico de identidad de género A partir de la Ley de Identidad de Género N° 26.743 y a fin de asegurar la protección y la no discriminación de las personas trans alojadas en el Servicio Penitenciario Federal, se elaboró el reglamento aplicable a las internas trans y gays, con el fin de establecer pautas claras para una convivencia armónica de las internas alojadas y de estas con el personal penitenciario. Estipula que el personal penitenciario deberá conducirse con profesionalismo, en concordancia con las normas vigentes y un especial respeto por la condición de vulnerabilidad manifiesta de este colectivo de internas, ejerciendo una influencia positiva. Además, impulsa la implementación de programas de asistencia psico-física integrales que, por sobre todo, atiendan a la promoción de la salud y el bienestar y a la prevención de enfermedades. El objetivo es mejorar la calidad de vida intramuros de las internas trans, asegurando un acompañamiento terapéutico 35

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integral que brinde el espacio acorde para la reflexión y el trabajo reeducativo. Asimismo, se pretende poner el foco en la detección temprana, el tratamiento de las patologías somatopsíquicas propias de este grupo y el acompañamiento terapéutico acorde al caso.

1.5. Estudio sobre mujeres privadas de la libertad bajo la mirada del género La Dirección Nacional dispuso la realización de un estudio integral de la población femenina para evaluar las condiciones de vida y el cumplimiento de las recomendaciones internacionales, en las Reglas de Bangkok. El abordaje abarca una investigación sobre la historia, la evolución y las particularidades de cada uno de los establecimientos que alojan internas, para concluir con un análisis de las características de las mujeres privadas de la libertad en el Servicio Penitenciario Federal. Las conclusiones preliminares del informe dan a conocer que, al 31 de julio de 2015, la población penal femenina alojada en los 4 establecimientos era de 721, cifra que representa el 6,9% del total general de alojados en el ámbito federal. De ese universo de mujeres privadas de

la libertad, 440 (el 61,03%) son nacionales y 281 (el 38,97%) son extranjeras. En esta última categoría, se registra una prevalencia del 75% (221 mujeres) que pertenecen a países limítrofes. En lo que respecta a la categorización por edad, el 3% (24) son jóvenes adultas y el 97% (697) son adultas. En este sentido, el rango etario más prevalente se ubica entre los 30 y los 49 años, que representan el 54% (386) del total de detenidas. En lo que hace a la situación legal de las detenidas, el 65% (471) son procesadas y el 35% (250) son condenadas. El delito más frecuente es la infracción a la Ley de Estupefacientes Nº 23.737, por el cual el 58% (415) de las mujeres se encuentran privadas de su libertad. La capacidad operativa utilizable para albergar al colectivo de género es de 888 plazas, con una ocupación del 80,67%, al 30 de septiembre de 2015. Del total de las alojadas que se encuentran cursando los niveles formales de educación el 1% (5) lo hace en alfabetización; el 59% (283) el primario; el 3% (153) el secundario, y el 8% (39) el universitario. En lo que refiere a la educación no formal se encuentran asistiendo a estudios de formación profesional el 65% (455) de internas, en tanto que los talleres productivos emplean al 81,83% (590) de las alojadas.

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En materia de salud, se registra que un 38% del total (274 mujeres) padecen enfermedades crónicas. Las patologías más prevalentes son las cardiovasculares que afectan al 37% (101) y las metabólicas al 30% (82), y reciben tratamiento farmacológico el 30% (213) de las internas. En lo relativo a la problemática del consumo de estupefacientes y adicciones el 15% (110) se encuentra atravesada por los dispositivos del Programa de Asistencia Grupal para Adictos (AGA) y del correspondiente al Centro de Rehabilitación para Drogodependientes (CRD). En lo que hace a la evaluación de los riesgos de conflictividad, fuga y suicidio registrados son bajos, en los muestreos llevados adelante en septiembre de 2015. En las relaciones de las detenidas con su núcleo familiar se observaron indicadores serios de vulnerabilidad toda vez que más del 50% de las encuestadas se separó de sus progenitores antes de los 17 años, mientras que el 17% hizo abandono del hogar que habitaba durante su infancia o la adolescencia. Otro dato significativo como factor de riesgo, es que el 37% de las internas manifestó tener relaciones de pareja con personas que poseen antecedentes delictivos y a la vez el 32% expresa que

dentro de su familia hay personas con antecedentes delictivos. Además, existe un escaso compromiso familiar para apoyar a las internas a salir de la actividad delictiva, ya que sólo el 16% cuenta con referentes que las asistan.

1.5.1. Asistencia a internas embarazadas o alojadas con sus hijos Con el fin de que las mujeres embarazadas o alojadas con sus hijos cuenten con la debida asistencia y cuidado se diseñó un protocolo específico, para este grupo de especial vulnerabilidad. El instrumento prevé la atención integral y cubre aspectos como asistencia médica, social, espiritual e inmediata por parte del personal penitenciario. La asistencia médica comprende la atención clínica, ginecológica, toco ginecológica, pediátrica, psiquiátrica y psicológica, entre otras. La social consiste en la intervención de un profesional de trabajo del área en lo relacionado a los vínculos extramuros de la persona. En tanto que en la asistencia inmediata intervienen las agentes penitenciarias que cumplen funciones de encargadas de los alojamientos penitenciarios. El personal femenino interviene, además, para prevenir casos de violencia física 37

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o verbal entre internas; violencia física y verbal de las internas hacia los niños; al observar que necesitan asistencia médica –aunque no la hayan solicitado–, y cuando una alojada evidencie pautas de alarma, previamente definidas por el cuerpo médico.

1.6. Seguridad dinámica Las investigaciones académicas y científicas vinculadas a la problemática penitenciaria aconsejan que resulta apropiado ampliar la concepción de seguridad, pues no solamente se refiere a la custodia y contención material de los internos, sino que abarca el resguardo de la integridad física y psíquica de todas las partes que interactúan en el medio, incluyendo al personal de todos los niveles. En consecuencia, se siguió la doctrina de autores de nota de países como Inglaterra, Escocia, Irlanda, Alemania, Canadá, Francia y España, entre otros, y las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que la seguridad no sólo se concibió como un conjunto de dispositivos mecánicos e instrumentos estáticos, sino que incluyó sistemas, rutinas, gente, valores, convicciones y un sentido de su razón de ser que todos compartieron. Para alcanzar esa concepción de la se-

guridad, se impartió capacitación y entrenamiento específico al personal, con la finalidad de que internalicen las herramientas de la filosofía y la lógica del trabajo propio de la seguridad dinámica. La iniciativa le dio mayor valor a la capacidad, la eficacia, la contención, la asistencia, la comunicación, la actitud filosófica y la lógica de conducción con inteligencia y compromiso de todo el personal. Debe mencionarse que comenzó aplicándose –como prueba piloto– en 2014 en la unidad residencial IV, del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, y requirió que el personal penitenciario desarrolle una filosofía que valore el gerenciamiento, la capacitación y reconozca el talento como forma de conducción. Esta lógica se inspiró en una máxima que afirma: “Si cada funcionario que trabaja en el establecimiento cumple un rol responsable y comprometido, es agente de prevención en seguridad dinámica, por lo tanto evitará la escalada de muchos conflictos individuales y grupales”. Por otra parte, se pretendió que el personal atendiera a las alarmas personales de los internos, para asistirlos en el momento oportuno, y de esta forma –empáticamente–, solucionar humana y profesionalmente su problema.

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Capítulo 1

Al comenzar con la implementación, se analizaron los requerimientos de seguridad técnica y física; de seguridad procedimental, y se seleccionó y se capacitó a los recursos humanos comprometidos con esta modalidad de trabajo. Respecto a la seguridad técnica y física, se realizaron las obras adecuadas para que los destinatarios del sistema estuvieran contenidos en locales de alojamiento, de esparcimiento y educativos acondicionados, y que permitan modificar el régimen al que debieron adaptarse los internos. En forma complementaria se definieron normas procedimentales, se fijaron rutinas y se pautaron controles, recorridas y modalidades con que se realizarán los movimientos intramuros. La determinación de estos procedimientos, implicó realizar reuniones periódicas entre el personal de todos los niveles, para consensuar y definir las mejores formas de conducción y de comunicación entre todos. La socialización de la información fue –además una de las claves del programa pues se ponderó la importancia que tiene como herramienta valiosa de la seguridad dinámica–, el conocimiento del personal sobre las situaciones cotidianas, los hechos que viven los internos y las necesidades que

pueden tener. Al mismo tiempo se le dio participación e involucró al equipo interdisciplinario de profesionales en todo el proceso. Otra fórmula exitosa fue la de generar la participación activa y permanente de y entre todos los integrantes del equipo, de forma tal que se sintieran protagonistas del buen resultado que luego se alcanzó. En ese contexto, se habilitó una red de comunicación digital que facilitó el proceso de transmisión de noticias y en la que se volcaron los datos de los internos y los registros de las novedades cotidianas. Finalmente se destaca la importancia de haber seleccionado y mantenido al personal más calificado y que más se comprometió con el modelo de seguridad dinámica; la capacitación permanente y la motivación que los funcionarios le imprimieron a esta modalidad laboral que permitió alcanzar los resultados buscados: disminuir los niveles de violencia intramuros. 1.7. Programa de tutorías El agente penitenciario en su rol de tutor El programa de tutorías se impulsa en el marco de las estrategias que responden

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a las bases de seguridad dinámica y a la revalorización del alcance pedagógico de la función penitenciaria. El sentido fundamental es fortalecer y afianzar las relaciones de interacción entre el personal penitenciario y las personas privadas de libertad, con el fin de construir nuevas maneras de abordar las diversas situaciones que acontecen en la convivencia diaria de un establecimiento penitenciario. Para ello, se acudió, entre otros, al empleo de instrumentos vinculados a la criminología aplicada, así como a estudios e investigaciones académicas y de campo, que demostraron efectos positivos en el contexto carcelario y en particular, en las formas de abordaje de las relaciones interpersonales entre los funcionarios penitenciarios y las personas privadas de la libertad. La interacción de los internos utilizando un trato humanitario y equitativo, intensifica la seguridad y el orden dentro del establecimiento penitenciario, al tiempo que promueve relaciones positivas y estimula la comunicación entre el personal y el cumplimiento de las prácticas rutinarias en pos de cumplir con protocolos de actuación. De esta forma, se valoriza la tarea penitenciaria, pues recobran valores institucionales que abonan las premisas

del ser y hacer penitenciario, en la búsqueda permanente de conocimientos y saberes que posibilitan significar el qué, el cómo, el para qué y el por qué de la función penitenciaria. La implementación de un programa de tutorías penitenciarias, genera condiciones que facilitan la tarea de los agentes penitenciarios, de manera de prevenir factores de riesgo, generar un clima de trabajo saludable y reflexionar sobre la propia práctica, para que, con la participación de todos, se busquen y encuentren herramientas y recursos eficaces que conlleven a la mejora de la gestión institucional. Desde este posicionamiento, cada funcionario que trabaja en un establecimiento penitenciario, que cumple un rol con responsabilidad y comprometidamente, es agente de prevención en seguridad dinámica. Muchas veces, las personas privadas de libertad tienden a influirse entre sí negativamente. Para evitarlo, se impulsa que el personal se comprometa con el empleo de ciertas técnicas y rutinas para poder conocer la cosmovisión de las problemáticas de los internos y además, perciba las singularidades de los alojados, posibilitando la apertura de caminos para ejercer influencia en las actitudes y ejemplaridad con su adecuada presencia y conducción.

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La creación de la figura del tutor penitenciario –habilitada a aquellos agentes que reciban un entrenamiento específico y que tengan un perfil apropiado–, permitirá conocer las necesidades, intereses, expectativas, ansiedades y tensiones de las personas privadas de la libertad con las que interactúe, para abordarlas desde un vínculo pedagógico que contribuya al acompañamiento en el ingreso, la permanencia y el egreso del establecimiento. El agente penitenciario que desempeñe y desarrolle este rol y función, asumirá un carácter fundamentalmente preventivo y asistencial, viabilizará diversas situaciones de índole personal, familiar, de salud, de convivencia junto a los profesionales responsables del tratamiento penitenciario y promoverá desde su posicionamiento, el desarrollo de potencialidades y capacidades influenciando de manera positiva el sostenimiento del tratamiento. También realizará el seguimiento de los casos para que éstos alcancen una solución y se realice la devolución a los internos en forma adecuada. En su rol de tutor, el agente penitenciario deberá desarrollar en profundidad las competencias sociales necesarias para entablar relaciones interpersonales y empatía, con sus tutorados. También deberá comprender la cualidad peda-

gógica de ese vínculo, las dimensiones más importantes en la calidad de vida de los internos y las dimensiones que lo abarcan en su proceso de cumplimiento de una sanción penal. El programa pretende que el tutor tenga la capacidad de: • Generar un vínculo saludable con el tutorado que permita conocer ampliamente sus preocupaciones, intereses, emociones, temores, expectativas, inquietudes y preferencias. • Indagar sobre su historia de vida, detectar las capacidades y necesidades de los internos para aprender y para trabajar las eventuales limitaciones físicas y dificultades vinculares que ellos presenten, los problemas de comportamiento actuales o en anteriores detenciones si las tuviera y demás factores que puedan construir una mirada integral del sujeto con el que trabaja. • Atender las distintas situaciones que enuncien los sujetos, canalizando sus problemáticas, demandas ante problemas de salud y necesidades de asistencia. • Acceder al legajo del interno, a fin de corroborar algún dato, via-

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bilizar alguna demanda, siempre en la lógica de acompañar sostenidamente el proceso de permanencia y egreso de la persona privada de la libertad. • Participar activamente en las reuniones del Consejo Correccional, con el propósito de compartir el alcance de la experiencia tutorial, información que posibilitará la valoración de la persona en el marco de la evaluación criminológica. • Evaluar las situaciones acontecidas para determinar posibles estrategias de intervención que aborde rápidamente la problemática, evitando el progreso de la situación conflictiva. • Llevar registros en los distintos instrumentos propuestos y confeccionar el informe de evaluación trimestral para presentar ante el Consejo Correccional. Los objetivos específicos del programa de tutorías son: • Optimizar las condiciones de convivencia dentro de los establecimientos penitenciarios propiciando lazos de empatía y comprensión entre todos los actores.

• Incentivar al agente penitenciario a comprometerse con su rol de tutor y a participar activamente en todos los niveles de la vida intramuros de los internos, mejorando el tratamiento y su futura reinserción social. • Fortalecer el sentido pedagógico de la función penitenciaria, a través de la construcción de vínculos saludables, que le posibilite al interno comprender los objetivos del tratamiento y contribuir a su crecimiento personal con positivo impacto en su vida carcelaria y proyección al momento de su egreso. • Generar el sentido de la responsabilidad apelando a la elección que supone una toma de decisión en relación a los efectos que producen las acciones de la propia conducta. • Mejorar los resultados obtenidos en términos de objetivos criminológicos en relación a los programas y acciones de tratamiento y el desistimiento de la conducta delictiva. Modalidad de implementación El programa de tutorías se implementó en todos los establecimientos penitenciarios que:

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• La ratio general de agentes internos sea igual o mayor a 1,2:1 internos. • A criterio de la dirección General de Régimen Correccional, se considere adecuado en aquellos casos en que se individualicen internos refractarios a aceptar ciertos patrones de convivencia y coexistencia personal mínimos, o sean gestores de conflictos. • A internos evaluados con riesgo medio o alto de suicidio. • Privados de la libertad considerados conflictivos o violentos. Qué es un tutor Definir el concepto de tutor, es pensar en una figura que se constituya en un interlocutor válido. Es la persona que establecerá un vínculo más cercano y de escucha directa con los internos. Esta proximidad facilitará el desarrollo del potencial vincular, social, comunicacional e intelectual. Además, estas actividades permitirán al personal alcanzar un mayor entendimiento de las conductas de los internos y contribuirán a la prevención y evaluación de los riesgos asociados con problemas de salud, conductas suicidas y violencia intramuros, entre otras. Algunos autores afirman que “tutoría

es el servicio que presta el tutor a los alumnos, con el fin de orientarlos para que conozcan sus posibilidades y limitaciones frente a la actividad de aprender, con el propósito de guiarlos hasta la consecución eficaz de sus metas y de su desarrollo personal y social” (Arizmendi; González, 1987). En este caso, no existe una situación de escolarización formal pero se entiende que el proceso de aprendizaje subyace y trasciende a ese vínculo que se genera con la función tutorial. El tutor acompaña, orienta, guía, propone caminos alternativos si el sujeto los requiere; el tutor contiene, advierte sobre situaciones complejas o conflictivas a partir del conocimiento individual de los tutorados, sugiere la formación de grupos de trabajo colaborativos o la conformación de redes con propósitos específicos; evalúa y reorienta los procesos de aprendizaje, de enseñanza y de socialización. Se espera que todos los funcionarios penitenciarios asuman acciones tutoriales. La selección de los tutores será responsabilidad del equipo directivo, quienes teniendo en cuenta el perfil designarán al tutor y a los tutorados en relación a las necesidades que se presenten. El tutor debe tener: • Conocimientos de la organización

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(por caso, reglamentaciones, protocolos y procedimientos). • Capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo. • Amplitud para establecer relaciones interpersonales con las personas privadas de libertad, con características éticas y respetuosas en el marco de los derechos humanos. • Capacidad de empatía para establecer relaciones positivas desde un comportamiento prosocial y cuidadoso de la distancia que deberá considerar para no perder de vista la relación profesional. • Habilidades comunicacionales: asertividad, escucha activa y comunicación emocional. • Actitud valorativa del aprendizaje, reconociendo al conflicto como constitutivo de los niveles individuales, grupales e institucionales. • Capacidad para abordar situaciones emocionales criticas, asumiendo una actitud mediadora para la resolución del problema. • Motivación para el desempeño del rol. Para el desempeño de la tarea, se po-

drán utilizar las siguientes técnicas: • Entrevistas individuales. • Entrevistas grupales • Encuentros con otros profesionales que intervienen en los programas de tratamiento. • Reuniones de equipo de tutores. • Observaciones y seguimiento de la conducta del tutorado. • Registro a través de la elaboración de instrumentos de seguimiento, libro de novedades con las acciones diarias si existiesen e informe trimestral. Especificaciones del programa • El programa de tutorías será admitido como la filosofía de trabajo de los establecimientos cuya relación personal/internos general sea igual o mayor a 1,2:1. • Se aplicará el programa de tutorías, en cualquier establecimiento en que, a criterio de la Dirección General de Régimen Correccional, se considere adecuado en aquellos casos en que se individualicen internos refractarios a aceptar ciertos patrones de convivencia y coexistencia per-

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sonal mínimos, o sean gestores de conflictos. También se aplicará a internos evaluados con riesgo medio o alto de suicidio, conflictividad o violencia. • El programa establece encuentros de los tutores con los tutorados con una frecuencia no menor a 2 veces por semana. • Se espera que cada funcionario asuma entre 15 y 20 tutorías aproximadamente. • El programa prevé la rotación de los agentes en su cargo de tutor cada 6 meses aproximadamente para garantizar la autonomía y flexibilidad vincular de los internos, además de posibilitar que todos los funcionarios experimenten la acción tutorial. • Los tutores ejercerán sus funciones sin superponer sus acciones a espacios de otros funcionarios, siendo muy respetuosos de la estructura y dinámica institucional. • En relación a los recursos, deberá asignarse un espacio físico donde poder realizar las entrevistas/ encuentros con los tutorados. • Las áreas deberán colaborar de manera activa con la información

que requiera el tutor para realizar su tarea.

1.8. Procedimiento para la realización del dictamen único integral (DUI) del centro de evaluación El Reglamento General de Procesados prevé la intervención del Centro de Recepción de Procesados, en el que se verifica la orden judicial de detención, la nota de remisión de la autoridad competente con las datos filiatorios y las fichas datiloscópicas a afectos de su identificación. 16 Por su parte, el Centro de Evaluación, presidido por el subdirector del establecimieto e integrado por el jefe de la cada una de las áreas relativa a la aplicación del régimen carcelario, deberá remitir –desde el ingreso del interno y dentro de los 15 días hábiles–, un dictamen único e integral que asesore al director de la unidad sobre el lugar de alojamiento y las pautas del régimen aplicable al caso. Si bien las normas destinadas a regular 16 Reglamento General de Procesados Decreto N° 303/96 Publicación B.O.: 1//IV/1996. Texto ordenado por la resolución 13/97 de la Secretaría de Política Penitenciaria y de Readaptación Social (Publicación B.O.: 20/1/1997). Artículo 13.- El ingreso del detenido sometido a proceso penal se efectuará en el Centro de Recepción de Procesados, donde se procederá a verificar la orden judicial de detención, la nota o formulario de remisión de la autoridad competente con los datos filiatorios y las fichas dactiloscópicas, a efectos de su identificación, dejándose constancia del día y la hora en que se realiza. Cuando fuera posible se acompañará una fotografía de frente, cuerpo entero. La orden judicial consignará el número de causa y el delito imputado.

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la vida de la población penal alojada en el Servicio Penitenciario Federal fueron pensadas para albergar mayoritariamente a internos condenados, en la actualidad, el 70% son procesados. Además, la asignación de alojamiento cumple con una de las funciones más importantes en la vida del procesado. Ella es, la adecuada clasificación, pues se trata de un ciudadano que goza de la presunción de inocencia. Desconociéndose la duración de los procesos, las consecuencias negativas que podría provocar el encierro –aún por poco tiempo–, sin que exista una correcta clasificación y un posterior alojamiento en un sector categorizado, donde pueda recibir la atención que requiera, en el momento oportuno para mitigar los efectos de la prisionización. Se propicia que el alojamiento en un sector diferenciado, en donde sus días transcurran compartiendo sus momentos con grupos pequeños y homogéneos que le permitan desarrollar y consolidar sentimientos sociales en solidaridad –pues es sabido que los establecimientos alojan a procesados que por lo general demuestran poca colaboración–, y si bien no está demostrado científicamente, potencian las conductas inadecuadas. Por lo dicho, se considera oportuno que

para la realización del dictamen único integral se tenga presente que los objetivos del régimen carcelario son retener y custodiar; que los internos adquieran y mantengan pautas de convivencia, y que se hayan conformado grupos homogéneos para impedir la posible influencia de unos internos sobre los otros. El procedimiento establece que el centro de evaluación verifique que la intervención del Centro de Recepción de Procesados haya sido la adecuada y además, debe estimar el tiempo en el que hará la siguiente intervención para redefinir, modificar o cambiar el alojamiento o las modalidades del régimen aplicable al interno. Se indica que las distintas áreas que integran el cuerpo colegiado y dan vida al Centro de Evaluación, entrevisten –de forma individual y separadamente– a cada interno de modo de volcar indefectiblemente la síntesis diagnóstica en el caso que correspondiera y las conclusiones a las que ha llegado el entrevistador. Si bien se trata de un procesado y por lo tanto las indagaciones no tienen la profundidad de las intervenciones que se han de realizar en el período de observación, las entrevistas tomadas deberán permitir alcanzar una síntesis diagnóstica por el que se pueda definir el alojamien-

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Capítulo 1

to y el régimen adecuados para mejorar la calidad de vida del encausado. El procedimiento estipula que, una vez que cada una de las áreas ha completado su informe, el funcionario que oficie de secretario del centro convoque a una sesión plenaria en la que cada parte concurra con las entrevistas y sus conclusiones, y se debata sobre la conveniencia de asignar un lugar de alojamiento y el régimen que se aplicará a cada interno. Finalmente, se establece que el las conclusiones del plenario se vuelquen en un acta y que la resolución a la que se haya arribado sea fundada y firmada por cada integrante de las áreas que deben participar, dejándose aclaradas las disidencias y las observaciones que se consideren oportunas. La pretención del plenario es evaluar los eventuales riesgos del interno para sí y para terceros, describiendo en cada caso las medidas específicas, las tratamentales –si correspondieren–, las asistenciales y las programáticas que se adoptarán.

1.9. Identificación biométrica para la información estática En el marco de Cooperación entre los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y el de Seguridad de la Nación,

se incluyó al Servicio Penitenciario Federal dentro del sistema federal de identificación biométrica para la seguridad, el que en un primer momento se aplicará en el Centro de Detención Judicial (U.28) y luego se extenderá a todas las unidades dependientes de la institución. El empleo institucional del sistema, permitirá contar con información objetiva imprescindible para la clasificación inicial por riesgo, pudiéndose satisfacer la información estática, la que junto a la dinámica permitirán definir con mayor precisión los niveles de riesgo de los encausados.

1.10. Intervención del servicio social ante casos de fallecimientos de internos Se aprobó una guía ad referéndum del ministerio de Justicia y Derechos Humanos que establece los lineamientos de procedimientos básicos de intervención del servicio social ante caso de fallecimientos de internos, previstos por el artículo 165 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660. Contempla dos protocolos de intervención social, uno para internos fallecidos dentro de la órbita metropolitana y del Gran Buenos Aires, y otro para internos fenecido en el interior del país. Observa que la División o Sección de 47

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Asistencia Social de la unidad o complejo intervendrá en todos los casos de internos fallecidos sin diferenciar su condición procesal o lugar de alojamiento. Además, prevé la intervención de otros profesionales de salud del establecimiento para contener y asistir a la familia, a la que se le brindará orientación e información sobre los trámites inherentes al retiro del cuerpo.

1.11. Sistema de asistencia psiquiátrica virtual A fin de fortalecer la asistencia psiquiátrica y suplir la falta de oferta de profesionales para asistir a los internos alojados en el Instituto de Seguridad y Resocialización de Chubut (U.6), en la Prisión Regional del Sur de Neuquén (U.9) y en la Colonia Penal de Viedma (U.12), se implementó un sistema de asistencia psiquiátrica por profesionales de la Dirección Nacional, a internos del interior del país, a través de la utilización del sistema de videoconferencia, que funciona en esta sede central. La asistencia virtual, será eficaz para el seguimiento de casos que requieran intervención psiquiátrica o tenga por finalidad la instrucción del procedimiento a seguir por el médico de la unidad, cuando por la condición del interno, se

requiera su derivación a un centro asistencial externo.

1.12. Acompañamiento de internos en salidas transitorias En atención a la importancia que tiene el acompañamiento a los internos por personal durante las salidas transitorias en los términos previstos en el artículo 16, punto III, inciso a) de la Ley N° 24.660, la Dirección Nacional aprobó un reglamento específico. En ese cuerpo de reglas formales, se establece que con carácter previo a otorgar salidas transitorias, se exigirá la confección de un informe socio-ambiental del domicilio donde se conducirá al interno. Este estudio debe contener una descripción minuciosa de las características edilicias de la vivienda asiento del domicilio donde sale el condenado para determinar las características donde se encuentra, los accesos y el margen de seguridad para los concurrentes. También especifica que se realizarán en horario diurno, con vehículos institucionales, que no se utilizarán medidas de sujeción, ni armamento y que el agente acompañante en ningún caso podrá ingresar al domicilio del visitante. Asimismo prevé la modalidad de salidas transitorias por estudios y aclara que

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cuando se otorgare el permiso; luego de las tres primeras salidas con acompañamiento se requerirá que el consejo correccional, con la intervención de los servicios sociales, realice un informe para evaluar la posibilidad que las salidas sean bajo tuición familiar o palabra de honor.

1.13. Visitas familiares en un ámbito de privacidad Se aprobó el programa de fortalecimiento de vínculos familiares para aquellos internos próximos a recuperar la libertad, que se encuentren transitando el período de prueba para que puedan recibir visitas de su familia durante un fin de semana. Este programa busca potenciar el principio de normalidad y trabajar el factor familiar de responsabilidad, al tiempo de faciltar las relaciones vinculares del interno.

1.14. Comunicaciones de internos extranjeros Este colectivo de privados de la libertad tienen una vulnerabilidad especial. Por eso, se trabajó con los consulados para que, con la debida acreditación de los vínculos familiares, puedan acceder para comunicarse vía correo electróni-

co, skype y videoconferencias con los familiares que viven fuera del país.

1.15. Abordaje del crimen organizado Tras analizar un estudio sobre la información obtenida durante los últimos 5 años, se detectó un incremento considerable en la población penal de internos vinculados a redes criminales organizadas transnacionales. Ello motivó la necesidad de realizar un seguimiento detallado y celoso de la problemática. Es sabido que estos crímenes y delitos preocupan a la comunidad internacional y que –por su forma de proceder–, representan un riesgo para la comunidad en general. Sus recursos, maneras de operar, violencia y estructura requieren que la administración penitenciaria asuma una visión estratégica y capacite a especialistas. Para afrontar esta problemática, se decidió crear el Sistema Interdisciplinario de Abordaje y Seguimiento del Crimen Organizado Trasnacional en Contextos de Encierro, el que dio nacimiento a una herramienta de gestión de la información. A la par se capacitó al personal afectado al análisis y procesamiento de datos, con la finalidad de prevenir riesgos en la seguridad de los estable49

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cimientos, advertir situaciones de corrupción en los funcionarios, mantener los estándares éticos del personal y tra-

bajar en potenciales situaciones críticas y debilidades que se puedan presentar en el sistema.

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Capítulo 2

2.1. Proyección de un modelo de establecimiento penitenciario Desde la perpectiva de esta Dirección Nacional uno de los grandes avances en la materia, acontece cuando se suman a los aspectos filosóficos de gestión, seguridad estática y dinámica, trabajo, educación, higiene, salud y tratamiento. Es por ello, que los aportes de la arquitectura penitenciaria integrándose al cuerpo teórico y práctico de la ciencia criminológica y penitenciaria propiamente dicha son indispensables. En el plano vernáculo, si bien existen antecedentes de la construcción de establecimientos para fines penitenciarios –desde la histórica Penitenciaría Nacional, hasta lo que en la actualidad son los complejos penitenciarios, éstos últimos pensados para procesados exclusivamente–, resulta pertinente traducir arquitectónicamente las nuevas prácticas que contienen los valiosos aportes que realizan ahora la seguridad dinámica, los sistemas de clasificación y evaluación de riesgos y necesidades, y su congruente categorización. Otra cuestión no menos relevante, representa la necesidad de actualizar los criterios de seguridad en términos de infraestructura como así también, la incorporación de tecnología e informática, debiendo sumarse los criterios en sus-

tentabilidad ambiental y considerar las variables para reducir el riesgo de desastres naturales. Lo dicho justificó que, por Resolución de la Dirección Nacional, se conformara una comisión de trabajo que proponga y proyecte un modelo de establecimiento que se adecue a las más modernas técnicas de gerenciamiento penitenciario, que permita una relación lógica de internos y personal; que establezca una capacidad operativa estándar y un coeficiente de funcionalidad operativo ideal; que admita ser administrado bajo modalidades de seguridad dinámica y que, según aloje procesados o condenados, facilite la aplicación de programas de acuerdo a las necesidades y riesgos individuales.

2.2. Acciones vinculadas a la infraestructura y la reestructuración edilicia Con la activa participación de la Dirección de Trabajo y Producción, se realizaron proyectos, estudios y se ejecutaron obras, entre las cuales se pueden mencionar: • Instituto de Seguridad y Resocialización de Rawson (U.6) Chubut: se desarrolló la obra e remodelación integral de la Cocina Central de la U.6 de Rawson. 55

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El Proyecto contempló la construcción de un edificio nuevo que pasó a ser la cocina central. La superficie operativa de la nueva edificación es mucho mayor a la actual cocina central por la construcción de nuevos locales que cumplen con diferentes funciones, como cámaras de refrigeración, depósitos y sectores de preparación de alimentos, entre otros. Correctamente diferenciados de estos sectores, se encuentran las áreas de limpieza y guardado de ollas y carros, como también el depósito para residuos. • Prisión Regional del Norte (U.7) Resistencia, Chaco: se llamó a licitación para la readecuación general. Comprende la ejecución de nuevas redes generales de alimentación de los servicios de agua, electricidad, gas, red contra incendios, reparación de claraboyas de sectores de alojamiento, reparación de revoques y pintura exterior completa. También se llamó a licitación para la remodelación integral de la cocina central. El proyecto cuenta con sectores de depósito de alimentos y economato, cámaras frigoríficas de preparación de

alimentos, de cocción, sector de lavado, oficinas, vestuarios con baño y áreas de circulación. La obra implica la remodelación de los sectores interiores, reparación de las cubiertas, provisión e instalación de equipamiento gastronómico, remodelación del sector externo de acceso y construcción de depósitos. • Cárcel de Esquel Subalcaide Abel Rosario Muñoz (U.14), Chubut: se realizaron trabajos que consisten en la construcción de una alambrada de cierre de aproximadamente 1.034 metros lineales, erigida con postes premoldeados de hormigón armado con remate de alambre de púas, de una altura total de 3 metros, la que funciona como doble cordón de seguridad que delimita el predio penal. Es paralela al cerco existente a una distancia aproximada de 3 metros con las adyacencias.

2.3. Reparación de alojamientos en unidades y complejos Se gestionó la adquisición de materiales de construcción para la reparación de los sectores de alojamientos en complejos y unidades penitenciarias de todo el país.

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Capítulo 2

En una primera instancia, se requirió a todos los establecimientos un listado sobre las necesidades para la reparación de los locales de alojamiento de la población penal. Luego se realizó un proceso licitatorio bajo exclusiva gestión del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación. Los materiales solicitados se pondrán a disposición de las unidades para la ejecución de obras a realizarse durante un año calendario con mano de obra propia. De esa manera, cada equipo técnico se responsabilizará por los trabajos planificados.

2.4. Obras, remodelaciones y ampliaciones La Dirección de Trabajo y Producción ejecutó obras de remodelación y ampliación equivalentes a 10.300 metros cuadrados. En este sentido, se remodelaron 410 plazas y se generaron otras 454. Entre las ejecuciones realizadas, se pueden mencionar las siguientes: • Centro Federal de Detención de Mujeres Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás (U.31), Ezeiza: se modificó el pabellón de internos alojados por delitos de lesa humanidad,

donde se realizaron intervenciones en el núcleo sanitario y en el actual patio de recreo del pabellón a fin de contar con un incremento de plazas de alojamiento. Por otra parte, se está desarrollando un proyecto que implica la ampliación de la actual cocina; la remodelación, la re funcionalización, provisión e instalación de equipamiento gastronómico; la construcción de depósito de residuos y de áreas de almacenamiento de alimentos perecederos y no perecederos. La iniciativa prevé la adecuación de los sectores de depósitos de sustento para lactantes, del almacenamiento de carnes, de tubérculos y de alimentos no perecederos; de preparación de comida y de cocción; de lavado de carros y ollas; de celaduría, de vestuarios con baños, de depósito de limpieza, y de circulación. • Colonia Penal de Santa Rosa (U.4), La Pampa: se remodelaron 8 pabellones. Además, la obra contempló la creación de una nueva celaduría en cada uno de ellos con su correspondiente sanitario; un SUM con mesada con pileta y anafe eléctrico, se reubicaron y acondicionaron los 57

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sanitarios, duchas y lavadero. También, se contempló la creación de un área de locutorios. Se realizaron las demoliciones planteadas en el proyecto, se restauraron los ventanales y las claraboyas, se impermeabilizaron las cubiertas y se construyó un núcleo de sanitarios y celaduría. Por otra parte, se reacondicionaron las celdas y el pasillo central de circulación hacia las mismas. • Colonia Penal de Ezeiza (U.19): se hizo una obra que contempló un área semicubierta de 100 metros cuadrados para la utilización de los visitantes. El solado se realizó en hormigón elaborado con paredes de bloques lisos de hormigón que juntamente con columnas metálicas, permiten sostener la estructura de la cubierta. Para finalizar se ejecutó la iluminación y el pintado de todas las paredes. • Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres, Ezeiza: se llevó a cabo una modificación en el Pabellón N° 3 del establecimiento y se lo dividió en dos sectores, generando una celaduría central común a ambos. Se refaccionó el sector sanitario existente y se realizó un nuevo núcleo sanitario.

Cada pabellón cuenta además, con su sector de office. Asimismo, se construyeron dos boxes de oficinas con su correspondiente baño, como así también, otras dos para tareas administrativas, finalizando con la extensión del patio de recreo. • Complejo Penitenciario Federal II, Marcos Paz: se remodelaron y ampliaron las plazas existentes y el sector de talleres (N°1) ubicado en las Unidades Residenciales N° 2 y N° 3. Por otra parte, se construyó una celaduría que fue elevada para permitir una mejor visión hacia el pabellón • Anexo A Unidad 9 de Senillosa, Neuquén: se realizó el tendido de alambradas perimetrales, el acondicionamiento de pabellones A y B (sanitarios y electricidad) y la construcción de cuatro plateas para puestos de seguridad externa. • Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma se Buenos Aires: se llamó a licitación para readecuar el módulo residencial N°1, que se contempla la reubicación de la celaduría, la ampliación de la cocina-comedor y la reorganización del sector

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Capítulo 2

sanitario y de las duchas en cada uno de los niveles. Este proyecto propone la reubicación de las rejas que se encuentran próximas a la escalera principal y prevé un nuevo sistema de calefacción para cada uno de los pabellones. Asimismo, se proyecta construir más salidas de emergencia. También se llamó a licitación para remodelar la cocina central del establecimiento situado en Devoto, a los fines de realizar adecuadamente el proceso de producción de alimentos. El proyecto contempla la remodelación de los sectores interiores; la reparación de ascensor; la construcción de sectores de preparación de alimentos, provisión e instalación de equipamiento gastronómico; la edificación de un depósito de residuos, y un área de almacenamiento de alimentos perecederos y no perecederos. • Colonia Penal Subprefecto Miguel Rocha (U.5), Rio Negro: se llamó a licitación para la realización de nuevas redes generales de alimentación de los servicios de agua, electricidad, gas, red contra incendio; para la reparación de los revoques y de las cubiertas planas; para la demolición

y la ejecución de nuevas cubiertas metálicas, y para pintar el exterior de la unidad. • Prisión Regional del Norte (U.7), Chaco: comprende la readecuación Integral del pabellón 4 ubicado en planta baja y pabellones 11, 12, 13 y 14 situados en la planta alta. En este sentido, se demolerán muros interiores en todos los pabellones para edificar un salón comedor. Las instalaciones serán nuevas, al tiempo que se ejecutarán los solados, tareas de revoque y pintura. También se readecuarán las carpinterías existentes en el sector de celdas, y se proveerán y colocarán carpinterías nuevas en el área de sanitarios y celaduría.

2.5. Proyectos en ejecución Para el segundo semestre de 2015 se proyectaron distintas obras que fueron consensuadas con el área ministerial de modo de impulsar las contrataciones necesarias. Se pueden mencionar las siguientes iniciativas: • Colonia Penal Santa Rosa (U.4), La Pampa: se continuarán los trabajos de readecuación integral de los pabellones del ala derecha de la unidad. 59

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• Anexo A Unidad 9, Senillosa, Neuquén (2° etapa): se realiza la readecuación y reparación de 50 plazas y la construcción de un salón para el control del ingreso de las visitas. • Complejo Penitenciario Federal II, Marcos Paz: se lleva a cabo la remodelación en el sector de talleres ubicado en la Unidad Residencial N° 3, a los fines de instalar un sistema de detección mediante la tecnología de pulsos eléctricos en la Unidad Residencial N°1 y N°2. • Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres, Ezeiza: se finalizará el sector de boxes de entrevistas y el salón de usos múltiples correspondiente al área de jóvenes adultas, en el sector de alojamiento N°3.

2.6. Habilitación del anexo Senillosa de la Prisión Regional del Sur (U.9) En consideración a que oportunamente el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno de la provincia del Neuquén suscribieron un convenio por el cual se concedió el uso de 150 plazas –por el término de cinco años– en el Módulo de máxima seguri-

dad del Complejo Penitenciario provincial de la localidad de Senillosa, provincia del Neuquén, para el alojamiento de internos federales bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. En atención a que la institución tomó a su cargo las instalaciones, la Dirección Nacional resolvió habilitar provisoriamente, con la denominación de Anexo Senillosa de la Prisión Regional del Sur (U.9), el módulo de máxima seguridad transferido. El director de dicha unidad asumió todas las competencias y facultades asignadas por la normativa vigente, respecto del personal y de la población penal. Además, se estableció que sólo se trasladarán internos que se encuentren –entre las fases de socialización a confianza de la progresividad del régimen penitenciario–, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660. El módulo alojará a internos condenados por delitos contra la integridad sexual, por lo cual se conformó un equipo interdisciplinario especializado en la asistencia de estas personas, con lo que se pretende crear condiciones óptimas para la aplicación de un programa cognitivo conductual específico y especialmente diseñado para ofensores sexuales. 2.7. Implementación del monitoreo electrónico

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Capítulo 2

El uso de tecnología adecuadamente empleada, permite facilitar los mecanismos destinados a garantizar la seguridad pública. Para eso, se trabajó en la implemención de una plataforma telemática que reconoce la ubicación de las personas privadas de la libertad que gozan de salidas extramuros o comparendos. La pulsera, tobillera o brazalete electrónico, es un dispositivo que, operado desde un módulo de geolocalización, permite situar en tiempo real y efectuar el seguimiento del usuario. El empleo de este mecanismo permite optimizar los resursos humanos destinados a realizar trabajos de seguridad y custodia.

2.8. Convenio por el que se transfiere al Servicio Penitenciario Federal el

uso de la Alcaidía de los tribunales de Córdoba En el marco de la Comisión de Cuestiones Carcelarias dispuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el ámbito de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federal y Nacional, se requirió la colaboración del Servicio Penitenciario Federal para concretar el traslado de internos desde la Alcaidía de los Tribunales Federales hasta los Tribunales que lo requieran, para lo cual se firmó un convenio por el que el Poder Judicial de la Nación cede el uso al la institución del espacio físico de la Alcaidía del Palacio de Tribunales de la Ciudad de Córdoba. Por su parte, el Servicio Penitenciario Federal, realizará el traslado de internos desde la Alcaidía de los Tribunales Federales de la provincia de Córdoba hasta los despachos de los magistrados, pudiendo adecuar la infraestructura e instalaciones para su efectivo servicio.

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Capítulo 3 Gerenciamiento, administración y reforma normativa

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Gerenciamiento, administración y reforma normativa

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Capítulo 3

3.1. Estudio para determinar los recursos humanos y funciones Se realizó una investigación destinada a optimizar los recursos humanos, para lo cual se trabajó en 3 ejes: 1. Basado en relación entre escalafón y función, con el objetivo de que el personal cumpla funciones propias y específicas para las que está capacitado. Se busca con ello que exista una relación entre responsabilidades, funciones, capacitación y formación conforme la titulación obtenida a través del apoyo institucional o con la inversión propia. 2. Se fijó tras estudiar las necesidades funcionales de los establecimientos penitenciarios y determinar las dotaciones mínimas y óptimas necesarias por dependencia. Se tuvo en cuenta la capacidad de alojamiento de cada establecimiento, el tipo de población penitenciaria, los requerimientos según se trate de áreas destinadas al tratamiento, administrativas, seguridad, trabajo y las características edilicias de cada establecimiento. 3. Se determinaron las ratios por establecimiento. Para lograrlo, se

confeccionó un instrumento de recolección de datos que permitió contar con información directa y objetiva sobre la distribución del personal por funciones, horarios, género y escalafones. Luego se estudió la dotación actual y la ideal. La definición de los estándares permitirá impulsar una adecuada distribución de los recursos humanos, asignar funciones según las especialidades y la formación del personal, definir las necesidades de reclutamiento y contar con datos necesarios para una adecuada toma de decisiones.

3.2. Digesto normativo del Servicio Penitenciario Federal La palabra digesto –Digestum en latín–, significa distribuir, ordenar. Actualmente, el término se aplica también a la compilación ordenada de toda norma. Toda actividad para su ejecución requiere de una planificación que contemple los pasos o procedimientos enlazados de manera coherente y secuencial para el logro de una meta. En ese orden, se requiere compilar en forma ordenada, armónica y detallada las operaciones a cargo de la institución, los puestos y unidades administrativas que intervienen, precisando su participación en dichas operaciones. 65

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En ese contexto se resolvió compilar, actualizar y uniformar las normativas existentes. Por eso, se creó en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal un digesto que contiene las resoluciones de carácter general y las que posean relevancias institucionales dictadas por la instancia ministerial y la dirección nacional. Tal como se realizaba, la publicación cronológica de actos administrativos sobre diversas temáticas, acarreaba graves dificultades en cada oportunidad que resulta necesario efectuar consultas o búsquedas de resoluciones para proceder a su ejecución, análisis y relectura. También se entendió que resultaba necesario descartar la existencia de normas contradictorias entre si y dictar normas que regulen los procedimientos en materia de tratamiento y seguridad vigentes. Actualmente, esas dificultades son salvadas mediante la colaboración del personal técnico administrativo, el cual ante cada requerimiento, realiza búsquedas manuales las que, aunque eficaces, son poco eficientes teniendo en cuenta el tiempo que esta búsqueda insume en cada caso. Merced a los avances producidos en los últimos años en materia de informática, parece oportuno y razonable disponer la creación de un sistema de informa-

ción que -en forma digital- contenga la totalidad de los actos administrativos ministeriales y de la dirección nacional. Esto implica incorporar una herramienta importante en materia de política y control de gestión, toda vez que –de contar con un registro sistematizado y ágil de búsqueda– se facilitará el acceso a la información institucional del Servicio Penitenciario Federal. Acorde con tal cometido, se conformó una comisión de trabajo a los efectos de compilar, actualizar y unificar las normativas vigentes, con el objeto de implementar un digesto de las publicaciones de los Boletines Públicos Penitenciarios y Boletines Públicos Normativos dictadas hasta la fecha.

Importancia de contar con una compilación normativa Con la elaboración de este digesto se pretende: • Eliminar las normas o el derecho no vigente. • Depurar defectos normativos tales como, abrogaciones y derogaciones implícitas, contradicciones, pérdidas de vigencia, etc. • Consolidar el derecho vigente en normas que contengan todas las

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Capítulo 3

reformas que se hayan efectuado en un solo texto. Generando, así, textos únicos y actualizados. • Aplicar un derecho uniforme en toda la Institución. • Facilitar el acceso, consulta y conocimiento de la normativa por parte de todos. • Tener certeza de cuáles son las resoluciones que nos rigen y posibilitar la democratización del conocimiento jurídico. En un principio, se dio tratamiento a toda la normativa que surge de los Boletines Públicos. Luego de recopiladas, fueron volcadas en tablas y encasilladas dentro de grandes materias. A saber,

• Administrativa



• Personal



• Seguridad



• Tratamiento

Uno de los aspectos más complejos de la tarea encomendada fue establecer cuáles normas no estaban vigentes, por encontrarse derogadas, abrogadas explícita o implícitamente, caducas por objeto cumplido, vencimiento del plazo, condición cumplida, o caída en desuso, sobre todo en aquellos supuestos en

los que no podría afirmarse la existencia –por así decirlo– de una completa incompatibilidad entre la vieja disposición y las nuevas regulaciones; por lo que se requirió para esta determinación una activa intervención de las áreas específicas. Hecho esto, se comenzó a agrupar las resoluciones en: vigentes (627) y no vigentes (601). Asimismo, y a los fines de contar con la totalidad de la normativa referida a cada temática, se incorporó un apéndice normativo (ochenta y siete normas). Este último grupo, abarca normas de jerarquía superior o dictadas por otros organismos que resulta de utilidad incorporar dentro del Digesto dada su importancia y frecuente aplicación, por ejemplo: leyes, decretos, resoluciones ministeriales. A partir de estos listados se generaron los textos actualizados de las normas vigentes y se consolidaron aquellas que a lo largo de estos años tuvieron modificaciones, incorporando en las normas de origen los artículos o incisos con su nueva redacción indicando tal circunstancia. Asimismo, se determinó qué normas quedarían sin vigencia a partir de la aprobación de este digesto. Por último, y a efectos de facilitar su consulta, se trabajó en la elaboración de un índice de búsqueda temático. 67

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3.3. Reglamento general de registro e inspección

sobre cualquier público que pretenda ingresar a una unidad.

En razón a que en materia de registro e inspecciones, los procedimientos se encontraban reglamentados por un acto administrativo de 1991, se consideró necesario proponer su actualización ya que el histórico instrumento no tenía previsto la utilización de equipamiento tecnológico, de equipos de inspección, ni de detectores de traza de explosivos, ni de narcóticos.

Este reglamento, junto a otros, cumple con la necesidad de objetivar el sistema y se suma a los protocolos de registro de madres, uso de fuerzas, traslados y químicos, entre otros, de 2014.

Además, el nuevo reglamento tiene una especial consideración en asegurar y garantizar la dignidad de las personas privadas de la libertad y de sus familiares para el momento en que estas sean registradas. La nueva norma establece procedimientos básicos de seguridad, tanto preventivos como resolutivos, y a la par garantiza la adecuada implementación dentro del marco de los derechos humanos y propicia la aplicación firme de las técnicas que impidan la introducción, fabricación, tenencia y circulación de elementos no permitidos en los establecimientos. También considera el uso de elementos electrónicos de seguridad, los que deber ser utilizados dentro de los procemientos normales, habituales y permanentes que se realicen a los internos o

3.4. Convenios con Scholas Ocurrentes Las Scholas Ocurrentes, que forman parte de la Pontificia Academia de las Ciencias fueron impulsadas por su Santidad el Papa Francisco y tiene como misión articular todas las escuelas de los cinco continentes y de las comunidades educativas para que socialicen sus vivencias, realidades, proyectos y necesidades, promoviendo la responsabilidad social empresaria (RSE) para que se integren a esta red. En razón de que el objeto que impulsa la Red de Scholas Ocurrentes encuentra una acogida amplia en nuestro país, se ha considerado necesario darle cabida a la cooperación y participación interistitucional, pues tanto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como el Servicio Penitenciario Federal, adhieren a los objetivos que promueve la red individualizada. En este sentido, se propició la partici-

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Capítulo 3

pación de las personas privadas de la libertad en asuntos relacionados con la conciencia cívica, con la política para la construcción del bien común, la valoración de la cooperación y la solidaridad por encima de toda forma de egoísmo competitivo. Además, promueve la aplicación de las ciencias y las tecnologías en beneficio de la enseñanza y el aprendizaje, y la implementación de acciones, programas y proyectos destinados a facilitar la integración de la población privada de la libertad al medio libre.

3.5. Sistema de registro y comunicación de incidentes (alerta temprana) En la ejecución de las políticas públicas, se emprendió un proceso tendiente a la búsqueda de la optimización de la gestión, que permita afrontar y satisfacer adecuadamente los nuevos desafíos y necesidades, en función de las competencias que le fueron asignadas. La información constituye uno de los activos más importantes de que dispone toda organización, pues permite la pronta y adecuada toma de decisiones operativas y de prevención y realizar análisis objetivos y proyecciones esenciales. Por lo dicho, se consideró necesaria la implementación del Sistema de Registro y Comunicación de Incidentes, que

permite acceder con mayor eficiencia, eficacia, transparencia y celeridad, a la información inmediata acerca de acontecimientos relevantes en los establecimientos y organismos que dependen del Servicio Penitenciario Federal. Para perfeccionar el sistema, se implementó como prueba piloto y se supervisó su aplicación, por 30 días, en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego se incorporarán los demás complejos, unidades y organismos del Gran Buenos Aires y de todo el país. El sitio creado permite a los usuarios autorizados contar con información sobre los incidentes que se ocasionan y determinar el lugar y el momento preciso en que se produjeron, los detalles del incidente, los participantes y las medidas adoptadas. Además, de los eventos significativos, remite correos automáticos a los funcionarios responsables de las áreas vinculadas. Por su parte, el Departamento de Estadística, Censo e Investigaciones Operativa debe proceder a la carga de los datos que brinden los establecimientos y organismos que no tengan acceso al sistema y, en situaciones excepcionales que lo impidan, los responsables deberán comunicarse con el jefe del depar-

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tamental o con el Coordinador de Informes de Turno de la Dirección Nacional a los efectos de proceder a la carga en el sistema. El Departamento de Inteligencia Penitenciaria, en orden a su responsabilidad primaria, provee de información calificada y actualizada al Departamento de Estadística, Censo e Investigación Operativa, como mecanismo de reaseguro, confirmación, interpretación, análisis y ampliación de los datos cargados en el sistema por los establecimientos y organismos, que coadyuve a la toma de decisiones de las distintas instancias usuarias. 3.6. Instrumento de monitoreo de la capacidad operativa utilizable Al asumir esta Dirección Nacional realizó un diagnóstico relacionado con el notable crecimiento de la población penal, especialmente en el caso de los internos varones mayores. Para disminuir los problemas que se generan como consecuencia de la insuficiencia de plazas existentes, se establecieron mecanismos inmediatos para asegurar las adecuadas condiciones de alojamiento, dentro de la órbita de este Servicio Penitenciario Federal. En consonancia, se ordenó la elaboración de estándares y se emplearon pa-

rámetros que guardan estricto correlato con los sistemas de medición utilizados en distintos servicios comparados, que evidenciaron notables efectos positivos, como el caso inglés. En base a ellos, se generaron documentos que permitieron prever especificaciones, estableciendo normas operativas y guías para garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de los servicios, al tiempo que se generaron herramientas útiles para la gestión y evaluación del desempeño de las distintas áreas. Es decir, se definieron nuevos parámetros técnicos para sostener un estándar de capacidad de alojamiento respetuoso de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que contemplan el control, la seguridad y el adecuado funcionamiento del sistema. En ese contexto, el área con competencia en la materia unificó las cuantificaciones con certeza y precisión a través de un instrumento de monitoreo, que permite de manera permanente, efectuar un seguimiento porcentual y estadístico que refleja la ratio entre plazas y población penal, según el criterio de alojamiento, a fin de controlar el hacinamiento y la sobrepoblación. Para ello, se definieron términos como: capacidad general (CG), capacidad estándar

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Capítulo 3

d) Coeficiente funcional (CF): es el margen operacional necesario para atender eficazmente las necesidades de gerenciamiento penitenciario.

(CE), capacidad operativa (CO), coeficiente funcional (CF), capacidad operativa utilizable (COU) y porcentaje (P). A saber: a) Capacidad general (CG): es la suma total de las plazas de alojamiento en cada establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.

e) Capacidad operativa utilizable (COU): se alcanza restando a la capacidad operativa el coeficiente funcional. f) Tasa de ocupaciòn (TDO): se determina dividiendo la totalidad de la población penal alojada por la capacidad operativa utilizable (COU). Es la relación entre plazas disponibles y cantidad de internos.

b) Capacidad estándar (CE): es el resultado de la capacidad general (CG) menos los sectores asistenciales, de medidas disciplinarias y de alojamiento transitorio. (Alojamientos destinados a hospital, internación, programas SAM, PRISMA y PROTIN).

Por lo señalado, se aprobó un instrumento de Monitoreo de la Capacidad Operativa Utilizable que permitirá efectuar un seguimiento porcentual y estadístico que refleje la ratio entre plazas y población penal, según el criterio de alojamiento, a fin de controlar el hacinamiento y sobrepoblación.

c) Capacidad operativa (CO): se llega al restar a la capacidad estándar las plazas no utilizables por estar en reparación o que estén desafectadas por condiciones de inhabitabilidad o porque, por razones judiciales, estén fuera de servicio.

ANEXO I Sectores asistencialessectores para medidas disciplinarias

Población penal alojada

Tasa de ocupación

9.120

9.004

98,73%

27,45

888

684

77,07%

678

20,34

658

567

86,21%

0

117

3,51

113

68

59,92%

16

0

49

1,47

48

18

37,87%

148

78

11.161

334,83

10.826

10.341

95,52%

Plazas no Capacidad utilizables estandar inmed.

Fijación judicial

Capacidad Capacidad Coeficiente operativa funcional operativa utilizable

Unidades

Capacidad general

Internos mayores

10.025

423

9.602

122

78

9.402

282,06

Mujeres

961

36

925

10

0

915

Jóvenes adultos

682

4

678

0

0

Casa Pre-egreso

117

0

117

0

Centro asistencial

65

0

65

11.850

463

11.387

TOTAL

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INSTRUCTIVO

Sectores

INSTRUCTIVO asistenciales

Capacidad sectores y para Sectores general medidas asistenciales Capacidad disciplinarias sectores y para general medidas 11.850 disciplinarias 463

-

Capacidad estándar Capacidad estándar

= 11.387

-

La capacidad estándar es el= resultado 11.850 463 11.387 de la Capacidad general menos los sectores asistenciales, de medidas disciplinarias y de alojamiento La capacidad estándar es el resultado de la transitorio. (alojamientos destinados a hospital, Capacidad general menos los sectores asisteninternación, programas SAM, PRISMA y PROTIN). ciales, de medidas disciplinarias y de alojamiento transitorio. (alojamientos destinados a hospital, Es la suma total de las plazas de alojamiento en cada internación, programas SAM,Penitenciario PRISMA y PROTIN). establecimiento del Servicio Federal.

Plazas Capacidad no estandar utilizables Plazas Capacidad inmed. no estandar utilizables 11.387 inmed. 148

-

Fijación judicial

Capacidad operativa

Fijación judicial

Capacidad operativa = 11.161

- 78

La capacidad operativa se llega a la misma restan11.387 148 78 = 11.161 do a la Capacidad estándar las plazas no utilizables por estar en reparación o que estén desafectadas por La capacidad operativa se llega a la misma restancondiciones de inhabitabilidad o porque por razones do a la Capacidad estándar las plazas no utilizables judiciales estén fuera de servicio. por estar en reparación o que estén desafectadas por condiciones de inhabitabilidad o porque por razones judiciales estén fuera de servicio.

-

-

Es la suma total de las plazas de alojamiento en cada establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.

Capacidad Capacidad Coeficiente operativa operativa funcional utilizable Capacidad Capacidad Coeficiente operativa operativa funcional utilizable

11.161

- 334,83

= 10.826

-

Capacidad se alcanza 11.161operativa 334,83utilizable = 10.826 restando a la “Capacidad operativa” el “Coeficiente funcional”. Capacidad operativa utilizable se alcanza restando a la “Capacidad Coeficiente funcional operativa” el “Coeficiente funcional”. Es el margen operacional necesario para atender Coeficiente funcional penitenciario. Es el margen operacional necesario para atender

Capacidad operativa utilizable Capacidad

Población penal alojada Población

10.826

10.341

operativa utilizable

penal alojada

Tasa de ocupación Tasa de ocupación

95,52%

El porcentaje de 10.341 alojamiento se determina 10.826 95,52% dividiendo la totalidad de la población penal alojada por la capacidad operativa utilizable. se determina El porcentaje de alojamiento Es la relación entre plazas disponibles y cantidad dividiendo la totalidad de la población penal alojada de internos. por la capacidad operativa utilizable. Es la relación entre plazas disponibles y cantidad de internos.

penitenciario.

Finalmente, se instruyó al Departamento de Estadística, Censo e Investigación Operativa a fin de que a partir del primer día hábil de cada mes, actualice el contenido del instrumento de monitoreo de la capacidad operativa utilizable, debiendo de forma fehaciente anoticiar a las autoridades de todo el país.

3.7. Protocolo para servicio de comidas La Ley de Ejecución de la Pena Privativa de La Libertad Nº 24.660, establece en su artículo 65 que: “La alimentación del interno estará a cargo de la administración, será adecuada a sus necesidades y sustentada en criterios higiénico-dietéticos…”.

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Capítulo 3

Por ello, dado que es una obligación de esta institución arbitrar los medios para garantizar a las personas alojadas una adecuada alimentación basada en conceptos básicos uniformes e imprescindibles, se creó una comisión de trabajo para que establezca un protocolo de funcionamiento del servicio de comidas en cocido, destinado al consumo de la población penal y del personal penitenciario. La mencionada comisión previó procedimientos para profesionalizar la adquisición de materias primas y para la prestación del servicio de comidas en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comlejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, así como todo lo concerniente a la elaboración de alimentos, su higiene, manipulación y distribución. También se establecieron los mecanismos de recepción de comestibles en crudo y detallan los procesos de depósito y conservación. 3.8. Protocolo de pautas para el control de calidad y cantidad de la alimentación La Dirección Nacional encomendó a la Dirección de Sanidad, la elaboración de un protocolo de pautas para garantizar

el control de calidad y cantidad de la alimentación, destinado a todos los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal. Dicho instrumento, ordena en forma sencilla el circuito de los alimentos dentro del establecimiento carcelario, en seis procesos que al implementarse podrán coordinar más ajustadamente la labor penitenciaria, impactando directamente sobre el bienestar de la población penal. Estos procesos, describen las situaciones que se podrán suscitar, desde la generación de la prescripción médica, el egreso de la ración de la cocina lista para ser consumida y los registros ajustados a los mismos, involucrando al sector médico y administrativo, y eventualmente a terceros tales como el servicio de catering. El protocolo fue elaborado para ser implementado, en primera instancia, en la Prisión Regional del Sur (U.9), y dado la amplitud del desarrollo de los procesos, se consideró establecerlo como marco regulatorio de carácter general aplicable en todos los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal. Establece las bases fundamentales a las que deben sujetarse los protocolos específicos de cada establecimiento, atento a las diferencias que pueden pre73

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sentarse en la dinámica del tratamiento de la alimentación y se encomendó a la Dirección de Sanidad que –en función de su competencia y responsabilidad–, tenga a su cargo la supervisión de la totalidad de los proyectos de protocolos específicos y de sus sucesivas actualizaciones, previo a su aplicación para contar con la aprobación del área y su posterior implementación.

3.9. Reglamento para las actividades de asistencia espiritual El Departamento de Culto elaboró un Reglamento para las Actividades de Asistencia Espiritual en Establecimientos Penitenciarios, que procura asegurar el derecho a profesar libremente el culto, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, y que fue aprobado por Resolución de la Dirección Nacional.

3.10. Seguridad de los establecimientos de la zona metropolitana Inspirado en el firme propósito de evaluar el estado de los recursos humanos, económicos, materiales y técnicos existentes, se creó una comisión de trabajo destinada a realizar un estudio exhaustivo de necesidades afines a la seguridad de los establecimientos penitenciarios

emplazados en la zona metropolitana, y generar una evaluación del estado de los recursos humanos, económicos, materiales y técnicos existentes. El equipo interdisciplinario de expertos realizó un replanteo de necesidades fortaleciendo la seguridad del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; del Complejo Penitenciario Federal I, Ezeiza; del Complejo Penitenciario Federal II, Marcos Paz; del Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres, Ezeiza; del Complejo Federal de Jóvenes Adultos, Marcos Paz; de la Colonia Penal de Ezeiza (U.19); del Centro Penitenciario de Enfermedades Infecciosas (U.21); del Centro Federal de Detención de Mujeres Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás (U.31), Ezeiza; del Servicio Central de Alcaidías, y de la sede de la Dirección Nacional.

3.11. Reglamentacón del sistema de videovigilancia La instalación de un sistema de videovigilancia destinado a la seguridad, supervisión y control en el interior y exterior de los complejos, unidades o dependencias penitenciarias, tiene como fin la protección de las personas y de los bienes, la prevención de ilícitos o eventos dañosos y el esclarecimiento de eventos

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Capítulo 3

perjudiciales, mediante la captación de imágenes.

midad con los principios consagrados en la Constitución Nacional.

La utilización de videocámaras está regida por el principio de proporcionalidad

Por la reglamentación, el Servicio Penitenciario Federal tendrá a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas y la responsabilidad sobre su ulterior destino, incluida su inutilización o destrucción. Por eso, debe adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones –intencionales o no–, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.

y razonabilidad –en su doble versión de procedencia y de intervención mínima–, por lo tanto en cada caso, debe mediar la razonable proporción entre la finalidad pretendida y la posible afectación al honor, a la imagen y a la intimidad de las personas. Acorde a ello, se determinó que sólo podrán emplearse videocámaras cuando resulte adecuado; en una situación concreta; en un espacio determinado –como en el interior del establecimiento, los corredores, pasillos, patios y otras áreas de uso común–, y de sectores o áreas de internación médica o psiquiátrica; de personas que requieran por su estado o patología supervisión permanente; para brindar protección general y seguridad a las personas y a los bienes, y para visualizar en tiempo real los posibles hechos o conductas que determinen un riesgo actual o inminente. La intervención mínima exige la ponderación en cada caso entre la finalidad pretendida y la posible afectación por la utilización de la videocámara, al derecho a la propia imagen, a la intimidad y a la privacidad de las personas, de confor-

3.12. Regularización de las contrataciones La adquisición de bienes y servicios por parte de la Administración Pública Nacional debe regirse por las disposiciones del Decreto Nº 893/12 y su similar Nº 1.023/2001, esto es a través de alguna de las figuras contractuales reglamentariamente previstas. Pero, desde el inicio de la gestión del suscripto en 2014, las necesidades im-

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postergables de prestación de servicios y bienes de uso y consumo básico de la población penal y la Institución en general, fueron solventados con la figura del Legitimo Abono, el cual es un procedimiento no reglado y excepcional que la doctrina y jurisprudencia ha admitido para atender servicios esenciales, de carácter impostergable e imprescindible, que por diversas circunstancias o contingencias, no pudieron ser adquiridos o renovados en tiempo y forma dentro del marco de los regímenes generales para contrataciones de bienes y servicios. Si bien no escapó al conocimiento de la Dirección Nacional las contingencias que pudieran corresponder a quienes intervienen en las tramitaciones de referencia, resultando insoslayable que los bienes y servicios adquiridos, impostergables e imprescindibles, afectarían la integridad o seguridad de las personas o bienes patrimoniales del organismo ante su carencia, debe primar el bien jurídico protegido por los artículos 18 y 22 de la Constitución Nacional y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, N° 24.660. Pero este procedimiento de excepción se naturalizó cuando corresponde que sea de carácter extraordinario. En función de lo expuesto, se consideró adecuado realizar un análisis de la coyuntura

Institucional, con el objeto de minimizar el empleo del Legítimo Abono y buscar alternativas razonables que permitan encausar y reducir su utilización. Por esa razón, se creó una Comisión de Trabajo, integrada por las distintas áreas que integran el circuito administrativo licitatorio, con el fin de materializar acciones que permitan reencausar las tramitaciones y procedimientos de adquisición de bienes y servicios para la institución, la cual fue dotada de la facultad de evaluar las listas de proveedores de bienes y servicios, como así también analizar la razonabilidad de los montos reconocidos con carácter de Legítimo Abono. También se invitó a los miembros de las distintas áreas del ministerio de Justicia y Derechos Humanos a incorporarse a la comisión aludida a título de especial colaboración, y con el objeto de arribar a una pronta solución a la situación planteada, dada la intervención que le corresponde a la cartera ministerial en ciertos actos licitatorios.

3.13. Manual de procedimientos para mesa de entradas La Dirección Nacional consideró necesario revisar el sistema de tramitación de actuaciones administrativas de la Divi-

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sión Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo de la Dirección de Secretaría General. Acorde a ello, se estimó necesario crear una comisión para dictar un manual que determine específicamente los procedimientos a los que se ajuste la mencionada dependencia, determinando los lineamientos de trabajo. Ello permite minimizar la inflación burocrática.

3.14. Reglamentación del retiro anticipado de peculio La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal emprendió un proceso de adecuación de la normativa institucional, para incrementar sus niveles de eficacia, eficiencia y calidad. En ese marco, se creó una comisión para analizar la reglamentación y directivas internas y externas dictadas respecto al retiro anticipado de fondos de internos, producto del trabajo que cada uno desarrolla en los establecimientos penitenciarios en los que se encuentran alojados. También la integrarán los distintos organismos, establecimientos y unidades que realizan tareas directivas y ejecutivas sobre el particular; como así también por miembros del Servicio de Pre-

vención de la Corrupción de la Dirección Nacional, a los efectos de observar si en su operatoria pudieran surgir elementos que sean propios de dicho servicio.

3.15. Leasing y traslados La Dirección Nacional encomendó al Departamento Aéreo Penitenciario un estudio destinado a evaluar los costos para mejorar los operativos de traslados de internos y custodias de los mismos. Entre otros aspectos se consideró que el traslado por vía aérea, evitan el agotamiento e incomodidades de los movimientos terrestres, los cuales cuando se realizan en distancias grandes, además del incordio que produce provocan costos importantes en combustible, desgaste del material rodante, gastos en el pago de viáticos, están sometidos a ciertos eventuales como colisiones, roturas en rutas y contingencias que pueden provocar problemas de seguridad. Además de minimizarse los costos operativos, se alquilará una aeronave que permita hacer los traslados entre puntos geográficos ubicados distantes –teniendo en cuenta que el Servicio Penitenciario Federal tiene establecimientos en los extremos norte y sur del país–, y se aumentarán las condiciones de seguridad,

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la celeridad de los movimientos para el cumplimiento de mandas judiciales y se responderá con prontitud a las situaciones que exijan traslados por razones sanitarias en las que se encuentre en riesgo la vida o la salud de los internos. La investigación refleja que, en el trascurso de un año se trasladan aproximadamente 2.850 internos hacia y desde el interior del país; se utilizan 557 vehículos de la Dirección Principal de Seguridad; se emplean 2.600 agentes del personal superior y subalterno –masculino y femenino–, que a su vez demandan la implementación de 26.300 horas hombre, y recorren aproximadamente 1.200.000 kilómetros; que generan un gasto aproximado de $5.500.000 en concepto de viáticos y eventuales; $2.060.000 en reparación de vehículos; $400.000 en vuelos sanitarios rentados, y $120.000 en concepto de pasajes aéreos usufructuados por el personal superior en comisiones al interior del país. A mediados de febrero de 2015, se inició la elaboración del proyecto de estandarización de vehículos para el traslado de internos, que cuenta con la intervención de varias áreas específicas de seguridad, entre las que se destacan, la Dirección de Traslados; la Dirección de Protección Contra Siniestros y Seguridad Laboral; la Dirección de Seguridad

Penitenciaria, y la Dirección de Trabajo y Producción. Se realizó la documentación técnica conforme a lo establecido por las sugerencias del personal de traslados y de los técnicos del área de siniestros, para el desarrollo de un sistema mecánico para la pronta liberación de los internos, en caso de siniestros.

3.16. Acciones desarrolladas para prevenir siniestros y garantizar la seguridad laboral En este sentido, se implementaron medidas destinadas a prevenir riesgos que puedan generar daños los agentes o a cualquiera de las personas que habitan los establecimientos penitenciarios. En consonancia con ellos, se impartieron directivas en materia de seguridad, de higiene y de trabajo, y se recomendó adoptar las medidas necesarias para el control de todo riesgo detectado conforme a las disposiciones reglamentarias, legales, como así también estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. Para eso, se realizaron relevamientos a cargo de profesionales de higiene y se-

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guridad laboral, teniendo en cuenta las normas emergentes de la Ley N° 19.587 y el Decreto reglamentario N° 351/79 y las resoluciones concordantes, junto con las prescripciones de los Boletines Públicos Normativos N° 261/ 07, N° 357/10, N° 400/10. Posteriormente, se realizó una devolución a cada dependencia con las observaciones encontradas para que normalicen las con urgencia las falencias detectadas. Además se brindaron capacitaciones a más de 1.500 agentes para impartir conocimientos teórico-prácticos, e indicar los recursos materiales necesarios para crear las condiciones de prevención y seguridad referidas a los riesgos en el trabajo en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal. En este sentido, se puso especial interés y atención en el desarrollo de un curso intensivo para brigadistas de la institución, los que lideran los procedimientos ante eventuales siniestros. Otras acciones estuvieron dirigidas a la concientización sobre separación y disposición de residuos domiciliarios, fumigación de plagas y el manejo imprudente de determinados despojos. También, se realizó un análisis sobre los planes de evacuación para situaciones de emergencia en cada establecimiento,

poniendo especial énfasis en las prescripciones insertas en el Boletín Público Penitenciario Nº 357/10 y Nº 400/10 y las directivas impartidas en los memorandos Nº 25/13 (Dirección Principal de Seguridad), Nº 38/14 y Nº 79/15 (Dirección General del Cuerpo Penitenciario). Entre otras acciones, se desarrolló el control de la calidad del agua en los establecimientos que consistió en la toma de muestras y en la realizaron de análisis, para adoptar –posteriormente– medidas específicas. En materia de medioambiente, se realizó el mantenimiento general de pozos de bombeos, el control de la red de los sistemas sanitarios y las plantas de tratamientos de efluentes líquidos, especialmente en las unidades con asiento en la Cuenca Matanza-Riachuelo y se efectuó la planificación estratégica para el saneamiento ambiental y sanitario.

3.17. Protocolo para los Grupos de Operaciones Anti siniestros Se realizó un protocolo de actuación para la intervención de los Grupos de Operaciones Anti siniestros; para lo cual se constituyeron mesas de trabajo en las que participaron profesionales que cumplen funciones afines, todos ellos especialistas en la materia. 79

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Para la redacción del documento, se tuvieron en cuenta los resultados y las conclusiones a las que se arribaron en distintos simulacros y muy especialmente la necesidad de proteger la vida e integridad física de las personas, minimizando por otra parte, los daños y las pérdidas económicas por medio de acciones de prevención, control y correcto accionar situaciones de emergencia. El protocolo fija los objetivos, los recursos necesarios para su implementación, las acciones de prevención, de alerta temprana, de alarma, del servicio de extinción y de evacuación. En razón a la necesidad de ponerlo en ejecución en forma inmediata, se aprobó ad referéndum de la futura intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y resolvió su implementación en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

3.18. Acciones emprendidas por el área técnica de Asuntos Legales y Jurídicos La Dirección de Auditoría General, motivó a los profesionales del Sub-escalafón Jurídico para que adopten una postura proactiva y preventiva para la solución de conflictos. Con esa intención se rea-

decuó el funcionamiento de las diferentes divisiones y creó un área destinada a la coordinación de las auditorías zonales para unificar el lineamiento técnico profesional de actuación bajo parámetros cualitativos. Además se creó la figura del asesor penal regional. Entre otras medidas, se unificó la intervención jurídica en materia de asuntos previsionales, lo que permitió disminuir el tiempo burocrático y optimizar la labor profesional. Asimismo se centralizaron las actuaciones disciplinarias y puso en manos de abogados especializados. También se creó la división asuntos patrimoniales, la cual tiene injerencia para intervenir en las contrataciones que realiza el Estado para la adquisición de bienes y servicios. Finalmente se realizó un compendio de jurisprudencia y otro de doctrina para uso de todas las áreas jurídicas especializadas, sobre técnica legislativa, recursos, contrataciones del Estado, ejecución penal, procesal y derecho administrativo, entre otros.

3.19. Servicio de Promoción de Derechos Humanos El Servicio de Promoción de Derechos Humanos –elaborado por Resolución DN 1088/2014 del Servicio Penitencia-

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rio Federal– se creó con el objeto de afianzar el respeto y protección de los derechos esenciales de las personas privadas de la libertad Dentro de las funciones se destacan: 1. Coordinar las diferentes acciones de capacitación continua y permanente de las personas que integran el contexto de encierro. 2. Asesorar a la Dirección Nacional respecto a los planes, programas y políticas relativas a la promoción y defensa de los derechos humanos y a la no discriminación de grupos o personas. 3. Coordinar el cumplimiento de las normas que reconozcan y reglamenten los derechos humanos y promover la difusión de su conocimiento, para prevenir eventuales violaciones dentro del Servicio Penitenciario Federal. 4. Disponer acciones con organismos gubernamentales y no gubernamentales en materia de derechos humanos. 5. Elaborar planes y programas específicos en materia de promoción de los derechos humanos individuales y colectivos y supervisar su ejecución en los contextos de encierro. 6. Promover las reformas legales y reglamentarias que resulten indispensables para la adecuación de la normativa insti-

tucional vigente a las exigencias que en materia de derechos fundamentales de las personas ordena la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de protección, mediante los cuales el Estado nacional se obligó a cumplir. 7. Coordinar acciones para la asistencia de las necesidades específicas de los grupos especialmente vulnerables. Además, actúa en sinergia con el Servicio de Procesos de Justicia Restaurativa y las acciones que se desarrollan desde su creación son: • Visitas periódicas a los sectores de alojamiento, de asistencia y de tratamiento de los establecimientos penitenciarios de la zona metropolitana: tienen por objetivo relevar las necesidades y demandas de las personas privadas de la libertad y del personal penitenciario, así como también, hacer un seguimiento de las condiciones de detención y de trabajo, para detectar deficiencias de recursos o desvíos en los procesos y proponer vías de corrección. • Implementación de técnicas y dispositivos relacionados con los métodos de resolución dialogada de conflictos: las acciones consisten en el uso de dispositivos,

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como comités de convivencia, talleres para las personas privadas de la libertad y cursos de capacitación para los agentes encargados de su cuidado. Se gestionan los conflictos involucrando a todos los actores del sistema. Los integrantes del Servicio de Promoción de los Derechos Humanos. participan en todos los comités de convivencia. • Talleres de reflexión y autoconocimiento en el Centro Federal de Detención de Mujeres Ntra. Señora del Rosario de San Nicolás (U.31): el programa se diseñó para proporcionar a las alojadas, durante ocho encuentros, herramientas de comunicación asertiva y mecanismos para controlar la impulsividad, la ira y la agresividad. Se prevé que estos talleres se desarrollen también en Colonia Penal de Ezeiza (U.19). • Comités de convivencia: destinados a mejorar las relaciones interpersonales de los alojados y de estos con el personal, se promovió y se generalizó su empleo en distintos establecimientos. • Resolución alternativa de conflictos: se naturalizó este mecanismo destinado a que los internos

empleen métodos no confrontativos y comunicacionales para disminuir los niveles de violencia.

Seminarios y cursos de capacitación destinados al personal penitenciario • Seminario sobre Prevención de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: se desarrolló durante septiembre de 2015 y estuvo a cargo de los jueces Mariano H. Borinsky, de la Cámara Federal de Casación Penal-Sala III, y de Daniel E. Rafecas, del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3. Asimismo, se analizaron distintos fallos jurisprudenciales. • Seminario sobre Prevención de los Malos Tratos, apremios y Torturas en Contexto de Encierro con abordaje de normativa nacional e internacional de Derechos Humanos y con especial énfasis en la responsabilidad internacional del Estado en la materia: se les brinda peródicamente a los participantes conocimientos y herramientas que les permitan un optimo ejercicio de sus funciones garantizando el cumplimiento de los derechos fundamentales.

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Jornadas de difusión de estándares y protocolos de trabajo

trictos de las funciones encomendadas al personal penitenciario.

Con el objetivo de revalorizar los espacios de encierro como servicio público y mejorar la calidad de las prestaciones, en 2014 se inició un proceso de normalización de las actividades básicas que se realizan en las unidades y complejos penitenciarios.

El novedoso cuerpo normativo, pondera las responsabilidades que le corresponden a los funcionarios como garantes del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y estableció un adecuado control del debido proceso, defensa, razonabilidad y publicidad del derecho administrativo.

En 2015, se dictaron jornadas de capacitación para equipos de trabajo, en los establecimientos, sobre procesos específicos, por caso: registro e inspección; ingreso; traslados, etc. Para el personal penitenciario se prevé, además, el dictado de jornadas sobre Difusión de Estándares de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos y cárceles y Difusión del Manual de Buena Práctica Penitenciaria y Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos.

3.20. Reforma del Reglamento del Régimen Disciplinario A los fines de perfeccionar y actualizar los contenidos del Reglamento del Régimen Disciplinario del Servicio Penitenciario Federal, se conformó una comisión de trabajo, la cual contempló la creación de procedimientos que permitieran realizar controles minuciosos y es-

El reglamento pone el acento en la celeridad que debe imprimirse a las Informaciones sumarias y sumarios administrativos y fijó procedimientos simples y claros. El Proyecto de Decreto del Poder Ejecutivo Nacional elaborado por la comisión que se constituyó, propuso la aprobación de las Normas de Conducta para los Funcionarios Penitenciarios, reglamentario del Capítulo XIII Régimen Disciplinario de la Ley N° 17.236 conforme el texto de la Ley 20.416 y la derogación del Decreto Nº 1523 de fecha 14 de marzo de 1968, Reglamento del Régimen Disciplinaria, del personal del Servicio Penitenciario Federal. Además se establecieron faltas disciplinarias agrupadas según: a) Principios de ética profesional b) El orden disciplinario 83

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c) El orden administrativo d) La seguridad e) El orden penitenciario También se creó un cuerpo de instructores especializados en derecho administrativo, los cuales deberán cumplir los procedimientos de un modo uniforme, rápido y ser eficientes. La normativa recepta los principios constitucionales, garantiza la defensa y el debido proceso administrativo.

3.21. Creación de la Mesa de Asuntos Consulares En los últimos años aumentó exponencialmente el porcentaje de población penal extranjera alojada bajo la órbita de este Servicio Penitenciario Federal, llegando a conformar casi el 30%, entre los cuales casi 2.100 son de habla hispana y 236 hablan otras lenguas. Las personas extranjeras, sufren el desarraigo, las dificultades del idioma, la pérdida de ciertas costumbres de su país de origen y quedan en una situación de vulnerabilidad especial, lo cual amerita disponer de todos los recursos y herramientas técnicas, educativas y asistenciales para compensar los sufrimientos que le puede provocar esta situación.

Por lo dicho, en consideración a que la comunicación con los representantes diplomáticos debe ser fluida, rápida y eficiente se creó la Mesa de Asuntos Consulares dependiente de la Dirección Nacional, con representantes de la Dirección General de Régimen Correccional y del área de relaciones públicas de la Dirección de Secretaría General. Este nuevo espacio de responsabilidad, promoverá la activa participación de los directivos de los establecimientos en los cuales se aloje a extranjeros para que gestionen la información que les puedan requerir o comunicar sobre los nacionales de cada país respecto al estado de salud, régimen de progresividad, egresos, y todo lo atinente a peculio, recepción de comunicaciones, encomiendas, entre otras cuestiones También se creó un instrumento que desde la página web institucional, generó un link que permite un acceso ágil, moderno y que unifica los procesos que deberán seguirse. A la par se elaboró un formulario virtual, para auspiciar de nexo entre la Institución y los demás organismos internacionales.

3.22. Celador virtual Se trata de una solución tecnológica, a partir de la cual los internos alojados

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en establecimientos penitenciarios se podrán comunicar a través de una plataforma virtual de audio y video con un operador que los atenderá y recibirá sus reclarmos o requerimientos, para luego derivarlos al área pertinente. Este sistema canaliza en tiempo real las necesidades a través de una interacción inmediata, resolviendo cuestiones que tengan que ver con asistencia médica, estado de las visitas, audiencias, consultas judiciales y peculio, entre otras. Por su parte, el sistema permitirá un mayor control de atención de las necesidades de los internos y, también, medirse los tiempos de respuesta del personal penitenciario.

3.23. Participación de los organismos privados en las relaciones sociales El Reglamento de Comunicaciones de los Internos, aprobado por Decreto Nº 1.136 del 30 de octubre de 1997, consigna en el capítulo XI las relaciones familiares y sociales (artículos 158 a 167) de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660. Conforme reza el reglamento individualizado, cuando regula las visitas de asistencia social: “El interno individualmente podrá recibir la visita de personas, de

miembros de organismos oficiales o privados que posean personería jurídica con el objeto especifico de favorecer sus posibilidades de reinserción social, contribuir al amparo de su familia o atender a las necesidades morales y materiales especialmente cuando carezca de familiares o estos se encontraren imposibilitados de visitarlo. Su acción, en todos los casos, será coordinada por el servicio social del establecimiento”. El artículo 110, indica que “Las organizaciones privadas deberán inscribirse en un registro… A tales efectos deberán presentar la solicitud correspondiente acompañando: a) Copia certificada de sus estatutos y de la resolución que le acuerda la personería jurídica; b) Copia certificada de la memoria y balance del último ejercicio; c) Nómina actualizada de sus autoridades indicando sus documentos de identidad; d) Actividades que se proponen desarrollar con el interno, y e) Nómina de las personas propuestas para entrevistar al interno, con indicación de sus datos personales y calificación profesional”. Por ello, se dieron instrucciones para generar un instrumento para mantener un mejor control y registro de los organismos que brindan apoyo al bienestar de los internos y colaboran aportando herramientas útiles en pos de una rein-

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serción socio-laboral; evitando la superposición de actividades educativas, culturales, laborales, deportivas y de esparcimiento llevadas a cabo en los complejos y unidades. Este mecanismo permitió desplegar las acciones necesarias para atender adecuadamente a los requerimientos y particularidades de cada caso, en función de las actividades y especialidades de cada organización. La denominada Planilla de Solicitud y Evaluación de Proyectos y Actividades de Asociaciones Civiles y otras Organizaciones, se utilizará ante el requerimiento de asociaciones civiles, fundaciones y demás organizaciones de bien público, que presenten interés en desarrollar actividades en un establecimiento penitenciario. Asimismo, para facilitar la gestión inicial de las solicitudes, se decidió que el trámite pueda realizarse a través de la página web institucional.

“asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas personas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional”. También, esa norma establece el derecho de las personas con padecimiento mental a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud y a recibir una atención basada en fundamentos científicos, ajustados a principios éticos, entre otros.

3.24. Protocolo de asistencia psiquiátrica a través del sistema de videoconferencia

Por la extensión del territorio nacional, las realidades sociales y económicas locales, el tipo de accesibilidad regional y las condiciones actuales de los servicios de salud de las diferentes ciudades del interior del país, no hay una oferta de profesionales especialistas que puedan desempeñarse en los establecimientos penitenciarios.

El artículo 112 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660 y la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, establece que se debe

Tras un estudio realizado al respecto, debido a la falta de profesionales y a la alta demanda por las características particulares del grupo de personas privadas de

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la libertad, surge un emergente generalizado: la falta de médicos especialistas en psiquiatría. Además en la adecuada evaluación, diagnóstico y prescripción terapéutica debe, necesariamente, intervenir un médico especialista junto a los demás profesionales del equipo interdisciplinario. El artículo 12° de la Ley Nacional de Salud Mental establece: “La indicación y renovación de prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de las evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma automática. Debe promoverse que los tratamientos psicofarmacológicos se realicen en el marco de abordajes interdisciplinarios”. En consonancia, se buscaron alternativas eficaces y eficientes que persiguen garantizar el acceso a la salud, en particular a la salud mental, de las personas privadas de la libertad. Para ello, se recurrió a la aplicación de los conocimientos y de la tecnología disponible para dar una respuesta concreta a la situación planteada. También se acudió al derecho comparado y analizaron las soluciones que se dieron en Estados Unidos (Arizona, Nueva York y Kansas), Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, España y Sudáfrica. Por otra parte se ponderó la incor-

poración y el uso de la telemedicina, que se puede definir como la atención cuando el médico y el paciente no coinciden física y temporalmente, utilizando tecnologías de información y comunicación. La American Telemedicine Association define que: “La telemedicina es el intercambio de información médica entre dos sitios a través de comunicaciones electrónicas y su utilización para mejorar el estado de salud clínica de un paciente. Incluye una variedad cada vez mayor de aplicaciones y servicios que utilizan videoconferencias, correo electrónico, teléfonos inteligentes, comunicaciones inalámbricas y otras formas de tecnología de las telecomunicaciones”. El uso de la telemedicina para los establecimientos penitenciarios permite: • Asegurar el acceso a la salud de las personas privadas de la libertad. • Garantiza la supervisión de diagnósticos y tratamientos médicos. • Fomentar la interdisciplina. • Aumentar la disponibilidad de especialistas médicos. • Disminuir los costos de traslado y custodia, mejorando la capa-

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cidad operativa de los establecimientos. • Minimizar los riesgos de fuga durante los traslados. En el protocolo están previstos los crite-

rios de exclusión, la detección de la necesidad de intervención y exige contar con el consentimiento informado, al tiempo que establece las modalidades para la solicitud de turnos y consultas por videoconferencias, entre otros aspectos.

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Benchmarking aplicado a la gestión de calidad en el ámbito penitenciario

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4.1. Estándares de calidad del desempeño y benchmarking La gestión de calidad es el conjunto de normas correspondientes a una organización, vinculadas entre sí y a partir de las cuales se puede administrar eficazmente. A la par se han incorporado herramientas de benchmarking como instrumentos de mejora e innovación de la gestión pública con la finalidad de comprometer esfuerzos para conseguir calidad, eficiencia y eficacia en los servicios que presta. El benchmarking fue definido como un proceso de evaluación continuo y sistemático mediante el cual se analizan y comparan permanentemente los procesos de una organización frente al de otras de cualquier parte del mundo, a fin de obtener información que pueda optimizar su rendimiento. Se basa en encontrar, adaptar e implementar las mejoras prácticas. Para optimizar los niveles cualitativos se requiere de una estructura organizacional en la que estén jerarquizados los niveles directivos y los de gestión; deben estar definidas las responsabilidades de los individuos y de los directores, de las divisiones y de cada área; también los procedimientos que resultarán del plan de pautas destinado a controlar las acciones de la institución; los procesos que persiguen el objetivo específico, y los

recursos técnicos, entre otros. Además, un buen sistema de gestión de calidad, siempre garantizará a la organización estándares de desempeño funcional en el ámbito penitenciario: la satisfacción de los requerimientos de quienes son destinatarios de sus servicios. En la actualidad, existen una gran variedad de estándares de gestión de calidad, como los establecidos por la International Organization for Standardization (ISO) o la Deutsches Institut für Normung (DIN), los que permiten validar su sistema de calidad a través de la ejecución de una auditoría por parte de algunos de estos patrones. A través de los estándares, se busca abordar la gestión de calidad del desempeño en diferentes procesos que hacen al funcionamiento orgánico de los establecimientos penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal, con el fin de que se adecuen a los objetivos, valores, y a las normas legales y reglamentarias que regulan la institución. Benchmarking consiste en aportar al personal un medio común y objetivo para evaluar los niveles de desempeño en las distintas áreas operativas. De este modo, proporcionan una referencia común que puede ser utilizada para medir las diferentes prácticas que están involucradas en el trabajo. 93

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Una característica de los estándares es que son de naturaleza concreta y objetiva. Sus funciones incluyen las metas que se deben alcanzar y el parámetro para evaluar el desempeño de los miembros de la institución. Asimismo, en la dinámica institucional cumplen una función importante, ya que indican al personal penitenciario cuáles son las características que –de acuerdo a los criterios de la institución–, deben tener los procesos de los que son responsables. Entre los beneficios, se destacan la adopción de criterios comunes sobre cómo proceder en situaciones cotidianas y las estrategias que deben implemenarse para responder a las diversas problemáticas. Para mejorar el servicio que debe prestar la institución, se seleccionaron una serie de ítems en los cuales se consideró necesario definir estándares y protocolizar su actuación. Entre ellos se distinguen los referidos a: • Habitabilidad • Procesos sancionatorios • Alimentación • Procedimientos para efectuar pedidos o formular quejas ante las distintas áreas del establecimiento • Estrategia contra las drogas

• Seguridad y prevención frente a siniestros • Servicio de salud para los internos • Recolección sistemática de datos estadísticos • Traslado y custodia de detenidos • Reducción de la violencia • Conducta y disciplina del personal Habitabilidad: ningún alojamiento celular o común debe ser ocupado por un número mayor al de su capacidad operativa. Por eso, el Director General de Régimen Correccional definirá en cada caso el máximo de internos que podrá alojarse en cada caso, es decir el cupo del establecimiento. Se pretende que las celdas y los pabellones provean a los internos niveles razonables de espacio y privacidad. Procesos sancionatorios: los procedimientos para la comprobación de la infracción, imposición de la sanción pertinente y su ejecución se deberán ajustar a las disposiciones del Reglamento de Disciplina para los Internos, que contendrán: a) La relación del hecho con circunstancias de lugar y tiempo. b) La indicación de partícipes, damnificados y testigos, si los hubiere.

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c) La mención de otros elementos que puedan conducir a la comprobación de la infracción. d) Las medidas preventivas de urgencia que se hubieren adoptado. e) El día, hora y lugar en que se labró el parte, suscriptos por el funcionario actuante. La redacción del parte no puede estar a cargo de personal que no hubiese estado vinculado al hecho y, por otra parte, el sumariante debe notificar a la persona –dentro de las 24 horas de haber recibido el expediente–, la infracción que se le imputa, los cargos existentes y los derechos que le asisten.

boración debe poseer la capacitación o certificación emitida por autoridad competente. Intervienen en el proceso de verificación de la alimentación el servicio médico del establecimiento y el área administrativa. Para este procedimiento, se establecieron criterios clave de control de las condiciones higiénicas y del almacenamiento de los alimentos, la revisión de las disposiciones sobre los procesos de preparación de comida –las que deben estar publicadas y exhibidas–, y el lapso de tiempo transcurrido entre el proceso de cocción y el de servida la comida, que no debe exceder los 45 minutos.

En cada caso, se deberán asentar todas las sanciones aplicadas a los internos procesados y condenados en los libros correspondientes habilitados a tal efecto. El aislamiento no será impuesto a menos que un médico haya revisado al detenido y emitido el certificado correspondiente con el apto para permanecer en una celda individual. En cada caso, se deberá registrar el resultado de la evaluación médica.

Procedimiento para efectuar pedidos o formular quejas ante las distintas áreas del establecimiento: los internos cuentan con un medio efectivo para solicitar la atención de un área profesional o de servicios del establecimiento. Esta regulación pretende que los privados de libertad sean escuchados por el responsable del área con la que se quiera manifestar, acreditándose la circunstancia de su exposición y la efectiva respuesta a su planteo.

Alimentación: los procesos de elaboración de comidas deberán cumplir con la legislación en materia de alimentación, por eso el personal encargado el acopio, manipulación, manufactura y ela-

Para alcanzar este objetivo, se decidió preparar material impreso explicando cómo elevar peticiones o reclamos y exhibirlo en espacios visibles para los internos, distribuir formularios de solicitud de 95

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audiencias y designar a personal responsable de resolver las peticiones dejando constancia de dicha intervención. Estrategia contra las drogas: las acciones emprendidas, buscan evitar el consumo y circulación de sustancias no permitidas. Por eso se promueve la utilización de procedimientos y equipamientos específicos para detectar el ingreso de elementos prohibidos. Además, se prevé el uso de reactivos para el testeo y la identificación de internos que hayan abusado de drogas para brindarle la asistencia apropiados. A los fines de definir criterios de control, cada establecimiento contará con un documento que incluirá el detalle de los servicios clínicos provistos por el área médica y de los dispositivos de abordaje con que cuenta la psicología frente a las adicciones. También, deberán disponer de un equipo multidisciplinario para tratar la problemática de las adicciones en contexto de encierro. Prevención y protección contra siniestros: todos los establecimientos penitenciarios deberán crear brigadas de protección contra siniestros, conformadas con el personal de su dotación, previendo las áreas responsables su presencia permanente para responder ante eventuales imponderables. De esta forma, se dará respuesta ade-

cuada a posibles riesgos de desastres naturales o siniestros que puedan ser provocados. Para eso, los establecimiento bajo jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal están obligados a elaborar roles de emergencia y de evacuación. Las acciones establecidas deberán socializarse entre el personal –que deberá ser instruido y al que se le asignarán funciones específicas–, para las que tendrán que entrenarse ante presuntas órdenes de evacuación y para el empleo correcto del equipamiento. Los responsables serán capacitados para coordinan planes de acción junto con bomberos, policía, servicios médicos, defensa civil y hospitales zonales. Servicio de salud para los internos: los establecimientos deben garantizar servicios de prevención, promoción y tratamiento de la salud de la población penal. Se apunta a que –al momento del ingreso– se realice una evaluación médica inicial del detenido a cargo de un profesional para certificar su estado general y para dispensarle, si correspondiere, el tratamiento necesario. El profesional que lo atienda, deberá dejar constancia de la asistencia en una historia clínica individual su estado: lesiones, signos de deterioro físico o psíquico y de los síndromes etílicos o de ingesta

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de drogas, si los tuviese. Asimismo, en aquellos casos en que se detecte riesgo de suicidio o de autolesión se cumplirá con los protocolos correspondientes y se dispondrá la intervención clínica, la evaluación de su salud mental, el plan de tratamiento, y el seguimiento y controles acordes al diagnóstico. También, se ofrecerá la realización del test de VIH y de infecciones de transmisión sexual, respetando los principios de confidencialidad, autonomía de la voluntad y consentimiento informado, y se dejará constancia en la historia clínica de los resultados.

Recopilación y sistematización de datos: con la finalidad de que los cuadros ejecutivos puedan contar con información objetiva y actualizada, los establecimientos penitenciarios deberán cumplir con los procedimientos fijados para proveerlos. El objetivo es unificar la metodología y las pautas de acción relacionadas con el procedimiento de recopilación y sistematización continúa de datos. Para ello, dispondrán de circuitos internos dinámicos y ágiles para la captura diaria de datos y su posterior remisión.

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5.1. Instituto de Criminología El Instituto de Criminología fue jerarquizado durante 2014 y puesto bajo la directa dependencia de la Dirección Nacional, quedando bajo su cargo las actividades de investigación, capacitación y docencia. Sus actividades son: a) Promover, desarrollar e incentivar la realización de estudios e investigaciones interdisciplinarias en materia criminológica y penitenciaria. b) Planificar, gestionar y desarrollar instancias de formación y capacitación, que permitan favorecer y contribuir a la mejora y reflexión de las buenas prácticas penitenciarias, promoviendo su adecuada profesionalización. Para las acciones de investigación y docencia se previeron espacios de capacitación, de perfeccionamiento y de actualización profesional, para lo cual se acudió a los aportes de universidades con la finalidad de alcanzar un mayor enriquecimiento e intercambio académico y profesional. Además, el equipo interdisciplinario que conforma al instituto se perfeccionó con la inclusión de profesionales con formación en psicología clínica, neurociencias y psiquiatría. Con la intencionalidad de fortalecer la vinculación académica y de intercambio,

con la Universidad del Salvador –a través del convenio marco preexistente–, se firmó un acuerdo específico con la Facultad de Psicología y Psicopedagogía. El alcance de dicho acuerdo concierta la realización de prácticas educativas no rentadas por parte de los estudiantes avanzados de la licenciatura de Psicología de esa unidad académica y dispone la participación de la institución en la preparación especializada y práctica requerida para la formación profesional de los alumnos en su dimensión asistencial, clínica y criminológica. Los primeros trabajos encomendados al Instituto de Criminología versaron sobre la puesta en marcha del programa de clasificación inicial por riesgo, que requirió del trabajo interdisciplinario de profesionales del Servicio Penitenciario Federal. A esos fines, se diseñó un instrumento de muestreo y un trabajo de campo que permitió formalizar el modelo de entrevista cerrada para acopiar la información estática y dinámica. Posteriormente, con la intervención de economistas y econometristas, se realizó una ponderación que permite establecer los niveles de riesgos para sí, para terceros –entre internos o con el personal– o para la seguridad púbica. Durante 2015, se avanzó y se consolidó la política iniciada un 101

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año antes, al tiempo que se realizaron investigaciones y estudios de campo.

trucción de vínculos pedagógicos para el desarrollo de la tarea penitenciaria.

Sin perjuicio de la intervención que se le requirió como órgano asesor en materia criminológica, se le dio participación al instituto para el esbozo de un programa rector para el diseño y ejecución de los programas de tratamiento. También para que desarrollara el proyecto que dio nacimiento a la figura del tutor penitenciario, de forma tal de revalorizar la función pedagógica que debe acompañar al trabajo en las unidades.

También se encomendó el proyecto de programa de tratamiento específico para ofensores sexuales, el cual se impulsa en el marco de las estrategias y lineamientos que responden al desarrollo de programas específicos integrados al tratamiento individual de las personas privadas de la libertad.

Como se describe en el punto específico, se aspira a fortalecer y afianzar las relaciones de interacción entre el personal penitenciario y las personas privadas de la libertad, con el fin de construir nuevas maneras de abordar las diversas situaciones que acontecen en la convivencia diaria de un establecimiento penitenciario y disminuir el riesgo de situaciones de violencia. Entre los objetivos generales de este programa se persigue el diseño de dispositivos que permitan implementar estrategias de abordaje profesionales en el marco de seguridad dinámica, la promoción de una interacción profesional y humanista entre los internos y los recursos humanos y, la concientización sobre la potencialidad que supone la cons-

Este programa implica la aplicación de un modelo de intervención psicosocial desde un enfoque cognitivo conductual y persigue el propósito de disminuir la agresión sexual y reducir los índices de reincidencia. Este plan, se implementó en el Anexo Senillosa de la Prisión Regional del Sur –Unidad N° 9–, ubicado en la provincia de Neuquén y está conformado por tres instancias de tratamiento, teniendo, además, determinados requisitos de inclusión y acceso al programa. A saber: • Programa central de tratamiento con orientación cognitivo-conductual, centrado en la psico-educación emocional y conductual, el entrenamiento en habilidades sociales y en técnicas de intercambio de roles. • Talleres de sensibilización de la conducta.

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• Terapia de exposición y prevención de recaídas. Durante agosto de 2015, se realizaron mediciones destinadas a conocer el nivel de violencia carcelaria, a partir de una muestra conformada por 200 internos en condición de procesados, quienes se hallan alojados en los complejos penitenciarios de la ciudad de Buenos Aires y las localidades de Ezeiza y Marcos Paz. En tal sentido, se ha efectuado la propuesta educativa para ejecutar dicho acuerdo durante el ciclo lectivo 2016, bajo la línea de implementación de propuestas académicas de capacitación profesional, científica y de investigación que inserten al estudiante de ambas disciplinas en el rol profesional en el ámbito penitenciario. Además se abordó el diseño del Curso de Extensión de Posgrado en Criminología que se dictará en 2016, con proyección a que –posteriormente- se planifique la carrera de especialización en la materia, cuyos objetivos se fundamentan en la posibilidad de brindar capacitación específica a profesionales representantes de distintas ciencias y técnicas que quieran aplicarse en Criminología Clínica y en el empleo de procedimientos diagnósticos, de prevención y tratamiento criminológico.

El desarrollo de la especialidad, dictada por profesionales de la institución junto a docentes de la Universidad del Salvador, dará puntapié a un modelo académico caracterizado por llevar al campo de trabajo competencias y prácticas en espacios reales y simulados. Asimismo se gestionó la firma de un convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad Católica Argentina para la realización de prácticas profesionales y de investigación, con el propósito de extender las redes de intercambio y ampliar las vinculaciones universitarias e interinstitucionales que favorezcan las actividades de extensión, investigación, formación y capacitación de los recursos humanos. El Instituto de Criminología, también participó activamente en la organización del Congreso Internacional de Gerenciamiento y Evidencia Empírica en Sistemas Penitenciarios Comparados y promovió la realización de los cursos sobre Filosofía de la pena y Delito y castigo en la teoría económica.

Experiencias comparadas en materia de políticas de reinserción social El Gobierno de la República de Cabo Verde, en asociación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 103

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el Delito (UNODC), invitó a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, como participantes de la III Conferencia de Reinserción Social en el Área de Justicia, llevado a cabo en a la ciudad de Praia, oportunidad en la que se expusieron distintas experiencias comparadas en materia de políticas de reinserción social. El objetivo del encuentro fue fortalecer la cooperación y el diálogo estratégico con otras instituciones internacionales, al tiempo que permitió conocer acciones comparadas en materia penitenciaria con otros países.

Asistencia técnica a la República del Honduras En el marco de cooperación Sur-Sur, el Servicio Penitenciario Federal, brindó su experiencia, conocimientos y asesoramiento técnico para la elaboración de normas y protocolos destinados a la reorganización del sistema penitenciario hondureño. La colaboración consistió además, en el envío de expertos para dictar capacitaciones sobre procedimientos penitenciarios y criminología aplicada; aportes que se decidieron luego de recibir a los funcionarios de primer nivel del país centroamericano.

Asistencia técnica al Comité Internacional de la Cruz Roja - Delegación Colombia La institución, recibió una invitación para designar a dos expertos como capacitadores en un taller sobre uso de la fuerza en establecimientos penitenciarios, destinado a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de la República de Colombia. Para ello, se designó al Jefe del Departamento de Inteligencia Penitenciaria y al Director de Coordinación Administrativa, Legal y de Tratamiento del Complejo Penitenciario Federal I, Ezeiza, quienes concurrieron a fines de octubre y desarrollaron un programa de formación sobre conocimientos, destrezas y competencias para la efectiva aplicación de las reglas mínimas internacional de los derechos humanos y el uso de las fuerzas. Asistencia técnica a la Dirección General del Sistema Penitenciario de la Republica de Panamá A pedido de la coordinadora del Equipo de reforma penitenciaria Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe en Panamá (UNODC) se designaron a dos expertos para capacitar a funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario de la República de Panamá.

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Concurrieron el Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección Nacional del SPF y un integrante del Departamento de Inteligencia Penitencia-

ria, los que impartieron conocimientos sobre temas de seguridad dinámica y elaboración de estándares, protocolos y procedimientos penitenciarios.

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Capítulo 6 Mecanismos para prevenir, detectar y sancionar la corrupción

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Mecanismos para prevenir, detectar y sancionar la corrupción

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6.1. Acciones específicas en materia anticorrupción La República Argentina asumió el compromiso de promover y fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, detectar y sancionar la corrupción adhiriendo e incorporando a su derecho interno los postulados de la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la OEA de 1997, de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, de 2003, y del Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley –aprobado por Resolución 34/169 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1979–, entre otras normativas internacionales. A nivel nacional, rige la Ley Nº 25.188 de 1999, sobre Ética en el Ejercicio de la Función Pública, por el que se elaboró el Manual para el Ejercicio de la Función Pública y la Oficina Anticorrupción en el ámbito del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por medio de la Ley de Ministerios Nº 25.233. La corrupción se produce a través de múltiples modalidades que tienen por finalidad lograr beneficios particulares a expensas de la institución pública, además se constituye como uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada para materializar sus propó-

sitos. La adopción de políticas eficaces encaminadas a prevenir este mal sistémico, deben reflejar los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas. Uno de los peligros de las prácticas corruptas es su naturalización e institucionalización, por lo que todas las acciones deben estar orientadas a que eso no suceda. Con ese fin, en 2014, la Dirección Nacional creó –por Resolución Nº 2233/2014– el Servicio General de Prevención de la Corrupción, cuya responsabilidad primaria es la de arbitrar las diligencias tendientes a asesorar a las distintas dependencias institucionales sobre las medidas preventivas y disuasivas de actos de corrupción. Para llevar a cabo las investigaciones y lograr eficacia en su accionar, dicho servicio trabaja junto con la División de Asuntos Internos. El plan de acción aprobado por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal y puesto en marcha en 2005, tiene como objetivo principal la definición de cinco ejes estratégicos que permitan establecer medidas orientadas a identificar, diagnosticar y evaluar los riesgos corruptos que se presentan en el ámbito 109

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institucional y, en consecuencia, desarrollar iniciativas de prevención, las que cuentan con su consecuente control y evaluación de eficacia.

ten, con el fin de impulsar una mejora en la calidad de la gestión pública y generar la confianza de la ciudadanía en el Servicio Penitenciario Federal.

Asimismo, promueve la transparencia de la gestión penitenciaria y del personal frente a la sociedad, y prevé la implementación y el refuerzo de los canales de comunicación e intercambio con otras instituciones nacionales e internacionales.

2. Evaluación de la situación institucional: las medidas de acción de prevención y lucha contra la corrupción deben partir de un diagnóstico situacional uniforme, objetivo, sincero y mensurable. Se establecieron dos acciones asociadas: por un lado la elaboración de un Diagnóstico de Riesgo de Corrupción, a través de la creación de un mapa de riesgos de corrupción, donde se fijen las pautas de identificación de los factores, su valoración y la implementación de medidas de prevención o que sirvan para reducir su impacto.

Los cinco ejes estratégicos son: 1. Declaración de Principios Éticos Institucionales: su accionar está asociado a la elaboración del Código de Ética para el personal del Servicio Penitenciario Federal, proyecto que se encuentra en trámite para la intervención de los organismos respectivos. En ese documento se plasman los valores, principios y deberes del personal penitenciario, lo que redundará en una cultura institucional en la que se afiance la integridad, la legalidad, la honradez, la eficiencia y la transparencia. El Código busca ser un instrumento eficaz para prevenir la corrupción y las conductas contrarias a la ética pública dentro de la institución, pues orienta a la actuación del personal penitenciario en el desempeño de sus funciones ante situaciones concretas que se le presen-

Dicho cometido se realizó a través de un programa piloto en el Centro de Detención Judicial (U.28), donde se trabajó en la evaluación del grado de vulnerabilidad frente al fenómeno de la corrupción. La construcción del mapa tuvo como referente la metodología de Lineamientos de Elaboración del Diagnóstico de Riesgos de la Corrupción en el Contexto Penitenciario, aprobado como anexo I en la resolución que ordenó el trabajo. También se está utilizando como guía el documento redactado por la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe - UNODC ROPAN .

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Por otro lado, como segunda acción asociada, se estableció la realización de trabajos de investigación científica, estudios técnicos, estadísticos y publicaciones vinculadas a la prevención y lucha contra la corrupción. 3. Capacitación y concientización del personal en ética, transparencia y prevención de la corrupción: desde la selección del personal, la formación y la capacitación, se refuerzan los valores e ideales democráticos, generando un compromiso individual en la prevención y lucha contra la corrupción. Como acción asociada se estableció la planificación e implementación del Curso de ética, transparencia y prevención de la corrupción. Se prevé asimismo la realización del Primer Congreso de Ética, Transparencia y Prevención de la Corrupción en los Contextos de Encierro, como así también la participación y organización de seminarios, conferencias y un concurso de ponencias sobre la temática. 4. Cambios normativos y mejoras en los procedimientos: a los fines de que las medidas de prevención y lucha contra la corrupción no queden limitadas a la acción de determinados funcionarios, sino que integren un cambio institucional permanente, se propondrán las re-

formas normativas que limiten, a través de la regulación, el ámbito de discrecionalidad, que podrían generar desvíos de los fines institucionales hacia la satisfacción de intereses personales, dotando asimismo de mayor transparencia a los procedimientos. En este sentido, se está trabajando en la elaboración de seis instrumentos normativos: a) Protocolo de actuación e intervención frente a la posibilidad de hechos de corrupción. b) Procedimiento de denuncias frente a hechos de corrupción. c) Normas de protección de personal. d) Medidas tendientes a aumentar la transparencia en el manejo de fondos públicos en el ejercicio de la actividad. e) Régimen de declaraciones juradas. f) Medidas para aumentar la transparencia en la selección, ascensos y eliminaciones del personal del Servicio Penitenciario Federal. 5. Acciones conjuntas de detección, control y evaluación: el reconocimiento de los valores y ética institucional, el análisis de la situación imperante, la con111

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cientización y capacitación y los cambios normativos, se complementan con una efectiva detección y denuncia de los hechos de corrupción, juntamente con controles eficaces y evaluación de los procedimientos implementados, cuya articulación permita lograr una prevención general y especial de la corrupción.

funcionarios penitenciarias, a los sujetos privados de su libertad y su entorno, como también a toda la sociedad en su conjunto.

Se prevé como acción asociada la creación de una línea directa de denuncias, cuya implementación deberá ser contemporánea a la aprobación del protocolo que regulará su procedimiento. Por otra parte, se considera la ejecución de acciones conjuntas de lucha contra la corrupción con organismos gubernamentales y no gubernamentales. Por último, se contempla la evaluación periódica de los mecanismos de control, a los fines de verificar la eficacia y el correcto desempeño de los diferentes mecanis-

Profesor en la Escuela de Ciencias Sociales Aplicadas en la Universidad de Durham, John Podmore es autor y consultor de la justicia penal y periodista independiente.Trabajó más de 25 años en el Servicio Penitenciario y fue director de tres establecimientos ingleses: Belmarsh, Swaleside y Brixton. Fue además inspector de prisiones y jefe de la Unidad Anticorrupción.

mos puestos en funcionamiento. En síntesis, y teniendo en cuenta de que la corrupción socava gravemente la confianza y la institucionalidad de la administración penitenciaria, se busca alcanzar un eficaz y transparente sistema de prevención de riesgos y vulnerabilidades a través de la implementación de medidas de prevención de la corrupción, por lo que resulta fundamental sensibilizar sobre la temática a los

6.2. Conferencia y acciones junto al experto John Podmore

Acorde con las acciones implementadas por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, fue invitado para realizar una auditoría de los programas anticorrupción que se ejecutan en la institución, para capacitar al personal sobre herramientas y procedimientos anticorrupción y para implementar los lineamientos de las Naciones Unidas en materia anticorrupción. Podmore asesoró a Estados Unidos, Australia y a la República de Mauricio, además de diversos países europeos.

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Emprendimientos en materia de gestión del riesgo de desastres y promoción ambiental

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Capítulo 7 Al igual que en 2014, este año se concretaron estrategias centradas en reducir la polución ambiental, promover la sustentabilidad, fomentar la prevención y la reducción de riesgos, con la finalidad de evitar emergencias o minimizar sus consecuencias. 7.1. Manual Riesgo de Desastres en el ámbito penitenciario federal En respuesta a la Resolución Nº 789/15 y de acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Informe preparado por la Comisión Ad-hoc –creada por Resolución N° 276/14–, el Servicio de Sustentabilidad Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres dio forma al Manual Riesgo de desastres en el ámbito penitenciario federal. Buena información para una mejor gestión. Estructurado por amenazas, con un espacio dedicado a los cambios climáticos y un historial de desastres por regiones, la publicación permite completar un panorama sobre los riesgos que podrían afrontar los establecimientos penitenciarios federales actuales, en desarrollo o por emplazarse en todo el país.

7.2. Coordinación en área metropolitana bonaerense

En la línea trazada en 2014 y siguiendo lo dispuesto por la Resolución 789/14, el Servicio de Sustentabilidad Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres junto con la Dirección de Protección contra Siniestros y Seguridad Laboral concretaron reuniones con la Dirección General de Defensa Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con vistas a fortalecer el apoyo ante posibles emergencias en unidades y alcaidías metropolitanas. Las reuniones dieron forma a sendas recorridas con fines informativos y de coordinación en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires y en la Unidad 28, donde se trabaja para perfeccionar los planes de evacuación, acordes con su problemática y complejidad. Se efectuaron, a su vez, encuentros con autoridades de Bomberos de la Policía Federal que permitieron visitas de los cuerpos con jurisdicción en el Complejo CABA. El contacto derivó en la elaboración de un protocolo consensuado de respuesta ante emergencias.

7.3. Vinculación con organismos nacionales e internacionales Por su parte, se participó en talleres de capacitación y actividades organizadas

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por organismos internacionales y de gobierno, la sociedad civil y el sector privado, con el objetivo de potenciar las capacidades del Servicio Penitenciario Federal en materia de gestión ambiental y manejo de desastres. Se destaca, además, la participación en actividades de la Cruz Roja Argentina e Internacional, los contactos e intercambio de información con el Ejército Argentino, con la Dirección Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, con la Subsecretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo de Neuquén, con la Defensa Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Defensa Civil de Chubut, entre otros.

7.4. Gestión del riesgo en modelo de establecimiento penitenciario argentino El Servicio de Sustentabilidad Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres formó parte de la Comisión de Trabajo creada por Resolución Nº 1055 para proponer y proyectar un modelo de establecimiento propio que se adecue a las más modernas técnicas de gerenciamiento penitenciario, con una adecuada relación entre internos y personal. Como parte de la comisión, el mencio-

nado servicio introdujo criterios de gestión prospectiva del riesgo y manejo ambiental al modelo propuesto.

7.5. Segunda comisión por respuesta conjunta a desastres en Esquel Se realizó una segunda visita a Esquel para continuar con las tareas de coordinación con las instituciones que conforman el Comité Operativo de Emergencias, con vistas a establecer un Plan de Evacuación Externa ante casos de desastre. La comisión mantuvo reuniones con la representación local del Ejército Argentino, que ofreció sus recursos para casos de emergencia o desastre, y con la Defensa Civil de Chubut, con la que se avanzó en el intercambio de información clave. En la oportunidad se inspeccionó el área devastada por los incendios históricos que afectaron a varios municipios de la provincia durante 2015.

7.6. Cálculo de huella de carbono en la U.31 Un trabajo conjunto entre el Servicio de

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Sustentabilidad Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres y el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE), con el asesoramiento y capacitación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, permitió avanzar en el futuro cálculo de huella de carbono en la Unidad 31 de Ezeiza. Las actividades comenzaron con la capacitación de los encargados del área de mantenimiento del Centro Federal de Detención de Mujeres, quieres son los responsables de recabar la información técnica que permitirá obtener el cálculo. La tarea –que demanda un relevamiento de consumo energético, el posterior cómputo de emisión de gases de efecto invernadero y la ejecución de recomendaciones para disminuirla– permitirá mejorar los procesos en la unidad y reducir la huella de carbono, y se extenderá a otros establecimientos y oficinas de la institución.

7.7. Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) La GIRSU es un sistema de manejo de residuos basado en el Desarrollo Sostenible que busca reducir los desechos enviados a disposición final.

El área metropolitana bonaerense es una de las regiones del país más afectadas por la problemática ambiental provocada por las toneladas de residuos que se descartan diariamente. Por eso, se inauguró la Planta de Reciclado de Residuos Sólidos Urbanos del Complejo Penitenciario Federal II. El proyecto, fruto de una alianza entre el Servicio Penitenciario Federal y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) fue desarrollado por el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE). La clasificación y transformación final del material reciclado –que en principio es plástico, prensado o triturado según la demanda– está a cargo de personas privadas de su libertad, capacitadas y diplomadas por profesionales del INTI. También está en proceso previo de separación en cada sector del complejo, fomentado mediante charlas de concientización en los auditorios de los distintos módulos. Asimismo, con una perspectiva solidaria de cara al municipio, se llevó a cabo una campaña de donación de 5 mil ladrillos de papel en Chubut. La iniciativa conjunta entre la comuna doctor Ricardo Rojas, en el sudoeste provincial, y el Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad 6), permitió combinar el reciclado con la colaboración comunitaria. Los bloques,

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que funcionan como material aislante y permiten calefaccionar ambientes, son producidos por los internos en los talleres de ese establecimiento.

rrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy.

Esta labor –apoyada por el Rotary Club

7.8. Desarrollo eólico en la Patagonia

y la Secretaría de Medio Ambiente chubutense–, brinda a los vecinos del departamento Río Senguer una solución gratuita y efectiva para afrontar el frío patagónico. Otras acciones que buscan disminuir el impacto de los residuos se estudian, por ejemplo, en el Instituto Penitenciario Federal, Unidad 8, situado en el ba-

Además, se continuó el trabajo junto con el INVAP S.A para analizar la viabilidad de instalar aerogeneradores en unidades de la Patagonia y se entabló un contacto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial para acercar sus conocimientos sobre energías alternativas y dar forma a un diagnóstico certero sobre potencialidades y lugares propicios.

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Acciones destinadas a la formación y capacitación del personal penitenciario

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Capítulo 8

8.1. Congreso Internacional sobre Gerenciamiento y Evidencia Empírica en Sistemas Penitenciarios Comparados Al asumir, esta Dirección Nacional se propuso impulsar espacios académicos, de investigación y de estudios comparados con la finalidad de ampliar los saberes y el conocimientos sobre la problemática penitenciaria y en forma contemporánea llevarla a la práctica. Al unísono, se instó al empleo de instrumentos de criminología aplicada, a los efectos de brindar respuestas eficaces y eficientes en materia penitenciaria, con el objeto de disminuir los índices de violencia en los establecimientos penitenciarios, de diseñar políticas destinadas a reducir la reincidencia criminal y de promover el desistimiento delictivo. Ello importa la aplicación de resultados de investigaciones y estudios sobre derecho penitenciario comparado y de las recomendaciones de los organismos supranacionales, como herramientas para un conocimiento más integrado de la realidad e integración, cuestión que, en el plano fáctico, supone una modalidad de trabajo en la organización que contribuye a que todo el personal se apropie de un modo más amplio y profundo de los objetos de conocimiento y de las

problemáticas del ámbito penitenciario. En consonancia, se consideró imprescindible la realización de un congreso internacional en el que participen oradores que se destaquen por las experiencias de gestión, ejecución, abordaje y efectiva aplicación de los programas más notables y socialicen sus conocimientos entre el personal institucional, los expertos latinoamericanos y los representantes de las provincias argentinas. A su vez, con este congreso se pretendió formar un foro global para profesionales del ámbito penitenciario que permitió el desarrollo de estrategias de abordaje acordes con la realidad de los países participantes, a partir de las experiencias alcanzadas en los países más evolucionados en materia criminológica. Dicho congreso internacional, que se realizó del 15 al 17 de septiembre de 2015, versó sobre gerenciamiento y evidencia empírica en sistemas penitenciarios comparados y consistió en exposiciones de expertos internacionales, conferencias magistrales, talleres y visitas a establecimientos penitenciarios federales. Entre los oradores, expusieron: Piera Barzano Representante de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC); Louis Eichenlaub, Subdirector del 125

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Servicio Federal de Prisiones de los Estados Unidos; Gero Meinen, Director del Servicio Penitenciario de Berlín, Alemania; James McGuire, Profesor de Psicología clínica forense del Instituto de Psicología de la salud y sociedad. Del Reino Unido; Marianne Vollan, Directora general del departamento correccional de Noruega; Susana Herrero Maroto, Psicologa especialista en tratamiento para agresores sexuales del Centro Penitenciario de Valladolid, España; Wai Wah Soh, Director de establecimientos penitenciarios de Singapur; Lucky Mthethwa, Director de Administración correccional de Sudáfrica; Laura von Mandach, Doctora en sociología de la Escuela de Agentes Penitenciarios de Suiza y Nathalie Boissou, de Francia.

ron en los programas diseñados por los autores canadienses Donald Andrews y James Bonta en su obra Rehabilitating criminal justice policy and practice –Psychology, Public Policy and Law– y en los aportes de los criminólogos angloparlantes especializados en criminología aplicada.

8.2. Capacitación sobre riesgo, necesidad y responsividad (RNR)

Además, se impartieron instrucciones al Instituto de Criminología para que realice una encuesta vinculada al gerenciamiento, con el objeto de comprender la lógica organizacional de la institución, a través de las representaciones, expectativas y demandas de las personas que trabajan en la misma, desprendiéndose la necesidad imperante de brindar una mayor capacitación.

Con la finalidad de capacitar al personal de distintos niveles de la institución, el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, quien además se avocó a la dirección del Instituto de Criminología, dictó cursos sobre los conceptos de riesgo, necesidad y responsividad de los cuales participaron más de 300 funcionarios. Las actividades académicas se inspira-

8.3. Programa de capacitación para el personal en unidades Uno de los pilares de la actual gestión, se sustenta en la necesidad de promover y fomentar espacios académicos, de investigación y de estudios comparados con la finalidad de ampliar los saberes y formación del personal sobre la problemática penitenciaria.

Acorde a ello se considera imprescindible perfeccionar y capacitar tanto científica como técnicamente al personal,

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mediante la implementación de actividades académicas, reuniones, cursos, publicaciones, congresos; atendiendo a cuestiones referentes a organización de protocolos, reglamentos, disposiciones y demás normativas que integran la legislación penitenciaria; sobre derechos humanos y garantías constitucionales, y sobre comunicación, entre otros temas. Distintos planes de capacitación se desarrollan en 2015 en el Complejo Penitenciario Federal I, Ezeiza; en el Complejo Penitenciario Federal II, Marcos Paz; en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres, Ezeiza; en el Complejo Federal de Jóvenes Adultos, Marcos Paz, y en la Dirección de Traslados. Además se promueve la participación –según los temas– del personal que labora en la División Seguridad Interna (requisa, visita, inspectores de servicio, celadores), División Seguridad Externa, personal de siniestros y de custodia y traslados.

8.4. Curso de Filosofía de la Pena Conforme a lo expuesto, esta Dirección Nacional estima fundamental la promoción de iniciativas tendientes a fomentar

espacios académicos destinados a la instrucción del personal, como una herramienta que permita la incorporación de conocimientos sobre la problemática en el ámbito penitenciario desde una óptica más integrada. Para ello, se ha decidido crear un espacio dedicado a profundizar los saberes filosóficos, doctrinarios, científicos y técnicos, que tengan por objeto el generar un ámbito para pensar y mentar temáticas necesarias tanto en cuestiones abstractas como concretas. En ese sentido, se valora el abordaje de temas filosóficos, criminológicos y de distintas ciencias, que deberán ser planteados por expertos que representen a las ciencias tratadas y que acrediten su calidad para nutrir ese espacio. Entre otros, se dispuso el dictado de un Curso de Filosofía de la Pena en el que se brindó, a partir de una perspectiva filosófica, un análisis profundo que marque el sentido del empleo de la filosofía como rectora para conducir a un pensamiento lógico. El curso fue dictado por el doctor Pablo Ambrogi, que por su amplia trayectoria en el plano filosófico, contribuyó con sus conocimientos a cumplimentar los objetivos perseguidos. 127

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El doctor Ambrogi es un destacado abogado que cuenta con altos estudios en el ámbito filosófico –Master en Pensamiento Político de las Ideas, cursado en la Universidad de Cambridge, y Bachelor Of Arts en Filosofía, graduado en Gonville and Caius Collage Universidad de Cambridge, entre otros–, y cuenta con innumerables publicaciones y conferencias sobre la materia. El curso contó con la adhesión masiva del personal, al que se le entregó -al culminarlo-, un certificado de asistencia para su posterior incorporación al legajo personal.

8.5. Seminario Delito y Castigo en la Teoría Económica En virtud de continuar con el desarrollo de los programas de capacitación del personal, se dictó también el seminario Delito y Castigo en la Teoría Económica. El encuentro tuvo por objetivo poner en conocimiento de los participantes los conceptos básicos de la teoría económica para el análisis de las conductas delictivas. A lo largo de cuatro encuentros se evaluaron los instrumentos que provee la economía para medir el impacto de la aplicación de medidas de disuasión del delito y, en consecuencia, el diseño de políticas públicas adecuadas.

Dicha capacitación fue dictada por la licenciada Marcela Reganzani y el licenciado Federico Sarudiansky. Ambos economistas tienen una aquilatada experiencia y antecedentes profesionales que los califican para el planteo de esa temática.

8.6. Taller de Facilitación Social y Acción Colectiva para el personal Junto con la Fundación Organización Argentina para Sociedades Inclusivas (OASI) se dictó el Taller de Facilitación Social y Acción Colectiva, que tiene por objeto brindar al personal penitenciario, conocimientos y herramientas que le permitan desarrollar y fortalecer sus capacidades. También, motivarlo a cambiar hacia un paradigma basado en la generación proactiva de proyectos con encuadre participativo, para mejorar los procesos de trabajo y su entorno laboral. Es ineludible capacitar al personal para que crea en la finalidad institucional, entienda la importancia de su rol dentro de la compleja estructura de la repartición, y se implique en la propuesta de valor que hace el Servicio Penitenciario Federal a la comunidad. El taller contribuyó a la incorporación de nuevas pautas para el desempeño ba-

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sadas en la sinergia, el logro de objetivos, la autogestión y la autoevaluación, que favorezcan a: a) Mejorar la comunicación y los estilos de liderazgo. b) Planificar, ejecutar y evaluar proyectos. c) Implementar metodologías participativas, promoviendo la integración, la diversidad y el trabajo colaborativo. d) Fortalecer las relaciones interpersonales.

e) Generar espacios de trabajo confiables, que fomenten el diálogo activo. La metodología de trabajo del taller pone énfasis en relacionar la teoría con la práctica. En cada encuentro, los participantes reciben material de lectura que deben conectar con experiencias y, a partir de ello, pensar proyectos para mejorar su realidad, sin perder de vista el factor humano y la comunicación de las propuestas.

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Capítulo 9 Métodos de gestión y promoción del bienestar de los recursos humanos

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9.1. Modernización del sistema de reclutamiento El Servicio Penitenciario Federal recibe constantemente, a través de múltiples y diversos canales, solicitudes de personas interesadas en desempeñarse laboralmente en la institución. Con el objeto de crear un canal que resulte ágil para el registro y el reclutamiento del personal penitenciario, se pensó en la creación de un formulario de inscripción online a través de la página web institucional.

tenciarios, tanto en actividad como en retiro, se firmó por decreto 243/2015 del Poder Ejecutivo Nacional la nueva estructura salarial para el personal de la institución. Esta medida, fue la coronación de un largo proceso que emprendió el equipo de trabajo que compone la actual conducción, el que valoró el esfuerzo, la dedicación y el profesionalismo del personal penitenciario para desempeñar la difícil tarea que le encomienda la Ley y que, como es sabido, no siempre tiene el reconocimiento social adecuado.

Durante el procedimiento de postulación, el interesado debe responder preguntas que le permiten, no sólo completar los requisitos de inscripción, sino adentrarse sobre aspectos propios de la función penitenciaria, de la responsabilidad, de las cargas laborales y de algunas de las particularidades y situaciones con las cuales se enfrentará en la actividad. Por lo tanto, a través de ese método puede definir o replantear si desea ingresar al Servicio Penitenciario Federal tras conocer la realidad que deberá afontar.

La nueva estructura salarial se inspiró en principios de equidad, proporcionó estabilidad y certeza respecto a lo que a cada uno le corresponde percibir, evita la incertidumbre y transitoriedad que generaban las medidas cautelares y permitió que el sueldo anual complementario se incremente significativamente y en forma acorde a los principios del derecho laboral. Establece además, una correlación entre salario, grado, función y años de servicio.

9.2. Mejora y fijación del haber salarial

El decreto permite que los futuros aumentos se apliquen sobre el haber mensual, los que repercutirán efectivamente en las mejoras salariales. Finalmente, el personal retirado se benefició por cuanto sus haberes se determinan confor-

Privilegiando la seguridad y la estabilidad salarial de todos los agentes peni-

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me la antigüedad institucional, años de servicio, jerarquía y resultan equitativos, equilibrados y acordes a lo que cobran los funcionarios en actividad.

9.3. Prevención de la violencia laboral Como muestra del compromiso asumido para erradicar todo tipo de violencia interpersonal, la Dirección Nacional elaboró un Protocolo de actuación para la Prevención de la Violencia Laboral. El documento comprende dos segmentos: por un lado, una declaración de principios y la definición de los conceptos que servirán como guía y –por otro lado–, una parte dispositiva. Los propósitos del protocolo son: a) Generar una política institucional y métodos claros, confidenciales e imparciales para atender los reclamos que se presenten por estos motivos. b) Contribuir a la sensibilización de los agentes penitenciarios en orden a la atención y al seguimiento de las prácticas de hostigamiento que afecten los derechos humanos. Para ello se diseñó un procedimiento de investigación que se inicia a partir de las denuncias que se presenten y que garantiza la confidencialidad y la protección de la identidad de las personas implicadas.

En 2003, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) definió a la violencia en el lugar de trabajo como: “Toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma” En esa línea, el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, mediante Resolución Nº 05/2007, especificó que se trataba de: “Toda acción, omisión o comportamiento, destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o acción consumada. La misma incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo, y puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores”. Se consideran formas de violencia laboral: • Violencia física: es toda conducta que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño físico. • Acoso sexual: es cualquier actuación o comentario reiterado con connotación sexual, no consentido por quien los recibe, basados en el poder, que perjudican el cumplimiento o desempeño.

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Son constitutivas de acoso sexual conductas como: • Verbales: insinuaciones, comentarios obscenos, proposiciones o presión para la actividad sexual; insistencia para participar en actividades sociales fuera del lugar de trabajo, aun después de que la persona destinataria haya dejado claro que no accederá a la invitación y que le resulta inoportuna; flirteos ofensivos, bromas de contenido erótico. • No verbales: exhibición de imágenes, objetos o escritos sexualmente sugestivos o pornográficos; silbidos, gestos y miradas impúdicas; cartas o mensajes ofensivos de texto, correo electrónico o a través de las redes sociales con contenido sexual. • Físicas: acercamiento físico excesivo e innecesario; contacto físico deliberado y no consentido. • Acoso moral o psicológico: es la situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato modal o verbal (comunicación hostil y sin ética), alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre otra persona, buscando desestabilizarlo, aislarlo, destruir su reputación, deteriorar su autoestima, disminuir su capacidad laboral, y así poder degradarlo y eliminarlo en forma progresiva del lugar que ocupa.

El ataque debe ser dirigido en forma sistemática y de manera frecuente. Como criterio estadístico al menos una vez a la semana y, como mínimo, por un periodo de 6 meses. Conductas constitutivas del acoso psicológico: En 1984, el psiquiatra alemán Heinz Leymann publicó en Suecia su primer estudio sobre la violencia psicológica en el trabajo. En ese documento describió de manera operativa –es decir, objetivamente demostrable-, 45 actividades características del acoso psicológico que se pueden agrupar en cinco grandes estrategias para dañar la autoestima, dignidad y el sentido de competencia de la víctima, logrando en muchas ocasiones la enfermedad, el aislamiento o el abandono del grupo o de la institución. Las estrategias son: • Limitar su comunicación: los acosadores imponen lo que se puede decir y lo que no. Se le niega a la persona hostigada el derecho a expresarse o a hacerse oír. • Restringir su contacto social: no le hablan a la víctima pués los acosadores procuran que nadie lo haga. De este modo, se le cortan las fuentes de información y se lo aisla físicamente de sus compañeros. 135

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• Desprestigiar a la víctima: se hacen reiteradas bromas y burlas sobre la persona, su familia, sus orígenes y antecedentes.

• Los conflictos con un compañero o con un superior que puedan surgir día a día, en el marco de las relaciones humanas dentro del ámbito laboral.

• Desacreditar su capacidad profesional: cuando se le asignan tareas muy por debajo o muy por encima de su capacidad, o no se le permite hacer nada. Además cuando se le critican los más mínimos errores o defectos, se desprecia su trabajo y sus capacidades profesionales.

• Un hecho violento singular y puntual (sin prolongación en el tiempo).

• Comprometer su salud: al margen de los ataques directos, el mero sometimiento a un régimen de acoso psicológico tiene efectos negativos psicológicos y psicosomáticos. Existen algunas situaciones que, si bien presentan características comunes y pueden resultar violentas, no se consideran acoso laboral. Algunos ejemplos son los siguientes: • La supervisión, el control y el ejercicio de la autoridad llevados a cabo con el debido respeto interpersonal. • Críticas constructivas, explícitas, justificadas. • Acciones organizativas que afecten al colectivo. • Cambios de función o destino.

En consonancia con las normas impulsadas, se realizó la difusión del protocolo a través de boletines públicos: folletos; publicaciones e intranet. Además, se propiciaron cursos de capacitación específicos, campañas de sensibilización, jornadas y seminarios para la prevención de la agresión física, el acoso sexual y el acoso moral o psicológico.

9.4. Acciones desarrolladas en la Dirección de Obra Social Siguiendo instrucciones de la Dirección Nacional, se impulsó para 2015 un plan destinado a mejorar las prestaciones de los afiliados y la gestión integral. Entre las acciones desarrolladas se destacan: a) Adecuación de la oferta de prestaciones a la demanda de los afiliados: una de las cuestiones complejas que se presentaba en la obra social, consistía en la dificultad de satisfacer la demanda de asistencia de pacientes ambulatorios en muchas de las especialidades mé-

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dicas, motivo por el cual se realizó un diagnóstico situacional tendiente, entre otras cosas, a establecer la génesis de tal falencia.

den en la sede central de la Obra Social residen en el Gran Buenos Aires, especialmente en las localidades de Ezeiza, Marcos Paz y en las zonas de influencia.

b) Diagnóstico: se determinó que el universo de afiliados experimentó un incremento superior al 80% en los últimos quince años, en dicho lapso la estructura edilicia de la sede central de la obra social, no se amplió, y sólo se habían radicado en las proximidades los servicios de odontología y kinesiología.

c) Acciones implementadas en consecuencia: se incrementó la cantidad de profesionales para la asistencia de los afiliados en las subsedes de Ezeiza y Marcos Paz, lo que otorga una solución a la falta de espacio para la ampliación de los consultorios en la sede central y que además implica un acercamiento del profesional al lugar de residencia de los afiliados.

Por otra parte, los espacios liberados por los servicios trasladados, no necesariamente se destinaron a consultorios. El incremento de la cantidad de afiliados en situación de retiro creció más pronunciadamente que los de actividad, a punto tal –que en la actualidad–, los afiliados pasivos titulares superan a los activos. Como es sabido, esta variable incrementó significativamente la demanda de asistencia médica debido a que según crece la edad del personal, mayor es el requerimiento y la utilización de los servicios de la obra social. La falta de espacio físico para la ampliación de consultorios, imposibilitó la contratación de más profesionales médicos para satisfacer la creciente demanda. La mayoría de los afiliados que se atien-

La subsede de Ezeiza actualmente brinda asistencia en las especialidades de psicopedagogía; neurología de adultos; psicología infantil y de adultos; odontología general y odontopediatría; cardiología; pediatría; clínica médica; traumatología; ginecología; diabetes y nutrición, y psicomotricidad, así como enfermería y vacunatorio. Por su parte, actualmente la subsede de Marcos Paz, cuenta con las especialidades de psicología infantil y de adultos; pediatría; odontología; cardiología, y traumatología, además de enfermería y vacunatorio. Se encuentran en vías de contratación profesionales de clínica médica, ginecología y neurología infantil. 137

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Asimismo, se impulsó ampliación de la subsede de Ezeiza en aproximadamente 1.000 metros cuadrados en terrenos del Servicio Penitenciario Federal para la instalación de nuevos consultorios, destinados a incrementar la oferta sanitaria en la zona. También, se proyectó la construcción de una nueva subsede en la ciudad de Marcos Paz sobre una superficie de 400 metros cuadrados en un terreno perteneciente a la Obra Social, que permitirá satisfacer la demanda de los afiliados residentes en esa zona. Se iniciaron gestiones con la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) y con la Federación de Clínicas y Sanatorios de la provincia de Buenos Aires (FECLIBA), a efectos de bridar alternativas para la asistencia de los afiliados residentes tanto en el Gran Buenos Aires como en el interior de la provincia bonaerense. En otro orden, se encuentra avanzada la firma de un convenio con la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que nuclea a más de 12 mil farmacias en todo el país que –además de brindar mayores bocas de expendio de medicamentos para los afiliados en zonas más próximas a sus domicilios– permitirá brindar este servicio a aquellos afiliados residentes en distintos puntos del país, donde ahora no se cuenta con farma-

cias adheridas. El sistema que se utiliza en la actualidad es la de reintegro. Y también, se reestructuró el call center de la Obra Social para otorgar turnos. d) Gestión del sistema de internaciones domiciliarias: la Obra Social asiste actualmente a 74 afiliados que tienen internación domiciliaria. No se contaba con un sistema adecuado de control de tales internaciones destinado a la auditoría en terreno y a la evaluación de las prestaciones. Para mejorar esa situación, se conformó un equipo interdisciplinario integrado por las áreas de Asistencia Sanitaria, Asistencia Social y Auditoría Médica, sobre la base de la reglamentación del ministerio de Salud de la Nación. En este sentido, se intensificaron los requisitos documentales exigidos a las empresas de internaciones domiciliarias, para la presentación al cobro de la facturación, especialmente en lo que hace a las historias clínicas y planillas de asistencia de los profesionales médicos, enfermeros y kinesiólogos, entre otras especialidades, lo que permite un mayor control de dichas facturaciones y la realización de los eventuales débitos. Además, se implementaron auditorías en terreno mediante la concurrencia periódica de profesionales a los domicilios

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de los pacientes, y se instrumentaron reuniones mensuales en la sede de la Obra Social, con integrantes de la empresa de internaciones domiciliarias que mayor cantidad de pacientes asiste, a efectos de evaluar en conjunto cada una de las prestaciones. De esta manera, se optimiza el servicio y se reduce la posibilidad de desvíos. Se incorporó a la farmacia de la sede central, el área de insumos de asistencia sanitaria para la provisión de medicamentos e insumos a afiliados en internación domiciliaria. e) Gestión de asistencia social y a personas discapacitadas: la asistencia a las personas con capacidades diferentes era otra de las áreas que requería de un mayor control por parte del organismo. Por otra parte, en lo que se refiere a la cobertura de sepelio, los afiliados residentes en el interior del país sólo contaban con el sistema de reintegro de dicha cobertura debido a que no existía contrato con una empresa que brinde el servicio en todo el país. Para dar solución a esa situación se implementaron las siguientes acciones: 1. Se gestionó la actualización de la documentación necesaria para la continuidad de la prestación y se intensificaron los requisitos tanto para acceder al beneficio como para su continuidad. 2. Mediante concurrencia a los domicilios

de los beneficiarios y centros asistenciales donde reciben las prestaciones, se instrumentó un sistema de seguimiento y auditoría con la participación de asistentes sociales de la División Asistencia Social de la entidad, y se efectuaron las denuncias pertinentes ante las autoridades judiciales de la jurisdicción, en aquellos casos en que se observaron irregularidades. 3. Además, se hicieron actividades destinadas a niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. A saber: talleres de danzas para niños de ambos sexos y adolescentes que presentan alguna discapacidad y en los que participan familiares y allegados; taller terapéutico semanal sobre Patología de autoagresión en adolescentes, y se intensificó la intervención del organismo en aquellos casos de violencia de género a través del Grupo de Atención y Contención para Mujeres Víctimas de Violencia Conyugal. f) Gestión de historias clínicas digitales: se puso en marcha el programa de digitalización de las historias clínicas, las que actualmente se encuentran en etapa de prueba en varios consultorios. Se prevé que la extensión de este servicio a todos los consultorios y las especialidades, se unifiquen antes de fines de 2015. 139

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También se informatizaron todos los consultorios médicos de la Obra Social, para la utilización del sistema de historias clínicas digitales, previéndose la incorporación de 45 equipos informáticos para dotar de terminales a todos los consultorios, lo que permitirá reducir el gasto en las áreas de radiología y ecografía mediante la visualización digital de las prácticas en los consultorios. De esta forma se eliminará la impresión de los estudios. La informatización de los consultorios –que viene de la mano de la digitalización de las historias clínicas–, permitirá también mediante la interconexión por un enlace punto a punto con las subsedes de Ezeiza y Marcos Paz, que los profesionales que asistan a los afiliados en dichos lugares, puedan acceder a la historia clínica de la sede central y viceversa. g) Reestructuración de espacios en la estructura edilicia: se finalizó la construcción del sector de residuos patológicos en la sede central, cumpliendo de esta manera con los requerimientos y observaciones realizadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Asimismo, se reestructuró el sector de atención de co-seguros en un sector de la planta baja del edificio, juntamente con el de otorgamiento de turnos para

una mejor atención de los afiliados. Además, se adecuó en el sector de espera de la planta baja, un conjunto de boxes para atención rápida del afiliado para las áreas de auditoría médica, asistencia sanitaria, asistencia social y relaciones públicas, y se incorporó una delegación de la Dirección de Retiros y Pensiones para trámites de supervivencia del personal retirado y pensionado. h) Gestión en el Área de Control de Gastos y Prestaciones: una de las principales carencias de la Obra Social, radicaba en la ausencia de auditorías en terreno de las internaciones en los centros asistenciales contratados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. La falta de control en las prestaciones médicas en general, pero en especial las internaciones por el alto costo que implican, impactan significativamente sobre los recursos del organismo por el incremento del gasto. Acorde a ello, se implementaron las siguientes acciones: • Auditorias en terreno tendientes al control de los gastos sanatoriales y prestadores zonales, poniendo énfasis en los de mayor consumo y atenciones complejas o de volúmenes de concurrencia de los afiliados. • Como resultado del mayor control en

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las internaciones y prestaciones externas, se observó una merma significativa en la facturación, manteniendo el mismo nivel e incluso optimizando las prestaciones, mediante observaciones de calidad, débitos y trabajo en equipo para lograr respuestas adecuadas según el caso y urgencia. • Se instrumentó en forma conjunta entre la División Auditoría Médica y la Oficina de Interior, un protocolo de derivación para optimizar recursos agotando complejidades en la zona de residencia del afiliado. • Se capacitó al personal de la División Auditoría Médica en facturación, con la finalidad de que se intensifiquen sus conocimientos en la materia y estén técnicamente entrenados. • Se optimizó el sistema de compras en el área de farmacia y se mejoró el control de stock e inventario de los productos de la farmacia de la sede central. • Se completó la migración del sistema capitado al sistema prestacional para los afiliados residentes en la provincia de La Pampa, lo que permite una mejora significativa de las prestaciones, un adecuado control y contención del gasto, continuando con la política establecida por el Consejo de Administración de la Obra

Social de integrar a todos los afiliados del país bajo este sistema de prestaciones. i) Comunicación institucional: se creó la nueva página web de la Obra Social con un sistema más dinámico e interactivo, otorgándole al afiliado un acceso rápido a la información necesaria para resolver sus necesidades de asistencia y se dotó a vez al organismo de una herramienta comunicacional moderna y eficiente. Por otra parte, se modificó el protocolo de comunicación con el afiliado en el área de Relaciones Públicas, instrumentándose un sistema de pronta respuesta mediante personal especialmente asignado al efecto, respecto de solicitudes, propuestas, observaciones y quejas de los afiliados.

9.5. Acciones emprendidas para el bienestar del personal retirado La Dirección Nacional promovió a través de la Dirección de Retiros y Pensiones una serie de acciones destinadas a generar el bienestar del personal retirado. Entre ellas, se pueden destacar la apertura de un espacio en la Dirección de la Obra Social para orientar y facilitar gestiones que deban hacer los beneficiarios de trámites jubilatorios y pensionados.

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También, para brindar atención a aquellos beneficiarios hospitalizados o con problemas de salud que les impida la movilidad y que deban realizar trámites de supervivencia.

y se asesorará sobre las peculiaridades de los seguros de vida (colectivo/obligatorio).

Además, se habilitó en la sede central un espacio para atender situaciones de vulnerabilidad y se crearon protocolos de intervención ante urgencias, gabinetes de bienestar previsional y la mesa de pasividades.

Asimismo se pretender detectar, orientar y realizar el seguimiento de casos que merezcan un abordaje específico por dejar al retirado o pensionado en una situación de vulnerabilidad. Tras individualizar esas situaciones –con la intervención de expertos en trabajo social–, se promoverá un abordaje interdisciplinario.

A partir del segundo semestre de 2015, se comenzó a trabajar con un espacio integrado por el personal retirado –que brinda sus servicios ad honorem–, con asistencia del área de servicio social los que tratarán de generar un mayor acercamiento con los pasivos. En este lugar, se orientará al personal sobre las tramitaciones necesarias para iniciar su trámite de haber de retiro; se dará información sobre las fechas y períodos en que debe acreditarse la supervivencia,

A partir de mayo de 2015, se comenzó a ejecutar el Protocolo de intervención ante la urgencia, que instrumenta un procedimiento para asegurar la real asistencia a los retirados y pensionados con riesgos socio-familiares. En estos casos, se interviene específicamente cuando acontece el fallecimiento de un familiar, en sepelios, en demanda de necesidad de apoyo social y acompañamiento, y en la detección de abuso económico o malos tratos hacia los beneficiarios.

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Programa para mejorar la imagen y la comunicación institucional

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Capítulo 10

Esta Dirección Nacional dio instrucciones precisas a la Dirección de Secretaría General para que el equipo de profesionales del Departamento de Comunicación desarrollara un plan integral de comunicación que comprendiera entre otras cuestiones aspectos sobre: identidad, imagen, cultura y filosofía de la comunicación institucional; redacción del libro blanco; desarrollo y regulación de un isologotipo institucional; redacción del manual de marcas; elaboración del manual de señalética; creación de un banco de imágenes institucionales (flickr), y análisis, selección y abordaje de mensajes destinados a distintos públicos relacionados con la institución penitenciaria. Para la redacción de los instrumentos que componen las nuevas estrategias de comunicación, se tuvo en cuenta el trabajo realizado por el Instituto de Criminología que consistió en la toma de escuestas en el medio social, diseñadas por expertos. El resultado de ese trabajo de investigación –de casi 700 personas– permitió conocer en el imaginario social, la percepción que los ciudadanos ubicados en nueve zonas del suroeste y norte del Gran Buenos Aires, y de distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las demandas, expectativas, per-

cepciones y representaciones de la opinión pública en torno al rol de la prisión, la pena, la imagen institucional y de las personas privadas de la libertad. Sobre todo, se aspiró a descubrir la imagen que el Servicio Penitenciario Federal tiene en el colectivo social. Durante 2014, se hizo una renovación integral de la página web institucional, la que introdujo una nueva forma de comunicación caracterizada por su energía declarativa y su dinamismo. El sitio web (www.spf.gob.ar), la administración de redes sociales, la selección de contenidos, los mensajes de texto, entre otros y, en definitiva, los nuevos medios sociales generaron una novedosa fuente de relación pública. Estas herramientas demandan rapidez, atención, feedback, seguimiento y diálogo real, y plantean una nueva realidad comunicativa, a la que el Servicio Penitenciario Federal se adaptó para potenciar y agilizar su estilo comunicacional. El plan buscó unificar la imagen y el discurso institucional. Dada la amplitud de su campo de acción y la multiplicidad de actores involucrados, está integrado por programas específicos con objetivos directos, determinando los recursos necesarios para llevarlos a cabo, su modo de ejecución y plazos previstos. 147

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Se abordaron tres ejes centrales: 1. Identidad, imagen, cultura y filosofía institucional. 2. Análisis, selección y abordaje de públicos de interés.

• Imagen: es aquella representación mental que crean los públicos sobre una organización a través de las experiencias (directas o indirectas) que hayan tenido con la misma. La manera en que se comunica influye directamente en este punto. La imagen es el reflejo de la identidad.

3. Metodología y desarrollo de protocolos de actuación comunicacionales.

El Servicio Penitenciario Federal, se lo proponga o no, proyecta una imagen. Aunque se mantenga en silencio no deja por ello de comunicar.

10.1. Identidad, imagen, cultura y filosofía institucional

• Cultura: se da por el proceder o modo de actuar de la organización en su conjunto. Se relaciona con los valores que se fomentan y el modo de orientar el accionar de la institución.

Para establecer una comunicación efectiva, todas las organizaciones –sin importar la finalidad– necesitan gestionar y controlar los intangibles, es decir sus características y atributos principales. Esto posibilita el reconocimiento y posicionamiento de la institución dentro de la sociedad, de manera tal que genere un beneficio integral. Los principales intangibles en los que se trabajó para lograr la identificación y el posicionamiento son: • Identidad: es el ser de la organización, aquello que la caracteriza y las diferencia del resto. Sobre esta identidad trabajan las relacionistas públicas, principalmente gestionando otros dos intangibles: la cultura organizacional y la filosofía.

• Filosofía: plantea el objetivo global de la organización y el modo de llegar a él. Establece una misión (¿Qué es?), visión (¿A dónde quiere llegar?) y valores (¿Cómo lo hace?). Las acciones se dirigen a que los intangibles sean capitalizados y trabajados, a través del conjunto de operaciones de comunicación estratégica, coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tengan como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos de interés. Para poder proyectar y llevar adelante dichas acciones, se investigó, se indagó

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Capítulo 10

y se entendió cuáles son las representaciones sociales acerca de la labor penitenciaria y así se actuará eficazmente para plasmar la identidad en la imagen que se pretende proyectar.

La exploración, el diseño y el desarrollo de un isologotipo institucional único, es un objetivo estratégico y desde el punto de vista comunicacional es vital ya que marca los lineamientos del Servicio Penitenciario para ser percibidos de un modo consistente.

10.2. Libro blanco

La marca institucional, es más que el logotipo, es un esquema de diseño compuesto por una serie de elementos y principios rectores, que se combinan para crear un aspecto distintivo e inmediatamente reconocible por parte de los diferentes públicos. Su vista indefectiblemente remite al Servicio Penitenciario Federal.

En la publicación se describe el conjunto de atributos que el Servicio Penitenciario Federal desea proyectar para ser reconocido como prestador servicio eminentemente social; integrada por funcionarios calificados para el logro de sus objetivos; respetuoso y garante de los derechos de las personas privadas de la libertad en la aplicación de programas de tratamiento para que los condenados adquieran la capacidad de comprender y respetar la ley, y que desistan de cometer conductas delictivas –y en consecuencia–, se reduzca la reincidencia. El libro blanco es una herramienta que permite generar uniformidad y coherencia en el discurso, plasmando por escrito la filosofía institucional y que incluye la misión, la visión y los valores del Servicio Penitenciario Federal.

Un nuevo sistema de identidad visual, construido sobre un conjunto de principios de diseño, refuerza las acciones y el propósito de la organización. El lenguaje visual utilizado busca transmitir honestidad, seguridad y simpleza. Partiendo de algo complejo, se procura a través del uso de espacios en blanco, otorgar al receptor facilidades para que la percepción resulte simple y no requiera de un gran esfuerzo.

10.4. Elaboración de un Manual de marcas 10.3. Creación y regulación isologotipo institucional

de un Definido el isologotipo que identifica al 149

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Servicio Penitenciario Federal, se desarrolla una guía que contenga las normativas de uso estratégico de la imagen institucional. Describe los signos gráficos que componen la identidad visual, así como todas sus posibles variaciones: forma, color, tamaño, usos principales y secundarios del identificador y paleta cromática, entre otros. La consistencia en su utilización potenciará con sinergia la pregnancia de la identidad y la misión institucional en la sociedad.

10.5. Desarrollo del Manual de señalética Siguiendo la misma línea, un manual de señalética refuerza la identificación con la institución. Se trata de una guía para la definición de las características de diseño y pautas a seguir en la creación de la señalética para los edificios del Servicio Penitenciario Federal. La organización posee diversidad de edificios con estilos arquitectónicos heterogéneos. En vista de esto, el diseño de la señalética fue pensado para funcionar de manera transversal en todas las sedes, adaptándose a las diferentes necesidades funcionales, pero mante-

niendo, al mismo tiempo, un carácter de unidad y rigor en todos sus elementos. El objetivo de una guía en materia de señalización de espacios, es lograr que los edificios del Servicio Penitenciario Federal sean reconocibles, accesibles y amigables para todos los visitantes y para el público interno, además de fijar una imagen homogénea y generar pertenencia.

10.6. Banco de imagen institucional A raíz del desconocimiento exhibido en diferentes medios de comunicación en materia de establecimientos penales, se consideró pertinente la creación de una cuenta en la red social Flickr (www.flickr. com) dedicada exclusivamente a la difusión de imágenes y videos del Servicio Penitenciario Federal. La importancia de esta iniciativa radica en la confusión permanente de los editores de noticias acerca de las cárceles de administración federal y provincial. Diferencias ineludibles que se deben erradicar para que el trabajo realizado, en torno a la construcción de la identidad de la institución, no sea en vano. La activación de una cuenta propia de Flickr posibilitó la difusión de álbumes que sean previamente seleccionados

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Capítulo 10

–correcta exposición de luz, ambientes amenos, entre otros aspectos–, y funcionará como banco de imágenes disponible para la prensa. De esta manera, se estableció una galería por cada establecimiento del Servicio Penitenciario Federal con sus respectivas etiquetas, que permitan dilucidar sectores de trabajo, educación y alojamiento. Inclusive para que resulte aún más efectivo, estará vinculado desde la pestaña establecimientos de la web oficial (www. spf.gob.ar/www/establecimientos). Bajo estos parámetros, los medios masivos de comunicación tienen la posibilidad de publicar sus artículos o informes con ilustraciones y videos inherentes a la labor penitenciaria federal, lo que indudablemente reviste un beneficio para todos los actores intervinientes. Además, en el ámbito institucional sólo podrán utilizarse el contenido obrante en el Flickr y prohibe el uso de creaciones no autorizadas a cualquier público interno.

10.7. Reestructuración de los sectores de atención al público El ingreso y recepción a las sedes cita en Lavalle 2705 –Dirección Nacional–

y de Paso 550 –Dirección General de Administración– fueron diseñados para que, la atención de los distintos públicos, se realice de una forma cómoda, ágil y adecuada. En forma simultánea, se capacitó al personal de recepción para que cuenten con los conocimientos necesarios para atender correctamente al público, que cumplan con protocolos definidos por las relacionistas públicas y que deriven las consultas a las áreas específicas, en forma ágil y eficiente.

10.8. Desarrollo de la sección virtual Nuestro Espacio En la actualidad, existen innumerables fuentes de información creadas por miembros del Servicio Penitenciario Federal en forma anónima y que, muchas veces, provocan confusión o lanzan rumores y versiones infundadas sobre distintos temas. La creación de un medio de comunicación formal –pensado exclusivamente para el personal y que se caracteriza por ser un espacio útil, innovador y que genera interacción entre los funcionarios–, posibilitó facilitar la comunicación a interna a través de una plataforma para

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la difusión de herramientas de trabajo e información oficial y fidedigna. De esta manera, se logró disminuir los rumores y el desconcierto por parte del público institucional. La clave estuvo en construir una comunicación que sea relevante, dinámica, estratégica, sencilla, cercana y partici-

pativa, interpersonal, global, operativa, en tiempo real y para todo el personal penitenciario. El instrumento para generar vínculos con los integrantes de la organización permitió el desarrollo y la ampliación del actual espacio de Uso Interno del sitio www.spf.gob.ar.

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Capítulo 1

Estadísticas

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Estadísticas

Introducción Durante fines de 2014 y los tres primeros trimestres de 2015 se aceleró el proceso de inversiones destinados a recuperar plazas operativas en el Servicio Penitenciario Federal. Esta acción fue una respuesta al incremento en la tasa de crecimiento de internos durante 2014 (6,42%, superior a la tasa promedio de los 5 años anteriores: 1,38%). Mediante dichas acciones se incrementó la capacidad operativa institucional en un 3,07%. Esto aumentó la disponibilidad de 380 nuevas plazas. Sin embargo, desde diciembre de 2014 a septiembre de 2015 la evolución del total de internos experimentó una tasa negativa de -0,8%. De esta forma, la tasa de ocupación que, en diciembre de 2014 era del 99%, mejora hasta alcanzar el 96% en septiembre de 2015. Entre las principales variables de la población penal y su evolución a septiembre de 2015, respecto a diciembre de 2014 se destacan: • Cayó la participación porcentual de mujeres en el total de la población penal. Las internas pasaron del 7,6% en diciembre de 2014 al 6,7% en septiembre de 2015. • Los jóvenes adultos representan la misma tendencia que las mujeres pero con menor intensidad. • Los internos extranjeros, que a diciembre de 2014 totalizaban un 19,8%, en septiembre de 2015 aumentaron al 21,3% de la población penal. • Finalmente, disminuyeron grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres embarazadas (-45%), mujeres con hijos (-21%), e hijos alojados con sus madres (-24%).

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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Servicio Penitenciario Federal

Principales características de la población penal del Servicio Penitenciario Federal 31/12/2014

Internos

31/12/2014

% del total de internos

TRIM III 2015

Internos

TRIM III 2015

% del total de internos

Capacidad y nivel de ocupación Capacidad operativa Total de internos Plazas disponibles

10.504 10.424 80

100,8% 100,0% 0,8%

10.826 10.341 485

104,7% 100,0% 4,7%

6.811 3.613

65,3% 34,7%

6.786 3.555

65,6% 34,4%

6.297 4.120 7

60,4% 39,5% 0,1%

6.493 3.839 9

62,8% 37,1% 0,1%

5.790 3.956 678

55,5% 38,0% 6,5%

5.791 3.920 630

56,0% 37,9% 6,1%

9.629 735 60

92,4% 7,1% 0,6%

9.636 688 17

93,1% 6,7% 0,2%

8.360 2.064

80,2% 19,8%

8.142 2.199

78,7% 21,3%

423 10.001

4,1% 95,9%

412 9.929

4,0% 96,0%

22 43 46 406

0,2% 0,4%

12 34 35 401

0,1% 0,3%

Distribución geográfica Área metropolitana Interior del país Situación legal Procesados Condenados Inimputables Jurisdicción Nacional Federal Provincial Género Masculino Femenino Trans Nacionalidad Argentinos Extranjeros Grupo etario Jóvenes adultos Mayores Otras clasificaciones de interés Embarazadas Internas con hijos Hijos menores Lesa humanidad

3,9%

3,9%

Fuente: Departamento de Estadística, Censo e Investigación Operativa del SPF

Distribución por rango etario La distribución de la población penal por rango etario se mantuvo en el mismo porcentaje que en el período anterior.

156

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Informe de Gestión 2015

Estadísticas

Población penal por rango etario, género y situación legal Septiembre 2015

Rango etario 18-20 21-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 +80 Total

Total

Procesados

412 4,0% 3.402 32,9% 3.379 32,7% 1.775 17,2% 682 6,6% 499 4,8% 180 1,7% 12 0,1% 10.341 100,0%

Masculino Femenino Condenados Inimputables Procesados Condenados

303

88

17

4

1.958

1.240

2

151

51

1.877

1.297

1

147

57

966

652

2

114

41

356

243

2

50

31

374

100

2

20

3

147

31

11

1

5.992

3.652

2

9

501

187

Fuente: Departamento de Estadística, Censo e Investigación Operativa del SPF

La participación de jóvenes adultos disminuyó en términos absolutos. Evolución de la población penal - Mayores y jóvenes adultos (2006 a septiembre 2015) Edad Mayores

Años 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

8.878

8.567

8.663

8.687

9.061

9.227

9.407

9.376 10.001 9.929

Jóvenes adultos

2014

419

sep-15

502

457

486

523

462

417

400

Total

9.380

9.024

9.149

9.210

9.523

9.644

9.807

9.795 10.424 10.341

423

Jóvenes adultos/total

5,4%

5,1%

5,3%

5,7%

4,9%

4,3%

4,1%

4,3%

4,1%

412 4,0%

Fuente: Departamento de Estadística, Censo e Investigación Operativa del SPF

En relación a la tipología delictiva se mantuvo la distribución de 2014. No obstante, cayeron levemente los delitos contra la Ley 23.737 y creció la participación de delitos contra las personas. Participación porcentual de las principales tipologías delictivas por género (Septiembre 2015) Delito

Total

Hombres

Mujeres

Contra la propiedad

43,3%

44,7%

23,7%

Infracción a la Ley 23.737

29,8%

27,9%

57,1%

9,3%

9,6%

5,8%

6,6%

6,8%

4,7%

11,0%

11,0%

8,7%

Contra las personas Contra la libertad Otros Fuente: Departamento de Estadística, Censo e Investigación Operativa del SPF

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Si bien la población penal total tuvo en el período considerado una caída del 0,8%, el total de extranjeros creció un 6,5%. Evolución de la población penal extranjera. 2006 a septiembre 2015 Año

Población penal total

Población penal extranjera

%

2006

9.380

1.766

18,8%

2007

9.024

1.925

21,3%

2008

9.149

1.946

21,3%

2009

9.210

1.871

20,3%

2010

9.523

1.907

20,0%

2011

9.644

2.003

20,8%

2012

9.807

2.008

20,5%

2013

9.795

1.884

19,2%

2014

10.424

2.064

19,8%

Sept 2015

10.341

2.199

21,3%

Fuente: Departamento de Estadística, Censo e Investigación Operativa del SPF

Tipología delictiva Si consideramos la población penal extranjera alojada a septiembre de 2015 por tipología delictiva, continúa concentrada en la infracción a la Ley Nº 23.737 (51,9% y 54,7% en diciembre de 2014). Se observa una leve tendencia creciente de este segmento de la población en su participación en delitos contra la propiedad y contra las personas.

158

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Informe de Gestión 2015

Estadísticas

Población penal extranjera por tipología delictiva - Septiembre 2015 Tipos de delito Infracción a la Ley 23.737

Total

%

Hombres

%

Mujeres

%

1.141

51,9%

926

48,4%

215

75,5%

Contra la la propiedad

562

25,6%

534

27,9%

28

9,8%

Contra las personas

135

6,2%

126

6,6%

9

3,2%

Contra la honestidad

88

4,0%

87

4,5%

1

0,3%

Otras leyes

67

3,0%

57

3,0%

10

3,5%

Contra la libertad

69

3,1%

58

3,0%

11

3,9%

Contra la seguridad pública

34

1,5%

33

1,7%

1

0,3%

No consta delito

60

2,7%

57

3,0%

3

1,1%

Contra la fe pública

19

0,9%

14

0,7%

5

1,8%

Contra la administ. pública

20

0,9%

19

1,0%

1

0,3%

Contra el orden público

3

0,1%

2

0,1%

1

0,3%

Seguridad nacional

1

0,1%

1

0,1%

Total

2.199

1.914

0,0% 285

Fuente: Departamento de Estadística, Censo e Investigación Operativa del SPF

Alteraciones al orden interno Los hechos de conflicto intramuros tuvieron una reducción sustantiva al comparar enero-septiembre de 2015, respecto al mismo período del año anterior. Se pasó de un total de 1.083 hechos de conflicto a 836. Esto implica una disminución del 23%. Las alteraciones al orden interno tuvieron una caída del 25% y las que se produjeron con lesiones disminuyeron un 14%. En el Complejo Penitenciario Federal de Jóvenes Adultos, de Marcos Paz, las alteraciones al orden interno disminuyeron un 62%, también en el Complejo Penitenciario Federal de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires cayó un 55%. Además, en el Complejo Penitenciario Federal I, de Ezeiza, y en el Complejo Penitenciario Federal II, de Marcos Paz, disminuyeron el 41% y el 40% respectivamente. En tanto, que en el Complejo Penitenciario Federal IV, de Ezeiza, crecieron un 37% durante el período analizado.

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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Servicio Penitenciario Federal

Hechos de conflicto por unidad y categoría Causas

Alteración al orden interno

Total

Alter. al ord. interno / incendio

Alter. al ord. interno/ lesiones

Toma de rehén

Agresión personal penitenciario

Autoagresión

Tentativa de suicidio

C.P.F. I

75

8,5%

26

14

17

11

4

3

C.P.F. II

118

13,4%

30

14

57

8

8

1

C.P.F. III

89

10,1%

25

23

21

5

13

2

C.P.F. IV

97

11,0%

35

6

29

15

4

8

4

2

9

3

1

1

C.F.J.A.

21

2,4%

C.P.F.C.A.B.A.

65

7,4%

13

5

37

3

5

2

U. 4

68

7,7%

22

1

32

4

1

8

2

1

1

U. 5

17

1,9%

11

4

2

U. 6

52

5,9%

18

5

24

2

U. 7

18

5

24

3

2

1

27

1

51

5,8%

U. 8

4

0,5%

1

U. 9

63

7,2%

20

8 1

1

2

5

U. 10

9

1,0%

2

3

1

1

1

U. 11

37

4,2%

12

11

5

5

4

15

8

4

10

2

1

1

U. 12

39

4,4%

U. 13

2

0,2%

U. 14

3

0,3%

2

1

U. 15

5

0,6%

1

2

U. 16

1

0,1%

U. 17

9

1,0%

U. 19

1

0,1%

U. 25

1

0,1%

U. 28

16

1,8%

2 1

6

1

1 1 1

4

7

3

2

U. 30

4

0,5%

1

1

1

1

U. 31

12

1,4%

7

3

1

1

U. 32

1

0,1%

U. 35

16

1,8%

Alc. Pettinato

3

0,3%

Alc. Paiva

1

0,1%

Alc. Lavalle

1

0,1%

Total

881

1

1 1

3

6

4 2

2 1

1 1

274

89

327

3

31,1%

10,1%

37,1%

0,3%

78

71

8,9%

8,1%

39 4,4%

Fuente: Departamento de Estadística, Censo e Investigación Operativa del SPF

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Informe de Gestión 2015

Estadísticas

Fugas, evasiones, tentativas y abandonos de tratamiento Durante 2015, se produjo una fuga en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, que fue protagonizada por dos internos, los que fueron recapturados por personal penitenciario a los pocos días.

Año

Total de alojados

Fuga

Abandono de tratamiento

Evasión

Tentativa de fuga

Tentativa de evasión

Hechos Internos Hechos Internos Hechos Internos Hechos Internos Hechos Internos 2011

9.644

13

13

4

4

3

3

5

5

2012

9.807

8

11

2

2

3

4

3

3

2013

9.795

17

18

7

23

5

8

13

20

2014

10.424

5

5

1

1

15

21

7

15

2015

10.341

1

2

7

30

14

17

13

13

Fuente: Departamento de Estadística, Censo e Investigación Operativa del SPF Nota: Los datos referidos al año 2015 corresponden al mes de septiembre. La categoría "Abandono de tratamiento" abarca a aquellos casos en que los internos se encuentran en establecimientos abiertos, con salidas transitorias y semiabiertos, como ser Casa de Pre Egreso o talleres laborales.

Defunciones en contexto de encierro En el período enero-septiembre de 2015 se produjo un 22,7% menos de defunciones si se compara con el mismo lapso de 2014. Las muertes naturales cayeron un 31% y las muertes violentas un 6%. Las tentativas de suicidio tuvieron una caída del 29%.

161

ArmadoEstadisticasSP2015.indd 161

05/11/15 13:46

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Servicio Penitenciario Federal

Defunciones por grupo etario (Enero a septiembre 2015) Causas Rango etario

Naturales

Total

Violentas

18-20

0

21-29

11

11

3

6

30-39

3

40-49

4

4

50-59

4

4

60-69

3

3

70-79

4

4

+80

2

2

TOTAL

20

14

34

Fuente: Departamento de Estadística, Censo e Investigación Operativa del SPF

Defunciones por unidad según causa y género (Enero a septiembre 2015) Unidad de alojamiento

Total

Muerte natural M

F

Suicidios M

Homicidio en riña F

M

C.P.F. I

8

4

3

1

C.P.F. II

9

5

1

1

C.P.F. C.A.B.A.

6

3

2

1

U.4

3

1

1

1

U. 8

2

2

U. 12

1

U. 21

3

2

1

1

U. 35

1

1

Total

F

1

M

F

1

1

19 34

M

Homicidio

1

U. 31

Sub total

F

Manifestación violenta seguida de muerte

1 20

7

0 7

5

0 5

1

0 1

1

0 1

Fuente: Departamento de Estadística, Censo e Investigación Operativa del SPF en base a Dirección de Sanidad e Informe de la Jefatura de Día de la Dirección Nacional.

162

ArmadoEstadisticasSP2015.indd 162

05/11/15 13:46

Informe de Gestión 2015

Estadísticas

Comparación de la tasa de mortalidad de la población penal argentina con otros países Tasa de mortalidad de población penal alojada (según sus causas) Comparación y evolución de la población penal internacional

País

Total de decesos en estableciHomimientos cidios penales

De los cuales Intoxicados % % % por AcciHomiAcci- drogas intoxicidios dentes dentes /alco- cados hol

Suicidios

% suicidios

Otras (incluye % enfermeda- otras des)

Total de población penal alojada

Tasa de mortalidad cada 10.000 internos

90

0

0,0

0

0,0

0

0,0

7

7,8

83

92,2

11.070

81,3

133

0

0,0

3

2,3

0

0,0

4

3,0

126

94,7

21.034

63,2

Letonia

31

0

0,0

0

0,0

4

12,9

7

22,6

20

64,5

6.195

50,0

Portugal

66

0

0,0

0

0,0

0

0,0

16

24,2

50

75,8

13.614

48,5

Moldavia

31

NA

NA

2

6,5

2

6,5

5

16,1

22

71,0

6.621

46,8

Suiza

29

20

69,0

NA

NA

NA

NA

9

31,0

NA

NA

6.599

43,9

España (Catalunia)

44

0

0,0

1

2,3

3

6,8

5

11,4

35

79,5

10.211

43,1

Bélgica

52

NA

NA

NA

NA

NA

NA

13

25,0

NA

NA

12.310

42,2

Austria

33

0

0,0

0

0,0

0

0,0

12

36,4

21

63,6

8.756

37,7

Lituania

35

2

5,7

0

0,0

0

0,0

5

14,3

28

80,0

10.033

34,9

Argentina

34

6

17,6

0

0,0

0

0,0

7

20,6

21

61,8

10.341

32,9

Hungría

55

0

0,0

0

0,0

0

0,0

8

14,5

47

85,5

17.585

31,3

Bulgaria

32

0

0,0

0

0,0

0

0,0

4

12,5

28

87,5

10.663

30,0

Suecia

16

0

0,0

0

0,0

0

0,0

7

43,8

9

56,3

6.431

24,9

RU: Escocia

18

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1

5,6

NA

NA

8.145

22,1

Países Bajos

25

1

4,0

1

4,0

0

0,0

10

40,0

13

52,0

11.324

22,1

Grecia

26

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

12.479

20,8

Rep. Eslovaca

23

0

0,0

0

0,0

0

0,0

6

26,1

17

73,9

11.075

20,8

Serbia Azerbaiyan

Promedio

6,9

1,1

1,9

20,9

74,2

38,7

Mediana

0,0

0,0

0,0

20,6

74,8

36,3

Mínimo

0,0

0,0

0,0

3,0

52,0

20,8

Máximo

69,0

6,5

12,9

43,8

94,7

81,3

Fuente: Datos obtenidos del Consejo de Europa (SPACE I)- Estadística Anuales Penales, a septiembre del 2012; y Argentina a septiembre 2015.

163

ArmadoEstadisticasSP2015.indd 163

05/11/15 13:46

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Servicio Penitenciario Federal

Comparación de la tasa de suicidios de la población penal argentina con otros países Tasa de suicidios de la población penal alojada Comparación y evolución de la población penal internacional

País

Total de decesos en establecimientos penales

Suicidios

% suicidios

De los cuales: la cantidad de mujeres

% de suicidio de mujeres sobre el total de suicidios

Total de población penal alojada

Tasa de suicidios cada 10.000 internos

Au str ia

33

12

36,4

0

0,0

8.756

13,7

Suiza

29

9

31,0

NA

NA

6.599

13,6

Portugal

66

16

24,2

2

12,5

13.614

11,8

Letonia

31

7

22,6

2

28,6

6.195

11,3

Suecia

16

7

43,8

0

0,0

6.431

10,9

Belgica

52

13

25,0

1

7,7

12.310

10,6

Países Bajos

25

10

40,0

1

10,0

11.324

8,8

Moldavia

31

5

16,1

0

0,0

6.621

7,6

Argentina

34

7

20,6

0

0,0

10.341

6,8

Serbia

90

7

7,8

0

0,0

11.070

6,3

República Eslovaca

23

6

26,1

0

0,0

11.075

5,4

Lituania

35

5

14,3

0

0,0

10.033

5,0

España (Catalunia)

44

5

11,4

0

0,0

10.211

4,9

Hungría

55

8

14,5

0

0,0

17.585

4,5

Bulgaria

32

4

12,5

0

0,0

10.663

3,8

133

4

3,0

1

25,0

21.034

1,9

Escocia

18

1

5,6

NA

NA

8.145

1,2

Grecia

26

NA

NA

NA

NA

12.479

NA

7,41

20,9

5,6

7,5

7,0

20,6

0,0

6,8

Mínimo

1,00

3,0

0,0

1,2

Máximo

16,0

43,8

28,6

13,7

Azerbaiyan

Promedio Mediana

Fuente: Datos obtenidos del Consejo de Europa (SPACE I)- Estadística Anuales Penales, a septiembre del 2012; y Argentina a septiembre 2.015.

164

ArmadoEstadisticasSP2015.indd 164

05/11/15 13:46

Informe de Gestión 2015

Estadísticas

Estudios formales Durante 2015, la participación de internos en estudios formales aumentó en un 5%. El porcentaje se había estancado en los últimos años en un 73%. En septiembre de 2015, la cifra se elevó al 78,4%. Evolución de los estudios formales (2006 a 2015) Año

Total de alojados a

Internos que estudian

%

b

b/a

2006

9.380

4.380

46,7%

2007

9.024

4.761

52,8%

2008

9.149

5.701

62,3%

2009

9.210

5.694

61,8%

2010

9.523

6.060

63,6%

2011

9.644

6.171

64,0%

2012

9.807

7.093

72,3%

2013

9.795

7.274

74,3%

2014

10.424

7.673

73,6%

Enero a Sep - 2015

10.341

8.107

78,4%

Fuente: Departamento de Estadística, Censo e Investigación Operativa del SPF

La relación internos-personal promedio del Servicio Penitenciario Federal es de 1,03. El Complejo Penitenciario Federal de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, el Complejo Penitenciario Federal I, de Ezeiza, y el Complejo Penitenciario Federal II, de Marcos Paz son las unidades que mejor performance presentan en esta variable. El personal destinado a seguridad representa un 33%, el mayor porcentaje corresponde a tratamiento: 41%. El 24% restante es personal administrativo.

165

ArmadoEstadisticasSP2015.indd 165

05/11/15 13:46

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Servicio Penitenciario Federal

Relación población penal/personal del SPF (Enero a septiembre 2015) Población Penal

Personal

Unidad de Alojamiento Total de Capac. Plazas alojados real disp.

Seguridad Superior M

F

Tratamiento

Subalterno

Superior

Administrativo

Subalterno

M

F

M

F

M

F 86

Superior M 30

Subalterno

Total

Alojados/ Total Personal

F

M

F

18

244

118

1.631

1,25

C.P.F. I

2.037

2.193

156

21

3

470

30

105

34

472

C.P.F. II

1.683

1.707

24

20

2

363

11

46

25

318

72

27

18

154

76

1.132

1,49

C.P.F. III

435

494

59

8

5

91

29

18

16

98

76

11

12

49

55

468

0,93

1.668

1.808

140

13

4

358

34

67

30

264

44

26

8

126

95

1.069

1,56

C.P.F. IV

445

569

124

5

16

94

54

7

68

17

303

12

19

36

125

756

0,59

C.F.J.A.

538

640

102

13

1

115

17

35

12

169

27

18

7

49

49

512

1,05

U.4

C.P.F.C.A.B.A.

416

494

78

12

105

10

11

7

83

16

14

3

34

33

328

1,27

U.5

285

313

28

8

1

60

5

14

3

73

5

6

0

19

21

215

1,33

U.6

423

525

102

14

1

145

10

19

3

101

15

13

4

50

40

415

1,02

U.7

285

370

85

15

2

119

14

19

6

115

13

10

8

54

41

416

0,69

U.8

137

138

1

7

2

57

4

7

1

37

6

6

1

23

12

163

0,84

U.9

190

386

196

16

131

8

12

7

81

8

10

2

61

28

364

0,52

U.10

109

127

18

10

41

8

13

3

45

5

7

3

22

20

177

0,62

U.11

133

180

47

9

53

12

11

3

50

3

4

3

11

25

184

0,72

U.12

57

4

10

4

56

5

6

55

23

228

1,24

18

6

4

8

8

36

1

5

3

25

122

0,27

15

3

33

2

3

3

19

18

131

0,89

283

326

43

8

U.13

33

86

53

6

U.14

117

129

12

5

U.15

95

98

3

4

U.16

122

112

-10

7

U.17

202

211

9

9

4

2

30 1

1

34

4

11

1

34

6

4

3

11

12

125

0,76

45

6

7

3

35

4

7

1

20

15

150

0,81

53

14

16

6

61

3

3

5

20

22

213

0,95

9

5

3

1,33

U.19

212

292

80

14

65

8

14

7

60

13

8

5

31

23

248

0,85

U.21

18

65

47

3

31

2

7

7

29

14

6

1

12

9

121

0,15

U.22

101

102

1

7

43

7

5

2

26

13

4

2

12

10

131

0,77

U.23

14

22

8

2

17

1

3

2

7

7

2

5

6

53

0,26

U.25

U.18

3

1

25

28

3

2

2

7

1

13

2

1

9

13

50

0,50

U.30

13

26

13

4

9

2

7

2

15

1

1

1

5

14

61

0,21

U.31

181

250

69

6

59

45

14

17

32

123

9

6

21

54

393

0,46

U.35

137

150

13

3

50

7

8

1

46

7

7

1

14

20

164

0,84

10.341

11.850

1.509

251

49 2.715 352

512

282 2.381 913

257

140 1.169 1.002 10.023

1,03

TOTAL

7

Fuente: Departamento de Estadística, Censo e Investigación Operativa del SPF

166

ArmadoEstadisticasSP2015.indd 166

05/11/15 13:46

Informe de Gestión 2015

Estadísticas

Personal penitenciario En los últimos 10 años, el total del personal se incrementó en un 41%. En el caso de los oficiales, fue del 54%. Este grupo representa el 16% del total del personal del Servicio Penitenciario Federal. Como se observa en el gráfico a continuación, la distribución de personal por rangos es piramidal. Distribución del personal por Rango (Septiembre de 2015) Inspector General Prefecto Subprefecto Alcaide Mayor Alcaide Subalcaide Adjutor Principal Adjutor Subadjutor Ayudante Mayor Ayudante Principal Ayudante de 1ra. Ayudante de 2da. Ayudante de 3ra. Ayudante de 4ta. Ayudante de 5ta. Subayudante 0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

167

ArmadoEstadisticasSP2015.indd 167

05/11/15 13:46

Edición 2015 • Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal Lavalle 2705 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | C1190AAA | República Argentina (54 11) 4964-8300 | www.spf.gob.ar | [email protected] Todos los derechos reservados. Impreso en Triñanes Charlone 971- CP 1870 - Avellaneda - Buenos Aires Compilación, redacción y edición: Alejandro Yapur - Graciela Fusco Diseño: Raquel Aboudara | [email protected]

168

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