Índice Hacia un nuevo modelo productivo: empleo y renta básica
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Empleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Alberto Rodriguez
Caminando hacia la renta básica: justicia social y economía 9 La necesidad de la renta básica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 El sujeto de la renta básica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Mediaciones o transiciones a la renta básica. . . . . . . . . . . . . . . . 13 El objetivo renta básica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Isabel Franco
Nuevo modelo productivo y transición energética
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Reindustrialización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Infraestructuras,Transportes y Comunicaciones. . . . . . . . . . . . 20 Pymes, trabajo autónomo y economía social. . . . . . . . . . . . . . . 21 Oscar Guardingo
Ideas para un nuevo modelo productivo en el sector primario y en nuestro mundo rural
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El compromiso con el derecho a la alimentación. . . . . . . . . . . . 22 La soberanía alimentaria como bandera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ciudadanía alimentaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Estefanía Torres
Hacia un nuevo modelo productivo: empleo y renta básica Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, con sus devastadores efectos en la economía española y en el empleo, todos los agentes coincidían en la necesidad de impulsar un nuevo modelo productivo para el país. Diez años después tenemos que decir con pesar que el final de la legislatura de Zapatero y el mandato de Rajoy hasta la actualidad han sido años perdidos en este sentido.
El relato basado en una recuperación económica “gracias a los sacrificios de los españoles y del Gobierno” no lo comparte ningún analista independiente. Todo lo contrario: los recortes del PP y la austeridad impuesta por Bruselas solo han traído sufrimiento y desigualdad.
El Consejo Económico y Social (CES) defiende en su Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral España 2015 que la recuperación macroeconómica se debe a cierta relajación fiscal, a la depreciación del euro y a las políticas expansivas del BCE; es decir, a medidas que constituyen la antítesis de la austeridad. El gobierno del Partido Popular llegó a zancadillear la apuesta por las renovables —un sector en el que España era líder mundial— y se atrevió a desafiar al sol, imponiéndole un impuesto que ha supuesto grandes deudas para las pequeñas empresas productoras y que se ha llevado la esperanza de que España deje de ser una gran dependiente de energía exterior y pueda comenzar la tan necesaria transición energética.
El Gobierno no ha promovido ningún modelo productivo que sustituya al ladrillo, y lo ha apostado todo a la devaluación salarial y a la atracción de capitales especulativos.
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Aún recordamos como los gobiernos autonómicos de Madrid y Catalunya competían en humillar la soberanía ante un magnate texano para atraer la construcción de los macrocasinos y macrohoteles de Eurovegas y como, al final, todo eso no era más que humo. Quizás sea este el mejor ejemplo de la (falta de) política industrial de este país.
La inexistencia de una apuesta política del Gobierno por un nuevo modelo productivo nos condena a una situación de altísima estacionalidad del empleo, muy dependiente de las temporadas turísticas. En España, cuando el otoño asoma por la puerta, el empleo salta por la ventana. Esto es especialmente grave cuando la tasa de cobertura es menor del 55% y otras tasas que calculan al conjunto de desempleados la sitúan en torno al 30%. Nuestra economía depende en exceso del sector turístico.
Empleo El papel del trabajo como eje vertebrador de nuestras sociedades y nuestras vidas es innegable. En torno a él surgían una serie de aspiraciones, de expectativas, que, basadas en unas condiciones materiales y no materiales de vida decentes —o, cuanto menos, “suficientes”— blindaban el consenso político, social, ideológico y cultural emanado de la Transición. Las políticas de austeridad y recortes aplicadas con gran dureza por las élites han tenido dos centros de atención claros: los servicios públicos y el empleo. Esto ha tenido como consecuencia directa la voladura de pilares básicos de los consensos vigentes.
Tener empleo ya no está asegurado, pero, además, acceder a él no implica unas condiciones de vida dignas. Por un lado, nos enfrentamos al desempleo estructural, con porcentajes de dos dígitos, fruto de un modelo productivo arrodillado ante Alemania y el reparto internacional de trabajo dentro de la UE, que nos condena a ser un país de cemento y servicios.
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Por otro, a las sucesivas reformas laborales, que han troceado los empleos en contratación temporal y parcial no deseada, horas trabajadas no remuneradas y salarios de miseria.
Estas dos razones, unidas al ataque despiadado contra los servicios públicos esenciales, son la causa del sufrimiento de millones de personas, así como de falta de expectativas, emigración forzosa, ineficacia económica y riesgo para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. La creciente robotización y la implementación firme de las “nuevas” tecnologías en el tejido productivo son concebidas, de manera tramposa, como una amenaza más para miles de puestos de trabajo. El maltrecho Estado del Bienestar se apoya sobre los hombros de personas —sobre todo mujeres— que trabajan en los cuidados familiares sin ningún tipo de remuneración. Mujeres que jamás han sido consideradas como sujeto productivo, que asumen millones de horas de trabajo fuera del mercado, y que nunca son tenidas en cuenta en los análisis económicos. Puesto que no existen alternativas para la mayor parte de la población, el trabajo de cuidados no es una elección sino explotación sistémica. En este contexto, la tecnología puede paradójicamente “humanizarnos”, al permitirnos dedicar más tiempo al cuidado de nuestros semejantes.
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Nuestro proyecto de país, uno en el que las necesidades y expectativas de la gente estén cubiertas, pivota indudablemente en el empleo y la renta. Estos son sus principales ejes:
1. El fortalecimiento de la negociación colectiva como principal herramienta para el reparto de la riqueza, con mecanismos de participación más amplios y directos, que aseguren implicación de la gente trabajadora en los procesos de negociación. La democracia no puede quedarse en las puertas de los centros de trabajo, como ocurre hoy en día en multitud de ocasiones. Acabar con el “aquí mando yo” y “las cosas son así; si no te gusta, te largas” es y deber ser una prioridad política. Esto pasa por derogar las reformas laborales y democratizar el Estatuto de los Trabajadores. Sustituir el autoritarismo y la unilateralidad en las relaciones laborales no solo garantiza mejoras en las condiciones de la gente trabajadora, también supone un avance indudable en la productividad de nuestra economía. Compitiendo en eficacia, eficiencia y valor añadido, no en salarios bajos y precariedad, como irresponsablemente actúan las élites hoy día.
2. El aumento del SMI y el blindaje de acceso a una renta como dos condiciones que permitan la mejora de las condiciones laborales y salariales del conjunto de la población.
3. El freno firme a la temporalidad no causal, fraude de ley de proporciones gigantescas en nuestro país; así como a la subcontratación salvaje, que no solo afecta al ámbito laboral, sino que tiene además consecuencias nefastas en nuestra seguridad, nuestra salud y nuestras vidas, como pudimos comprobar recientemente en las investigaciones sobre la tragedia del Yak-42.
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4. La reforma urgente de las condiciones del trabajo autónomo, con una política fiscal justa y progresiva, para ofrecer seguridad a más de tres millones de personas trabajadoras en caso de enfermedad, jubilación o cese de la actividad, agilizando pagos desde la administración y dotándoles de un colchón de créditos y segundas oportunidades, y dignificando así un sector de nuestro tejido productivo que tanta importancia tiene para la economía y la creación de empleo.
5. Dotar de recursos, medios y objetivos sensatos a las administraciones públicas para que puedan investigar, fiscalizar y, en última instancia, evitar los incumplimientos de la normativa laboral y de las obligaciones con Hacienda y Seguridad Social. Esto constituye la mejor garantía, junto con la libertad sindical y la negociación colectiva, para frenar la siniestralidad que nos mata y el fraude de los grandes capitales que nos arruina.
6. Las luchas históricas de la gente trabajadora y el movimiento feminista nos aportan una afirmación, a la par antigua y de rabiosa actualidad, que asumimos plenamente y de la que hacemos bandera: a igual trabajo, igual salario. Sintetiza en una sola frase la necesidad acuciante de acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres en sus múltiples formas y con las desigualdades salariales vía subcontratación, falsos autónomos y falsos becarios.
7. Impulsar y poner en valor el potencial de la economía social, como alternativa que genera empleo más estable, de más calidad, que reparte mejor los beneficios y vela por la igualdad real de oportunidades. Las economías con mayor protagonismo del cooperativismo consiguen cuotas de igualdad, estabilidad y participación superiores.
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8. Abrir el melón y situar en la agenda pública la reducción de jornada —sin merma salarial— y la garantía de renta como acompañantes perfectos de la tecnología aplicada al mundo del trabajo, desterrando la peregrina y maliciosa idea de que un robot más significa un empleo menos. Muy al contrario, los avances científicos son bienvenidos como herramienta para producir riqueza más fácilmente con mejores salarios, menores jornadas, más derechos y una conciliación real entre trabajo y vida.
Así pues, debemos ofrecer certezas, un modelo productivo y de relaciones laborales en el que se abracen derechos con eficacia económica, que genere un horizonte de vida cargado de expectativas cumplidas y aspiraciones realizables. Negociación colectiva, libertad sindical y participación directa como garantía de democracia económica y laboral. Reducción de jornada, garantía de ingreso y estabilidad contractual como rescate del presente y preparación para el futuro 4.0 que viene pisando fuerte. Recursos públicos para impedir el incumplimiento flagrante y sistemático de nuestras normas laborales. “A igual trabajo, igual salario” como máxima, para que empleo y vida digna vuelvan a ir de la mano.
En definitiva, debemos construir un proyecto de país en el que la gente trabajadora tenga un presente decente y futuro sin incertidumbres, es condición indispensable para la victoria. Ganar en 2020, sin duda, depende de ello.
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Caminando hacia la renta básica: justicia social y economía El debate sobre la Renta Básica viene de largo y se ha adoptado desde diferentes perspectivas. Se atribuye el concepto y el inicio del debate a Juan Luís Vives (1525). En Europa comienza a coger fuerza a mediados de los años 80 con los textos de Philipe Van Paris, cuando el desempleo y la pobreza se convierten en problemas estructurales tanto económicos como sociales de una económica europea muy desarrollada. En 1986 nace el colectivo Basic Income European Network (BIEN) que desde entonces viene divulgando la renta básica y poniéndola en el debate europeo. Desde finales de la década de los 80 y comienzos de los noventa, diferentes intelectuales españoles —entre los que destacan José Iglesias, Daniel Raventós o Ramiro Pinto— toman de su mano este concepto y comienzan a abrir el diálogo respecto a la Renta Básica en España. Estos son algunos puntos clave:
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Concepto y necesidad de Renta Básica: Es un derecho asociado a toda persona que consiste en la recepción de una cantidad monetaria periódica que le permita satisfacer sus necesidades materiales. Tiene tres características fundamentales: la individualidad, la incondicionalidad y la universalidad.
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Individualidad: Esto significa la desvinculación de la protección de la unidad familiar, basándose en el principio de que cada persona es, en sí misma, es un sujeto de derechos.
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Incondicionalidad: No está condicionado a ninguna otra circunstancia. Esto significa que no está tampoco sujeto a la posesión de un empleo asalariado actual o anteriormente, ni tampoco a la obligación a aceptar un empleo bajo cualquier circunstancia.
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Universalidad: Para todas las personas, como sujetos poseedores de derechos.
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La necesidad de la renta básica Los efectos de la crisis y de las políticas puestas en marcha por los gobiernos de PP y PSOE han provocado situaciones insostenibles. Nos encontramos hoy en día con más de 4,3 millones de personas en situación de desempleo, de las cuales, más de la mitad son personas desempleadas de larga duración. Esto significa que más de 2,4 millones de personas, llevan en desempleo más de un año.
La coyuntura es aún peor para nuestros jóvenes. La juventud menor de 30 años, ocupa una tasa de desempleo del 39,3% del total. Con esto, la generación mejor formada de la historia de nuestro país se ve obligada a emigrar a otros países para encontrar el futuro que España ya no les proporciona.
Todo esto, unido a la temporalidad creciente en los contratos de trabajo y el largo periodo de crisis que vivimos, hace que hoy en día la tasa de cobertura de las diferentes prestaciones y subsidios por desempleo existentes en España se sitúe en el 54,9%. De estas personas, más de la mitad cobran subsidios que, en todo caso, están por debajo del umbral de la pobreza. Esto significa que, de los 4,3 millones de personas que se encuentran en situación de desempleo, más de tres millones no cobran ni tienen ninguna prestación, o, aun teniéndola, esa prestación está por debajo del umbral de la pobreza.
La apuesta por la temporalidad y la bajada de los salarios, entre otras cuestiones, provoca que tener un empleo remunerado ya no asegure que se salga de la pobreza. Así, si bien antes de la crisis el número de personas con trabajo se situaba en torno al 12%, en 2016 aumenta hasta situarse en el 14.8%, según el informe “Análisis y perspectivas 2016” de la Fundación Foessa de Cáritas.
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En cuanto a la desigualdad, también va en aumento. Según ese mismo informe, el 44% de las personas que se encuentran en situación de desempleo son pobres. Mientras tanto, según el informe sobre desigualdad de 2016 de Oxfam Intermón titulado “Una economía al servicio del 1%”, España es el segundo país de Europa en aumento de la desigualdad: solo nos supera Chipre. Se ha acrecentado tanto la desigualdad —en nuestro país, en 2016 el número de ricos ascendió en 7000— que tres personas (Amancio Ortega, Sandra Ortega Mera, su hija, y Joan Roig, el presidente de Mercadona) acumulan la misma riqueza que el 30% de las personas más pobres de nuestro país. Es decir, tres personas tienen tanto como 14,2 millones de habitantes de todo el Estado.
Es evidente que el sistema de prestaciones por desempleo de nuestro país no es capaz de proteger a la población ante la pérdida de empleo y aún menos de acabar con la pobreza. Por todo ello, urge encontrar una solución que vaya encaminada no sólo a mantener la estabilidad económica y la paz social, sino que, además, garantice los derechos básicos de cualquier persona y dé una respuesta social al problema incrustado en nuestro país de la temporalidad, de los bajos salarios y del desempleo. Además de buscar una alternativa que dote de seguridad a la población ante los avances tecnológicos que según el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos van a suponer una gran pérdida de puestos de trabajo.
Esta alternativa, tal y como ya están probando países como Finlandia y tal como la propia Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha concluido, pasa por la implantación de la Renta Básica Universal de forma paulatina.
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El sujeto de la renta básica El sujeto de la renta básica es un sujeto de construcción democrática, que se configura bajo los términos de igualdad, emancipación, seguridad y libertad y que tiene como nexo conector los Derechos Humanos.
Un país democrático y económicamente desarrollado no puede permitirse una situación tan dramática. Frente a la propuesta los carnés de pobres de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, proponemos avanzar hacia un modelo social en el que el control de la pobreza mediante la beneficencia y las bolsas de alimentos y de ropa queden relegados, dando pasos hacia la justicia social, los derechos, la igualdad de oportunidades y la racionalidad económica.
Es importante tener en cuenta la necesidad no solo económica, sino también social, de esta medida. La Renta Básica no puede convertirse sólo en una medida impuesta por las necesidades económicas y productivas, pues de ésta manera, no produciría ningún efecto en términos de cambio de modelo productivo y en las relaciones sociales, hacia una economía sostenible, ecologista y feminista; ni en la posesión de derechos, sino que debe ser una medida que abandere la mayoría social en términos de justicia social y económica.
Esta medida se convierte, además, en un efectivo mecanismo de prevención de la pobreza. La sociedad civil y el tercer sector han sido históricamente quienes han suplido las funciones del Estado en esta materia. Para garantizar la igualdad de oportunidades y avanzar hacia un sistema social y económico garantista, la intervención en cuanto y prevención de la pobreza ha de ser competencia de los sectores públicos.
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Así, la Renta Básica puede ser un instrumento factible de erradicación de la pobreza, un mecanismo de reparto de la riqueza y distribución de la renta capaz de dar seguridad económica a la población frente a la incertidumbre y la arbitrariedad y permitirle iniciar otros modos de vida, al tiempo que fomenta la igualdad de género y contribuye a eliminar los estigmas sociales.
Mediaciones o transición a la Renta Básica Hoy en día, las prestaciones y subsidios para las personas que se encuentran en situación de desempleo son muy dispares entre los territorios que conforman el Estado Español. Las prestaciones contributivas son limitadas no sólo en la cuantía, sino también en el tiempo y la apuesta del gobierno del Partido Popular por el empleo temporal y precario dificulta el acceso a la prestación.
En el caso de las ayudas no contributivas, sus efectos y adecuación a la realidad son manifiestamente insuficientes para la garantizar una vida digna de las personas. En su práctica totalidad, se terminan convirtiendo en una suerte de ayudas para pobres, basadas en la beneficiencia y no en la posesión del derecho básico. Además, su excesiva burocracia y la gran cantidad de requisitos que se imponen para el acceso a las ayudas las convierten en medidas poco efectivas dirigidas a casos especiales o límite, pero que no cubren la situación de emergencia social generalizada.
Casi la totalidad de estas ayudas tienen periodos diferentes para cada Comunidad Autónoma en lo que respecta a la percepción de la ayuda y a los periodos de carencia en los que la persona potencialmente beneficiaria no puede acceder a dicha ayuda. Además, estas ayudas se basan en la mayor parte de los casos en el IPREM, por lo que incumplen la Carta Social Europea y el informe del año 2014 del Comité Europeo de Derechos Sociales que estipulan que ninguna prestación debe estar por debajo del umbral de la pobreza.
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Si bien es cierto que introducir la Renta Básica requiere consensos en el debate, estudios pormenorizados y un proceso de cambio en el modelo productivo y en el sistema impositivo, así como una introducción lenta (pensada a medio y largo plazo), es de sentido común comenzar este proceso, al igual tal como otros países de la Unión Europea ya han hecho y como señala el propio Parlamento Europeo, sin olvidar que España es la cuarta potencia económica de la Unión Europea, e ir caminando hacia el Objetivo Renta Básica.
El Objetivo Renta Básica Es necesario divulgar la iniciativa y reabrir el debate sobre el sistema de prestaciones sociales, sobre la adecuación de sus objetivos a la realidad social, su simplificación y racionalización para caminar hacia el Objetivo Renta Básica.
Todo esto ha de darse en marco de búsqueda del consenso social y de un sistema garantista que siga los pasos marcados por la Carta Social Europea, así como por el propio Comité Europeo de Derechos sociales en su informe de 2014. Esto es, dando pasos hacia unas rentas mínimas que cambien el rumbo de las actualmente vigentes y de las propuestas que solo plantean mejoras mínimas, para avanzar hacia unas rentas que, al menos, se sitúen por encima del umbral de pobreza, y que se mantengan vigentes sin cortes en el derecho mientras dure la necesidad. Todo ello, manteniendo como población prioritaria a aquellas personas que no estén cubiertas por la prestación por desempleo y no dispongan de otros ingresos, así como a aquellas otras que aun disponiendo de alguna renta, se encuentren por debajo del umbral de la pobreza.
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Nuevo modelo productivo y transición energética El Estado debe ser impulsor económico de nuevos sectores productivos. Podemos ha dado una importancia máxima a la transición energética como modelo de reactivación económica y de creación de empleo. No en vano este ha sido nuestro primer punto programático en las elecciones del 20D y el 26J: un ambicioso plan para impulsar una economía más limpia y menos dependiente y crear 300.000 puestos de trabajo y estimular así el retorno de los jóvenes altamente cualificados y la incorporación de las personas desempleadas del ladrillo.
Un país con futuro requiere del control público y democrático del sector de la energía en el marco de un proceso de transición energética orientado hacia la recuperación de la soberanía, hacia la garantía del derecho a la energía por parte de las personas como un elemento esencial para la vida y al impulso de la reindustrialización. España, un país privilegiado en sol, agua y aire, debe caminar hacia la soberanía energética incrementando el uso de estas energías, sin olvidar que el cambio climático nos obliga a ir modificando nuestras pautas de consumo.
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Defendemos una transición energética, pero mantenemos una postura realista: mientras en nuestro país se siga quemando carbón, apostaremos por el carbón autóctono frente al carbón de importación, aunque avanzando al mismo tiempo hacia una transición justa para nuestras comarcas mineras que garantice una alternativa laboral para su gente.
La privatización del sector energético traía consigo unas promesas de mayor competencia y abaratamiento de precios que no se han cumplido. España tiene un diferencial de precio energético doméstico e industrial con países de su entorno que agrava la pobreza energética de los hogares y perjudica la competitividad de la industria. Las puertas giratorias entre el poder político y los consejos de administración de las eléctricas y gasísticas han permitido la opacidad en el sector. Es urgente una auditoría de todo el proceso, incluyendo cómo se conforma el precio de la electricidad, uno de los mayores tabúes del poder en nuestro país.
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En España, el mayor consumo energético se produce el transporte. El 39% de la energía consumida es en este sector. El 15% es responsabilidad del automóvil. Además, España es el país de Europa con mayor peso del transporte por carretera en el transporte de mercancías. Esta energía proveniente del petróleo acentúa nuestra dependencia energética. Además, el automóvil es el principal causante de la contaminación y partículas que afectan a la salud. El tráfico es responsable del 25% de las emisiones de dióxido de carbono, del 87% de las de monóxido de carbono y del 66% de las de óxidos de nitrógeno. Esta contaminación, además de contribuir al calentamiento global, provoca problemas en la salud de los habitantes de algunas ciudades.
Cada año son más los días en los que las ciudades españolas superan los máximos permitidos y muchos más los máximos recomendados. Los ayuntamientos del cambio están situándose a la par de las grandes ciudades europeas por una movilidad urbana más sostenible, y la necesidad de renovar el parque móvil por automóviles más modernos y menos contaminantes.
España es el octavo país en fabricación de automóviles. Este sector supone el 18% de las exportaciones y el 9% del empleo de la población activa. En España se fabrican principalmente automóviles de baja cilindrada poco contaminantes. La renovación del parque móvil por uno menos contaminante debe entenderse como una oportunidad para el sector con una apuesta por desarrollar y fabricar más modelos de energías alternativas en España.
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Reindustrialización La industria ha sido la gran olvidada durante los años de la burbuja inmobiliaria. La industria no podía competir con las altas rentabilidades de la especulación financiera. Sin embargo, el 80% del empleo en este sector es indefinido y sus salarios son mayores. Es necesaria una reindustrialización acorde con el proceso de transición energética que apueste por la Formación Profesional, la ciencia y el I+D+I No queremos tener una industria solo de cadenas de montaje altamente dependientes de las matrices extranjeras.
Queremos una industria con centros de desarrollo de productos, altamente tecnologizada, con productos de alto valor añadido y orientada a la exportación. Queremos ser capaces de competir en la formación profesional de los trabajadores y trabajadoras, en tecnología y en infraestructuras, y no en salarios a la baja.
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Queremos una industria con centros de desarrollo de productos, altamente tecnologizada, con productos de alto valor añadido y orientada a la exportación. Queremos ser capaces de competir en la formación profesional de los trabajadores y trabajadoras, en tecnología y en infraestructuras, y no en salarios a la baja.
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La participación del Estado en el accionariado industrial y la cogestión de los trabajadores son modelos que se aplican desde hace años en Alemania. En España, las administraciones han dado ayudas a la industria que se deberían haber traducido en avances de este modelo garantía de empleo y de una orientación menos dependiente de las matrices extranjeras.
Infraestructuras,Transportes y Comunicaciones En nuestro país, las fronteras entre un partido político, una caja de ahorros y el IBEX 35 nunca han estado claras. La misma persona podía pasar de un ministerio al consejo de administración de una constructora o al de una caja de ahorros. Esta forma de funcionar del régimen favorecía la construcción de infraestructuras que solo interesaban a las grandes fortunas del país y a las cajas B de los partidos. Aeropuertos sin aviones, trenes de alta velocidad sin pasajeros, radiales sin automóviles... que han costado decenas de miles de millones de euros a la ciudadanía.
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La construcción de infraestructuras debe dejar de servir al interés de unos pocos y ponerse al servicio del nuevo modelo productivo, apostando por un transporte sostenible de mercancías que prime el ferroviario y abandone la radialidad en favor de las conexiones de las zonas más dinámicas y exportadoras con los clientes de la UE, lo que favorecería la competitividad de nuestra economía y rebajando las emisiones contaminantes. Un país con futuro requiere una regulación sensata del sector de las comunicaciones y el transporte que garantice su acceso y desarrollo como servicios públicos esenciales para la comunidad, que ponga fin a los abusos de las grandes constructoras del IBEX-35 y que proteja nuestro país frente al desarrollo de la economía extractiva basada en la elusión fiscal y la precarización de las relaciones laborales que está produciéndose en el transporte por carretera y que amenaza también al transporte urbano de viajero
Pymes, trabajo autónomo y economía social La necesaria protección de las pymes, de los autónomos y de la economía social es esencial para que nuestro tejido económico pueda hacer frente las injerencias de las grandes corporaciones (basadas en la desregulación, la deslocalización, la especulación, el desmantelamiento del tejido productivo y la precarización de las condiciones de trabajo). El mercado en nuestro país no puede estar regido por la ley de la selva, sino que debe fundamentarse en la transparencia y la existencia de un marco jurídico que reconozca derechos, evite situaciones de abuso y garantice el equilibrio fuerzas, permitiendo un mayor control por parte del Gobierno para preservar el interés general y el desarrollo sostenible. Desde las administraciones se deben desarrollar cláusulas en los concursos que favorezcan la economía social y cooperativa, las buenas prácticas empresariales y la eficiencia energética. Los poderes públicos no pueden seguir permitiendo la doble moral existente entre el discurso y la legislación para con las y los trabajadores autónomos.
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El gobierno del Partido Popular habla alegremente de favorecer el emprendimiento, pero ha mirado hacia otro lado cuando esta larga y devastadora crisis ha obligado a tantas y tantos autónomos y PYMES a cerrar sus empresas, enterradas entre montañas de deudas. Es imprescindible y urgente la mejora de las condiciones del trabajo por cuenta propia, tanto en lo que se refiere a los derechos laborales y de seguridad social, como a la facilitación de la actividad económica. No solo en su inicio, sino también en la actividad diaria a medio y largo plazo, son necesarias medidas relativas, entre otras cuestiones, al IVA, a las facilidades de pago y, especialmente, a la racionalización del pago del sistema de cuotas, yendo hacia un modelo en el que la referencia sea el volumen de negocio.
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El compromiso con el derecho a la alimentación Podemos luchará por el reconocimiento del derecho a la alimentación en todos los niveles del Estado tanto en el plano nacional como en las administraciones autonómicas y en los municipios donde gobernemos con otras fuerzas políticas del cambio. Nos comprometemos a trabajar por la inclusión del derecho a la alimentación en la Constitución Española, a trabajar por la adopción de una ley marco que lo garantice y a poner en marcha el examen global de todas las leyes sectoriales que afecten a su ejercicio para determinar si son compatibles con este derecho humano.
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La soberanía alimentaria como bandera. Asumimos la defensa de la soberanía alimentaria como uno de los componentes básicos de la soberanía popular por la que esta organización trabaja con los actores sociales en todos los sectores económicos de nuestro país. Nuestro pueblo debe tener poder de decisión sobre sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible y de seguridad alimentaria. Esto supone proteger el mercado doméstico contra los productos que se venden más baratos en el mercado internacional y luchar contra la venta a pérdidas. Podemos defiende tanto la disposición de alimentos para el conjunto de la población como la transparencia en el origen y la producción de los mismos, dando especial protección a la producción agraria local y a los productos de proximidad.
Para ello, trabajamos por el cambio en las políticas públicas que tienen incidencia en el sistema agroalimentario a nivel internacional, nacional y local, poniendo en evidencia los abusos de las grandes corporaciones y luchando contra la especulación alimentaria y el acaparamiento de la tierra, los mares y el agua.
En este sentido, es necesaria e imprescindible la interlocución y representación democrática ante unas instituciones que deben velar por esa participación real, en clave de equidad. Las actuales políticas gubernamentales en temas tan sensibles como los repartos de fondos Europeos, PAC o las Cuotas Pesqueras lo tienen que ser con políticas de transparencia mediación e interlocución real a la acción de gobierno por parte de los diversos colectivos implicados.
Defendemos el derecho a la tierra, las semillas y demás bienes comunes oponiéndonos en las instituciones y fuera de ellas a la mercantilización de tierra, las semillas, los mares, el agua y los bosques.
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En este sentido, ponemos nuestro empeño en la creación de sistemas de producción alimentaria que proporcionen alimentos saludables, sostenibles y seguros. Para ello promovemos la creación de mercados locales basados en precios justos y trabajamos, desde todos los niveles donde tenemos representación y también codo a codo con la sociedad civil, por la implantación de circuitos cortos de distribución y la economía circular para que la comunicación entre productores y consumidores sea más transparente y más directa y así limitar el poder de las grandes distribuidoras de la alimentación.
Asimismo, exigimos unas condiciones de trabajo dignas para las personas que trabajan en la producción, distribución y venta de alimentos, por eso nos oponemos a la explotación de sus condiciones laborales y sociales y velamos por los derechos de todas las mujeres y hombres que trabajan en el campo y en la mar.
Ciudadanía alimentaria La inseguridad alimentaria, la malnutrición, el hambre y la pobreza afectan a toda la población mundial y, por tanto, los sistemas de producción, distribución y consumo de los alimentos a nivel global son interdependientes. De ahí la necesidad de trabajar por la consecución de una ciudadanía responsable y concienciada en términos de sostenibilidad, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación.
Para combatir el hambre, la pobreza y la malnutrición es fundamental que la ciudadanía se convierta en sujeto activo con poder de decisión y participación de las políticas públicas alimentarias. Para ello es necesario poner en marcha políticas públicas que modifiquen el sistema agroalimentario actual para hacerlo más justo, sostenible y equitativo y, además, facilitar y apoyar la creación de movimientos sociales integrados por productores y consumidores que promuevan experiencias de cooperación como los mercados locales, los canales cortos o la reducción del desperdicio alimentario.
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