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Tras el enésimo recorte a la dependencia, ¿qué cabe esperar del sistema? Es una cuestión muy repetida, pero vuelve a la actualidad tras conocerse el Plan Nacional de Reformas: ¿hasta dónde aguantará un modelo con múltiples problemas de financiación por resolver si cada año cuenta con menos recursos?

A. Vila / EM

Cuando, hace apenas un mes, se hizo público el Plan Nacional de Reformas 2013 -informe que el Gobierno envió a Bruselas para justificar ante la UE sus actuaciones para reducir el déficit público-, saltaron todas las alarmas. El documento incluía una reducción de 1.108 millones de euros para el presente ejercicio en el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Saad), que -por no esperado ni bien explicado- no sólo sorprendió negativamente a casi todos los agentes implicados (usuarios, profesionales, empresas...), sino que se entendió como el enésimo hachazo a un sistema ya de por sí muy tocado. El Gobierno asegura que no hay ningún recorte a mayores, y que el ahorro detallado en el informe enviado a Bruselas es resultado de la aplicación de las medidas incorporadas al Real Decreto 20/2012, de 13 de julio. Lo hizo en boca del secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, que, por cierto, es el único miembro del Ejecutivo que ha dado la cara con respecto a este tema, y lo hizo en el Congreso de los Diputados,

tras el veto del Partido Popular a una comparecencia de la ministra Ana Mato, tal y como solicitaban los grupos de la oposición. Asimismo, tanto ella como el director general del Imserso, César Antón Beltrán, declinaron dar explicaciones sobre el contenido del documento a este periódico. El Plan Nacional de Reformas, no obstante, matiza que para alcanzar el objetivo fijado, el Gobierno aprobará en los próximos meses tres nuevos decretos: uno que fijará nuevas condiciones de copago para los usuarios y otros dos cuyo objetivo apenas se ha detallado, pues el informe sólo explica que su objetivo es “adecuar las prestaciones a las necesidades reales de los dependientes y priorizar los servicios profesionales sobre las prestaciones económicas”. Con la redacción de estas normas, el Estado dejará de gastar 828 millones de euros, por lo que se entiende que el resto del ahorro -hasta esos 1.108 millones de euros mencionados anteriormenteserá fruto de las medidas que ya entraron en vigor en 2012: la eliminación de niveles en la valoración de la dependencia (lo que ha repercutido en que se haya rebajado el grado de

dependencia a algunas personas y, por tanto, el montante de sus ayudas), una reducción del 15% en las prestaciones para el cuidado en el entorno familiar y la salida del sistema de Seguridad Social de los cuidadores informales. ¿Existen alternativas? Gracias a ello, además, el ahorro en el Saad fue ya de 599 millones en 2012, según expone el Gobierno en el documento enviado a Bruselas, y estas medidas todavía repercutirán en las cuentas de 2014, cuando se estima una reducción adicional de 571 millones. Al hilo de todo esto, la cuestión que vuelve a ponerse sobre la mesa es qué va a pasar con el Saad, ¿es viable un modelo que requiere cada vez más recursos y al que se le dirigen menos año a año? “Es viable si se quiere invertir en él lo que se necesita”, afirma la profesora de la Universidad de Murcia e investigadora de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Cristina Vilaplana Prieto. Y, precisamente, ante la disyuntiva evidente “es necesaria más financiación, ¿cómo conseguirla?”, la experta explica que “algunos países han establecido mecanismos de

Vilaplana apuesta por reflexionar sobre la idoneidad de crear algún mecanismo de acumulación de reservas en España “Nadie en el Gobierno cree que gastar en dependencia puede tener un efecto positivo sobre la economía”, lamenta De Martí aportación de los trabajadores (en algunos casos los pensionistas también), de forma voluntaria como en Estados Unidos o Singapur, u obligatoria, como en Japón y Alemania. Estas contribuciones pasan a integrarse dentro de un fondo específicamente creado para atender al sistema de cuidados a largo plazo. De esta forma, la financiación de los cuidados de largo plazo deja de ser una partida presupuestaria más, al albur de las contingencias económicas”. A juicio de Vilaplana, “tal vez

éste sea el momento perfecto para reflexionar sobre la idoneidad de crear algún mecanismo de acumulación de reservas para España”. Este modelo, también llamado de “pre-funding”, presenta para la investigadora dos ventajas: “evita incrementos bruscos de cotizaciones o impuestos (“tax-smoothing”) que pudieran producirse si hubiera que corregir un desfase imprevisto entre gastos asociados a cuidados de largo plazo y la financiación presupuestada; y, en segundo lugar, minimiza la posibilidad de que los posibles déficit en la financiación de la dependencia pudieran derivar en una mayor deuda, y por consiguiente, no se trasladan cargas financieras a las generaciones futuras”. Vilaplana reconoce, sin embargo, que los comienzos de un sistema de estas características “son difíciles porque exigen un esfuerzo financiero por parte de las actuales generaciones de jóvenes y adultos para poder iniciar el proceso de acumulación de reservas”. Pero plantearse esta cuestión es inevitable ya que, advierte, “el sistema de cuidados de largo plazo no puede quedar relegado. No hay que esperar a un momento de bonanza económica

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para reformarlo, sino hacerlo ahora, cuando las circunstancias lo requieren”. Por su parte, el director de Inforesidencias, Josep de Martí, asegura que, ya desde hace tiempo, él viene planteando “que lo mejor sería derogar la Ley de Dependencia”. En el punto actual, afirma, habría que transferir todas las competencias a las comunidades autónomas y que cada una de ellas regule la protección a la dependencia que considere “adecuada y asumible”. “Quizás no sería una opción bonita, pero, al menos, dejarían de engañar a los ciudadanos”, zanja el experto. Desde su punto de vista, los problemas que acucian hoy al Saad no parten tanto de una falta en los recursos financieros para su mantenimiento como de que “técnicamente era, y sigue siendo, un desastre: se basaba en planificaciones defectuosas; contiene contradicciones que hacen imposible su aplicación lógica; basa su financiación en que el Estado y cada comunidad autónoma lleguen a acuerdos…”. Sostenibilidad o demolición Para el presidente de la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, Jaime-Esteban García, asistimos “a la demolición programada del sistema de atención a la dependencia”, pues, manifiesta, “con la excusa de la sostenibilidad del sistema, a base de reales decretos están cargando todos los costes a los usuarios (dependientes y sus familias), lo que lleva a la precarización de las prestaciones económicas de los cuidadores y de los servicios, y el riesgo de exclusión social de muchas familias”. En su intervención parlamentaria, Moreno negó que el Gobierno quiera “cargarse la dependencia”, sino que lo que tratan, dijo, es de “hacerla sostenible, que sobreviva a este tsunami económico y social que está viviendo el país”. En todo caso, al presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, le parece que el contenido del Plan Nacional de Reformas para 2013, al menos en lo que a dependencia se refiere, le parece “una nueva e insoportable crueldad” porque “uno de cada tres euros de los recortes cuantificados lo sufren las personas en situación de dependencia”. En este sentido, Cristina Vilpalana lamenta que “el aniquilamiento al que está siendo sometido el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia no recibe tanta atención en los medios como otras áreas, tal y como lo hicieron el copago farmacéutico o el aumento de la carga docente del profesorado” y, a

su vez, ejemplifica esta afirmación en la moratoria aprobada el año pasado para incorporar al sistema a todas las personas dependientes moderadas, que tendrán que esperar a julio de 2015 para comenzar a recibir la prestación que se les haya reconocido: “se habla de las listas de espera en la Sanidad, pero ¿cómo calificar el hecho de que una persona tenga que esperar dos años para poder recibir una prestación?”. Por su parte, Josep de Martí considera que algunas de las medidas a adoptar por el Gobierno son adecuadas, pero manifiesta su desacuerdo con la motivación de las mismas. “Veo bien que se reduzca la prestación para el cuidador no profesional y que se reglamente el copago, veo fatal que los ahorros obtenidos vayan a reducir el déficit. Creo que, como mínimo, la mitad de ellos deberían ir a aumentar las partidas de cuidado profesional”. En este sentido, asegura que “si se reducen millones en una prestación que debería ser excepcional, y esos millones se asignan a la contratación de más servicios profesionales, recortar de una parte para poner en otra, sería una opción virtuosa”, pero, critica, “nadie en el Gobierno se cree que gastar en dependencia puede tener un efecto positivo sobre la economía si lo que se gasta sirve para comprar servicios a empresas o entidades”. Y en esta línea, Ramírez duda de la capacidad del Ejecutivo para dar una solución al Saad: “El sistema muere por inanición a un ritmo de cuatro beneficiarios menos a la hora -hay 24.113 beneficiarios menos que en julio de 2012- y, mientras tanto, el Ministerio cuenta milongas y produce un diccionario de eufemismos”. Sigue en la página 28

Incertidumbre ante un copago que podría aumentar hasta en un 50% Los decretos que están por aprobar y con los que el Gobierno pretende profundizar en las reformas del año pasado y acentuar el ahorro en el sistema de dependencia, preocupan especialmente a los beneficiarios de la ley, pero no sólo a ellos. Aunque apenas se tiene información detallada sobre el contenido de los decretos en los que trabaja Sanidad, sí parece claro que se aumentará el copago de los usuarios (es decir, la parte proporcional que le corresponde asumir al beneficiario por la prestación que se le ha reconocido) hasta un 5% en tres años. Una cifra que, sin embargo, puede ser engañosa, pues para el usuario final el incremento de la contribución será mayor: hoy en día, se estima que los beneficiarios de la ley se hacen cargo del 10% del coste total del Saad; si su aportación pasa a suponer el 15% que pretende el Gobierno, esto implica que, de media, el copago del usuario aumentaría un 50% en 2016 con respecto a lo establecido en la actualidad. Aunque se entiende que esta subida tan drástica sólo ocurriría en las comunidades donde los gobiernos regionales no hayan aplicado ya algún aumento del copago, sí podría darse en algunos casos. Al respecto, De Martí defiende que si se crea “un sistema de copago en el que quienes tengan capacidad económica suficiente se puedan hacer cargo de una

parte importante del coste y los que no la tengan, cuasi gratuitamente, es posible que se produzca un ahorro”. Por su parte, Vilaplana explica que “habría que tener datos sobre la capacidad económica de los beneficiarios para poder analizar el impacto del nuevo copago y de sus posibles modificaciones, unos datos que el sistema de información del Saad no ofrece” por lo que la profesora de la UM espera que “antes de fijar nuevos umbrales, se tengan en cuenta las proyecciones económicas a corto plazo, y en especial, las expectativas de revalorización de las pensiones”. Jaime-Esteban García cree que aumentar el copago, en las cifras que se plantean, “significa la expulsión directa de miles de usuarios del sistema, dadas las circunstan-

cias de penuria económica que se viven en muchos hogares”. ¿Repercutirá esto en una “huida de las residencias”? El director de Inforesidencias admite que es una incógnita, pero apuesta por que no sucederá ya que “durante la crisis los precios de las residencias no han crecido, o incluso han bajado, por lo que supongo que, incluso si el copago sube, las familias preferirán que su ser querido reciba una atención de calidad”. A su vez, recuerda José Manuel Ramírez, “el aumento del copago supone la aplicación de mayores descuentos a la cantidad que perciben las personas con prestaciones económicas por cuidados familiares”, ya que éste no se aplica sólo a los servicios sino a todas las prestaciones vinculadas al Saad.

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Así han configurado sus modelos otros países Un trabajo de la profesora Cristina Vilaplana, publicado en el número 6 de Actas de la Dependencia, analiza las reformas acometidas en otros estados para hacer sostenibles económicamente sus sistemas de cuidados de largo plazo. A continuación se exponen las principales conclusiones de este informe ALEMANIA. La preocupación por equilibrar ingresos y gastos

El Sistema Social de Cuidados de Largo Plazo de Alemania ha sufrido numerosas reformas que se han ido materializando en un progresivo aumento de las contribuciones sociales (como porcentaje del ingreso bruto). Desde el año 2007, las contribuciones son 1,95% para los cotizantes con hijos y 2,2% para los que no tenían hijos. Además, los pensionistas también deben aportar al sistema de cuidados de largo plazo en función de sus ingresos de jubilación. Para garantizar la solvencia del sistema se ha establecido el requisito de que las reservas al final de cada año deben ser al menos iguales al 50% del gasto en cuidados de largo plazo generado durante un trimestre. Para ser beneficiario es necesario haber cotizado al menos dos años y es preciso necesitar ayuda para realizar actividades de la vida diaria durante un periodo de al menos seis meses. Las personas que sufren discapacidades intelectuales, enfermedades mentales y demencias fueron incluidas tras una reforma en 2008, pero, pese a ello, no reciben prestaciones de ayuda en cuidados personales o tareas domésticas, sino exclusivamente para supervisión.

JAPÓN. Una mala previsión que motivó la reorganización del sistema En Japón ocurrió algo similar a lo acontecido en España, dado que las previsiones iniciales se quedaron cortas frente a la demanda que finalmente tuvo su Seguro de Cuidados de Largo Plazo. Por eso, seis años después de su primera reforma, se llevó a cabo una reordenación del sistema que reorganizó las prestaciones reconocidas, redefinió las funciones de algunas de ellas (como la atención a domicilio) y limitó su cuantía. Asimismo, la reforma centró sus objetivos en mejorar la salud mental y física, así como el estado nutricional de las personas mayores con la meta puesta en retrasar las situaciones de dependencia.

SINGAPUR. La promoción de un seguro privado de dependencia

“El caso de Singapur es interesante porque constituye una forma de estimular la inversión en una forma particular de seguros de dependencia”, manifiesta Cristina Vilaplana. Este programa se puso en funcionamiento en 2002 y se ha configurado como un sistema privado de cuidados de largo plazo, denominado Eldershield. Se trata de un programa diseñado por el gobierno, aunque administrado por tres aseguradoras privadas, y que de manera quinquenal es revisado para verificar su sostenibilidad. Pueden suscribir este seguro todas las personas de 40 y más años y deben pagar una prima hasta que cumplan los 65. La cuantía de la prima depende de la edad y del sexo, pero no del ingreso. El requisito para ser beneficiario de una prestación es no poder realizar tres actividades básicas de la vida diaria de una lista de seis (vestirse, lavarse, asearse, comer, moverse y cambiar de postura). Las prestaciones que concede el sistema son solamente económicas y tienen duración limitada. La prestación puede interrumpirse por recuperación del beneficiario, y reanudarse más tarde pero, en conjunto, no puede superar la duración de seis años.

AUSTRALIA. Un modelo de atención residencial que garantiza la calidad y la sostenibilidad de los recursos

El modelo desarrollado en Australia es, a juicio de Vilaplana, interesante porque “garantiza tanto la calidad en la atención recibida en los centros residenciales como la sostenibilidad financiera de los mismos”. El sistema se basa en un mecanismo de bonos de alojamiento -si el usuario necesita recibir pocos cuidados, pues en este modelo los usuarios pueden ser categorizados como receptores de un bajo o un alto nivel de cuidados- o una tarifa diaria, para aquellos que necesiten grandes dosis de atención. En relación a los bonos de alojamiento, su cuantía es pactada entre el proveedor y el residente. Tras hacer una valoración de sus rentas y patrimonio -la vivienda no computa según algunos supuestos-, el proveedor puede exigir al residente un bono de alojamiento determinado, pero sabiendo que el residente siempre debe conservar al menos 2,25 veces la pensión básica anual. El pago del bono de alojamiento puede efectuarse de una sola vez, periódicamente o mediante una combinación de una parte fija a la entrada en la residencia más otra periódica. La duración máxima de este bono es de cinco años, pasados los cuales, el proveedor debe devolver el importe del bono, deducido el cobro de las cuotas mensuales, y si el residente continúa viviendo allí el proveedor solamente puede cobrarle una tarifa diaria. Respecto a la utilidad de este bono de alojamiento, el proveedor está obligado a invertirlo y utilizar los rendimientos para mejorar la calidad de las instalaciones de la residencia. “Puede considerarse que este sistema funciona como si el residente hiciera un préstamo al proveedor por el cual no tiene que pagar intereses”, resume la profesora Cristina Vilaplana.

EE UU. Un sistema de prestaciones económicas basado en un fondo de reserva

Estados Unidos aprobó, en 2010, la “Affordable Health Care for America Act”, que marcó el inicio de un nuevo programa nacional de seguro de cuidados de largo plazo a nivel nacional, denominado “Community Living Assistance Services and Supports” (Class). Este programa, explica la profesora, se financia por medio de contribuciones individuales voluntarias, pero es administrado por el Gobierno Federal. Se ha establecido un periodo de transición de cinco años (2011-2015) durante el cual se procederá a la adscripción al programa y al pago de las correspondientes primas, aunque, en realidad, las primeras prestaciones no comenzarán a concederse hasta 2016. Para poder participar en este programa es necesario tener al menos 18 años, estar trabajando y alcanzar unos ingresos suficientes como para tener derecho a un trimestre de cobertura en la Seguridad Social (que en el año 2010 era de 1.100 dólares). La cuantía de las primas a pagar varía con la edad y se deducen automáticamente de su nómina. “Hay que destacar el hecho de que las primas no varían según el estado de salud o el nivel de ingresos, por lo que determinadas personas que antes no pudieran permitirse un seguro de dependencia o a las que se les denegaba por condiciones médicas preexistentes ahora sí van a tener acceso a esta cobertura”, matiza la experta, quien añade que se ha calculado que la prima promedio es de 123 dólares (aunque existe una prima reducida de solamente cinco dólares para estudiantes menores de 22 años que trabajan o trabajadores con muy bajos ingresos).