44 Encuesta Empresarial Resumen Ejecutivo Según proyecciones de las principales entidades internacionales, la recuperación económica tendría lugar antes de lo esperado, lo que implicaría un incremento paulatino del comercio internacional y del flujo de dinero entre las principales economías del mundo y aquellas en proceso de expansión, usualmente llamadas emergentes. En este sentido, se observa un saldo de opinión respecto a la variable producción de menos 9%, mostrando un leve cambio en la tendencia, ya que por segunda vez consecutiva dicho saldo de opinión es superior al reportado en la encuesta anterior. Asimismo, la percepción de los ingresos obtenidos por las empresas mejoran conforme lo hace la producción, lo que indica que existen señales de que la demanda podría mejorar. Mientras tanto, el saldo de opinión de la variable empleo tiene un cambio de tendencia hacia el alza, aunque en menor porcentaje con relación a la producción y el ingreso. Sin embargo, las mediciones de la encuesta sugieren que el mercado laboral continúa perdiendo plazas de trabajo, ya que el total de empleos perdidos de enero de 2010 respecto al mismo mes del año pasado, asciende a un total de 34,219. Por su parte, el saldo de opinión respecto a la variable inversión ascendió a un total de 2%. En un contexto de caída de la demanda, es positivo que se registre un ascenso en las últimas dos encuestas respecto a la anterior, porque sugiere que los directivos están renovando capital depreciado o incrementando la capacidad instalada para afrontar la futura demanda. Desde un punto de vista financiero, la depreciación del tipo de cambio pudo haber incentivado la importación de bienes duraderos ante las expectativas de un encarecimiento de la moneda norteamericana. Congruentemente con los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la opinión de los empresarios respecto al precio de venta de sus productos registró un saldo de opinión de 15%. Este porcentaje indica que los precios se han incrementado en enero de 2010 respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, el resultado no es significativamente diferente del precedente, lo que sugiere que los empresarios aún ven riesgos por la debilidad de la demanda agregada, de lo contrario, incrementarían sus ingresos por algún aumento esperado de los precios de venta en el contexto actual, donde existen relativamente menos empresas. Respecto a la necesidad de insumos para las actividades productivas el saldo de opinión de los costos ascendió a un 60%, es decir, se demandaría mayor cantidad de bienes intermedios por parte de las empresas. En este sentido, el 32% de los empresarios indicó que éste fue explicado por la compra de materias primas, seguido del 12% que señaló a los combustibles y el 11% de los empresarios consideró que se debió a la electricidad. De esta manera, el mencionado saldo es principalmente explicado por actividades netamente productivas, lo que podría interpretarse como señal del incremento de utilización de la capacidad instalada, en congruencia con los saldos de la variable inversión.

Cápsula de Economía Social de Mercado En esta ocasión y en seguimiento a algunas preguntas planteadas en la encuesta anterior, se consideró pertinente indagar acerca de la Política de Defensa de la Competencia como pilar fundamental para el óptimo funcionamiento de una economía. La experiencia de otros países, como Estados Unidos y Alemania, ha demostrado que los beneficios de este tipo de legislación no se limitan al ámbito económico sino que también se extienden a lo social, porque también favorecen a los consumidores. La percepción empresarial permitió entrever que efectivamente la competencia incentiva a los empresarios a ser más eficientes −en una escala de 1 (muy en desacuerdo) a 7 (muy de acuerdo), se obtuvo una calificación promedio de 6.2 ante tal argumento− y por lo tanto, es probable que se preocupen por ser más eficaces en sus operaciones para diferenciarse del resto de las empresas. Seguidamente resaltó el grado de acuerdo, por parte de los empresarios, ante el argumento de que el fortalecimiento de la competencia impulsa el desarrollo económico (calificación promedio de 6.1/7). Esta idea podría provenir del hecho de que la competencia estimula una mejor asignación y aprovechamiento de los factores productivos e incentiva la innovación, investigación y desarrollo empresarial. Además cabe mencionar que si se establecen reglas claras, en materia de competencia se podrían atraer más inversiones nacionales y extranjeras, y a la vez se daría la oportunidad de establecer más y mejores relaciones comerciales con otros países. Asimismo, se indagó sobre la importancia que los empresarios otorgaban al sector gubernamental y sector privado organizado para implementar una Política de Defensa de la Competencia; cabe resaltar que los dirigentes empresariales otorgaron mayor importancia al sector privado organizado (calificación de 4.1/5) en comparación con la del sector gubernamental (calificación de 3.6/5). Este hecho trae a consideración la responsabilidad que el sector privado organizado tiene en la representación de intereses en las instancias políticas del país. Finalmente, a los empresarios se les planteó una serie de situaciones para indicar si justificarían o no la regulación estatal de la competencia en cada una de ellas. Un 55% del total de empresarios consideró que cuando la fusión/absorción entre empresas representara una amenaza de constitución de monopolio, entonces sí se justificaría la regulación del Estado. Un 54% del total de empresarios opinó que sí se justificaría cuando una empresa domina el mercado por concesión estatal. Y tan sólo 28% se mostró proclive a una regulación cuando la empresa dominara el mercado por su propia eficiencia. Sin embargo, si se presentara cualquiera de estas prácticas monopolísticas, las entidades encargadas deberían impulsar la emisión de una ley específica antimonopolios y analizar exhaustivamente las características del mercado guatemalteco. Antes de propiciar una regulación como ésta, debe tenerse presente que actualmente existe un marco legal deficiente para ejecutar dichas funciones y también un bajo reconocimiento presupuestario a las entidades que estarían encargadas de ejecutarlas.