PROGRAMA, ESTRATEGIA Y TACTICA DEL CAMBIO POLITICO

La Revolución Ciudadana y la transformación social 1. El programa de acción: ampliar el campo de lo posible Este documento tiene como principal objetivo plantear el programa de Alianza País (AP) en el contexto de su doble rol como gobierno y como la principal fuerza política del Ecuador. Se trata de un programa trazado desde el específico escenario histórico en que se desenvuelve el proceso de cambio político conducido por la Revolución Ciudadana. El avance y las tensiones de dicho proceso constituyen, entonces, el telón de fondo sobre el que proponemos el programa de AP para el próximo ciclo político. Desde esta perspectiva, se trata de un documento que contempla una dimensión estratégica y táctica de la acción política para el cambio. El programa político de las fuerzas del cambio delinea la orientación general de las acciones que le permitirán luchar por la vigencia, en el conjunto de la sociedad, de los principios que defiende. Dichos principios, por su parte, no solo constituyen un conjunto de ideas y valores que definen la identidad y la ética de los militantes revolucionarios sino que permiten evaluar políticamente el sentido de los avances, retrocesos y vicisitudes del programa de acción. Los principios orientan la acción política y ésta, a su vez, permite a las fuerzas del cambio (y a la sociedad en su conjunto) acercarse a la realización de dichos principios. El programa político no puede limitarse, por tanto, a enunciar una serie de proyectos, planes y líneas de acción acordes con las ideas y valores que definen la identidad política de AP. La plena realización de dichas normas y valores escapa a la pura voluntad y a la coherencia ético-ideológica de las fuerzas revolucionarias y depende del lugar que ellas ocupen en el entramado de relaciones de poder que gobiernan la sociedad y, más aún, de su capacidad para reconfigurar esas relaciones de poder en una perspectiva que las sitúe en una posición favorable para sostener y afianzar el proyecto de cambio. En suma, la construcción del programa político de AP, luego de casi cuatro años de iniciado el proceso de cambio, debe situarse en el marco de una correcta lectura de las relaciones de poder que favorecen y bloquean el desenvolvimiento del proceso abierto por la Revolución Ciudadana. 1

La capacidad de las fuerzas del cambio para dotarse a sí mismas de un específico programa, acorde con el contexto histórico-político, abre las opciones para que ganen en fuerza, legitimidad y eficacia en su disputa por la transformación social. Reconocer que la correlación de fuerzas puede limitar el potencial del programa político no supone afirmar que la política solo es el arte de lo posible. Al contrario, para las fuerzas revolucionarias la política entraña, sobre todo, la posibilidad de ampliar el campo de lo (que es) posible. Un programa de acción política responsable y coherente con la historia en la que está inserto debe entonces preocuparse, a la vez, de la coherencia ideológica y de la viabilidad política de su proyecto de transformación social. Desde esta perspectiva, y luego de cuatro años de recorrido el proceso de cambio, sostenemos que La Constitución, aprobada por el pueblo ecuatoriano en 2008, contiene las líneas maestras del proyecto colectivo con que la sociedad quiere conducirse a sí misma hacia un nuevo momento histórico. El programa político que aquí presentamos recoge, entonces, los avances del movimiento y el conjunto de referencias intelectuales, ideológicas, y políticas fundamentales que ya ha sabido forjar el proceso de cambio político abierto por la Revolución Ciudadana. El programa de gobierno del Movimiento País (2006), el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional para el Buen Vivir (2007, 2009) y, sobre todo, la Constitución Política del Ecuador se colocan, entre otras, como referencias obligadas para la construcción colectiva de este documento elaborado de cara a la primera convención ideológico-organizativa del movimiento. Si dichos referentes programáticos e ideológicos constituyen, en gran medida, la base de este documento, su aporte fundamental reposa en la voluntad de actualizar dichas definiciones a la luz de las vicisitudes, avances y conflictos políticos que han marcado el desenvolvimiento del proceso de cambio abierto con el acceso al poder del Presidente Rafael Correa y la Revolución Ciudadana en enero 2007.

2. UN PROCESO EN MARCHA La atrofia política y social del neoliberalismo 1. El ciclo 1996-2006 estuvo caracterizado por un alto nivel de conflictividad social, inestabilidad institucional, y turbulencia política. En el centro de estas tendencias se situaba la disputa por la vigencia y legitimidad de un orden social caracterizado por el predominio político del neoliberalismo y de los partidos y clases dominantes en el seno del poder estatal.

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2. Durante este período el proyecto neoliberal ecuatoriano avanzó de forma compleja, sinuosa y a tropiezos. Logró, sin embargo, reconfigurar la economía nacional en una perspectiva en que se favorecía, sobre todo, al capital bancario, financiero y especulativo, y a los grandes importadores, agro-exportadores y sectores rentistas protegidos por la acción estatal. 3. Los derechos de las grandes mayorías y la construcción de un proyecto de desarrollo nacional fueron relegados a un segundo plano. Como parte de la incapacidad y falta de voluntad política de las elites políticas y económicas, la agenda estatal se estructuraba siguiendo los comandos de las grandes instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, FMI, Organización Mundial del Comercio) y los intereses de las transnacionales y potencias del primer mundo. Nada quedaba de la democracia como expresión y realización de la soberanía popular y del interés general. 4. Los sectores ligados a la economía real, sobre todo medianos y pequeños productores del campo y la ciudad, a la frágil industria nacional y a emergentes ámbitos de la economía popular y solidaria fueron los grandes perdedores del auge neoliberal. Las clases medias y medias-bajas fueron expoliadas por el feriado bancario de 1999 y sus condiciones de vida se deterioraron de modo contundente. La pobreza y la desigualdad se incrementaron a niveles comparables a inicios de los años ochenta. 5. El descalabro político-institucional del país se originó con los sucesivos enfrentamientos entre los principales grupos económicos, elites políticas y sectores dominantes por la orientación de la agenda neoliberal y la dirección de las intervenciones estatales en función de intereses económicos particulares. El enjuiciamiento político (1996) de León Febres Cordero a su ex ministro, co-ideario y para entonces vice-presidente de la República, Alberto Dahik, marcaba el inicio de un período de intensa conflictividad entre los sectores dominantes. 6. Las disputas entre las elites políticas se repitieron a lo largo de los tres derrocamientos presidenciales (1997, 2000, 2005) y de los diversos entrampamientos institucionales que vivió el país hasta el año 2006. La conflictividad entre los sectores dominantes abrió el marco de oportunidades para el protagonismo, “desde abajo”, de diversos grupos, partidos y movimientos sociales opuestos al proceso de modernización neoliberal de la economía. El movimiento indígena se colocó como el eje de la reactivación política de los sectores populares y como uno de los principales vectores para la recomposición de las fuerzas progresistas. 7. El movimiento social había expandido su conciencia de soberanía política, su influencia política, y su potencia como acción colectiva democratizadora. Jugó un papel preponderante en los derrocamientos presidenciales, en el bloqueo de varias iniciativas regresivas del neoliberalismo y en la construcción de nuevos derechos y campos de disputa política. 3

8. Luego del derrocamiento presidencial de Jamil Mahuad (2000), sin embargo, se observaron los límites del movimiento social. El presidente demócrata-cristiano cayó pero su inconsulta decisión de dolarizar la economía fue ratificada por su sucesor. El protagonismo del campo popular y las dinámicas de la movilización social e indígena no alcanzaron a resquebrajar los resortes de poder de los grupos económicos y financieros que, sostenidos en el gobierno de Mahuad, fueron los responsables de la más grave crisis económica del Ecuador en tiempos modernos: el congelamiento de los depósitos y el feriado bancario decretado en marzo 1999. 9. El movimiento social tenía capacidad de bloqueo y vocación de contra-poder pero no poseía la consistencia social y la fuerza política para constituirse en real alternativa de poder y para operar como actor social y político con influencia en todo el territorio nacional. 10. La incorporación del movimiento indígena a la política formal y su mismo acceso al poder político en alianza con el gutierrismo (2003) se producen, además, en un momento en que la contundencia de la crisis del sistema de partidos (2005) llega al punto de deslegitimar a todos los actores que habían operado dentro de la institucionalidad. La pérdida de la centralidad política que el movimiento indígena conquistara a lo largo de los años 90 y el reflujo de la movilización social aparecerían como principales correlatos de este momento. 11. Así, en 2005 se produjo una inmensa movilización ciudadana que abrió la ruta para el tercer derrocamiento presidencial en menos de una década. A diferencia tanto de la destitución de Bucaram en 1997, como del derrocamiento de Mahuad en 2000, este tercer derrocamiento presidencial fue fruto de un conjunto de movilizaciones sin dirección política estructurada y con escaso protagonismo del movimiento social. Nuevos actores sociales y políticas emergían a la vida pública del país. 12. Las movilizaciones dejaban pulverizada la legitimidad del sistema político, y resquebrajados los márgenes de acción del Congreso y de los partidos políticos. El ciclo estatal que ellos habían conducido llegaba a su ocaso. 13. No solo los partidos y las elites políticas estaban desgastados. El largo ciclo de lucha social también había dejado bastante fatigado al movimiento social. Las elecciones de 2006 evidenciaban este debilitamiento. Las candidaturas presidenciales de Pachakutik y del MPD, juntas, solo alcanzaron el 3,5 % del electorado. El representante de las fuerzas oligárquicas, Alvaro Noboa, triunfó en la primera vuelta electoral. La emergencia de un proyecto de cambio radical Con la caída de Gutiérrez, el Ecuador empezó a tomar distancia con la agenda del “Consenso de Washington” (que surgió de una Conferencia realizada por el Institute for International Economics, en esa ciudad, en 1989, sin la participación de los países latinoamericanos), es decir del ideario del modelo neoliberal, y con el acercamiento del país al Plan Colombia y a la política de cooperación plena con los Estados Unidos. Tales 4

decisiones posicionaron con fuerza en el debate político discursos nacionalistas que reivindicaban la idea de la soberanía nacional e insistían en la crítica a la apertura comercial. 1. El gobierno de transición no cumplió, sin embargo, con uno de los principales cometidos que las movilizaciones de abril 2005 le habían demandado: la reforma política y la despartidización de las principales instituciones del Estado por medio de una convocatoria a una Asamblea Constituyente. La candidatura de Rafael Correa tomó dichas banderas. 2. En campaña, AP retomó y amplificó las banderas de cambio y la contestación a la partidocracia. Sus propuestas de convocar a una Asamblea Constituyente, rechazar la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), demandar el fin del acuerdo para la concesión de la Base de Manta a los militares estadounidenses, salir del neoliberalismo, y privilegiar el gasto social al pago de la deuda externa, entre otras, ocuparon el mismo campo discursivo que el levantado por los movimientos sociales, otras organizaciones populares y pequeñas fuerzas de izquierdas durante las últimas décadas. 3. La estrategia de confrontación abierta al mundo de los partidos, la banca, los grandes medios de comunicación, la oligarquía, y los poderes fácticos situaron a la RC, desde el primer día de su gestión, en las antípodas del poder establecido. 4. La pugna con los tradicionales sectores dominantes ha estado ligada tanto al empeño de la RC de tomar distancia y debilitar a los grupos de poder que tradicionalmente han sabido penetrar las agencias estatales para presionar a los gobiernos de turno en su favor, como con el rechazo de dichas elites políticas a la orientación del retorno estatal al primer plano de la agenda pública. 5. Dicha orientación ha apuntado, en la agenda interna, hacia el intento de reestablecer las capacidades estatales de redistribución de la riqueza, regulación de la economía y las finanzas, y planificación del desarrollo social y, en el marco de la política exterior, hacia el impulso de una efectiva integración regional, una nítida defensa de la soberanía nacional y una ampliación del campo de aliados a nivel latinoamericano y global. 6. En medio de una pertinaz confrontación política, y de los efectos de la crisis global del capitalismo desde fines del 2007, dicha agenda ha valido para que el Presidente Rafael Correa mantenga tasas de respaldo a su gestión que superan el 60%. Desde el retorno democrático en 1979, ningún presidente ecuatoriano había logrado retener durante tanto tiempo de ejercicio gubernamental tan altos niveles de aceptación. Ello resulta aún más sorprendente si se considera que AP llegó a la segunda vuelta, en septiembre 2006, con tan solo el 23% de los votos. 7. Las decisiones políticas del régimen lo han ubicado, así, por fuera de la pugna hegemónica entre los dos sectores de las clases dominantes que se han disputado el poder desde el retorno de la democracia: el polo de intereses económicos articulado 5

en torno al Partido Social Cristiano (PSC) -al que se sumaron en su tiempo la Izquierda Democrática (ID) y la Democracia Popular (DP)- y el polo que inicialmente giró en torno a Abdalá Bucaram y terminó expresándose con Álvaro Noboa, por medio de un Lucio Gutiérrez que hacía de doble comodín -tanto en la articulación del bloque-Noboa como en los nexos entre éste y el polo-PSC. 8. La Revolución Ciudadana enfrentó, con éxito, a este amplio bloque de poder. La incautación a casi 200 bienes del poderosísimo grupo Isaías reafirmó la vocación anti-oligárquica de la RC y retomó, en cierta medida, la tarea inconclusa que dejaron los gobiernos militares de los años 70 –que diezmaron la estructura de poder de los terratenientes serranos- en relación a la democratización de las relaciones económicas y políticas en el litoral. En tal opción se delinea una ruptura con la matriz de poder social que sostuvo el ciclo neoliberal y se sientan las bases para una efectiva transición hegemónica en el país. 9. La aplastante derrota electoral, en los comicios convocados para la elección de los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, de los partidos políticos -del centro a la derecha (ID, PSC, DP)- que inauguraron el régimen democrático en 1979, el deterioro del espacio de representación de las formaciones derechistas surgidos a fines de siglo (PRIAN, PSP) y la afirmación de una nueva fuerza política progresista (AP) –acompañada, no sin tensiones, por otras pequeñas fuerzas de izquierda en el seno de la Asamblea- reflejaron la configuración de una nueva correlación de fuerzas en el Ecuador del siglo XXI. 10. De este escenario surgió un nuevo texto constitucional presentado al país en julio 2008 y aprobado en septiembre con el 63 % de respaldo popular. La Carta Magna innova y contiene, el conjunto de demandas e intereses que emergieron desde la resistencia popular al neoliberalismo, y desde otras agendas de modernización democrática y transformación social del Estado, la política y la economía, represadas en los años 90. Sus principales avances son, entre otros: • • • • • • • • •

el reconocimiento de la participación directa de los ciudadanos como parte de la definición de la soberanía popular. La promoción del buen vivir como objetivo fundamental de la sociedad ecuatoriana. La ampliación del campo de los derechos ciudadanos. La prefiguración de una estrategia de desarrollo distante del canon ortodoxo y basado en la profundización de la economía social y solidaria. El reconocimiento de diferentes formas de propiedad y organización de la economía. La reconstitución de las capacidades de acción estatal. Las regulaciones ambientales y la consagración de los derechos de la naturaleza. El reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado. La amplia promoción de la participación social. 6

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La construcción de un Estado constitucional de derechos. La primacía del poder civil sobre el actor militar. La determinación del carácter prioritario de la integración regional y del mantenimiento de fuertes relaciones del Ecuador con los países del SUR del globo. La profundización del sufragio universal –que amplía la comunidad política al facultar el derecho al voto de jóvenes mayores de 16 años, ecuatorianos en el exterior, extranjeros, reos sin sentencia, policías y militares.

11. La particularidad del proceso político en curso ha sido, entonces, que las líneas de cambio y ruptura con el “viejo orden” han adquirido un estatuto constitucional que, más allá de la agenda gubernamental, las convierten en ejes fundamentales de un nuevo pacto de convivencia de mediano y largo plazo para los ecuatorianos. 12. La Asamblea Constituyente y la Carta Magna ratificada por el pueblo en septiembre de 2008 consiguen delinear así el horizonte de sentido de la dinámica democrática y de las decisiones gubernativas que el Ecuador deberá seguir en las décadas que vienen. 13. La Constitución contiene y prefigura las líneas maestras del proyecto colectivo con que la sociedad quiere conducirse a sí misma hacia un nuevo momento de su desarrollo histórico. 14. El programa político de la Revolución Ciudadana debe, entonces, estructurarse con los ojos puestos en la Constitución de la República aprobada en septiembre 2008 por la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. La agenda del cambio 1. Al relanzar la acción del Estado nacional al primer plano de la regulación económica y de la reactivación del desarrollo, la agenda de gobierno de la Revolución Ciudadana se diferencia abiertamente del proyecto neoliberal. 2. Desde el punto de vista de la política de desarrollo, la diferencia principal es que, para este último, el concepto de nación no existe mientras que para el nuevo enfoque el agente fundamental es la sociedad y la nación que usan su Estado para promover el desarrollo, la inclusión y la cohesión nacional. 3. Para la ortodoxia convencional, la globalización es una situación en la cual los Estados-nación perdieron relevancia, mientras que para la Revolución Ciudadana es imposible propiciar la generación de una sociedad igualitaria, productiva e incluyente sin la activa implicación del Estado –como acción colectiva que proviene de la sociedad- como eje de la coordinación de lo social, lo económico y lo político.

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4. Desde esta perspectiva, en los 4 años de gobierno la Revolución Ciudadana ha construido una agenda post-neoliberal basada en: a) la puesta en marcha de una estrategia nacional de desarrollo para la innovación productiva, el empleo y la inclusión; b) la idea de que, históricamente, el financiamiento del desarrollo se ha hecho en lo fundamental en base a capitales nacionales y ahorro interno y no como plantea el discurso ortodoxo, a partir del ahorro externo y la transferencia de capitales de los países ricos; c) el convencimiento de que la estabilidad no debe ser solo de precios, sino también un tipo de cambio competitivo y un tipo de interés adecuado, de manera que se procure razonables niveles de empleo y no solo la atracción de capitales; d) la responsabilidad fiscal a fin de no quebrar al Estado, principal instrumento de desarrollo nacional; e) la búsqueda de ahorro e inversión pública y no superávit primario (que es solo una forma de esconder el pago de intereses a los rentistas); f) el diseño de un plan nacional de inversiones que recupera la inversión pública en la infraestructura material y financiera de sectores estratégicos de la economía nacional, se articula con el intento de restablecer las funciones de redistribución de la riqueza y de regulación del mercado y la banca; g) el imperativo de impulsar políticas distributivas y redistributivas en el marco del doble objetivo de consolidar una sociedad de derechos y de fortalecer el mercado interno. 5. Aunque se trata aún de un proceso en formación, pues los primeros años de gobierno deben ser definidos como un período de transición política y electoral en el marco de una intensa conflictividad en torno a la redefinición de las reglas del juego político, las decisiones gubernativas suponen ya un nítido distanciamiento intelectual y político con los defensores del Consenso de Washington. 6. Todo ello ha supuesto avanzar en la restructuración de las bases institucionales y de los modos de funcionamiento del Estado. La transformación democrática del Estado aparece como medio y fin del proceso de relanzamiento de la acción pública al primer plano de la coordinación de lo social. Dicha reforma contiene elementos de racionalización, modernización, democratización y descentralización del poder y la gestión pública en la perspectiva de acercar el Estado a los territorios y de volverlo más eficiente en sus intervenciones públicas. El reconocimiento constitucional del carácter plurinacional del Estado es un pilar fundamental del proceso de transformación de la política y la sociedad ecuatorianas. 7. El énfasis en tales elementos facilitaría la promoción de la participación ciudadana y el control social en el ciclo de las políticas públicas: se trata de cuestiones a las que tanto el Plan Nacional de Desarrollo como la nueva Constitución, otorgan una particular relevancia. Dicho elemento diferencia los actuales modos de concepción

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8. En el marco de la crisis que afecta al capitalismo global desde 2008, la viabilidad de esta constelación emergente de políticas post-neoliberales reposa, en buena medida, en la adecuada inserción del país en los procesos de integración regional en curso. La Revolución Ciudadana se ha sumado así activamente al apuntalamiento de tales procesos. Ecuador aparece a la cabeza de la constitución del Banco del Sur y del S.U.C.R.E, es actor fundamental del ALBA y se desenvuelve de modo muy activo en la flamante UNASUR. Se han abierto, además, múltiples líneas de diálogo con otros países y potencias emergentes en el ámbito global (India, China, Rusia, Irán, Sudáfrica, Brasil).

La fuerza de la Revolución Ciudadana 2007-2010 -SíntesisLuego de casi 4 años de gobierno, la RC sigue colocando el ritmo, la iniciativa y la orientación de la política en el Ecuador del siglo XXI. Ello no tiene precedentes en el ciclo democrático (1979-2006): los gobiernos se desgastaban (y se vaciaban) durante el primer año de mandato. Ello ha sido posible, sobre todo, por tres razones: - la RC tomó distancia respecto de los grupos oligárquicos guayaquileños cercanos al Partidos Social Cristiano (PSC) y Nebot. El poder político (gobierno nacional) ganó en autonomía del poder económico. Ello permitió quebrar dominio de los partidos tradicionales y convocar a Asamblea Constituyente (en las elecciones para asambleístas AP obtuvo casi 60% de la votación); - la existencia de un programa político que, por la vía de los éxitos electorales y la redacción de una nueva Carta Magna, se ha ido configurando como un proyecto nacional. Ello ha permitido que AP se coloque como una fuerza política que tiene representatividad en todo el territorio (re-elección presidencial en primera vuelta, 40% de Prefecturas; 30% de los municipios; 45 de las juntas parroquiales). Las históricas divisiones regionales se debilitaron; - la RC logró resquebrajar la matriz de poder social sobre la cual las elites tradicionales, los grupos de poder económico y ciertos gremios habían logrado ser ampliamente dominantes a lo largo de las últimas tres décadas. Cinco ejes influyeron de modo decisivo al respecto: •

mayor presencia estatal en sectores estratégicos (empresas públicas, petróleo, minería); 9

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voluntad política y nuevas líneas de regulación económica (banca, finanzas); existencia de medios públicos (menos medios en control de grupos privados por vía de incautación); reforma del Estado y avance de ciertas líneas des-corporativizadoras (grandes grupos económicos desalojados de algunas instituciones estatales, evaluación docente y fin del estado como agente recaudador de tasas de filiación de UNE golpeó a dicho gremio). Mayor cercanía a la gente: democracia directa. Algunos claros ejemplos de ello son las constantes rendiciones de cuentas del Presidente y de los ministros y funcionarios gubernamentales, así como los gabinetes itinerantes donde se procesan en forma directa los requerimientos de la población.

El punto más alto del proceso político abierto con el acceso de Rafael Correa al poder político ha sido el proceso constituyente. Dicho proceso logró articular a casi todas las fuerzas progresistas del país y alcanzó un apoyo superior al 60 % de la población. Más allá del resultado electoral y de la misma aprobación de la Carta Magna lo más POTENTE fue CÓMO se llegó a ese punto: articulación de un mega-bloque (AP, MPD, PK, ID, otros) dentro de la Asamblea y respaldo de todos los sectores, movimientos y fuerzas, sociales y políticas, progresistas del país. Así, la Constitución se coloca como el más importante referente político y programático para la construcción de AP, para la defensa de los grandes intereses nacionales y para delinear la hoja de ruta del cambio político en el Ecuador del siglo XXI. EL CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA DEL TEXTO CONSTITUCIONAL ES NUESTRO REFERENTE HISTORICO Y NUESTRO PROGRAMA POLITICO

3. La revolución para alcanzar el Socialismo del Buen Vivir En consideración a los avances político y conceptuales incorporados tanto en la Constitución como en el Plan Nacional del Buen Vivir y tomando en cuenta los avances y límites del proceso gubernativo, es necesario hacer ajustes a la propuesta inicial de la Revolución Ciudadana con cinco ejes del cambio. Se proponen, entonces, algunas modificaciones sustantivas de los cinco ejes del cambio definidos en 2006, en el programa de gobierno del Movimiento País, así como la incorporación de otras dimensiones revolucionarias a ser relanzadas con fuerza por AP en los años por venir. En grandes letras, las 7 revoluciones que proponemos apuntan a una sociedad basada en el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas, la justicia social, la armonía con la naturaleza, el bienestar, y la felicidad de todos y todas. Tal es el punto de articulación entre las distintas cosmovisiones y filosofías que sostienen el principio del Buen Vivir y que defienden la vigencia del socialismo como proyecto político que propicie la transformación del Ecuador. 10

El Socialismo del Buen Vivir que defiende Alianza País nace de las luchas y esperanzas populares por construir un mundo más justo, igualitario y sostenible, que mitigue al menos, y posteriormente revierta, las dinámicas de estructuración del capitalismo histórico. El Socialismo del Buen Vivir también conlleva la supremacía del trabajo humano sobre el capital y en armonía con la naturaleza. Para nosotros, el trabajo humano no es un factor más de producción, sino el fin mismo de la producción. Alianza País apuesta por la democratización de la propiedad y de los medios de producción, sin descartar, por supuesto, que el Estado sea también propietario de importantes sectores estratégicos. Pero, uno de los grandes retos del Socialismo del Buen Vivir es buscar que los trabajadores, las comunidades, y los ciudadanos de a pie, se vuelvan dueños de los medios de producción. El Socialismo del Buen Vivir busca redefinir la estrategia de desarrollo y busca propiciar una transición hacia una modernidad entendida en nuestros propios términos ecuatorianos. Si Alianza País defiende los intereses de los más pobres e históricamente excluidos, no convoca a un solo actor, sino al conjunto de organizaciones que resisten y resistieron a las estructuras económicas y políticas injustas y a la ciudadanía en general, que ha sido largamente privada de sus derechos sociales y políticos. Alianza País retoma el objetivo inclaudicable de la soberanía popular y convoca a los distintos colectivos que han luchado por la emancipación, la des-colonización y la justicia contra las desigualdades basadas en razones de clase, etnia o género. Alianza País llama a estos actores a reorganizarse en torno a un objetivo: PROMOVER EL SOCIALISMO DEL BUEN VIVIR MEDIANTE LA RECUPERACION DE LA ACCION POLITICA DEMOCRATICA Y LA MOVILIZACION SOCIAL. La política democrática es sobre todo una escuela ética y transformadora; supone un nuevo nivel de existencia que nos permite reconocernos en la lucha de los otros, nos orienta a formar un frente diverso, pluralista, expansivo y universalmente incluyente. Nos convoca a la movilización por un objetivo que trasciende nuestras legítimas luchas particulares. 3.1 Revolución política: Estado ciudadano y radicalización de la democracia A) Heredamos un Estado extremadamente débil, secuestrado por intereses particulares y desprovistos de los instrumentos para cumplir con sus funciones básicas de promoción del desarrollo, de cohesión social, de redistribución y de formación de una comunidad política y de valores. B) Es preciso reconstruir el Estado democrático, plurinacional e intercultural, recuperar su carácter público, desprivatizarlo. Esto supone: romper, debilitar o al menos 11

atenuar aquellos espacios, mecanismos, procedimientos y enclaves institucionales que, aunque formalmente estatales, son bastiones de intereses particulares y corporativos que secuestran los mecanismos de decisión y los recursos de ejercicio de poder público; y, terminar con el proceso de des privatización del estado, particularmente en ámbitos como la justicia, el sistema financiero y la política agraria entre otros temas relevantes. C) Es imperativo avanzar en el proceso de construcción de una nueva institucionalidad revolucionaria post constituyente. Esta fase es sin duda un periodo crítico tal como lo han demostrado otros procesos revolucionarios. Se pierde el estímulo y la pujanza de los momentos iniciales más confrontativos, y al mismo tiempo se reconfigura el mapa de fuerzas rompiendo una polaridad virtuosa, afloran las tendencias a la dispersión y al burocratismo. D) Esta nueva institucionalidad implica profundizar en la construcción de una agenda legislativa prioritaria acompañada de la transformación de las tradicionales prácticas parlamentarias. Se trata de concluir adecuadamente y con los menores traumatismos la conformación de los organismos de control. E) Para el caso de las instancias ejecutivas (gobierno nacional y gobiernos locales) es necesario desarrollar una gran operación sobre el aparato estatal: desburocratización, capacitación, lucha implacable contra la corrupción, construcción de una ética pública, modernización y rendición de cuentas. F) Debemos modernizar la capacidad política, administrativa y tecnológica del Estado. Un Estado torpe, sin ojos, sin masa crítica, sin sistemas de planificación, con presupuestos elaborados de la manera más aberrante, con grandes agujeros de corrupción, con empresas públicas ineficientes, sin capacidad de hacer seguimiento a sus planes es simple y llanamente incompatible con un estado democrático. G) Debemos fortalecer el papel regulador y promotor del estado en la Constitución de mercados competitivos y socialmente responsables, en la orientación inteligente de la inversión, en suma en la promoción del desarrollo. H) Es preciso consolidar el Acuerdo territorial que se exprese en un Estatuto nacional de descentralización y autonomías. Se trata de construir un modelo nacional basado en un nuevo ordenamiento territorial, en la definición precisa de competencias en cada nivel de gobierno; en la distribución de poder político. I) Es preciso también impulsar la democratización de los gobiernos autónomos y descentralizados y superar el manejo tradicional que históricamente ha caracterizado a gran parte las instituciones de gobierno local. Se debe desterrar de los gobiernos seccionales, el clientelismo, el caciquismo y el patrimonialismo. Al igual que en el nivel nacional, es necesario recuperar para la ciudadanía los gobiernos locales, para que sobre su manejo no predominen los intereses económicos y políticos particulares. Para ello es preciso implementar todos los 12

mecanismos y dinámicas de participación establecidos en la Constitución para los gobiernos autónomos descentralizados.

J) Debemos impulsar la puesta en marcha del Estado Plurinacional e intercultural. Para ello es necesario, entre otras cosas, promover la creación de circunscripciones indígenas, afroecuatorianas y montubias en las que los pueblos y nacionalidades puedan asumir sus propias formas de gobierno, de gestión, de justicia y de organización del poder. K) Redefinir la democracia significa mejorar, pulir los mecanismos de la democracia representativa, pero ampliar los ámbitos de participación social y ciudadana. L) Desde la concepción de la democracia radical, no es suficiente con democratizar el Estado, es necesario también convertir las relaciones cotidianas en relaciones democráticas: de diálogo, respeto, deliberación, tolerancia, y no violencia. Es necesario luchar contra todas las formas de discriminación por sexo, edad, etnia o preferencia sexual. Es una tarea que va desde los mecanismos de protección legal hasta aquellas acciones que terminan por modelar prácticas culturales. 3.2 La Revolución del Sistema de Justicia La Revolución del Sistema de Justicia, se fundamenta en la reforma institucional íntegra de la justicia en el Ecuador. Dicha reforma podrá ser alcanzada cuando se cumplan objetivos como la des mercantilización y despolitización de la Función Judicial, la profesionalización de jueces, juezas y funcionarios judiciales, la celeridad procesal inmediata, el fácil acceso a la justicia, entre otros. Para la consecución de estos objetivos es necesario: a) Hacer realidad la separación entre derecho y política, con el objetivo de que el derecho no sea una herramienta de la política, al contrario, la política estará sometida a los vínculos normativos constitucionales del Ecuador. b) Concretar en el diario desempeño de la Función Judicial el cumplimiento de los principios de independencia política, autonomía administrativa, económica y financiera, gratuidad de los servicios judiciales en todos sus ámbitos, la oralidad en todos los procedimientos y la incorporación de la justicia indígena al sistema de justicia nacional. c) Impulsar la creación de un estado que “distribuya sus prestaciones de acuerdo a la lógica universalista de las garantías de los derechos sociales en vez de intervenciones discrecionales y selectivas de tipo burocrático”. d) Hacer del garantismo en la justicia un hecho cierto que influya directamente en la vida cotidiana de los y las ecuatorianas.

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e) Generar una política pública de mejoramiento de los servicios que prestan las instituciones del sector justicia e impulsar políticas transversales que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos junto con la renovación progresiva del personal de la Función Judicial. f) Proponemos impulsar propuestas de leyes y reformas legales que garanticen la independencia política de jueces, juezas y funcionarios de carrera judicial; contemplando la creación de sanciones administrativas y penales contra funcionarios judiciales vinculados con cualquier forma de corrupción. g) Definir estrategias concretas de profesionalización de los empleados judiciales: la creación de la “Escuela de Jueces”, el fomento de la carrera judicial desde las universidades, financiamiento para capacitación continua de funcionarios, etc. h) Proponer un cambio sustancial en el pensum de estudios de la carrera de Derecho, tratando de proveer al abogado una visión del ejercicio de la profesión desde el trabajo en lo público, cortes y tribunales, mostrando a la carrera judicial como una opción de servicio y responsabilidad con el país. 3.3 Revolución económica, productiva, y laboral Un proceso revolucionario debe tener como sustento eliminar el Estado burgués a través del cambio de estrategia de acumulación, re/distribución y regulación. En el capitalismo esta triada es la que ha originado la construcción de una sociedad segmentada, excluyente, polarizada e inmoral. En este marco, el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, en un contexto de límites biofísicos o naturales es decir tomando en cuenta a la naturaleza, es condición de posibilidad del cambio estructural. Dicha perspectiva tiene que ser compatible con la construcción de otra economía distinta a la del capitalismo de mercado. Esta nueva economía se sustenta en la estrategia del Buen Vivir y de una inserción inteligente en el sistema mundial. Un proyecto viable desde la izquierda debe ser eficiente y aumentar el tamaño y complejidad de la economía. Para ello, es fundamental el fomento de una industria nacional generadora de empleo y de alto valor agregado. El trabajo es una condición sustantiva para transformar la social. Tal dinámica propiciará la ampliación de las fuerzas productivas, la construcción de un empresariado nacional comprometido con el cambio y, sobre todo, una sociedad con trabajo digno para ciudadanos y ciudadanas. A su vez, la redistribución tiene que estar sustentada en transformaciones tributarias progresivas -principalmente de impuestos directos- que se canalicen a la satisfacción de necesidades, el desarrollo de capacidades (individuales y sociales), la construcción de una sociedad cohesionada y la recuperación de lo público.

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La política más equitativa es la política universal y la política de protección social más importante es la política productiva. De la misma forma, la estrategia de redistribución del largo plazo debe venir aparejada de la transformación de la seguridad social. Dicha transformación no sólo apunta a garantizar derechos, sino a construir cohesión nacional. Tal estrategia propicia el ahorro interno del país a largo plazo viabilizando una política de inversión pública activa como parte de la estrategia endógena de desarrollo. Si bien es fundamental ser eficiente y redistribuir, el reto de la construcción de una nueva economía, social y solidaria, consiste en distribuir mientras se genera la riqueza. Para cumplir tal objetivo es necesario diversificar las formas de organización económica. Las relaciones mercantiles monetarias basadas en la propiedad privada y el intercambio a través de precios es una de las formas de relación económica que más ha deshumanizado a las sociedades. Debemos concretar otras formas de construir economía que ya existen y han sido deliberadamente invisibilizadas como son las no mercantiles y monetarias y las no monetarias y no mercantiles que se basan en la reciprocidad y la solidaridad. Debemos promover otro tipo de formas de propiedad además de la privada; tales formas alternativas aluden a las propiedades gran nacionales como parte de la estrategia de integración latinoamericana; la propiedad pública en sectores estratégicos; las formas de propiedad mixta, familiar, comunitaria, cooperativa y las gestionadas por los trabajadores como ejemplo de propiedad social-republicana. La economía social y solidaria es fundamental para la revolución productiva. Las formas de propiedad están ligadas a su vez a una de las estrategias fundamentales para la socialización de la economía: la democratización de los principales medios de producción. La redistribución de la tierra, el agua, la capacitación, el crédito, la tecnología, el conocimiento y el auspicio de la asociatividad constituye un eje de dicho proceso de democratización productiva. Por otra parte, como contraofensiva al “bobo aperturismo”, buscamos una estrategia inteligente y soberana para el Ecuador en donde la diversificación de productos, productores y países de exportación e importación es prioritaria. Debemos tener clara la dirección. La inserción mencionada depende estrechamente de la estrategia endógena para la satisfacción de necesidades básicas de nuestra población; no al contrario, como históricamente ha ocurrido en el país donde, bajo el esquema neoliberal, las decisiones públicas dependían de las políticas de liberalización del mercado globalizado. En este punto, la integración latinoamericana, a través principalmente del ALBA y la UNASUR, resulta imperiosa para nuestro país; así como, la consolidación de una nueva arquitectura regional financiera que consolide la soberanía de las finanzas para los países de la región. El horizonte es claro: salir del modelo primario, depredador, exportador y excluyente. Como se ha demostrado a través de la historia mundial, no hacerlo implica postergar ad infinitum las soluciones estructurales y las distancias abismalmente injustas que existen en el Ecuador. La mencionada estrategia tiene que ser pensada inter-generacionalmente. La responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones y con el resto de especies es 15

un principio fundamental para prefigurar un nuevo esquema económico basado en el buen vivir. Este necesita reconocer la dependencia de la economía respecto de la naturaleza; admitir que la economía forma parte de un sistema mayor, el eco sistema, soporte de la vida como proveedor de recursos y funciones ambientales, y sumidero de desechos. Para ello tenemos que estar conscientes que la principal ventaja comparativa que tenemos es la biodiversidad y que la conservación y el conocimiento de la información contenida en ella pueden constituirse en condición para la satisfacción de las necesidades. Esto es viable a través del conocimiento de la biodiversidad por medio de la investigación, la ciencia y la tecnología y de la inversión en el turismo comunitario ecológico. Tenemos que darnos cuenta que “el no pago de la deuda social hoy es no pago de la deuda ambiental mañana, y el no pago de la deuda ambiental hoy es, a su vez, el no pago de la deuda social del mañana”. Lo mencionado tiene que estar orientado a las desmercantilización de las relaciones sociales. El proceso de penetración de los valores del capitalismo en la vida cotidiana ha transformado a la sociedad en un amplio mercado en el que se crean sin cesar nuevas necesidades y en el que más y más productos del trabajo humano son transformados en mercancías. Esta mercantilización de la vida ha destruido relaciones y valores sociales como la reciprocidad, la solidaridad y el espíritu de cooperación que existe en nuestra población. Empero, hoy la subordinación al capital no se da solo en el mero hecho de la venta de la fuerza de trabajo, sino que está inscrita en otras múltiples relaciones sociales que se dan en el ámbito de la cultura, el tiempo libre, la salud, la educación, el sexo e incluso la muerte. No hay prácticamente ningún dominio de la vida individual y colectiva que escape a las relaciones capitalistas. La búsqueda incesante de la desmercantilización de la vida es la búsqueda incesante por la libertad “emancipada” o “no dominada” de todos y todas. 3.4 La revolución ecológica Ecuador se ha situado en la vanguardia del mundo. Hablamos de las discusiones de economía y medioambiente. Se aprobó la Constitución más ecológica del planeta. Se propuso el impuesto Daly-Correa, para grabar la explotación de petróleo como mecanismo para propiciar un cambio de la matriz energética mundial y se cristalizó la Iniciativa Yasuní-ITT para conseguir la no extracción del petróleo, en el marco de una corresponsabilidad internacional. Ecuador lidera las causas ecológicas a nivel global. La Tierra, el medio físico, la Naturaleza, la Pacha Mama, constituyen la base de las disposiciones de la Constitución, y a partir de ellas se propone la construcción del “Sumak Kawsay” o Buen Vivir. La Carta magna ecuatoriana convierte a la Naturaleza en sujeto de derecho: todos sus ciclos vitales han de ser respetados, preservados y regenerados. La propuesta del Buen Vivir cuestiona el crecimiento económico y las estrategias de desarrollo centradas sólo en la extracción creciente de recursos naturales. Por ello, se propone la definición de una Revolución Ecológica, como elemento sustancial de la Revolución Ciudadana. Esto significa una transición socio – ecológica, desde economías 16

dependientes (caracterizadas por un perfil primario exportador, des-industrialización, exclusión, pobreza, concentración del ingreso, depredación e insostenibilidad ambientales), hacia economías sustentables (diversificación de productos y de mercados, industrialización con generación de empleo, equidad y evolución conjunta entre culturas humanas y el medio ambiente). Esto implica: -

Mantener, sin destruir, las partes del territorio que poseen gran cantidad de valores ambientales y sociales, donde se encuentra concentrada la mayor cantidad de biodiversidad.

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Establecer el concepto de sustentabilidad fuerte (el capital económico no puede reemplazar íntegramente al patrimonio natural), como nuevo paradigma del modelo de desarrollo. Esto también implica cambiar la contabilidad macroeconómica convencional por nuevos indicadores e índices de sustentabilidad.

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Plantear la consecución de un nuevo perfil de especialización productiva para tener un país con sostenimiento interno, en base al consenso de intereses entre Estado, empresarios, trabajadores, pequeños y medianos productores urbanos y campesinos, y todas las formas de organización económica, privada o colectiva. Un prerrequisito para la consecución de estos objetivos es robustecer el mercado interno y el aparato productivo doméstico.

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Generar estrategias de transición productiva que permitan que la actividad extractiva pierda importancia económica (reducción del peso en el valor agregado total).

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Respaldar acciones como la Iniciativa ITT, la cual cambia la mirada ética tradicional de las relaciones del ser humano con la naturaleza, fortaleciendo y haciendo realizable el mandato constitucional de los Derechos de la Naturaleza y los principios del Buen Vivir.

3.5 La revolución para la inclusión social, la igualdad y la sociedad de derechos a) Un Estado democrático, constitucional, plurinacional e intercultural como garante de derecho El Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, está llamado a proteger, defender, asegurar y salvaguardar, los derechos constitucionales de las personas y de las colectividades; y a re-equilibrar las relaciones sociales a favor de la justicia y la igualdad, con pleno respeto a la diversidad. Es necesario consolidar y establecer políticas sociales universales basadas en el fortalecimiento de las potencialidades y capacidades específicas de la ciudadanía; políticas públicas que permitan el ejercicio efectivo de los derechos, que protejan a la población contra los riesgos y que superen el asistencialismo. La universalidad de las políticas sociales debe articularse con el cabal reconocimiento de las particulares identidades y problemáticas de los actores sociales. El ejercicio de los derechos implica a su vez el cumplimiento de deberes y la corresponsabilidad de la ciudadanía para con el resto de la sociedad. 17

b) Recuperar lo público en la dotación de servicios sociales básicos Las prestaciones sociales deben ser asumidas como una responsabilidad estatal y no pueden medirse únicamente por la eficiente prestación de servicios, sino por el aporte, a través de ellos, a la construcción del tejido social y al fortalecimiento de la cohesión de la sociedad. La gestión pública y la prestación de servicios desde el Estado deben servir para poner en primer plano el interés común, para promover la solidaridad, la equidad y el fortalecimiento de las identidades colectivas. Uno de los principales factores para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la gente es la posibilidad de generar los lugares para el encuentro y la convivencia pacífica. c) La inversión social debe ser eficiente y eficaz La eficacia de las inversiones sociales debe medirse no solo por el incremento en la asignación de recursos, sino, fundamentalmente, por el aumento de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de las prestaciones sociales. La universalización de los derechos de la ciudadanía obliga a un uso eficiente y eficaz de los fondos públicos. Las autoridades y funcionarios/as son responsables por el uso transparente y efectivo de esos fondos que provienen del esfuerzo de la sociedad. La inversión en educación, salud, vivienda, seguridad e inclusión social, debe ser una prioridad del Estado. Las infraestructuras y servicios de salud y educación deben hacerse principalmente en las zonas más desfavorecidas del país, para desconcentrar estos factores fundamentales que permiten a su vez redistribuir la riqueza a largo plazo. d) Una principal política social es la inclusión económica La redistribución de la riqueza y la promoción de la economía popular y solidaria constituyen requisitos fundamentales para lograr el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y para garantizar la potenciación de las capacidades individuales y colectivas. Es necesario promover y respaldar todas las iniciativas productivas asociativas que permitan dinamizar los mercados locales y generar fuentes de empleo; actividades que permitan mayor acceso a la alimentación, a la vivienda, la salud, la educación, entre otros. Asimismo, la política pública debe avanzar al reconocimiento del trabajo reproductivo y al soporte y promoción de las diversas formas de trabajo autónomo. e) La universalidad de la seguridad social Establecer políticas públicas que avancen en el cumplimiento constitucional de la universalización de la seguridad social; incluyendo a las personas que hacen trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentren en situación de desempleo. Para esto una de las prioridades de la política de Gobierno debe ser la reforma integral a la seguridad social. e) La política social es universal y reconoce la diversidad En tanto garante de los derechos constitucionales, el Estado debe establecer políticas universales así como alcanzar la universalización y gratuidad de los servicios de educación, salud, protección e inclusión social; sin embargo, esa universalización debe establecerse bajo el simultáneo reconocimiento de la diversidad de identidades individuales y colectivas existentes en la sociedad. 18

La construcción de un Estado plurinacional e intercultural es prioritaria en este aspecto. Ello pasa por articular el reconocimiento de las diferencias como parte sustantiva de la búsqueda de una sociedad de iguales. Dicha apuesta no solo contribuye a la ampliación del campo de los derechos, sino que potencia el desenvolvimiento democrático de la sociedad, alienta el combate la discriminación en todas sus formas, y favorece el acceso a instancias de poder a los grupos históricamente relegados. De particular relevancia en este sentido es avanzar hacia la concreción de la equidad (de género) entre hombres y mujeres. f) La centralidad de la política educativa Desarrollar una política educativa adecuada para la inserción del país en la “era del conocimiento y la información”: se trata de una educación para todos y todas a lo largo de la vida, garantizando una educación de calidad y gratuita articulada a programas de salud, nutrición y producción, en el marco del respeto a la diversidad y la interculturalidad. Ello supone una nítida apuesta por el fortalecimiento de la universidad ecuatoriana, no solo en su financiamiento sino en su cualificación, y el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. g) Salud universal Con respecto a la salud es fundamental proseguir en la dotación de servicios integrales e implementar una política de gratuidad para todos y todas, priorizando la salud preventiva. Se debe apuntalar la configuración de un verdadero sistema nacional de salud que articule a todos los subsectores de la salud para lograr plena cobertura y calidad en el servicio. Los medicamentos genéricos serían impulsados tanto a través de su distribución masiva como incluso de su producción local. 3.6 Revolución de las relaciones internacionales, la integración y la soberanía a) Uno de los ejes fundamentales de la Revolución Ciudadana es la recuperación de la soberanía y la integración Latinoamericana, para lo cual Desarrolla tres conceptos revolucionarios de alcance internacional: “la ciudadanía universal”; “la defensa de la libre movilidad” y “el progresivo fin de la condición de extranjero”. b) Los conceptos como: el buen vivir, la soberanía alimentaria, los derechos de la Naturaleza, la soberanía económica son conceptos constitucionales transversales y por tanto objetivos estratégicos que se reflejan en las relaciones internacionales que el Estado debe impulsar y promover. c) El desarrollo interno requiere de una política exterior soberana que ejerza una acción internacional, comercial y de integración orientada a la convivencia pacífica y a la construcción de una comunidad internacional basada en la equidad. Que apoye al desarrollo armónico del país, que promuevan el multilateralismo y la negociación en bloque para contribuir a la equidad entre los Estados y a la reducción de las asimetrías políticas a nivel de las estructuras fundamentales del poder global. d) “Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial”. 19

e) La Constitución recupera para el Estado el derecho soberano de aplicar la legislación nacional en contratos que le conciernen, y abandonar el sometimiento a instancias arbitrales como corresponde a todo Estado independiente y autónomo. f) La soberanía requiere de una política exterior enmarcada en relaciones internacionales de mutuo respeto y cooperación, que rechace la presencia e injerencia en territorio nacional de fuerzas armadas extranjeras y que defienda el principio de autodeterminación. g) El compromiso con la paulatina desaparición de la condición de extranjero, es una apuesta para el libre desarrollo del concepto de ciudadano universal, que libere a las personas de sus limitaciones por su nacionalidad en el ejercicio de derechos y beneficios de prestaciones. h) El Ecuador abre sus puertas a las personas que requieran de asilo y refugio, garantizando para ellas la asistencia humanitaria y jurídica debida. Se refleja así un espíritu y alianza con la paz, con el respeto a la condición humana y el repudio a toda forma de violencia contra las personas vulnerables, independientemente de su ideología, condición social o cultural. i) La situación de nuestros migrantes y el cumplimiento de principios como el de la libre movilidad humana son determinantes en el mundo actual; en particular, para nuestra relación con España, Estados Unidos e Italia, en donde viven buena parte de ecuatorianos. Más aún cuando, en pleno siglo XXI, en la “Europa de las luces”, cada vez se colocan mayores restricciones a la movilidad de las personas mediante leyes severas. j) 3.7 La revolución ética y el combate a la corrupción Combatir la corrupción y fortalecer los mecanismos de control, rendición de cuentas y transparencia. Erradicar la impunidad en los casos de corrupción, mediante la transformación del sistema judicial para aplicar una justicia efectiva en todos los hechos de soborno, cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencia, etc., y fortalecer todas las entidades y mecanismos de control. La revolución ética demanda transformar el servicio público para transparentar y hacer eficiente la gestión pública, y comprende desterrar las prácticas de colusión y contubernio entre funcionarios o entidades públicas y actores privados. Incorporar la participación ciudadana en los procesos de prevención y transparencia. La revolución ética implica consolidar un pacto social por la tolerancia, el respeto y el pluralismo; y lograr la corresponsabilidad de la ciudadanía en el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes cívicos y políticos.

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Construir y anteponer, en toda actividad ciudadana, el interés general por encima del interés particular. 4. Desafíos táctico-programáticos “No queremos conquistar el mundo sino hacerlo distinto” EZLN El cabal cumplimiento de las 7 revoluciones definidas como el corazón del PROGRAMA POLITICO DE ALIANZA PAIS, requiere de una reflexión y de una estrategia política que visibilice la importancia de consolidar la estructura organizativa del movimiento; la centralidad de definir una adecuada política de alianzas con los actores sociales y políticos democráticos del Ecuador; la necesidad de profundizar en la autonomía del Estado en relación a los grandes grupos de poder; la urgencia de viabilizar una agenda legislativa que permita cumplir con la Constitución; y la construcción de un campo de alianzas geo-políticas con potencial de aumentar los márgenes de influencia del país a nivel regional y global. 4.1 Premisas político-organizativas AP se ha constituido en el curso de la acción gubernativa abierta con el acceso de Rafael Correa al solio presidencial. No había ni movimiento político ni partido como formas previas a le emergencia de la candidatura. Hemos construido el movimiento político en el curso de la disputa política y mientras encaminamos la gestión del Estado. Ello ha sido, quizás, una de las más grandes debilidades de la Revolución Ciudadana: la carencia de una sólida estructura organizativa plural, democrática, deliberante y de presencia nacional en todo el territorio. Sin la consolidación de esta estructura, los avances del proceso de cambio pueden verse bloqueados desde el interior mismo de la Revolución Ciudadana. La inexistencia de una forma sólida de organización política implica: a) un alto grado de vulnerabilidad del proyecto de cambio político sometido totalmente a la suerte de la gestión gubernamental; b) ello tiene como efecto un proceso menos reflexivo y más unidireccional; c) discrecionalidad y falta de rendición de cuentas en las autoridades, oportunismo y deslealtad política, estafa ideológica; d) incapacidad de generar alianzas y adhesiones que fijen y solidifiquen la acumulación política. La garantía de la continuidad política del proyecto e incluso del establecimiento de una correlación de fuerzas independiente de los resultados electorales pasa, entonces, por la constitución de un proyecto político y social con una clara estructura organizativa interna. En el corto plazo no enfrentamos procesos electorales planificados por lo que deberíamos enfatizar en la construcción del partido como intelectual colectivo, actor reflexivo del proceso, productor de ideas, programa, e innovación en las prácticas política. Para el efecto se requiere tener claridad táctica y organizativa en los siguientes niveles: •

No buscamos el poder para dominar, sino el espacio para transformar; no queremos constituir un gremio de políticos profesionales, sino una organización democrática y ciudadana para que la sociedad se auto-gobierne. 21

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Pretendemos ser una organización que no sirva solo para participar en las elecciones, sino que actúe cotidianamente en la construcción de alternativas para la sociedad. Un partido que transforme mientras nos transforma, que incida en la cultura, en el mejoramiento de la calidad de vida; un partido político que coadyuve al desarrollo espiritual en el amplio sentido, que promueva una ciudadanía participativa y políticamente responsable, que promueva mecanismos colectivos de decisión sobre la base de la igualdad de las personas, que propenda a construir una cultura del diálogo, de respeto a las diferencias de opinión y a las diferencias culturales.

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Queremos construir una fuerza política basada en la asociación libre, individual, voluntaria y generosa de mujeres y hombres del Ecuador que, más allá de sus pertenencias gremiales y de sus procedencias sociales, se propongan luchar de manera colectiva por la justicia social, la solidaridad, las transformaciones políticas, sociales, institucionales, jurídicas y culturales; es decir por construir una democracia radical y soberana. Reconocemos el derecho de las organizaciones de adscribirse al Proyecto político, pero manteniendo la responsabilidad de las acciones de cada uno de quiénes participan en el partido.

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Consideramos nuestra responsabilidad desarrollar vínculos éticos y políticos y contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sociales y democráticas del país, de campesinos, de indígenas, de trabajadores, de intelectuales, de empresarios, de pobladores urbanos y rurales a través un diálogo horizontal permanente. Por eso hemos decidido asumir el reto de construir un partido político y trabajar por la construcción de un gran frente democrático.

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Se trata de estructurar al partido como organizador social. Esto supone un alto grado de unidad política y disciplina

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Planteamos la restitución de la titularidad de los mandatos al colectivo y no a los individuos

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La dicotomía de partido de cuadros o de masas es un falso dilema. No es posible sostener un proceso de organización social y política serio (no clientelar) si no es sobre la base de una mínima estructura de cuadros, militantes, simpatizantes y formas de organización masivas.

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Es preciso combinar una estructura de base territorial (secretarias territoriales o CDR) con estructuras temáticas o sectoriales/sociales. Hay que discutir el modelo de base territorial, se requiere la cohesión suficiente para generar pertenencia, pero a la vez la flexibilidad para no anular o limitar el desarrollo de otras formas autónomas de organización (no podemos competir con la organización social). Unificación de dirección nacional y direcciones provinciales y cantonales.

4.2 Política de alianzas

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La construcción del partido va de la mano con la necesidad de fijar con claridad el conjunto de alianzas políticas, sociales y productivas que debe impulsar AP, el Gobierno y el conjunto de la Revolución Ciudadana. Los procesos de cambio político exigen construir líneas de articulación precisas con diversos actores sociales y políticos así como un conjunto de alianzas que den mayor potencia y envergadura política a la voluntad de la transformación social. Relación con los movimientos sociales Nuestro partido promoverá y participará de los procesos de unidad, alianzas, acuerdos y coaliciones, con las fuerzas políticas y sociales democráticas con todos quienes apuestan y contribuyen cotidianamente a la transformación del país. Es una organización convencida de que los cambios profundos solo pueden ser obra de colectivos y acuerdos sociales amplios. El periodo anterior al triunfo electoral de la RC estuvo marcado por la resistencia a las políticas neoliberales. Los movimientos sociales y en particular el movimiento indígena tuvieron un papel decisivo en ese proceso. Es por ello que resulta altamente compleja la relación con dicho movimiento. Diversas lógicas nos acercan y nos diferencian según los ritmos de la coyuntura política: 1) por un lado, hay una lógica de resistencia y enfrentamiento -no de construcción- que ha estructurado los discursos de los movimientos sociales; 2) por otro lado, existen prácticas de supervivencia política determinadas por la cooptación de cuotas o espacios de poder y recursos públicos; 3) el proyecto político e ideológico de los movimientos sociales es ahora disputado por el gobierno central. Estas razones de orden más estructural han agudizado la conflictividad movimiento socialRC durante los últimos meses. El proceso constituyente, pese a todas las dificultades, demostró que es posible mantener un campo de alianzas con la izquierda y la gran mayoría de movimientos sociales. Para orientar nuestra actuación en ese sentido es necesario generar una actitud de respeto, e identificar con claridad las contradicciones y los antagonismos fundamentales. La lucha política debe ser pedagógica, persuasiva y debe estar acompañada por la profundización de políticas pública en ejes decisivos de la agenda: plurinacionalidad, participación, política agraria, medio ambiente, especialmente. Relación con los sectores productivos Establecer política de alianzas clara con sectores empresariales honestos, conectados con la defensa de los intereses nacionales, que incorporen valor agregado, que inviertan en el país y con niveles de responsabilidad social y ambiental. Esta relación no puede tener un carácter vergonzante y menos constituirse en un factor de diferenciación entre “derecha” e izquierda del gobierno. Debe ser una actitud explícita del proyecto en su conjunto, acorde con la agenda productiva, laboral y económica de la RC. Alianzas con organizaciones políticas 23

No puede dejar de reconocerse la existencia de partidos y organizaciones políticas o tendencias constituidas en los últimos años, pero este es un país con una frágil tradición partidaria y este es un periodo de reconfiguración del imaginario político. Por eso el mayor aliado es la ciudadanía. Mantener lógicos nexos con el campo progresista, la centroizquierda, la izquierda más radical, pero de ninguna manera caer en la reproducción de los chantajes y el retaceo del poder como ocurría en la partidocracia. Alianzas claras, públicas, programáticas; ampliar presencia en sectores populares, y ganar la clase media. 4.3 El papel del Estado y la reconfiguración de los poderes económico El planteamiento central es afirmar que el programa de Alianza País buscar construir el socialismo para el Buen Vivir en el siglo XXI. Para ello, es necesario construir una transición hacia una sociedad justa, igualitaria y encaminada hacia una economía sustentable, en donde existan los principios fundamentales de primacía del trabajo sobre el capital, de la solidaridad colectiva, de un ser humano integrado viviendo en armonía con la naturaleza, y de una nueva integración solidaria. Esto implica cambios sustantivos en el régimen de acumulación. Si bien hay logros evidentes, sigue en la carpeta de la política pública la democratización de los medios de producción, el cambio de la especialización productiva concentrada en la venta externa de materias primas; es decir, una radical distribución de los recursos y del ingreso, rompiendo con las brechas distributivas que separan de manera profunda a pobres y ricos. Para lograrlo la política productiva, y en concreto la agraria y la industrial, son clave. Precisamos conseguir una mayor participación de la sociedad en las decisiones políticas; acelerar los procesos de autonomía y descentralización del Estado para liberarlo de los grupos que lo secuestraron; desprivatizar la justicia y el sistema financiero. Para lograr estos objetivos es imperativo, profundizar en la autonomía y democratización del Estado; democratizar los medios de producción mediante el uso de herramientas regulatorias que ofrece la Constitución. La formulación y aprobación de distintas leyes implican una radicalización del proceso: el empleo de la política pública, en particular la distributiva y redistributiva, como la tributaria, las reformas agraria y urbana; además de otras leyes complementarias para consolidar el Buen Vivir, entre ellas, la nueva organización territorial del estado, la educación en sus distintos niveles, incluida la superior; la estructura económica y productiva para la superación de monopolios y estructuras de concentración; construcción del estado plurinacional e intercultural; el sistema nacional de planificación participativa y descentralizada y nuevos parámetros de manejo de las finanzas públicas; regulaciones para los sectores estratégicos, especialmente en las áreas de hidrocarburos, telecomunicaciones y recursos hídricos. 4.4 Relaciones internacionales 1.1 En el plano bilateral 24

Nuestro país, como parte de un proceso de ampliación y diversificación de sus relaciones internacionales, tiene que tener apertura y flexibilidad en sus relaciones internacionales. En el mundo global, debemos mantener lazos políticos y comerciales con todos los países del mundo. Esta es nuestra tesis básica. Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, Irán son actores políticos mundiales. Es necesario fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales con ellos. El papel del Ecuador como parte de los contrapesos internacionales es fundamental. Se requiere de una relación digna con los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo. Debemos cultivar intereses compartidos en los asuntos de movilidad humana, comercio, inversión, cooperación y seguridad. Respecto a Colombia, requerimos conocer la verdad de lo que aconteció en el oprobioso ataque a Angostura, el primero de marzo de 2008, cuando se violentó nuestra soberanía. Siempre bajo la lógica, inapelable, de que el Ecuador no puede involucrarse, en términos militares, en el conflicto interno de Colombia. Frente al martillo de las fuerzas de seguridad colombianas, jamás podemos aceptar convertirnos en el yunque, tal y como lo prevé el Plan Colombia. El Ecuador debe fortalecer su estrategia de paz. 1.2 En el plano multilateral América Latina y el Caribe han comprendido que la mejor manera de enfrentar los desafíos actuales es a través de una acción multilateral eficaz. Nuestra región va gestando las más diversas propuestas y acciones orientadas a construir agendas comunes. Tenemos optimismo de que están emergiendo acuerdos de integración más consolidados. a) Organismos multilaterales UNASUR La UNASUR genera otros espacios de integración que promueven los intereses latinoamericanos y caribeños. Es necesario fortalecerle y dotarle de una institucionalidad, así como la construcción de su sede, en la mitad del mundo. Alba La integración latinoamericana podría marcar un momento en las relaciones internacionales. Para ello es necesario consolidar la ALBA, pese a la oposición de las élites económicas y políticas empeñadas en mantener el orden constituido desde el Norte. Los principios de integración que abre el ALBA son novedosos y contienen un potencial para emprender relaciones Sur-Sur de todo tipo. Se trata de un proceso marcado por la solidaridad y enfocado a promover la igualdad y la complementariedad entre nuestros países. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños El Ecuador ha puesto un énfasis especial en la construcción de una organización de Estados Latinoamericanos, consagrada en Cancún, México en el año 2010, al margen del agotado panamericanismo norteamericano. 25

b) Nueva Arquitectura Financiera Internacional El Ecuador ha sido uno de los principales promotores de la Nueva Arquitectura Financiera (NAF) a nivel mundial. En el ámbito regional, esta NAF se sustenta en varios pilares: la interpelación a las instituciones de Bretton Woods, la creación del Banco del Sur, la constitución del Sistema Unificado de Compensación Regional (SUCRE), el planteamiento del fondo único de reservas para América del Sur. El Banco del Sur constituye una entidad financiera multilateral cuya importancia radica en el fortalecimiento de las finanzas y la integración en el continente. Tiene como objetivo la participación de cada nación latinoamericana, desde México hasta Chile, lo que les permitiría un mayor grado de independencia respecto de las instituciones financieras internacionales –FMI, Banco Mundial y BID–. c) Propuestas ambientales de carácter global La iniciativa Yasuní- ITT La iniciativa de no extraer el petróleo –cerca de 850 millones de barriles– del campo ITT ubicado en el Parque Nacional Yasuní, a cambio de una corresponsabilidad económica de los países que más contaminan. Allí existen pueblos indígenas y en aislamiento voluntario, y se concentra una de las mayores riquezas ambientales del planeta. Es una región que genera agua y su no explotación ahorraría al planeta la no emisión de 410 millones de toneladas de CO2. Con esta iniciativa se inaugura una nueva forma de relacionamiento del ser humano con la Naturaleza. Se sientan las bases para otro tipo de vinculaciones entre los países e incluso para repensar la llamada (mal llamada) ayuda para el desarrollo. Esta cuestión, a no dudarlo, representa otro de los pilares de la política exterior de este país andino comprometido con la búsqueda de respuestas efectivas a los grandes retos de la humanidad. El impuesto Daly- Correa En el 2007, cuando el Ecuador se reincorporó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), un eco-impuesto a la exportación de petróleo. Tal tributo sería un gravamen ambiental del 3% del precio barril de petróleo, que podría ser administrado por los países de la OPEP. Ese eco-impuesto debería aplicarse también a otros combustibles exportados, en proporción a su impacto ambiental. A éste se le ha llamado el impuesto Daly-Correa.

1.3 Inserción inteligente en el sistema internacional Si el comercio es un arma imprescindible de las relaciones internacionales, cuya desvinculación de la gestión diplomática es imposible, una nueva forma de inserción estratégica en el sistema internacional sólo será viable si, en forma sincronizada, se cambia la matriz productiva, consolidando un nuevo tejido social conformado por pequeños y medianos productores-exportadores.

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Parte de la estrategia de inserción inteligente en la economía global planteada es la diversificación de mercados, para evitar, en el futuro, que más del 80% de nuestros productos (primarios y provenientes de la extracción) sigan dirigiéndose a dos destinos (Estados Unidos y la Unión Europea). El Ecuador debe negociar tratados de comercio para el desarrollo de los pueblos, y no los mal denominados tratados de libre comercio (TLC), que se basan en la competencia y no en la complementariedad. Los TLC son mucho más que tratados de comercio: implican sumisiones geopolíticas y disciplinas sociales que sólo competen a cada país de manera soberana

POR TODO ESTO:

Alianza País convoca a la ciudadanía a sumarse a este proyecto político esperanzador, para que juntos, unidos en nuestra rica diversidad, podamos fundar las bases para un país mejor, más digno y comprometido con los valores éticos del cambio. La lucha de Alianza País también trasciende el espacio nacional y se inserta en la lucha de los pueblos del Sur global por la descolonización y democratización del sistema internacional. La lucha del Ecuador es la lucha de tantos otros países, quienes sucesivamente llamados periferia, tercer mundo o Sur global, han sido las grandes víctimas del sistema capitalista hegemónico donde se quiere condenarlos a jugar un rol subalterno y dependiente. Alianza País, por lo tanto, busca contribuir a democratizar un planeta, que hoy clama por nuevas e innovadores propuestas políticas y económicas por parte de los excluidos de este mundo. La lucha por el buen vivir, por afianzar derechos universales y por lograr la soberanía de los pueblos marcarán la historia del siglo XXI. Alianza País busca estar a la altura de estos grandes retos y de las luchas que buscan, de forma pacífica, un mundo mejor, más justo y más equitativo.

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