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POLÍTICA

el efeCTo dominó, en un día de furia

Con desenlaces dispares, el reclamo salarial de las policías provinciales se extendió a Catamarca, La Rioja, Río Negro, Neuquén, San Juan y Chubut

| Sábado 7 de diciembre de 2013

catamarca La rioJa

san Juan neuquén

río negro

chubut

epicentro. Un choque entre policías y gendarmes en la Casa de Gobierno terminó con heridos. No hubo acuerdo y la gobernadora habló de “trasfondo político”

acuerdo. Tras el acuartelamiento del jueves, se acordó un aumento escalonado que llevará el sueldo básico a 9998 pesos a partir de abril del año que viene

adicionaL navideño. Sin restricción en los servicios, hubo reclamos aislados. Finalmente se acordó un adicional de $ 1500 para los agentes que trabajen en las Fiestas

autoconvocados. Mantienen la protesta unos 150 policías. El resto de la fuerza trabaja normalmente. Fracasó la negociación con el gobierno de Jorge Sapag

tensa caLma. Policías reclamaron mejoras en el Comando Radioeléctrico. Por temor a que se profundizara la protesta no hubo transporte público durante la noche

anuncio. El gobernador Buzzi anunciará hoy un “reordenamiento salarial” para policías en actividad y retirados. La amenaza de relevos provocó tensión hacia dentro de la fuerza

polÍtica Edición de hoy a cargo de Jorge Liotti | www.lanacion.com/politica

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conflictos en el interior | acuartelamientos y ataques a comercios

Tras el caso Córdoba, se extendieron las protestas policiales a seis provincias Los episodios más graves se registraron en Catamarca, en donde la fuerza de seguridad local se enfrentó con la Gendarmería; hubo cuatro heridos de bala

En Catamarca, chocaron policías con gendarmes dentro y fuera de la Casa de Gobierno

diario el ancasti

El Gobierno atribuye los saqueos a una disputa territorial entre policías y narcos La Casa Rosada cambió la parálisis inicial por una acción más decidida por temor al contagio Mariano Obarrio LA NACION

El gobierno de Cristina Kirchner comenzó a sospechar ayer que existe una disputa territorial entre las policías locales, el narcotráfico y los gobiernos nacional y provinciales. Según su hipótesis, las policías y los narcos desafían al Estado con grupos dedicados a los saqueos, que pueden propagarse por la grave situación social y que buscan arrinconar y condicionar a los dirigentes y funcionarios políticos. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, admitió que Santa Fe, Córdoba y otras provincias enfrentan la acción de narcotraficantes y que se dispusieron acciones “preventivas y planificadas” para evitar un “efecto contagio” de los saqueos en esas provincias y en el conurbano bonaerense. “Ahora el Gobierno se asustó y está tomando en serio el problema”,

señaló a la nacion una alta autoridad en seguridad. Por ese motivo, Capitanich informó la decisión de Cristina Kirchner de enviar 2000 efectivos de la Gendarmería Nacional a Córdoba, luego de marchas y contramarchas con el gobernador de esa provincia, José Manuel de la Sota. También la Presidenta ordenó el traslado del secretario de Seguridad, Sergio Berni, para coordinar con el gobierno cordobés la cooperación conjunta. Berni regresó anoche a esta capital y se dirigió directamente a Olivos para darle a Cristina Kirchner un informe pormenorizado de la situación cordobesa. Desde anteayer, Berni coordinó con el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, un “comando antisaqueos” o como lo denominó Capitanich “comando conjunto de operaciones” para prevenir saqueos sorpresivos. Lo componen la policía bonaerense, la Gendarmería y la Prefectura que establecieron un sistema de alerta temprana de los jefes políticos municipales y barriales ante cualquier disturbio. Granados tomó contacto con

la DEA y el FBI para articular una cooperación internacional, según confiaron a la nacion fuentes vinculadas a la seguridad. La agencia antidrogas y la oficina federal de investigaciones son dos de los organismos de los Estados Unidos con mayor inteligencia sobre el narcotráfico y el crimen organizado ramificado en América latina. En el cambio de estrategia oficial tuvieron que ver todos los gobernadores e intendentes que reclamaron en conversaciones reservadas con Capitanich que la Casa Rosada debía afrontar el problema porque los conflictos policiales y los saqueos podían extenderse por todo el territorio nacional si el Gobierno no actuaba rápido. De hecho, ayer surgieron conflictos policiales en Catamarca, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja, aunque en esta última provincia se solucionó la negociación salarial. En la mañana del miércoles Cristina Kirchner le había ordenado a Capitanich demorar el envío de gendarmes, lo cual puso en evidencia la endeblez del cambio de estrategia política de Olivos, de mostrarse abierto al diálogo democrático, pa-

ra huir de la derrota electoral de octubre último. Por ese motivo, luego dio marcha atrás y resolvió el envío de las fuerzas federales a Córdoba. Incluso, Capitanich subrayó ayer que habló varias veces con De la Sota y que hasta se enviaron mensajes de texto a las 2.09 de la madrugada, pese a que anteayer había asegurado que el martes por la noche no recibió llamadas de De la Sota porque a esas horas debía dormir. Para admitir la dimensión del problema, por primera vez Capitanich dijo que “algunos gobernadores manifiestan que efectivamente parte de estas bandas delictivas” se vinculan con el narcotráfico y que en los saqueos del martes y miércoles últimos en Córdoba “puede haber ocurrido exactamente eso”. Además, pidió una fuerte investigación judicial a los 96 detenidos por los robos en Córdoba y sus posibles vínculos con el narcotráfico. Dijo que existen “grupos determinados” con una “estrategia planificada que hay que desbaratar”, agregó que se están tomando “acciones preventivas y planificadas para evitar un efecto contagio y de acción deliberada de estos grupos”.ß

Viene de tapa

“Estoy convencida de que hay un condimento político, porque cuando se está negociando, y hay cinco que dicen que no, nadie escucha. No hay la racionalidad de entender, entonces quiere decir que hay algo más”, dijo anoche Corpacci en una conferencia de prensa convocada de urgencia. Allegados a la gobernadora señalaron al opositor Frente Cívico como uno de los impulsores de los desbandes en la provincia. En la pulseada salarial, el gobierno de Catamarca hizo dos propuestas: elevar los sueldos medios, que oscilan entre 4000 y 5000 pesos, a $ 7900 y a $ 10.000 a partir de mayo. Pero la oferta fue rechazada y derivó en los incidentes en la sede gubernamental. A última hora, hubo un ofrecimiento final: llevar el salario medio a $ 8160 y a $ 12.305 a partir de mayo. Las ofertas superan el 100%. Los policías, además de un alza salarial, exigieron mejoras en las condiciones laborales, entre otras demandas de un petitorio de 17 puntos. Hasta anoche, no habían aceptado la propuesta. Por la huelga policial, el temor bajó las persianas de los comercios céntricos de San Fernando del Valle de Catamarca, la capital. Se ordenó a los gendarmes y prefectos custodiar las cadenas de supermercados para evitar saqueos de mercadería. Hubo robos aislados en locales de la peatonal y por la noche la sensación de una ciudad sitiada comenzaba a hacerse realidad. La policía de otras cinco provincias se mantuvo ayer en pie de protestas. El conflicto está aún latente en Neuquén, Chubut y San Juan. En Río Negro se accedió a una tregua y en La Rioja, tras el acuartelamiento de anteanoche, se acordó un aumento escalonado que llevará el sueldo básico a 9998 pesos a partir de abril de 2014. En San Juan, los policías y sus familiares protestaron en el Comando Radioeléctrico. Se autoconvocaron a través de las redes sociales. Por temor a un acuartelamiento de las fuerzas y a que la medida se extendiera, el transporte público no brindó servicios durante la noche. Sin policías en las calles, hubo anoche saqueos en dos sucursales de los supermercados Changomás y Átomo. El vicegobernador Sergio Uñac iba anoche a dar un mensaje a través de los canales provinciales. En Neuquén, los policías autoconvocados mantenían anoche su protesta en la jefatura de la fuerza al fracasar la negociación con funcionarios del gobierno de Jorge Sapag. Exigen que el salario básico alcance los 12.000 pesos mensuales. Desde el gobierno neuquino intentaron llevar tranquilidad a la población e informaron que la medida de fuerza era parcial. “Son 150 policías de un total de 6300 los que están pro-

testando en la vieja jefatura, más 250 personas entre retirados y familiares”, consignaron medios locales. El ministro de Coordinación de Gabinete neuquino, Gabriel Gastaminza, dijo que “es innecesaria toda esta movida porque estamos trabajando en el tema desde hace un mes”, y consideró “legítimo” el reclamo de recomposición salarial. Aunque planteó que se está violando la normativa policial en alusión a la restricción de realizar medidas de fuerza. Y admitió: “El fenómeno Córdoba influyó, pero se está muy lejos de ser la situación que se ha vivido allí”. En Río Negro, unos 30 efectivos policiales se concentraron frente a la comisaría 4a. con un petitorio de mejores condiciones laborales, salarios y el pago en término de servicios adicionales. No hubo toma de unidades ni restricción en los servicios. Tampoco se vivieron horas de tensión y caos. Sin embargo, la situación motivó al gobierno provincial a emitir un comunicado en el que garantizaba que la policía trabaja con “normalidad en las tareas de prevención y lucha contra el delito”. Y, unas horas después, se anunció un pago adicional de 1500 pesos para los agentes que trabajen durante las fiestas de fin de año. En Chubut, el gobernador Martín Buzzi, que destrabó recientemente un largo conflicto salarial con el gremio docente, activaría una serie de cambios en las comisarías, lo que motivó protestas en la cúpula de la fuerza. Buzzi encabezará hoy el acto por el Día de la Policía de Chubut, que se celebrará en El Maitén. Desde allí, anunciará “el reordenamiento salarial que beneficiará a los 4200 agentes en actividad y a los que se encuentran en situación de retiro”. Por temor a que se extiendan los saqueos en el conurbano bonaerense, un sitio que suele ser una caja de resonancia de los desbordes sociales, los ministros de Seguridad y Desarrollo Social de Buenos Aires, Alejandro Granados y Martín Ferré, respectivamente, se reunieron ayer con representantes de la Asociación de Supermercados Unidos para activar un canal de diálogo y reforzar la seguridad en los comercios.ß Informes de Patricia Carrizo, Soledad Maradona, Ana Tronfi y Enrique Merenda.

del editor: qué significa. La propagación de la demanda salarial entre las policías provinciales alimenta el clima de ebullición social. El Gobierno luce desconcertado.

Piden agremiar a las fuerzas Tras el acuartelamiento de la policía de La Rioja y de la huelga de los efectivos de Córdoba, el diputado nacional Julio Martínez (UCR) reclamó el urgente tratamiento en el Congreso de los proyectos de ley para sindicalizar a las Fuerzas Armadas y al personal de seguridad. Junto a su colega Inés Brizuela y Doria, Martínez presentó este año tres expedientes en los que plantea la necesidad de debatir “el derecho de asociación y sindicalización de las fuerzas militares y de seguridad”. “En los países donde las libertades ciudadanas de los militares y policías han sido respetadas autorizando el derecho de asociación para satisfacer reclamos salariales y/o sociales, las cadenas de mando

se afirmaron y el nivel de adiestramiento y operatividad se incrementó en comparación con otros países”, aseguró Martínez. También desde el Frente Amplio Progresista insistieron sobre la necesidad de agremiar a las fuerzas policiales. El diputado y dirigente de la CTA Víctor De Gennaro puso en debate un proyecto de ley de sindicalización de las fuerzas policiales. La iniciativa contó con el respaldo de representantes de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios. Además, la Corte Suprema tiene pendiente desde 2010 una definición sobre los alcances constitucionales de una eventual sindicalización de las fuerzas de seguridad.ß