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POLÍTICA

| Lunes 6 de mayo de 2013

los negocios del poder

Ofensiva del Gobierno Otra denuncia por para controlar un tribunal la “ruta del dinero

reforma judicial. El oficialismo nombrará en el Senado los conjueces para

kirchnerista”

la Cámara de Comodoro Rivadavia que debe revisar las causas de Santa Cruz

Miriam Quiroga, ex colaboradora de Néstor Kirchner, habló en el programa de Lanata sobre “bolsos con plata” que se pesaban Con una entrevista a Miriam Quiroga, que fue colaboradora del ex presidente Néstor Kirchner, el programa Periodismo para todos, de Jorge Lanata, sumó ayer un nuevo testimonio sobre los bolsos con dinero de la obra pública en el gobierno kirchnerista. Ex directora del área de Comunicación Presidencial, el relato de Quiroga relacionó al empresario Lázaro Báez con toda la obra pública santacruceña y reconoció que, en su manejo de la agenda del ex presidente, tuvo conocimiento de “bolsos con dinero”, tanto en la quinta de Olivos como en la Casa Rosada. Quiroga relató que conocía que Báez recibió “las adjudicaciones de las obras, contratos, prácticamente todo en la provincia” de Santa Cruz, y explicó que había visto no el dinero, sino bolsos con plata. “Yo lo que vi son los bolsos. Vi personas, vi movimientos, después un compañero mío de trabajo me dijo, agarrá. Tomá el peso”, contó la ex funcionaria. Quiroga fue echada del Gobierno tras la muerte de Néstor Kirchner. En su lugar, la presidenta Cristina Kirchner nombró a Mariana Larroque, hermana del diputado y líder de La Cámpora Andrés “El Cuervo” Larroque. Es el área que se ocupa de recibir la correspondencia que llega a la Casa Rosada. La mujer fue, además, colaboradora de Kirchner en sus tiempos como gobernador, locutora en la gestión en Santa Cruz y estuvo a cargo del área de prensa durante esos años en la provincia. Con su llegada al Gobierno en 2003, el ex presidente la sumó a su equipo en la Casa Rosada. Los bolsos Según su testimonio, aportado anoche en una nueva emisión del programa que reveló la existencia de una ruta de supuesto lavado de dinero que involucró a Lázaro Báez, amigo de la familia presidencial, Quiroga denunció que cuando le entregaron un bolso preguntó qué había dentro y le respondieron que era “mucha plata” y que estaba contada. En su relato, Quiroga involucró a Daniel Muñoz, ex secretario de Kirchner, como el hombre encargado de trasladar esos bolsos hasta Río Gallegos y El Calafate, y sostuvo que los llevaba en el avión Tango 01 y sumó sospechas sobre el rol del ministro de Planificación, Julio De Vido. Sobre las presuntas cajas de seguridad que tendría el matrimonio Kirchner en la casa de El Calafate, la ex funcionaria contó que había pensado que era un “mito urbano”, pero que con el tiempo empezó a “ver un montón de cosas” que la hicieron creer que era cierto. “Escuché una conversación telefónica. Estábamos hablando desde Buenos Aires hasta Santa Cruz, y el ex presidente hablaban no sé con quién, puede ser con el constructor [de la casa de El Calafa-

te], pero exigía que se avanzara más rápidamente la construcción de las bóvedas”, contó. Ante la consulta sobre si Cristina Kirchner estaba al tanto de esas maniobras, Quiroga contestó que “sí”, y amplió: “La proximidad de haber estado tan cerca del presidente a mí me permitió escuchar siempre conversaciones. Y te puedo asegurar que sí, estaba en el conocimiento de todo”. Además, ratificó que tras la muerte de Kirchner, la Presidenta había llamado a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, y que ambos tuvieron que “rendir cuentas”. En su denuncia, la mujer vuelve una y otra vez sobre Muñoz, que dejó el Gobierno por las denuncias de enriquecimiento en su cargo de secretario. “Recibía los bolsos, después los llevaba a otra oficina. Esos bolsos llegaban por alguien. Yo vi mientras estuve ahí a Lázaro, Cristóbal López, Eskenazi... ellos simplemente me decían tomá, decime cuánto pesan, pero nunca me dejaron abrir ni sacar nada”, amplió. Además, Quiroga denunció a Armando “Bombón” Mercado, el ex marido de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Sobre Cristina, Quiroga dijo que todos sus actos están “armados” y que le hubiera gustado hablar con ella antes de que el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, la echara con la excusa de que quería gente joven en el área de Documentación Presidencial. La ex funcionaria, que contó que se fue del Gobierno sin cobrar indemnización y sin que le dieran otro cargo, ya había roto el silencio en una nota con la revista Noticias.ß

Más evidencias cada domingo Desde su primer capítulo, Lanata apuntó a Báez La confesión El primer programa del ciclo, el 14 de abril, mostró las denuncias de Federico Elaskar y Leonardo Fariña sobre presunto lavado de dinero de Lázaro Báez La ratificación Tras el estallido del escándalo, el segundo domingo se mostraron pruebas en las que Elaskar ratificaba sus denuncias a pesar de haberse arrepentido La expansión de Báez El tercer programa de PPT mostró todas las empresas constructoras que recibieron obras públicas en Santa Cruz con las que se quedó Lázaro Báez desde el año 2003

Miriam Quiroga, en el programa de Lanata

imagen de tv

Un peritaje complica a Jaime el ex funcionario no podría justificar 12 millones de pesos ^b^b^ La causa en que se in-

vestiga el presunto enriquecimiento ilícito del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime tuvo un nuevo giro, a partir de un informe de peritos presentado la semana pasada en el juzgado de Sebastián Casanello, a cargo de la investigación. Según informó el diario Infobae, que accedió a los documentos del perita-

je, Jaime y su círculo íntimo de negocios y familia obtuvieron 12 millones de pesos sin justificación. ^b^b^ Casanello debe decidir

ahora si llama a indagatoria al ex funcionario, imputado desde 2009, y a los otros imputados en el caso, entre los que están algunos de sus familiares más cercanos.

Gustavo Ybarra LA NACION

En silencio y escondido detrás del fuego graneado que genera el debate político en torno a la controvertida reforma judicial que impulsa la Casa Rosada, el kirchnerismo pretende darle acuerdo esta semana en el Senado a una lista de 21 conjueces para ocupar eventuales vacantes en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (Chubut). El dato no es menor. Ese tribunal es el encargado de revisar todas las sentencias de los juzgados de primera instancia de las provincias de la Patagonia austral (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). En otras palabras, es la cámara que debe entender en las apelaciones de las causas que involucran al apellido Kirchner y a sus socios políticos y empresariales en denuncias por eventuales casos de corrupción. La nómina, que obtuvo dictamen de la Comisión de Acuerdos el martes último, provocó la reacción de la oposición, que ya anticipó su rechazo a la iniciativa. “La inmensa mayoría son funcionarios oficialistas de los gobiernos de esas provincias”, denunció el radical Ernesto Sanz (Mendoza) en diálogo con la nacion. Por su parte, la porteña María Eugenia Estenssoro (CC-FAP) aseguró: “Es otro intento más de colonizar la Justicia y un prenuncio de lo que se viene si se aplica la reforma judicial”. Un simple repaso de la lista deja en claro la preponderancia de candidatos surgidos de Santa Cruz, provincia de la que provienen o en la que cumplieron funciones diez de los 21 nominados. Así, aparecen algunos casos emblemáticos de lo que denuncia

la oposición, como el de Eduardo Javier González, quien viene cumpliendo funciones en diferentes organismos provinciales de Santa Cruz desde 1993 y es, desde mayo de 2009, asesor en el Ministerio de Planificación Federal y, desde julio del mismo año, asesor en el Banco Hipotecario. Más casos: Leticia Jaramillos declara en su currículum que es síndica suplente de servicios públicos del Estado y auxiliar superior en el Enargas; Mauricio Mariani es jefe de la Dirección Jurídica de la AFIP en Río Gallegos, y Facundo González Figueroa es asesor letrado del Ministerio de Gobierno de Santa Cruz. En la lista también hay siete postulantes provenientes de Chubut, todos ligados con el poder político local. Uno de ellos es Juan Horacio Pais. “No tengo nada contra él, pero no tiene experiencia y está ahí porque es el hijo de un diputado kirchnerista”, se quejó el senador Mario Cimadevilla (UCR-Chubut), en alusión a Juan Mario Pais, integrante del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara baja. De los cuatro nominados provenientes de Tierra del Fuego uno es Manuel Raimbault, quien en su currículum declara que se desempeña como asesor de la senadora María Rosa Díaz. Elegida por ARI, esta legisladora se reconvirtió en representante de Nuevo Encuentro, fuerza que lidera Martín Sabbatella, y es una aliada incondicional del kirchnerismo en las votaciones en la Cámara alta. “Esto es otra muestra más de que el Gobierno quiere jueces militantes que le garanticen impunidad, que le den el blindaje jurídico que está buscando”, se quejó Estenssoro.

Una lista muy cuestionada La oposición dice que los nominados son oficialistas

ernesto sanz UCR-MenDoza

“La inmensa mayoría son funcionarios oficialistas de los gobiernos de esas provincias”

maría estenssoro CC/FaP-CaPitaL

“Esto muestra que el Gobierno quiere jueces militantes que le garanticen impunidad”

La intención del kirchnerismo es darle acuerdo a la lista de conjueces el miércoles próximo, luego de que, la semana pasada, consiguió firmar dictamen en soledad. Fue una reunión que no estuvo exenta de tensión, ya que Miguel Pichetto, jefe de la bancada oficialista, no pudo ocultar sus nervios ante la demora del santacruceño Pablo González en llegar a la Comisión de Acuerdos. Es que sin su firma el kirchnerismo no hubiera podido avalar el dictamen y cumplir con las urgencias por avanzar en un tema sensible para la Casa Rosada. Objeción judicial Sanz anticipó que, además de la nómina, el radicalismo también rechaza el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo para designar conjueces. “Nosotros tenemos una acción judicial contra la ley que avaló el sistema de selección porque viola la Constitución nacional”, explicó. Se trata de la ley 26.376, sancionada en 2008 por iniciativa de la administración de Cristina Kirchner. La acción, destinada a reclamar la inconstitucionalidad de la norma, fue presentada por Sanz y su compañero de bancada Gerardo Morales (UCR-Jujuy) y se basa en el fallo Roza de la Corte Suprema de Justicia. Según explicó Sanz a la nacion, en ese fallo el máximo tribunal de justicia objetó la legalidad del sistema de elección de subrogantes impulsado por el Poder Ejecutivo, que deja fuera de cualquier participación en el proceso al Consejo de la Magistratura, órgano creado tras la reforma de 1994 y cuya función es seleccionar a los magistrados nacionales.ß

el escenario

Daños colaterales de arreglar con Manzano Carlos Pagni —LA NACIoN—

Viene de tapa

Así, eludirán la obligación de desprenderse de algunas frecuencias. Es decir: todas las empresas quedan en manos de sus dueños y sólo se modifica la cantidad de acciones en poder de cada uno. Sabbatella postergó durante tres semanas la resolución de este expediente. El martes pasado todavía no figuraba en el orden del día de la reunión de hoy; lo incorporó recién el jueves. La resistencia es comprensible. Si el presidente de la Afsca aceptara a Clarín los parámetros que admitirá a Supercanal, también Héctor Magnetto podría, con una simple reestructuración accionaria, evitar el desmembramiento. Lo más llamativo es que la analogía no es hipotética, sino real. Porque Ernestina Herrera de Noble, José Aranda, Lucio Pagliaro y Magnetto tienen una pequeña participación en Supercanal. Y Sabbatella se hará el distraído. En cambio, será inflexible si un día Herrera de Noble, Aranda, Pagliaro y Magnetto se presentan ante la Afsca como Grupo Clarín. Además de estas insólitas incoherencias, las resoluciones de Sabbatella están afectadas por un problema más delicado. La Cámara Civil y Comercial Federal dispuso que el artículo de la ley de medios que establece un tope de licencias para los radiodifusores es inconstitucional. Si la Corte Suprema confirma ese fallo, que sólo está referido a Clarín, es posible que las demás empresas pretendan el mismo beneficio. ¿No sería más prudente que la Afsca demorara la aplicación de esta normativa hasta que se resuelva el entredicho? Sobre todo si, como anticipa Sabbatella ante sus íntimos, “la Corte nos dará la razón”. Clarín ya recurrió el fallo de la Cámara ante el máximo tribunal, y pidió que también sea declarado inconstitucional el artículo 61 de la ley. El acuerdo del Gobierno con Manzano y Vila tiene innumerables explicaciones. A cambio de aceptar el simulacro de desmonopolización que aprobará hoy la Afsca, los mendocinos se convirtieron en los destinatarios favoritos de la publicidad estatal. En 2011 la incrementaron en un 900%, y en 2012, en un 600%. Además de cobrar más al Estado, ahora pretenden pagarle menos: hace un mes, el juez federal de Mendoza Marcelo

López dictó una cautelar para que la AFIP y la Afsca se abstuvieran de cobrar impuestos, cargas previsionales y cánones a las compañías de Manzano y Vila, que se declararon afectadas, entre otros factores, por la ley de medios. El kirchnerismo, cuya aversión por la “justicia cautelar” se está volviendo proverbial, guardó silencio. Regreso a las fuentes El entendimiento entre la Casa Rosada y Supercanal excede a Sabbatella. Los acuerdos se celebran más arriba. Su gerente es Juan Manuel Abal Medina, discípulo de “Chacho” Álvarez, el hombre que asoció a Manzano con la confesión “robo para la corona”. Gracias a Abal, el Gobierno contó con los medios del ex diputado menemista para defender a Lázaro Báez. Y Leonardo Fariña desmintió sus revelaciones en América TV. Nada que sorprenda: los Kirchner negocian con Manzano desde hace más de veinte años. Fue él quien, como ministro del Interior, asignó a Néstor Kirchner los misteriosos fondos de Santa Cruz en 1991. De modo que, con su habilitación de hoy, Sabbatella no traicionará la identidad oficial, sino que la hará regresar a sus fuentes. Aunque en el peronismo nada es definitivo. Daniel Vila es uno de los impulsores de la carrera de Sergio Massa, quien amenaza con postularse como diputado para sacudir al kirchnerismo de su ensoñación de eternidad. Que la saga por la pluralidad de voces desemboque en un arreglo con Manzano no es la herida más dolorosa que se provocó la Presidenta con el arma que diseñó contra Clarín. Como “democratizar la palabra” obligó a “democratizar la Justicia”, el oficialismo comienza a registrar un clima adverso en Tribunales. Su manifestación más temprana son las decisiones de Guillermo Marijuan. El fiscal imputó por lavado de dinero a Lázaro y Martín Báez; a su contador, Daniel Pérez Gadín, y al “panameño” Fabián Rossi. También se propuso investigar a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, acusada por el senador Mario Cimadevilla (UCR) de asignar la causa Báez a los secretarios Carlos Gonella y Omar Orsi, en lugar de a dos fiscales. Marijuan fue lapidario: acusó a Gonella y Orsi, y por elevación a Gils Carbó,

de demorar la pesquisa y reducir su alcance, como si fueran defensores de Báez. ¿Hasta dónde llegará este fiscal? Fuentes del oficialismo aseguran que el día que se conozca el destino final de los fondos girados por Báez a Panamá y otros paraísos fiscales quedaría afectada una parte importante del Gobierno. Marijuan fue inoportuno. Gils Carbó, que fundó Justicia Legítima para liberar a los tribunales del imperio de los intereses económicos, tendrá que explicar que no quiso proteger a un hombre de negocios que se volvió multimillonario en la intimidad del kirchnerismo. Y deberá hacerlo cuando la oposición acusa al Gobierno de querer refor-

A cambio de aceptar el simulacro de desmonopolización, los mendocinos se convirtieron en los destinatarios favoritos de la publicidad estatal Si la Corte admite la elección popular de los consejeros, y el Gobierno gana esos comicios, en 2014 controlará más de los dos tercios de ese órgano mar el Poder Judicial para obtener impunidad. La oposición converge hacia este argumento. Lo esgrimió Ernesto Sanz, el sábado pasado, en Parque Norte. Y lo reiterará Mauricio Macri. El jefe de gobierno recibirá un informe elaborado por el equipo de su ministro Emilio Monzó donde se demuestra que Cristina Kirchner no necesitaría reducir el quórum del Consejo de la Magistratura a la mitad más uno para hacer con los jueces lo que quiera. Si la Corte admite la elección popular de los consejeros y el Gobierno gana esos comicios, en 2014 controlará más de los dos tercios de ese órgano. La necesidad de un blindaje judicial que desvela al kirchnerismo

alcanza a Daniel Scioli. El gobernador suspendió su engorrosa diferenciación de la Presidenta cuando se puso sobre la mesa del PJ la reforma judicial. Scioli adhirió no sólo porque necesita del aval de la Nación para pagar los sueldos. La adulteración del número de víctimas de las inundaciones de La Plata tiene en jaque a Ricardo Casal, su ministro de Seguridad. La investigación de Hugo Alconada Mon, que publicó el jueves pasado la nacion, desenmascaró las cifras de un Indec tenebroso. El juez Luis Arias, que había sido desplazado del caso por dudar de esos números, recuperó el expediente. Y el juez Guillermo Atencio, que respaldó el cálculo de 52 muertos de Casal, aclaró que ahora se están investigando otros 55. Los comisarios platenses están inquietos. Temen ser llamados a declarar en la Justicia: muchos vecinos dicen que no consignaron que sus familiares murieron por la crecida siguiendo una recomendación policial. El arzobispo Héctor Aguer sacralizó el escándalo cuando pidió oraciones por dos tipos de muertos: los que figuran en la lista y los que no. Casal fue llamado a declarar mañana ante la comisión de diputados que investiga las causas del desastre. Está presidida por Raúl Pérez, kirchnerista aliado de Pablo Bruera, el intendente de La Plata. También la integra Gabriel Bruera, hermano de Pablo. El jefe de la unidad fiscal que debería examinar la responsabilidad de los funcionarios es Jorge Paolini, un ahijado de Casal. Si el ministro no concurriera, los diputados de la oposición –Gonzalo Atanasoff (PJ); Sergio Panella (UCR), y, sobre todo, Walter Martello y Oscar Negrelli (ARI)– exigirán su interpelación. Sin embargo, las acusaciones contra Scioli y su gobierno provienen del interior del oficialismo. El jueves pasado, la señora de Kirchner recordó al gobernador que la inundación había provocado un corte de luz en el Hospital Español de La Plata. Y anticipó: “Si no tenés luz durante 24 horas, creo que puede haber alguna complicación, alguna operación que no se puede hacer. En fin… son cosas que se investigarán oportunamente y determinará la Justicia”. Al lado de este vaticinio, la alusión a Karina Rabolini y las joyas de Bulgari fue casi una caricia.ß