Nuestro compromiso con el futuro: Memoria, verdad y justicia contra la impunidad Cuando hablamos de derechos humanos no estamos hablando sólo del pasado, porque derechos humanos es también presente y, especialmente, futuro. Los derechos humanos son el acuerdo ético que nos permite encontrarnos como iguales, como parte de nuestra sociedad. Por eso es tan importante no olvidar y cada acción de memoria. Por eso combatimos la impunidad, el silencio, los indultos que hoy se proponen en nombre de supuestas razones humanitarias. Por eso hoy, 11 de septiembre de 2017, presentamos a Chile estos compromisos que son parte de nuestro programa de Gobierno. Estos compromisos son con los derechos humanos de todas las personas, sin excepción. No vamos a descansar hasta alcanzar la justicia plena y encontrar a nuestros desaparecidos y desaparecidas, tanto de la dictadura como de esta democracia. Esta es nuestra propuesta para un nuevo rol del Estado en memoria, verdad y justicia contra la impunidad. 1. Proyecto de ley para la desclasificación de los archivos relativos a los crímenes de la dictadura, incluyendo los generados por las comisiones Rettig y Valech, acompañado de la creación de un organismo de sistematización y centralización de información sobre las violaciones a los DD.HH., un programa nacional de búsqueda y levantamiento de archivos en reparticiones del Estado, especialmente FF.AA., y Defensa, y una política de apertura y difusión de la documentación como fondo patrimonial de la verdad y la memoria del país. 2. Proyecto de Ley para declarar la nulidad de derecho público del Decreto Ley Nº 2191 de 1978, que concede la amnistía. 3. Creación de una instancia administrativa, vinculada al Poder Judicial que esté preparada para recibir información, cotejarla y apoyar a quienes decidan colaborar. Del mismo modo, en el ámbito Ejecutivo, crearemos una instancia que se dedique de forma permanente y rigurosa a la calificación y clasificación de víctimas de crímenes contra los DD.HH.
4. Proyecto para explicitar las distinciones en medidas penitenciarias para condenados por crímenes de lesa humanidad, diferenciándolos claramente de la población penitenciaria común, dando una señal de Estado, de que son merecedores de sanciones ejemplificadoras para evitar que vuelvan a ser cometidas. 5. Aprobaremos los proyectos de ley, en actual tramitación parlamentaria, sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y contra los DDHH y el que pone término al secreto de los antecedentes de la Comisión Valech y la desaparición forzada en el código penal. 6. Rechazamos todo tipo de indulto o punto final, prohibiendo la aplicación de la media prescripción en casos de violaciones a los derechos humanos, para así impedir las rebajas de las condenas por el mero transcurso del tiempo, garantizando el cumplimiento total de las penas fijadas por la justicia en cárceles comunes, acompañada de la degradación y el cese de privilegios asociados a la mantención de sus grados militares. 7. Agregaremos a las facultades del Programa de Derechos Humanos dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, la de querellarse en los casos de víctimas de tortura. 8. Política de conservación y recuperación de los sitios de memoria y todos aquellos lugares que fueron recintos de reclusión, tortura y de desaparición de personas. 9. Propondremos una nueva relación con las FF.AA. que fortalezca su subordinación al poder civil e integración en la sociedad, la transparencia de sus gastos, la revisión de sus planes y programas formativos, especialmente en materia de Derechos Humanos; la implementación de los escalafones únicos para las FF.AA. y de orden, y el término de la Justicia Militar reemplazándola por tribunales civiles especializados. 10. Compromiso pleno del Estado para encontrar a todos los detenidos desaparecidos, tanto a los desaparecidos en dictadura como también a los tres casos en democracia. Esto se expresa en un proyecto de ley para la creación de un programa estatal de búsqueda, junto a una campaña oficial de obtención de información sobre la represión y las víctimas de violaciones a los derechos humanos.