UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

NINGÚN ADOLESCENTE AL MARGEN DE UNA JUSTICIA ESPECIALIZADA

ENTRE LA PSICOLOGÍA Y LA LEY

Eduardo Morán García

NINGÚN ADOLESCENTE AL MARGEN DE UNA JUSTICIA ESPECIALIZADA ENTRE

LA

PSICOLOGÍA

Y LA

LEY

Unidad de Estudios de Posgrado Maestría en Política Social de Infancia y Adolescencia Centro de Investigaciones en Niñez y Juventud

2009

NINGÚN ADOLESCENTE AL MARGEN DE UNA JUSTICIA ESPECIALIZADA Entre la Psicología y la Ley Eduardo Morán García

1era. edición:

© Universidad Politécnica Salesiana Av. Turuhuayco 3-69 y Calle Vieja Casilla: 2074 P.B.X.: (+593 7) 2 862213 Fax: (+593 7) 4 088958 e-mail: [email protected] www.ups.edu.ec Cuenca-Ecuador Secretaría Técnica de Investigación UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA Casilla: 2074 P.B.X.: (+593 7) 2 862213 Cuenca-Ecuador

Diseño Diagramación, e Impresión:

Ediciones Universitaria Abya-Yala

ISBN UPS:

978-9978-10-064-6

ISBN Abya-Yala:

978-9978-22-888-3

Impreso en Quito-Ecuador, diciembre 2009

ÍNDICE Prólogo .................................................................................................

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1. IntroduccIón ......................................................................................

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2. Para

...........................................................................

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3. basamentos teórIcos ......................................................................... 3.1 Conceptos de adolescencia ......................................................... 3.2 Transición hacia la adultez ............................................................ 3.3 Efectos de la emigración ..............................................................

21 21 26 33

4. adolescentes

...............................................................

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....................................................

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6. IntervencIones PsIcosocIales ............................................................. 6.1 Callejización al filo de la adolescencia .......................................... 6.2 De la ritualización del juego a la ritualización de la ley .................. 6.3 De la identidad a la intimidad ....................................................... 6.4 Infracción, culpa y reparación .......................................................

53 53 63 72 79

conclusIones .........................................................................................

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7. sugerencIas de PolítIcas socIales ..................................................... 7.1 Políticas preventivas ..................................................................... 7.1.1 Política 1 ............................................................................. 7.1.2 Política 2 ............................................................................. 7.1.3 Política 3 ............................................................................. 7.2 Políticas para la intervención ........................................................ 7.2.1 Política 4.............................................................................. 7.3 Políticas de carácter penal ........................................................... 7.3.1 Política 5..............................................................................

105 113 113 116 122 125 125 134 134

5. en

qué este lIbro

ecuatorIanos

conexIón con los adolescentes

8. condIcIones

y PrIncIPIos Para la aPlIcacIón

de las PolítIcas ProPuestas

............................................................... 141

bIblIografía ............................................................................................ 147

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PRóLOGO El análisis acerca de la configuración sociofamiliar de las infracciones adolescentes y de si las infracciones del adolescente en el ámbito familiarescolar constituyen un factor que predispone a infringir las normas y leyes de la sociedad, es el objeto de preocupación teórica e investigativa que Eduardo Morán García, graduado de la III Promoción de la Maestría en Política Social de Infancia y Adolescencia de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, propone y desarrolla en este texto, producto de su tesis de maestría. Los casos analizados se inscriben, además, en una de las problemáticas que atraviesa a la sociedad actual y de modo particular a la sociedad ecuatoriana: la migración. Las categorías planteadas en esta investigación encarnan en cada una de las biografías y trayectorias infantiles y adolescentes de los sujetos con los que Eduardo Morán asume un desafío investigativo no muy frecuente en el medio y, en general, en el campo de estudios de infancia y adolescencia. Desde los mismos presupuestos y enfoques teóricos, el estudio ubica el conjunto de causas y factores estructurales que rodean y condicionan la socialización familiar y escolar del adolescente haciendo énfasis en varios de los efectos producidos por los procesos migratorios actuales en los que el poder concentrador del capital global genera e impone profundos cambios y disrupciones en las dinámicas sociofamiliares que afectan directamente la estructuración subjetiva de los adolescentes. No obstante, el momento de análisis estructural es apenas la condición inicial del orden de exposición del estudio. Las articulaciones analíticas e interpretativas del fenómeno migratorio con la configuración subjetiva del adolescente constituyen un segundo y crucial momento para la elaboración de ulteriores explicaciones en torno de la hipótesis de trabajo y a los resultados obtenidos. Este movimiento analítico permite, a la vez, conectar con los procedimientos metodológicos aplicados en la investigación y con los sujetos ado-

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lescentes cuyas historias y relatos constituyen el “material empírico” estudiado. En esta fase emerge el conjunto de rasgos y características que van configurando los procesos identificatorios de los(a) adolescentes que participaron en el estudio y que permite, desde la perspectiva teórica e investigativa, evidenciar matrices comunes en su constitución identitaria, así como las especificidades y particularidades de cada caso. Categorías como “confusión de identidad”, “identidad negativa”, “abandono” o “intimidad” son objeto de interesantes desplazamientos teóricos entre distintos enfoques psicosociales y, en términos más generales, entre perspectivas psicológicas y explicaciones sociológicas. De entre los ejes constitutivos de aquellas matrices comunes que se construyen desde los datos e informaciones que ofrecen los relatos de los(a) adolescentes con los que se trabajó la investigación, quizás convenga referirse brevemente a la categoría de referencialidad y, de modo más preciso, al déficit o carencias de referencialidades orientadas hacia el reconocimiento sociofamiliar del niño/adolescente y de este hacia la sociedad (padre, madre, familia, escuela, pares, normas, valores). El análisis teórico que desarrolla el autor permite traducir el mencionado déficit de referencialidad societal constatado en los(a) adolescentes con los que interactuó, en lo que denomina “pérdida del sentido de la vida” y “vacío existencial”, siguiendo a V. Frankl (1982) y a J. Bowlby (1982). “¿Cuál ha de ser el proceder de los adolescentes que han producido conductas infractoras, si no han contado con normas apropiadas que orienten sus maneras de ser, saber, hacer y relacionarse…?” (p. 99). Probablemente, tales constataciones y reflexiones constituyan uno de los núcleos críticos que mayores aportes brinde esta investigación, puesto que, entre otras posibilidades, conduce a la pregunta acerca de aquello que vincula y une a los individuos en sociedad y, ante la cual, probablemente, encontremos escasas y deleznables respuestas ubicadas en ese sumidero llamado sociedad de mercado. Varias de las cuestiones más puntuales y específicas –pero no por ello menos interesantes- por sus implicancias en las configuraciones de las familias actuales, que quedan abiertas en este tramo de la investigación tienen que los vínculos materno infantiles y paterno infantiles en un contexto de una cada vez más notoria ausencia del padre. Y, si bien es cierto que el “número de casos presentados no pueden ser considerados representativos frente a la rea-

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lidad existente en la población adolescencial” ni tampoco se advierte una pretensión generalizante, el tratamiento que Morán desarrolla acerca de la infracción de la norma y de la ley provee valiosas conceptualizaciones que trascienden miradas moralizantes que, inevitablemente, terminan encapsulando la problemática de la infracción en la condición adolescente y, con ello, ocultando lo que podríamos provisionalmente denominar producción social de la infracción adolescente. El tramo conclusivo de la investigación (partes 7 y 8), dedicado a pensar la condiciones de posibilidad que desde las políticas públicas pueda merecer el tratamiento de la problemática investigada, requiere contextualizarse bajo un doble criterio: por una parte, el de un abordaje conceptual de la política pública que orienta intervenciones institucionales dirigidas hacia la integración intergeneracional sin que ello signifique propiciar la abolición de la diferencia y, por otra, considerar que el estudio fue desarrollado en un momento político especialmente particular como fue el de la convocatoria y elaboración de la carta constitucional vigente en el Ecuador desde septiembre de 2008. Frente al generalizado discurso de una “desjudicialización” total de las problemáticas en las que se encuentren incursos niños, niñas y adolescentes, la propuesta que condensa el trabajo de Eduardo Morán (“Ningún adolescente al margen de una justicia especializada”) resulta, por decir lo menos, atractivamente provocadora y, vale añadir, ha constituido uno de los tópicos más debatidos en el proceso formativo de las distintas cohortes de la Maestría en Política Social de Infancia y Adolescencia de la UPS. Las recomendaciones de política formuladas en el estudio ponen en evidencia la preocupación e intención por articular el Estado y la sociedad en aquello que autores como Lindblom y Luhmann, desde distintas perspectivas, denominan producción de politicidad. Tal orientación, en la actual transición democrática que experimenta el Ecuador y gran parte de América Latina, resulta enormemente pertinente. A partir de los presupuestos investigativos, de su desarrollo teórico y de sus resultados se muestra cómo la política pública, para ser tal, requiere la producción de conflicto democrático como condición de su puesta en acto, de sus implementaciones y ejecutorias. Por lo tanto, la propuesta de políticas que el autor realiza, en la medida que conjuga los ámbitos de las relaciones familiares y escolares -en tanto instituciones sociales- con la acción pública,

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tiene la virtud de ubicar a la política pública más allá de los restringidos marcos técnicos e instrumentales que la confinan a los insuficientes modelos anclados en la acción de cuño racional-legal. Referirse a los múltiples aspectos conceptuales, metodológicos y operativos que entran en juego en esta propuesta, supondría un espacio prologar mucho más extenso y en el que muy probablemente ciertas cuestiones importantes podrían quedar por fuera debido a la densidad conceptual producida. Por ello, apelando a una estrategia selectiva, me parece fundamental la referencia a las finalidades de las políticas públicas, consistente en crear las condiciones para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, restituyendo, así, la dimensión política de las políticas públicas. Debe decirse, finalmente, que esta es la primera tesis que el programa de maestría en políticas sociales de infancia y adolescencia publica. En este esfuerzo ha sido determinante la actual política de apoyo de las autoridades de la UPS a la difusión de la producción académica de sus profesores y estudiantes. Y, evidentemente, a la perseverancia del autor. Confiamos en que este trabajo pionero provocará los efectos académicos previstos que den continuidad a esta colección y a este tipo de publicaciones.

René Unda L. Director Maestría Política Social de Infancia y Adolescencia

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1. INTRODUCCIóN A lo largo del trabajo profesional como psicólogo clínico, las infracciones de los y las adolescentes a las normas establecidas en la familia, o a las normas especificadas en los reglamentos escolares aparecen unas veces como intentos frustrados de construir una identidad, otras como una suerte de reto a las mismas normas establecidas y a la autoridad a las que les parece representar, e inclusive como manifestación de la necesidad de saborear la interiorización de la disciplina impuesta o acordada. Tratar sobre la infracción1 por parte de los adolescentes2 supone la existencia de normas en vigencia, la capacidad –de los adolescentes– para “escoger” este comportamiento, y el “reconocimiento” escolar y/o social de que se ha producido una infracción a ellas. Cabe la posibilidad de que estas infracciones puedan convertirse en conductas precursoras de la infracción social, sobre todo, cuando los padres están ausentes por razones de emigración externa, ya que esta ausencia –también por la experiencia profesional– parece disminuir la observancia de normas y de límites, que los parientes a cargo de los adolescentes no tienen la posibilidad de imponer, proponer o negociar. Para esta investigación, la infracción se refiere a una trasgresión, intencional o no, a las normas establecidas –conocidas o no– y cuya evasión o desconocimiento provoca efectos rechazables, desagradable; más específicamente merecen sanciones en el medio familiar, escolar, social, o en todos ellos, de tal manera que incluso puede ser actos vandálicos y/o delictivos. Estos efectos pueden a su vez convertirse en un perjuicio para el infractor o, simultáneamente, para los sistemas familiar, escolar y/o social.

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Se utiliza la misma expresión como lo hace el Código de la Niñez y la Adolescencia. Libro IV. Edic. Programa Ecuador. Quito. Marzo, 2005. Para efectos de esta investigación se adopta la definición que el Código de la Niñez y Adolescencia mantiene; es decir, la adolescencia es una etapa en la que se encuentran varones y mujeres entre 12 y 18 años.

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La infracción en los ámbitos de la familia y la escuela puede traer aparejada la satisfacción de actuar en contra de las normas establecidas, una resistencia y un desafío a la autoridad (Morán, 2006), una forma de probar los límites de su poder frente a la norma sin que ésta se vuelva contra el/la adolescente. La infracción provocada por un/a adolescente puede pretender el reconocimiento de un poder “admirable” que produzca notoriedad ante el grupo, ante el que busca construir una identidad, con alguna frecuencia opuesta a la preferida por los padres y los adultos, fenómeno al que Erik Erikson denomina “difusión de la identidad” (Erickson, 2000: 77); e inclusive la infracción puede convertirse en una ritualización de su pertenencia al grupo social, y la forma en que se manifieste su necesidad de identidad social, complementaria a su identidad individual (ídem: 51). Concomitantemente, es posible que la conducta infractora de un adolescente sea una respuesta a las formas de relación que establecen los sistemas familiar, escolar y/o social. En este caso el adolescente es un portavoz de esta situación, el emergente que hace visible lo que ocurre en ese sistema de relaciones; o a través de su comportamiento –inclusive si es delincuencial (Dupret, 2005) o antisocial(Staff, 2002)– expresa un significado que de otra manera no resultaría claro en su forma de comunicar lo que ocurre en las interrelaciones de esos sistemas. Esto supone naturalmente que el adolescente “asume” el rol que estos grupos le “encargan representar”, por lo que los sistemas familiar o escolar procuran sostener los patrones de comportamiento que mantiene la conducta infractora (Fishman, 1990: 51). Las infracciones escolares –por su parte– suelen traducirse en apreciaciones numéricas, muchas veces sintetizadas bajo la denominación de “conducta”, registradas en las “libretas escolares”, y son motivo de análisis que asume como su responsabilidad la Junta de Profesores o el Consejo Directivo del Colegio, y es el tema de alguna forma de intervención de quienes realizan la función de Inspección, Guía, Dirigencia, los padres de familia y los mismos transgresores, asunto que puede trascender el ámbito escolar. De todas maneras, las infracciones –familiares o escolares– merecen una censura de quienes ejercen como autoridad, y en muchos casos de quienes constituyen la familia o el colegio, además de un probable reto o cuestionamiento por parte de quienes cometen la infracción, a quienes ejercen alguna forma de autoridad. En no pocos casos, en el contexto escolar, una infrac-

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ción inclusive ha merecido dos o más sanciones3, sin importar si constan o no en el Reglamento Interno, o si esta decisión se ha tomado sin que el adolescente haya ejercido su derecho a defenderse4, como lo garantiza la ley y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Ante el cometimiento de una infracción, quienes conforman la familia o el colegio asumen que el/la adolescente conoce de la existencia de las normas en vigencia y, en consecuencia, las infracciones que están estipuladas, las posibles consecuencias y sanciones, el grado de responsabilidad que la infracción supone, aunque no se haya explicitado de forma verbal o escrita y las infracciones de carácter escolar no consten en el Reglamento del Colegio, o no se haya considerado las posibles infracciones que un/a adolescente puede “crear”, con lo cual se implica la responsabilidad respectiva. De conformidad con el Código de la Niñez y la Adolescencia, los adolescentes son inimputables aunque sí son responsables5, pero estas afirmaciones han de ser analizadas a la luz de la Psicología, la Pedagogía, la Sociología y la misma ley. Asimismo, convendrá determinar si los Reglamentos Internos utilizados en los establecimientos educativos están de acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia, y si en ellos se respetan todos los derechos de los adolescentes, pues, inclusive las sanciones ante las infracciones deben tener un carácter de protección y educación, y no de simple castigo6. En esta investigación se explora la posibilidad de que dos formas de infracción: por un lado la infracción a las normas familiares y escolares, y por otra la infracción a las normas sociales se hallen conectadas o tengan un eje común, o que la infracción a las normas familiares y a los reglamentos escolares pueda predisponer7 a la infracción a las leyes sociales, en especial cuando los adolescentes son hijos de padres emigrantes.

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Código de la Niñez y la Adolescencia. Art. 319 (Garantía de proporcionalidad). Doc. Cit. Código de la Niñez y la Adolescencia. (Derecho a la defensa). Art.313. Doc. Cit. Código. Doc. Cit. Arts. 305 y 306. Código. Doc. Cit. Libro IV, Títulos I, III y V. Diccionario de la Lengua Española. Predisponer. (Del latín praedisponere). Tr. “Preparar, disponer anticipadamente algo o el ánimo de alguien para un fin determinado”. Tomo II. Edit. Espasa. 22ª. Edición. Madrid. 2001.

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2. PARA

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qUé ESTE LIbRO

Uno de los procesos más importantes en la vida de un/a adolescente es la socialización, aunque ésta ha estado ocurriendo desde su nacimiento. Esta destreza le permite aprender estrategias y modos de ajuste para alcanzar un grado de integración apropiado, especialmente para desenvolverse en el entorno que se encuentra más allá de su familia. Esta integración se transforma en un elemento fundamental en la construcción de su identidad, fenómeno no solamente psicológico sino también social, que da sentido a su ser–persona, pues, la persona lo es en función de las interrelaciones sociales alcanzadas, lo que implica un proceso cultural más allá del instinto (Fromm, 1987: 31). Éstas ya se iniciaron y alcanzaron cierto grado de desarrollo en las interrelaciones familiares. El espacio escolar se convierte en el medio más próximo en el cual el adolescente puede ensayar su socialización más abierta, en contacto con sus pares, con quienes puede competir, compartir y negociar en términos apropiados a su etapa evolutiva, sus condiciones de desarrollo y maduración, tanto que se habla de una subcultura con sus características propias, o de la posibilidad que poseen de construir una contracultura, al hacer uso de su capacidad crítica para cuestionar las normas, estilos y relaciones sociales tradicionales o en vigencia. No hay duda de que la adolescencia influye en las estructuras sociales, tanto como éstas impactan en los adolescentes, marcando muchas veces sus gustos, preferencias, modos de desarrollar y hasta el lenguaje que utilizan. Estas inter-influencias suelen mostrarse más polarizadas cuando los padres de los adolescentes han emigrado, produciendo impacto directo en sus procesos de socialización. Los factores mencionados, y sobre todo la distancia que se crea en las relaciones entre padres emigrantes e hijos, permite comprender que la adolescencia tiende a marcar una diferencia notable con la cultura adulta y las formas de comportamiento infantil, de tal manera que este comportamiento específico de los adolescentes puede considerarse un intento por lograr una caracteri-

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zación propia, que explicita al mismo tiempo, la necesidad de ser comprendida, en consideración a la diferencia que se ha gestado. En no pocas ocasiones los adolescentes con sus expresiones, formas de ser y costumbres pueden llegar a ser excluidos de la sociedad en general, vistos como sujetos fuera de su contexto, con significaciones no comprensibles, por lo menos no de manera inmediata. Su particularidad puede generar rechazo de segmentos de la sociedad, puede llegar a ser considerada como una etapa de comportamientos inapropiados, rechazables, e inclusive con signos de desadaptación o de anormalidad. Con mayor razón estas actitudes de los adultos pueden polarizarse cuando el adolescente muestra comportamientos contrarios a las normas establecidas o a los patrones esperados. Si por sí solas algunas características de estos comportamientos de los adolescentes pueden ser tomadas como contra-sociales, más notorias serán si esta misma diferenciación auspicia su particularidad y la búsqueda de una identidad diversa a los demás grupos sociales. En la búsqueda de estas características muy particulares, algunos adolescentes pueden caer en comportamientos francamente contrarios a las normas sociales vigentes, y realizar actos que se revelen como infracción a la ley, desde el mismo ámbito familiar. Ya que la escuela es comúnmente el espacio de socialización y de aprendizaje de comportamientos sociales, dentro de una norma distinta a la de su familia –a pesar de que ésta es en sí misma una institución social– y en esa escuela pueden tener su inicio las infracciones, convertirse en un paso previo a las infracciones sociales, ser una continuidad de las mismas infracciones a las normas familiares, o una respuesta a la falta de estas normas en la organización familiar. Estos aspectos, en particular, son los que se pretende investigar. Los adolescentes ya han pasado por la escuela y se hallan por lo menos a seis años de su inicio. De tal manera que para ellos el colegio no es un asunto nuevo, sino que ya conocen de la existencia de normas de comportamiento, normas disciplinarias e inclusive estilos de relación, algunos de ellos aceptados y otros claramente rechazados. Sin embargo, en la experiencia profesional ha sido posible encontrar estudiantes que cambiaron repentinamente su comportamiento, y de aquella manera de ser y de relacionarse inclusive plausible de los siete años de la Educación Básica, ha llamado la atención y produce extrañeza el modo de mostrar su comportamiento en clase, en el patio del Colegio, en el barrio e inclusive en

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su casa. Los hijos de padres emigrantes se hallarían en una situación de mayor riesgo de producir comportamientos que puedan ser calificados como delictivos, inadaptados o conflictivos. Por esto, las preguntas que los padres se hacen, igual que los profesores, buscan responder sobre lo que está sucediendo, qué factores han provocado este cambio, cómo entenderlos y cómo manejar esta situación, y muy pocas veces se preguntan por el significado de estos comportamientos, o cómo el medio y sus modificaciones impactan en los y las adolescentes. En algunas ocasiones ha ocurrido que este cambio se ha venido dando paulatinamente y ahora se torna tan claramente manifiesto; situaciones que no habían ocurrido antes y que producen un estado de alarma en la familia y en el colegio, provocan inclusive la duda sobre la conveniencia o no de mantenerlo(a) en la institución, o la necesidad de hacer algún arreglo para que el próximo año vaya a otro colegio; o, definitivamente, la sensación de incomodidad urge “que se retire (del colegio) voluntariamente”. En otras ocasiones son los padres de familia quienes se hallan sorprendidos por estos comportamientos, se muestran descontrolados frente a su impotencia para resolverlos o modificarlos, sobre todo si están dispuestos a respetar los derechos que les asiste a los adolescentes y se hallan lejos de una incidencia más directa en el comportamiento, los efectos de sus sentimientos y la apreciación de valores de sus hijos. No son pocos los padres de familia que consideran que estas situaciones que ocurren pueden ser parte de la etapa por la que se hallan atravesando sus hijos, y, a pesar de todo, no saben cómo reaccionar apropiadamente ante ellos, y se lamentan por los resultados que están obteniendo en el colegio y en el hogar. Los parientes y algunas veces los amigos que están a cargo de estos adolescentes tienen menores probabilidades de éxito en sus afanes –si existen– de procurar cambios significativos en estos comportamientos. Las manifestaciones conductuales que exhiben los o las adolescentes podrían no derivar de una sola causa; sino ser multicausados. Los factores que contribuyen al aparecimiento de estos comportamientos, pueden llevar a considerar la fuerza de las interrelaciones que se producen en el sistema familiar o en el sistema escolar, en combinación con una diversidad de situaciones, que podrían incluir presiones del grupo social al que se pertenece el o la adolescente, el consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y con una

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fuerza enorme la remezón que experimenta la familia con la emigración de los padres y su ausencia. Siempre que se ha percibido un comportamiento infractor del adolescente se ha dirigido la mirada al ambiente familiar como el responsable preferido. Aquí en esta investigación se buscan elementos que permitan identificar factores, elementos, condiciones que determinen el desarrollo de una conducta infractora en el sistema escolar, además de la incidencia de los procesos educativos y normativos que se producen al interior de la familia como primer grupo social. Conocer este particular permitiría a las mismas familias y a los establecimientos educativos realizar ciertos ajustes, a fin de contribuir con una acción mancomunada preventiva a evitar el aparecimiento de comportamientos infractores, y a actuar de manera más eficaz cuando ésos se produzcan, bajo el supuesto aceptable de que los (las) adolescentes, a pesar de la existencia de todos esos posibles factores u otros más, son también responsables de estos comportamientos y no siempre van a producir conductas infractoras, en ninguno de los ambientes familiar, escolar o social. Asimismo, el estudio podría contribuir a comprender, sobre todo, la necesidad de establecer acciones preventivas, vinculadas a los lineamientos de las políticas sociales definidas en el Plan Decenal8, y al título VI del Código de la Niñez y la Adolescencia9, que habla de la prevención de las infracciones. De la misma manera, se relaciona con acciones preventivas de conformidad con el Acuerdo Nacional10, al Decreto Ejecutivo No. 17911, a la Convención sobre los Derechos del Niño12, que en general carecen de intencionalidad preventiva. Los Departamentos de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE) podrían enriquecer su quehacer, al contribuir eficazmente a la prevención de acciones y comportamientos infractores dentro del sistema educativo, que más tarde puedan influir en la producción de comportamientos infractores de los adolescentes en el ámbito social 8 Plan decenal. Políticas 24, 28 y 29. Edic. Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Quito. 2005. 9 Código de la Niñez y la Adolescencia. Art. 387. Edic. Consejo Nacional… Quito. 2005. 10 Acuerdo Nacional por la Niñez y la Adolescencia. Compromisos 5 y 6. Edic. Consejo Nacional. Quito. 2005. 11 Decreto Ejecutivo 179. Registro oficial No. 37 del 13 de junio del 2005. Edic. Consejo Nacional. Quito. 2005. 12 Convención sobre los Derechos del Niño. Art. 40. Edic. Consejo Nacional. Quito. 2005.

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El estudio permitiría determinar, en buena parte, la capacidad de responsabilización que los adolescentes pueden alcanzar frente a la observancia de la ley, y ante la infracción contra ella, sugerir las medidas socioeducativas más apropiadas con fines de integración al contexto familiar, escolar y social, y la reparación o compensación de un daño causado, como un deber consecuente al desarrollo cognitivo, social y moral que ha alcanzado en esta etapa evolutiva, en especial cuando estos fenómenos ocurren dentro de un marco de emigración. Así que, puede resumirse que los propósitos de este libro son: 1. Determinar el nivel cualitativo de relación existente entre la infracción adolescencial a las normas vigentes en la familia y en el colegio y la infracción a las normas y leyes sociales vigentes, dentro de un marco de emigración familiar externa. 2. Establecer los grados de responsabilización que los (las) adolescentes pueden alcanzar, relacionados con sus procesos de maduración cognitiva, social y moral. 3. Sugerir la formulación de políticas sociales de prevención para disminuir significativamente las infracciones adolescenciales a la ley vigente en Ecuador, sobre todo, para adolescentes hijos de padres emigrantes.

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3. bASAMENTOS

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TEóRICOS

Las contribuciones teóricas de utilidad para la comprensión de la etapa adolescencial y de los adolescentes, en particular; y, para el análisis de los resultados que se lograron recoger a través de las entrevistas y las observaciones realizadas se hallan alimentadas por los conocimientos y principios de la Psicología Humanista y de los Ciclos Vitales, así como de la aplicación de la Teoría de los Sistemas. El escogitamiento de los aportes de diversos autores ha procurado mantener cierta coherencia, alrededor de un mismo enfoque, como es el humanista, procurando que las conclusiones de sus diversas investigaciones realizadas se constituyan en una referencia para esta investigación, que finalmente se alimentó de consideraciones e intervenciones psicosociales con un enfoque de derechos.

3.1 Conceptos de adolescencia La palabra adolescente viene del latín adolescens, participio presente del verbo adolescere, crecer. En este sentido el adolescente deviene progresivamente en adulto, puede ser maduro en relación a los demás adolescentes de su edad, y su vocación es ser adolescente mientras se halle en esta etapa. La duración de esta etapa está relacionada con la época histórica, con la sociedad a la que pertenece y con los factores culturales que le afectan. Mientras en unas sociedades, como las urbanas, se admite de forma unánime que hay un periodo como éste, en otras –como la rural– casi pasa desapercibido y, si tiene manifestaciones, suelen mostrar una duración muy corta. La adolescencia puede considerarse e interpretarse, sin embargo, por la función que cumple en una sociedad. Estos elementos iniciales permiten comprender que un fenómeno tan intensamente impactante como es la emigración puede afectar significativamente los procesos adolescenciales, además de aquellos factores que pueden

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atribuirse a las condiciones interculturales, globalizadas a su vez por los medios de comunicación, pues ya se considera a la adolescencia una auténtica cultura, por sus costumbres, lenguaje y estilos de vida propios. Se adicionan a ellos ciertos elementos importados directamente por quienes han emigrado, sea con las formas de vestir, nuevos hábitos y nuevas valoraciones incorporadas a la cotidianidad, la forma de satisfacer las necesidades u orientar sus metas vitales. Estas modificaciones internas, fisiológicas, cognitivas, emocionales; y, las modificaciones externas como roles que asigna la sociedad y la familia, en el trabajo, en el ámbito sexual, etcétera, o los que los adolescentes prefieren asumir, creando con alguna frecuencia situaciones conflictivas que pueden desembocar en crisis (Rocheblave-Spenlé, citado en Rubio, 1992: 108-189). Estas crisis se sitúan entre los 12-16 años y se caracterizan como una fase negativa, de oposición, de desequilibrio, seguida de un segundo periodo de afirmación situado entre los 16-17 años, culminando estos procesos hacia los 21 años, inicio de la adultez joven (ídem), ejerciendo una presión en el contexto social, traduciéndola en nuevas expresiones culturales. Las observaciones realizadas en la consulta psicológica13 de estos últimos años permiten anotar que la prepubertad ha sufrido un precoz inicio entre los 9 años de edad como la etapa denominada prepubertad y, al mismo tiempo, ha experimentado una moratoria en su finalización alrededor de los 25-28 años, fenómenos que plantean novísimos problemas para el entendimiento, la aceptación y la exigencia psicosocial, así como la incidencia en las interrelaciones intrafamiliares y el planteamiento de roles sociales repensados y replanteados. Las diversas teorías que explican el aparecimiento de la etapa de la adolescencia, en lugar de exigir una adhesión, son puntos de vista complementarios, que ponen énfasis ya sea en la vulnerabilidad de la personalidad debida a las pulsiones libidinales (Craig y otros, 1995); o la inestabilidad ocurrida por comportamientos mal adaptados; la tendencia a la desvinculación de la familia (Rocheblave-Spenlé, citado en Rubio, 1992: 108-189), la paradoja entre la maduración sexual-fisiológica y la ineficiente preparación de los

13 Se refiere a la consulta que realiza el autor en el Centro Psicológico de la Universidad Politécnica Salesiana.

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adolescentes para asumir sus responsabilidades en las áreas sociales, laborales y emocionales; o una crisis que plantea la necesidad de construir una nueva identidad coherente y superar la difusión de esta etapa (Erikson, 2000). Es indudable que el adolescente, siendo parte activa de la sociedad, a través de los procesos de socialización va adquiriendo roles, valores y creencias vigentes en la sociedad, a través de la familia, la escuela, los medios de comunicación; identidad nueva y roles por los cuales los adolescentes están interesados y preocupados. Aunque hay patrones diferenciados en el desarrollo humano compartidos por las civilizaciones en todas las épocas, el proceso de desarrollo está influenciado por las fuerzas socioeconómicas del momento. Ello se advierte sobre todo en la adolescencia cuando el individuo trata de acostumbrarse a vivir con las presiones sociales y alcanzar un equilibrio entre los valores internos y externos. Los sucesos políticos, económicos pueden retardar los procesos de independización de los adolescentes, si las necesidades de la familia así lo exigen, como sucedió en la gran depresión de 1930 en Estados Unidos de Norteamérica, o en Irlanda en el siglo XIX (Craig y Woolfolk, 1995: 407). Actualmente, en América Latina se habla de adolescencia vinculada al fenómeno de la emigración interna y sobre todo externa. Los adolescentes son muy sensibles a la sociedad en la que viven, a sus valores, tensiones políticas y económicas y a sus reglas no escritas. Se han de tomar en cuenta las etapas del desarrollo comunes a todos los adolescentes, y los cambios atribuibles al hecho de crecer en un lugar y época (Morán, 2006). Al decir de Coleman (Rubio Ramona,1992), los adolescentes necesitan que los adultos ejerzan una autoridad apropiada, al par que se les ayude a enfrentar las tensiones provocadas por las presiones sociales, porque así tienen un referente fijo para estructurar su identidad sea por identificación, contraposición o creativa diferenciación. Pero en el momento que vivimos ni los adultos ni la tradición tienen una salida, y esta ambivalencia puede originar cualquier respuesta, asumir identidades y roles temporales. Por ejemplo, “el radicalismo de fines de la década de los sesenta, que guió las decisiones tomadas por miles de jóvenes, ha sido reemplazado por una actitud más personal y conservadora en la solución de dichos problemas. El hecho de tener que descubrir sus propios valores en una sociedad con modelos opuestos, viene a imponer una carga más sobre los hombros de los jóvenes”(op. cit., 408).

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Sin querer restar importancia a los cambios fisiológicos, físicos y las consecuencias psicológicas derivadas de estos cambios, como la construcción de su imagen, o la consecuente maduración precoz o esperada, se hace indispensable destacar las consecuencias psicosociales. Desde el punto de vista sociológico, los adolescentes pueden ser considerados un grupo marginal, tanto entre las culturas como respecto a la cultura dominante, que casi siempre tiende a mostrar mayor conformismo. Por eso, el adolescente puede ser extremadamente intolerante ante la desviación tanto en la constitución corporal, por ejemplo obesidad, como en la sincronización, como en el caso de la maduración tardía. Muchos autores hablan de la importancia tan grande que los adolescentes atribuyen a la autoimagen de sí mismos y de cómo son percibidos en su grupo, pero una de las preocupaciones actuales más notables es su función dentro de la sociedad, la falta de trabajo y un aspecto altamente preocupante como es la falta de sentido frente a la vida. Muchos de ellos obtienen de manera fácil y hasta mágica el dinero que envían sus padres emigrantes y se llenan de cosas con las que pretenden superar el vacío existencial y lucir una nueva imagen más aceptada o valorada por el tener, a espaldas casi completamente del ser (Fromm, 1992). Los problemas de la corporeidad de los (las) adolescentes quedan mezclados entre su apariencia, la búsqueda del adelgazamiento, los deseos de lo placentero y fácil, los sufrimientos de la ausencia, los ideales explotados por los massmedia de la esbeltez, y de la algarabía en medio de cigarrillos y cervezas, drogas, ruido, velocidad y soledad, bombardeo de estímulos que pueden activar los sistemas endocrinos y vasomotores, haciendo que se adelante 4 meses cada 10 años la menarquía y se retrase la menopausia (Tanner, 1971: 907930; Bennhold, Thomsen, 1965; Lenz y Kellen, 1965), y que incluso tengan efecto sobre los sistemas alimentarios adolescenciales. La identidad que alcanzan los y las adolescentes se vincula directamente con la maduración sexual que, además de factores biológicos, incluye la superación de nuevas formas de vivenciar los sentimientos, la aceptación y rechazo de los roles sexuales, y de la manera en que logran o no integrar sus impulsos a la personalidad, al escoger desde una preferencia de vida sexual, hasta adquirir destrezas y conocimientos sexuales, dentro de un proceso denominado socialización sexual, que procura traducirse en una conducta sexual correcta y eficaz (Craig, 1995: 415).

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Desde este punto de vista las costumbres sexuales se han modificado notoriamente, siendo uno de los aspectos más relevantes la mayor precocidad con que se ensayan, en especial tomando en cuenta que los adolescentes hacen uso de su tiempo, con menor vigilancia y con más escasos procesos educativos o formativos por parte de sus padres, o incluso sin ninguna formación de quienes les “cuidan”, y el incremento del número de adolescentes embarazadas, a pesar de la información con la que cuentan. Chilman (1979) demuestra en su investigación que una buena comunicación entre progenitor e hijo no necesariamente impedirá que los jóvenes ensayen las relaciones sexuales, que los estudios sobre las costumbres adoptadas por los adolescentes no hayan incluido los factores biológicos y las diferencias individuales, culturales y socioeconómicas, que son los factores que más afectan. Estos aspectos aportados por Chilman muestran la incidencia que pueden tener los factores derivados directa o indirectamente de los movimientos emigratorios en la construcción de la personalidad de los (las) adolescentes, en la adopción de roles sexuales y en sus manifestaciones conductuales vinculadas a ellos, además de un porcentaje considerable de situaciones de abuso que han sufrido varones y mujeres en su edad temprana de la infancia o de la niñez, que van a afectar la autoestima y los sentimientos de seguridad en cada uno de ellos. Otro de los aspectos relevantes en la realidad actual de la vivencia de la sexualidad de los adolescentes es el incremento cada vez mayor de embarazos, que frente a una desinformación o a una información deficiente aumenta los riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual y/o VIH/SIDA, y que muchas veces es motivo de exclusión familiar y social. Junto a este complejo y delicado asunto se encuentra el abuso sexual y la explotación a la que se ven sometidos niños, niñas y adolescentes, como consecuencia perversa del sistema económico globalizado que hace de las personas mercancías, sin importar su condición o sus daños permanentes. Los diversos cambios experimentados por los (las) adolescentes en los ámbitos cognitivo, afectivo-emocional, social, en la capacidad mayor para asumir la perspectiva del otro, en la estructuración de la identidad –aspecto nuclear en la adolescencia–, en el desarrollo moral y religioso, impulsan su devenir en adulto.

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3.2 Transición hacia la adultez El periodo de la adolescencia supone el paso de los roles infantiles a los roles de adulto. Asumir estos nuevos roles supone la maduración de una serie de rasgos conductuales y el paso por unos periodos de crisis, que provocan en él un sentimiento de vacío, de inquietud, de cierto malestar, lo que coincide con una etapa de rechazo al mundo adulto. Esto frecuentemente provoca soledad, agravada por el hecho de que su propio cuerpo lo siente extraño, o su imagen física ha cambiado y, evidentemente, porque han surgido nuevos procesos cognitivos, tales como el razonamiento abstracto, el pensamiento crítico, que le llevan a nuevas formas de interpretar la realidad. En la adolescencia los intereses y actividades del ser humano sufren una profunda modificación que, de alguna manera, implican una orientación hacia el mundo de los adultos y la paulatina desvinculación de las motivaciones del mundo infantil. En estos intereses juega un papel importante la familia, contexto que determina en gran parte la posterior formación escolar, la futura orientación profesional, las aficiones culturales. Otra fuente importante de diferenciación es el sexo, marcado en gran parte por estereotipos sociales que, en esta etapa, comienzan a sentirse fuertemente, como la elección de lecturas y diversiones, incluso la misma elección profesional. Los factores biológicos es otro elemento influyente. Tanner observa el impacto de determinados estímulos ambientales, como cuando se observa la notable diferencia entre las niñas púberes respecto a la madurez emocional, en comparación con los niños púberes. Por esta misma razón los intereses van a variar fuertemente, tanto como las actividades y las motivaciones. Las preferencias por el deporte, por la música, en muchos casos por la televisión, que se ven elegidos conforme se vaya constituyendo una escala de valores que dirigen esas preferencias. Junto a las modificaciones del propio yo, en el adolescente va cambiando también su concepción del mundo exterior, desde la idea que tenía de su familia, del colegio, los compañeros, hasta una nueva forma de percibir, pensar y sentir, que adquiere mayor objetividad y realismo. Se puede decir que su imagen del mundo es cada vez más unitaria, todos sus conocimientos y valores, recibidos en su contexto sociocultural, los va asimilando, los ordena y centraliza en una imagen globalizada, derivada de su concepción política, ideológica, religiosa, evolución que seguirá aún en la edad adulta.

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Una de las principales metas del adolescente es lograr su independencia, influenciada por su maduración física, intelectual y emocional. Ese deseo de independizarse se concreta en la búsqueda de una libertad en la familia para tomar decisiones propias, libertad emocional y personal para decidir su propio futuro, para establecer vínculos afectivos, para sumir responsabilidades políticas, económicas y profesionales. El paso de una dependencia infantil hacia la independencia transita por un proceso de adaptación, que afecta tanto a los padres como a los hijos. Ambos tienen que adaptarse a los nuevos roles, a una nueva actitud, a una nueva forma de relación. Por ejemplo, numerosos jóvenes en esa búsqueda de autonomía adoptan actitudes hostiles hacia los padres, y a su vez, los padres se vuelven como más restrictivos intentando reprimir, amortiguar el ritmo de cambio de los hijos. Muchos autores han planteado esta situación en términos de vacío generacional que implica la noción de una guerra entre las generaciones, o bien, la idea de una subcultura adolescente aparte. Sobre esta problemática incide también de forma importante, el declive experimentado por la autoridad de los adultos en las últimas décadas. Las causas de este declive pueden hallarse en los cambios sociales, políticos, la automatización del trabajo, las escasas perspectivas de empleo, etcétera. En el fondo de esta cuestión hay que tener en cuenta que los y las adolescentes actuales continúan teniendo necesidad de una dirección, pero a la vez necesitan la oportunidad de demostrar a los padres que pueden ser responsables, que pueden pasar a ser un miembro activo en la toma de decisiones familiares. Aquí la labor básica de los progenitores reside en servir de modelo, ejemplos para interpretar los roles sexuales, laborales, modelo que va a ser decisivo durante la adolescencia. Se trata de un doble cambio, por un lado, el de los padres que deben modificar su actitud, asumiendo otros roles diferentes a cuando los hijos eran niños, pero sigue siendo su actitud, su modelo facilitado, tan importante para el o la adolescente como lo fue durante la niñez. Por otra parte, se cumple otro proceso de adaptación en el o la adolescente, convirtiéndose en un participante activo en la toma de decisiones familiares. Una influencia importante, sin duda es el proceso de paulatina desvinculación de los padres, deja un vacío emocional que ha de ser llenado, generalmente por los compañeros y amigos, en quienes busca apoyo para su periodo de transición.

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Los estudios realizados sobre esta situación destacan que las amistades se van haciendo más organizadas y más diferenciadas, según avanza en edad. Estas amistades o grupos de compañeros son decisivas en la motivación del comportamiento, en la actitud hacia los valores, en los propios roles desempeñados, señalando que en los años intermedios de la adolescencia se dan las mayores tensiones. Las amistades desempeñan un papel especialmente importante y, como consecuencia de ello, el individuo resulta más vulnerable a los celos, la inseguridad y los temores sobre la deslealtad. Estos procesos se hallan vinculados a una variable significativa que es el sexo. Así, en ambos la amistad es importante, pero las muchachas expresan más ansiedad respecto a esta relación, concediendo más valor a la intimidad, mientras que los varones conceden más valor a las relaciones orientadas hacia la acción. Una temática íntima relacionada con este aspecto es la cuestión de la popularidad, entendida como disfrute de simpatías generales. A estas simpatías, contribuyen factores como la presencia física, la destreza deportiva, el éxito escolar, determinados rasgos de personalidad, mirados todos en conjunto y no por separado. En esta etapa de transición, de desvinculación familiar, comienzan a surgir las organizaciones formales que, de alguna manera, asumen una especie de función social vicaria. Asociaciones juveniles con intereses comunes, por ejemplo de exploración como los scouts; asociaciones religiosas juveniles, asociaciones son fines recreativos o culturales, que se denominan subculturas, que intentan desde la estructura más amplia de la sociedad iniciar ese proceso de integración, adaptado a un periodo intermedio de los jóvenes que cultivan formas de comportamiento similares a las bandas o pandillas, pero a un nivel más formal, más organizado y con fines constructivos. Hay un aspecto importante en el y la adolescente y es su deseo de autorrealización; esa tendencia que le lleva a la autoafirmación de su persona, mediante una actitud de oposición primero a la familia, luego al contexto educativo y, a veces, a toda la sociedad. Lo que ha ocurrido es que el y la adolescente ha descubierto su propio yo, sus capacidades, sus posibilidades, y esto le induce a la búsqueda de su autorrealización, la misma que pasa por un deseo de independencia, de poder

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realizar sus propios deseos, de encauzar su vida al servicio de sus propios valores. Situación que se traduce en una serie de conductas cotidianas, como adopción de posturas críticas ante el mundo de los padres, de las costumbres, de sus modos de pensar y actuar, la adopción también de posturas no conformistas ante la realidad, ante la sociedad que les rodea. Se puede afirmar, por tanto, que la rebeldía juvenil es un rasgo perfectamente normal en estas edades, y un proceso necesario de maduración. Otra cosa distinta es que este rasgo se convierta en una obsesión cuando por parte del contexto ambiental también se asumen posturas polarizadas. En el otro extremo se puede situar a los jóvenes que no adoptan posturas de rebeldía, porque no se oponen al sistema de valores familiares, sociales, sino que se mantienen al margen, intentando no comprometerse con nadie ni nada. Esta forma de reaccionar se le conoce con el término de “pasota” en nuestra sociedad. Es aquella persona que pasa ante todo, que no actúa, que ni acepta ni presenta alternativas al mundo de los adultos. Todo este tema lleva a un planteamiento sumamente interesante, que por razones de espacio simplemente se deja esbozado: el enfrentamiento del adolescente con las estructuras sociales y las reacciones frente a la misma. Enfrentamiento que desencadena distintas actitudes: aceptación total y pasiva ante las estructuras sociales, el mundo de los valores, una actitud totalmente pasiva desvinculada de toda sociedad y todo ideal. Entre otros, los más importantes, los intereses personales, entre los que se destaca la misma etapa de la amistad y el amor como prioritarios; los intereses profesionales, que muchas veces adquieren el tinte de estatus económico, posición social, especialmente por incidencia del nivel de consumo social, el prestigio, el rendimiento económico. La necesidad más importante pasa a ser la de participar en el mundo adulto, para ser considerado con personalidad propia que incide en su autoestima y en el proceso de maduración. Por ello su apertura a actividades laborales, la participación en grupos de coetáneos y de adultos, y, participación en la vida política de la sociedad. El problema de elegir la vocación es un problema básico en esta etapa, especialmente en la última fase de la adolescencia. La sociedad actual presta poca importancia al hecho de proporcionar experiencias a los jóvenes, que

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les facilite la transición a un trabajo. Mientras en las sociedades aborígenes el proceso de aprendizaje era mucho más rápido, en la actualidad se ha hecho sumamente complejo, en especial en el área urbana, y depende de múltiples variables. Por ejemplo, la clase social del adolescente ya condiciona bastante su elección vocacional, en particular si el joven quiere ser conductor de camión o mecánico. Éstas son profesiones u ocupaciones que se darán más bien en las clases media y baja. Hay una serie de valores sociales asignados a cada ocupación en donde influyen bastante las diferencias provenientes de la clase social. Sobre estas influencias sociales hay que citar la intervención de los cortes generacionales, que son el reflejo de todo el sistema ideológico, de los valores y de las urgencias de un momento histórico determinado, como las vocaciones que pueden suscitarse en un periodo de crisis, en un estado de guerra, en la incidencia de un avance tecnológico específico. Por eso, la elección vocacional está muy influenciada por los valores que imperan en una sociedad en un momento determinado. Otra de las variables fuertes suele ser la influencia de los padres, en especial su nivel de aspiración y su concepción de las metas a las que ha de llegar cada hijo, tanto que en determinadas situaciones se convierte en verdadera presión. Uno de los aspectos a tomarse en cuenta, especialmente, en la actualidad es el ejercicio de la autoridad por parte de los padres. Conviene diferenciar entre padres autoritarios y padres con autoridad. No es lo mismo un profesor y, mejor, un maestro con autoridad, que uno con un pretendido autoritarismo. Los adolescentes necesitan de quien ejerza una autoridad concreta, razonable, justa... Necesitan de una autoridad en el hogar, en las instituciones escolares o en los grupos. Una autoridad que favorezca un ambiente permisivo, participativo, que no tenga miedo de realizar el cogobierno con los jóvenes, aun corriendo el riesgo de la equivocación. Sabemos que el paso de la infancia a la adolescencia conlleva procesos de adaptación, muchas veces muy variados, en especial de la identidad y la unicidad, el paso casi obligado de periodos de crisis y tensiones, como de momentos de paz y silencio. Aquí juega un papel importante la actitud de los maestros y educadores, brindando en todo momento difícil una ayuda, a través, principalmente, de la amistad de la tinosa asistencia a estos procesos, del

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ejercicio de una autoridad que promueva la autodirección. El adolescente, en esos momentos más que nunca, necesita adquirir identidad, necesita verse a sí mismo como individuo distinto, único, aunque comparta los valores e intereses de otras personas o de un grupo. En este proceso de adaptación son frecuentes los sentimientos de depresión, pues, es indispensable que se comprenda que salir de la infancia, con todas sus condiciones y privilegios, por lo menos en algunas clases sociales, es vivido como una pérdida. Y la vivencia de ser único, implica también tener que asumir responsabilidades para las cuales pocos se sienten preparados y fortalecidos. Podría ocurrir que en esta búsqueda de la identidad y de la unicidad aparezcan, entonces, sentimientos de tristeza, vacío, ansiedad, en los que la ayuda es más que valiosa, para que no acudan, confundidos, a los intentos de suicidio, al uso de las drogas, o a la identidad que ofrecen los grupos delictivos o paramilitares, u otras formas de violencia. Dentro de estos procesos de adaptación no conviene dejar a un lado el aspecto relacionado con la identidad sexual, que ayude al joven y a la joven a asumir su propia naturaleza biológica y su identidad psicológica de ser varón o de ser mujer, asimilando los comportamientos de cada sexo, en cada cultura. Jamás se ha de olvidar que la identidad sexual es un componente importante de la identidad personal, así como lo son los factores culturales en razón de que la adolescencia es un periodo de transición psicosocial en la cual el individuo se permite explorar y ensayar varios papeles, antes de establecerse en su nicho social (Erikson, 2000). Otros asumen una postura más negativa, pues, ponen de relieve la restricción de los derechos civiles y los roles que se vedan terminantemente al adolescente (Farber). Uno de los factores que están presentes, en especial en las culturas occidentales, es la separación entre niños más pequeños y adolescentes, con lo cual se estaría privando de la posibilidad de que los adolescentes puedan guiar a los más pequeños. Claro que el asilamiento no es total. Algunas veces los y, especialmente, las adolescentes hacen de niñeras de los hermanitos e inclusive participan cuidando a otros niños en programas similares a los campamentos vacacionales, colonias vacacionales y centros de recreación para menores. Asimismo, los adolescentes se hallan separados de los adultos, agrupados con los de misma edad. Rara vez se les permite ser aprendices, a menos

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que sea en un trabajo poco valorado social y económicamente. Varias horas al día se les mantiene alejados de las principales actividades, costumbres y responsabilidades del resto de la sociedad, quizá porque los adultos no atinan en qué grupo ubicar a los y las adolescentes: unas veces les tratan como a niños –sin que lo sean– y otras, como adultos –sin que aún no lo sean– Este periodo de la adolescencia es un tiempo transitorio y también de preparación hacia otra etapa, política y socialmente constructiva. Pocas personas actúan en congruencia con este pensamiento, critican su falta de madurez como si ésta fuera permanente. Muchas personas la toleran como una condición eterna e invariable. Otro de los factores presente en las sociedades occidentales y especialmente en las culturas urbanas, es la dependencia prolongada a la que se somete a los y las adolescentes. Especialmente, cuando se trata de un mundo industrializado, que valora altamente la especialización, la competencia y la complejidad en la ejecución de los trabajos, deja poco espacio para estos jóvenes. En la generalidad de los casos, las plazas de trabajo disponibles, cuando las hay, no ofrecen una satisfacción intrínseca (Goodman). Esta situación alarga la dependencia económica, retrasa la oportunidad de que el adolescente ponga en juego sus capacidades e intensifica su frustración e inquietud. Esta dependencia impuesta puede dirigir su ira hacia su fuente, los padres y los adultos en general, incluso en no pocas ocasiones hacia la sociedad misma. Si bien es cierto que los medios de comunicación –más bien de información– transmiten sobre acontecimientos sociales y culturales, no pueden comprometerse a corregir situaciones de conflicto, precisamente porque no son medios formativos. La información presentada no recibe un análisis humanizador, ni decodificador de sus significados y consecuencias, ni con direccionalidad para cambiar el statu quo. Por ello, el espectador se acostumbra a ser un ente pasivo que presencia los acontecimientos, aumentándose cada día y a cada momento la sensación de inutilidad para generar un cambio, de desinterés por la participación en los hechos, y de responsabilidad que a cada uno pueda caber en esas situaciones. En otras palabras, los medios de información, por la forma en que se los usa comúnmente, van coadyuvando para la estructuración de actitudes de expectación, de irresponsabilidad, de alejamiento o de alienación de la sociedad y la cultura, y un fuerte represor de la creatividad, ahondando la misma dependencia a la que se ha hecho referencia sobre esta extraña pasividad, que parece propia de esta generación.

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Casi todos los países de Latinoamérica son pluriculturales. Este país lo es. Estas diferencias culturales requieren ser asumidas y especialmente mantenidas, en especial en sus valores. No serán asumidas si son desconocidas, o si la actitud de quienes hacen el rol de educadores, se traduce en oposición silenciosa o desvalorizante. Las diferencias étnicas y culturales son para los adolescentes referentes importantes, y aunque no es posible negar el color y la herencia, sólo el 15% de los adolescentes admite pertenecer a un determinado tipo de cultura. Esta es una fuente tan grande de deficiente identidad, que trae como consecuencia no solamente la desubicación dentro de su grupo social, cultural y étnico, sino también el ahondamiento de los sentimientos depresivos y sus consecuencias agresivas o autodestructivas. Muchas de las minorías étnicas se han visto obligadas a renunciar injusta e inconscientemente a su riqueza cultural, a hacerse a la cultura de la mayoría, en un afán pretendido –y mal entendido– de adaptación. Igual sucede con quienes han migrado o se han visto obligados a migrar, con la consiguiente desubicación permanente, impedida por la falta de congruencia entre su identidad personal, su identidad social y la satisfacción de la realización plena como persona y miembro de una nación. La adolescencia es la época apropiada para formar y profundizar este aprecio, valoración y vivencia en las fuentes mismas de su propia cultura, de su etnia y de su grupo comunitario-familiar. La ausencia de estos objetivos, la minusvaloración de estos procesos y la despreocupación por esta “educación” son las principales fuentes de la inautenticidad y de la pobreza de espíritu en la personalidad, no sólo del adolescente y del adulto, sino de la misma sociedad.

3.3 Efectos de la emigración La adolescencia transcurre rodeada de diversidad de fenómenos vinculados con los movimientos migratorios más espectaculares de los últimos años. Y lo preocupante es que sobre todo la emigración externa no se produce como consecuencia de una elección voluntaria, sino como efecto de la presión originada en la injusticia social, con enormes signos de inseguridad y de falta de oportunidades de Ecuador.

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Esta situación no parece ser suficientemente importante para los estudiosos e investigadores, a todo nivel. Apenas iniciado este siglo se produjo un simposio sobre migración organizado por la Iglesia Católica, bajo el nombre de “Migraciones y desarrollo”14. A pesar de esta iniciativa laudable, el centro de atención sobre estos fenómenos de movimiento poblacional estuvo dirigido a buscar estrategias que permitan orientar las remesas que envían los emigrantes hacia proyectos productivos. Otra de las conclusiones de este imperio llevó a presionar al Estado a que sancione drásticamente y persiga con todos sus medios a quienes trafican con las personas, pues las evidencias mostraban que los Estados no estaban haciendo nada sobre este particular, tanto que aparecían como cómplices y facilitadores de este crimen. Finalmente, como acto de culpa, sin una clara decisión de enmienda, los Estados representados, España y algunos países latinoamericanos, se sentían corresponsables de esta realidad lacerante y por tanto, todos debían asumir sus consecuencias. Esta intención de mirar a la migración con ojos más humanos se estrella, como muchas cosas, contra la insensibilidad social de los gobiernos, y aunque la Iglesia se esfuerce por realizar muchas acciones bien planificadas, no recibe suficiente ayuda del Estado, sobre todo si no ha elaborado ni está interesado en elaborar políticas para el desarrollo de lo local, en los ámbitos económico, social y cultural. El Estado sigue percibiendo a la emigración como un asunto particular, y no como una situación pública. Por eso combate poco el coyotaje, establece escasos convenios con otros países, cuida muy reducidamente a los emigrantes en los países de inmigración a través de sus agentes políticos; y, están muy lejos de establecer programas para guianza y conducción de los niños y adolescentes que quedan a cargo de otras personas. Hay que decir también que la sociedad no logra entender esta realidad como un problema social, en el que tiene responsabilidades que cumplir, a menos de que se trate de aprovecharse de los recursos que envían los emigrantes, enriqueciéndose a través del mercado, adquiriendo artículos que en nada contribuyen a la conscienciación de la amenaza que se viene forman14 Acosta, Alberto. http://www.lainsignia.org

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do con generaciones que ahora se alían –sin saber– con el mercado, pero que más tarde se constituirán en tiranos llenos de egoísmo y soledad. Las políticas económicas adoptadas por los gobiernos que se han turnado en la pretensión de conducir al Ecuador, han logrado como resultados finales un descenso impresionante del producto interno bruto en casi 32%, con lo cual el empobrecimiento ha crecido de un 34% a un increíble 71%, y la pobreza extrema pasó del 12 al 31%, razones más que suficientes para darnos cuenta de los fundamentos del malestar social. Junto a estos fenómenos, donde hay empobrecimiento, hay enriquecimiento, pues, mientras hacia 1990 “el 20% más pobre recibía el 4,6% de los ingresos, en el 2000 captaba ya menos del 3,5%”15; y, el 20% de los más pudientes “incrementaba su participación del 52 al 61%”16. De esta manera, se hace evidente de que no se debe hablar de pobreza, sino de empobrecimiento, porque es fruto de una inequidad, y gracias al sufrimiento de millones. Otra consecuencia de esta situación ha sido el incremento del desempleo y subempleo, y con estas consecuencias la reducción por parte de los gobiernos de la inversión en salud, educación y obras de desarrollo, además de una pérdida de confianza en las posibilidades de este país. Estas son las causas más importantes de la emigración, perdiéndose de esta manera alrededor del 10% de la población económicamente activa, la pérdida de la capacidad adquisitiva, sistemas atrasados de producción, incapaces de crear fuentes de empleo y, por tanto, de ingresos. Ha de sumarse a estos males la ineficiencia de los gobiernos nacionales y sectoriales, la corrupción generalizada, y la aplicación irracional de las recetas del fondo monetario internacional y del banco mundial, las preferencias de las políticas económicas a resolver los endeudamientos de los banqueros y los industriales, cargando el peso de pagarlos a todo el país, y con ello la desindustrialización que completa el círculo de empobrecimiento e injusticia, y presiona a los (las) ecuatorianos a la emigración, que buscan paraísos soñados. El Dorado ya no se halla en este país, está fuera de él; lo exportamos desde el tiempo de la Colonia.

15 Acosta, Alberto. http://www.lainsignia.org 16 Ídem.

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Otro factor que ha contribuido al fenómeno de la emigración es la incapacidad del país de pagar la deuda externa. Cada renegociación crea nuevas condiciones de esclavitud y colonialismo económicos. Por eso ya se la considera una deuda eterna, más que externa, ya que si fuera deuda externa no tendría que pagarla el Ecuador. Si no fuera por las remesas de los emigrantes y por los precios del petróleo que se han elevado en estos últimos años, la situación de la dolarización fuera insostenible, y no fueran posibles los créditos, pero no se ha logrado ningún cambio en las exportaciones que siguen cayendo, al tiempo que las importaciones siguen incrementándose. Por ello, “a mayor pago de la deuda externa, menor es la inversión social”17. Esta realidad internaliza la convicción de las generaciones de que lo mejor está fuera de sí, de su familia, de su provincia, de su país. Las remesas de los emigrantes se están percibiendo como la salvación ante estas realidades económicas y sociales, tanto para mantener la dolarización –que en otras razones se creó supuestamente para frenar la emigración– “para darle movilidad al Estado”, que ha seguido reduciendo la inversión social; para subsidiar la incapacidad de manejo de los bancos, y para dar una apariencia de consumo a los más pobres. Las investigaciones realizadas por CEDATOS sitúan las razones más importantes en la búsqueda de un mejor nivel de vida (48%) y la falta de trabajo (32%). Los adolescentes cuyos padres emigraron experimentan causas, factores y consecuencias de la emigración, de manera directa, personal, y vivencian los resultados que ésta produce en la estructura, el funcionamiento familiares y en los impactos en el contexto social y cultural al que pertenecen. Comparten, asimismo, las consecuencias que sus compañeros, amigos y familiares expresan en su comportamiento individual, en los modos de relación que establecen y en los estilos de vida que viven. Como todo adolescente, sus anhelos se dirigen a la búsqueda de mayor bienestar, después de haber sufrido privaciones y limitaciones, y, ya sea que es parte de una proceso imitativo, o que busquen construir su propia independencia y autonomía, la emigración puede ser percibida como un horizonte que se perfila en su futuro, y hacia el cual apuntan también su profesionaliza17 Acosta, Alberto. http://www.lainsignia.org

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ción y sus expectativas. Quizá, como dice Walmsley (2001), la emigración puede estar constituyéndose para los (las) adolescentes en una forma de iniciación a la adultez. Si esto es así, la adolescencia puede estructurarse privada de valores sociales cívicos, sin adhesión a un territorio y a una nacionalidad, y con ello, una modificación sustancial en la estructuración de su identidad personal y social. Al igual puede considerarse respecto a su familia y a la intencionalidad o no de conformarla, o en la posibilidad de que su conformación trascienda los límites de un techo y de una estructura grupal posiblemente nuclear para la sociedad, pues, una familia, su familia, se halla dispersa en diversos continentes, y se haría necesario percibirla con otra forma de estructura, con otra apreciación de identidad familiar, con otra manera de establecer nexos, lazos familiares, mediando la distancia, incluyéndola y buscando maneras de sostener estas mismas vinculaciones y estos mismos lazos. Los adolescentes envueltos en la migración, pueden ser adultos quizá más universales, y posiblemente sea necesario reconsiderar una nueva ciudadanía a nivel planetario. Al mismo tiempo convendría conocer si esta nueva forma de vivir la adolescencia y entrar en la adultez, empieza con una ausencia, su ausencia y el renunciamiento a las ligazones grupales que solían ser importantes en esta etapa evolutiva. Será que esta vivencia de cada adolescente, lejos de sus padres, con comunicaciones “tele” (lejanas), podría beneficiar su paso a la adultez, o la dificultarían; o la consecuencias más importante sea que se convierta en un extranjero inmigrante, que fácilmente pueda ser manipulado por el mercado y los sistemas de la economía neoliberal. O, en el fondo de su necesidad de emigrar también se halle la necesidad de responder a un abandono, con otro abandono, como una forma de mitigar la angustia que ésta produce o produjo en su proceso de desarrollo. Para el adolescente pueden constituirse estas experiencias de vivir sin sus padres, o sin alguno de ellos, en una necesidad de establecer relaciones amistosas que compensen esta ausencia, o establecerán relaciones muy superficiales con la finalidad de evitar el dolor de dejarlas. En cuyo caso su proceso de socialización podría ser incompleto, diferido, inexistente, frustrado. Las consecuencias que podría traer esta socialización frustrada en la estructuración de su personalidad, no parecen fáciles de determinar.

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Podría ser una de las causas de la tendencia a producir comportamientos adictivos, violentos contra el medio o contra sí mismo, y en consecuencia a infraccionar fácilmente las normas y la ley, debido a que esta no es “su” norma, ni “su” ley, a la que se debe, o a la que deba respetar. La norma establecida en la familia en la que vive, y esta ley constituida en el país en el que actualmente se encuentra podría ser considerada ya “ajena” a sí mismo, y no estaría siendo considerada parte de la estructuración de su ser-ciudadano. La trasgresión a la ley no sería sino una forma de desconocerla por considerarla ajena a su ser. Con todo, esta posibilidad no le exonera de responsabilidad, así como no le resta ningún derecho. Las situaciones relacionadas con la emigración, las políticas económicas y sus consecuencias pueden generar sentimientos de injusticia, de abandono, de falta de certeza, de temor a madurar, de bloqueo permanente, y sobre todo de falta de sentido de la vida. De esta manera, puede convertirse en una fuente de estados depresivos, de visión pesimista de la vida, de desesperanza y, por este camino, también llegar a la agresión y a reacciones opuestas a un orden y organización que se presentan destructivos antes que constructivos, aparentes más que dignos de credibilidad. Una vez más la agresión, resistencia y oposición se muestran en la infracción a la ley, ya que provienen de instancias carentes de autoridad. No es posible pensar que todos los adolescentes reaccionen de las maneras descritas. También es posible que logren comportamientos auténticamente compensatorios, que trasciendan su situación actual, proyectándose a situaciones, formas de relación y estilos de vida más constructivos y madurativos. No conviene considerar que de por sí la emigración traería consecuencias funestas a la organización familiar, al comportamiento adolescencial. Alfred Adler mostró que es perfectamente posible, a partir de la toma de consciencia de una situación de inferioridad o de incapacidad, encontrar formas apropiadas de ajuste al medio y lograr procesos de maduración muy significativos. Y más todavía, Adler espera que esta sea la posición más frecuente del ser humano, que ha nacido con un sentimiento y una posición de inferioridad, desvalimiento y vulnerabilidad. La tendencia a trascender esta inicial condición humana, la llamó sentimiento de superación, que finalmente conduce hacia la construcción de un estilo de vida y del sentimiento social, abierto a la comunidad (Adler, 2003:69-80).

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En este caso, con un sentido aparentemente paradójico, el ser humano y, como tal, el (la) adolescente puede escapar satisfactoriamente a la individualidad, pues como individuo, solamente se convierte en tal “en un contexto social” (ídem:133). Este resultado deseable le ayudará a escapar de las pretensiones del sistema globalizado de convertirle en mercancía, y en engranaje útil al sistema, y se convertirá en un ser ajustado adecuadamente a su medio ambiente, convirtiéndose en un ser creativo y constructivo de la sociedad. Tampoco es cierto que todos los y las adolescentes cuyos padres han emigrado, tienen la intención de emigrar también, a pesar de que “la mayor parte de los migrantes son jóvenes, hijos o hijas de hogar” (Sánchez, 2004), y que con ellos ha ido aumentando también el número de emigrantes adultos, de 11,1% en 1995 a 18,6% en el 2000; pero la tendencia es muy fuerte. La tendencia se presente incrementada en el sector juvenil femenino, debido a la demanda de trabajo especialmente en España, a la intención de reunificación familiar y, algo que llama la atención, “la disposición de las familias a asumir riesgos” (ídem), junto a los nuevos roles que se han ido desarrollando para la mujer. Las diferencias de roles, de relaciones de poder, de valores culturales e ideológicos, las identidades de género y las condiciones de reproducción de cada uno de los integrantes de las familias no son los mismos, y estos son otros tantos aspectos a tomarse en cuenta en las incidencias de la emigración en los adolescentes. Hay que saber que en los países de destino, los emigrantes han formado redes que pueden ayudar, animar y fortalecer el deseo de salir del país de origen, y convertirse, en consecuencia, en un ideal de los y las adolescentes. Como lo ratifica Jeannette Sánchez, “Más allá de una estrategia de supervivencia, este “síndrome migratorio” (Wamsley. doc. cit.) es también una estrategia de movilidad familiar”, por lo que sobre todo en este último tiempo quienes más emigran no son los más pobres, sino quienes poseen cierto ingreso, experiencia y calificación laboral. Hay estudios que van decantando creencias e imaginarios que se han ido construyendo. Así un estudio de la FLACSO (Carrillo, 2003) refiere que estas formas de pensamiento dependen de los sectores. Si se trata de colegios de clase media y alta del sector urbano, suponen que los jóvenes migrantes son pobres e indígenas. Los estudiantes de colegios fiscales y de clase media baja o

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baja, los consideran dignos de admiración e inclusive líderes; y en lugares en los que se ha dado ya una emigración de larga data como son los casos de las provincias de Azuay y Cañar, en donde no emigrar constituye una frustración. Hay investigaciones que llegan a diversas conclusiones respecto a la situación psicológica de los niños y adolescentes que se han quedado a cargo de abuelas, en especial, y puede ser muy fácil exagerar las tensiones que presentan (Pribilsky, 2001) como diferentes a las que experimenta cualquier niño o adolescente, como fruto de situaciones escolares y modificaciones de la estructura familiar o de los procesos de adaptación. Las remesas que reciben los familiares, en especial los y las adolescentes, provenientes de sus padres que han emigrado, no siempre van a inducir a emigrar también. Puede ser que éstos, si son conducidos apropiadamente, puedan hacer uso exitoso de ellos para empezar a construir su propio futuro en este mismo país, o para establecer una fuente de trabajo para que sus padres puedan regresar e integrarse a su condición familiar. En la Conferencia Regional sobre Globalización, Migración y Derechos Humanos, realizada entre el 16 y el 18 de septiembre de 2003, refirió que se ha generado una deuda afectiva, porque algunos jóvenes se sienten culpables de que sus padres hayan tenido que migrar para cubrir sus necesidades. Pero injustamente se ha creado el estereotipo de que los hijos de migrantes son desadaptados, pandilleros, que desertan de la escuela. Según la investigación realizada por la Universidad Central del Ecuador no corresponden a la verdad ya que, según ésta, son jóvenes que se esfuerzan por salir adelante y toman en cuenta el sacrificio que hacen sus padres y familiares al emigrar. Y, probablemente, esto ocurre porque los y las adolescentes idealizan a sus padres cuando ya no están con ellos y se sienten en deuda afectiva con ellos. Esto es posible si se toma en cuenta los datos que se han encontrado, como el hecho de que el 61% de las remesas recibidas (en promedio de $175,00), están siendo utilizadas para bienes, servicios básicos y pago de las deudas; un 25% en negocios, ahorro, propiedades y educación; y, un 17% en bienes de lujo (Sánchez, 2004). Sin embargo, sería importante considerar que el esfuerzo laboral de los varones ha disminuido (Espinosa, 2001), y este puede ser un factor que puede contribuir a una posición pasiva que en determinadas condiciones, empujaría a convertirse en consumidores y a producir comportamientos infractores de la ley, sin que ello evite el surgimiento de “nuevos ricos” que podrían estancarse en la simple acumulación de capitales.

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Por otro lado, hay muchas situaciones que se complejizan entre la emigración forzada y el desplazamiento de grupos humanos, presionados por la guerra y la violencia de organizaciones armadas, que plantearán su propia problemática vivenciada por familias, niños y adolescentes, que han de ser tratados a la luz de los derechos humanos universales y particulares, como plantea el Código de la Niñez y la Adolescencia. Si bien puede haber muchos otros grupos que se podrían relacionar con el fenómeno de la emigración, es posible considerar también a los jóvenes y adolescentes que han emigrado, y aunque algunos de ellos han logrado exitosamente posicionarse laboral e incluso profesionalmente, no es menos cierto que muchos de ellos tienen que sufrir las consecuencias de actitudes y comportamientos xenofóbicos, y no por causa de su condición de ilegalidad –porque ninguna persona “es” ilegal–, sino inclusive en condiciones acordes a las leyes, que se han ido rigidizando. Estos y otros son las consecuencias de la emigración, ocurrida sobre todo porque el Estado, del que todos somos parte, no garantiza el derecho a una vida digna, un trabajo estable con una remuneración justa y equitativa, el acceso equitativo a la educación, la generalización de la corrupción que afecta a la moral y a la economía, ya que existe una relación directa entre crisis económica y migración, y que incide negativamente en la familia, siendo su primera consecuencia su desintegración. Muchos de los adolescentes y jóvenes se obligan a enfrentar roles y responsabilidades, como cuidar a los hermanos, ver por su bienestar, enfrentar incomprensiones de los familiares con quienes se quedan, responder académicamente y enfrentar solos sus relaciones sociales y afectivas, incrementándose los riesgos a infraccionar frente a la ley, debido a la misma presión familiar y social.

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4. ADOLESCENTES ECUATORIANOS

En esta investigación se ha denominado adolescentes a las personas que se hallan entre los 9 y los 28 años, bajo la consideración de un inicio precoz al que la sociedad asiste y la moratoria de su conclusión, llamada también adolescencia tardía18. El Código de la Niñez y la Adolescencia denomina adolescente a “la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad”19, mientras las publicaciones del SIISE hablan de juventud, situándola entre los 15 y los 29 años, haciendo una distinción en tres grupos: de 15 a 18, de 19 a 24 y de 25 a 29 años “sin descuidar su comparabilidad con grupos de edad mayores de 30 años y menores de 15, según sea el caso”20. En estas mismas publicaciones se hace referencia a un grupo etario entre 10 y 14 años, cuyos datos serán tomados por esta investigación para integrarlos a la población adolescencial. Con este enfoque el total de población adolescente del Ecuador es de 5 056 00521, calculada al 2005 por el INEC a partir del Censo de Población y Vivienda de 2001. Este sector representa el 38,3% de la población total del país. De esta población 1 393 402 se ubican entre los 10 y los 14 años; 2 568 313 entre los 15 y 24 años; y, 1 094 290 entre los 25 y 29 años. Como se ve el mayor número corresponde a los adolescentes entre 15 y 24 años. De la población de adolescentes, los 2 560 008 corresponden a varones y 1 812 360 a mujeres. La misma publicación señala que “las provincias que tienen el ma18 Craig, Grace. Woolfolk, Anita. Tomo 2. Edit.Prentice-Hall Hispanoamericana. México. 1995. Cita a James Marcia (1980) habla de adolescentes que han logrado construir su identidad, otros excluidos del grupo, otros tienen una identidad difusa y finalmente quienes se muestran en una identidad aplazada o tardía, cuyas características son la incertidumbre y la inestabilidad. pp. 438-440. 19 Código de la Niñez y la Adolescencia. Art. 4. Edic. CNNA. Quito. 2005. 20 SIJOVEN. Sistema de Indicadores de la Juventud Ecuatoriana. “Áreas Temáticas”. Edic. en Digital de SIISE. 2007. 21 Tomado de La situación de la juventud 2006. Tomo II. p. 68. Edic. Min. De Bienestar Social, Secretaría Técnica del Frente Social. Quito. 2006

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yor número de jóvenes son: Pichincha, Guayas, Los Ríos y Manabí. Provincias como Zamora Chinchipe, Galápagos y Pastaza son las que menor número de adolescentes y jóvenes registran”22. Asimismo, “se halla un mayor número de jóvenes en los sectores urbanos que en los rurales (63,4% y 36,7%, respectivamente”23, debido sobre todo a las oportunidades educativas y laborales que las ciudades ofrecen, aunque no siempre las proporcionan. Una de las condiciones más comunes existentes en la población del país es su situación de pobreza24, que para 1999 afecta al 76% de las familias 22 Ídem. 23 Ídem. p. 70. 24 Se considera “pobre” a una persona si pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo vivienda, salud, educación y empleo. El SIISE cuenta con dos definiciones de pobreza según necesidades básicas insatisfechas (NBI). La primera aplicada a los censos de población y que se refiere a las recomendaciones de la Reunión de expertos gubernamentales en Encuestas de Hogares; Empleo y Pobreza, de la Comunidad Andina; esta definición establece a un hogar como pobre si presenta una de las siguientes condiciones, o en situación de extrema pobreza si presenta dos o más de las siguientes condiciones: 1.Su vivienda tiene características físicas inadecuadas (Aquellas que son inapropiadas para el alojamiento humano: con paredes exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u otros materiales de desecho o precario; ó con piso de tierra. Se incluyen las móviles, refugio natural, puente ó similares). 2. Su vivienda tiene servicios inadecuados (Viviendas sin conexión a acueductos o tubería, o sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico). 3. El hogar tiene una alta dependencia económica (Aquellos con más de 3 miembros por persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera aprobado como máximo dos años de educación primaria). 4. En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela (Aquellos con al menos un niño de seis a doce años de edad que no asiste a la escuela). 5. El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (Aquellos con más de tres personas en promedio por cuarto utilizado para dormir). La segunda definición adoptada por el SIISE, se aplica a las Encuestas de Condiciones de Vida (ECV), y establece como pobre a un hogar si presenta al menos una de las siguientes privaciones: 1. Su vivienda no tiene electricidad (de la red pública o planta privada); 2. Se abastece de agua de río, lluvia o tubería fuera de la vivienda o del lote de la vivienda; 3. Su vivienda no tiene excusado (conectado al alcantarillado o pozoséptico) o letrina; 4. su vivienda tiene un cuarto para cada 4 personas o más (excluyendo cocina, baño y garaje); 5. Su jefe/a tiene 3 ó menos años de escolaridad formal y la proporción entre el número total de sus miembros y el número de ellos/as que trabajan es mayor o igual a 4; 6. Uno o más de sus miembros de 10 años o más es(son) analfabeto(s); 7. Uno o más de sus miembros entre los 7 y 12 años no está(n) matriculado(s) en establecimiento educativo alguno; 8. El último parto de uno de sus miembros no recibió asistencia capacitada, es decir, fue atendido por un familiar, amigo o por la propia madre; 9. Uno o más de sus miembros dejó(aron) de realizar sus actividades ordinarias por 3 días o más debido a enfermedades o accidentes y no fue(ron) atendido(s) por un médico, enfermera o boticario. Datos ofrecidos por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. SIISE. Quito, 2007.

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que viven en el sector rural, y al 37% en la ciudad, aunque estos porcentajes son mucho más altos cuando se trata de poblaciones indígenas y negras. En este marco situacional se hallan los y las adolescentes desenvolviéndose en condiciones de injustas desigualdades, que dificultan su avance en los ámbitos educativo, laboral y profesional. Y con ellos, cada generación constituye un retraso para este país, retraso difícil de recuperar, contribuyendo a producir cada vez mayores desigualdades y menos oportunidades para progresar. Esta es una de las razones –como se ha visto ya– que induce a la emigración, perdiéndose valiosos aportes para la economía activa. De la población total de adolescentes del Ecuador el 29% vive en extrema pobreza, de éstos 17% está en los sectores urbanos, y el 49% en el rural. Esto significa que “6 de cada 10 jóvenes son pobres y 3 de ellos viven en condiciones de extrema pobreza”25. Las provincias de Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo son las que acumulan los mayores porcentajes de adolescentes en situación de extrema pobreza. Estos datos confirman la desigualdad en la que se encuentran los jóvenes, a pesar de los recursos legales que les rodean: el Código de la Niñez y la Adolescencia, por un lado, y la Ley de la Juventud26, están sin desmerecer el trabajo sostenido de muchísimas personas, organismos nacionales e internacionales, instituciones y grupos, que se estrellan en la indiferencia de los gobiernos de turno, en los procesos burocráticos que diluyen los proyectos y las acciones propuestas, sin que lleguen a los posibles beneficiarios. Así puede notarse en muchos de los fenómenos. Entre ellos, el 54% de quienes emigran son jóvenes, de ellos el 15% están entre 15 y 29 años de edad27. Apenas el 56% de los jóvenes han concluido la primaria, un 31% la secundaria y solamente el 8% ha obtenido el título universitario, aún se mantiene el 4% de analfabetos, sin embargo que la educación es una obligación del Estado, un derecho de los adolescentes, niñas y niños, no obstante de las Convenciones, Acuerdos, Resoluciones que se han celebrado desde 1983. Si bien no siempre se van a generar comportamientos delictivos en mayores de 30 años, y conductas infractoras entre quienes son adolescentes, debido a las urgencias que las necesidades básicas plantean a ellos y sus familias, sí es probable que se puedan producir con mayor facilidad cuando la situación se torna 25 La situación de la juventud 2006. Op. Cit. p. 86. 26 Registro Oficial No. 439. Octubre 2001. 27 La situación de la Juventud 2006. p. 97.

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insostenible, sobre todo debido a la presión que la misma sociedad ejerce sobre los adolescentes, y a la injusticia que ésta ha estructurado, ya que ni siquiera el nivel de estudios o preparación alcanzada garantiza la consecución de un trabajo digno. La DINAPEN ha mostrado que en el año 2004 se ha detenido, a nivel nacional, a 2 284 adolescentes de ambos sexos por cometimiento de delitos penales y 1 700 por contravenciones, siendo la causa más común el asalto y el robo. Según el Ministerio Público, de enero a diciembre de 2007 se registraron 5 437 denuncias contra adolescentes, de las cuales 2 535 fueron delitos contra la propiedad28. Al parecer estos datos siguen acrecentando. Si la educación y el trabajo no han logrado un nivel medianamente efectivo, de conformidad a los derechos de los adolescentes y en congruencia con las obligaciones asumidas por el Estado, la atención a las necesidades de salud es un lujo, sobre todo, para quienes se hallan en los sectores de extrema pobreza y para quienes son más jóvenes, pues, el trabajo en el que se desenvuelven no contempla un seguro, ni cubre estas necesidades. Una enfermedad en las familias pobres se convierte con altísima frecuencia en un verdadero desastre, que pone en peligro real la supervivencia familiar, que inclusive plantea la necesidad de decidir quién vive y quien no, como una suerte de selección natural crudamente darwinista. La situación de la adolescencia en el País es sumamente preocupante. Los adolescentes son personas que devienen adultos y su devenir requiere atención privilegiada, debido a que garantiza el bienestar actual y futuro de esta nación. Todo lo que no se haga en su favor, se convertirá en un obstáculo o un serio impedimento para construir un Proyecto de País, y será un paso menos hacia el cambio y el desarrollo social de todos. La población adolescente, pese a los esfuerzos levantados y propuestos, sigue siendo invisible, ya que esta sociedad no los reconoce como sujetos de derechos y capaces de responsabilidades, tanto a nivel macro, como en la familia y en la escuela. Por esta razón las leyes, acuerdos y decisiones de los grupos conscientes de su presencia e importancia para este País, quedan en declaraciones y ejercicios de buena voluntad, avances en el conocimiento y producción informativos, sin llegar a convertirse en realidades que modifiquen el comportamiento social, político, económico y científico. 28 http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/gina_goday/2008/04/22/justicia-especializada-paraadolescentes-infractores/

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La etapa de la adolescencia se ha convertido, no sólo en este tiempo, en una etapa psicosocial poco entendida, frecuentemente conflictiva, especialmente en el ámbito familiar, en el que se producen las primeras dificultades que extienden sus efectos a la familia amplia y a los contextos escolar y social. Los cambios tan rápidos de los adolescentes, en todos los aspectos, ofrecen resistencia tanto a la comunicación como a las formas organizativas y educativas familiares. Los padres pierden rápidamente su autoridad y poder, y repentinamente dejan de saber cómo reaccionar y resolver las inquietantes preguntas formuladas por los adolescentes, porque éstos interrogan principalmente con su comportamiento, más que con sus palabras. Las numerosas veces en que los padres son conducidos al terreno de la confrontación, y a responder desde una trinchera a las manifestaciones conductuales y de lenguaje de los adolescentes; los epítetos asignados a esta etapa, la ausencia de roles y funciones que pudieran ser asignados a los adolescentes en la familia, en la escuela y en la sociedad, dejan a los padres y a otros educadores en un estado de estupefacción, que les conduce a distanciarse, y a convertir en realidad –como profecía autocumplidora– la percepción de la adolescencia como llena de resistencias y rebeldía, y que lleva a los adultos a comportarse de maneras defensiva u ofensiva, tensa, desconfiada y sospechosa, que despierta ciertamente estas mismas respuestas en el adolescente. Y, recíprocamente las inquietudes, temores y resistencias creadas social y culturalmente en los adolescentes, como brecha generacional, levantando críticas y cuestionamientos retadores, que a su vez, contribuyen a manifestaciones ofensivas y defensivas complementarias, cerrando el círculo vicioso que se retroalimenta constantemente. La adolescencia transcurre en medio de cambios biológicos, fisiológicos, psicológicos, culturales y generacionales, dentro de modificaciones en el desarrollo del pensamiento, en la utilización de la lógica y la razón, en la construcción y creación de principios para el comportamiento y las actitudes morales y éticas, para las vivencias espirituales y religiosas, para la orientación a la vida y el ser. Para lograr un productivo desarrollo de los adolescentes, son indispensables sobre todo la comprensión, la aceptación y el acompañamiento formativo de los padres y educadores, libres de prejuicios y en actitud abierta y orientadora hacia los nuevos cambios, un sendero de los adolescentes que los adultos no recorrerán, hacia la construcción del adulto que llegarán a ser, distinto al adulto que es ahora cada padre y educador.

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En el ámbito social también es indispensable considerar la adolescencia como una oportunidad de generar nuevas dimensiones de desarrollo social, que pueden abrirse en esta etapa cuando el diálogo y las condiciones de desarrollo se establecen desde la justicia y la dignidad de sujetos, agentes de su propio desarrollo y, al par que sujetos de derechos, sujetos de responsabilidades sociales y políticas.

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5. EN

CONExIóN CON

LOS ADOLESCENTES

En principio la investigación de adolescentes que muestren conductas infractoras, originarios del cantón Quito y que tengan en su contexto familiar un componente de migración, pareció que podía realizarse en los dos Centros de Rehabilitación más importantes de la ciudad de Quito, como previamente se había definido al dialogar con las personas que estaban a cargo de los centros. Esta posibilidad permitió completar el plan de la investigación. Se consideró que una vez identificados los adolescentes se les podría entrevistar con la finalidad de recoger los datos necesarios, y la percepción que ellos tuvieran de la situación infractora que les llevó a estas instituciones. Asimismo era posible, posteriormente, entrevistar a los padres o personas que estaban a cargo de los y las adolescentes, conocer sus versiones y explorar las formas de vinculación, organización y funcionamiento familiar. Y, a partir de los datos ir a las instituciones educativas en las que estudiaron y conocer nueva información que permitiera relacionar las conductas familiares y escolares con los comportamientos sociales. Las entrevistas con los adolescentes y sus familias proporcionarían información más importante para conocer de posibles comportamientos infractores en las familias; lo mismo se habría hecho en las instituciones educativas en las que estuvieron, y adicionalmente relacionar con los comportamientos infractores ocurridos en el contexto social, y que habían determinado su ingreso en los centros de rehabilitación. Los permisos correspondientes, provenientes de los sectores burocráticos normales, retrasaban enormemente la realización de estas acciones iniciales, a pesar de la apertura de los Directores respectivos de los Centros de Rehabilitación. Luego de tres meses de trámites ineficaces, hubo que modificar la metodología.

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Las relaciones establecidas con el Ministerio Fiscal, a propósito de denuncias y situaciones que requirieron tratamiento psicológico, hicieron posible contactar con adolescentes que habían mostrado conductas infractoras y con sus familias; y, a través de ellas conocer de estas infracciones en el ámbito escolar y social más cercano. Se ha realizado con todas estas familias diversas entrevistas, tanto con la familia completa, como con los o las adolescentes de manera individual. Posteriormente a las primeras entrevistas y de la formación de vínculo inicial, sobre todo porque se trataba de adolescentes y familias que no habían acudido a estas sesiones psicoterapéuticas por su propia iniciativa, sino que habían sido enviados por la autoridad, a veces con un dejo de presión. Por ello se hacía necesario modificar esta demanda de terceros, a una demanda personalizada, fijando metas terapéuticas. Las sesiones se realizaron bajo los lineamientos de abordaje de la Teoría de los Sistemas aplicada a la Psicoterapia, con enfoque de derechos, humanista en sus procedimientos y orientación. Se han utilizado ampliamente los aportes de Erikson, de Rogers y de Frankl. Las intervenciones psicoterapéuticas siempre concluyeron y los informes respectivos fueron remitidos a la Fiscalía, conforme había sido la demanda institucional, sin incluir elementos personales e íntimos, con la finalidad de salvaguardar el sigilo profesional, de conformidad con las normas del Código de la Niñez y de la Adolescencia. De quienes habían llegado a la consulta, provenientes de las Fiscalía, y tratados psicológicamente con enfoque de derechos, en función de una medida socioeducativa determinada por la autoridad administrativa o judicial, se han escogido cuatro casos, considerados emblemáticos. Éstos tienen un componente de emigración interna o externa de los padres, o de toda la familia, con la esperanza de considerar si esta variable estaba incidiendo de alguna manera en la producción de conductas infractoras durante la adolescencia. Las edades se ubicaron en la banda de 12 a 18 años; 3 son varones y una mujer, de acuerdo a la proporción que se presentó en la consulta. El tratamiento psicológico de los y las adolescentes se había establecido como una alternativa al internamiento. En el proceso de la intervención psicológica se eligió realizar la atención psicológica a estos adolescentes y a sus familias. Estas intervenciones permitieron incursionar fuertemente en sus realidades.

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El instrumento más utilizado para esta investigación ha sido la Entrevista Psicológica Clínica, los contenidos de las sesiones realizadas sobre el tratamiento de los tres primeros casos, durante un promedio de cuatro meses, hasta su conclusión y, posterior seguimiento, y el último, solamente conocido, gracias al apoyo de los profesionales del Centro Virgilio Guerrero y la realización de tres entrevistas. También se han utilizado tests proyectivos con la finalidad de partir de un conocimiento básico de los y las adolescentes y, a través de estos instrumentos, “leer” lo que sucede en el entorno familiar y social. Asimismo, estos instrumentos permiten verificar cambios que el vínculo terapéutico había logrado, especialmente gracias a la utilización de la voluntad de sentido y a la capacidad de cambio que las personas poseen, en especial si este proceso se realiza con la ayuda de toda la familia. El contacto con la Fiscalía se había producido a partir de la propuesta elaborada como aplicación del Taller de Proyectos de la Maestría, que permitió iniciar y mantener una atención a niños, niñas y adolescentes con conductas disruptivas, infractoras e inclusive delictivas, y abrir este servicio a la colectividad en la consulta del Centro Psicológico Salesiano de la Universidad Politécnica Salesiana. Las diversas leyes existentes y en particular el Código de la Niñez y la Adolescencia han sido un referente continuo para el trabajo de investigación realizado. Junto a ello se ha dado una suerte de integración entre las diversas disciplinas relacionadas con el bienestar de la niñez y la adolescencia, dentro del paradigma de la protección integral. Los resultados de esta investigación son expuestos de manera secuencial, de conformidad con las diversas edades evolutivas de los y las adolescentes tratados. Se incluyen los datos de modo general y, luego, se hace un comentario sobre la situación presentada, el posible significado de la conducta infractora y su vinculación con aspectos que podrán derivar posteriormente en la formulación de sugerencias para la elaboración de políticas sociales para la promoción de la adolescencia.

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6. INTERvENCIONES PSICOSOCIALES

6.1 Callejización al filo de la adolescencia F. O. de 12,6 años vivía con su mamá, tiene una hermana de 6 años. La madre, inmigrante de provincia, se dedica al lavado de ropa y sus ingresos no superan los $2 diarios, y en muchas ocasiones, menos que eso. Se trata de una familia monoparental, de apariencia desorganizada, con pocas y esporádicas vinculaciones con otras personas de la familia extensa. En esta familia no existen normas explicitadas. La madre las coloca de manera impulsiva, con signos de violencia y presión, y muy frecuentemente de manera incoherente, debido a las situaciones emocionales en las que se encuentra de confusión y de ira con poco control. La madre ejerce poco y a veces ningún control sobre el uso del tiempo de las hijas. La una acompaña a la madre a su trabajo, la mayor queda en casa, a veces a cargo de alguna tarea, que no siempre la cumple por lo que la niña escapa de la casa por largos periodos. La madre desconoce las relaciones “amistosas” que mantiene la adolescente, por lo que tampoco puede definirlas como adecuadas o no, aunque presiente que no son apropiadas para su edad, si ella las mantiene o las busca. La madre no ha mostrado interés en la realización de las tareas y estudio de su hija, como tampoco en sus motivaciones y preocupaciones. Se halla más preocupada por la obtención de ingresos que le permitan solventar las necesidades de su casa, que a pesar de su trabajo resultan totalmente insuficientes. La madre ha perdido la capacidad de controlar a F.O., ya que no puede llevar a ambas a sus sitios de trabajo, se siente desanimada e imposibilitada de buscar a su hija cuando no está en casa, por lo que prefiere esperar a que re-

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grese por su propia voluntad. La familia no tiene espacios para compartir actividades juntas, peor el privilegio de momentos lúdicos u otras que les pueda mantener en mejores relaciones y crear ambientes de mayor confianza. La casa (una sola habitación) se halla en condiciones de descuido, desorganización y desorden, pues considera que no queda tiempo para dedicarse a esta necesidad. Los sentimientos de la madre se mueven entre la alta ansiedad por las situaciones en las que se desenvuelve su vida, y la ausencia de afecto hacia su hija, a quien en muchas ocasiones la ve como obstáculo para su vida. En ocasiones, sin embargo, extrema sus expresiones de preocupación y expresa sus deseos de mantener a su hija con ella, aunque inmediatamente sabe que es imposible por sus ingresos. Casi se diría que de alguna manera prefiere que su hija se halle fuera de la casa. F. O. no ha mostrado interés alguno por estudiar, aunque a veces cree que es posible y que le gustaría hacerlo, sobre todo, porque le permitiría compartir con otras niñas de su edad. De todas maneras, no desarrolla ninguna actividad productiva en la calle, sino más bien su destreza se aprecia en la capacidad de sobrevivir en ella. Por ello establece relaciones sin discriminación alguna, colocándose en peligro continuo de abusos, violencia y prostitución inicial. Y sinceramente prefiere el vagabundeo a quedarse en casa, a cargo de alguna tarea. F. O. no puede definir en qué emplea el tiempo libre, y más se extraña de alguna pregunta vinculada con ello, como diciendo que estar en la calle ya es suficiente “tarea”. Cuando se halla en casa coopera con las actividades propias de ella. Gusta mucho de la música aunque no tiene posibilidades en casa para este fin. Lo hace cuando se halla en la calle, donde puede oír e intentar tocar algún instrumento. A pesar de que no se ha producido ninguna dificultad en el barrio, debido a su comportamiento, la policía especializada la ha encontrado vagabundeando cerca de la terminal terrestre, o en el centro de la ciudad, o pidiendo que la lleven desde algún terminal de buses de una parroquia suburbana. Ha sido conducida a un albergue, en donde ha estado por un tiempo. En dos ocasiones se ha escapado de esta institución. La última vez lo intentó con la ayuda de la misma madre a quien convenció de facilitarlo. Posteriormente, al ingreso al último albergue, no fue localizada la madre, haciendo visible el temor de F.O. a volver a la situación de privación.

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Los albergues donde estuvo anteriormente tampoco conocieron la residencia de su madre. Más tarde se la localizó con la ayuda de la misma F.O., y se realizó un proceso de revinculación madre e hija, que incluyó el tratamiento sobre los efectos de abusos y vagabundeo, de la enuresis que todavía mantenía, manejo de la agresión, sobre todo, dentro de la institución, evidenciada en las expresiones de los sentimientos de celos y envidia, coordinación laboral para la madre y seguimientos programados, y no logrados. La situación de riesgo en la que F. O. se ha colocado es un claro proceso de callejización. Su sobrevivencia en la calle ha sido un aprendizaje facilitado por sus fugas del hogar hasta llegar a permanecer en ella de manera cada vez más prolongada. Al parecer F.O. al principio pretendía buscar la satisfacción de sus necesidades básicas, que en casa no eran posibles; y, junto con ello, el afecto que no lograba arrancar de su madre, pues sí podía sentir que era un estorbo. Casi se podría decir que en el trasfondo de su comportamiento hay un acto de lealtad hacia la madre y su hermana, sabiendo que su presencia restaba la posibilidad de satisfacer las necesidades familiares. Si bien es cierto, al principio lograba esta satisfacción de sus necesidades, también se estaba exponiendo a abusos, malos tratos, desprecios, indiferencia que disfrazaban otras intenciones, que cada día podía ir desentrañando debido a su propia experiencia. A pesar de ello, F. O. se hacía cada día más capaz de sentir una sensación de independencia, de utilizar sus capacidades de decisión, dentro de los límites que la ciudad permite sin cobrar su precio. Se trataba de una necesidad que también su madre llegó a comprender, e inclusive estaba dispuesta a facilitar a su hija ayudándole a escapar, sin antes haber resuelto sus situaciones más importantes. José Sánchez (2004) cree que estas fugas del hogar son intentos de fuga de la condición infantil, como una idea de que la calle desinfantiliza al niño. En este caso no solamente la calle ha desinfantilizado a F.O. sino también su propio hogar, pues, la ha puesto en una “tarea” de protección y cuidado de la casa, desescolarización y paulatina callejización, como condición de vida con una mayor duración cada vez. Además las fugas y la callejización de F. O. son efectivamente modos de huir de una niñez o de su inicial adolescencia, en la cual nada de lo que ha hallado hasta ahora ha sido satisfactorio, o atractivo para su propia identidad. No ha sido significativa como persona, como hija, y ahora está intentando co-

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nocer por su propia experiencia si podría ser significativa para la ciudad, para la calle. Quiere saber si alguien podrá tomarle interés. La soledad está en su hogar, la compañía está en la calle, aunque debe soslayar la existencia de peligros, o quizá sea preferible que estos peligros e inclusive el maltrato provengan desde alguien que no tiene vínculos afectivos con ella, que de quien se espera recibir cariño y atención. F. O. no se convirtió en niña o en adolescente de la calle. Su salida a la calle alternada con el internamiento en varios albergues ha impedido que esto suceda. Aunque llama la atención el hecho de que ni los albergues hayan cubierto el afecto, atención y cuidado para un desarrollo que justamente se estaba dando en el filo de la crisis adolescencial, cuando debía ir dejando sus modos de actuar y percibir el mundo de manera infantil, para empezar a apreciarlo y relacionarse con él de manera adolescencial. Se trata de una crisis dentro de otra crisis. El trato que ha recibido de la madre y del medio familiar –intencional o no– ha producido una expulsión del hogar, que aparenta ser voluntaria; una expulsión brusca por el grado de peligrosidad que implica, aunque aparente ser una expulsión. Si se utiliza los indicadores de Lucchini, sugeridos por Sánchez Parga, que definirían la condición de F. O. como una adolescente en la calle, puede notarse que hay alternancia entre la calle y el hogar, entre la calle y el albergue que marca su dimensión espacial. En este caso no se percibe la condición de F. O. como una situación constante o irreversible, sino afortunadamente alternada y reversible, como sucedió en el proceso de intervención psicológica realizado con F. O. y su madre, conjunta e individualmente, que finalmente revirtió sus efectos para ambas, pues la madre tenía también una historia de abandonos y de privación de lo más elemental. Las interrelaciones logradas por F. O. en la calle, si bien resultaban atractivas en comparación con la soledad vivida en su casa, no habían resultado todavía definitivas para sus procesos de socialización y para las posibles experiencias de lograr un estilo de vida satisfactorio y motivante. Si estas relaciones hubieran tenido una significación más profunda y se hubieran convertido en necesarias para sus procesos de desarrollo, probablemente hubiera sido mucho más difícil lograr los procesos de resolución de la situación, tanto en el ámbito psicológico, como en el social.

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Este factor podría estar vinculado a la estructuración de su identidad que se relaciona a su vez con los patrones de identidad, con los referentes para esta identidad, con el moldeamiento que pudiera haber iniciado y la elección de estrategias para lograrla. La identidad, a su vez, no se logra en un contexto vacío sino dentro del ámbito de las interrelaciones humanas y de la socialización, que también es función de la familia, pero que muchas veces ha delegado intencional o inintencionalmente a otros estamentos sociales. La socialización que ofrecía la familia de F. O. estaba siendo percibida por demás precaria, pues no solamente que había dejado de ser un referente para socializar, sino que además de los sentimientos y experiencias de soledad, abandono, descuido, colocaba a F. O. en situación de aislamiento, perjudicando directamente la satisfacción de sus necesidades de contacto, de vínculos significativos, que amenazaban su identidad individual y su identidad social. Adicionalmente su familia no le estaba aportando elementos de sentidos e identificaciones, que en muchos de los casos es posible hacerlo a través del uso de la palabra y de la imitación. La palabra, parte de la socialización primaria requiere de alguien que la exprese, y en la etapa en la que se encontraba F. O. requería de alguien que la escuche. Otra deficiencia y precariedad en el proceso de socialización secundaria de su familia, una necesidad que urgía un escenario que no ofrecía, pero que dejaba visible la oferta de la calle. La ausencia de una palabra que debía ser pronunciada en un marco de autoridad que norme, limite y ofrezca un respaldo afectivo segurizante, que oferte un referente que imitar, que moldee su comportamiento, que module una manera de interrelacionar, se convirtió en otros tantos ángulos de la misma precariedad, manifiesta en diversidad de maneras de necesidad, que F. O. quería encontrarlas fuera de la familia. Su familia carecía de esta palabra: se hallaban presentes el silencio y la soledad. De ahí que su “capital filial” (Sánchez Parga, 2004: 35-39) estaba en déficit: era la mayor precariedad de su “capital social”, la precariedad de las relaciones familiares (ídem: 148). Junto a esta precariedad, uno de los aspectos que ofreció considerable resistencia, y en este caso no tanto por la negativa a cambiar, sino por la expectativa de lo que podía encontrar (su deseo), se refería al gusto por la música, que encontraba como un camino de interés que proporcionaba la calle, por lo que se convirtió también en un elemento coadyuvante en el proceso de tratamiento.

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Si se ofrece una alternativa posible en el contexto del tratamiento, éste se convierte también en la posibilidad de que disminuya el interés por regresar a la calle. Interesarse en los gustos, preferencias, destrezas, capacidades, potencialidades de los adolescentes, ofrece un clima favorable para los cambios que se requieren en la personalidad, en las relaciones sociales y sobre todo para convertirse en un(a) ciudadano(a) significativo(a) para la sociedad. Es una manera en que la sociedad podría responder en el ámbito de los derechos de los chicos, incluyendo sus diferencias individuales. Erikson afirma que la etapa de la que F. O. estaba saliendo se denomina de laboriosidad donde el niño, la niña se percibe “capaz” de lograr adecuadamente, exitosamente, lo que se le pide, lo que él o ella se propone. Si esto no es así, el peligro de F. O., como habría descrito Adler, estaba en que surgiera con fuerza el sentimiento de inferioridad, cuyas manifestaciones más generalizadas son la competencia excesiva y la agresión, como mostró F. O durante su estadía en el último albergue: quería probar que podía ser capaz de realizar lo que deseaba y consideraba no solamente probable, sino también posible hacerlo en la calle. Cuando un preadolescente, como F. O. no logra superar exitosamente la “meta” de su etapa evolutiva –de modo diferente a la consideración de Freud– no se “queda fijado” en esa etapa, sino que –al decir de Erikson– “arrastra” el conflicto a la siguiente etapa, generándose una situación más compleja aún. Asimismo, permitirle a un/a preadolescente y a un/a adolescente descubrir sus capacidades y realizar su vocación, es la mejor manera de orientar y posibilitar su desarrollo, al encaminarse al encuentro con la identidad que le es propia a su individualidad, con significación socio cultural e integración a su estructura familiar, en los mismos términos de Erikson. La competencia es propia de los procesos de maduración, en términos de comparación y de confrontación con los otros, como distintos y semejantes. Una manera de ser uno mismo en la relación con los demás. Ésta inicia una significación distinta durante la adolescencia, cuando el/la adolescente compite a partir de sus competencias, y no desde las alianzas que realiza, como cuando era niño, al buscar motivar la conformación de diadas o triadas, casi siempre con sus padres. Por otro lado, el autoestima de los niños y las niñas depende en gran parte del aprecio y aceptación de los padres, y el vacío afectivo que se deriva

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de la ausencia de los padres, se traduce en una forma de comportamiento social, que muchas veces se manifiesta con una tendencia a desvincularse, o con una resistencia a socializar, como sucedió con F. O. Para mantener esta vinculación se requiere de una proximidad, no tan solamente física, sino también emocional; y, no tan sólo comunicativa sino también Metacomunicativa. Ésta es notada claramente por los adolescentes y los niños, de manera intuitiva, generando aceptación o rechazo a los intentos de intervenir con intenciones de motivar un cambio en ellos (ellas). Si este acercamiento no es auténtico, nacido desde lo profundo del ser del profesional, y no tanto de los conocimientos y técnicas que emplea, los cambios no serán posibles, pues estarán dispuestos a renunciar a las ventajas y beneficios que obtuvieron con sus comportamientos, aunque estén relativamente conscientes de los efectos que éstos producen a su alrededor, o aunque sufran ellos mismos las consecuencias de sus propias acciones u omisiones, aunque éstas se hallen en los terrenos de la infracción. Esta vinculación es vivida como una fuente de seguridad, y la renovación diaria o continua de este vínculo es fuente de alegría y de reempoderamiento. Estos eran los deseos de F. O. en las vinculaciones establecidas en la calle, aunque estos nexos no hayan sido siempre constantes y permanentes. Inclusive estaba dispuesta y era preferible para ella poder tolerar abusos de poder, ponerse en riesgo cuando era tratada también despreciativamente, siempre con la intención y el deseo de conseguir seguridad y alegría. Ventajosamente en el caso de F. O. no se podía decir que reconvirtió en una adolescente de la calle, aunque haya estado varias veces en la calle. Los comportamientos de los y las adolescentes, como el caso de F. O. también son una manera de evocar la necesidad que la familia tiene de reestructurarse, de saltar de la etapa “infantil” a la adolescencial, de establecer nuevas formas de relación, construir límites y fronteras con respecto a otras familias y otros estamentos de la sociedad, mostrar la necesidad de distribuir mejor los roles y funciones al interior de la familia y los que corresponde ejercer fuera de ella, sobre todo ampliando sus vínculos con el entorno social (socialización secundaria), sin peligro de desestructurarse. Por eso la misión de los adolescentes es movilizar no solamente a su familia, sino también a la sociedad, a los profesionales que se hallan vinculados a servicios para la familia, inclusive lo hacen –como ya se ha dicho– sacrificando su proceso de desarrollo, con la finalidad de que se logre una solución que

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tenga visos de definitiva. En esta forma de actuar hay un componente de heroísmo y una forma de valorarse a sí mismos, pues, son los actores que logran estos resultados, que los mismos padres no han alcanzado. La familia o la sociedad poco o casi nada comprenden estas necesidades e intenciones, y responden con actitudes, comportamientos e incluso proyectos que francamente se los puede situar entre las transacciones esquizofrénicas; es decir, con respuestas que nada tienen que ver con el cuestionamiento. Sin embargo, también existe un componente depresivo en las condiciones en que los y las adolescentes fabrican estos “rescates” a la familia. Este componente depresivo puede notarse efectivamente en sus sentimientos de soledad, abandono, desilusión, rabia, desesperanza, sensaciones de desequilibrio, y en no pocas situaciones reacciones agresivas contra sí mismos, en intentos de destrucción, de búsqueda justamente de aquello que puede producir desvalorización, hasta el suicidio, y comportamientos paradójicamente agresivos contra personas y cosas de su medio. El silencio, el abandono, la soledad de los y las adolescentes ofrecen la posibilidad de transformar sus deseos, sus fantasías, sus necesidades en actos a los cuales pasan, debido a que no encuentran a quien mencionarlos, con quienes compartir y ante quienes enfrentarse. En el caso de F. O., crear este espacio de intervención ha permitido que expresara lo que antes no podía hacerlo. Algo que la calle tampoco le ofreció, debido a que era vista como una infante (alguien que no habla, a quien no se debe escuchar), y aunque requiere de atención, cuidado y protección, no le es dable expresar lo que siente y, en consecuencia, no se establece una comunicación con ella. Es algo que les sucede a la mayoría de los preadolescentes y adolescentes. De todas maneras el organismo humano no renuncia a estas informaciones, y comunica lo que le sucede a través de los síntomas, sobre todo si es capaz de leerlos e interpretar su significado, empezar un diálogo a partir de ellos y verbalizarlos con la finalidad de que no tengan que verse forzados a “pasar al acto”; aunque hacerlo sea otra manera de referir lo que sucede no tan solamente en ellos, sino también en los sistemas a los cuales pertenecen: familia, grupos social, escuela, sociedad. Guiar a F. O. a iniciar los procesos de reescolarización, una vez que ha superado la situación crítica y ha percibido los caminos hacia los cuales pudo orientar su vida; que sus relaciones significativas adquieran un nuevo ordenamiento y sea capaz de ver sus propias capacidades para empezar su reali-

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zación personal, permite dar un nuevo paso hacia la resolución de su situación y la remisión de un síntoma psicosocial como fue la progresiva desescolarización en la cual se encontraba, y superar su precariedad y necesidad de socialización, de un modo más organizado. La escolarización permite también asumir un nuevo ordenamiento en sus relaciones sociales, en la adopción de las normas como algo propio, interno, fuera de los contextos de premios y castigos, y más dirigido hacia la realización como persona, como mujer en proceso de crecimiento, desarrollo y maduración, para convertirse en adolescente capaz de encontrar su propia identificación y luego orientarse progresivamente a la adultez. Mientras tanto podrá ser capaz de vivir la adolescencia, sin repetir actos que la mantengan en una posición infantil, ni la lleven a una adultización precoz, sino que siga siendo adolescente mientras transita por esta etapa de su vida. La escolarización, la adopción de comportamientos más conscientes, la utilización de su libertad al mismo tiempo que una responsabilización progresiva, la restitución de sus derechos como adolescente, la integración familiar, la responsabilización progresiva de la madre y la estructuración de sus vínculos en el hogar y fuera de él. Le ofrece también una oportunidad para ejercer sus habilidades y destrezas, propias de su etapa de la “industriosidad”, que estuvieron poco insertadas en su personalidad, y la consecución de una identificación sana, propia de la etapa de la adolescencia que estaba comenzando, al regular las “representaciones psíquicas”, sus percepciones de su propia realidad y la del mundo, al administrar sus relaciones, simbolizar apropiadamente, utilizando la palabra y el lenguaje de su cuerpo, como lo hacen los y las adolescentes. La resolución de la conflictividad vivida por F. O. y su madre utiliza también la capacidad de resiliencia, de la que están dotadas todas las personas, según la cual cada persona puede ser independiente de las situaciones pasadas, originales, primitivas, y una vez que se dan cuenta pueden construir metas hacia las cuales dirigirse, como individuos, como miembros de una familia, como sujetos activos de una sociedad. El caso de F. O. también ha sido visto desde el enfoque de derechos. El abandono en que ha debido vivir la preadolescente es una forma de negligencia grave. Pero tratar la situación solamente desde el punto de vista de los derechos de los niños y adolescentes, sin ayudar a la madre a “darse cuenta” (a la manera de la psicoterapia Gestalt) de la situación en la que vive, en la que

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es, existe y se relaciona, escogiendo a quien (su hija pequeña) es considerada la más débil y la más necesitada, por lo que se ha visto obligada a dejar sola a F.O., que se defienda, y si necesita irse, que se vaya, sin considerar su inmadurez y su insuficiente preparación para ello. La negligencia, el maltrato, el abandono, como formas de violencia y agresión pasivas aunque visibles o abiertas, traducen un lenguaje de abandonos propios y de agresión activa sufrida a lo largo de su vida, agresión velada, oculta, de la que la madre de F. O. es objeto por parte de la familia extensa, la sociedad y el Estado. La única manera conocida de relacionarse y sobrevivir, en una especie de lucha darwiniana, que no se la puede ver solamente como un comportamiento inhumano, sino como una representación de la visión de “ser en el mundo”, y una manera de mostrar el deseo y la frustración que experimentó como fruto de su relación familiar y social. Probablemente la madre (como los padres que maltratan) construye en su interior una escena de abandono, soledad y agresión no elaborada. ¿Será que vive en el ser de su hija, la propia situación de maltrato? La hija es su prolongación al abandonarla y agredirla de manera pasiva. Así ella es, y la prolongación de su ser, es. Si esto fue así, la madre (los padres) no fue capaz de diferenciar su ser del ser de su hija, y agredir es la manera de reducir la tensión intolerable que experimentaba por su ser y su vida. Pero la agresión es también una manera de diferenciarse de quien es su prolongación, de tal manera que la intervención psicosocial se ha de hacer desde esta agresión, con esta agresión y no sin ella. La función de la hija es “aceptar” este rol y permitir que la agresión ocurra, como una manera de ser leal a su madre, y a partir de esta lealtad vivir una forma de diferenciarse y constituirlo en un recurso para seguir siendo, como la que ocurre con niños, niñas y adolescentes que se identifican con el agresor. De todas maneras este tipo de lealtad está ejerciendo una función destructiva en su vida preadolescencial, dejando en definitiva de estructurar una identidad propia, y viviendo una vida ajena, como un simple apéndice. Sus actos de libertad para vagabundear, sus aparentes decisiones deliberadas, ejercidas supuestamente como actos de voluntad, no son otra cosa que formas de ejercer un rol “asignado” en el tejido compacto de las relaciones familiares, y de pagar un saldo en rojo que la contabilidad de la familia ascendiente ha dejado de hacerlo y que ha dejado como herencia a los descendientes: su madre, ella misma y su hermanita.

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La callejización iniciada, las fugas del hogar y de los albergues en los que estuvo, son persistentes formas de volver a la lealtad y una especie de compulsión a asumir y cumplir con el rol asignado por la familia y no solamente por su madre. Ayudar a esta familia a abandonar este decurso de su existencia es una forma de liberación para todos y un modo de cortar con el círculo de retroalimentación negativa en la que se encontraban embarcadas, además de una manera de restituir los derechos de F. O, y de su madre, y prevenir situaciones similares con su hermana menor. El proceso ha sido iniciar en una organización que puede proporcionar límites a F.O., después de haber derrotado a muchos profesionales que lo intentaron, a partir de un vínculo apropiado, para luego abrirla a una resocialización en el contexto familiar, y finalmente reparar la precariedad de una socialización necesaria para su etapa evolutiva, al mismo tiempo que permite a la madre organizar sus recursos, orientarse a metas posibles y orientar su familia, al administrar el recurso más importante como es el emocional y afectivo, desde su propia autoestima, centrada en sí misma.

6.2 De la ritualización del juego a la ritualización de la Ley C.C. de 14,6 años puede ubicarse en la etapa de la pubertad, en la que –como se sabe– se están produciendo cambios en su desarrollo caracterizados por las modificaciones físicas, de las cuales las más llamativas corresponden a los caracteres sexuales secundarios. Las modificaciones físicas y fisiológicas producidas en su persona también se entretejen con cambios de orden psicológico. Entre ellos puede destacarse inquietud en el comportamiento causado por incremento de tensión, surgida por el aumento de las pulsiones sexuales y la curiosidad sexual, entre otras; el aparecimiento de procesos de pensamiento denominados formales, necesidad de comunicar sus experiencias y de aprender formas de relación fuera del círculo familiar. C.C. es el primero de tres hijos, sus padres inmigraron desde la Costa hace pocos años. Este cambio es otro elemento adicionado a los varios acontecimientos en esta familia y en cada una de las personas que la componen. Se trata de un cambio (la migración) que resulta tan impactante como lo

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es cambiar de una etapa evolutiva a otra. En numerosas ocasiones estos aparentes cambios de residencia “no más”, conllevan verdaderas crisis y una especie de violencia, sentida como resultante de los cambios tan rápidos en todas las áreas, como los que se necesita hacer de un día a otro, o de la mañana a la tarde. Como se conoce, los cambios muy rápidos e inmediatos pueden inclusive llegar a romper la estructura familiar e inclusive la estructura de la personalidad de los individuos. Si a esto se anexa la necesidad que un sistema experimenta de expresar las reacciones, los sentimientos y emociones que surgen como producto de estos cambios, se podría esperar que alguien, un “emergente” de la familia dé forma a estas expresiones, a través de un comportamiento que, en algunas ocasiones, puede considerarse infractor. La situación que envuelve a C.C. en su fase puberal, las modificaciones sufridas en la inmigración, el hecho de ser el primero de los hijos con la responsabilidad de ser el modelo y ejemplo para sus hermanos –y al decir de Adler– con el peso de aliarse a las normas y tradiciones de la familia, no hacen sino incrementar considerablemente el estado de ansiedad y coadyuvar a que se transforme en el paciente identificado que, para beneficio familiar, carga con las tensiones de los demás. De todas maneras, su capacidad cognitiva que estrena el uso de la lógica, el desarrollo social ya alcanzado, y la consciencia de lo que es bueno y lo que no lo es, aportan para que se constituya en una persona con un grado de responsabilidad suficiente como para moverse adecuadamente en su medio y evitar situaciones conflictivas que surgen de la cotidianidad y que están ligadas al círculo de relaciones que ha logrado. El hecho de que C.C. pueda llegar a ser un adolescente que experimenta la crisis en la que pueden estar viviendo sus padres, durante esta etapa –que ya se ha mencionado más de una vez– conocida como “edad mediana” o segunda adolescencia, puede convertirse en otro factor desencadenante de los comportamientos por lo cuales ha terminado en el Centro de Rehabilitación de manera provisional. Y son todos estos factores los que permitieron escoger, como alternativa al internamiento, la intervención psicológica para él y para su familia. Al analizar la dinámica de la familia puede notarse que en ella la existencia de normas pasa por la imposición antes que por los acuerdos. Y so-

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bre todo, las entrevistas revelan que estas normas están dirigidas al cumplimiento de los deberes escolares, y no a los modos de interrelación, a la cooperación en la familia, al mantenimiento del orden y la disciplina en casa, y a las relaciones que los hijos puedan establecer fuera de ella. Hay que decir también que la contradicción entre las órdenes y las normas impuestas por los padres, en lugar de ser una fuente para la guianza de los hijos, se erige como otra fuente de ansiedad, que ha llevado más bien a que los hijos elijan según su criterio, su necesidades o sus impulsos, dando oportunidad a que los factores sociales y culturales dominantes en su medio se impongan sobre las orientaciones paternas. Debido a que la familia no cuenta con espacios de recreación que podrían ser a su vez de acercamiento, conocimiento y producción de sentimientos de cooperación, adhesión, respeto y tolerancia, los espacios son cubiertos fuera de la casa, en búsqueda de otras actividades recreativas o de exploración, con signos de peligro. En el caso de C.C. sus relaciones sociales son escasas, con un círculo de amigos muy pequeño, y en este caso repetitivo, vivido con poca iniciativa en la participación, y más bien caracterizado por escuchar y dejar que otros tomen las decisiones. Si bien es cierto que C.C. es capaz de defender su imagen frente a las demás personas, es probable que pueda ser fácilmente influenciado por ellas. Esta última característica se ha constituido en un factor interviniente en la situación por la que ha sido detenido. La acusación de haber violado a una niña de 12 años fue aclarada en el proceso terapéutico como una acción de mutuo acuerdo, aunque al parecer motivado por la iniciativa femenina. Analizando el hecho como un comportamiento infractor, puede notarse otra vez que la hipótesis planteada puede ser apoyada por el hecho de que las normas existentes en la familia son insuficientes y disfuncionales. Se traducen en infracciones a las normas esperadas o implícitas como en el orden, cooperación, obediencia, disciplina en casa. A pesar de que esta infracción a las normas familiares, no ha traído aparejada la infracción en el ámbito escolar, aunque sí ha tenido incidencia en el rendimiento de manera general, ha desencadenado también la producción de una infracción social. C. C. es capaz de reaccionar positivamente a las normas establecidas en la escuela, a pesar de que en su familia se requiere establecerlas de manera

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apropiada a su etapa evolutiva y a la de sus hermanos. C. C. aún se halla en una fase en que los juegos resultan más importantes que el cumplimiento de normas. Es la misma conducta que mantiene respecto a las relaciones sociales. Cuando las establecía en su recientemente concluida niñez, éstas no parecía que tenían incidencia alguna importante en el medio, en las mismas relaciones y en sus consecuencias. Ahora que se juntan estos comportamientos lúdicos con las relaciones sociales, se encuentra que éstas se hallan vinculadas estrechamente a las necesidades sexuales y a los comportamientos aprendidos de los modelos psicosexuales transmitidos, no solamente a través de la palabra, sino también desde las actitudes, posturas corporales, tonos de voz, ciertos enfoques a la situación y formas de relación que se van estableciendo en consecuencia. Puede percibir ahora que los comportamientos que antes eran tan solamente lúdicos y no tenían incidencia mayor en el contexto familiar y social, ahora ya no tienen el mismo significado, y se han transformado en situaciones serias con consecuencias impredecibles. De las ritualizaciones lúdicas en las que se encontraba hasta hace poco pasa abruptamente a las ritualizaciones que se derivan de la ley, según la cual, todo acercamiento a las personas tiene consecuencias, efectos y resonancia social. Y más todavía, existe una autoridad, por sobre la autoridad de sus padres, que interviene bruscamente en estas formas de relación, y aquello que parecía secreto, se hace público. El encuentro de C. C. con la ley está lleno de perplejidad, de una realidad dura y que por ser real se impone sin ninguna consideración; es un asunto serio en el que nadie sale gozoso, como cuando se juega, como cuando se comparte una diversión. La curiosidad, las necesidades sexuales recientemente aparecidas, las relaciones que se establecen se hacen importantes y todos parecen tener derecho a intervenir en ello, poniendo límites que antes no existían y definiendo los modos de acercamiento como apropiados o inapropiados, convenientes o no, permitidos o prohibidos. Ciertamente C. C. conocía de permisiones y prohibiciones, pero éstas estaban centradas en el ámbito familiar. Ahora debía conocer de actos y formas de relación que requieren prohibiciones y permisividades compartidas por un conglomerado social y que regulan las formas cómo estas se establecen, y tienen consecuencias que a todos involucra.

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Las primeras reacciones de C. C. fueron de perplejidad, sí, pero también de temor y de extrañeza. Las personas con las cuales él puede establecer esta clase de contactos, pueden ver de modo diferente lo que él puede percibir de otra manera. Él se da cuenta que las personas pueden considerar estos mismos actos con interpretaciones diversas, y la noción de culpa, nacida de la infracción a la ley, puede llevarlas a torcer la realidad y los hechos, hasta grados irreconocibles. Amerita, entonces, aprender los comportamientos más apropiados, de tal manera que se pueda evitar –tomando en cuenta todas las posibilidades– que esto ocurra una vez más. El aprendizaje de evitar a la ley, de soslayarla, de burlarla y de lograr que ésta se ponga al lado de quien supuestamente la necesita y, sobre todo, según sus conveniencias, es otra de las conclusiones que debe manejar. Ante estas realidades percibidas, experienciadas, hay otra alternativa: la de aprender a respetar la ley establecida, incorporarla como propia a la vivencia cotidiana, y orientar esta incorporación hacia la comprensión de los valores en los que se sustenta, transformándoles en elementos componentes de su personalidad. Así la ley ya no queda fuera como elemento vigilante, sino que se internaliza como convicción racional, gracias a los procesos lógico formales que ya puede utilizar, al desarrollo social que ha alcanzado y a la maduración moral, como consecuencia. Cuando C. C. alcance la adolescencia en poco tiempo, estos hechos y experiencias le ayudarán a construir su identidad, de manera adecuada y significativa para su persona y para el grupo al que pertenece. Mientras tanto, en esta fase de la pubertad, su iniciativa nacida de la edad del juego –como denomina Erikson– y la industriosidad a la que él mismo se refiere, propia de la edad escolar, ahora –en este último año de la Básica– ha de entrar en una crisis nueva que le permita empezar a cuestionarse sobre sí mismo, justamente cuando ha de confrontarse con los demás: con una semejante que le interpela, con una sociedad que le juzga, con personas que le comprenden y con quienes pueden dialogar para entender. Estas situaciones ocurridas ayudan a sus padres a revisar sus modos de relación con C. C., se ven obligados a confrontarse con la autoridad y la ley, a revisar sus maneras de ejercer el rol de padres; pues, las normas escasamente impuestas por ellos, ahora deben ser establecidas en acuerdos con los hijos que ya han crecido, y aquello que se hallaba en el ámbito de lo familiar, ahora debe “intersectarse” con el mundo de lo social.

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El comportamiento de los hijos púberes abre muchas veces la visión de los padres hacia sectores más amplios, generales y hasta universales. Ahora los padres necesitan “inventar” nuevas maneras de relacionarse con estos hijos, nuevas percepciones del mundo de sus hijos y de ellos mismos, maneras según las cuales sus hijos dejen de ser “vigilados” para aprender a “vigilarse” a sí mismos, respecto a lo que es posible, permisible y humanamente constructivo. Los padres se colocan en una necesidad de confrontarse con lo que su hijo es y lo que puede llegar a ser, de tal forma que en muchas ocasiones se preguntan sobre lo que los hijos pueden hacer y lo que no, encontrando que para unas cosas son aún niños y para otras piensan que ya han dejado de serlo. Estas demandas contradictorias provenientes de los padres y maestros y de la sociedad en general suelen producir estados de ansiedad, de duda sobre sí mismo, y con ello, la necesidad de mostrar de lo que son capaces, a fin de producir cierta afirmación básica, ensayar la realización de acciones arriesgadas para probar más allá de su exasperación o de su inestabilidad. Por otra parte, el sistema educativo dirige casi siempre a la sumisión respetuosa a las autoridades de la escuela, que puede dar como consecuencia o agresividad con la cual pretenden deshacerse de la hostilidad sentida, desafiando la autoridad, con explosiones emocionales de cierta periodicidad; o retrayéndose y convirtiéndose en una persona reservada, llena de fantasías e imaginación, que a su vez también le llevan a embarcarse en acciones que resultan ser diferentes a las esperadas o imaginadas. Pero estas acciones realizadas por el adolescente, sea por incidencia de agresividad o por retraimiento tienen sus consecuencias, y en no pocas ocasiones un castigo. De todas maneras los estados transitorios de inestabilidad no son del todo negativos, porque son signos de que el/la adolescente se halla en un proceso de desarrollo, le ofrece la oportunidad de empezar a ejercer su derecho a la libertad y de salir de la dependencia paterna. Sin embargo, la prolongada inestabilidad y la inconsistencia de los comportamientos traducen las dificultades de los adolescentes para dejar las costumbres infantiles y orientarse hacia comportamientos más maduros, en dirección a la adolescencia y a la adultez. Los procesos de desarrollo de los púberes provocan la necesidad de cambios en el ámbito familiar y en el contexto escolar. La adolescencia la pubertad son etapas que inducen a modificar el entorno, y en este caso se cumple per-

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fectamente un principio sistémico que sostiene que “al cambiar un elemento cambian todos los elementos”. Podría decirse con verdad que cuando en la familia hay un o una púber, toda la familia entra de lleno en la adolescencia y abandonan la infancia. Por ello los cambios que experimentan los púberes, producen cambios en las demás personas que conforman la familia, sobre todo en los padres, en muchos de los aspectos que inclusive nunca antes habían sido cuestionados. Los castigos de la autoridad local impuestas, hacen que los padres de C. C. cuestionen su propia autoridad y busquen adecuarla de la mejor manera, en la relación con su hijo, en el diálogo sobre las incidencias de su crecimiento, de sus formas de vincularse y sobre las funciones que ellos han de cumplir en los ámbitos familiar, escolar y social. Los procesos de intervención posibilitan que las formas de vinculación padres-hijos no caigan en dependencia ni en abandono, sino en los respetos mutuos que se traducen en respeto a toda persona, por el hecho de serla, sin importar su edad o condición social. Los diálogos sostenidos entre padres e hijos permiten elaborar comportamientos que Erikson denomina juiciosos, porque combinan la ley con el uso de la palabra, pues, el espíritu de la palabra transmite la legalidad de un comportamiento, como aspecto fundamental del desarrollo, de tal manera que pueda el púber, el adolescente, utilizar la libertad en tanto muestra responsabilidad por sus actos y modos de relación. Los padres, la consciencia moral y la ley son los vigilantes externos que se han de internalizar, conformando la convicción personal, según la cual la persona se impone una obligación y se compromete consigo misma, más allá de la presencia o ausencia de la autoridad externa, y se torna en estilo de vida, sin caer en el legalismo ni en la compulsión neurótica. C.C., al igual que los demás púberes, empieza a aprender sobre el lenguaje corporal, según el cual puede leerse las intenciones, invitaciones o peligros provenientes de las otras personas; si muestran su auténtica posición personal, o están aparentando, o mostrando justamente lo contrario de lo que pretenden. Y por su parte también entran en la ciencia de “mostrarse” ante los demás y traducir sus sentimientos, sensaciones, necesidades, deseos o intenciones. Estas y otras innumerables ritualizaciones van pasando desde lo lúdico a lo socialmente aceptado, aunque no siempre lo socialmente aceptado construye la dignidad de las personas.

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Los cambios que se van produciendo entre los 14 y 15 años son algunas de las guías que ayudan a los profesionales a orientar los procesos preventivos o de intervención, en particular por el deseo que los y las adolescentes muestran de comprenderse a sí mismos y de ser comprendidos por los demás, y por la capacidad de introspección que van logrando; por ello también la destreza para internalizar la ley como algo propio, como un mandato surgido desde su interior. La comprensión, aceptación e integración de la ley a la personalidad y al estilo de vida de la persona –adolescente o no– puede estar y muchas veces está vinculado a la culpa. Este sentimiento es un elemento importante que incrementa la consciencia sobre las acciones u omisiones, y permite encontrar un sentido que profundiza su convicción intuitiva de ser uno, de manera integral, de modo existencial, de “ser con los otros”. Procesar la prohibición de transgredir una norma, una costumbre, un modo de ser consentido socialmente, no solamente le ayuda al adolescente a lograr procesos de ajuste apropiados, todo le permite controlar su capacidad de “suprimir” los comportamientos indeseables, en razón de que lo mismo que él respeta, es lo que se convierte en uno de sus derechos. Y siempre que existe un derecho en otras personas, es un deber en las demás. Por tanto la cooperación solidaria construye y define las relaciones entre las personas de manera armoniosa. Los procesos de intervención psicológica permiten que el/la adolescente que ha sido identificado como actor de una conducta infractora, asuma la ley no desde la imposición y la ley misma, sino como consecuencia de la búsqueda de un proceso de maduración en los ámbitos cognitivo, social y moral que, a su vez, establece los hitos para la construcción del camino hacia la maduración adulta. La experiencia vivida por C. C. no le ha de llevar, con todo, a despreciar la sexualidad, ni a sacralizarla, sino adaptándose a sus cambios con naturalidad, a ejercer control, que no se asimila a represión, sino que dejando el placer sensual ingenuo pueda orientarse hacia la comprensión de lo que puede significar el amor, basado en el conocimiento que se irá aclarando paulatinamente, conforme pasa por diversas fases de la adolescencia. Adicionalmente, el conflicto vivido por C. C. es como un síntoma, que supone la existencia de una situación crítica en los padres, quienes no so-

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lamente se hallan en la segunda adolescencia o edad mediana –pasando por su propia crisis– sino que las tensiones provocadas en las interrelaciones entre los padres en crisis y el hijo entrando en la crisis de la adolescencia, se han visto reflejadas en el comportamiento de C. C., que se ha caracterizado por la influenciabilidad, la debilidad en la estructuración de su personalidad, la ausencia de normas y límites que le ayuden a conducir su comportamiento de conformidad al estatuto social. El comportamiento, los conflictos y las experiencias vividas por C. C. han dado forma a las crisis existentes en la familia, y han llevado a la necesidad de revisar los estilos de vida que se venían viviendo, y a la importancia de realizar ajustes necesarios en procura de la maduración de cada una de las personas que conforman la familia –y no solamente de C. C.– realizando los cambios requeridos y permitiendo la apertura a nuevas etapas de maduración. Los comportamientos de los y las adolescentes, sus experiencias y conflictos suelen ser los desencadenantes de estas necesidades de maduración, o denuncian el estancamiento en el que se encontraba la familia, vivido como una situación equilibrada e inmóvil. Por todo esto, trabajar con el/la adolescente, el/la púber, sin trabajar con la familia, sería tanto como ratificar que ellos son los “pacientes”, o los únicos “emergentes”, y estarían siendo reconocidos, con una rúbrica profesional, como los únicos responsables de las situaciones ocurridas, cuando esos comportamientos, y más los infractores, son fruto de las relaciones establecidas en los sistemas familiar, escolar y social. El trabajo de intervención psicológica y pedagógica será efectivo solamente cuando se trabaje con todo el sistema familiar y escolar, y parta del sistema social al que pertenecen los miembros de la familia. Casi siempre los comportamientos infractores y los síntomas mostrados por cualquiera de las personas de una familia, solamente pueden ser descifrados con la intervención de toda la familia, pues, toda ella ha elaborado ese lenguaje, fruto de las formas de interrelación que se establecen; y ésta a su vez es una respuesta a las presiones y distorsiones sociales. El comportamiento de los niños, púberes y adolescentes tiene un significado que se devela en la relación de quienes forman la familia, y cómo ésta se enlaza con la sociedad. En el contexto del encuentro psicoterapéutico y psi-

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copedagógico traducen las creencias, percepciones, deseos y prejuicios, o la conflictividad y los puntos de estancamiento evolutivo de la familia como unidad y de las personas en particular. Si todos las entienden, todos aportan para su solución de manera consciente, voluntaria y ejerciendo dirección sobre sus vidas y su futuro, en razón a la capacidad para tomar decisiones que las personas poseen o que las personas logran recuperar. 6.3 De la identidad a la intimidad R. V. R. (17,8), según del Código de la Niñez y la Adolescencia, se halla hacia el final de la adolescencia. Sin embargo, como ya se ha dicho en el criterio de buena parte de los psicólogos latinoamericanos, la adolescencia concluye hacia los 25-28 años. No significa, de todos modos, que esta etapa por sí misma sitúe a la persona en mayor peligro que en otras etapas evolutivas de producir infracciones a la ley con sus comportamientos, pero por el proceso de maduración alcanzado aún no se le puede considerar adulto, sobre todo por la forma de vinculación todavía dependiente de otros adultos, sean éstos los padres o los educadores. Se ha mostrado ya, a pesar de todos estos elementos, que el/la adolescente conforme va desarrollando va alcanzando un mayor grado de responsabilidad, debido a su creciente capacidad cognitiva, social y moral. Adicionalmente, conviene relacionar la etapa en la que el/la adolescente se encuentra y la etapa evolutiva de los padres. En este caso puede apreciarse teóricamente que ambos padres de R. V. R. han pasado ya la que corresponde a la crisis de la edad mediana y se hallan en la adultez madura. Esta situación permite comprender que las relaciones entre los padres y el adolescente pueden mostrar signos de conflictividad para establecer y/o mantener la comunicación, debido a que las experiencias de cada uno son distintas, sus necesidades y metas son diferentes, y en consecuencia sus percepciones difieren hasta el punto que pueden llegar a ser inclusive opuestas. Las afirmaciones y observaciones mencionadas por cada uno de ellos en las entrevistas, así lo muestran. Esta apreciación no está asegurando que la comunicación sea imposible, sino tan solamente difícil, ya que cada uno está partiendo de puntos de vista muy diversos. Sin embargo, esta comunicación es posible, si se aclaran cuáles son los pensamientos que se hallan en el basamento de su comunicación. En muchas ocasiones ha sido posible darse cuenta que la dificultad co-

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municacional entre padres e hijos, en especial cuando las edades entre ellos son más distantes de lo esperado (probablemente más de 20-25 años), se basa en buena parte en un prejuicio de que es difícil comunicarse entre padres e hijos, o que existe una denominada “brecha generacional”. Según se ha podido observar en la práctica profesional de algunas décadas, este es tan sólo un prejuicio, pero que influye fuertemente en las maneras en que se establece la comunicación, no solamente verbal, sino también metacomunicacional. Añádase a ello, la falta de cercanía y continuidad en la comunicación. En este caso éstas están siendo afectadas por las actividades que desarrollan ambos padres, en el área de comercio, actividad que les deja poco tiempo para mantenerse cerca de los procesos evolutivos del hijo, de sus necesidades e intereses, y de sus cambios comunicacionales. Incluidos los fines de semana y hasta los días festivos son empleados en las actividades comerciales de los padres, haciendo aún más distante la relación y, en consecuencia, tornando la comunicación en una actividad cada vez más superficial. Hay un factor más que puede incidir en esta condición, como es el hecho de que R.V.R. es hijo único. En este caso el adolescente tiene menos probabilidades de integrarse a las actividades de la casa, lo que le obliga a buscar interrelaciones sociales con sus pares, sin importar mucho si estas relaciones pueden aportar elementos beneficiosos a su proceso de desarrollo y maduración, ya que busca con ellas cubrir una ausencia o llenar un vacío de vínculos y comunicación. No siempre estas relaciones son del gusto de los padres, sobre todo si, al parecer, de éstas se derivan comportamientos mostrados por el hijo, de distancia, de indiferencia por los sucesos de la casa, poca o ninguna colaboración en las tareas domésticas, comportamientos agresivos, tonos displicentes o silencio, indiferencia, y en algunas situaciones consumo de drogas o de licor, que pueden exasperar estas mismas, y en definitiva pocas relaciones entre los padres y el hijo, que va constituyendo el creciente desconocimiento mutuo. Los padres perciben que su trabajo, su esfuerzo, no se ve retribuido con cooperación en la casa, ni en las actividades escolares con el nivel de rendimiento esperado. En este caso estas actitudes y comportamientos se ven reflejadas en el desorden que el hijo exhibe en su cuarto, la agresividad y desobediencia para con ellos. Sienten que no han podido comunicarse con su hijo, tienen la impresión de estar perdiéndole, que no les es posible establecer normas o que éstas no son obedecidas por él.

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Los sentimientos de los padres son de derrota, de impotencia para resolver esta situación, especialmente si se considera que este hijo ha sido detenido por consumo de drogas, y se halla en serio peligro de perder el año. Todos los esfuerzos que ellos realizan que, efectivamente, se dirigen hacia la búsqueda del mayor beneficio para su hijo y para construir algo parecido a la felicidad, no se ve, sino que, al contrario, se está convirtiendo en una amenaza y en perjuicio. Al parecer, en lugar de hacer algo en dirección positiva, están contribuyendo a algo destructivo. Los sentimientos de culpa lo sienten como injusto, pues, no revela el fruto de su trabajo. La impresión general es que su hijo se les ha ido de sus manos y que para ellos se ha tornado muy difícil guiarlo. La libertad del hijo es ilimitada en la casa y fuera de ella, como en sus hábitos y en muchas de las actividades que realiza o que deja de realizar. No hay posibilidad de reestablecer normas, límites, control, ejercicio del poder acorde a su autoridad. Un esfuerzo que cae en el vacío y que llena de continua ansiedad. El hecho de encontrarse estudiando en el tercero de bachillerato y que el rendimiento de R. V. R. no haya sido deficiente, habla de la existencia de una capacidad cognitiva para comprender la situación, valorarla y, en consecuencia, definir su responsabilidad como hijo, como estudiante, como ciudadano. Este resultado también revela la existencia de una capacidad de resiliencia para sobreponerse a las limitaciones, efectos de la adversidad, y lograr resultados distintos e independientes de las causas. Un resultado que también puede indicar que la causalidad en las personas, adolescentes o no, se halla fuera de una direccionalidad lineal, determinista y mecanicista. No obstante, su personalidad muestra claros signos de debilidad, que le hacen influenciable, vulnerable frente a los peligros. A pesar de esas potencialidades es capaz de mostrar lealtad a las amistades que establece y constancia en las relaciones afectivas, inclusive por sobre las consideraciones y reclamos de sus padres, situándose en peligro por conservar estas relaciones, como cuando acompaña a sus amigos a vender droga. Una lealtad que se halla sustituyendo o alcanzando significación mayor que la que mantenía por sus padres y sus relaciones, por sus enseñanzas y vinculaciones. No se puede afirmar que las acciones realizadas por R. V. R. deban ser consideradas antileales a las enseñanzas de sus padres, ni significa que él está mostrando una dirección contraria a la educación recibida, sino precisamente define esta misma lealtad que, a momentos, puede hallarse en conflic-

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to con otras lealtades, y que debe escoger en cada ocasión con quien o quienes ser leal, con quien o quienes ser coherente. En ausencia de sus padres, la lealtad con los amigos resulta prioritaria. En definitiva, mantiene la lealtad que la educación recibida exigía. De todas maneras al ser leal con sus amigos, obligaba a los padres a cuestionarse sobre los vínculos que mantienen con él, sobre las líneas educativas que están teniendo, sobre la atención que necesita, sobre el significado de estas relaciones, sobre el sentido de la vida que está viviendo con sus padres, sobre el significado de la relación que su hijo mantiene con sus amigos. R.V.R. además de ser un adolescente inteligente, también es sociable. Su comportamiento ha logrado despertar en sus padres el interés y preocupación más cercanos con él, porque mientras no ocurrían estos comportamientos las interrelaciones padres e hijo fueron distantes, pero cuando empezaron a ocurrir estas manifestaciones que hablaban de vulnerabilidad, de su influenciabilidad, de la debilidad aparente de su personalidad empezaron a preocuparse, como él necesitaba. En cierto modo, R. V. R. tuvo que situarse en una posición de peligro frente al uso de drogas y ante la posibilidad de perder el año para lograr que la dinámica de la familia se modifique y, si es necesario, que su estructura cambie notoriamente. Con frecuencia, los adolescentes realizan este tipo de acciones, en las cuales inclusive están dispuestos a sacrificar su adolescencia, con la finalidad de lograr un buen fin, como es el mantener o reestablecer las interrelaciones familiares, o provocar cambios necesarios en la estructura familiar. En algunas ocasiones estos intentos pueden resultar altamente destructivos para su personalidad, su convivencia social y su proceso de desarrollo y maduración; inclusive es posible que en el intento resulten seriamente dañados. Los adultos, los padres y educadores, con enorme frecuencia, solamente son capaces de percibir estas conductas como actos de rebeldía, o intentos de desconocer la existencia de la autoridad y amenazar su poder. Naturalmente que los comportamientos de los adolescentes, inclusive aquellos que pueden calificarse como disruptivos en el aula, como infractores en el contexto escolar, familiar y social, no tienen detrás de ellos una estructuración lógica o una planificación consciente, sino que son el producto directo de las interrelaciones que se mantienen dentro de un sistema, o entre sistemas a los que el o la adolescente pertenecen. Ya que, legítimamente podemos considerar, que el o los sistemas generan este tipo de comportamientos y

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luego desconocen su directa contribución, para inmediatamente de desconocer su autoría, inculpar de modo exclusivo al o a la adolescente como los únicos responsables de este resultado. Y, no solamente esto es así, sino que en medio de un proceso de intervención familiar, expresan su extrañamiento de que pudieran tener alguna relación en estos comportamientos, señalándoles a los y las adolescentes como “los culpables”, sujetos únicos o candidatos para el tratamiento psicológico; es decir son lo que la Psicología Sistémica ha denominado los “pacientes identificados”, o los “chivos expiatorios”, o los sujetos “emergentes”, que hacen visible con su conducta lo disfuncional del sistema, o señalan a los sistemas que la provocaron. Muchos padres de familia y educadores consideran que las relaciones sociales de los y las adolescentes deben ser exclusivas, en cuyo caso su pensamiento de trasfondo, sobre el que fundamentan sus reacciones, se puede denominar excluyente, que define: “o mantiene la relación con nosotros, o con los amigos”, en lugar de ser incluyente que expresaría: “mantiene la relación con nosotros y con los amigos”. Esta es otra de las razones por las cuales, los padres y los educadores pueden considerar que los y las adolescentes se tornan desleales, incoherentes o contrarios a las normas establecidas, o a los estilos de vida transmitidos. Es interesante percibir que no solamente este criterio se mueve en este análisis, sino que se extiende a las relaciones que mantienen con las personas, dentro de su ámbito adulto. Por otra parte, puede señalarse como un hecho notorio el que justamente cuando R. V. R. se halla en el último año de su bachillerato, aparezcan estos comportamientos de manera exacerbada, combinándose entonces con una crisis muy común en esta etapa escolar, como es la salida del nivel medio de estudios, previo a asumir una decisión más definida para la edad adulta, como es la responsabilidad laboral o preprofesional. O puede verse que esta crisis del último año de bachillerato conecta los conflictos que se hallaban encapsulados. Quizá se trata también de factores que se asocian para producir situaciones que se tornan más complejas, o quizá esta misma complejidad facilita el aparecimiento de crisis, que no son vividas solamente por los adolescentes, sino también por sus padres, que escapan de sus relaciones mediante la dedicación a un trabajo, valorado por el mercado pero de efectos negativos para el contexto familiar. En otras palabras, las crisis de salto de una etapa a otra

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traen consigo los temores de cambiar los estilos de vida a los que estaban acostumbrados, para asumir el temor a lo que no se conoce, y que tiene que venir de modo diferente al vivido hasta entonces. Es posible que la crisis que afecta a R. V. R. y a su familia sea un modo de obligar a ésta –como un todo– a reaccionar, prepararse, o capacitarse para lograr los cambios que se requieren en esta nueva etapa. De todos modos, cabe preguntarse –y esto lo hace R. V. R.– cómo se puede estar listo para pasar a una etapa de responsabilidades nuevas y de utilización de mayor libertad, pero también en la cual, la libertad tiene un dejo de soledad, cuando la persona, sola, se ve enfrentada a tomar decisiones y mostrar el resultado de sus procesos de maduración, si la etapa precedente o que se está a punto de dejarla, no ha sido suficientemente resuelta, si han quedado “tareas” pendientes, como son las relaciones con los padres, las formas de comunicación que requirieron, los vínculos que no se completaron, los abandonos que no se resolvieron, las atenciones que no se recibieron y a las que se tuvo derecho. Al decir de Erik Erikson, y como ya se ha mostrado, cuando las personas no resuelven las necesidades propias de su etapa evolutiva, o no logran los objetivos propios de cada etapa arrastran a la siguiente etapa, no se detienen o no se “fijan” en ella, sino que mezclan los conflictos de la una con las necesidades y objetivos de la otra. Esto estaba ocurriendo con R. V. R. cuando se veían incoherentes sus comportamientos interrelacionales, comunicacionales y de constitución de vínculos o lealtad con sus amigos y con su familia. La mejor manera de juntar estas dos necesidades, de “identidad” propia de la adolescencia y la de “intimidad” propia de la etapa de la juventud, era producir comportamientos disruptivos y/o infractores, con la finalidad de lograr su resolución. Caso contrario R. V. R. –de conformidad al mismo criterio de Erikson– estaría cayendo en la “confusión de la identidad” y/o en el “aislamiento”. El saldo de la contabilidad que R. V. R. mantenía, incluyendo la cuenta que recibió de sus padres, estaba en rojo debido a que el conflicto que se había generado en la búsqueda de su identidad no encontró pautas claras, teniendo como factores contribuyentes la ausencia de los padres, ya que no había logrado mostrarse en un trabajo capaz de sentirse ser él mismo. En el proceso realizado fue posible encontrar que R. V. R. había establecido un vínculo amoroso heterosexual (intimidad) que podía ser tomado como recurso importante para la estructuración de su identidad. Y, por otro lado, las interrelaciones mantenidas con los amigos le daba la sensación de es-

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tar construyendo su identidad y, por ello, había que reforzar esta tendencia aunque orientarla hacia otras relaciones más significativas, apoyando en definitiva la construcción de su identidad. Las pautas básicas de la identidad en la adolescencia surgen de la afirmación y el repudio selectivo de las identificaciones infantiles, y de la manera en que el proceso social de su etapa evolutiva estaba fundamentado en la confianza. Estos dos elementos les ayudan a reconocerse como individuos. Pero en el caso de R. V. R. la búsqueda de interrelación social estaba amenazada por comportamientos rechazados por la sociedad, la familia y el medio escolar, resultando no ser aceptado por estos sistemas, sino censurado, juzgado y criticado por ello, poniendo su identidad en tela de juicio. La antítesis de la identidad es la confusión de la identidad, que se constituye en una perturbación que amenaza la construcción de su sí mismo; la relación con los amigos se ofrecía como una mediación, aceptada ansiosamente para comportarse de modo coherente en una suerte de fidelidad a “alguien”. No hacerlo implicaba una desconfianza en sí mismo, mucho más amenazante que la desconfianza que otras personas pudieran mostrar para con él. Así que era preferible conformar lo que Erikson denomina una “identidad negativa” (socialmente inaceptable) que carecer de identidad. La producción de comportamientos infractores era una forma de afirmación de sí mismo, un intento de construcción de su identidad, una forma de “autorrenacimiento”, como llama Erikson, una “solución” que él había logrado establecer. Pero no es posible la formación de la identidad sin que haya algún rechazo del rol que estaba exhibiendo R. V. R., debido a que de esta manera podía compararse y diferenciarse para construir su identidad. La identidad no significa convertirse en alguien idéntico a otro, sino en alguien distinto a los demás. Y si ser distinto implica ir en contra de las normas establecidas, tanto mejor, porque de esta manera, a través de esta forma de construirse, es posible expresar dos cosas al mismo tiempo: estoy construyéndome a mí mismo con mis propios recursos, al mismo tiempo que expreso un rechazo a lo que significa mi familia y la sociedad, que no han sido capaces de valorarme y apoyar mi identidad, sino que puedo rechazar su rechazo, y estoy nivelando su poder con mi poder. El rechazo a los roles que la familia y la sociedad exigen, a pesar de que delimita la identidad del o de la adolescente, hace notoria la existencia de una lealtad, que Erikson denomina “experimental”, que pasa a conformar una

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“filiación” con sentido, mediante rituales establecidos por el grupo social al que se vinculan. Son los ritos y ritualizaciones (modos de interacción informal entre personas que se repiten a intervalos y en contextos similares) las que mantienen y propician los cambios sociales, gracias a la existencia de rebeldes leales a nuevas percepciones, a nuevos modelos, a nuevos comportamientos, que propician la evolución social. Y quizá el consumo de las drogas –aceptadas socialmente o no– propiciado por la misma sociedad de manera paradójica, sea una muestra no solamente de esta contradicción existente en el tejido social, y el hecho de que los y las adolescentes puedan ser los ejecutores de esta contradicción, que inclusive puede hacer notoria y clara la hipocresía socio educativa y la forma de vivir como ciudadano consumidor y mercancía. La capacidad cognitiva de R. V. R., su desarrollo social y el desarrollo moral que pudo alcanzar, más el interés despertado en los padres por el comportamiento de su hijo, las relaciones afectivas logradas por el adolescente, permitieron crear un ambiente para revisar lo que sucedía, reestructurar algunas áreas familiares de conformidad como ellos escogían; modificar su dinámica, impulsar cambios considerados positivos y necesarios para el funcionamiento de esta familia y de cada uno en particular, y posibilitar cambios en sus hábitos, formas de relación y orientaciones para su vida, con metas más claras para todos en común y para cada uno en particular, aceptando las diferencias en todos los ámbitos del ser con los demás. El motor más importante para todo este cambio fue su vinculación amorosa, que se fortificó y resignificó para la construcción de esta misma relación y del significado de ésta en la vida de cada uno, de modo que les permitió construir un proyecto de vida común, que se inició de inmediato a la conclusión de la intervención psicológica.

6.4 Infracción, culpa y reparación La familia actual de E. M. está compuesta por los abuelos, un tío materno y los tres hijos de éste. Los abuelos lo criaron desde muy tierno, la mamá se fue a trabajar. E. M. (19,6 años) la conoció a los 7 años y no quiso saber de ella. Posteriormente, aceptó esta relación y logró llevarse bien con ella, sobre todo al darse cuenta que no era su intención separarle de los abuelos, ni su

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intención exactamente era deshacerse de él. La mamá siempre ha trabajado lejos del lugar de residencia de E. M. Para los abuelos fue difícil controlar a E. M. Éste dejó la casa entre los 13 y los 15 años. Más adelante regresó y se dedicó a trabajar en una hacienda, ordeñando vacas y entregando la leche. El tío lo maltrataba mucho, usaba “la correa” indiscriminadamente. Los abuelos delegaban la autoridad en el tío para que él ejerciera los castigos, y además le diera órdenes de hacer algo o dejar de hacerlo. Recibió castigos desde el principio, a los 4 años con varas. Luego ya no le importaban los castigos. Ya ni los sentía. E. M. se vinculaba casi exclusivamente con sus primos, con quienes compartía actividades, juegos y tiempo libre. Los primos habían tenido conflictos con otras personas, rechazos y hasta odios que les situaban en peligro de ser agredidos. Si los abuelos y su tío le impedían a E.M. establecer relaciones con otras personas, con los primos no lo podían impedir. Establecieron entre ellos la costumbre de tomar licor semanalmente y a veces con mayor frecuencia, al igual que lo hacían el abuelo y el tío. Sobre todo en estado etílico reavivaban los conflictos con personas de la familia y con personas ajenas a ella, tanto que “estuvimos amenazados de muerte”. Dentro de la casa E. M. realizaba las actividades que los abuelos y el tío le pedían. En general se nota que ninguno de los jóvenes y adolescentes eran controlados, a no ser en el cumplimiento de aquello que se les pedía. Si se considera que es un trabajo el que realiza dentro de su familia, cumplía con sus obligaciones por temor al castigo y, en otras ocasiones prefería el castigo a realizar el trabajo. E. M. ha estudiado de manera muy elemental, en una escuela para personas pobres, de nivel rural. Se ha dedicado a trabajos agrícolas, junto a sus abuelos y algunas funciones que le asignaban. Actualmente en el Centro de detención ha aprendido carpintería. Su comportamiento es adecuado y le tienen confianza. Hace dos años se le acusó a E. M. de tener complicidad en el asesinato de 2 personas mayores y 3 menores y del incendio de esta vivienda, debido a venganzas, generadas en las situaciones conflictivas entre estos jóvenes y sus vecinos, complejizadas por relaciones con alguna joven. Lo hicieron en estado etílico y lo planificaron mientras libaban.

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Dos meses después de los hechos fueron aprehendidos y conducidos al Virgilio Guerrero para su rehabilitación, por ser menores de edad. La mamá que está en España se culpa de esta situación, se siente responsable de los hechos ocurridos. La decisión de los jueces fue de internamiento y rehabilitación por dos años debido a su complicidad. Se puede anotar que esta es una historia de abandonos continuos, cuyo tema central se muestra en la necesidad de vínculos que E. M. adopta, inclusive conociendo que las personas con las cuales los establece (sus primos) son personas que mantienen comportamientos agresivos, inadecuados con las otras personas, muchas veces irresponsables y claramente delictivos en no pocas de las ocasiones. Los abandonos se inician cuando la madre le deja muy tierno con sus abuelos. Los mismos abuelos, si bien se preocupan de las necesidades más vitales de E. M., no alcanzan a establecer vinculaciones significativas con él y vuelven a realizar un abandono, dejando inclusive que él decida lo que quiere hacer. No han sido capaces de establecer normas para su compor tamiento y sus forma de relacionarse, no han logrado que la escuela sea la que inter venga con límites y normas que puede brindar una institución, así sea de manera muy elemental. Tampoco han logrado que este hijo-nieto se mantenga activo y desarrolle una vocación, que asegure posteriormente su super vivencia e inclusive garantice, de alguna manera, el mantenimiento de una posible familia, en los años posteriores a su adolescencia. E. M. se cría casi solo, sin normas apropiadas que de algún modo dirijan su comportamiento, o que conduzcan a la vivencia de valores de adaptación social y a valores significativos de creación y de actitud. Los primeros habrían permitido el desarrollo de sus habilidades; los segundos le habrían permitido armonizar en sus relaciones sociales y se habrían abierto a un sentido a su existencia. Esta es una de las consecuencias del maltrato infantil. El daño no está en su ser físico solamente, pues, la necesidad de afecto en los niños es vital; sino sobre todo, –como diría Viktor Frankl– es abandono emocional y violencia espiritual. Al abandono, no solamente físico sino también emocional de la madre de E. M., se suma la negligencia por parte de los abuelos, encargados de la crianza y educación de su nieto, que produjeron a su tiempo estados depresivos manifiestos en baja energía, apatía expresada como pérdida de motivación en cualquier actividad, y retraso en el desarrollo educativo, social y cultural.

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Según Bowlby (1982) la privación emocional puede generar efectos contraproducentes en la infancia, entre las cuales señalan como destacadas las manifestaciones psicopáticas parciales o encubiertas, estados de ansiedad y depresión, con “sentimiento de angustiosa ausencia de algo”, que a veces puede permanecer por mucho tiempo, como una forma de sentimiento que busca el resarcimiento de estas privaciones. Así, esta violencia blanca puede generar la necesidad de agredir, como una manifestación que adopta la ausencia de ese algo, tanto más que la agresión es una de las pulsiones humanas más naturales, de carácter reactivo; comportamiento más común ante las frustraciones a través del cual intenta eliminar sus efectos, y que a su vez está siendo causado por el contexto y/o por las personas con quienes se vincula. La agresión puede ser canalizada hacia el trabajo, el estudio, la superación, pero E. M. no hizo de estas actividades parte de su norma o estilo de vida; es decir, la ansiedad que puede llevar a la agresión se ha mantenido incólume, tanto como el vacío existencial, la presencia de otros valores y la ausencia de límites, de normas y respuestas, favoreciendo más bien su descontrol. “La gran enfermedad de nuestra época es la falta de rumbo, de hastío y la falta de sentido y finalidad”, afirma Frankl (1982: 11-20). La pérdida de sentido de la vida, el vacío existencial, la ansiedad y urgencia de hacer algo para llenar ese vacío, asociado al consumo de alcohol, puede constituirse en un detonante de violencia y/o de autoagresión. Pero esto no es todo, sino que el consumo de alcohol estaba asociado a la necesidad de construir su identidad, al mismo tiempo que satisfacer la necesidad de pertenencia: en el único grupo al que se podía integrar. La planificación grupal de un asesinato múltiple y un incendio estaba motivada por la venganza, inmersa en discusiones, peleas y amenazas encapsuladas desde hace tiempo. Una salida a la necesidad de llenar el vacío de algo que faltaba. Este acto colectivo estaba confirmando la ausencia de los valores de creación, donde un trabajo personal y específico tiene carácter único y da un sentido a la vida. Evidencia la ausencia de los valores vivenciales, según los cuales el yo se construye en la relación con un tú. Denuncia la falta de valores de actitud, que permite que la persona asuma libremente comportamientos responsables, sobre todo cuando se encuentra en situaciones límites, como aquella en la que se encontró E. M.

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E. M. no pudo trascender a esta realidad en la que se encontraba. A decir verdad no pudo utilizar esta capacidad que todo ser humano tiene. Rollo May dice que “esta capacidad de trascender la situación inmediata constituye la base de la libertad humana”. El crimen cometido y el incendio provocado era más bien una muestra de la falta de libertad, y un fracaso en el uso de esa libertad. En consecuencia, implica la existencia de una esclavitud ante los impulsos, las necesidades, los deseos. La ausencia de estos valores no anula la existencia de una condición premoral y prerreflexiva de los valores (ellos no los definieron con estos nombres), asentados en la misma naturaleza humana, en los modos de relación culturales y sociales, inclusive en los más primitivos. Ellos se hallaban en la etapa de la adolescencia, entre los 15 y 18 años, cuando es posible haber ya desarrollado los medios necesarios para reflexionar apropiadamente, comprender las vinculaciones sociales –aunque éstas sean pocas– y convertirse en personas responsables de sus actos y decires. Esta responsabilización a la que progresivamente habían llegado, no desliga naturalmente la responsabilidad de los adultos que aún estaban encargados de los procesos de educación y de formación de los jóvenes, haciéndose en ese caso co-responsables de estos actos y de sus consecuencias. Esta relativa responsabilidad alcanzada por los jóvenes, producto del desarrollo y maduración física, intelectual y social, y del comportamiento moral correspondiente, implicaba también la necesidad de asumir con la responsabilidad, la culpa, fruto a su vez del nivel de consciencia alcanzado, y que no se anula por una condición supuestamente afectada por el consumo de alcohol, tanto es así que la capacidad de planificación del crimen múltiple no se afectó, aunque se puede reconocer la incidencia de los factores emocionales en el decurso y en el contenido del pensamiento. Desde una visión psicoanalítica un sentimiento de culpa inconsciente puede generar impulsos criminales, como una condición de toda persona. Alfred Adler consideró en cambio que a la Voluntad de Placer se opone la Voluntad de Poder; es decir el elemento motivacional de la conducta humana es más bien una necesidad de autoafirmación. Así que el crimen vendría a ser una satisfacción de este impulso y una sobrecompensación que muestra el fracaso de orientarlo a la estructuración del sentimiento de comunidad. Esta misma es la reflexión y consideración de la Escuela de Chicago que inauguró el denominado “abordaje multicausal” del crimen. Según esta

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Escuela, el crimen resulta de un complejo de causas, debiendo todas obtener un análisis antes que un diagnóstico criminológico. La Psiquiatría evolucionó y algunos conceptos en Criminología y Derecho Penal deben ser correctamente actualizados. Cuando cambia la sociedad, cambia la ciencia. Los últimos estudios han hecho un viraje hacia los aportes de la Logoterapia Frankliana (Costa, 1996), que obliga a rectificaciones inevitables. Según Frankl (1973: 128) al principio del placer infantil de Freud y al principio de poder adolescencial de Adler, se contrapone el principio del sentido adulto, según el cual el ser humano es movido por una sed de sentido en su vida, sea a nivel genérico o a nivel de las situaciones más singulares. El vacío existencial aparece como el resultante neurótico de una conducta criminal, sobre todo de acuerdo con las experiencias de logoterapeutas con presidiarios de los Estados Unidos de Norteamérica. Éstos concluyeron también que el consumo de drogas está esencialmente relacionado con la falta de sentido en la vida, llegando a un índice de 90,90. (Frankl, 1996: 188). “La evidencia estadística favorece mi hipótesis de que las personas muestran mayor propensión a tornarse agresivas cuando son invadidas por este sentimiento de vacío y de falta de sentido” (ídem: 15). El análisis existencial ha descubierto que la persona que ha cometido un crimen, ha estado pasando por un disturbio existencial, al haber perdido aquel punto fijo en el futuro que le ayudaría a trascender los instintos agresivos. Las frustraciones emocionales, como las de E. M., asociadas a otros elementos personales (como la incapacidad para tolerar frustraciones y la facilidad de ser influenciable) y ambientales (como la necesidad de integrarse a un grupo y socializar, la falta de normas y límites, la falta de trabajo significativo), eventualmente resultan en conductas criminales, frecuentemente delitos contra la propiedad, en razón del estado de sus necesidades. Se abre, en este caso, la discusión sobre el libre albedrío, de responsabilidad mayor para que lo tome en cuenta el juez que juzgue esta causa, y no llegue a soslayar los aportes de la psicología logoterapéutica, sino que proceda como lo ha hecho últimamente la Escuela de Psicoterapia de Viena, integrándola con las innovaciones de las Ciencias Penales vinculadas al Código de la Niñez y la Adolescencia. Los análisis judiciales apoyados por los aportes de la Psicología, no evitan que el adolescente pueda sentirse culpable por los actos cometidos, de-

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bido a su desarrollo intelectual, social y moral, sobre todo después de que pasan los efectos del consumo del alcohol. Y esto sucedió no solamente con E. M., sino también con los otros dos adolescentes que participaron en el delito. La conciencia de la culpa lleva naturalmente a la necesidad de confesión y a la necesidad de recibir un castigo proporcional a la dimensión de la culpa y, en ausencia de éste, conduce al autocastigo. La ausencia de sentimientos de culpa, definiría una patología moral, que se halla en el ámbito de la psicopatía. La presencia del sentimiento de culpa habla de la normalidad de la personalidad, aunque en ella se hallen algunos conflictos de relación y de direccionalidad de la vida. La culpa es un factor que llevó a la confesión del hecho, a pesar de que nadie sabía sobre sus autores. Pero también, en palabras de Frankl, la necesidad de castigo nace de la misma necesidad de encontrar sentido a la vida –tendencia natural de todo ser humano– y de llenar el vacío existencial, que resulta más intolerable que la vida misma si ésta carece de una meta, como había estado ocurriendo con E. M. y sus primos. La confesión de la culpa resulta un alivio y garantiza el hecho de recibir un castigo justo, que disminuya el monto de culpa, liberándole de la presión de la conciencia alcanzada. Sin embargo, la confesión de la culpa no es lo único que el nivel de conciencia alcanzado exige. La conformación de un elemental nivel de conciencia también exige una reparación que permita recuperar la salud mental perdida, superar la neurosis noógena derivada de una crisis existencial no superada. Por ello el Código de la Niñez y la Adolescencia incluye este aspecto importante, ya que una infracción social y sobre todo un delito, deja de ser un acto privado, y se convierte en un asunto público, una ofensa a la comunidad. Esta es una realidad aunque sea expresada sobre la persona de un solo individuo, porque corresponde a una acción de lesa humanidad. Al parecer esta es una de las intuiciones naturales que el ser humano posee al alcanzar un nivel mínimo de reflexión, de reconocimiento de su condición natural de ser un ser social, y de la convicción de que su actuar y hablar ha de tener consonancia y coherencia con esa comprensión y ese saber. El ser humano no solamente es heredero de condiciones biológicas, sino también culturales, construidas desde tiempos ancestrales. Y si la agresividad es una condición humana natural, lo es también el sentimiento de cul-

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pa y el deseo de reparación idóneo, porque este es también un aspecto de la condición social y existencial de todo ser humano. Y si lo es de todos los seres humanos, también lo es de los y las adolescentes que ya usan estas destrezas. Cualquier persona conocedora de la naturaleza humana podrá darse cuenta que no todas las personas actúan en razón de su inteligencia y su voluntad, sino que con frecuencia cualquiera puede ser impulsado, motivado y llevado a reaccionar o actuar empujado por los sentimientos y las emociones. Esto es particularmente importante en la etapa de la adolescencia, y sus formas de reacción y sus comportamientos son interrelacionales, lo cual lleva a considerar que los comportamientos disruptivos, infractores o delictivos, han de ser juzgados conforme a las características de la personalidad de cada persona. Sin ánimo de producir creencias vinculadas a subgrupos, que le reste por sí la responsabilidad a las personas como los y las adolescentes, y que exija una reacción también irracional de protección y negación de la culpa, o que conduzca a creer en la inimputabilidad solamente por pertenecer a ese grupo, es necesario reconocer el grado de incidencia de los factores impulsivos y emocionales en la producción de conductas y en la toma de decisiones. Así como se han de tomar en cuenta estos aspectos, también se lo ha de hacer con las relaciones que establece el y la adolescente, el mundo cultural que le rodea, sus vivencias, creencias, sin las cuales es fácil caer en formas discriminatorias de juzgar un comportamiento desde el enfoque solamente judicial. Si el o la adolescente es una persona, como fundamento sobre el cual se levanta el ciudadano, es entonces un sujeto de derechos; y si esto es así, es también sujeto de obligaciones y responsabilidades, que le son inherentes tanto como los derechos. Y, enfatizando, si es sujeto de derechos es tan ciudadano como cualquiera otro, en términos de dignidad como persona, y en términos de igualdad ante la ley. Por ello, los y las adolescentes deben ser juzgados en coherencia con la doctrina y nuevo paradigma de protección integral, y no en consonancia con la doctrina de situación irregular y su modelo de protección y asistencia. Así, la conducta de un adolescente sale del mundo de lo privado para entrar en el contexto de lo público, como sus garantías y derechos. Por ello un elemento de ruptura con el sistema anterior (de “situación irregular”) es el “reconocimiento de las garantías sustantivas y formales de que deben gozar los niños y jóvenes frente al aparato coactivo del Estado” ( Gallardo, 1999) por parte de la doctrina de protección integral.

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Otra diferencia con el sistema anterior lleva a distinguir entre necesidades sociales e infracciones a la ley. Ambas deben ser tratadas de manera distinta. La una procurará el bienestar del sujeto, la otra actuará para definir un delito. Esto significa, entonces, que debe haber un derecho penal mínimo para adolescentes, que reforzaría su condición de sujeto de derechos; al dejar de ser un incapaz, recupera su dignidad de persona, cuya responsabilidad le es inherente a esta su condición humana. La responsabilidad debe ser vista como un derecho de los y las adolescentes porque ya son capaces de darse cuenta –y lo hacen progresivamente– de la dimensión de sus actos, entienden el sentido y significado social de sus acciones u omisiones, y de ser capaces de integrarse al contexto social –también progresivamente– llamado socialización. De esta manera, desde el punto de vista judicial, los actos infractores de los adolescentes vuelven al plano de la culpabilidad y dejan atrás el concepto de “peligrosidad” para la sociedad que mantenía la doctrina de la situación irregular. Los juristas consideran (ídem) que de esta manera los jóvenes y adolescentes recuperan las garantías que tienen los adultos y que se les negaron en las condiciones tutelares de la doctrina de situación irregular. Se le recupera su derecho a defensa, a ser escuchado, a presumir su inocencia, por ejemplo, como lo expresa el Código. Con este enfoque, además de respetar los deberes del Estado frente a las personas, de respetar el principio de dignidad de las personas que pertenecen a ese Estado, y de hacer efectivo el principio de igualdad de los ciudadanos, dejaría de plano las consideraciones provenientes solamente de la condición natural de las personas, y se adentraría en la consideración política, social y jurídica, congruente con un Estado democrático de derecho (Bustos, 1987). Entonces surgirá la necesidad de determinar la imputabilidad o inimputabilidad de un/a adolescente, y la exigibilidad de su culpabilidad (Villacís: ), ya no solamente en consideración a argumentos psicológicos y sociales –que no pueden dejar de ser tomados en cuenta, sino sobre todo en base a la definición jurídica de un delito criminal o no, y de conformidad con ello, una pena criminal o no, que terminará dando forma a la necesidad de castigo y de reparación que experimentan las personas con personalidad saludable (Jourard, 2001: 299-300).

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La condición adquirida de modo progresivo por los y las adolescentes puede sustentar también la necesidad de estructurar un derecho penal de éstos, regido por el principio de la culpabilidad, de manera que se construya un sistema penal mínimo, racional y democrático. “Cualquier intento de construir garantías que ignore este principio, creo que está destinado al fracaso” (ídem). De esta forma, el/la adolescente que exhibe una conducta infractora a la ley establecida, en la cual se contempla la tipificación de ese delito y la pena correspondiente (Cillero, 2000), ya no solamente hará efectivo un derecho a la confesión de su culpa, al reconocimiento social de su culpa, sino aún hará social su necesidad de castigo y de reparación social.

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CONCLUSIONES En todos los casos presentados, el comportamiento adolescencial, inclusive aquel que puede considerarse infractor, se constituye en una llamada de auxilio a la situación vivida en el contexto familiar o a la dificultad de cruzar exitosamente una etapa hacia otra, dentro de un proceso evolutivo. Por ello y porque el(la) adolescente valora altamente estos insumos de la estructura familiar, social y escolar, está “dispuesto a sacrificar” su desarrollo y maduración para lograr un cambio significativo, encontrar un nuevo sentido a la vida, las relaciones, las formas de comunicación y los estilos de vida. Si los adultos y las instituciones vinculados a la niñez y la adolescencia no son capaces de “escuchar” esta declaración de los y las adolescentes; lejos de lograr los cambios requeridos –que casi siempre implican reestructuraciones– ahondarán la conflictividad, la volverán crónica, y culpabilizarán a los adolescentes de sus efectos y consecuencias, sin darse cuenta que su percepción y sus decisiones son los factores más influyentes para este resultado, muchas veces contrarios a los que justamente pretenden alcanzar. Del análisis de los cuatro casos se desprende que la falta de normas apropiadas dentro de la casa, ya sea porque éstas no han sido establecidas o acordadas, o porque no se han modificado al par que los cambios evolutivos en los hijos, y de éstos en relación con el ámbito social, por descuido o desatención voluntaria o involuntaria, y la falta de aceptación y acatamiento a las mismas, porque con sus imaginarios no aciertan a situar al adolescente ni en el grupo infantil ni en el grupo adulto, predisponen a los adolescentes a producir comportamientos infractores y hasta delictivos, a nivel social. Estas mismas conductas iniciadas en el contexto familiar se extienden al ámbito escolar y social, al mismo tiempo, como un patrón de comportamiento o un hábito adoptado, y se constituyen en una clarísima amenaza para la construcción de su identidad, que a su vez va en detrimento de la construcción de la intimidad, que se traduce como la capacidad de lograr vinculaciones significativas con las personas en general, capacidad de trascenderse a sí mismo, competencias para relacionarse afectivamente, y en general transitar del yo egosintónico al nosotros halosintónico.

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En muchas ocasiones puede verse de manera directa este vacío de normas en la incapacidad para establecer acuerdos entre adultos y adolescentes, precisamente porque se los mira como objetos de protección en continuo peligro, incapaces de razonar apropiadamente, de tomar decisiones adecuadas y establecer vinculaciones significativas con ellos dentro y fuera de la familia. Los adultos (padres y profesores), a su vez, están siendo partícipes de criterios de infravaloración de las capacidades existentes en los adolescentes –de modo progresivo–, de marginación de la participación social, y de la capacidad de ser agentes de su propio desarrollo. En consecuencia, en otras ocasiones, la familia –sin estas normas– no logra distribuir las funciones del hogar con quienes lo conforman; los padres las asumen en su totalidad y, sin pretenderlo, originan un desinterés del o de la adolescente en la familia, en sus relaciones y en su comunicación; los hijos interpretan esta falta como una actitud de distanciamiento, de ausencia, desinterés, que poco a poco se convierte en irrespeto, egocentrismo y búsqueda de actividades sustitutivas que, en ocasiones, pueden poseer signos de destructividad y deterioro para ellos mismos y su entorno. Situación similar ocurre en el ámbito escolar, como consecuencia de los mismos imaginarios, de las mismas maneras de relacionarse y de la misma forma de los adultos de imponer normas, acordes unas veces y contradictorias otras, con la Reglamentación establecida en la institución educativa, y sin importar si ésta se halla o no en concordancia con el Código de la Niñez y la Adolescencia. Si esto es así se convierten personal y/o institucionalmente en agresiones a los y las adolescentes. Estos factores, a su vez, se instalan como rasgos de personalidad de los y las adolescentes y se muestran clara y directamente en las relaciones sociales, en el uso de la libertad y en la manera de interpretarla como ajena a la responsabilidad personal, cuando se hallan en los ambientes familiar, escolar y/o social. En numerosas ocasiones estos rasgos de personalidad están incluidos dentro de un contexto de resentimiento y agresión, el cual podría ser expresado en comportamientos infractores destructivos y violentos hacia sí mismos, para otras personas, o hacia el medio en el que se desenvuelven y que, en ocasiones –como se percibe– son respuestas a los modos de interaccionar entre adultos y adolescentes.

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Si estos rasgos de personalidad que han sido caracterológicamente integrados, son dirigidos hacia fines de supuesta reivindicación social, los adolescentes y jóvenes fácilmente pueden ser incluidos en movimientos violentos claramente delincuenciales o claramente subversivos, y que son en muchísimas ocasiones formas de ritualizaciones “escogidas” para dar forma –en su estilo de vida– a maneras de comunicar no tanto una ideología, sino una forma de percibir y de contestar a la sociedad, a la familia, al sistema educativo, a los sistemas económicos y políticos. Conviene recordar que el contexto de relaciones significativas para los y las adolescentes es el grupo de pares, y su búsqueda más importante un liderazgo que responda a sus intereses. Las formas de vida sociales que la sociedad y sus manifestaciones culturales ofrecen, como única alternativa, a los adolescentes y jóvenes, facilitan o impiden también que logren el paso apropiado entre la construcción de la identidad y la intimidad. Las normas que se establecen alcanzan o, en su ausencia, impiden este propósito. Si los y las adolescentes y jóvenes carecen de ellas, las estructurarán ellos mismos, solos, o dentro de grupos, y su manera de hacerlo, su modo de vivirlas, mantenerlas e incluso imponerlas, hacen las características de los diversos grupos. Las normas que pueden establecerse desde la familia, al principio por imposición y luego por acuerdos, son ritualizaciones que proporcionan sentido y dirección a la vida de las personas, confirman su pertenencia y construyen formas de vinculación social, que se reflejarán en las formas de proceder en el colegio y en la sociedad en general. Cuando las normas se hallan ausentes en las relaciones interpersonales familiares, escolares y sociales, esas estructuras se tornan caóticas, disfuncionales, conflictivas e inclusive infractoras y claramente destructivas, no solamente para el medio, sino para la propia persona de los y las adolescentes y jóvenes. Por lo cual la carencia de normas, además de revelarse como signo de abandono, desinterés y vacío, son manifestaciones claras de una amenaza a la identidad de los adolescentes, que les impide alcanzar una nueva etapa e integrarse apropiada y constructivamente al ámbito social. Esto significa concomitantemente que la sociedad puede abrir sus espacios de participación a los y las adolescentes y construir con ellos las normativas más apropiadas para garantizar esta participación, integrar sus críticas y observaciones, hacer funcionales sus intereses y direccionalidad, su vocación y deseos de realización, permitiendo que los y las adolescentes se convier-

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tan en agentes directos, activos y transformadores de la misma sociedad, iniciando este proceso desde el contexto escolar. Desgraciadamente, como se ha notado en los casos presentados, la forma de procedimiento –intencional o no– de los padres, educadores, autoridades y agentes de socialización, sitúan a los y las adolescentes en una posición que Erikson denomina de “moratoria psicosocial”, que no solamente ofrece una enorme resistencia a los procesos de desarrollo sexual, cognitivo, sino que sobre todo retarda inútilmente el compromiso con la sociedad y su aporte al desarrollo, en la medida de su proceso evolutivo alcanzado. Por ello ni siquiera están dispuestos a abrir estos espacios y continúan con una política de exclusión, compartida en todos los niveles y en todas sus expresiones: social, cultural, deportivo-recreacional, comercial, industrial, productiva, económica, legal. La moratoria psicosocial increíblemente ha estado proporcionando una seudo y aparente libertad, en la que han creído encontrar los roles, aduciendo que sin más los y las adolescentes los pueden ejercitar, incluyendo los roles sexuales, caracterizados como derechos sexuales de los y las adolescentes, muy reveladores de los procesos de una adaptación también aparente a la sociedad, pero que traducen más bien una sobrecompensación permisiva y tolerante, reflejo de la incomprensión del alcance y significado de la vida adolescencial en esta sociedad posmoderna. De esta manera, el resultado obtenido ha sido el mantenimiento de los y las adolescentes alejados de la adopción de obligaciones, auspiciando –contrariamente a las intenciones la vivencia de la irresponsabilidad, en la misma medida en que han sido incapaces de ayudarles a manejar su libertad, y se han convertido, entonces, en elementos que contribuyen al sufrimiento, disfuncionalidad, y patología propia de la sociedad, a través del comportamiento adolescencial. Es frecuente que los y las adolescentes y jóvenes caigan en una especie de “latencia” –no sexual– sino psicosocial, prolongando la dependencia de los adultos (aunque la ley establezca que a los 18 años lo son), porque la misma sociedad que aúpa este tipo de libertad, le niega la posibilidad de realización, en razón de los limitantes sociales, económicos, políticos y laborales, dando como consecuencia un ciudadano a medias (aunque el Código diga que lo es), que finalmente no ejerce como ciudadano. Una trampa que claramente revela una paradoja, aprobada y difundida a nivel global, que finalmen-

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te da como fruto el que los derechos no ejercidos, sean percibidos, comprendidos y vividos como inexistentes. Los comportamientos que se derivan de esta paradoja –al decir de Watzlawick (Bateson, 1984: 256) –originan comportamientos, formas de transacción –interrelacionales y comunicacionales– esquizofrénicas (que la gente traduce como locas), o claramente comportamientos esquizofrénicos (aunque la personalidad no lo sea), porque la conducta esquizofrénica es la única manera de evadir la paradoja social, escolar o familiar, o de cualquier otro sistema, cortando las contradicciones. Los y las adolescentes suelen decir frente a esta realidad: “me declaro loco” y muestran en seguida un rostro de indiferencia mezclado de impotencia y resignación. A pesar de todo ello estos comportamientos incoherentes, paradójicos, esquizofreniformes no son aceptados ni tolerados por el sistema social, y se convierten en conductas infractoras a las normas establecidas. Al mismo tiempo, el denominado ethos (maneras y costumbres, actitudes e ideales morales) social o comunitario se halla en franca contradicción con la estructuración de la identidad de los y las adolescentes, generándose comportamientos calificados como distónicos o antipáticos con las normas establecidas, aunque en realidad comportamientos sintónicos y simpáticos con los comportamientos sociales inducidos, pues, lo que están haciendo estos adolescentes es seguir la corriente de la paradoja social. En otras palabras, las conductas infractoras de los y las adolescentes son una muestra directa de la incapacidad de la sociedad y la escuela, por un lado, y de la familia, por otro, para acordar seriamente con los y las adolescentes normas apropiadas que ayuden a delimitar, regular, dirigir, orientar, encauzar los comportamientos, de tal manera que de la identidad adolescente, ellos puedan pasar a la intimidad juvenil y adulta. Los y las adolescentes han de comportarse como adolescentes y vivir como tales, y no es un periodo indefinido, deben devenir en adultos, a su propio ritmo, dependiendo de las diferencias individuales y de su contexto social. Es necesario que padres, profesores, autoridades, jueces, se mantengan conscientes de que la adolescencia es una crisis creada por el sistema urbano, y no natural, como se puede evidenciar en el ámbito rural. Y, fundamentalmente, la necesidad de crearla ha respondido al afán de poder del adulto y a que la sociedad se halla adultocentrada en todas sus expresiones.

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Las normas son imprescindibles porque son las ritualizaciones necesarias para cada etapa y adecuadas a cada estadío, para que los y las adolescentes no pierdan la conexión entre su identidad y el ethos, caso contrario esta falta puede conducir a “ritualismos desvirtuantes”, como los llama Erikson, que les conduzca a dogmatismos e ideologías, a comportamientos considerados rebeldes y oposicionistas, provocadores, meramente cuestionadores de la autoridad, la libertad y las normas establecidas, o que pongan en peligro la construcción de su identidad y los procesos de maduración, entre el ethos y la ética personal, entre la construcción de la estructura individual y la estructura social. La falta de normas ha sido a su vez una característica de la estructura disfuncional de la familia, o de la ausencia de estructuración adecuada en el contexto escolar. Al respecto, la psicóloga sistémica, Virginia Satir (1993) manifiesta que esta carencia es una de las características propias de las familias que ella denomina conflictivas, impidiendo que se constituya el sistema familiar. Cuando esto sucede, sobre todo los y las adolescentes, experimentan una sensación de vacío por falta de guianza, regulación para su acción, que se relaciona directamente con lo que se debe o no se debe hacer, decir, actuar. Muchísimas veces estas reglas no han sido explicitadas básicamente porque no existe una comunicación clara, directa, abierta, libre, específica, sincera. En este caso es imposible que las normas o reglas puedan ser definidas, asumidas y expresadas en la cotidianidad, peor aún en situaciones críticas. Esta es una de las características encontradas en las personas y familias investigadas. Razón suficiente para asegurar que la estructuración familiar no se había producido, y los comportamientos de los y las adolescentes se pueden observar como desatinados, desbordados. El mismo comportamiento asumido en la familia es el mostrado en la escuela, en la que reproducían la misma manera de relacionarse, el mismo patrón de respuestas, el mismo hábito de responder ante las diversas situaciones. Es necesario tomar en cuenta que no solamente la falta de reglas o normas produce este efecto, que a su vez incide en la comunicación, y es incidido por ella; sino que también las normas rígidas, fijas, inmutables producen el mismo efecto destructivo y deseducativo o deformativo. Y esta es una realidad observable en las escuelas y colegios, como respuesta, a su vez, a los comportamientos de los y las adolescentes. La rigidización de las normas escolares –establecidas o no en sus Reglamentos Internos– retroalimentan los compor-

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tamientos disfuncionales de los y las adolescentes, produciéndose de esta manera una “escalada complementaria”29 entre ambos actores, y se convierten así en instituciones educativas “conflictivas” y disfuncionógenas, al igual que las familias. A pesar de que los y las adolescentes no se ven exentos de sus responsabilidades por sus comportamientos infractores en la escuela y, en consecuencia, relativamente responsables de ellos, las autoridades de los establecimientos educativos les consideran los únicos que deben responder frente a la norma establecida, y recibir la sanción que se determine, aunque ésta no conste en el Reglamento Interno, o vaya en contra de los derechos de los y las adolescentes. Si bien el número de casos presentados no pueden ser considerados representativos de la realidad existente en la población adolescencial, merece la pena señalar una observación que aparece como importante en éstos, respecto a la construcción de normas dentro de la familia. Cabe preguntarse si la existencia de una vinculación disfuncional o conflictiva materno-filial podría incidir en la producción de conductas infractoras de un modo diferente a la existencia de vinculaciones también conflictivas con ambos padres, o a una falta de vinculación de ambos, o de uno de ellos. Si la ausencia del padre es más determinante para la producción de conductas infractoras, que la ausencia de la madre. El Psicoanálisis expresa que la función del padre es organizativa, normativa, es el representante externo y posteriormente interno de la Ley. En el primer caso, F.O., mantiene una relación conflictiva –en términos de Virginia Satir– con su madre, caracterizada por abandono, agresión psíquica y moral e inclusive rechazo explícito. Y, adicionalmente la inexistencia del padre cuya existencia se desconoce y, en consecuencia, representa una carencia total de su participación en los procesos educativos y/o formativos, al mismo tiempo que se traduce en abandono de la madre de F.O. desvalorización de su capacidad de salir de su situación de extrema pobreza, y desplazamiento de su propio maltrato a la relación con sus hijas, al punto de desvalimiento e indefensión que prefiere colocar, sobre todo, a F.O. en grave peligro. La infracción de esta prepúber es el vagabundeo, la desobediencia a los mandatos de la madre por considerarlos inapropiados, sin autoridad suficiente, injustos e impositivos, discriminatorios y excesivos; además de fugarse 29 Término acuñado por Bateson. Bateson, Gregory. Naven. Stanford Univertisy Press. Stanford. 1953. p. 176.

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del hogar, prefiere los peligros y los malostratos de personas ajenas antes que el maltrato de la propia familia, la utilización de mecanismos de afecto compasivo y búsqueda de momentos de alegría a través de la música, además de ser consciente de sacrificar su seguridad por el bienestar de su hermana, ante quien paralelamente mantiene sentimientos de envidia y celos. En el segundo caso, C.C. tiene sus dos padres conformando su familia de modo cotidiano, pero su ausencia se debe al trabajo que realizan copando casi todas las horas del día, inclusive los fines de semana. Los vínculos entre ambos subsistemas son insuficientes, y son sentidos por C.C. como abandono. Siendo el primero de sus hermanos tiene el peso de cuidarles y ser “el ejemplo” para ellos, un ejemplo que a su vez es sentido como un distractor que pretende evitar la comisión de posibles errores, pero que a su vez se constituye en una profecía autocumplidora que realiza justamente aquello que se pretende evitar. C.C. vive en una familia sin reglas explícitas, que se conviertan en guía para su formación puberal. A pesar de ello cumple con las expectativas escolares de sus padres, y en cuyo resultado ven el reconocimiento a su propio “sacrificio”. La ausencia de reglas claras y explicitadas, y en este caso acordadas, no solamente refleja la desvalorización y marginación general de todos los adolescentes, sino un descuido de su formación, de la implementación de mecanismos de diálogo y de compartir intereses, preocupaciones y necesidades educativas individuales. Traduce la valoración específica del trabajo de los adultos, la escasa participación de los y las adolescentes en la familia, y la consecuente desvalorización sentida por C.C. Esta desvalorización le empuja a buscar otras relaciones con la finalidad de compensar sus necesidades afectivas, de seguridad, de pertenencia, que se incorporan a la estructuración de su identidad, y no solamente como parte de un proceso de socialización, de independización y de responsabilización progresivas. Se trata de una sobrecompensación, que como tal va más allá de lo necesario y traduce la disfuncionalidad en lugar de reflejar un proceso de maduración. La infracción de C.C. por la vía de la búsqueda de vinculaciones afectivas, mezcla las necesidades y deseos, con el vacío de significación de sus frustradas vinculaciones familiares, y por la vía de la necesidad de construir su identidad traspasa los límites a conductas sexuales que generan reclamo más allá del ámbito de lo privado, y se estrella contra la Ley, pues hasta entonces se

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hallaba fuera de su alcance y control, debido a que la ausencia de normas familiares no permitía ligarlas con las normas sociales. Sin embargo, C.C. era capaz de obedecer las normas vigentes en el colegio y mostrar una adaptación coherente con ellas, porque la existencia de estas normas aparecía como apropiada solamente para este contexto y no para el contexto social, y ni siquiera tenía que ver con el ambiente familiar. De todas maneras era una de las formas de vinculación que mantenía C.C. ya que era valorada por los padres, y su lealtad hacia ellos le condujo no solamente a responder en el rendimiento escolar, sino también en la obediencia a esas normas impuestas. C.C. había aprendido a mantener un comportamiento diverso en su familia y en la escuela, pero no relacionaba estas conductas con la conducta social, en cuyo ámbito se sentía en plena libertad, sin ninguna responsabilidad. Su conducta infractora se revela como tal cuando una niña de 12 años pone en evidencia un acto que aparecía como privado, y como una manera de defender su seguridad, aceptación y pertenencia ante su familia, al mismo tiempo que pretendía impedir un posible castigo, o las consecuencias que de ese acto se derivaran, más bien por inducción de los adultos, que por reflexión propia. Esta infracción se percibe de mayor gravedad que el vagabundeo, ya que involucra a otra persona, habla de su capacidad para optar, una mayor capacidad de razonamiento, de valoración, de desarrollo social y de pensamiento moral convencional –en términos de Kohlberg–. ¿Permiten estos datos deducir que la presencia de los dos padres no garantiza la prevención de las conductas infractoras, si su presencia equivale a una ausencia de ambos? ¿Significará que la presencia de la madre puede ser más importante para quienes se hallan en la etapa de la prepubertad y de la pubertad, y es más valiosa que la “presencia ausencia” de ambos padres? ¿Es posible que sea más determinante la presencia de la madre que la ausencia del padre? ¿Es esto lo que representa la inclusión al ámbito familiar y que ha permitido que concluya el vagabundeo de F.O.? ¿Es esto lo que traduce la decisión de los padres de C.C. de que la madre estaría en casa mayor tiempo en la tarde, renunciando a los ingresos económicos posibles por el trabajo de ambos, al valorar más su presencia y acción educativa que el bienestar económico? ¿Es posible que el rol del padre, al ser un rol social –al contrario del rol de la madre que es biológico– puede ser sustituido por la estructura y organización institu-

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cional como en el caso de C. C.? ¿Es posible que los prepúberes y los púberes necesiten más la presencia de la madre en razón de que su relación es más afectiva que normativa, y aunque sea más suave en el trato no deje de ser firme, como ha sucedido en los dos casos mencionados? El tercer caso, de R.V.R., también cuenta con los dos padres, aunque en la misma situación que C.C. y con el mismo resultado. La diferencia estriba en que R.V.R. es hijo único y, en consecuencia, además del abandono sentido por la ausencia de los dos padres, experimenta soledad, que le conduce a establecer relaciones sociales sin mayor discriminación. La misma lealtad que siente C.C. la practica en la relación con sus amigos, y paradójicamente esta misma lealtad le conduce a realizar conductas infractoras de consumo y tráfico de drogas. Otra vez, la decisión familiar define una mayor presencia de la madre, en las tardes, renunciando a las ganancias que el negocio puede dar, y valorando el bienestar familiar sobre el bienestar económico. De todas maneras, la tendencia de los padres a buscar mejores condiciones para la familia, de modificar sus criterios y sus relaciones para con R.V.R., inducen a que él busque nuevos rumbos, y a través de la estructuración y la valoración de sus relaciones afectivas en dirección a la conformación de vínculos de intimidad, pueda orientar su vida prospectivamente, de un modo productivo en el ámbito social. La relación de los púberes y adolescentes con su madre aparece como más importante, y se constituyen en un recurso valioso para sus procesos de desarrollo y participación social, siempre que estas relaciones no se conviertan en nexos de dependencia incapacitante para esos objetivos de independización, de socialización y de responsabilización socio-política, como miembros activos de la sociedad. En el cuarto caso, de E.M., el abandono, la soledad, la desvalorización de sí mismo y de sus propias potencialidades, la falta de normas, los malos tratos sufridos como respuesta a su hambre de cuidado, protección y guianza, van formando un ambiente interno de impotencia, de vacío de pertenencia, que atenta contra la estructuración más básica de la identidad, que le lleva a una asociación inapropiada, aunque la única permitida; le lleva a la exacerbación de la marginación propia de los y las adolescentes, de constituirse en un objeto antes que en sujeto, de ser fácilmente influenciable y manipulable, le conducen finalmente a producir una conducta infractora muy grave, al participar en un asesinato múltiple, posiblemente como una forma simbó-

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lica de manifestar sus deseos destructivos a su propia familia, contra la que no tenía poder, de remover la estructura de la familia, y generar una culpa justamente en su madre ausente. En este caso la ausencia de la madre fue permanente, al principio dentro de la misma provincia y, posteriormente, por emigración externa. Un abandono que responde a otro abandono, una exclusión que responde a otra exclusión. Una agresión que responde con otra agresión. Una injusticia que responde con otra injusticia. La presencia, acción y descuido de los abuelos y del tío, no sustituyeron el rol paterno, ni llenaron el vacío de la vinculación con la madre. El vacío afectivo, al parecer, actúa de modo mucho más determinante en la producción de conductas infractoras, que únicamente la ausencia de normas, pues no solamente implica un conflicto con el ethos social, sino que se traduce inmediatamente como vacío existencial de sentido de la vida –en términos de Viktor Frankl–, en especial cuando este vacío de sentido se halla dentro de una crisis existencial cercana a la adultez. Junto a estas observaciones que surgen de los casos expuestos, puede notarse con claridad en todos ellos, que las conductas infractoras también emergen como intentos fallidos de construir una identidad que los y las adolescentes la sienten necesaria, y que al mismo tiempo se muestran fallidas (difusión de la identidad), debido a una falta de guianza, acompañamiento y dirección que los adultos, en la familia y en la escuela, no asumen, o que imponen de manera rígida. El desatino al construir la identidad frena de manera incuestionable la inserción de los y las adolescentes al sistema social, y muchas veces de manera definitiva, retrasando así su participación activa, su productividad y la construcción de relaciones apropiadas en lo que Erikson denomina la intimidad, fruto valioso del proceso de socialización, conforme a sus diferencias individuales y su contexto socio político. Y aunque esta realidad sea visible a todas luces, conviene preguntarse si la sociedad está lista, preparada para esta inclusión de los y las adolescentes, o se trata de un discurso situado aún en el mundo de los deseos. La construcción de la identidad de los y las adolescentes no se halla limitada, ni se produce solamente en un ámbito intrapersonal, sino que es un fenómeno de corte completamente socio cultural, económico y, sobre todo,

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político. Y, a su vez, la construcción de su identidad es un factor necesario para la construcción de la sociedad, y de un proyecto que se puede desarrollar en poco tiempo. Estrechamente unida a esta difusión de la identidad, se ha hallado en estos casos expuestos, la ausencia de autoestima, que representa otro de los factores que revelan la disfuncionalidad y conflictividad de sus familias, de las cuales son miembros. Se entiende que la autoestima permite a las personas sentirse altamente seguras de sí mismas, que cuentan con respaldo, comprensión y aceptación, pero como ya se ha mencionado más de una vez, los y las adolescentes con identidad difusa a menudo reportan sentimientos de inferioridad, enajenación y ambivalencia. A estos sentimientos reañaden los de desconfianza, inseguridad, desprotección, vacío, desconfianza en sus capacidades, desilusión, envidia, temores, enojo, deseos de agredir y autoagredirse. Una auténtica amenaza al bienestar social y al capital social, recurso indispensable para la producción y de la reproducción, que si no se interviene caerá inútilmente como cascada inevitable, en un fondo oscuro al que la misma sociedad va conduciendo. La autoestima necesita surgir de la aceptación, estima e importancia que no solamente encuentren en el grupo de pares del/la adolescente, sino que parta del cambio de paradigma respecto a la participación de los y las adolescentes, en términos reales, en la familia y las instituciones que conforman este país. Este factor tanto como la necesidad de encontrar referentes que coadyuven a construir la identidad, se hallan ausentes en los casos que se incluyen en esta investigación. Los mismos sentimientos se expresan en la escuela y en el contexto social, facilitándose así la producción de comportamientos infractores, como una manera de escapar del cansancio emocional experimentado, del aburrimiento o del resentimiento vivido. La falta de aceptación de sí mismo, impide también la aceptación de los demás, el reconocimiento y la tolerancia a las diferencias individuales, incidiendo de modo determinante en la estructuración de la red social. Se trata de una valoración que no ha sido transmitida por los padres o por los maestros de manera verbal, ni de manera metacomunicacional, sino que ha ido minando poco a poco las posibilidades de proyectarse hacia un horizonte que incluya la propia valoración, como a la valoración, respeto y promoción de las otras personas, desde sus imaginarios hasta la ejecución de proyectos relacionados con sus vocaciones.

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La ausencia de autoestima, influye de modo notable en la subvaloración de sí mismo, en la subvaloración de las otras personas, convirtiéndoles fácilmente en blanco de sus propias frustraciones, fallándose a sí mismos en su intento de llegar a ser-persona, pues, solamente es posible lograrlo en función de las interrelaciones alcanzadas, como proceso auténticamente cultural, que supere la presión del instinto y conduzca a la construcción de la comunidad. La falla en la construcción de la autoestima y de la identidad es un atentado directo a la riqueza del capital social de este país. En la presente investigación, dentro de la hipótesis se consideró posible que las situaciones en las que se desenvolvían los y las adolescentes, se tornarían más graves y producirían condiciones muchos más deteriorantes o conflictivas si sus padres habían emigrado. Debido a que no es posible llegar a estas conclusiones a partir de los casos analizados, sí se puede decir que el factor de emigración no sería el más determinante para que las condiciones en que viven los y las adolescentes se tornen mucho más conflictivas y les coloquen en situaciones de mayor peligro, siempre que las personas que viven con ellos o están haciendo el rol de padres, cumplan con lo esperado. En el contexto de este análisis, si estas personas estructuran conjuntamente con los y las adolescentes normas, funciones y límites para sus comportamientos, y aprenden a sortear las dificultades que devienen de la nueva situación. De las observaciones realizadas es posible deducir más bien que ni la presencia de los padres es suficiente si ésta no se efectiviza en un diálogo compartido, continuo y permanente, que proporcione el espacio suficiente para realizar procesos formativos y para que los y las adolescentes compartan y cooperen en el contexto del hogar. Es bien sabido que se requiere vencer los iniciales prejuicios que mantienen tanto los padres respecto a sus hijos adolescentes, y de éstos respecto a sus padres. Se necesita confrontar imaginarios, expresar sentimientos, necesidades y deseos, aspectos que producen disconformidad, resistencia e inclusive oposición, hasta que las interrelaciones logren los niveles indispensables que creen el ambiente suficiente para definir roles, establecer normas, determinar funciones y límites en las interrelaciones hacia dentro y hacia fuera de la familia. La cooperación mutua más allá de las palabras, traducida más bien en comportamientos, dedicación de tiempo a actividades comunes, trabajo conjunto para ir logrando independización, socialización y responsabiliza-

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ción progresivas, irá posibilitando la construcción de lazos afectivos necesarios y propiciadores de la construcción de la autoestima, la identidad y la apertura hacia la intimidad, con una participación también progresiva en los ámbitos educacionales, sociales, económicos, laborales y políticos de los y las adolescentes. Si bien es cierto que la emigración produce un impacto que se considera tan fuerte como lo es pasar de una etapa evolutiva a otra, también es cierto que todas las personas –niños, adolescentes y adultos– poseen la capacidad de resiliencia para encontrar nuevas formas de ajuste al medio en el que viven, produciendo cambios en sí mismos, como cambios necesarios en el medio. Si los y las adolescentes experimentan la convicción de que mantienen un vínculo afectivo significativo, que alienta a largo alcance la consecución de sus metas, el sentido de la vida va delineándose y perfilándose, produciendo un estado de seguridad relativa y de autoestima suficiente para abrirse a vinculaciones constructivas en el medio social, emprender el camino que sólo ellos como adolescentes pueden llegar a caminar, e interesarse en la construcción de la sociedad de manera seria y comprometida. Los procesos de desarrollo impulsados en este sentido, desde el egocentrismo propio del inicio de la adolescencia hasta la construcción de la comunidad, tienen sentido. Si no conducen hacia este camino tan solamente representan un engaño, un peligro en ciernes, una estafa a la colectividad, y un desperdicio de recursos para este país. Y si los esfuerzos que parten de paradigmas desvalorizantes –sea bajo forma de protección o de consideraciones derivadas de la doctrina de la conducta irregular– o sea de “darles decidiendo y haciendo” con las mejores intenciones de trabajar para ellos, solamente se constituirán en bumerán que regrese destruyendo todo a su paso, como está sucediendo en Europa, donde la tiranía de los adultos ha dado paso a la tiranía de los y las adolescentes y de los niños. No conviene ni deificar a los y las adolescentes ni mantenerles en una situación de marginación sociopolítica. Es indispensable reconocer sus derechos y exigir el cumplimiento de sus obligaciones, en la medida en que se desarrollan, dejando que ellos mismos se conviertan en actores de su propio proceso de maduración. Es decir trabajar con ellos, sabiendo que se hallan en proceso de desarrollo, crecimien-

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to y maduración permanente, tanto como los adultos lo estamos. Esta construcción de la autoestima y la identidad garantizará auténticos procesos de adaptación, y no solamente de acomodación. Es imprescindible revisar las condiciones económicas, estructurales, políticas en las que se encuentran para animarles a comprometerse en la medida en que van siendo capaces de hacerlo, no solamente tomando en cuenta estos elementos sociales, sino con sus diferencias individuales y de origen regional, cultural y étnico. Si a pesar de todos los esfuerzos que se realizan conjuntamente, inicialmente desde la iniciativa de los mismos adultos, y con la misma visión adolescencial, surgen comportamientos infractores, es necesario actuar de manera decidida, comprensiva y firme, respetando sus derechos y exigiendo el reconocimiento de sus responsabilidades, al mismo tiempo que somos capaces de reconocer que nuestras acciones y omisiones, nuestras formas de tomar decisiones y las condiciones que hemos creado pueden hacer posibles estas infracciones. En otras palabras, si se ha trabajado plenamente en la prevención de estos comportamientos, podamos reconocer aquello que no hemos construido juntos todavía. ¿Cuál ha de ser entonces el proceder de la sociedad, de sus códigos y leyes, sabiendo que ella misma provoca lo que ella misma censura? ¿Cuál es el comportamiento familiar –los padres, sobre todo–, del sistema educativo –los educadores, en particular–, del sistema normativo social –códigos y leyes– si los comportamientos “infractores” de adolescentes y jóvenes, son sobre todo manifestaciones coherentes con la estructuración de estos sistemas? ¿Cuál ha de ser el proceder de los y las adolescentes que han producido conductas infractoras, si no han contado con normas apropiadas que orienten sus maneras de ser, saber, hacer y relacionarse, si son capaces de pensar racionalmente, si han logrado un desarrollo social y moral suficiente como para asumir la libertad y la responsabilidad, a medida de su maduración, con o sin necesidad de mediación adulta, si están en posibilidad de utilizar la capacidad de la resiliencia que les hace independientes de las situaciones iniciales y capaces de dejar atrás los efectos de las identificaciones infantiles, a fin de ir construyendo su identidad adolescencial que devendrá en adulta?

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7. SUGERENCIAS

DE

POLÍTICAS SOCIALES

Para la prevención y la intervención ante las conductas infractoras de los y las adolescentes entre 12 y 18 años, esta investigación no toma en cuenta toda la realidad en la que Ecuador está envuelto, sin embargo señala brevemente que la situación actual es fruto, principalmente, de las políticas públicas, en especial de las económicas, impuestas a través de su vida democrática, y que han incidido de muchas maneras, entre ellas la condición en la que se encuentran los y las adolescentes y sus familias. Uno de los aspectos aquí atendidos de una manera particular ha sido la producción de conductas infractoras en los y las adolescentes, y la necesidad de tomar algunas medidas preventivas a fin de evitar que ocurran y otras, interventivas, cuando estas situaciones se hayan producido. Para actuar de manera más apropiada frente a las conductas infractoras de los y las adolescentes, inclusive si éstas son claramente delitos que requieren de una intervención penal, o si contienen componentes que la psicología puede clasificarlos como patológicos, se hace necesario el planteamiento de políticas sociales que las aborden de manera apropiada y justa, tomando en cuenta la etapa evolutiva en la que estos ciudadanos se encuentran. Todos los elementos existentes en un Estado, como las injusticias sociales de carácter estructural, las separaciones progresivas entre los sectores derivadas de las políticas económicas, laborales y educativas; las exigencias de una deuda externa que castiga a los sectores menos favorecidos; las exclusiones de la participación en la economía y en la producción; la liberalización de las políticas comerciales y del régimen de inversiones, la desregularización del mercado interno, la pérdida de poder por parte del estado en sus “competencias, atribuciones y responsabilidades” (Medellín Torres: 2005); la adquisición de poder por parte de empresas privadas transnacionales, la necesidad de una intervención y responsabilización del sector civil, y, sobre todo, el hecho de que somos ciudadanos que tenemos el derecho de opinar sobre las políticas socia-

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les a implementarse, impulsan a proponerlas; y, en este caso, sugerir políticas sociales relacionadas con un aspecto considerado en este trabajo, como son las políticas a adoptarse frente a las conductas infractoras de los y las adolescentes. Sabiendo que la adolescencia cubre una ancha franja de ciudadanos entre 12 y 28 años que, a más de corresponder a casi el 40%30 de la población, podría ser una razón suficiente para implementar políticas sociales preventivas a la producción de conductas infractoras en la familia, la escuela y el sector social, en especial si se aprecia el poder que este grupo representa en la sociedad ecuatoriana actual. Igualmente, importante resulta determinar políticas sociales que permitan proceder de manera apropiada como la manera de conducirse de un pueblo, (Lindblom, 1990) cuando ocurren conductas infractoras e inclusive delitos de carácter penal, tomando en cuenta siempre el grado de desarrollo de los y las adolescentes dentro de ese mismo espectro entre los 12 y los 18 años, e inclusive considerando su situación social, cultural y étnica, pues esta manera de proceder implica una ética dirigida a la consecución del bien común (ídem), en el que se incluye a la persona que muestra una conducta infractora. A pesar de que las políticas que se propone no se dirigen a resolver los grandes problemas del país, como la disminución de la pobreza, o la disminución de las tasas de inflación, sí toman en cuenta algunos aspectos económicos vinculados con esta realidad familiar y social, y no sería apropiado dejar de plantearlas y proponerlas. Probablemente una de las instituciones que necesita ser reforzada de manera apropiada es la familia, ya que ésta ha perdido en la actualidad su poder de incidencia en el Estado y en el mercado. Dada la desinstitucionalidad de la familia actual, reinstitucionalizarla o encontrar nuevas formas de funcionamiento aparece como una necesidad inmediata, reforzando sus relaciones, sobre todo, si se considera que este grupo tan importante ha ido adquiriendo diversidad de formas, algunas de ellas muy nuevas. La familia, sin embargo, necesita de estructuras sociales ya instaladas, que mantengan una fuerza importante y cuyas atribuciones tengan un alcance nacional y una acción inmediata de carácter local, como el MIES y eje30 Tomado de La situación de la juventud 2006. Tomo II. p. 68. Edic. Min. De Bienestar Social, Secretaría Técnica del Frente Social. Quito. 2006

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cutor y vigilante el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, y las Juntas Cantonales, respectivamente. En el ámbito educativo, la acción conjunta entre la familia y la escuela se hace indispensable, con beneficios mutuos, y apuntando a la misma dirección, dentro de una consideración educativo-formativa macro direccionada por el Ministerio de Educación. Asimismo se hace indispensable que la familia sea apoyada por organismos de derecho que actúen de manera apropiada, cuando los y las adolescentes –en este caso– muestran conductas infractoras o delictivas. En estos procedimientos se ha de tomar en cuenta el Código de la Niñez y la Adolescencia, y los Acuerdos vigentes, sobre todo, en la revisión del alcance y aplicación de algunas de sus definiciones, que se aplican ante el surgimiento de conductas infractoras o delictivas en los y las adolescentes. Y sobre todo, la necesidad de implementar la doctrina de protección integral con la participación de la familia, la escuela y los mismos adolescentes, considerados en todo momento actores con responsabilización progresiva, y no objetos de protección. La participación acertada, permanente y oportuna del MIES constituye la responsabilidad prioritaria en la definición e implementación de políticas preventivas, a través de formas de difusión y hasta exigencia de que la familia, la escuela y la comunidad participen directa y activamente en ella. Los lineamientos de la protección a los y las adolescentes se hallan claramente especificados en el Art. 195 del Código de la Niñez y la Adolescencia. En su Libro Cuarto se definen las responsabilidades del MIES, a través de una Dirección que atiende a los y las adolescentes que exhiben conductas infractoras, y que trabaja de manera transversal con otros sectores del Estado, entre ellos el mencionado Ministerio de Educación, sus Direcciones provinciales y sus departamentos respectivos. Estas políticas establecidas y que se perfeccionan de conformidad con los diálogos sostenidos con los diversos sectores de la comunidad, y de acuerdo con las experiencias vividas en este ámbito particular, requieren de la acción cooperadora, integrada y muy bien delineada de una Justicia Especializada, experta en juzgar estos comportamientos infractores con un enfoque de derechos. Estas “intervenciones” se derivan de un sistema regular de justicia, dirigido por el Ministerio de Justicia, que se apoyan en su estructura adminis-

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trativa y legal, con jueces especializados y procuradores conocedores de la realidad adolescencial de este país. Cuenta con la veeduría de los organismos de Derechos Humanos, a los cuales se añaden con su accionar el Observatorio de la Juventud y otros, y con la participación de profesionales también especializados en esta temática tan particular. Dentro de todo este sistema se articulan y cuentan los servicios ya instalados u otros que se requiere instalar, como los servicios del INNFA, los Institutos de Psicodiagnóstico, la cooperación de profesionales particulares calificados, reconocidos y autorizados, y cuyos costos y honorarios deben ser pagados por el Estado, como respuesta coherente a los derechos superiores de los niños y adolescentes, tanto para esta atención como para los proyectos preventivos. A través de esta investigación es justo cooperar proponiendo algunas políticas, que tienen alcance no solamente a nivel de las familias –que de por sí constituyen un sector por demás importante e imprescindible para la sobrevivencia de esta sociedad– sino también a nivel del sector educativo; políticas relacionadas con el ámbito legal y con algunos aspectos del régimen económico y de las políticas poblacionales. Las políticas que el Estado ecuatoriano necesita implementar para brindar una atención integral a los y las adolescentes que muestren conductas infractoras, se inscriben enteramente dentro de los cánones de la Constitución de la República, aún en vigencia. Estos mandatos traducidos en el Art. 47 ordenan brindar “atención prioritaria, preferente y especializada a los niños, niñas y adolescentes”, sobre todo, si estos ciudadanos se encuentran en situaciones de riesgo o de ser víctimas de algún tipo de maltrato. El Art. 48 reafirma la obligación del Estado, la sociedad –en la que estamos inmersos– y la familia de los mismos adolescentes que exhiben conductas infractoras, de “promover con la máxima prioridad el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos estos casos se aplicará el principio del interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás”. Esta atención y esta promoción de sus derechos ha ido encontrando en este último tiempo caminos cada vez más precisos, gracias a la acción continua y tesonera del MIES, del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el trabajo coordinado de varios de los ministerios vinculados al gobierno central, y los aportes significativos de los municipios, debido a su ca-

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pacidad organizativa y funcional. A estas acciones se han de sumar los esfuerzos, iniciativas y acciones dirigidas y coordinadas de sectores de la sociedad civil, sobre todo de quienes pueden hacerlo de manera “especializada”, aunque siempre en la misma dirección que prevé sobre todo el Ministerio de Inclusión Social, órgano rector de la política social y el CNNA. En la misma dirección el Art. 50 de la Constitución muestra la urgencia de que el Estado adopte las medias que aseguren, entre otras prioridades la “prevención y atención contra el maltrato, negligencia, discriminación y violencia”. Se ha visto a lo largo de esta investigación cómo las conductas infractoras de los y las adolescentes tienen sus raíces más profundas en la negligencia de las instituciones con poder para actuar efectiva y eficazmente, y en la negligencia de quienes están ejerciendo funciones educativas o formativas de los y las adolescentes, sobre todo en consideración de sus características específicas, propias de esta etapa evolutiva, tanto en el sector urbano como en el rural. En consecuencia y en previsión de una inter vención efectiva y eficaz por parte del Estado y sus instituciones con capacidad de decisión y poder organizativo y ejecutor, el Art. 51 ordena constituir una legislación apropiada para los niños, niñas y adolescentes y “una administración de justicia especializada en la Función Judicial”, con la finalidad de que se puedan respetar las garantías constitucionales de estos ciudadanos. En consonancia con el Art. 52 se ha organizado y se sigue perfeccionando el sistema nacional descentralizado de protección integral para la niñez y la adolescencia, que asegure el ejercicio y la garantía de sus derechos. Este órgano rector está integrado por el Estado y la sociedad civil con el propósito de definir las políticas. Esta investigación quiere aportar a estos mandatos con la firme convicción de que es posible encontrar caminos apropiados para prevenir la ocurrencia de conductas infractoras, o para intervenir cuando éstas –a pesar de los esfuerzos realizados– se producen. Estos artículos mencionados de la Constitución de la República se hallan enlazados fuertemente con los acuerdos, a los que se ha comprometido Ecuador, como Estado Parte de las Naciones Unidas, en conformidad con los principios proclamados y convenidos en la Carta, que a su vez se fundamenta en el principio de que “la libertad, la justicia y la paz se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

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Este reconocimiento de las Naciones Unidas, proclamado y acordado en la Declaración de los Derechos Humanos y en los pactos internacionales, a los cuales el Ecuador se ha suscrito, entre otros aspectos ha proclamado que la infancia y la adolescencia “tiene derecho a cuidados y asistencia especiales”, que la familia “debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”, ya que en su seno pueden alcanzar su pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, en “un ambiente de felicidad, amor y comprensión”. Las Directrices de la RIAD enfatizan “que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los y las adolescentes y respete y cultive su personalidad, a partir de su primera infancia”31. A su vez el reconocimiento y la toma de consciencia de esta necesidad de protección especial fueron anunciados en la Declaración de Ginebra ya en 1924, en la Declaración de los Derechos del Niño en la Asamblea de 1959, reconocida en la declaración Universal mencionada, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular en sus Arts. 23 y 24; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre todo, en el Art. 10; y, en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño32. Esta Convención, en la Parte I, Art. 3, numeral 2 muestra que los Estados Partes se han comprometido a asegurar a los niños “la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres, tutores u otras personas responsables de él ante la Ley y, con ese fin, tomarán las medidas legislativas y administrativas adecuadas”. En consecuencia una de las medidas será velar porque “ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente”. Si se priva de la libertad a un niño tiene derecho a asistencia jurídica y sobre todo socioeducativa, como “otra asistencia adecuada”; de modo que si un niño ha infringido las leyes “se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”. 31 Directrices de RIAD. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. Diciembre 1990. 32 Convención de los Derechos del Niño. Preámbulo. Esta Convención fue aprobada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, a la cual se comprometió Ecuador. Y ratificada el 7 de marzo de 1990 siendo el Ecuador el primer país de América en ratificarla y el tercero en el mundo.

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En esta condición se “tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de las leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños” (Art. 40, numeral 3.), es decir, se adoptará “medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales”, sobre todo “cuidado, órdenes de orientación y supervisión, asesoramiento… otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones…”, presumir su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la Ley y proceder según los lineamientos del MIES33. Estos mandatos de este órgano rector se vinculan directamente a los lineamientos constantes en las “Reglas de Beijing”34, que ponen el énfasis en la doctrina de protección, llevan a la práctica cotidiana y regulan los procedimientos y funciones de los diversos estamentos del Estado cuando se ha producido una conducta irregular. Estas recomendaciones han inspirado algunas sugerencias para las políticas sociales a implementarse, aunque en este trabajo insistentemente se procura sugerir políticas preventivas más que interventivas, y desligar el concepto de menor delincuente35, adolescente infractor36, delincuente juvenil37. En justicia se ha denominado adolescente con conducta infractora, pues, la infracción no se la percibe en la persona del adolescente, sino en su conducta. Esta diferencia en fundamental, y si se pretende modificar sustancialmente ese comportamiento, es indispensable considerar a esta conducta diferente a la persona y –como se ha investigado– no se trata del fruto de su personalidad solamente, sino de numerosos factores situados en los sistemas de relaciones familiares, escolares y sociales. Por otra parte, si el adolescente es infractor, probablemente nada se pueda hacer al respecto y se asimilaría a una condición psicopática que no se modifica. Pero si muestra una CONDUCTA INFRACTORA, sí es posible que ésta sea modificada e inclusive es posible que el o la adolescente alcance un nuevo comportamiento, más sano y dirigido a su mayor desarrollo. Por ello en 33 MIES. Acuerdo Ministerial 4050 del 25 de agosto de 2004. 34 Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 40/33 del 28 de noviembre de 1985. 35 Reglas de Beijing. Doc. Cit. Primera Parte, Principios Generales. Numeral 2 “Alcance de las Reglas y Definiciones utilizadas”. Literal c”. 36 Código de la Niñez y Adolescencia”. Doc. Cit. Libro Cuarto. “Responsabilidad del adolescente infractor”. 37 Directrices de la RIAD. Doc. Cit.

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caso de juicio, se juzga la conducta y no al adolescente, deja de ser objeto de protección y se convierte en agente de su propia maduración. Asimismo considero que el Reglamento Especial enfatiza demasiado en el internamiento, más que en las medidas socioeducativas, a pesar de que su título y los objetivos sugieren la intención de hacerlo, al regular las diversas acciones con esos propósitos, uniendo perfectamente la Convención de los Derechos Humanos, la Constitución Política en vigencia, el Código de la Niñez y la Adolescencia y las diversas experiencias públicas y privadas en este ámbito, no llega a ese horizonte. Los imaginarios de la doctrina de irregularidad aún se mantienen en la mente y los comportamientos de adultos y sistemas sociales, al utilizar modos despectivos, desvalorizantes, patologizantes, que congelan al/la adolescente, cronizan su situación, y se revelan hasta en las normativas bien orientadas y mejor intencionadas. Todos estos aspectos aquí expuestos, que son los fundamentos de las políticas a adoptarse, están ratificadas plenamente en el Código de la Niñez y la Adolescencia en vigencia, la Constitución, los documentos internacionales, los Acuerdos Ministeriales, los Reglamentos y los lineamientos para construir los Códigos de Convivencia, la psicología humanista y los avances de las ciencias psicosociales y legales, y en la experiencia profesional. En estos lineamientos, en estos fundamentos orgánicos, se expone las políticas sociales, sobre todo preventivas, y algunas recomendaciones para implementarlas, que se resume en el siguiente eslogan: NINGÚN ADOLESCENTE AL MARGEN DE UNA JUSTICIA ESPECIALIZADA

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7.1 Políticas preventivas

7.1.1 PO­LÍ­TI­CA­1 Fortalecer los servicios públicos y privados destinados a prevenir la producción de conductas infractoras y delictivas en adolescentes, varones y mujeres, en los contextos familiar, escolar y social.

- Estrategias sugeridas: •

Los centros de Atención a la Niñez y la Adolescencia, estatales y privados, los establecimientos educativos de nivel inicial, básico y de bachillerato han de establecer programas educativos para orientar a los padres, personas naturales o jurídicas que se hallan a cargo de los niños y de los y las adolescentes, para la elaboración de normas, sanciones, funciones y límites (acordados, en lugar de impuestos).

•

Esta temática se ha de tomar con suma responsabilidad como obligatoria, que les permita generar y estructurar estas formas organizativas en sus respectivas familias o formas familiares, para evitar la producción de conductas infractoras.

•

La orientación sobre la necesidad, conveniencia, metodologías y estrategias que las familias pueden adoptar para construir normas, sanciones, límites y distribución de funciones se considera una forma preventiva para la producción de conductas infractoras a nivel escolar y a nivel social.

•

La inexistencia de normas, sanciones, límites y distribución de funciones en la familia ha de tomarse como una grave negligencia de parte de los padres y de quienes están a cargo de la educación-formación de los niños, niñas y adolescentes y se constituye en infracción de los adultos.

•

La elaboración de normas, sanciones, límites y distribución de funciones en las instituciones educativas es la base para la elaboración de los Códigos de Convivencia, que pueden constar en los Reglamentos Internos.

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- Explicación: Esta política social pretende apoyar los comportamientos positivos; no busca la prevención de situaciones negativas, sino y fundamentalmente fomentar el “potencial filial” y la riqueza del “potencial social” que se halla presente en todo ciudadano. Por ello se adhiere a las Políticas 7 y 8 para niños y niñas menores de 6 años; a las políticas 15 y 19 para niños y niñas de 6 a 12 años; a las políticas 28 y 29 para adolescentes de 12 a 18 años, del Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia. Se puede obtener mejores resultados si la familia se organiza de manera apropiada desde el principio de su estructuración y cuando los hijos sean pequeños, antes que esperar a que sean adolescentes para empezar a implementarlas38. La metodología más apropiada para lograr que esta política se ponga en práctica de manera microsocial en la familia39, es enseñarles a sus integrantes a dialogar de diversas maneras y a tomar en cuenta la capacidad de comprensión, formas de entendimiento y lenguaje en cada etapa evolutiva. Las metodologías para lograr acuerdos en la estructuración de estas normas, sanciones, funciones y límites, con la participación de todas las personas que conforman la familia, desde su inicial organización, es mejor que se fundamente en las diferencias más que en la ideal e irreal consecución de consensos. Se entiende que las normas así establecidas en la familia se mantendrán mientras sean funcionales, por lo que a lo largo de las diversas etapas evolutivas por las que atraviesan los hijos se modificarán y ajustarán para mantener los principios de equidad, al mismo tiempo que proporcionan la garantía y exigibilidad necesarias, en doble vía. Esta misma metodología puede ser utilizada en los centros de educación, de tal manera que se constituyan en la base de la estructuración de los Códigos de Convivencia, institucionalizados por el Ministerio de Educación40, 38 Directrices de RIAD. Doc. Cit. Art. 2. 39 Acuerdo Ministerial del MIES. Doc. Cit. Art. 33. 40 Acuerdo Ministerial No. 182. Ministerio de Educación de Ecuador. 22 de mayo del 2007.

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mediante su resolución y sus orientaciones, aplicables a nivel institucional tanto como a nivel de aula, y que a su vez se vean facilitadas por los hábitos ya logrados en el contexto familiar. La elaboración de normas, sanciones, funciones y límites en la familia es uno de los aspectos más importantes para evitar el aparecimiento o lograr una fuerte disminución de las conductas infractoras dentro de la familia. Lograrlo implica garantizar en buena medida la reducción significativa de conductas infractoras en el ámbito escolar y concomitantemente en el contexto social. Esta política contribuye a la formación de comportamientos moralmente apropiados para la convivencia respetuosa, en paz, de un sistema de justicia, y a la participación ciudadana desde la familia hasta formas más amplias del ejercicio de la ciudadanía, como entiende la Constitución, el Código de la Niñez y la Adolescencia, las Directrices de RIAD41, los diversos Convenios, Pactos e instrumentos suscritos por el Estado ecuatoriano, sus órganos ejecutores y sus estamentos de control y garantía de derechos. Adicionalmente, propende a evitar muchas clases de abusos y violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes, no tan solamente provenientes de las instituciones y de los adultos, sino también desde los mismos adolescentes, en perjuicio de otros niños, niñas y adolescentes. La familia ha de ser el primer grupo social en el que se promueva y se garantice el respeto y la promoción de estos derechos y de estas obligaciones de los y las adolescentes, sobre todo cuando en el núcleo familiar cada persona se co-responsabiliza de construir un clima de organización que garantiza el desarrollo integral42, no solamente de los hijos, sino también de los padres, como un principio de reciprocidad, que garantiza el respeto a los derechos humanos. Esta política coopera activa y significativamente con las condiciones sociales y políticas, que se requieren para que las Políticas de Protección Integral y del Plan Decenal se conviertan en realidad. Sobre todo su contribución se halla estrechamente relacionada con la “quinta condición”43, que consiste en “impulsar cambios culturales en las interrelaciones sociales con la niñez y ado41 Directrices de RIAD. Doc. Cit. Art. 10. 42 Plan Nacional Decenal, Segunda Parte, Políticas 7, 8 y 9. 43 Plan Nacional Decenal, Segunda Parte, Numeral 7.

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lescencia en lo cotidiano, en las instancias públicas, institucionales y familiares” en la que “se compromete a todos los actores sociales, políticos e institucionales; responsables de generar y asumir una clara consciencia de ser garantes del ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, para lo cual deben tomar las medidas institucionales necesarias”. Esta política y sus estrategias se adhieren al “Acuerdo Nacional por la Niñez y la Adolescencia”44 en sus Acuerdos 2, 3, 7 y 8 y pone a consideración algunas sugerencias para hacerlo viable también a nivel privado, que entre sus compromisos incluye “Impulsar las reformas legales que se requieran para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de la Constitución Política de la República, el Código de la Niñez y la Adolescencia y los Instrumentos jurídicos internacionales…”45, mandatos coherentes con las “Reglas de Beijing”46. 7.1.2 PO­LÍ­TI­CA­2 Proteger la estructura de las familias que intentan la emigración externa, con la finalidad de garantizar o restituir los derechos de los niños y adolescentes a una vida en condiciones de seguridad, libre de violencia y con estabilidad emocional. - Estrategias sugeridas: •

Cuando una familia opta por la emigración, las autoridades correspondientes aprobarán preferentemente la emigración de uno solo de los progenitores; y, entre la emigración del padre o de la madre, preferirán la del padre, como medida cautelar para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y, sobre todo, para disminuir la producción de posibles conductas infractoras de adolescentes hombres o mujeres. Si no es posible evitar la emigración de la madre, ésta debe tener límite temporal, y siempre que los hijos se hallen a cargo de representantes idóneos.

44 Acuerdo Nacional por la Niñez y la Adolescencia. Quito, 1 de junio de 2005. 45 Ídem. Acuerdo 7. 46 Reglas Mínimas para la Administración de Justicia de Menores. Doc. Cit.

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•

La idoneidad de los representantes a cargo de la crianza, educación y formación de los hijos, deberá ser reconocida por profesionales aprobados por el Consejo Nacional o la Junta Cantonal de Protección Integral. Este reconocimiento ha de estar acompañado de la observación de la conveniencia o no de este movimiento poblacional. La acción de estos profesionales puede observarse en el Reglamento Especial, elaborado por el MIES47. El Informe debe ser remitido a la autoridad correspondiente ara su autorización y a la Dirección de Emigración.

•

La inobservancia de esta política sería considerada negligencia grave y de determinarse tendría una sanción acorde con la situación en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, aplicable a los padres, a los representantes a cargo, y a las autoridades correspondientes.

• Explicación: De conformidad con la investigación realizada, la ausencia de la madre puede constituirse en un factor más determinante para la producción de conductas infractoras más graves que las conductas infractoras. Igualmente esta política pretende reforzar la organización familiar, que se mantiene en mejores condiciones cuando se halla presente la madre, que cuando ella está ausente, aunque el padre se halle presente. La presencia de la madre en la familia ha de considerarse como factor imprescindible de atención integral, de calidad y con calidez, factor que propende a la consecución de la salud integral de los hijos; es decir, no solamente física sino también mental y social. La ausencia materna en una familia, a causa de la emigración, ha de considerarse un desastre que predice la producción de conductas disruptivas en los niños, de las conductas infractoras, en especial, en los y las adolescentes, lesionando el capital humano y la condición de ciudadanos de niños, niñas y adolescentes responsables y participativos. La ausencia de los padres a causa de la emigración y en particular de la madre en la estructura familiar, no solamente es una responsabilidad de los 47 MIES. Acuerdo 4050. Doc. Cit.

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padres, sino también del Estado, acorde con el Plan Nacional Decenal48, como una forma estructural de violencia, de grave negligencia, que amerita ser evitado, reparado y cuyos derechos deben ser restituidos en justicia. Esta política hace referencia clara a la corresponsabilidad del Estado, la familia, los mismos adolescentes y el sistema nacional de salud, en la prevención de las conductas infractoras y en la consecución efectiva de una salud mental individual, familiar, institucional y social. Algunas instituciones del Estado han de involucrarse en esta política, entre ellas el MIES, la Dirección de Migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores (vinculado a las políticas de la Organización Internacional de las Migraciones, OIM), y probablemente puede ser necesaria la coordinación con instituciones como el Ministerio Público, las Cortes de Justicia, la Policía de Migración, y hasta los colegios de Notarios y de Abogados, con la finalidad de ayudar a que se haga efectiva, con especial atención en el seguimiento de quienes han emigrado fuera del País, y de intervenir activamente en los movimientos poblacionales. Esta política ratifica la necesidad de considerar los derechos superiores de los niños, niñas y adolescentes, por sobre las políticas migratorias, pues según la Constitución del Ecuador49 “Será obligación del Estado, la Sociedad y la Familia promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el principio superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás”. Esta política de prevención general debe consistir en “planes generales de prevención en todos los niveles de gobierno”50, y aunque no se haya puesto énfasis en la participación de sectores que poco han estado vinculados a la generación de conductas infractoras mostradas por los y las adolescentes, es necesario tomar en cuenta cuando su participación es muy importante y, en algunas ocasiones, trascendental. Las personas que por su situación económica consideran como alternativa emigrar, deben recibir una atención especial por parte del Estado, con apoyo a la madre, con recursos económicos temporales, trabajo garanti48 Plan Nacional Decenal. Políticas 9, 15, 21, 28 y 29. 49 Constitución Política de la República del Ecuador. 2002. Art. 48. 50 Directrices de RIAD. Doc. Cit. Art. 9.

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zado y permanente, con la finalidad de evitar su emigración. Esta condición será reconocida a partir de los Informes presentados por los profesionales idóneos y cuyo Informe será remitido al MIES y/o al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, o a las Juntas Cantonales, sus ejecutores, y a los Juzgados correspondientes, según los casos. Asimismo el MIES y/o el Consejo Nacional buscarán la institución más idónea para coordinar, conducir u orientar hacia la solución más apropiada, efectiva y eficaz, que puede ser capacitación, crédito y orientación para la inversión, la producción y la asistencia o seguimiento por el tiempo necesario, para la satisfacción de sus necesidades y proyecciones. Bajo su rectoría, y a través de Convenios que firme el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, las Universidades con vocación social pueden realizar actividades de prácticas supervisadas que permitan tanto ayudar a las familias para su orientación en su estructuración, como en el tratamiento de situaciones conflictivas, en la prevención de conductas disruptivas e infractoras, en la organización, administración y seguimiento de microempresas y actividades productivas familiares. Las actividades desarrolladas por las Universidades producirían un Informe periódico que permita al Consejo o a las Juntas Cantonales el seguimiento, evaluación e implementación de nuevas medidas de protección, promoción, prevención, garantía, restitución y fortalecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de sus familias. Destinar créditos especiales y recursos económicos estatales o de los gobiernos seccionales suficientes para fortalecer la estructura económica familiar, sobre todo si se halla en manos de una madre cabeza de hogar, para evitar la emigración y la deprivación en las necesidades básicas. Estos créditos, becas, capacitación y recursos económicos deben ser manejados directamente por el Ministerio de la Economía, en su delegación a una Unidad de Crédito Familiar con que cuente el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con los fines y los procedimientos mencionados. También es posible que estas actividades puedan ser desarrolladas eficientemente por el Sistema Nacional de Apoyo al Emprendimiento y el Consejo Nacional para la Reactivación de la Producción y la Competitividad (CNPC), creado por el gobierno actual, que se encuentra e consonancia con las Disposiciones Generales del Acuerdo mencionado51. 51 MIES. Acuerdo Citado. Disposición General Segunda.

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Mediante esta política se pretende hacer notoria la realidad de que la prevención de las conductas disruptivas, en particular las conductas infractoras escolares y sociales de las y los adolescentes no se evitarán si no se fortalece la estructura familiar52, en especial orientando, creando y fortaleciendo las condiciones familiares que eviten la emigración, en especial de las madres. Es una forma concreta de hacer realidad el mandato de la Constitución vigente: “El Estado organizará un sistema nacional descentralizado de protección integral para la niñez y la adolescencia, encargado de asegurar el ejercicio y garantía de sus derechos. Su órgano rector de carácter nacional se integrará paritariamente entre Estado y sociedad civil y será competente para la definición de políticas. Formarán parte de este sistema las entidades públicas y privadas. Los gobiernos seccionales formularán políticas locales y destinarán recursos preferentes para servicios y programas orientados a niños y adolescentes”. Resalta mediante esta política los deberes del Estado53, que garantizan la protección, adoptando “políticas sociales y de ejecución de planes, programas y acciones políticas, económicas y sociales que aseguren a la familia los recursos suficientes para cumplir con sus deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus miembros, en especial de los niños, niñas y adolescentes”, sabiendo que son derechos superiores. Visibiliza los deberes de los gobiernos seccionales y sus instituciones, ya que los derechos de la niñez y la adolescencia son superiores, y apoya indiscutiblemente las políticas establecidas para adolescentes hombres y mujeres de 12 a 18 años. Estas políticas buscan prevenir los peligros que atentan contra la vida y la integridad de los y las adolescentes54, al “apoyar directamente a las familias con bajas capacidades de contención a través de educación familiar en derechos, salud y bienestar social”, y al hacer notoria la meta de “Articular políticas sociales básicas con las políticas de fortalecimiento de la familia” e “implantación de servicios especializados de apoyo a familias violentadas para restituir derechos y afianzar nuevos ambientes”.

52 Acuerdo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. y Política 7 del Plan Nacional Decenal. 53 Código de la Niñez y la Adolescencia. Libro Segundo. Título I. Art. 97. 54 Plan Nacional decenal. Política 20.

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La política que se propone reconoce la importancia del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y las Juntas Cantonales, para hacer operativas las políticas propuestas en el Plan Nacional Decenal55, no solamente cuando los y las adolescentes llegan a esta edad, sino antes de que ocurra, de manera que se pueda evitar las consecuencias que las conductas infractoras familiar, escolar y social puedan generar, y se evite la ocurrencia de la emigración en especial de la madre. Los recursos económicos, que proceden del trabajo de todos los ecuatorianos, deben ser canalizados a la “distribución equitativa del presupuesto fiscal hacia lo social y, particularmente, a los niños, niñas y adolescentes”56, a) mejorando la calidad de la inversión social, b) optimizando la capacidad de financiamiento gubernamental en un contexto de priorización de la niñez y la adolescencia, c) garantizando la equidad en la asignación de los recursos, d) buscando el uso más eficiente de los recursos de aquellas instituciones públicas o que reciben fondos públicos y que trabajan en temas de niñez y adolescencia, e) propiciando la participación del sector privado y las organizaciones gubernamentales a favor de la niñez y la adolescencia. Mediante esta política se busca fortalecer el tejido social, no solamente con la exigencia de participación de los niños, niñas y adolescentes, sino por la creación de ambientes apropiados que garanticen el bienestar y la equidad sociales. La emigración por falta de trabajo y de recursos económicos suficientes es una expulsión, una auténtica marginación o exclusión, que va en contra de los principios más elementales de los derechos humanos y de toda Constitución Política, y es una manifestación clara de un empobrecimiento producido en estas familias, que supone necesariamente un enriquecimiento de otros sectores sociales. Una de las maneras de redistribuir los recursos económicos del Estado es dirigirlos hacia quienes son cabeza de familia y se capacitan para lograr aprovecharlos apropiada y exitosamente, al mismo tiempo que se establecen políticas productivas, de comercialización, fiscales y de rentas internas.

55 Código. Libro Tercero. Título III, art. 195 Funciones del Consejo Nacional. 56 Ídem. Segunda Parte. Promoción de Condiciones Sociales y Políticas en el Contexto del País. Tercera Condición.

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7.1.3 PO­LÍ­TI­CA­3 Promover y fortalecer servicios psicológicos, pedagógicos, sociales, judiciales, con enfoque de derechos, para el respeto y la promoción del desarrollo integral y la participación de los y las adolescentes, con especial énfasis para quienes han producido conductas infractoras.

- Estrategias sugeridas: •

Promover la formación, capacitación y perfeccionamiento de profesionales idóneos que trabajen multi e interdisciplinariamente para un enfoque adecuado, prevención y tratamiento de conductas infractoras adolescenciales, en los ámbitos familiar, escolar y social, de conformidad con el Código de la Niñez y la Adolescencia, estas políticas propuestas y los avances de las ciencias humanas.

•

Impulsar procesos de formación y titulación de profesionales psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, abogados, jueces especializados en adolescencia, en coordinación con las instituciones de Educación Superior con vocación social para fomentar la maduración, la integración y la participación de los y las adolescentes en esta sociedad, con espíritu crítico y responsabilidad creciente.

•

Apoyar los programas de perfeccionamiento y actualización que desarrollen los Colegios de Profesionales para garantizar la calidad de los servicios prestados, la idoneidad de su participación y la aplicación de procedimientos adecuados que impulsen la maduración plena de los y las adolescentes.

•

Impulsar programas, proyectos, actividades con la participación de los y las adolescentes que desarrollen los Gobiernos Seccionales, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, las Defensorías Comunitarias de la Niñez y la Adolescencia, en prevención, intervención, integración y participación de los y las adolescentes, en sus contextos social, barrial y escolar.

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•

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Estimular la formación de centros de investigación y veeduría participativas (con adultos y adolescentes) para la promoción de la adolescencia, con énfasis en la prevención de conductas infractoras, de factores familiares, escolares y sociopolíticos intervinientes en su aparecimiento y producción, y en los procedimientos adoptados por los organismos educativos y judiciales, y en la adopción de nuevas políticas en beneficio de la adolescencia.

- Explicación: Esta política busca que las políticas ya propuestas puedan efectivizarse no solamente con la participación directa y co-responsable de profesionales, que pueden ser los ejecutores directos, sino con la participación de los y las adolescentes, de las instancias públicas y privadas, coordinadas por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, como organismo ejecutor del MIES. Si bien el País cuenta con profesionales de las ciencias humanas, se hace necesario perfilar la ejecución de sus servicios con aplicaciones especializadas a las diversas fases de la adolescencia, en especial si se considera que ésta no es una condición homogénea, a pesar de que tenga factores comunes, pues va modificándose, alejándose de la niñez y acercándose a la adultez. Adicionalmente a estas consideraciones evolutivas, se hace indispensable poseer una percepción y un enfoque sistémicos, cuyo principio afirma que “el todo es más que la suma de sus partes”, por lo que no depende de acumular factores, sino de entender claramente los nuevos fenómenos que resultan de la interrelación de todos ellos; implica el conocimiento y manejo de todos estos fenómenos de los cuales derivan nuevos conceptos, se basan en nuevos principios y llevan a estrategias globales, holísticas, que incluyen el medio y los sistemas que lo componen. Estos conocimientos, a su vez, requieren de aplicaciones apropiadas a las diversas disciplinas científicas, como la Psicología, Pedagogía, Servicio Social, Derecho, y la integración de todas ellas que podría denominarse Adolescentología Aplicada. Los profesionales de las ciencias humanas, además, ya no actuarán de manera unidireccional, ni siquiera aportando cada uno con su punto de vista, sino que necesitarían aprender a desarrollar acciones de equipo, multi e interdisciplinariamente.

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Esta misma manera se ha de observar al investigar, al hacer veeduría, al prevenir como actividad prioritaria, al intervenir apropiadamente y al informar de manera adecuada, centrando siempre su quehacer no en el juzgamiento, sino en la descripción de los comportamientos; en el análisis y no en el diagnóstico, como sugiere el MIES57. Todos estos conocimientos, enfoques, procedimientos y acciones requieren de preparación, capacitación58, perfeccionamiento y actualización permanentes. Es posible entender las conductas infractoras como un lenguaje con un sentido que se descubre en el análisis sistémico y fenomenológico y no en el diagnóstico; que se define en el principio de la responsabilidad y la culpa, y no en la negación y la inimputabilidad sin razones válidas; en la valorización de sus capacidades y potencialidades y no en la consideración desvalorizante y enteramente tutelar que mantiene y sostiene la dependencia, la patología y la deformación de la conciencia. El MIES, y su organismo ejecutor y de vigilancia, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia pueden coordinar todas las acciones que buscan protección integral y promoción de los y las adolescentes, sin importar si producen o no conductas infractoras. En muchas ocasiones los y las adolescentes que pasan inadvertidos, pueden sufrir más y necesitar mayor atención que aquellos que producen conductas infractoras, o aquellos que solamente se destacan por acciones exitosas y dignas de felicitación, pues en numerosas ocasiones gracias a aquellos que producen conductas infractoras, hay adolescentes que sobresalen virtuosamente. Es un interesante dinamismo sistémico.

57 MIES. Acuerdo Ministerial Citado. “Reglamento especial”. Art. 72. 58 Directrices de RIAD. Doc. Cit. Art. 58.

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7.2 POLÍTICAS PARA LA INTERVENCIÓN 7.2.1 PO­LÍ­TI­CA­4 Impulsar los servicios y sistemas de intervención especializados para adolescentes que muestran conductas infractoras o han incurrido en delitos, que han de incluir a sus familias y su contexto escolar. - Estrategias sugeridas: •

Siempre que un adolescente entre 12 y 18 años muestre una conducta infractora59, sea en actos flagrantes considerados en el Art. 326, o no, el procedimiento para determinar su grado de responsabilidad60, de sanción o de reparación, debe estar precedido de una evaluación realizada por profesionales especializados, de manera similar a las disposiciones del MIES61; evaluación que se debe integrar, según amerite cada caso, tanto al mismo adolescente como a su familia originaria y actual, y a las interrelaciones del grupo más inmediato al que pertenece, como su escuela.

•

Estas evaluaciones contarán siempre con las garantías de reserva, a las que están obligados profesionales, testigos, peritos, funcionarios judiciales y agentes policiales.

•

Este procedimiento se observará también en el contexto escolar, como en el ámbito más ampliamente social, y en las instancias judiciales correspondientes.

•

Las personas agraviadas por el comportamiento adolescencial infractor, los padres de familia y familiares, y quienes se hallen relacionados con los deberes educativos hacia el/la adolescente deben denunciar estas conductas ocurridas en los contextos familiar, escolar

59 Trasgresión, intencional o no, a las normas establecidas -conocidas o no- y cuya evasión o desconocimiento provoca efectos rechazables, desagradables, más específicamente merecen sanciones en el medio familiar, escolar, social, o en todos ellos, de tal manera que pueden inclusive considerarse actos vandálicos y/o delictivos. Estos efectos pueden a su vez convertirse en un perjuicio para el infractor o, simultáneamente, para los sistemas familiar, escolar y/o social. 60 Código. Libro Cuarto. Título I, Art. 309. 61 Acuerdo Ministerial 4050. Doc. Cit. Art. 28.

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y más aún si es social, en procura de la maduración y la realización de los y las adolescentes como ciudadanos responsables y participativos, y de una medida socioeducativa adecuada.

- Explicación: Esta política busca que los servicios especializados eviten la inculpación al adolescente como único actor de la conducta infractora, permite verificar los factores que han contribuido a su aparecimiento y prevenir otras situaciones similares en los sistemas en los que surgió. Al mismo tiempo pretende prevenir la evasión de las responsabilidades de los adultos a cargo de la educación y formación del/la adolescente. Y recuerda el principio de legalidad, según el cual “los y las adolescentes únicamente podrán ser juzgados por actos considerados como delitos por la ley penal con anterioridad al hecho que se le atribuye y de acuerdo al procedimiento establecido en este Código”62. Adicionalmente, esta política busca contribuir a la consideración de que el adolescente es un ciudadano63 con los mismos derechos que los adultos, sin perder de vista tanto su capacidad de desarrollo evolutivo alcanzado, que le sitúa en un determinado grado de responsabilidad, como en el hecho de que sigue siendo parte de los sistemas familiar y escolar, al mismo tiempo. Pretende adicionalmente co-responsabilizar a las personas adultas, que directamente se hallan involucradas en su formación como persona y ciudadano64, siendo todas, incluido el mismo adolescente65, coresponsables de estos procesos. Los ciudadanos que se comportan como espectadores de un comportamiento adolescencial infractor, se constituyen en infractores por omisión. Esto significa que la producción de un comportamiento infractor del adolescente puede muy bien considerarse negligencia, que constituye a su vez una infracción ante los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como se contempla en el Código66. 62 63 64 65

Código. Libro Cuarto. Título I Disposiciones Generales, Art. 308. Código, Título III, Derechos Garantía y Deberes. Capítulo I. Arts. 15 y 16. Ídem. Art. 18; Libro Segundo, Título I Disposiciones Generales. Art. 102 Ídem. Cap. VI. Deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Arts. 64 y 66; Libro Segundo, Título I Disposiciones Generales. Art. 103. 66 Código. Título IX, Infracciones y sanciones. Capítulo II, Art. 248.

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Asimismo esta política toma en cuenta el derecho de los y las adolescentes a defenderse, como consta en el Código de la Niñez y la Adolescencia, Art. 31367, sobre todo como se ha considerado a lo largo de este trabajo, debido a que la conducta del adolescente es una manera de comunicar algo que ocurre en estos sistemas, y pretende coadyuvar con la intervención de quienes están llamados a hacerlo, como los profesionales mencionados, en acciones preventivas y de intervención psicoeducativa, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, las Defensorías Comunitarias, o los organismos de ejecución del sistema nacional de protección. En este sentido se está devolviendo al adolescente su derecho a hacer uso de su palabra y de otras formas de comunicación, incluidas aquellas que han sido mostradas mediante estas conductas disruptivas o infractoras, a través de las cuales expresa su derecho a ser escuchado, dejando de esta manera de ser un “in-fante” (que no habla), y adquiere el estatuto de adolescente que deviene en adulto, aunque en este caso un adolescente que necesita conducción educativa. Las evaluaciones a que se hace referencia podrían realizarse por orden judicial, como procedimiento de investigación, previo al interrogatorio y la posible detención cuando ésta se crea que amerite, como se expresa en el “Reglamento Especial, que regula las aplicaciones de las medidas socioeducativas para adolescentes infractores”68. Las evaluaciones deberían ser remitidas por escrito y podrían ser explicadas por los profesionales a petición de las autoridades competentes. En estos casos no se requeriría de nuevas declaraciones de los adolescentes, y estas evaluaciones serían tomadas como declaraciones para evitar victimización o revictimización, como puede deducirse de los derechos de los y las adolescentes, constantes en el Art. 377 del Código y en el Art. 32 del reglamento Especial para la Aplicación de las Medidas Socioeducativas. Los psicólogos tratantes pueden oponerse a informar sobre las situaciones de sus pacientes, en cuyo caso el o la adolescente puede caer en revictimización, ya que debe ser nuevamente sujeto de interrogación, y debido a que se le presume inocente “deberá ser tratado como tal, mientras no se haya establecido conforme a derecho, en resolución ejecutoriada, la existencia del hecho punible y su responsabilidad en él”69. 67 Código. Libro Cuarto. Título II de los derechos y garantía en el Juzgamiento. Art. 313. 68 MIES. Acuerdo 4050, del 25 de agosto de 2004. 69 Código. Libro Cuarto, Título II De los derechos y garantías en el juzgamiento. Art. 311.

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Los contenidos del Informe y Evaluación realizados deben ser conocidos por el o la adolescente, antes de ser remitidos al Juez correspondiente. En este procedimiento se han de respetar los otros derechos contemplados en los procedimientos de juzgamiento70. Esta política propende a que la profesionalización sea una garantía en la elaboración de las evaluaciones, y que éstas sean respaldadas por los organismos de profesionales, y que a su vez se coresponsabilicen de los criterios profesionales emitidos. Adicionalmente, busca que la labor profesional que se realice con los y las adolescentes –en este caso– sea de calidad y se halle enteramente ubicada en el respeto, la consideración y el sigilo profesional, como corresponde a la dignidad de toda persona, además de hallarse en consonancia con los derechos superiores de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo la “garantía de reserva” a la que ya se ha hecho referencia. En respuesta a la confianza abierta por el o la adolescente al profesional que está a cargo de su tratamiento, o que ha recibido una demanda de atención psicológica, puede garantizarse su sigilo como elemento importante de su tratamiento y recuperación. Esta información solamente puede ser remitida bajo la aceptación del o de la adolescente, si esta información posibilita o garantiza su mayor bienestar físico y psicológico. Si esta información es entregada a quien está a cargo de impartir justicia no se debería requerir de nueva declaración del adolescente, con la finalidad de evitar modificaciones por influencias externas, o por la influencia de elementos emocionales en su memoria anterógrada o retrógrada, y para evitar posibles revictimizaciones. En la misma dirección esta política, una vez más, defiende el derecho del adolescente a ser considerado plenamente ciudadano, con los mismos deberes y derechos de los adultos, así como bajo la consideración de su responsabilidad, relacionada directamente con su proceso de desarrollo evolutivo, y asumiendo sus diferencias individuales. Una vez realizada esta evaluación, el o la adolescente tendrá derecho a su defensa, que debería ser realizada en una sesión de intervención psicoedu70 Ídem. Art. 312.

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cativa, bajo un sistema de mediación, de conformidad con las exigencias que debe observar una Institución de mediación acreditada, con la finalidad de que el o la adolescente pueda asumir la responsabilidad que le corresponda, y se eleve un acta de compromiso reparatorio, más allá de las implicaciones judiciales que pudieren caber. Esta acta puede ser presentada al Juez correspondiente y/o al Procurador de Adolescentes Infractores para que se tome en cuenta su compromiso en un acto que, aunque se trata de una conducta infractora a la ley, implica la primera acción educativa nacida del mismo adolescente. Las decisiones que tome el Juez han de partir de las posibilidades del desarrollo del adolescente y sus capacidades y no se han de fundamentar en sus deficiencias o infracciones. Las sanciones establecidas por él no deben dirigirse exclusivamente al adolescente, sino también a su familia y/o a quienes están vinculados en los procesos educativos escolares, si ese fuere el caso, y de conformidad con lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Reglamento Especial del MIES. Las medidas cautelares adoptadas ante una conducta infractora con responsabilidad civil, y las medidas socioeducativas son de corresponsabilidad de los o las adolescentes, los padres y las personas que están a cargo de su educación-formación. La intención de esta política es contribuir a la comprensión de la conducta infractora exhibida por un/a adolescente, que pueda asumir su responsabilidad desde un ángulo educativo y no punitivo, y sin restarle la responsabilidad procure que el mismo adolescente se convierta en la persona que contribuye a su propia formación. Esta política permite que el o la adolescente no solamente reconozca su responsabilidad, sino que además pueda hacer uso de su derecho y necesidad de reparar, como acto importante para la construcción de su salud mental, y de un elemental sentido de justicia, que ya es parte de la estructura de su personalidad adolescencial. Añádese a todo un procedimiento como este, especialmente logrado en una forma de mediación, contribuyendo a que la causa judicial tenga un elemento que surja de la misma voluntad reparatoria de los o las adolescentes. Si esto ocurre se trata de una acción preventiva, con las menores probabilidades de que el o la adolescente reincida en la conducta infractora o en otra similar.

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Esta política, a su vez, pretende que la gestión judicial se inspire en principios humanos aplicables al derecho, en la prioridad de la equidad por sobre la ritualidad judicial de un enjuiciamiento, en la eficiencia y celeridad de este accionar, y en el principio de la proporcionalidad entre la conducta infractora y la medida que se adopte. Sucede con mucha frecuencia que los procesos de enjuiciamiento generen un estado de estrés o ansiedad tal que modifique la responsabilización que se busca, y la adhesión a la socialización a la que el o la adolescente común puede orientarse, procurando que no sea el temor al castigo lo que medie en este proceso, sino el deseo de reparación y de un nuevo comportamiento, como el motivo principal para un cambio; un cambio no solamente del o la adolescente, sino también de su núcleo familiar y/o escolar. Por ello la necesidad de darle un ambiente apropiado para que este proceso se produzca de manera más espontánea y natural. De acuerdo a las experiencias que forman parte de esta investigación, las medidas socioeducativas que se apliquen a un/a adolescente por haber producido una conducta infractora, deben ser el tratamiento psicológico y psicosocial, por un tiempo de 3-6 meses –si no hay mayores complejidades– como procedimiento y como medida alternativa a cualquier otra, porque de esta manera se está reconociendo la coresponsabilidad del adolescente, su familia y el medio escolar. Este tiempo previsto podría prolongarse, si es necesario, para concluir con el proceso psicoterapéutico, tiempo después del cual, el/la profesional entregará un informe de los procesos realizados con el/la adolescente, su familia y el contexto escolar, guardando la confidencialidad de sus contenidos. No considero medidas socioeducativas ni la libertad asistida, ni alguna forma de internamiento, pues, la integración a la familia solamente se produce una relación con ella, y la resolución de sus conflictos en una reestructuración con la intervención directa de todos sus miembros.

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- Aplicaciones a situaciones escolares El procedimiento similar al expuesto en el numeral anterior debe adoptarse en las instituciones educativas, con la intervención de las personas directamente involucradas, como el Consejo de Orientación71, los padres del/la adolescente, los docentes relacionados con el caso, y el/la adolescente, cuando se haya producido una conducta infractora escolar. Un procedimiento así observará los mismos derechos de los y las adolescentes, como son la reserva, la presunción de inocencia, el derecho a ser informado y a defenderse, y los demás derechos recordados por el Ministerio de Educación en su resolución, institucionalizando los Códigos de Convivencia72. Las evaluaciones contendrán aspectos relacionados con la conducta del/la adolescente, la familia, relaciones en el contexto escolar y demás responsabilidades de docentes, administrativos y autoridades. Sus resultados y las resoluciones tomadas por el Consejo de Orientación, en acuerdo con el/la adolescente infractor y su familia, mediante un procedimiento de mediación –jamás de juzgamiento–. Estos resultados considerarán una medida socioeducativa, que pueda cumplirse dentro de la institución educativa, en las horas normales de funcionamiento, además de una acción reparatoria también de orden socioeducativo, y sobre todo de carácter preventivo. Estas decisiones no exoneran a la o el adolescente o a sus representantes de las responsabilidades legales, económicas, materiales, o penales si el caso lo amerita. Una vez que el asunto haya sido tratado no quedará constancia en una Acta del Consejo de Orientación, ni en las actas del Consejo Directivo del Colegio y será destruida cualquier referencia una vez que el estudiante haya egresado del establecimiento. Si se requiriere la intervención judicial, el Juez podría tomar en cuenta el Informe del Consejo de Orientación y el Acta de Mediación a que llegaron la institución educativa, el o la adolescente y sus representantes. En caso de que –de alguna manera– se lesionara los derechos de los y las adolescentes, a través de estas resoluciones, el Informe correspondiente 71 Es una instancia obligatoria que se estructura como parte del DOBE en los Colegios y está presidida por el Vicerrector 72 Acuerdo Ministerial No. 182. del Ministerio de Educación. Doc. Cit.

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será elevado por quien preside el Consejo de Orientación, a pedido del adolescente o de sus representantes, será conocido por la Junta Cantonal de Protección para que realice el procedimiento correspondiente y tome la decisión apropiada, o la remita al Juez o al Procurador de Adolescentes Infractores, si el caso corresponde. Este aspecto de la política de protección e intervención, adoptada por el Consejo Nacional y las Juntas Cantonales de Protección evitaría que los casos ocurridos en los colegios sean de conocimiento público en la institución educativa, por ejemplo por la Junta General de Profesores y, de este modo se proteja a el o la adolescente en sus derechos. El tratamiento de estos asuntos por el Consejo Directivo de un Colegio daría una connotación excesivamente formal. De todas maneras las decisiones tomadas por el Consejo de Orientación –o por el Consejo Directivo– no deben quedar escritas, sino en aquello que compete estrictamente al Reglamento Interno. Pretende también que ante una conducta infractora, que va en contra de las normas disciplinarias del Colegio, constantes en el Reglamento, o se deriven de la lógica de las interrelaciones sociales dentro de la institución educativa, se adopte medidas educativas, sobre todo preventivas –como lo es la educación– y no como sanciones punitivas o que terminen lesionando los derechos de los y las adolescentes. La adopción de estas medidas educativas no debe basarse en acusaciones que responsabilizan al adolescente como único causante del acto infractor, cuando –como se sabe– puede haber otros factores provenientes del grupo, de los docentes, de la misma institución, que pueden considerar a estas conductas como mensajes significativos que es necesario escuchar, y ante las que se requiere buscar soluciones. En este caso las medidas educativas deben dirigirse al grupo con el que el o la adolescente está vinculado, tomando en cuenta las orientaciones proporcionadas por el Ministerio de Educación cuyo Decreto institucionaliza los Códigos de Convivencia, como ya que se ha comentado. Las aplicaciones escolares de la política 4 también toman en cuenta que los padres o las personas representantes de la o el adolescente, como primeros educadores73, se corresponsabilicen no solamente de la producción de esta conducta, en cuanto ésta puede tener antecedentes en la estructura fami73 Código, Libro Primero, Título III, Derechos, Garantías y Deberes, Capítulo III Derechos relacionados con el Desarrollo, Art. 39.

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liar de ausencia o de necesidad de normas, sino también exige el respeto al derecho de defensa y cumplimiento de las acciones reparatorias, e inclusive de las consecuencias extraescolares que se produzcan. Una vez más las aplicaciones de esta política permite hacer realidad el principio de corresponsabilidad consagrada en el Código de la Niñez y la Adolescencia74, y del principio de que “el ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez…75”. Los procedimientos de respeto, garantía, promoción, prevención, protección, exigibilidad y restitución de derechos deben ser observados no solamente a nivel estatal, público, sino también en el ámbito privado, pues, los derechos además de ser superiores, lo son siempre en todo lugar, integrales, universales y obligatorios76. Corresponde a los profesionales especializados la interpretación de los mensajes traducidos por el/la adolescente, a través de los comportamientos disruptivos, infractores e inclusive delictivos.

74 Código. Libro Primero, Título II, Art. 8. 75 Ídem. Art. 13. 76 Plan Decenal de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia. Primera Parte. Numeral 3 Lineamientos del Plan.

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7.3 POLÍTICA DE CARÁCTER PENAL 7.3.1 PO­LÍ­TI­CA­5 Crear un Código Penal Especial para juzgar comportamientos infractores con enfoque de derechos y conforme al Código de la Niñez y la Adolescencia, tome en cuenta el desarrollo evolutivo de cada adolescente. - Estrategias sugeridas: •

La apreciación judicial de los diversos comportamientos infractores ha de considerar la posibilidad de que sean inducidos por adultos, y que se constituyan en expresiones de un sistema de relaciones familiares y/o escolares inapropiado e inclusive dañino para estos ciudadanos, en general.

•

Los procesos seguidos ante la conducta infractora de un/a adolescente no deben evitar el reconocimiento de la responsabilidad de cada actor (adolescente, padres, maestros), ni evitar la reparación que corresponda, debido a que estos dos elementos constituyen parte de su salud integral: física, mental y social. El procedimiento puede seguir los pasos sugeridos en las políticas 2 y 3 de esta Propuesta.

•

Las sanciones que los jueces establezcan deben ser siempre medidas socioeducativas, en las que se incluya no solamente al o la adolescente, sino también a los adultos que se hallan vinculados con él, como padres, maestros o tutores que deben educar y formar a los/las adolescentes.

•

La medida socioeducativa preferente debe ser el tratamiento psicológico individual, grupal o institucional, que incluye investigación más profunda, inclusión de las interrelaciones significativas y modificaciones sustanciales del clima familiar y/o escolar y de las relaciones que el o la adolescente establece, además de aquellas de carácter individual.

•

El tratamiento psicológico ha de preferirse al internamiento institucional, en el que se cumple también la estructuración de normas de

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comportamiento, orientación y apoyo familiar, sin que se exonere al adolescente, a su familia o a su centro educativo de la reparación de los daños causados, o de la responsabilidad civil que se derive de sus actos por comisión o por omisión.

- Explicación: Esta política y sus derivados parten del reconocimiento de que los o las adolescentes deben ser juzgados en coherencia con la doctrina y nuevo paradigma de protección integral, y no en consonancia con la doctrina de situación irregular y su modelo de asistencia. A su vez se instala enteramente en el “reconocimiento de las garantías sustantivas y formales de que deben gozar los niños y jóvenes frente al aparato coactivo del Estado”77 por parte de esta doctrina de protección integral. Por ello cuando se actúa judicialmente ante una conducta infractora de un/a adolescente se necesita distinguir entre necesidad social y la infracción a la ley. En la una se busca el bienestar de la o el adolescente, en la otra se define un delito. Esto significa la necesidad de contar con un derecho penal mínimo para adolescentes, que refuerce su condición de sujeto de derechos, y deje de ser visto como amenaza al bienestar colectivo. Justamente, esta ha sido la razón por la cual se penalizaba al o la adolescente, y no a su comportamiento; y por esa razón se le ha consignado o recluido en una casa denominada correccional. Al penalizar a la o el adolescente no solamente se le inculpaba como único responsable de la situación resultante, sino que los castigos se dirigían únicamente a su persona, sin reconocer al mismo tiempo que es una persona que aún permanece bajo la tutela, cuidado, protección, guianza y formación de varios adultos. Al mismo tiempo, al proceder con esa injusticia se lograba que la conducta del o la adolescente se torne crónica, pues, se estaba definiendo al sujeto como esencialmente negativo, indeseable, objeto de exclusión autorizada, 77 Gallardo Frías, Eduardo; Berríos Díaz, Gonzalo. Imputabilidad penal, sanciones y justicia en jóvenes y adolescentes. Parlamento Latinoamericano. Sao Paulo. Diciembre 1999.

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en contra de sus derechos más elementales, creyendo que –de esta manera– se defendía el bienestar colectivo, en la consideración unilateral de que el o la adolescente es peligroso/a. Se alejaba así del reconocimiento de que también la sociedad (familia, escuela, medio social) tiene directa incidencia en la producción de estos comportamientos. Esta política apoya todos los esfuerzos que se viene realizando para dejar atrás, de una vez por todas, las consideraciones provenientes solamente de la condición natural de las personas, y auspicia las consideraciones políticas, sociales y jurídicas, que han de actuar juntas y ser congruentes con un estado democrático de derecho78, al que no es posible renunciar. Si se soslayara esta realidad, sea por desconocimiento o por costumbre, resultaría de todas maneras irracional, y éste no podría ser la base del derecho ni del procedimiento de la justicia. Esta política percibe la responsabilidad como un derecho de los y las adolescentes porque ya son capaces de darse cuenta –y lo hacen progresivamente– de la dimensión de sus actos, entienden el sentido y significado social de sus acciones u omisiones, y son capaces de integrarse al contexto social, también de modo progresivo. De esta manera, desde el punto de vista judicial, los actos infractores de los y las adolescentes vuelven al plano de la culpabilidad y dejan atrás el concepto de “peligrosidad” para la sociedad, concepto que se mantenía en la doctrina de la situación irregular. Una vez más, con esta política se apoya el cumplimiento de los deberes del Estado frente a las personas, se enfatiza la necesidad de respetar el principio de dignidad de las personas que pertenecen a ese Estado, como lo son los y las adolescentes, y de hacer efectivo el principio de igualdad de todos los ciudadanos, incluyendo a los y las adolescentes, sin desconocer al mismo tiempo que son personas en formación y, bajo esta necesidad, pone de relieve las responsabilidades de quienes mantienen la función de acompañamiento y guianza en este proceso. Las responsabilidades de los adultos, padres y maestros (que actúan las responsabilidades del Estado), no concluyen en el momento en que 78 Bustos Ramírez, Juan. La imputabilidad en un estado de derecho. Control social y sistema penal. Barcelona. 1987.

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un/a adolescente comete un acto infractor, sino que se mantienen antes, durante y después de este acto, y tomando en cuenta su nivel de maduración alcanzado79. Esto significa adicionalmente que la justicia, el procedimiento penal y la elección de medidas socioeducativas, deben ejercerse en relación a estos niveles individuales. En otras palabras, es necesario abandonar el prejuicio de que los y las adolescentes constituyen un grupo homogéneo, y más bien ha de primar el criterio de su individualidad, lo que hace referencia una vez más a la necesidad de investigar la responsabilidad correspondiente a cada caso. Junto a estas consideraciones esta política sugiere la necesidad de actuar de manera interdisciplinaria, frente a una conducta infractora de adolescentes –hombres o mujeres– y salta más allá de una acción puramente jurídica o judicial. Con esta política los y las adolescentes recuperan las garantías que tienen los adultos, como ciudadanos que son y de las que son capaces por su condición, sobre todo, sus derechos a la defensa, a ser escuchados, a que se presuma su inocencia y a todas las garantías en el juzgamiento de un comportamiento infractor80. Esta política sugiere también que la condición, adquirida de modo progresivo por los o las adolescentes, pueda sustentar la necesidad de estructurar un derecho penal de éstos, regido por el principio de la culpabilidad, de manera que se construya un sistema penal mínimo, racional y democrático, acorde con esta condición adolescencial, que no se ubica en la absoluta inimputabilidad y exención de responsabilidad de los niños, ni en la plena imputabilidad de los adultos. Esto mismo se halla tipificado en el Código cuando dice “…(los adolescentes) no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales”. Esta manera de juzgar y esta forma de sancionar satisfacen los justos derechos del Estado, del que somos parte constitutiva, pues el reconocimiento de una culpa, como acto de una personalidad sana, tiene su contraparte en el reconocimiento de los derechos de todos, como conglomerado social estructurado. 79 Plan Nacional Decenal. Políticas 28 y 29. 80 Código de la Niñez y la Adolescencia. Libro Cuarto, Título II, Arts. del 311 al 322.

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En este mismo sentido es cuestionable que los y las adolescentes sean inimputables81, pues, esta consideración lejos de colocarlos en los derechos como ciudadanos está repitiendo la tutela de la doctrina de irregularidad, aunque se les reconozca su responsabilidad “en el cometimiento de infracciones tipificadas en la ley penal…”82. Como dicen Eduardo Gallardo y Gonzalo Berríos: “Cualquier intento de construir garantías que ignore este principio, creo que está destinado al fracaso”83. Por otro lado, considerar al adolescente plenamente inimputable de las infracciones tipificadas en la ley penal, es desconocer su desarrollo intelectual, social y moral, y estaría asimilándosele como niño, que evolutivamente ya no es posible que vuelva a ser. Y no solamente esto, sino que se atentaría contra su capacidad de desarrollo y maduración, y en oposición sin razón alguna a los procesos evolutivos, según los cuales los y las adolescentes devienen en adultos, y no se han detenido ni en la infancia, ni en la niñez, aunque en algunos casos arrastren las condiciones infantiles en su vida adolescencial. Esta actitud adulta, en el fondo y en la forma, se ubicaría en una conducta adultocéntrica desvalorizante, a favor de un tutelaje que el o la adolescente debe ir dejando para ir asumiendo mayores responsabilidades y participación ciudadana y civil. Traduciría una actitud sobreprotectora de los adultos, que con ella tan sólo impedirían el proceso de maduración de los o las adolescentes. Si se actúa de esa manera, los comportamientos infractores adolescenciales se harían crónicos, como sujetos de vigilancia y cuidado (como ocurre en los “centros de rehabilitación”), en lugar de permitirles convertirse en sujetos libres, responsables y participativos en la sociedad. Las actitudes sobreprotectoras son tan dañinas como volver a la doctrina de conducta irregular. La libertad se ejerce en ambientes de libertad y no de exclusión. A su vez, los comportamientos infractores adolescenciales no son de responsabilidad única de los y las adolescentes, sino que los adultos son corresponsables con ellos de su producción y de sus consecuencias. Por ello esta política pretende situar en el punto correcto la visión de estas conductas, el procedimiento judicial frente a ellas, y el procedimiento preferencial para lo81 Código de la Niñez y la Adolescencia. Libro Cuarto, Título I, Art. 305 82 Código de la Niñez y la Adolescencia. Libro Cuarto, Título I, Art. 306 83 Gallardo, Eduardo, Berríos, Gonzalo Op. Cit.

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grar un cambio definitivo, en el que se han de involucrar los adultos84, por lo menos quienes están directamente relacionados con el o la adolescente. Esta es una manera de restituir los derechos colectivos. El enfoque apropiado como el que se sugiere con esta política, y los procedimientos adoptados en consecuencia con ello, frente a una conducta infractora adolescencial, permitiría la construcción de un nuevo adulto, no como el que existe ahora, que busca rehuir su culpa, ser declarado inocente cuando no lo es, confesarse inocente cuando no lo es; los defensores no buscarían negar su responsabilidad y su culpa; no se procuraría la justicia sobre el litigio por la exculpación, sino sobre el reconocimiento de la responsabilidad de cada actor social, condición indispensable para toda verdadera rehabilitación. La sociedad que se construiría sobre esta base de honestidad, no solamente lo haría de manera interna sino también externa, social. Los tratamientos psicológicos emprendidos ante la ocurrencia de una conducta infractora de un o una adolescente, de ninguna manera se han de limitar al adolescente y su familia; han de procurar extenderse a las interrelaciones en las que éste se ha hallado, y a contextos en los que se ha desenvuelto, con la finalidad justamente de evitar la injusticia de considerarlo como el único responsable, sabiendo una vez más que su comportamiento tiene incidencia social, al mismo tiempo que las interrelaciones sociales inciden en la estructuración de estos comportamientos. La visión y el enfoque del tratamiento psicológico han de ser psicosociales, y no exclusivamente centrados en el o la adolescente y en su familia, con un esquema y acción profesional reduccionista y simplista. En todos los casos en que se producen comportamientos infractores de los y las adolescentes, la necesidad imperativa de cambiar el contexto, modificar las formas de interrelación, definir nuevos límites –de los que ya se hablado– abrir las responsabilidades de todos los actores, a nuevas dimensiones, incluidos los mismos adolescentes, es tan imperativa como los cambios que se han de producir en los estilos individuales, en la estructuración o reestructuración de su personalidad. La mejor estrategia psicoterapéutica es sistémica, no solamente por el enfoque, sino por el alcance que requiere y, en consecuencia, con la intervención coherente de varios profesionales que aportan de la manera más integral, con un trabajo de equipo. 84 MIES. Acuerdo Ministerial. “Reglamento Especial”. Doc. Cit. Arts. 31 y 33

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Una conducta infractora a la ley establecida, en la cual se contempla la tipificación de ese delito y la pena correspondiente, ya no solamente hará efectivo un derecho a la confesión de su culpa, al reconocimiento no solamente del alcance individual, sino también social de su culpa. Por el nivel madurativo que puede alcanzar el adolescente permite que se haga social su necesidad de castigo y su necesidad social de reparación, o su necesidad de reparación social, como ciudadano que es.

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8. CONDICIONES

y PRINCIPIOS

PARA LA EJECUCIóN DE LAS POLÍTICAS PROPUESTAS

Mediante estas políticas se intenta cooperar con las finalidades y los objetivos del Plan Nacional Decenal, con la disposición más completa y bien intencionada, sobre todo para trabajar intensamente por la prevención de la infracción penal de adolescentes varones o mujeres, como se incluye en el Libro Cuarto, Título VI del Código de la Niñez y la Adolescencia85, que habla de la prevención de las infracciones.

De igual forma, se pretende cooperar con las acciones preventivas de conformidad con el Acuerdo Nacional86, de conformidad al Decreto Ejecutivo No. 17987, a la Convención sobre los Derechos del Niño88, aunque éstas en general carecen de intencionalidad preventiva. Y cuando no sea posible o suficiente trabajar en acciones preventivas estar dispuestos, capacitados y listos para intervenir profesionalmente, mantener una actualización permanente, y realizar una función apropiada transformando las situaciones infractoras en estilos de vida creativos, productivos y constructores de una nueva sociedad, que solamente los niños, niñas y adolescentes verán. Las infracciones a las normas establecidas y/o acordadas en la familia y en la escuela deben contar con una atención superlativa, y no percibirlas como simples actos de desobediencia, de rebeldía y de resistencia a la autoridad, porque éstas predicen la producción de conductas infractoras sociales, 85 86 87 88

Código de la Niñez y la Adolescencia. Art. 387. Acuerdo Nacional por la Niñez y la Adolescencia. Compromisos 5 y 6. Decreto Ejecutivo 179. Registro oficial No. 37 del 13 de junio de 2005. Convención sobre los Derechos del Niño. Art. 40.

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haciendo que lo que se limitaba a situaciones privadas o domésticas se convierta rápidamente en acciones públicas, sujetas a juicio y sanción, por el alcance y significado de baja calidad del ser, de la vida, de las relaciones, del conocimiento, del quehacer y de las valoraciones. El punto focal de esta investigación ha podido encontrar relación entre la producción de conductas infractoras sociales y la ausencia de normas familiares y/o escolares, en unos casos porque no se han establecido; en otros, porque quienes ejercen funciones educativas no han creado las condiciones y las oportunidades para acordarlas; o porque los actores las desconocen o desean desconocerlas, y porque éstas son ignoradas por los o las adolescentes, como consecuencia de la necesidad de mostrar poder o de equilibrar el poder existente en un sistema familiar, escolar o social. La ausencia de normas, lleva a la ausencia de límites del sistema educativo (familiar o escolarizado) y de los individuos dentro de él, y a la inapropiada o ausente distribución de funciones, que es sentida por el o la adolescente como una forma de desanimar la pertenencia y compromiso con su entorno. Naturalmente la implementación de normas en el contexto de la familia, y, posteriormente, y al mismo tiempo en el contexto social, resultan factores que parten de la iniciativa del adulto responsable de los procesos educativos y formativos, que se deben iniciar en la infancia, continuar en la niñez y extenderse desde la adolescencia hacia la adultez. La ausencia de normas coloca a los niños, niñas y adolescentes en situaciones desbordadas que terminan o necesitan de otras formas de lenguaje para expresarse, dentro de las cuales pueden estar las conductas infractoras, obligando en ese caso a las personas (padres de familia, familiares y profesores, por ejemplo) a buscar interpretaciones y significados de estas infracciones. Sin embargo, no son muchas las situaciones en que los padres y los profesores logran comprender estos mensajes, y más bien aseguran que han perdido comunicación con ellos. Se ha considerado el espacio escolar como el medio más próximo al ámbito familiar, en el cual el o la adolescente puede ensayar una socialización más abierta, en contacto con sus pares, con quienes puede competir, compartir y negociar en términos apropiados a su etapa evolutiva, sus condiciones de desarrollo y maduración.

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Es el espacio escolar en el que se puede complementar la formación del adolescente con elementos constitutivos proporcionados por la institucionalidad, y complementar la estructuración de su personalidad social más allá de la familia. Por ello una infracción escolar puede ser consecuencia de una infracción a la normativa familiar, o surge de la ausencia de normas en su contexto familiar, exigiendo la definición de estas normas, sobre todo, a través de acuerdos a varios niveles, como en el aula o a nivel más institucional. Las normas en sí no significan nada si no se personalizan en el ser de las personas y de los grupos familiares y sociales. Si esto es así, se constituyen en componente importante de la personalidad en las personas, y en este caso en los y las adolescentes como personas en formación, ya que se vinculan directamente a la construcción de su identidad. La infracción a las normas atenta, entonces, contra estas construcciones de la individuación, que puede experimentarse pobre y vacía, carente de sentido para su existencia y su vida, resquebrajada en su dimensión social y moral, marginada y desvalorizada como capital humano y social, y en consecuencia provocando el aparecimiento de reacciones agresivas hacia el medio (personas, cosas) o hacia sí mismo. Por eso la importancia de una construcción de normas apropiadas, tanto en la familia como en la escuela, con la finalidad de que se perfile los límites de cada persona y se extienda a las normas y límites sociales, y favorezcan directamente la convivencia social y la calidad del capital ciudadano de cada adolescente, hombre o mujer. Las políticas sugeridas por esta investigación, enfatizan la corresponsabilidad de los agentes educativos en la formación de los y las adolescentes (padres o representantes y profesores). Aunque una infracción a las normas suceda en la familia o en la escuela, existe la corresponsabilidad en la producción de los comportamientos infractores, en la necesidad de crear e implementar medidas socioeducativas que se han de adoptar, y en las consecuencias civiles de estas acciones u omisiones. Todas las políticas sugeridas procuran ser coherentes al determinar la capacidad de responsabilización que los y las adolescentes pueden alcanzar frente a la observancia o inobservancia de la ley, y la corresponsabilidad de los adultos en la producción de estos comportamientos. Ante la infracción a la ley se sugiere las medidas socioeducativas más apropiadas, con fines de integración al contexto familiar, escolar y social, y la reparación o compensación de un daño causado, como un deber consecuente con el desarrollo cognitivo, social y moral que ha alcanzado un adolescente en

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esta etapa evolutiva, en especial cuando estos fenómenos ocurren dentro de un marco de emigración. Las políticas propuestas han sido estructuradas alrededor de ejes comunes que explicitan que los y las adolescentes, como los demás ciudadanos, son libres para encontrar las condiciones, los medios y los procedimientos indispensables para su funcionamiento individual y social (individuación), su desarrollo humano por sobre los objetivos del placer y la búsqueda exclusiva de la felicidad, o por sobre los deseos de poder. Por ello es necesario hacer énfasis en que las políticas propuestas en este trabajo, o las políticas propuestas desde la autoridad competente, inclusive, sí cuentan con todos los mecanismos disponibles para ser llevadas a la práctica, pueden no llegar a efectivizarse debido a que las personas que las hacen operativas no están involucradas en ellas. La implementación en ese caso no es un problema de una racionalidad organizativa, sino de la capacidad de previsión, negociación, mediación y adaptación a las condiciones reales de cada situación, región o cultura. En este sentido, las políticas propuestas requieren de una invitación a que los actores sociales involucrados en éstas se adhieran de manera voluntaria, convencida, espontánea y de manera crecientemente adaptativa. No sería suficiente que las autoridades responsables de ponerlas en acción estén de acuerdo, se requiere de una negociación que comprometa a los actores más ejecutivos en una acción sostenida (padres, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, abogados, jueces, agentes policiales), que luego pueda ser evaluada con la finalidad de recibir los ajustes a las realidades que van surgiendo en el devenir histórico. Implementar estas políticas significa crear las condiciones para que puedan ejecutarse, como es el caso de las políticas relacionadas con la emigración, que tan sólo puede ser evitada creando condiciones apropiadas de trabajo y salario suficiente para satisfacer las necesidades de las familias más vulnerables. En especial se trata de crear condiciones de trabajo garantizado para la madre, cuya emigración es desastrosa para los hijos, incrementando la producción de conductas infractoras, inclusive llegando a que las condiciones induzcan la producción de conductas infractoras de carácter penal. Las políticas giran alrededor de otro principio como es el de una justicia distributiva, que respeta los derechos globales de todos los ciudadanos, al mismo tiempo que toma en cuenta muy conscientemente la autonomía y las

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diferencias individuales de cada persona, o de cada grupo social, que trasciende la homogeneidad, la utilidad por sí misma, sobre todo, cuando se juzga una política a partir del costo-utilidad, y a la consideración mal entendida de derechos iguales. De esta manera es posible convertir las libertades y los derechos en libertades reales y derechos reales. El tercer principio sobre el que giran las políticas propuestas se refiere a la participación y solidaridad sociales de los ciudadanos, incluidos naturalmente los y las adolescentes, y como consecuencia de ellas la corresponsabilidad en la producción de comportamientos apropiados o de comportamientos infractores. En este sentido la producción de comportamientos apropiados o de conductas infractoras se derivan de las interrelaciones sociales, y como tales no solamente tiene un significado académico, sino que compromete en su prevención o en su producción, compromete en sus efectos y consecuencias, compromete en las medidas adoptadas ante esta producción, desde los contextos familiar y escolar. Este principio se extiende en doble dirección a la corresponsabilidad del adolescente ante una conducta infractora, que es posible por su maduración alcanzada, y que debe ser determinada con el conocimiento del mismo adolescente. De esta manera, el proceso educativo, si bien puede ser impulsado por los adultos, implica la participación libre y consciente de los y las adolescentes. La corresponsabilidad implica que el Estado no solamente declare, defina y promueva los derechos, sino que garantice las condiciones para que se disfrute de ellos, convirtiéndose en un Estado social de derecho. Hasta que este Estado y la sociedad de bienestar sean una realidad, los esfuerzos realizados por todos los actores sociales son necesarios para lograr los resultados más cercanos a esta participación y corresponsabilidad social, aún a riesgo de que los derechos específicos de los niños, niñas y adolescentes tengan que adaptarse a condiciones de su desarrollo mental y emocional individual, puedan inclusive ser tratados con una diferenciación, fruto del arbitrio subjetivo de los adultos. Finalmente, el principio definido en el Código de que la equidad en el juzgamiento de conductas infractoras debe primar sobre los procedimientos del enjuiciamiento89, implica que este proceso se realice al modo de una mediación, permitiendo a la o el adolescente reconocer su responsabilidad, fun89 Código de la Niñez y la Adolescencia. Libro Tercero. Título X. La administración de Justicia de la Niñez y la Adolescencia. Capítulo I Disposiciones generales. Art. 256.

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damentarse en su culpabilidad, comprometerse en una reparación, al mismo tiempo que lo hace –como se dijo– con la corresponsabilidad de los padres o sus representantes y sus educadores. Los principios vinculados a la equidad, como la legalidad, independencia, gratuidad, moralidad, celeridad y eficiencia, cobran sentido y se tornan plenamente efectivos, cuando el Estado, la escuela y la familia buscan las medidas educativas por todos los medios, para la inclusión más integral de la o el adolescente al contexto social, de conformidad a su condición intercultural. El Código y la Ley e inclusive un Código Penal especial para juzgar conductas infractoras de los y las adolescentes se fundamentan en los mismos principios y poseen las mismas metas.

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