DOCUMENTAClON SOCIAL

DOCUMENTACION SOCIAL REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE SOCIOLOGIA APLICADA N.9 88

Julio-Septiem bre 1992

Consejero Delegado: Fernando Carrasco del Río Director: Francisco Salinas Ramos Consejo de Redacción: Javier Alonso Enrique del Río Carlos Giner Miguel Roiz María Salas José Sánchez Jiménez Colectivo lOE

EDITA

CARITAS ESPAÑOLA San Bernardo, 99 bis, 7 ° 28015 MADRID CONDICIONES DE SUSCRIPCION Y VENTA 1992 España: Suscripción a cuatro números: 2.900 ptas. Precio de este número: 1.000 ptas. Extranjero: Suscripción 80 dólares. Número suelto: 25 dólares. (IVA incluido) DOCUMENTACION SOCIAL no se identifica necesa­ riamente con los juicios expresados en ios trabajos firmados.

MODERNIZACION ECONOMICA Y DESIGUALDAD SOCIAL

DOCUMENTACION SOCIAL REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE SOCIOLOGIA APLICADA

Depósito legal: M. 4.389-1971

Gráficas Arias Montano, S. A. - Móstoles (Madrid) Diseño portada: M.^ Jesús Sanguino Gutiérrez

SUMARIO Presentación.

n.^88

1

La política económica en los años 80 y pers­ pectivas de futuro. Fernando Esteve Mora Rafael Muñoz de Bustillo Llórente

2

La evolución del reparto de la renta. Rafael Muñoz de Bustillo Llórente

3

Crecimiento económico y bienestar. Fernando Esteve Mora

4

La modernización de la sociedad española. Luis Cortés Alcalá

5

La ideología de la modernización o la pará­ bola del asno y la zanahoria. Colectivo lOE

6

Los procesos de desigualdad en la sociedad española. Jesús Leal Maldonado

7

La economía española ante la convergencia. El ECLf no da la felicidad. Jesús Albarracín Pedro Montes

Julio-Septiembre 1992

8

La relación contradictoria entre política so­ cial y política económica desde la óptica del bienestar social. Gregorio Rodríguez Cabrero

9

El bienestar y el malestar social tienen carác­ ter acumulativo. Francisco Javier Alonso Torréns

10

Diversidad y desigualdad en el mercado de trabajo. Eduardo Rojo Torrecilla

11

Las desigualdades de la población ante la sa­ lud. María Isabel Serrano González Juan Manuel de Miguel Arenal

12

Modernización económica y desigualdad so­ cial. José León Panlagua Caparros

13

Nuevas desigualdades culturales en la socie­ dad de la información. Miguel Roiz

14

Para una teoría de la sociedad de clases me­ dias de los 80. Alfonso Ortí

15

Bibliografía.

Presentación

«La sociedad española se ha modernizado rápidamente con un creci­ miento económico autosostenido que ha supuesto el éxito definitivo del 'mercado” como mecanismo autorregulador de las relaciones económicas y sociales». Son múltiples las manifestaciones que avalan la afirmación que Luis Cortés hace en su artículo «La modernización de la sociedad es­ pañola», entre otras se pueden mencionar: — Transformación en la estructura económica. — Reestructuración de las estructuras productivas, buscando adap­ tarse a las nuevas exigencias competitivas. — Mejora del nivel de vida y bienestar. Son muchas las tareas de transformación que se han emprendido en la última década, en todas ellas han primado el criterio economicista mercantil más que la dimensión social. E l crecimiento económico de la segunda m itad de la década de los ochenta no ha llevado consigo la disminución de la desigualdad social M ás a l contrario, la riqueza sigue concentrándose más en unas regiones que en otras y dentro de éstas unas provincias sobre otras. La acumula­ ción de la riqueza, una tercera parte, beneficia a menos de una décima parte de la población. Sin embargo, dos quintas partes de los españoles disponen de menos del diez por ciento de la riqueza. En definitiva, a l crecimiento económico no le ha seguido un «desarrollo social». En esta década se ha consolidado la sociedad dual, pues mientras unos vivirán bien, y cada vez mejor, los otros estarán sumidos en la po­ breza y marginación. O según otros prefieren hablar de la sociedad de los

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tres tercios: el primer tercio, el más pequeño numéricamentey está form a­ do por los sectores de la clase dominantey económica y politicay principal beneficiario de los logros del sistema. Son los que tienen el puesto de trahajo fijo y bien remunerado y alta cualificación profesional. El segundo tercio, el más numerosoy corresponde a las clases medias profesionalesy a los trabajadores asalariados bien cualificados y con puestos de trabajo se­ guros que consigue participary aunque sea de modo subsidiarioy de las ventajas de una economía boyante y del consumo masivo que les ofrece la sociedad y el tercer tercio corresponde a un sector en aumento en el que se encuentrany además de los poores clásicos y persistentesy atrapados ya en el círculo de la pobrezay los trabajadores en paro de larga duracióny sin subsidioy sumergidosy jóvenes sin trabajoy pensionistasy jubiladoSy etc. Es­ tamos ante una sociedad insolidariay es deciry que el individualismo es el refugio para muchoSy los ideales y proyectos colectivos no encuentran ecOy hay una falta de interés por la militancia politicay sindical etc. Nos en­ contramos no sólo ante una crisis socioeconómicay sino también cultural lo que es lo mismoy los valores que sustentan la concepción del hombre y de la sociedad requieren ser recuperados y potenciados. Esta aspiración se concreta con la llam ada a la solidaritiad. Una de las manifestaciones de esta solidaridady cada vez más generalizaday es «cambiar la concepción del trabajo y las funciones que le han sido asignadas en la sociedad industrial Cuando el trabajo escaseay se replan­ tea si esa form a de actividad productiva y remunerada tiene que seguir siendo la única vía de realización personal de integración social y de ac­ ceso a la renta producida por la sociedad. E l que no ocupa un puesto de trabajo retribuido se siente in útil marginado por la sociedad y desprovis­ to de recursos económicos». Los artículos que D O C U M E N T A C IO N SO CIA L publica en este númerOy bajo el título de «Modernización Económica y Desigualdad Social» conforman un conjunto de opiniones de expertos y observadores de la realidad socioeconómica. Los tres primeros artículos son escritos por Esteve M oray Muñoz de Bustilloy ambos autores hacen un análisis de las políticas económicas de los años ochentay entre cuyas características comu­ nes señalan: — Se abandona el principio de protección de los salarios contra la inflación. — Políticas de potenciación de la flexibilización en el mercado del trabajo.

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— Abandono de la política de pleno empleo. — Tendencia a la privatización de las empresas públicas. Por su partCy Muñoz de Bustillo analiza la distribución del reparto de la renta y lo hace desde la denominada «distribución funcional», es deciry la que hace referencia a cómo se reparte la renta generada entre los factores productivos y la «distribución personal» o familiary es deciry la que se refiere a la distribución fin a l de la rentay sin tener en cuenta la procedencia. Esteve Mora en su artículo analiza de form a conceptual las relacio­ nes entre crecimiento y progreso económico y propone a l lector que utili­ zando este esquema conceptual reflexione la repercusión de dicho creci­ miento sobre el bienestar. Luis Cortés Alcalá analiza el proceso de modernización de la socie­ dad española y afirm a quey «en pocos años se ha producido un intenso avance en la modernización... y sin embargoy las distancias son muy gran­ des y las metas se encuentran todavía lejos. Por su partey el Colectivo lOEy partiendo de la parábola del «asno y la zanahoria»y analizan «la ideología de la modernización». Jesús Leal en su artículo «Los procesos de la desigualdad en la socie­ dad española»y analiza los cambios que se han producido en los años ochenta y las tendencias hacia las desigualdades. Albarracín y Montes analizan la situación española ante las nuevas propuestas del Tratado de Maastrichty una de ellas «endurecer la política económica» que se recoge en el Plan de Convergencia. Rodríguez Cabrero reflexiona sobre los condicionantes recíprocos en­ tre política económica y política social así como sus posibilidades de arti­ culación desde la óptica del bienestar social Javier Alonso constata que «el bienestar y el malestar social tienen carácter acumulativo». Los cuatro artículos siguientes analizan primero la desigualdad exis­ tente en el mercado de trabajoy afirmando Rojo Torrecillas que «es res­ ponsabilidad de todas las fuerzas políticas y sociales lograr un pacto de ciudadanía que beneficie a l conjunto de la sociedad...»; Serrano Gonzá­ lez estudiay a partir de diversas investigaciones de campOy las desigualda­ des existentes en el ámbito de la salud; Panlagua Caparrós analiza el problema de la vivienda en una sociedad modernay afirm a que la «mo­ dernización económica supone incremento de los desequilibrios sociales y

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territoriales en los que el mercado de la vivienda ha servido para reforzar diferencias...». M iguel Roiz describe la perpetuación de las «nuevas desi­ gualdades culturales en la sociedad de la información». Alfonso Ortí en el último artículo hace un estudio de las clases me­ dias proporcionando modelos de interpretación. D O CU M EN TA CIO N SO CIAL agradece la colaboración de los autores y manifiesta que no necesariamente se identifica con las opiniones que ex­ presan en sus artículos.

M adrid, octubre 1992

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La política económica en los años 80 y perspectivas de futuro Fernando Esteve Mora Universidad Autónoma de Madrid

Rafael Muñoz de Bustillo Llórente Universidad de Salamanca

INTRODUCCION El final de los años 70 y la década de los 80 suponen en el con­ texto mundial — o al menos occidental— la consolidación de toda una serie de propuestas teóricas y de política económica que, aunque diferentes en sus planteamientos y orígenes, comparten lo que de un modo genérico podríamos llamar «inspiración pre-keynesiana» o en términos menos técnicos, quizá más expresivos, «redescubrimiento» del mercado. La simultaneidad de este «renacimiento» con un proce­ so generalizado de triunfo de los partidos conservadores va a posibili­ tar la puesta en marcha de una política económica no sólo distinta a la dominante hasta mediados de los 70, sino que supone la negación de algunos de sus presupuestos básicos. Aunque las distintas experiencias nacionales tienen elementos cla­ ramente diferenciadores podemos señalar ciertas características comu­ nes a todas ellas: 1) Se abandona el principio de protección de los salarios contra la inflación, así como el de participación de los salarios de los incre­ mentos de productividad. 2) Políticas de potenciación de la flexibilidad en el mercado de trabajo — libertad de contratación y despido. 3) Intentos generales de reducir la cobertura de los gastos socia­ les del Sector Público y creación de un estado de opinión crítico a su papel real en las economías de mercado. 4) Abandono explícito (Reino Unido) o implícito de la política de pleno empleo y sustitución de la misma por reglas fijas de com­

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10 portamiento en política monetaria. En este sentido es especialmente esclarecedor el trabajo de M c C allum (1986) sobre el desempleo en la O C D E donde, tras un exhaustivo análisis de la evolución del paro en 14 países de la O C D E en el período 79-84, se demuestra cómo la combinación de política monetaria y fiscal es uno de los principales factores explicativos del comportamiento del desempleo (muy por encima del papel de los salarios monetarios, por ejemplo). 5) Tendencia hacia la privatización de gran parte de las empre­ sas públicas (Gran Bretaña, pero también Francia o España) y aban­ dono progresivo del Sector Público de la esfera productiva. Estos tres últimos elementos han generado una obsesión por la reducción generalizada del déficit público (ver Gráfico 1) que, inde^ pendientemente de la situación económica de cada país, pasa a ser uno de los objetivos centrales de la política económica. G ráfico I EVOLUCION DEL SALDO DEL SECTOR PUBLICO

Fuente: OCDE.

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11

1.

EL CASO ESPAÑOL: LA POLITICA ECONOMICA EN LA DECADA DE LOS 80

La política económica aplicada en España durante los 80 com­ parte la práctica totalidad de los elementos señalados más arriba y, en coherencia con ello, participa de lo que hemos denominado «redescu­ brimiento» del mercado. En línea con el resto de los países capitalistas avanzados, la crisis se interpreta como producto del deterioro de las condiciones de acumulación (caída de la tasa de beneficio) que reper­ cute en una caída en la tasa de inversión y pone en marcha un proce­ so de contracción de la demanda agregada, y por lo tanto de creci­ miento del desempleo y estancamiento de la producción. En coherencia con este diagnóstico la política económica del PSOE, en nuestra opinión continuista en lo fundamental con la reali­ zada desde 1978 por la U CD , tiene como objetivo el reconstruir las condiciones de producción (mejora de la rentabilidad del capital) con el propósito de producir un cambio en la tendencia en la inversión y a partir de ahí, a través de los conocidos efectos multiplicadores, poner en marcha un proceso de creación de empleo y crecimiento de la renta. Como es conocido, la tasa de beneficios de una economía, r, se puede expresar en función del comportamiento de tres variables: a) La distribución funcional de la renta, b {\), o participación de los benefi­ cios en el producto, variable que va a recoger la relación de poder entre trabajadores y propietarios del capital, b) La tasa de utilización de la capacidad instalada, u, que refleja las condiciones de demanda efectiva del país, y c) la relación capital/producto, variable básicamente de­ terminada en el corto plazo por condicionamientos tecnológicos. Tal que r = f(v , u, b) y de forma más concreta r - (b/v) u, por lo que, caeteris paribus el tipo de beneficio será mayor cuanto más favo­ rable sea la distribución a favor de beneficios, mayor la utilización de la capacidad instalada y/o menor la relación capital/producto. Como se desprende de la expresión anterior el aumento de la tasa de beneficios, suponiendo cierta rigidez tecnológica que impida la ac­ tuación sobre Vy que como tal sería una variable autónoma y no suscep­ tible de utilización como variable instrumental de política económica. (1) Sobre el significado del concepto de distribución funcional, ver el siguiente ; tículo de esta revista.

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12 sólo podría venir, de forma extensivUy mediante políticas tendentes a aumentar la utilización del capital (política de demanda) o de forma intensiva mediante políticas de redistribución a favor de beneficios. En la medida que nada garantizaba, dado el equilibrio de poder capital/trabajo, que una mayor demanda efectiva (y por lo tanto t u) no fuera a conducir a una redistribución de la renta a favor de trabajo y, por lo tanto, compensar el efecto de la mayor utilización del capital instalado sobre el tipo de beneficio, se opta por poner en marcha (o más bien por mantener/potenciar) una política de rentas de redistri­ bución a favor de beneficios o, como se denominará más o menos eufemísticamente, de recuperación del excedente empresarial. El mecanismo utilizado con este fin, tal y como es sobradamente conocido, se basaba en el desarrollo de pactos o acuerdos entre los in­ terlocutores sociales (Sector Público, Sindicatos y Patronal), a dos o tres bandas, según los casos (ver Cuadro 1) con el objetivo de limitar el crecimiento de los costes laborales. Limitación que sistemáticamen­ te repercutía en una caída de los salarios reales y, por lo tanto en una redistribución de la renta a favor de beneficios (2). Paralelamente, la actuación del Sector Público, tanto desde el lado del gasto, a través de subvenciones generales a la creación de em­ pleo, como desde el lado de los ingresos, permitiendo una contribu­ ción real de las rentas de capital a los ingresos fiscales muy por debajo de la teórica, potencia (o cuanto menos no contrarresta) este proceso de redistribución. Por último, y ya desde el campo de la regulación, la actuación directa favoreciendo la desregulación del mercado de traba­ jo, en la medida que fomenta la inseguridad de los trabajadores y de­ bilita enormemente su capacidad negociadora, refuerza el proceso de redistribución de la renta a favor de beneficios. Esta política, que paralelamente tenía la ventaja de servir como política de lucha contra la inflación en cuanto que al «pactar» la dis­ tribución de la renta eliminaba las tensiones distributivas a las que con anterioridad a 1977 estaban sometidos los precios, se ve acompa­ ñada de un política monetaria restrictiva, que cobrará un papel clave en aquellos años en los que no se alcancen acuerdos salariales y, ya en el último tercio de la década como elemento central para compensar el déficit de la balanza comercial. (2)

Para más detalles ver el siguiente artículo.

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I C O N C E R T A C IO N SO C IA L 1978-19909 C

Período de vigencia

i

^

s O

D enom inación

F irm antes

1978

Pactos de la M oncloa

G obierno y partidos políticos parlam entarios. Adhesión de sindicatos y patronal

1979

Acuerdo Básico Interconfederal

U G T y CEOE

1980-1

Acuerdo M arco Interconfederal

U G T y CEOE

1982

Acuerdo Nacional de Em pleo (ANE)

Gobierno, U G T , C C .O O . y C E O E

1983

Acuerdo Interconfederal

U G T , C C .O O . y CEOE

uadro

Características salariales

Otros aspectos

Incremento m áxim o de la m asa sala­ Programas de fomento empleo y de­ rial bruta: 20% (hasta 22% por des­ sempleados, ampliación de los pla­ lizamientos) . zos de prestación de subsidio de de­ sempleo, revalorización de la masa de pensiones en un 30% , aum ento de la aportación estatal a la SS, in­ cremento de la inversión pública...

Para 1980, del 13 al 16% , para 1981, banda del 11 al 15% . Banda del 9 al 11% de aumento.

Banda del 9,5 al 12,5% .

Actuaciones varias para aumentar las prestaciones del subsidio de desem­ pleo, revalorización 10% pensiones unitarias, actuaciones sobre la SS, compromiso de creación de 350.000 empleos.

C u a d r o I (continuación) Período de vigencia

Denom inación

1984

Sin acuerdo

1985-6

15

Acuerdo Económico y Social (AES)

Firm antes

Características salariales

Otros aspectos

Recomendación del Gobierno del 6,5%, la conflictividad fue el doble que en 1983. El aumento salarial neto por asalariado fue del 7,9% ex­ cluyendo la cláusula de revisión. Gobierno, U G T yCEO E

Banda del 5,5 al 7,5% para 1985. Banda del 90 al 107% de la previ­ sión de inflación (1986). Reducción de la conflictividad en un 49% en 1985 y en un 30% en 1986.

Creación de un Fondo de Solidari­ dad para el fomento del empleo. Compromiso para aumentar la co­ bertura de desempleo al 48% en 1986, aumento de deducciones y desgravaciones fiscales. Creación de 160-190 mil puestos de trabajo en obras y servicios públicos. Aumento de la inversión pública.

1987

Sin acuerdo

Recomendación del Gobierno del 5%. El aumento neto fue del 6,5%. Incremento en un 212% de la con­ flictividad.

1988

Sin acuerdo

El Gobierno aplica el 3% a los traba­ jadores de la Administración Pública y propone el mismo porcentaje de aumento empresarial. Aumento sala­ rial del 5,3%. Huelga general 14 diciembre.

C u a d r o I (continuación)

Período de vigencia

1989/ 1990

D enom inación

Firm antes

Acuerdo sobre puntos de la Plataforma Sindical Prioritaria (PSP)

Gobierno, U G T , C C .O O . y G E O E (a dos bandas)

Características salariales

Sindicatos: 7,5% de aumento. G E O E : sobre el 5% . M edio según convenio 7,67% .

Otros aspectos

Igualación de pensiones m ínim as con el salario m ínim o, aum ento del S.M .I. en 50.000 pesetas, control sindical de contratos, retirada del Plan de Em pleo Juvenil, aum ento en 2,55% de pensiones y sueldos a funcionarios para com pensar el ex­ ceso de inflación en 1988. A um en­ to de la cobertura del S. de desem ­ pleo y de las pensiones asistenciales (200.000 millones).

F u e n t e : M inisterio de E con om ía y H acien da. Program a econ óm ico a m edio y largo plazo (1 9 8 5 ) y elaboración propia.

16 En suma, la lógica teórica que respaldaba la política económica socialista era, sintéticamente, la siguiente: ^ -^Beneficios ^ -^Inversión ^ -^Demanda ^ -^Empleo Sin embargo, la experiencia de la década pasada demostró que tal lógica teórica dista de ser ineludible en la medida en que existían múl­ tiples líneas de fuga y retardos entre la recuperación de los beneficios y el aumento de la inversión y entre éste y el aumento en el empleo: 1) En primer lugar, y como hemos señalado antes, la participa­ ción de los beneficios en la renta es sólo una de las variables que afec­ tan al tipo de beneficio. En la medida en que la redistribución a favor de beneficios no se traduzca automáticamente en un aumento de la inversión, que compense los efectos contractivos sobre la demanda efectiva de una caída en la participación de la masa salarial en la renta vía caída en el consumo, parte del efecto positivo de la re­ distribución a favor de beneficios (T b) sobre el tipo de beneficio se verá compensado por el efecto negativo de la caída en la tasa de utili­ zación del capital ( i u). El comportamiento del consumo privado en nuestro país, desde 1977 a 1984, y sobre todo entre 1981 y 1984, con caídas del 0,6% y del 0,38% respectivamente, parece confirmar que tal efecto se habría producido en el caso español, al menos en este período (3). 2) Adicionalmente existen otros factores que pueden provocar retardos de cierta importancia entre uno y otro fenómeno, retardos que actuarán de forma acumulativa con el problema señalado en el punto anterior: a) En primer lugar la recuperación del excedente empresarial puede dedicarse a la recomposición del pasivo de la empresa (sanea­ miento financiero) y/o a aumentar la parte de la nueva inversión a financiar con fondos internos (aumento del coeficiente de autofinanciación) en vez de aumentar la FBC F manteniendo la relación fondos propios/fondos ajenos. Este comportamiento que sin duda puede responder a criterios de eficiencia en la composición de la fi(3) En 1983 y 1984, afortunadamente, el buen comportamiento del sector exterior, explicado por la apreciación del dólar, con aumentos en las exportaciones del 10,15% y 11,73%, permitirá compensar la caída de la demanda interna y cerrar el año con un au­ mento del PIB cercano i 2%.

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17 nanciación y aumentar las posibilidades de supervivencia de la em­ presa en el medio/largo plazo, sin embargo significa en el corto pla­ zo una ruptura en el modelo y por lo tanto conduce a la aparición de retardos con los efectos negativos antes mencionados. Este fenó­ meno ciertamente ha tenido lugar en España, donde las empresas aprovecharon la recuperación del excedente empresarial para recom­ poner su deteriorada estructura financiera mediante el aumento de la tasa de autofmanciación (que, por ejemplo, para las empresas de la Central de Balances del Banco de España pasa del 30,7% en 1984 al 50,4% en 1988). b) En segundo lugar, como se encargó de señalar J. M. K e y n e s hace más de medio siglo, la disponibilidad de fondos para inversión y la inversión entendida como FBCF son cosas distintas, y de lo prime­ ro no se sigue necesariamente y en toda situación lo segundo. Así, los excedentes empresariales «recuperados» se pueden dirigir a activida­ des especulativas ya sea en la Bolsa de Valores o en el mercado inmo­ biliario en espera de que lleguen las condiciones favorables para reali­ zar la inversión productiva. Así, por ejemplo, en nuestro país, la con­ tratación en Bolsa que en 1984 era equivalente al 5,10% del PIB, en 1987 llegó a a suponer más del 27%, cayendo al 10% en 1990 (4). c) Por último, y en la medida en que parte del excedente se dis­ tribuye en forma de dividendos, cuanto más se asimile el comporta­ miento de sus receptores a lo que podríamos llamar comportamiento «tipo Veblen» (i. e. se dediquen las rentas de capital al consumo cons­ picuo) frente a los comportamientos «tipo calvinista» (i. e. inversión productiva), mayor será la fuga del modelo y por lo tanto el retardo al que estará sujeto. La dificultad para contrastar el comportamiento de los receptores de rentas de capital hace que sea poco lo que se pueda decir con respecto a este punto, aunque lo que si se ha observado a lo largo de la pasada década es un aumento en la participación de los di­ videndos en el excedente bruto de explotación, que pasa del 6,1% en 1980 al 12,4% en 1988, lo que en cualquier caso significa que poten­ cialmente se amplían las posibilidades de fuga por esta causa.

(4) Este fenómeno que, obviamente, comparte la economía española con el resto de los países avanzados, ha llevado a Paul VOLCKER, interlocutor claramente comprometido con la economía de mercado, a decir que se «puede asegurar que la extensión de las opera­ ciones financieras está desviando recursos de las auténticas empresas productivas» («Busi­ ness Week», 16-9-85).

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18 La combinación de estos factores, con un fuerte peso de los dos primeros, explica a nuestro entender el retardo existente entre el cam­ bio de tendencia en la evolución de la distribución funcional de la renta (1979) y la recuperación de la FBCF (1985 pero, sobre todo, 1986). 3) La siguiente fuga del modelo se encuentra en la conexión en­ tre Inversión y Empleo y tiene que ver con el doble papel de la inver­ sión: en cuanto generadora de demanda efectiva (corto plazo) y en cuanto generadora directa de puestos de trabajo una vez que se ha materializado en equipo capital ya instalado y listo para producir. a) En la primera vertiente el empleo responderá con mayor in­ tensidad al aumento de la inversión, caeteris paribus, cuanto menor sea la proporción de los bienes de inversión que se compren al exte­ rior. En este sentido, del análisis de las estadísticas de importaciones se deduce que más de una quinta parte del efecto expansivo de la in­ versión se estaría filtrando hacia el exterior a través de la importación de equipo capital. Paralelamente se constata cómo la recuperación de la inversión, por el mismo fenómeno, estaría también detrás del cre­ ciente déficit de la Balanza Comercial, ya que las importaciones aso­ ciadas a ésta explicarían más de una cuarta parte de las importaciones en la Balanza Comercial. b) En lo que al segundo aspecto se refiere, la inversión tendrá mayor impacto sobre el empleo cuanto más intensivos en trabajo sean los procesos productivos hacia los que se dirija. También en este aspec­ to, y en coherencia con la tendencia experimentada en la O C D E (5), todo parece indicar que la inversión se dirige, en gran parte, hacia la intensificación de la relación capital/trabajo. Así, para el conjunto de empresas comunes del período 1985/88, recogidas en la Central de Ba­ lances del Banco de España, la redistribución a favor de beneficios que se produce en el período y el aumento de la FBCF no conduce a au­ mento del empleo (aumenta en menos del 1%, 658 trabajadores), sino a una intensificación de la relación K/L, que aumenta en un 28%. (5) Así, en el período 1964-84, según estimaciones de GUTIÉRREZ, P. C. (1990), pág. 369, para los siete grandes de la OCDE cerca del 70% del crecimiento de capital del sector industrial correspondía a procesos de sustitución de trabajo por capital. La conside­ ración del total de la economía reduce el porcentaje al 51%, aunque aun así pone de ma­ nifiesto la intensidad de este proceso que, para estos mismos países, habría provocado que el crecimiento del empleo sea un tercio del que se habría alcanzado en ausencia de sustitu­ ción.

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19 La suma de estos dos fenómenos va a provocar que la respuesta del empleo ante la recuperación de la inversión, aunque positiva, no sea suficiente para drenar la gran bolsa de paro existente en nuestro país. En suma, y dado que la recuperación de la inversión, el empleo y el crecimiento económico no se produjo hasta 1986-1990 (ver cuadro 2) cabe preguntarse si una política económica de recomposi­ ción de los excedentes empresariales puede tener éxito per se^ inde­ pendientemente del resto de los factores que afectan a la inversión: demanda efectiva, expectativas sobre la misma..., o si tal éxito sólo se dará en conjunción con tales factores. A este respecto el caso es­ pañol parece inequívocamente apuntar a que fueron esos otros fac­ tores las expectativas generadas por la incorporación a Europa, el es­ tímulo de los gastos públicos asociados a 1992, la obligada renova­ ción tecnológica de las empresas tras años de desinversión, en muchos casos bajo nueva gestión... los que desencadenaron el relan­ zamiento de la inversión. C V a r ia b l e s

-0,2 -9,4 14,6 14,4 -0,2 3,9

2

m a c r o e c o n o m ic a s b á s ic a s

52 A PIB (%) ..... A Inversión.... A IPC (%) ..... T. de Paro (%) .... X-M/PIB (% ) ... Déf. P./PIB ( % ) * .

uadro

u

55

%

(1981-1990) 57

55

55

90

1,2 1,8 1,8 2,3 3,2 5,6 5,2 4,8 3,7 1,3 -4,1 -3,9 3,4 14,7 14,9 16,0 14,0 6,8 14,3 12,2 11,3 8,8 8,8 5,2 4,9 6,8 6,7 16,3 17,8 20,6 21,9 21,5 20,6 19,5 17,3 16,3 0 1,8 4,2 3,6 2,1 -0,2 -1,9 -4,9 -5,8 5,6 4,8 5,5 6,9 5,9 3,1 3,3 2,7 3,8

* Necesidad de financiación de las administraciones públicas. FUENTE: Banco de España.

3.

C R E C IM IE N T O Y D ESEQ U ILIBR IO : C R O N IC A D E UN A C R ISIS A N U N C IA D A

El fuerte crecimiento de los años 1986-90 va a darse acompañado de al menos cuatro circunstancias que, con el tiempo, se convertirán, al menos tres de ellas, en el objetivo prioritario de la política econó­

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20 mica: 1) Resistencia a la baja de la inflación subyacente, a pesar de la rígida política monetaria continuamente aplicada, 2) Aumento de­ senfrenado del déficit de la balanza por cuenta corriente, 3) Resisten­ cia a la baja del déficit público, 4) Resistencia de la tasa de paro a converger con la media de la CE. Factores que en opinión de los responsables de la política econó­ mica llevarán a calificar al crecimiento experimentado como «insa­ no», en cuanto que tales «desequilibrios macroeconómicos» como son denominados, pondrían en peligro la propia continuidad del proceso de crecimiento, en tanto que la financiación del déficit co­ mercial (2) — del que se responsabiliza fundamentalmente al des­ equilibrio (1), el diferencial de inflación— , y el déficit público (3), así como la lucha contra la inflación (1), exigen, en ausencia de una política decidida de lucha contra el fraude fiscal, una vez abandona­ da la política de tipo de cambio por la integración de España en el Sistema Monetario Europeo, y en ausencia de la puesta en práctica de políticas estructurales de lucha contra la inflación, del manteni­ miento de altos tipos de interés que, en su opinión, frenarían el pro­ ceso inversor y por lo tanto la fuente de un crecimiento económico sostenido que, in illo témpora pudiera acabar con el cuarto desequili­ brio: el paro. Una vez identificado cuál es el problema a los ojos de los respon­ sables de la política económica de nuestro país — (la lucha contra los desequilibrios 1, 2 y 3 exige del incremento del tipo de interés, que mina la fuente de crecimiento e impide atajar el desequilibrio 4)— quedaría por descubrir a que obedece, de nuevo desde su punto de vista, la existencia de ese conjunto de desequilibrios. En opinión de los responsables de la política económica todos los desequilibrios anteriores comparten una causa común: los «altos» sa­ larios reales, y más concretamente los «altos» costes laborales unitarios reales (6). En efecto, se piensa, por un lado, que la insuficiente moderación salarial se ha traducido, vía costes, en un crecimiento de los precios, paralelamente esos mismos altos salarios reales estarían detrás del

(6) concepto.

En el siguiente artículo de esta revista se repasa el sentido y significado de este

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fuerte crecimiento del consumo experimentado en el último quin­ quenio, que habría tenido como efecto derivado un crecimiento insu­ ficiente del ahorro, contribuyendo además al crecimiento del déficit exterior. Ante tal diagnóstico la respuesta de política económica es ob­ via: una reducción de los costes laborales unitarios reales que reper­ cutiría favorablemente sobre la inflación, ayudaría a solventar el dé­ ficit exterior (aumento de exportaciones por la reducción de los precios relativos con respecto al exterior y caída de importaciones producto del aumento de la competitividad de precios del país y de la caída en el consumo resultante de la reducción en los salarios rea­ les) y liberaría recursos para el ahorro en la medida en que la pro­ pensión a ahorrar de los receptores de rentas de trabajo sea menor que la propensión a ahorrar de los receptores de rentas de capital. Todo ello permitiría la reducción del tipo de interés (con la ayuda de la reducción del déficit público, que se vería facilitada si junto con el salario monetario se reduce también el salario social, lo que también se traduciría en una reducción de costes para las empresas) y la recuperación de la inversión en un marco de crecimiento soste­ nido «sano». Sin embargo, este modelo, cuya concadenación lingüística pa­ rece tan consistente adolece de, al menos, tres inconsistencias o «lí­ neas de fuga» por adoptar la expresión anteriormente utilizada. Veámoslas: 1) En relación con el diagnóstico del problema se aprecia cómo, aun siendo el mismo que en el período anterior: la debilidad de la inversión, ahora ya no se pone el énfasis en la recomposición de los excedentes empresariales, sino en una de las variables que supues­ tamente la determinan, el tipo de interés. Frente a ello hay que recor­ dar, una vez más, que, obviamente, el tipo de interés que puede afec­ tar a la inversión es el tipo de interés real, y que, incluso así la rela­ ción dista mucho de ser concluyente como se desprende de los resultados alcanzados en numerosos (7) trabajos y como se puede comprobar en el caso español (Gráfico 2).

(7)

Ver, por ejemplo, el reciente trabajo de FORD Y PORET (1 9 9 1 ).

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22 G r á f ic o 2

TIPO DE INTERES REAL Y COMPORTAMIENTO INVERSOR ESPAÑA, 1974-91

* El tipo de interés corresponde al del mercado interbancario de depó­ sitos (a un mes), convertido a términos reales mediante el deflactor implíci­ to del PIB. F u e n t e : Banco de España y elaboración propia. 2) Aun siendo evidente la existencia de una relación entre sala­ rios monetarios y precios, no lo es menos que, en la misma medida en que el producto nacional se divide entre salarios y beneficios, estos últimos también determinan el nivel de precios, pudiéndose compro­ bar fácilmente (UGT, 1990) cómo el comportamiento de los salarios durante la década pasada ha sido el principal factor de competitividad de las empresas españolas. Más concretamente, también es fácil comprobar cómo el diferencial de inflación, cuando se mide sobre el sector industrial (Indice de Precios Industriales) es claramente favora­

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23 ble a nuestro país (8), lo que parecería indicar que es el comporta­ miento de los que fijan los precios en el sector terciario (con salarios inferiores a la media y no sujetos a la competencia exterior) el respon­ sable del diferencial de inflación, lo que exigiría de la puesta en mar­ cha de políticas sectoriales de carácter estructural dirigidas a la «mo­ deración empresarial» en el sector. 3) Finalmente, que la moderación salarial se traduzca en dismi­ nuciones en el consumo y paralelos aumentos en el ahorro que hagan caer de forma natural los tipos de interés remite a un pensamiento económico decimonónico — Ley de Say— en la medida que supone el mantenimiento de un nivel de producción estable que, o bien se consume o bien se ahorra. Estas fugas del modelo de política económica se pueden traducir peligrosamente en una recesión para el futuro más inmediato. El final de las expectativas generadas en el 92, junto con las estrictas condi­ ciones impuestas por el plan de convergencia implicaban ya una ate­ nuación en el ritmo de crecimiento. Si para enfrentarse a tal proceso se utiliza un modelo como el descrito previamente, el resultado en el corto y medio plazo puede ser no sólo una ralentización del creci­ miento, sino el inicio de una nueva recesión. El Ministro de Econo­ mía parece tenerlo claro cuando señala que: «Existen dos alternativas ante una situación como ésta: hacer una política de corte Keynesiano anticíclica dejando que el défi­ cit público crezca o incluso haciendo una política monetaria de carácter expansivo con tipos de interés a la baja, o preparar al país para que en mejores circunstancias sea capaz de aprovechar, porque no tenga problemas de desequilibrios, el próximo auge económico con las mismas ventajas o más que las que pueda aprovechar cualquier otro. El Gobierno ha optado por esta se­ gunda posición» («El País», Suplemento de Negocios, 6 de sep­ tiembre de 1992, pág. 4)

(8) Así el crecimiento del IPI en 1988 fue del 3% frente al 4,8% de crecimiento del IPC; 4,2 frente a 6,8 en 1989, 2,2 frente a 6,7 en 1990 y 1,5 frente a 5,9 en 1991.

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24

REFERENCIAS F ord , R., y Poret, P. (1991): «Business Investment: Recent Performance and Some Implications ford Policy». OCDE Economic Studies 16, págs. 80-131. G lyn, a ., et al. (1990): The Rise and Eall o f the Golden Age, en Marglin, S. y Schor, J., eds.: The Golden Age o f Capitalism. Reinterpreting the Postwar Experience. Clarendon Press, Oxford. GUTIERREZ J unquera , P. C. (1990): Las causas del crecimiento del sector servicios. El crecimiento de los servicios en la OCDE 1964-84. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. M c C allum , J. (1986): «Unemployment in O C D E countries in the 1980’s». Econo­ mic Journal, vol. 96, págs. 942-960. U nion G eneral de T rabajadores (1990): «Salarios y Competitividad», Informa­ ción Sindical, núm. 82. Madrid.

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La evolución del reparto de la renta Rafael Muñoz de Bustillo Llórente Universidad de Salamanca

IN T R O D U C C IO N En un artículo publicado en 1983, el malogrado economista esta­ dounidense Alfred S. Eichner señalaba que toda política económica es, en última instancia, política de rentas, bien de forma explícita (controles de precios y salarios, pactos sociales...) o de forma implíci­ ta (a través de la regulación del nivel de desempleo mediante la adop­ ción de políticas fiscales o monetarias). Si lo anterior es cierto en tér­ minos genéricos más aún lo es en el caso español, país donde la crisis económica de mediados de la década de los 70 se diagnostica como una crisis de oferta generada por el deterioro del tipo de beneficio asociado, con el aumento de los precios de la energía y el cambio de las relaciones de poder acontecido durante la transición política. De este modo, la propia distribución de la renta se convierte en la varia­ ble clave a controlar a los ojos de los responsables de la política eco­ nómica, para reconstruir unas condiciones favorables a la inversión — a través de la redistribución a favor de beneficios— y dar marcha atras así al proceso de deterioro económico, tal y como se ha visto en el artículo anterior. Como es bien sabido, tradicionalmente se distinguen dos formas de medir la distribución de la renta, la denominada distribución fu n ­ cional que hace referencia a cómo se reparte la renta generada entre los factores productivos que participan en el proceso de producción: capital — beneficios— y trabajo — masa salarial— , y la distribución personal (o familiar)y que hace referencia a la distribución final de la renta entre las distintas personas, o familias, según cuál sea la unidad de referencia, independientemente de su procedencia, esto es, sin te­ ner en cuenta si provienen del trabajo, de la propiedad o de transfe­

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26 rencias públicas (seguro de desempleo, pensiones). En los dos casos la distribución se puede calcular tal y como se deriva del mercado, o en términos disponibles, tal y como la reciben los sujetos después de la actuación redistributiva del sector público vía impuestos y transferen­ cias, si bien es importante tener presente que el efecto de la interven­ ción estatal sobre la distribución no se limita a la detracción de renta vía impuestos y a la inyección vía transferencias, ya que a través de otra serie de medidas de política económica no directamente distri­ butivas también afecta a la distribución que se deriva del mercado (así, por ejemplo, la desregulación del mercado de trabajo mediante la flexibilización de las modalidades de contratación puede, como ve­ remos más adelante, aumentar las diferencias salariales entre trabaja­ dores y por lo tanto afectar a la distribución «de mercado»). En las páginas que siguen trataremos con cierto detalle el com­ portamiento de la distribución funcional de la renta durante la dé­ cada de los 80 y, en espera de los resultados de la Encuesta de Pre­ supuestos Familiares de 1990/91, única fuente estadística directa de seguimiento de la distribución familiar, repasaremos, de un modo necesariamente impresionista, la evolución durante la última década de las principales variables que afectan a la distribución personal/familiar a partir de la información dispersa disponible, cen­ trándonos principalmente en el comportamiento del mercado de trabajo.

EL COMPORTAMIENTO DE LA DISTRIBUCION FUNCIONAL 1. Como ya hemos señalado, la distribución funcional nos ofre­ ce una primera aproximación, aunque sólo parcial, al comportamien­ to de la distribución de la renta, y se puede interpretar como el resul­ tado de la lucha distributiva (si se interpreta el mercado en términos de conflicto) o de un acuerdo (si se hace en términos de armonía), y como tal reflejaría la correlación de fuerzas entre trabajo y capital o masa salarial, M S, y Beneficios, B, los dos grandes bloques en los que se divide la renta, PY (donde P es el nivel de precios e Y la produc­ ción, con lo que PY representaría el valor monetario de la produc­ ción). De forma que podemos decir que: (1)P Y = M S + B

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27 y expresando los beneficios como el resultado de aplicar un margen, m, sobre los costes salariales: (2) B = M S.m Por lo que la expresión (1) se puede escribir como (3) PY = M S + Ms.m - MS (1 + m) y denominando a lo que está entre paréntesis (1 + m) tenemos que: (4) PY = M S.q Por otra parte, si denominamos por b la participación de los bene­ ficios en la renta (B/YP) y por t la participación de la masa salarial, o rentas de trabajo,en la renta total (t = MS/YP), donde obviamente b + t = 1 (esto es ía renta se reparte entre los trabajadores y los propieta­ rios), se puede comprobar fácilmente cómo el margen q que se aplica a la masa salarial para obtener el valor de la producción realizada es equi­ valente a la inversa de la participación de la masa salarial en la renta: (5) q = PY/MS = 1/t, donde t = MS/YP de forma que cuanto mayor sea el margen aplicado, menor será la participación de las rentas de trabajo en la renta total y por lo tanto mayor la participación de los beneficios. La expresión (4) permite una reescritura alternativa a partir de la cual se obtiene un concepto utilizado profusamente en los últimos años cual es el de Costes Laborales Unitarios Reales, CLUR. Veámoslo: (6) P = (MS/Y).q y como la masa salarial es el resultado de multiplicar el salario, w, por el número de trabajadores empleados, L, entonces: (7) P = (W.L/Y).q a su vez L/Y es la inversa de la relación entre la producción y el nú­ mero de trabajadores empleados, que en sí nos recoge la producción por trabajador o productividad del trabajo, 7t, como que (7) se puede expresar como: (8)

P = (w/7t).q, y reordenando la expresión: P.7t/w = q,

o, lo que es igual: 1/q = w/ P.Tt

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28 expresión denominada C L U R en cuanto que recoge el coste salarial incorporado por término medio en los bienes producidos en un país, y que como vemos es igual a la inversa del margen que, según la ex­ presión (5) coincide con la participación de la masa salarial en la ren­ ta. De forma que cuando se habla de C L U R se está hablando de la distribución de la renta, tal que un aumento de los C L U R significa una redistribución a favor de masa salarial y en contra de beneficios, y viceversa. La expresión (8) nos sirve para visualizar la idea de la distribución funcional cómo el resultado de un proceso, ya que nos permite com­ probar como dado un salario monetario y una productividad del tra­ bajo, la fijación del margen por parte de las empresas (sujeto a las res­ tricciones que fija el propio mercado — competencia internacional— y la correlación de fuerzas con los trabajadores) determina simultánemente el nivel de precios, el salario real y la distribución. La expre­ sión anterior también nos permite apreciar la relación existente entre las tensiones distributivas y la inflación, ya que dada una variación determinada de salarios y productividad el resultado final sobre los precios puede ser mayor o menor según sea la respuesta de los empre­ sarios acomodaticia (caída de q), esto es, según se acepte la distribu­ ción, o no (q constante). De igual forma un aumento del margen ge­ nerará unas tensiones mayores o menores sobre los precios según sea esa redistribución a favor de beneficios aceptada por los trabajadores (caída en el salario real) o no lo sea (aumentos en el salario monetario para compensar el aumento de precios asociado al aumento de q). Por otra parte también permite ver cómo los aumentos en productivi­ dad pueden generar bien una caída en los precios o un aumento de los salarios reales (si la distribución permanece constante) o una re­ distribución a favor de beneficios (si w y q permanecen constantes). Por último, y relacionado con lo anterior se comprueba como todo aumento de q, esto es, toda redistribución a favor de beneficios, sig­ nifica que los aumentos en productividad y/o la moderación salarial no se trasmite totalmente a precios. De forma que se puede decir que existe un «trade off» entre la redistribución a favor de beneficios y la lucha contra la inflación. 2. Visto el significado y sentido económico de los conceptos que vamos a manejar, pasamos a continuación a analizar su compor­ tamiento en nuestro país durante la última década.

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29 Los datos de distribución funcional de la renta para el conjunto de la economía nacional se pueden obtener fácilmente a partir de las estadísticas de contabilidad nacional de España, CN E, si bien su co­ rrecta interpretación temporal exige de ciertas transformaciones. En la C N E los ingresos de los trabajadores autónomos (el 27% de los trabajadores ocupados en 1991) no se descomponen en beneficios (remuneración al capital comprometido en su actividad productiva) y salarios, sino que el conjunto de sus ingresos se consideran contable­ mente como beneficios. Con ello se producen dos efectos: a) la canti­ dad estimada de beneficios es superior a la realmente obtenida corres­ pondiente a beneficios puros y b) los cambios en la tasa de asalarización (porcentaje de asalariados sobre el total de ocupados) repercuten en el valor observado de la distribución. De modo que un aumento en la tasa de asalarización hace que automáticamente (y artificialmen­ te) se vean reducidos los beneficios en una cantidad equivalente al to­ tal de ingresos obtenidos por los otrora trabajadores autónomos y ahora asalariados. Todo ello exige que para comparaciones temporales (o interna­ cionales) se neutralicen los efectos de los cambios en la tasa de asalari­ zación, siendo una de las posibles formas de así hacerlo el construir una serie hipotética de distribución que responda a la distribución que teóricamente se habría alcanzado de haberse mantenido constan­ te la tasa de asalarización con respecto a un año base (1). En el Cuadro 1 se recoge el comportamiento de la distribución funcional de la renta, participación de la masa salarial en la renta to­ tal, para el período 1964-1990, tanto en términos observados como corregidos — para una tasa de asalarización constante— , pudién­ dose comprobar la fuerte caída de la participación de los salarios en la renta producida desde 1979, de forma que para finales de la déca­ da de los 80 se había retrocedido, a igualdad de tasa de asalariza­ ción, a los niveles existentes a mediados de la década de los 60, per­ diéndose así la ganancia de cinco puntos porcentuales obtenida des­ de entonces.

(1) Para un análisis más detallado de los problemas asociados con la neutralización del efecto sobre la distribución de los cambios en la tasa de asalarización, ver Esteve y Mu­ ñoz Bustillo (1990).

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30 C uadro 1 DISTRIBUCION FUNCIONAL DE LA RENTA EN ESPAÑA, 1964-90 Tasa de ____ Asal. (%) Ohserv.

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

61.5 61.5 62,1 62,2 62.7 63.4 64.0 64.5 66.6 67.2 67.8 69.8 69.5 70.2 70,2 69.9 69.9 69.7 69.9 69.5 68.5 69.1 70.7 70.2 70.9 72,4 73.7

2,27 2,23 2,15 2,08 2,12 2,10

2,06 2,02 1,94 1,92 1,91 1.85 1,81 1,81 1.83 1.83 1.86 1,85 1,88 1,88 1,98 2,01 2,00 2,00 2,02

2,03 2,01

Distribución (t) MS/PIBcf

Margen (q) (Base 64)

(Base 88)

Observ.

(Base 64)

(Base 88)

2.27 2,23 2,17 2,10 2,16 2,16 2.14

1.97 1,94 1,88 1,82 1,88 1,87 1,86 1.83 1.83 1,81 1.83 1,82

43,99 44,75 46,53 48,11 47.10 47,72 48,56 49,59 51,42 52,21 52,32 53,96 55,16 55.15 54.70 54.71 53,63 54,20 53.16 53,24 50,44 49,69 50.10 50,11 49,61 49,29 49,67

43,99 44.75 46,08 47.56 46.20 46.29 46,66 47.29 47,48 47,78 47,46 47,54 48,81 48,32 47,92 48,14 47,18 47.84 46.76 47,10 45,28 44.20 43.56 43,90 43,01 41.85 41,44

50.74

2,11 2,11

2.09 2,11

2.10 2,05 2.07 2.09 2.08 2,12 2.09 2.14 2,12

2,21 2,26 2,30 2.28 2,33 2,39 2,41

1,78

1.79 1,81 1.80 1.84 1,81 1.85 1,84 1,91

1,96 1,99 1.97 2,02 2,07 2,09

51,62 53,16 54,87 53.29 53,39 53,82 54,54 54,77 55,11 54.75 54,84 56.30 55,74 55,28 55,53 54,43 55,18 53,94 54,33 52,23 50,99 50,25 50,64 49,61 48,27 47,80

F u e n t e : Corrales y Taguas (1989), Banco de España, E. P. A. y elaboración propia.

Este proceso de redistribución a favor de beneficios es común a todos los sectores económicos, si bien la intensidad del mismo es muy distinta, como se puede apreciar de los datos recogidos en el Cuadro 2 relativos a la distribución funcional en los distintos subsec­ tores del sector industrial español para el período 1978-89.

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31 Sin embargo, como hemos señalado más arriba, la actuación públi­ ca puede alterar los resultados distributivos del mercado mediante de­ tracciones — impuestos— e inyecciones — transferencias— de rentas, proceso que se puede captar a través del cálculo de la distribución fun­ cional después de impuestos y transferencias, resultado de detraer a la masa salarial el IRPF sobre las rentas del trabajo personal y el conjunto de las cotizaciones sociales, y a los beneficios el IRPF que recae sobre las rentas de capital (junto con la cuota diferencial desde una aproxi­ mación conservadora). A la hora de presentar los resultados obtenidos se ha considerado oportuno incluir un tercer componente que recoja el comportamiento de las prestaciones sociales económicas, PS, durante el mismo período. De forma que, en este caso, la distribución funcio­ nal sería el resultado de dividir la renta en tres bloques: rentas de capi­ tal después de impuestos, rentas de trabajo después de impuestos y co­ tizaciones y prestaciones sociales. Como se aprecia claramente en el Cuadro 3, que recoge el comportamiento de la distribución funcional de la renta bruta disponible, RBD, calculada tal y como se expresa más arriba, durante el período 1974-90, la participación de los beneficios (excedente bruto de explotación disponible) era en 1990 prácticamen­ te igual a la correspondiente a 1974, mientras que la participación de las prestaciones sociales había experimentado un crecimiento muy sig­ nificativo, multiplicándose por 2,5, pasando del 6,6 al 16,38% de la renta bruta disponible como resultado de la tardía construcción del es­ tado de bienestar en nuestro país y el incremento de pensiones y pres­ taciones de desempleo principalmente. Paralelamente se aprecia una caída, igualmente significativa, de la participación de la masa salarial en la RBD que pasa del 43,53% en 1974 al 33,38% en 1990, de lo que se deduce que en términos funcionales la acción redistribuidora del sector público se ha realizado principalmente desde las rentas sala­ riales hacia las prestaciones sociales, o lo que es lo mismo desde la po­ blación activa ocupada hacia la población inactiva (por jubilación o in­ capacidad) y hacia la población activa desocupada (desempleados con derecho a prestaciones por desempleo) (2). Proceso, por otra parte, co­ herente con la política económica aplicada que, como se veía en el tra(2) Los resultados que se obtienen de descontar de los beneficios las amortizaciones — que viene a suponer alrededor de la cuarta parte del excedente bruto de explotación, y trabajar, por lo tanto, en términos netos y no brutos, no alteran para nada la tendencia, aunque, lógicamente, sí los valores absolutos. A este respecto, ver Muñoz de Bustillo (1990), págs. 105 y 107.

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C uadro 2

K)

D IST R IBU C IO N FU N C IO N A L Y SALARIOS M EDIO S EN EL SEC T O R IN D U STRIA L 1978

1986

1989

b(%)

W

b(%)

W

h(%)

w

h(%)

w

53,73 48,39 40,07 42.72 40,81 46,33 55,44 35,94 37,16 34,63 26,39 54,77 39,11 34,94 41,04 37,58 40,83 41,66

0,98 0,45 0,69 0,90 0,48 0,60 0,82 0,59 0,68 0,78 0,79 0,48 0,49 0,52 0,40 0,66 0,64 0,50

59,23 28,55 30,50 33,94 33,57 46,99 48,13 34,97 35,47 36,11 12,29 53,44 36,60 32,54 35,62 37,26 37,81 40,00

1,73 0,86 1,34 1,48 0,87 0,99 1,37 0,98 1,12 1,22 1,30 0,82 0,76 0,81 0,64 1,06 1,03 0,89

70,55 38,51 52,61 41,68 34,86 50,25 54,06 34,95 40,06 40,45 12,82 57,28 38,07 39,32 39,58 46,64 38,70 42,04

2,46 1,18 1,88 2,10 1,28 1,40 1,99 1,37 1,56 1,71 1,74 1,17 1,07 1,15 0,84 1,56 1,59 1,23

75,33 40,23 8,70 37,60 50,61 54,00 59,30 36,99 41,44 41,17 25,50 59,12 39,97 44,45 42,52 52,61 38,37 44,66

3,05 1,40 2,83 2,48 1,46 1,64 2,42 1,60 1,92 2,02 2,20 1,41 1,26 1,31 0,97 1,92 1,90 1,45

73,59 47,42 52,47 48,62 52,51 54,89 57,03 37,07 41,01 44,36 39,89 58,34 40,41 42,84 45,09 50,21 41,93 42,69

3,94 1,61 3,47 3,28 1,83 2,05 3,08 1,98 2,46 2,63 3,09 1,73 1,52 1,53 1,21 2,42 2,34 1,81

T otal industrial ....................... . 33,56

0,72

41,13

1,04

47,69

1,47

52,03

1,77

52,27

2,24

2,45

4,82

2,70

5,50

2,93

8,66

3,14

1,99

3,25

Energía................ . Agua..................... . Minerales metálicos....... . Prod. y trans. de metales . Minerales no met. ycanteras., Ind. prod. min. no metálicos . Industria química......... . Fab. de prod. metálicos.... . Maquinariay equipo ...... . Mat. eléctrico y electrónico .... Mat. de transporte........ . Alimentos, bebidas y tabaco .,. Ind. textil y confección.... . Calzado y cuero........... . Madera, corcho y muebles .... . Papel, artes gráficas yedición . Transf del caucho y plástico ,. Otras manufacturas....... .

M ax./M in ................................. *.

\

1984

w

11 a 15 16 21 22 23 24 25 31 32-33-39 34-35 36-38 41-42 43,453-6 44,451-2 46 47 48 49

i

1981

h(%)

2,10

F u e n t e : Encuesta Industrial y elaboración propia.

* b: Excedente bruto de explotación con respecto al VAB cf. w: salario medio = Coste de personal/personas ocupadas.

33 bajo anterior, tenía entre sus objetivos principales la recuperación del excedente empresarial, no siendo desde esta óptica sino lógico que la financiación de las prestaciones sociales recayera principalmente sobre las rentas del trabajo y no sobre los beneficios. C uadro 3 DISTRIBU CIO N FUNCIONAL DESPUES DE IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS

1974............... ........ 1975 ............... ........ 1976............... ......... 1977............... ......... 1978 ............... ......... 1979............... ........ 1980............... ........ 1981............... ......... 1982............... ......... 1983 ............... ........ 1984............... ........ 1985 ............... ........ 1986............... ........ 1987............... ......... 1988 ............... ......... 1990............... ........

Participación MSIRBD %

Participación EBED/RBD %

Participación PS/RBD %

43,53 44,13 44,32 43,24 41,12 40,26 39,27 38,60 37,28 36,71 33,82 33,06 33,64 34,36 34,25 33,38

49,87 48,20 46,50 46,49 46,60 46,22 48,42 47,84 48,40 48,07 50,93 51,01 50,50 49,72 50,20 50,23

6,60 7 ,6 7

9,17 10,27 12,28 13,52 12,31 13,56 14,32 15,21 15,25 15,92 15,86 15,92 15,56 16,38

* MSD = Masa salarial menos cotizaciones sociales e IRPF rentas del trabajo. EBED = Excedente bruto de explotación menos I sobre Sociedades e IRPF (rentas de capital + cuota diferencial). PS = Prestaciones sociales (económicas). RBD definida como la suma de MSD, EBED y PS. F u e n t e : Muñoz de Bustillo, R. (1990), pág. 107.

Para terminar esta sección es conveniente señalar, tal y como se recoge en el Cuadro 4, que este proceso de redistribución de la renta a favor de beneficios es característico no sólo de nuestro país, sino también de la mayor parte de las economías de nuestro entorno, si bien en España se produce con una mayor intensidad, arrojando

kO índice

34 además una participación de la masa salarial en la renta, tras la oportuna homogenización de las tasas de asalarización, inferior a la del resto de los países contemplados con la sola excepción de Ale­ mania.

C uadro 4 COMPARACION DE LA DISTRIBUCIO N FUNCIONAL DE LA RENTA EN ESPAÑA Y CIN CO PAISES DE LAS O CDE (MASA SALARIAL/RENTA INTERIOR BRUTA, %) japón

1977.. 1978.. 1979.. 1980.. 1981.. 1982.. 1983.. 1984.. 1985.. 1986.. 1987.. 1988.. 1989..

España

REA

.. 58,82 56,67 .. 57,47 55.97 .. 57,80 56.73 . 57,80 56,33 . 58,48 57,79 . 58,82 57,03 58,26 . 59,52 . 59,17 56,71 . 58,82 56,01 . 58,48 55,49 . 58,14 55.73 . 57,80 54,87 . 58,14 53.97

66,23 66,23 65,79 67,11 67,11 65,79 64,10 63,69 63,29 62,50 62,40 61,60 60,68

Bpaña

Italia

68,50 52,93 68,21 51,71 68,91 51,02 67,73 50,40 68,77 51,10 67,22 50.65 67,67 50,52 65,21 49.07 63,64 49,03 62,79 48.07 63,28 48,33 62,13 48.65 60,69 48,79

España EE.UU. España

R.U.

65.36 64.94 65.36 65.36 65.79 66,67 65.79 64.94 65.36 65.36 64,77 64,57 64,45

67,24 66.88 67,48 68.78 68,66 66.79 64,99 64,68 63.78 64.78 63.88 64,13 64,92

55,94 54.88 55,02 53,59 53.96 52,57 52,18

49.89 48.96 48,10 48,34 47,46 46,38

71,28 70,75 71,03 69,49 70,52 68,73 69,18 66,73 65,45 64,50 64,84 63,56 62,02

España Francia España

72,47 71,92 72,33 70,55 70,92 69,03 69,28 65,98 63,71 62,61 62,22 60,86 58,63

62,66 62,70 62,84 64,28 64,61 64,91 64,54 63.72 62,98 60,97 60,42 59.73 59,32

64,86 64,52 64,94 63,80 64,77 63,52 64,17 61,79 60,42 59,93 60,37 59,33 58,01

F u e n t e : OCDE y elaboración propia. La distribución para España se ha calculado ponderando año tras año el margen observado por la relación entre la tasa de asalarización de España y la del país objeto de la comparación.

Resumiendo, se puede decir que durante la década de los 80 se ha producido un fuerte proceso de redistribución de la renta a favor de beneficios, tal que para finales de la década la participación de la masa salarial en la renta había perdido las ganancias obtenidas desde los años 60 hasta 1976. Este proceso, que comparte nuestro país, si bien con mayor intensidad, con los países más significativos de la O CD E, tam­ bién se mantiene si se considera la distribución en términos disponi­ bles, pudiéndose además comprobar cómo el peso de la acción redistri­ buidora del Estado recae principalmente sobre las rentas del trabajo.

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35 E L E M E N T O S PARA EL A NA LISIS D E L C O M PO R TA M IEN TO D E LA D IST R IB U C IO N PERSO NAL/FAM ILIAR Como se ha señalado en la introducción, el comportamiento de la distribución funcional de la renta ofrece una información valiosa, pero insuficiente, a la hora de conocer la forma real que adopta la dis­ tribución de la renta entre las familias o individuos, independiente­ mente de cuál sea su origen — rentas de trabajo, de capital o transfe­ rencias. Así, la distribución personal/familiar de la renta se verá afectada por el comportamiento de la distribución funcional (bajo el supues­ to razonable de que las rentas de la propiedad se distribuyen de for­ ma distinta — mayor concentración— a las rentas del trabajo, por ejemplo, una redistribución a favor de beneficios generaría un au­ mento de la desigualdad). Sin embargo, existen otros factores que también afectan a la distribución personal/familiar de la renta, entre ellos: a) el comportamiento de las diferencias salariales, b) los cam­ bios en la estructura del empleo, c) los cambios en el nivel de de­ sempleo, d) la actuación redistribuidora post-mercado del sector pú­ blico. En la medida en que aún no están disponibles los resultados de la Encuesta de Presupuestos Familiares, EPF, correspondiente a 1990/1, única fuente de estimación directa de la distribución familiar de la renta, dedicaremos las próximas páginas a ver brevemente cuál ha sido el comportamiento de los factores arriba mencionados como medio de abordar, aunque sea indirectamente, el problema. Sin em­ bargo, antes de ello creo que es conveniente señalar que, según la evi­ dencia disponible (3), la experiencia española pone de manifiesto que las etapas de fuerte crecimiento económico pueden ser compatibles con procesos de redistribución regresiva de la renta, y viceversa, como así demuestra el que en nuestro país el período de mayor redistribu­ ción de la renta a favor de los grupos menos favorecidos se correspon­ da con los años 1974-81, período para el que la participación en la renta del 20% de familias más pobres pasa del 4,94 al 6,54% mien­ tras que la participación del 20% de familias más ricas pasa del 39,67 al 25,88%.

(3)

Encuestas de Presupuestos Familiares de 1964, 1967, 1970, 1973/74 y 1980/81.

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C uadro 5

GN

DIFERENCIAS SALARIALES POR CATEGORIAS, 1977-88 C

a t e g o r ía s p r o f e s io n a l e s

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

CREC. % -m

(77

Titulados superiores........... .... Titulados medios.............. .... Jefes administrativos........... ... Técnicos no titulados.......... ... Oficiales administrativos....... ... Auxiliares administrativos...... ... Subalternos y per. de Servicio... ... Jefes y maestros de taller....... ... Oficiales de l.^y 2.^........... ... Oficiales de 3.^ y especialistas... ... Peones....................... ... Aprendices y pinches.......... ...

15

422

316 321 244 224 152 156 220 174 167 126 68

552 408 413 308 274 195 204 286 216 207 164 88

672 505 486 367 329 232 255 352 267 249 202 114

777

594 570 433 386 277 285 4l6 310 290 236 133

946 690 671 507 451 325 389 503 367 356 267 146

1.129 797 759 592 531 385 454 542 425 395 303 165

1.265 918 885 700 596 434 518 625 481 449 351 180

1.391 1.558 1.714 1.002 1.082 1.225 984 1.084 1.200 766 819 918 658 722 797 477 515 555 546 566 631 698 773 857 542 596 657 500 551 610 389 430 459 198 218 252

1.832 1.337 1.282 980 856 583 661 940 707 647 492 319

1.940 1.414 1.379 1.052 912 616 701 1.011 743 688 504 283

Media ................................ . 179,87 229,40 282,69 333,00 407,00 472,00 534,00 606,00 667,00 740,00 795,00 847,00 Desviación típica ................. . 94,07 122,98 147,81 172,29 207,27 246,00 280,10 307,87 343,74 381,73 405,80 439,87 D iferencia MAXIMA................ . 6,21 6,27 5,89 5,84 6,48 6,84 7,03 7,03 7,15 6,80 5,74 6,86 D iferencia MAXIMA (con peones).. 3,35 3,37 3,33 3,29 3,54 3,73 3,60 3,58 3,62 3,73 3,72 3,85 D iferencia maxima (entre operarios).............. . 1,75 1,74 1,74 1,76 1,88 1,79 1,78 1,79 1,80 1,87 1,91 2,01 Diferencia MAXIMA (entre empleados)............. . 2,71 2,71 2,64 2,73 2,43 2,49 2,44 2,55 2,75 2,72 2,77 2,77 F u e n t e : Encuesta de salarios y elaboración propia.

14,88 14,59 14,17 14,21 13,61 13,57 14,64 14,87 14,11 13,74 13,43 13,84

37 Las diferencias salariales Todas las fuentes disponibles (Encuesta de Salarios, Negocia­ ción Colectiva y Encuesta Industrial) confirman la existencia de un aumento significativo de las diferencias salariales, entre categorías profesionales y entre sectores, desde 1980, cambiándose así la ten­ dencia de reducción de las mismas mantenida en nuestro país hasta 1977 (producto del estrechamiento de las diferencias de cualificación profesional y de la política sindical de la segunda mitad de los 70 de incrementos salariales lineales). Proceso que se aprecia per­ fectamente en el Cuadro 5 que recoge la evolución de las diferen­ cias salariales — infravaloradas al calcularse sobre valores medios— entre categorías profesionales en el período 1977-1988 (último año disponible). Este proceso de aumento de las diferencias salariales se ha visto potenciado por el efecto que la precarización de los puestos de tra­ bajo (aumento de la contratación temporal con respecto a la indefi­ nida) tiene sobre los salarios de los trabajadores. Com o es de sobra conocido, el grueso de la creación de empleo producido en la segun­ da mitad de la década de los 80 se ha realizado bajo la modalidad de contratos de trabajo de duración determinada, de forma que la tasa de precarización (asalariados con contrato por tiempo definido con respecto al empleo total asalariado) ha pasado de alrededor del 10% a comienzos de década, hasta un 35% en la actualidad. El Cuadro 6 recoge las diferencias salariales, a igualdad de categorías, entre los trabajadores con contrato indefinido y los trabajadores con contrato de duración determinada expresada como porcentaje de los ingresos de éstos con respecto a los primeros, junto con la más clásica dife­ rencia de ingresos entre trabajadores según sexo, viéndose cómo para el conjunto de la economía, los trabajadores en precario tienen unos salarios equivalentes tan sólo al 56,68% de los de sus colegas con contrato indefinido (54,18% en el sector servicios), mientras que las mujeres reciben por término medio un 75% del sueldo de los hombres. Teniendo en cuenta estos resultados se puede esperar que tanto el aumento de la precarización como el aumento del em­ pleo femenino, en la medida que contribuyen al proceso de aumen­ to de las diferencias salariales antes documentado, tenga un efecto negativo (entendido como aumento de la desigualdad) sobre la dis­ tribución personal.

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38 C uadro 6

DIFERENCIAS SALARIALES EN TRE TRABAJADORES, SEGUN TIPO DE CONTRATO Y SEXO (1988) Industria

Categoría

Construcciones

DefJind (1)M!H(2) DefJind.

Licenciados e ingenieros... ... 63,87 Ing. y ayudantes titulados ...... 67,07 Jefes admón. y de taller.... ... 68,68 Ayudantes no titulados.... ... 66,77 Oficiales administrativos...... 68,76 Subalternos.................. ... 75,34 Auxiliares administrativos ... 72,99 Oficiales de l.^y 2.^ ....... ... 68,32 Ofic. de 3.^ y especialistas ... 71,04 Peones....................... ... 74,87 Trab. menores de 18 años ... 79,97 Todas las categorías......... ... 56,96

79,35 79,24 88,11 77,40 89,20 75,55 88,48 71,15 76,01 85,96 73,83

84,73 67,89 74,20 77,29 85,59 76,45 88,56 84,37 79,54 85,21 67,12

82,62 68,94 77,04 79,56 90,56 78,57 91,15 82,39 104,02 108,92 73,18

Servicios

Total

Def.Hnd.

M!H

Def.ind.

58,31 57,87 53,46 58,46 64,33 60,06 73,30 71,79 74,98 79,39 78,10

71,34 74,66 85,79 86,47 86,02 93,84 85,32 87,87 81,42 88,51 117,93

65,86 63,65 59,62 81,32 66,42 62,92 74,37 72,50 71,34 81,96 90,57

74,72 75,14 87,40 81,32 87,22 89,40 86,48 76,23 78,13 88,19 74,05

71,29 67,28 82,62 54,18 77,13 57,68 75,20

% de trab. en precario (3)....... 31,30 % de mujeres............... ... 19,02

57,16 6,73

30,02 25,19

32,40 19,38

F u e n t e : INE, Distribución Salarial en España, febrero de 1992 y elaboración propia.

(1) Porcentaje del sueldo recibido por los trabajadores con contrato por tiempo definido con respecto a los trabajadores con contrato indefinido. (2) Porcentaje del sueldo recibido por las mujeres con contrato indefinido con respecto al re­ cibido por los hombres. (3) Cuarto trimestre de 1991, el total sin el sector agrícola.

La estructura sectorial del empleo Dadas las importantes diferencias salariales existentes entre los distintos sectores de la economía (4) otro de los factores que afectará a la distribución de la renta serán los cambios en la estructura del empleo, esto es, en qué sectores se destruye empleo y en qué secto(4) Así, por ejemplo, según la Encuesta de Salarios en 1988, las diferencias entre sectores a igualdad de categoría profesional fluctuaban entre 2 y 2,6 veces (ver también el cuadro 2, donde se recogen los salarios medios correspondientes a los distintos subsectores industriales.

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39 res se crea. También aquí la experiencia española es clara. En el Cuadro 7 aparecen los ocho subsectores privados que más han con­ tribuido a la creación de empleo en el período 1985-91, pudiéndose comprobar como exceptuando dos casos (banca y transformados metálicos) todos corresponden a sectores con salarios inferiores a la media (y en muchos casos con un índice de precariedad mayor). De forma que también en lo que al comportamiento de este factor se refiere es de esperar un efecto negativo sobre la distribución de la renta. C uadro 7 PRINCIPALES RAMAS DE CRECIM IENTO DEL EMPLEO ASALARIADO (1985-91) 1985

Construcción.............. Comercio minorista......... Agricultura................ Resto comercioyrecuperación . Hosteleríayrest............. Transformados metálicos..... Alimentación, bebidas ytabaco Banca, seguros einmobiliarias.. Admón. Pública............ Educación einvestigación.... Sanidadyveterinaria........ S u m a SECTORES ANTERIORES .. T ota l em pleo

a sa la ria d o ....

547,0 456,5 398,4 235,7 246,6 221,2 314,1 274,0 551,3 427,7 326,5 3.999,0 7.247,0

% S/Total

1991

% S/Total

7,5 983,9 10,5 6,3 722,1 i:i 4,6 5,5 432,7 3,6 3,3 341,1 3,4 369,5 4,0 3,1 288,2 3,1 4,3 327,2 3,5 3,8 342,3 3,7 7,6 777,3 8,3 5,9 590,2 6,3 4,9 4,5 458,5 55,2 5,633,0 60,3 100,0 9.346,8 100,0

Cree. 85-91

Indice Salarial*

79,9 82,7 58,2 86,6 8,6 16

T.paro

11.521,5 10,641,1 12.609,4 1.087,9

1.482,5 2.938,5 2.463,7 981,2

49,03 47,51 49,11

26.521,0 28.582,8 30.690,0 4.169

11,40 21,64 16,35

F u e n t e : EPA.

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41 Las transferencias sociales Durante el período 1981-1990 se produce un aumento de la par­ ticipación de las prestaciones sociales económicas sobre el Producto Interior Bruto, que pasa del 12,84% en 1981 al 13,32 en 1990, si bien tal crecimiento es de menor intensidad que el producido en el quinquenio 1975-80, con un crecimiento anual acumulativo del 10,2%, superior al 6,21% del período 1980-85, el 2,36% del período 1985-88, inferior al crecimiento del PIB, y al 4,42 del período 1988­ 91 (5). Aumento ocasionado en gran parte por el incremento del nú­ mero de beneficiarios, pero también por el aumento de la cuantía de las prestaciones, como lo manifiesta que mientras que en 1982 la pensión media equivalía al 26% de los ingresos salariales medios (se­ gún la Encuesta de Salarios), en 1991 alcanzaba el 30,20% (6). Pro­ ceso que se debería reflejar en una mejora de la posición relativa de la tercera edad (como parecen sugerir los resultados de la E.RE conti­ núa, Revenga, 1990). Por otra parte, la puesta en marcha de los dis­ tintos programas autonómicos de salarios sociales y la aprobación de la Ley de Pensiones no Contributivas en 1991 habrán tenido también un efecto importante a la hora de apuntalar esta tendencia. Resumiendo, podríamos decir que tanto el comportamiento de la distribución funcional, como el de las diferencias salariales y la es­ tructura del empleo, ha sido justo el opuesto al que debería haber te­ nido para poner en marcha un proceso de reducción de la desigual­ dad en la distribución personal de la renta, las transferencias sociales habrían jugado un papel positivo, aunque con desigual intensidad a lo largo del período, mientras que el comportamiento del empleo ha­ bría tenido, con la información disponible hasta el momento, un pa­ pel neutro. Por lo que en conjunto, y con todas las cautelas, se podría decir que en función del análisis anterior no parece probable que la década de los 80 haya arrojado como resultado una disminución de la desigualdad de la distribución personal/familiar de la renta (sensible­ mente superior a la de los países de nuestro entorno económico). D i­ cho esto simplemente señalar que es muy probable que la experiencia

(5)

R o d r íg u e z , C. (1 9 9 1 ) y Cuentas financieras de la economía española (1981­

1990), Banco de España (1991).

(6) Aunque simultáneamente han aumentado las diferencias entre las pensiones me­ dias correspondientes a los distintos regímenes.

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42 de alto desempleo, en gran parte juvenil, característica de nuestro país, haya afectado a la estructura familiar, retrasando la creación por parte de los hijos adultos de hogares independientes y enmascaran­ do, por lo tanto, posibles cambios negativos en la distribución de la renta. Para terminar simplemente recordar que el debate sobre la dis­ tribución de la renta no se debe confundir en ningún momento, como se ha hecho con cierta frecuencia en nuestro país, con la pre­ gunta de si ahora se vive mejor o no. El aumento en un 33% de la producción de nuestro país en el período 81-90 significa que la po­ blación española tiene a su disposición a principios de la década de los 90 un tercio más de bienes y servicios de los que disponía a prin­ cipios de los 80, con lo que, incluso bajo el supuesto de una peor dis­ tribución, sería perfectamente factible una mejora generalizada en términos absolutos. Pero esta no es la cuestión, la distribución es ne­ cesariamente, por definición, algo relativo (como relativo es el con­ cepto de pobreza), sin que ello, como se podrá comprobar en el pró­ ximo artículo, le quite en lo más mínimo relevancia, añadiéndosela en muchos casos.

BIBLIOGRAFIA E ic h n e r , a .

S. (1983): «Income conflicts, inflation, and Controls: a respon­ so», Journ al ofPost Keynesian Economics, vol V, núm. 4, págs. 603- 607. C o r r a l e s , A., y T a g u a s , D. (1989): Series macroeconómicas para el período 1954-88: un intento de homogenización. Instituto de Estudios Fiscales. Monografía, núm. 75. E s t e v e , E , y M u ñ o z d e B u s t i l l o , R. (1990): «Margen y distribución fun­ cional de la renta: algunas relaciones teóricas y su aplicación para el caso español». Hacienda Pública Española, núm. 116, págs. 145-154. M u ñ o z d e B u s t i l l o , R. (1990): «Distribución de la Renta», en Albarracín, et. al.. Reflexiones de Política Económica. Ed. Popular. Madrid. Revenga, A. (1991): «La liberalización económica y la distribución de la renta: la experiencia española». Moneda y Crédito, núm. 193, págs. 179­ 223. Rodríguez Cabrero, G. (1990): «Entre la protección social y el bienestar social», en Albarracín, et.al. Refexiones de Política Económica. Ed. Popu­ lar. Madrid.

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Crecimiento económico y bienestar Fernando Esteve Mora Universidad Autónoma de Madrid

1. En este artículo pretendo exponer un punto de vista de ca­ rácter muy general y en apariencia poco economicista acerca de la marcha de la economía española que se puede expresar en una propo­ sición sencilla — aunque quizá algo sorprendente para algunos— , so­ bre la relación entre crecimiento económico y bienestar. Se viene aquí a decir que, si bien la economía española ha avanzado en los últimos años — con la segura excepción de este emblemático año de 1992 y la muy probable de los próximos— a unos ritmos o tasas de crecimien­ to que (como gustan tanto de decir los políticos en el poder y los pe­ riodistas de su entorno) han sido la envidia de los países de nuestro entorno; es, sin embargo, muy posible que no haya sucedido lo mis­ mo cuando en vez del crecimiento económico nos fijamos en el progreso económico de este país, el cual, en el mejor de los casos, bien pudiera haberse estancado, cuando no hubiera quizá más bien evolucionado negativamente. Si, como acaba de decirse, la anterior proposición puede resultar algo sorprendente, ello se debe a que en el economicis­ ta lenguaje cotidiano, los términos crecimiento económico, bienestar y progreso se utilizan las más de las veces como sinónimos (1). (1) El uso de una noción como la de «progreso» en Economía parece remitir al pasa­ do romántico, «suena» a antigua, a las ilusiones y esperanzas fundadas en el avance técnico que los ilustrados mantuvieron a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Por el contrario, la no­ ción de crecimiento resulta sin duda — o «suena»— más moderna y hasta científica por ser cuantificable (aun con dificultades, como luego se verá más adelante en el texto). El uso diferencial que aquí se hace de ambas nociones lo he aprendido en R. SANCHEZ F e r LOSIO: Ensayos y artículos (p. ej., en el vol.l, págs. 49-55), Ed. Destino, Barcelona, 1992. También en diferentes obras de A. G a r c ía C a l v o se analiza esa distinción entre el anti­ guo progreso que ostentaba de salida un cierto carácter multidimensional y concreto en la medida en que resolvía dificultades o anhelos concretos de las gentes, y lo que este autor llama el nuevo «progreso progresado», que reduce esa multidimensionalidad a una cifra abstracta, la tasa de crecimiento que por sí sola, en su abstracción sólo puede resultarle

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44 Pero no lo son. A ello, a esclarecer sus diferencias conceptuales, se van a dedicar las siguientes páginas, pues son las piezas fundamenta­ les de toda la argumentación. 2. Por crecimiento económico no se ha de entender sino aquello que los economistas y la gente de la calle suele entender, es decir, la va­ riación positiva de alguna medida o índice de la disponibilidad de bie­ nes y servicios de la que hoy o en el futuro pueden gozar los miembros de una economía o sociedad. Existen diferentes indicadores que dan cuenta de esa disponibilidad, y así se puede hablar, entre otros índices posibles, del Producto Interior Bruto (PIB), del Producto Nacional Bruto (PNB), del Producto Nacional Neto (PNN) o Renta Nacional (RN). De todos ellos aquí se va a hablar del PIB dado que éste es el ín­ dice más utilizado cuando se habla de la tasa de crecimiento de una economía. El PIB ha de ser entendido como un agregado de los bienes y servicios legales y monetizados que se han producido en un país en un período de tiempo que generalmente es de un año para consumo hoy o para inversión para el futuro. Dado que no se pueden sumar peras y manzanas, ordenadores y aspirinas, para calcular el PIB se impone pre­ viamente reducir la diversidad de bienes a una medida común para lo cual se utilizan los precios de cada uno de esos bienes y servicios. Es por ello que en un indicador como el PIB sólo debieran entrar estricta­ mente los bienes y servicios que se compran y venden en el mercado, y que por lo tanto tienen un precio. Como esto dejaría fuera del PIB los bienes y servicios de carácter más o menos público que no se venden directamente en un mercado (sanidad, educación, obras públicas, de­ fensa y seguridad...), para incluirlos se arbitra el expediente de contabi­ lizar su valor por su coste presupuestario. Con toda seguridad ello in­ troduce un elemento de perturbación, pues el mero hecho de que crez­ can las asignaciones presupuestarias no significa obviamente que aumente el volumen real de bienes y servicios producidos públicamen­ te. Admitido esto, se tiene que la tasa de crecimiento del PIB es el re­ sultado de la comparación del PIB (bienes privados + bienes públicos) de un año con el de otro año, que se toma como base de comparación. Dado que los precios habrán con toda seguridad variado entre esos dos años, es necesario, para dar una idea de cómo ha variado la cantidad útil a quienes lo único que les guste sea ser los primeros sin que importe en qué ni para qué. Para darse cuenta de las consecuencias. Dentro de la propia Economía es difícil en­ contrar una tal distinción, véase, sin embargo, K. BOULDING: «Income and Welfare», Review o f Economic Studies, 1949-50, págs. 77-98.

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45 — que no el mero valor monetario— de los bienes y servicios produci­ dos, acudir a un nuevo expediente que en último término consiste en suponer que los precios no han variado, que son los mismos que en el año base. Obviamente como los precios relativos de los bienes y servi­ cios varían de un año para el siguiente, la tasa de crecimiento es una medida incorrecta aunque aproximada de la variación de las disponibi­ lidades de bienes y servicios. También, por último, es necesario tener en cuenta que, a lo largo del tiempo, aparecen y desaparecen multitud de bienes o bien éstos se ven modificados en sus características técni­ cas, todo lo cual agrega nuevos problemas a la hora de utilizar la tasa de crecimiento del PIB como indicador certero de la evolución de la cantidad de bienes y servicios de que una sociedad dispone. 3. Si el PIB y su tasa de crecimiento resultan difíciles de medir con cierta precisión, más aún sucede con el bienestar. Si no se pueden sumar peras y manzanas, cuánto más difícil por no decir sencillamente imposible resulta «agregar» algo tan poco cuantificable como los «bie­ nestares» individuales en un indicador de bienestar del conjunto de la sociedad. Por un lado es claro que el bienestar de cada individuo es una sensación o conjunto de sensaciones variable de un momento a otro, algo no cuantificable o medible cardinalmente para cada indivi­ duo, y ni qué decir tiene inagregable, para un conjunto de ellos en una «cifra» como la del PIB anual, en una variable de estado que sea relati­ vamente constante; por otro, el bienestar de cada individuo no sólo de­ pende de cómo le haya ido en los asuntos económicos sino de otras mil y una causas y azares; de modo, en suma, que parece imposible hablar de la evolución positiva o negativa de un «algo» — el bienestar social— que no se sabe cuánto vale o cuánto mide. A tenor de todas estas difi­ cultades, los economistas, para poder decir algo acerca del bienestar de una sociedad, han utilizado una serie de hipótesis definitorias que tra­ tan de convertir en operativamente manejable — aunque hoy por hoy todavía no medible— algo tan evanescente, subjetivo e inestable como es el bienestar. En primer lugar, desde el punto de vista de la Econo­ mía, cuando se habla de bienestar se está hablando solamente del bien­ estar económicoy es decir, de aquella parte del bienestar individual y co­ lectivo que depende de forma directa de las actividades económicas de consumo y producción que los hombres realizan. En segundo lugar, cuando se habla de bienestar social o bienestar desde el punto de vista de la sociedad, se está hablando de algo que depende únicamente del bienestar de los individuos que componen una determinada sociedad.

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46 o sea que al hablar del bienestar de una sociedad sólo se ha de tener en cuenta el bienestar de los individuos que la componen sin que se haya por tanto de considerar el «bienestar» de «sujetos» tales como la Patria, la Raza, la Religión o la Nación. 4. En cuanto a la relación entre crecimiento económico y bien­ estar, es usual concebirla como una relación entre medios y fines, de modo que el crecimiento económico, el crecimiento del PIB en últi­ mo término, sería el mecanismo o instrumento a través del cual po­ dría aumentar el bienestar de las gentes, aquello que como Primer Principio de la Economía se habría de considerar el auténtico fin de la actividad económica que los hombres realizan. Es decir, que a te­ nor de lo dicho en el punto anterior sobre la multiplicidad de factores que inciden en el bienestar de las gentes, a lo más que se puede llegar — y ya es mucho— es a decir que el crecimiento económico sería una condición necesaria aunque no suficiente para el bienestar. Ahora bien, esta concepción de la relación entre crecimiento y bienestar es correcta sólo si el bienestar económico depende exclusivamente del acervo de bienes y servicios cuya mayor disponibilidad aparece refle­ jada en la tasa de crecimiento del PIB, pero su verdad no estará ga­ rantizada si el bienestar económico depende de otros factores además del PIB, es decir, que del mero hecho de que aumente la renta de los componentes de una sociedad (su renta «per cápita»), no puede con­ cluirse que éstos se sientan en igual porcentaje, mejor o con mayor bienestar, y que en conjunto la sociedad sea más feliz (2). 5. ¿Depende el bienestar económico de una sociedad de algo más que del PIB y de su evolución? La respuesta inmediata suele ser que no, que está claro que depende de otro factor: de cómo se distri­ buya ese PIB. Resulta obvio que si aumenta el volumen de bienes y servicios de que pueden disponer los individuos que componen una sociedad, pero de los cuales sólo realmente disponen unos privilegia­ dos, el bienestar de éstos — ^ya sean pocos o muchos— habrá crecido, pero es argumentable que haya crecido el bienestar general a menos que en el proceso de crecimiento se haya cumplido la condición, im­ puesta por la Teoría Económica, de que ningún individuo haya visto (2) Obsérvese que aunque parezca una cifra aséptica, el PIB incluye elementos valorativos respecto a las cosas de que depende el bienestar de las gentes. Recuérdese que en el PIB aparecen sólo los bienes legales, es decir, que no se considera que las drogas o la pros­ titución sean factores de bienestar aunque se compren y vendan en un mercado.

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47 decrecer su renta real en el curso del crecimiento económico. Esta condición, a la que podría denominarse condición paretiana (3), es, en su aparente simplicidad, bastante difícil de satisfacer y en la práctica dista de cumplirse en general o de exigirse su cumplimiento. Así, en las economías reales se suele afirmar públicamente que ha habido un crecimiento en el bienestar general o social cuando ha crecido la renta per cápita de aquel grupo de individuos que son mayoría simple o cualificada, independientemente o aun cuando hubiese decrecido el nivel de renta de la minoría pequeña o grande restante, fenómeno éste que ha recibido varios nombres. Así, G albraitH (4) lo estudia bajo el título de «la cultura de la satisfacción» en tanto que otros lo conceptúan como característico de lo que ha venido a llamarse la «so­ ciedad de los dos tercios» en la que no se sabe por qué aritméticas ra­ zones habría un tercio de la población que inevitablemente quedaría como una pasiva «underclass», al margen del crecimiento económico cuyo mantenimiento dependería del altruismo privado o público. 6. Pero aunque el crecimiento del PIB satisficiese la «condición paretiana», es decir, aunque el crecimiento económico se repartiese en­ tre todos los componentes de una población, de modo que no sólo cre­ ciese la renta «per cápita», sino la renta de todas y cada una de esas «cápitas» individualmente consideradas, ello no bastaría para garantizar que hubiese aumentado el bienestar de los individuos que componen una sociedad, pues ocurre que éste depende de otros factores económi' eos, además de los bienes y servicios legales y monetizados que apare­ cen medidos en las estadísticas del PIB. En primer lugar, hay que ha­ blar de los costes que han de incurrirse para conseguir ese crecimiento del PIB. Esos costes incluyen, por un lado, una parte de la cantidad de trabajo entendido en sentido amplio — incluyendo, pues, el tiempo de desplazamiento y de formación profesional— que se ha de realizar (5) (3)

C o n d ic ió n d efin id a p o r el eco n o m ista y so ció lo go V ilfredo Pa r e t o .

(4) J. K. G a l b r a it h : L a cultura de la satisfacción, Ariel, Barcelona, 1992. (5) Es obviamente absurdo considerar que todos los trabajos, o todo el trabajo que se realiza en cada trabajo, o que también los tiempos de desplazamiento y formación, sean costes, pues bien pueden por sí mismos ser gratificantes en todo o en parte para los indivi­ duos que los realizan, gratificación que va desde el placer por el propio trabajo en sí hasta la satisfacción de ser socialmente útiles. Es decir, que con toda seguridad una parte del tra­ bajo — de al menos, algunos trabajos— es una contribución directa al bienestar de quie­ nes los realizan, además, claro está, de la contribución indirecta que suponen los bienes y servicios que con ellos se producen. Desgraciadamente, no sabemos cuál es ese porcentaje de cada trabajo o cuántos de los distintos trabajos son o no son gratificantes. Tan sólo con

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48 así como las condiciones en las que se hace que incluyen su grado de monotonía y rutina, la seguridad con la que se realiza y de la seguridad que se tenga en que se seguirá realizando (6); y, por otro, el deterioro tanto en el «capital físico» considerando por tanto la depreciación del «stock» del capital, como en el «capital natural», es decir, descontando del PIB una cifra que refleje el deterioro ecológico que comportan los procesos de producción y consumo. Pues bien, en tanto que la Conta­ bilidad Nacional intenta dar cuenta en el deterioro del capital físico mediante la inclusión — restando— de una cifra «aproximada» de la depreciación para dar lugar a la cifra del PNN, no hace lo mismo con la depreciación del capitd natural, sino todo lo contrario, pues los gas­ tos dedicados a preservar o conservar o luchar contra el deterioro eco­ lógico aparecen como sumandos en la contabilización del PIB. Lo mis­ mo sucede con las consecuencias del deterioro en las condiciones de trabajo, así, por ejemplo, e increíblemente, si un deterioro de éstas supone un incremento de la siniestralidad en el puesto de trabajo, el efecto es un crecimiento en el PIB en la medida en que ello se tradu­ ce en más médicos y más medicinas, lo mismo sucede cuando au­ mentan los costes de desplazamiento, que en forma de mayor pro­ ducción de coches y gasolina y carreteras aparecen positivamente en el PIB. En suma, la contribución del crecimiento del PIB al bienestar habría que cualificarla atendiendo — además de a la desigualdad— a factores que habría que restar a la capacidad del PIB para producir bienestar, factores como el deterioro ecológico, el desempleo, el por­ centaje de actividades monótonas y rutinarias, los costes de desplaza­ miento, la precarización y las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. 7. Pero con esas cualificaciones no acaba la historia de las rela­ ciones entre crecimiento económico y bienestar. El bienestar econócierta seguridad se puede hablar de que un aumento de los tiempos de desplazamiento así como un deterioro en las condiciones de seguridad e higiene supondrán un mayor coste que habría que restar a la contribución del PIB al bienestar. Por otra parte, de lo anterior se sigue que el desempleo no sólo actúa negativamente sobre el bienestar general en la me­ dida en que su existencia supone que no se produce todo aquello que podría producirse, sino también hace decrecer el bienestar en la medida que los desempleados no pueden «disfrutar» en un sentido directo y muy real de un trabajo. (6) Con toda seguridad que uno de los componentes principales en el bienestar de los individuos es la confianza y seguridad que tengan en su futuro económico. Si lo que se ha llamado «precarización» del empleo aumenta, es indudable que el bienestar de los tra­ bajadores que los hacen disminuye.

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49 mico de los individuos que componen una sociedad no sólo depende de ese PIB «cualificado» en forma de un Producto Nacional Neto «bien medido», sino también del resultado o producto de otro con­ junto u otro tipo de actividades de producción. Aquéllas que, si­ guiendo a J. P. D upuy y J. Robert (7), se pueden agrupar bajo la de­ nominación de modo de producción autónomo para distinguirlas de aquellas otras, las que producen el PIB o el PN N , que se pueden defi­ nir como conformando el modo de producción heterónomo. La diferen­ cia entre uno y otro modo de producción se encuentra fundamental­ mente en el sistema o tipo de institución que los hombres utilizan para coordinarse a la hora de realizar las actividades de producción. En el modo de producción heterónomo los individuos usan de dos instituciones para resolver los problemas económicos de producción de bienes y servicios y de su distribución: el mercado y las institucio­ nes jerárquicas (Estado y empresas), es decir, que el conjunto de bie­ nes privados y públicos sería el resultado de la producción heterónoma, y es por ello que el PIB «cualificado» podría ser un indicador de la contribución del modo de producción heterónomo ai bienestar económico. En otras palabras, y usando de los viejos pero útiles con­ ceptos de la Economía clásica, puede decirse que el bienestar econó­ mico de una sociedad depende del conjunto de valores de uso que una sociedad produce. Ahora bien, sucede que este conjunto resulta ser más grande que (es decir, que incluye) el subconjunto de valores de uso que son susceptibles de alcanzar un valor de cambio (8), es decir, el subconjunto constituido por aquellos bienes y servicios que for­ man el PIB, de modo que el que crezca este subconjunto — el PIB o (7) J. P. D u p u y y J. R o b e r T: L a traición de la opulencia, Gedisa, Barcelona, 1979 (ed. original en 1976). Véase también IVAN ILLICH; Towards a History ofN eeds, Bantham Books, New York, 1980. (8) Se dice frecuentemente que hay «cosas» que no tienen precio, que no tienen «va­ lor de cambio». Cuando esta afirmación la oye un «experto» economista, su formación — o deformación— le lleva a pensar que se está hablando de algo que o bien existe en ex­ ceso de oferta para un precio cero — es decir, de un bien «libre»— ; o bien, que se trata de «algo» para lo que no se dan las condiciones para que haya un mercado, de lo cual nuestro economista deduce que la producción de ese «algo» será ineficiente, y la «solución» — es decir, el producirlo eficientemente— pasará o bien por la utilización del mecanismo de la provisión pública o bien «reinventando el mercado, creando un mercado para ese bien, de forma que al cabo, tenga su precio, su valor de cambio, como tiene que ser. Todo el pre­ sente artículo se puede entender como la crítica a la confusión entre «no tener un precio» con «tener un precio nulo» que es lo que en el fondo está detrás de todos aquéllos que convierten el PIB y su crecimiento en la medida del bienestar.

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50 la Renta Nacional— no implica necesariamente que aumente la dota­ ción total de valores de uso disponible para la sociedad; pues bien pu­ diera ocurrir que ese crecimiento del PIB, de los valores de cambio, implique o conlleve una disminución de la cantidad de otros valores de uso. Quizá unos cuantos ejemplos ayuden a entender el problema: uno puede, por ejemplo, aprender (modo de producción autónomo) estando despierto a las cosas de la vida en un entorno repleto de sen­ tido y comunicación interpersonal, o bien uno puede ser enseñado (9) (modo de producción heterónomo) dentro de una institución profesional dedicada a la enseñanza (pública o privada). Se puede te­ ner una buena salud llevando una vida sana, llevando autónomamen­ te una «higiene» (etimológicamente: un arte de vivir), o bien se puede tener una buena salud siendo objeto del cuidado de unos profesiona­ les de la terapéutica médica (puolica o privada). Se puede tener una relación con el espacio en el que se habita fundada en desplazamien­ tos en los que se recurre esencialmente al uso de energía metabólica (andando, corriendo o yendo en bicicleta), o bien uno puede ser transportado en vehículos de motor producidos industrialmente ya sean privados o públicos. Se puede «prestar un servicio» a quien pida ayuda, o bien se le puede responder que para eso «hay ya Servicios Sociales» — públicos y caridad privada— . Se pueden establecer, per­ sonal y azarosamente, dedicándoles el tiempo y atención que requie­ ran, relaciones de amistad o amor, o bien se pueden contratar por ho­ ras o usando la línea 903 de la red inteligente (?) de Telefónica. O b­ sérvese que en todos y cada uno de estos ejemplos, (y en cualesquiera otros que pudieran darse para relacionar ambos modos de produc­ ción), como resultado de la producción heterónoma el PIB — o cual­ quier otro indicador de la Contabilidad Nacional— «crece» aunque el bienestar posiblemente no varíe o lo haga negativamente si se opta por ese modo de producción. De igual manera si, por el contrario, se eligiera en cada uno de esos casos el modo autónomo de producción (9) Obsérvese que, en general, para distinguir entre un modo u otro de producción basta con recurrir a un artefacto lingüístico. Si se utiliza la voz pasiva (ser transportado, ser enseñado, ser curado, etc.) es que se está usando del modo de producción heterónomo, si se utiliza la voz activa (moverse, aprender, curarse...), el modo de producción que se utili­ za para producir los valores de uso que «dan» bienestar es el autónomo. Obviamente, hay que tener en cuenta que en el texto se definen ambos modos de producción como casos polares o teóricos radicalmente opuestos, lo cual es correcto para el análisis aunque en la vida cotidiana usemos para nuestro bienestar combinaciones de valores de uso producidos por ambos modos de producción.

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51 de valores de uso, las cuentas nacionales nos dirían que somos más pobres, lo cual dista de ser cierto en general. 8. Por supuesto que no ha de seguirse de estos ejemplos lo que se trasluce tan claramente de su retórica, es decir, que toda produc­ ción «heterónoma» es condenable per se por carente de ética e inhu­ mana (10), en tanto que el modo de producción «autónomo» resulta en contrapartida el más humano, aunque desgraciadamente inviable por «ineficiente» (véase nota núm. 10). No, el «output» de la produc­ ción heterónoma puede ampliar la capacidad del modo autónomo de producir valores de uso siempre y cuando no lo sustituya e impida. Y así, ¿quién podría negar que los antibióticos, el alcantarillado y el agua corriente, las redes de energía eléctrica, la educación programa­ da, los conocimientos científicos sobre cultivos y plagas, el transporte ferroviario, etc., han contribuido y contribuyen notablemente al bienestar humano? Resulta evidente que todos esos bienes y servicios de producción heterónoma que aparecen reflejados en el PIB, son contribuciones positivas al bienestar de las gentes, son «factores de progreso» por sí mismas y, adicionalmente porque también potencian la capacidad del modo de producción autónomo, la capacidad de producir valores de uso aunque no de cambio que cada individuo solo o en asociación no institucionalizada (11) con los demás tiene. 9. Ahora bien, esa benevolencia del modo de producción heterónomo hacia el modo de producción autónomo parece tener en cada dimensión, es decir, para cada posible valor de uso, un límite. Límite o umbral a partir del cual aumentos en la producción heteró(10) Aunque — ¡qué se le va a hacer!— inevitable por eficiente. Desgraciadamente el mal uso del concepto de eficiencia se ha popularizado tantísimo por culpa de los contables Y pseudoeconomistas que luchar contra él se convierte en una tarea perdida de antemano. No obstante, y por si acaso a alguien le sirviera, es necesario señalar que por «eficiencia» la Economía — que no la Contabilidad ni la Física— entiende la capacidad de extraer el má­ ximo rendimiento de unos recursos dados o escasos con vistas al bienestar, no en relación ni al consumo energético ni a la cuenta de pérdidas y ganancias. (11) No ha de entenderse del término modo de producción autónomo que se refiere a un sistema de producción que incluye solamente la producción para el autoconsumo. Como se dice en el texto, en el modo de producción autónomo entra el resultado del con­ junto de actividades sociales de producción y consumo que los individuos realizan en los entramados de relaciones interpersonales no institucionalizadas: asociaciones de amigos, familias, clubs, barrios, etc. Al conjunto de bienes y servicios así producido y repartido se le suele llamar bienes relaciónales, para distinguirlo del conjunto de bienes privados y pú­ blicos producidos dentro de instituciones sociales como las empresas o el Estado, y cuya asignación utiliza el mercado o el sistema presupuestario.

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52 noma, ya sea privada o pública — incrementos del PIB— , van asocia­ dos a caídas de la producción autónoma, de modo que, en términos de bienestar, el resultado neto puede ser negativo o inferior al que ofrece la tasa de crecimiento del PIB. La razón de ello estriba en que, en último extremo, hay un «factor de producción limitativo» que comparten ambos modos de producción: el tiempo. Y éste, para cada individuo, en cada uno de sus días y todos los días, es un factor limi­ tado (no hay más de 24 horas cada día ya sea uno rico o pobre). Aho­ ra bien, si se dedica más tiempo a la producción heterónoma (12) ello se traduce inevitablemente en un menor tiempo dedicado a la pro­ ducción autónoma. Teóricamente, e histórica o realmente, ello no ha planteado ningún problema mientras los «outputs» de ambos modos de producción han sido complementarios en la «producción de bienes­ tar» (13) — como se ha señalado en el punto anterior— ; sin embar­ go, sucede que pasado un cierto umbral de desarrollo económico que al menos hasta hoy parece que las sociedades existentes tienen ten­ dencia a traspasar (14) en la medida en que se autoproclaman como (12) Cuando se habla de tiempo dedicado a un modo de producción hay que enten­ der éste en un sentido amplio, es decir, incluyendo el tiempo dedicado a las actividades de adquisición y consumo de los bienes y servicios producidos bajo ese modo. (13) Ni tampoco mientras los incrementos en la productividad técnica en el modo de producción — y consumo— heterónomo permitan que crezca su producción de valo­ res de uso en mayor medida a efectos de bienestar que la caída en la producción del sector autónomo. Este parece haber sido el mecanismo que se dio en lo que se conoce como la «era del progreso» desde la primera mitad del siglo XIX, hasta al menos bien entrada la se­ gunda mitad del XX, en las naciones más desarrolladas del Primer Mundo, y que ahora mismo se puede estar dando en el Tercero. (14) La razón por la que las sociedades se declaran dinámicas y tienden a sobrepasar ese umbral se encuentra en que los individuos que las componen así lo desean. Y si lo de­ sean es también por una simple razón económica: el modo de producción heterónomo es más «eficiente» que el modo autónomo, y dentro del modo de producción heterónomo suele decirse que por lo general es más eficiente — si bien menos equitativo— el mercado que la asignación por la vía estatal o de planificación (y de ahí arranca el debate sobre la participación relativa del Sector Privado y el Sector Público); donde por «eficiencia» se ha de entender aquí el volumen de bienes y servicios producidos por unidad de tiempo dedi­ cado a la producción, es decir la productividad. Los economistas sabemos desde Adam Smith que la división del trabajo o la especialización, el origen último de las ganancias de productividad, está limitada por la extensión del mercado, de modo que el uso de más mercado en la vida económica posibilita más división del trabajo, más productividad. Dado que las remuneraciones que obtienen los individuos están por lo general en función directa con su productividad, los individuos tienen en general el incentivo de implicarse cada vez más en procesos tendentes a su especialización, en el modo heterónomo de pro­ ducción. Ahora bien, esa decisión la toman los individuos en un marco de información imperfecta o mejor dicho equivocada, en el sentido que cada uno de ellos decide aislada-

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53 esencialmente dinámicas, sucede que el dedicar cada vez más tiempo a los procesos de producción y consumo de valores de cambio — in­ cluidos en ellos los bienes públicos— , lleva ineludiblemente a la dis­ minución de la producción autónoma de valores de uso, lo cual se traduce en que parte de la producción heterónoma tendrá que dedi­ carse necesaria u obligadamente a la producción de bienes y servicios que sean sustitutivos de los que antes se producían autónomamente. Ahora bien, cuando así ocurriera, es necesario darse cuenta de que en términos de bienestar, y aunque sean sustitutivos perfectos^ los bienes y servicios heterónomamente producidos no agregarán per se nada nue­ vo al «stock» de bienestar ya existente. E incluso, más bien, y aten­ diendo por un lado a que los procesos de trabajo son costosos, y, por otro, a que es dudoso que los bienes y servicios públicos o privados puedan ser — pasado ese umbral de que antes se hablaba— otra cosa que sustitutivos imperfectos de los valores de uso de producción autó­ noma en cuanto a su capacidad de generar «bienestar», bien puede pensarse que llegue un momento en que pese a su mayor productivi­ dad, el auge del modo de producción heterónomo (el crecimiento en el PIB), no compense plenamente el bienestar perdido por la desapa­ rición progresiva del modo de producción autónomo (15); de forma que en un sentido estrictamente económico, esa producción si bien contribuye al crecimiento en el PIB, realmente habría de ser interpre­ tada a partir de un cierto límite como una minusvaloración del bien­ estar. 10. A tenor de todo lo dicho en los puntos anteriores, la defini­ ción de progreso económico resulta inmediata. Este sería aquella parte del crecimiento económico, aquella parte del crecimiento en el PIB, que se plasma en el crecimiento, en las dotaciones de bienes y servi­ cios que agrega realmente nuevo o más bienestar una vez contabiliza­ dos todos los efectos que el crecimiento del sector heterónomo tiene sobre el sector autónomo. La tasa de progreso económico podría ser mente dedicar más horas a la producción heterónoma suponiendo que los niveles del modo de producción autónomo no variarán, es decir, que los demás individuos seguirán dedican­ do el mismo tiempo que antes a ese modo de producción, por lo que su ausencia apenas si se notará. Pero como todos razonan igual, el resultado es que la dedicación general al modo de producción autónomo cae. Este comportamiento es un ejemplo del conocido juego del Dilema del Prisionero. (15) Si bien — repito una vez más— es necesario para que esta conclusión sea cierta tener en cuenta el efecto sobre el bienestar del crecimiento en la cantidad de bienes y ser­ vicios que la mayor productividad del modo heterónomo supone.

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54 mayor o menor que la tasa de crecimiento económico en la medida en que no se hubiera traspasado ese umbral del que se ha hablado en el punto anterior. Dicho con otras palabras, la tasa de crecimiento del PIB puede infravalorar la contribución de las actividades económicas al bienestar cuando el incremento de la capacidad del Sector Privado y Público de la economía potencian el que podría llamarse «Sector Relacional», lo cual con total seguridad sucederá en las fases iniciales e intermedias de los procesos de desarrollo económico que es cuando más se ven las contribuciones positivas del mismo en forma de au­ mentos de la esperanza media de vida, crecimientos en la alfabetiza­ ción, mejor alojamiento y nutrición, etc. Ahora bien, a menos que se sea consciente de la delicada interrelación entre ambos tres sectores (o entre los dos modos de producción de que se ha hablado antes), bien puede ocurrir que la persecución desenfrenada del crecimiento eco­ nómico (16), como objetivo de la política pública, amparando y fo­ mentando — como una política microeconómica más— los «instin­ tos» o motivaciones más individualistas, ambiciosos y de lucro perso­ nal de los individuos que componen una sociedad, ponga al final en peligro la supervivencia del modo de producción autónomo, hacien­ do menor de lo que parece la contribución de la tasa de crecimiento del PIB al bienestar (17). 11. Desarrollado este esquema conceptual acerca de las relacio­ nes entre crecimiento y progreso económico, a estas alturas habría lle;ado ya el momento de su aplicación a un caso concreto, como el de a economía española desde la transición política. Lamentablemente el nivel de desagregación de las estadísticas españolas, y su metodolo­ gía y objetivo declarados imposibilitan hoy por hoy la construcción o elaboración de una tabla en la que apareciera reflejada la evolución de la tasa de progreso económico de modo que pudiese ser comparada con otra, en la que se encontraran las conocidas cifras de crecimiento del PIB. Es por ello por lo que este artículo es «meramente conceptual», no gozando del apoyo de la información empírica a la que hoy se le suele dar un valor de verdad casi mágico.

Í

(16) (17)

Que ya ha recibido su correspondiente nombre en inglés: la «growthmanía». Puede leerse a este respecto con provecho la obra de R L. W a c h t e L: M iseria de Lt opulencia, F.C.E , México, 1989 (ed. original en 1983), que reafirma, desde el punto de vista de un psicólogo, las conclusiones a que han llegado economistas como Fred H ir s c h , Robert H e il b r o n e r , Lester T h u r o w , Albert O. H ir s c h m a n , William L e iss y Tibor SCITOVSKY.

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55 Queda, pues, para el lector el aplicar, usando la base empírica de su experiencia personal y autónoma, el esquema conceptual aquí de­ sarrollado al crecimiento económico en España en estos últimos años, de modo que él mismo se haga su autónoma reflexión sobre el efecto, sobre el bienestar de la política económica aplicada. Una política eco­ nómica cuyo objetivo en el largo plazo ha sido — o así se repite— el crecimiento en el PIB, costase lo que costase (18). Cierto que, al principio, se decía que ése era el medio para acabar con el desempleo, pero a tenor de los hechos, y con el tiempo, ese objetivo ha sido susti­ tuido por otro más genérico como el de la «modernización» de la eco­ nomía española (superando ocultos complejos de inferioridad históri­ cos y décadas de aislamiento), cuando no parece ser otro sino la mis­ ma y abstracta tasa de crecimiento (19). De sobra resultan conocidos los costes que todo ello supuso: desempleo, precarización, insolidari­ dad. Pero resulta, sin embargo, curioso que se acepte con generalidad que todas esas políticas pudieron llevarse a cabo sin una elevada rup­ tura social y pese a sus elevadísimos costes personales gracias a facto­ res tales como la pervivencia de instituciones como la familia antigua o tradicional; gracias, pues, a la existencia de una compensación por parte de un Sector Relacional, que, en opinión de quien esto escribe, está siendo puesto progresivamente en quiebra por esa política econó­ mica centrada en la tasa de crecimiento del PIB. El relativo, tardío y (18) Costase lo que costase, es decir, independientemente de que como resultado de esas políticas aumentase la desigualdad, el desempleo o la insensibilidad social, lo que se tradujo en aquel fenómeno conocido por «el desencanto» y a lo que hoy se suele llamar como la pérdida de los valores éticos con la conocida consecuencia del auge de la corrup­ ción a todas las escalas de la vida pública y de la privada. ¿Qué otra cosa podría esperarse de un país en donde el «socialista» Ministro de Economía llegó a afirmar que era uno de los sitios donde más rápidamente «cualquiera» podía hacerse millonario? (19) Y, más en concreto, el objetivo parece hoy ser, estricta y alucinantemente, el te­ ner una tasa más alta que los otros países de la CE o el estar en el grupo de cabeza en el cumplimiento de las condiciones de la integración europea. Se trata, podría decirse, de una mentalidad de tipo «sacrificial», pues nunca se duda a la hora de ofrendar al altar de esa nueva diosa: la Europa Macroeconómica, las condiciones microeconómicas de las gen­ tes que por este país pululan. Y, a este respecto, ¿cabe otra rebelión sino decir que no a «Maastricht», aunque no se sepa de qué va? Tampoco ellos lo saben, y por lo poco que sí que ya se sabe, realmente para el común de las gentes de este país hoy por hoy y mientras el Plan de Convergencia pretenda llevarse adelante, estar a la «cabeza» de esa Europa no supone para la mayor parte de las gentes que no saben leer en inglés ni tienen «masters» en economía sino la asunción de nuevos sacrificios (o sea, los de siempre: el famoso «apre­ tarse el cinturón») para en un Ulo tempore nunca especificado conseguir unos «equilibrios» macroeconómicos — una «figura»— que, a semejanza de las dietas de adelgazamiento, no está nada claro que ayuden a las gentes a vivir mejor.

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56 menos aún garantizado éxito de esas polític^ (20) en términos del PIB (o, si se quiere, de crecimiento de la inversión) en el período 1986-91 también se ha traducido así en más precarización del em­ pleo, más abandono ecológico, más inseguridad ciudadana, en incre­ mentos del consumo de «bienes» antes innecesarios y en el cambio a un modo de vida en que el «nivel de vida» medido por la cantidad de dinero que se tenga se ha convertido en el objetivo individual, funda­ mental y necesario, para «sobrevivir» y «comprar» bienestar en una sociedad como la española que, por fin, se ha hecho demasiado mo­ derna y competitiva. Quizá demasiado moderna y competitiva.

(20)

Véase el primer capítulo de evaluación de las políticas económicas.

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La modernización de la sociedad española Luis Cortés Alcalá Sociólogo

INTRODUCCION (1) Aunque el término modernización no es el más adecuado para dis­ cutir sobre la realidad social española, puede ser utilizado para estudiar la problemática del cambio social. Cuando se utiliza este concepto para definir los procesos sociales se suele hacer referencia a la aproximación entre la sociedad española y las sociedades europeas occidentales. Así, una sociedad es moderna si está muy próxima a la de los países más avanzados de la Europa Comunitaria, y lo contrario, su alejamiento es una señal de estructuras caducas, prolongación del pasado, cuya exis­ tencia impide el recorrido normal hacia su prosperidad. Esta concep­ ción implica la existencia de unos principios políticos que conducen a la definición de una estrategia de desarrollo que equipara lo exigible y deseable con estas sociedades. Por lo tanto, según este criterio, el obje­ tivo de la sociedad española no podría ser otro que el de su aproxima­ ción al considerarlas como el modelo ideal (2). Es evidente que muchas de ellas han alcanzado niveles de bienes­ tar social a los que debemos aspirar todas las naciones del mundo, in­ cluida la española. Pero también es verdad, que tienen muchos proble­ mas y contradicciones que en ningún caso pueden ser utilizados como modelo positivo. Además, las sociedades occidentales no son un ente (1) Este artículo es una reflexión en voz alta sobre algunos aspectos de la sociedad es­ pañola. Algunos temas están más desarrollados que otros, pero he preferido escribir lo que pensaba, aunque estas ideas fueran simplemente hipótesis de trabajo. En cierta medida, pretendo reivindicar la necesidad de una elaboración colectiva en la que el propio lector pueda criticar sin miedo lo que aquí se escribe. (2) Esta concepción de modernización está muy extendida entre los representantes más significados de la sociedad política y civil española. Existe un amplio consenso sobre el modelo de sociedad que se debe construir, aunque las diferencias se sitúan en la táctica para alcanzarla.

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58 homogéneo y monolítico, aunque tienen estructuras sociales e institu­ cionales semejantes, poseen sus propias particularidades que conviene considerar cuando se utilizan para decidir el camino que se debe se­ guir para avanzar en los ideales de bienestar, justicia y libertad (3). Para realizar un análisis de los procesos de modernización no nos podemos limitar a la simple comparación de la realidad social espa­ ñola y europea. Debemos entrar a definir el significado de esta apro­ ximación o alejamiento, utilizando claves de vdoración deducidas de los principios aceptados del pensamiento de la ilustración; es decir, como acercamiento a los ideales de libertad, justicia, igualdad y fra­ ternidad. De otro modo, estaríamos haciendo un simple ejercicio nu­ mérico y estadístico que no tendría apenas utilidad.

LA MODERNIZACION DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Como señala G il C alvo, «elproceso de modernización (la revolu­ ción capitalista en el sentido de Berger) supone tanto el crecimiento eco­ nómico autosostenido como la democracia, la secularización y la compe­ tencia del mercado: revoluciones institucionales todas ellas que no sólo transforman sustancialm ente la estructura social sino que, adicionalm en­ te, la adentran en un proceso irreversible de constante y perm anente autorreforma crecientemente acelerada» (GiL CALVO, 1991, págs. 35-36) La sociedad española se ha modernizado rápidamente con un cre­ cimiento económico autosostenido que ha supuesto el éxito definiti­ vo del «mercado» como mecanismo autoregulador de las relaciones económicas y sociales, y en paralelo, con la metamorfosis realizada en las instituciones políticas y sociales del franquismo que han sido sus­ tituidas por un nuevo «sistema administrativo» (4).

(3) Las diferencias entre las sociedades occidentales son en algunos casos muy im­ portantes, sobre todo en lo que respecta a la existencia de problemas sociales derivados de la desigualdad. La sociedad norteamericana es mucho más desigual e injusta que la socie­ dad alemana, por poner un ejemplo. (4) El «sistema administrativo» tal como plantea H a b e r m a s satisface esencialmente dos imperativos para el sistema económico: 1. El de regular el ciclo económico con los instrumentos de planificación global. 2. El de crear y mejorar las condiciones de valoriza­ ción del capital acumulado en exceso. En muchas circunstancias el Estado reemplaza los mecanismos del mercado para crear y mejorar los procesos de valorización del capital (H a b e r m a s , 1973).

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59 La estrategia modernizadora (5), cuyo inicio cabe situarlo en el período posterior a la muerte de Franco en el que logran imponerse las fuerzas políticas y sociales defensoras de la reforma controlada del sistema dictatorial, se organizó en torno a la ejecución de cuatro grandes proyectos de transformación social (6): 1. La transformación del sistema político y administrativo, con­ dujo a la instalación de un sistema político democrático y a la refor­ ma de las instituciones básicas del régimen franquista. 2. La apertura de la sociedad española hacia el exterior. La en­ trada en la C EE y la OTAN constituyen los dos momentos centrales del proceso. 3. La adaptación de las estructuras productivas a las exigencias derivadas de la incorporación plena al «sistema económico mundial» ( G a r c í a D e l g a d o , 1991), ocupando posiciones de privilegio al inte­ grarse en el bloque de países occidentales, respecto a la mayoría de países del mundo, y dependientes en relación con los que conforman la dirección del «nuevo orden». 4. La consolidación de un Estado del Bienestar, como instru­ mento esencial de mejora de las rentas reales que pudiese trasmitir en forma de servicios y equipamientos una parte considerable del ahorro y de las plusvalías generadas por la sociedad. La existencia de un Esta­ do de Bienestar fuerte e integrado socialmente es uno de los indica­ dores básicos para demostrar el nivel de «modernización» alcanzado por una sociedad ( Z a l d i v a r y G á s t e l e s , 1992). El desarrollo de estos ejes se consigue mediante la elaboración de un gran acuerdo político entre las fuerzas más representativas del es­ pectro español, al que se añaden otros acuerdos sociales entre los re­ presentantes de la patronal y de los trabajadores. Se obtiene de esta forma un clima de pacto social que hace disminuir ostensiblemente los niveles de conflictividad social en los años más difíciles de la crisis (5) El proceso de modernización fue posible por las transformaciones sociales y eco­ nómicas que se habían iniciado en España a partir del Plan de Estabilización (FUENTES Q u i n t a n a , 1990). (6) Existen numerosos artículos que han estudiado el proceso de transición española, entre los que destacan las obras de J . B e n e y t o , G. M o r a n , R. COTARELO, el libro con­ junto de J. L. R e c i o , O . U ñ a y R . D ia z -S a l a z a r , J . M . M a r a v a l l . Sin embargo, consi­ dero de especial relevancia los trabajos (algunos inéditos) de J. M. R o C A , cuyas reflexiones me han sido de enorme interés (ver referencias bibliográficas).

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60 económica de finales de los setenta (7), que amplía el margen de ma­ niobra con el que se realizan los ajustes necesarios para llevar a cabo la transición económica y política (8). Haciendo una enumeración de lo alcanzado en estos casi quince años, uno no tiene más remedio que asombrarse ante la capacidad de cambio que esconde un país cuando se ponen en juego sus potencia­ lidades. La sociedad española del año 1992, aunque posee elementos estructurales de continuidad y siguen existiendo problemas impor­ tantísimos, es muy distinta a la de finales de los años setenta. Las cla­ ves para su comprensión deben ser buscadas en el análisis de sus nue­ vas estructuras económicas, sociales y políticas. Pero vayamos por partes. En primer lugar, en estos años se ha consolidado el «sistema administrativo» democrático al haberse desa­ rrollado una estructura política descentralizada mediante la constitu­ ción de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos democrá­ ticos. La articulación del incipiente Estado de Bienestar se ha realiza­ do a través de la trasmisión de competencias hacia estos nuevos «entes» institucionales. En concreto, el papel que han jugado los Ayuntamientos ha sido fundamental, sobre todo a raíz de la primera victoria que las fuerzas de izquierda (PSOE/PCE, sobre todo) logra­ ron en las primeras Elecciones Municipales del año 1979. En estos primeros años de gobierno de izquierda se produjo en los Ayunta­ mientos la confluencia de un gran número de técnicos, políticos y gestores, que junto a la colaboración de los movimientos sociales ve­ cinales lograron trabajar conjuntamente para llevar a cabo la mejora de los municipios. El resultado de este proceso se observa con intensi­ dad en las principales áreas urbanas del país, en las que se han desa­ rrollado importantes procesos de reestructuración y reforma urbana que han modificado el panorama que presentaban la mayoría de nuestras ciudades. (7) Una muestra palpable del enorme sacrificio se encuentra en los más de novecien­ tos mil empleos industriales (905.100) que se perdieron entre 1976 y 1985 (Fuente: EPA). (8) Además de los Pactos de la Moncloa, que supusieron la definición básica del mo­ delo de transición pactada y controlada, se han sucedido otros acuerdos importantes con distintos interlocutores: Gobierno, CEO E, CEPYME, UGT, CC.O O . Estos acuerdos han sido los siguientes: Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) para 1980 y 1981 (revi­ sión), Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) para 1982, Acuerdo Interconfederal (AI) para 1983 y el Acuerdo Económico y Social (AES) para 1985 y 1986.

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61 Tal vez, la apertura hacia el exterior puede ser considerada como uno de los hitos más decisivos. La integración en el sistema económi­ co mundial es un hecho del que no se puede escapar (9). Los actuales acontecimientos del sistema financiero internacional vienen a demos­ trar, una vez más, que la situación de la economía nacional es cada vez más dependiente de sus interconexiones internacionales (10). La integración en el proyecto político y social de la Europa Comunitaria nos acarrea importantes inconvenientes y problemas, aunque no se puede obviar que favorece y refuerza la situación de nuestro país en el contexto internacional. En el terreno de la estructura económica los procesos de transfor­ mación han sido de enorme intensidad. La consolidación de la «eco­ nomía capitalista tardía» ha reforzado la reestructuración sectorial que se inició a partir del Plan de Estabilización. De enorme importancia ha sido la transición desde una sociedad con gran peso de las estruc­ turas agrarias tradicionales, a otra en la que el campo juega un papel subsidiario, tanto por la población empleada en sus actividades, como por su aportación a la riqueza global del país (11). Mientras tanto el sector servicios se ha convertido en mayoritario, con más del 56% de la población activa en el año 1991 y una participación en el PIB que actualmente debe situarse por encima del 61%. Paralelamente, las estructuras productivas se han reestructurado internamente adaptándose a las nuevas exigencias competitivas que se derivan de las pautas impuestas por los mercados nacionales e inter­ nacionales. En estos procesos de adaptación de los sistemas de pro­ ducción de bienes y servicios es fundamental el papel que juegan las (9) Se están produciendo profundas transformaciones estructurales en nuestro mun­ do desde la última década, motivados por la confluencia de dos grandes procesos: 1. La constitución de una economía mundial que funciona como un todo unitario, en términos de unidad real de producción, de mercado, de flujos de capital, información y fuerza de trabajo. 2. Una revolución tecnológica de gran impacto histórico que se engarza en todos los ámbitos de nuestra vida, posibilitando el funcionamiento unitario del sistema mundial ( C a s t e l l s , 1990). (10) Las inversiones extranjeras en España han pasado desde 80.303 millones de pe­ setas en 1979 hasta 2.262.865 millones de pesetas en 1991 (Fuente: Secretaría de Estado de Comercio). (11) La población activa empleada en la agricultura en el año 1960 representaba el 36,6% del total de los activos. En 1991 ha descendido hasta el 10,2%, nivel todavía muy elevado si se tiene en cuenta que en 1989 Francia sólo contaba con el 6,4%, Alemania el 3,7%, Italia el 9,3% y el Reino Unido el 2,1% (Fuente: Eurostat, Retrato Social de Eu­ ropa).

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62 nuevas tecnologías (12), que permiten incrementar enormemente la productividad, abaratar los costes y flexibilizar las necesidades de mano de obra (CASTILLO, 1988 y 1990). En correlación con los cambios realizados en las estructuras pro­ ductivas se produce una importante reorganización de las profesiones y ocupaciones que modifican de forma sustancial los esquemas bási­ cos de la división de clases en la sociedad española. La reestructura­ ción afecta en mayor medida a la clase obrera industrial y urbana, aunque también se extiende por el conjunto de clases intermedias y dirigentes. Algunos análisis recientes sobre la estructura social espa­ ñola parecen confirmar las tendencias apuntadas por algunos analistas del capitalismo avanzado en otros países (MOLLENKOPF y C astells , 1991), según las cuales estas sociedades generan empleos de elevada cualificación, productos de alto valor añadido y ocupaciones de bajo nivel y baja remuneración propios de servicios intensivos en mano de obra (Z aldivar Y C astells , 1992). No es ajeno a todo lo anterior el hecho de que España se haya consolidado como una sociedad eminentemente urbana en la que una de cada dos personas vive establemente en un municipio de más de 50.000 habitantes, y en la que casi el 30% lo hace en municipios de más de 200.000 habitantes. Actualmente menos del 16% viven en municipios rurales, considerando como tal los menores de 5.000 ha­ bitantes (13). También se han producido importantes modificaciones en la so­ ciedad y sobre todo en las formas de vida de los españoles. Uno de los hechos más decisivos, y con mayor proyección de futuro, es la eleva­ ción sistemática de los niveles educativos, en particular, los de las nuevas generaciones de españoles y españolas (14). Actualmente el proceso se concentra en la Enseñanza Media y en la Universidad, en donde se han alcanzado tasas de escolaridad mayores que las que exis­ ten en Europa. La mayor competencia por el empleo ha hecho que se incrementase el papel que juegan las enseñanzas no regladas, sobre (12) El número de ordenadores personales entregados en 1991 fue de 529.500, lo que situó el parque a fecha 1-1-1992 en 1.762.894 (Fuente: Marcom Data, S.A., del anuario «El País», de 1992). (13) Es preciso recordar, para calibrar el verdadero significado de esta información, que en el año 1960 sólo vivían en municipios mayores de 50.000 habitantes el 35,72%. (14) Uno de los pivotes básicos del Estado de Bienestar es el Sistema Educativo.

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63 todo las que se refieren a los Idiomas y a la Informática. Los jóvenes de hoy en día aprenden los idiomas y salen al extranjero con mayor facilidad y asiduidad que las generaciones precedentes. La extensión del vehículo privado, con la mejora de las infraes­ tructuras viarias, ha producido su uso generalizado, no sólo como medio de transporte hacia el trabajo, sino esencialmente como instru­ mento para salir de la ciudad. La generalización del turismo y las va­ caciones entre los españoles es un hecho de enormes consecuencias sociales y territoriales (15). La mejora del nivel de vida y el bienestar no se limita a las rentas disponibles, sino que incorpora otros «ingresos indirectos» que se añaden a las rentas individuales y familiares gracias al papel creciente que está empezando a jugar el incipiente Estado de Bienestar. Dentro de este tipo de mejoras podemos señalar las siguientes: Incremento de la población protegida por el sistema de salud (16), mejores condicio­ nes de vivienda con una disminución considerable de las infraviviendas y chabolas; mejora de las condiciones de habitabilidad de nuestras ciudades mediante la extensión de zonas verdes y servicios públicos como son los polideportivos, casas de la cultura, casas de juventud, centros de la tercera edad, etc., extensión de las ayudas públicas a al­ gunos sectores desprotegidos: subida de pensiones, ingresos no con­ tributivos, pensiones no contributivas (17), mejora en las infraestruc­ turas viarias del transporte privado, etc. También en los valores y costumbres se ha producido una aproxi­ mación importante, aunque realmente lo digno de indicar es la convi­ vencia de un mundo tradicional con otro fuertemente adaptado a la (15) El impacto del vehículo privado en las áreas rurales ha sido un factor primordial en el acercamiento de los habitantes de las zonas rurales a los de las zonas urbanas. Su ex­ tensión ha elevado la movilidad de sus habitantes, acercando los equipamientos y servi­ cios, y permitiéndoles aumentar su poder de elección. (16) La población protegida por el sistema de salud en 1982 suponía el 85% del to­ tal, en 1991 el porcentaje se ha elevado hasta el 98,90% (Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo). (17) La evolución de los gastos corrientes de protección social en España es positiva ya que ha ascendido desde el 10% del PIB en 1970 hasta el 18,8% en 1990, a lo que ha­ bría que añadir entre un 1,5% y un 2% que se realizaría mediante inversiones de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. No obstante, las diferencias con la Europa de los 12 son considerables, ya que su media en 1990 era del 25,7%, siendo superior este porcentaje en Holanda, Alemania, Dinamarca, Francia e Italia (Fuente: Eurostat, Statistiques Rapides. Population et conditions sociales, 1991-4).

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64 modernidad. En el caso de los jóvenes la coexistencia del RAP, con los modelos más tradicionales de emancipación que existen en Europa puede ser signo de la coexistencia de los dos modelos. Sin embargo lo que es evidente es la fuerte transformación de la vida cotidiana de los españoles: el fuerte impacto de la televisión capaz de modificar costum­ bres y actuar como verdadero reloj del ritmo de la vida cotidiana, el nuevo papel de la mujer con su revolución «silenciosa» que está produ­ ciendo modificaciones sustanciales en la forma de vivir, el hogar y el tra­ bajo doméstico, así como en la educación de los hijos, la reivindicación del ocio, el culto al cuerpo, el impacto de la moda, las vacaciones en el verano, los viajes al extranjero, etc. Todo el conjunto configura una si­ tuación de fuerte transformación en los hábitos y costumbres de los es­ pañoles en los que por ahora, coexisten la tradición con la modernidad.

LAS CONSECUENCIAS SOCIALES (18) La mayoría de los indicadores económicos y sociales demuestran la aproximación a Europa de la sociedad española. En este sentido, se podría afirmar que el nivel de modernización alcanzado es muy eleva­ do. Sin embargo, la distancia sigue siendo muy grande. Si se introducen otros criterios valorativos, la respuesta sobre el acercamiento debe ser matizada. La convergencia europea también ha supuesto la aparición de nuevos problemas que antes casi no existían. Pero vayamos por partes. La modernización de nuestro país ha te­ nido importantes costes sociales que es necesario recordar: 1. El crecimiento económico que se produce en los últimos años de la década de los ochenta no ha sido suficiente para rebajar las diferencias entre nuestras tasas de paro y las europeas (19). A pe­ sar del fuerte crecimiento del PIB en estos años (20), el sistema eco(18) No pretendo hacer un análisis global de las consecuencias sociales de la moder­ nización, los objetivos son menos ambiciosos. Me limito a destacar algunos aspectos signi­ ficativos que poseen un gran valor ejemplificador. (19) La tasa de paro debe estar en la actualidad muy próxima al 17%, lo que supone más de dos millones seiscientos mil parados. En los países de la CEE, en 1991, se situó en el 8,9%, aunque fue inferior en Bélgica, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Holanda y Portugal (Fuente: EPA y Eurostat). (20) La media del crecimiento del PIB entre 1986 y 1990 fue del 4,6%, aunque en los últimos años se ha ralentizado (Fuente: Fundación FIES).

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65 nómico no ha sido capaz de crear un tejido productivo que diese trabajo a los miles de parados que se encontraban al margen de los mercados laborales. Además, este problema es especialmente grave si pensamos que todavía las tasas de actividad femenina son muy infe­ riores (21) y que el paro juvenil es muy superior. De igualarse los niveles, el número de parados se habría incrementado considerable­ mente (22). 2. Las exigencias de flexibilización del mercado de trabajo han conducido a estructuras laborales en las que la inestabilidad suele ser habitual. En dos años hemos pasado de tasas de temporalidad en los asalariados del 18,2% en 1987, hasta el 27% en el año 1989. Además de las consecuencias sociales que tienen este tipo de estructuras labo­ rales — inseguridad, retraso en la emancipación, elemento de correc­ ción salarial a la baja, competencia por el escaso empleo— supone trasladar una parte considerable de los costes laborales del sistema productivo hacia el «sistema administrativo». 3. El funcionamiento del mercado residencial en España en los últimos años de la década de los ochenta no ha podido proporcionar una vivienda digna, con precio asequible, a todos los españoles que la necesitaban (23). El llamado «boom inmobiliario» ha producido tal subida en los precios de las viviendas residenciales que resulta imposi­ ble, a la mayoría de las familias, acceder a una de ellas. La interven­ ción del Estado en estos años se realiza bajo posiciones «thacherianas» al concentrarse las ayudas públicas en la fiscalidad, buscando favorecer la actividad del sector en detrimento de la corrección de los desequili­ brios. Durante varios años el Estado ha subvencionado la adquisición — ^vía fiscalidad— de la compra de cualquier vivienda, aunque sus (21) La tasa de actividad femenina en los países de la CEE es superior al 41%, en España es del 33,6% (Fuente: EPA y Eurostat). (22) La ampliación de la escolaridad sirvió para controlar la evolución de las tasas de actividad juvenil. La dinámica demográfica ha trasladado las generaciones más numerosas hasta las edades en que es inevitable su incorporación al mercado de trabajo, con lo que la única actuación posible se concentra en la inversión productiva generadora de empleo. De otra manera el paro juvenil se volvería a disparar. (23) La bibliografía para profundizar sobre la problemática de la vivienda es muy ex­ tensa. Recomiendo especialmente el «Informe para una nueva política de vivienda» reali­ zado por el Comité de Expertos coordinados por Jesús Leal, y para una visión global de los antecedentes y evolución de la intervención pública el artículo de Luis CORTÉS ALCA­ LA: «El problema de la vivienda en España: elementos para su comprensión», publicado recientemente en la revista Política y Sociedad.

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66 compradores tuviesen varias (24). El resultado ha sido catastrófico y ha contribuido a que el problema de la vivienda sea actualmente uno de los más graves con los que se enfrenta la sociedad española. 4. La coincidencia de la crisis del trabajo con la de la vivienda, descrita en los puntos anteriores, ha bloqueado los procesos de for­ mación de nuevas familias. El retraso en la edad de la emancipación de los jóvenes españoles es motivado por la incapacidad que tienen para acceder al mundo adulto, ya sea a través de un trabajo estable o mediante la formación de su propio hogar (C O R T É S, 1991). Las fami­ lias españolas están jugando un papel capital en la estabilidad social al actuar como protección y refugio ante las dificultades que presenta la vida para los jóvenes. El futuro no es nada halagüeño, ya que la situa­ ción del mercado de trabajo parece deteriorarse con rapidez (25). 5. Aunque todavía no se conoce con exactitud (26), las hipótesis apuntan hacia un aumento de la desigualdad entre los extremos de la sociedad (27). Este hecho no entra en contradicción con la mejora de las rentas reales de algunos colectivos desfavorecidos como los jubila­ dos (28). Por el contrario, apunta hacia el incremento de la desigual­ dad a través de nuevas direcciones de precariedad social como son: los inmigrantes económicos extranjeros, los núcleos familiares atípicos so­ bre todo los formados por mujeres con hijos, los parados de larga dura­ ción, etc. (29). En el extremo contrario cabe resaltar la fuerte concen(24) Además, las viviendas financiadas directamente se redujeron de forma drástica, pasando de una media de 125.300 durante el período 1984-1987 a las 48.400 del año 1990 (Fuente: M OPT). (25) Además de la ruptura de las tendencias en el descenso del paro, la paralización de las Ofertas de Empleo en las Administraciones Públicas pueden influir de forma muy negativa en las dinámicas laborales. (26) Los últimos análisis realizados sobre la desigualdad en España ofrecen resulta­ dos contradictorios, en función de las fuentes de datos utilizados. Próximamente serán publicados los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares correspondiente al año 1991, lo que nos permitirá compararlos con los de 1981 para hacernos una idea ajustada de la evolución de la desigualdad en la década de los ochenta. (27) Un ejemplo de las contradicciones que pueden ofrecer el estudio de la desigual­ dad en función de las fuentes utilizadas lo podemos encontrar en las diferencias que se ob­ servan entre los análisis de Antonio GIM ÉNEZ M O N TERO (IRPF) y Julio ALCAIDE I n CHAUSTI (Encuesta Continua de Presupuestos Familiares). (28) En el concepto de renta real se incluyen, además de los ingresos monetarios, los ingresos indirectos en forma de servicios ( H a r v e y , 1977). (29) La familia se convierte en un seguro contra todo los males que aquejan nuestra existencia, las situaciones de quiebra familiar son actualmente una de las causas más pode­ rosas que conducen a la precariedad y marginación social.

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67 tración social de los beneficios económicos de los años del crecimiento, que han dado origen a la formación de inmensas fortunas. 6. A pesar de que disminuyen las diferencias económicas terri­ toriales entre las Comunidades Autónomas (30), es evidente la conso­ lidación de espacios sin futuro en los que viven miles de españoles que padecen condiciones de vida muy alejadas de las que tienen los habitantes que se concentran en los actuales ejes de crecimiento. Los procesos de envejecimiento de algunas zonas rurales, el abandono de las actividades agrarias y económicas, la inexistencia de servicios bási­ cos apropiados para la población que todavía habita en ellos, son al­ gunos síntomas que nos recuerdan que junto a los núcleos urbanos boyantes existen otras realidades territoriales que han perdido su fu­ turo. 7. Las exigencias económicas internacionales ocasionan la crisis de algunos subsectores económicos que ocupan a miles de trábaj ado­ res, y cuya existencia constituye la base económica de algunas impor­ tantes comarcas y provincias españolas. El caso de la minería asturia­ na puede ser un claro ejemplo. La existencia de prioridades públicas de inversión, con criterios muy discutibles como en el caso de la con­ centración de inversión reciente efectuada en Barcelona y Sevilla, hace que otras zonas vean pospuestas sus necesidades de inversión pú­ blica en infraestructuras y servicios, lo que refuerza su situación de crisis. El caso de la priorización de la construcción del AVE en detri­ mento de otras inversiones, como pueda ser la terminación y mejora de las infraestructuras viarias y de comunicación de la Cornisa Cantá­ brica demuestran la existencia de opciones y apuestas de política te­ rritorial, cuanto menos discutibles. 8. La «desarticulación de la sociedad civil» se ha acelerado, exten­ diéndose al conjunto del territorio. Algunos indicadores que pueden ser­ vir para medir la temperatura de la sociedad civil son preocupantes: a) La reducción a los mínimos en la afiliación sindical y política. (30) Los índices Gini que miden las disparidades regionales tienen un comporta­ miento positivo: El PIB por KM 2 pasa desde 0,616 en 1975 hasta 0,625 en el año 1989, el PIB por habitante desde el 0.150 en 1975 hasta 0.135 en 1989 y por último la Renta Familiar por habitante desde el 0,119 hasta el 0,097. El porcentaje de desviación de la renta familiar por habitante entre las cinco provincias más ricas y las cinco más pobres se reduce a la mitad entre 1960 y 1989, pasando desde 126,8 hasta 62,30 en 1989 (Fuente: Papeles de Economía núm. 45, 1990).

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68 b) La disminución del potencial de los movimientos vecinales y asociativos. La desaparición de la participación vecinal en las institu­ ciones se ha acelerado vertiginosamente. c) La falta de incidencia de los movimientos alternativos, en es­ pecial el ecologista. d) El creciente desinterés y desconfianza en los políticos y los partidos, agravado por la proliferación de los casos de corrupción. e) La burocratización de los sistemas de «defensa» de los ciuda­ danos, en los que introducir una protesta significa su paralización o retraso injustificado, refuerza la desconfianza por la Administración, con lo que se adoptan alternativas individualistas de protección y des­ confianza permanente hacia el otro que contribuyen a la ruptura de los lazos sociales. 9. Muchos problemas propios de las sociedades capitalistas avanzadas, y de las sociedades urbanas, se han extendido rápidamente a medida que se aceleraban los procesos de modernización. Sin duda la droga, con los problemas de inseguridad ciudadana que genera, es una de las grandes lacras sociales de nuestro siglo. La destrucción per­ sonal que ocasiona a quien se ve sometido a sus reglas es suficiente ar­ gumento para justificar una lucha despiadada contra ella. Además, suele traer consigo la exigencia de la exclusión de los canales sociales habituales en los que transcurre la vida de los ciudadanos. El fenóme­ no de la delincuencia, esencialmente el de los robos y asaltos se ha ex­ tendido al conjunto de las zonas urbanas de nuestro país, repercu­ tiendo, fundamentalmente, sobre los trabajadores y las clases sociales más débiles que son quienes tienen menores medios de defensa. Quien roba para drogarse no suele tener conciencia de clase y con­ centra su actividad en los medios que mejor conoce, y en los que se encuentra mayor facilidad. El impacto medio-ambiental del rápido crecimiento económico puede tener un impacto de considerables dimensiones. Entre los pro­ blemas más graves encontramos la pérdida de recursos naturales que ha supuesto la construcción incontrolada de urbanizaciones turísticas y de segunda residencia, la contaminación acústica y medio-ambien­ tal producida en las grandes ciudades por el incremento de la circula­ ción rodada, la contaminación de nuestros ríos que ha convertido a algunos de ellos en verdaderas cloacas, los incendios forestales y la desertización de partes importantes del sur y este de la península, etc.

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69 LO S LIM IT E S D E L PR O C ESO D E M O D E R N IZ A C IO N La evolución de la sociedad española en los próximos años de­ penderá de su capacidad para solucionar algunos problemas que actú­ an sobre sus estructuras, limitando su desarrollo. En realidad, son lí­ mites objetivos que nos plantean algunos interrogantes sobre su futu­ ro, si además tenemos en cuenta, las prioridades actuales de la política económica del Gobierno. Sin ánimo de ser exhaustivo algunos de estos límites son: 1. La capacidad del sistema económico para generar en los próxi­ mos años el suficiente empleo para (31): a) Absorber las entradas al mercado de trabajo de las nuevas ge­ neraciones de jóvenes que empiezan a incorporarse a las estructuras económicas. El potencial demográfico de los jóvenes es tremendo. El número de jóvenes entre veinte y veintinueve años será superior a los seis millones de individuos hasta el año 2002, y los que tienen entre quince a veinticuatro años hasta 1997. Las generaciones que empie­ zan a incorporarse a la actividad están compuestas actualmente por un volumen de efectivos que supera las 600.000 personas, para los cuales, de mantenerse las tasas actuales de incorporación al mercado de trabajo, habría que crear anualmente más de 355.000 nuevos em­ pleos (32).

(31) En este caso discrepo de las posiciones mantenidas por algunos economistas y demógrafos que estiman que va a disminuir la presión sobre el mercado de trabajo en la próxima década, por la disminución del tamaño de las generaciones entre dieciséis y vein­ ticuatro años y la ralentización de la incorporación de la mujer como sucede en Alemania. A mi juicio, estos análisis pierden de vista las particularidades del modelo español, tanto en relación con el acceso a la actividad de los jóvenes como en el caso de las mujeres (O l a n o , 19 9 2 ). (32) La tasa de actividad juvenil (dieciséis-veintinueve años) superaba en 1991 el 5 8 % , distribuida desigualmente según las edades. El 2 9 ,5 7 % para los jóvenes de dieciséis a diecinueve años, el 6 5 ,5 6 % para los de veinte-veinticuatro años y el 7 9 ,3 1 % entre los de

veinticinco-veintinueve. La estimación de empleo está realizada sobre la base de absorber la totalidad de las entradas anuales al mercado de trabajo con los haremos actuales de acti­ vidad. Para tener una perspectiva de la intensidad del problema basta considerar que en algunas proyecciones realizadas por expertos, considerando las hipótesis más triunfalistas que partían de una creación de empleo anual próxima a los 2 9 1 .1 5 0 empleos, era necesa­ rio llegar hasta el año 2000 para rebajar al 5% la tasa de paro, manteniendo la tasa de acti­ vidad femenina a niveles inferiores a los de Europa (Fuente: Fundación FIES).

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70 b) Anular el volumen de paro, esencialmente juvenil, de las ge­ neraciones ya incorporadas a la actividad, pero que no han logrado entrar en las estructuras productivas. c) Dar respuesta a la igualación de las tasas de actividad entre hombres y mujeres. Las mujeres jóvenes que tienen hijos están rom­ piendo la tendencia al abandono del mercado de trabajo que tuvieron sus madres. Todas las hipótesis sugieren que estos comportamientos van a continuar en las próximas generaciones de mujeres, con lo que se elimina una de las válvulas de escape del sistema para desembara­ zarse de la mano de obra sobrante. d) Los excedentes de ocupados de los procesos de reestructura­ ción económica: agrarios (33), la reconversión de la minería, la reor­ ganización de la siderurgia, etc. e) Las entradas masivas de inmigrantes extranjeros que conti­ núan a pesar de los esfuerzos del Gobierno por acabar con ellas. f) Las propias exigencias del Plan de Convergencia, agravadas por la situación económica internacional, han provocado la paraliza­ ción de las contrataciones de personal en el «Sistema Administrativo». El resto del sistema económico, a pesar de contar con estructuras la­ borales cada vez más flexibles, no va a poder escapar de las propias necesidades económicas. g) La precarización del empleo, fundamentalmente el de los jó­ venes, tiene límites objetivos que no se pueden sobrepasar. Los pro­ pios costes que suponen estas estructuras laborales a las arcas del Es­ tado, pueden ser un buen argumento para poner un poco de control y abogar por su reconversión en empleo estable. 2. E l bloqueo de los procesos de emancipación juvenil por la crisis del empleo y la vivienday está colapsando el desarrollo social y demográfi' co de nuestra sociedad. El retraso en la emancipación se carga sobre las familias que tie­ nen hijos en las edades afectadas. Al formarse muchos menos hogares de los que sería lógico, por el potencial de la población, se retrasan

(33) Como ejemplo: Entre 1976 y 1990 se ha producido una pérdida de más de un millón trescientos mil empleos en las actividades agrarias (Fuente: EPA).

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71 otros procesos sociales que van encadenados. Por ejemplo, disminuye el peso de la demanda de muchos bienes y servicios que sería necesa­ rios producir para satisfacer las necesidades de estos nuevos hogares, lo que frena objetivamente la capacidad de crecimiento de los secto­ res económicos que los producen. También, provoca importantes desequilibrios en las estructuras de la población, al producirse un des­ censo en la natalidad muy por debajo del que se habría dado si se hu­ bieran formado esos hogares de forma normal. Esto repercute en el diseño y evolución de muchos servicios públicos y en las estrategias intervencionistas del Estado de Bienestar. 3. La ineficacia de la sociedad, en especial el de las Administracio­ nes Públicas, aunque es generalizahle a otros muchos sectores. Las dificultades que se tienen para solucionar un problema, ha­ cer una demanda o reclamación, ser operado, conseguir una infor­ mación útil o simplemente ser atendido por un médico especialista, nos indican las grandes deficiencias de funcionamiento que se sigue observando en muchas instituciones de la Administración, lo que supone, además de una pérdida de tiempo y dinero, un terrible des­ gaste personal. La burocracia se ha extendido y ampliado con la formación de los nuevos sistemas administrativos autonómicos, sin que se haya tradu­ cido en un incremento de la eficacia. Al contrario, las deficiencias de funcionamiento continúan siendo especialmente sangrantes en algu­ nas instituciones españolas, como son el sistema judicial y el sanita­ rio (34). Muchos de los problemas son estructurales y no se solucio­ nan simplemente con mayor inversión. El tiempo que transcurre en­ tre que se hace o recibe una denuncia y sale el juicio, o en conseguir que se realice una operación que no sea urgente, es tan elevado y cos­ toso a nivel personal que cualquier justificación sobre el retraso sólo merece acabar en el cubo de la basura. La chapuza y la informalidad con el cliente constituyen dos for­ mas de funcionamiento muy extendidas en nuestra sociedad. Ade(34) Las listas de espera para el ingreso en un hospital han crecido sin parar. En sólo dos años pasaron desde 162,86 en 1985 hasta un 311,27 en 1987 (Indice 1984=100) (Fuente: INE, Establecimientos sanitarios con régimen de internado).

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72 más, los precios de algunos servicios se han disparado de tal forma ue la relación calidad-precio en nuestro país es una de las más bajas e Europa. Otro elemento que contribuye a la pérdida de eficacia en la ad­ ministración y de la sociedad es la extensión de los fenómenos de co­ rrupción legal, distintos de los casos flagrantes de corrupción política que nos han salpicado en los últimos años. Me refiero a la pérdida de la moral social de muchos gobernantes y directivos que no tienen re­ paros en utilizar la VISA O RO, en cambiar la moqueta de su despa­ cho oficial como primera medida política, en utilizar los coches ofi­ ciales para ir a la compra, en cambiar el mobiliario y adquirir el últi­ mo modelo de ordenador, etc. La ineficiencia en muchos aspectos de nuestra sociedad es un hándicap para competir en un mundo cada vez más abierto y compe­ titivo, del que no podemos sustraernos. 4. La existencia de fuertes desigualdades sociales y territoriales ac­ túa como un límite objetivo para el bienestar y desarrollo de nuestra so­ ciedad. Nuestras estructuras sociales poseen muchos elementos de desi­ gualdad que se reproducen continuamente y que justifican una inter­ vención pública profunda y decidida. La modernización de un país no puede realizarse a costa del em­ pobrecimiento de sus habitantes, aunque sean una minoría. La socie­ dad debe actuar sobre los problemas e intentar solucionarlos, para poner todos sus recursos y potencialidades a trabajar. 5. L a propia capacidad de la sociedad para asum ir la nueva reali­ dad española. La velocidad de los cambios sociales desorientan a los ciudadanos que ven cómo la modernización implica nuevas exigencias que trans­ forman alguno de sus valores más tradicionales. Muchas son las exigencias para poder seguir avanzando: la trans­ formación de nuestros valores individualistas por otros que defiendan intereses colectivos, el freno a nuestra euforia consumista para traba­

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73 jar más duro y mejor, el desarrollo de un espíritu más solidario que nos enseñe a respetar y sentir lo que no es de nuestra propiedad como algo nuestro que debemos cuidar y conservar, que el mejor no es el que tiene más capacidad de engañar a Hacienda ni el que posee ma­ yor habilidad para no guardar colas, que el que cobra el paro traba­ jando está perjudicando al conjunto de sus compañeros y es un in­ moral que sólo merece el desprecio de quienes con su esfuerzo consi­ guen lo que tienen, etc. (35). El respeto por lo público y por el vecino; la conciencia de que algo que funcione mal es motivo suficiente para intentar corregirlo, ya sea en una institución o en otro lugar; que aunque estemos en contra de muchos funcionamientos institucionales debemos sentir que también formamos parte de ellos; el que tomemos conciencia que las iniciativas vecinales y de base social pueden solucionar mu­ chos problemas; el que asumamos que el medio ambiente es un re­ curso que pertenece a todos y que debemos respetar para el disfrute de las generaciones venideras; etc.; son nuevos valores que se deben ir imponiendo poco a poco en nuestra vida. Valores que pueden perte­ necer al conjunto de la sociedad y que no deben ser monopolizados por nadie (36). 6. La desestructuración social del vecindario y de los movimientos sociales perjudica el desarrollo del sistema democrático a l eliminarse uno de los mecanismos fundamentales de control del poder. El sistema político, al depender únicamente de la legitimidad que le otorgan las urnas, se aísla progresivamente de la realidad cotidiana. El poder y su administración se convierte en el principal objetivo. Se

(35) El corporativismo como modelo reivindicativo y de organización es un claro ex­ ponente de la subordinación de los intereses generales a los de los grupos sociales mejor organizados. Este fenómeno se extiende también a los sectores de la clase obrera que po­ seen mayor capacidad de organización (H a b e r m a s , 19 7 3 ). (36) Durante mucho tiempo se ha considerado, entre la tradición de la izquierda, que el inconformismo social se manifestaba mediante una postura agresiva contra todo lo que significaba el Estado. De esta forma, por ejemplo, siempre se daba prioridad a la rei­ vindicación contra la Administración. Sin embargo, uno actualmente piensa que esta res­ puesta individualista, como por ejemplo la postura ante la limpieza de una ciudad, escon­ de tras de sí posturas reaccionarias de maltrato hacia todo lo que no es de uno mismo, que nada tienen que ver con posiciones progresistas de lucha contra lo injusto y la opresión.

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74 utilizan sus instrumentos para conseguir las metas planteadas, administrando los recursos disponibles con criterios de racionalidad económica y se explica a través de los medios de comunicación los lo­ gros conseguidos. Pero mientras tanto, el ritmo de la vida cotidiana transcurre por derroteros distintos que no se logran conocer por la ruptura de lazos que se produce entre estos partidos políticos, dedica­ dos a ejercer el poder, y la realidad cotidiana en la que los movimien­ tos asociativos y sociales siguen ejerciendo un importante papel de termómetro de la sociedad.

EPILOGO En pocos años se ha producido un intenso avance en la moder­ nización de nuestro país que ha conseguido acortar las distancias que nos separaban de Europa. Se han alcanzado cosas importan­ tes que demuestran nuestro potencial de desarrollo. Sin embar­ go, las distancias son muy grandes y las metas se encuentran toda­ vía lejos. No se puede valorar este avance sin olvidarse de los problemas que ha ocasionado, o que no han podido solucionarse. La moderniza­ ción tiene un alto coste social que se debe paliar y resolver mediante el fortalecimiento de las políticas sociales que consoliden el Estado de Bienestar en nuestro país y la consolidación de las iniciativas sociales. La sociedad civil debe jugar un papel esencial, eliminando las trabas que bloquean sus potencialidades. La eficacia administrativa y social es una apuesta de futuro que debe terminar con los funcionamientos burocráticos y con los valores insolidarios. El futuro, aunque algo incierto por los nuevos acontecimientos económicos y políticos, es alentador si se consigue ir eliminando los obstáculos. La sociedad civil debe ser el principal motor para sobrepa­ sarlos, por lo que su fortalecimiento debe ser uno de los objetivos prioritarios. Todavía queda mucho por hacer y por luchar, «aunque nuestros modelos hayan muerto».

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La ideología de la modernización o la parábola del asno y la zanahoria Colectivo lOE (*)

Cuando hoy oímos o leemos el término «modernización» parece que todos nos entendemos sin grandes explicaciones. Esto sólo es po­ sible porque se trata de un significante muy arraigado en nuestras mentalidades, algo casi obvio, como de sentido común. Peligroso, por tanto, pues no reconocemos en él su carga ideológica, los valores que condensa y los intereses que fomenta. En las líneas que siguen quere­ mos abordar, de forma inicial y como incitación a la reflexión, las características y el papel que desempeña en la España actual la ideolo­ gía de la modernización, especialmente en su relación con los proce­ sos generadores de desigualdad social. Comenzamos con una metáfora. Es sabido que para mover a un asno que permanece inmóvil los humanos tenemos distintas posibili­ dades: tirar de él, golpearlo o «motivarlo» adecuadamente proponién­ dole un objetivo que satisfaga alguna de sus necesidades. Este último es el caso del hombre que, montado a su grupa, ata una zanahoria a un palo, sosteniéndola delante del hocico del animal. De esta forma, el asno se pondrá en marcha para alcanzar su objetivo (comer) mien­ tras el jinete moverá la zanahoria a voluntad para satisfacer sus propias metas (que el asno lo traslade a tal o cual lugar). Una visión optimista de las cosas dirá que en esta circunstancia existe una coincidencia de objetivos entre asno y humano; en cambio, un análisis más escéptico destacará que éste domina y utiliza al primero, manipulando sus «ne­ cesidades». (Yendo más allá podría imaginarse otra escena: el asno descabalga al jinete, come la zanahoria y elige su propio rumbo. Pero esto nos alejaría de la senda de la modernización.) (*) Colectivo lO E está formado por los sociólogos: Walter Miguel Angel de P r a d a .

AC TIS,

Carlos

PEREDA y

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78 Esta parábola sirve para ilustrar nuestra hipótesis: la ideología de la modernización, en tanto evocación relativamente abstracta y generalizadora, es la zanahoria que se ha venido proponiendo en los últi­ mos años como meta deseable al conjunto de la sociedad española, le­ gitimando los proyectos sociales de determinados sectores. La capaci­ dad evocadora del concepto ha conseguido captar los deseos y expectativas de un amplio conjunto social, movilizando sus volunta­ des tras los proyectos que en cada coyuntura proponían los grupos de poder como vía de acceso al selecto club de los países «moderniza­ dos». No importa cuáles sean las consecuencias sociales inmediatas (desigualdad, exclusión social), el fin soñado las justifica o hace so­ portables. Para desarrollar nuestro argumento hemos de analizar, en primer lugar, el contexto histórico e intelectual en el que surge el paradigma «modernizador» y, en segundo lugar, su articulación en la historia re­ ciente de la sociedad española.

1.

EL SU R G IM IE N T O D E L PARADIGMA M O D E R N IZ A D O R

Es importante despejar aquí un posible equívoco entre los con­ ceptos de modernidad y modernización. El primero está ligado a toda una época histórica de la Humanidad, relacionada con las propuestas de la Ilustración occidental (racionalidad científica, individualidad, secularización) como opuesta al Antiguo Régimen (autoridad, tradi­ ción, estamentalismo, etc.). A pesar de su origen, burgués y occiden­ tal, ha originado desarrollos diversos (como el anticapitalismo marxista, o la modernidad interpretada en clave oriental) que retoman críticamente los elementos originarios. Ultimamente algunos han se­ ñalado los rasgos de un nuevo período, eventualmente superador del anterior, caracterizado como postmodernoy según el cual en las socie­ dades avanzadas del capitalismo contemporáneo no hay ya posibilidad de captar globalmente el devenir social; es el fin de las grandes teorizaciones y utopías, sólo cabe el «pensamiento débil», la fragmentación y el eclecticismo. Los conceptos de modernidad y postmodernidad se postulan como referentes ideológicos de grandes períodos de la historia. En cambio, nosotros utilizamos el de moder' nización en un sentido conceptualmente más restringido, como se

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79 verá a continuación; se trata de una construcción instrumental que ha operado tanto en el período histórico «moderno» como en los ac­ tuales tiempos «postmodernos». Una determinada conceptualización llega a convertirse en para­ digma porque condensa una serie de elementos clave de la realidad social; estudiando su génesis podemos averiguar a qué problemas vie­ ne a dar respuesta y a qué intereses favorece. El surgimiento del para­ digma de la modernización se produjo en un ámbito social e históri­ co muy determinado: el de las ciencias sociales estadounidenses tras el final de la Segunda Guerra Mundial (1). Es decir, entre las élites inte­ lectuales del país que emergía como potencia mundial en un mundo bipolar, mientras se aceleraba el proceso descolonizador de las nacio­ nes del «Tercer Mundo». Para los analistas sensibles a las necesidades institucionales de su sociedad, parecía evidente la necesidad de estu­ diar y teorizar las posibles formas de inserción de estos países en el or­ den social hegemonizado por los Estados Unidos. Y no otra cosa fue el fundamento de los estudios de la «modernización»: la propuesta de un modelo formal de cambio gradual para que las sociedades «atrasa­ das» adoptaran el modelo norteamericano. En sus formulaciones académicas la modernización es definida como un proceso de cambio social basado en el desarrollo económico; a su vez, éste se mide por el crecimiento del producto nacional bru­ to, que refleja el grado de industrialización del país. En resumidas cuentas, se trata de una serie de transformaciones sociales que acom­ pañan el proceso de industrialización y crecimiento económico. Tales transformaciones se conciben como un proceso gradual y continuo, entre dos polos ideales: desde una sociedad «tradicional» a otra «mo­ derna». Las consecuencias típicas de tales procesos han de registrarse en la estructura ocupacional (abandono masivo de la agricultura, salarización masiva de la población, crecimiento del empleo industrial y, más tarde, en el sector servicios), en la demográfica (pasando a tasas de (1) Es obvio que no se trata de una construcción teórica ex-novo, pues en la literatura sociológica europea de comienzos de siglo ya se encuentran elementos básicos de la mis­ ma. Sin embargo, como tal paradigma, con un alto grado de desarrollo analítico y como hegemónico en los grupos intelectuales, aparece en su forma «típica» en este momento histórico.

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80 natalidad y mortalidad bajas), en la social (del predominio de los vínculos de parentesco a los basados en el estatus adquirido; del caci­ quismo a la meritocracia), en el ámbito cultural (divulgación de modelos de conducta desde los medios de comunicación que ponen el acento en la adaptabilidad constante de los individuos a los reque­ rimientos sociales) y en el político (con la extensión de una «cultura cívica» democrática). No hace falta un profundo análisis para percibir que el modelo propuesto no es más que una idealización simplificada de las sociedades de capitalismo avanzado (los Estados Unidos y la Europa capitalista de postguerra). Por tanto, el tipo ideal de modernización es un modelo que, en sus inicios, se propone (o impone) a los países de­ pendientes haciendo abstracción de sus circunstancias históricas, es­ tructura social e institucional y pautas culturales. Esta conceptualización está lastrada por una visión organicista, unidireccional y etnocéntrica del cambio social. La sociedad es conce­ bida como un ser vivo: existen unas tendencias y potencialidades «na­ turales» cuyo desarrollo produce las transformaciones; pueden surgir conflictos pero sólo como «crisis de crecimiento» (no como transfor­ maciones radicales), pues sólo existe una meta posible. Aunque la modernización sea, en estricto sentido, un proceso continuo e inaca­ bable, de hecho existen referentes que son propuestos como meta fi­ nal (en los años 60 la sociedad «modernizada» por excelencia eran, para América Latina, los Estados Unidos; en los 90 para España el modelo está en Alemania). Por tanto, el capitalismo avanzado no es una opción más: aparece como el horizonte «natural» del progreso humano. Según la fantasía modernizadora, una vez iniciado el proce­ so (industrialización-urbanización-secularización social-terciarización productiva-democratización política, etc.) conduce necesariamente, en mayor o menor grado, a aquella meta. De esta manera, el paradigma conjuga un elemento critico con una imposición de facto. Por un lado, la sociedad «modernizada»: la promesa del bienestar permanente, caracterizado por la abundancia (consumo) y la paz (ausencia de conflicto). Por el otro, la constric­ ción: la única vía para situarse entre los elegidos es imitar su experien­ cia histórica, adoptando el modelo de crecimiento capitalista; para no quedar excluidos del festín (o anatemizados por atentar contra el or­ den natural de las cosas, si se impugna el industrialismo capitalista) hay que adaptarse al modelo.

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81 Mientras la categoría abstracta recoge las ilusiones y expectativas de amplios sectores, su implementación concreta es dirigida por los intereses dominantes que, por su propio carácter, son obstáculo para la «modernización» de todos. Eso, al menos, dice la experiencia histó­ rica. ¿Qué resultados ha ofrecido la vía «modernizadora» para los paí­ ses dependientes después de tres largas décadas? Aun utilizando indi­ cadores que diluyen las desigualdades internacionales, los estudios es­ tadísticos demuestran que existe una correspondencia entre «la etapa de mayor incremento de las diferencias Norte-Sur y la primera etapa de la hegemonía mundial de los Estados Unidos, que se inició al tér­ mino de la Segunda Guerra Mundial y ha finalizado en la Guerra del Golfo (2). Pero éstas son consideraciones que no trascienden el reduci­ do ámbito de (algunos) sectores más o menos intelectualizados. En el mundo académico el paradigma modernizador tuvo momentos ini­ ciales de esplendor, seguidos luego por la crítica y un relativo olvi­ do (3). Sin embargo, su vigencia en el discurso político y social es hoy hegemónica. Y éste es precisamente el aspecto a destacar: a pesar de lo que digan los «datos», la capacidad movilizadora e integradora de la ideología de la modernización sigue operando como legitimadora del cre­ cimiento capitalista. Por ejemplo, hoy más que ayer, se insiste (en el Norte, pero tam­ bién en el Sur) en reproducir la misma propuesta para los países de­ pendientes. Se los invita a hacerse más «competitivos» y pagar su deu­ da externa para acceder al «desarrollo», lo que significa financiar al Norte con enormes flujos de capital, y acrecentar el poder económico mundial del capital financiero, cada vez más controlado por unos po­ cos países. Además, la reciente caída del bloque del Este ha venido a reforzar la idea de unidireccionalidad del progreso social. A la capaci­ dad de captar los deseos de las masas, se suma la de producir temor:

(2) Ver E s t e v a n , A.: «Adiós al Tercer Mundo», en Economía y Sociedad, núm. 5, pág. 10. (3) Por ejemplo, los desarrollos de la teoría de la dependencia o del intercambio de­ sigual, unidos a la crisis de las políticas desarrollistas, provocaron el descrédito de la pro­ puesta modernizadora en los países del Tercer Mundo y, posteriormente, entre los acadé­ micos norteamericanos. Curiosamente, en los años 80 la retomaron algunos sociólogos de la Europa del Este, interesados en encontrar vías de homologación con los países capi­ talistas.

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82 no busquemos otras vías, no analicemos lo que sucede, pues fuera de esto sólo nos espera la catástrofe total. Así, la obsesión por el modelo (idealizado) impide reflexionar sobre los problemas (reales) del mis­ mo: por ejemplo, tanto en USA como en Alemania se desarrollan procesos de «dualización» social, la pobreza está lejos de desaparecer, lo mismo que el racismo y la xenofobia, mientras crecen el deterioro ambiental y las tendencias corporativas que suplantan la voluntad po­ pular. Pero cuando esperamos modernizarnos no es ésa la imagen que nos moviliza.

2.

LA ID EA D E M O D E R N IZ A C IO N EN ESPAÑA

Casi tan antigua como la caracterización de España como «dife­ rente» a su entorno europeo es la reivindicación de una «apertura a Europa» y de una «necesaria modernización» (4). Este discurso, cuestionador del status quOy atribuía los males de la sociedad española a su «aislamiento» respecto al entorno; la solución pasaba por la «apertu­ ra». A finales del siglo XIX los regeneracionistas levantaron esta bande­ ra. Tuvieron un triunfo parcial al imponer las formas republicanas, pero su fracaso en el plano social condujo, primero, a la enajenación del apoyo popular en favor de socialistas y anarquistas y, luego, a la guerra civif (5). Tras la violenta ruptura y dos largas décadas de autar­ quía, agrarismo y nacionalcatolicismo, comienza al fin la tan deseada modernización española. A partir de 1960 se inicia una lenta apertura hacia el capitalismo internacional (primero los pactos con USA, lue­ go los acuerdos comerciales con la CE), hay un despliegue industrializador, un proceso urbanizador, modificaciones en la estructura social y ciertos cambios en los comportamientos sociales, pero no en las for­ mas institucionales de gobierno. La pretensión del franquismo era conseguir el crecimiento (industrialización) afirmando lo «específica­ mente español» (dictadura). En ese contexto, buena parte de la oposi­ ción democrática retomó las banderas regeneracionistas: había que

(4 )

Los rastros de esta vieja cuestión pueden seguirse en la obra de

M

a ravall,

J . A .:

Estado moderno y mentalidad social, Madrid, 1972 (2 vols.). (5) Ver O rti, a .: «Política y sociedad en el umbral de los años sesenta: las bases so­ ciales de la modernización política», en MARTINEZ CUADRADO, M., ed.. Cambio social y modernización política, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1970.

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83 saltar la barrera de los Pirineos, abrirse plenamente a Europa, con­ quistando la libertad política. La fuerza de los gobiernos democráticos, especialmente los del PSO E a partir de 1982, radica en buena parte en su capacidad de concitar un variado panorama de expectativas sociales bajo el para­ digma de la homologación con aquellos países; desde hace más de una década, cuando se quiere desprestigiar alguna iniciativa basta con afirmar que ésta «no es europea», o «nos aleja de los países de nuestro entorno». Se ha impuesto la idea de que sólo hay una meta (unidireccionalidad) y que fuera de esta posibilidad sólo nos espera el caos (fantasma que encuentra sustento en la memoria colectiva de laguerra civil, para unos, y en la miseria y destrucción actual del Tercer Mundo y la Europa del Este, para otros). Si a comienzos de los 80 se hubiese propuesto con claridad al electorado español: «Queremos construir una sociedad de capitalismo avanzado, donde las conquistas sociales estén claramente subordina­ das al crecimiento económico y nuestros vínculos históricos a los in­ tereses geoestratégicos de “Occidente”, tal opción difícilmente habría triunfado, y mucho menos con 10.000.000 de votos. Sin embargo, sí podía ponerse en marcha el proceso proponiendo la zanahoria de la modernización». En 1982 triunfó la idea del «cambio» y la imagen televisiva de ventanas abiertas. Pero ya se nos avisaba, en letra pequeña, que tal cambio se reducía a que «España funcione»; por tanto, a engrasar los engranajes de lo existente. Y es que como queda dicho, aunque el dis­ curso de la transición proclamase lo contrario, el proceso modernizador había sido iniciado por el franquismo en los años 60; por tanto, en la práctica se trataba de continuar — superando sus estrechos lími­ tes institucionales— la vía iniciada. En pocos años se produjo una destrucción de empleo sin precedentes y se generó una bolsa de paro estructural que no baja de los dos millones de personas. Pero ya llegá­ bamos a Europa, el «sí a la OTAN» — presentado por los partidarios del sí como una institución básica del mundo «modernizado»— nos había abierto el camino. En 1986 ya éramos un poco más modernos: se firmó la adhesión a la CE y se inició un período transitorio hacia la integración plena en una Europa sin fronteras interiores. Transitábamos, pues, «por el buen camino» y se trataba de redoblar los esfuerzos «para seguir avan­

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84 zando». Tamaño «reto» (6) justificaba todos los esfuerzos; el creci­ miento económico del quinquenio 1986-90 se realizó en base a la precarización del empleo asalariado y a la crisis de buena parte de la agricultura familiar. Si, con este motivo, crecía la conflictividad social se afirmaba que atender los reclamos de los descontentos nos alejaba de Europa (pues, en el fondo, los reivindicativos se mueven en un re­ gistro «tradicional», son un obstáculo en el proceso de moderniza­ ción). Cuando, en 1992, la conflictividad social se extiende, la zana­ horia vuelve a moverse: ahora se nos dice que el nuevo horizonte está en 1997, que hemos de estar a la altura de las circunstancias para «converger» con países como Alemania y Francia. Simbólicamente la unificación sugiere confluencia en un marco democrático, próspero, estable e inmune a los conflictos bélicos. En la práctica, lo único que se ha acordado es un proceso de unificación monetaria (no de estructuras económicas) que favorezca la movilidad del capital, sin garantías de convergencia social y en los términos fija­ dos por los países de monedas más fuertes. Lo que prevén los análisis son intentos de reducir el déficit fiscal recortando gastos sociales, la inflación «moderando» salarios y la masa monetaria achicando el con­ sumo de las familias. Nuevamente hay espacio para el conflicto y el debate social, pero en estas circunstancias la utilización del discurso modernizador vuelve a activar el miedo a ser diferentes, el complejo de inferioridad histórico de los españoles, intentando segar la posibi­ lidad de reflexión y elaboración colectiva. La esquemática cronología desarrollada hasta aquí no pretende sugerir que el discurso modernizador esté monopolizado por los gobiernos. Por el contrario, su eficacia radica en que es compartido noy por la mayor parte de las élites sociales y lo adopta una amplí­ sima gama del espectro social, como hemos señalado en otras ocasio­ nes (7). Y ésta es una cuestión crucial. Tampoco afirmamos que bajo la bandera modernizadora no se haya producido crecimiento econó­ mico y mejoras sociales para buena parte de la población. Lo que cuestionamos es la «función de anteojeras» que cumple este discurso. (6) La noción de «reto» remite a la propia capacidad de estar (o no) a la altura de un objetivo superior y deseado. Su utilización machaconamente reiterada ocluye la posibili­ dad de pensar que estemos, más bien, ante la imposición de un determinado proyecto, congruente con ciertos intereses sociales, pero perjudicial para otros. (7) Ver, por ejemplo. Colectivo lO E: «Ideologías de la intervención social en la Es­ paña de los 90», en Documentación Social, núm. 81, págs. 53-64.

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85 elevando a incuestionables (y, por tanto, inmejorables) las estrategias desarrolladas por los responsables políticos. Lo que nos parece peli­ groso es la asunción acrítica de este paradigma, que nos monta en un AVE de vía estrecha, conduciéndonos a toda velocidad y sin paradas intermedias hacia el desastre ecológico, la miseria sin retorno de la mayoría de la Humanidad (en el Sur) y la exclusión duradera de un tercio de la población (en el Norte) de los beneficios del festín. Si este análisis es correcto, marchamos a toda velocidad hacia el desastre pero con la conciencia de que estamos en el buen, y único, camino. Estamos atrapados por el poder evocador de la consigna, idéntico a sí mismo tras los cambios de formulación: no seamos atra­ sados, estos sacrificios de hoy (para algunos) son el precio para acceder a la ansiada modernidad. Si no logramos abrir nuestros horizontes, es­ taremos abocados a movernos continuamente tras la inalcanzable za­ nahoria, creyendo en la promesa siempre renovada que formulaba el viejo filósofo: «mañana, cadáveres, gozaréis.»

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Los procesos de desigualdad en la sociedad española Jesús Leal Maldonado Sociólogo

España es un país que se ha caracterizado por sus grandes diferen­ cias internas y por su desigualdad, de forma que las diferencias cultu­ rales y territoriales se conjugan con las desigualdades sociales y econó­ micas que se manifiestan con una insistencia que atraviesa la historia. Mientras en otros países las ideologías políticas y la convicción democrática llevaba a la convicción de que no puede existir progreso sin que exista una base mínima de equidad, en España se anteponía el orden al progreso y el progreso o el desarrollo a la equidad con lo que la sociedad quedaba bloqueada una y otra vez, ya sea porque el orden en la desigualdad resultaba más aparente que real o ya sea porque los más desfavorecidos intervenían inoportunamente quebrando el idilio de un progreso entendido unilateralmente. Esa desigualdad basada en el autoritarismo, y en la convicción de los privilegios, ha ido ahogando la posibilidad de una concepción igualitaria del bienestar de manera que no ha habido un estado del bienestar, quedando paliado a lo sumo por actuaciones parciales y discontinuas, sobre las contradicciones más flagrantes de nuestra so­ ciedad. En este sentido no es de extrañar que sea un país que a pesar de su progreso en el bienestar de la mayoría, mantiene todavía un ele­ vado grado de pobreza y combinado con una fuerte desigualdad. Querer establecer en un breve artículo la dinámica y las caracte­ rísticas de esos procesos de desigualdad social, es desde luego una ta­ rea imposible; por eso en estas líneas vamos a limitarnos únicamente a la presentación de las hipótesis básicas con las que operamos en una investigación en curso sobre el tema de la desigualdad social en Espa­ ña, que con la ayuda del Ministerio de Asuntos Sociales se está lle­ vando a cabo en el Instituto de Sociología de las Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma de Madrid.

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88 Partimos de la existencia de una serie de estudios y de investiga­ ciones en las que se muestran las características principales de la des­ igualdad social, desde la desigual distribución de los recursos econó­ micos hasta las diferencias en los procesos de movilidad social, provo­ cados por la asignación de una valoración dispar a los individuos se­ gún sus características de género, edad, origen, etnia u otros. Por eso estas líneas tratan únicamente de concentrarse en los procesos recien­ tes que provocan una transformación de esas desigualdades. Se parte de que los cambios económicos y sociales experimenta­ dos han provocado una fuerte alteración del mercado de trabajo, esta­ bleciéndose por su intermediario una variación en la estructura social y una serie de alteraciones en la distribución de la riqueza disponible, tanto de la renta como del patrimonio. Pero se plantea que para com­ prender los procesos de desigualdad es necesario conocer una serie de cambios en el acceso a los bienes y servicios, ya sea en la propia forma de consecución de un bien escaso como es el empleo, como en la dis­ ponibilidad de los bienes de consumo esenciales como serían la ali­ mentación y el vestido, pero también de otros la vivienda, la forma­ ción, la sanidad y el ocio. Evidentemente en la disponibilidad de esos bienes interviene de forma muy directa el Estado que con su inter­ vención contradictoria provoca procesos de equidad y desigualdad en el acceso de los ciudadanos a esos bienes.

LO S C A M B IO S R E C IE N T E S A lo largo de los años ochenta se han producido una serie de cambios profundos en la sociedad española, por una parte la demo­ cratización del país llevaba emparejada una mayor apertura a la co­ munidad internacional y en concreto al mercado europeo, que se salda con el ingreso de España en la Comunidad Económica Euro­ pea. La interrelación de la Economía española con la de otros países lleva a una exigencia de readaptación de los procesos productivos, con una mayor dependencia de las fluctuaciones de la Economía in­ ternacional, lo que se traduce en términos concretos por una conti­ nuidad de la crisis económica que comenzó a mediados de los seten­ ta, y una espectacular recuperación con tasas de crecimiento muy elevadas durante la segunda mitad de la década, pero también una progresiva adaptación de los procesos productivos al contexto inter­

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89 nacional y en concreto al medio europeo. Las transformaciones que se derivan de esos procesos de adaptación y de esa repercusión de la coyuntura internacional, suponen desde luego cambios profundos en el mercado de trabajo que a su vez arrastran una serie de trans­ formaciones sociales que podemos resumirlas en las siguientes: 1. La inserción creciente de la economía española en la interna­ cional marca unas pautas de cambio económico en el mismo sentido que las de los países del entorno. El proceso de conjunción económi­ ca con los países de la CEE, esencialmente, aceleran un conjunto de cambios estructurales en las siguientes direcciones: a) Una cierta confluencia en la distribución de la población ac­ tiva en los cuatro grandes sectores económicos. (Agricultura, Indus­ tria, Construcción y Servicios.) b) En relación con lo anterior se produce una fuerte reestructu­ ración económica de algunos sectores básicos de la economía españo­ la entre los que podemos destacar: el sector agrícola, pesquero y gana­ dero; algunos sectores de la industria, la construcción que juega un papel esencial en la recuperación económica de la crisis, el sector ser­ vicios con una nueva distribución interna, etc. c) Creciente terciarización de la actividad económica del país, sobre todo en las economías locales que juegan un papel estratégico en la estructura económica general. d) Importancia creciente del papel económico de algunas gran­ des ciudades del territorio español, sobre todo Madrid y Barcelona, y a más distancia Bilbao, Valencia y Sevilla. En torno a estas gran­ des ciudades se articula la conexión económica internacional y se concentran los sectores más dinámicos de la actividad económica y de la innovación. La dinámica económica internacional refuerza esta tendencia. 2. La reestructuración productiva ha traído por otra parte una serie de cambios profundos en la organización de la actividad en las empresas industriales y de servicios. Los efectos de la crisis del período 1975-1985 llevan a que las empresas pequeñas tienen una ductilidad mayor en esas circunstan­ cias, y que la concentración de la actividad en los procesos básicos no obliga a arrastrar unidades de producción que pueden ser fuertemen­

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90 te deficitarias en un período de decaimiento de la actividad. Como consecuencia de ello se da una disminución del tamaño empresarial, recurriendo con más frecuencia a la subcontratación, lo que a su vez implica el desarrollo de las pequeñas empresas exteriores capaces de ejecutar esos trabajos. El resultado en las empresas industriales y en algunos sectores de los servicios es la proliferación de formas que ya eran patentes en la construcción: pocas empresas grandes y un gran número de empresas pequeñas y de profesionales. Estos procesos de cambio han provocado importantes desequili­ brios sociales que se han traducido en el incremento de los parados, en la mayor precarización del empleo existente y en un aumento de la movilidad laboral. Es evidente que uno de los principales desequilibrios que se pro­ ducen en el mercado de trabajo es el del aumento vertiginoso del nú­ mero de parados y de las tasas de paro. Independiente de la valora­ ción que se pueda tener de las fuentes estadísticas utilizadas para cuantificar el número de parados, lo que es evidente es que el paro es­ pañol presenta unas características muy particulares que han hecho que pueda ser asumido socialmente sin que haya constituido una fuente continua de conflicto social. Bajo nuestras hipótesis esta situa­ ción vendría explicada por el alto porcentaje de parados que buscan su primer empleo, lo que ha permitido el desarrollo de las estrategias de apoyo familiar y el alargamiento del tiempo de incorporación al trabajo. Desde esta perspectiva, la influencia del paro sobre los proce­ sos de desigualdad social en España se concentra en algunos colecti­ vos muy determinados como son: los parados de larga duración, en las familias con todos los activos parados, en las familias numerosas con pocos activos y muchos parados, en las mujeres paradas. No obs­ tante, con el paro juvenil se producen otros fenómenos sociales im­ portantes, que serán objeto de análisis diversos en nuestra investiga­ ción, entre los cuales podemos señalar: • Retraso en las edades de emancipación. • Aumento de las cargas familiares. • Incremento de los tiempos de formación. • Necesidad de dos empleos en las nuevas familias. La normativa laboral en lo que respecta a los nuevos contratos tiene una fuerte incidencia sobre los cambios sociales que se experi­

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91 mentan recientemente. La precariedad de una elevada proporción de los nuevos contratos que se realizan ha llevado a un aumento consi­ derable de la eventualidad en España, la cual se concreta sobre todo en los trabajadores jóvenes e influye en las relaciones sociales y en las formas de vida. La inseguridad en la percepción continuada de las rentas implica por una parte un retraso aún mayor de la emanci­ pación, con las dificultades en el compromiso de adquisición de una vivienda, lo que se traduce a veces en una forma de gasto que no tie­ ne continuidad. Por otra parte la incertidumbre del futuro profesio­ nal no invita en absoluto al desarrollo de la formación dentro de la propia especialidad, lo que se traduce evidentemente en muchos ca­ sos por una falta de progreso en la especialización que supone un es­ tancamiento en la movilidad social. Esto establece una nueva diferenciación social entre los trabajado­ res; a las distinciones en relación con las tareas o la profesión se aña­ den las relativas a las de las formas contractuales, de manera que la disposición de un trabajo fijo y continuado viene a representar de he­ cho una categoría distinta a la de la disposición de un trabajo even­ tual, superponiéndose este atributo a los otros considerados dentro de la estructura social. El hecho de que estos contratos temporales se realicen sobre todo a los recién venidos al mercado de trabajo y a los trabajos con escasa cualificación y especialización lleva aparejado el que sean los jóvenes los principales afectados por esa forma de contratación de manera que podemos decir que esa diferencia social que se establece con los recién llegados al mercado de trabajo se concentra en la realidad en los jóvenes, en ese sentido se puede llegar a afirmar que las diferencias sociales tienen un componente de edad importante, que por otra par­ te contrasta con el hecho de que el nivel de formación académica de las nuevas generaciones sea más elevado que el de las anteriores. Esto de alguna manera contradeciría la tesis de una correlación perfecta entre nivel de formación y desigualdad social. En la sociedad actual las diferencias de formación no tienen el significado que podían tener anteriormente en las diferencias sociales, esto es importante en la me­ dida en que dichas diferencias sociales aparecen menos justificadas, ya que solamente la práctica profesional es la que de alguna manera pue­ de explicarlas. Ante esta nueva situación que se ha ido generando se ha produci­ do una toma de conciencia generalizada en la población española que

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92 ha modificado de forma sustancial las estrategias familiares de acceso e incorporación al mercado de trabajo y de movilidad de los que ya estaban situados. Fundamentando esta idea podemos plantear la hi­ pótesis de que la familia en la sociedad española juega un papel esen­ cial y fundamental en los procesos de normalización social de las nue­ vas generaciones. En una situación en la que la competencia por el empleo es muy grande, no sólo por las mayores exigencias y nivel profesional de los demandantes, sino sobre todo por la gran cantidad de los mismos en una coyuntura en la que se crean menos empleos de los necesarios, cobra una especial significación la ayuda familiar, fun­ damentalmente mediante el apoyo y esfuerzo económico que supone la prolongación de la edad de emancipación por la exigencia del au­ mento del período de formación (1). Por tanto, la mayor competencia en el mercado de trabajo exige el desarrollo de una estrategia familiar en la que se deben cubrir un incremento de los gastos que supone la formación de los hijos. A esta situación también contribuye el alargamiento progresivo del período de consolidación en el empleo, por el tiempo en el que se permanece en una empresa como temporal. Paralelamente se da un incremento de la movilidad laboral provo­ cado por la conjunción de un aumento de los profesionales y de los trabajadores independientes y de un fuerte desarrollo de las empresas pequeñas con una cierta precariedad en sus características pero a su vez con una mayor estabilidad en el conjunto, lo que implica desde luego una mayor movilidad laboral. Si a esto añadimos el desarrollo de ciertas actividades ligadas a los servicios personales y que implican la existencia de pequeñas empresas capaces de desarrollarlos, el resul­ tado es la existencia de un grupo amplio de trabajadores indepen­ dientes y asalariados con una movilidad laboral muy elevada y con una gran precariedad en su actividad que se suma a la ya considerada en las formas de contratación. La existencia de esta estructura lleva sin duda una mayor movili­ dad social, sobre todo cuando se da un período de fuerte crecimiento en el que el trabajador autónomo pasa en primer lugar a contratar a una serie de personas y posteriormente a constituir una empresa. En este sentido se puede decir que al menos en una serie de ámbitos (1) La elevación del nivel de estudios de las mujeres también han contribuido al in­ cremento del esfuerzo familiar por la mejora en la formación.

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93 territoriales en los que se agudizan estos procesos se llega a un fuerte desarrollo empresarial fuertemente potenciado por el desarrollo de los valores que exaltan las virtudes individuales frente a las colectivas. Este desarrollo de los trabajadores autónomos está ligado en algu­ nas regiones al trabajo sumergido y al subempleo. Cuando las exigen­ cias de los procesos productivos llevan a situaciones que implican la disminución de los costes de infraestructura empresarial y a las cargas fiscales que ello conlleva, se pueden llegar a desarrollar formas de eco­ nomía sumergida que desde luego traen consigo el mantenimiento de una actividad que de otra manera no podría sostenerse, pero suponen también el desarrollo de una serie de trabajadores que generalmente trabajan en su propio domicilio y que carecen de vínculos contrac­ tuales con los destinatarios de su trabajo; este tipo de situaciones pue­ de cambiar con los ciclos económicos, pero en general supone un mantenimiento de los ingresos en las familias durante las situaciones de crisis, la mujer es la que en una elevada proporción acapara esta forma de actividad que se suele basar en una remuneración baja, de trabajadores con un nivel de especialización nulo o muy escaso. Esta situación supone una transición, sobre todo en ciudades me­ dias y zonas rurales densas, hacia un incremento de la actividad re­ munerada de las mujeres en la medida en que el trabajo en el propio domicilio supone que se pueden atender directamente a las faenas domésticas ejerciendo una actividad remunerada. El sector agroalimentario y el de la industria textil y del calzado son especialmente propicios para esta actividad, que naturalmente se desarrolla en las zonas donde se concentran estas industrias y donde la carencia de otros recursos llevan a aceptar esas formas de trabajo. De todas maneras a pesar de que la actividad sumergida tuvo un fuerte desarrollo en la primera mitad de la década de los ochenta, todo lleva a indicar que la recuperación económica trajo consigo una regularización de las industrias que supuso la disminución de los tra­ bajadores en este régimen de trabajo.

LO S G R U PO S PR O FESIO N A LES EM ER G EN T ES La nueva situación económica condiciona de forma determinante las nuevas exigencias y características de la demanda empresarial de nuevo empleo y los requisitos mínimos de la población empleada. Se

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94 puede plantear como hipótesis que estas nuevas exigencias aceleran los procesos de segmentación en el mercado de trabajo, agudizando las diferencias existentes en la actualidad a partir del incremento de tres tipos diferentes de trabajadores: 1. El primero que sería el de los más beneficiados por los cam­ bios experimentados, estaría formado por profesionales y técnicos de un alto grado de formación, con destino variable, ya sea en las industrias que se crean y modernizan con nuevas tecnologías que lle­ van a que se dé un fuerte incremento de los trabajadores cualificados en el conjunto del sector, ya sea en las tareas de gestión y dirección que han visto incrementarse sus efectivos notablemente, o ya sea como pro­ fesionales en actividades financieras, o de servicios especializados a las empresas. La competencia dentro de este grupo por apropiarse los me­ jores trabajos del sector suele ser muy enconada, de manera que las exi­ gencias han crecido a la par que el número de los que lo integran. 2. En segundo lugar nos encontramos con una capa muy am­ plia de trabajos intermedios en los que la abundancia de trabajadores potenciales introduce mayores exigencias y corresponde a los trabaja­ dores de los servicios preferentemente públicos, pero también priva­ dos, que han aumentado considerablemente durante los últimos años y que pueden seguir creciendo: enseñantes, sanitarios, trabajadores sociales, monitores de diversas actividades, funcionarios, son los que llevan al crecimiento de las denominadas clases medias, y que acapa­ ran una buena parte del incremento de la tasa de actividad de las mu­ jeres. 3. Finalmente, aunque no se pueda decir que se incrementen los trabajadores no cualificados situados en los niveles sociales más bajos, lo cierto es que se mantiene una elevada proporción de los mis­ mos en el mercado de trabajo, de manera que en algunos casos la oferta de estas actividades no cuenta con fácil respuesta a pesar de las altas tasas de paro existentes en el país, hasta el punto de que esas ta­ reas son cubiertas por trabajadores inmigrantes (2). También se va a producir una fuerte reorganización interna de las profesiones para adaptarse a las nuevas exigencias del sistema (2) Evidentemente, estamos simplificando la realidad, ya que la diversidad de emple­ os es mucho mayor. No obstante, esta polarización nos sirve para indicar lo que a nuestro juicio expresa una mayor polarización del mercado de trabajo, en la que los niveles inter­ medios son los más numerosos.

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95 económico, en la que muchas perderán influencia en detrimento de las que están más relacionadas con los sectores económicos con mayor capacidad de innovación y crecimiento. El reforzamiento de las actividades de gestión y la exigencia de mantener las estructuras empresariales ágiles y fácilmente adaptables a los cambios del mer­ cado, incide en el desarrollo de los profesionales autónomos, autén­ tico colchón de las actividades empresariales que crecen por encima de los asalariados, aunque en nuestro país todo parece indicar que es bastante limitada la capacidad de iniciativa empresarial para asu­ mir riesgos y crear nuevas empresas, sobre todo por jóvenes empre­ sarios. Tenemos fuertes interrogantes sobre el papel que van a jugar los espacios periféricos en una estructura territorial cada vez más foca­ lizada. Es evidente que la reestructuración de algunos sectores econó­ micos básicos para las economías locales se apoyará en la salida del mercado de trabajo de una parte muy considerable de estos trabaja­ dores, apoyados en programas públicos especiales. Sin embargo, la fuerte presión de los nuevos demandantes sobre estos territorios, so­ bre todo de los jóvenes, plantea la importancia de los procesos de re­ estructuración económica basados en la reconstrucción del tejido eco­ nómico y social, partiendo de una política global y participativa, en el que se pueden ir desarrollando nuevas iniciativas locales y regionales en las que se produzca un proceso de adaptación de las características de la nueva mano de obra a las necesidades derivadas de los procesos de reestructuración económica y social. Algo parecido se puede plan­ tear en las estructuras económicas agrarias. Es posible que estos pro­ cesos conduzcan a una modificación de las características del mercado del trabajo en estos espacios, e incluso se produzca un nuevo incre­ mento de los parados. El nuevo sistema económico capitalista se fundamenta sobre la base del aumento generalizado de la producción y del consumo de los bienes que se producen. En relación con esta dinámica se articula el conjunto de sectores económicos, fundamentalmente el sector de ser­ vicios, cuya esencia se sitúa en evitar la paralización del consumo y en favorecer su desarrollo continuado. Por tanto, se puede plantear como hipótesis que para el nuevo sistema económico capitalista lo verdaderamente funcional es la ampliación de los sectores solventes que son los que poseen una mayor capacidad de consumo, esencial para el funcionamiento del sistema.

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96 Partiendo de esta base se puede señalar que la incorporación de la mujer a una actividad remunerada es un requisito imprescindible para la articulación de la nueva estrategia familiar indicada anteriormente y para posibilitar de esta manera el mantenimiento e incremento de la ca­ pacidad de consumo familiar. Indudablemente en este proceso entran en juego otros elementos importantes de tipo cultural, ideológico y social que fundamentan en gran medida los cambios de roles que juegan las mujeres hoy en día. Sin embargo, desde la perspectiva actual se puede afirmar que se hace muy difícil que una familia se pueda formar sin que exista una economía familiar con dos entradas económicas estables (3).

LA ESTRATEGIA FAMILIAR FRENTE AL CAMBIO Una de las tesis de las que parte esta investigación es que la com­ prensión del efecto que tienen los procesos de reestructuración de las actividades sobre la desigualdad social no puede alcanzarse sin el co­ nocimiento de la mediación que supone la estrategia familiar frente al empleo y frente a la percepción de las rentas. El hecho del retraso de la emancipación, del incremento de la formación juvenil, del trabajo de la mujer, en especial de la mujer ca­ sada, y del desempleo debe considerarse desde la perspectiva del cam­ bio que se da en la propia familia que, por una parte amortigua los efectos del subempleo, de la eventualidad y del paro y, por otra parte, constituye una institución básica de solidaridad capaz de asumir una serie de funciones necesarias en una sociedad con un nivel de gasto público en bienestar social comparativamente bajo en relación con los países del Centro y Norte de Europa. La cuestión está en que las economías no se establecen a escala in­ dividual sino a escala familiar, en la que las decisiones sobre la activi­ dad de los miembros se suelen tomar en relación con los recursos dis­ ponibles y con las expectativas de futuro. Esto, unido a la tendencia a que sean más de uno los miembros de las familias que tienen una acti­ vidad remunerada, supone que tanto en el análisis de la renta como, de forma más general, en la propia dinámica de las desigualdades, tenga­ mos que contar con las diferencias en el comportamiento de las fami(3) Las estrategias familiares no son homogéneas, están muy condicionadas por la pertenencia a una clase social o a otra, por el hábitat, etc.

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97 lias respecto al empleo, la formación y el consumo individual y colecti­ vo. Esto es tanto más importante cuanto que se están dando una serie de cambios importantes en la composición y en el comportamiento de las familias ante hechos tales como la fecundidad, la cohabitación sin el matrimonio, la promoción social, las relaciones sociales etc. Las diferencias que se pueden producir en la actividad pueden quedar potenciadas o mitigadas a través de la familia; algunos de los problemas expresados anteriormente pueden tener significado dife­ rente si en la familia trabaja una sola persona o varias, y en este se­ gundo caso si afectan a una sola o a varias de la personas ocupadas. La eventualidad, el paro, la baja cualificación del trabajo tiene un efecto social distinto si afecta a un solo miembro o a varios de los que trabajan en la unidad familiar. Pero esas consideraciones nos llevan a tener en cuenta los proble­ mas que pueden generarse con la ruptura de la familia, dentro de los cuales se considera desde luego el caso de las mujeres con cargas fami­ liares y con hijos que no alcanzan la edad de incorporación al trabajo, pero éste es uno de los supuestos de crisis, dentro de los que también hay que contar la situación de las familias con un solo perceptor de rentas en paro, o con cargas familiares que impiden la incorporación al trabajo de alguno de los miembros, tales como la de cuidar de ni­ ños, ancianos, enfermos, minusválidos etc.. Este planteamiento supone la exigencia de profundizar en el estu­ dio de la dinámica familiar actual en España, en la que como hipóte­ sis se puede mantener que su evolución va a ser distinta de la seguida en otros países europeos. La experiencia del caso italiano que también mantiene fuertes diferencias en el comportamiento familiar con el resto de los países europeos, nos lleva a pensar que es muy posible que el caso español evolucione en un sentido similar hacia situaciones de emancipación tardía, de frecuente convivencia de dos unidades fa­ miliares, de fuerte dependencia entre sus miembros incluso después de la emancipación, etc.

U N M O D E LO Q U E PROVOCA LA D ESIG U A LD A D SO CIA L Esta tesis nos lleva a modelos de desigualdad y de políticas socia­ les distintas a las existentes en otros países europeos, ya que el alto porcentaje de empleo de la mujer en los países del Norte de Europa

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98 viene asociado al desarrollo de las políticas de bienestar, cuyas activi­ dades se nutren en elevada proporción de mano de obra femenina, que a su vez puede emplearse fuera de casa porque muchas de las ne­ cesidades quedan cubiertas por las instituciones en las que trabajan, en un modelo coherente en sí mismo pero que no es fácil que se re­ produzca en esos términos en los países del Sur de Europa; las exigen­ cias de contener el presupuesto público y la fuerte carencia de infraes­ tructuras que en ellos se acarrea, imposibilitan un crecimiento rápido de los servicios de bienestar durante los próximos años, lo que hace pensar en un tipo de modelo que no se equipara al de los países del Norte de Europa. Pero el problema que se da en la actualidad en España es que por una parte existe una tendencia hacia el incremento de la actividad de la mujer impulsada por motivos ideológicos y por exigencia de la pro­ pia economía familiar, en la que el límite es el propio mercado de tra­ bajo incapaz de generar un aumento de puestos de trabajo que exige esa tendencia al crecimiento de la ocupación de las mujeres junto con las voluminosas cohortes de población juvenil que llegan a la edad del primer empleo. Esa tensión lleva a un mantenimiento de tasas de de­ sempleo muy elevadas que suponen un gasto público considerable y que impiden el desarrollo de políticas de bienestar que supondrían un incremento del empleo, particularmente de las mujeres que a su vez son las más afectadas por el paro. Ese círculo vicioso se puede romper o por un aumento de la ofer­ ta de empleo debido a una nueva fase de vigoroso crecimiento, cosa que parece difícil que sea inminente a tenor de la coyuntura econó­ mica internacional, o por una reducción de las prestaciones por de­ sempleo que facilitarían el desarrollo de políticas de bienestar social directamente ligadas a la creación de nuevos empleos, pero ésta tam­ poco parece la orientación en una situación en la que la reestructura­ ción productiva del sector primario y de una serie de industrias exige fuertes inversiones alternativas capaces de sustituir los empleos que desaparecen, con lo que los excedentes de una regulación de las ayu­ das de desempleo difícilmente pueden canalizarse hacia políticas de bienestar. A esto se añade la exigencia de inversión en infraestructu­ ras, fundamentalmente de comunicaciones en las que existe todavía un fuerte déficit. Esto lleva a que a corto plazo no se pueda ver un fuerte desarrollo del empleo de servicios públicos, lo que redunda en un manteni­

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99 miento de la situación que desde luego implica la persistencia del modelo familiar actual como elemento insustituible a corto plazo ca­ paz de resolver los problemas sociales que una baja inversión en bien­ estar deja sin resolver. Esta situación desde luego implica políticas de bienestar social específicas distintas de las existentes en otros países que cuentan con una institución familiar distinta, como es la del caso de los Estados Unidos, o de los países nórdicos, con una temprana emancipación y una estabilidad familiar mucho menor que la nues­ tra, en la que el número de separaciones es más elevado y también la proporción de las familias unipersonales, que llega a ser el triple de la española por el incremento de los jóvenes, personas maduras o ancia­ nos que viven solos. Desde la perspectiva de la distribución de la renta esta situación de la familia española es posible que lleve a una mayor desigualdad en la distribución de los ingresos familiares que la que se da con familias reducidas y con una proporción más elevada de las mujeres emplea­ das, ya que por una parte los gastos familiares son mayores y los in­ gresos dependen del número de miembros de la familia que tienen una remuneración y o de la cuantía de esas remuneraciones. En esta situación, los casos de las familias sin ingresos son más insoportables que las del otro modelo y la elevada tasa de paro puede conducir a que la proporción de familias con un solo ingreso sea también más reducida en la situación española. Pero cuando, por el contrario, se acumulan varias rentas, nos podemos encontrar con situaciones dife­ renciales en las que el presupuesto familiar permita niveles de consu­ mo que tradicionalmente se situaban en clases sociales superiores a las que se situaría a esa familia por el tipo de trabajo que desempeñan sus miembros o por el nivel de formación que al que han accedido. Por otra parte resultan especialmente relevantes los fenómenos ligados a la tenencia de la vivienda, en relación con este modelo familiar. El modelo resultante de una estructura social con familias de ele­ vado tamaño, con hijos que se emancipan tardíamente y con elevadas tasas de paro que obligan a una buena parte de las mujeres a quedarse en casa, tiene una mayor tendencia a la desigualdad en términos de rentas que el de la sociedad compuesta por familias de tamaño redu­ cido, con jóvenes que se emancipan muy temprano y con un Estado de Bienestar muy generoso, capaz de intervenir sobre las personas que por alguna circunstancia se encuentran con inferioridad de recursos. Desde esta perspectiva la sociedad mediterránea, en la que se encon­

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100 traría España, mantendría situaciones de mayor desigualdad social compensadas con una mayor subsidiariedad familiar. La cuestión que se plantea entonces es la de si es factible el mantenimiento de esa ins­ titución familiar dentro de un marco de mayor intervención pública sobre el bienestar, siendo la hipótesis negativa.

LAS T E N D E N C IA S D E LA D ESIG U A LD A D En relación directa con las transformaciones económicas experi­ mentadas durante estos años, se establece la hipótesis que la sociedad española, tras el período de fuerte crecimiento experimentado en la segunda década de los años ochenta, evoluciona hacia un incremento de las desigualdades en algunos aspectos, mientras que en otros tiene una dinámica homogeneizadora que también conviene considerar. Se da una difuminación de las clases sociales; en este sentido no sólo pierde entidad la conciencia de clase, frente a otro tipo de con­ ciencias, entre las que habría que mencionar especialmente la de per­ tenencia local y regional, sino que las propias clases sociales ven sus intereses y sus estrategias menos claras, lo que lleva desde luego al abandono de ciertos radicalismos de signo diferente que se han podi­ do dar en otra época. Contribuye a esa pérdida de presencia de la conciencia de clase el afianzamiento de otras diferencias sociales que no pasan por esa perte­ nencia de clase. Por una parte la curiosa paradoja de la relación genera­ cional, en la que por un lado la permisividad de los padres permite la prolongación de los hijos en el hogar paterno, retrasando una emanci­ pación que la crisis del mercado de trabajo y el encarecimiento de los precios de la vivienda no favorecen, pero por otra parte se da un distanciamiento mayor entre las generaciones, debido tanto al aumento de las diferencias en la formación entre padres e hijos y a la aparición de nuevos valores y nuevas formas de rechazo de la sociedad por parte de los jóvenes que indudablemente incrementan las diferencias. A la frecuente divergencia generacional por motivos políticos de los años sesenta y a la transición de los setenta, le sucede una diferen­ ciación que se apoya en elementos más complejos y que puede muy bien responder al síndrome de una generación fuertemente rechazada socialmente en el acceso al trabajo, en la posibilidad de adquirir una

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vivienda, en la precariedad de la situación laboral que se adquiere cuando se alcanza a disponer de un trabajo. La divergencia entre los jóvenes y el resto de la sociedad se pro­ longa en un incremento de las diferencias por razón de los tipos de contratos que de alguna manera reemplazan otros tipos de desigual­ dad por razón de trabajo ligadas a las características del trabajo, de manera que la división entre los empleados fijos y los eventuales mar­ ca fuertemente las diferencias sociales y por ende la desigualdad que de ello se deriva. Las diferencias en la distribución de la renta que se derivan de es­ tos hechos tienen unas especificidades novedosas, el incremento de las mujeres que trabajan lleva a que los ingresos familiares puedan de­ pender más de la multiplicación de los miembros que trabajan que de las características del empleo que tengan, pudiendo situar en la cúspi­ de a las parejas de profesionales sin hijos y con dos ingresos, y en su extremo inferior a las familias con hijos en edad escolar, de carácter monoparental y con el cabeza mujer sin una gran formación o prepa­ ración específica para el desarrollo de un empleo remunerado. En este sentido el número de los miembros de la familia que trabajan y la composición de ésta supone un elemento clave en su diferenciación. El ámbito de residencia va a cobrar también un especial protago­ nismo, la reafirmación diferencial en lo social de una parte de las pe­ riferias de las grandes ciudades y un empobrecimiento paulatino del medio rural, lleva sin duda a una mayor diferencia entre los que tie­ nen una mayor facilidad para el acceso a los bienes de formación, un acceso más fácil a los puestos de trabajo más codiciados, o una posi­ ción privilegiada para el aumento de valor de sus patrimonios. Este aumento de las diferencias que mantenemos como hipótesis podría darse en una situación en la que crezcan las clases medias por un aumento de las rentas en este grupo, y mejoren en rentas y en condiciones de vida las clases trabajadoras, pero con un grupo descol­ gado, por tener menos oportunidades en una sociedad fuertemente competitiva, que van a ser el objeto de la intervención social los pró­ ximos años. Mientras tanto, la clase alta, aunque no aumente sensi­ blemente su tamaño, incrementa sus diferencias respecto a todos los demás, el proceso de fuerte rentabilidad de una gran mayoría de las inversiones ha llevado a un aumento de los patrimonios que incre­ mentan las distancias en estos aspectos del resto de la sociedad.

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102 Estos cambios van unidos también a una transformación de las formas de vida en la que la entrada masiva de la mujer en el mercado de trabajo es su mayor impulsor; en este sentido el cambio social ex­ perimentado durante los últimos años en la sociedad española, ha sido de una envergadura grande aunque la proximidad temporal nos dificulte su evaluación.

LA INTERVENCION PUBLICA Pero esos procesos de cambio en la formación de las desigualda­ des están transidos por la intervención del Estado, uno de cuyos obje­ tos es precisamente el de reequilibrar o compensar los procesos de di­ ferenciación que se dan en la sociedad, para lo que desarrolla un serie de medidas que van desde la política fiscal hasta las ayudas directas a través de las políticas de servicios sociales. El incremento de los gastos públicos en España en servicios socia­ les, tanto en términos absolutos como en proporción con las otras partidas del gasto, influye decisivamente en la caracterización de las desigualdades. La generalización del subsidio de desempleo, de las pensiones a los mayores y la extensión de los sistemas de servicios so­ ciales, con la implantación en una serie de comunidades autónomas del denominado salario social, supone desde luego un cambio decisi­ vo en la orientación de ciertos procesos de desigualdad provocados o acelerados por esas transformaciones descritas anteriormente. Pero esa intervención pública mantiene en sí una serie de contra­ dicciones notable, de forma que si la ayuda a los ancianos trae consigo una notable mejora en las condiciones de vida de los mayo­ res, la precariedad del mercado de trabajo desplaza la pobreza hacia las edades más jóvenes, los cuales por otro lado sufren a la vez los efectos de la especulación inmobiliaria de forma más aguda y de una política de formación que al incrementar sus prestaciones genera un grupo de fracasados que constituyen una nueva manifestación de la desigualdad. Por otra parte la prestación de subsidios y pensiones supone en muchos casos un incremento de los ingresos en las familias, hasta el punto que las situaciones de mayor necesidad ya no se correlacionan con la de desempleo o jubilación sino simplemente con la imposibili­

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103 dad de tener ingresos de ningún tipo o con la percepción de un solo ingreso en el caso de familias con varios miembros. El problema estriba en que la adaptación de esas políticas públi­ cas a las nuevas formas de desigualdad es lenta y depende fuertemen­ te de los procesos económicos generales, de manera que la dificultad de hacerse oír por parte de los más desiguales en el nuevo contexto político y económico puede marcar seriamente las situaciones de in­ justicia que se dan en nuestra sociedad actualmente.

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La economía española ante la convergencia. El ECU no da la felicidad Jesús Albarracín y Pedro Montes

En Maastricht se ha diseñado una Europa liberal y conservadora en la que el objetivo de la moneda única se ha convertido en un be­ cerro de oro al que sacrificar todo. Alcanzar tal meta, según lo acor­ dado en Maastricht, exige una convergencia monetaria que sólo se puede lograr a costa de aumentar las desigualdades sociales existen­ tes en la actualidad, por lo que si es verdad el dicho de que el dinero no da la felicidad, menos la moneda única. Sin embargo, el Gobier­ no socialista no se ha parado en mientes y ha elaborado un Plan de Convergencia para adecuar la economía española a las condiciones de Maastricht, que es una nueva versión de la política de ajuste y re­ gresiva a la que nos tiene acostumbrados. La oposición, tanto de la izquierda política como de los sindicatos, no se ha hecho esperar, pero dicha oposición dista de ser homogénea y contundente, por­ que, para un sector de la izquierda, la integración monetaria es un camino válido para avanzar en la construcción de Europa, lo que le siega la hierba bajo los pies para levantar una resistencia firme a los planes del Gobierno.

1.

D E LA EUROPA D E LO S M ERCA D ERES A LA EUROPA LIBERAL

Desde su creación, la Comunidad Económica Europea recibió el calificativo de Europa de los mercaderes^ porque la integración se basa­ ba casi exclusivamente en una unión aduanera — área de libre comer­ cio entre países, con derechos arancelarios comunes frente a terce­ ros— . En el contexto de la fuerte expansión económica que se produ­ jo durante los veinticinco años posteriores a la Segunda Guerra

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106 Mundial, el proyecto no chocaba sustancialmente con los intereses de los trabajadores. La construcción europea no impidió un alto nivel de empleo y un crecimiento de los salarios, y no era contradictoria con el fortalecimiento del estado del bienestar sobre el que se venía sus­ tentando la cohesión social en los Estados europeos después de la Se­ gunda Guerra Mundial. Pero el escenario cambió radicalmente a mitad de la década de los setenta con la irrupción de la crisis económica. Se trataba de una cri­ sis de oferta provocada por un descenso de la tasa de beneficio y el en­ carecimiento brusco de la energía y para remontarla era necesario ha­ cer retroceder las conquistas que los trabajadores habían obtenido du­ rante la fase de expansión. Se adoptaron políticas de austeridad — reducción de los salarios reales, precarización de los contratos, re­ ducción de los gastos sociales del Estado, aumento de la productivi­ dad con cargo al empleo, políticas monetarias y financieras restricti­ vas— y se procedió a la reestructuración del aparato productivo, en el que la sobrecapacidad era la nota distintiva. El marco competitivo del Mercado Común aportaba un argumento a los gobiernos para justifi­ car su política. El liberalismo fue ganando terreno, porque aparecía a los ojos de los gobiernos como la mejor fórmula para superar la crisis, per­ mitiendo hacer efectiva la política de austeridad. Por un lado, el li­ beralismo trató de presentar las crisis como resultado de que no se dejaba jugar libremente al mercado. Las causas de las mismas no ha­ bía que buscarlas en ningún pretendido debilitamiento de la de­ manda o en el descenso de la tasa de beneficio, sino en un «“shock” de oferta» (la elevación brusca del precio del petróleo), que afectó negativamente a las condiciones que determinan la producción. La crisis habría tenido una corta duración si los trabajadores hubieran aceptado unos salarios más bajos, la pérdida coyuntural de sus em­ pleos, el cambio en las condiciones laborales y, en general, las medi­ das estabilizadoras, es decir, si se hubiera permitido que las leyes de la oferta y la demanda operasen sin restricciones, sobre todo para el mercado de trabajo. La política económica y social de los gobiernos debía inspirarse en el mercado y, por tanto, se debía avanzar en la desregulación de la economía. Las concepciones liberales trataban, pues, de dejar actuar a la crisis para permitir la reestructuración de la producción y conseguir una recuperación de la tasa de beneficio a costa de los salarios directos y de las condiciones de vida de los tra­

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107 bajadores (determinados por los salarios indirectos — sanidad, ense­ ñanza, etc.— y diferidos — pensiones— ), esto es, haciendo retroce­ der al estado del bienestar. La crisis del sistema monetario internacional, que se desató al principio de la década de los setenta, vino a fortalecer el proyecto li­ beral. La inestabilidad en las cotizaciones de las monedas perturbaba la construcción del mercado europeo, exigiéndose para remediarlo una convergencia de las políticas económicas que permitiera la es­ tabilidad cambiaria, a pesar de las enormes diferencias que se daban entre las economías comunitarias. En aquella época se instauró la «serpiente europea» antecedente del Sistema Monetario Europeo (SM E). El tipo de cambio pasó de ser una variable instrumental de la política económica a un objetivo al que sacrificar otros proble­ mas, lo que reforzaba los argumentos a favor del ajuste y la austeri­ dad e impregnaba de liberalismo el proceso de construcción euro­ pea. La Europa liberal tomó carta de naturaleza en 1985 con el Acta Unica. Se pretendía crear un mercado único europeo eliminado los obstáculos y limitaciones a la libre circulación de mercancías, capita­ les y servicios para configurar un ámbito económico en el que el mer­ cado, como regulador del sistema económico, y la competencia, como fuerza motriz, no sufrieran las trabas y las distorsiones de la in­ tervención del Estado. En ningún momento se concibió el Acta Uni­ ca como un proyecto político para construir un espacio socialmente avanzado en el área de la CEE, pues los objetivos perseguidos (mayor grado de competencia, desregulación de la economía) contradecían la homogeneización de los derechos sociales y concedían prioridad a los asuntos estrictamente económicos. La política de austeridad, que con mayor o menor intensidad habían aplicado todos los Estados para remontar la crisis, y el avan­ ce de la ideología liberal, paralelo al retroceso del estado del bienestar encontraron con el establecimiento del Acta Unica una nueva justi­ ficación, reforzada por el hecho de venir impuesta por un marco in­ ternacional al que no se podían sustraer los países sin riesgo de per­ der posiciones ante la competencia y de quedar aislados y no subir al tren de la integración europea. Adaptar las economías a las nor­ mas competitivas que habían de regir y prepararlas para soportar las nuevas condiciones de competencia obligaba a instrumentar políti-

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108 cas regresivas, restringiendo los derechos y empeorando las condi­ ciones de vida de los trabajadores. E l estado del bienestavy que culmi­ nó la intervención creciente del Estado en el pasado y que constitu­ yó una seña de identidad de todas las fuerzas progresistas, dio paso con el Acta Unica a la contracción del Estado, unificando ideológi­ camente a los sectores conservadores y a la socialdemocracia, que na cambiado de posición descubriendo las ventajas del capitalismo sal­ vaje.

2.

LO S A C U E R D O S D E M A A ST R IC H T

El Acta Unica trataba también de avanzar en la implantación de una moneda única, el ECU , lo que exigía el progresivo abandono de las competencias nacionales en la política monetaria y fiscal y la pro­ gresiva convergencia en la evolución de las economías. Algo muy difí­ cil de conseguir porque, por un lado, existen profundas diferencias entre las economías (desequilibrio exterior, inflación, paro, nivel de desarrollo, capacidad para competir, etc.) y, por otro, porque la crisis, que hizo de nuevo su aparición en escena, acentuaba las divergencias y empujaba a las políticas económicas en direcciones distintas según los países. El Plan Delors establecía unas etapas para conseguir la uni­ dad monetaria, pero en 1991, un año antes de que el mercado único comenzara a funcionar, el proyecto hacía aguas por el cambio de si­ tuación económica y las convulsiones políticas que sacudieron al con­ tinente europeo. Los acuerdos de Maastricht pretendieron retomar el camino ha­ ciendo caso omiso de las dificultades que habían llevado a una parali­ zación de la integración monetaria. Se fijaron como meta del proceso la creación de un Banco Central Europeo y la adopción de una mo­ neda única y establecieron objetivos monetarios y fiscales mínimos — las condiciones de convergencia— que podrían hacer posible su exis­ tencia. Pero estas condiciones sólo se pueden alcanzar practicando una rigurosa política económica restrictiva y de acoso al estado del bienestar. El proyecto de construcción europea diseñado en Maas­ tricht debe ser rechazado, tanto por sus objetivos como por el camino que se ha trazado para alcanzarlos. El proyecto de Unión Económica y Monetaria, verdadero leit motiv y núcleo de los acuerdos, no trata de integrar económica y so­

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109 cialmente a Europa, sino de crear las condiciones que el liberalismo considera idóneas para el funcionamiento del capitalismo: un merca­ do sin trabas de ningún tipo y con la mínima intervención del Esta­ do, que funciona con una moneda única cuya emisión no depende de decisiones políticas sino de automatismos económicos. Las desigual­ dades existentes entre los Estados miembros se mantendrán e, inclu­ so, se verán acrecentadas, porque se ha renunciado a la convergencia real y porque la competencia y la moneda única reproducirán y agra­ varán las diferencias entre las economías. En Maastricht, se ha relegado la integración social de Europa: se ha permitido que Gran Bretaña no tenga que cumplir los compromi­ sos en el terreno social, lo que establece un precedente que puede ser­ vir de coartada para que el resto de los gobiernos sorteen la armoniza­ ción social que reclaman los trabajadores; la Comunidad no tendrá prácticamente ninguna competencia para hacer avanzar en la conver­ gencia de los sistemas sociales de los países miembros; la cohesión so­ cial entre países tampoco recibirá un impulso a través del presupuesto comunitario, por la manifiesta insuficiencia de las cifras que se bara­ jan y la oposición existente para concretarlas. Finalmente, tampoco se han logrado avances sustantivos en la Unión Política, como se ha querido destacar: no se han puesto en pie instituciones políticas supranacionales, ni se han traspasado compe­ tencias significativas que no sean las que están relacionadas con la eje­ cución de la unidad monetaria. El proyecto, además, como está am­ pliamente reconocido, tiene carencias democráticas fundamentales: el Consejo sigue siendo el órgano legislativo, el Parlamento no tiene competencias, no existe una carta de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, el Banco Central Europeo tendrá una auto­ nomía e independencia totales, etcétera. Pero, como se ha señalado, si no es de recibo la Europa ultrali­ beral, antidemocrática y antisocial que se trata de construir, tampo­ co favorece a los trabajadores y las capas sociales más débiles el ca­ mino que se ha trazado para culminarla. Todo lo contrario, se les perjudicará gravemente, desde el momento en que sólo se persigue una convergencia monetaria — en términos de inflación, déficit pú­ blico, endeudamiento del Estado y estabilidad de las monedas— que profundiza las divergencias reales entre los países miembros y exige una política restrictiva que centra sus objetivos en la política

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lio fiscal. El endurecimiento de las políticas económicas, en un mo­ mento de recesión como el actual, sólo puede contribuir a extender­ la y profundizarla. La pretensión de imponer una moneda común en tan pocos años como prevé Maastricht forzará a todos los países a mantener una po­ lítica estabilizadora parecida, cuando tienen problemas radicalmente diferentes y cuentan con un substrato económico y social no equipa­ rables para lograr la convergencia monetaria. La estabilidad de precios y del tipo de cambio que puede defender Alemania nada tiene que ver con las posibilidades y necesidades de otros países. Por lo demás, el marco extraordinariamente competitivo del Mercado Unico con los tipos de cambio fijos que persigue Maastricht es un disparate para las economías más atrasadas y menos productivas. Estas quedarán desarboladas, incapaces de resistir la competencia exterior. La combi­ nación promovida por Maastricht de más ajuste y más competitividad puede ser explosiva para muchos países, arrastrando al desastre a muchas capas sociales y muchas regiones de Europa. (Las convulsio­ nes financieras que han tenido lugar en los días que precedieron el re­ feréndum en Francia, ponen de manifiesto la falta de madurez de las condiciones económicas para alcanzar en tan breve plazo como el previsto la unión monetaria entre economías que presentan radicales diferencias.) Aceptar Maastricht significa admitir un modelo social ultraliberal que nos retraerá a la época del capitalismo salvaje del siglo XIX y, en lo inmediato, reconocer la necesidad de un ajuste brutal que provocará un aumento del paro, una reducción del nivel de vida de los trabaja­ dores, un deterioro de sus condiciones laborales, todo lo cual tenderá a agravar la dualización y las desigualdades sociales. Con los proble­ mas actuales de la economía española y sus desequilibrios, el cumpli­ miento de las condiciones de Maastricht no deja márgenes para una política distinta de la que pretende el Gobierno.

3.

EL PLAN D E C O N V ER G EN C IA

En efecto, los requisitos de Maastricht obligarán a la mayoría de los gobiernos europeos a endurecer las políticas económicas, magnífi­ co pretexto para proseguir con las políticas de ajuste y antisociales

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que vienen practicando desde hace dos décadas. El Gobierno español no ha perdido la oportunidad y se ha puesto manos a la obra, sin que le tiemble el pulso por la situación que atraviesa la economía, hundi­ da en una recesión profunda, ni por las consecuencias sociales que pueden provocarse, cuando se parte de un nivel de paro de más de dos millones y medio de personas y una precariedad en la contrata­ ción que afecta a un tercio de los trabajadores. El Plan de Convergencia contiene prácticamente todos los ele­ mentos de la política de austeridad que ha venido practicando hasta ahora el Gobierno socialista: reducción de los costes salariales, flexibilización del mercado de trabajo, reducción del déficit público y una política monetaria y financiera restrictiva basada en el manteni­ miento de altos tipos de interés, en un contexto de sacralización del mercado como mecanismo regulador casi perfecto. Incluso las moti­ vaciones con las que intenta justificar su adopción son similares a las que ha aducido en otras ocasiones. En el pasado, la austeridad era necesaria para remover los obstáculos que se oponían a la creación de empleo, de forma que los sacrificios de hoy serían los puestos de trabajo de mañana. Ahora, se trata de sentar las bases para un creci­ miento estable no inflacionario que permita reducir el desfase de bienestar con la comunidad y crear ¡un millón! de puestos de traba­ jo. Maastricht, el señuelo de Europa, le sirve al gobierno para inten­ tar convencer de la inevitabilidad del ajuste y para justificar la esca­ lada en la ofensiva contra los trabajadores que requiere el cumpli­ miento de las condiciones de convergencia. Aunque, como ha declarado, el Plan se debería llevar a cabo con integración o sin ella, porque tenemos la ocasión de colocar a la economía española en el grupo de cabeza de la Comunidad. No otra cosa cabía esperar de sus concepciones liberales y de la apuesta ciega que ha realizado por la construcción europea. El plan cuenta, sin embargo, con algunas diferencias sustanciales respecto a versiones anteriores de la austeridad. El Gobierno parte de la base de que no es posible una política de rentas pactada, por lo que espera que la política restrictiva y el deterioro de las condiciones labo­ rales que provocarán las reformas estructurales terminen consiguien­ do una moderación salarial. Sabe que tampoco tiene mucho margen en la política monetaria, dada la pertenencia de la peseta al Sistema Monetario Europeo, las muy graves tensiones que recorren a éste y el nivel extraordinariamente alto de los tipos de interés. Por lo tanto, el

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112 plan pivota sobre dos ejes básicos: la reducción del déficit público y la flexibilización del mercado de trabajo.

4.

EL ASALTO AL ESTA D O D E L BIEN ESTA R

El núcleo del plan es la reducción del déficit público y, por consi­ guiente, el cambio del papel del Estado en la economía, esto es, el asalto al estado del bienestar. No es un elemento nuevo de su política, pues la pretensión de corregir drásticamente el déficit público ya se intentó al elaborar el presupuesto de 1992, y sólo las tensiones inter­ nas en el Gobierno impidieron que la política fiscal este año fuera se­ veramente restrictiva. La privatización de algunos servicios públicos hace tiempo que se persigue, y como ejemplo cabe citar el informe A bril sobre la sanidad, que nunca fue descartado abiertamente por el ejecutivo y, lo que es más significativo, se está introduciendo larvadamente. Por lo que respecta a las privatizaciones de las empresas públi­ cas, son muchas las que ya han cambiado de manos, existen planes para proseguir en el mismo sentido, como muestra la desmembración del INI y el desmantelamiento de sectores y empresas públicas con dificultades o deficitarias. Pero ahora, el Gobierno piensa dar un salto cualitativo. Para con­ seguir la reducción del déficit público, el Gobierno pretende que los ingresos crezcan un 1% más que la economía al año y los gastos un 1% menos. Desde el punto de vista de los ingresos públicos, el G o­ bierno se compromete a no aumentar los impuestos en el quinquenio y en el mantenimiento de la actual regresividad del sistema fiscal. Desde el lado de los gastos, se mantendrá la inversión pública en el 5,1% del PIB, lo que significa que el ajuste se realizará en otras parti­ das. Los gastos de personal crecerán igual que la inflación, porque se congelarán las plantillas, de forma que sólo se cubran las vacantes y el peso del ajuste se descargará sobre los gastos sociales, sobre todo en sanidad, educación y desempleo, continuarán aplicándose: las reco­ mendaciones del informe A bril y proseguirán las privatizaciones de empresas y servicios públicos. Esta política no es sólo regresiva, sino que tenderá a agravar el dé­ ficit público. Dicho déficit ha aumentado en las épocas de recesión (el período 1980 a 1985) y ha disminuido en las de expansión (los años 1986 a 1988). En los últimos dos años, cuando se ha puesto en

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113 marcha la política de enfriamiento y la economía se ha desacelerado, el déficit ha vuelto a crecer. Si no se consideran los pagos por intere­ ses de la deuda pública, este comportamiento es más evidente. Dedu­ cidos éstos, el déficit público pasó, durante el período de recesión, del 1,9% del PIB en 1980, al 3,8% en 1985, para reducirse, durante el período de expansión, hasta el 0,3% en 1990. Esto es lógico porque la recaudación impositiva aumenta cuando el PIB crece y algunos gastos, como los destinados a cubrir el paro, disminuyen con la ex­ pansión. Esta relación inversa entre la actividad económica y el défi­ cit público explica la particular dureza que debe imprimirse a la polí­ tica de ajuste. El objetivo de reducción del déficit público es más ambicioso que el que se ha fijado en Maastricht, pero sólo aparentemente, porque, como se ha dicho, la recesión y la propia política económica restricti­ va tenderán a agravar el déficit. Por tanto, para conseguir el 3%, ne­ cesitaba fijarse un objetivo del 1% e intentar que la recesión no afecte automáticamente al déficit. Esto lo intenta conseguir de la forma más regresiva socialmente. Con el decretazo, trata de impedir que las pres­ taciones de desempleo crezcan con el aumento del paro cargando todo el ajuste sobre los parados, uno de los sectores más desfavoreci­ dos de la sociedad. Con las subidas en el IRPF y el IVA, pretende evi­ tar que los ingresos públicos se reduzcan ante el descenso de la activi­ dad económica aumentando la recaudación impositiva a costa de los trabajadores. Ya ha anunciado un presupuesto seriamente restrictivo para 1993 y mañana le tocará el turno a las pensiones, a la sanidad, a la educación, nuevamente a las prestaciones por desempleo, etc.

5.

EL A C O SO A LAS C O N D IC IO N E S LABO RALES

Para el Gobierno, los trabajadores son siempre culpables de todos los males de la economía. Particularmente son los responsables de la in­ flación y de la falta de competitividad, por lo que la convergencia con Europa debe pivotar sobre sus salarios y sus condiciones de trabajo. Por un lado, el Gobierno pretende vincular la inflación con los salarios, haciendo de la moderación salarial un eje básico de la políti­ ca antiinflacionista, pero, como se puede demostrar contundente­ mente con la evolución del índice de precios de los productos indus­ triales, no son los salarios los responsables de las subidas de precios.

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114 Las causas de la inflación son complejas (infraestructuras, especula­ ción, exceso de beneficios en algunos sectores, tipos de interés, subi­ das de impuestos, monopolios, precios administrados, tensiones y de­ sigualdades sociales), de modo que se puede afirmar que existe un ni­ vel estructural de inflación, que está por encima del de los principales países europeos. La reducción de la inflación se presenta como un ob­ jetivo muy difícil de alcanzar, existiendo un grave riesgo de que para lograrlo se adopte una política económica deforme que acentúe la de­ presión y cargue contra los salarios. Por otro lado, para el Gobierno, la persistencia de una inflación más alta que la de los países de nuestro entorno se debe a la «rigidez nominal de la economía española», por lo que las reformas estructu­ rales para flexibilizarla son insustituibles. Pero que nadie piense que va en una dirección progresiva. Por lo que se refiere a los servicios, el sector inflacionista por ex­ celencia, las reformas tienen poco valor y más bien parece que van di­ rigidas a la galería. De lo que de verdad se trata es de flexibilizar aún más el mercado de trabajo y, en este sentido, el Plan contiene un ver­ dadero asalto a las condiciones laborales: derogación de las ordenan­ zas laborales para conseguir la movilidad funcional y geográfica, dan­ do una fecha límite muy próxima para cambiarlas en la negociación colectiva; reforma de las modalidades de contratación según el infor­ me de la Comisión de Expertos y despido libre mediante la supresión de la necesidad de autorización previa en los expedientes de regula­ ción de empleo. En el terreno laboral es en el que las novedades respecto a versio­ nes anteriores de la austeridad — el Plan de Competitividad que ela­ boró en la primavera de 1991, por ejemplo— son menores. Sólo se puede decir que al Gobierno le sigue pareciendo muy insuficiente que uno de cada tres trabajadores lo sea en precario, porque considera que, de cara a la solución de los problemas del capitalismo español, el mercado de trabajo no se habrá flexibilizado suficientemente hasta que no esté regido por la ley de la selva. Hablando en sentido estricto, las medidas contenidas en el Plan no componen una política antiinflacionista, porque ninguna de ellas apunta hacia los focos de inflación, sino que vuelven a ser un catálo­ go de agresión a los trabajadores, con los salarios y las condiciones la­ borales siempre en el punto de mira.

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115 6.

UN A P O LITIC A RECESIVA

La política económica contenida en el Plan es fuertemente recesi­ va, pues su objetivo es reducir la inflación al 3% y el déficit público al 1% del PIB, ambos en 1996, lo que significará que el Plan actuará a favor de la recesión que ya se ha adueñado de la economía española, haciendo que el paro se vuelva a elevar hacia cotas insostenibles so­ cialmente. Pero el Gobierno no la presenta así, sino que, para facilitar su aceptación, pretende hacer creer que, con la política de ajuste se­ ñalada, la economía crecerá por encima del 3,5% al año y se generará más de un millón de puestos de trabajo desde 1992 hasta 1996, algo imposible de conseguir con la política económica que ha dise­ ñado. Atendiendo a las variables internas, el consumo no puede ser el motor de la demanda, como no lo ha sido en el pasado reciente, dado que el crecimiento de los salarios no se despega de la inflación y que, además, es esto lo que se pretende. El empeoramiento de las expecta­ tivas que supone la desaceleración de la actividad que se está produ­ ciendo en la economía española y en el resto de la Comunidad, el mantenimiento de los altos tipos de interés y el hecho innegable de que lo que se avecina es una política más dura, permiten afirmar que la inversión tardará tiempo en recuperarse. Y a todo ello hay que aña­ dirle los efectos contractivos de la reducción del déficit público y una dura política monetaria que pretende mantener encorsetada a la eco­ nomía como único medio de reducir la inflación. De hecho, el Gobierno ya ha declarado que será necesario revisar las previsiones de crecimiento del PIB y de empleo contenidas en el Plan — ¡qué remedio si ya ha comenzado equivocándose para 1992!— , ha incumplido alguno de sus compromisos — como la ele­ vación de impuestos— , ha tomado medidas de improviso — como el decretazo— y los eufemísticos esfuerzos se han convertido en duros sa­ crificios. El Plan de Convergencia no tiene ninguna credibilidad, pero no por ello desaparecen los rasgos y consecuencias de la política que intenta aplicar el Gobierno para adaptarse a Maastricht. Dicha política, en lugar de combatir la recesión, trabajará a favor de ella, dañando gravemente las posibilidades de crecimiento econó­ mico. La diferencia entre la renta per capita española y la media co­ munitaria no se reducirá en cuatro puntos como pretende el Gobier­

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116 no, sino que, por el contrario, tenderá a aumentar. La previsión de crear un millón de puestos de trabajo en el quinquenio se convierte en el cuento de la lechera, porque el empleo nunca ha aumentado cuando el PIB ha crecido por debajo del 2,5%, un porcentaje que será muy difícil de alcanzar en los próximos cinco años, dadas la si­ tuación económica internacional y la política del Plan de Convergen­ cia. La inversión se verá afectada deteniéndose la capitalización del aparato productivo y la incorporación de nuevas tecnologías, de modo que uno de los elementos decisivos para reducir el desfase de competítividad jugará en contra. Cualquier política que pretenda re­ ducir dicho desfase debe favorecer la capitalización del aparato pro­ ductivo de una manera activa, es decir, induciendo un aumento de la inversión que incorpore nuevas tecnologías, y no de una manera pasi­ va, o sea, reduciendo el empleo, porque entonces, aun cuando la pro­ ductividad aumente, no se avanza en el cierre de la brecha tecnológi­ ca sino que sólo se logra una reducción de la economía a escala.

7.

LA IZQ U IERD A A N T E M A A STR IC H T Y LA C O N V ER G EN C IA

Por todo lo anterior, no es coherente rechazar el Plan de Conver­ gencia y las últimas medidas del Gobierno y apoyar Maastricht al mismo tiempo, como hacen la mayoría de las direcciones de C C .O O . y U G T y un sector de Izquierda Unida. El «sí», aunque sea «crítico» como forma vergonzante de prestar la adhesión a un proyec­ to del capitalismo que endurece sus rasgos liberales y antisociales, les desautoriza para ejercer la oposición al Gobierno cuando se está po­ niendo en vigor una política extremadamente dura contra los trabaja­ dores con el pretexto de Maastricht. A pesar de las contradicciones de su política y de su incompetencia, es el Gobierno socialista el que in­ terpreta correctamente las implicaciones de Maastricht, porque existe un margen muy estrecho para la política económica entre las exigen­ cias de la unidad monetaria y los desequilibrios de la economía espa­ ñola. Pretender combatir al Gobierno y simultáneamente apuntarse a la integración europea diseñada en Maastricht solamente puede con­ tribuir a aumentar la confusión y a propagar ideas extrañas a las tradi­ ciones y aspiraciones de la izquierda. En el caso de los sindicatos, con el agravante de que tendrán que permanecer paralizados mientras el

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117 Gobierno avanza con sus agresiones, lo que debilitará a los trabajado­ res y a las propias organizaciones obreras en unos momentos en que se abre un período de inestabilidad y de crisis económica en el que el espacio que abandone la izquierda puede ser ocupado por las posicio­ nes más peligrosas de la derecha. La desesperación a que se pueden ver arrastradas millones de personas, unida a la desorientación de las organizaciones mayoritarias en el seno de la clase obrera, pueden aca­ bar fortaleciendo a corrientes fascistas, cuyo resurgimiento en las so­ ciedades europeas es ya algo más que una hipótesis. Durante la fase de expansión posterior a la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia se apoyó en la imagen negativa que el socialismo real a los ojos de los trabajadores occidentales para in­ sistir en que el verdadero socialismo democrático no se conseguiría con una aventura revolucionaria, que ya se veía a lo que había condu­ cido, sino reformando el capitalismo, corrigiendo sus injusticias y profundizando en la democracia. En la teoría y en la práctica acepta­ ban el capitalismo, pero se preocuparon de mitigar los efectos más perniciosos del mercado a través de una intervención creciente del sector público en la economía. Surgió el estado del bienestar lo toma­ ron como una seña de identidad propia y en los sitios donde gober­ naron se preocuparon de desarrollarlo. Con la crisis, la socialdemo­ cracia abandonó sus ideas progresistas y, uno tras otro, todos los par­ tidos socialistas europeos han acabado abrazando el liberalismo. Hoy se siguen apoyando en un sector de trabajadores para ganar las elec­ ciones, pero practican una política dura contra ellos que difícilmente se podría distinguir de la de Thatcher o Reagan y, cuando están en la oposición, sus diferencias con la derecha no se sitúan en el marco de las cuestiones económicas y sociales, sino que se refugian en palabras y valores éticos (solidaridad, cooperación, tendencia a la igualdad, eli­ minación de la pobreza), vacíos de contenido porque abrazan a la economía de mercado como sistema y confían en el liberalismo como doctrina. Ahora bien, no es por casualidad, ni por mera perversión ideoló­ gica por lo que el PSO E ha abandonado sus posiciones y se ha des­ plazado hacia la derecha, sabiendo que a su izquierda dejaba el vacío político, es porque la crisis económica no deja márgenes para una po­ lítica social avanzada. A la socialdemocracia, las exigencias del capita­ lismo en crisis le ha segado la hierba bajo los pies. Los que apuestan por Maastricht pero combaten al Gobierno pretenden llenar ese va­

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118 cío, pensando ingenuamente que es posible hacer compatible el mar­ co extremadamente competitivo de la Europa que se está construyen­ do con una política económica y social distinta. Maastricht, a pesar de lo que afirmen sus iluminados defensores, no responde a las necesidades de los pueblos europeos, sino que agra­ vará las condiciones de vida de las capas sociales más desfavorecidas. La depresión económica está demandando medidas expansivas y no restrictivas como impone Maastricht. Frente al liberalismo que im­ pregna la construcción europea y que consagra Maastricht, se requie­ re una intervención creciente de los Estados para corregir los desafue­ ros del mercado y para seguir fortaleciendo el estado del bienestar en lugar de desmantelarlo, como se pretende ahora. Frente a los tipos de cambio fijos postulados en Maastricht, que serán irrevocables con el nacimiento de la moneda única, los Estados deberían poder manejar el tipo de cambio como un instrumento para lograr otros objetivos y hacer frente a las situaciones insostenibles de falta de competitividad. Frente a la competencia salvaje, principio que lo regula todo en Maastricht, es preciso que los países mas débiles dispongan de los medios para proteger sus mercados, pues en otro caso, invadidos por las mercancías extranjeras, acabarán no teniendo nada que producir, ni por supuesto que comprar. La izquierda tiene ante sí unas perspectivas difíciles (¿cuándo no?), pero no tiene más opción consecuente que la de rechazar la in­ tegración europea concebida en Maastricht para dar legitimidad a la lucha contra la política del Gobierno y para recuperar la bandera de la solidaridad y la igualdad entre todos los pueblos, que no pasan pre­ cisamente por construir una Europa capitalista, egocéntrica y despia­ dada con los intereses del Tercer Mundo.

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La relación contradictoria entre política social y política económica desde la óptica del bienestar social G re g o rio R o d ríg u e z C a b re ro Universidad Autónoma de Madrid

1.

IN T R O D U C C IO N : LA T R A D IC IO N A L CESU RA E N T R E PO LIT IC A E C O N O M IC A Y P O LITIC A SO CIA L

El objetivo de esta intervención es hacer una reflexión abierta so­ bre los condicionantes recíprocos existentes entre política económica y política social, así como sobre sus posibilidades de articulación desde la óptica del bienestar social. La teoría y la práctica de la política económica y de la política so­ cial es la de su radical delimitación metodológica y también la de la su­ bordinación práctica de la segunda a la primera. Esta doble constatación que a continuación trataremos de delimi­ tar tiene sus raíces profundas en la cesura que tradicionalmente ha te­ nido lugar en las ciencias sociales entre el análisis positivo (ser) y las implicaciones de tipo normativo (deber ser), entre la ciencia y la polí­ tica, entre la teoría y la práctica. Esta cesura metodológica e ideológi­ ca en cuya detallada explicación no podemos entrar aquí (1) se ha traducido históricamente en una doble ruptura: a) Por una parte, en la separación entre teoría económica y po­ lítica económica bajo el supuesto implícito, al menos, de que la teoría no es responsable de sus consecuencias prácticas y de que la práctica económica a menudo sigue derroteros que nada tienen que ver con los modelos teóricos de partida. Este es el campo de ruptura entre la (1 ) J . A . A l o n s o : La economía como ciencia aplicada: una reflexión metodológica, en H o m e n a je al P ro fe so r S a m p e d r o , F u n d a c ió n B a n c o E x te rio r, M a d r id , 1 9 8 7 , p p . 3 2 - 5 7 .

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120 teoría y la práctica económicas o, si se prefiere, la ruptura interna de la realidad social o ruptura de la economía política en cuanto ciencia interesada y comprometida en comprender la realidad e intervenir so­ cialmente en la misma. b) Por otra parte, la separación entre política social y política económica supone la falsa delimitación entre el campo de la raciona­ lidad y las consecuencias sociales indeseadas. La política económica es la práctica eficiente del crecimiento, mientras que la política social es la práctica política de la compensación de los costes del crecimiento. La primera es una necesidad objetiva, la segunda es una consecuencia subjetiva. Con ello, se produce una ruptura interna del bienestar social donde la política económica concibe el bienestar como capacidad de crecimiento de bienes y servicios sin referencia a las necesidades indi­ viduales y colectivas y donde, a su vez, la política social concibe el bienestar como producción de bienes tutelares paliativos de los costes del crecimiento económico. La primera, se dice, es una actividad efi­ ciente y cuantificable, la segunda, la política social, es una actividad instrumental para el buen desarrollo de la primera. Esta ruptura del espacio único del bienestar social no ha sido, sin embargo, nunca total ni en la reflexión teórica ni en la práctica histó­ rica, pero su desarrollo histórico ha estado vertebrado por contradic­ ciones y subordinaciones desde que esta relación fue delimitada. No cabe, por otra parte, pensar en la construcción de una relación ideal­ mente armónica y sin contradicciones, pero sí es posible aceptando que se trata de una relación contradictoria, reflexionar sobre dicha re­ lación desde la óptica común del bienestar social y de las necesidades socialesy que permita alterar la cesura e incomprensión histórica bajo criterios de globalidad e interdependencia crítica entre las diferentes dimensiones interrelacionadas del bienestar social. En términos histó­ ricos, por otra parte, los diferentes tipos históricos de Reforma Social han sido modos concretos de articulación entre la política económica (crecimiento) y la política social (integración). Los avatares históricos de la Reforma Social en sus diferentes for­ mas de modernización capitalista o modernización burocrática reve­ lan que en general la política social ha sido instrumental a los objeti­ vos prioritarios del crecimiento económico. La crisis del Estado de Bienestar y la quiebra de los Estados socialistas no sólo han puesto de manifiesto los límites para la generación del bienestar en el doble

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121

marco de la subordinación al crecimiento y al predominio de las ins­ tituciones estatales, sino que también han producido un doble proce­ so: de acentuación de la subordinación de la política social a la política económica y, en sentido contrario, de inicial construcción de una polí­ tica social abierta a nuevos espacios e iniciativas sociales y al pluralis­ mo en la intervención social. Se trata en este último caso de un dua­ lismo que se manifiesta falsamente como la polarización entre bienes­ tar estatal (Estado de Bienestar) y bienestar social (sociedad del bienestar), pero que aquí entendemos articulable bajo supuestos teó­ ricos que luego desarrollaremos. Desde este supuesto de ruptura de la unidad o globalidad del bienestar social y de las posibilidades de articulación de los diferentes elementos que lo componen trataremos, a continuación, de abordar, en primer lugar, cuáles son los fundamentos sociales que subyacen a la ruptura del bienestar social, así como los elementos para articular política social y política económica.

2.

2 . 1.

P O LITIC A SO C IA L Y P O LITIC A E C O N O M IC A EN EL ESTA D O D E BIEN ESTA R Sobre las características de la concepción tradicional

La diferenciación entre política social y política económica se produce, como decíamos antes, como ruptura interna del saber social a lo largo de los últimos años del siglo XIX bajo el influjo de un doble proceso: de desideologización de la ciencia social, y en particular de la ciencia económica y de otro proceso de especialización fruto de la complejidad y crecimiento del conocimiento social. Con la diferencia­ ción de la economía política en economía y política se delimita el ámbito de la racionalidad del mercado (economía) y el ámbito de la integración o resolución del conflicto social (política social). De este modo, se produce una diferenciación entre los problemas económicos (cómo crecer más) y los problemas sociales (cómo paliar los efectos indeseados del objetivo fundamental que es el crecimiento económico). Sobre esta matriz se han desarrollado diferentes interpre­ taciones que, en todo caso, comparten la separación o ruptura de am­ bos planos de la realidad del bienestar social.

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122 Desde una visión negativista de tipo liberal la política social es la herramienta que permite compensar o paliar los inevitables costes o externalidades del proceso de modernización bajo el impacto del creci­ miento o bajo fases de depresión del ciclo económico con tal de que no deteriore el incentivo económico y la ética del trabajo. La eficien­ cia económica y su medida, el crecimiento del PIB real, puede origi­ nar costes y tensiones sociales a los que ha de dar solución diferentes formas de intervención estatal mínima (2). Desde una visión más positiva, el pragmatismo liberal o keynesianismo, la política social contribuye a los objetivos del crecimiento económico y no sólo a paliar los costes del mismo. Aquí se trata de facilitar la adaptación social a los objetivos del crecimiento a través de una división social del bienestar entre crecimiento y redistribución, entre producción y reproducción, siendo el papel de la política social el de generar capital social e integración social al servicio del creci­ miento económico (3). En los países europeos de industrialización tardía, caso de Espa­ ña, ha predominado el enfoque de la modernización: compensación mínima de costes y prevención del conflicto, adoptando la política social la forma de reforma social autoritaria y materializada en siste­ mas de seguros sociales. En los países de industrialización madura, por el contrario, han predominado enfoques de tipo pragmatista; adaptación a los requisitos del crecimiento económico adoptando la política social la forma de reforma social liberal o socialdemócrata y materializada en sistemas de servicios y prestaciones sociales. Aunque las diferencias entre países son cruciales, es lo cierto que el largo período de crecimiento sostenido desde finales de los años cuarenta y la consolidación del Estado de Bienestar como instrumen­ to de la reforma social, permitió una articulación entre política social y política económica donde la subordinación de la primera no fue es­ pecialmente aguda. En efecto, mientras los elementos de la relación salarial fordista funcionaron con cierta eficacia — crecimiento sosteni­ do de la productividad real por encima de los salarios, demanda so­ cial creciente, concertación social integrada e intervención estatal favorable al crecimiento— , la regulación estatal de un mercado trans(2) (3)

R. Kerr: Industrialism and industrial man, Penguin, London, 1973. J. K. G a l b r a i t h : El nuevo Estado industrial, Ariel, Barna, 1976.

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123 formado y de sociedades organizadas favoreció una expansión de la política social estatal y su articulación asimétrica con los requerimien­ tos dominantes de la política económica. Este modelo consolidó una concepción restrictiva de la política so­ cial y dio por válidas realidades que los cambios ulteriores van a cues­ tionar profundamente. Dicha concepción se apoya en dos supuestos teóricos y tiene, al menos, cinco importantes implicaciones en la práctica de la política social. Los supuestos teóricos de dicha concepción restrictiva son los si­ guientes: — Una concepción economicista del bienestar social que se verte­ bra alrededor del concepto negativo de externalidades (pobreza, marginación, por ejemplo, serían formas de externalidad o efectos no de­ seados del crecimiento económico) que no contempla la riqueza y complejidad de la producción del bienestar social. En palabras de Klein: «El Estado de Bienestar puede ser visto como un instrumento esencial para hacer aceptables social y políticamente las consecuencias del declive económico» (4). — Una concepción igualmente sohreestatalizada de la política so­ cial que reduce el ámbito de ésta a la producción del bienestar única­ mente o en gran medida por los servicios e instituciones del Estado, marginando otras realidades de la misma existentes a lo largo y ancho de la sociedad. Las implicaciones sociales que se deducen de esta doble caracteri­ zación son esenciales para la comprensión del papel actual de la política social: — Primero, la separación entre política social y política econó­ mica excluye las relaciones sociales del campo económico diferencian­ do entre estructura económica y estructura social, estando la primera organizada alrededor del supuesto mercado libre y neutro y, la segun­ da, dominada por fuerzas sociales interesadas. — Segundo, la concepción de la política social reducida a su di­ mensión estatal conlleva, además de una visión positiva (organización de necesidades colectivas básicas e integración de conflictos sociales). (4) R. núm. 1, 1980.

K l e in ;

«The Welfare State: a self inflicted crisis?», Political Quarterly, voL 51,

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124 una visión negativa: producción de bienes tutelares excluyendo el apoyo a la producción de bienes relaciónales a nivel micro (relaciones crupales) o macro (extensión y diversificación de la participación poítica) que constituyen formas concretas de desarrollo social.

f

— Tercero, la política económica se legitima por sí misma (ver es­ quema 1) puesto que es el ámbito del crecimiento y de la racionali­ dad. La política social se legitima sólo bajo el supuesto de que preten­ de modificar una estructura económica dada apoyándola para lograr un mejor crecimiento y sobre la base de que su intervención tiene una dimensión política inevitable, es decir, ideológica, actividad que puede incluso llegar a ser considerada improductiva y parasitaria (5).

E sq u em a 1

M ODELO CLASICO DE DIFERENCIACION EN TRE POLITICA ECO NO M ICA Y POLITICA SOCIAL Política económica

Objetivo Espacio Criterio Ideología Individuo Medida Acceso Proceso Fuente:

Crecimiento Mercado Ciencia Egoísmo Consumidor PIB real Capacidad pago Racionalización

Política social

Redistribución Estado Política Altruismo Ciudadano Gasto social Necesidad Integración

G. Rodríguez Cabrero.

— Cuarto, en términos operativos el bienestar de un país se identifica con su bienestar económico que se define por la capacidad de crecimiento y el logro de indicadores medios en el consumo de cier­ tos bienes, al margen de su calidad y relevancia (el número de coches, teléfonos, etc, por cada mil habitantes) donde permanecen opacos los márgenes por arriba (concentración de la riqueza) y por abajo (con­ centración de la pobreza) que además sólo se contemplan desde el

(5)

R. Bacon y W. EltiS: Britairís economicproblems, MacMillan, London, 1976.

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125 concepto económico de renta, cuando no existe una, sino varias po­ brezas que acumulan diferentes dimensiones de malestar (pobreza como acumulación de carencias en el margen; pobreza como sacrifi­ cio de necesidades básicas de tipo relacional o de calidad del entorno, entre otras muchas). — Por último, la política social no tiene autonomía, ésta perte­ nece a la política económica. Sin crecimiento económico no hay posi­ bilidad de desarrollo para la política social, no es posible redistribuir. De este modo el bienestar social tiene una orientación-dependencia hacia el crecimiento-coste en vez de hacia el desarrollo-necesidad. En definitiva, según la concepción expuesta, el papel de la políti­ ca social será el de legitimar el crecimiento, apoyar las políticas de mo­ dernización y p aliar los costes más agudos del crecimiento económi­ co (6).

2.2.

La posibilidad de un nuevo planteamiento

Frente a la concepción anterior ¿cabe oponer una concepción di­ ferente que contemple de forma integrada la política económica y la política social? El interrogante puede tener una respuesta positiva y podemos abordarlo en dos planos: considerando críticamente el mo­ delo de diferenciación antes analizado y planteando algunos de los supuestos sobre una concepción integrada y amplia del bienestar so­ cial sobre la cual puedan plantearse modelos alternativos de interven­ ción social. a) El modelo de diferenciación tradicional o de dualismo fun­ cional en su aplicación histórica concreta fue posible gracias al creci­ miento económico y estabilidad del capitalismo avanzado y a la mate­ rialización reformadora del Estado de Bienestar. Este modelo se agota a partir de mitad de los años setenta, cuando se deteriora el impulso de crecimiento de posguerra planteando límites al crecimiento del gasto público social, cuando el impacto del bienestar estatal se dualiza bajo la influencia del cambio industrial y tecnológico y, finalmente, cuando se produce una crítica cultural y política a la densidad buro­ crática de la intervención del Estado. (6)

A. W a l k e r : Socialplanning, Basil Blackwell, Oxford, 1984.

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126 El resultado es que la década de los años ochenta va a ser testigo de la reestructuracióriy que no desmantelamiento del Estado de Bien­ estar, y de la reorientacióriy que no deslegitimación de dicho tipo de Estado. La reestructuración va a suponer la emergencia de sistemas mixtos de bienestar social cuya articulación aún no ha terminado de cristalizar y que supone el despliegue de la gestión privada y social con financiación pública en diferentes servicios y la emergencia de re­ des formales e informales de intervención social — el espacio comuni­ tario— sobre la base de crisis y cambio en los sistemas públicos de servicios sociales y prestaciones. La reorientación a su vez de tipo teó­ rico va a afectar a los objetivos y procesos de decisión del Estado de Bienestar: los objetivos de producción de bienes tutelares se van a ampliar en parte a la promoción de bienes relaciónales y las decisio­ nes centralizadas van a dar paso a diferentes formas de descentraliza­ ción y autoorganización social. En suma, el Estado de Bienestar sigue presente en gran medida, pero redefiniendo sus objetivos, funciones y el tipo de modos de intervención adecuándolos a una creciente presencia de la sociedad civil. Esta nueva realidad sociológica se manifiesta, sin embargo, con distinto grado de intensidad y formas diferentes según los países. Aquí no podemos entrar en análisis concretos, sólo lo haremos de manera general en el caso español posteriormente, pero sí puntualizar que la intensidad de la reestructuración y reorientación del Estado de Bienestar ha dependido y depende de muy variadas realidades socia­ les: intensidad del cambio sociotécnico, grado de consenso de las fuerzas sociales, dinamismo y tradición de la sociedad civil, entre otros. Lo que sí es cierto es que la revolución conservadora no ha logra­ do abrirse paso plenamente (en EE.U U . se ha traducido bajo Reagan en keynesianismo militar y en el Reino Unido el thacherismo no ha logrado desmantelar el Estado de Bienestar) ni tampoco las fórmulas de estatalización más intensas (Francia bajo el primer gobierno Mitterrand). Pero lo que el mantenimiento y contención del Estado de Bienestar sí ha supuesto en todo caso, es una mayor subordinación de la política social a la política económica bajo el argumento pretendi­ damente incuestionable de la primacía de la modernización económica y de la extensión del mercado como fórm ulas para salir de la crisis y que

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127 diferentes enfoques de tipo adaptativo en la teoría de la política social han asumido como, por ejemplo, son: el enfoque corporatista en cuan­ to adaptación negociada de los sistemas de protección social a las ne­ cesidades de reestructuración del capitalismo y el enfoque neopragmatistUy que pretende la adaptación sin más del Estado de Bienestar a la condición sine qua non del crecimiento económico. Esta subordinación creciente de la política social se ha traducido en la emergencia de nuevas formas de pobreza y marginación, de dualización en suma, pero también es cierto que esta situación no ha impedido el desarrollo de modos tentativos alternativos de política social en el ámbito de la gestión de los servicios públicos, en iniciati­ vas locales de tipo local y social en cuanto a la creación de nuevas formas de organización, autoorganización y participación colectiva y, en general, en una mayor importancia del movimiento asociativo que están enriqueciendo los objetivos y contenidos del bienestar so­ cial. b) Estas nuevas experiencias, cuya elaboración teórica está desa­ rrollándose en la actualidad, apuntan hacia un concepto más amplio de bienestar, una ampliación del espacio económico, un nuevo concep­ to de modernización y nuevas alternativas plurales de organización y producción del bienestar. Una concepción más amplia del bienestar supone de entrada re­ chazar la identificación unilateral de bienestar con crecimiento eco­ nómico y la necesidad de ampliar dicho concepto a la capacidad de satisfacer necesidades sociales. Se trata de ampliar los actuales indica­ dores de crecimiento con indicadores de satisfacción y calidad, que incluyan no sólo los bienes cuantificables de mercado o sector públi­ co, sino toda la amplia gama de bienes relaciónales y de integración. El output económico es ambiguo, como ya señalara Hirsch (7), pues­ to que las necesidades humanas no sólo son de tener, sino de ser (sa­ lud, conocimientos), de hacer (diferentes formas de trabajo, repro­ ducción y ocio) y de comunicación o relación (redes de relaciones formales e informales) y de sobrevivencia (seguridad) (8). Necesida­ des todas ellas que no siempre son transformables en unidades mone(7) cap. 4. (8 )

R Rí i r s c h : Social lim its to growth,

R.

C a r r - H il l

& J.

L i n t OTT:

Routledge & Kegan Paul, London, 1978,

«Social indicators for popular planning», en The

living economy, Edited by P. Ekins, Roudedge & Kegan Paul, London, 1986.

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128 tafias, ni sus factores de producción asimilables a los de la contabili­ dad nacional, pero cuya existencia real diversifica el bienestar rom­ piendo las rígidas barreras de lo monetario/no monetario. Esta concepción amplia del bienestar presupone que la actividad social económica, como señala Henderson (9) comprende no sólo el PIB monetarizable (sector privado mercantil, sector público y parte de la economía sumergida), sino también la producción del trabajo doméstico, las estructuras familiares, la ayuda mutua, trueques varios, movimientos de voluntarios y el propio coste productivo del reciclaje de la naturaleza. Los sectores económicos globales que pueden com­ prenderse en una concepción amplia pueden ser muy diferentes. Una propuesta es la de Ross (10), que diferencia nueve sectores económi­ cos (grandes empresas, sector público, pequeña y mediana empresa, cooperativas, O N G s, actividad de voluntariado, trueques de servi­ cios, ayuda mutua y economía doméstica), que pueden articularse en forma de una matriz en base a variables como: lucrativo-no lucrativo, grande-pequeña dimensión, formal-informal, y cuyo conocimiento y aplicación implica redefinir la contabilidad social incluyendo algunos sectores nuevos y desagregando otros que aparecen en relación con la economía formal. Junto al criterio dinero sería preciso utilizar el crite­ rio tiempo como forma de medida de estas relaciones que ahorran costes de transacción en el sector formal y son un input básico para la producción de bienes de comunicación. Se trata, en suma, de medir los costes y beneficios de un sistema de producción, reproducción y comunicación en términos de cuantificación y valoración del bienes­ tar generado en los diferentes niveles de la organización social. Una concepción plural de la actividad económica implica una concepción p lu ral de la modernización. Esta, tradicionalmente, se ha

concebido como la capacidad de extensión del mercado y de las rela­ ciones mercantiles y como búsqueda de la eficiencia del aparato eco­ nómico privado productivo y de consumo. Cuanto más se produzca tanto más será posible distribuir y cuanto más intensa sea la extensión del mercado mayor será la capacidad de extensión del bienestar. El proceso de transnacionalización económica ha acelerado durante los (9) H . H e n d e r s o n : The po litk s ofth e Solar Age: altem atives to Economics, Doubleday, New York, 1981. (10) D. Ross & P, USHER: From the roots up: economic development as ifpeople mattered», Bookstrap Press, New York, 1985.

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129 últimos años la mercantilización de las actividades económicas y so­ ciales, fomentando no sólo la privatización de parcelas de bienestar ofertadas antes como bienes públicos, sino también una mayor mer­ cantilización de las condiciones de trabajo y ocio, ante las cuales se producen retrocesos sociales (salario a dos velocidades) y quiebras (en las redes sociales) en la extensión del bienestar. Lo que aquí sugerimos es que el criterio de eficiencia económica (vía extensión del mercado) no puede ser el único criterio de medida y debe ser contrastado con el criterio de eficiencia social (vía exten­ sión de la comunidad), donde se valore tanto el crecimiento, como las condiciones de trabajo y la calidad de los bienes relaciónales. Una comprensión de este tipo podría facilitar una plural organi­ zación de la satisfacción del bienestar social donde los papeles de las instituciones sociales y estatales no tienen por qué ser rígidos, ni estar yuxtapuestos, sino dinámicos y articulables. En todo caso, el papel del Estado seguirá siendo crucial en la extensión de los derechos socio­ económicos para evitar la dualización social, siendo la primera garan­ tía de los mismos, no la única, un subsidio de base o salario social que «no debe jamás consolidar la exclusión social... el derecho al suel­ do social debe ir a la par, para cada uno y para cada una, con el dere­ cho y la posibilidad y el deber de trabajar de forma económica y so­ cialmente útil» (11), y donde el papel de la sociedad consistirá en profundizar en la participación y autoorganización del bienestar: el incremento de la productividad y la reducción del tiempo de trabajo libera un factor productivo — el tiempo— que puede ser utilizado para producir bienes relaciónales y sustituir ciertas prestaciones públi­ cas. Lo cual no tiene por qué ser impuesto desde arriba ni genera­ do en nombre de ningún demagógico antiestatalismo, sino como re­ sultado de un proceso de intensificación del bienestar en que «la autoproducción y la ayuda mutua no aportan una mayor autono­ mía más que si no estamos obligados a ellas para asegurarnos lo nece­ sario» (12).

(11) (12)

A.

G o r Z: L o s caminos del paraíso, Laia, Barna, 1986, p. 144. Ibtdem, p. 148.

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El bienestar y el malestar social tienen carácter acumulativo Francisco Javier Alonso Torréns Sociólogo

«...Cada vez hay más coches de lujo, pero cada vez hay más mendigos apostados en los semáforos; cada vez hay más restauran­ tes de categoría, pero cada vez hay mayor número de menestero­ sos que buscan su ración en los comedores de beneficencia; cada vez hay mayor número de españoles que viajan al extranjero, pero cada vez es también mayor el número de familias que pasan estre­ checes para llegar a fin de mes»... (J u a n M u ñ o z C a m p o s ,

en DOC. SOCIAL, núm. 78)

La cita con la que encabezo este artículo está tomada de las «Pala­ bras del Presidente de Cáritas Española» al finalizar el simposio sobre Renta mínima y Salario Ciudadano de marzo de 1990. Se había ter­ minado la década de los 80 y los análisis de entonces — de no hace tanto— hablaban de crecimiento económico, que en España ha sido espectacular, pero también de desigual reparto. Se había polemizado mucho sobre la existencia de amplias capas de pobreza que, para alunos, estaba en contradicción con el crecimiento incuestionable de a riqueza. Sin embargo la contradicción es inexistente. La orientación que ha llevado hasta ahora la dirección de nuestra economía es de hecho la de la vieja tesis del liberalismo que consiste en que la «tarta» debe crecer para después repartirse, frente a la que propugna el reparto de la «tarta» a medida que esta crece. Hoy, cuando la «tarta» ya parece crecer poco y a poca velocidad, no sólo ha quedado estancado el reparto, sino que el reparto hecho si­ gue estando muy mal.

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132 La crisis económica que estamos viviendo, con sus secuelas de au­ mento del paro hasta volver a los «míticos» tres millones de parados que se nos anuncia en España para dentro de muy poco, sin duda va a aumentar los niveles de pobreza, y a profundizar más si cabe las di­ ferencias entre ricos y pobres.

H ay mas

pobres

En la década de los 80 ha aumentado el porcentaje de pobres en toda Europa, y sin embargo Europa, hasta ahora, ha crecido en bienestar y nivel económico. El modelo de sociedad está implanta­ do y bien arraigado en nuestras comunidades, a pesar de la recien­ te tormenta monetaria y de las crisis económicas, que se nos anun­ cian. La Comisión Europea de lucha contra la pobreza que intentaba paliar el problema con su primer programa, ha terminado el segundo programa y en la evaluación de los resultados globales del mismo, re­ conoce que los pobres han aumentado en la década en el conjunto de la Comunidad. Aunque no sea éste el objeto de este trabajo si parece importante constatar el hecho del aumento de la pobreza en términos de porcen­ tajes, siempre siguiendo los criterios por los que se rige la Comisión para determinar quienes son los pobres, y el corolario que de este he­ cho se desprende: la consolidación de la sociedad dual o si se quiere de la sociedad de los tres tercios. Las aportaciones y reflexiones de este trabajo se dirigen a abundar y profundizar en los argumentos ya iniciados en mi artículo de D O ­ C U M E N TA C IO N SOCIAL, núm. 76, Julio-Septiembre de 1989, sobre la «Acumulación de indicadores sociales de m alestar y bienestar so­ cial en los extremos de la escala de estratificación social», en el que ya apunté cómo las investigaciones empíricas sobre temas de desigual­ dad, pobreza y estratificación social, en los que participo con cierta asiduidad, confirman la intuición de que los pobres — y los más po­ bres mucho más— , acumulan en el seno de sus personas y de sus fa­ milias gran parte de los males y carencias sociales que existen en la so­ ciedad, que su vida y sus casas son el lugar «donde toda incomodidad

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133 tiene su asiento», y que en ellas tiene lugar el fenómeno de la «polipatología social» por concentrarse en el colectivo de personas y familias pobres, sino todas, sí la mayor parte de las carencias, problemas y «enfermedades» sociales.

E l MAL REPARTO DE LAS CARGAS Y LOS BENEFICIOS

Como la afirmación puede resultar un tanto exagerada si no se aportan datos fehacientes remito al lector a la consulta de el Estudio de ED IS para Cáritas de Jaén Condiciones de vida y estados de necesi­ dad en la provincia de jaén — a modo de ejemplo— publicado por la Editorial Popular en 1991, págs. 199 y siguientes. No me resisto, sin embargo, a presentar aquí* una tabla y un gráfi­ co sobre la desigual proporción que se les asigna de hecho a «pobres» y «no pobres» tanto del «pastel» de la renta como del «contra-pastel», de los problemas.

POBLACIONES, RENTAS Y PROBLEMAS, QUE A CADA SECTOR LE CO RRESPO NDEN EN EL REPARTO ACTUAL DE BIENES Y PROBLEMAS EN JAEN.

Pobres severos........................ . Pobres relativos...................... . No pobres ............................... T o t a le s ...........................

c

A % Población

B % Renta

% Problemas

13.36 28.38 58.26

3.20 15.08 78.72

20.20 34 50 45.30

100.00

100.00

100.00

Coeficientes b/a

Pobres severos........................ Pobres relativos ..................... . No pobres............................... .

0.239 0.531 1.351

c/b

c/a

6.312 2.287 0.575

1.511 1.215 0.777

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134 REPARTO A NUAL D E RENTAS Y PROBLEM AS EN JA EN

Nota: Los problemas contemplados además de la pobreza son: analfabetis­ mo, paro, enfermedades, necesidad de emigrar, mala vivienda y pro­ blemas de marginación en la familia. La equidistribución de problemas y rentas sería 1 (ver coeficien­ tes). Lo que sucede sin embargo es que la relación entre porcentaje de población y porcentaje de renta es muy desventajosa para los pobres en general y más desventajosa aún para los pobres severos. La relación entre porcentaje de problemas y porcentaje de rentas (c/b) indica p. ej. que los más pobres (pobres severos) tienen 6 veces más problemas que dinero. Los más pobres en dinero son los «más ri­ cos» en problemas, y viceversa los más ricos en dinero son «muy po­ bres» en problemas.

M as

sobre sociedad dual

Este hecho, demostrado en la investigación que cito y en otras muchas que no cito en gracia a la brevedad, a mi entender, agrava de modo determinante y cualitativo el simple enunciado de que la socie­ dad es dual.

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135 N o es sólo que la sociedad sea dual, que haya dos sectores. Es que cada uno de ellos — dos si decimos que es dual y tres si hablamos de la sociedad de los tres tercios— tiene unas características de posesión de bienes o de carencias de los mismos, que en los dos extremos de la escala (ricos y pobres) se hacen llamativos por la desigualdad injusta e injustificada. La situación social de los pobres es difícil y grave, por sus condi­ ciones de vida y su «desventaja» con relación al resto de la población. Su situación es de clara desventaja económica, cultural, ocupacional, sanitaria, de equipamiento de sus viviendas, de carencia de confort, de falta de integración o incluso de desintegración social y de marginación, de tal manera que se podría decir que los ricos y los pobres, o incluso los «no pobres» y los pobres viven en mundos radi­ calmente diferentes. Ni su cultura, ni sus deseos, ni sus inquietu­ des, ni sus motivaciones, ni su visión del mundo puede ser igual o pa­ recida.

Los RICOS

SON MAS D ESCO N O CID O S

Hasta hace bien poco las investigaciones realizadas por ED IS so­ bre Pobreza y estratificación socioeconómica centraban su atención y el esfuerzo investigador en «desentrañar» la situación de los pobres y sus múltiples problemas o carencias. A este respecto se ha podido me­ dir en cada estudio el número de grandes problemas o carencias; el número medio de problemas en cada sector o agrupación de sectores carenciales, como cuántos problemas graves tienen en media los anal­ fabetos, o los parados, o los enfermos; la situación de relativo males­ tar o bienestar de cada colectivo carencial e incluso la comparación entre los niveles de malestar-bienestar por carencia o posesión de bie­ nes entre los pobres de diversas Comunidades Autónomas. En las últimas investigaciones de ED IS se ha esbozado ya el plan­ teamiento que trata, no sólo de cuantificar y describir a los pobres, como si el fenómeno estuviera desligado del resto de la sociedad, sino que se pone el acento en la desigualdad y en empezar a describir para­ lelamente el mundo de los «no pobres» y en particular el de los ricos, ligando también ese fenómeno al más importante factor causal de la existencia de los pobres. Hay pobres porque hay ricos, ya que la po­

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136 breza es relativa siempre en cada sociedad. Así se manifiesta por lo menos en las cinco últimas investigaciones realizadas en Madrid, An­ dalucía, Jaén, Canarias y Asturias. En realidad, y una vez más, se trata de probar y argumentar con datos empíricos, lo que la sabiduría popular y la intuición de cual­ quier observador o analista de la sociedad ya sabe: la verdad del lla­ mado «efecto Mateo». Con todo, en estas investigaciones proliferan los datos y las des­ cripciones de la situación de los pobres, y hasta ahora, mucho menos, los indicadores de la situación de los ricos. No estaría demás abordar específicamente una investigación, hoy por hacer, sobre las «bolsas de riqueza», cuando hay ya tantas sobre «bolsas de pobreza», por el esclarecimiento que supondría en orden al mejor conocimiento de nuestras sociedades desiguales. Como aportación en esta línea, del mismo estudio de la provincia de Jaén, presento aquí el perfil de las familias que menos problemas tienen. Son estos: — Las familias que tienen un Cabeza de Familia alto directivo. — Las familias que tienen un Cabeza de Familia con estudios medios o superiores. — Familias con ingresos superiores a las 300.000 ptas./mes. — Familias con Cabeza de Familia de profesión liberal. Todas estas familias tienen una media de problemas por familias inferior a 1, cuando, los pobres severos, p. ej., tienen más de 3,5 por familia. Los problemas estudiados son los ya citados: analfabetismo, paro, enfermedad, etc. El colectivo de los ricos, pues, también tiene algún problema, y no puede afirmarse con rigor que los problemas contemplados sean patrimonio «exclusivo de los pobres», ni aún de los más pobres, pero sí puede decirse que existe una estrecha correlación positiva entre po­ bre y más problemas, y rico y menos problemas.

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137 Bueno será recordar aquí, sobre todo a quienes tachan a las inves­ tigaciones sobre pobreza, de pecar de excesivo monetarismo y de in­ sistir «sólo» en los aspectos monetarios, la falsedad de tal afirmación, y al tiempo reivindicar la importancia del aspecto económico como punto de partida en el estudio y clasificación del fenómeno de la po­ breza, que como se ve tiene ramificaciones en todas las áreas que constituyen el continuo «bienestar-malestar». En nuestros análisis más profundos y hasta donde ya se ha llega­ do hasta ahora el «malestar» (carencias-problemas) está ligado a la drogadicción, la enfermedad, el analfabetismo y por supuesto al paro; el «bienestar» (carencia de problemas fundamentales) se une, por el contrario, a los buenos empleos, las mejores rentas y los niveles cultu­ rales más altos.

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Diversidad y desigualdad en el mercado de trabajo Eduardo Rojo Torrecilla Universidad de Barcelona (*)

IN T R O D U C C IO N El llamado eufemísticamente «libre mercado» provoca múltiples fracturas y desigualdades, no ya entre clases sociales diferenciadas, sino dentro de la propia clase trabajadora, del conjunto de los/las trabajadores/as. De esta forma, el universo del mundo del trabajo se am­ plía considerablemente, a la par que se diversifica. Hoy en día ya no basta con tener un empleo — aun y reconociendo que esto es algo más que importante— , sino que habrá que prestar atención a si es de carácter fijo o temporal, si se trabaja en una empresa en expansión o en otra afectada por la crisis, si la titulación y conocimiento que el personal tiene le otorga mayor o menor capacidad de intervención en la empresa, etc. A estas cuestiones me referiré en la primera parte de mi exposición. De otro lado, el crecimiento operado durante la segunda mitad de la década de los ochenta se ha manifestado muy frágil para los colectivos de más difícil acceso o inserción en el mercado laboral, y las medidas de apoyo a la generación de empleo han sido utiliza­ das, en gran parte, por personas que probablemente hubieran acce­ dido al mundo del trabajo sin necesidad de las mismas. Esta cons­ tatación lleva a sostener que se ha producido un reforzamiento de los desequilibrios anteriormente existentes en el universo laboral, y que es necesario establecer unas «prioridades selectivas» en las me­ didas de apoyo para que puedan conseguir los objetivos persegui­

(*) Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad de la Universidad de Barcelo­ na (en comisión de servicios en la Universidad de Girona). Miembro del Centro de Estu­ dios «Cristianisme i Justicia».

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140 dos (1); unas medidas que deben potenciar las políticas de forma­ ción y no apostar por la precariedad laboral, ya que esta última aca­ ba conduciendo, en más de una ocasión, a procesos de exclusión de parte importante de la población anteriormente inserta en el merca­ do de trabajo (2). Abordaré esta cuestión, brevemente, en la segunda parte de la exposición.

I.

EL M U N D O D E L TRA BA JO Y LAS D IFEREN CIA S E X IST E N T E S EN SU IN T E R IO R

1.

Empleados/as y desempleados/as

La primera fractura que se produce dentro del mundo laboral, y de la clase trabajadora en concreto, es entre quienes tienen empleo u ocupación y quienes se encuentran involuntariamente fuera del mer­ cado de trabajo. España tiene el dudoso honor de ocupar, tras Irlan­ da, la segunda posición dentro de la C EE en lo que respecta a la tasa de desempleo, bien que el último, y polémico, informe de la O C D E sobre nuestro país relativice este dato afirmando que «según los ob­ servadores del mercado de trabajo (y) teniendo en cuenta el empleo sumergido, la tasa de paro total se sitúa entre el 10 y 12%» (3). Exa­ minemos algunos datos estadísticos relevantes con detalle. A) Al finalizar 1991 la tasa de paro en la C EE se situaba en un 8,9% de la población activa, es decir algo más de 13 millones de per­ sonas, de las que el 53% eran trabajadoras. Estas cifras se han incre­ mentado en los siete primeros meses de 1992 hasta llegar a cerca de 14 millones, un 9,5% de la población activa, por lo que hemos retor­ nado a las cifras de desempleo del año 1988. Según datos de Eurostat correspondientes al mes de julio pasado. Irlanda tiene una tasa del (1) Vid. R B a il l e a u : L a coordination des Services publics dans le dom aine social de Lemploi et de l ’education pou r Vinsertion ou la reinsertion professionnelle des personnes en d i­ ficulté. Conseil de l’Europe, Estrasburgo, 1992.

(2) En el artículo me refiero a la exclusión laboral, pero es obvio que ésta no es sólo no disponer de trabajo o estar en desempleo de larga duración. El fracaso escolar precoz, la au­ sencia de cualificación y competencias, una salud inestable, la precariedad del alojamiento o la exclusión del circuito del consumo por falta de dinero son factores que coadyuvan a la ex­ clusión del ciudadano «de las redes de información y de decisión, de la cultura, de toda ciu­ dadanía». J. V a n o y E: «Exclus et emploi». CFDT. Aujourd, hui, núm. 105/1992, pág. 30. (3) «Informe anual de la OCD E sobre España». Vid. su texto en Cinco D ías, 20-3-92.

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141 18% siguiéndola España con 16,2%, mientras que el país con menor nivel de desempleo sigue siendo Luxemburgo con un 1,9%. B) En España, los datos de la EPA correspondientes a 1991 in­ dican que el número total de parados/as ascendió a 2.463.700, con un incremento de 22.500 sobre el año anterior y quebrándose ade­ más el aumento en la creación de empleo que se había producido de forma ininterrumpida desde el año 1985. En efecto, a lo largo del pa­ sado año el empleo se redujo en 61.000 personas, frente a los 212.000 empleos creados en 1990, «cerrándose el ciclo de fuerte ex­ pansión iniciado en el segundo semestre de 1985 que se saldó con la generación de 1.800.000 empleos» (4). No nos conviene olvidar, de otra parte, que durante los dos últimos años se ha producido un des­ censo relativo en el crecimiento de la población activa debido al «efecto desánimo» que para muchas personas que podrían incorpo­ rarse al mercado de trabajo supone la situación de crisis y estanca­ miento económico, y que a poco que mejoren las expectativas de em­ pleo — algo poco probable ciertamente a corto plazo— las tasas de desempleo registrado pueden incrementarse considerablemente. A destacar que sigue incrementándose, paulatina y gradualmente, la presencia femenina en el mercado laboral, y que su tasa de paro duplica la de los hombres (24,41% frente al 12,83%). Conviene aquí recordar que desde 1985 a 1991 el nivel de incremento de la actividad femenina ha supuesto el 80% del incremento de la actividad global (5).

2.

Trabajo fijo y trabajo temporal

En el ámbito de los/las trabajadores/as ocupados/as existe una distinción cada vez mas nítida entre quienes poseen un empleo esta­ ble y quienes se encuentran en situación de temporalidad; incluso, dentro de este segundo grupo puede diferenciarse entre las personas que tienen expectativas de alcanzar una estabilidad a medio plazo y las que viven en permanente situación de inseguridad laboral. Nues­ (4) Banco de España, Informe A nu al 1991, Madrid, 1992 , pág. 60. (5) Como dato concreto altamente significativo cabe destacar que desde 1985 al se­ gundo trimestre de 1990 la población activa femenina creció en 1.172.300 (28,6% en tér­ minos relativos), mientras que la masculina sólo lo hizo en 272.700 personas (2,9 % en términos relativos). Cfr. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: «El mercado de trabajo en España (1985-1990)». Coyuntura Laboral, núm. 33/1991.

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142 tro país nuevamente ocupa posiciones de «privilegio» en este terreno, de forma que al finalizar 1991, los/las trabajadores/as con empleo fijo eran un total de 6.220.000, mientras que los/las temporales alcanza­ ban los 3.110.000, con una tasa de temporalidad del 33,3 %. Debe destacarse, como dato significativo puesto de manifiesto en el Infor­ me de 1991 del Banco de España que «desde la introducción de las nuevas modalidades de contratación temporal en 1984 sólo se produ­ jeron crecimientos netos de empleo fijo durante el año 1989» (6). Precisamente, la razón básica del crecimiento de las partidas presu­ puestarias destinadas a la cobertura de la protección por desempleo ha sido el incremento de la extinción de contratos temporales como consecuencia de la desaceleración económica producida a partir de 1991, ya que en dicho año cerca de un 75% de los/las nuevos/as parados/as lo fueron por la extinción de su contrato de duración deter­ minada. La temporalidad afecta en especial a los/las jóvenes menores de treinta años (más del 60% del total de trabajadores/as eventuales) y las mujeres, y se practica de manera preferente en el sector privado. En efecto, la tasa de eventualidad en este sector se sitúa en un 37’8%, mientras que la del público es de un 18,3%; respecto a las mujeres, su tasa de eventualidad global es de un 39,4% , mayor en el sector priva­ do (46%) que en el público (19%). Ser joven, mujer y con contrato temporal es hoy un rasgo relevante que explica la segmentación del mercado de trabajo en nuestro país. Y esto además tiene una inciden­ cia significativa sobre el nivel agregado de los salarios de los/las traba­ jadores/as ; en la encuesta piloto sobre ganancias y subempleo realiza­ da por el IN E en el segundo trimestre de 1991, en coordinación con Eurostat, y que iba referida al conjunto de la población, se recoge el dato de que la ganancia media — resultante de la investigación— es un 20% inferior a la estimada en la encuesta de salarios del IN E (que no recoge a empresas de menos de cinco trabajadores/as, donde el vo­ lumen de contratación laboral temporal es muy elevado y en la que los niveles salariales se sitúan a la baja con respecto a las de mayor ta­ maño) (7).

(6)

Informe A n u al 199U ob. cit. J. A r a g ó n , E. G u t ié r r e z y J. B l a n c o : L os efectos d e la p re c a riz a c ió n sobre e l em ­ p leo . Comunicación presentada a las III Jornadas de Economía Crítica. Barcelona, marzo 1992, págs. 11 a 13. (7)

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143 Repárese, además, en el siguiente dato significativo extraído de la EPA de 1991: las ramas o sectores con más elevada tasa de temporali­ dad eran las de construcción (55%) — no debe sorprendernos, pues, que fuera el sector donde se dio la tasa más elevada de siniestrabilidad en 1991, con un 16,3% de traba]adores/as que sufrieron acci­ dentes, de los que 323 fueron mortales— , hostelería (50%) , calzado y confección (47,5%) y comercio (36%). Como puede observarse, si se exceptúa la construcción, en el resto de sectores hay una elevada presencia de mano de obra femenina, y en donde en muchas ocasio­ nes la frontera entre la legalidad y la ilegalidad respecto a las condi­ ciones reales de trabajo es cada vez más tenue y borrosa (8). El propio Ministro de Trabajo afirmaba en el Parlamento que la temporalización de las plantillas «... tiende a añadir un plus a los po­ deres de dirección del empresario y a quebrar la cohesión de los tra­ bajadores en los centros efe trabajo» (9). En consecuencia, el análisis de la contratación temporal nos debe llevar a distinguir entre las di­ versas razones existentes de la elevada tasa de rotación de los contra­ tos, si se quiere encarar con seriedad y rigurosidad una reforma que viene demandada por los propios expertos y, obviamente, por las or­ ganizaciones sindicales. En diversos sectores económicos (agricultu­ ra, turismo, construcción) la rotación es básicamente estructural, y no queda afectada en gran medida por los distintos ciclos económi­ cos, pero en otros la temporalidad no ha encontrado más razón de ser que la de flexibilizar el mercado de trabajo y crear más empleo, siquiera fuera temporal, olvidando las consecuencias que sobre el mismo podría tener un ciclo económico recesivo (10). Por ello, se trata de analizar a qué reglas generales debe responder la contrata­ ción temporal y cuál ha de ser su incidencia cuantitativa en el mer­ cado de trabajo, y pienso que esto pasa hoy por una reducción y simplificación de las modalidades contractuales existentes, recupe­ (8) A. T o r r e l l a S: M ujer y trabajos informales. Comunicación presentada a las III Jornadas de Economía Crítica, Barcelona , marzo 1992, pág. 6. (9) D iario de Sesiones del Senado. Comisión de Trabajo, 27 de septiembre de 1990, núm.40. (10) En tal sentido se manifestó el Secretario General de Empleo, J. A r a n g o , en su comparecencia ante la Comisión de Política Social y de Empleo del Congreso de los Di­ putados el 13 de noviembre de 1991. D SC D , Comisiones, mim. 349, págs. 10370 a 10378. Arango puso de manifiesto que la alta tasa de rotación coyuntural en el empleo ha ido llevando a la disminución del período medio de desempleo consumido, que pasó de 8,9 meses en 1987 a 7,5 meses en 1990.

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144 rando el valor del principio de causalidad y utilizando los contratos temporales para la realización de trabajos que no tengan vocación de estabilidad.

2.1.

Relación entre el desempleo y/o la proliferación de empleos atípicos y la aparición de procesos de exclusión

Estudiosos de las políticas de empleo y de inserción sociolaboral han puesto de manifiesto que el término «desempleo» está cediendo progresivamente su lugar al de «exclusión económica», con unas con­ notaciones que van más allá de la estricta pérdida de remuneración, y que las ahora denominadas «formas particulares de empleo», es decir, la gran mayoría de aquéllas que se caracterizan por tener una dura­ ción determinada, «constituyen una vía de paso privilegiado hacia un proceso de exclusión profesional» (11). Ello va de la mano con un dato ciertamente significativo y que enlaza con lo expuesto con anterioridad : la contratación a través de la modalidad contractual de duración indefinida se utiliza para trabajadores/as que tenían un empleo anterior, o de desempleados/as de corta duración, al tiempo que — la referencia es a lo que ocurre en Francia, pero perfectamente extrapolable a España— «se incrementa el “stock” de desempleados de más de 24 meses de antigüedad, que conoce hoy un crecimiento superior al registrado para el conjunto de los demandantes de empleo de larga duración» (12). El camino hacia la exclusión profesional de las categorías menos protegidas es una de las consecuencias del proceso de precarización de la mano de obra (13). Precisamente, la relación entre la prolifera­ ción de empleos atípicos y el crecimiento de la exclusión social es un tema recurrente de estudio entre la doctrina especializada, que no olvida tampoco su relación con la existencia de empleos «típicos», pero mal remunerados, el aumento del desempleo y el auge de la economía irregular. Al respecto pueden formularse estas dos consi­ deraciones:

(11) (12) (13)

S. W h u l : D u pág. 41.

ch om age a ¿'ex clu sió n .

TenSyros, París, 1991, pág. 15.

Ib íd .

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145 A) Los empleos atípicos están generalmente vinculados a una débil remuneración de aquéllos/as que los ocupan. Además, en aten­ ción al número de horas y/o días trabajados, no se reconoce el dere­ cho a prestaciones sociales en algunos países de la C EE , de ahí el in­ terés de la Comisión por establecer unas reglas comunes en materia de contratación de duración determinada para todos los Estados miembros, hasta el momento presente sin éxito (y sin perspectiva de tenerlo, al menos a corto plazo) (14). B) Los empleos precarios y atípicos, a menudo irregulares e inseguros, están asociados en numerosas ocasiones a actividades de bajo coste y mal reglamentadas, y a condiciones desfavorables de empleo. En consecuencia, «los empleos precarios y atípicos pueden constituir en sí mismos una cierta forma de pobreza, por sus carac­ terísticas» (15).

3.

Grandes, medianas y pequeñas empresas. Sectores en expansión y sectores en crisis

Una diversidad cada vez más relevante en el mercado de trabajo se produce entre los/las trabajadores/as de las empresas en razón de su tamaño y del sector o rama de actividad en que se encuentran. Los datos estadísticos nos indican el predominio de las pequeñas y media­ nas empresas que ocupan a la mayor parte de la población trabajado­ ra, y no podemos olvidar que el riesgo de un cumplimiento defectuo­ so de la normativa laboral es bastante superior en éstas que en las de mayor dimensión. Sobre un total de 13,4 millones de sociedades registradas en la Europa comunitaria, un 91,4% tienen menos de 10 trabajadores/as («microempresas»); un 0,5% ocupan entre 10 y 100 trabajadores/as («pequeñas empresas»): un 0,5% tienen entre 100 y 500 trabajado­ res/as («medianas empresas»); en fin, las grandes empresas represen­ tan sólo el 0,1% (0,04% en España, donde la estructura empresarial está basada en empresas que ocupan a menos de 10 trabajadores/as). Las microempresas y las PYME proporcionan ocupación al 72% de (14) G. R o d g ERS y F. W i l k i n SON: «Pauvreté et marché du travail: priorités et thémes de recherche». Travail et Societé, núm. 2/1991, págs. 241 a 253. (15) Ibtd.

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146 los/las traba]adores/as en la Comunidad (79% en España), y las gran­ des empresas sólo dan ocupación directa al 28% restante. De la reali­ dad española empresarial en el sector industrial debe destacarse, ade­ más, que el 53,8% de las empresas son de capital social mayoritariamente familiar, y que esta estructura es menos común a medida que las empresas son más grandes (16).

4.

La edad del trabajador/a

Distinta es la posición del trabajador/a en el mundo del trabajo en razón de su edad. De todos es conocido que los/las jóvenes en­ cuentran importantes dificultades para incorporarse plenamente al mismo, y que el desempleo es la principal preocupación de los/las jó­ venes europeos (17). Se ha escrito acertadamente a mi entender que «en la actualidad para los jóvenes se multiplican las situaciones inter­ medias entre el mundo del estudio y del trabajo: políticas públicas de prolongación de la escolaridad, de formación profesional, de progra­ mas de creación de empleos de apoyo, o medidas de ayuda social, etc., siendo más difícil la inserción de las jóvenes, a causa del reparto de papeles entre los sexos en la sociedad occidental» (18). También es sabido que es durante la fase de edad adulta cuando se desarrollan la mayor parte de las potencialidades laborales de una persona, y que a partir de la «tercera edad laboral» (más allá de los 45 (16) Encuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Para analizar el im­ pacto del mercado único en la industria española. E l Nuevo Lunes, 9-12-91. (17) Según el eurobarómetro realizado a finales del pasado año por la CEE sobre los problemas que más preocupaban a los/las jóvenes comunitarios, el desempleo era la princi­ pal preocupación, seguido de las drogas y el sida (70, 66 y 40%, respectivamente). En Espa­ ña, en cambio, el paro estaba en segundo lugar (48%), dejando el primer puesto a la droga. La mayor preocupación por el paro juvenil se daba en Irlanda (90%), aleo que no nos debe extrañar ya que es el país con tasa de paro más elevada. Vid. L a Vanguardia, 13-11-91. (18) E B a il l e a u : L a coordination des Services..., ob. cit. Una interesante medida de apoyo a la contratación de jóvenes se encuentra en la reciente ley francesa núm. 92, de 22 de julio de 1992 sobre «disposiciones relativas a la lucha contra la exclusión social y profe­ sional». Para la contratación de jóvenes de trece a veintiséis años, en régimen de contrato indefinido y en empresas que ocupen a menos de 500 trabajadores/as, éstas quedan exo­ neradas del total de pago de las cotizaciones patronales a la Seguridad Social durante un período de doce meses, y del 50 % durante los seis meses restantes (sobre una base horaria máxima correspondiente al 120 % del SM IC). En principio, la aplicación de esta medida está prevista hasta el 30 de septiembre, pero es bastante probable que se prorrogue en el tiempo .

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147 años) las posibilidades de encontrar empleo, para quienes se vean afectados por despidos o reestructuraciones, deviene algo más que hi­ potética y buena parte de estos/as pasan a engrosar las filas de los/las desempleados/as de larga duración (que en la Europa comunitaria al­ canzan el 50% del total de parados/as) (19). La edad va estrechamente acompañada de la titulación, de forma que sigue siendo correcto afirmar en la actualidad que a mayor titula­ ción académica mayores posibilidades de alcanzar la estabilidad en el empleo una vez que la persona se ha introducido en o incorporado al mundo laboral. En foros y debates comunitarios se ha puesto de ma­ nifiesto la influencia tanto de la variable edad como de la de titula­ ción, y que el peso de esta última se explicaría «...por las prácticas de reclutamiento de las empresas, que en ausencia de criterios apropia­ dos de apreciación de las aptitudes reales de los candidatos, hacen del diploma una señal de elegibilidad» (20). Me refiero a continuación, siquiera sea de forma breve por razo­ nes de espacio, a los/las jóvenes en nuestro país. La creciente rotación empleo/desempleo de gran parte de los/las jóvenes trabajadores/as, en especial quienes poseen menor cualificación, se encuentra avalada por los datos referentes a cuál es la razón jurídica más importante por la que los/las jóvenes (entre diecisiéis y veintinueve años) tienen acceso a las prestaciones contributivas por encontrarse en situación de de­ sempleo, y que es la finalización de un contrato temporal. Según da­ tos de 1991, si para el conjunto de los/las desempleados/as era de un 66,6%, este porcentaje se incrementa considerablemente para los/las jóvenes de dieciséis a diecinueve años (92,8%), veinte-veinticuatro (19) Vid. la ley francesa citada en la nota anterior, que incluye las siguientes medidas de apoyo específicas para estos colectivos. A) Contratos de empleo-solidaridad (para desempleados/as de más de tres años de duración, quienes tengan más de cincuenta años, o perceptores de la RMI sin empleo des­ de hace doce meses). El contrato puede durar hasta 36 meses, y si después el/la trabajador/a se incorpora a la empresa con un contrato indefinido, o temporal renovable hasta cinco años, parte del salario y de las cotizaciones sociales será asumida por la Administra­ ción laboral. B) Contratos de retorno al empleo para mayores de cincuenta años y desempleados desde hace tres meses. Se abona una subvención a la empresa contratante de 10.000 fran­ cos, y queda exonerada durante 18 meses del pago de las cotizaciones patronales a la Segu­ ridad Social. (20) Coloquio organizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación Profe­ sional francés y la Comisión Europea el 18 y 19 de octubre de 1991. «Agir contre le chómage de longue durée». Liaisons Sociales, núm. 124, 9-12-91, pág. 2.

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148 (88,9%) y veinticinco-veintinueve (76,7%). Dicho de otra forma más gráfica y concluyente, estamos asistiendo a un proceso que no es de índole estrictamente laboral, pero que tiene importantes repercu­ siones sobre el tejido social: el que muchas personas se «acostumbren» a compatibilizar períodos cortos de empleo y períodos de desempleo subvencionados (con cuantía reducida por lo que respecta a las pres­ taciones contributivas a partir de la Ley 20/1992, de 30 de julio), ante la imposibilidad de acceder a un empleo estable. Piénsese en lo que esto puede significar — y de hecho está significando ya— para buena parte de los/las jóvenes que se incorporan al mundo del traba­ jo, y los peligros de degradación del tejido democrático y social que puede implicar. Cualquier política dirigida hacia los/las jóvenes debe prestar espe­ cial atención a los colectivos más necesitados, y tratar de evitar efectos no deseados, cuales son por ejemplo que se beneficien de las medidas puestas en marcha un sector de la población juvenil que, en cualquier caso, hubiera podido acceder al mercado de trabajo. Hay que favorecer la construcción de itinerarios individualizados de inserción que se adapten a las necesidades de los/las jóvenes que salen del sistema edu­ cativo con un nivel de educación escaso, así como potenciar la inser­ ción por lo económico en el ámbito local, y hay que conseguir poten­ ciar el aprendizaje en el puesto de trabajo, dado que «en una situación de precariedad de las condiciones de trabajo es imprescindible garanti­ zar que la existencia del trabajo sea un elemento codificador del proceso formativo, que beneficia tanto al trabajador como a la empresa» (21).

5.

Trabajadores y trabajadoras

Me parece necesario apuntar también las reales diferencias exis­ tentes entre trabajadores y trabajadoras, es decir la distinción por ra­ zón de sexo en materia de acceso al mercado de trabajo y de aplica­ ción uniforme e indiferenciada de las condiciones laborales. Habla­ mos de la igualdad formal que aparece en todos los textos legales, empezando por la propia Constitución, pero nos olvidamos con fre­ cuencia que la igualdad real está todavía lejos de ser una realidad y (21) Ajuntament de Barcelona. Servei d'Ocupació, Projecte d'intervenció. Itineraris d ’inserció laboral de colectius am b especiáis dificultats. Barcelona, 1991.

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149 ahí están los casos de las trabajadoras de Jaegger Ibérica o del Hospi­ tal Gregorio Marañón de Madrid para recordárnoslo. Hay que reivindicar una reforma radical de la clásica división del trabajo entre hombre y mujer, potenciando una «cultura de la solida­ ridad entre sexos», lo que implica un reparto de las cargas familiares y laborales de una parte, y una política discriminatoria positiva en favor de las trabajadoras, en especial de aquéllas con baja cualificación. Desde mi perspectiva jurídica, opino que las normas legales pueden contribuir mucho a que se produzca un cambio de valores en la socie­ dad, si bien el planteamiento de las normas «femeninas» debe ser sen­ siblemente distinto al de etapas anteriores, de forma que la protec­ ción específica sólo tiene sentido, a mi entender, cuando se trate de normas vinculadas con la maternidad y la función reproductora. La experiencia empírica ha demostrado, como ponen de relieve estudios realizados por la OIT, que un hiperproteccionismo produce efectos contrarios a la igualdad buscada entre trabajadores y trabajadoras, y que tales normas se consideran cada vez más como «un obstáculo para la plena integración de la mujer en la vida económica y como una manera de perpetuar las concepciones tradicionales sobre el papel y la capacidad de la mujer» (22).

6.

Traba)adores/as inmigrantes

Algo hay que decir, ciertamente, sobre las diferencias entre los/las trabajadores/as por razón de su nacionalidad, y mucho más si la dife­ renciación se produce entre ciudadanos/as de países europeos — co­ munitarios o extracomunitarios— y quienes provienen de otros con­ tinentes, en especial el africano. La realidad de la inmigración en España, numéricamente hablan­ do, es todavía muy reducida en comparación con la de otros países europeos, aun cuando se ha incrementado a ritmo acelerado en los últimos años, a lo que hay que añadir los reagrupamientos familiares y la aparición de la segunda generación de migrantes (sin olvidar el tráfico ilegal de inmigrantes del sur del Mediterráneo, que en los últi­ mos meses está cobrando proporciones alarmantes). Este incremento (22) Vid., entre otras publicaciones: Las trabajadoras y la sociedad, Ginebra, 1976; Igu aldad en el empleo y la ocupación, Ginebra 1988.

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150 ha comenzado a generar ciertos problemas de equilibrio social, agudi­ zados si cabe por la inexistencia de una «experiencia pluriétnica» que sí la poseen otros países clásicos de inmigración como Francia o Rei­ no Unido (23). Ahora bien, soy del parecer que todavía estamos ple­ namente a tiempo de lograr «una integración plena de los colectivos de inmigrantes dentro de un marco social que garantice el reconoci­ miento, la valoración y el respeto de las pluralidades culturales y hu­ manas más diversas» (24) (25). Y es obvio que me estoy refiriendo a los/las inmigrantes extracomunitarios/as para quienes no existe en nuestra Constitución un principio de igualdad de trato con los/las españoles/as en materia de acceso al trabajo (aunque sí lo hay respecto a las condiciones de trabajo), ya que por lo que respecta a los/las trabajadores/as nacionales de Estados miembros de la CEE a partir del 1 de enero de 1992 (a excepción de Luxemburgo, que será a partir de 1993) rige el principio pleno de igualdad. El achacar la culpa de todos los males del desempleo a los/las tra­ bajadores inmigrantes no me parece en absoluto de recibo, cuando la realidad cotidiana demuestra que éstos/as suelen realizar los trabajos más penosos y que no desean efectuar los/las trabajadores/as naciona­ les, incluso quienes se encuentran en situación de desempleo. En la mayor parte de las ocasiones, «los empleos ocupados en España por los inmigrantes son en realidad aquellos rechazados por los naturales del país, y de ninguna forma la ocupación de los puestos de trabajo por los inmigrantes del sur incide en el mercado nacional» (26).

(23) Tras la finalización del proceso de regularización emprendido entre junio y di­ ciembre de 1991, las autoridades gubernativas consideran que el porcentaje de población extranjera (según sus datos, algo menos de 600.000 personas) no representa más del 1,35% de la población total, y los/las extracomunitarios/as no superan el 1% . Vid. Inter­ vención del Director General de Política Interior y del Presidente de la Comisión Intermi­ nisterial encargada de dirigir y supervisar el proceso de regularización de inmigrantes, en D SC D , Comisión de Justicia e Interior, año 1991, núm. 376, págs. 11073 a 11806. (24) «Els papers del europeus en la história de les migracions internacionals». Dossier C ID O B, núm. 38 /1991, págs. 4-5. (25) Vid. la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de octubre de 1991. D O CE, núm. C, 280, págs. 146-147), en la que se pide a todos los Estados miembros que fomen­ ten la convivencia armoniosa de una «sociedad europea multicultural», que se garanticen y reconozcan los derechos civiles y políticos de las minorías étnicas y religiosas, y que se es­ tablezcan políticas que puedan garantizar un régimen de igualdad de oportunidades. (26) En tal sentido se manifestaba el comunicado emitido por Catalunya Solidaria el 7 de febrero de 1991, criticando el argumento gubernamental de que la limitación del número de extranjeros vendría dada por la necesidad de proteger el mercado nacional de trabajo.

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151 Una última reflexión sobre la problemática de la inmigración, vá­ lida para toda la Europa comunitaria. Europa es cada vez más una realidad multiétnica y pluricultural, y su futuro no pasa por ser «un castillo rodeado de favelas», sino por ser una sociedad en donde se ga­ rantice una igualdad sustantiva de derecho y de participación en la vida pública para todos/as sus habitantes «que permita experimentar el vínculo social de solidaridad no como la jaula de hierro para la autorrealización, sino como el instrumento para conseguirla, donde no se obligue a la asimilación, sino que el respeto por la diversidad cons­ tituya precisamente su fuerza» (27).

II.

LA IM PO RTA N CIA D E LAS PO LITIC A S D E FO R M A C IO N PARA LA SU PERA CIO N D E LAS D ESIG U A LD A D ES LABO RALES

1.

Individualización de la formación

La formación «a medida», es decir, atendiendo a las necesidades particularizadas de cada sujeto receptor de la misma, adquirirá espe­ cial relevancia en los próximos años. Su papel, en especial el de la for­ mación continua, será esencial en el desarrollo de una sociedad acti­ va, capaz de controlar los cambios económicos, tecnológicos, cultura­ les y sociales. Repárese además en el dato significativo, recogido en un reciente informe comunitario, de que «la prevista disminución del peso de las jóvenes generaciones en el conjunto de activos lleva a con­ ceder una mayor importancia a las aptitudes de la mano de obra adulta, ya que más del 80 % de los activos del año 2000 se encuen­ tran ya en el mercado de trabajo y las aptitudes necesarias se renuevan en un 10-15% al año, mientras que la entrada anual de jóvenes sólo supone el 2% de los activos» (28). (27) J. DE L u c a s : Sobre la condición de extranjero: del reconocimiento ju rídico a la in­ tegración social Ponencia presentada en las Jornadas sobre Libertades y Seguridad Ciuda­ dana. Barcelona, marzo 1992, págs. 15-16. Vid. también la Declaración Común del Comité de las Iglesias sobre los emigrantes en Europa y la Conferencia Europea de las Comisiones de Justicia y Paz: «El desafío de 1992 y los inmigrantes», publicado en Ecclesia, núm. 2572, 21-3-92. (28) M emorándum de la Comisión de la C E E sobre la form ación profesional en la Co­ m unidad Europea p ara los años 90, Bruselas, 1992.

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152 Es claro que una política eficaz de formación debe contribuir a la eliminación o atenuación del desempleo (29), en especial el de larga duración, pero al mismo tiempo puede y debe ser un elemento diná­ mico y antiinflacionista de eliminación de los estrangulamientos y de fomentos de ajustes rápidos en el mercado de trabajo (30). Se trata, pues, de superar la paradoja de tener un volumen elevado de desempleados/as y al mismo tiempo puestos de trabajo que no se cubren por escasez de mano de obra cualificada. A mi entender, la formación debe servir para obtener, en su caso, y mejorar las cualificaciones profesionales, y permitir así a los indivi­ duos y empresas realizar una gestión provisional, tanto en el ámbito económico como en el social; en el panorama europeo cada vez más nítido de un mercado de las cualificaciones, «las aptitudes solicitadas, la movilidad de los individuos, las políticas de contratación de perso­ nal y de gestión de las empresas, el contenido y los costes de la ges­ tión de personal, deberán evolucionar en función de la dimensión eu­ ropea de aquél» (31). Señalo por último, y la referencia es especialmente válida para Es­ paña, que debemos tener presente que la formación por sí sola no crea empleo, sino que debe ir acompañada de otras medidas comple­ mentarias de política social, mercado de trabajo (orientación, asesoramiento y seguimiento del proceso educativo) y formativas (32). En especial, quiero apuntar aquí con respecto a los/las jóvenes que su si­ tuación de partida — una vez llegada la edad de acceso al mercado la­ boral— , cual es su medio cultural, social y ambiental, ya establece un (29) Mucho menos optimista al respecto es Jean Baptiste de Foucauld, por entender que el desempleo «no es un fenómeno clásico de explotación, como es por ejemplo la re­ muneración insuficiente o las cadencias de trabajo excesivas..., ni un cataclismo natural es­ porádico del que es necesario reparar periódicamente las consecuencias..., sino que se en­ cuentra en el corazón de los mecanismos económicos del sistema social y de los comporta­ mientos culturales (vigentes)». «Une citoyenneté pour les chomeurs». D roit Social, núm. 7-8-1992, pág. 553. (30) J. B a ÑULS, E. C a n o , y A. S á n c h e z : L a form ación ocupacional: políticas públicas y contratación laboral Comunicación presentada a las III Jornadas de Economía Crítica, Barcelona, marzo 1992, pág. 2. (31) M emorándum de la Com isión..., ob. cit.

(32) M. Rojo : L a form ación y la inserción profesional Una reflexión desde la perspecti­ va del mercado de trabajo y del empleo. Ponencia presentada en las Jornadas Técnicas de Es­ tudio y Debate: La inserción social y profesional de los jóvenes. Barcelona, noviembre 1988.

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153 proceso de diferenciación entre los/las mismos/as, que todo proceso formativo debe tomar en consideración.

III.

R EC A PITU LA C IO N

El mundo del trabajo y de los/las traba]adores/as se encuentra confrontado a nuevos retos e interrogantes en los años venideros. En el horizonte europeo se divisa ya la Europa del mercado único de 1993 (y a más largo plazo la de la Unión Económica y Monetaria), en la que el riesgo de que los aspectos sociales queden relegados en detrimento de los económicos y monetarios es algo más que una mera hipótesis. En España se vislumbran unos años post-olímpicos especialmente preocupantes para todos los sectores laborales, con es­ pecial preocupación para el industrial y el agrario, y obviamente para los/las traba]adores/as ocupados/as en ellos. Concluyo afirmando que es responsabilidad de todas las fuerzas políticas y sociales lograr un «pacto de ciudadanía» que beneficie al conjunto de la sociedad, y en ese empeño habrá que dejar, por todas las partes, muchos jirones de arrogancia e intolerancia por el camino. Este es, con toda probabilidad, el principal interrogante que se dibuja ante nosotros para los años venideros.

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Las desigualdades de la población ante la salud María Isabel Serrano González Doctora en Medicina, especialista en educación para la salud

Juan Manuel de Miguel Arenal Educador

EL C O N F L IC T O SO CIA L A CTU A L Las claves principales de la crisis social actual contemporánea las podríamos ver en un doble sentido de conflicto y oportunidad de cambios. Toda una serie de dualismos están presentes: lo caduco de muchos tipos de productividad frente a la más compleja ingeniería. El paro laboral, admitido como un hecho incuestionable, junto al trabajo informatizado. La anomía social en un mundo invadido de redes de comunicación electrónica a escala planetaria. La convivencia en la misma sociedad del analfabetismo y las vanguardias culturales. En definitiva, el dualismo entre los que tienen y los que no tienen acceso a la calidad de la vida. Es decir, una sociedad que pierde mucho rumbo en lo que real­ mente es el sentido y el valor de la vida y que, por otro lado, habla y se comunica más que nunca, envía más mensajes de la forma más rá­ pida y extensa. Todo ello puede hacernos pensar que «todo el mun­ do» tiene posibilidades de conocer e intrepretar lo que ocurre sobre el planeta; que todos los recursos sociales son accesibles a T O D O S y así hacernos olvidar que son muchos los que carecen de claves para «apropiarse» de todo lo que se les ofrece y se comunica. En toda acción social se da por sentado que la primera tarea es informar y se suele silenciar que, de hecho, los más necesitados de esa acción social no son capaces con frecuencia de entender la informa­ ción que se les brinda. ¿Qué consecuencias tiene esta crisis social y estos dualismos en la asistencia sanitaria? ¿Tiene en cuenta la oferta sanitaria (los sanitarios en concreto) que deben contribuir a acrecentar el sentido crítico y res­ ponsable (consigo mismos y con la comunidad) de los ciudadanos a

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156 quienes atienden? ¿Qué consecuencias van a tener para los grupos cada vez «menos importantes» en el diseño del futuro que se prepara (Mun­ do rural y agrícola, minusválidos, minorías étnicas, el Tercer Mundo en general) las reformas y las políticas económicas que se avecinan? ¿Se ha perdido de verdad el sentido del valor de la vida humana o es que sólo tiene un valor económico?

1.

Elementos de desigualdad que intervienen en el desarrollo humano de la salud

Consideramos que un individuo goza de buen estado de salud cuando existe un equilibrio dinámico dentro de su ser y en el am­ biente en el que le corresponde vivir y desarrollarse. Es decir, el equi­ librio surge mediante un proceso dinámico que parte de unas capaci­ dades genéticas y psíquicas en constante interacción con el medio. Este medio externo está determinado por elementos naturales (espa­ cio físico donde habita); elementos biológicos (animales, plantas); elementos sociales generados por el desarrollo económico social (tra­ bajo, familia, instituciones etc.), por la propia acción del ser humano sobre su comunidad. Este proceso dinámico depende de muchos factores interdepen­ dientes. La naturaleza de la desigualdad en la salud es la misma que la desigualdad ante la sociedad. Diferencias según sexo; peor para la mujer. Malnutrición y cuidados insuficientes. Desigualdades educativas. Desigualdades del trabajo. La pobreza. Educación y cuidados de los niños en la familia. Necesidades particulares de los disminuidos físicos y psíquicos. Etnias y emigración. En el conjunto de los indicadores sobre los que vamos a reflexionar, observaremos cómo en las Comunidades más desarrolladas van desapa­ reciendo enfermedades que son fruto de la contradicción hombre-natu­ raleza (desaparecen las infecciones ligadas al medio) y por otro lado apa­ recen las enfermedades propias de este desarrollo (enfermedades asocia­

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157 das a los estilos de vida actuales) y lo que es más grave, se perpetúan y aparecen enfermedades socioeconómicas, y una profunda contradicción hombre-hombre. Algo que afirma a unos colectivos opulentos sobre otros, produciendo los problemas de salud de nuestro desarrollo.

2.

No bastan los conocimientos, sino que es necesario aplicarlos

Lo que a menudo no depende sólo del personal médico y sanitario sino de fenómenos de carácter fisiológico, religioso, político y económi­ co sobre todo. El objeto de la medicina no es curar un órgano aislado sino mantener el individuo ajustado en su ambiente social o reajustarlo si fuera necesario. Los recursos de que se dispone están condicionados por la estructura social y económica de los colectivos, así como por las posibilidades científicas y técnicas de las que estos colectivos disponen. Y sobre todo por la política que orienta las intervenciones. Podríamos pensar que la acción del sector sanitario es poco responsable en los defi­ cientes niveles de salud de los colectivos de los que estamos hablando, pero nada más lejos de esto, pues el ambiente social y el entorno inte­ lectual crean condiciones favorables para que la ciencia se lleve a la prác­ tica de determinada manera. Y el sector sanitario tiene su parte de res­ ponsabilidad en los propios problemas de salud por acción y/u omisión. La tensión público-privado no es ajena a esto que estamos dicien­ do. En el momento actual, en nuestro país, se imponen intereses de colectivos que parapetados en una mejor gestión del sistema sanita­ rio, en la eficacia de las instituciones sanitarias, imponen una aplica­ ción de los conocimientos y de la ciencia, sujeta, sobre todo en el campo hospitalario, a una mentalidad economicista. Evalúan y anali­ zan el sistema sanitario con métodos de mercado pensando también en el suculento negocio que puede ser la sanidad con una gestión con una política neoliberal. Aquí la medicina tiene que reflexionar mucho y tomar postura activa desde los principios que orientan su práctica, y pensar, sobre todo, en el objeto de su profesión.

3.

Colectivos con más problemas de salud

La vida de muchos millones de seres humanos depende del mer­ cado de trabajo. Se pierden puestos de trabajo (reestructuración eco­ nómica, accidentes, enfermedades, vejez, sobre todo por la crisis eco­ nómica inherente al sistema capitalista, y se convierte en una carga.

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158 Unos medios de vida son más propios que otros para un desarrollo sano del individuo. Vamos a ver cómo hay elementos de desigualdad que hacen que unos grupos estén más expuestos y padezcan la enfer­ medad más que otros: Son elementos determinantes del nivel de salud: el trabajo, la escolarización, la nutrición, el acceso a los cuidados, los modos de vida. La naturaleza de la desigualdad sociocultural y de los modos de vida suele tener profundas raíces económicas que repercuten en el ni­ vel de salud. Las discapacidades, es decir, las limitaciones permanentes, cuida­ dos personales, andar, actividades de vida cotidiana y conducta con­ dicionan negativamente la calidad de vida de muchos colectivos. Vea­ mos, dentro de estos colectivos, cómo influyen las variables Trabajo, Estudios y Alfabetización. PORCENTAJE DE PERSONAS DISCAPACITADAS, DE SEIS-SESENTA Y CUATRO AÑOS EN 1988. SEGUN ACTIVIDAD ECONOM ICA. Activos con empleo

Inactivos

19,73 Hombres 56,27

71,80 Mujeres 85,69

Total de personas con algún tipo de limitación permanente en 1986 según el nivel de estudios y de ingresos. TASAS POR 100.000 HABITANTES Cuidado per.

andar

vida. c.

conduct.

2.830 1.664 629

4.761 3.215 834

5.836 3.265 642

3.930 2.376 747

2.014 210

4.306 465

4.471 471

3.006 888

N ivel de estudios

No leen ni escriben..................... Sin estudios....................... .......... Enseñanza univ.................. ......... Nivel de ingresos

De 15.001-30.000............. ......... De 200.000-300.000..................

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159 Tasas de alfabetización. PORCENTAJE DE POBLACION ANALFABETA EN CADA GRUPO DE EDAD Y SEXO EN LAS CC.AA. 1986 Años (% ) 10-14

45-64

> 65

Com unidades con mayor tasa de an alfa­ betismo

Andalucía................................................ Baleares .................................................. Extremadura.......................................... Asturias .................................................. País V asco...............................................

0,95 1,48 1,19 0,04 0,21

11,86 4,01 10,39 1,27 1,62

23,84 11,35 23,05 3,96 3,70

Estas desigualdades engendran una reacción en cadena profun­ da y generalizada. A veces se perpetúan de generación en genera­ ción, porque son condiciones que tienden a ser muy interdepen­ dientes. Ante las reformas sanitarias que se imponen desde dentro y desde fuera, ¿qué posibilidades de autoasistencia tienen estos colectivos? ¿Cómo se utilizan los resultados de los estudios sociales, epidemioló­ gicos, programas de s. morbilidad? ¿Se aplican las conclusiones? Cuando se implementan programas, ¿van dirigidos a los que más lo necesitan? ¿Qué consecuencias tendrá para estos colectivos enfermos el acercarse a los problemas de salud y enfermedad con mentalidad y práctica mercantilistas?

4.

Algún indicador de desarrollo sanitario

N o cabe duda que la salud y la enfermedad son estados de vida humana en los que hay que tener en cuenta plenamente, al mismo tiempo, las condiciones personales biológicas y sociales del individuo y las colectividades. En el seguimiento de los indicadores sanitarios públicos por el Ministerio de Sanidad, CC.AA.; Castilla y León y los propios datos

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160 de la O M S aparece una constante: que la enfermedad es una realidad biológica cambiante sometida a circunstancias ambientales determi­ nadas, como fenómenos sociales condicionados por estructuras socio­ económicas e integrados en patrones socio-culturales concretos. Vamos a ver constantemente esas dos Españas de salud, la pobre y la rica. Vamos a ver las CC.AA. más pobres a la cabeza de los pro­ blemas de salud protagonistas en toda enfermedad, salvo en las que están ligadas a los estilos de vida de la sociedad actual avanzada: SIDA, droga, vinculadas al consumo. En éstas últimas están a la cabe­ za las CC.AA más ricas.

4.1.

Indicadores que han mejorado con la mejora de la red de asistencia hospitalaria

Merece la pena subrayar la evolución desde el año 60 en que se comienza la Seguridad Social hasta hoy. La mortalidad materna ha dejado de ser un problema de salud pública en los países desarrollados debido a la mejora del nivel de vida y la ampliación de los servicios de atención materno-infantil a la mayoría de las embarazadas. Es un indicador sanitario de interés que traduce el buen funcio­ namiento de los servicios de atención maternal. TASA DE MORTALIDAD MATERNA x 10.000 NACIDOS VIVOS

Castilla y León ................................................... Castilla-La M ancha......................... ................... La Rioja ............................................ ...................

1960

1985

8,17 10,22 16,00

0,00 0,98 0,00

4,85

0,00

Tasas más bajas

Cantabria.......................................... ...................

La tasa de mortandad infantil según la O M S es el número de na­ cidos vivos que mueren antes de cumplir un año por cada 1.000 naci­ dos vivos durante ese año. Los factores responsables de las muertes que ocurren en las primeras semanas son sanitariamente diferentes de

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161 aquellas responsables de las defunciones en el resto del primer año de vida (éstos más sujetos a condiciones socio-familiares), por eso se es­ tablece la diferencia entre los nacidos y muertos en los primeros 28 días y los muertos en el resto del primer año. La primera tasa de mor­ talidad neonatal ha descendido menos que la segunda, debido a que las causas: prematuros, malformaciones congénitas, traumas al naci­ miento, podemos decir que, más sujetas al conocimiento y aplicación del conocimiento de la medicina, son menos susceptibles y controla­ bles que los factores exógenos como nutrición, enfermedades infec­ ciosas que son las responsables de la mortalidad postnatal. TASA DE MORTALIDAD POSTNATAL (D am os sólo las CC.AA. con tasas m ás altas)

Castilla y León ................................................... Extremadura ....................................................... Castilla-La M ancha............................................

1960

1985

33,12 31,18 31,18

2,30 3,04 2,00

La tasa de muertos de 28 días no tienen datos comparativos, pues es a partir de 1975 que se empieza a suministrar este dato. Y es a partir de entonces que desaparece ese velo que cubre la rea­ lidad: el no considerar nacido vivo a un niño hasta las 24 horas de su nacimiento real.

5.

Políticas de salud pública eficaces

Cuando se pone en cuestión el sistema sanitario público viene bien leer y reflexionar sobre los indicadores de salud y cómo evolu­ ciona la morbilidad. Y sobre todo contrastar con satisfacción qué ocurre cuando el sistema público se emplea a fondo y obtiene ópti­ mos resultados e iguala a las clases sociales ante la salud, mejorando todos por igual. Veamos la política seguida en las enfermedades infecciosas infan­ tiles. La sensibilización de la población ha sido grande, y el sistema sanitario no ha regateado esfuerzos de informar a las madres de la im­ portancia del uso de vacunas, suministrarlas gratis. Los servicios de

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162 salud de las CCAA han puesto las vacunas a disposición de los Equi­ pos de Atención Primaria. Veamos en qué se han traducido estos es­ fuerzos: EVOLUCION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE DECLARACION OBLIGATORIA EN TRE 1982 Y 1988.

(Tasas por 100.000 habitantes) 1982

Hepatitis vírica.................................................... Tosferina............................................................... SIDA .................................................................... Sarampión ........................................................... Poliomielitis......................................................... Difteria ................................................................

60,52 133,38 0,01 421,74 0,04 0,20

1988

65,69 35,70 4,00 22,55 0,01 Erradicada

Total de casos declarados 1986

Gripe .....................................................................4.455.513 Sarampión ........................................................... 219.580 Rubéola ............................................................... 73.717 Varicela................................................................. 327.454 Tosferina............................................................... 55.329 T étanos................................................................ 70

1988

3.216.210 21.554 17.100 366.110 13.119 42

Merece la pena detenernos a concretar un poco esta variación de indicadores de salud que nos hablan de cómo evolucionan los proce­ sos morbosos en nuestro país. La difteria es una enfermedad de extraordinaria gravedad que hoy está erradicada en nuestro país. La vacunación de la difteria es la úni­ ca obligatoria y lo es desde 1945, cuando se hizo la primera Ley de Sanidad. La tosferina, tétanos y polio son recomendadas, y es cos­ tumbre en el colegio pedir un certificado de vacunaciones; y en los reconocimientos escolares, previo permiso de la familia se completan las vacunaciones. Los pocos casos declarados de tétanos son mayoritariamente de adultos.

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163 El sarampión y la rubéola están incluidas entre las vacunas reco­ mendadas posteriormente a las anteriores, pero el éxito de la vacuna­ ción está demostrado. En el caso de la rubéola no sólo previene una enfermedad a un niño o niña, sino que en el caso de las niñas el inte­ rés es mayor, porque si se padece esta enfermedad en edad adulta, en estado de gestación, en los primeros meses produce graves malforma­ ciones fetales, con oligofrenia etc., por lo que el beneficio se extiende más allá de lo meramente individual. La varicela, enfermedad infec­ ciosa infantil, para la que no hay vacuna y no hay ninguna medida de carácter colectivo, el número de casos es considerable y está en alza. Lo mismo sucede con la hepatitis vírica hasta 1990, pues a partir de esta fecha empieza a recomendarse la vacunación a diferentes colecti­ vos expuestos al riesgo, incluso se está introduciendo en colegios. H a­ brá que esperar para conocer su eficacia pues es una enfermedad que, por tener en la sangre uno de sus vehículos de contagio, la sufren co­ lectivos muy diversos tanto de enfermos como profesionales y sobre todo muy unido al toxicómano, y la vacuna es completamente nueva. En el caso de la gripe vemos también el efecto de la vacuna sobre todo en los adultos que descienden en 1.200.000 casos aproximada­ mente. La gripe tiene la dificultad de que por poseer el virus gripal un carácter murante, cada año o cada dos años presenta antígenos di­ ferentes. Por todo ello, no dejamos de defender una política pública de sa­ lud que favorezca que los recursos locales sanitarios (vacunas, educati­ vos, de diagnóstico) están disponibles y puedan ser movilizados con la mayor eficacia posible (donde entraría una buena Educación para la Salud). Así estaríamos contribuyendo eficazmente a elevar el nivel de salud de la población independientemente del nivel económico y/o clase social. Es toda una lección de medidas eficaces.

6.

Las diferencias por CC.AA.

La Constitución (art. 45) dispone que los poderes públicos mantendrán un sistema público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficien­ tes ante situación de necesidad. P. C aba sostiene que según los indica­ dores de imputs sanitarios en nuestro país existen grandes desigualda­ des territoriales y sociales en recursos físicos y humanos.

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164 Los efectos de la pobreza y la falta de desarrollo económico ejerce sus efectos sobre poblaciones que a su peor calidad de vida y menor nivel de salud, hay que añadir el pobre repertorio de habilidades so­ ciales y comportamentales, una inferior capacidad de adaptación so­ cial no sólo por su nivel educativo, sino por lo que les toca en el re­ parto. A estas CC.AA. «les tocan menos recursos». Habría, pues, que reforzar los medios y recursos necesarios para combatirlo. Esto que parece tan claro y en plena efervescencia del Bienestar Social, no se cumple tal como P. C aba sostiene, y hay desigualdades flagrantes que es de suponer que a partir de ahora se profundicen. Vamos a ver cómo golpea la pobreza a unas CC.AA y los efectos de la sociedad de consumo y opulencia de otras. En el año 1984, en la 34 sesión del comité regional europeo, adoptó 38 objetivos, dentro de la estrategia «salud para todos en el año 2000» y aprobó 65 indica­ dores para medir estos objetivos. El objetivo 20 habla del control del agua a la población. Estable­ ce como indicador el acceso al consumo de agua potable, así como al­ gún sistema de vacunación, y otro indicador es la incidencia de las enfermedades causadas por la contaminación de las aguas, por ejem­ plo las fiebres tifoideas cuya evolución y en relación con las CC.AA aportamos.

SANEAMIENTO PUBLICO Y ENFERMEDAD Hogares sin agua corriente y servicios higiénicos. Porcentaje de población por CC.AA. Año 1981

Baleares ................................................................. Castilla-La M ancha............................................ Extremadura ........................................................ Andalucía..........................................................

Sin agua

Sin servicios

9,70 9,39 11,40

7,72 18,63 24,30 16,65

0,17 0,56 0,59

0,37 2,41 1,76

M ejor acceso y servicio de agua y de saneamiento público

N avarra................................................................ País Vasco ............................................................ Madrid ................................................................

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165 El agua es uno de los recursos naturales fundamentales y, segu­ ramente, el recurso que condiciona prioritariamente el desarrollo so­ cioeconómico de los pueblos. El agua condiciona la salud o por su falta de accesibilidad o por su falta de saneamiento público. Veamos a través de indicadores la relación que tiene el saneamiento público con enfermedades de trasmisión hídrica, concretamente la fiebre ti­ foidea. CASOS DECLARADOS DE FIEBRE TIFOIDEA POR CC.AA. (Tasa por 100.000 habitantes)

Andalucía............................................................. Extremadura ....................................................... Castilla-La M ancha............................................

1982

1988

28,09 21,20 19,78

10,87 20,89 12,49

7,89

2,07

Comunidades con menos incidencia

País Vasco .......................................................

Obsérvese que la máxima incidencia en CC.AA. en el 82 coincide con la menor red de saneamiento público. Que los datos son del 81. El objetivo 36, Planificación, educación y utilización del personal sanitario, uno de los principales factores a tener en cuenta en la plani­ ficación de la atención, son los recursos humanos del sistema sanita­ rio. Para la O M S esta oferta de plazas debe hacerse sobre necesidades sanitarias de la población en base a demografía, epidemiología etc. Veamos la distribución de plazas ofertadas por CC.AA. señalando sólo las que más oferta tienen y las que están en detrimento.

Para el año 1990

C ataluña........................ Madrid .......................... País Vasco ...................... Comunidad Valenciana . R io ja ............................... Extremadura ..................

910 1,647 426

661 77 83

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166 No están entre los indicadores de los objetivos en la estrategia para 1990 los transplantes, pero para nuestro trabajo es importante saber qué CC.AA. tienen mejor accesibilidad a esta atención más so­ fisticada (sólo señalamos los máximos y los mínimos). Año 1988

Madrid ................................................................ Cataluña .............................................................. Castilla-León ...................................................... Extremadura ........................................................

244 230 4 0

Año 1991

305 306 24 11

Veamos algunos indicadores de problemas que tienen su raíz en el consumismo, cambio de valores y pérdida de referentes, que tam­ bién tiene que ver con la anomía social de la que hablábamos al prin­ cipio. Son las toxicomanías, el aumento de suicidios y el propio alco­ holismo, que lo referiremos a la mujer por ser en ella un fenómeno nuevo. Son números totales y no tasas, por tanto habrá que referirlos al total de la población, que en 1988 iniciaron el tratamiento por consumo de opiáceos y o cocaína. Fuente: Delegación del Gobierno sobre el Plan Nacional de Drogas. TOTAL DE PERSONAS QUE CO M ENZARON TRATAMIENTO DE DESINTOXICACION POR COCAINA Y OPIACEOS Cataluña......................................................................... Navarra........................................................................... Madrid ............................................................................ Extremadura................................................................... Andalucía ....................................................................... La R io ja .......................................................................... Castilla-La M ancha........................................................ Castilla y L e ó n ...............................................................

3.130 2.195 1.060 1.755 2.623 226 289 147

Hay que tener en cuenta que éstos no son los totales de enfer­ mos pues hacen referencia únicamente a los que han iniciado el trata­ miento pero es un dato de interés porque sí que nos ofrece una ten­ dencia.

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167 BEBEDORES EXCESIVOS SEGUN CC.AA. AÑO 1987. (Porcentajes en cada grupo y am bos sexos) L as m ás altas:

País Vasco .... Rio j a ............ Extremadura

7,2

6.5 6.6

El valor más bajo se da en Cataluña. Es digno de mención el por­ centaje de mujeres bebedoras excesivas que se da en Baleares, 4,1%, dentro de su grupo con mucha diferencia sobre el resto de CC.AA. Entre los que según el nivel de estudios las mujeres con bachillerato y estudios universitarios hay más bebedores excesivos que en el resto de grupos, 1,38% y 0,41% respectivamente. 7.

El SID A

En fecha de 1 de octubre de 1991, el número total de casos de SIDA en el mundo es de 1.500.000 y, de ellos, 1.000.000 en el Tercer Mundo, repartiéndose entre Africa y el Sudeste Asiático la mayoría. En nuestro país hemos consultado diferentes fuentes y no concuerdan. Hemos decidido dar los datos oficiales de la Subdirección General de Información Sanitaria y Epidemiológica. Los datos de 1988 han ido al alza y las tasas que ofrecemos son número de casos por 100.000 habitantes. Por 100.000 habitantes

L as m ás altas:

País Vasco .............. Cataluña ................. Baleares................... Madrid ...................

G JG

7,18

6,43 5,70

L as m ás bajas

Castilla y León ....... Castilla-La Mancha Canarias.................. Andalucía................ Extremadura ..........

1,10 1,13 1,77 2,38 1,88

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168 Cuando en la base de nuestra organización social hay una desi­ gualdad radical, a pesar de los inmensos avances que se hagan en to­ dos los órdenes, siempre habrá un abismo entre los que tienen más y los que tienen menos, entre la pobreza y la riqueza. Al SID A se le añade el rechazo social y la complejidad y el sufri­ miento. La Conferencia Internacional del SIDA de ese año se cerró en Amsterdam con más preguntas que respuestas, y que afectan a la propia defmicición del SIDA, por la que según informe de esta con­ ferencia millones de mujeres quedan fuera de tratamiento y cuidados sociales tempranos. El hecho de no poderse celebrar en Florida, por la prohibición expresa de EE.U U . a la entrada de seropositivos nos indica dónde estamos y dónde nos podemos encontrar. En nuestro país han avanzado las posibilidades de tratamiento. Según González de la Hoz, del Instituto Carlos III, las expectativas de vida en estos enfermos ha subido a tres-cuatro años, cuando en 1987 era de un año. Pero la política del SIDA está por hacerse. No podemos dejar de subrayar las diferencias abismales entre los países desarrollados y los del tercer mundo. En Estados Unidos el tra­ tamiento de un infectado de SIDA cuesta 5.150 dolares año. El de un enfermo ya de SIDA 32.000 dólares año. Cifras que están muy lejos de los tres dólares por persona y año de que dispone el Gobierno de Uganda para luchar contra la enfermedad, mucho más extendida, en su país. En la conferencia de Amsterdam, Jonhatan M a n n , presidente de la misma, afirma que sólo puede ser combatida desde su misma raíz y sin disociarla de su contexto, aspectos sociales, económicos, políticos, religiosos, y de derechos humanos que acompañan esta enfermedad y que puede prevenirse. El sufrimiento marca esta enfermedad y golpea con fuerza a los más pobres. Dos noticias leo en la prensa, dos muertes, dos enfermos del SIDA. Anthony Perkins , el actor que descubre la solidaridad y el amor en su enfermedad, con un nivel cultural y económico propio de su profesión. Y la muerte de un muchacho dentro de un coche en el que vivía últimamente, en Plasencia. ¿Qué apoyos se estaban ofre­ ciendo a la familia? ¿Por qué se espera a «denunciar» el hecho después de la muerte? Los familiares y allegados de los enfermos de SIDA aparecen atrapados en el círculo de la enfermedad. Más de un 30% de los familiares precisan ser tratados por estar sumidos en una pro­ funda depresión.

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169 Las clases populares no están en condiciones de plantear interro­ gantes, simplemente imitan y repiten conductas. El miedo al conta­ gio lo aprenden los familiares de la parafernalia de los hospitales. Como hemos observado, a menor nivel cultural menos capacidad para hacer frente a los problemas.

8.

Los intereses del desarrollo tecnológico en el mundo de la salud

Vamos a referirnos a ello porque posiblemente marque la desi­ gualdad desde el propio sistema sanitario y sea una vía abierta que le deje exangüe. El sector sanitario es un área económica financiada y gestionada por los poderes públicos mayoritariamente. Hoy nadie duda de que hay que imponer la racionalidad en la gestión de los recursos de la Se­ guridad Social. Lo que se ofrece al público y lo que se compra y dón­ de se gasta. Hoy incide de manera importante una nueva mentalidad en la concepción del sistema sanitario público y se imponen determinadas tendencias a la hora de organizar y asignar esos recursos. La economía es como todas las disciplinas una forma organizada de pensar y plan­ tearse determinados aspectos de la realidad; obviamente, como tal disciplina, puede aportar su punto de vista, su metodología y sus téc­ nicas a temas que no se consideran exclusivamente económicos. En el campo de la salud se están aplicando técnicas de mercado y análisis económico para la asignación de recursos, y se proponen modelos de gestión privada de la asistencia sanitaria pública para rentabilizar esos recursos. Veamos lo que decía E. L l u c h , Ministro de Sanidad, en 1986. Escribía un artículo que subrayaba también otros intereses en la pre­ sión por privatizar la gestión: «El campo sanitario podía, sobre la pauta de intervención en el sector capitalista, generar un importante excedente económico desde la perspectiva de incidir sobre la gestión de los servicios sanitarios públicos. En la medida que el coste de los servicios sanitarios es muy alto, no se propugnan desde las opciones neoliberales medidas de privatización total del sector, lo que supon­ dría hacer a cada individuo responsable de la protección de su salud, estableciéndose una dinámica asistencial conforme a las reglas de

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170 mercado.» Y seguía diciendo que: «la razón encubierta — para la no privatización total— con excusa de protección social, es, que la capa­ cidad individual no es suficiente para soportar el tirón del gasto sani­ tario sin el apoyo público.» Más adelante planteaba otro problema sobre la presión que ejerce sobre el gasto sanitario el avance tecnológico y decía textualmente: «es conocida sobradamente la caducidad tan rápida que experimentan los instrumentos tecnológicos que se utilizan en el medio sanitario, como consecuencia de la rápida evolución de la investigación científi­ ca. Esta estrategia tiene su corolario más expresivo en la estrategia asumida por los medios tecnológicos de EE.U U .: la obsolescencia calculada. La consecuencia es un aumento de la presión de gasto por parte de los colectivos empresariales sobre el sector sanitario en orden a conseguir un mercado permanente de productos». EE.U U. domina en el campo de investigación en biotecnología. El cuadro adjunto manifiesta de forma clara donde están los intereses de la industria tecnológica de EE.U U . La terapia humana y el diag­ nóstico son su campo de mercado más importante.

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171 Los problemas planteados son grandes y complejos. Organizar los hospitales o el sistema sanitario como productores y vendedores de ser­ vicios no deja de ser una solución muy reduccionista e interesada del problema. Porque no pensemos que el comportamiento de los indivi­ duos ante el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte es el mis­ mo que ante la posibilidad de elección de la marca de una lavadora. No olvidemos que estamos ante una obligación social de oferta de calidad de vida, y de garantizar la debida asistencia en caso de enferme­ dad, tal como señala nuestra Constitución. La economía es una discipli­ na con metodología propia, pero hay más disciplinas en el sistema sani­ tario que tienen su metodología propia y también sus puntos de vista. En el siglo XIX, y hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, la razón más importante que impulsó la salud pública y el desarrollo de la Seguridad Social era mantener la mano de obra sana. Así la vida del mismo hombre tenía un valor económico. Hoy ante la perspecti­ va de un elevado tanto por ciento de parados y los intereses privatizadores nos hace pensar si no será el hombre enfermo el bien económi­ co de estos momentos. Las posibilidades de desarrollo son inmensas, las modalidades va­ riadas, busquemos con creatividad y generosidad y construyamos un modelo de desarrollo en el que la referencia de crecimiento y de inver­ siones... sea una mejor calidad de vida con menos sufrimiento huma­ no. Y busquémoslo con el esfuerzo de todos los agentes sociales intere­ sados (políticos, profesionales), teniendo presente que es imprescindi­ ble animar una tarea educativa que reconozca y potencie la participación social de los ciudadanos. Sólo así podremos romper esos dualismos que atraviesan nuestra sociedad tan llena de desigualdades. FU E N T E S CO NSULTA DA S d e I n v e s t ig a c io n e s S o c i o l ó g i c a s : Actitudes y comportamientos de los españoles ante el tabaco, el alcohol y las drogas, 1985. Anuario 1986, 1990, 1991. INE: Movimiento natural de la población española, 1985. M in is t e r io d e S a n id a d y C o n s u m o : Boletín epidemiológico semanal. Indi­ cadores de Salud. Subdirección general de Información Sanitaria y Epide­ miológica. Registro nacional de casos del SIDA. P l a n N a c io n a l d e D r o g a s : Sistema estatal de información sobre toxicoma­ nías. Informe 1985.

C entro

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Modernización económica y desigualdad social (Un techo para vivir) José León Panlagua Caparros Arquitecto

«En una democracia capitalista, la principal preocupación con­ siste en asegurar que los ricos se encuentren satisfechos; todo lo demás es secundario. A menos que se satisfagan los deseos de los inversionistas no hay productos, ni trabajo, ni recursos para los programas sociales, en otras palabras, no hay posibilidad de sobrevivencia.» N

oam

C h o m sk y .

(«Sobre el poder y la ideología», 1986.)

En algunos lugares ya se ha planteado que una nueva política de vivienda debería partir de una modificación sustancial de la ideología que sustenta la actual política económica. No está de más ahora, analizar cómo la modernización económica afecta a una definición concreta de una política de vivienda y cuáles son los efectos de aquélla sobre las condiciones de alojamiento de la población para terminar con una propuesta de una política alternativa.

1.

M O D E R N IZ A C IO N E C O N O M IC A Y PO LITIC A D E V IV IEN DA

La modernización económica se define por su capacidad de resol­ ver adecuadamente a los satisfechos, tal y como afirman N. C h o m s KY (1986) y, más recientemente, J. K . ( Í a l b r a i t h («La cultura de la satisfacción», 1992), dos grandes y muy distintos pensadores nortea­ mericanos. El argumento «moderno» para apoyar la vigencia de una política económica del lado de la oferta, alejada de las demandas y necesida­ des, y que tiende sucesivamente no ya a reducir el actual sistema de bienestar social, sino a eliminar todas las ayudas públicas que lo defi­ nen en sus diversos sectores ( ayudas al desempleo, sanidad pública,

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174 indemnizaciones laborales, vivienda pública...), es muy simple: «la ayuda a los pobres se convierte en sustituto del esfuerzo y de la inicia­ tiva personal.» En materia de vivienda en nuestro país, esta modernización eco­ nómica se ha producido de una forma evidente y de manera acusada desde mediada la década de los 80. Ante una situación de incremento de las demandas y necesidades de alojamiento, se producen una serie de medidas liberalizadoras de la economía y de la política de vivien­ da, dirigidas a apoyar la inversión en vivienda (incluso en viviendas secundarias), que producen una respuesta del mercado inmobiliario dirigida tan sólo a la vivienda libre para una demanda selectiva y tu­ rística, anulándose prácticamente una respuesta pública en materia de vivienda. En este caso la economía y la política de vivienda vuelve a estar otra vez tan sólo del lado de la oferta, a través de un proceso especula­ tivo suficientemente analizado, que ha generado no sólo un problema cuantitativo y cualitativo de alojamiento cada vez mayor, sino que a su vez, está generando (al parecer inesperadamente) desempleo, lo que ha «obligado» a plantear restricciones en su cobertura. Resulta evidente que esa satisfacción es una cuestión de muchos en los países del Primer Mundo y es la que hace funcionar la demo­ cracia formal y a la vez la que genera el denominado «déficit demo­ crático» provocado por la toma de decisiones por parte de los gobier­ nos, cada vez más alejados de la realidad social, económica, laboral y cultural de la población. Tal y como afirma G a l b r a i t h (1992), «el Estado moderno (libe­ ral, postmoderno, postsocialista...) ya no puede negar los problemas. Lo que hace es aplazar la actuación. Actúa al más corto plazo y esto es característico de la década de los 80». Ese Estado tan sólo potencia los gastos militares y los gastos «sociales» de los afortunados (por ejemplo la fiscalidad por inversión en vivienda con independencia de su coste y uso), el rescate financiero (apoyo a los bancos privados a costa de un menor peso de la banca pública) y los pagos de intereses de la deuda pública. Estos gastos no se consideran una carga para el Esta­ do, mientras que sí lo son la ayuda social, la sanidad, la enseñanza y la vivienda públicas. Toda esta ideología «moderna» y de ámbito internacional, se está siguiendo al pie de la letra en nuestro país, con el agravante del escaso

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175 nivel de gasto social existente en España en relación al resto de los países. Nunca la economía internacional fue social y políticamente neutral (por ejemplo, la inversión extranjera en inmuebles durante los últimos años ha apoyado un incremento de los desequilibrios sociales y territoriales en materia de alojamiento, fomentando los fenómenos especulativos), y en la situación actual esto se vuelve a confirmar. La denominada política de convergencia económica derivada del acuer­ do de Maastricht (1991) está diseñada para atender a los satisfechos. Así, a pesar de lo establecido (art. 130.b.) en el proyecto de Tratado de la Unión Europea (que será necesario al menos modificar), los cri­ terios de convergencia no contemplan al habitante por ninguna par­ te, lo que resulta especialmente grave para un país como España cuyo PIB por habitante en 1991 era inferior al 80% de la media de los Doce y en el que el gasto en protección social (en el que se incluye la ayuda para el acceso a vivienda) alcanzaba en 1989 el 17,3% del PIB frente al valor medio de 24,7% en los doce países que actualmente conforman la CE. Modernización económica se asocia e implica a una política mo­ netaria, es decir al control del volumen de los créditos y a la interven­ ción sobre los mecanismos de financiación, básicamente sobre los ti­ pos de interés. Elevando los tipos de interés se penaliza el consumo (afectando directamente al acceso a la vivienda que, por otra parte, se considera una inversión) y se favorece la inversión extranjera. Se argumenta que elevando los tipos de interés se contiene la inflación, lo que se consi­ dera prioritario aunque esa política implica necesariamente un incre­ mento del desempleo. Esta política económica favorece por tanto a los que tienen dine­ ro (los bancos pueden pagar incluso más intereses por cuentas) y pe­ naliza la inversión y la construcción de viviendas, lo que incrementa a medio plazo el déficit de alojamientos ya existentes estimado en 700.000 más otros 130.000 anuales durante los próximos diez años. La política monetaria tiene en España una fuerte incidencia sobre el incremento del esfuerzo necesario para acceder a una vivienda por parte de la población con necesidad de alojamiento. Ello se debe a que prácticamente no existe oferta de vivienda en alquiler, ni se están adoptando decisiones serias en ese sentido, y a que las medidas de apoyo al acceso se basan exclusivamente en la financiación (subsidios

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176 a los tipos de interés de los créditos hipotecarios) y en medidas de ca­ rácter riscal (fuertemente regresivas en vivienda), frente a las ayudas o subvenciones directas. Una política de vivienda basada exclusivamente en medidas de tipo financiero favorece únicamente a aquéllos que finalmente ofrecen las garantías suficientes a las entidades financieras para la concesión de un crédito. Ello resulta más grave aún cuando la promoción pública de vivienda es prácticamente inexistente: en 1991 tan sólo se iniciaron en toda España 7.675 viviendas públicas, esto es 0,19 viviendas por 1.000 habitantes, cifra aún menor que la ya mínima de 1990. Procesos de liberalización financiera y desregulación de los siste­ mas financieros, de desintermediación, de crecimiento de las ayudas fiscales a vivienda, han sido la regla en los países denominados desa­ rrollados económicamente y en todos ellos el resultado ha sido el cre­ cimiento progresivo de los precios de la vivienda, favoreciendo tan sólo a los que ya poseían alojamiento y ofrecían suficientes garantías financieras. Como se ha apuntado, la política monetaria con la elevación de los tipos de interés de los créditos limita las inversiones y afecta a la construcción de viviendas (no a la de alto coste), y a medio plazo al empleo en el sector. Asimismo, afecta a la inversión en el sector in­ dustrial en crisis en España, en parte por aquellas inversiones desvia­ das a sectores menos productivos y socialmente menos rentables. En este sentido es generalizada la petición de un control (reduc­ ción) del gasto público (no se pide su mejora), cuando es sabido que un gran porcentaje de dicho gasto se encuentra comprometido (alre­ dedor del 80%). Sin embargo, no se reclama un control del gasto privado, que como en el caso del gasto privado en construcción de vivienda (bási­ camente vivienda libre destinada a las demandas selectiva y turística) durante los últimos años, ha captado un fuerte volumen crediticio a costa de otros sectores productivos, sin que además esa fuerte pro­ ducción de viviendas haya resuelto problemas de alojamiento, sino que ha agravado la estructura del parque residencial con un fuerte incremento de las viviendas secundarias, con un crecimiento de los desequilibrios sociales y territoriales basados en la vivienda y un im­ portante volumen de viviendas en venta tanto en zonas turísticas

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177 como en poblaciones con necesidades de alojamiento que sin em­ bargo no pueden acceder a ellas por su alto coste. El gasto privado en vivienda en los últimos años ha constituido un auténtico despil­ farro inmobiliario. Frente a una política monetaria con efectos claros y directos sobre el nivel de alojamiento de la población tan sólo cabe una mayor pre­ sión fiscal y un aplazamiento del gasto público que posibilite realizar inversiones sociales, entre ellas en vivienda, necesarias para resolver necesidades básicas, redistribuyendo los beneficios del crecimiento. Es claro que esta opción no existe, ya que se dirige contra los in­ tereses de las clases dirigentes. De hecho, los criterios de convergencia adoptados después de Maastricht van netamente en contra de esta al­ ternativa, lo que en definitiva está anulando la posibilidad de reducir las desigualdades sociales inherentes al capitalismo. Este sistema posee una inestabilidad que se concreta en lo econó­ mico en procesos de recesión y depresión de la actividad económica e incremento del desempleo (asumido como un hecho por el propio sistema), lo que es especialmente grave en aquellos países en los que la tasa de paro es superior a dos dígitos, como el caso de España que en julio de 1992 poseía una tasa del 17,7 (según la EPA), con ten­ dencia al crecimiento. Estas recesiones económicas, que oficialmente siempre se anun­ cian cortas, se denominan «ciclos» en el sector vivienda. Lo que es cierto es que el sector de la construcción en general y el de viviendas en particular, está contribuyendo decisivamente a la agudización de la crisis económica en nuestro país. De hecho, durante un período de fuerte especulación el sector de la construcción ha crecido con una tasa más alta que cualquier otro sector económico en nuestro país (y más alta que el crecimiento del sector en cualquier otro país de la Comunidad Europea), dando respuestas a las demandas más solventes ayudadas por la política económica que diseñó un sistema fiscal de apoyo a la inversión en cualquier tipo de vivienda que ya ha sido oficialmente considerado como regresivo, y un sistema financiero que posibilitó el incremento del endeudamiento para aque­ llas personas que ya tenían acceso a la financiación. Durante ese mismo período (1986-1990) sólo se dio respuesta a los que ya estaban satisfechos, incrementándose la construcción de se­ gunda vivienda (la tasa más alta de la CE), desapareciendo el alquiler

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178 de vivienda (la tasa más baja de la O C D E ), anulándose la promoción pública de vivienda y contribuyendo a la degradación del parque resi­ dencial existente. Ese crecimiento del sector de la construcción durante el denomi­ nado ciclo expansivo/especulativo, ha detraído de hecho recursos pú­ blicos y privados a otros sectores económicos con necesidades de in­ versión (industria) y ha dirigido sus esfuerzos a la consecución del mayor beneficio en el menor tiempo, provocando un desarrollo dese­ quilibrado con acciones dirigidas al sector turístico que ha pasado por encima (otra vez) de zonas con valores naturales protegidas, generan­ do finalmente desempleo allí donde la construcción de viviendas es la «industria» más importante. En definitiva, los beneficios del desarrollo económico no se han destinado a equilibrar desigualdades, lo que resulta preocupante cada vez que se afirma desde el poder (aunque con tasas menores a las ini­ cialmente anunciadas) más que la media de la C E y que duplicaremos el PIB en el año 2000. Una vez superada la fase más especulativa, no precisamente por medidas o intervención pública, el sector de la construcción y en concreto el de viviendas anuncia una tasa de crecimiento negativo para 1992, tasa que ya fue negativa en 1991 (-7% ). La demanda sol­ vente ha quedado satisfecha, y el sector, que no encuentra negocio en la construcción de viviendas se retira esperando tiempos mejores, in­ vierte sus recursos en otras actividades (servicios). Es necesario volver a analizar en profundidad cuál ha sido el re­ sultado de este proceso: las necesidades de alojamiento (y esto ya no puede ocultarse por parte del Gobierno) se han incrementado, lo que podría resultar paradójico si se comprueba que justamente desde 1985 se han iniciado más viviendas que durante los años anteriores: en el período 1985--1990 se iniciaron un total de 1.475.000 (un mi­ llón cuatrocientas setenta y cinco mil) viviendas. La paradoja se resuelve si se estudia a quiénes han ido dirigidas y dónde se han construido esas viviendas. Ese incremento de las necesidades de alojamiento ha sido califica­ do por algunos, no los más inocentes precisamente, como un «efecto no deseado» del auge económico. Se comprende por qué algunos se asusten ante nuevos «auges económicos».

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179 Este fenómeno (agudización de la crisis entre demanda y oferta de alojamiento) no es específico del caso de España, aunque en este sector (vivienda) las repercusiones sean más graves aquí por las claras divergencias en todas las variables que se analicen con respecto a las condiciones de acceso al alojamiento: alquiler, estructura del parque residencial, demandas y necesidades existentes y previstas, financia­ ción, fiscalidad, gasto público en vivienda, respuestas del sector pro­ motor y constructor, niveles de esfuerzo para el acceso a vivienda, in­ tervención sobre el parque residencial, tasas de empleo y empleo pre­ cario, etc. En efecto, una de las consecuencias típicas que definen la política monetaria vigente en los países del Primer Mundo durante los años 80, ha sido el fenómeno de la especulación inmobiliaria (oficinas y viviendas para satisfechos), enmascarada esta vez por un «estilo» ar­ quitectónico denominado postmodernismo (R. M O N E O : «Thinking the Present», 1992). A nivel internacional ese desarrollo ha concluido con una crisis del sector inmobiliario de enormes proporciones sobre todo en EE.U U., Japón y Reino Unido, que ha arrastrado a entidades financieras y mercados bursátiles. La especulación siempre acaba de forma violenta y los afectados son sobre todo aquéllos que no han intervenido en ella y que depen­ den exclusivamente de un salario y/o buscan empleo. Durante la fase de especulación inmobiliaria que se ha desarrollado en los últimos años no se ha controlado el proceso en aquellas variables que la defi­ nían y que entre otras hacen referencia al elevado fraude fiscal que en definitiva también es déficit público. La internacionalización de la economía tiene también efectos sobre el sistema político, ya que resta poder real a los gobiernos (sobre todo a los locales y regionales) en es­ pecial en las grandes áreas metropolitanas en las que los procesos de tomas de decisiones se adoptan en los tres grandes centros de la eco­ nomía mundial. El reconocimiento público del grave problema de alojamiento existente en España se plasmó por parte del Gobierno en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 1991. Dicho Acuerdo, de por sí insuficiente, está quedando incumplido en aspectos impor­ tantes relativos a una regularización más adecuada de las cuentas de ahorro-vivienda, a una revisión de la fiscalidad en materia de vivienda y a una serie de medidas de fomento del alquiler de vivienda. Asimis­

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180 mo se comprometió por parte del M O P T la incorporación al Plan de Vivienda de suelo de entes públicos como R EN FE y la Gerencia de la Defensa, compromiso al parecer incompatible con los fines de esos entes. De dicho Acuerdo sí se ha desarrollado el nuevo Plan de Vivien­ da 1992-1995 que aún no ha entrado en pleno funcionamiento debi­ do no sólo a los lentos ritmos de implantación de este tipo de planes, complejos en sus aspectos técnicos, administrativos, financieros y ju­ rídicos. El nuevo Plan no responde ni cuantitativa ni cualitativamente a los problemas de alojamiento existentes. Las 400.000 (cuatrocientas mil) actuaciones programadas para el cuatrienio 1992-1995, de las que se estiman unas 250.000 de nueva construcción, no representan en realidad un mayor «esfuerzo» público en cuanto a acciones a reali­ zar respecto al cuatrienio inmediatamente anterior (1988-1991) ca­ racterizado por la inexistencia de Plan en materia de vivienda. Con relación a las demandas y necesidades existentes el nuevo Plan, de cumplirse, tan sólo cubriría globalmente el 37% de esas ne­ cesidades. En un trabajo reciente («Vivienda: una cuestión de solida­ ridad». Suplemento 175 en la revista «Cáritas», núm. 319, mayo 1992) ya se expresaban posibles recortes a este Plan que veladamente ya ha reconocido el Ministro de Obras Públicas y Transportes cuando ha afirmado que el reajuste presupuestario le «afecte lo menos posi­ ble». Evidentemente los capítulos del Plan que quedarán más «afecta­ dos» serán las ya escasas ayudas para la promoción de viviendas de protección oficial (VPO) de régimen especial, en alquiler y en com­ pra, es decir las ayudas dirigidas a los que poseen menores recursos, ya que éstas representan el mayor gasto. Ante esta situación, la respuesta del promotor privado insiste rei­ teradamente en el abandono del sector a pesar del diseño de una nue­ va figura de promoción de vivienda (precio tasado) que responde es­ pecíficamente a las exigencias de los promotores privados en cuanto a liberalización de superficies y precios. ‘ La desaparición del módulo de VPO que regula los precios máxi­ mos de venta de las viviendas protegidas en la configuración del Indi­ ce de Precios al Consumo (IPC) a partir de enero de 1993 (ya que se

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181 considera la compra de una vivienda exclusivamente como una inver­ sión y no como un consumo), permitirá una elevación de los precios actuales de manera que sea más atractivo el campo de la promoción de vivienda protegida por parte de los promotores privados, aunque este factor no va a ser determinante en la promoción de viviendas de bajo coste ya que la demanda a la que van destinadas no proporcio­ nan suficientes garantías financieras, lo que es especialmente grave en un período con una morosidad creciente (el impago de las hipotecas está creciendo entre un 20 y un 30% anual con los consiguientes ex­ pedientes de desahucio). La estimación de iniciación de viviendas y de cumplimiento del Plan de Vivienda durante 1992 no puede ser más pesimista, pudién­ dose rebajar la cifra ya de por sí record de 1991, año durante el cual tan sólo se iniciaron 203.828 viviendas, el 79% de las cuales fueron de carácter libre, situadas mayoritariamente en la costa mediterránea y en las islas. De cumplirse el Plan de Vivienda tal y como fue diseñado inicial­ mente y contemplando un ligero incremento del gasto en vivienda por parte de las Comunidades Autónomas (tal y como «voluntariosa­ mente» algunas han anunciado), y considerando los arrastres presu­ puestarios derivados sobre todo de obligaciones en el pago de subsi­ dios de tipos de interés de préstamos para compra de VPO de Planes anteriores y de los arrastres generados por el actual sistema de incenti­ vos fiscales por la inversión en vivienda, se puede estimar que el gasto público en vivienda en 1995, se situaría en un 1,01% del PIB (consi­ derando un crecimiento del PIB en torno al 2% anual). Es decir, la vivienda continuaría con un peso idéntico al actual y por tanto mínimo respecto al gasto público en vivienda en el resto de los países de la Comunidad Europea, con un ligero descenso de la importancia de la fiscalidad sin que éste llegara a ser significativo. Con el actual proceso de ajuste presupuestario la situación ante­ rior que puede considerarse como «óptima» en cuanto que supone el cumplimiento de los distintos programas, no se alcanzará, incremen­ tándose el déficit de alojamientos dignos, tanto de los que se expresan en nuevas viviendas como los que lo hacen en actuaciones sobre el parque residencial existente. La situación no se empeorará tan sólo como consecuencia del menor gasto directo en ayudas al acceso a la vivienda sino que es pre­

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182 visible que se incrementen a medio plazo las ayudas fiscales existentes con la excusa de la necesaria incentivación de la inversión en el sector de la construcción, sin que sea descabellado prever incluso el que se contemple (otra vez) la desgravación por inversión en segunda resi­ dencia. (De hecho durante 1992 se ha podido desgravar «olímpica­ mente» (cita publicitaria) por compra de vivienda en la Villa Olímpi­ ca de Barcelona y en la Ciudad Expo, en Sevilla). Lo que sea necesa­ rio para construir aunque eso no signifique precisamente, como ya se ha comprobado en el inmediato pasado, que se dé respuesta a las ne­ cesidades de alojamiento existentes, ni al sector de la producción. Sólo existen las respuestas a corto plazo, ampliándose y demorándose las acciones necesarias a los problemas detectados. Los primeros datos referentes a 1992 (primer cuatrimestre) res­ pecto al cumplimiento de los objetivos programados en el Plan Cua­ trienal, (que como ya se ha apuntado son mínimos con relación a las necesidades comprobadas), aunque son poco significativos en térmi­ nos cuantitativos, sí son ilustrativos de las tendencias iniciales. Sólo se han solicitado calificaciones para 1.692 viviendas de régimen espe­ cial, menos del 20% de las previstas, mientras que se han solicitado calificaciones del 41% de las viviendas de precio tasado programadas, del 47% de las de régimen general y el 32% de actuaciones de rehabi­ litación. El nivel de cumplimiento final será mucho menor y confirma, por una lado, la negativa por parte de los promotores públicos y pri­ vados a realizar viviendas de régimen especial y general, el interés mo­ derado por parte de los promotores privados en la figura de la vivien­ da de precio tasado, mientras que la de régimen general continúa su descenso, ya que muchos promotores han retenido solicitudes espe­ rando a que el nuevo Plan de Vivienda entrara en funcionamiento, y la rehabilitación se mantiene en unas cifras ridiculas en relación con las necesidades de intervención sobre el parque residencial de vivien­ das existentes. Es difícil en este momento predecir el grado de cumplimiento fi­ nal del Plan, ya que como es sabido, medidas generales de política económica y no específicas del sector vivienda incidirán necesaria­ mente sobre él, y en definitiva sobre el esfuerzo a realizar para acceder al alojamiento. Lo que sí es cierto es que con el nivel de cumplimien­ to máximo del Plan, se continuaría con unos niveles de gasto en vi­

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183 vienda similares a los actuales , tal y como antes se observaba, siempre que el diseño fiscal en vivienda no se modificara, aunque siempre existen tendencias a incentivar de forma más indiscriminada al sector, sobre todo en épocas de recesión económica. Es previsible, a la vista de los primeros datos disponibles, que du­ rante el desarrollo del Plan de Vivienda 1992-1995, el gasto público en vivienda disminuya respecto al actual (algo menos del 1% del PIB), y que por tanto, el gasto directo, las ayudas personales, sean la parte menor en relación a las ayudas indirectas, de tipo fiscal. En este sentido, se estará continuando con una política de vivienda regresiva y de carácter cuantitativo.

2.

LO S E FE C T O S D E LA M O D E R N IZ A C IO N E C O N O M IC A SO B R E LAS C O N D IC IO N E S D E A LO JA M IEN TO

Históricamente se ha advertido que es más fácil para el poder en­ frentarse con las consecuencias de una situación social que con sus causas. Este fenómeno sigue estando presente en la actualidad. La anticipaciód por parte del poder no existe ya que ésta exigiría no sólo un análisis sobre dichas causas sino una intervención real y planifica­ da del sector público sobre las mismas, mientras que la actual política económica sólo está diseñada para responder a corto plazo. Así, por muy graves que se consideren los efectos sociales de esa política económica (en este caso sobre las condiciones de alojamiento de la población, sobre el territorio, las ciudades y la vivienda), el poder prefiere esta situación a la intervención sobre el mercado. Es lo que otros han definido como la «economía del lado de la oferta». Las demandas y necesidades de alojamiento, no son el objeto de la política económica, de la política de vivienda. La modernización económica ha agravado la crisis permanente de inadecuación de la oferta sobre las condiciones de alojamiento, mar­ cando aún más la segregación social y territorial en base a la residen­ cia, y acentuándose las divergencias existentes en las distintas varia­ bles que afectan al acceso a la vivienda, respecto a los países de nues­ tro entorno. Estas divergencias han sido suficientemente analizadas en otros trabajos (Informes sobre la «Evolución Social en España», años 1989,

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184 1990 y 1991, Instituto Sindical de Estudios; «El libro negro de la vi­ vienda en España», Alfoz núms. 69-70, 1989; «La vivienda, ¿un pro­ blema?», D O CU M EN TA CIO N SociAL, núm. 85. 1991, y otros), por lo que aquí sólo resta apuntar que respecto a los países con los que que­ remos homologarnos, existen «divergencias extremas en el nivel de vi­ viendas en alquiler (tan sólo el 12% del parque está en alquiler, lo que representa la menor tasa de Europa) y en el desarrollo de esa oferta tanto por el sector público como por el privado, en la estructura de su parque residencial, en los créditos para acceso a la vivienda que son los más caros de la CE con el mayor diferencial entre tipo de interés e in­ flación, cuando además las medidas de ayudas al acceso al alojamiento son casi exclusivamente de tipo financiero; con el más fuerte compo­ nente de viviendas secundarias y desocupadas y con uno de los mayo­ res índices de personas por vivienda principal; con un nivel de ayudas para el acceso a vivienda, no sólo el más bajo del resto de los países en relación con sus PIB, sino que las que existen son indiscriminadas, in­ directas, regresivas, favoreciéndose la desgravación de la inversión en vivienda secundaria, hecho único en Europa; en el que las demandas y necesidades de vivienda han crecido progresivamente durante los últi­ mos años sin que se haya proporcionado una mínima respuesta por parte de los promotores públicos y privados; en el que los sectores constructor e inmobiliario se han dirigido casi exclusivamente a satis­ facer las demandas selectivas y turísticas, lo que ha provocado un es­ pectacular crecimiento de la vivienda secundaria; en el que las inver­ siones en actuaciones destinadas a la mejora y conservación del patri­ monio residencial son mínimas respecto al resto de los países, con la menor tasa de crecimiento; en el que no sólo no se constituye un pa­ trimonio público de suelo y vivienda que ayude además a equilibrar los precios, el crecimiento y transformación de las ciudades, sino que son las propias administraciones y sus entes públicos los que han esta­ do fomentando fenómenos especulativos; en el que la promoción pú­ blica de vivienda ha desaparecido; en el que coincide por una parte la mayor tasa de paro con el mayor crecimiento del empleo precario, lo que entre otros efectos incrementa la edad de emancipación de los jó­ venes al no existir una oferta adecuada de vivienda en alquiler. Existen otros muchos datos en sectores claves que conforman la imagen de la situación de la vivienda en España en relación con el resto de Europa: la conclusión es que en este campo existen divergen­ cias y que esas divergencias se incrementarán con los criterios exclusi­

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185 vos de convergencia económica, aumentándose los esfuerzos a realizar por parte de la población con menores recursos para acceder a un alo­ jamiento, lo cual será explicado en su momento como un efecto asi­ mismo «no deseado» de la integración europea. «Una vez agotadas las expectativas de altos beneficios derivados de la política liberalizadora de la vivienda que se ha materializado, tanto por la inversión nacional como por la extranjera, en la oferta exclusiva de viviendas destinadas a las demandas con capacidad de pago, surgen los efectos derivados de la especulación que pueden concretarse en: — Crisis entre la oferta y las demandas. La oferta ha actuado de hecho contra las demandas de viviendas principales de la población con necesidades de alojamiento. — Existencia de un fuerte «stock» de viviendas vacías sin vender por parte de los promotores, localizadas en áreas turísticas y áreas ur­ banas centrales. (Ahora la Administración se escandaliza de la alta oferta de viviendas turísticas ilegales, cuando se ha estado fomentan­ do esa opción, no sólo potenciando la inversión en segunda vivienda a través de desgravaciones fiscales, sino mediante los propios Presu­ puestos Generales del Estado en concepto de subsidios de los tipos de interés del gran número de viviendas de protección oficial localizadas en la costa y que sirven como alojamientos turísticos en períodos vacacionales.) — Paralización progresiva de la actividad promotora de vivien­ das. En 1991 se iniciaron en toda España 203.000 viviendas, el 79% de carácter libre, cifra mínima respecto a la década de los 80, lo que entre otras consecuencias ha supuesto el incremento progresivo del desempleo en el sector de la construcción residencial cuyo crecimien­ to se espera negativo durante 1992 y 1993. — Ante el incremento de las necesidades de alojamiento, el pro­ motor privado no responde (la vivienda protegida cae a niveles míni­ mos a partir de 1987), el promotor público no actúa (la vivienda pú­ blica desaparece, representando durante el último lustro unas 10.000 iniciaciones al año en todo el Estado), quedando tan sólo la expecta­ tiva de la promoción cooperativa que no acaba de materializarse y que en ningún caso será capaz de dar respuesta por sí sola, ni cuanti­ tativa ni cualitativamente a las demandas y necesidades actuales y proyectadas.

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186 — La elevación de los precios del suelo y la vivienda es otro de los efectos de la liberalización de la política de vivienda, habiéndose alcanzado unos niveles tales, que aunque no crezcan con las tasas de los últimos años, se encuentran absolutamente alejados de las capaci­ dades de la población con necesidades de alojamiento. — El sector promotor, ante el apoyo público que se ha efectuado a la inversión pura en vivienda, ha desarrollado sus actuaciones no sólo pasando por encima del planeamiento urbanístico (con lo que esto supone de pérdida de la cultura de la ciudad), sino afectando en muchas ocasiones a áreas con claros valores medioambientales. — La vivienda se convierte en un factor de segregación social y territorial, expulsándose a la población con menores recursos de las áreas en las que existen expectativas de beneficio económico rápido. El anterior es un listado resumido y global de algunos de los efec­ tos de una política que ha alejado la producción de las demandas, lo que justificaría plenamente una decidida intervención por parte del sector público». Existen otros efectos de la «modernización» económica aparte los déficits sociales y económicos en materia de alojamiento y los déficits democráticos resaltados y subrayados con el proceso de Unión Europea. Entre esos efectos añadidos se encuentra el de la corrupción y frau­ de fiscal en la que el sector inmobiliario y constructor, y el mercado del suelo, han estado implicados directamente por ser un campo propicio para la manipulación de dinero negro. (Galbraith califica esta conse­ cuencia de la actividad especulativa y delictiva, como «maravillosamen­ te evidente».) En este sentido sí ha existido una homologación real con los países más desarrollados. Esta corrupción es por supuesto subjetiva, por cuanto depende del comportamiento personal, pero es, sobre todo objetiva, por cuanto existen los mecanismos y procedimientos para que se produzca. Es por ello que puede afirmarse que está generalizada, en la medida en que la ideología del sistema la permite y la propicia. Otro de los efectos de la modernización económica ha sido el de­ sarrollo progresivo de nuevos instrumentos financieros y fiscales cada vez más sofisticados y especulativos, muchos de los cuales afectan al sector vivienda. Los fondos de inversión inmobiliaria, los créditos vi­ vienda-pensión, el «time-sharing», el «endowment»..., son fórmulas mágicas, novedosas o inventos, que esconden los problemas reales

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187 que se deducen de un análisis riguroso de los problemas del sector y que siempre tienden a huir hacia adelante, finalizando siempre con un «crack», acompañado del correspondiente rescate financiero con cargo al Estado, rescate que siempre se asegura como en el caso de las grandes cooperativas de viviendas que como estrategia previa han im­ plicado a los diferentes gobiernos, a la Banca Pública y hasta a la M o­ narquía en proyectos «únicos» e inútiles (excepto en su estrategia co­ mercial) como el de la Esfera Armilar. Estas fórmulas «novedosas» también se plantean en otros sectores como el de la Sanidad. Uno de los últimos y mejores «inventos» en este campo ha sido el propuesto para algunos Estados de Norteaméri­ ca, en el sentido de proporcionar cobertura a toda la población, pero sólo nueve meses al año, fórmula que bien aplicada en el sector vi­ vienda podría resolver el problema de una vez por todas. La modernización económica ha supuesto una «revolución» en la fiscalidad de la vivienda, hasta alcanzarse un diseño absolutamente re­ gresivo, dirigido a adecuar las ayudas en función de los ingresos y re­ cursos económicos de la población. La modernización económica, tal y como se ha realizado en nues­ tro país no implica necesariamente incremento del «desarrollo huma­ no», al menos tal y como lo entiende el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PN U D ), que constata el descenso al pues­ to 23 de España en la escala internacional. Tampoco está implicando crecimiento del empleo ya que, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de paro ascien­ de al 17,7%, siendo el sector de la construcción el que está contribu­ yendo y contribuirá en el medio plazo al crecimiento del desempleo como consecuencia, en parte, del alejamiento del sector de la promo­ ción de viviendas por la falta de expectativas de beneficios similares a los obtenidos en los pasados años. En la práctica la modernización económica basada en grandes in­ versiones y proyectos (modelo muy reciente en España durante los últimos ejercicios y cuestionado ahora por la O C D E que aboga por proyectos de menores dimensiones dirigidos a la creación de infraes­ tructura social) supone destrucción de empleo. Las suspensiones de pagos y quiebras de empresas han estado creciendo progresivamente en número y volumen económico, junto con el incremento también progresivo de la morosidad y los impagos por parte de aquéllos que se

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188 encuentran con dificultades para devolver sus préstamos en gran par­ te relacionados con el acceso a una vivienda, y que se encontrarán con mayores problemas, si no existe una Banca Pública fuerte y espe­ cializada en los préstamos hipotecarios. De hecho la modernización económica supone la progresiva homologación de los criterios de funcionamiento de la Banca Pública (Argentaria) con los de la banca privada en cuanto a tasas de beneficios por operaciones diferenciadas. Modernización económica supone regular jurídicamente en una determinada dirección: la que da respuesta a los satisfechos. En este sentido es significativa la filosofía y contenido del Real Decreto 290/1992, de 27 de marzo, «por el que se modifica el Reglamento Hipotecario en materia de ejecución extrajudicial de hipotecas». El tí­ tulo de la norma es bien explícito: se regula un sistema para desahu­ ciar por impago, sin necesiclad de intervención judicial con el propó­ sito de «arbitrar un dispositivo viable, equilibrado y seguro que ofrez­ ca un cauce alternativo para la satisfacción del derecho del acreedor». Los derechos de los deudores afectados por desempleo, enfermedad, etc. nunca obtienen con este sistema «dispositivos viables, equilibra­ dos y seguros» que les defiendan. Modernización económica supone incremento de los desequili­ brios sociales y territoriales en los que el mercado de la vivienda ha ser­ vido para reforzar diferencias y para acentuar la destrucción de áreas importantes de las grandes ciudades. Destrucción física y social que implica problemas de habitabilidad de la vivienda y su entorno, pro­ blemas de educación, drogas, pobreza, hambre y ausencia de techo. Aquí, en las grandes ciudades y en sus amplias zonas de influen­ cia, se encuentra el mayor peligro para «la paz y la convivencia». Las inversiones coordinadas e integradas en educación, formación profe­ sional, empleo, vivienda, son obligaciones que ya están retrasándose por parte del poder público y por consiguiente, se enfrentará con las cada día más agravadas consecuencias.

3. ALTERNATIVAS A LA ACTUAL POLITICA DE VIVIENDA (¿Alojamiento para todos en el año 2000?) En otros estudios («Políticas de producción de viviendas: lo cuan­ titativo frente a lo distributivo». Alfoz núm. 80, 1991; «Bases para el

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189 desarrollo de una política de vivienda distributiva», Alfoz núms. 87­ 88, 1992) se han formulado propuestas y políticas alternativas en materia de vivienda, tanto en la gran escala como a nivel de interven­ ciones sectoriales, incluso con definición de medios, mecanismos y regulaciones para hacerlas viables, planteando finalmente la redacción de una Ley de Vivienda que integre todos ios sectores y variables que afectan a la vivienda, con el objeto de obtener un alojamiento para todos, y que sería desarrollo del precepto constitucional. No es adecuado por tanto repetir ahora las alternativas ya plan­ teadas, aunque sí se pueden resumir de manera esquemática. A nivel macro, una nueva política de vivienda no sólo se definiría con un mayor nivel de gasto (que debería situarse en torno al 2% del PIB, el doble del actual), sino que éste tendría su componente básico destinado a las ayudas en intervenciones públicas directas frente a la situación actual de predominio de las ayudas indirectas e indiscrimi­ nadas. La política alternativa de vivienda se basa en la producción cuali­ tativa y distributiva. Producir más no ha significado disminuir las de­ mandas y necesidades de alojamiento, sino todo lo contrario. Es ne­ cesario producir allí donde se demanda y para quienes lo necesitan. Una política alternativa de vivienda tendría un fuerte componen­ te de intervención sobre el parque residencial existente, mediante ac­ ciones de rehabilitación física integradas en otras acciones sociales (educación, formación, empleo, salud, ocio) afectando tanto a la vi­ vienda como a su entorno, e incidiendo sobre el importante parque de vivienda desocupada. Esta combinación de intervenciones físicas y sociales es esencial en áreas en las que «las arrugas se transforman en grietas». Una nueva política de vivienda tendería a la producción de vi­ vienda en alquiler, pública (un mínimo de 30.000 viviendas/año) y privada, invirtiendo la tendencia actual a la desaparición de una ofer­ ta asequible de este tipo de viviendas (básica para jóvenes, personas con escasos ingresos, proyectos de integración y para posibilitar la movilidad laboral), integrando acciones de alquiler y rehabilitación en las áreas urbanas más degradadas. Una nueva política de vivienda debe basarse en una política de suelo que en primer lugar potencie la creación de un importante pa­

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190 trimonio público para que este recurso tenga un mínimo control, bá­ sico no sólo para acciones de alojamiento sino para la realización de infraestructuras y equipamientos y, en definitiva, para el desarrollo urbano. Una nueva política de vivienda incorporaría acciones diversifica­ das para responder a demandas y necesidades cada vez más diversas como consecuencia de los cambios sociales, demográficos, culturales y económicos. Las acciones en las grandes ciudades son básicas para frenar la de­ gradación progresiva de las condiciones de vida en importantes áreas de las mismas. Todo lo anterior no es compatible con la actual política económi­ ca ni con la definida como consecuencia de los criterios de conver­ gencia derivados de Maastricht. La modernización económica tal y como se ha entendido ha implicado al crecimiento como factor prin­ cipal de creación de empleo, lo que en la práctica se está demostran­ do que no es necesariamente cierto. La actual política económica forma parte de una ideología «blandita» que genera, entre otras cuestiones, una fuerte ignorancia e into­ lerancia frente a la población con menores recursos, porque ésta no cuenta para mantener el sistema. Esa política se basa en difundir no sólo las verdades necesarias para la modernización de España, sino las mentiras necesarias.

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Nuevas desigualdades culturales en la sociedad de la información Miguel Roiz Profesor titular de Sociología, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid

IN T R O D U C C IO N Todos los datos publicados acerca de la transformación y el estado de la información y comunicación en España a partir de 1980-85, evi­ dencian la modernización que se ha realizado en dicho campo en los aspectos tanto de concentración empresarial y vinculación con grupos económicos europeos, como de actualización de formas y contenidos informativos y recreativos, así como de usos de nuevas técnicas de re­ cepción de mensajes escritos e icónicos por parte de la población (1). Hemos de ser cautelosos respecto de no expresar un excesivo opti­ mismo por esta «modernización». Este concepto sociológico, claramen­ te vinculado a la teoría estructural-funcional norteamericana (D. Lerner, T. Parsons, R. Redfield, D. Shils, etc.), de matiz conservador e integrador, ha sido criticado — e, incluso, puesto en duda como reflejo de una determinada realidad— en relación con el tipo y nivel de los cambios producidos por el desarrollo económico y político acaecido en buena parte del mundo en vías de desarrollo después de la Segun­ da Guerra Mundial. Para contrapesar dicho optimismo aceptaríamos una concepción crítica de la modernización, estrechamente vinculada al concepto e idea de «cambio social» (S. N. Eisenstadt, R. Bendix, D. Bell), lo que implicaría el reconocimiento de que la moderniza­ ción es un proceso conflictivo que produce tensiones sociales y psicosociales y, al mismo tiempo, refleja un tipo de itinerario típico, pero discutible como meta, de las sociedades contemporáneas (2). (1) En especial, los informes anuales de FU N D ESCO . Cfr. Comunicación social, 1991. Tendencias. FU N D ESC O , Madrid, 1992. (2) S. E is e n s t a d t : Modernización. Movimientos de protesta y cambio social, Amorrortu, Buenos Aires, 1968.

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192 Aunque los contenidos de los conceptos de «información» y «co­ municación» son diferentes: información se refiere más bien a los mo­ dos de codificación y transmisión de los mensajes dentro de los me­ dios de información, y comunicación al intercambio de significados y referentes, tanto en la interacción personal como en organizaciones, en este artículo se utilizan como conceptos complementarios vincula­ dos a la transmisión de saberes, conocimientos, sentimientos y, desde luego, sistemas de valores y modelos cognitivos y expresivos del mun­ do y de la realidad social y política. Cuando hablamos de «cultura» lo hacemos en un sentido moder­ no, contextualizado por la sociedad de masas, que incluye tanto la cul­ tura en el sentido de formación y educación, como la cultura como entretenimiento, información y evasión, de manera que no eludimos, sino que ponemos énfasis en incluir también este campo del análisis social. El fenómeno contemporáneo y comunicativo que conocemos como «cultura de masas» o «cultura de consumo de masas» (3). De cualquier forma nos interesa destacar la importancia que ha tenido en España la transformación de valores y actitudes tradicio­ nales relativos a la comunicación (como comportamientos comunica­ tivos colectivos, referencias locales, participación en acontecimientos, prioridad a las reuniones y encuentros de grupos pequeños y entre pares de edad, sexo y ocupación, etc.). Estos valores han sido, en bue­ na parte de la estructura social, sustituidos por otros valores y actitu­ des «modernos» (comportamientos comunicativos individualistas, re­ ferencias cosmopolitas, prioridad a los comportamientos pasivos, so­ metimiento a las reglas horarias y al flujo ininterrumpido de mensajes de los medios de comunicación, etc.). La pretensión de «racionalidad» que se adscribe al cambio produ­ cido por la «modernización» y que se vincula a los nuevos valores y comportamientos «modernos» que presuntamente están adaptados a los requerimientos de la sociedad urbana y postindustrial, la ponemos en duda en este análisis. Si bien desde una perspectiva económica, e incluso política, los nuevos valores y comportamientos comunicativos y culturales presentan (formal y lógicamente) una fuerte coherencia con los fines del sistema económico y la unificación y globalización de comportamientos, desde una perspectiva socio-cultural caen tam(3)

D . M a c D o n a l d , D . B e l l , y otros: L a industria de la cultura, Alberto Corazón,

Madrid, 1968.

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193 bién incoherencias importantes con los fines de una sociedad demo­ crática avanzada, que debieran ser, por ejemplo, eliminación o ate­ nuación de desigualdades, tendencia al igualitarismo económico-so­ cial, bloqueo a los procesos de marginación, intentos de facilitar la movilidad social ascendente, etc. Partimos también de considerar que en la sociedad contemporá­ nea, ya denominada «sociedad de la información», no se puede dife­ renciar el análisis de la situación y efectos de la educación y la cultu­ ra, del análisis de la nueva estructura y efectos de la comunicación e información, producida en especial por las innovaciones tecno-comunicativas, lo que se denomina «nuevos media» o «nuevas tecnologías de la información y comunicación» y que comprenden un espacio muy amplio, desde tratamientos informáticos avanzados e interacción por redes especializadas de información, hasta el teletexto y los satéli­ tes de telecomunicación. El concepto de «desigualdad social» no sólo se refiere, en una concepción moderna de las clases sociales y de la estratificación, mar­ ginación y pobreza, a diferencias de prestigio y poder dentro de una sociedad de base capitalista y con marcadas diferencias sociales orga­ nizadas por la procedencia familiar, la herencia familiar, los niveles de riqueza e ingresos económicos, sino también — y sobre todo— a dife­ rencias de posibilidades de acceso a los medios de información y de comu­ nicación, así como a la educación y cultura. Este acceso, que permi­ te obtener información para la toma de decisiones y facilita la infor­ mación selectiva y especializada para las exigencias profesionales de un mundo cada vez más complejo, también permite «formar» «refor­ mar» y «reformular» esta parte de la persona tan importante para la identidad humana y que está estrechamente vinculada a las posibi­ lidades de acceso a la «cultura alta» (D. MacDonald, M. McLuhan, U. Eco, etc.). Sin embargo, los resultados de diferentes estudios de carácter so­ ciológico, antropológico-social y comunicacional ponen de relieve la persistencia de las desigualdades existentes en las sociedades indus­ triales, debido a la posesión de grados diferentes de información y cultura técnica (sobre todo, en el campo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación), así como las diferencias de posibili­ dades de acceso al uso y disfrute de los medios de las culturas (altas, media, incluso de masas).

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194 Además, este nuevo nivel de «desigualdad» se agrava por el hecho de que siguen transmitiéndose de padres e hijos, por medio de los nuevos hábitos socio-comunicativos, pautas y comportamientos de uso y consumo de cultura e información, y se afianza y estructura esta nueva forma de desigualdad como diferencia profunda en el con­ tacto permanente entre familias de diferente clase social y miembros de ellas entre sí. Coadyuva a este proceso socio-cultural la acción de diferentes instituciones comunicativas: la prensa, las editoriales, la ra­ dio, el cine y televisión, por un lado, y la publicidad por el otro. Es decir, que lo que se denomina en conjunto como campo del consu­ mo «industria de la cultura» (4), articula también la estratificación social de la sociedad postindustrial y de la información. En especial, amplía la base de los públicos adheridos a la «cultura de masas», pero también reduce la base de los públicos consumidores y que disfrutan de la «cultura alta» y «media» (5). Tradicionalmente, la desigualdad y sus efectos perjudiciales para determinadas clases a nivel económico, social y político, sobre todo al de la pobreza y marginación «relativa» (no sólo son pobres los que tienen ingresos por debajo de la mitad de la renta «per cápita» de un país, sino también los que no tienen posibilidades de obtener medios para su promoción social), ha sido percibida y racionalizada por los sociólogos como producto de una situación determinada de clase que conduce a diferencias de nivel de vida y bienestar, así como de poder y libertad ante el trabajo y la actividad laboral y profesional. Pero con el desarrollo del capitalismo tecnológicamente avanzado y el adveni­ miento de la nueva sociedad de la información, esta situación de desi­ gualdad tradicional queda potenciada por las nuevas formas de desi­ gualdad creadas en el acceso, uso y disfrute de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como — en especial— por los efectos cognitivos de la nueva cultura creada por la tecnificación e in­ dustrialización de la cultura.

(4) T. A d o r n o y E. M o r in : L a industria cultura. Galerna, Buenos Aires, 1967. (5) Nos remitimos a las concepciones de D. MacDonald sobre la «midcult» y «masscult» y de U . Eco sobre la «cultura alta» y la «cultura baja». Cfr. U . Eco: Apocalípticos e in­ tegrados ante la cultura de masas. Lumen, Barcelona, 1970.

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195 VENTAJAS E IN C O N V E N IE N T E S SO CIA LES D E LA SO C IE D A D D E LA IN FO R M A C IO N EN ESPAÑA Partimos de considerar que en España, a partir de la «era socialis­ ta» (1982/1992) se ha formado ya y consolidado una nueva forma de sociedad postindustrial, la denominada «sociedad de la información» estructurada en buena medida a partir del desarrollo y extensión de las «nuevas tecnologías» (especialmente, aunque no exclusivamente de la información) y de sus efectos en la empresa, la Administración, el hogar y la vida de las instituciones (6). Dentro de esta «nueva sociedad», claramente visible, analizada e interpretada junto con el crecimiento — e incluso saturación— de las tecnologías clásicas de transmisión de información y cultura: la pren­ sa, la radio, el libro, el cine y la televisión de las primeras etapas, se articula la extensión a todos los campos de la actividad humana de las nuevas tecnologías de la información y comunicación: informática avanzada, telemática, videotexto, teletexto y todas las telecomunica­ ciones avanzadas, como la transmisión y recepción de señales y men­ sajes por satélite... Todas estas técnicas tienen efectos indudables de carácter social, cultural y político en todos los ámbitos de la actividad humana, incluso a niveles de percepción y representación del mundo y la trasmisión de contenidos como modelos culturales y estereotipos sociales. Estos nuevos medios de comunicación son vehículos importantes para la transmisión de datos y la intercomunicación creativa: entre gru­ pos e instituciones y entre individuos y familias. Pero la mayoría de es­ tos nuevos medios tienen — como producto comercial— un mayor o menor coste de adquisición y uso que se relaciona con sus ventajas y utilidad económica o cultural, pero también con su escasez. Algunos de los nuevos bienes desarrollados en esta sociedad de la información son escasos y caros, porque van dirigidos — por lo menos en el actual estado del desarrollo económico del capitalismo de la información— a estratos y clases de altos niveles de ingresos y nivel de vida. Sin duda, aparatos y servicios como vídeo comunitario, teletexto, euroconector para la televisión, antenas parabólicas, abono a canales privados de te­ levisión terrenal o por satélite, televisión de alta definición, televisión (6 ) M. C a s t e l l s , za, Madrid, 1986.

y

o tro s: E l desafio tecnológico. España y las nuevas tecnologías.

Alian­

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196 de pantalla grande..., se han convertido ya en símbolos de prestigio so­ cial. Y como tales, benefician a las clases y capas medias-altas y altas de la sociedad española y estructuran diferencias y distancias sociales y culturales. Por otra parte, aunque buena parte de la población española tiene acceso, por su bajo costo, a ordenadores personales o familiares, la rá­ pida obsolescencia que tienen los mismos y las constantes innovacio­ nes que se producen en capacidad, memoria, funciones y aplicacio­ nes, exige su sustitución periódica, que implica costes adicionales que en determinados casos son altos. Por ello, también benefician princi­ palmente a las capas medias y altas de la sociedad, que pueden cos­ tearlo sin problemas. Todos estos bienes de comunicación tienen una doble naturaleza económico-social. Por un lado, son medianamente accesibles — en sus gamas baja y media, naturalmente— a una fracción extensa de la po­ blación española; aquélla — sin embargo— que tiene más información es más joven, está ya formada y educada en la informática y en la nue­ va información y tiene unos niveles mínimos o medios de ingresos, que los usa con fines generalmente profesionales o de apoyo a activida­ des educativas, culturales o de creación (música, diseño, arte). Pero, por otro lado, son escasamente accesibles — en sus gamas altas— a una mayoría de la población, debido a su alto coste y a su consideración como bienes suntuarios, orientados hacia unas clases medias y mediaaltas en las que el esfuerzo del trabajo cualificado queda compensado por una tendencia a un ocio creativo, minoritario y de prestigio. Un ex profesor de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Estrasburgo, A. Moles, ha planteado — desde hace ya veinte años— lo que están produciendo en las sociedades desarrolladas estas nuevas tecnologías de la información y comunicación. Moles habla especialmente de «opulencia comunicativa» para referirse al estado al que están llegando — o ya han llegado— paulatinamente las socieda­ des «modernas». En esta «era» (más bien etapa) de «opulencia comu­ nicativa», los bienes y servicios de la nueva información, comunica­ ción y cultura serán tantos y serán tan asequibles que se convertirán en bienes generalizados, no privativos de una sola clase social alta (7). (7) A. M o l e s , y otros: L a comunicación y los mass-media. Mensajero, Bilbao, 1975; y A. M o l e s y E . R o h m e R: Teoría estructural de la comunicación y la sociedad. Trillas, Méxi­ co, 1983.

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197 Sin embargo, el mismo autor matiza que todos estos nuevos bie­ nes y servicios tienen necesariamente un coste comercial que es ma­ yor o menor según su actualidad u obsolescencia y según la situación económica, lo que afecta directamente a la demanda de unas u otras capas sociales y también al mayor o menor prestigio por la posesión y uso de bienes escasos y creativos desde una perspectiva cultural «alta», «minoritaria» y de realización personal. M IT IFIC A C IO N D EM O CR A TICA EIG U A LITA R ISTA D E LA SO C IE D A D D E LA IN FO R M A C IO N Nuestra era postindustrial ha elaborado sus mitos e ideología a par­ tir de una concepción excesivamente optimista de los efectos sociales y culturales de las innovaciones en la información, comunicación y cultu­ ra que, desde luego, hay que poner en entredicho, criticar y combatir. Entre los intelectuales «optimistas» de la sociedad de la informa­ ción, como A. J. Wiener y H. Kahn, A. Tofler, J. Naisbitt, Y. Masuda..., esta mitificación se vincula con una apología generalizada de las ventajas de la sociedad capitalista avanzada, por su capacidad tanto creativa como adaptativa de innovaciones técnicas, industrialización y comercialización de bienes de producción y consumo y por las posi­ bilidades de democratización «participativa» (una participación «sui generis», claro). Según ellos, el futuro del hombre está asegurado por la ciencia y la tecnología aplicada y gracias al desarrollo de la infor­ mación y comunicación. Surgirá una nueva cultura política y otras culturas (científica, literaria, artística, comunitaria), recuperarán al antiguo hombre «participativo» de la Atenas de Pericles y de la Roma de Horacio y Cicerón. Esta extraña mitificación y mixtificación se asocia con una tendencia a una homogeneización de la cultura como efecto de la otra mitificación comunicativa, la concepción de M. McLuhan de que el mundo del futuro se intercomunicará y partici­ pará místicamente en todo acontecer gracias a la electrónica y, sobre todo, a la televisión por satélite, en la «Aldea Global», donde se elimi­ narán las desigualdades y donde todos los hombres volverán a ser iguales, como en la «Edad de Oro» descrita por Cervantes en «El Quijote» (8). Utopías conservadoras y puras utopías conservadoras. (8) W

ie n e r ,

y

M. M c L u h a n , y R. P o w e r S: L a Aldea Global. Gedisa, Barcelona, 1990; A. J. H. K a h n : «El año 2000». Revista de Occidente, Madrid, 1970; A. TO FLER: L a

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198 Los «pesimistas» de la sociedad de la información, como T. Roszak y J. Reese, consideran que los beneficios del desarrollo tecnológi­ co — sobre todo en la información y comunicación— son limitados y que la mitificación de sus efectos (sustitución del pensamiento huma­ no por el ordenador o pensamiento puramente lógico y matemático, tendencia hacia una sociedad única y homogénea, exaltación de una «cultura» o, mejor, pseudocultura, de masas conservadora, reduccio­ nista e inerte) encubre una visión totalitaria del mundo cercana al «1984», de G. Orwell, en la que no sólo se preservan las desigualda­ des heredadas de las sociedades esclavista, feudal y estamental, sino en la que siempre existe la amenaza del poder «burocrático» o «técnicopolítico», que puede utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para elaborar nuevas formas de opresión y des­ igualdad. Sin llegar a ser «eso», podría ser «eso» (9). Las posturas interpretativas más neutrales, desde G. Friedmann y A. Touraine hasta S. Nora, A. Mine y A. Schaff e, incluso, el catalán R. Gubern, aceptan el desafío del desarrollo tecnológico y en especial tecnológico-comunicativo, considerándolo positivo para un futuro ya que producirá igualitarismo entre grupos y clases sociales y siempre que esté regulado y controlado políticamente por gobiernos democrá­ ticos. También aceptan que se está creando un espacio nuevo y mayor de «tiempo libre», que se puede enriquecer con actividades de ocio activo y creativo, aunque ponen reservas hacia la «cultura de masas» como contenido de dicho ocio. Dada la creciente complejidad de la estructura social y cultural (con tendencia a la uniformidad al mismo tiempo que manteniendo diversidad) y los efectos amortiguadores de la nueva estructura ocupacional sobre la cultura proletaria y la con­ ciencia de clase asalariada, se reconoce un aumento del nivel de con­ sumo en las clases trabajadoras obreras, incluso campesinas, pero se dejan intactos los principales mecanismos económicos, educativos y sociales de la reproducción de las clases (10). tercera oU. Plaza y Janés, Barcelona, 1980; J. N a is b it T: M acrotendencias, Mitre, Barcelona, 1980; Y. M a s u d a : L a sociedad inform atizada como sociedadpostindustriai FU N D ESC O ,

Madrid, 1982. (9) T. R o s z a k : E l culto a la información. E l folklore de los ordenadores y el verdadero arte de pensar. Crítica, Barcelona, 1988; J. R e e s e y otros: E l impacto social de las modernas tecnologías de la inform ación. FU N D ESC O , Madrid, 1979. (10) G. F r ie d m a n n , y A. T o u r a in e : C ivilización técnica y sociedad de masas. Rodol­ fo Alonso, Buenos Aires, Í972; S, NORA, y A. M iN C: Einform atisation de la société. Du Senil, París, 1978; A. S h a f F: ¿Q ué futuro nos aguarda? Qnúo 2i, Barcelona, 1985; R. GuBERN: E l sim io inform atizado. FU N D ESC O , Madrid, 1987.

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199 Los «racionalizadores de lo social», especialmente los sociólogos defensores del actual estatuto académico y profesional, que apoyan un mayor control de los centros de poder sobre la sociedad y la es­ tructura social, conocen perfectamente los mecanismos por los cuales se realiza esta mitificación de la sociedad postindustrial y de la infor­ mación y no se oponen a ellos. A lo más que llegan es a recomendar programas políticos y sociales de ajuste más o menos favorables a los trabajadores, lo cual además de necesario (evitan estallidos sociales y huelgas salvajes) es loable. ¡Para algo tiene que servir la ciencia de la sociología! (11). Sin embargo, no llegan nunca a ofrecer soluciones que terminen con los mecanismos profundos de la desigualdad, que son universales y generales, difíciles de neutralizar y combatir, encubridores de meca­ nismos profundos de acción humana: pasiones, fantasmas de ambi­ ción, modelos de identidad... Aspectos de los que ya hablaron teóri­ cos de la vida social, como Marx, Durkheim, Weber y, sobre todo, Pareto (con su teoría de los «residuos» y «derivaciones»). Pero a los que sólo algunos políticos se han enfrentado ocasionalmente y a me­ nudo en condiciones desfavorables de poder (oposición, lucha con los poderes fácticos, etc.). En las sociedades contemporáneas, a las que R. Mousnier denomi­ na acertadamente «sociedades tecnocráticas estamentales», los técnicos ejercen una parte esencial del poder político y administrativo y refor­ man y modelan, gracias a este poder, capas sociales que se sitúan en los rangos más elevados de la jerarquía social y en relación con las cuales se ordena toda la escala de los estratos y grupos sociales, y aportan ele­ mentos ideológicos y valores morales y sociales nuevos. Pero estos téc­ nicos, además de que se han convertido ya en una numerosa capa pri­ vilegiada, administran la economía y la sociedad a favor de otras capas tradicionales a las que facilitan el refrendar su poder: en los ámbitos económico, administrativo, educativo, artístico o cultural... Estos «tecnócratas estamentales» como «capa ilustrada», al mismo tiempo que ejercen su depotismo se ocupan y preocupan de las masas, de las clases bajas asalariadas... Pero lo hacen sólo asegurándoles unos ingre(11) En España ha sido J. Félix Tezanos uno de los que más y mejor se han preocu­ pado de investigarlo en profundidad. «La estratificación social: desigualdad y jerarquización». En S. del Campo, ed. Tratado de Sociología, Tomo 2. Aguilar, Madrid, 1985, págs. 287/318. Justamente, Tezanos reconoce las dificultades de la sociología para neutralirzar las nuevas desigualdades

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200 sos mínimos (por trabajo, subsidio o retiro) y reinventando el clásico «panem e circencis». Nada más que los torneos, luchas de gladiadores y la lucha con las fieras, han sido suave pero calculadamente sustitui­ dos por la mayoría de los programas y contenidos del cine, la radio y la televisión, por la «pseudocultura» de la evasión y sus ingredientes más llamativos: los concursos alienantes, el terror ciego en realismo o ciencia-ficción, el video-clip erótico, la pornografía suave... (12).

LA NUEVA CULTURA , P SEU D O C U LT U R A O IN C U LTU R A D E LO S M E D IO S D E C O M U N IC A C IO N D E MASAS Enlazamos, ya que no podemos dejar de hablar de ella en un es­ tudio sobre las nuevas desigualdades, con las formas cómo se pre­ senta y los efectos que tiene la nueva cultura creada entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero extendida a partir de 1945-50 en los países desarrollados de Europa, en Norteamérica y otros paí­ ses anglosajones. Esta cultura tiene defensores y detractores, apolo­ géticos y negativistas, conmueve pero se la desprecia, atrae pero re­ chaza; es, de cualquier manera, el crisol donde brilla lo contemporá­ neo con todos sus tonos y colores, pero donde también se percibe lo opaco (13). Los intelectuales negativos o «apocalípticos», en la definición de U. Eco (14), ponen énfasis en la extrema homogeneidad de esta cul­ tura; que destruye las culturas propias de cada grupo étnico o cada clase social (la «cultura de clase»); en que se dirige a un público que no tiene conciencia de sí mismo como clase social o como grupo (ex­ cepto — quizá ya que hay opiniones contrapuestas al respecto— entre los jóvenes); en la producción de mensajes que tienden a secundar los gustos habituales sin producir reacciones a la sensibilidad; que produ­ cen emociones vivas, pero no mediatas; en unas formas de industria y comercio cultural que da al público lo que desea y además le sugiere lo que debe desear (con la publicidad y otras formas de manipulación (12) R. M o u s n i e r : L as jerarqu ías sociales. Amorrortu. Buenos Aires, 1972, especial­ mente, pág. 141. (13) Desde 1959 los miembros de la Escuela Crítica o Escuela de Frankfurt, empe­ zaron a hablar de «pseudocultura». Cfr. T W. A D O RN O : «Teoría de la pseudocultura». En T. W. Adorno y M. Horkheimer. Sociológica. Taurus, Madrid, 1966. (14) U. E co: O. c., págs. 46-57.

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201 de códigos y referentes); en el carácter pasivo del consumo de mensa­ jes; en la degradación de los productos de la cultura superior al nive­ larlos con otros productos de entretenimiento; en que los medios de comunicación de masas proponen una visión pasiva y acrítica del mundo, donde se transmite una inmensa información sobre el pre­ sente, pero se reduce el pasado y con ello se elimina la conciencia his­ tórica; en que los mensajes tienen como función principal (incluso los informativos) el entretenimiento, y por ello sólo se capta el nivel superficial de nuestra atención; en que tienden a imponer mitos y símbolos con pretensión de universalidad, por lo que reducen al mí­ nimo lo individual; en que operan sobre opiniones comunes y fun­ cionan como una reafirmación continua de lo que se piensa; se desa­ rrollan bajo el signo del más absoluto conformismo; favorecen siste­ mas de valores y proyecciones hacia modelos oficiales, y en que educan democráticamente, pero de forma paternalista y superficial, por lo que tienden a producir modelos humanos dirigidos por los otros y no autónomos. A su vez, los profesionales con actitud positiva hacia la cultura de masas o «integrados», en la misma concepción tipológica de U. Eco, ponen énfasis en que la cultura de masas no es un producto específico del capitalismo, sino de la sociedad industrial; en que tiene su origen en una sociedad de masas en la que todos los ciudadanos participan con igualdad de derechos en la vida pública, el consumo y el uso y disfrute de la información en que se ha difundido entre grupos que antes no tenían ningún acceso a los beneficios de la cultura «media» y que, por lo menos, reciben información actualizada que anteriormen­ te no tenían; en que los consumidores se pueden acercar, aunque sea superficialmente, a los bienes de la cultura; en que permite cierta for­ mación educativa, aunque se base en la mera acumulación de conoci­ mientos sobre el mundo, lo que puede facilitar una promoción cultu­ ral ascendente en determinadas circunstancias; en que al homogeneizar los gustos permite eliminar diferencias de clase e incluso nacio­ nalidad,; y en que permite que se realice una mayor difusión de bie­ nes culturales a precios bajos. Lo que sí es claro es que esta «nueva cultura de masas» es total­ mente diferente de la cultura o «las culturas» de sociedades industriales o preindustriales; y que de diversas formas es la cultura de las clases socia­ les bajas y medias-bajas de nuestro tiempo. No es casual que los progra­ madores de los principales medios de comunicación, por ejemplo, la

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202 televisión, manifiesten que se dirigen la mayoría de sus programas y contenidos, tanto de carácter informativo como recreativo a «las clases medias», o al «español medio» o a «la Maruja» o «Tía María»... El teórico francés de la comunicación, ya citado, A. Moles, dis­ tingue claramente entre una cultura antigua, clásica, humanista y minoritaria, dirigida a las capas dirigentes y responsables de la socie­ dad, y de inspiración educativa y de base moral, de la nueva cultura, «cultura de masa» o «cultura de los medios de comunicación de ma­ sas», o como la define Moles, la «cultura mosaico». Esta nueva cul­ tura típica de sociedad postindustriales de control burocrático, se basa en la existencia de dos estratos diferentes: el de los «intelectua­ les creadores y productores de mensajes» y la «masa consumidora» que, en palabras de dicho autor: «Alimentada por los medios (mass media), inundada por ellos e inmersa en un flujo continuo de men­ sajes, digiere con esfuerzo y sin tiempo suficiente, fragmentos de co­ nocimientos dispares, sujetos de continuo al olvido. La cultura ad­ quiere aquí un carácter estadístico y pasivo. Retiene pequeños ele­ mentos de conocimiento, algo así como las piedras de un mosaico, y llamado “culturemas”» (15). Esta cultura subsiste junto con el tipo de cultura que denomina­ mos «educación» o sistema dotado de un objetivo claro, y que acen­ túa la coherencia pedagógica y posee cierta rigidez: el rigor y el méto­ do. Ambos tipos de cultura se vinculan a nivel del consumo de men­ sajes y, presuntamente, a nivel de cierta conciencia de grupo o clase, respecto de permitir o no permitir el pase (a la conciencia) de cierta clase de información (16), información que puede potencialmente ser liberadora. Concebida a nivel de subsistema de la sociedad de la informa­ ción, la «cultura» aparece como un conjunto de subsistemas cultura­ les y de educación extraordinariamente complejo, donde la única evi­ dencia es que los mensajes y, sobre todo, sus significados profundos, están dirigidos externamente (por tecnócratas, por intelectuales, artis­ tas y por políticos). Determinados grupos sociales pueden defenderse (15) A. M o l e s , y otros: L a comunicación y b s mass media. Mensajero, Bilbao, 1975, pág. 563. . . . (16) Lo que L. Goldmann denominaba «la conciencia real y la conciencia posible en la comunicación». C fr. L. COUFFIGNAL, y otros: E l concepto de inform ación en la ciencia contemporánea. C obquios de Royamont. Siglo XXI, México, 1972.

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203 de ella de diversas maneras, existiendo, incluso, «manuales de autode­ fensa comunicativa» para evadir y burlarse de la manipulación comu­ nicativa, de gran interés y eficacia como contrapeso a determinadas características totalitarias de los medios y de los mensajes (17).

SIT U A C IO N Y PERSPECTIVAS D E D ESIG U A LD A D E N LA E ST R U C T U R A SO CIA L D E ESPAÑA Las disfunciones y efectos negativos de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como de la nueva cultura creada y transmitida por los medios de comunicación de masas, unas veces son deseados y otras veces no deseados por los poderes reales de la sociedad contemporánea (capitalismo monopolista, tecnocracia ilus­ trada, estados nacionales, supraestados y clases sociales privilegiadas), pero siempre afectan a la estructura social directamente, en especial de dos maneras: Primero: Acentuando las desigualdades en el acceso y uso de nuevas tecnologías^ así como a la «alta cultura» (conciertos, exposiciones, obra gráfica, etc.), y entre clases media y media-alta (sin duda, las más privi­ legiadas que comprenden profesionales, ejecutivos de empresas, funciona­ rios altos y medios, empresarios, intelectuales de prestigio) y las restantes clases sociales, sobre todo de las más bajas: obreros, funcionarios, personal de servicio sin cualificación y campesinos. La acentuación de las diferencias de poder adquisitivo, entre capas y estratos, es cada vez mayor (por los mecanismos sociales profundos de regulación de la «necesaria» desigualdad que es fun­ cional a la competitividad), a pesar de que parecía que los mecanis­ mos comerciales de la «sociedad de consumo» y de la «industria de la cultura» favorecen más a las clases bajas al abaratar los productos de tratamiento informático y los productos culturales «enlatados». Las capas altas de la sociedad pueden acceder a bienes de la infor­ mación y de la cultura de alto coste y minoritarios y además tienen necesidades nuevas respecto de adquirir innovaciones tecno-comunicativas de punta, novedosas y más actuales, para aplicarlas tanto a una mayor productividad en su actividad laboral y profesional (1 7 ) H. c e lo n a , 1 9 8 2 .

B en esc h , y

W . S c h a n d t: M anual de autodefensa comunicativa. G . G ilí, B a r ­

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204 como para mantener un mejor y mayor nivel de vida, sobre todo a nivel del hogar. Estas capas de alto poder adqusitivo son las que, en mucho ma­ yor grado que las restantes, o exclusivamente, en muchos casos, cam­ bian de ordenador personal o familiar tan pronto como sale un mo­ delo nuevo, son las que pueden acceder a mensajes de calidad que implican costes de adquisición y recepción altos: como antenas para recibir señales de satélites de comunicaciones, y tienen capacidad — por medio de instrumentos tecnológicos y de organización— de intercomunicación con otros ciudadanos o instituciones por medio de la telemática. Las clases bajas, mucho más numerosas de lo que nos dicen las estadísticas y los análisis de datos procedentes de encuestas (18), dis­ frutan también de aquellos aparatos, artefactos y programas informá­ ticos y de oferta comercial de la industria cultural, que se pone a su disposición a precios claramente asequibles, en especial de la radio, la televisión en color, el vídeo e incluso, recientemente, la televisión por cable. Pero esto implica necesariamente un sometimiento — casi ex­ clusivamente pasivo— a la oferta, claramente manipuladora de la cul­ tura y de sus contenidos y, por extensión, de las conciencias de masas sumisas y acríticas. Los mensajes recibidos por los medios masivos mayoritarios son cada vez más repetitivos, superficiales y degradantes, orientados casi exclusivamente a estimular la «evasión» de la reali­ dad, cuando no a crear significados falsos y mixtificados, de lo que se cree que es «conocimiento» y no es más que «pseudoconocimiento» (T. Adorno, A. Moles, H. Schiller). Segundo: Acentuando las diferencias y distancias en el acceso a conocimientoSy saberes y educación humanística. Las clases altas están también sometidas al flujo ininterrumpido y onmisciente de los mensajes vulgares, redundantes y estereotipados de la comunicación de masas, en especial de la televisión y radio, abierta y gratuita. Pero su integración — en mayor o menor nivel— a la «cultura alta» les permite neutralizar los significados, ir depurando lo que son mensajes de calidad de lo que son mensajes vulgares y, por determina(18) Todos los que nos dedicamos a la profesión de la sociología conocemos la ten­ dencia de los encuestados a estructurarse en espacios medios respecto de pertenencia a clases y posición ideológica, por ejemplo.

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205 dos mecanismos de comunicación y conocimiento (viajes, trato con muchas personas, incluso artistas e intelectuales), así como por mayo­ res índices de lectura, conservan cierta distancia y un sentido crítico bastante agudo hacia dichos medios y mensajes. Además mantienen y acrecientan determinados mecanismos de acceso a mensajes selectivos: de la prensa, libros y revistas especializadas; de canales de televisión por satélite y de pago especializados (Canal Plus, cable, etc.), y de fuentes y redes de transmisión de datos informáticos y audiovisuales. Este mayor acceso — en determinados productos de información representa un ac­ ceso exclusivo— les permite enfrentarse a muchos de los retos econó­ micos y sociales de finales del siglo XX. Asimismo, este «control» eco­ nómico y social de los nuevos instrumentos y medios de información y comunicación, acumula un privilegio más a los ya adquiridos por san­ gre, nivel educativo, situación económica y social y lazos con minorías del poder, permitiendo a los miembros de estas clases altas y medias-al­ tas seguir disfrutando de posiciones altas, de prestigio y acumulación de instrumentos y mecanismos de control social importantes. En el mundo moderno, las personas de clase baja sin conoci­ mientos especializados, incluso muy especializados, no pueden lograr cierta promoción profesional ni económica ya que casi no hay posibi­ lidad de una movilidad social ascendente. Cada vez más, son los hijos de miembros y familias de clases altas y medias-altas, los que con ba­ ses educativas muy cultivadas orientan sus vidas hacia profesiones que conllevan situaciones privilegiadas en las Admnistraciones, empresas de punta, enseñanza e investigación universitaria y privada, profesio­ nes liberales rentables, etc. Sin embargo, los hijos de las familias de clases bajas y medias-bajas se conforman con recibir conocimientos generales en la enseñanza pri­ maria y media, y se limitan — cuando tienen cierto nivel de competitividad— a acceder a puestos medios de las Administraciones y empresas privadas. Sin duda, los conocimientos y pericia informática y de la in­ formación y comunicación ayudan no sólo a encontrar puestos de tra­ bajo atractivos, sino que representan uno de los escasos mecanismos de promoción social ascendente, sobre todo cuando se llega a dominar de­ terminados conocimientos valiosos para esta sociedad: el periodismo, la informática, los nuevos lenguajes de los medios, etc. Se dan, pues, también contradicciones y tensiones en la estructu­ ra social por subgrupos que ascienden y otros que descienden, como

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206 efecto indirecto del desarrollo de la información y la comunicación. Por ejemplo, los conocimientos y el saber humanístico han permitido en el pasado una promoción social ascendente para aquellos miem­ bros de las clases bajas que por sus capacidades o talento pudieron convertirse, desde y por dichos saberes: literatura, historia, lenguas clásicas, filología, filosofía, geografía, psicología, sociología, etc., en miembros de grupos de poder, bien intelectual o eclesiástico (recorde­ mos como las órdenes religiosas reclutaban los jóvenes de más talento en zonas rurales y los promocionaban dentro de las organizaciones re­ ligiosas). El acceso por miembros de familias de clases bajas españolas a conocimientos técnico-instrumentales vinculados a la información, comunicación y cultura, puede permitir también en parte dicha mo­ vilidad hacia arriba, a pesar del contrapeso o dique que representan determinados condicionantes cognitivos de clase (19). Si embargo, a nivel de mayorías, los jóvenes miembros de clases altas y medias tie­ nen ventajas iniciales de educación y cultura, a las que se añaden las ventajas del apoyo de la clase de pertenencia para su promoción so­ cial.

C O N SO L ID A C IO N D E LAS D ESIG U A LD A D ES SO CIA LES EN LA SO C IE D A D EURO PEA CO M U N ITA RIA Un autor tan neutral en sus posturas ante la sociedad de la infor­ mación y con tantos conocimientos sociales y culturales ante sus efec­ tos, como R. Gubern, casi concluye su análisis de la situación del hombre y las clases sociales en la sociedad postindustrial con estas pa­ labras, tan definidoras y certeras: «Ocurre... que en una sociedad estructurada en desigualdades (económicas, sexuales, culturales) como todas las sociedades conoci­ das hasta hoy, las nuevas tecnologías (de la información y comunica­ ción) sirven, entre otras cosas, para potenciar y consolidar tales des­ igualdades preexistentes a su aparición. Ciertamente, ellas no serán responsables de tales desigualdades, pero su aplicación las perpetuará y acaso incrementará.» (20). (19)

B . B e r n s t e i N:

«Clase social, lenguaje

y

socialización». En J. R. Torregrosa, ed.:

Teoría e investigación en la psicología social actual. lOP, Madrid, 1974. (20) R. G u b e r n : E l sim io inform atizado. FU N D ESC O , Madrid, 1988, pág. 208.

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207 Matizamos que esta situación y los procesos que conducen a la misma, no es peculiar y privativa de la sociedad española. Se encuen­ tra en todos los análisis sociológicos y sociopolíticos que se hacen en sociedades de desarrollo avanzado y medio de Europa Occidental, que incluye la Europa comunitaria a la que se ha integrado ya nuestro país (21). Pero los escasos análisis sociológicos y antropológico-culturales que se han realizado sobre los efectos de las nuevas tecnologías en las nuevas desigualdades sociales indican que todavía no se consi­ dera un fenómeno muy disfuncional o muy peligroso. La escuela crí­ tica francesa ha sido la única que — cercana a nosotros— ha puesto el acento en los peligros culturales y sociales de la informática y de la in­ formación (22). Todos los datos obtenidos corroboran las indudables ventajas que han aportado y siguen aportando las nuevas tecnologías de la infor­ mación y comunicación a niveles globales de competitividad econó­ mica. Facilita la instantaneidad de la comunicación e intercomunica­ ción y la posibilidad de tomar decisiones rápidas y eficaces. También este desarrollo permite ya hablar de una «cultura global», aunque más euronorteamericana que universal, que puede ser muy positiva (al ex­ tender y homologar conocimientos, saberes y significados culturales a los grupos). Pero que contiene también muchos peligros (exceso de homogeneidad, uniformización y exaltación de contenidos occidenta­ les, incluso sólo norteamericanos, con lo que se convierte en un neocolonialismo cultural); por ello debe ser reglamentada por los estados supranacionales (sobre todo, por la Comunidad Económica Europea) para preservar los valores particulares de los Estados, pueblos y gru­ pos sociales, vinculando educación con cultura y con desarrollo, lo que debería ser la «verdadera modernización europea». Sobre todo, habría que reglamentar el flujo y control de una educación y cultura igualitaria y transversal, que pueda atravesar las líneas maestras de la desigualdad: la herencia de apellidos y dividendos, la concentración del poder en minorías pertenecientes a los mismos grupos sociales... La historia económica y social nos enseña que los inventos e in­ novaciones en la formación y comunicación han sido siempre contro( 2 1 ) A . G i d d e n s , c o m o so c ió lo g o b r itá n ic o q u e a n a liz a el R e in o U n id o e n re la c ió n c o n E u r o p a , lo re c o g e e n Sociología, A lia n z a , M a d r id , 1 9 8 9 . (2 2 ) F. G a l l o v e d e c - G e n u y s , y P h . L e m o i n e , e d .: La informatización. Riesgos cul­ turales. M itr e , B a rc e lo n a , 1 9 8 6 .

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208 lados e instrumentalizados por ios grupos dominantes de la sociedad en cada época (oligarquías industriales, burguesías nacionales, nomenklaturas), que aunque han intentado siempre articular sus benefi­ cios de clase o capa social con beneficios generales para la sociedad y las restantes capas sociales, siempre han forzado mecanismos de per­ sistencia de privilegios para unos pocos, desde luego, para ellos mis­ mos. En la sociedad de la información, este proceso persiste e incluso se ha acentuado cuando las crisis económicas y políticas han amena­ zado a los grupos de control, poder y vigilancia social y económica con posibles pérdidas de poder o sanciones sociales (23).

(23) H. I n n i S: The B ias o f Communication. Toronto University Press, Toronto, 1951; H. I n n i S: Em pire an d Com m unication, Toronto University Press, Toronto, 1972, y R. R is p a : L a revolución de la inform ación. Salvat, Madrid, 1982.

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Para una teoría de la sociedad de las clases medias funcionales de los 80 La estratifícación competitiva como universalización de la dominación del capital Alfonso Ortí P ro fesor del D e p a rta m e n to de S o c io lo g ía de la U n iv ersid a d A u tó n o m a de M a d rid

IN TRO D U CCIO N

Para los teóricos de la modernización (procapitalista), su consuma­ ción final, desde el punto de vista de la estratificación social, tendría lugar (y de hecho estaría ya realizándose) con el advenimiento de una sociedad de clases medias relativamente igualitaria. Un mito ideológico que responde a una estrategia clasista conservadora real de multiplica­ ción y extensión de las clases medias, y que intenta no sólo encubrir, sino en alguna medida reequilibrar efectivamente a la sociedad de clase burguesa ( originaria y actual) asociada a un desarrollo capitalista estruc­ turalmente desigualitario (al estar determinado, en última instancia, por la división clasista antagónica entre detentadores del capital y fiuerza de trabajo explotable). Pues desde los inicios mismos del Estado liberal burgués (en cuanto institucionalización política correspondiente a la estructura­ ción socioeconómica capitalista realmente existente), ante la explosiva conflictividad social inherente a los desequilibrios del desarrollo capi­ talista, la estrategia del refiormismo conservador ha concebido la expan­ sión de las clases medias como un proyecto de estabilización sociopolítica, atribuyéndoles una fiunción mediadora entre capital y trabajo. Desde el punto de vista político, semejante fiunción mediadora tiende a convertir a las clases medias en el lugar de objetivación del consensus (o reconciliación ideológica en torno a unos valores cívicos comunes). Mientras, de forma paralela, desde el punto de vista social, la txten-

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210 sión efectiva de las clases medias se orienta hacia la modernización posi­ ble y el encubrimiento sistemático) de las desigualdades sociales real­ mente persistentes. Función estabilizadora a través de un progresivo proceso de mesocratización social (secundaria) del modelo de estratifica­ ción derivado del (básico) sistema de clases capitalista — en cuanto es­ tructura fundamental y dinámica de la originaria y aún prevaleciente sociedad burguesa— que ya el propio Marx previó, a mediados del si­ glo XIX, al criticar las obras de Malthus y David Ricardo (1). Pero en cualquier caso, tal mesocratización social no significa nin­ guna superación radical de desigualitarismo burgués inherente a la ló­ gica profunda del desarrollo capitalista. Por el contrario, la noción estratiricacional de sociedad de clases medias pretendiendo negar la exis­ tencia de clases — pues todos seríamos ya de «clase media», con­ vertida en «universal»— , lo que realmente unlversaliza es el desiguali­ tarismo burgués. Porque sólo en apariencia paradójicamente, los mitos de la igualdad de oportunidades y de la competencia entre «los mejores» se encuentran, en última instancia, al servicio de la máxima rentabilización (estructuralmente desigualitaria) del capital. Ya que ambos mitos competitivos constituyen formas de integración social desigualitaria e interiorizan los principios ideológicos rentabilistas de dominación del ca­ pital. Una función estratificacional de la mesocratización competitiva puesta en evidencia una vez más con el proceso radicalmente desigua­ litario de la reestructuración social neotecnológica de los años 1980.

N

o t a m e t o d o l ó g ic a in t r o d u c t o r ia : c l a se s y e st r a t o s

La cuestión de las clases medias constituye una de las más ambi­ guas y susceptibles de mixtificación de las teorías de la estratificación social contemporánea. Pues siendo casi inevitable en todo estudio y análisis empírico de la estratificación social de cualquier país occi­ dental de capitalismo desarrollado, representa — en cambio— un ob­ jeto de estructuración técnica difícilmente definible. Acuñada a partir de su postulada función social mediadora, la denominación «clases me­ dias» entraña, en realidad, una confusa yuxtaposición terminológica — desde un punto de vista teórico— entre los términos de «clases» y «medias». Una yuxtaposición terminológica que desconoce o encubre (1)

Vid los textos de Marx referenciados en posterior Nota 5.

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211 (de modo ¡legítimo) una contraposición metodológica básica: la existen­ te entre las categorías sociológicas de «estrato» (que implica la noción puramente escolar o distributiva, y a la vez estática de «medias») y de «clase» (concepto histórico — concreto, totalizador y dinámico, inscri­ to en un modelo y proceso estructural de desarrollo socioeconómico y sociopolítico— ). Lo que constituye una contraposición clásica y bien conocida entre los modelos «clasistas» (basados en relaciones de dependencia estructural) y los modelos «estratificacionales» (ordenados por simple gradación escolar abstracta), analizada, por ejemplo, entre otros muchos textos, en la difundida obra «Estructura de clases y con­ ciencia social» de Stanislaw Ossowski (2). Con el propósito de disponer de una mínima contextualización conceptual de la contraposición (y a su vez posible complementariedad) entre los modelos «estratificacionales» y los modelos «clasistas» para la definición del estatuto teórico de las llamadas «clases medias», nos de­ cidimos a incluir aquí la adjunta serie sistemática y articulada de mode­ los clasistas de estratificación social contemporánea, acompañada de una sucinta nota metodológica (aquí forzosamente brevísima, condiciona­ da, entre otras razones, por la falta de espacio). Se trata de una prime­ ra publicación de lo que es esencialmente un modelo didáctico (3), que pretende articular el enfoque de los modelos estratificacionales (ca­ racterísticos, en principio, de las obras y sociólogos «funcionalistas», en un sentido lato) con el enfoque de los modelos estructurales «clasis­ tas» (propios del enfoque marxista), desde una perspectiva conjunta y sistemática de carácter estructural. Perspectiva que parte de considerar que los modelos «estratificacionales» y los modelos «clasistas» se pueden articular sistemáticamente (de forma relativa, por ejemplo, en la categorización, producción y análisis de los datos de una encuesta estadís­ tica representativa por maestreo, dentro de los estrechos límites meto­ dológicos de esta técnica de investigación sociológica, etc.) Ya que la presente serie de cinco clasificaciones distintas (modelos primero a (2 ) C f r . S ta n isla w OSSOWSKI: Estructura de clases y conciencia social, B a rc e lo n a , E d i­ c io n e s P e n ín su la , 1 9 6 9 ; e sp e c ia lm e n te p á g s. 1 9 3 - 2 0 6 . (3 ) E l p re se n te sis te m a a r tic u la d o d e m o d e lo s d e e stra tific a c ió n m e fu e so lic ita d o ( c o m o a se so r a m ie n to p e rs o n a l) p o r el I S O C , c e n tro d e d o c u m e n ta c ió n d e l C S I C (C o n s e ­ jo S u p e r io r N a c io n a l d e In v e stig a c io n e s C ie n tífic a s) p a r a re so lv er su s p r o b le m a s d o c u ­ m e n ta le s d e c la s ific a c ió n d e a rtíc u lo s so b re cla se s so c ia le s, h a c ia 1 9 8 8 , y lo u tiliz o c o m o fu n c io n e s d id á c tic a s e n m is c u rso s d e « E str a tific a c ió n so c ia l» d e la U n iv e r s id a d A u tó n o m a d e M a d r id (A .O .) .

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212 quinto) responde a distintos criterios de ordenación de las agrupado' nes estratificadonales posibles (entre otras muchas), sin ser necesaria­ mente incompatibles entre sí. El modelo de partida es precisamente el quinto modelo: «el modelo funcional analítico» para la estratificación ocupacional (como base ana­ lítica — por ejemplo, en una encuesta estadisticay etc.— ) mediante su enfoque y ordenación a partir de la división del trabajo de la población activa (fundamentalmente) ¡no activa. (Con este sentido, los números de las agrupaciones de este Cuadro, núm. 1 a núm. 45, son luego rC' ordenados de acuerdo con diferentes clasificaciones en los distintos cuadros.)Pero el modelo que aquí más nos interesa para la conteX' tualización conceptual de las denominadas «clases medias» es precisa­ mente el modelo cuarto: «modelo estructural según relaciones de de' pendencia». Pues configura un modelo orientado, entre otras posibili­ dades e intenciones, a distinguir, dentro del bloque abstracto y ambi­ guo de las llamadas «clases medias»y entre la «vieja pequeña burguesía» o «pequeña burguesía patrim onial» y las que denomino «clases medias funcionales» o «nuevapequeña burguesía» — ... una distinción realiza­ da ya hace algún tiempo, en anteriores publicaciones (4), sobre la base de autores como Martin Nicolás y Erik Olin Wright, y que ha alcanzado una cierta difusión. En primer lugar, la «vieja pequeña burguesía» o «pequeña hurgue' sía patrim onial», de carácter tradicional (estratégicamente decisiva en las primeras etapas del desarrollo capitalista en el siglo XIX, pero peculiarmente con un gran peso demográfico todavía en la España actual), se funda sobre la posesión de medios de producción propios (pequeñas explotaciones agrarias, pequeños talleres, pequeños comer­ cios o negocios, algunos inmuebles productores de rentas, etc.), sufi­ cientes para la supervivencia familiar, pero sin llegar a ser una fuente de acumulación de capital en expansión. Social y políticamente decli­ nante ante el proceso de concentración y centralización capitalista (de (4 ) Cfr. Alfonso O r t i : «Estratificación social y estructura del poder: viejas y nuevas clases medias en la reconstrucción de la hegemonía burguesa», artículo en págs. 7 1 1 - 7 3 6 del libro Política y sociedad. Estudios en homenaje a Francisco M urillo Ferrol, Madrid, Cen­ tro de Investigaciones Sociológicas/Centro de Estudios Constitucionales, 1 9 8 7 . Vid. igualmente, Martin NicOLAUS: E l M arx desconocido. Proletariado y clase m edia en M arx, Barcelona, Editorial Anagrama, 1 9 7 2 ; así como Erik Olin W r i g h T: Clase, crisis y Estado, Madrid, Siglo XXI de España Editorial, 1 9 7 8 .

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213 una decadencia creciente perfectamente prevista en el modelo marxiano), hoy era pequeña burguesía patrim onial puede ser clasificada, desde el punto de vista del «rango» (tercer modelo: «modelo jerárquico gradacional»)y entre las «clases medias bajas»y así como entre las «clases dirigidas» o «subordinadas»y desde la perspectiva del poder político (primer modelo: «dicotómico jerárquico»)y sobre todo si no se encuen­ tran dedicadas a actividades de alta cualificación, ni poseen educación superior. En fin, vinculadas a la pequeña producción tradicional las clases pequeño'burguesas patrimoniales van perdiendo peso y (sobre todo) relevancia social con el desarrollo capitalista, si bien en España tal proceso de decadencia está siendo característicamente mucho más prolongado y lento. Ahora bien, la agrupación o definición clasista que aquí más nos interesa (y por lo que hemos incluido los presentes cuadros o modelosjy resultar ser, sin duda, muy específicamente (desde el punto de vista del desigualitario proceso social de los años 1980 en la España de la lla­ mada «década socialista»y o mejor: postsocialista)y la agrupación que — por mi parte— he caracterizado y designado como «clases medias funcionales» o «nueva pequeña burguesía» (en el cuarto modelo o «mo­ delo estructural»). Por mi parte, he propuesto hace algún tiempo — como anticipaba— denominar a estas nuevas clases medias (a veces también designadas, creo que más equívocamente, como «clases de servicio») con el significante de «funcionales» por tener su base en las funciones de mediación organizativa dentro del aparato burocrático del Estado o de las cada vez más extensas burocracias empresariales (sobre todo, claro está, en las grandes empresas). De este modo, los compo­ nentes de estas clases administrativas o burocráticas (en un sentido muy laxo que comprendería también a los técnicos al servicios de los aparatos empresariales o del Estado), quedan caracterizados, ante todo, por ser funcionarioSy bien del Estadoy bien del capital o si se quie­ re: de las organizaciones empresariales capitalistas (una caracteriza­ ción que se encuentra implícita en la irónica denominación alemana de « Unterojftziere des Kapitalimos»y esto es: de «suboficiales del capita­ lismo»). Desde el punto de vista estructural tales clases medias funcio­ nales prestan entonces sus servicios a organizaciones públicas o priva­ das, percibiendo sus ingresos de las rentas excedentes del fondo de plusvalías (... ingresos que característicamente recorren toda la escala social: desde los «latisueldos» de los «directores generales» o «gerentes» a los «subsueldos» a los «empleados auxiliares» del más ínfimo nivel, en

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214 principio — desde un punto de vista más social que económico— siempre en el sector servicios o no manual). De aquí que como Martin Nicolaus puntualizase en su día, la po­ sibilidad de una expansión de estas nuevas clases medias funcionales (o clases del excedentey como las calificó Nicolaus) se encuentre implícita en el modelo marxiano de desarrollo capitalista: pues la acumulación de capital constituye un proceso de crecimiento del fondo de plusva^ líasy excedente que, por una parte, permite el pago de rentas de exce­ dente a estos auténticos «funcionarios» privados o públicos, mientras, por otra, exige su ampliación constante como grupo social, dado el endurecimiento de la competencia, y la propia ampliación de las funciones de intermediación y distribución (gestión, ventas, publici­ dad, etc. pero también todo tipo de investigación y asesoramientos, etcétera). Un proceso de expansión capitalista de las nuevas clases me­ dias previsto — como también anticipé— en algunos textos del viejo Marx, dedicados al análisis crítico de las formulaciones de Malthus y de David Ricardo, al prever la función estahilizadora de esta mesocratización social: «Olvida (Ricardo) destacar la cantidad en constante cre­ cimiento de la case media, de los que se encuentran entre el trabaja­ dor por un lado, y el capitalista y el terrateniente, por otro — escribía Marx, premonitoriamente, en pleno siglo XIX (5)— ; la clase media se mantiene en medida cada vez mayor, directamente con la renta, es una carga que pesa sobre la base trabajadores y aumenta la seguridad social y el poderío de los diez mil de arriba.» Una descripción que si­ gue siendo perfectamente adecuada — en mi opinión— para describir el proceso clasista básico de reestructuración social neotecnológica que ha tenido de nuevo lugar, en el decenio de los años 1980, en todos los países del capitalismo desarrollado. Sin embargo, resulta también evidente que las nuevas clases me­ dias funcionales no son, en modo alguno, internamente homogéneas. Una mayoría de estas clases fimcionales — precisamente sus, por lo ge­ neral, ampliamente mayoritarios estratos inferiores (tercer modelo: «jerárquico gradacional» de nuestro sistema de modelos)— pueden y deben ser considerados por las características de su fimcióny posición jerárquicay formación e ingresos como pertenecientes a las clases medias (5) Cfr. Carlos M a r x : Teorías sobre la plusvalía, Buenos Aires, Editorial Cartago, tomo 2, pág. 490.

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215 bajas. Se trata, como es bien sabido, de los antes llamados «trabajado' res de corbata o de cuello blanco» (los «white collars» de Wright Mills), a los que hay que atribuir (y desde luego claramente en España) la ac­ tual expansión de las supuestas «clases medias» mayoritarias (cuando en gran parte estas clases medias bajas gozan de una muy desigualitaria posición, cualificación e ingresos, respecto de las auténticas «clases medias-medias»y o menor: «clases medias altas»^ que siguen siendo una reducida minoría). Realidad clasista que trivializan y encubren los actuales apologetas de la motificadora «sociedad de clases medias». Por último, estas minoritarias clases medias altas funcionales, má­ ximas beneficiarias del desarrollo capitalista, ocupan aquellas posicio­ nes jerárquicas de control, poder organizativo, liderazgo y asesoramiento (como directivos o gerentes, cuadros superiores o técnicos o profe­ sionales altamente cualificados) que convierten en estratégica su histórica función de mediación (a veces políticamente decisiva) en las luchas entre capital y trabajo, y en general en todos los conflictos socia­ les e ideológicos. Fruto del propio modelo de la actual estratificación ca­ pitalista (tal como representamos en el adjunto diseño de la actual es­ tructura del neocapitalismo corporativo)^ el status de estas clases medias altas funcionales se encuentra fundado sobre unas relaciones de produc­ ción clasistas que siguen articuladas por la contraposición antagónica entre el «capital controlador» (y sus agentes) y el «trabajo productivo» (y los grupos sociales sometidos a su lógica de «explotación» o «maximización del excedente» o también simplemente: máxima rentabilización del capital). A pesar de ello, esto es: de vivir de un excedente creciente «bombeado» desde la base productiva (para proveer de medios a la estratificación social jerárquica descendente como form a de integración so­ cial), ciertas fracciones de estas clases medias altas funcionales, de forma alternativa, pueden cumplir (y de hecho han cumplido a veces) con una necesaria función mediadora progresiva de liderazgo reformista, y en todo caso representan un cierto componente racionalizador/moderador de la propia irracionalidad rentabilista de la nuda denominación del ca­ pital, suavizando sus tendencias desigualitarias. Pero la imbricación cada vez más estrecha — en el actual modelo de neocapitalismo corpora­ tivo postindustrial— con el poder tecnocrático y el propio gran capital, conduce en muchos casos a una total asimilación de las fracciones su­ periores o más afines con el sistema de estas clases medias altas funcio­ nales con los fines del capital y sus efectos sociales desigualitarios. Tal cosa es lo que parece haber ocurrido en los años 1980.

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216 P r im er m o d e l o

MODELO DICOTOMICO JERARQUICO (PODER) (D iv isió n se g ú n las p o sic io n es d e su p r a o r d in a c io n o SUBORDINACION SOCIAL)

A)

Clases dirigentes o dominantes (a)

Clase alta

+ (b) B)

Clase media alta

I Burguesía terrateniente II Burguesía capitalista III (a) Profesionales IV (a) Estratos superiores Clases medias funcionales

Clases dirigidas o subordinadas

(c)

(d)

Clases medias bajas

Clase baja

III (b) Vieja pequeña burguesía IV (b) Estratos inferiores Clases medias funcionales V (a) Estratos obreros Superiores V (b) Estratos obreros inferiores VI Trabajadores inferiores de los servicios /III Marginales

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217 S e g u n d o m o d e lo

M ODELO DICO TO M ICO PRODUCTIVO (CAPITAL TRABAJO) (D iv isió n se g ú n el d isfr u t e d ir e c t o o in d ir e c t o d e plusvalías y la COMPRAVENTA DE LA FUERZA DE TRABAJO PROPIA)

A)

Clases capitalistas o perceptoras de rentas excedentes

(a) + (b) + (c) + (d)

B)

Clase alta Clase media alta Vieja pequeña burguesía Estratos inferiores de clases medias funcionales

Clases que venden su fu erza de trabajo

V (a)

Estratos obreros superiores

(d) Clase baja (—marginales)

V (b) Estratos obreros inferiores VI Trabajadores inferiores de los servicios

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218 T ercer m o d elo

M ODELO JERARQUICO GRADACIONAL DE ESTRATIFICACION SOCIAL SEGUN RANGO (E s t r a t o s d e t e r m in a d o s p o r la v a l o r a c ió n o r a n g o s o c ia l ATR IBU ID O S A LAS D IEER EN TES P O SIC IO N ES SO CIALES PO R EL PR ECO N SCIEN TE CO LECTIV O , Y PU ESTO D E M A NIEIESTO EN EL TRATO SOCIAL DIEERENCIAL «E SP O N T A N E O », HABITUAL O P R ESCR ITO ) Estratos

Categorías

gradacionales

(a)

Clases estructurales

funcionales

(2)/(4) (l)/(4)

I Burguesía terrateniente II Burguesía capitalista ....

Clase alta

Barrera socioeconómica de la propiedad o control del gran capital (3) (b)

(9)/(10)/(ll)/

Clase media alta

(12)/(13)/ (14)/(15)/(16)/ (17)/(18)/(19)/ (20 )

IV (a) Estratos superiores Clases medias funcionales.

Barrera institucional y/o simbólica de la titulación superior o rango asimilado (5)/(6)/(7)/(8)

^ III (b) Vieja pequeña burguesía.. (c)

Clases medias bajas