Modelo para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso

El derecho a la justicia es un término amplio que implica hacer lo justo y dar a cada quien lo necesario, a partir ...... y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, para facilitar la oferta educativa al perso- ...... Briceño, Roberto (2007). “Violencia ...
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EUROsociAL es un programa de cooperación regional de la Unión Europea con América Latina para la promoción de la cohesión social, mediante el apoyo a políticas públicas nacionales, y el fortalecimiento de las instituciones que las llevan a cabo. EUROsociAL pretende promover un diálogo euro-latinoamericano de políticas públicas en torno a la cohesión social. Su objetivo es contribuir a procesos de reforma e implementación en diez áreas clave de políticas, en ciertas temáticas, seleccionadas por su potencial impacto sobre la cohesión social. El instrumento del que se dota es el de la cooperación institucional o aprendizaje entre pares: el intercambio de experiencias y la asesoría técnica entre instituciones públicas de Europa y de América Latina.

Modelo para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad Defensa Pública de Costa Rica Poder Judicial

Colección Documentos de Política nº 14 Área: Justicia

www.eurosocial-ii.eu

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

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26/01/15 12:56

PROGRAMA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA

Edita: Programa EUROsociAL C/ Beatriz de Bobadilla, 18 28040 Madrid (España) Tel.: +34 91 591 46 00 www.eurosocial-ii.eu [email protected] Con la colaboración: Fundación Abogacía Española

Justice Coopération Internationale (JCI) Justice Coopération Internationale

Consorcio Liderado por

Socios Coordinadores

Defensa Pública de Costa Rica Participan más de 80 Socios Operativos y Entidades Colaboradoras de Europa y América Latina

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión de la Unión Europea. Edición no venal. Realización gráfica: Cyan, Proyectos Editoriales, S.A. Costa Rica, 2014

No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

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Modelo para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad Defensa Pública de Costa Rica Poder Judicial

Documento de Política nº 14 Área: Justicia

Edita: Programa EUROsociAL C/ Beatriz de Bobadilla, 18 28040 Madrid (España) Tel.: +34 91 591 46 00 www.eurosocial-ii.eu Con la colaboración: Fundación Abogacía Española

Justice Coopération Internationale (JCI)

Defensa Pública de Costa Rica

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión de la Unión Europea. Edición no venal. Realización gráfica: Cyan, Proyectos Editoriales, S.A. Costa Rica, 2014

No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Autores

Expertas Marcela Piedra Durán, Experta local del Programa EUROsociAL II Cristina Mayordomo Benedicto, Experta internacional del Programa EUROsociAL II

Equipo local Marta Iris Muñoz Cascante Alejandro Rojas Aguilar Mario Serrano Zamora Zhuyem Molina Murillo

Instituciones de la Red Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) Ministerio de Justicia y Paz Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) Patronato Nacional de la Infancia (PANI) Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Índice Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Fundamentos teóricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Marco jurídico internacional de prevención de la violencia contra las mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Declaración Universal de Derechos Humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales . . . . . . . . . 28 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 a (XXI) de 16 de diciembre de 1966 . . . . . . . . . . 28 Convención Americana Sobre Derechos Humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a cualquier Forma de Detención o Prisión. Adoptados por la Asamblea General de la ONU en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988 . . . . . . . . . . . . . 32 Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del Personal de Salud, Especialmente los Médicos, en la Protección de Personas Presas y Detenidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes . . . 33 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer . . . . . . . . . . . . . 34 Declaración y Plataforma de acción de Beijing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia Contra la Mujer (Belem do Pará) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Convenio para la represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Resolución 1/08 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: principios y buenas prácticas sobre protección de las personas privadas de libertad en las Américas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Reglas de Naciones Unidas para el Tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas De Bangkok) . 42 CONTEXTUALIZACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Mujeres que comenten infracciones y sistemas penitenciarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Atención integral de las mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad y riesgo social en Costa Rica: acciones de prevención y de apoyo para la inclusión social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Derecho al cuido y desarrollo integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Derecho a la Justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Instituciones que atienden las necesidades básicas y de orientación a las mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Instituciones que atienden poblaciones específicas: población c on discapacidad y personas adultas mayores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Instituciones que atienden la capacitación y educación a mujeres . . . . . . . . . . 74 Instituciones que atienden las condiciones de salud y seguridad social de las mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Instituciones que atienden la situación laboral de las mujeres . . . . . . . . . . . . . . . 83 Acceso a Vivienda y alianzas estratégicas en beneficio de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y riesgo social . . . . . . . . . . . . . . 87 Los Gobiernos Locales: fortalezas para la creación de alianzas . . . . . . . . . . . . . . . 91 METODOLOGÍA UTILIADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS. . . . . . . . . . 95 MODELOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VINCULADAS A UN PROCESO PENAL Y SUS FAMILIARES DEPENDIENTES EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Modelo de la Defensa Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Principios 103 Objetivos 105 Desarrollo del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Protocolo y Procesos derivados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Recomendaciones para la Recolección, Registro y Derivación

de la Información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Indicadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Instrumentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Modelo de coordinación interinstitucional de la Red para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Marco Jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Marco referencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Instituciones Intervinientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Objetivo general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Objetivos específicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Ámbito de aplicación y población meta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Por lo tanto se establecen las siguientes cláusulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Indicadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Prólogo Desde hace varios años, la Dirección de la Defensa Pública de Costa Rica ha venido ejecutando una serie de iniciativas con el objetivo de reivindicar la situación de las mujeres vinculadas con el sistema penal, especialmente de quienes se encuentran en prisión. En este sentido, pueden citarse los esfuerzos realizados para la aprobación del artículo 77 bis de la Ley de Psicotrópicos, que introduce proporcionalidad y especificidad de género para las mujeres condenadas por introducción de droga a un Centro Penitenciario, así como el trabajo efectuado para asegurar la efectiva aplicación de este artículo a quienes ya se encontraban cumpliendo una pena por este delito. Como resultado de este esfuerzo, se logró la excarcelación de más de 150 mujeres privadas de libertad, reduciendo significativamente los niveles de sobrepoblación penitenciaria y propiciando un ajuste de la pena impuesta a estas personas, bajo los parámetros de justicia, racionalidad y proporcionalidad. Posteriormente surgió la necesidad de apoyar a las mujeres beneficiadas con el fin de evitar su reincidencia, tomando en cuenta que todas ellas enfrentan situaciones de vulnerabilidad, por lo que requieren apoyo institucional para poder neutralizar, o bien superar, estas condiciones. De esta manera, se iniciaron los primeros contactos y reuniones con el fin de unir esfuerzos con diferentes Instituciones, como el Instituto Nacional de las Mujeres -INAMU-, el Ministerio de Justicia, el Instituto Costarricense sobre Drogas —ICD—, el Instituto Mixto de Ayuda Social —IMAS—, el Patronato Nacional de la Infancia —PANI—, el Instituto Nacional de Aprendizaje —INA—, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia —IAFA—, entre otras, con el propósito de facilitar las condiciones para que las mujeres beneficiadas desarrollen un proyecto de vida que les permitiera alejarse de la comisión de un delito. Es así como surge la idea de constituir la Red Interinstitucional para la Atención Integral de Mujeres Vinculadas a un Proceso Penal y sus Familiares Dependientes en Situaciones de Vulnerabilidad, para brindar una respuesta integral a la problemática social, familiar o económica que viven las mujeres involucradas en un conflicto

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Marcela Piedra Durán y Cristina Mayordomo Benedicto

penal, pero que también constituye una forma novedosa de abordar este conflicto, ya no solo desde la perspectiva del castigo, sino desde el apoyo y el respaldo institucional. El entusiasmo y la buena voluntad mostrada por las y los representantes de las diferentes organizaciones que acudieron a la referida convocatoria, permitió ampliar el horizonte de actuación de la Red que se estaba constituyendo, ya no sólo a aquellas mujeres que se habían beneficiado con la aplicación del artículo 77 bis de la Ley de Psicotrópicos, sino también a la totalidad de las mujeres vinculadas con el sistema penal y, además, a su familiares dependientes, en el entendido que el bienestar de estas personas es esencial para la estabilidad emocional y psicológica de ellas. Iniciado este proceso, se pensó, igualmente, en la importancia de contar con apoyo profesional para diseñar la forma de operación de la Red, así como de la derivación de los casos de las mujeres que realizaría la Defensa Pública. Para estos efectos, se propuso este proyecto a EUROsociAL, en coordinación con la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial de Costa Rica, por considerar que este tendría impacto en la promoción de la cohesión social, finalidad buscada por esta organización. Desde el primer momento en que se planteó esta propuesta, propiamente durante la reunión celebrada del 29 al 31 de octubre de 2013 en Quito, Ecuador, entre representantes de EUROsociAL y de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas -AIDEF-, se contó con un respaldo decidido de sus representantes, ofreciendo la posibilidad de financiar a dos expertas, una europea y otra costarricense, para que realizaran esta labor. El trabajo fue encomendado a la consultora costarricense Marcela Piedra y a la experta española Cristina Mayordomo, quienes condensaron en el documento que se prologa los diferentes productos elaborados, en los cuales se definen los procesos internos de derivación que implementará la Defensa Pública, así como los cambios que deben realizarse en la organización para asumir estas nuevas funciones, los indicadores que permiten el seguimiento y monitoreo del funcionamiento de esta derivación y los formularios que se utilizarán. De igual forma, del trabajo de las expertas se obtuvo un protocolo operativo de funcionamiento de la Red Interinstitucional, una organización que facilita las coordinaciones y la toma de decisiones en el nivel operativo y estratégico, además de los indicadores para seguimiento y monitoreo. De esta manera, gracias al respaldo de EUROsociAL se lograron construir un conjunto de productos que servirán de base para el inicio formal de la operación de la Red, con la idea firme de brindar una respuesta integral a las mujeres vinculadas al sistema penal y a sus familiares dependientes.

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Debido a este apoyo incondicional, debe agradecerse a EUROsociAL, en las personas de las expertas que realizaron el trabajo directamente, señoras Marcela Piedra y Cristina Mayordomo; así como a JCI y a Fundación Abogacía Española, organizaciones que, como socios operativos de EUROsociAL, facilitaron la ejecución de este proyecto, en especial a Xavier Cousquier, a José de la Mata, a Mikel Córdoba, a Macarena Eseverri, a Emilie Bousquier, a Charlotte Benoit y a Marion Cathelin. Todas estas personas resultaron indispensables para que hoy se puedan presentar los productos elaborados durante la consultoría, razón por la cual les reiteramos nuestro agradecimiento. Igualmente, quisiera agradecer al equipo de la Defensa Pública que trabajó, en conjunto con las y los representantes de las otras Instituciones y las consultoras, en la elaboración de estos productos, así como en la creación y constitución de la Red Interinstitucional. Especialmente, debo agradecer el trabajo realizado por Mario Serrano Zamora, supervisor de la Defensa Pública, quien ha cumplido con éxito el rol de representante de nuestra Institución ante la Red y, a la vez, de contraparte de la consultoría ejecutada. Sin su trabajo y compromiso tampoco hubiera sido posible contar con los productos entregados por las consultoras. Este agradecimiento debe hacerse extensivo a las personas que apoyaron esta labor: Alejandro Rojas, Subdirector de la Defensa Pública; Zhuyem Molina y Gary Bonilla, Supervisora y Coordinador del área de penalización de la violencia contra la mujer; José Luis Soto Richmond, Administrador de la Defensa Pública, Jorge Quesada y Esteban Arguedas, Ingeniero Industrial y Estadístico de la Defensa Pública. De igual forma, queremos reconocer el apoyo constante que nos ha brindado la señora Cristina Rojas, Directora de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial, y su equipo de trabajo, no solo para este proyecto en concreto, sino para todos los demás proyectos que nuestra Institución ha ejecutado con EUROsociAL. No quisiera terminar sin reiterar nuestra gratitud y reconocimiento por la valiosa contribución de todas las personas que han representado a las Instituciones que firman el protocolo de constitución y operación de la Red: INAMU, Ministerio de Justicia, ICD, IMAS, IAFA, PANI e INA. Las expectativas sobre el impacto que puede generar el trabajo de la Red son altas, pues se espera que, con su trabajo, se pueda poner en evidencia la posibilidad de optar por una política criminal alternativa, que mire el conflicto penal no como una amenaza, sino como una oportunidad para conocer la realidad que viven estas mujeres y, a partir de este conocimiento, motivar la acción de los servicios públicos relacionados con las necesidades y requerimientos de ellas, en dirección a la efectiva protección o reivindicación de sus derechos y los de sus familiares dependientes.

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Es importante resaltar, para finalizar, el hecho que este esfuerzo se encuentre orientado a apoyar a las mujeres sometidas a un proceso penal, por cuanto, según se ha referido en diferentes estudios, el impacto personal y social que tiene o puede tener este proceso o una sanción penal en una mujer es distinto respecto de lo que puede sufrir un hombre, por lo que se espera que, con esta acción afirmativa, se logren desarrollar mejores condiciones para la igualdad de género. Marta Iris Muñoz Cascante Directora de la Defensa Pública

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Introducción La población privada de libertad, producto de la selectividad del sistema penal, presenta una pluralidad de condiciones de vulnerabilidad que se muestran más evidentes, se recrudecen y se hacen más reales cuando estamos hablando de mujeres privadas de libertad, quienes en razón de sus condicionamientos culturales y sociales tienen bajo su responsabilidad directa a personas dependientes. Por ello, su detención genera un impacto personal para ellas y para su círculo más directo de familiares. Las situaciones de vulnerabilidad que sufren las mujeres pueden ser detectadas por los defensores y defensoras públicos mediante la entrevista técnica que realizan estos profesionales en el momento de entrar en contacto con las usuarias del sistema penal. Con este protocolo se busca intervenir para que con los datos obtenidos en la minuta de entrevista inicial, se pueda generar un mecanismo sistemático de traslado de la información a las distintas autoridades institucionales responsables de atender y solucionar la situación que se detecta, y de esta manera, procurar lograr la vigencia del derecho fundamental que está siendo lesionado. Y con todo ello, crear una red interinstitucional de apoyo por parte no sólo de las instituciones públicas, sino que también incluya otras de distinta naturaleza (instituciones privadas, ONG u organismos de cooperación, entre otros). Con el fin de asegurar una respuesta institucional adecuada a las necesidades de las usuarias, este procedimiento de derivación y de seguimiento también incluye una fase de control por parte de la Red Interinstitucional de acciones de exigencia en caso de omisión de respuestas por los entes responsables. Este modelo constituye una respuesta simultánea y complementaria al Sistema Penal, con la idea de brindar una atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad. El conflicto penal es visto como la oportunidad para detectar los requerimientos de respuesta institucional para estas mujeres y sus familiares dependientes. Este documento, en un primera parte explica los fundamentos teóricos, el marco normativo, el marco metodológico, un pequeño diagnóstico que sustenta el trabajo específico con las mujeres que ingresan al sistema penal y un mapeo institucional

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que ilustra una serie de programas a los que podrían acceder las mujeres. Posteriormente, brinda las pautas a seguir en el tratamiento de estos casos por parte de la Red Interinstitucional para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad y a lo interno de la Defensa Pública.

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MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO

Fundamentos teóricos La seguridad ciudadana como una de las dimensiones de la seguridad humana y, por lo tanto, del desarrollo humano, involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores; en este sentido, los derechos humanos deben ser entendidos como referentes que guíen el accionar de los Estados en la materia (CIDH, 2009). La inseguridad y la restricción de la ciudadanía son fenómenos interrelacionados, al partir de la premisa de que la seguridad refiere a la protección de las libertades esenciales para la vida, la relación intrínseca entre protección y derechos humanos conlleva a visualizar los derechos de la ciudadanía en un sentido más amplio que el netamente jurídico, incluye los derechos económicos, sociales y culturales, todos los derechos que garantizan una vida digna. (Strack; 2008: 262) La forma en que se manifiesta y vive la violencia no es igual para los hombres que para las mujeres, a pesar de tratarse de un problema comparti­do por toda la población. Carcedo plantea que no se trata de una simple diferencia cuantitativa (nú­mero de homicidios de unos y otras, o de sus autorías), existe bastante evidencia para afirmar que las mujeres viven problemas de violencia derivados de su condición social como mujeres y, además, son blanco ocasional de los problemas de inseguridad general (2007: 7). Como se plantea en el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 20092010 del PNUD (2011: 127-128), la inseguridad ciudadana no es igual para ambos sexos, hombres y mujeres participan en el delito de modos distintos y están expuestos a distintos riesgos. Esto porque: • Ciertas ofensas son preponderantemente femeninas (como el homicidio del cónyuge maltratante), pero sobre todo, los hombres cometen más delitos que las mujeres. Esta ha sido una constante a lo largo de la historia en todas las sociedades y para casi todo tipo de delitos. En general, las mujeres infractoras incurren en delitos ordinarios y poco violentos como pequeños robos y fraudes, narcomenudeo o agresiones no muy graves contra sus hijos e hijas o sus compañeros; algunas de ellas reinciden a lo largo de los años, pero no son criminales de carrera y es muy raro que ejecuten crímenes de gravedad.

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• La noción misma de “riesgo o temor”, es decir, la base de la “inseguridad”, varía con el sexo, pues las mujeres perciben, valoran y negocian las amenazas o riesgos con parámetros distintos de los de los hombres. Los resultados de la Encuesta LAPOP ilustran cómo el género es un predictor del temor. • También, respecto del riesgo de sufrir ciertos delitos hay patrones relativamente universales, como que el homicidio y la violencia callejera afectan más a los hombres, mientras que las violencias doméstica y sexual afectan más a las mujeres y tiene una fuerte incidencia en sus vidas. No se puede desconocer que la inseguridad (pérdidas de vidas humanas y de bienes materiales) lleva a concluir que la violencia es “uno de los problemas que más deteriora la calidad de vida de una nación” (Echeverri, 1994: 14), y, además, tiende a erosionar la instancia de lo público y la condición de ciudadanía. La criminología tradicional al tener un sesgo androcéntrico, no ha permitido que se reconozca el impacto de la socialización masculina sobre la criminalidad y se subestime las necesidades de las víctimas o se excluya ciertas modalidades de violencia que recaen sobre las personas por razón de su género. (PNUD, 2011: 126) En la criminología, el lugar y el estatus particulares de las mujeres ha sido objeto de poco interés, principalmente porque el hecho de que en el pensamiento criminológico se ocultan las mujeres y sus particularidades y esta ocultación ha adoptado dos formas principales: de un lado, la ignorancia completa de las mujeres como sujetos sociales específicos en relaciones particulares y, de otro lado, la asimilación a las teorías que, en realidad, se aplican esencialmente a los hombres o a su situación social propia (Mata, 2008). Diferentes esfuerzos por comprender la violencia han incurrido en errores al suponer que es solo un problema psicológico e individual o, por el contrario, presuponer que hasta que no cambie la sociedad en su conjunto nada es posible, naturalizándolo como inevitable. (Morey, 2007: 24) El reducir su comprensión a un solo factor determinante contribuye al reduccionismo que resulta a menudo en un ocultamiento ideológico y disminuye el importante impacto que la violencia tiene en la sociedad como un todo y particularmente en las mujeres de distintas edades y condiciones. En este marco es importante resaltar que la criminología tradicional explica la delincuencia femenina a partir de sus características individuales, las cuales se asocian a su rol sexual el cual permite explicar tanto su comportamiento general como su criminalidad (Mata, 2008). La violencia social se considera un fenómeno construido socialmente, que se plasma mediante múltiples manifestaciones y cuyos significados varían históricamente dependiendo del momento o contexto en que se produzcan (INAMU, 2004:52). La violencia, por otra parte, es un concepto polisémico que abarca una amplia variedad de fenómenos y manifestaciones; se puede sintetizar definiéndola como “una acción intencional del uso de la fuerza o el poder, por la cual una o más personas producen

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daño físico, mental (psicológico), sexual o en su libertad de movimiento o muerte a otras personas, o a sí mismas, con un fin predeterminado” (Massolo, 2005: 1). Es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud define la violencia como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (Krug et al, 2002). Dicho enfoque está centrado en el tipo de violencia que Galtung denomina directa, a la que él además agrega otros tipos de violencia como la estructural y la cultural que tienen una fuerte influencia en la vida de las mujeres y las coloca en situaciones de vulnerabilidad (Galtung 1969; 1990). La violencia tiene tres componentes básicos: i) la intencionalidad del uso de la fuerza o poder; ii) la generación de un daño; iii) el fin perseguido (subyace el ejercicio de alguna forma de poder, en el ámbito público o privado). Sus causas son múltiples, no es posible identificar una sola causa que contribuya o que inhiba el comportamiento violento, en el caso de la mujeres esta violencia refiere a “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, art 1). Las causas de la violencia contra las mujeres también tiene orígenes más ligados con su condición de mujeres, Morey expone como las más importantes: • Causas materiales –– Mayor fuerza física del hombre, explotación o marginación económica. –– Inequidad y pobreza. –– Hacinamiento. –– Menor acceso a recursos y uso del tiempo en detrimento de las mujeres • Causas ideológicas –– Discriminación, estereotipos, códigos culturales. –– Normas sexistas y hábitos diferenciados androcéntricos. –– Relaciones de poder. –– Patriarcado1, violencia cultural que naturaliza el poder de los hombres. –– Valoración excesiva de la fuerza física como masculina. –– Objetivación del cuerpo de las mujeres. –– Transmisión y refuerzo en la familia, la escuela, los medios de comunicación de masas del patriarcado. –– Falta de formación y conocimiento de la perspectiva de género. –– No corresponsabilidad de las labores en el ámbito privado por parte de los hombres. 1. El patriarcado refiere a la toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres, cuya base fue originalmente el orden biológico. Por medio de la presión directa, los rituales, la tradición, la ley, el lenguaje, las costumbres, la división sexual del trabajo, la educación, entre otros, se determina cuál es o no el papel de las mujeres con el fin de estar sometida al hombre. (INAMU, 2004: 95)

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• Causas psicológicas –– Envidia del hombre hacia la mujer. –– Ansias de poder y dominación. –– Definición de masculinidad en relación con superioridad sobre la mujer. • Causas sexuales. –– Sociedad permisiva proclive a abusos y crímenes relacionados con el sexo. (2007; 218). El reconocimiento de que la violencia de género es una forma de discriminación y, por consiguiente, una violación de los derechos humanos, sirve de punto de partida para comprender el contexto general del que surge dicha violencia, así como los factores de riesgo conexos. Como premisa central del análisis, se parte del hecho de que las causas de dicha violencia y los factores que incrementan el riesgo de que se produzca están enraizadas en el contexto general de discriminación por motivos de género contra las mujeres, dicha violencia es la expresión de las relaciones de poder históricamente desiguales entre las mujeres y los hombres que se refleja en la vida pública y privada (Naciones Unidas, 2006: 38). Proviene de la convergencia de diferentes factores en un contexto general de desigualdad de poder en los niveles individual, grupal, nacional y mundial que se pueden resumir en (Naciones Unidas, 2006: 29-33): • El patriarcado y otras relaciones de dominación y subordinación: la violencia contra la mujer es a la vez universal y particular. Es universal, pues no hay ninguna región del mundo, ningún país y ninguna cultura en que se haya logrado que las mujeres estén libres de violencia. Históricamente, los roles de género, construidos socialmente, han ordenado jerárquicamente la sociedad, de tal modo que los hombres ejercen poder y control sobre las mujeres. El patriarcado se ha amparado en normas sociales y culturales que se encuentra institucionalizadas en el derecho, en las estructuras políticas y en las economías locales y del mundo. Varios de los medios que mantienen la dominación masculina y la subordinación de las mujeres son comunes a numerosos escenarios, los principales: la explotación del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres, el control sobre la sexualidad y la capacidad de reproducción de las mujeres, las normas culturales y las prácticas que protegen la condición desigual de las mujeres, las estructuras estatales y los procesos que legitiman e institucionalizan las desigualdades de género, y la violencia contra las mujeres (que es su vez un medio para la perpetuación de la subordinación de las mujeres y una consecuencia de su subordinación). La impunidad por los actos de violencia contra las mujeres agrava los efectos de dicha violencia como mecanismo de control. • La cultura: si bien algunas de las normas y prácticas culturales empoderan a las mujeres y promueven sus derechos humanos, también es frecuente que las costumbres, las tradiciones y los valores religiosos se utilicen para justificar la violencia contra estas. Existen normas culturales que son causales de dicha violencia, en particular las creencias vinculadas con la prácticas tradicionales nocivas (como el matrimonio

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de personas menores de edad y la preferencia por los hijos varones), los crímenes cometidos en nombre del “honor”, las penas discriminatorias impuestas en virtud de leyes de inspiración religiosa y las limitaciones a los derechos de la mujer en el matrimonio. La tensión entre el relativismo cultural y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, en particular el derecho a verse libres de violencia, se ha intensificado como resultado del actual incremento de la atención que se presta a las cuestiones relativas a la seguridad del Estado. • Las desigualdades económicas: las desigualdades económicas y la discriminación contra la mujer en esferas tales como el empleo, los ingresos, el acceso a otros recursos económicos y la falta de independencia económica reducen la capacidad de las mujeres para actuar y tomar decisiones, e incrementan su vulnerabilidad a la violencia. La falta de empoderamiento económico de las mujeres, que también se refleja en la falta de acceso y control respecto de recursos económicos tales como la tierra y los bienes muebles, el salario y acceso al crédito, pueden colocarlas en una situación de mayor riesgo de violencia. Además, las restricciones al control de las mujeres sobre los recursos económicos, como los ingresos del hogar, pueden constituir también una forma de violencia en la familia. Si bien la independencia económica no protege a las mujeres de la violencia, el acceso a los recursos económicos puede incrementar su capacidad para escapar de situaciones de violencia y obtener acceso a mecanismos de protección y reparación. El estudio del Secretario General de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, identifica factores de riesgo de ser víctima de la violencia a nivel individual, familiar, de la comunidad, la sociedad y el Estado (Naciones Unidas, 2006: 38): • Individual: ser joven, tener una historia de abusos durante la infancia, haber presenciado escenas de violencia conyugal en el hogar, usar frecuentemente alcohol y drogas, ser de baja condición educacional o económica, e integrar una comunidad marginada o excluida. Estos factores están asociados tanto con los culpables como con las víctimas/sobrevivientes de la violencia; • De la pareja y la familia: el control masculino de la riqueza y la autoridad para adoptar decisiones dentro de la familia, una historia de conflictos conyugales y la existencia de importantes disparidades interpersonales en materia de condición económica, educacional o de empleo; • Comunidad: el aislamiento de las mujeres y la falta de apoyo social, las actitudes comunitarias que toleran y legitiman la violencia masculina, y la existencia de niveles elevados de carencia de empoderamiento social y económico, en particular la pobreza; • Sociedad: roles de género que amparan la dominación masculina y la subordinación femenina y la tolerancia de la violencia como medio de resolución de conflictos; • Estado: la inadecuación de las leyes y políticas de prevención y castigo de la violencia y el bajo nivel de conciencia y sensibilidad de los agentes de la ley, los tribunales y los encargados de la prestación de los servicios sociales.

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La socialización masculina y femenina influye sobre la percepción de los resultados de la agresión. Massolo plantea que en los hombres opera una suerte de lo que ha denominado “economía de la violencia”, basada en la autoafirmación y evaluación costobeneficio, con una limitada percepción sobre las consecuencias de sus actos violentos sobre la otra persona, de ahí que sean, en la gran mayoría de los delitos, los victimarios. En contra posición en las mujeres se fomenta una percepción de interdependencia, de asumir responsabilidad por la otra persona, con predominio de la culpa y el temor a los resultados del ejercicio de la fuerza (2007: 137). Esto además, les dificulta poner límites, pues la socialización de género las ha condicionado para pensar y proteger primero a las demás personas, anteponiendo su propia seguridad, ser y estar para otros. Los costos directos de la inseguridad incluyen pérdida de vidas, discapacidades, transferencias ilícitas resultado de crímenes contra la propiedad, que pueden ser medidas por su impacto en el PIB, ya que recaen principalmente sobre el sector público y los presupuestos del Estado, lo que es particularmente dramático en los países de baja o renta media (SICA, 2011: 11). Una investigación del Banco Mundial para Centroamérica indica que en promedio las víctimas de la violencia: (i) tienen menos confianza en el sistema de justicia penal, (ii) aprueban cada vez más la idea de aplicar la ley por mano propia y (iii) disminuye la creencia de que siempre debe respetarse el Estado de derecho. (Banco Mundial, 2011: 9). El mismo estudio indica que en general el costo económico directo total del crimen y la violencia en Centroamérica representa el 7,7% del PIB. Los costos para Costa Rica representaron apenas un tercio de lo anterior como porción del PIB, pero aún un importante 3,6%. Los costos en materia de salud (incluyendo los costos por daño moral) representaron la porción más grande de la carga financiera adicional llegando a 1,5%, los costos materiales y de seguridad en conjunto dieron un total de entre 1,1% y los institucionales un 1%. (Banco Mundial, 2011: 6) Cabe subrayar que el mismo estudio indica que es probable que dichas cifras no reflejen la verdadera magnitud del problema, ya que muchos incidentes de violencia doméstica y/o intrafamiliar no se reportan a las autoridades o en las encuestas de victimización, ya que las mujeres a menudo son renuentes a reconocer el abuso por parte de una pareja o miembro de la familia. La violencia empobrece a las mismas mujeres individualmente y a sus familias, así como a sus comunidades, a las sociedades y a los países, ya que reduce la capacidad de las víctimas/sobrevivientes de hacer una contribución productiva a la familia, la economía y la vida pública, absorbe recursos de los servicios sociales, el sistema de justicia, los organismos de atención de la salud y empleadores/as, y reduce los logros educacionales globales, la movilidad y el potencial de innovación de las víctimas/sobrevivientes, de sus hijos e hijas e incluso de los autores de dichos actos de violencia (Naciones Unidas, 2006: 63). Falú plantea que el contexto de la construcción social de la inseguridad, el abandono del espacio público y el retraimiento a los espacios “protegidos”, lo que genera finalmente es

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más inseguridad, ya que se pierden los espacios de interacción social, lugares donde se debería pro­piciar la construcción del sentido de pertenencia colectivo. Al aumentar la inseguridad, el proceso circular y acumulativo del temor se refuerza en el caso de las mujeres y en aquellos grupos que, por sus cir­cunstancias, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad: mujeres, jóvenes, homosexuales, lesbianas, afrodescendientes, indígenas, entre otros. (2009: 24) Cabe señalar, “(…) que la criminología tradicional tiene un sesgo androcéntrico, que no reconoce el impacto de la socialización masculina sobre la criminalidad, que subestima las necesidades de las víctimas, o que excluye el estudio de ciertas modalidades de violencia que recaen sobre las personas por razón de su género. Y es porque, en efecto, esta forma de discriminación no se refiere solo a las mujeres sino, ocasionalmente, a los hombres (por ejemplo al esposo maltratado por su cónyuge) y cada día más, a la violencia y otros abusos que padecen las minorías sexuales” (PNUD, 2011: 126). En este punto, es clave reconocer que el temor de las mujeres no aparece en forma espontánea, sino que es parte de un proceso aprendido y socializado, mediante lo que diferentes autoras han denominado “socialización victimizante”. En este sentido, es importante reconocer que en las mujeres “la percepción de la violencia y la inseguridad es mucho mayor y provoca efectos perversos. Uno de los más importantes, la aceptación del temor como una actitud de vida” (Casas: 2004). Mapa conceptual N° 1 Violencia de género CAUSAS: acciones o conductas que se basan en la condición de ser mujer y su posición en la sociedad.

ÁMBITOS: en la familia, en las relaciones afectivas, en la ciudad, en las instituciones públicas, en el ámbito laboral, en la política, … Violencia de género

FORMAS Y EXPRESIONES: psicológica, física, sexual, patrimonial, institucional, cultural, simbólica.

CONSECUENCIAS: daño físico o emocional, discriminación, desvalorización, muerte.

Fuente: Elaborado con base en Aguilar y Morales, 2011: 33.

En síntesis, como se puede observar en el mapa conceptual N° 1, las causas de la violencia de género son múltiples, aunque tienen sus raíces en la discriminación contra las mujeres que el patriarcado legitima y reproduce, lo que se expresa en los diferentes

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ámbitos de la vida (relaciones de pareja, de familia, laborales, entre otros) con fuertes implicaciones en sus vidas y el ejercicio de su ciudadanía plena. Un estudio criminológico que incorpora la perspectiva de género debe de tomar en cuenta cuatro ámbitos fundamentales: poder, control, violencia e inequidad, los cuales determinan el papel histórico que han desempeñado las mujeres en las sociedades occidentales, el analizar de qué manera y en qué grado han operado estos cuatro aspectos en el desarrollo de la mujer es lo que podría determinar cuál es el grado de vulnerabilidad que ésta sufriría, poniéndola en riesgo de cometer delitos (Mata, 2008). En este marco la vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana y para recuperarse de los mismos, casi siempre se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones (Federación Internacional de sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja). Mapa conceptual N° 2 Reducción de la vulnerabilidad V U L N E R A B I L I D A D

Grado de exposición

Protección Homeostasis Reacción inmediata Resistencia

Recuperación básica

Resiliencia

Reconstrucción

Fuente: Foschiatt, 2004.

La vulnerabilidad es la disposición interna a ser afectado por una amenaza, si no existe vulnerabilidad no se produce la destrucción. Depende del  grado de exposición, de la protección, de la reacción inmediata, de la recuperación básica y de la reconstrucción; el segundo y el tercero conforman la homeostasis y los dos últimos la resiliencia y ambas constituyen la resistencia. La prevención de riesgos por reducción de la vulnerabilidad se logra cuando se actúa sobre las cinco áreas que la componen, como se puede observar en el mapa conceptual 2.

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En ese sentido vulnerabilidad es la “cualidad de vulnerable”. Para que se produzca un daño debe ocurrir un evento adverso, un riesgo, que puede ser endógeno o exógeno, una incapacidad de respuesta frente a él y una inhabilidad para adaptarse al nuevo escenario generado por la materialización del riesgo. Considerando estos tres componentes, la vulnerabilidad se torna en una noción útil para examinar diferentes aspectos de la realidad, aunque no existe una definición unívoca.  Se usa, en primer lugar, para identificar grupos que se hallan en situación de “riesgo social”, es decir, compuestos por personas que son propensas a presentar conductas relacionadas con la agresión, la delincuencia, la drogadicción, o experimentan diversas formas de daño o tiene desempeños deficientes para la inserción social. En segundo lugar, su uso se da en la delimitación de segmentos de la población  que tienen probabilidades de ser afectados por eventos nocivos. El tercer uso y más frecuente, se refiere a la identificación de grupos de población que tienen algún atributo común, el que genera problemas relevantes similares. El vocablo “vulnerabilidad” expresa tanto la exposición al riesgo como la medida de la capacidad de cada persona o grupo para enfrentarlo a través de una respuesta. (CEPAL, 2002: 1-2)  Mapa conceptual N° 3 Vulnerabilidad y riesgo Exposición a riesgos

VULNERABILIDAD

Incapacidad de respuesta (Ineptitud para enfrentarlos + inhabilidad para adaptarse activamente) Fuente: Foschiatt, 2004.

La exposición a los riesgos de distinta naturaleza se entiende como los acontecimientos que generan adversidades o secuelas negativas para las personas, hogares, comunidades u organizaciones. La incapacidad de respuesta se vincula con tres aspectos: a) la disponibilidad de recursos con que se cuentan, b) las estrategias para hacer frente a las variaciones, c) los apoyos de organizaciones. (CEPAL, 2002: 1-2)  Las situaciones de vulnerabilidad se identifican frente a la ausencia de un soporte de la sociedad y el Estado que permita la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. En el caso de las mujeres y sus familiares dependientes refiere al grado de fragilidad que adquieren por haber sido desatendidas en sus necesidades psico-sociales básicas: seguridad afectiva, económica, protección, educación, acceso a trabajo y salud, comida, entre otras; que las coloca frente a las instancias punitivas-represivas de control social formal e informal de una manera más visible.

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En este marco, los factores de riesgo que colocan a las mujeres en esta situación son: • Familias monoparentales en condiciones de pobreza: jefatura de hogar con hijos e hijas menores de edad • Haber enfrentado violencia intrafamiliar o violencia de género en sus diversas manifestaciones (sexual, física, emocional y patrimonial)  • Antecedentes o consumo activo de drogas. • Vinculación con delitos asociados a las transacciones de drogas (venta, narcomenudeo y tráfico) • Situación de pobreza extrema • Desempleo • Baja escolaridad educativa • Enfermedades crónicas o en etapa terminal • Discapacidad • Etapa de adulta mayor • Procedencia étnica (indígena, afrodescendiente) • Pertenencia a comunidades marginadas y con características de diversidad social criminógenas. • Mujer inmigrante (condición regular o irregular y refugiadas) En ese sentido, las condiciones de discriminación hacia las mujeres, ligadas a las diferentes violencias de las que son objeto, las ha colocado en situaciones de vulnerabilidad. La Defensa Pública debido a la función que le ha sido confiada legalmente y que trabaja de manera mayoritaria con poblaciones en situación de vulnerabilidad, identificó la necesidad de trabajar con las mujeres que entran en contacto con el Sistema Penal, quienes en razón de los condicionamientos culturales y sociales, tienen bajo su responsabilidad directa a personas dependientes (personas enfermas, menores de edad, adultas mayores, entre otras), de manera que su detención genera un impacto personal hacia ellas, sus dependientes y, por ende, hacia la sociedad. (Plan de Acción Nacional) En el caso particular de las mujeres en el Sistema Penitenciario (ya sea en prisión preventiva o cumpliendo una sentencia condenatoria), sus múltiples situaciones de vulnerabilidad se hacen más evidentes y se recrudecen, afectando tanto sus derechos fundamentales como los de su grupo familiar dependiente (entre otros derechos, los concernientes al acceso a la justicia, salud, vivienda, alimentación, educación, entre otros)

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Marco jurídico internacional de prevención de la violencia contra las mujeres En un Estado democrático, el derecho de toda mujer a una vida sin violencia incluye el derecho a no ser discriminada, a ser valorada como persona y educada libre de estereotipos. Si tomamos en cuenta que las mujeres en contacto con el sistema penal gozan de los mismos derechos que todas las demás personas, salvo aquellos explícitamente restringidos por la ley, vemos que deben ser tratadas con humanidad y respeto a su dignidad humana. En ese sentido, la responsabilidad del Estado al no prevenir y sancionar la violencia contra la mujer es mucho más grave cuando se trata de mujeres que dependen en gran medida de alguna institución penitenciaria para poder ejercer y hacer respetar sus derechos fundamentales, como lo son el derecho a la vida, a la seguridad, a la salud —en especial la sexual y reproductiva—, a la educación y al trabajo, entre otros. En este marco, es vital tomar en cuenta los principales instrumentos de defensa de los derechos humanos de las mujeres y sobre perspectiva de género al identificar sus objetivos y propuestas de medidas.

Declaración Universal de Derechos Humanos La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París. Como ideal común busca que los Estados aseguren mediante medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal. Cabe resaltar que indica en su artículo 3 que toda persona tiene “(…) derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, así como identifica en el artículo 2 la universalidad de la misma norma y la obligatoriedad de su aplicación sin ningún tipo de discriminación.” toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

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Adicionalmente, en materia de acceso a la justicia el artículo 8 plantea que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”, así como la imposibilidad de ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado” (artículo 9).

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966. El Pacto en su artículo 3 establece que los Estados partes se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el mismo.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966 El artículo 3 refiere que los Estados Partes se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en él. El artículo 10 establece que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano. En relación a la clasificación el Pacto dice que las personas procesadas serán separadas de las condenadas y serán sometidos a un tratamiento distinto; así como que las personas menores estarán separadas de las adultas. Por último, establece que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados.

Convención Americana sobre Derechos Humanos La Convención en su artículo 5 consagra el derecho a la integridad personal, establece que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. El número 5.3 refiere que la pena no puede trascender de la persona del delincuente, en el número 5.4 se establece que procesados y condenados deberán estar separados, y, por último, en el número 5.6. se consagra que la pena privativa de libertad tendrá como finalidad la reforma y la readaptación social de las personas condenadas.

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Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad La Cumbre Judicial Iberoamericana, dentro del marco de los trabajos de su XIV edición, consideró necesaria la elaboración de unas Reglas Básicas relativas al acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. De esta manera, se desarrollaron los principios recogidos en la “Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano” (Cancún 2002), específicamente los que se incluyeron en la parte titulada “Una justicia que protege a los más débiles”. La cual es una instancia que une a los Poderes Judiciales de veintitrés países de Iberoamérica con el propósito de definir y desarrollar acciones comunes para el mejoramiento de la administración de la justicia. El sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Cabe resaltar, desde un principio, la compatibilidad general de las Reglas con los estándares internacionales de derechos humanos, tanto del Sistema Interamericano como del Sistema Universal, en materia de acceso a la justicia y, en lo pertinente, de acceso de víctimas de violaciones a los derechos humanos a un recurso efectivo. Los fines de estas presentes Reglas, son entre otros: • Establecer unas bases de reflexión sobre los problemas del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. • Recoger recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial. • La promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas personas y el trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial y de quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento. Su objetivo es garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. (Capítulo primero, sección primera). Es claro que no basta con que este derecho se reconozca formalmente en distintos documentos, sino que deben definirse acciones y estrategias de trabajo que posibiliten la eliminación de los obstáculos identificados. Un primer punto para destacar es el reconocimiento, implícito en las Reglas, de que tanto el Poder Judicial, como el Ministerio Público y las Defensorías Públicas u Oficiales

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—y no sólo los poderes políticos— tienen responsabilidades en materia de acceso a la justicia de las personas y grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Esto, claro, no es novedoso en materia de derecho internacional de los derechos humanos, pero las Reglas merecen ser elogiadas por constituir un ejemplo de expresa asunción y toma de conciencia de la existencia de esas obligaciones por parte de los operadores del sistema de Justicia, que se traduce en el establecimiento de lineamientos para su aplicación concreta. El dato no es menor, si se tiene en cuenta que parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere a violaciones a los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad imputables al Poder Judicial o al Ministerio Público. En relación a los beneficiarios de las Reglas, en la sección segunda, se define el concepto de las personas en situación de vulnerabilidad como aquellas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Son causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico. Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta. La discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia, que se ve agravado en aquellos casos en los que concurra alguna otra causa de vulnerabilidad. • Se entiende por discriminación contra la mujer toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

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• Se considera violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el empleo de la violencia física o psíquica. • Se impulsarán las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de condiciones. • Se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna.

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos Las reglas mínimas para el tratamiento de las y los reclusos fueron adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social de la ONU en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. En estas Reglas Mínimas se señalan algunas disposiciones que hacen mención a las mujeres: • La Regla 8 establece que los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que los hombres y las mujeres deberán ser recluidos hasta donde fuere posible en establecimientos diferentes. En un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinados a las mujeres deberá estar completamente separado. • La Regla 23.1 establece: 1) que en los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño niña nace en el establecimiento no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento; 2) cuando se permita a las madres reclusas conservar a su hija o hijo deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán cuando no estén siendo atendidos por sus madres. • La Regla 53 establece: 1) que en los establecimientos mixtos, el sector femenino estará bajo la dirección de un funcionario femenino responsable, que guardará todas las llaves de dicho sector del establecimiento; 2) ningún funcionario del sexo masculino penetrará en el sector femenino sin ir acompañado de un miembro

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femenino del personal; 3) la vigilancia de las reclusas será ejercida exclusivamente por funcionarios femeninos. Sin embargo, esto no excluirá que funcionarios del sexo masculino, especialmente médicos y personal de enseñanza, desempeñen sus funciones profesionales en establecimientos o secciones reservados para mujeres.

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Adoptados por la Asamblea General de la ONU en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988 El conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión fueron adoptados por la Asamblea General de la ONU en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988. El principio 5 establece que los principios se aplicarán a todas las personas, sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, entre otros. Después afirma que las medidas que se apliquen con arreglo a la ley y que tiendan a proteger exclusivamente los derechos y la condición especial de la mujer, en particular de las mujeres embarazadas y las madres lactantes, los niños/as y los jóvenes, etcétera, no se considerarán discriminatorias.

Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos Estos principios fueron adoptados y proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/111 de 14 de diciembre de 1990. Cabe señalar que en estos no aparece ninguna disposición específica que regule las condiciones de reclusión de las mujeres privadas de libertad, sin embargo, el principio número 2 establece que no existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, etc. Es importante rescatar el principio número 5 que señala lo siguiente: “Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, así como uno de los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas”.

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Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del Personal de Salud, Especialmente los Médicos, en la Protección de Personas Presas y Detenidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Los principios de Ética Médica Aplicables a la Función del Personal de Salud, Especialmente los Médicos, en la Protección de Personas Presas y Detenidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, fueron adoptados por la Asamblea General en su resolución 37/194 el 18 de diciembre de 1982. El Principio 1 establece que el personal de salud, especialmente médicos, encargados de la atención médica de personas presas o detenidas tiene el deber de brindar protección a la salud física y mental de dichas personas y de tratar sus enfermedades al mismo nivel de calidad que brindan a las personas que no están presas o detenidas.

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo La CEDAW fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 34/180, el 18 de diciembre de 1979 y entrada en vigor el 3 de septiembre de 1981, al identificarse que los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos no son suficientes para enfrentar la situación de discriminación y violencia que viven las mujeres, por tal razón, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (conocida como CEDAW por sus siglas en inglés) La CEDAW, considerada por algunos sectores como “la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres”, fue aprobada en el año 1979 y entró en vigor como tratado internacional dos años después, precisamente el 03 de setiembre de 19812. Esto significa que para la doctrina de derechos humanos, la discriminación contra las mujeres, que las limita y las excluye del ejercicio de los derechos en pie de igualdad con los hombres, es generada por factores históricos y sociales y no exclusivamente por factores biológicos, por lo que se trata de situaciones que se pueden corregir, modificar y erradicar. En la CEDAW, se contempla la definición de discriminación contra la mujer, como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de 2. En ese momento la CEDAW fue ratificada por 20 países.

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los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o cualquier otra esfera” (Artículo 1 de la CEDAW). A los efectos de la Convención la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad entre el hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. En el artículo 2 se establece que los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. Para contrarrestar los actos discriminatorios por motivo del sexo, los Estados Partes en la CEDAW se comprometieron, entre otros aspectos, con los siguientes puntos (ONU, 1979: 7-9): • Evitar y prevenir cualquier tipo de discriminación contra las mujeres en las instituciones públicas. • Darle protección jurídica a los derechos del género femenino. • Vigilar que las mujeres participen activamente en las Organizaciones No Gubernamentales en igualdad de condiciones que los hombres. • Adoptar las medidas legislativas y sanciones correspondientes contra quien incurra en actos discriminatorios. De igual forma, el artículo 5, inciso a) de la CEDAW establece que el Estado parte tomará entre otras medidas, la de “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. Es importante destacar que el Protocolo Facultativo de la CEDAW le otorga al Comité de Expertas la competencia para recibir y considerar denuncias por violaciones a los derechos consagrados en la Convención, a través de un mecanismo de comunicación o de un procedimiento de investigación.

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993, reconoce que “la violencia contra la mujer constituye una manifestación de la relaciones de poder

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históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”. Por estas razones, en su artículo primero define la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” e insta a los Estados a aplicar una política encaminada a su eliminación, para lo que deberá (artículo 4): • abstenerse de practicar la violencia contra la mujer; • prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares; • establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia; • considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes; • elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer; • esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada; • consignar en los presupuestos del Estado los recursos adecuados para sus actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer; • adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la violencia contra la mujer reciban una formación que los sensibilice respecto de las necesidades de la mujer; • adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el sector de la educación, para modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en la atribución de papeles estereotipados al hombre y a la mujer; • promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas formas de violencia contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia;

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• reconocer el importante papel que desempeñan en todo el mundo el movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no gubernamentales en la tarea de despertar la conciencia acerca del problema de la violencia contra la mujer y aliviar dicho problema; • facilitar y promover la labor del movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no gubernamentales, y cooperar con ellos en los planos local, nacional y regional; • alentar a las organizaciones intergubernamentales regionales a que incluyan en sus programas, según convenga, la eliminación de la violencia contra la mujer. Esta declaración presenta un enfoque integral sobre los elementos esenciales a trabajar en cada uno de los países para eliminar la violencia contra las mujeres, partiendo de la necesidad de incorporar la CEDAW a los marcos normativos de cada uno y, por consiguiente, de su Protocolo Facultativo.

Declaración y Plataforma de acción de Beijing En la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, realizada en China del 04 al 15 de setiembre de 1995, se aprueba la Plataforma de acción de Beijing, como un plan encaminado a potenciar la participación de las mujeres, considerando la necesidad de “acelerar la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer y eliminar todos los obstáculos que dificultan la participación activa de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada mediante una participación plena y en pie de igualdad en el proceso de adopción de decisiones en las esferas económica, social, cultural y política. Esto también supone el establecimiento del principio de que mujeres y hombres deben compartir el poder y las responsabilidades en el hogar, en el lugar de trabajo y, a nivel más amplio, en la comunidad nacional e internacional” (Capítulo I) En la Plataforma de acción de Beijing se expresa que para lograr el avance de las mujeres y alcanzar la igualdad entre los géneros se debe ser consciente que éstas pretensiones son una cuestión de derechos humanos y una condición fundamental para la justicia social, por lo que no debe enfrentarse de manera aislada como un problema de las mujeres. Esta comprensión supone un paso necesario para encarar de forma efectiva las disparidades en materia de educación, la desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a los servicios de salud, a las actividades productivas y al ejercicio del poder, los persistentes estereotipos sobre las mujeres y la escasa participación de éstas en los medios de difusión, la discriminación contra las niñas y el irrespeto a sus derechos y la violencia contra las mujeres (Capítulo III). Sobre este último aspecto, en la Plataforma de acción se hace hincapié en una serie de actos considerados como violentos, al mismo tiempo en que se determinan los casos de vulnerabilidad de las mujeres, tal como se aprecia en la siguiente tabla 2.

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Tabla 1. Violencia contra las mujeres: actos violentos y consideración de las mujeres vulnerables de sufrir violencia Actos violentos

Violaciones Esclavitud sexual Los embarazos forzados Esterilización forzada La utilización forzada de anticonceptivos El aborto forzado El asesinato de niñas Irrespeto a los derechos de las mujeres en situación de conflictos armados

Condición vulnerable

Mujeres con discapacidad Las que están en condición de refugiadas Las indígenas Las que se encuentran en situación de pobreza y viven en zonas rurales Trabajadoras migratorias Las mujeres de edad avanzada Las privadas de libertad Las mujeres repatriadas Quienes se encuentran en medio de un conflicto armado

Fuente: Elaboración propia.

Con el objetivo de prevenir y eliminar los actos de violencia contra las mujeres, en la Plataforma de acción se indica que los Estados deben implementar, entre otras, las siguientes medidas (ONU, 1995: 54-56): • No cometer actos de violencia contra la mujer y tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar y, de conformidad con las leyes nacionales en vigor, castigar los actos de violencia contra la mujer, que hayan sido cometidos por el Estado o por particulares • Introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las legislaciones nacionales, o reforzar las vigentes, con el fin de castigar y reparar los daños causados a las mujeres y las niñas víctimas de cualquier tipo de violencia (…) • Promover la integración activa y visible de una perspectiva basada en el género en todas las políticas y programas en materia de violencia contra la mujer; alentar vigorosamente, respaldar y aplicar las medidas y los programas destinados a desarrollar los conocimientos y propiciar la comprensión de las causas, las consecuencias y los mecanismos de la violencia contra la mujer entre los responsables de la aplicación de esas políticas, como el funcionariado encargados del cumplimiento de la ley, la policía y asistentes sociales (…) • Ofrecer a las mujeres víctimas de la violencia acceso a los sistemas judiciales y (…) a soluciones justas y eficaces para reparar el daño de que han sido objeto (…) • Revisar y enmendar las leyes y los procedimientos penales, según sea necesario, para eliminar toda discriminación contra la mujer con objeto de procurar que la legislación y los procedimientos penales garanticen una protección efectiva contra los delitos dirigidos contra la mujer o que la afecten en forma desproporcionada, así

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como el enjuiciamiento por esos delitos, sea cual fuere la relación entre el perpetrador y la víctima, y procurar que las mujeres acusadas, víctimas o testigos no se conviertan otra vez en víctimas ni sufran discriminación alguna en la investigación de los delitos y el juicio correspondiente.

Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad La resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, fue aprobada por el Consejo de Seguridad el 31 de octubre de 2000, la cual resalta la “(…) preocupación por el hecho de que los civiles, y particularmente las mujeres y los niños, constituyen la inmensa mayoría de los que se ven perjudicados por los conflictos armados, incluso en calidad de refugiados y personas desplazadas internamente, y cada vez más sufren los ataques de los combatientes y otros elementos armados, y reconociendo los efectos que ello tiene para la paz y la reconciliación duradera”. (Organización de las Naciones Unidas, 2000) Asimismo, se confirma el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz e insta a los Estados a tomar las medidas necesarias que garanticen el respeto y la garantía de cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, particularmente en lo relativo a la constitución, el sistema electoral, la policía y el sistema judicial (Organización de las Naciones Unidas, 2000). La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU menciona que es necesario “(…) proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón de género, particularmente la violación y otras formas de abusos sexuales, y todas las demás formas de violencia en situaciones de conflicto armado”. (Organización de las Naciones Unidas, 2000).

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia Contra la Mujer (Belem do Pará) Esta Convención fue adoptada y abierta a la firma y ratificación de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 09 de junio de 1994 en la ciudad brasileña Belem do Pará. Todos los países de la región SICA han ratificado la misma al reconocer la necesidad de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Esta convención interamericana establece por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado (artículo 1), es decir, que la violencia contra las mujeres incluye la violencia física, sexual y psicológica (artículo 2):

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• que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; • que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona, que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y • que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. El artículo 4 establece que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos. Con la Convención Belem do Pará se reconoce el derecho de todas mujeres a gozar de una vida libre de violencia, considerando que esta incluye la posibilidad de estar libre de cualquier acto de discriminación y a ser valorada y educada sin los “patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación” (artículo 6). La Convención establece que los Estados convienen en adoptar en forma progresiva medidas específicas, para lo cual tendrán en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, y que se considerará a la mujer que es objeto de violencia, entre otras, cuando es afectada por situaciones de privación de libertad. Es por tal razón que, entre otras obligaciones, los Estados Parte deben “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer” (artículo 8). Además de esta obligación, los Estados Parte, con el objetivo de sancionar y eliminar los actos de violencia contra las mujeres, se comprometen y aceptan como suyas las siguientes obligaciones (artículo 7): • abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios/as, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. • incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso.

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• adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. • tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. • establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. • establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. • La Convención establece que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, motivada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. • El artículo 4 establece que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos. • La Convención establece que los Estados convienen en adoptar en forma progresiva medidas específicas, para lo cual tendrán en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, y que se considerará a la mujer que es objeto de violencia, entre otras, cuando es afectada por situaciones de privación de libertad.

Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es suscrita en diciembre de 2000 en Palermo (Italia). Este instrumento demuestra la voluntad política de abordar este problema con una reacción mundial, al reconocer que la delincuencia atraviesa las fronteras, por lo que se hace necesario hacer lo mismo con las leyes. La trata de personas, especialmente de mujeres, niños y niñas (para someterlos a trabajos forzosos y a la explotación, incluida la explotación sexual), se reconoce en esta convención como una de las violaciones más atroces de los derechos humanos. En su preámbulo, se indica como la trata de personas “tiene sus raíces en las condiciones sociales y económicas de los países de origen de las víctimas y se ve facilitado por las prácticas discriminatorias contra la mujer e impulsado por la cruel indiferencia ante el sufrimiento humano de parte de los que explotan los servicios que las víctimas están obligadas a prestar”.

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El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, define, en su artículo 3, la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” y define como sus fines: • Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; • Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y • Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines

Convenio para la represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena En el seno de la Asamblea General de la ONU, el 02 de diciembre de 1949, se aprueba el Convenio para la represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, que establece medidas de actuación con las mujeres en situación de prostitución y el derecho de acceso al proceso de las víctimas de la prostitución, en condiciones de igualdad con los nacionales. En el artículo 6 del Convenio se prohíbe el control o identificación de las personas prostituidas y en el artículo 16 se establece que los Estados parte deben adoptar medidas para la prevención de la prostitución y para la rehabilitación de las personas sobrevivientes de la prostitución, implantando servicios públicos o privados de carácter educativo, sanitario, social, económico y otros servicios conexos. Además, el artículo 17 prevé medidas de protección y prevención para las personas inmigrantes dirigidas a combatir el tráfico de personas para fines de prostitución, entre las que se encuentra la publicidad en los países de origen acerca del peligro de la trata.

Resolución 1/08 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: principios y buenas prácticas sobre protección de las personas privadas de libertad en las Américas Considerando el valor de la dignidad humana y de los derechos y libertades fundamentales reconocidos, reconociendo el derecho fundamental que tienen las personas

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privadas de libertad a ser tratadas humanamente, destacando la importancia que tiene el debido proceso penal, sus principios y garantías fundamentales en la efectiva protección de los derechos de las personas privadas de libertad, dada su particular situación de vulnerabilidad, incrementándose desde una perspectiva de género, se adoptan una serie de principios y buenas prácticas sobre las personas privadas de libertad: • Ya que según dispone el principio II no serán consideradas discriminatorias las medidas que se destinen a proteger exclusivamente los derechos de las mujeres, especialmente de las mujeres embarazadas y de las madres lactantes. • Así establece en su principio V el derecho de toda persona privada de libertad al derecho a la defensa y a la asistencia letrada, entre otros. • El décimo que recoge el derecho a la salud, reconoce como medida especial satisfacer las necesidades particulares de salud de los grupos vulnerables o de alto riesgo como pueden ser entre otros, las mujeres y los niños/as. • Así como el derecho de estas a una atención médica especializada. Por lo que en los establecimientos de privación de libertad de mujeres y niñas deberán existir instalaciones especiales, así como personal y recursos propios. • Deberán disponer de los artículos indispensables para las necesidades sanitarias de su propio sexo (principio XII).

Reglas de Naciones Unidas para el Tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) Recordando las normas y reglas de Naciones Unidas en materia de prevención del delito y Justicia Penal relacionadas principalmente con las medidas sustitutivas del encarcelamiento, en particular las reglas de Tokio, aprobadas el 21 de diciembre de 2010, teniendo en cuenta las particularidades de las mujeres que han entrado en contacto con el sistema penal, así como la Resolución 58/183, de 22 de diciembre de 2003, en las que se trata de prestar una mayor atención a la cuestión de las mujeres en prisión, incluidos sus hijos e hijas, se dictan estas reglas con el fin de hacer especial hincapié a las necesidades de las mujeres, dado el aumento de la población penal femenina en todo el mundo. Las siguientes reglas no sustituyen en modo alguno a las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos ni las Reglas de Tokio. Así pues, todas las disposiciones de esos dos instrumentos siguen aplicándose a todas las personas reclusas y delincuentes sin discriminación, a todas las categorías de mujeres privadas de libertad, incluidas las reclusas por causas penales o civiles, las condenadas o por juzgar y las que sean objeto de “medidas de seguridad” o medidas correctivas ordenadas por un juez.

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Las Reglas de Bangkok establecen estándares mínimos que deben ser aplicados por los Estados para atender los problemas específicos que presentan las mujeres privadas de libertad. Éstos incluyen cuestiones relacionadas con cuidados de dependientes dentro y fuera de la cárcel, acceso a medios de salud femenina, vulnerabilidad a maltrato físico y psicológico, salud mental, entre otros. Este instrumento internacional contiene 70 disposiciones que abordan diversos aspectos de la convivencia dentro del sistema penitenciario que benefician tanto a las mujeres adultas como a las menores de 18 años. Entre ellas, tenemos las siguientes: a) La situación de las internas bajo arresto y en espera de un juicio: indicando las medidas no privativas de la libertad y las disposiciones posteriores a la sentencia. b) La situación de las internas que se encuentran cumpliendo sentencia: especificando la clasificación e individualización, el régimen penitenciario aplicable, las relaciones sociales y atención después de su liberación. Se hace énfasis en: • El ingreso: registro y ubicación dentro del penal. • La higiene personal. • Los servicios de salud: chequeo médico preventivo al ingresar, atención médica específica para su género, servicios de salud mental y servicios médicos, prevención del VIH y el SIDA, tratamiento, atención y apoyo, programas para tratar el abuso en el consumo de sustancias, suicidio y autolesión, servicios de salud preventivos, respuesta ante acusaciones de violación sexual y otro tipo de violencia y tortura. • La seguridad personal y medidas de seguridad en las instalaciones. • La disciplina y castigo: instrumentos restrictivos, informar a las reclusas y escuchar sus quejas. • El contacto con el mundo exterior. • El personal institucional y su capacitación. c) Las necesidades específicas de las mujeres embarazadas, las madres lactando, las madres con hijos/as en edad dependiente, las menores de edad, las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas u originarios, las mujeres extranjeras, entre otras. d) La necesidad de investigar, planear y evaluar, despertar conciencia pública, compartir información y capacitar a los funcionarios penitenciarios.

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CONTEXTUALIZACIÓN

Mujeres que comenten infracciones y sistemas penitenciarios El informe del Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo Humano en Centroamérica, reconoce que las mujeres históricamente han delinquido menos que los hombres en razón de procesos de socialización diversos; las mujeres tienen diferencias de percepción respecto de los varones, teniendo una sensibilidad mayor para el entorno inmediato y estos, en cambio, una apreciación del conjunto de los fenómenos; de igual manera constata que en todos los países de la región centroamericana hay avances indiscutibles en la visualización de la violencia de género y en la creación de mecanismos para su control; y, por último, se corrobora que el cambio en las políticas de persecución se refleja inmediatamente en las estadísticas, tal es el caso del número de denuncias presentadas o bien de la emergencia de las mujeres en ciertas formas de narcotráfico. (PNUD, 2011: 370) Según PNUD las mujeres que comenten infracciones lo hacen en menor proporción que los hombres y es muy raro que ejecuten crímenes de gravedad, algunas de ellas reinciden a lo largo de los años, pero no son criminales de carrera. (PNUD, 2011) Cabe señalar que aunque el número de mujeres dentro de la población de las cárceles es relativamente pequeño, la proporción de mujeres que cumplen sentencias desproporcionadas por tráfico de drogas, sin diferenciación entre niveles bajos y altos, es relativamente alta, una revisión preliminar de los estudios sobre el tema, realizada por la CIM, indica que, en muchos países, la mayoría de las mujeres privadas de la libertad están cumpliendo sentencias por delitos relacionados con drogas: Argentina: 68,2%, Colombia: 44% en 2009, Costa Rica: 70%, República Dominicana: 359 mujeres acusadas por tráfico de drogas (2004–2006), Ecuador: 80% en El Inca (la cárcel de mujeres más grande del país), México: 80 % (en comparación a un 57,6% de hombres) en Centros Federales de Readaptación (CEFERESOS) y Perú: 66,38% (2006). (CIM/CICAD, 2013) Un estudio sobre establecimientos penitenciarios de América Latina identifica como características comunes de estos, la prevalencia de regímenes duros, largas condenas, alta proporción de detenidas no condenadas, mal estado de las instalaciones, falta de

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atención y tratamientos médicos especializados, terapias basadas en trastornos calificados como “nerviosos”, escasa o nula capacitación laboral y pocas actividades educativas y recreativas. Esto es un claro indicador de que no se está utilizando la perspectiva de género para el tratamiento de las mujeres infractoras y que, por el contrario, se consolida la idea androcéntrica de la mujer como un ser subordinado, incapaz de tomar decisiones, sin responsabilidades y sin posibilidad de enfrentar el futuro (Nueva Sociedad, 2011: 76) Una característica en común de muchas de estas mujeres infractoras es que han sido abandonadas por sus maridos o sus compañeros o son madres solteras, sin apoyo alguno (es usual que las visitantes sean también mujeres, algo que no sucede en las prisiones masculinas, donde los visitantes no son casi nunca hombres) y culpabilizadas particularmente por la familia paterna de sus hijos e hijas que impiden sus visitas (Nueva Sociedad, 2011: 77). Como ejemplo de esto, la Directora del CAI el Buen Pastor de Costa Rica, Marielos Chaves, indica que los días de visita la alimentación en este centro no es suficiente, puesto que la internas guardan sus alimentos para enviarlos a sus familia, algo impensable en las cárceles de hombres, donde ese día más bien las mujeres que visitan llevan comida, ropa limpia y otros artículos a los hombres. El incremento de mujeres detenidas por delitos relacionados con el tráfico de drogas al menudeo no es casual, “se trata de una actividad que les permite seguir desempeñando los roles de madre, esposa, abuela y dueña de casa, ya que para realizarla no están obligadas a desplazarse fuera de su vivienda, lo que les permite atender las labores domésticas y cuidar a los hijos o nietos. Muchas veces es la mujer quien se encarga de la venta de droga proporcionada por los varones, ya sea para tapar las conductas infractoras de sus parientes hombres o por razones de sobrevivencia, ya que esta actividad ilícita les permite sustentar los gastos de alimentación de su familia. Igualmente impactante es la situación de las mujeres transportistas –llamadas “mulas” o “burreras”– que llevan droga de un país a otro. En la vida miserable de estas pequeñas transportistas el riesgo no es solo ser detenida. Hay altas posibilidades de que sufran un deterioro de su salud o que pierdan sus vidas. Si son sorprendidas, reciben un trato atroz y discriminatorio debido a los brutales procedimientos utilizados para obligarlas a expulsar la droga. Muchas de estas mujeres, que cuando son detenidas se encuentran lejos de su familia y de su país, no tienen expectativas de salir de la prisión debido a las largas condenas que reciben. Carecen de ayuda económica y jurídica adecuadas y languidecen en las cárceles por años y años. A menudo son extranjeras y no tienen residencia en el país que las juzgó, por lo que no tienen derecho a beneficios extra penitenciarios. Estas mujeres, en suma, constituyen un grupo particularmente vulnerable (…) no es casual que se las criminalice justamente a ellas, que constituyen el último eslabón del tráfico y contrabando de drogas” (Nueva Sociedad, 2011: 77-78). El informe preparado por el Instituto Transnacional (TNI) y la Oficina en Washington para América Latina (WOLA) describe a la mujer que participa en la industria de las

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drogas, como pobre, analfabeta o con muy poca educación, madres solteras y a cargo del cuidado de sus hijos, hijas o de otros miembros de la familia. En la mayoría de los casos, esas mujeres no tienen un papel prominente en las redes de tráfico de drogas y están concentradas en los niveles más bajos de la cadena, donde las recompensas son pocas y la violencia está, a menudo, más generalizada (2010). Por otra parte, se conoce que las mujeres que son detenidas por ingresar droga a centros penales, en general lo hacen en condiciones de violencia, ya sea por intimidación de sus parejas o de hombres desconocidos que las amenazan con lastimar a sus hijos e hijas. Los otros delitos que cometen las mujeres infractoras son robo agravado, asociación ilícita, extorsión, portación ilegal de arma de fuego y en pocos casos homicidios. Cabe señalar que también existen mujeres que asumen el delito en lugar de sus parejas o hijos, en muchos de los casos porque significan penas menores al ser su primera infracción. Según dos estudios realizados por Defensa Pública, en los años 2012 y 2013, se indica que alrededor de un 60% de las mujeres privadas de libertad en Costa Rica, lo están por delitos relacionados con la infracción a la Ley de Psicotrópicos e identifica como el perfil de estas mujeres: • Edades que oscilan entre los 35 a 60 años, de modo que la mayoría se ubica en edades adulta-joven. • Referente al estado civil la mayoría de mujeres son solteras, más del doble que las mujeres en unión libre, aunque el porcentaje de mujeres solteras con hijos es el más elevado. Se establece que la mayoría de relaciones entre parejas termina una vez que las mujeres ingresan al centro penal, lo que evidencia su vulnerabilidad. • En cuanto a la escolaridad se determinó que en general es baja, entre primaria y secundaria incompleta. • Ninguno de los trabajos que desempeñan estas mujeres es un trabajo “formal”, lo cual implica salarios bajos, trabajos de todo el día, encabezando sin duda el de ama de casa u oficios domésticos, por lo que no hay seguridad social. En Costa Rica el número de mujeres privadas de libertad en los últimos años ha alcanzado la cifra de más de 800 personas; en su mayoría son jóvenes, costarricenses, con estudios básicos –mínimos-, provenientes de ambientes culturales problemáticos y con una gran variedad estilos de vida que impactan no solo la vida personal sino que trasciende al ambiente familiar (Ministerio de Justicia y Paz, s.f ).

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Atención integral de las mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad y riesgo social en Costa Rica: acciones de prevención y de apoyo para la inclusión social Para la atención integral de estas mujeres, el Estado ha puesto en marcha una serie de proyectos y recursos los cuales se tornan insuficientes para solventar las necesidades básicas de las mujeres en contacto con el Sistema Penal y que presentan situaciones de riesgo o vulnerabilidad social, tales como: baja escolaridad, poco acceso a servicios de salud, atención psicológica, social, económica, de cuido, laboral, familiar, entre otras. En el siguiente apartado se hace mención de la importancia del porqué las instituciones vinculadas con el sector social en Costa Rica y particularmente las que tienen la misión de brindar herramientas para generar mejores condiciones de vida a las mujeres es vital que se vinculen con la Red para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad. Además, se incluye un listado de los programas y acciones que se pueden ejecutar, según el aporte presente dentro de cada uno de los componentes de su pensamiento estratégico. No se debe omitir que en este apartado se hace un abordaje desde la perspectiva de género, que comprende la descripción de programas sociales dirigidos a mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad, aplicables en tres etapas: quienes tienen un primer contacto con el Sistema Penal, las que se encuentran en algún centro penitenciario y las mujeres que estuvieron privadas de su libertad pero que actualmente intentan la reinserción en la vida social.

Derecho al cuido y desarrollo integral Los programas de atención integral dirigidos a la primera infancia previenen la desnutrición y el retardo mental, y generan una serie de condiciones que van a facilitar luego

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la incorporación de esa población a la escuela, colegio y mercado laboral (Despacho del Ministro de Bienestar Social y Familia, 2014). En Costa Rica se están desarrollando servicios para esta población desde hace varias décadas, y en los últimos años se ha fortalecido y diversificado la red de actores públicos, privados y mixtos, que conjugan iniciativas y recursos, para ampliar la cobertura y avanzar en la calidad de los servicios. Cuando se trata de hijos e hijas de mujeres que entran en contacto con el sistema penal en situación de vulnerabilidad, el asunto cobra especial importancia, ya que tal desarrollo integral puede verse truncado, dado que por falta de tiempo o por necesidad de estar fuera de casa por asuntos laborales o por gestiones propias de su situación penal, los hijos e hijas de estas mujeres quedan a cargo de familiares que no están preparados profesionalmente para facilitar procesos de desarrollo integral. En Costa Rica, la atención de cuido que desde el Estado se les brinda a las personas menores de edad proviene principalmente del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); instituciones que han visto su trabajo fortalecido mediante la creación y consolidación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI), durante la Administración Chinchilla Miranda (2010-2014), programa que tiene como propósito: “convertirse en un sistema público universal, con énfasis en la primera infancia, financiado bajo un esquema solidario, que articule distintos actores sociales (instituciones del Estado, empresa privada, organizaciones de la sociedad civil y los niños, las niñas y sus familias.” (Despacho del Ministro de Bienestar Social y Familia, 2014).

La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil tiene una vocación universal y socialmente inclusiva. Sin embargo, hasta tanto no se cuente con la infraestructura necesaria para cubrir a toda la población meta, los centros públicos o mixtos de atención integral darán prioridad a los niños y niñas de familias en condición de pobreza o de riesgo y vulnerabilidad social, así como a los hijos e hijas de madres adolescentes. La REDCUDI está conformada por diversas alternativas: los centros Infantiles municipales, los CEN-CINAI del Ministerio de Salud, los centros de organizaciones de bienestar social financiados por el Patronato Nacional de la Infancia, además de iniciativas privadas tales como Hogares Comunitarios y Centros de Atención Integral, que atienden infantes bajo el esquema de subsidios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Es importante recalcar que el IMAS trabaja bajo la modalidad de subsidio, para lo cual realiza un estudio de la familia, valorando principalmente sus condiciones socioeconómicas y su necesidad de servicios de cuido, y si califica se le asigna el beneficio para que pueda pagar por servicios de cuido y desarrollo infantil para sus hijos e hijas.

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Entonces, la familia escoge el centro infantil de su elección, que forme parte de la Red de Cuido. Por su parte, el Ministerio de Salud a través del programa CEN-CINAI que dirige la Dirección de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, facilita, entre otros aspectos “La protección y atención infantil que involucra servicios cotidianos en establecimientos CEN, CINAI y CENCE, donde los niños y niñas permanecen en un entorno favorable, sano, seguro, estimulante y reciben atención mediante relaciones afectuosas para propiciar su óptimo desarrollo. (…) Se consideran acciones de nutrición preventiva las intervenciones nutricionales que se realizan mediante la entrega de servicios en alimentación complementaria y educación nutricional, para asegurar un adecuado estado nutricional  de la población.” (Despacho de la Viceministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 2014).

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), como institución rectora de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad; atiende niños y niñas mediante convenios con organizaciones de bienestar social que reciben financiamiento de esa institución. El PANI cuenta con un Departamento de Atención Integral para suplir la necesidad de ofrecer atención y protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo inminente, así como los que están en condición de mayor vulnerabilidad. Por ello, a partir del año 2006, la Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia aprobó el funcionamiento del “Programa de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo Inminente y Mayor Condición de Vulnerabilidad”, basado en un modelo de inclusión y apoyo a los niños, niñas y sus familias. Este programa se manifiesta fundamentalmente en los albergues manejados por la institución (PANI, 2014). Asimismo, la institución cuenta un Centro de Orientación e Información encargado de recibir “denuncias, atender consultas y facilitar orientación a personas menores de edad y adultos en situaciones relacionadas a la violación de derechos de niños, niñas y adolescentes”. De esta manera, los usuarios y usuarias de la institución pueden recibir toda la información necesaria para presentar como corresponde cualquier tipo de denuncia ante la institución, con el fin de garantizar los derechos de las personas menores de edad. Unido al acceso de la información y a la institucionalidad, el PANI cuenta con una serie de servicios, destacando entre otros: Atención y Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), Atención inmediata, Atención Integral a la Infancia, la Adolescencia y sus Familias y las Alternativas de Protección.

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Tabla 2. Programas que maneja el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)-2014 Programas

¿En qué consiste?

Atención y Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

El programa orienta su accionar a garantizar, restituir y defender los derechos de la población menor de edad cuando estos han sido violentados, a través de la prestación de servicios como atención inmediata consultoría de derechos y atención integral.

Atención inmediata

Interviene cuando existe riesgo inminente para la integridad física y emocional de las personas menores de edad y de sus familias o situaciones de crisis que los afecten. Se atienden las denuncias que provengan directamente de los niños, niñas o adolescentes, de la sociedad civil, de la policía, de las Juntas de Protección, y de organizaciones públicas y privadas o por medio del servicio 911.

Atención Integral a la Infancia, la Adolescencia y sus Familias

Realiza investigaciones, diagnóstico y pautas de tratamiento al niño, a la niña, al adolescente y a su familia. Además brinda el servicio con fines terapéuticos a la niñez, la adolescencia y sus familias.

Alternativas de Protección

Acciones para salvaguardar la integridad física y emocional de los niños, las niñas y los adolescentes que están expuestos a una situación de alto riesgo y cuyos progenitores no pueden ejercer adecuadamente la autoridad parental. Como parte de estos servicios se pueden nombrar: Hogares de acogimiento, albergues y organizaciones no gubernamentales.

Fuente: Patronato Nacional de la Infancia (2014). Servicios ciudadano. Disponible en: www.pani.go.cr

La idea es trabajar bajo el concepto de prevención, sin embargo, no se deja de lado a los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad. Así, esta institución brinda orientación, apoyo y seguimiento temporal a la familia de las mujeres en situación carcelaria, comprendiendo que el hecho de que uno de los miembros de la familia se encuentre en tal condición afecta emocional y económicamente a todo el núcleo familiar, y sobre todo a los niños y niñas. En el Buen Pastor se llevan a cabo una amplia gama de servicios especializados destinados a esa población. El principal eje de trabajo de la organización gira en torno a la atención, algunos de los temas que se abordan están: la atención psicológica, social y legal (dados tanto en forma grupal como individual) y el desarrollo de academias de crianza para la adecuada formación de los menores de edad. También se incluye en este eje la valoración psico-social de recursos familiares y comunales y la valoración de hogares solidarios subvencionados o no subvencionados que trabajan en el fin de mejorar las condiciones de vida tanto de los infantes como la de sus núcleos familiares. Otro de los ejes fundamentales consiste en la protección de los núcleos familiares, aquí se brinda: orientación, apoyo y seguimiento temporal a la familia, se da matrícula y asistencia obligatoria en establecimientos oficiales de enseñanza, inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio a la familia. En el ámbito de la salud se da orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en régimen de internamiento en hospital o tratamiento ambulatorio, inclusión de programas oficiales o comunita-

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rios de auxilio, que impliquen orientación y tratamiento a personas alcohólicas y toxicómanas, cuido provisional en familias sustitutas y abrigo temporal en entidades públicas o privadas. El aporte del PANI en la atención integral de las mujeres privadas de libertad es fundamental, debido a que la institución atiende y suple las necesidades de la población infantil que viven en el centro penitenciario con sus madres y de quienes no están bajo los cuidados de la progenitora (adoptados y los que viven con familias biológicas o encargados). Por medio del PANI se logra agilizar los trámites necesarios para atender a los niños y niñas, se da atención oportuna por denuncias por riesgo social para niños y niñas, familias sustitutas y familias biológicas, programas con enfoque de género para evitar prejuicios en contra de las mujeres privadas de libertad, además de los núcleos de formación para alcanzar a futuro un empleo digno como parte de la cobertura de las necesidades básicas.

Derecho a la Justicia El derecho a la justicia es un término amplio que implica hacer lo justo y dar a cada quien lo necesario, a partir de los deberes y derechos fundamentales que posee cada persona. El acceso a la justicia es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, por tanto, es necesario que este trascienda la simple declaración teórica para pasar a una real y efectiva vigencia práctica que implica entre otras cosas, que se brinde asistencia legal gratuita a las personas que por motivos económicos no pueden costear la asesoría legal particular (Montero, s.f.).

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) es la institución rectora en materia de defensa de los derechos humanos de las mujeres, buscando con ello contribuir en la construcción de una sociedad justa e igualitaria, que garantice sin ningún tipo de discriminación, el acceso a los servicios básicos y el cumplimiento de los derechos humanos. Para garantizar esto último, el INAMU realiza una serie de funciones, entre las que destaca (INAMU, 2014): • Diversas investigaciones sobre la situación y condición socio jurídica de las mujeres.

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• Elaboración de propuestas y criterios técnicos sobre los proyectos de ley consultados por la Asamblea Legislativa, o por medio de la incidencia en la gestión de iniciativas de ley a partir de las necesidades e intereses de las mujeres. • Asesoría especializada y promoción de propuestas normativas que permitan el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y garanticen su exigibilidad. • Campañas de información y educación sobre los derechos humanos de las mujeres. • Capacitación a las mujeres sobre el alcance de sus derechos y los mecanismos para su ejercicio y exigibilidad. • Capacitación y asesoría a funcionarias y funcionarios de las instituciones públicas para mejorar la calidad y la prestación oportuna de sus servicios a las mujeres desde un enfoque de los derechos humanos. • Colaboración en los procesos judiciales, trámites administrativos y servicios jurídicos en defensa, seguimiento y acompañamiento a las mujeres deudoras alimentarias. Las funciones detalladas anteriormente se realizan a través de diferentes mecanismos de ejecución, que van desde la Delegación de la Mujer, hasta los centros especializados y los consultorios jurídicos; estos últimos atienden únicamente población femenina que no cuenta con recursos económicos para costear el pago por asesoría jurídica. El INAMU cumple un papel importante en lo que refiere al acceso a la justicia de las mujeres. Así, la tarea del INAMU en esta materia se relaciona directamente con los casos de las deudas por pensión alimentaria, que, según indica el Departamento de Investigación y Estadística, SIAP, para el 2013 alcanzaba la cifra de 14 privadas de libertad por esta razón. Aunque parece una cifra menor, y así lo es si se compara con la cantidad de mujeres que se encuentran en centros penales por otros tipo de delito, no se debe omitir que existe todo un debate en la materia, dado que privar de libertad a una mujer por deuda de pensión alimentaria se relaciona directamente con un asunto de carencia económica, ligado esta última al acceso a fuentes de empleo y como desencadenante de situaciones precarias de poco o nulo acceso a mecanismos de satisfacción de sus necesidades básicas. Reconociendo lo anterior y en función de su papel protector de los derechos de las mujeres, se ha trabajado desde los alcances de la institucionalidad, en garantizar: • Brindar servicios de información y orientación a mujeres deudoras alimentarias. • Coadyuvar en procesos judiciales e incidir en gestiones administrativas a favor de las mujeres deudoras alimentarias. • Brindar servicios jurídicos para defensa y acompañamiento a las mujeres privadas de libertad por deuda alimentaria.

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Tabla 3. Algunos servicios que ofrece el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)-2014 Servicio

Mecanismos de acción

Consulta sobre derechos de las mujeres

Se realiza a través del Centro de Información y Orientación, cuyo fin principal es brindar información y orientación legal y psicosocial en temas como pensiones, asuntos laborales, así como capacitaciones, bonos de vivienda, becas e informaciones sobre subsidios y créditos para empresarias, entre otros. 

Consulta sobre violencia contra las mujeres

Existe una Delegación  de la Mujer que brinda  atención especializada a mujeres que enfrentan situaciones de violencia. Esta atención abarca aspectos legales, sociales y psicológicos, específicamente: • Asesoría, orientación y acompañamiento legal en materia de la Ley contra Violencia Doméstica. • Asesoría y orientación en materia de la Ley de Penalización de la Violencia en Contra de las Mujeres. • Asesoría y orientación en derecho de familia (pensiones, divorcios, filiaciones). • Orientación en Hostigamiento sexual tanto en el empleo como en la docencia.  • Atención psicológica especializada. • Atención social especializada. • Atención grupal de mujeres víctimas de violencia por la pareja, violencia sexual y grupo de madres.

Consultorios Jurídicos

Son consultorios gratuitos atendidos por estudiantes que reciben supervisión por parte de las abogadas directoras. Únicamente atienden a usuarias referidas por la Delegación de la Mujer que no cuenten con  recursos económicos para solventar gastos jurídicos. Existen dos tipos de consultorios jurídicos: • Consultorio de Paternidad Responsable, Niñez y Adolescencia • Consultorio Jurídico de Violencia de Género

Centros Especializados de Atención y de Albergue Temporal para Mujeres Afectadas por Violencia (CEAAM)

El INAMU cuenta con centros de atención ubicados en diferentes partes del país para mujeres que enfrentan situaciones de violencia y que se encuentran en riesgo de muerte. En estos centros pueden encontrar refugio seguro para ellas y sus hijas e hijos y atención integral especializada por un tiempo determinado

Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de las Mujeres (2014). Disponible en: www.inamu.go.cr.

De igual manera, como se ha mencionado antes, el INAMU realiza varias acciones para garantizar la seguridad de las mujeres que son víctimas de violencia: la Delegación de la Mujer, los Centros de Atención Especializada para Mujeres Agredidas y Albergue Temporal para Mujeres Agredidas, sus Hijos e Hijas (CEAAM) y el Centro Operativo de Atención a la Violencia Intrafamiliar (COAVIF) del sistema 911 (INAMU, 2014).

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Asimismo, en esta materia, la institución capacita y asesora a un aproximado de 80 redes interinstitucionales de atención y prevención de la violencia contra las mujeres3 y a los grupos de Mujeres “Forjadoras de Esperanza” que funcionan en algunas provincias como instancias de prevención. En el año 2007, se aprobó la Ley de Creación del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, en la que se delimitan las funciones y responsabilidades que en la materia tienen las instituciones públicas. En la tabla Nº 4 se pueden observar todas las instituciones que integran el sistema. El Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar es un espacio de deliberación, concertación, coordinación y evaluación entre el INAMU, los ministerios e instituciones descentralizadas y las organizaciones sociales relacionadas con la materia. Con este sistema se busca i) promover políticas públicas que garanticen el cumplimiento del mandato establecido en la normativa sobre el tema de Violencia contra las mujeres y la Violencia Intrafamiliar y ii) brindar a las personas afectadas por la violencia contra las mujeres y/o intrafamiliar, atención integral que les permita mejorar su situación, así como la recuperación y la construcción de un nuevo proyecto de vida (INAMU, 2014). Tabla 4. Integración del Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar Ministerios

Educación Pública Justicia y Paz Salud Pública Cultura, Juventud y Deportes Seguridad Pública Trabajo y Seguridad Social Vivienda y Asentamientos Urbanos Planificación y Política Económica

Instituciones Autónomas

Caja Costarricense del Seguro Social Instituto Mixto de Ayuda Social Instituto Nacional de Aprendizaje Patronato Nacional de la Infancia Instituto Nacional de las Mujeres

Otras instancias públicas

Universidades Estatales (UCR, UNA, ITCR) Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial Consejo de la Persona Joven Defensoría de los Habitantes Red Nacional de Redes Locales de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar

3. Estas redes están conformadas por representantes de las instituciones gubernamentales que tengan presencia local y por representantes de las organizaciones no gubernamentales y actores civiles que deseen integrarse.

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Tabla 4. Integración del Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar (cont.) Organizaciones privadas y no CEFEMINA gubernamentales vinculadas con Alianza de Mujeres Costarricense el tema, debidamente registradas PROCAL ante la Secretaría Técnica del Sistema Fuente: Piedra, Marcela (2012). “Seguridad ciudadana para las mujeres: una propuesta de política pública con perspectiva de género”.

Entrelazado con el sistema, el Plan Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) se elaboró con el objetivo de crear mecanismos de prevención de la violencia contra mujeres mayores, en las relaciones de pareja y familiares; así como en casos de violación y hostigamiento sexual, en tanto expresiones particulares de abuso sexual extra familiar (INAMU, 2014). El objetivo del PLANOVI es concertar respuestas simultáneas, coherentes y articuladas, a nivel interinstitucional e intersectorial, sustentadas en los enfoques de género y de derechos humanos, así como en el principio de la restitución de éstos, que permita: • La atención oportuna, integral y de calidad a las mujeres en situaciones de violencia en relaciones familiares y de pareja, así como en casos de hostigamiento sexual y violación. • El desarrollo de acciones sustantivas y sostenidas en materia de promoción de derechos humanos y equidad de género, al igual que prevención de violencia contra las mujeres. Unido a lo anterior, el INAMU participa en procesos de capacitación sistemáticos para fortalecer y empoderar a las mujeres, organización y coordinación de ferias de derechos y capacitación al personal del Centro Penitenciario El Buen Pastor, así como la sensibilización a los propios funcionarios de la institución. No obstante esta labor del INAMU, la necesidad de contar con más y mejor coordinación interinstitucional es imperiosa, más aun considerando que se deben fortalecer los procesos institucionales para la definición de políticas basadas en un enfoque de género que trasverse el quehacer profesional, así como la articulación de las políticas de género con las diferentes instituciones para abarcar la población privada de libertad.

Poder Judicial: Defensa Pública y Comisión de Acceso a la Justicia Este es uno de los supremos poderes de la República. En aspectos legales, se convierte en la única oportunidad de obtener justicia ante algún acto violatorio de los derechos

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y libertades. Su principal función es hacer respetar las leyes y administrar justicia, aspectos definidos en la Constitución Política de Costa Rica (Poder Judicial, 2014). El Poder Judicial tiene la obligación de hacer respetar las leyes y administrar justicia. Está conformado por una estructura dividida en tres ámbitos (Poder Judicial, 2014): 1. Ámbito Jurisdiccional que administra justicia y está conformado por: las Salas, Tribunales, Juzgados de Mayor y Menor Cuantía y el Consejo de la Judicatura. 2. Ámbito Administrativo, al que le corresponde atender todos los aspectos logísticos, relacionados con recursos humanos, presupuesto, equipo, materiales, infraestructura, entre otros, del ámbito jurisdiccional y del ámbito auxiliar de justicia. Lo conforman el Consejo Superior, Consejo de Personal, Dirección Nacional de Notariado, Secretaria General de la Corte, los departamentos de Servicios Generales, Auditoría, Informática, Financiero Contable, Publicaciones e Impresos, Archivo y Registro Nacional, la Biblioteca Judicial, la Oficina Administrativa de Tribunales, Trabajo Social y Psicología, Unidades Administrativas Regionales y subunidades administrativas regionales. 3. Ámbito Auxiliar de Justicia, el cual coayuda con el ámbito jurisdiccional en el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente le están asignadas, las oficinas que constituyen este ámbito son: Escuela Judicial, Inspección Judicial, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial, Centro Electrónico de Información, Jurisprudencial y el Ministerio Público. Si bien esta estructura organizacional es sumamente amplia, en materia de acceso a la justicia y género es indispensable hacer mención de la Defensa Pública y la Comisión de Acceso a la Justicia. La Defensa Pública costarricense es un órgano auxiliar de la Administración de Justicia, ubicada dentro del Poder Judicial costarricense. En los aspectos administrativos depende del Consejo Superior del Poder Judicial, pero con independencia en los aspectos técnicos. Este órgano tiene como misión brindar defensa pública a todos los usuarios y usuarias, con el fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades e intereses de las personas, de manera oportuna y ágil, en procesos judiciales que han sido asignados (Defensa Pública, Poder Judicial, 2014). Concretamente, la Defensa Pública no ha dejado de lado el tema de la perspectiva de género y asuntos relacionados con violencia contra las mujeres, por lo que se pensó en ir más allá de la regular asesoría gratuita en los procesos judiciales. Así, en materia de género, Defensa Pública realiza, entre otras acciones, las siguientes: • Capacitaciones que enfocan la perspectiva de género en diferentes temas: derechos humanos de las personas privadas de libertad, accesibilidad y atención a las personas usuarias, aspectos básicos sobre el litigio en materia alimentaria, violencia do-

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• •

• • • • •

méstica, ejecución del apremio corporal y el cobro retroactivo de alimentos, gastos de embarazo y maternidad, procesos en materia de familia y régimen laboral para la mujer embarazada y en período de lactancia. Realización de actividades sobre aplicación de instrumentos jurídicos sobre los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en el año 2013, se programó una videoconferencia sobre aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y normas internacionales de protección de la mujer. Política de divulgación de información con contenido temática de género (cápsulas informativas). Alianzas estratégicas con diversas instituciones como el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos). Emisión de directrices internas relacionadas con la atención de las mujeres en contacto con el Sistema Penal en situaciones de vulnerabilidad. Diversas evaluaciones en las oficinas regionales de Defensa Pública sobre la aplicación de la perspectiva de género y no discriminación en las regiones. Utilización de la CEDAW en las estrategias y casos de defensa en que ha intervenido la Unidad de Capacitación de Defensa Pública. Participación de la Unidad de Capacitación en la organización de congresos internacionales. En todas las actividades de capacitación se transversaliza el tema de género en el diseño de los cursos, ejecución y evaluación de los mismos.

Por su parte, la Comisión de Acceso a la Justicia, que es el órgano institucional rector en materia de acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, se encarga de dictar políticas y lineamientos institucionales para el mejoramiento del acceso a la justicia de estas poblaciones (Poder Judicial, 2014). Está integrada estratégicamente por todos los ámbitos judiciales: Jurisdiccional, Auxiliar de Justicia y Administrativo, así como por representes de las Subcomisiones designadas para trabajar por cada una de las poblaciones en condición de vulnerabilidad (Población con discapacidad, adulta mayor, privada de libertad, migrante y refugiada, sexualmente diversa, indígena, víctimas del delito, víctimas de violencia sexual y doméstica, niños, niñas y adolescentes y personas en conflicto con la ley Penal Juvenil). Asimismo la integran representantes de organizaciones gremiales y representantes de la población civil (Poder Judicial, 2014). El órgano técnico ejecutor de la Comisión es la Unidad de Acceso a la Justicia, creada desde el año 2012, por la Corte Suprema de Justicia y cuya misión es: “(…) ejecutar las políticas y directrices emanadas de la instancia superior y velar por la incorporación en forma transversal, de la perspectiva de las poblaciones en condición de vulnerabilidad en todo el quehacer institucional, promoviendo acciones de coordinación con los

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diferentes actores judiciales, para mejorar las condiciones de acceso a la justicia.” (Poder Judicial, 2014).

La Comisión de Acceso a la Justicia es la instancia responsable de dictar políticas institucionales, en procura del mejoramiento del acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad (Poder Judicial, 2014). Asimismo, cumple con la función de monitorear, coordinar y evaluar su cumplimiento; aspecto que refuerza la idea de que se debe garantizar acceso a la justicia para todas la personas, lo que significa la “eliminación de barreras físicas, actitudinales, de información, de comunicación y de cualquier índole que se conviertan en un obstáculo, para el ejercicio de sus derechos.” (Poder Judicial, 2014). Las políticas que se emanan de esta Comisión se basan en la apropiación de los principios de igualdad y no discriminación, lo cual exige que se realicen acciones específicas dirigidas a poblaciones concretas y con situación de vulnerabilidad, es decir, se busca un trato idéntico o diferenciado según sea la necesidad que se presente (Poder Judicial, 2014). Así, con el fin de atender necesidades específicas, se realiza un trabajo en subcomisiones que coordinan sus actividades con instancias judiciales y con instituciones externas como el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), el Consejo de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), la Defensoría de los Habitantes, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto sobre Alcoholismos y Farmacodepencia (IAFA) y la Asociación Nacional de Afro costarricenses (Poder Judicial, 2014). De esta manera, en áreas específicas como violencia sexual y doméstica (delitos en los que las mujeres son las principales víctimas y los hombres los potentes victimarios), se planifican y desarrollan diversas actividades de sensibilización, de divulgación de información y capacitación dirigida a funcionarios y funcionarias de instituciones clave que detectan, previenen y atienden a personas que han sido víctimas de violencia doméstica o sexual. Esto se realiza mediante charlas que tratan del proceso de denuncia de hechos delictivos, los pasos a seguir cuando se detecta tal situación, cómo y dónde se debe denunciar, así como las competencias y responsabilidades de los funcionarios públicos en esta materia (Poder Judicial, 2014). Asimismo, este tipo de capacitaciones se dirigen a educadores, personal de centros de salud, miembros de la fuerza pública y funcionarios de diversas instituciones tal como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Seguridad Pública y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), entre otras. Aunque se trabaja enfáticamente en el tema de la prevención, no se debe omitir que la Comisión de Acceso a la Justicia trabaja además con población carcelaria; realizándose algunas acciones específicamente para las mujeres que se encuentran privadas de libertad: cuando se trata de mujeres jefas de hogar y adultas mayores, se coordina

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directamente con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). En caso de las mujeres que se encuentran descontando una pena y tengan a su cargo niños o niñas, se coordina con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), con el “fin de buscar soporte externo para de alguna forma paliar los efectos de una eventual condena y prisionalización”. Asimismo, se brinda atención a las mujeres privadas de libertad con edad mayor a los 60 años. Para ello se cuenta con una base de datos de mujeres de más de 60 años que se encuentran en el Centro Penitenciario El Buen Pastor, con el fin de coordinar con las instituciones respectivas algún tipo de colaboración que garantice su bienestar. De igual forma, se tiene una base de datos de las mujeres privadas de libertad que se ubican en la Casa Cuna de ese centro penal, con el fin de proveer de ayuda a los niños y niñas dependientes de las reclusas y otro tipo de ayuda como el establecimiento de la pensión alimentaria. Cabe señalar que todo este trabajo se realiza desde la Sub Comisión de personas privadas de libertad, que realizó un diagnóstico sobre los problemas que para el acceso a la justicia tiene esta población, el cual evidenció que la información que reciben sobre sus derechos es limitada, por lo que se han generado acciones desde la Defensa Pública de capacitación y se ha implementado una política para que cada defensor o defensora pública visite con mayor frecuencia a las personas privadas de libertad y les informe sobre sus derechos.

Instituciones que atienden las necesidades básicas y de orientación a las mujeres Las necesidades básicas son un indicador que se utiliza para definir las prioridades fundamentales que poseen los seres humanos para alcanzar estándares de calidad de vida. Entre las principales se encuentran: el acceso a la vivienda, a los servicios sanitarios, a la educación básica, al ingreso económico mínimo, a la cultura, a un buen ambiente familiar y social.

Ministerio de Justicia y Paz El Ministerio de Justicia es el órgano del Estado costarricense responsable de la rectoría en materia penitenciaria, de la seguridad jurídica de los bienes muebles e inmuebles de sus habitantes, de la prevención integral de la violencia y el delito; del control de los espectáculos públicos que presencien los menores de edad, de promover una cultura de paz mediante la resolución alterna de conflictos y de constituir el representante legal del Estado costarricense, así como ser consultor de la Administración Pública (Ministerio de Justicia y Paz, 2014).

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Como parte de sus funciones se encuentra fiscalizar la condición jurídica y la seguridad social de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios. Dentro de sus ejes de acción está brindar un servicio de alta calidad enfocado en la capacidad de garantizar la seguridad jurídica de los y las costarricenses. Aunado a esto, tiene el deber de velar porque se respeten los derechos humanos sociales y jurídicos; así mismo, una respuesta ágil y efectiva a los requerimientos de las personas. Unido a ello, el Ministerio debe dirigir acciones enfocadas a la capacitación sobre perspectiva de género del personal que atiende a mujeres que entran en contacto con el sistema penal y que se encuentran en situación de vulnerabilidad; además de garantizar que la atención de las mujeres en estas condiciones sea prioridad en el orden de atención, esto mediante la emisión de directrices internas. El Centro de Atención Integral El Buen Pastor es una extensión del trabajo realizado por el Ministerio de Justicia y Paz. Esta es una institución que alberga a las mujeres en condición de privadas de libertad y la población indiciada. Estas mujeres en el centro penitenciario se encuentran distribuidas en 10 módulos denominados como: B1, B2, B3, B4; los cuales alberga a la población sentenciada. Por otro lado, los módulos A1, A2, A3 ubican a la población indiciada. Uno de los módulos más importantes del centro es el Modulo E - también llamado Casa Cuna-, aquí se encuentran las mujeres que tienen hijos e hijas menores de tres años de edad o que están en avanzado estado de embarazo. El módulo G ubica a las mujeres que cuentan con un apremio corporal por adeudar pensión alimentaria; y el Módulo F que se caracteriza por ser el módulo con mayor contención física. Con el objetivo de darle un mayor seguimiento a los casos y garantizar los derechos fundamentales de las privadas de libertad, ha puesto en marcha programas concentrados en el estudio de las condiciones de la planta física del CAI Buen Pastor; como parte de las mejoras ha propuesto como eje central del presente año realizar cambios estructurales del edificio; esto debido a que la población en los últimos años ha aumentado y aumentará si no se toman las previsiones necesarias. En la actualizad las mejoras estructurales que se han realizado consisten en la construcción los comedores para cada uno de los módulos de población sentenciada y en el abastecimiento de los insumos necesarios para el cuidado de los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad. Como parte de los servicios, el Ministerio de Justicia se enfoca en la administración afectiva de las donaciones a centros de adaptación social. En el Buen Pastor las autoridades delegadas se encargan de supervisar que los donativos materiales lleguen a las manos de las personas que las necesiten y los recursos sean utilizados en los programas y proyectos que se ejecutan.

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Otro de los niveles de atención es el semi institucional. Este programa está basado en la confianza y no en la contención física. Así, el sistema penitenciario costarricense, egresa personas sentenciadas de los centros. En este nivel “…la persona sentenciada que cumpla con una tercera parte de la sentencia y tenga ciertos requisitos, cuenta con mayores libertades. Es aquí donde puede optar por obtener un empleo, por lo que tiene la opción de solo llegar a dormir al centro o incluso estar dentro del mismo sólo los fines de semana.” (Alvarado, 2012:7)

Unido a ello se encuentra el Programa en Comunidad. Esta es una iniciativa que da seguimiento a propuestas desarrolladas a nivel internacional sobre el tema de penas y medidas alternativas de las privadas de libertad. Lo que el proyecto plantea es la “reincorporación” de las mujeres privadas de libertad al medio comunal, familiar, laboral y social con el fin de brindar “oportunidades de reinserción social” una vez que terminan su pena o en el mejor de los escenarios para evitar problemas con la justicia. Para ello, deben establecerse una serie de mecanismos o procedimientos de inserción tales como ingreso, acompañamiento, abordaje individual, abordaje familiar, laboral y comunal, solicitud de cambio de condición, egreso: por sobreseimiento, egreso: por revocatoria, egreso: por cumplimiento de sentencia con descuento para artículos 64 y 461 del Código Penal, egreso: por nueva causa, egreso: por cese de medida de seguridad, egreso: por traslado de Programa

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) En Costa Rica, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), como entidad rectora de un tema tan sensible como lo es el combate a la pobreza en el país, ha impulsado varios programas que ayudan a reducir el riesgo social, a la vez en que se convierten en un incentivo para que las familias puedan incorporarse en actividades productivas y mejorar su calidad de vida. En el caso de las mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad, cada uno de los programas del IMAS son fundamentales y asociados a su situación, considerando que se trabaja con poblaciones específicas, y en el caso de las mujeres, con aquellas que se encuentran en pobreza, las madres jefas de hogar, mujeres adolescentes en estado de embarazo, quienes requieren del cuido y atención integral de sus hijos e hijas, quienes tienen idea de montar su empresa y no tienen recursos, entre otros. Para esta población específica y para la población en general que se encuentra en pobreza extrema, pobreza o riesgo social, la institución ofrece programas sociales que son fundamentales en el cometido no solo de reducir la pobreza sino también crear mecanismos para la superación: beneficio de “bienestar familiar”, transferencia monetaria condicionada, fideicomiso, ideas productivas e incentivo por cuido y protección en alternativas infantiles.

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Sobre el primero, se trata de un subsidio que se les otorga de manera mensual a las familias que se encuentran en condición de pobreza básica o extrema, para que puedan suplir necesidades básicas que por la situación económica no pueden ser satisfechas. El programa de Bienestar Familiar permite liberar de algunas cargas económicas a las familias y con ello, impedir que sean los niños, niñas, adolescentes y mujeres de la familia quienes salgan a las calles a buscar fuentes de empleo o algunos mecanismos para ganar dinero, arriesgando en muchos casos su seguridad y su salud. Por otra parte, la transferencia monetaria condicionada se lleva a cabo a través del programa Avancemos. Este programa permite que los niños, niñas y adolescentes puedan recibir una transferencia monetaria para seguir con sus estudios. El carácter de condicionalidad de este beneficio lo que hace es que se garantice que el estudiante permanezca regularmente en el centro de estudios y es un mecanismo para asegurarse que las familias hagan uso del beneficio en los costos que demanda el estudio y no para otro tipo de necesidades. Además, como se mencionó líneas atrás el IMAS posee un beneficio o subsidio a las familias, cuyos niños y niñas requieren de cuido y atención integral. Este subsidio institucional se ofrece en el marco del programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Recordemos que la primera infancia (de 0 a 7 años) constituye la etapa más importante en cuanto al crecimiento físico, mental, social y emocional de los seres humanos. Los programas integrales dirigidos a la primera infancia, previenen la desnutrición, el retardo mental, mejoran el desempeño de la niñez tanto en sus primeros años como al ingresar a la escuela primaria y secundaria, posibilitan que la persona se integre al mundo del trabajo y estimulan el desarrollo de las comunidades. Con la atención en alternativas infantiles se garantiza que los niños de 0 a 12 puedan estar durante 10 horas diarias recibiendo servicios integrales por parte de personas profesionales; mientras sus padres, madres o encargados están trabajando. Esto es importante por cuanto permite abonar al desarrollo de nuestros niños y niñas y evitar que estén en las calles corriendo riesgos y desempeñándose en algún trabajo en el que los recursos que pueden obtener son mínimos en comparación con los peligros que se corren. Asimismo, existen las ayudas para mejoramiento de vivienda mediante el otorgamiento de recursos económicos a familias debidamente calificadas por el IMAS, destinados a mejoras, conclusiones, ampliaciones, reparaciones, mantenimiento, implementación y otros, en viviendas propias, para la compra de materiales de construcción, pago de mano de obra, permisos, planos de construcción e inspección de obra y otros. En el campo de la capacitación, la institución otorga un beneficio económico que pretende incorporar en los procesos de capacitación técnica, laboral, académica, formación humana y personal, o procesos socioeducativos a personas, que les permita fortalecer

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capacidades humanas, habilidades, destrezas para que su incorporación al mercado laboral y productivo o social sea en mejores condiciones. Esto está ligado a los emprendimientos productivos, individuales o grupales, a los que el IMAS otorga el financiamiento para adquisición de maquinaria y equipo, materia prima, capital de trabajo, apoyo en la comercialización, construcción de obras de infraestructura, reparación o mantenimiento de equipo. Finalmente, se cuenta con un fideicomiso que ofrece oportunidad de financiamiento con garantía y capacitación para el desarrollo y consolidación de una microempresa. Asimismo, el IMAS dentro de su marco de acción incluye programas que posibilitan la atención de mujeres, basada en cuatro ejes fundamentales. El primer eje se apoya en “solventar las necesidades básicas” por medio de servicios enmarcados en programas expuestos con anterioridad. El segundo eje está destinado a la “formación y capacitación” de las mujeres en riesgo social, que busca desarrollar destrezas y competencias básicas en la persona con el objetivo que lo aprendido sirva para integrarse dentro de la sociedad y generar un aporte significativo. Para lograr tal fin, el IMAS desarrolla proyectos tales como: avancemos, capacitación técnica y empresarial, formación humana y procesos de capacitación formal de educación (primaria, secundaria, universidad). El tercer eje consiste en la “generación de empleo digno” para mujeres en riesgo social, mediante programas como: ideas productivas, créditos, capacitación técnica y empresarial. Las mujeres con aptitud pueden emprender actividades como: lavado de ropa, peluquería, planchado de ropa, sastrería y costura, zapatería, artesanía y manualidades. El cuarto eje consiste en el de “desarrollo”, este se fundamenta en incentivar en las mujeres la generación de ideas grupales, fondos locales y fondos comercialización. En cada uno de los ejes mencionados anteriormente y en los que se incluye potencialmente a las mujeres en condición de pobreza, existen en paralelo los mismos programas aplicados a la población privada de libertad, trabajando en varias modalidades. La primera modalidad perteneciente al nivel 1 se denomina “Asistencia y promoción social para la privada de libertad”, el cual consiste en definir el proyecto de intervención que se llevará a cabo con las privadas de libertad. En una segunda modalidad, el nivel 2 se llama “Atención diferenciada para la familia”, este trabajaba en la caracterización de las familias de las mujeres privadas de libertad con el objetivo de construir una oferta de programa que beneficie tanto a las mujeres como a sus familias.

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En una tercera modalidad, el tercer nivel se denomina “Atención diferenciada en el egreso”, este pilar se fundamenta en ayudar a las mujeres que se encuentran en el centro penitenciario, mediante capacitaciones que buscan evitar la reincidencia una vez que estas salen del Buen Pastor. Por último, se encuentra la modalidad “Opciones para el desarrollo”, este nivel 4 tiene como meta proveer el financiamiento de las ideas productivas de las mujeres privadas de libertad para que puedan llevar a cabo ideas emprendedoras. Estos programas buscan brindar oportunidades a las mujeres privadas de libertad, para mantenerse ocupadas en actividades enriquecedoras, salir de la ociosidad, desarrollar, mantener y fortalecer hábitos laborales que les ayudaran a descontar años a su pena privativa (según el artículo 55 del Código Penal). Además, la labor del IMAS en esta materia se fortalece principalmente con la emisión de directrices internas en las que se determina el orden prioritario de los casos para la atención, siendo conocido que las mujeres que entran en contacto con el sistema penal en situación de vulnerabilidad constituyen un caso de especial de atención dentro de la institución.

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) En una línea el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)4 trabaja para desarrollar acciones que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de las mujeres, pero orientado a la información sobre los derechos como herramienta para que éstas puedan exigir el cumplimiento de los mismos a las diferentes instancias gubernamentales. De esta manera, se brinda información sobre diferentes procesos judiciales, sobre derechos, acceso a servicios básicos, entre otros. Asimismo, la institución centra parte de su trabajo en generar y llevar a cabo procesos de capacitación sistemáticos para fortalecer y empoderar a las mujeres en un área de trabajo específica, coordinar ferias en las que se informa sobre sus derechos y a capacitar al personal en general que requiera sensibilizarse en diversos temas. Asimismo, la institución brinda apoyo mediante el Fondo de Fomento de Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres (FOMUJERES); fondo no reembolsable establecido mediante Decreto Ejecutivo N° 37783-MP, de mayo de 2013, y con el que se financia proyectos que incluyan aspectos mejoramiento de imagen, gastos de formalización, procesos de acompañamiento, capacitación y fortalecimiento de las mujeres, gastos de funcionamiento de la organización de mujeres, 4. En este apartado no se hace una explicación extensa, dado que en otra de las secciones de este documento ya se expuso sobre los diferentes programas que maneja la institución.

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capital emprendedor y materia prima (INAMU, 2014)Según se establece en el Decreto Ejecutivo N° 37783-MP, FOMUJERES tiene por objetivos: “1. Promover la autonomía económica de las mujeres, impulsando la ejecución y la sostenibilidad de actividades productivas de las mujeres. 2. Fomentar las iniciativas de las mujeres dirigidas a la organización y asociatividad en beneficio de sus derechos.” (Poder Ejecutivo, 2013).

De esta manera, pueden postularse para participar por el fondo las organizaciones de mujeres del territorio nacional que se encuentren legalmente inscritas; sin embargo, también podrán hacerlo algunas de manera individual cuando logren demostrar a la Junta Directiva del INAMU que su proyecto genera beneficios a un grupo de mujeres y que alguno de sus componentes fomenta la organización de las mujeres (Poder Ejecutivo, 2013). Por otra parte, con la Ley de Atención a las Mujeres en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, N°7769, junto a la Ley N°8563, Fortalecimiento Financiero del Instituto Mixto de Ayuda Social, vigente desde el 06 de febrero de 2007, se establece que el INAMU tiene como una de sus responsabilidades “financiar y ejecutar capacitación en formación humana para mujeres en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, con recursos propios y adicionales de FODESAF, con el objetivo de garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres” (INAMU, 2012). Es de esta manera como el INAMU se da a la tarea de poner en práctica el Programa Avanzamos Mujeres, con el cual se brinda capacitación en formación humana, para fortalecer las capacidades de las mujeres y brindarles herramientas para mejorar su condición y calidad de vida. Asimismo, se les brinda seguimiento a los proyectos presentados en la primera etapa, abordando temas de capacitación técnica, empleabilidad, empresariedad, proyectos educativos y otros. Para cumplir con este objetivo el INAMU coordina con otras instituciones responsables de la Ley 7769, con el fin de brindar una atención integral y una respuesta oportuna a las necesidades y requerimientos de las mujeres en condiciones de pobreza y vulnerabilidad (INAMU, 2012). Además, vale destacar que la institución trabaja para mejorar la condición jurídica de las mujeres que cumplen una pena en algún centro penitenciario. Se les da asesoría en cuanto a temas que les sirvan para orientarse e informarse sobre la calidad de la situación por la que están pasando. Se trabaja en programas de intervención en crisis, los cuales sirven para velar por las condiciones de los hijos e hijas de las reclusas (tales como casa cuna). En forma coordinada se trabaja con entes institucionales tales como el PANI, IMAS, CCSS, INAMU, ONG, Juzgados de Violencia Doméstica, universidades públicas y privadas, y otras. Dependiendo del tema o la situación predominante en la persona que

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cumple una pena se desarrollan procesos grupales en los que se trabajan ejes en contra de la violencia (principalmente si hay antecedentes de maltrato en las relaciones de pareja) y en la construcción de identidades (en aquellas mujeres que sienten que han perdido su norte). El INAMU cuenta con actores claves que en conjunto desarrollan proyectos como el Programa Semillitas de Amor de la Confraternidad Carcelaria, Asociación Manos Abiertas: Hogar Santa María y Albergue temporal.

Dirección General de Migración y Extranjería Con la emisión de la Ley General de Migración y Extranjería N° 7033, el 4 de agosto de 1986, se conformó legalmente Dirección General de Migración y Extranjería. Ésta es una institución adscrita al Ministerio de Gobernación y Policía, y su principal labor es la de ser el ente ejecutor de la política migratoria, asimismo, “(…) controla el ingreso y egreso de personas al territorio nacional, promueve la integración de las personas extranjeras a la sociedad costarricense, regula la permanencia y actividades de las personas extranjeras en el país y coadyuva en el combate contra los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, mediante la administración efectiva de los flujos migratorios que contribuyan al desarrollo y a la seguridad de Costa Rica” (Dirección General de Migración y Extranjería, 2014).

Es necesario mencionar que en los casos de las mujeres extranjeras, la Dirección General de Migración y Extranjería cumple un papel importante si se trata de personas interesadas en adquirir su residencia, ya sea permanente o temporal. En el primero de estos casos, se trata de una “condición migratoria que le permite, a la persona que la obtiene, permanecer en el país de manera indefinida y con libertad laboral”. Este tipo de residencia únicamente puede ser solicitado por personas que tienen padres, madres, hijas o hijos con nacionalidad costarricense, así como quienes por tres años consecutivos han poseído la residencia temporal, la cual es básicamente una autorización de permanencia temporal en Costa Rica generalmente relacionada con una situación laboral profesional (Dirección General de Migración y Extranjería, 2014). Para las mujeres, es de especial importancia contar con una institución que les facilite no solo regular el status migratorio, sino también el contar con información, es decir, los mecanismos de acceso a la información que es relevante para solicitar cualquier tipo de servicio. En este aspecto, se debe mencionar que la Dirección General de Migración y Extranjería cuenta con cinco Delegaciones Regionales y diez y siete oficinas regionales, incluyendo los puestos ubicados en los aeropuertos. A estas oficinas se suman los mecanismos de apoyo a través de su página web y los diferentes contactos telefónicos a los que se puede tener acceso (Dirección General de Migración y Extranjería, 2014).

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Finalmente, es necesario acotar que el objetivo de la Dirección es en última instancia, la promoción de la integración de las personas migrantes y refugiadas en la sociedad costarricense, por lo que –desde una perspectiva de género- cualquier acción que se realice en el marco de este objetivo es trascendental para el desarrollo de las mujeres que por diversas razones no cuentan con un status migratorio regular o que presentan dificultades por situaciones particulares (Dirección General de Migración y Extranjería, 2014).

Instituciones que atienden poblaciones específicas: población con discapacidad y personas adultas mayores Si bien en Costa Rica se ha visto una importante avance en la formulación y ejecución de programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables (principalmente basados en el tema de la pobreza y pobreza extrema), es clave el reconocimiento de la importancia de la creación de instituciones especializadas, es decir, creadas mediante la idea de la diferenciación para garantizar la equidad en el trato por parte del Estado.

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) Por su condición, las mujeres que sufren de pobreza, pobreza extrema, violencia o cualquier otro tipo de condición que las coloca en situaciones de vulnerabilidad, conllevan una carga emocional muy fuerte. Estas condiciones, sumadas a características y capacidades distintas por factores de discapacidad, hacen que estas sean etiquetadas con adjetivos que entorpecen el proceso de desenvolvimiento social y, en casos de quienes han estado cumpliendo una pena carcelaria, se entorpece el proceso de inserción en la sociedad. Así, una doble etiqueta la tienen aquellas mujeres con alguna necesidad específica de acceso o alguna discapacidad. El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) centra una serie de objetivos para proporcionar programas cuyo eje son la promoción y la protección de personas en condición de pobreza y discapacidad. La misión de esta entidad se basa en la articulación de redes para la atención diaria o acogimiento temporal de personas que no cuentan con recursos familiares. Se debe indicar que el CNREE ha establecido alianzas con el INA para fortalecer los conocimientos de las personas docentes, así como la población estudiantil que se ha egresado del programa Red de Cuido para niños y niñas y para personas adultas mayores. De esta manera, la institución ha enviado a funcionarios a diferentes capacitaciones de la jornada “Atención Integral para personas con discapacidad”, donde se estudia la nueva visión de este tema para la participación social, así como el rol de quienes laboran en la atención integral en la estimulación temprana de menores de edad con discapacidad (El portavoz, 2014a).

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Asimismo, el CNREE ha implementado el programa Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el cual brinda servicios de rectoría para “la promoción, control y defensa de derechos de personas con discapacidad sus familias y organizaciones, con el fin de contribuir al desarrollo inclusivo de esta población”. En el marco de este programa se propuso el proyecto “Construcción de Agendas locales para el fortalecimiento e incidencia local de las mujeres con discapacidad”, con el objetivo de generar conciencia sobre la necesidad de exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres que tienen discapacidad (El portavoz, 2014c). Bajo esta misma de trabajo, el CNREE firmó un convenio con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El convenio tiene como objetivo producir estadísticas y generar trabajos de investigación que faciliten la comprensión de la situación de personas que presentan alguna discapacidad. Las estadísticas actualizadas permitirán una más acertada toma de decisiones desde el Estado y la empresa privada, a fin de “tomar acciones conducentes a enfrentar adecuadamente las brechas social y económica que existe entre las personas con discapacidad y el resto de la colectividad” (Portavoz, 2014b). Es necesario mencionar que un caso interesante de la labor del CNREE es que se trabaja de manera coordinada con el Centro Penitenciario El Buen Pastor, considerando que las mujeres que se encuentran en prisión y además tienen alguna situación especial por discapacidad, son doblemente discriminadas. Así, en El Buen Pastor la institución se centra en generar lineamientos para identificar a la población con discapacidad presente en el centro, se crean pautas para que las mujeres y sus familiares puedan optar por las condiciones necesarias para la cobertura de las necesidades básicas fundamentales y la eliminación de barreras. El CNREE canaliza esfuerzos y crea redes de apoyo para garantizar los servicios institucionales básicos, la misma se da en coordinación interinstitucional con entes gubernamentales públicos. También, esta institución se encarga de dar asesorías a los funcionarios y funcionarias para la eliminación de barreras, da seguimiento y verifica que cada una de las pautas estipuladas se cumpla. La función de este organismo para la atención de las necesidades básicas de las privadas de libertad se torna un trabajo útil para la eliminación de estigmas y la abolición de barreras que la misma sociedad construye.

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) es el órgano rector en materia de envejecimiento y vejez en Costa Rica, según se indica en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley No. 7935). Está adscrito a la Presidencia de la República. Con el CONAPAM se busca garantizar

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“(…) el mejoramiento en la calidad de vida de las personas adultas mayores mediante la formulación y ejecución de las políticas públicas integrales que generen la creación de condiciones y oportunidades para que las personas adultas mayores tengan una vida plena y digna.” (CONAPAM, 2014)

Como parte de parte de sus programas, el CONAPAM ha enfocado parte de su trabajo al tema de la violencia5 y conductas de abuso hacia las personas adultas mayores. Es por ello que regularmente se realizan los esfuerzos necesarios para proteger y asistir de manera inmediata a la población adulta mayor más vulnerable ante este tipo de delitos Es así como se trabaja en diferentes proyectos de prevención (como lo es “Vida sin Violencia”) que permitan acabar con todas las formas de violencia hacia este segmento población (CONAPAM, 2014). Esto se logra con diferentes mecanismos de coordinación con instituciones públicas y privadas que facilitan que se detecte y atienda los casos de violencia intrafamiliar, el maltrato y conductas abusivas hacia las personas adultas mayores, en apego a lo que dicta la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (CONAPAM, 2014). Por otra parte, CONAPAM cumple una labor de protección y cuido a las personas adultas mayores, concretamente a través de la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores. La población objetivo de este programa son personas de 65 años o más, en estado de pobreza, pobreza extrema, carentes de redes de apoyo, dependencia y/o en riesgo social. Esta Red se compone de manera integral, es decir, participan en la misma diferentes actores sociales (familia, grupos organizados de la comunidad, instituciones de bien social, actores gubernamentales y privados), que trabajan articulando programas, acciones e intereses que garanticen el cuido y satisfacción de las necesidades de las personas adultas mayores de Costa Rica (CONAPAM, 2014). Es así como CONAPAM brinda asesoría para la conformación de un Comité o Red Comunitaria en cada comunidad que demande del servicio. Este comité tiene representantes de la C.C.S.S, el IMAS, Municipalidad, líderes comunales y organizaciones no gubernamentales. Las alternativas de apoyo que más frecuentemente brindan las Redes Comunitarias son: • • • •

Alimentación Artículos de uso personal e higiene Ayudas técnicas Asistente domiciliar

5. Según las estadísticas del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) en los primeros 5 meses del año se reportaron 433 denuncias de agresión contra este sector de la población, catalogado vulnerable. De estas afectaciones, 294 corresponden a mujeres y 139 a hombres (Diario Extra, 2014).

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• • • • • •

Subsidios en transporte Atención en salud Promoción y prevención de la Salud Mejoras habitacionales Equipamiento de casa Hogares comunitarios

Vale destacar que en el caso de la población adulta mayor que se encuentra en centros penales, particularmente con la población femenina, el CONAPAM realiza una labor de acompañamiento a la familia y a la persona adulta mayor con el fin de motivar su desarrollo y reducir el impacto de descontar una pena. Asimismo, coordina con diferentes entidades públicas y privadas para que velen y garanticen un adecuado funcionamiento de los programas y servicios que reciben, al mismo tiempo en que se fomenta los derechos de las personas adultas mayores referidos en el ordenamiento jurídico en general. Es necesario indicar parte del proceso, para aquellas mujeres que además de estar en situación de riesgo social, tienen a su cargo una persona mayor de edad. Así, se debe tener claro que las personas adultas mayores deben cumplir con las características definidas por el Programa Red de Cuido: 65 años de edad o más, en pobreza, pobreza extrema y/o riesgo social. El Comité o Red Comunitaria debe hacer una valoración de la persona que solicita el servicio. Esta valoración incluye visita domiciliar y la presentación de algunos documentos. Cuando se cumple el proceso se informa si califica o no para el beneficio y en caso afirmativo puede optar por una o varias alternativas de atención que presenta el programa.

Instituciones que atienden la capacitación y educación a mujeres La educación es un componente fundamental que define el desarrollo de una nación. Sin este componente las opciones de empleo, de vivienda y de una óptima calidad de vida se tornan difíciles. Es por medio de la educación que las personas podrán encontrar mejores oportunidades en la sociedad y es por medio de ella que los problemas sociales se logran contrarrestar.

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) En el tema de la capacitación y la educación no formal el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) tiene una de las funciones más importantes. La finalidad principal de esta institución es la de promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores y trabajadoras, en todos los sectores de la economía, para impulsar el

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desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las personas que por diversas razones no han logrado culminar estudios formales. En cuanto a la formación de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, es importante señalar que el INA posee varios núcleos de formación, que incluyen el agropecuario, comercio y servicios, industria alimentaria, textil, salud, cultura, artesanías, etc. En cada uno de estos núcleos se imparten cursos de capacitación sobre diversos temas. Así, la institución crea mecanismos de acceso para la población que lo necesita, pasando de un aspecto asistencialista a la creación de las herramientas para el emprendedurismo. Asimismo, a través de INAPYMES se ofrece información y orientaciones a los y las interesadas sobre aspectos de mejoramiento de las estrategias de negocios, administración de las empresas y demás información que debe saber una micro y mediana empresaria. De igual forma, en el marco de este proyecto se ha trabajado en coordinación con la banca estatal, en el apoyo y seguimiento al programa “Banca Mujer” del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). En el tema de la atención integral de las privadas de libertad el INA tiene planificado el trabajo con una serie de programas destinados a poblaciones como mujeres encarceladas por el delito de introducción de droga al centro penal y mujeres privadas de libertad por deuda alimentaria. En el centro penitenciario El Buen Pastor, las mujeres que cumplen alguna condena tienen la oportunidad de llevar a cabo cursos y capacitaciones de acuerdo a su interés. En el reclusorio se cuenta con programas que buscan la certificación de competencias laborales (por ejemplo en manicure o pedicure). Además, se cuenta con planes y programas de formación complementarias cuyo objetivo se basa en conocer si las mujeres tienen formación y requieren actualización en áreas específicas. Por último, el INA ha creado modalidades específicas de capacitación (módulos y programas) y asistencias técnicas (tanto para funcionarios como para reclusas), en los que se les otorga un certificado que garantiza el aprendizaje obtenido. El papel del INA en la formación de las privadas de libertad es primordial, el organismo garantiza que las mujeres encarceladas que tienen interés por sacar algún curso puedan hacerlo de forma gratuita y de esta forma contribuir al desarrollo de una mejor calidad de vida.

Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Fondo Nacional de Becas (FONABE) El Ministerio de Educación Pública (MEP) es el ente rector del sistema educativo costarricense. Por ello, debe trabajar en la promoción y consolidación de un sistema educativo de excelencia, que permita el acceso de toda la población a una educación de calidad,

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centrada en el desarrollo integral de las personas y en la promoción de una sociedad costarricense integrada por las oportunidades y la equidad social (MEP, 2014). Bajo ese pensamiento, el MEP se enfoca en dar oportunidades de superación a toda la población, sin discriminación de ningún tipo. Asimismo, se trata de generar la inclusión y partiendo de la diferenciación por distintas condiciones, la generación de programas o módulos en donde a partir de las diferencias se construya con equidad. Así, partiendo del tema de las mujeres en situación de vulnerabilidad, se debe mencionar que el MEP cuenta con un manual de apoyo para los docentes y los centros educativos en caso de que dentro de su población infantil se encuentren adolescentes en estado de embarazo o quienes ya son madres. De esta forma, se giran instrucciones para que el director o directora del centro educativo garantice el cumplimiento de los derechos de la niña o adolescente embarazada o madre (MEP, 2010:10). Asimismo, los profesores deben dar el apoyo necesario, lo cual incluye las referencias a servicios de Salud y Bienestar Social (IMAS, PANI, INAMU, FONABE, Ministerio de Salud). Sumado a ello, el MEP debe cumplir con las siguientes disposiciones: “- Para hacer efectivo el derecho a la lactancia materna, la estudiante podría retirarse del establecimiento educativo durante una hora diaria durante el primer año de lactancia, (…), o bien podrá disponer en los lugares donde estudie, de un intervalo de quince minutos cada tres horas, o si bien lo prefiere de media hora dos veces al día, durante sus labores estudiantiles. - En caso de que la estudiante no se presente en las fechas establecidas para la realización de las pruebas o la entrega de los trabajos extra clase, los mismos deben reprogramarse a la mayor brevedad posible…” (MEP, 2010:15).

En cuanto al aporte a la educación de las mujeres el Ministerio de Educación Pública (MEP) dentro de sus líneas estratégicas tiene la responsabilidad de velar porque esta población reciba las condiciones necesarias para completar los estudios primarios y secundarios; sin embargo, la estrategia también contempla las necesidades de estudio de las familias (hijos e hijas) de las mujeres que se encuentran en riesgo social o en vulnerabilidad. En conjunto con el Fondo Nacional de Becas (FONABE)6 las poblaciones vulnerables, denominadas como privadas de libertad, estudiantes en conflicto social y estudiantes de educación abierta (primaria y secundaria) pueden optar por una beca que garantiza en cierta medida la culminación de los estudios de los grupos mencionados.

6. El Fondo Nacional de Becas (FONABE), es una institución sin fines de lucro, que brinda ayuda a estudiantes de familias de escasos recursos económicos, para que cursen y concluyan, con éxito, el proceso educativo. Es creado a partir de la aprobación de la Ley 7658, llamada “Creación  del Fondo Nacional de Becas y su reglamento”, del 27 de febrero del 1997 y del Decreto Legislativo No. 8417, del 2 de junio del 2004 (FONABE, 2014).

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El FONABE cuenta con un sistema de becas para estudiantes adolescentes madres menores de 21 años de edad, matriculadas en primaria o secundaria, que presenten condición de vulnerabilidad económica y educativa, con el objetivo de “facilitar en la población meta una mayor igualdad y accesibilidad para su continuidad en el sistema educativo y en el mejoramiento de su calidad de vida y la de su hijo o hija.” (FONABE, 2014). Tanto FONABE como el MEP hacen estudios sobre la situación de cada destinatario y otorga una serie de partidas presupuestarias con el objetivo de garantizar la continuidad de la beca a las familias beneficiadas. También se brinda atención directa de familiares con referencias sociales, en las cuales los trámites son agilizados para que se dé una correcta valoración y el otorgamiento de la beca. En el tema de educación el aporte del MEP y del FONABE es básico; con los mecanismos de acción que ambos entes realizan en conjunto se pueden ir perfilando opciones de estudio que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las mujeres en situación de riesgo social. En el ámbito familiar las becas otorgadas a hijos e hijas de estas mujeres funcionan como un canal para que puedan continuar con los estudios y solventar algunas necesidades desprendidas del mismo. El MEP y el FONABE deben manejar información sistemática a los comités de becas de centros educativos para identificar casos de hijos e hijas de personas en situación de pobreza para su atención en proyectos específicos de becas; en todos los casos se da seguimiento a los beneficiarios con el fin que la beca sea aprovechada. Asimismo, el MEP facilita la educación y formación a mujeres que se encuentran privadas de libertad, esto mediante diferentes programas que se ejecutan en el Centro Penitenciario El Buen Pastor. En este caso, la labor más difícil recae en dar continuidad a los casos de las mujeres privadas de libertad que ante el egreso de prisión, se mantienen incorporadas en el proceso educativo, puesto que ya fuera del centro penal las prioridades cambian. A pesar que la labor de formación que realiza el MEP en El Buen Pastor existe una población que por actitud no participa en los programas. Ante tal panorama las instituciones tienen el deber de ejecutar acciones para que la visión de esas personas cambie y proporcionar recursos para que la estadía en el lugar tenga un impacto positivo en la vida de las reclusas.

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) fue creado con el objetivo de incentivar la competitividad y el desarrollo de las zonas rurales y las actividades agropecuarias, de la mano de buenas prácticas ambientales que permitan a los productores una mejor integración al mercado (MAG, 2014).

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Bajo esta línea de trabajo, el MAG brinda asesoría a productores y productoras en cuanto a la producción y comercialización de sus productos, considerando las buenas prácticas agropecuarias. En materia de apoyo a las mujeres, es necesario indicar que esta institución tiene como una dependencia adscrita los Clubes 4-S encargada de “coordinar organizaciones de niños, niñas, jóvenes y mujeres rurales que desarrollan y cultivan en los individuos actitudes cívicas, de superación personal y de mejoramiento común.” Su nombre se deriva de la filosofía 4-S: Saber, Sentimiento, Salud y Servicio (MAG, 2014). Estos Clubes trabajan a través de asociados y asociadas que reciben formación para el aprendizaje de técnicas que faciliten el adecuado desenvolvimiento frente a otras personas, el trabajo en grupo y la toma de decisiones y reforzamiento de la personalidad (empoderamiento y autoestima). Los Clubes 4-S utilizan un enfoque de trabajo en el que se presta especial atención a la inclusión de la juventud y las mujeres de las zonas rurales, visualizándolos como “(…) protagonistas de los procesos de desarrollo rural, mediante estrategias que llevan a la superación de las barreras que impiden el desarrollo de sus potencialidades en bien propio y de la comunidad. Es decir, que una población educada, sana, social y productivamente activa, se convierte en el principal y más estable factor de desarrollo local y por ende de desarrollo nacional.” (Fundación Nacional de Clubes 4-S, 2014).

Mediante los Clubes 4-S se estimula la adquisición de conocimientos nuevos y las habilidades en proyectos que son producto de las necesidades de las personas socias; para lo cual se ofrecen soluciones a estas necesidades. En cuanto a los límites para su ingreso, en estos clubes a partir de los 7 años y hasta los 12 los niños y las niñas pueden tomar parte de clubes infantiles, de 13 años a 29 años los y las jóvenes formarán grupos juveniles y las mujeres sin límite de edad pueden formar parte de los Clubes de Mujeres. De manera más específica, se pueden mencionar algunas de las funciones de los Clubes 4-S (Fundación Nacional de Clubes 4-S, 2014): • Rescate del liderazgo de los grupos y de la comunidad y su incorporación en proyectos productivos, que favorezcan el desarrollo económico y social de las comunidades rurales. • Brindar capacitación y asesoramiento sobre la formulación y ejecución de proyectos productivos, ambientales, agropecuarios e industriales. • Incentivar la participación mediante el intercambio de conocimientos y experiencias entre los socios y socias, sin que medie ningún tipo de exclusión. • Elaborar y ejecutar proyectos productivos y ambientales, dirigidos a jóvenes con el fin de que obtengan ingresos y trabajo en regiones donde las fuentes de trabajo son escasas.

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• Realización de actividades con jóvenes, así como intercambios tanto nacionales como internacionales.

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) Los programas con los que cuenta el INAMU para promover la incorporación de las mujeres a procesos de capacitación se detallan a continuación: • Proyecto Emprende: Busca fortalecer los negocios de las mujeres de zonas rurales en la fase de emprendedurismo. Abarca tres regiones del país, la Región Chorotega, Pacífico Central y Región Atlántica. • Ferias de Mujeres Empresarias: Pretende fortalecer las capacidades empresariales de las mujeres al crear espacios que les permita darse a conocer para generar vínculos empresariales estratégicos y así posicionarse en nuevos mercados. • Programa Avanzamos Mujeres: Se fundamenta en la Ley N° 7769 Ley de Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza. Dicho programa busca brindar atención a las mujeres en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y riesgo social, por medio de capacitaciones para su fortalecimiento individual y colectivo. Con este programa se ha alcanzado capacitar a 1025 mujeres durante el año 2013 en el proceso de formación humana el cual busca el empoderamiento, fortalecimiento de su autoestima, seguridad, conocimiento de los derechos y desarrollo de capacidades de las mujeres (CR Hoy, 2014). • Feria Brunca Emprende: Feria empresarial, cultural y turística, impulsada y creada por el INAMU en conjunto con  la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Municipalidad de Coto Brus, la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Asociación de Desarrollo de San Vito (ADI San Vito), la Cámara de Turismo Rural Comunitario de Coto Brus (CATUBRUS), el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), el Colegio Técnico de Sabalito, el Ministerio de Cultura Juventud/Dirección Cultural (MCJ-DC), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER).

Instituciones que atienden las condiciones de salud y seguridad social de las mujeres En una nación mantener las condiciones óptimas para una buena salud es una labor difícil, debido a que involucra una buena articulación de políticas, programas y planes, debilidad que permanece en los años.

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) En Costa Rica la labor de mantener las condiciones mínimas para el establecimiento de patrones que marquen la buena salud de las personas la tiene la Caja Costarricense

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de Seguro Social (CCSS). A esta institución le corresponde velar por la salud en todas y cada una de las regiones del territorio nacional. Mediante la Ley 5349 del 24 de setiembre de 1973, la CCSS se hace cargo del programa Seguro por el Estado, el cual tiene como objetivo “mejorar la calidad de vida de los costarricenses y extranjeros residentes legales del país y menores de edad sin importar su condición migratoria, que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema o indigencia médica, por medio de un seguro que le permita acceder a las prestaciones que ofrece la Caja” (CCSS, 2014a).

Este programa es fundamental por cuanto facilita el aseguramiento de las mujeres que se encuentran en condición de pobreza o riesgo social, sus hijos (de acuerdo con los artículos 41 y 42 del Código de la Niñez y la Adolescencia) y familiares dependientes, facilitando así las atenciones médicas que brinda la institución. Para ser parte de este beneficio, se considera el no estar incluido en alguno de los regímenes, categorías o convenios propios de la Caja, así como no poder satisfacer las necesidades básicas, de alimentación, vestuario, vivienda y salud (CCSS, 2014a). El beneficio se mantendrá en cuanto persistan las condiciones detalladas en el párrafo anterior y se extenderán hasta por 5 años cuando se trata de personas en pobreza extrema residentes en las comunidades de mayor carencia catalogadas por el Estado y miembros de las comunidades indígenas (CCSS, 2014a). Asimismo, es necesario mencionar que en varios casos, las mujeres en condición vulnerable pueden optar por una pensión del Régimen No Contributivo de la CCSS; esto si son adultas mayores de 65 años, menores de 65 años pero con discapacidad que les impida trabajar, menores de edad huérfanos o personas entre 18 y 21 años huérfanos y que estudien. De igual manera, pueden optar por la pensión las mujeres viudas entre 55 y 65 años que estén en desamparo económico, o que tengan hijos menores de 18 años o entre 18 y 21 años si están estudiando o bien que no trabajen (CCSS, 2014b). Por otra parte, la CCSS atiende las necesidades de salud de otras poblaciones. Las privadas de libertad representan un grupo importante en la gestión de la CCSS, con este grupo se desarrollan convenios de adaptación social para atender a las privadas de libertad. Además se desarrollan protocolos de atención en caso que estas mujeres necesiten ser atendidas en el Hospital Nacional Psiquiátrico (aquí se abren las plazas necesarias). En esta misma línea, le corresponde a la CCSS visitar y elaborar diagnósticos de la condición de salud de las privadas de libertad (se brindan pasantías para los residentes de psiquiatría). Sin embargo, la labor de mantener la salud de las privadas de libertad se realiza en conjunto con otras instituciones, tales como el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

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Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) El IAFA para el establecimiento de lineamientos en la atención de la salud de las personas tiene la misión de coordinar la dirección técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, el tabaco y otras drogas lícitas o ilícitas, de las mujeres que requieren del servicio. Por ser un órgano con desconcentración mínima adscrito al Ministerio de Salud le corresponde diseñar proyectos de la mano con lo que dicte este ministerio. Para la atención de las mujeres en riesgo social se han creado diferentes líneas estratégicas que van desde talleres educativos, consultas de seguimiento, conformación de grupos y el establecimiento de clínicas ambulatorias. El contenido de los talleres socioeducativos formulados va dirigido a familiares o personas que sirvan como recursos de apoyo de la persona que consume la droga. Durante las charlas se les brinda información y formación sobre aspectos que favorezcan el manejo de las situaciones derivadas del consumo de drogas y del alcohol. Otra de las tácticas desarrolladas por el IAFA es el establecimiento de grupos terapéuticos. Con cada uno de los grupos se busca fortalecer, proveer herramientas y estrategias que favorezcan una pronta recuperación. El IAFA dentro de sus objetivos busca establecer procesos de atención a familiares de las mujeres adictas, para ello se construyen en los diferentes espacios comunales consultas de seguimiento, considerando la zona de residencia. Estos van dirigidos a personas que tienen un periodo muy corto de abstinencia (5 días) como consumidoras de drogas. Este recurso brinda atención, medica, social y psicológica. Si la persona recae, el IAFA ofrece la oportunidad de generar procesos de desintoxicación ambulatoria. Como un eje de trabajo transversal se instauran clínicas de cesación de fumado destinadas a personas mayores de edad y que tengan interés en dejar de fumar. A nivel de los servicios de salud destinados a satisfacer las necesidades de las mujeres en riesgo social, la CCSS y el IAFA juegan un papel fundamental. La calidad de los programas dirigidos a estas mujeres funciona como un canal para evitar la reincidencia en el consumo de sustancias adictivas tales como el alcohol y las drogas. En una línea similar los servicios adicionales creados generan que esta población estigmatizada pueda gozar de servicios básicos de salud de forma eficiente y eficaz, sin complicaciones de trámites y con equidad de género. Estos programas son ejecutados también con la población carcelaria, de manera coordinada con la dirección de El Buen Pastor. Así, por decreto de ley, al Centro Penitenciario El Buen Pastor le corresponde desempeñar otras funciones, tales como: coordinar y

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aprobar todos los programas diseñados tanto a nivel público como privado relacionados con el tema de la droga y el alcohol. Si estos programas no se cumplen es competencia del IAFA gestionar la suspensión o el cierre de tales programas y si estos se incumplen llevar a cabo las sanciones que dicta la legislación. La ejecución de estos programas y la garantía de éxito se basan fundamentalmente en los procesos previos de sensibilización y capacitación al personal profesional que atiende a población que consume algún tipo de droga y que además están en eminente situación de vulnerabilidad.

Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) Mediante la Ley 8204 “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo” se creó el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), como organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia, con competencias en la materia de diseño e implementación de políticas, planes y estrategias necesarias para la prevención del consumo de estupefacientes, la rehabilitación, tratamiento y recuperación de la personas adictas, así como la incidencia en estrategias contra el tráfico ilícito de drogas, financiamiento a actividades terroristas y legitimación de capitales (ICD, 2014) El ICD financia espacios en organizaciones que atienden en procesos de rehabilitación a personas que consumen drogas. Asimismo, se da el financiamiento correspondiente a proyectos relacionados con la prevención del delito. Uno de esos corresponde al proyecto Estado de Derecho y Cultura de Legalidad, iniciativa de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas / Organización de Estados Americanos (CICAD/OEA), del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y del Ministerio de Educación Pública (MEP). Con este proyecto se pretende elaborar una estrategia metodológica para abordar de manera integral el delito y la criminalidad en el ambiente escolar, con el fin de generar una cultura de paz en los centros estudiantiles. Bajo la misma línea de prevención, el ICD ha establecido trabajo de coordinación con los Gobiernos Locales. Por ello se ha elaborado una propuesta de plan de trabajo con las Municipalidades, con el objetivo de sensibilizar y apoyar a los Gobiernos Locales en la puesta en ejecución de estrategias de prevención del consumo de drogas para contribuir a la generación de espacios saludables y con enfoque diverso y participativo. Para cumplir este objetivo se trabaja con tres estrategias preventivas (ICD, 2014): 1. Programa de Prevención Integral de Delito «Saber Elegir, Saber Ganar». 2. Estado de Derecho y Cultura de Legalidad. 3. Modelo Comunitario para Responder al Fenómeno de las Drogas.

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Asimismo, se plantean capacitaciones sobre consumo de drogas y sus consecuencias, en diferentes centros educativos. Se definen lineamientos y estrategias para trabajo con los jóvenes, entendiendo que “para abordar esta problemática resulta relevante impulsar e implementar una estrategia que permita prevenir el fenómeno de drogas e intervenir eficazmente, a través de acciones que involucren a toda la comunidad educativa a fin de procurar el desarrollo de ambientes saludables, implementando programas específicos para cada nivel educativo” (ICD, 2014). Es necesario destacar que el trabajo del ICD está abocado en gran parte al tema de la prevención, como se ha podido notar con lo expuesto en los párrafos anterior. A este trabajo se suma el apoyo y ejecución de diferentes proyectos, en coordinación- en algunos casos- con el Ministerio de Seguridad Pública. Tabla 5. Algunas actividades para la Prevención del consumo de drogas y el delito, Instituto Costarricense sobre Drogas, 2014 Actividad o Programa

Fines

Campamento para fortalecer las habilidades para la vida de los jóvenes estudiantes de enfermería

Consiste en el desarrollo de un encuentro, con el propósito fundamental de promover el desarrollo humano de los jóvenes que están cursando el tercer año de la carrera de licenciatura en enfermería de la Universidad de Costa Rica.

Programa de sanciones alternativas

Desarrollo de estrategias sistemáticas de atención ambulatoria, dirigidas a la población adolescente y adulta joven (edades entre los 16 y 23 años) con historia de  abuso de sustancias psicoactivas,  y que deben cumplir con una sanción alternativa impuesta por  los Juzgados Penales Juveniles del país o del Juzgado de  Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.

Programa de Capacitación y Certificación para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Drogas y Violencia en Costa Rica (PROCCER-CR)

Proceso de  capacitación y certificación del recurso humano prestatario de servicios a la población que presenta problemas derivados del consumo de drogas, en el  territorio nacional. Pretende proteger y promover los derechos fundamentales de la población meta, dado que asegura, a quienes obtienen los servicios en los diferentes programas, que recibirán una intervención con base en funciones concretas y de acuerdo a competencias.

Programas Policiales Preventivos

Se capacita a oficiales de Programas Policiales Preventivos del Ministerio de Seguridad Pública dentro del marco del fenómeno drogas para que aborden la prevención del delito del tráfico de drogas con la población infantojuvenil, docente, madres y padres de familia.

Fuente: Instituto Costarricense sobre Drogas (2014). Programas de Prevención. Disponible en: www.icd.go.cr

Instituciones que atienden la situación laboral de las mujeres El trabajo básicamente es definido como aquel conjunto de acciones llevadas a cabo por los seres humanos. Este permite a las personas poner en práctica su conocimiento y desempeñarse en la sociedad de acuerdo a las destrezas y competencias adquiridas. El desarrollo de estas complejas labores permite optar por mejores oportunidades que inciden en su calidad de vida.

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Centro de Atención Integral (CAI) El Buen Pastor Para atender las necesidades de trabajo de la población privada de libertad, el Centro de Atención Integral El Buen Pastor dentro de sus instalaciones programa una serie de esfuerzos para que las mujeres que se encuentran recluidas puedan cooperar con ciertas tareas básicas. Las mujeres encarceladas se encuentran distribuidas en diez módulos de atención, dependiendo de la condena y de las condiciones físicas y emocionales, así se distribuyen las tareas. Entre los trabajos que estas mujeres deben desempeñar están labores de limpieza en el recinto y colaboran como asistentes de cocina o de bodega dependiendo de las capacidades físicas y motoras. Las reclusas que cuentan con mayor fuerza física y actitud pueden desempeñarse en el mantenimiento de zonas verdes e instalaciones (cortando zacate, recortando las plantas, poniendo agua, entre otras). Según los estudios realizados y la formación con la que cuenten las mujeres privadas de libertad pueden desempeñarse como operarias de empresa privada (convenio con la empresa AMPO Ltda. y el Ministerio de Justicia y Paz) y como asistentes educativas. En ambos casos, reciben un monto económico y deben cumplir con ciertas obligaciones como horarios, entre otros. No obstante, las mujeres dentro del CAI Buen Pastor reciben cursos autogestionarios. En esta institución se ha desarrollado una oferta en la que las reclusas aprenden a laborar en actividades manuales no técnicas. A pesar de las oportunidades que brinda el centro existe la limitante de la infraestructura y del espacio destinado para el desarrollo de esos talleres y trabajos. La constante falta de ambientes para el desarrollo de trabajo dificulta el establecimiento de convenios formales con instituciones privadas y públicas que pretenden desarrollar otras opciones que incidan en la oferta laboral. Las opciones de empleo para las mujeres privadas de libertad es uno de los recursos más significativos que pueden tener las mujeres que se encuentran en El Buen Pastor, ya que por medio de esto ellas pueden generar un ingreso económico que le permite cubrir sus necesidades básicas y suplir las de su núcleo familiar, así como socializar y ganar puntos para descontar años según la pena que cumplen. En la actualidad instituciones como el INA y el IMAS imparten cursos para generar ideas innovadoras, las cuales pueden poner en práctica una vez que salga de la cárcel e insertarse en la sociedad.

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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) Continuando con el tema del empleo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ofrece una serie de recursos para colocar a las mujeres en situación de riesgo social en trabajos que les permitan tener mayores posibilidades de lograr un cambio en el estilo de vida. Esta institución ofrece a las mujeres opciones tales como el programa “Empléate” que brinda prospección, empleabilidad, intermediación y orientación a las reclusas una vez reincorporadas en la sociedad. Asimismo, el MTSS ejecuta una estrategia específica que consiste en charlas sobre los derechos y los deberes laborales que debe tener una persona. La táctica se centra en dar lineamientos necesarios para la búsqueda de empleo digno, a partir de las competencias desarrolladas por otras instituciones que capacitan sobre emprendedurismo. La misión de la MTSS es valiosa para el empoderamiento de las mujeres, sin embargo se necesita diseñar ejes de trabajo que eliminen estigmas y estereotipos que giran en torno a la situación de personas con discapacidad, que han salido de la cárcel, que están en pobreza, discriminadas por orientación sexual o que sufren de violencia y de esta forma garantizar el empleo de calidad como parte de la cobertura de las necesidades básicas a las que todo ser humano debe tener acceso.

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) Dentro de sus ejes estratégicos el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) otorga a las mujeres en riesgo social las condiciones y ayudas económicas para el establecimiento de sus propios negocios a partir de ideas emprendedoras que ayuden a combatir la pobreza. El programa Ideas Productivas constituye una iniciativa para que las mujeres más necesitadas puedan desarrollar microempresas y sacar adelante a sus familias. Para ello, el IMAS otorga créditos y capacitación técnica y empresarial, luego de hacer un estudio socioeconómico para determinar quiénes realmente necesitan del apoyo institucional. Para la institución lo importante es tener en mente una idea y en conjunto con la persona interesada desarrollar un plan que les permitirá ver concretada la idea emprendedora. Estas se llevan a cabo mediante ideas grupales, fondos locales y fondos de comercialización, mecanismos que permiten ver más allá del asistencialismo y poder convertir ideas en verdaderas opciones para generar recursos y empresas. Estos programas no son excluyentes para aquellas mujeres en contacto con el sistema penal, ya que se reconoce que para ellas también representa una oportunidad para sacar adelante a las familias a partir del desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

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Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) En Costa Rica la mayor parte del parque empresarial es una pequeña y mediana empresa (PYME). Las personas que incursionan en esta modalidad de negocio para llevar a cabo la concreción de su empresa deben seguir una serie de pasos. El primero consiste en la generación de una idea productiva o emprendedora. El segundo se basa en la búsqueda de la correcta capacitación para llevar a cabo la idea. El tercer paso consiste en la búsqueda de recursos financieros, tecnológicos y humanos para edificar la idea. Y por último, ver cumplida la idea por medio del establecimiento de su propio negocio. Sin embargo, cumplir con cada uno de los pasos no es una labor sencilla. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) desarrolló las CREAPYME, que son centros de atención que se especializan en desarrollar y brindar servicios de información, consultoría, asesoría, vinculación y trámites a las y los empresarios de una micro, pequeña y mediana empresa que requieran asesoría en ciertos temas. Por medio de las CREAPYME las mujeres reciben la capacitación necesaria y la orientación en caso de querer establecer su propia empresa. Actualmente a nivel nacional existen 42 CREAPYME7, que se distribuyen de la siguiente manera: 16 en la región central, 6 en la Brunca, 5 en la Chorotega, 6 en la Huetar Norte, 3 en la Huetar Atlántica y 6 en la región Pacífico Central. Tabla 6. Algunas CREAPYME, por región 2014 Región

Creapyme

Central

CREAPYME Coronado Contacto: Oscar Ureña Dirección: Edificio Municipal, diagonal a la Iglesia de Coronado. Correo: [email protected]  Teléfono: 8729-9811

CREAPYME Santo Domingo Contacto: Marianela Mesén Dirección: Edificio Municipal Santo Domingo Correo: desarrollo_humano@ munisantodomingo.go.cr  / mmesenf@ gmail.com Teléfono: 2244-0117

Brunca

CREAPYME Coto Brus  Contacto: Dreivin Fernández Dirección: 75 mts oeste del Parque Central. Correo: [email protected] Teléfono: 2773-3223

CREAPYME Buenos Aires  Contacto: Rosario Cordero  Dirección: A un costado del Banco Nacional frente al Parque. Correo: [email protected] Teléfono: 2730-5485

Chorotega

CREAPYME Cañas  Contacto: María del Rosario Araya Vargas Dirección: Cañas, costado Norte de la Iglesia Católica. Correo: [email protected] Teléfono: 2690-4000

CREAPYME Municipal de Tilarán Contacto: Mauren Ugalde Boniche Dirección: Edificio Municipalidad Tillarán. Correo: [email protected] Teléfono: 2695-5051

7. La información completa sobre las CREAPYME en cada una de las regiones del país, puede verse en: www.pyme.go.cr

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Tabla 6. Algunas CREAPYME, por región 2014 (cont.) Región

Creapyme

Huetar Atlántica

CREAPYME Turrialba Contacto: Elmer Salazar Dirección: Turrialba Centro. Costado noreste del parque Quesada Casal. Correo: [email protected] Teléfono: 2556-0231

CREAPYME Pococí  Contacto: Celenia Cordero Dirección: Guápiles, Hotel Talamanca sobre la Ruta 32. Correo: ccordero10@hotmail. com / [email protected]  Teléfono: 8349-8808

Huetar Norte

CREAPYME San Carlos Contacto: Gerardo Esquivel Dirección: Edificio Municipal, contiguo al Parque de Ciudad Quesada. Correo: [email protected]  Teléfono: 2401-0943

CREAPYME Upala Contacto: Nelly Sanchez Dirección: Edificio Municipal de Upala Correo: [email protected] Teléfono: 2470-4110

Pacífico Central

CREAPYME Puntarenas  Contacto: Eduardo Arguedas Dirección: Puntarenas, 200 mts al norte de los Tribunales de Justicia. Correo: [email protected] Teléfono: 2661-0250 

CREAPYME Ciudad Neilly  Contacto: Jonnathan Zúñiga Muñoz Dirección: Corredores, Ciudad Neilly, Edificio MAG. Correo:  [email protected]  Teléfono: 2783-2911

Fuente: Elaboración propia con base en: Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC)- Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) (2014). PYMES Costa Rica. Disponible en: www.pyme.go.cr

Acceso a Vivienda y alianzas estratégicas en beneficio de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y riesgo social Para las mujeres que se encuentran en riesgo y en situaciones de vulnerabilidad, principalmente en situación de violencia, el no contar con casa propia en muchos casos obliga a poner en riesgo su vida y la de sus hijos e hijas. Es por ello que una casa puede representar un gran alivio y refugio para estas mujeres.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos es la entidad rectora y con potestades en materia de ordenamiento territorial y viviendas. Esta entidad se encarga, básicamente, de generar directrices y políticas acordes con las necesidades de los diversos grupos socioeconómicos, con el fin de garantizar acceso a la vivienda y hacer una adecuada planificación integral en el país en esta materia. Este Ministerio ha definido como sus prioridades de trabajo el seguimiento a la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, el mejoramiento en la calidad de las viviendas, el financiamiento a la clase media, la atención de las emergencias, la calidad de vida de las personas, la articulación intersectorial en la planificación, la Política y Plan Nacional

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de Vivienda y Asentamientos Humanos y el fortalecimiento institucional. Algunas de sus competencias son: • Identificar y localizar, geográficamente, las necesidades residenciales del país. • Caracterizar las comunidades y poblaciones meta. • Elaborar modelos de intervención de las comunidades y poblaciones meta, en materia de vivienda y asentamientos humanos. • Promover los procesos de formulación de las políticas, directrices, lineamientos y planes nacionales, en materia de ordenamiento territorial y vivienda. • Establecer lineamientos, en materia de vivienda y asentamientos humanos, para la atención de emergencias ocasionadas por fenómenos naturales. • Fomentar la generación de nuevos productos, financieros y constructivos, que satisfagan las necesidades residenciales de la población. • Gestionar acciones de cooperación técnica y financiera en materia de vivienda. • Mantener actualizado un sistema de información estratégica, en materia de ordenamiento territorial y vivienda. • Evaluar el cumplimiento de políticas, directrices, lineamientos y planes vigentes, en materia de ordenamiento territorial y vivienda. En materia de género, el MIVAH ha creado una Comisión Institucional de Transversalización de Género, para elaborar la Política de Igualdad y Equidad de Género de la Institución. La Política Nacional de Vivienda y Asentamientos y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y sus Planes, contempla como eje transversal el enfoque de derechos y el enfoque de género. Existe una Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género con sus planes a mediano plazo, como marco gubernamental que tienen seguimiento en una Comisión que coordina el INAMU, donde se articulan dichas acciones afirmativas a favor de la equidad e igualdad, como un principio de derechos humanos.

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) el ente encargado de velar por la atención de las personas que carecen de vivienda digna o de un lugar físico donde puedan mantener estilos de vida saludables. El INVU es una organización autónoma del Estado creada en 1954, tiene gobierno propio y patrimonio propio (situación que varió a raíz de la creación del Sistema Financiero para la Vivienda). Su campo de acción se realiza en actividades de interés público para la población en condición de pobreza y vulnerabilidad.

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Según información obtenida en su sitio web, los objetivos principales del ente desde su creación han sido “orientar sus actividades hacia la obtención de un mayor bienestar económico-social, procurando a la familia costarricense una mejor habitación, y los elementos conexos correspondientes” (INVU, 2014). Por otro lado, dentro de otras funciones se encuentra planear el desarrollo y el crecimiento de las ciudades y otros centros menores con el fin de promover el mayor uso de la tierra, localizar las áreas públicas para servicios comunales, establecer sistemas funcionales de calles y fomentar planes de inversión en obras de uso público para que sean ejecutados por los municipios u otras entidades públicas, reparar y reglamentar planes reguladores para los conglomerados urbanos del país y eliminar de las áreas urbanas, en forma gradual edificaciones y viviendas insalubres o peligrosas, mediante planes de reconstrucción o readaptación de los mismos. Como bien se recalca, la función principal de este ente es dar prioridad a la solicitud de “Bonos de Vivienda” siempre y cuando las personas solicitantes tengan un lote propio y con papeles de escritura. Además de velar porque el dinero destinado a la construcción de vivienda sea invertido para este fin. Sin embargo, el INVU en los últimos años ha creado y diseñado una serie de ejes temáticos cuyo foco de atención se ha centrado en dar vivienda a las mujeres que están en riesgo social, en situación de pobreza, en vulnerabilidad o bajo la condición de privadas de libertad. Para garantizar el cumplimiento de esa meta, el INVU ha propuesto comprar fincas o propiedades (pertenecientes a narcotraficantes o de las municipalidades) con el fin de destinarlas a las mujeres en tales condiciones. Asimismo, este sistema aplica para las mujeres que ingresan al sistema penitenciario, para lo cual previo al proceso de compra, se realiza una investigación enfocada en hacer un diagnóstico de la situación de cada reclusa. Durante este diagnóstico se elabora un documento en el que se dicta si cada una de las mujeres califica por un lote, o bien, si estas ya cuentan con un terreno. De tener un lote inscrito a nombre de las mujeres privadas de libertad se dan todas las facilidades para construir una vivienda digna, donde puedan vivir ellas junto con sus familias y mejorar su calidad de vida. En la actualidad el INVU brinda una cantidad de dinero significativa (en total el bono para la construcción de vivienda es de 12 millones de colones y se dan a las personas en pobreza extrema). Esta suma alcanza para construir una vivienda cómoda, con espacios divididos en cuartos, baños, cocina, sala y comedor. A pesar de los esfuerzos realizados, diferentes estudios sobre el tema de la vivienda digna manifiestan que no existe el suficiente liderazgo institucional. Debido a que las acciones se caracterizan por tener poca articulación y la oferta institucional general,

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no tiene perspectiva de género; esto debido a que no se visualizan las necesidades de las mujeres como tal.

Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) Mediante la Ley 7052, se creó en el año 1986 el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) con el propósito de “resolver de forma ordenada y conjunta con el sector privado, el problema habitacional de los sectores más pobres del país.” (BANHVI, 2014). El BANHVI es una entidad de carácter no estatal, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Entre sus funciones están: “(…) administrar los recursos asignados por la Ley para invertirlos en Bonos de Vivienda, supervisar la distribución y uso de estos recursos y gestionar mediante productos financieros, nuevos ingresos para garantizar la sostenibilidad al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda”. (BANHVI, 2014). Tabla 7. Programas del BANHVI Programas

Población meta

Forma de trámite

Regular

Familias con terreno propio o que pueden adquirir un crédito o realizar un aporte o ahorro que complemente el Bono de Vivienda para completar el monto de la solución habitacional.  

Los casos se tramitan directamente en las entidades autorizadas del SFNV, el BANHVI revisa los expedientes y aprueba o rechaza los casos, según el cumplimiento de los requisitos o condiciones.

Programa Extrema Necesidad, Erradicación de tugurios y atención de emergencias

Familias, adultos mayores solos o familias con algún miembro con discapacidad, que viven situación de extrema necesidad, en tugurios y/o afectados por emergencia, que requieren un subsidio que abarque la compra del lote y la construcción de la casa; o bien ser reubicados en un proyecto habitacional.  

En estos casos se aplica se aplica el artículo 59 de la Ley del SFNV, y cada caso debe ser tramitado en las entidades autorizadas, para luego ser revisado por parte del BANHVI. Requiere de la aprobación de la Junta Directiva de este banco.

Fuente: Elaboración propia con base en BANHVI, 2014.

Esta entidad facilita sus servicios por medio de entidades autorizadas (mutuales, cooperativas, fundaciones, bancos públicos y privados), beneficiando a las familias más pobres a través de la concesión del Bono Familiar de Vivienda. El BANHVI trabaja mediante dos tipos de bonos: 1) Bono familiar para la Vivienda y 2) Bono Comunal. El Bono Familiar de Vivienda (BFV) es una donación que el Estado otorga a las familias de escasos recursos económicos, personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar  y ciudadanos/as adultos mayores solos, entre otros clientes,  para que unido a su capacidad de crédito, solucionen sus problemas de vivienda (BANHVI, 2014).

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Los casos se tramitan en las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).  En este grupo, existen dos tipos de programas, el regular y el de extrema necesidad, erradicación de tugurios y atención de emergencias. Por otra parte, el Bono Comunal se creó con el fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades que se encuentran en condición precaria, mediante la dotación de infraestructura. Se realiza mediante este programa inversión en parques, sistemas de aguas pluviales, aguas sanitarias y restauración de lugares de esparcimiento y recreación. Las comunidades son elegidas bajo criterios establecidos por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, dando especial atención a las comunidades con población en riesgo social, exclusión y vulnerabilidad. Por su parte, el BANHVI es responsable de aprobar el financiamiento, luego de los estudios técnicos y financieros respectivos.

Los Gobiernos Locales: fortalezas para la creación de alianzas Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) nace en 1977, mediante la Asamblea Constitutiva en la que se definieron sus estatutos. La UNGL es una entidad de derecho público, con carácter nacional, “con plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones de acuerdo con la legislación vigente; con patrimonio propio y libre administración de sus bienes e integrada por todas las Municipalidades y Federaciones de Municipalidades de Costa Rica” (UNGL, 2014). La UNGL cuenta con un programa de Incidencia Política que permite ejercer influencia en los grupos de toma de decisiones en relación con la normativa y política pública de las municipalidades. Así, se trabaja en la construcción de agendas municipales, es decir, se establecen acuerdos con los actores municipales, para posteriormente llevar las demandas e inquietudes al Poder Ejecutivo y Legislativo (UNGL, 2014). Asimismo, se ejecuta el programa de Carrera Administrativa Municipal, como un “sistema de gestión para el desarrollo de los recursos humanos municipales, a través de herramientas o instrumentos técnicos” (UNGL, 2014). Este sistema permite contar con personal más calificado, motivado y adecuado a los puestos municipales. Con la Carrera Administrativa Municipal se pretende que se implemente este concepto en cada Municipalidad, Federaciones, Asociaciones y Concejos Municipales de Distrito, para que se tenga en cada una de las instancias profesionales capacitados para que se logren los fines propuestos (UNGL, 2014). Finalmente, es necesario indicar que la UNGL cuenta con una Unidad de Comunicación, con el fin principal de que los medios de comunicación y los ciudadanos se

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sensibilicen sobre la labor que se realiza en el espacio local, fundamentalmente en lo que respecta al fortalecimiento del desarrollo de los cantones.

Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM) La RECOMM se ha constituido en un mecanismo de coordinación y participación política de las mujeres con el fin de lograr “el fortalecimiento del liderazgo individual y colectivo de las mujeres en el espacio local, así como la incidencia para la formulación de políticas públicas municipales a favor de la igualdad y la equidad de género” (UNGL, 2014). Actualmente, la Red está integrada por más de 200 mujeres municipalistas (alcaldesas, vicealcaldesas, regidoras, síndicas, concejalas e intendentas), basadas en los principios de pluripartidismo, sororidad, transparencia, multiculturalidad y respeto a la diversidad (UNGL, 2014). Con la RECOMM se han hecho esfuerzos para empoderar a las mujeres, conscientes de que la participación femenina en el espacio local no ha sido fácil. La Junta Directiva de la RECOMM se ha planteado varias líneas de trabajo, entre las que se pueden destacar: reactivar las filiales provinciales de la Red, como espacios idóneos para proveer a las Municipalistas de herramientas de capacitación, liderazgo, negociación política y acompañamiento legal, según sean sus necesidades particulares (UNGL, 2014).

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) El IFAM es la instancia de carácter público que se encarga de incentivar y promover la revisión y mejoramiento del Régimen Municipal a través de capacitaciones, apoyo a los procesos de descentralización, financiamiento y apoyo técnico (IFAM, 2014). Asimismo, el IFAM debe garantizar que se cumpla su objetivo principal el cual consiste en el funcionamiento de forma eficiente de los Gobiernos Locales, para lo cual se requiere el mejoramiento de la administración pública municipal (IFAM, 2014). Asimismo, el IFAM tiene dentro de sus funciones: • Contribuir al mejoramiento de los servicios públicos municipales. • Ayudar al mejoramiento de los servicios públicos y a la ejecución de proyectos y obras en beneficio del desarrollo local y regional a través de la Dirección de Desarrollo Municipal. • Estimular el funcionamiento eficiente del Gobierno Local y el mejoramiento de la administración pública municipal, por medio de la Dirección de Desarrollo Institucional operando como instancia especializada en la generación de capacidades humanas, mediante programas permanentes de capacitación y adiestramiento dirigido a las autoridades y personal municipal.  • Contribuir con el fortalecimiento del Régimen Municipal.

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• Brindar apoyo a los Gobiernos Locales con el propósito de promover el proceso de descentralización.   Se debe destacar que para el cumplimiento de algunas de sus funciones, el IFAM ha establecido alianzas estratégicas con organizaciones y entidades de diversa índole. Ejemplo de ello es la alianza con FOMUDE para la creación del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, para facilitar la oferta educativa al personal del régimen municipal (IFAM, 2014). Asimismo, se cuenta con la Dirección de Desarrollo Municipal, encargada de brindar asistencia técnica sistematizada a los Gobiernos Locales, bajo parámetros de calidad, seguimiento y evaluación, con el fin de que fortalezcan las competencias laborales, el desarrollo local, el fortalecimiento administrativo de los municipios y la eficiencia en la prestación de los servicios (IFAM, 2014). Es importante destacar que conscientes de la necesidad de contar con una sociedad más igualitaria el IFAM cuenta con una política de género.

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METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS

Metodología Para la elaboración de este documento se realizó en primer lugar un levantamiento descriptivo de la información necesaria, pero con un fuerte componente analítico-crítico, que permitiera identificar en todo momento no solo las necesidades y demandas desde una perspectiva de género, sino también propuestas de acción desde la perspectiva de las mujeres en contacto con el Sistema Penal en situaciones de vulnerabilidad y de sus familiares dependientes. La búsqueda de información se realizó sobre la base del Plan de Acción Nacional elaborado por la Defensa Pública, este principio y horizonte permeó la conducción del trabajo, mediante la investigación documental y la realización de consultas, utilizando los métodos cualitativos y cuantitativos. Los Lineamientos orientadores del proceso de investigación, como parte del análisis para la elaboración del documento, partieron de lo siguiente: 1. Actores a analizar 2. Análisis jurídico - institucional 3. Análisis de competencias y capacidades institucionales 4. Análisis empírico (estadísticas sobre sistemas penitenciarios y género) 5. Toma de decisiones: • Rol de las instituciones • Nivel de participación en los diferentes niveles de toma de decisiones –– alto (permanente) –– medio (ocasionalmente) –– bajo (esporádicamente) • Niveles, formas, alcances, mecanismos y estilos de coordinación. Cuando se habla de fuentes documentales, esto refiere a todos aquellos textos teóricos, académicos, jurídicos y/o institucionales de fuentes reconocidas y oficiales, que describen el marco de las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres en contacto con el Sistema Penal y las potestades de las instituciones involucradas. Por otra parte, lo que refiere a informantes clave abarca a las personas que por ser expertas en temas de género, sistema penal y penitenciario, marco normativo e institucional,

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están en la capacidad, desde esa posición, de brindar información relevante y significativa para la elaboración del documento, principalmente las personas representantes ante la Comisión Interinstitucional para el Atención Integral de Mujeres vinculadas a un proceso penal y el equipo contraparte de la Defensa Pública. Adicionalmente, deben considerarse informantes, a las mujeres en su diversidad, sean mediante su participación en ONGs, por ser activistas reconocidas o posibles beneficiarias que brindan información de primera mano. Desde el punto de vista de la recolección de información de informantes clave, debido al tiempo de ejecución y para maximizar los recursos con los que se cuenta, se realizaron entrevistas en cada una de las instituciones involucradas, un taller de consulta, se participó activamente en las reuniones de la Comisión y reuniones de trabajo con el equipo contraparte de la Defensa Pública. Como fuentes primarias y oficiales, principalmente, se analizó la información suministrada en primera instancia por la Defensa Pública y, posteriormente, por las instituciones que pertenecen a la Comisión Interinstitucional para la Atención Integral de Mujeres vinculadas a un proceso penal. Específicamente, para la elaboración de las minutas se valoraron cuatro instrumentos, los utilizados por la Fiscalía y la Defensa Pública en la primera entrevista a las mujeres que ingresan al Sistema Penal, la Ficha de Información Social (FIS) utilizada por el IMAS y el cuestionario de Diagnóstico de Necesidades elaborado por el ICD y el Ministerio de Justicia, con el objetivo de construir una minuta que sintetice la información básica necesaria sobre las mujeres por parte de las instituciones involucradas. Cabe señalar que finalmente se decidió utilizar por parte de la Defensa Pública el instrumento de ingreso de las mujeres elaborado por el INAMU, ya que va ser a esta institución a la que se derivarán las mujeres, para así maximizar esfuerzos y recursos. Para la elaboración del Protocolo de coordinación interinstitucional de la Red se confeccionó una propuesta base que fue enviada a todas las instituciones participantes, las cuales enviaron sus observaciones a los borradores por escrito y en dos sesiones de trabajo se terminó de consensuar el documento final. Cabe señalar, que es recomendable que a lo interno de la red se acuerde un protocolo de actuación para las acciones de exigencia, ya que esto no fue incorporado en el documento que se firmó. Como fuentes secundarias de información se revisaron documentos elaborados por ONGs, medios de comunicación e informes gestados por entidades de reconocida trayectoria, los principales: • Resultado del Mapeo sobre Estructuras, Políticas e Instrumentos con enfoque de género en las Cortes Supremas de Justicia de América Latina y el Caribe Hispano del PNUD

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• Informe Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas de la Relatoría sobre los Derechos Humanos de la Mujer de la OEA • Informes de cumplimiento de la CEDAW de los países, informe MESECVI sobre la implementación de la Convención Belem Do Pará, entre otros. • Sistema de Naciones Unidas: como el Informe de Secretaria General sobre la situación de la violencia contra las mujeres o el elaborado por ONU Mujeres sobre Progreso de las Mujeres en el Mundo Cabe señalar el trabajo directo y fluido durante todo el proceso de elaboración del documento con el equipo contraparte de la Defensa Pública y la actitud de apertura y colaboración para la construcción del mismo por parte de las instituciones participantes de la Comisión Interinstitucional para la Atención Integral de Mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad.

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MODELOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VINCULADAS A UN PROCESO PENAL Y SUS FAMILIARES DEPENDIENTES EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

Modelo de la Defensa Pública Principios En este apartado se consideran los principios que orientan trasversalmente el modelo, los cuales se consideran en el diseño de todos sus componentes pues actúan como punto de partida para la elaboración del mismo. Estos principios consideran la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa internacional y nacional que Costa Rica ha suscrito en materia de derechos humanos, género y sistemas penitenciarios. 1. Enfoque de Derechos: en el diseño de este modelo se toman como base los principios y derechos humanos establecidos en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales, atendiendo a la obligación de progresividad y no regresión en la tutela de estos derechos. El camino de respeto de los derechos humanos debe aplicarse integrando también el de género. En este enfoque integral, interesa destacar que la reivindicación de la igualdad como principio normativo y como derecho, se sustenta en el principio ético de la justicia: no es justa la convivencia y la competencia en desigualdad. En el marco de los derechos de las mujeres, hablar de igualdad no significa identidad con los hombres; significa tener las mismas oportunidades, ser reconocidas y tratadas como iguales, con los mismos derechos y deberes, pero también con la misma posibilidad de obtener beneficios, ya que todas las personas tienen el mismo valor y dignidad (Aguilar y Piedra, 2009). 2 Eficiencia y eficacia: el modelo procura mejorar la coordinación interinstitucional y asegurar una atención integral por parte de las instituciones del Estado que deben atender las necesidades de las mujeres y de sus familiares dependientes en condición de vulnerabilidad en el Sistema Penal, a través de una respuesta ágil y aplicando la simplificación de trámites. Con las reformas al artículo 50 de la Constitución Política que señala la obligatoriedad del Estado de procurar el mayor bienestar a todos los y las habitantes del país, de manera que existe una obligación de desarrollar planes para el bienestar social, y la del

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artículo 11, que redefine el principio de sumisión de las autoridades públicas a las normas escritas y la inclusión del mandato de evaluar los resultados y la rendición de cuentas, se delinea un nuevo enfoque que deja en claro que las atribuciones que se confieren por ley a las autoridades públicas llevan implícitas la obligación de cumplirse, pero lo más relevante es quizá, que no solo deben actuar apegados a la ley, sino que tienen la obligación de ser eficientes, lo que tiene un efecto directo sobre todos los servicios que presta la institucionalidad costarricense. En este marco, el conflicto penal es visto como una oportunidad para las mujeres, ya que permite identificar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran para dar una respuesta integral a sus necesidades, pues en la práctica la respuesta del sistema penal a situaciones de conflicto es una respuesta fría, indiferente y fragmentada que invisibiliza la situación de vulnerabilidad social que enfrentan las mujeres sometidas a un proceso penal y sus familiares dependientes. 3. Igualdad y equidad de género: el modelo parte de las condiciones de discriminación que viven las mujeres, sustentadas en la diferenciación de su rol social y familiar, al promover acciones afirmativas que permitan avanzar hacia la igualdad de oportunidades y derechos, así como la equidad entre los género. El logro de la igualdad entre las mujeres y los hombres es una cuestión de derechos humanos, de creación de condiciones para la justicia social y no deben considerarse en forma aislada como un asunto de las mujeres. Toda inequidad de género es una desigualdad innecesaria, injusta y evitable. La interpretación de la igualdad como principio normativo (Declaraciones, Constitución, entre otros.) y como derecho, debe sustentarse en el principio ético de la justicia. Desde este punto de vista la igualdad formal no refleja la condición y las oportunidades de las mujeres en relación con los hombres y, por tanto, se deben tomar las medidas correctivas necesarias para lograr tanto la igualdad de oportunidades y derechos, como la equidad entre los género. A diferencia de la igualdad formal, la igualdad real es todavía una aspiración, si se analiza desde el punto de vista de distribución de recursos, beneficios y cargas materiales y simbólicas entre hombres y mujeres (Aguilar y Piedra, 2009). Las acciones afirmativas son medidas especiales temporales para corregir las condiciones persistentes de la discriminación de hecho, mientras tales condiciones persistan y hasta que se alcance la igualdad de oportunidades y de resultados con respecto a los hombres. Se hacen necesarias para superar la asimetría ocasionada por una práctica social desigual y discriminatoria, lo que requiere un trato desigual que tome en cuenta las diferencias. Constituyen una estrategia destinada hacia la igualdad de oportunidades y tienen como finalidad poner en marcha programas concretos para proporcionar a las mujeres ventajas concretas. También son llamadas políticas de diferenciación para la igualdad o discriminación positiva o inversa (Torres, 2010). 4. Integralidad y conciliación de la respuesta Institucional. Se procura articular las respuestas de las diferentes Instituciones que tienen competencias y responsabilidades

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para potenciar el desarrollo humano de las mujeres, de manera que trascienda la respuesta penal y que considere su entorno familiar, de acuerdo con sus necesidades e intereses concretos. La conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, que considere a su vez la redistribución de las tareas reproductivas entre el Estado, el mercado y las familias, sigue siendo una tarea pendiente. Es vital, para potenciar el desarrollo humano de las mujeres conciliar la vida familiar y laboral, en este caso en particular su situación de vulnerabilidad, por medio de una institucionalidad que se oriente en esta dirección y que haga hincapié en la necesidad de encaminar las políticas hacia esta conciliación y se plantee al Estado y a la sociedad en su conjunto el fortalecimiento de iniciativas para que las mujeres superen los obstáculos que les impiden tener mayor movilidad y mejores condiciones sin discriminación para el pleno ejercicio de su ciudadanía. (CEPAL, 2010: 12). Si se asume que la producción y la reproducción plantean el problema de la articulación entre el sistema de empleo y la familia, y que esta última ha sido el espacio desde el cual el trabajo de las mujeres ha contribuido a concretar el derecho al cuidado de las personas, que además tiene una fuerte vinculación con el hecho de que las mujeres comenta un delito, es necesario que este pacto implícito en la formulación de las políticas públicas se transforme en un pacto explícito abordándolo desde la perspectiva de la titularidad de los derechos de quienes dan y reciben cuidado. (CEPAL, 2010: 29).

Objetivos En este apartado se exponen los objetivos que persigue el modelo para dar cumplimiento a la función que le ha sido confiada a la Defensa Pública de dar una respuesta integral y reparar el derecho constitucional vulnerado, a las mujeres que se encuentra en situación de vulnerabilidad y sus familiares dependientes, logrando de esta forma fomentar la equidad social, ya que genera la posibilidad de acceso más directo de las mujeres a las distintas instituciones públicas con competencias en el materia, produciendo un impacto positivo de integración social. 1. Recabar información de las mujeres y sus familiares dependientes para el traslado de ésta a las instituciones y organizaciones responsables de atender y solucionar la situación de vulnerabilidad que es detectada en primera instancia por los defensores y defensoras públicas penales. 2. Promover la intervención efectiva, a través de una red de apoyo de instituciones públicas responsables de brindar respuesta ante situaciones de vulnerabilidad de las mujeres en el Sistema Penal y de sus familiares dependientes. 3. Procurar la reivindicación de la situación social y económica de las mujeres en condición de vulnerabilidad y sus familiares dependientes, a través de una Red

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Interinstitucional de Apoyo que les provea de un proyecto de vida y que minimice la posibilidad de reincidencia. 4. Establecer mecanismos y procedimientos para el seguimiento de los casos remitidos a la Red Interinstitucional y para exigir una respuesta efectiva.

Desarrollo del modelo Impacto en la Estructura Organizacional y las Funciones a lo interno de la Defensa Pública En este apartado se consideran las funciones que corresponde a los intervinientes en el proceso de detección y derivación de los casos de mujeres en condición de vulnerabilidad que tienen contacto con el sistema penal, así como de sus familiares dependientes. Cabe señalar, que una vez revisados y analizados los modelos organizacional, de gestión y el Manual de Funciones de la Defensa Pública dentro del Poder Judicial no se considera necesario hacer una actualización de los mismos, ya que las funciones necesarias para poner en marcha el protocolo de actuación están inmersas en lo ya establecido, lo que si es necesario es una directriz clara desde la Dirección de la Defensa Pública sobre el accionar en estos casos, siguiendo los nuevos lineamientos establecidos y la capacitación sobre perspectiva de género para procurar una mayor eficiencia y eficacia en las gestiones. A lo interno de la Defensa Pública se identifican, al menos, seis puestos con funciones relacionadas con este proceso que se detallan a continuación: Dirección de la Defensa Pública: • Orientar las gestiones de coordinación interinstitucional al más alto nivel; • Supervisar y asesorar las labores de los defensores y las defensoras públicas en los casos complejos y delicados de mujeres identificadas como de alta vulnerabilidad; • Velar por eliminar las acciones de discriminación de género que limiten el derecho de acceso a la justicia de las mujeres. Coordinador o coordinadora de proyecto: • Servir de enlace entre la Defensa Pública y las instituciones encargadas de canalizar la ayuda a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad; • Elaborar el Plan Anual Operativo del proyecto; • Elaborar propuestas de lineamientos para la mejora de la ejecución del Proyecto; • Presentar informes semestrales a la Dirección de la Defensa Pública; • Resolver dudas de los coordinadores o coordinadoras de oficina respecto de la ejecución del proyecto;

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• Verificar periódicamente, en conjunto con la Red Interinstitucional, la efectividad de la respuesta institucional de los casos remitidos por la Defensa Pública; • Supervisar el trabajo de recolección de la información de los y las defensores públicos. Coordinador o coordinadora de Oficina: • Servir de enlace con las oficinas regionales de las Instituciones que conforman la Red; • Apoyar al Coordinador del Proyecto en la Elaboración y Ejecución del Plan Anual Operativo; • Resolver dudas de los defensores y defensoras respecto de la ejecución del proyecto; • Verificar el cumplimiento de las directrices emitidas por la Dirección de la Defensa Pública. Defensor o defensora pública supervisora: • Verificar, por medio de las actividades de supervisión, el cumplimiento de las directrices relacionadas con la ejecución de este proyecto; • Informar al coordinador del Proyecto y de la Oficina correspondiente cualquier incumplimiento, irregularidad o propuesta de mejora en la ejecución de este modelo. Defensor y defensora pública: • Informar a la usuaria sobre la existencia de la Red Interinstitucional y sus objetivos; • Recolectar la información de la minuta de diagnóstico de necesidades de las mujeres; • Valorar las condiciones de vulnerabilidad y determinar la procedencia o no de remitir el caso a la Red Interinstitucional8; • Identificar y ejecutar las primeras acciones en casos urgentes a seguir por parte de la Defensa Pública para dar respuesta interinstitucional; • Solicitar el consentimiento informado de la usuaria para remitir su caso a la Red Interinstitucional y • Trasladar la información a la persona encargada para su sistematización (auxiliar administrativo). Auxiliar administrativo: • Recibir la información recopilada por el defensor o defensora pública y alimentar el sistema; • Trasladar el caso a la Red Interinstitucional con copia al coordinador o coordinadora de Oficina y al Defensor o Defensora de la usuaria; 8. Capacitar a los defensores y defensoras para que utilicen la canalización que se hace a la Red como una herramienta para evitar la imposición de medidas cautelares, la promoción de soluciones alternativas, así como en ejecución de la pena, para efectos de proponer cambios de modalidad de ejecución de la pena. Lo anterior, atendiendo a sus situaciones de vulnerabilidad asociadas a la comisión del delito.

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• Remitir mensualmente a la Unidad Administrativa de la Defensa Pública la información de los casos enviados a la Red Interinstitucional; • Informar a la usuaria sobre la remisión del caso a la Red y • Colaborar con otras actividades relacionadas con la ejecución del Proyecto. Estadístico/a Como parte del equipo profesional con que cuenta la Unidad Administrativa de la Defensa Pública, se espera que la persona encargada de estadística, ejecute las siguientes funciones con respecto al presente proyecto: • Analizar la información incorporada a la base de datos; • Elaborar informes periódicos sobre el comportamiento de los indicadores establecidos; • Realizar proyecciones y recomendaciones sobre el Proyecto y • Revisar periódicamente los instrumentos de recolección de la información con el objetivo de implementar mejoras.

Protocolo y Procesos derivados9 A continuación se describen el proceso que conlleva la ejecución de modelo de gestión de los casos de mujeres en condiciones de vulnerabilidad y sus familiares dependientes, que tienen contacto con el sistema penal, a lo interno de la Defensa Pública en dos niveles, el operativo y el estratégico.

1. Operativo: Durante el cual se procede a detectar los casos y derivaciones Cuando una mujer tiene una acercamiento con el sistema penal, el primer contacto va a ser la atención que le brinde un defensor o defensora pública, quien debe informarle sobre la existencia de la Red Interinstitucional y sus objetivos, con el propósito de solicitar su consentimiento para recolectar información básica de interés para luego valorar si es procedente la remisión de su caso a la Red. Para recolectar la información el defensor o defensora va a utilizar la minuta de diagnóstico de necesidades, y luego valorar si es procedente la remisión de su caso a la Red. Si la mujer o sus familiares dependientes están en condición de vulnerabilidad y se considera, por parte de la persona defensora, que es un caso a derivar, se le socita a la usuaria que firme el consentimiento informado e indique que información puede ser referida y cuál no. 9. Cabe señalar que los diseños de los diagramas de flujo fueron elaborados por el Ing. Jorge Quesada Pacheco, funcionario de la Defensa Pública con la información suministrada.

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Adicionalmente, el defensor o defensora debe identificar los casos urgentes, que por ser día no hábil o fuera de horario laboral, deben ser atendidos de emergencia. Estos casos son los referidos a violencia intrafamiliar y/o doméstica (peligro de muerte de la mujeres y sus hijos e hijas), condiciones de las personas menores de edad a su cargo (que queden desprotegidos o sin personas adultas a su cargo) o personas enfermas que deben ser referidas a algún centro de salud; para estos casos se debe ejecutar la primera acción por parte de la Defensa Pública que es llamar al 911, donde las instituciones encargadas de estos temas tienen establecidas medidas para dar respuesta inmediata. En caso de duda sobre si la mujer se debe referir a la Red o las acciones de urgencia, el defensor o defensora debe consultar al coordinador/a de oficina sobre cómo proceder, quien resuelve las consultas planteadas y, en caso de no tener clara la respuesta tampoco, pregunta al coordinador/a de Proyecto, quien es la persona que en última instancia, ante cualquier duda, debe resolver las consultas plateadas por el Coordinador/a de Oficina. Resultas todas las consultas y dudas, el defensor/a traslada la información al auxiliar administrativo que es la persona encargada de su sistematización, de ingresar la información en el sistema, de trasladar el caso a la Red Interinstitucional con copia al coordinador o coordinadora de Oficina y al Defensor o Defensora de la usuaria y, finalmente, de informar a la usuaria sobre la remisión de su caso. En este punto, se da por finalizado el proceso operativo interno de la Defensa Pública e inicia el proceso de la Red. Diagrama de flujo N° 1 Proceso Operativo de la Defensa Pública

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Funcionario/a

Actividades

Defensor/a

Informa a la usuaria la existencia de la Red Interinstitucional y sus objetivos, con el fin de solicitar su consentimiento para recolectar información de interés para luego valorar si es procedente la remisión de su caso a la Red

Defensor/a

Recolecta la información de la minuta de diagnóstico de necesidades de las mujeres y familiares dependientes

Defensor/a

Valora las condiciones de vulnerabilidad y determina la procedencia o no de remitir el caso a la Red Interinstitucional

Defensor/a

Identifica y ejecuta las primeras acciones a seguir por parte de la Defensa Pública para dar respuesta interinstitucional en casos urgentes

Defensor/a

En caso de duda consulta al coordinador/a de oficina

Coordinador/a de Oficina

Resuelve consultas planteadas por el defensor o defensora y, en caso de no tener clara la respuesta, pregunta a coordinador/a de Proyecto

Coordinador/a de Proyecto

Resuelve consultas plateadas por el Coordinador/a de Oficina

Defensor/a

Traslada la información a la persona encargada para su sistematización (auxiliar administrativo)

Auxiliar administrativo

Recibe la información recopilada por el defensor o defensora pública y alimenta el sistema

Auxiliar administrativo

Traslada el caso a la Red Interinstitucional con copia al coordinador o coordinadora de Oficina y al Defensor o Defensora de la usuaria

Auxiliar administrativo

Informa a la usuaria sobre la remisión del caso a la Red

Diagrama de flujo N° 2 Proceso Operativo de la Defensa Pública por puestos

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2. Estratégico: Monitoreo y valoración de los casos. El proceso estratégico es el que va a definir al más alto nivel de la Defensa Pública, las grandes directrices para la ejecución del proyecto y va a monitorear y evaluar en todo momento la ejecución del mismo. Para esto en primer lugar el Coordinador/a de proyecto debe elaborar el Plan Anual Operativo (PAO) indicando las acciones y las metas a cumplir según los instrumentos de planificación utilizados por la Defensa Pública, el cual debe referir a la Dirección para su aprobación. La Dirección de la Defensa Pública revisa la propuesta de PAO, en caso de requerir modificaciones, solicita realizarlas al Coordinador del Proyecto y una vez que el documento esté a satisfacción lo aprueba para iniciar con su ejecución. En Coordinador/a de proyecto con el PAO aprobado, planifica su ejecución y seguimiento, para lo cual debe elaborar las directrices de trabajo que traslada junto con el PAO al personal de la Defensa Pública. En este punto, de manera paralela se van a ejecutar varias acciones para la ejecución y el seguimiento del proyecto: una por parte de los coordinadores/as de oficina, otra por el Auxiliar administrativo en coordinación con el estadístico/a, y finalmente, la que ejecutan los defensores/as supervisores. 1. El coordinador/a de Oficina define y difunde los lineamientos para la ejecución del PAO en la dependencia a su cargo y brinda seguimiento periódico sobre lo que se está ejecutando. Adicionalmente, realiza informes semestrales al coordinador/a del proyecto utilizando la minuta elaborada para este fin. 2. El Auxiliar Administrativo debe realizar un informe mensual de casos remitidos a la Red Interinstitucional, utilizando los dos indicadores del proyecto, que remite al estadístico, quien a su vez, con la información recibida por todas las oficinas debe sistematizarla y elaborar informes trimestrales, que traslada al coordinador del proyecto. 3. Adicionalmente, los Defensores/as Supervisores definen lineamientos para dar seguimiento del cumplimiento de los objetivos del PAO, identifican y verifican el cumplimiento del mismo y las directrices relacionadas con la ejecución del proyecto e informan al coordinador/a del proyecto el resultado obtenido utilizando el instrumento de seguimiento. Con toda la información suministrada por los coordinadores/as de oficina, supervisores/as y estadístico/a sobre la ejecución del proyecto, el Coordinador/a del mismo la analiza, identifica oportunidades de mejora y elabora un informe semestral, utilizando el instrumento elaborado para este fin y presenta un informe con recomendaciones a

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la Dirección de la Defensa Pública. A partir de este punto, el Coordinar del proyecto incorpora las directrices de la Dirección para el siguiente PAO e inicia de nuevo el proceso. Diagrama de flujo N° 3 Proceso Estratégico de la Defensa Pública

Funcionario/a

Actividades

Coordinador/a de proyecto

Elabora el Plan Anual Operativo (PAO) del proyecto

Coordinador/a de proyecto

Traslada el PAO a la Dirección para aprobación

Dirección de la Defensa Pública

Aprueba PAO. En caso de requerir modificaciones, solicita realizarlas al Coordinador del Proyecto.

Coordinador/a de proyecto

Planifica ejecución y el seguimiento del PAO

Coordinador/a de proyecto

Elabora directrices de trabajo

Coordinador del proyecto

Traslada PAO y directrices al personal de la Defensa Pública

Coordinador/a de Oficina

Define y difunde lineamientos para la ejecución del PAO en la Oficina.

Coordinador/a de Oficina

Da seguimiento y realiza informes semestrales al coordinador/a del proyecto

Auxiliar Administrativo

Realiza informe mensual de casos remitidos a Red Interinstitucional para el estadístico

Estadístico/a

Elabora informes trimestrales que traslada al coordinador del proyecto

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Funcionario/a

Actividades

Defensores/as Supervisores

Define lineamientos para seguimiento del cumplimiento de los objetivos del PAO

Defensores/as Supervisores

Identifica y verifica cumplimiento del PAO y las directrices relacionadas con la ejecución del proyecto

Defensores/as Supervisores/as

Informa al coordinador/a del proyecto el resultado del seguimiento del PAO

Coordinador/a de proyecto

Analiza toda la información suministrada -coordinador/a de oficina, supervisores/as y estadístico- sobre la ejecución del proyecto

Coordinador/a de proyecto

Identifica oportunidades de mejora

Coordinador/a de proyecto

Elabora informe semestral

Coordinador/a de proyecto

Presenta informe con recomendaciones a la Dirección de la Defensa Pública

Coordinador/a de proyecto

Incorpora directrices de la Dirección para el siguiente PAO

Diagrama de flujo N° 4 Proceso Estratégico de la Defensa Pública por puestos

Recomendaciones para la Recolección, Registro y Derivación de la Información • Atender en forma prioritaria a las mujeres: lógicamente ya que son las beneficiarias del programa, sin perjuicio de la futura ampliación del mismo a todas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad durante su vinculación con el sistema penal, es necesario destacar la necesidad de la presentación del lado no jurídico de la defensa pública por parte de éstos con la aplicación de la minuta a la usuaria. Adicionalmente, es prioritario que desde la indagatoria de la fiscalía la mujer cuente con la asesoría de la Defensa Pública y se generen los canales de comunicación efectivos entre ambas instancias cuando ingresa una mujer al sistema.

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• Asegurar la efectiva comunicación a través de la retroalimentación interna: en este punto se deben mejorar los canales de comunicación con la fiscalía cuando ingresa una mujer al sistema y seguir los procesos establecidos. • Cuidar el lenguaje a emplear: cuando la beneficiaria no entienda la pregunta, habrá que reformularla por la defensa pública, incluso llegando a preguntar lo que ha entendido o no la usuaria. Se recomienda utilizar oraciones cortas, en lenguaje sencillo, evitando tecnicismos. • Proporcionar información básica acerca de los derechos y obligaciones: dentro del derecho a la defensa de la usuaria, ante las dudas que pueda tener ésta y las situaciones de inseguridad que la entrevista pueda producir en ella es vital informar sobre el secreto del profesional de la defensa pública, que una vez completado el cuestionario éste será derivado a las instituciones correspondientes con su consentimiento, de no ser así esta información no será trasladada y que su decisión, sea cual sea, no afectará su derecho fundamental a la defensa. En los sucesivos contactos de defensor o defensora con la usuaria, ésta podrá tener conocimiento del estado de trámite de la derivación de su necesidad, con el fin de garantizar el derecho de las administradas a la información del estado de los procedimientos. –– Hacerle ver a la usuaria la importancia del cuestionario y nuestra actitud abierta a la escucha. Trasmitir la sensación de disponibilidad y de respeto ante sus decisiones. • Consultarle si necesita algún tipo de apoyo y, en su caso, de qué tipo: este punto, sería interesante plantearlo en el momento de finalizar el cuestionario con el fin de sintetizar la entrevista a través de una pregunta abierta en el caso que no se hubiera detectado alguna situación de necesidad durante la aplicación de la minuta. • Considerar la opinión de la mujer como parte preponderante de la decisión a adoptar: testar la capacidad de compromiso de la beneficiaria a través de una pregunta abierta y valorar la respuesta de la misma ante la exigencia de un compromiso. Por ejemplo preguntas de si ha recibido algún tipo de ayuda, cómo la gestionó, qué controles tuvo que superar, entre otros. • El coordinador del proyecto, cada año, debe generar directrices claras sobre el accionar de la Defensa Pública y sobre el procedimiento en los casos de acciones de exigencia. • Capacitar a todo el funcionariado de la Defensa Pública: se destaca la necesidad de la formación de las y los defensores públicos para realizar la entrevista con las usuarias. El cuestionario será sencillo pero lo suficientemente conciso para que abarque todos los aspectos de la situación de vulnerabilidad de las usuaria, por lo cual, ante la concentración del cuestionario no lo puede realizar cualquiera sin el previo conocimiento y formación. El modo de realizar la capacitación podrá ser presencial, semipresencial o virtual. –– Es vital continuar con la sensibilización a la Defensa pública en perspectiva de género y la necesidad de lograr una especialización de los profesionales que intervienen con las mujeres. • Para el plan piloto de implementación del protocolo de actuación se recomienda iniciar con al menos dos oficinas medianas, una de la Gran Área Metropolitana que va a tener como contraparte al Centro de Información y Orientación (CIO) del INAMU

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y otra regional, donde se debe valorar desde el equipo contraparte de la Defensa Pública si se realiza utilizando como criterio la consolidación y legitimidad regional de la oficina desde la Defensa o del INAMU.

Indicadores10 En este apartado nos referiremos al modelo de indicadores mediante el cual podrá determinarse el impacto que el proyecto tiene a favor de las mujeres en el Sistema Penal y sus familiares dependientes en condición de vulnerabilidad. En este sentido, los indicadores son esenciales para evaluar cómo la Defensa Pública está gestionando el modelo, ya que a través de ellos puede evaluarse la efectividad de la política pública (respuesta de la institucionalidad del país) a favor de la atención de las necesidades básicas de las mujeres y de su núcleo familiar. Los indicadores propuestos en este apartado buscan determinar el impacto de las acciones afirmativas a favor de las mujeres como parte de las políticas de igualdad y equidad de género. Estos indicadores se complementan con el modelo de indicadores de la Red Interinstitucional , a través de los cuales podrán medirse los casos concluidos una vez que se le haya dado respuesta a las necesidades de las mujeres y que se proponen que sean tres: tiempo de respuesta, casos en trámite y casos cerrados. Indicador 1 Nombre del indicador: Cantidad de gestiones enviadas por la Defensa Pública a la Red interinstitucional N/A Descripción Objetivo

Medir la cantidad de gestiones remitidas mensualmente a la Red con el fin de monitorear el comportamiento del proyecto.

Sumatoria de gestiones enviadas por la Defensa Pública Fórmula de cálculo Aclaraciones pertinentes a N/A los argumentos de la fórmula Base de datos del Instituto Nacional de las Mujeres Fuentes de información

Responsable de la medición Administración de la Defensa Pública Meta

Remitir 20 casos

Periodicidad

Mensualmente

Prioridad Categorías de Desagregación Otras aclaraciones y/o observaciones

N/A Por oficina y por regiones geográficas de división territorial

10. La elaboración de este apartado es resultado del trabajo de Esteban Arguedas Madrigal (estadístico) y el equipo contraparte de la Defensa Pública y EUROsociAL.

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Indicador Nº 2 Nombre del indicador: Porcentaje de mujeres atendidas en materia penal por la Defensa Pública que son remitidas a la Red Interinstitucional N/A Descripción Objetivo

Medir la aplicación del modelo y el impacto que tiene para las mujeres usuarias de la Defensa Pública.

Fórmula de cálculo

Sumatoria de gestiones enviadas por la Red a las instituciones dividido por la cantidad de mujeres atendidas por la Defensa Pública en materia penal

Aclaraciones pertinentes a los argumentos de la fórmula Fuentes de información

N/A

-Base de datos del Instituto Nacional de las Mujeres -Registros estadísticos de la Defensa Pública

Responsable de la medición Administración de la Defensa Pública Meta

N/A

Periodicidad

Trimestralmente

Prioridad Categorías de Desagregación Otras aclaraciones y/o observaciones

N/A Por Oficina de la Defensa Pública

Instrumentos Para recabar toda la información necesaria se va a utilizar una minuta o cuestionario que permita evaluar la vulnerabilidad individual de cada usuaria vinculada al sistema penal, así como de su unidad familiar dependiente. Esta información será recabada en el momento de la primera entrevista de la Defensa Pública con la imputada o penada y debe como mínimo recabar información de: • Datos personales de la usuaria y datos de la persona que le proporciona apoyo (familiar o profesional de alguna institución). • Debe permitir identificar qué organismo oficial o institución resulta competente o idónea para cualquier intervención. • Información esencial de indicadores objetivos que utilicen las administraciones para la inclusión en sistemas de prestación social o intervención. • Debe ser reducido por economía de tiempo del Letrado que evitará emitir opiniones. • Su función esencial es obtener los datos para remitirlos al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

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Modelo de coordinación interinstitucional de la Red para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad En este apartado se consideran las funciones que corresponden a cada una de las instituciones intervinientes en el proceso de atención integral de mujeres que tienen contacto con el sistema penal, así como de sus familiares dependientes en situación de vulnerabilidad derivados a la Red. Para esto se firmó un protocolo en donde se definieron las instituciones intervinientes, el marco jurídico, el marco referencial, los objetivos, ámbito de ampliación y población meta, para finalmente en las cláusulas definir los procesos político y operativo para el buen funcionamiento de la Red. El protocolo firmado por las y los jerarcas de las instituciones es el siguiente: Reunidas la señora Ana Helena Chacón Echeverría, Segunda Vicepresidenta de la República; la señora Marta Iris Muñoz Cascante, Directora de la Defensa Pública; la señora Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU); el señor Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); la señora Cristina Ramírez Chavarría, Ministra de Justicia y Paz; el señor Carlos Alvarado Valverde, Director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD); la señora Ana Teresa León Sáenz, Presidenta Ejecutiva del PANI, el señor Minor Rodríguez Rodríguez Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Dr. Luis Eduardo Sandí Esquivel, Director del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), en función de sus cargos, procedemos a firmar el presente protocolo de coordinación interinstitucional con la finalidad de brindar una atención integral a las mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad por razones de desigualdad social y de género.

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Antecedentes La respuesta del sistema penal a situaciones de conflicto es una respuesta fría, indiferente y fragmentada que invisibiliza las condiciones particulares de las mujeres vinculadas a un conflicto con la ley y que afecta además a sus familiares dependientes. Por este motivo, no se brinda una solución integral a la problemática social que antecede al delito y que se ve potenciada con el uso de la privación de libertad. Esta situación se agrava cuando opera la privación de libertad de las mujeres sometidas a procesos penales, y de quienes sufren de manera indirecta las consecuencias de esa prisionalización, en particular, sus familiares dependientes. Estudios sobre las mujeres que cometen infracciones indican que en general en pocas ocasiones ejecutan crímenes de gravedad, más bien la tendencia es que incurren en delitos ordinarios asociados con el tráfico de drogas, algunas de ellas reinciden a lo largo de los años, pero se tiene conocimiento que elaborando planes reparadores que den respuesta a las condiciones sociales por las cuales se ven en esta situación es muy poca la reincidencia, por no decir nula. En este marco, una Red Técnica Interinstitucional, con la participación de las instituciones que suscriben el presente protocolo, ha estado coordinando acciones para brindarles una atención integral a las mujeres que egresaron de prisión por la reforma al artículo 77 bis de la Ley de Psicotrópicos, primordialmente. Adicionalmente, la Defensa Pública debido a la función que le ha sido confiada legalmente y que trabaja de manera mayoritaria con poblaciones en situación de vulnerabilidad, en el Plan de Acción Nacional 2014 dentro del Programa de EUROsociAL II, identificó la necesidad de trabajar con las mujeres que entran en contacto con el sistema penal, quienes en razón de los condicionamientos culturales y sociales, tienen bajo su responsabilidad directa a personas dependientes (personas enfermas, menores de edad o adultas mayores, entre otros), de manera que su detención genera un impacto personal hacia ellas, sus dependientes y, por ende, hacia la sociedad. Dado lo anterior, desde esta instancia se facilita la posibilidad de acceder a recursos para el fortalecimiento de esta iniciativa.

Marco Jurídico El artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) contempla la definición de discriminación contra la mujer, como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o cualquier otra esfera”

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La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su recomendación general 28, se refiere a la interseccionalidad al indicar que la discriminación por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a las mujeres, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de género. Se reconoce que la discriminación por motivos de sexo o género puede afectar a las mujeres de algunos grupos, en diferente medida o forma, que a los hombres. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, (Convención Belem Do Pará) establece el derecho de vivir una vida libre de violencia y que la violencia contra las mujeres constituye una violación de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Por su parte la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer reconoce que la violencia contra las mujeres constituye una manifestación de la relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, lo que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de las mujeres, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre. Por estas razones, en su artículo primero define la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” e insta a los Estados a aplicar una política encaminada a su eliminación. Las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, en la sección segunda, las define como aquellas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Así mismo, identifica como causas de vulnerabilidad, entre otras: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. Las Reglas de Bangkok para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres establecen estándares mínimos para atender los problemas específicos que presentan, que incluyen cuestiones relacionadas con cuidados de dependientes dentro y fuera de la cárcel, acceso a medios de salud femenina, vulnerabilidad a maltrato físico y psicológico, salud mental, entre otros.

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Marco referencial Se consideran como los principios que actúan como punto de partida y orientan trasversalmente el trabajo de la Red para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad los siguientes: Enfoque de Derechos: los principios y derechos humanos establecidos en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales, atendiendo a la obligación de progresividad y no regresión en la tutela de estos derechos, deben aplicarse integrando también el de género. En este enfoque integral, interesa destacar que la reivindicación de la igualdad como principio normativo y como derecho, se sustenta en el principio ético de la justicia: no es justa la convivencia y la competencia en desigualdad. Enfoque intercultural: está orientado a que se reconozca la coexistencia de diversidades culturales que deben convivir desde la base del respeto hacia sus diferentes cosmovisiones, derechos humanos y derechos como pueblos con la finalidad de lograr la igualdad. Igualdad de género: la labor que ampara el presente protocolo parte del reconocimiento de las condiciones de discriminación que viven las mujeres, sustentadas en la diferenciación de su rol social y familiar, de ahí la necesidad de promover acciones permanentes y/o afirmativas , de carácter temporal, para corregir las condiciones persistentes de la discriminación de hecho, mientras tales condiciones persistan y hasta que se alcance la igualdad de oportunidades y de resultados con respecto a los hombres. Eficiencia y eficacia: se procura mejorar la coordinación interinstitucional y asegurar una atención integral por parte de las instituciones del Estado que deben atender las necesidades de las mujeres en situación de desigualdad social y discriminación por género que las coloca en condiciones de vulnerabilidad que entran en contacto con el Sistema Penal, a través de una respuesta ágil y aplicando la simplificación de trámites y de sus familiares dependientes. Integralidad y conciliación de la respuesta Institucional: se procura articular las respuestas de las diferentes Instituciones que tienen competencias y responsabilidades en la materia, para potenciar el desarrollo humano de las mujeres, de manera que trascienda la respuesta penal y que considere su entorno familiar, de acuerdo con sus necesidades e intereses concretos.

Instituciones Intervinientes • Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU): El INAMU es la institución rectora que impulsa y coordina la Política Nacional para la Igualdad de Género, protege los derechos humanos de las mujeres, mediante acciones públicas para el cierre de brechas

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de género y la promoción de sus derechos; además, brinda servicios de capacitación, asesoría y atención integral para las mujeres, todo esto con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad justa e igualitaria. La Defensa Pública: La Defensa Pública tiene como misión brindar defensa pública, con excelencia, solidaridad y compromiso, a todos los usuarios y usuarias, con el fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades e intereses de las personas, de manera oportuna y ágil, en procesos judiciales que han sido asignados. Ministerio de Justicia y Paz: Creado mediante Decreto Ejecutivo N°6739 del 28 de abril de 1982, modificado mediante Decreto Ejecutivo N°8771 del 14 de setiembre del 2009 y demás normativa vigente. Es el órgano encargado de las políticas criminológicas y penológicas del país, de la administración de los registros oficiales sobre bienes y personas jurídicas, representante legal del Estado costarricense y consultor de la Administración Pública, también es el facilitador y coordinador de los Centros Cívicos por medio del Viceministerio de Paz, coordinar los temas relacionados con la prevención de la delincuencia, la administración del sistema penitenciario del país y la ejecución de las medidas privativas de libertad; además cuenta con el Sistema de Promoción de la Paz Social, que está conformado por la Dirección General de Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana, la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, la Dirección de Espectáculos Públicos y la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia y la Promoción de la Paz Social, además de conformidad con el Decreto Ejecutivo N°8968, “Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales”, se crea la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa en esta materia, por parte de las personas físicas o jurídicas, entes y órganos públicos. Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS): El IMAS como entidad rectora de combate a la pobreza busca promover condiciones de vida digna y el desarrollo social de las personas, de las familias y de las comunidades en situación de pobreza, con énfasis en pobreza extrema; proporcionándoles oportunidades, servicios y recursos a partir del conocimiento de las necesidades reales de la población objetivo. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI): El Patronato Nacional de la Infancia como institución rectora ejerce el liderazgo en la formulación y ejecución de políticas de niñez y adolescencia, articulando y facilitando la participación de los diferentes actores sociales, para lograr una nueva cultura jurídica y social que entiende a las personas menores de edad como sujetos sociales de derechos Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA): El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia es un órgano adscrito al Ministerio de Salud, el cual tiene independencia en su funcionamiento administrativo y personería jurídica instrumental, teniendo a su cargo la dirección técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, al tabaco y a otras drogas lícitas o ilícitas, así como la coordinación y aprobación de todos los programas públicos y privados orientados a aquellos mismos fines. Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD): el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), se creó como organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia, con

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competencias en la materia de diseño e implementación de políticas, planes y estrategias necesarias para la prevención del consumo de drogas, la rehabilitación, tratamiento y recuperación de la personas adictas, así como la incidencia en estrategias contra el tráfico ilícito de drogas, financiamiento a actividades terroristas y legitimación de capitales. • Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es una institución que brinda servicios de capacitación y formación profesional a personas mayores de 15 años, con el fin de fomentar el trabajo productivo en todos los sectores de la economía y así contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo económico-social del país.

Objetivo general Establecer una instancia de coordinación interinstitucional, con la finalidad de definir y desarrollar acciones conjuntas y mantener una comunicación sistemática y oportuna entre las instituciones supra citadas, desde las competencias, fines y atribuciones que les corresponden, para brindar un abordaje integral a las mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad, a efecto de atenuar las situaciones de desigualdad social y discriminación que les afectan y permitirles ejercer plenamente sus derechos.

Objetivos específicos 1. Promover la intervención efectiva, a través de la red de apoyo de instituciones públicas competentes para brindar atención integral a las mujeres vinculadas al sistema penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad. 2. Potenciar las capacidades de las mujeres para mejorar su calidad de vida en el marco de sus derechos humanos que contribuya a minimizar los riesgos de reincidencia. 3. Direccionar los recursos tecnológicos, humanos y económicos necesarios para que cada institución brinde una atención eficiente y eficaz a las mujeres vinculadas al sistema penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad. 4. Mantener y compartir información actualizada sobre las acciones de atención que brindan las instituciones de la Red, salvo aquella información que exponga a la persona o se encuentre cubierta por el secreto profesional cuando no se cuente el consentimiento de la usuaria, para el seguimiento y monitoreo respectivo. 5. Establecer mecanismos y procedimientos en el seguimiento de los casos remitidos a la Red para garantizar una respuesta efectiva.

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Ámbito de aplicación y población meta El ámbito de aplicación del presente protocolo lo constituyen aquellas mujeres en el Sistema Penal y sus familiares dependientes que por la desigualdad social y discriminación por género se ven en situaciones de vulnerabilidad. Las situaciones de vulnerabilidad se identifican frente a la ausencia de un soporte de la sociedad y el Estado que permita la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. En el caso de las mujeres y sus familiares dependientes refiere al grado de fragilidad que adquieren por haber sido desatendidas en sus necesidades psico-sociales básicas: seguridad afectiva, económica, protección, educación, acceso a trabajo y salud, comida, entre otras; que las coloca frente a las instancias punitivas-represivas de control social formal e informal de una manera más visible. En este marco, los factores de riesgo que colocan a las mujeres en esta situación son: • Familias monoparentales en condiciones de pobreza: jefatura de hogar con hijos e hijas menores de edad • Haber enfrentado violencia intrafamiliar o violencia de género en sus diversas manifestaciones (sexual, física, emocional y patrimonial)  • Antecedentes o consumo activo de drogas. • Vinculación con delitos asociados a las transacciones de drogas (venta, narcomenudeo y tráfico) • Situación de pobreza extrema • Desempleo • Baja escolaridad educativa • Enfermedades crónicas o en etapa terminal • Discapacidad • Etapa de adulta mayor • Procedencia étnica (indígena, afrodescendiente) • Pertenencia a comunidades marginadas y con características de diversidad social criminógenas. • Mujer inmigrante (condición regular o irregular y refugiadas) • Cualquier otra situación de riesgo así considerado por la Red

Por lo tanto se establecen las siguientes cláusulas PRIMERA. Finalidad: Las instituciones firmantes se comprometen a cumplir este protocolo de coordinación en todas sus dimensiones, de conformidad con sus fines y atribuciones, para lo cual: • Emitirán las directrices internas y líneas de política para su ejecución.

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• Designarán los recursos tecnológicos, económicos y humanos necesarios en la medida de sus posibilidades. • Designarán un enlace de alto nivel operativo en la Red, con capacidad de toma de decisiones. SEGUNDA. Obligaciones de las partes: Para la efectiva ejecución de este protocolo las partes impulsarán conjuntamente acciones orientadas a: • Incorporar la perspectiva de género en las intervenciones dirigidas a las mujeres que entran en contacto con el sistema penal y sus familiares dependientes. • La sensibilización y formación del personal de cada institución sobre las necesidades específicas de las mujeres que entran en contacto con el sistema penal y sus familiares dependientes, para mejorar su capacidad de intervención. • La atención integral a las necesidades de las mujeres que entran en contacto con el sistema penal y sus familiares dependientes con programas formativos, subsidios económicos, fomento de la salud, integración laboral, conocimiento sobre sus derechos, entre otros. TERCERA. De la comisión interinstitucional de coordinación de Alto Nivel: Con el objetivo de lograr una mayor eficiencia y operatividad entre las partes, se constituirá una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel, con representación de los y las jerarcas y jefaturas que lo suscriben, que será coordinada por la Presidenta Ejecutiva del INAMU. Para ello, a) En la segunda sesión de trabajo de cada año, las jerarquías de todas las instituciones participantes presentaran un informe sobre el plan de trabajo ejecutado el año anterior, a excepción del año de entrada en vigencia del presente protocolo. b) En la segunda sesión de trabajo de cada año, las jerarquías de todas las instituciones participantes en este protocolo, a la luz de los informes presentados, dictarán las líneas de política a seguir durante el año siguiente. c) En la primera sesión de trabajo de cada año, las instituciones participantes en este protocolo, expondrán las metas y acciones propuestas para dar respuesta a las necesidades de las mujeres en situación de vulnerabilidad que entran en contacto con el sistema penal y sus familiares dependientes. d) En la primera sesión de trabajo de cada año, consensuadas las metas y acciones propuestas para dar respuesta a las necesidades de las mujeres en situación de vulnerabilidad en el sistema penal y sus familiares dependientes, se elaborará el plan anual de trabajo de la Red. e) En el mes siguiente a la primera sesión de trabajo de cada año, se divulgará el plan de trabajo consensuado y cada institución participante se compromete a incluir lo que le corresponda en los planes anuales institucionales, así como la asignación económica y de recurso humano necesarios para su ejecución.

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CUARTA. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente protocolo, la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel realizará al menos una sesión ordinaria cada seis meses dedicándose para tales efectos el primer miércoles de febrero y agosto. Se podrá sesionar de manera extraordinaria cada vez que se requiera. Las reuniones de trabajo se realizarán en la sede oficial del INAMU; en casos especiales, si así lo disponen las instituciones firmantes de este protocolo, se determinará una sede alterna. QUINTA. La Comisión Interinstitucional de Alto Nivel contará con el apoyo de una Red Técnica Interinstitucional, integrada por enlaces de cada una de las instituciones que suscriben el presente protocolo, con el fin de apoyar en la labor de diseño y ejecución de los planes de trabajo de la Red Técnica Interinstitucional para el abordaje integral de las mujeres en conflicto con la ley y sus familiares dependientes. SEXTA. La Red Técnica Interinstitucional será coordinada por el enlace designado por el INAMU, cuyas funciones principales será la de coordinar la agenda de reuniones con los enlaces técnicos de las otras instituciones, convocar a las reuniones técnicas de la red al menos una vez al mes, preferiblemente los días miércoles y dar seguimiento a los acuerdos tomados. Se podrá sesionar de manera extraordinaria cada vez que se requiera. Las reuniones de trabajo se realizarán en la sede oficial del INAMU; en casos especiales, si así lo disponen las instituciones firmantes de este protocolo, se determinará una sede alterna. SÉPTIMA. Funciones de los enlaces institucionales: le corresponderá a cada enlace institucional como parte del presente protocolo lo siguiente: • Participar de las reuniones de la Red Técnica Interinstitucional • Velar porque se ingrese la información correspondiente a su institución al sistema informático de la red de manera oportuna. • Fungir de conexión entre la Red y la institución que representa, lo que implica realizar todas las derivaciones internas y el seguimiento de los casos, para remitir la información de manera oportuna a la coordinación de la comisión técnica. • Brindar informes trimestrales a la coordinación de la red de mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad sobre el avance de los casos derivados. OCTAVA. Funciones de la Red Técnica Interinstitucional: le corresponderá a cada institución parte del presente protocolo lo siguiente: Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) • Ingresar los casos derivados por la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia y Paz al proceso interno establecido en el Protocolo para la información y orientación en derechos de las mujeres.

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• Brindar servicios de información y orientación, coadyuvar en procesos judiciales e incidir en gestiones administrativas y brindar servicios jurídicos para defensa y acompañamiento a mujeres deudoras alimentarias • Brindar servicios de información y orientación, coadyuvar en procesos judiciales e incidir en gestiones administrativas y brindar servicios jurídicos en situaciones de violencia contra las mujeres. • Brindar capacitación a las mujeres en situación de vulnerabilidad por razones de desigualdad social y de género incorporadas por el IMAS en el Programa Avanzamos mujeres. • Brindar información y consulta sobre los derechos a las mujeres privadas de libertad. • Brindar información a las mujeres sobre los programas para la promoción de actividades productivas y organización de las mujeres. La Defensa Pública: • Derivar los casos detectados a la Red por medio de la minuta utilizada para estos efectos por el INAMU. • Alimentar de manera oportuna el sistema informático de la Red. • Emitir directrices internas sobre la aplicación del modelo de atención a mujeres en situación de vulnerabilidad que entran en contacto con el sistema penal. • Capacitar al personal que brinda servicios a las mujeres en situación de vulnerabilidad por razones de desigualdad social y género, que entran en contacto con el sistema penal, sobre la perspectiva de género y de derechos humanos. Ministerio de Justicia y Paz: • Designar a la red los enlaces de las cinco modalidades de atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad que entran en contacto con el sistema penal: Atención Institucional, Atención Semi-Institucional, Atención en Comunidad, Programa de Atención a la población penal juvenil y Programa de Mujeres Sujetas a Sanciones Penales. • Incorporar la perspectiva de género en la atención que se brinda a las mujeres en las cinco modalidades de atención del Ministerio de Justicia de conformidad con el Decreto Ejecutivo N°38139-JP, “Creación del Programa Nacional de Atención a Mujeres Sujetas a Sanción Penal”. • Trasladar los casos que considere oportuno a la Red de acuerdo con los criterios técnicos y al principio de no discriminación. • Promover la seguridad social de las mujeres que se encuentren en los diferentes programas de atención. • Capacitar al personal de los distintos programas de atención que va a trabajar con las mujeres en situación de vulnerabilidad. • Emitir las directrices internas, con perspectiva de género, para la atención prioritaria a mujeres en situación de vulnerabilidad ubicadas en los diferentes programas de atención.

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Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS): • La aprobación de un subsidio a las personas referidas por la Red, estará sujeta a la directriz emitida por la Presidencia Ejecutiva del IMAS el día 13 de octubre del 2014, tomando en cuenta que en todos los casos prevalece el criterio profesional del ejecutor. • Brindar atención a mujeres en situación de pobreza extrema con grupo de puntaje 1 y 2 prioritariamente y miembros de su familia a cargo (personas menores de edad, personas con discapacidad y/o personas adultas mayores), mediante los programas ya establecidos para atender necesidades básicas, potenciar las capacidades humanas y acceder de forma directa a la generación de recursos e independencia económica. • Incluir a los hijos e hijas de las mujeres en situación de pobreza extrema y básica con grupo de puntaje 1 y 2 a la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y las otras modalidades para este fin. • Brindar formación a las mujeres en situación de pobreza extrema y su núcleo familiar mediante: el programa avancemos, la capacitación técnica y empresarial y la formación humana. • Incorporar a las mujeres en situación de pobreza extrema y su núcleo familiar en los programas para mejorar sus condiciones de empleo como ideas productivas, créditos, capacitación técnica y empresarial, para posteriormente acceder a los otros programas (ideas grupales, fondos locales y de comercialización). • Emitir directrices internas sobre la prioridad en la atención a mujeres en situación de pobreza extrema que entran en contacto con el sistema penal y son referidas por la Red. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI): • Garantizar la protección integral de la infancia y la adolescencia, así como el reconocimiento de sus derechos y garantías establecidas en la Constitución Política, las normas del derecho internacional y las leyes atinentes a la materia. • Orientar y coadyuvar en las tares de formación y educación de padres y madres de familia, para el cumplimiento de sus deberes y derechos inherentes a la autoridad parental. • Garantizar a las personas menores de edad, el derecho a crecer y desarrollarse en el seno de una familia, sea esta biológica o adoptiva. • Brindar asistencia técnica y protección a la niñez y adolescencia y a la familia, en situaciones de riesgo. • Promover la participación organizada de la sociedad civil, los padres de familia, las instituciones estatales y las organizaciones sociales en los procesos de estudio, análisis y toma de decisiones en materia de infancia, adolescencia y familia, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de las personas menores de edad. • Impulsar programas de capacitación y formación para padres y madres de familia, sobre sus responsabilidades y deberes, así como propiciar con otras instituciones

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programas y actividades que inculquen y reafirmen la práctica de valores espirituales, morales, sociales y familiares. • Colaborar con las entidades en la promoción y ejecución de proyectos y programas específicos en materia de niñez y adolescencia. • Emitir directrices internas sobre la prioridad en la atención a personas menores de edad, relacionadas con mujeres en situación de vulnerabilidad que entran en contacto con el sistema penal. Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA): • Brindar atención a las mujeres con problemas asociados al consumo de drogas, referidas por la Red. • Sensibilizar y capacitar sobre generalidades en la atención de la población que consume drogas, para fortalecer las destrezas técnicas de los profesionales que brindan atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad que entran en contacto con el sistema penal. • Emitir directrices internas sobre la prioridad en la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad que entran en contacto con el sistema penal. Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD): • Procurar la rehabilitación de mujeres en situación de vulnerabilidad que entran en contacto con el sistema penal y sus familiares dependientes que se encuentren consumiendo drogas, por medio de financiamiento de espacios en una Organización No Gubernamental que preste servicios de rehabilitación. • Colaborar con financiamiento a proyectos de la Red para mejorar las situaciones de las mujeres en situación de vulnerabilidad que entran en contacto con el sistema penal y sus familiares dependientes. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): • Facilitar la incorporación en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional a las mujeres referidas por la Red. • Emitir directrices internas sobre la prioridad en la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad que entran en contacto con el sistema penal. NOVENA. Situaciones de emergencia: cuando se detecten situaciones de emergencia en horarios extraordinarios se solicitará por medio del 911 activar los protocolos de atención que para estos efectos tienen ya establecidos el PANI, INAMU, IMAS y el sector salud. DÉCIMA. Seguimiento al protocolo: Con el fin de que se cumpla con lo estipulado, la Red técnica de coordinación, será la instancia responsable de dar seguimiento a este protocolo de coordinación y de resolver todos los aspectos que surjan de su aplicación.

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UNDÉCIMA. De conformidad con la comisión de coordinación de la Red se podrán adicionar instituciones mediante una adenda que defina sus funciones específicas. DUODÉCIMA. Modificaciones: los términos del presente protocolo de coordinación podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre las partes suscriptoras. DECIMOTERCERA. Vigencia. El presente protocolo rige a partir de la suscripción de las partes involucradas y tiene una vigencia de 5 años, lo cuales se prorrogarán automáticamente, si no existiera objeción escrita alguna, con al menos tres meses de antelación.

Indicadores11 En este apartado nos referiremos al modelo de indicadores mediante el cual se podrá determinar el impacto que tiene la Red para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad. En este sentido, los indicadores son esenciales para evaluar cómo la Red está ejecutando las acciones, ya que a través de ellos puede analizarse la efectividad de la política pública a favor de la atención de las necesidades básicas de las mujeres y de su núcleo familiar. Indicador Nº 1 Nombre del indicador: Tiempo de respuesta de la Red interinstitucional Descripción

Tiempo de espera media para brindar una respuesta de los casos remitido a la Red

Objetivo

Medir el tiempo de respuesta de las gestiones remitidas a la Red con el fin de monitorear el comportamiento del proyecto.

Fórmula de cálculo

Suma de tiempos de respuesta / número de gestiones respondidas asociados al proceso

Aclaraciones pertinentes a los argumentos de la fórmula Fuentes de información Responsable de la medición Meta

La unidad de medida son días

Periodicidad

Trimestral

Prioridad Categorías de Desagregación Otras aclaraciones y/o observaciones

N/A

Base de datos del Instituto Nacional de las Mujeres Coordinación de la Red 10 días hábiles

N/A N/A

11. La elaboración de este apartado es resultado del trabajo de Esteban Arguedas Madrigal (estadístico) y el equipo contraparte de la Defensa Pública y EUROsociAL.

129

Marcela Piedra Durán y Cristina Mayordomo Benedicto

Indicador Nº 2 Nombre del indicador: Casos en trámite por la Red interinstitucional Descripción

Determinar el número de casos en trámite por la Red interinstitucional

Objetivo

Medir el total de casos sin resolver remitidas a la Red con el fin de monitorear el comportamiento del proyecto.

Fórmula de cálculo

Cantidad de asuntos que quedaron en trámite en un trimestre (T-1) + Suma de casos nuevos - Suma de casos cerrados

Aclaraciones pertinentes a los argumentos de la fórmula Fuentes de información Responsable de la medición Meta

N/A

Periodicidad

Trimestral

Prioridad Categorías de Desagregación Otras aclaraciones y/o observaciones

N/A

Base de datos del Instituto Nacional de las Mujeres Coordinación de la Red N/A

N/A N/A

Indicador Nº 3 Nombre del indicador: Casos cerrados por la Red interinstitucional Casos concluidos por la Red Descripción Objetivo

Medir el total de casos resueltos remitidos a la Red con el fin de monitorear el comportamiento del proyecto.

Fórmula de cálculo Aclaraciones pertinentes a los argumentos de la fórmula Fuentes de información Responsable de la medición Meta

Suma de casos cerrados

Periodicidad

Trimestral

Prioridad Categorías de Desagregación Otras aclaraciones y/o observaciones

N/A

N/A

Base de datos del Instituto Nacional de las Mujeres Coordinación de la Red N/A

N/A N/A

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Modelo para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes …

Indicador Nº 4 Nombre del indicador: Tiempo promedio de un asunto en trámite de la Red interinstitucional Descripción

Tiempo promedio que llevan los asuntos en trámite de los casos remitido a la Red

Objetivo

Medir de los asuntos que se encuentran en trámite el tiempo promedio que llevan en ese estado.

Fórmula de cálculo

Suma de tiempos que llevan los asuntos en trámite / número de asuntos en trámite

Aclaraciones pertinentes a los argumentos de la fórmula Fuentes de información Responsable de la medición Meta

La unidad de medida son días

Periodicidad

Trimestral

Prioridad Categorías de Desagregación Otras aclaraciones y/o observaciones

N/A

Base de datos del Instituto Nacional de las Mujeres Coordinación de la Red 10 días hábiles

N/A N/A

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137

ANEXOS

Registro de intervencion INAMU Atendida por:

# de expediente:

Tema de Consulta:

Fecha.

Tipo consulta:

Lugar de la consulta:

Información básica: Nombre de usuaria/o: Estado civil:

Cédula: Edad:

Domicilio:

# hijos / edades/ género: Teléfono (s): Información complementaria y opcional: Escolaridad: Personas con quien convive:

Nacionalidad: Ingreso familiar mensual aprox:

Alguna situación de discapacidad:

Factores/Redes de apoyo: Datos de consulta:

Alcances de la intervención:

¿Requiere seguimiento? / Sesiones recomendadas: Sí: ____ No: ____ #:____

141

Referencia:

Marcela Piedra Durán y Cristina Mayordomo Benedicto

Formulario de remisión de casos por auxiliar administrativo Defensa pública Red interinstitucional de apoyo a mujeres

Fecha: ____­/_____/_____/ Expediente N°: ___________________________________

Nombre completo de la usuaria: _______________________________________________ Situación Penal de la usuaria: Preventiva ( ) Penada ( ) Región a la que pertenece la usuaria: __________________________________________ Oficina de la Defensa Pública remitente del caso: ________________________________ Urgencia del caso: ( ) Alta

( ) Media

( ) Baja

Fecha de introducción de los casos en el sistema:

Persona responsable de la introducción de los datos:

CC: Coordinador del proyecto, defensora o defensora a cargo del caso

142

Modelo para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes …

Formulario de seguimiento

Defensa pública Red interinstitucional de apoyo a mujeres

Fecha: ____­/_____/_____/

Oficina: ______________________

Datos generales: • No de Expedientes derivados por la Defensa Pública: • No de Expedientes en trámite en la Red: • No de Expedientes cerrados: Requerimiento de casos sin ninguna respuesta: Caso

Situación

Entidad

Requerimiento

Plazos para subsanar la desatención

Observaciones generales para mejorar la ejecución del proyecto:

Propuestas de mejora:

Persona responsable:

143

Marcela Piedra Durán y Cristina Mayordomo Benedicto

Formulario de informe coordinación del proyecto Defensa pública Red interinstitucional de apoyo a mujeres Fecha: ____­/_____/_____/



Datos generales: • Nº de Expedientes derivados por la Defensa Pública: • Nº de Expedientes en trámite en la Red: • Nº de Expedientes cerrados:

Observaciones generales para mejorar la ejecución del proyecto:

Propuestas de mejora del modelo:

Persona responsable:

144

PROGRAMA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA

Edita: Programa EUROsociAL C/ Beatriz de Bobadilla, 18 28040 Madrid (España) Tel.: +34 91 591 46 00 www.eurosocial-ii.eu [email protected] Con la colaboración: Fundación Abogacía Española

Justice Coopération Internationale (JCI) Justice Coopération Internationale

Consorcio Liderado por

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Defensa Pública de Costa Rica Participan más de 80 Socios Operativos y Entidades Colaboradoras de Europa y América Latina

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión de la Unión Europea. Edición no venal. Realización gráfica: Cyan, Proyectos Editoriales, S.A. Costa Rica, 2014

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EUROsociAL es un programa de cooperación regional de la Unión Europea con América Latina para la promoción de la cohesión social, mediante el apoyo a políticas públicas nacionales, y el fortalecimiento de las instituciones que las llevan a cabo. EUROsociAL pretende promover un diálogo euro-latinoamericano de políticas públicas en torno a la cohesión social. Su objetivo es contribuir a procesos de reforma e implementación en diez áreas clave de políticas, en ciertas temáticas, seleccionadas por su potencial impacto sobre la cohesión social. El instrumento del que se dota es el de la cooperación institucional o aprendizaje entre pares: el intercambio de experiencias y la asesoría técnica entre instituciones públicas de Europa y de América Latina.

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Colección Documentos de Política nº 14 Área: Justicia

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