MANIFIESTO FUNDACIONAL Y PROGAMÁTICO DEL CÍRCULO PODEMOS DISCAPACIDAD

MANIFIESTO FUNDACIONAL

Un proyecto de gobierno Desde el Círculo Podemos Discapacidad, reconocemos la importancia de la labor del tejido asociativo, pero nos proponemos ir más allá, suprimiendo las subordinaciones a las que el mismo se ve sometido al estar sujeto a una inadecuada dinámica de negociación para la obtención de subvenciones públicas; no queremos negociar con el gobierno, sino formar parte del gobierno. En Podemos Discapacidad aspiramos a una verdadera representación política del colectivo y a una recuperación del poder político y de la soberanía por parte de todos los ciudadanos, incluidas, lógicamente, las personas con discapacidad. El Círculo Podemos Discapacidad se constituye, en sus planteamientos y objetivos, con la clara vocación de promover y llevar a cabo medidas gubernamentales que erradiquen la marginación y la discriminación social de las que son objeto la gran mayoría de personas con discapacidad. No somos una asociación, ni un recurso para la asistencia ni un mero paliativo para acolchar o suavizar el sufrimiento; somos un instrumento político para la acción política. Un lema para la acción política “Nada para nosotros sin nosotros” es un lema histórico de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Con este lema, se rechaza que los problemas de nuestro colectivo y sus posibles soluciones tengan que ser decididos por expertos. Con este lema, se rechazan las medidas meramente asistencialistas y lo que se reclama es el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad a decidir sobre sus vidas de manera autónoma e independiente. Son las propias personas con discapacidad, sus familias, los profesionales y los ciudadanos sensibles a su experiencia los verdaderos conocedores de la realidad que conforma su existencia, quienes mejor saben de los problemas que hay que abordar y quienes pueden aportar, en la reflexión y en la práctica, soluciones eficaces.

Bajo este lema, el Círculo Podemos Discapacidad promoverá medidas efectivas para la supresión de todos los obstáculos que impiden que las personas con discapacidad puedan ejercer de manera efectiva sus derechos, interviniendo activamente, desde la política, la cultura, el empleo, la educación, el deporte, el ocio y cuantas esferas de actuación sean necesarias ejercer para ello.

En esa intervención, el Círculo Podemos Discapacidad se compromete a que las personas con discapacidad estén siempre presentes en los procesos de decisión a través de representantes libremente designados por ellas, según los procedimientos que, a su vez, ellas mismas establezcan. Como colectivo, las personas con discapacidad deben movilizarse para no caer en la neutralidad, en la apatía o el desinterés. Han de luchar por la construcción de instrumentos que garanticen el apoyo social y la solidaridad desinteresada; quien gobierna y el modo en que lo haga, va a tener un impacto directo sobre sus vidas. El Círculo Podemos Discapacidad pretende ser parte de un gobierno que canalice dicha movilización y participación. Medidas efectivas y consistentes: No a los “parches” Las personas con discapacidad y sus familias son uno de los colectivos más afectados por la crisis económica. Las políticas de austeridad vulneran derechos fundamentales y condenan a un colectivo tradicionalmente ya marginado a la miseria y a la exclusión. Hasta ahora, no se ha dado respuesta desde los diversos gobiernos recientes a esta situación. Se han desarrollado normativas que, bajo un imperativo meramente “estético” y de cara a cumplir con compromisos formales, no han tenido impacto efectivo en la práctica. Se ha promovido una legislación que, pese a la retórica posibilista que la acompaña, supone un retroceso en la garantía de los derechos que como ciudadanos las personas con discapacidad tienen, haciendo recaer nuevamente sobre las familias, en lugar de sobre el Estado, la carga más importante. Se ha eliminado estadísticamente, por imperativos de la austeridad, a personas con derecho a prestaciones por su discapacidad, condenándolas a un futuro sin recursos ni expectativas, cuyo horizonte final oscuro e inquietante. Esto es fruto de una incapacidad para abordar el problema en sus auténticas dimensiones y con una perspectiva a largo plazo: se han puesto y quitado “parches” según las conveniencias coyunturales del momento, sin atender realmente, a la naturaleza del problema. Esto, debe ser solucionado. En consecuencia, el Círculo Podemos Discapacidad promoverá soluciones que promuevan el bienestar social y económico de las personas con discapacidad, donde la asistencia personal para todo aquel que la necesite, la educación o la plena integración laboral sean una realidad para el colectivo.

Firmeza en nuestras convicciones El desconocimiento de los problemas de nuestro colectivo, esconde el hecho de que la discapacidad es una circunstancia personal que nos puede sobrevenir a todos a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, gobernar teniendo en cuenta a las personas con discapacidad es gobernar en beneficio de todos. Si sumamos a esto que, a día de hoy, hay más de cuatro millones de personas con discapacidad en España y que en una de cada cinco familias españolas vive al menos una persona con discapacidad, nos confiere como verdaderos representantes y artífices de la adopción de políticas de cambio. Precisamente, unos cambios que el Círculo Podemos Discapacidad quiere emprender con una amplia colaboración ciudadana. Nuestras convicciones son firmes y tenemos la intención de trasladarlas a la mayoría de la ciudadanía. Para ello, queremos desarrollar iniciativas de carácter formativo, divulgativo y cultural, que sirvan para consolidar, desde la base, el proyecto de formar una sociedad más justa dónde todos sus ciudadanos estén integrados independientemente de su realidad física, síquica o sensorial. Dentro del proyecto genérico de Podemos, nuestro Círculo cobra sentido al mediar específicamente hacia un colectivo de personas que sufren los efectos de la torpeza y falta de sensibilidad de quienes nos gobiernan y orientan las políticas públicas actuales. Este es el objeto de nuestra existencia como Circulo. Estamos convencidos que con nuestra intervención, las personas con discapacidad dejarán de ser ese colectivo invisible que actualmente es.

Programa de desarrollo de políticas públicas sobre discapacidad Marco general Como marco general, las medidas a llevar a cabo deben ajustarse a las directrices de la Convención Internacional de Derechos de las personas con Discapacidad (ONU, 2006), ratificada por el Parlamento Español en 2008. Dicha ratificación supone el compromiso de adecuar, de manera transversal, toda la legislación nacional con el objetivo fundamental de garantizar los derechos (humanos, políticos y ciudadanos) de las personas con discapacidad recogidos en la Convención. Dichos derechos abarcan todas las esferas de la vida de las personas con discapacidad, pero es en las áreas de la educación, el empleo y los servicios sociales en las que la intervención es especialmente necesaria. Dentro de este marco, el objetivo sustancial que se debe lograr con el desarrollo normativo es el de una Vida Independiente para todas las personas con discapacidad, reconociendo su capacidad (sin dis-) para participar activa y plenamente en la vida económica, política, social y cultural. Asumiendo la diversidad como condición de la existencia humana, se propone, también dentro de este marco general, la posible incorporación del concepto de “diversidad funcional” en sustitución del de “discapacidad”, tal cual un sector del propio colectivo hizo en 2005. Este concepto alude a la discriminación de la que son objeto las personas con discapacidad, de modo que se utiliza, en adelante, la expresión, “personas discriminadas por su discapacidad/ diversidad funcional” (para abreviar, PD’s; en singular, PD). Instrumentos Dada la transversalidad de las políticas públicas sobre discapacidad/ diversidad funcional, debería crearse una Dirección General sobre la materia dentro de la estructura organizativa de todos y cada uno de los Ministerios que en su momento queden constituidos. Desarrollo La Accesibilidad y la Asistencia Personal La plena inclusión de las PD’s requiere la dotación de recursos materiales y humanos. El acceso a la información, la cultura y los espacios públicos implica el desarrollo de tecnologías así como la participación de personas especializadas, tanto para el desarrollo de esas tecnologías como para la asistencia de sus usuarios/as. Se debe garantizar, por tanto, el desarrollo de una línea específica de I+D+i orientado hacia la accesibilidad.

Se debe garantizar, asimismo, el cumplimiento del artículo 19 de la Convención que reconoce a la Asistencia Personal como el instrumento fundamental del que deben disponer las PD’s para poder lograr una vida plenamente independiente. Para cumplir este objetivo, la Asistencia Personal debe ser suficiente según cada proyecto de vida y auto-gestionada por la propia PD. Se debe, por tanto, fomentar la formación en vida independiente, derechos humanos y asistencia personal de las PD’s. La asistencia personal es un recurso valioso para cualquier discapacidad/ diversidad y cualquier edad, debiéndose eliminar cualquier restricción que afecte en estos sentidos. Se debe llevar a cabo, por tanto, un plan de desarrollo de la figura profesional del/de la asistente personal. Las PD’s han de estar presentes de manera activa en el proceso de toma de decisiones en ambas áreas de intervención; y lo han de estar mediante representantes libremente designados por ellas. Educación Se deben ampliar los recursos materiales y humanos orientados hacia la educación inclusiva de las PD’s, en particular, en lo que se refiere a una formación especializada del profesorado y a la garantía de los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los centros educativos. Se debe garantizar que existan los apoyos suficientes en todo el ciclo educativo, y no sólo durante la educación obligatoria. El 76% de los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales (NEE) abandona los estudios al completar el tramo obligatorio y no continúan en secundaria. Este abandono escolar indica que todavía está vigente un modelo que conduce a la segregación educativa, la cual, posteriormente, se traduce en segregación laboral. Por último, se deben revisar en profundidad las adaptaciones curriculares, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los/as alumnos/as; lo cual no será posible si no se disponen de los medios materiales y humanos necesarios. Pero, lo que es más importante, en los planes pedagógicos generales se debe incorporar la temática de la discapacidad/ diversidad funcional, en un modo análogo a lo que se ha venido haciendo con las cuestiones de género, para que más allá de los marcos instrumentales, formales o de asistencia, la “realidad “en sí misma forme parte del conocimiento de todo el alumnado. Si no, se desarrollarán instrumentos que la gran mayoría de los/as alumnos/as no sabrán entender.

Empleo En estrecha conexión con la inclusión educativa está la inclusión laboral: sin unas adecuadas garantías en materia de formación, las expectativas laborales se reducen de manera significativa. Para ello, se debe aplicar con rigor la legislación vigente en lo relativo a los “cupos” de empleo para empresas de más de 50 trabajadores, impidiendo que la propia legislación permita esquivar esta medida mediante meras compensaciones económicas. Se debe garantizar, siguiendo con las directrices de la Convención, el derecho a un trabajo digno. Se han de potenciar todas las medidas que lleven a garantizar una adaptación adecuada del puesto de trabajo así como, en términos de un tránsito hacia una participación laboral normalizada, las que tienen que ver con el trabajo asistido. Se ha de regular de manera adecuada el funcionamiento de los Centros Especiales de Empleo, así como de los centros especiales para la formación para el empleo. En este sentido, medidas que se supone transitorias cara a una plena inclusión laboral, eminentemente formativas, se han convertido en prácticas de explotación. A su vez, esto supone una revisión de los criterios según los cuales se otorgan, mediante pensiones no contributivas, ayudas económicas a las familias con PD’s, pues en muchas ocasiones son un obstáculo para su inclusión laboral efectiva, al desincentivar, dichos ingresos, una búsqueda activa de empleo Servicios Sociales El Estado debe abordar medidas contundentes contra la pobreza como condición preponderante a la que se ven condenadas las PD’s. La pobreza no es un “destino”, sino la consecuencia de la falta de oportunidades. Para evitarla, en el caso concreto de las PD’s, dos líneas de intervención son necesarias. Por una parte, garantizar una contraprestación diferencial a las PD’s en todos aquellos casos en los que la misma se contemple de manera genérica. Si entre nuestros objetivos está la posibilidad de la implantación de una Renta Básica de Ciudadanía, la cuantía de la misma habría de ser mayor para aquellas PD’s que, por los costos asociados a su condición, han de afrontar un mayor volumen de gastos regulares. Esta contraprestación diferencial habría de mantenerse sólo hasta que se den las condiciones para que no exista el sobrecoste añadido a la discapacidad/diversidad funcional. Esto es, se garanticen unas condiciones de accesibilidad, acceso a las ayudas técnicas y asistencia personal necesaria. Se han de desarrollar los instrumentos que permitan, en términos de políticas de asistencia social, diferenciar claramente las situaciones de dependencia

vinculadas con la vejez de aquellas que no lo están y son debidas a la discapacidad/diversidad funcional; así como tratar adecuadamente los casos en que ambos factores están presentes. En ese sentido, la ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (mal llamada, Ley de Dependencia), debe ser objeto de una profunda revisión. Se deben ampliar los criterios según los cuales se considera que una persona puede acogerse a las prestaciones que la misma establece, incorporando una concepción, verdaderamente sensible a la realidad y las necesidades, más amplia que la estrictamente biomédica. Se deben revisar las modalidades de asignación de recursos, priorizando la asistencia personal profesional y evitando que la carga fundamental recaiga sobre las familias. Se deben suprimir todos los copagos que la ley promueve. Se debe ampliar su espectro de intervención para que, al amparo de la misma, se pueda iniciar un proceso de “desinstitucionalización” de las PD’s que canalice los recursos prioritariamente, no hacia la creación y mantenimiento de instituciones especializadas (residencias, centros de día, etc.), sino hacia la potenciación de los servicios personalizados de la Asistencia Personal. Las pensiones no contributivas de invalidez (según, por desgracia, se llaman a fecha actual) deben equipararse, como mínimo, al IPREM. Ciudadanía Las PD’s son ciudadanos/as de pleno derecho. Como tales, han de ser incluidos/as en todos ámbitos sociales, no restringiéndose estos a las actividades básicas, trabajo y estudios. La política, el ocio, la cultura, la participación social deben abrirse para permitir la participación de las PD’s. Y, por último, todas las medidas, iniciativas y directrices planteadas han de desarrollarse con un escrupuloso cuidado en relación con las diferencias de género: una política pública sobre discapacidad/ diversidad funcional insensible a las diferencias que configuran la experiencia de hombres y mujeres es una política marcada por un falaz universalismo que, muy probablemente, conducirá a prácticas inadecuadas. En este sentido, en atención a los instrumentos propuestos, cada Dirección General habrá de constituirse integrando un departamento especializado en esta materia, que vigile, garantice y promueva que la problemática de las mujeres con diversidad funcional será tomada en consideración, en todos los aspectos que sea necesario, con atención a su condición.

Leído los documentos Fundacional y Programático, ratifico estar en adhesión con el Círculo Podemos discapacidad los abajo firmantes:

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