RESOLUCIÓN DEL CÍRCULO PODEMOS COMPLUTENSE POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ANEXOS MOTIVOS DE LA RESOLUCIÓN La resolución a la que acompañan estos anexos hace referencia a una reforma universitaria íntegra. Dicha reforma habrá de contemplar más detalladamente una serie de principios ‒deontológicos y ontológicos‒ irrenunciables, así como encontrar soluciones a los problemas actuales. Se detallan en los anexos siguientes.

ANEXO I PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS La Universidad española se ve amenazada desde hace algunos años por un proceso de transformación en su esencia y en sus funciones. Este proceso no obedece a razones científicas ni humanísticas, sino, por un lado, a intereses económicos de grandes empresas –a las que, en los documentos oficiales, se las suele confundir con el conjunto de la sociedad–, y, por otro, a intereses políticos que buscan en ella un instrumento de ingresos para el sector público. En este proceso se entiende a la Universidad únicamente como fuente autofinanciadora o como institución formadora de profesionales. Responde, por tanto, a dos errores de partida: a) confundir la sociedad y el bien común con el mercado y las empresas, y, por ello, concebir la Universidad únicamente como una generadora de «valor» para ellas, «produciendo» profesionales cualificados o nuevos conocimientos; b) valorar la Universidad solamente en cuanto que genera ingresos al Estado, olvidando su papel fundamental en la formación cultural de ciudadanos y, aún más, del desarrollo de la cultura y del progreso científico de un país. Esta visión de la universidad entra en profunda contradicción con los ideales que la han mantenido durante siglos como el centro principal de referencia del conocimiento. No debe entenderse la defensa de esta larga tradición como una obsoleta manera de defender formas institucionales arcaicas, sino como un modelo de formación humanística y científica que se ha mantenido durante casi ocho siglos a pesar de los continuos cambios de paradigma cultural. Por ello mismo, se busca una modernización de la misma, pero no una transformación tal que prive a las sociedades futuras del modelo institucional que más ha favorecido el progreso humano. Por todo ello, han de defenderse los siguientes principios deontológicos: 1. 2.

La universidad no debe ser un centro de formación profesional aunque, sin atentar contra sus principios ontológicos, pueda acoger en determinados contextos ciertas líneas de formación profesionales. La universidad no debe ser un sistema de producción al servicio de las grandes empresas aunque, sin atentar contra sus principios ontológicos, pueda desarrollar investigaciones que redunden en el beneficio social.

3. 4. 5. 6.

La universidad no debe ser un sistema de enriquecimiento de los Estados aunque, sin atentar contra sus principios ontológicos, deba propiciar el sostenimiento de sus necesidades económicas. La universidad no debe ser autosuficiente económicamente, pues dicha autosuficiencia atentará irremediablemente contra sus principios ontológicos. La universidad no debe desarrollarse al margen de la sociedad aunque, sin atentar contra sus principios ontológicos, deba en ocasiones desarrollar investigaciones sin un inmediato ni evidente progreso social a corto plazo. La universidad deberá velar por la dignidad de los miembros de la comunidad universitaria en todos sus aspectos.

ANEXO II PRINCIPIOS ONTOLÓGICOS Los principios ontológicos de la universidad son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

La formación humanística, científica y crítica de aquellos miembros de la sociedad que hayan demostrado interés y capacidad intelectual suficiente para profundizar en el conocimiento humano. La investigación de todas las facetas de las realidades humanas y de la naturaleza, sin excepción alguna. El debate sobre la realidad cultural, humanística y científica, en un espacio de libertad intelectual, de expresión y de pensamiento, sin imposición alguna de intereses políticos, económicos o religiosos. La independencia de cualquier interés político, económico o religioso en cuanto a su naturaleza y su funcionamiento. La consideración del conocimiento como una red de interinfluencia cultural y no como compartimentos estancos sin relación entre sí. La dignidad de todos los miembros de la comunidad universitaria, a partir de los principios recogidos en los derechos humanos.

ANEXO III OBSTÁCULOS Consideramos que los principios deontológicos y ontológicos expuestos en los anexos I y II se encuentran amenazados, cuando no completamente anulados, por los diferentes obstáculos que sufre la universidad pública española en la actualidad y que son los siguientes: 1. 2.

3. 4.

5.

6. 7.

8.

9.

La constante subida del precio de las tasas universitarias que imposibilita a muchísimos ciudadanos el desarrollo de sus estudios universitarios en igualdad de oportunidades que el resto. Las políticas de dependencia de los créditos de instituciones bancarias para el pago de las tasas universitarias, que provocarían que todo estudiante comience ya endeudado su carrera laboral y que influiría notable y perniciosamente en la elección de estudios universitarios. Las medidas tomadas por los últimos gobiernos transforman la universidad en una institución dedicada principalmente a la formación de profesionales, en detrimento de sus principios fundamentales. La consideración del conocimiento como un mero producto mercantilizable, y, por ello, la tendencia a financiar exclusivamente aquellas investigaciones que aporten a corto plazo «valor» al mercado y, especialmente, a las grandes empresas y bancos, en detrimento de saberes con auténtica finalidad social o colectiva, y sin contemplar la manera correcta en que se desarrolla el conocimiento humano. Ninguna empresa privada ni ningún gobierno que defienda la línea actual de las medidas que se toman respecto a la universidad habría financiado los estudios de, por ejemplo, Immanuel Kant que, a largo plazo, favorecieron todo el progreso científico, tecnológico y humanista. Dejar de estudiar filosofía hoy implicará un grave perjuicio a los avances tecnológicos mañana. La falacia de que, en contra de lo que propagan sus críticos, las universidades públicas del Estado no sean instituciones absolutamente rentables en términos de inversión pública, tanto para la ciudad que acoge la universidad como para el Estado que se beneficia de las infraestructuras y servicios que se desarrollan a su alrededor. El cierre o la degradación de estudios universitarios «no productivos económicamente», en contra de los principios fundamentales de la universidad. La instauración de un Máster de Formación del Profesorado que ha recibido numerosas y pertinentes críticas por parte de profesores, estudiantes e incluso centros de enseñanza secundaria, por no haber respondido a las expectativas, por hacer depender toda una profesión de un desembolso económico desproporcionado para el estudiante y por haber provocado la caída de matrícula en diferentes másteres de investigación, con las consiguientes amenazas para su pervivencia. La implantación del denominado «Plan Bolonia», socialmente reconocido como falaz y absolutamente inoperante en la realidad universitaria y bajo un pensamiento contrario a los principios ontológicos de la universidad. Por otra parte su aplicación no ha respondido siquiera respondido a la mayor parte de los objetivos propuestos, debido al también tristemente célebre lema del «Coste Cero». La tendencia a la instauración de un sistema no democrático de gobernanza de la universidad, mediante un intervencionismo directo de los Consejos Sociales y, por consiguiente, de intereses políticos y económicos, en contra de los principios ontológicos de la universidad.

10. 11. 12. 13.

14. 15.

16. 17. 18.

19.

La progresiva disminución de financiación de la universidad pública, con traumáticos e irreparables resultados científicos y sociales. La negación de facilidades financieras para las universidades en un momento en el que se reflotan bancos y entidades privadas con cantidades de miles de millones de euros. La existencia de contratos precarios de profesorado, que a menudo no cotizan a la seguridad social ni responden a los presupuestos establecidos para una carrera académica coherente y de calidad. La progresiva disminución de los contratos del Personal de Administración y Servicios, que provoca el aumento progresivo de trabajo y el deterioro de calidad del mismo, pese a los constantes y encomiables esfuerzos de los trabajadores universitarios. La subcontratación de servicios que antes gestionaba la universidad, subcontratación que ha permitido precarizar relaciones laborales (reprografía, limpieza, cafetería, seguridad, mantenimiento...). El progresivo desgaste de las diferentes instalaciones universitarias, debido a la falta de presupuestos para su necesaria conservación y mantenimiento, degradando edificios, aulas, laboratorios y bibliotecas, y dañando seriamente la imagen patrimonial e institucional de la universidad española, cuando se trata de una ventana singular por la que nos miran por primera vez muchos futuros profesionales de todo el mundo. La disminución de modo notable del gasto corriente, de la adquisición y de la elaboración de publicaciones científicas, materiales de laboratorio, equipamientos bibliotecarios e informáticos, que disminuyen significativamente o que ven gravemente afectados sus servicios con daños hacía el futuro seguramente irreparables. La falaz campaña de desprestigio de los empleados públicos, quienes han conseguido mantener la calidad de las diferentes universidades pese a los continuos problemas provocados por los diferentes gobiernos. La consideración de los diferentes campos del conocimiento humano como entes independientes sin interrelación ni interdependencia entre ellos. Las medidas adoptadas por los diferentes órganos gubernamentales están tomadas desde la ignorancia respecto al verdadero proceso de adquisición humana del conocimiento y se basan en leyendas populares y en reduccionismos ignorantes como el de que «en la universidad actual no se aprende verdaderamente lo que es útil para la vida». Entre las razones esgrimidas para los procesos de transformación de la universidad no se ha contemplado que la profesionalidad de los miembros de la comunidad universitaria ha crecido incluso durante los últimos años y que se ha visto reflejada en un considerable aumento del alumnado y de las publicaciones científicas, tesis doctorales dirigidas y proyectos de investigación reconocidos por las principales agencias españolas. Todo ello debido al enorme esfuerzo a pesar de estas carencias económicas, al compromiso público y al buen hacer de sus profesores, investigadores y personal de la administración y los servicios.

ANEXO IV MEDIDAS Estos obstáculos deberán ser superados por medidas concretas que deberá estudiar y desarrollar la comisión de reforma universitaria. Proponemos aquí algunas, sin carácter vinculante. 1.

La paralización inmediata de las de las actuales políticas sobre universidad que generan los problemas aludidos en Anexo III, por considerar que atentan contra los principios fundamentales de las instituciones universitarias y que potencian gravemente los puntos denunciados en estos anexos. 2. La instauración de un sistema de financiación de la universidad que no sea estrictamente dependiente de las tasas universitarias de los estudiantes ni de la intervención de empresas privadas en cualquier tipo de decisiones universitarias. La financiación suficiente de la universidad pública debe permitir el desarrollo de sus principios ontológicos. 3. La instauración de medidas de control que solucionen los actuales problemas que padece la universidad y que no se arreglan mediante la intervención privada ni mediante un sistema impositivo externo de gobernanza. 4. El respeto por el sistema democrático interno en la elección de todos y cada uno de los órganos de gobierno de la universidad. 5. El cese de intervencionismo de las grandes empresas en los Consejos Sociales y, en definitiva, la desaparición de la pantomima de los mal y falazmente denominados «Consejos Sociales» tal y como están planteados en la actualidad, por responder en la práctica a intereses políticos y de grandes empresas, en directa contradicción de los principios ontológicos de la universidad. Se debe cambiar la composición de los Consejos Sociales para que se conviertan en espacios consultivos de confluencia de la universidad con una representación de la pluralidad de los agentes sociales. 6. El rechazo a los proyectos de políticas de créditos como medio de pago de tasas y, por consiguiente, su sustitución por un sistema real y equilibrado de becas. 7. La progresiva tendencia a una universidad pública gratuita, basada en un sistema tributario que la propicie y que, sin aceptar ningún tipo de injerencia de las grandes empresas en la universidad, pueda continuar aceptando donaciones de estas. Así aparece recogido como obligación internacional en el apartado (c) del artículo 13, Parte II del Pacto Internacional por los Derechos Económicos y Sociales (PIDESC). 8. El mantenimiento de los diferentes tipos de estudios universitarios, independientemente de su «impacto social». Algunos estudios no deben ser mayoritarios, sino que para su desarrollo puede ser suficiente el interés de unos escasos estudiantes al año. La necesidad de unos estudios no se mide por la cantidad de estudiantes que los reclaman, sino por la necesidad científica, cultural, de dichos estudios. 9. La reestructuración de los estudios sociales y de Humanidades, con una vuelta al saber intelectual con independencia de su repercusión laboral. 10. La desaparición de la obligatoriedad del Máster de Formación del Profesorado y su sustitución por tramos optativos de formación profesional en los diferentes grados y másteres. 11. La redefinición del denominado «Plan Bolonia» y de su puesta en funcionamiento, estableciendo las condiciones materiales necesarias: plantillas amplias, recursos

materiales, etcétera- para que las promesas de «aulas con pocos alumnos» y «educación personalizada» sean viables. 12. El establecimiento de una carrera docente e investigadora acorde con las condiciones mínimas laborales que respondan a las necesidades de la universidad y de sus trabajadores. 13. La contratación suficiente de Personal de Administración y Servicios y el mantenimiento de unas condiciones de trabajo dignas 14. Habilitar los mecanismos necesarios para tender hacia el favorecimiento de la difusión de los conocimientos generados por la Universidad por medio de licencias libres, sin perjuicio de los derechos personales de los autores, independientemente de la institución privada que cofinancie o difunda dichos conocimientos. En definitiva, la única medida primaria y fundamental es la de una reforma universitaria que redunde en una nueva Ley Orgánica basada en los principios deontológicos y ontológicos expuestos. Por todo lo expuesto, se defiende esta resolución y lo que en ella se plantea, se denuncia y se exige.