Política

Página 6/LA NACION

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Martes 25 de septiembre de 2007

La Asamblea General en Nueva York: agenda abierta para el matrimonio presidencial

Zapatero cree que habrá un acuerdo por las papeleras

Malvinas: el Gobierno promete ser “inflexible”

Dijo que podría ocurrir “en unos meses”

Respuesta al plan de Gran Bretaña

NUEVA YORK (De nuestros enviados).– El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró ayer optimista de cara a una futura resolución del conflicto entre la Argentina y Uruguay por la instalación de la pastera Botnia y pronosticó que, desde su óptica, se podrá llegar a un acuerdo “de aquí a unos meses”. Zapatero se manifestó en esos términos durante una rueda de prensa que brindó en la sede de las Naciones Unidas, en esta ciudad, tras intervenir en la Reunión de Alto Nivel sobre Cambio Climático. Allí, Zapatero recordó la facilitación española en el conflicto, encabezada por el rey Juan Carlos de Borbón, en la que desempeña un papel fundamental el embajador español ante la ONU, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo. “La perspectiva es positiva para llegar a un acuerdo de aquí a unos meses”, manifestó Zapatero. Mientras que España manifestó su optimismo, desde Buenos Aires, la primera línea del gobierno de Néstor Kirchner calificó de “dificultoso” el escenario de la disputa abierta con Uruguay por la instalación de Botnia. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, reconoció ayer la importancia de mantener abierto el diálogo, pero destacó que siguen existiendo “posiciones muy contrapuestas”. “Tenemos que tratar de ver si nos podemos encontrar en algún punto”, comentó. Lo mismo sucedió en el gobierno uruguayo. El presidente Tabaré Vázquez dijo que Uruguay no está negociando con Kirchner, sino que sólo está “dialogando” (de lo que se informa por separado).

En cualquier caso, las afirmaciones de Rodríguez Zapatero cobran una relevancia especial por cuanto el próximo sábado delegaciones de alto nivel político de Uruguay, de la Argentina y de España celebrarán una reunión precisamente en esta ciudad para continuar el proceso de diálogo. Ese encuentro será una continuación de la cumbre de reapertura de las conversaciones que protagonizaron los dos países el último 20 de abril en Madrid. Allí, las partes acordaron seguir los contactos directos para intentar solucionar de forma dialogada la crisis desencadenada por la construcción de la planta de celulosa en la margen occidental del río Uruguay. Desde entonces, se realizaron dos reuniones de nivel técnico, ambas en Nueva York, pero estos encuentros naufragaron sin haber logrado avances significativos. Simultáneamente con las negociaciones abiertas, la Argentina y Uruguay mantienen abierta una disputa legal en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, desde mayo de 2006. La Argentina argumenta que su vecino violó el tratado de administración compartida del río Uruguay, límite natural entre ambos países, por autorizar la construcción de dos fábricas de celulosa en su ribera. Luego de los insistentes reclamos argentinos, la española Ence dispuso relocalizarse en una localidad del departamento de Colonia, pero Botnia no se mostró dispuesta a esa posibilidad. En cambio, Uruguay denunció que el gobierno argentino no tomaba acciones ante los cortes de los puentes fronterizos realizados por los asambleístas.

Para Vázquez, Kirchner desechó la relocalización MONTEVIDEO (De nuestro corresponsal).– El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, sugirió ayer que el relanzamiento de un diálogo es resultado de la renuncia del gobierno de Néstor Kirchner al principal reclamo de la asamblea ambientalista de Gualeguaychú: la relocalización de la planta de Botnia. Sostuvo que “hasta no hace mucho, la condición que ponía la Argentina era que se relocalizara la planta de Botnia”, lo que a su juicio hacía “imposible” una negociación e incluso una vía de diálogo. Dijo que “preocupa mucho el conflicto”, aunque aclaró que el problema no es con todo el país, sino “con un sector de la población argentina, que rechaza la instalación de la planta de Botnia en Fray Bentos”. El presidente oriental dijo que “al

principio había mucha inquietud por el tema seguridad, pero ahora realmente ha bajado” y aseguró que “sin duda, son menores los planteos que hay alrededor de este tema”. Cuando le preguntaron si “se mantiene en la posición de no negociar mientras los puentes se mantengan cortados” Vázquez insistió en su postura sobre el tema: “Nosotros no estamos negociando; esto debe quedar bien claro, dialogar es distinto de negociar”. Dijo que lo que se está “haciendo con el gobierno argentino (es) dialogar amistosamente sobre un tema que ha ocasionado problemas”. “¿Su amistad con Kirchner está intacta?”, le preguntó un periodista. “Sí, sí, nosotros tenemos un muy buen trato personal, lo hemos tenido siempre, no ha variado”, dijo.

PRESIDENCIA DE LA NACION

Cristina Kirchner compartió una conferencia con el juez español Baltasar Garzón

Los derechos humanos, en la agenda de la candidata Cristina Kirchner cuestionó a EE.UU. y habló del caso López Por Hugo Alconada Mon Corresponsal en los EE.UU. NUEVA YORK.– En paralelo a la agenda de su marido, la senadora y candidata presidencial Cristina Fernández de Kirchner inició anoche su agenda en esta ciudad con una medalla alrededor de su cuello y críticas veladas a los Estados Unidos –y explícitas a Inglaterra– por su “doble moral” en materia de derechos humanos. La senadora planteó estos términos en la conferencia que protagonizó en la Universidad de Nueva York (NYU) junto al juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, y al director del Centro Internacional de Justicia Transicional de ese claustro académico, el argentino Juan Méndez. La candidata defendió la reapertura de juicios por la represión ilegal, condenó “el mensaje mafioso” que implica la desaparición de Jorge Julio López y reclamó que es necesario “lograr que haya un solo estándar” a la hora de promover “un sistema penal glo-

bal” que erradique “la subordinación del respeto de los derechos humanos a razones de Estado”. Fue entonces cuando apuntó, sin nombrarlo, a los Estados Unidos y su antecedente de haber invadido Panamá y derribado y juzgado en Florida a su hasta entonces dictador, Manuel Noriega, cuando dejó de serle útil, mientras que obvia las acusaciones que pesan hoy, por ejemplo, contra el general Pervez Musharraf en Paquistán o las que hubo contra otras dictaduras, incluida la Argentina, en el pasado. “Si un dictador es funcional a los intereses geopolíticos de un Estado, todos miramos para otro lado en materia de violación de derechos humanos. Ahora, si conviene a los intereses de un país que sea tratado como dictador, bueno, somos capaces de ir a buscarlo y traerlo aquí y juzgarlo”, acusó. En este pasaje señaló de manera explícita a Gran Bretaña: “Ustedes saben que la razón por la que no se extraditó al ex dictador chileno Pinochet fue que había colaborado con el gobierno de

Inglaterra en la Guerra de las Malvinas, como recordó Margaret Thatcher, para que no se accediera a su extradición”. A su izquierda, Méndez se concentró en dirigir el diálogo y homenajear a Emilio Mignone, el recordado defensor de los derechos humanos cuyo nombre lleva ahora esta serie anual de conferencias de la NYU. Entre el público estaban dos hijos de Mignone, Javier e Isabel. Garzón también repasó sus esfuerzos por investigar los crímenes cometidos en la Argentina y Chile. Y resaltó que el concepto de “justicia penal universal” comienza a respetarse y aplicarse alrededor del mundo, “salvo en el país que hoy nos acoge”. Luego la primera dama recordó a López y destacó que “se debería construir un sistema internacional de protección de testigos de modo que sean sacados y trasladados a otro país donde se puedan desarrollar con un grado de seguridad”. También habló de la “deuda moral” del Estado argentino con las víctimas de la dictadura.

El doble estándar con la prensa NUEVA YORK (De nuestro corresponsal).– Lejos de su política de labios cerrados ante los medios gráficos argentinos, en México aceptó que la entrevistase CNN en Español. En Madrid, que lo hiciera El País. Y en esta escala, Cristina Kirchner aceptó un ida y vuelta con la revista Time, con cuyos editores almorzó luego. La entrevista se publicará en la edición del martes próximo, aunque la Casa Rosada adelantó un extracto, en el que consta apenas una pregunta: “¿Capitalina, pingüina?” La candidata respondió con una corrección amigable: “No diga capitalina, porque los porteños pueden llegar a morirse con ese término”. El tramo da margen para que el periodista, lejos de preguntas posibles sobre

inflación, la campaña, la negociación con el Club de París, la piropeara: “Nadie diría que tiene 54 años, no se le ven”, y para que ella, tras agradecer, comentara que había pasado “la mitad de la vida en la Patagonia, y la mitad exacta de la vida en Buenos Aires, y bueno…” Aun cuando se niega a ser entrevistada por medios argentinos, entre ellos LA NACION (al que ayer criticó veladamente antes de que el decano de la New York University, Richard Revesz, elogiara al diario y recordara a Julio Saguier), de esas entrevistas en el exterior surgieron perlas. En México dijo que ella “fue más conocida que Kirchner antes”. Y en España: “Me identifico con la Evita del puño crispado”. El martes se conocerá otro capítulo.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmó ayer que la Argentina será “inflexible” en su rechazo al proyecto que elabora el Reino Unido de pedir la ampliación de su soberanía marítima a partir de la plataforma continental de las islas Malvinas. “Es un planteo que se hace en el marco de las Naciones Unidas para resolver en los próximos años. Obviamente, la Argentina tendrá la misma inflexibilidad que ha tenido siempre respecto de sus derechos soberanos sobre las Malvinas”, dijo el jefe de Gabinete al ser consultado sobre el proyecto británico. En el mismo tono, el canciller Jorge Taiana había adelantado anteayer desde los Estados Unidos que en caso de que Gran Bretaña avanzara con la polémica iniciativa la Argentina presentaría una protesta formal ante las Naciones Unidas. Taiana acompaña al presidente Néstor Kirchner en Nueva York, en la 62ª Asamblea General de las Naciones Unidas. “Va a ser protestada [la presentación británica] y no tendrá ninguna posibilidad de ser considerada por la comisión de límites de las Naciones Unidas”, había di- Fernández cho. La cuestión será parte del discurso que pronunciará hoy Kirchner ante los más importantes líderes mundiales, adelantó el jefe de Gabinete. “Seguramente [el Presidente] reivindicará como siempre los derechos de la Argentina en los términos internacionales; esto quiere decir, los derechos soberanos sobre las islas Malvinas”, precisó. El proyecto británico apunta a aumentar la potestad inglesa en las áreas de influencia de las islas Malvinas sobre la plataforma continental del límite exterior del archipiélago de 200 a 350 millas hacia el Este, mediante una presentación en la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas. En 2009, todos los países deberán presentar a las Naciones Unidas un trabajo técnico para ampliar la plataforma continental más allá de las 200 millas. Pero en casos de disputas de soberanía de por medio, ante la presentación de una protesta de una de las partes se congela su tratamiento. “Hay que decir que este tipo de planteos periódicamente los hace Inglaterra, no siempre con suerte, generalmente sin suerte”, dijo el jefe de Gabinete a Radio 10, según consignó la agencia DyN.

Acceso a la información

La Justicia intima a Jaime a brindar datos Un fallo inusual exigió a la Secretaría de Transporte cumplir un decreto presidencial Por Martín Dinatale De la Redacción de LA NACION La reticencia de los funcionarios a brindar información pública y la falta de transparencia que eso origina en el Estado siguen generando tanta polémica que el tema llegó a los tribunales. En un fallo inusual, la Justicia acaba de exigir al Ministerio de Planificación Federal que cumpla con su deber de informar a la ciudadanía y no retacee datos. Así surgió de un fallo que firmó la jueza federal Susana Córdoba en virtud de un recurso de amparo que presentó la fundación Poder Ciudadano contra el secretario de Transporte Ricardo Jaime. Sustentada en el decreto 1172/03 de acceso a la información que emitió el Poder Ejecutivo, la Justicia dio lugar a un pedido de informes que inició el 18 de abril pasado Poder Ciudadano ante la Secretaría de Transporte. La intención de esta fundación era conocer los fundamentos de una resolución del Ministerio de Planificación Federal por la que establecía cupos a los discapacitados para que puedan viajar gratuitamente en el transporte público. “Presentamos un amparo en la Justicia, porque nunca hubo una respuesta de Transporte a nuestro pedido para ver si el decreto 118/06, que dispuso límites para el viaje gratuito de discapacitados en los colectivos, resulta una medida arbitraria o si tiene una explicación justificable”, dijo a LA NACION Varina Suleiman coordinadora del área de Justicia de Poder Ciudadano. Para Suleiman el decreto que emitió Transporte viola el principio de no regresividad en materia de derechos hu-

LA CONTROVERSIA ■ Poder Ciudadano pidió a la Se-

cretaría de Transporte, a cargo de Ricardo Jaime, que fundamente la resolución por la que estableció cupos a los discapacitados para que éstos puedan viajar gratuitamente en el transporte público. ■ La secretaría no entregó hasta

el momento los datos requeridos y Poder Ciudadano presentó un recurso de amparo judicial. ■ La jueza federal Susana Córdoba emitió un fallo en el que obliga a Transporte a brindar información y se sustenta en el decreto presidencial 1172/03, que establece el principio de acceso a la información en la órbita del Poder Ejecutivo.

manos al restringir el número de plazas disponibles para discapacitados que se había dictado en el decreto 38/2004. Para averiguar los fundamentos de esta decisión, Poder Ciudadano elevó un pedido de informes amparándose en el decreto presidencial de acceso de información. La ONG intentó determinar si el Gobierno ponderó la existencia de subsidios en favor de las empresas de transporte o si se consideraron medidas alternativas menos perjudiciales para la población discapacitada. Pero nunca hubo una respuesta de parte de Planificación Federal. Los voceros de Ricardo Jaime no supieron explicar a LA NACION los motivos por los cuales la Secretaría de Trans-

porte se negó a dar información. De todas maneras, ahora hay un fallo que la jueza Córdoba firmó el 30 de agosto pasado, que obligará a Transporte a brindar información en 10 días.

Contradicciones En el dictamen judicial se puso de relieve el principio de que “la publicidad de los actos de gobierno es uno de los pilares de todo gobierno Republicano, lo que implica la obligación de hacer conocer a los ciudadanos las decisiones que han sido tomadas por quienes ocupan cargos públicos”. El tema resulta controvertido y no es menor. A la vez, desnuda ciertas contradicciones que hay en el Poder Ejecu-

tivo a la hora de dar información. En una nota que el 3 del corriente elevó la Subsecretaría para la Reforma Institucional, que depende de la Jefatura de Gabinete, se recomendó al Ministerio del Interior a brindar información a Poder Ciudadano por un pedido que se hizo en enero pasado para que la cartera a cargo de Aníbal Fernández entregara la nómina del personal que se contrató con fondos provenientes de programas financiados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El requerimiento de Poder Ciudadano lleva más de seis meses. En medio de ello, el Ministerio del Interior se negó a dar la información y respondió mediante el dictamen 6587 que Poder Ciudadano debía acreditar “legítimo interés” para acceder a la información, porque, a su entender, el pedido afectaba la protección de datos personales. La directora de Poder Ciudadano, Laura Alonso, explicó a LA NACION que luego de esa respuesta hubo una presentación a la Oficina Anticorrupción y el Ministerio del Interior aún no dio la información, a pesar de las recomendaciones de la Jefatura de Gabinete. En rigor, la única respuesta que hubo hasta ahora fue el escrito que lleva la firma de Marta Oyhanarte en calidad de titular de una dependencia de Jefatura de Gabinete. Allí pide a Interior que se cumpla con el decreto 1172/03 de acceso a la información. Y sustenta esta sugerencia en el criterio de que en el decreto presidencial prevalece siempre la “exigencia de la acreditación de un interés legítimo en acceder a la información solicitada” y reclama que se proceda a dar la información.