Límites y posibilidades del movimiento indígena de la

Amazonía peruana: breve recorrido histórico

Simone Garra

Clase de antropología amazónica Prof. Oscar Espinosa Maestría de Antropología Cultural; PUCP

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ÍNDICE

Introducción

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El contexto histórico: la colonización de la Amazonía y la explotación de sus recursos

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Nacen las primeras organizaciones indígenas amazónicas: el modelo de la federación étnica

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La experiencia del Congreso Amuesha

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La experiencia del Consejo Aguaruna-Huambisa

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El nacimiento de una organización nacional: la AIDESEP

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La creación de una organización paralela: el nacimiento de la CONAP

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El movimiento indígena amazónico en el escenario internacional

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Conclusiones

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Bibliografía

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Introducción Llamamos al gobierno y las autoridades competentes en no exacerbar nuestra sensibilidad cultural, mucho menos, pretender emplear fuerzas de coerción ni represión, porque advertimos una vez más; que nuestra lucha no se mide en horas ni en días, estamos dispuestos de prolongar los tiempos necesarios para dejarnos escuchar lo suficiente con esta movilización, que se inicia en nuestro propio territorio con pensamientos innatos, que nos afloran inspirar con independencia, que el tiempo de la definición sobre la existencia o no de los pueblos ha llegado y es por eso que estamos dispuestos hasta las ultimas consecuencias, en el caso de ser provocados por las fuerzas del orden. (9 agosto 2008 – de la convocación del paro del Consejo Aguaruna Huambisa)

El día 9 de agosto de 2008, Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, los indígenas de las etnias Aguaruna - Huambisa de la provincia de Condorcanqui, Amazonas, a través de su organización nacional, la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), convocaron un paro indefinido de los pueblos amazónicos en demanda de la derogatoria del Decreto Legislativo 1015 y otros decretos cuyo objetivo es cambiar las reglas de protección de los territorios indígenas para favorecer la inversión privada en la región. Muy pronto la movilización se extendió entre los pueblos indígenas de diferentes etnias y regiones de la selva peruana: miles de manifestantes indígenas se concentraron en zonas estratégicas solicitando al Gobierno su plataforma reivindicativa. El levantamiento atacó puntos simbólicos del frente extractivo neo-liberista: centrales y bombeos de las petroleras, ductos y centrales hidroeléctricas, carreteras. La respuesta del gobierno osciló entre la amenaza de graves medidas represivas y la criminalización, hasta que, el día 22 de agosto, el Congreso se vio obligado a derogar los decretos criticados. La prensa y el gobierno presentaron la protesta a la opinión pública, utilizando los clásicos estereotipos que, desde la colonización europea, han caracterizado la visión hegemónica de la sociedad nacional hacia los pueblos indígenas: ellos son salvajes primitivos que se oponen al desarrollo y la modernidad y, sin duda, son manipulados por agentes externos. En efecto, ¿cómo pueden esos indígenas incivilizados ser capaces de tomar decisiones por su cuenta? El racismo del gobierno y de la sociedad nacional aflora en las declaraciones de sus representantes y de cierta prensa, esta sí manipulada por agentes externos. Sin embargo, ante las fuertes protestas que inmovilizaron importantes empresas económicas del país, el Estado no pudo ignorar por enésima vez la voz de los pueblos indígenas. Durante más de 10 días de lucha, las comunidades y las organizaciones indígenas, a lo largo de toda la selva peruana, demostraron una total determinación, actuaron en coordinación entre ellos y revindicaron una plataforma común. Ellos demostraron públicamente que en la selva peruana existe un movimiento social de identidad netamente indígena, que “los perros del hortelano”, como les llama el presidente Alan García, no

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aceptaran pasivamente el despojo de sus tierras y el saqueo de su ambiente ancestral, perpetuado por las empresas transnacionales y promovido por el gobierno. Hace 40 años nacía, en el Perú, la primera organización indígena amazónica regional, el Congreso Amuesha, como una estrategia política para la defensa de los recursos naturales y como una entidad legal que puede obtener un título territorial. Hoy, en 2008, la mayoría de los indígenas habitantes de la Cuenca Amazónica ya han formado algún tipo de organización representativa, creando alianzas con organizaciones similares tanto a nivel regional, como nacional e internacional. Si bien el movimiento indígena amazónico está compuesto por una pluralidad de voces y posiciones diferentes y no se identifica en una sola organización, el paro de agosto nos enseñó su vitalidad y su determinación en la actualidad. En este trabajo se trata de recorrer, a grandes rasgos, la historia de las organizaciones indígenas amazónicas en el Perú. En el primer capítulo se describen los intereses del Estado y de las empresas privadas en la selva a lo largo de los últimos cuarenta años, es decir, el contexto donde han surgido las organizaciones indígenas. El segundo capítulo se enfoca en la creación de las primeras “federaciones étnicas” amazónicas peruanas, en particular el Congreso Amuesha y el Consejo Aguaruna Huambisa, que dieron vida a la AIDESEP, la organización representativa a nivel nacional. El tercer capítulo trata de recorrer brevemente la historia de AIDESEP y, seguidamente, la de la CONAP, una coordinadora de organizaciones indígenas amazónicas que entró muy pronto en conflicto con AIDESEP. En fin, se describe la subida de los indígenas amazónicos al escenario internacional y, en especial, la formación de la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Este ensayo no pretende ser exhaustivo ni tratar el argumento en profundidad, sino rastrear una historia todavía por escribir.

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El contexto histórico: la colonización de la Amazonía y la explotación de sus recursos La década del ‟60 fue el periodo en el cual la Amazonía peruana comenzó a dejar su condición marginal a nivel nacional, tanto en términos demográficos como productivos. El gobierno de Fernando Belaunde trató de solucionar el problema agrario del Perú mediante una política de expansión de la frontera agrícola, propiciando el “poblamiento de las ricas tierras de la selva”. Para ello se hizo necesario crear las bases materiales, a través de la construcción vial, que posibilitaran un fácil acceso a la región, acompañándola simultáneamente de la legislación respectiva. Así en 1964 se promulgó una Ley de Reforma Agraria, la cual facultaba al Ministerio de la Agricultura a reservar tierras inexploradas en la selva para su colonización por parte del Estado. Asimismo, durante el primer gobierno de Belaunde el 50% del presupuesto de inversión en carreteras fue destinado a la selva. De las carreteras construidas la más importante fue la Marginal de la selva, la cual debía vincular longitudinalmente a toda el área de la selva alta. La explicita política de colonización del gobierno (crédito de fomento para actividades agro-pecuarias) y las carreteras de penetración propiciaron flujos migratorios tanto dirigidos como espontáneos desde la sierra hacia la selva alta, cuyas consecuencias fueron el desarrollo de una vasta red rural y la proliferación de conglomerados urbanos como núcleos articuladores de la actividad agropecuaria de esta región. Los flujos migratorios se asentaron particularmente en la selva alta central (en la zona de los Ashanika del Perené) y en la selva alta norte (zona Aguaruna, margen derecha del alto Marañon). La afluencia masiva de colonos a territorios indígenas causó innumerables conflictos y muchos pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras. Los principales productos de la actividad agro-pecuaria de esta época fueron el café, destinado al mercado internacional, y el arroz y el maíz amarillo, para el mercado local y nacional. Además de la expansión de la frontera agrícola, a partir de la segunda mitad de los años sesenta el rápido crecimiento de la demanda de madera tropical en el mercado internacional determinó la expansión de las actividades extractivas en la selva baja. Los madereros, apoyados por el gobierno, penetraron cada vez más adentro en los territorios indígenas, involucrando a la población en los mecanismos de la habilitación y el enganche. Un episodio especialmente grave marcó el avance de los patrones madereros en esa época. En 1964, los pobladores de los asentamientos Matsés ubicados en el Río Yaquerana (Requena, Loreto) atacaron a una partida de patrones madereros y los mantuvieron sitiados durante una semana. El Comando Estadounidense de Panamá envió helicópteros de rescate y la Fuerza Aérea del Perú bombardeó y ametralló los Matsés, con el argumento de combatir grupos subversivos.

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A partir de 1968, el Estado militar reformista de Velasco Alvarado impulsó un nuevo proyecto nacional de desarrollo, enmarcado en el modelo de substitución de las importaciones. En consonancia con los objetivos modernizadores y ordenadores del gobierno militar, la Reforma Agraria eliminó la hacienda como unidad de producción predominante en la selva alta e incrementó la intervención directa del Estado en la región. En 1974 la “Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de las Regiones de la Selva y de la Ceja de Selva”, por un lado, promovió el “despojo institucionalizado” de los territorios indígenas y su fragmentación en pequeñas parcelas productivas (minifundios). Por otro lado, hubo un reconocimiento legal de las comunidades nativas y se facilitó su participación en el espacio público nacional, por medio de los funcionarios de SINAMOS, la agencia del Ministerio de Agricultura velazquista, que difundió en la región la presencia de operadores e investigadores involucrados en el debate y la obra neo-indigenista. Los efectos de estos nuevos contactos fueron el surgimiento, en esta época, de programas de educación bilingüe, de salud y de defensa territorial y el nacimiento de muchas organizaciones indígenas. Al mismo tiempo, el gobierno de Velasco amplió las facilidades crediticias para las actividades agro-pecuarias en la selva, principalmente para los cultivos de maíz amarillo y arroz destinados a suplir el déficit alimentario nacional, consiguiendo

que la presión de los colonos hacia los

territorios indígenas fuera haciéndose cada vez más fuerte. Contemporáneamente, en la década de 1970, nuevos frentes extractivos se desarrollaron en la selva baja. Los nuevos descubrimientos de petróleo en Loreto, el desarrollo de la actividad petrolera y el incremento de la inversión publica que ella conllevó tuvieron un importante impacto demográfico en la selva baja norte, el cual se expresó particularmente en el fuerte crecimiento de las ciudades de Iquitos y Pucallpa. Asimismo, en Madre de Díos, el descubrimiento de nuevos yacimientos aluviales de oro generó un nuevo boom extractivo en la selva baja sur. En definitiva el gobierno militar favoreció el desarrollo de más eficientes y modernizadas formas de explotación de los recursos y, al mismo tiempo, de nuevas y más consistentes relaciones con las poblaciones indígenas, necesarias para su integración en la economía nacional. En la década del ‟80, y en especial bajo el segundo gobierno de Belaunde, se revertieron las tendencias cooperativistas y estatistas del gobierno militar, atrayendo al capital privado y abriendo la posibilidad de obtener grandes concesiones de tierras. Se dio facilidades para el desarrollo de la agroindustria y se fue eliminando el monopolio estatal de la comercialización de los principales productos agrícolas. El Estado comenzó una serie de megaproyectos, llamados “especiales”, con financiación de organismos internacionales, que estuvieron apoyados por la construcción de nuevas vías de penetración, que formaban parte de la carretera Marginal de la Selva.

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Las carreteras facilitaron el acceso hacia nuevas zonas de la cuenca amazónica de miles de colonos, por lo general inmigrantes pobres procedentes de los Andes, ilusionados con la promesa de recibir tierra y apoyo técnico y financiero de esos proyectos especiales. La deforestación extensiva se aceleró como parte de una política que impulsaba la conversión de los bosques en cultivos y pastos para la crianza del ganado. Sin embargo, la poca productividad de los suelos y el bajo precio de los productos agropecuarios llevaron a muchos colonos pobres procedentes de la sierra a aceptar las ofertas de la mafia de la coca para dedicarse al cultivo de esta hoja. En algunas zonas (Huallaga, Convención) los nuevos frentes cocaleros se establecieron a costa de la superficie cultivada de otros productos, mientras que en otras (Codo del Pozuzo, Ene, Tambo) constituyeron la vanguardia de la economía de mercado de la región. Por lo tanto, en estos años los cultivos de coca destinados a la producción de cocaína se multiplicaron, enriqueciendo no solo a los narcotraficantes, sino también a los movimientos subversivos que, durante la segunda mitad de los años ‟80, incrementaron su presencia en las regiones de la selva central. Las poblaciones indígenas fueron gravemente involucradas en la espiral de violencia generada por el conflicto entre el ejército y los movimientos subversivos y en algunos casos, como ocurrió con la creación de El Ejercito Ashánika, reaccionaron activamente para defender su territorio y su libertad. Simultáneamente a los colonos, llegaron los extractores de madera, que por ésa época comenzaron a modernizar su tecnología. El empleo de tractores forestales les permitió acortar las distancias que los separaban del recurso y superar la barrera que antes significaba la escasez de agua en las quebradas para el traslado de la madera. Con esas maquinas es posible, en la actualidad, llegar a zonas apartadas y, además, en cualquier época del año. La expansión maderera se ha potenciado aún más desde el año 2000, cuando se promulgó la actual ley forestal que, si bien pretendía regular la actividad mediante la explotación planificada del recurso, en la práctica ha expandido la tala ilegal. En muchos casos se ha dado una alianza entre los funcionarios y los extractores ilegales. Los madereros que han firmado un contrato con el Estado para explotar una concesión extraen madera de cualquier lugar, incluso de los bosques de las Áreas Protegidas. Aunque hay excepciones, hoy en día los madereros ya no invaden las comunidades sino que trabajan con ellas sobre la base de acuerdos desventajosos y con frecuencia los propios comuneros “invitan” a los madereros a explotar sus recursos. En los últimos años dos actividades tienen gran impacto en la vida de las sociedades indígenas de la Amazonía peruana: la explotación de hidrocarburos y la minería aurífera, apareciendo ambas en la década del 1970. La primera de ellas cobró una fuerza inusitada en la década del 1990, cuando el Estado subscribió decenas de contratos para explotar lotes que se sobrepusieron con territorios 7

indígenas, la mayoría de ellos ya legalizados. El carácter agresivo de estas industrias se expresa, por un lado, con el continuo e intenso desplazamiento de trabajadores y maquinaria pesada, lo que implica deforestación (campamentos, helipuertos, trochas, zonas de perforación, línea sísmicas) y perturbación social y, por otro, en su enorme capacidad contaminante, a causa del vertimiento de aguas de formación, de elevada temperatura y con alto contenido de metales pesados, a ríos, cochas y quebradas, o, en el caso de la minería, por la liberación de mercurio en la atmosfera y en los ríos. Además, estas actividades atraen grandes cantidades de colonos que se establecen a lo largo de las vías de comunicación y de los oleoductos. En resumen, a lo largo de estas décadas de cambios rápidos y transformaciones profundas, la Amazonía ha continuado siendo considerada por la sociedad nacional como una región de gran potencial productivo y de recursos necesarios al aprovisionamiento de los centros urbanos y a la aportación de materias primas para el desarrollo capitalista nacional e internacional. Los planes de desarrollo se han venido realizando en diversos frentes: El frente agrícola El frente ganadero El frente forestal y extractivo mercantil El frente aurífero y minero El frente petrolero y energético

Todas estas actividades han llevado a una perdida del control de sus propios territorios por parte de las poblaciones indígenas. Su inserción en el mercado se aceleró a un ritmo no conocido hasta entonces y se produjo de la única manera que el sistema lo permite: marginal y dependiente, para jugar sólo el papel de abastecedores de bienes de escasa rentabilidad y de mano de obra barata. Al no poder los indígenas obtener de sus territorios lo que antes obtenían, deben comprar más bienes de fuera, pero para obtener el dinero necesario se ven forzados a destruir mayores extensiones de bosque a fin de sembrar productos comerciales, empobreciendo los suelos, o a hacer acuerdos desventajosos con extractores informales, como los madereros y los mineros. Así, si hace unos años los extractores invadían las comunidades, ahora a menudo son “invitados” por éstas.

Las actividades extractivas, y en especial la minera y la petrolera, son actividades altamente contaminantes que están poniendo en peligro muchas vidas humanas, así como de los demás seres vivientes. El Estado da amplias facilidades a las empresas que invierten en estos sectores, las cuales tienen que ver con exenciones tributarias y con la política de laissez faire por lo que respecta a las normas que garantizan la protección al medio ambiente y a los seres humanos que lo habitan. 8

Nacen las primeras organizaciones indígenas amazónicas: el modelo de la Federación Étnica

La población indígena ha sabido siempre organizar sus sociedades como grupos cohesionados, aprovechando integralmente de los recursos del medio ambiente, estableciendo normas, intercambios, contactos y alianzas. Desde la colonización europea ella se ha opuesto en muchas ocasiones a la invasión de sus territorios, creando alianzas ínter-étnicas para defender su libertad y manteniendo una relativa independencia a lo largo de la historia. Las organizaciones indígenas, tal como hoy se conocen, han nacido en las últimas cuatros décadas, y en especial en la década del 1970, como el producto de una nueva estrategia de los pueblos indígenas para defender sus tierras, recursos e identidad étnica/política. Este tipo de organización ha surgido como respuesta indígena a las amenazas que representan la colonización y la expansión capitalista. Aunque la defensa de territorios constituye sólo uno de los muchos aspectos que son considerados por estas organizaciones, éste es definitivamente el principal. Todas las organizaciones indígenas han nacido a partir de la preocupación por defender sus territorios contra el avance colonizador y extractivista. Durante la época del gobierno militar de Velasco Alvarado, los pueblos indígenas, juntos con otros sectores obreros y campesinos, aparecieron con voz propia en la escena social y política del país. Se les reconoció por primera vez sus derechos en la legislación y se les otorgó una categoría, por lo menos en el aspecto formal y legal, de legítimos interlocutores y depositarios de valores con derecho a ser respetados. Además, el Estado, a través de SINAMOS, destinó significativos recursos económicos y personal al trabajo con la población indígena. Las primeras organizaciones indígenas fueron apoyadas por grupos de antropólogos y profesionales que trabajaban en la región, que comenzaron a reunirse entre sí, reflexionar sobre los problemas de los indígenas amazónicos y diseñar y realizar trabajos en conjunto que tuvieran que ver con la defensa de sus derechos. Muchas comunidades crearon “ligas” y federaciones agrarias, dentro de un modelo de organización gremial-campesino, o “Congresos” dentro de un modelo más particular a nivel étnico. Nacieron así las primeras “Federaciones Étnicas”, como las denomina el antropólogo Richard Smith, quién colaboró activamente en su creación. Las primeras federaciones étnicas, es decir la Federación Shuar de Ecuador (1964) y el Congreso Amuesha del Perú (1969), surgieron en contextos similares y han servido como modelos a las que existen actualmente. Los dos principales factores de organización han sido la tierra y la identidad étnica, cuya defensa ha motivado la búsqueda de unión entre los grupos, para fortalecerse y apoyarse. 9

La dinámica de conformación de las organizaciones ha sido, en líneas generales, parecida en la mayoría de los casos. Frente a la avanzada de la colonización y de los diferentes frentes extractivos, los líderes de las diferentes comunidades de cada grupo étnico comenzaron a reunirse, en busca de medios y estrategias comunes para defender sus tierras, recursos y culturas amenazados. En esta etapa jugaron un papel importante una diversidad de instituciones que propiciaron los contactos (estadales, religiosas, de apoyo privado), aunque los miembros de esas federaciones trataron con desconfianza a los partidos políticos y, en muchos casos, a los sindicatos campesinos y a las ONG. En efecto, los líderes indígenas eran poco interesados en los asuntos ideológicos que preocupaban tanto a los grupos políticos. La preocupación central de las federaciones étnicas fueron los problemas concretos que aquejaban sus comunidades miembro, es decir, asuntos de recursos, producción, economía, salud, cultura e idioma. La estructura organizativa varía de de una federación a otra; normalmente cada comunidad miembro elige sus representantes, que luego se reúnen en asambleas de delegados. En estas asambleas se discute sobre estrategias para la acción colectiva y se establecen normas. A su vez, las asambleas de delegados son representadas por dirigentes electos. Ha surgido así una nueva generación de líderes indígenas que, a su juventud, unen un mejor conocimiento del castellano y de las reglas del juego de la sociedad nacional. Todos ellos han pasado por la escuela y, en varios casos, por el colegio segundario. Ellos han sido los agentes principales en la formación de las nuevas organizaciones indígenas. Estos “nuevos líderes” coexisten con los líderes tradicionales: el tradicional sigue cumpliendo las funciones internas definidas por su sociedad, mientras que el moderno se encarga de representar a su comunidad o a su pueblo ante el mundo exterior. Normalmente, cuando la participación de las comunidades de base es directa, existe una preocupación constante de las comunidades de no permitir la acumulación de demasiado poder en manos de una sola persona o comunidad, por lo que, al menos en sus fases iniciales, la rotación de los dirigentes tiende a ser frecuente.

A continuación se presentan las experiencias de dos importantes federaciones étnicas: el Congreso Amuesha, la primera federación que surgió en el Perú, y el Consejo Aguaruna Huambisa. Ambas fueron de las primeras organizaciones, entre otras varias, que fundaron AIDESEP, la organización indígena de la selva peruana representativa a nivel nacional.

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La experiencia del Congreso de las Comunidades Amuesha

Los hablantes de la lengua Amuesha habitan en la región de la selva central del Perú, repartidos en tres provincias: Chanchamayo, Oxapampa y Pachitea. Ellos se denominan a sí mismos yanesha, es decir „nosotros, la gente‟. A finales de 1950 se inició un movimiento masivo de colonos de los Andes hacia esta área, con el apoyo y la aprobación de los sucesivos gobiernos. El Estado y los colonos consideraban las tierras Amuesha disponibles para cualquier persona que presentara una petición. Los Amuesha que buscaban protección por el Estado encontraban todas las puertas cerradas en los puestos locales de avanzada de las burocracias estatales, cuyos empleados habían sido criados bajo la actitud racista de la sociedad criolla dominante. Así algunos Amuesha optaron para presentar reclamos de tierra de forma personal, como si fueran nuevos colonos, mientras que otros decidieron abandonar sus tierras y se trasladaron hacia el este. En la década de 1960, para su mutua protección y para tener acceso a las escuelas bilingües establecidas por el ILV, grupos de Amuesha que vivían de manera dispersa, se unieron en grandes asentamientos compuestos de 15-30 familias. Hacia finales de esa década los maestros bilingües Amuesha fueron contactados por funcionarios del Estado y antropólogos, entre los cuales se encontraba Richard Chase Smith. En 1969 se autoproclamaron “comunidades”, formalizando una nueva estructura de liderazgo, estableciendo limites territoriales, tomando acciones para demandar los derechos de propiedad legales sobre la tierra y, en algunos casos, expulsando a los colonos abusivos. En julio de 1969, los representantes de las 20 nuevas comunidades Amuesha, ancianos y maestros de escuelas, se reunieron en la comunidad de Miraflores (Oxapampa). Las discusiones llevadas a cabo durante los tres días de reunión estuvieron enfocados en los problemas de educación y salud y los abusos cometidos por los patrones cafetaleros y ganaderos. El problema principal que salió en toda conversación fue cómo proteger la tierra y sus recursos. Los que estaban reunidos escribieron una carta al presidente del Perú, exigiendo más atención a su situación y pidiéndole que les otorgaran títulos de propiedad comunitaria sobre las tierras. El evento terminó con una celebración, donde se escuchó la música de zampoña y de tambores. Al año siguiente 27 comunidades enviaron delegados a la Segunda Conferencia, realizada en la comunidad de Alto Yurinaki. Los delegados decidieron llamar al encuentro, el Congreso de las Comunidades Amuesha, y formalizarlo, nombrando una junta para que organizara el siguiente y un representante para que hablara en su nombre a los miembros del gobierno. En 1972, en la cuarta reunión del congreso, se decidió que cada comunidad debería elegir un líder, un secretario y un representante para el congreso. Esta estructura orgánica permaneció hasta 1981. 11

Hacia finales de la década de los ‟70, el Congreso había logrado importantes objetivos: veinticuatro de las veintisiete comunidades habían sido oficialmente reconocidas, demarcadas y tituladas a través del Acta sobre Comunidades Nativas de 1974; en 1977 había sido formado un comité para administrar una promoción agrícola y un proyecto de mercadeo; en 1978 fue formado el Centro Cultural Amuesha para reafirmar la identidad cultural; en 1979 se formaron el comité de maestros bilingües y el Comité de Promotores de Salud. En 1979, el Congreso Amuesha, funda, junto con otras organizaciones, entre ellas el CAH, COCONASEP (Consejo de Comunidades Nativas de la Selva Peruana), que luego pasó a denominarse AIDESEP, en un intento de aglutinar las reclamaciones e intereses de los pueblos indígenas de la Amazonía a nivel nacional. En 1979 fue elegido un corneshá (el dirigente del Congreso, el „jefe de jefes‟), quien estaba vinculado a uno de los más reconocidos partidos de izquierda, hecho ignorado por los representantes de las comunidades. Una de sus primeras actividades fue traer una delegación de líderes comunitarios a Lima, para reunirse en la celebración del 50 aniversario de la fundación del partido. En unos pocos meses el corneshá y sus colaboradores establecieron una nueva organización, la Federación de las Comunidades Yanesha (FECONAYA), que fue inmediatamente afiliada al Sindicato Campesino de la CGTP, el sindicato peruano afiliado al partido en cuestión. Los líderes de FECONAYA comenzaron a subvertir el Congreso de las Comunidades Amuesha hasta que, dos años después, fue disuelto. Durante los ‟80 una nueva generación de Amuesha, muchos de los cuales habían vivido fuera de las comunidades en contexto urbanos, comenzó a buscar posiciones de liderazgo en la nueva organización. Los líderes de FECONAYA fueron contactados por agencias financieras y ONGs, que les ofrecían dinero para proyectos y la posibilidad de una carrera política. A finales de 1981 FECONAYA abandonó su pertenencia en la Confederación General Campesina del Perú, para adherirse a CISA, el Consejo Indígena de Sur America, un organismo internacional acusado de fraude y mala administración, que, a través de grandes cantidades de dinero e invitaciones con todos gastos pagados para reuniones internacionales, había involucrado el nuevo liderazgo Amuesha. En esos años los líderes Amuesha aprendieron a armar y a mercadear propuestas para proyectos como un medio para obtener fondos. En 1987, FECONAYA, junto a otras organizaciones indígenas, fundaron CONAP (Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú), en un intento de contraponerse a las políticas de AIDESEP. Finalmente, en una reunión de emergencia en 1993, la insatisfacción de las bases logró remover a los líderes de sus puestos. A un nuevo grupo de reformadores se le dio la tarea de limpiar la organización y de restablecer contacto con el resto del movimiento de Federaciones Étnicas, del cual FECONAYA se había divorciado. 12

La experiencia del Consejo Aguaruna y Huambisa

La región del Alto Marañon ha venido sufriendo desde hace algunas décadas, los efectos del avance de la sociedad nacional a través de los caucheros, buscadores de oro, empresas petroleras y madereros. Los tentativos paternalistas de integración de los nativos, realizados por las misiones y organizaciones gubernamentales, que buscaban poner la región al servicio de la sociedad mercantil, fracasaron, aumentando la debilidad, el aislamiento y la dependencia de los pueblos indígenas. Frente a esta situación los nativos se decidieron a luchar por la propia solución de sus problemas y, desde los inicios de los ‟70, se hicieron determinados intentos en esa dirección. En 1977 se celebró la primera Asamblea General con participación de representantes Aguaruna y Huambisa de los ríos Cenepa, Nieva, Marañon y Santiago. En esta Asamblea se constituyó el Consejo Aguaruna y Huambisa. Pocos meses después se asociaron las comunidades del Río Chiriaco, con lo que quedó integrada en una sola organización la población Aguaruna y Huambisa de la región. El Consejo está estructurado en cinco unidades que corresponden a la conformación geográfica de las cinco grandes cuencas fluviales. Esta configuración favorece el desarrollo de la autonomía regional de acuerdo con las características peculiares de cada una de las unidades. Las comunidades afiliadas eligen su delegado al Consejo; él tiene que transmitir a la dirección del Consejo la información y los problemas a resolver, siendo, por lo tanto, el factor de contacto permanente de cada comunidad con la organización. El órgano máximo de decisión, planificación y control, es la Asamblea de Delegados que se celebra cada seis meses. A nivel ejecutivo el CAH dispone de un directorio compuesto por el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y los distintos directivos de cada programa. El Consejo nació con el fin de coordinar las acciones de defensa territorial de todas las unidades regionales, y de estudiar y definir las necesidades de la población Aguaruna y Huambisa para activar líneas autónomas de desarrollo común. Desde el comienzo, el CAH trató de romper los canales tradicionales de explotación (la comercialización y distribución de mercaderías de consumo) y la dependencia económica de las misiones, demostrando alternativas a la política económica colonizadora. El Programa de Promoción Económica organizado por el CAH trabajó a tres niveles: comunal, zonal y central. En cada comunidad fue creado un Bazar Comunal, formado por aportaciones de los comuneros y bajo el control de los mismos. A nivel zonal, se crearon centrales de servicios que comercializaban con su propia movilidad los productos de la zona. A nivel central, el CAH implementó un sistema de comercialización para el transporte y la venta directa de la producción de la región. 13

Una actividad de gran importancia ha sido la Empresa de Artesanía, por ser la artesanía patrimonio de gran valor cultural de toda la población. Además, se implementaron cursos de perfeccionamiento en diferentes comunidades y sobre diversos temas: mecánica de motores, contabilidad, piscicultura y tecnología agropecuaria. Hoy en día, el Consejo Aguaruna Huambisa es una de las organizaciones más combativas frente a las actividades extractivas que afectan áreas protegidas y se superponen a las comunidades tituladas. En junio de este año (2008) se realizó la 66 Asamblea del Consejo, en la Comunidad de Urakusa, provincia de Condorcanqui, y el acuerdo unánime fue dejar atrás las diferencias y luchar juntos por sus territorios, la educación bilingüe, la salud intercultural, el desarrollo humano, la producción agraria y defender su propiedad intelectual. Asimismo, las comunidades suscribieron un pacto para no permitir el ingreso de empresas petroleras como Perú Petro y Hoco SAC, quienes pretenden acceder al lote 116 que recortaría la reserva comunal Tunta Nain. El día 9 de agosto el Consejo convocó un paro indefinido y anunció acciones de lucha contra los decretos promulgados por el gobierno para cambiar las reglas de protección a los indígenas por otras reglas de carácter económico, exponiendo los territorios comunales a la libre economía de mercado.

El nacimiento de una organización nacional: la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana.

Durante la década de 1970 nacieron otras federaciones étnicas a partir de alianzas que confederaban voluntariamente a comunidades locales autónomas, con un liderazgo elegido que debía responder a sus miembros. Estas organizaciones combinaban las funciones políticas de representación y presión política con funciones técnicas para ofrecer los servicios necesarios, manteniendo la autonomía con respecto al Estado, la iglesia y los partidos políticos. Al mismo tiempo, hacia los finales de esa década, un numeroso grupo de profesionales y estudiantes no indígenas apoyaba las actividades de las organizaciones indígenas y organizaba reuniones integrando a algunos líderes indígenas. En especial, después de la detención de un grupo de antropólogos paraguayos, debido a sus actividades a favor de los pueblos indígenas en ese país a principios de 1977, un grupo de profesionales que trabajaban en la Amazonía, junto con líderes de las federaciones Amuesha, Ashánika, Shipibo-Conibo y Aguaruna-Huambisa, se reunieron en Lima para establecer una red de protección y apoyo mutuo. 14

Estos encuentros continuaron llevándose a cabo cada cuatro meses, con un incremento en la participación de los líderes indígenas. Después de casi un año de reuniones algunos líderes reclamaron el derecho a reunirse solo entre ellos, para desarrollar un dialogo más horizontal. Este hecho condujo a una profunda reflexión y a una gran tensión, pero los participantes no indígenas generalmente cedieron el terreno. En 1979 los líderes del Congreso Amuesha, los de la Central de Comunidades Campa de la Selva Central (CECONSEC), el Consejo Aguaruna y Huambisa y una alianza de organizaciones y proyectos Shipibo-Conibo, acordaron formalizar su alianza política bajo el nombre de Consejo de Comunidades Nativas de la Selva Peruana (COCONASEP). Un año más tarde cambiaron el nombre por el de Asociación para el Desarrollo Inter-Étnico de la Selva Peruana (AIDESEP). AIDESEP nació como organización indígena de la Amazonía Peruana, con los fines de atender a la unidad de los indígenas, apoyar la organización y canalizar la participación indígena para la creación y defensa de sus propios principios. Dentro de esas líneas está la defensa integral de los territorios, de las identidades y culturas indígenas. Los participantes no-indígenas de las reuniones de Lima formalizaron su relación en una asociación llamada COPAL Solidaridad con las Comunidades Nativas, que continuó reuniéndose para apoyar las actividades de AIDESEP, y que publicó la revista Amazonía Indígena. La estructura de AIDESEP fue creada en base al modelo representativo que, teóricamente, debería asegurar un lazo directo entre la directiva y la población local. Cada tres años una asamblea general de delegados de cada organización elige un líder. Generalmente el criterio electoral para elegir un líder se ha basado en su habilidad para hablar español, su efectividad para negociar con la burocracia gubernamental y su afiliación étnica. La AIDESEP nació en un contexto hostil, es decir, el retorno del poder civil bajo la presidencia de Fernando Belaúnde Terry, quién en la década de los sesenta había promovido la colonización de la Amazonía y su incorporación dentro de la economía nacional de mercado. Para 1980 muchas de las reformas del régimen de Velasco habían sido derribadas y las más importantes garantías de la ley de 1974 en relación a la inviolabilidad de los territorios indígenas habían sido debilitadas por la nueva Constitución. Las organizaciones indígenas amazónicas y campesinas de los Andes figuraron en la lista negra del nuevo régimen, que aprobó nuevos proyectos “especiales” para el desarrollo de la selva. Por otro lado, ninguna de las muchas facciones de la izquierda apoyó las demandas indígenas sobre derechos territoriales y autodeterminación, más bien vieron con sospecha y hostilidad los esfuerzos de los indígenas para organizar un movimiento de base independiente. A su vez, AIDESEP evitó la confrontación con los partidos políticos y entró pronto en conflicto con muchas ONGs que trabajaban con los indígenas amazónicos o que afirmaban representarlos. En 15

especial, se instaló un largo conflicto con CISA (el Consejo Indígena de Sur America), una organización internacional que administraba fondos de instituciones internacionales. La raíz de este conflicto no fue tanto política como económica, motivada por el acceso y el control de la financiación extranjera.

En efecto, en esa época, mientras el espacio político para las

organizaciones indígenas en el Perú se fue reduciendo, empezaron a aparecer agencias financieras y ONGs con ofertas de dinero para proyectos, viajes, asesorías y reuniones. Muchos líderes indígenas tuvieron la oportunidad de recibir un salario y la posibilidad de una carrera política. A comienzos de los ochenta, AIDESEP recibía solamente pequeñas cantidades de fondos y no había dinero para salarios o para otros gastos, en cambio, para finales de los ochenta, tenía cerca de cuarenta empleados y gastos para un programa anual de operaciones de varios cientos de miles de dólares. La Asociación recibió fondos de una docena de agencias norteamericanas y europeas, con lo cual devino cada vez más dependiente de la financiación externa. Las organizaciones miembros vieron en AIDESEP como una potencial alternativa financiera y esto, a su vez, puso más presión sobre la directiva para incrementar el tiempo utilizado para la adquisición de fondos: se preparaban y se presentaban propuestas para la financiación, manipulando tanto los libros de cuentas como las realidades de los proyectos para complacer a los patrocinadores. Por lo tanto, en esos años, AIDESEP tuvo serios problemas de administración e, incluso, varios casos de corrupción. Frente a esta situación, algunos líderes y personal de AIDESEP han tratado de construir un proceso de autoevaluación y de establecer normas para la disciplina interna.

También se ha optado por la

descentralización, que implicó la constitución de diversos niveles organizativos: nacional, regional, zonal y local. A pesar de los muchos problemas, AIDESEP ha logrado importantes resultados. Desde el principio, se definieron dos áreas principales de acción: la defensa de los derechos territoriales y la educación. En 1984 se estableció un departamento para la Defensa Territorial, encabezado por un líder indígena y varios abogados no indígenas. Las estrategias para la defensa territorial han sido la presión política al gobierno y la realización de proyectos para la demarcación territorial de comunidades, así como la defensa legal de los límites comunitarios y de los líderes indígenas encarcelados. El más fuerte impulso a la titulación de tierras se dio entre 1984 y 1994, cuando AIDESEP y tres de sus oficinas regionales (de Pucallpa, Iquitos y San Lorenzo) acometieron programas de gran importancia. Al término de la década de 1980, AIDESEP-Ucayali logró realizar un importante trabajo de demarcación en la Cuenca del Alto Ucayali, el cual tituló un área de más de dos millones de hectáreas, donde vivían 200 comunidades Ashánika sometidas a condiciones de cruel esclavitud por los patrones de la zona (Atalaya), dedicados a la explotación de madera y a la crianza del ganado. Asimismo, la oficina regional de AIDESEP-San Lorenzo (CORPI) tuvo un 16

trabajo muy intenso de titulación en las distintas cuencas de su jurisdicción, que logró titular 136 comunidades y ampliar otras 10, consiguiendo triplicar el total de tierras legalizadas a los pueblos indígenas de la región. De igual manera, AIDESEP-Iquitos (ORAI) realizó en la primera mitad de la década de los ‟90 trabajos de demarcación y titulación de las comunidades de la región de Loreto. Entre 1990 y 1993, ORAI inscribió en los registros públicos de Maynas (Iquitos) y Alto Amazonas (Yurimaguas) las personerías jurídicas de 362 comunidades y los títulos y contratos de cesión en uso de tierras forestales de 257, que por entonces eran todos los que existían en Loreto. Importantes logros han sido alcanzados también en el campo de la formación. El Programa de Educación de AIDESEP, que actualmente se denomina FORMABIAP (Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana), “toma como punto de partida el conocimiento y las respuestas elaboradas por sociedades indígenas frente a sus problemas, para luego pasar, con una perspectiva crítica, a la enseñanza de las „ciencias modernas‟, a fin de permitir la integración de conocimientos que respondan a las condiciones de la realidad actual”. Este programa puso en marcha una estrategia de tres puntos para mejorar las oportunidades de educación de los miembros de sus comunidades. A nivel local, AIDESEP ha apoyado los esfuerzos de sus organizaciones asociadas para llenar posiciones claves en la burocracia educativa con personas nombradas por las mismas Federaciones Étnicas. El caso más exitoso fue el del Consejo Aguaruna y Huambisa que, a través de una presión persistente, logró que todos los directores de las escuelas regionales en su territorio fueran indígenas aceptados por la asamblea del consejo. La segunda estrategia fue un programa de becas que, a partir de 1985, AIDESEP otorgó a los indígenas para finalizar su nivel de estudios en la universidad o en una escuela técnica, con el fin de crear un equipo técnico indígena que pudiera administrar los programas de las organizaciones. Sin embargo este programa fracasó, por varias causas: el choque cultural de los estudiantes indígenas en las ciudades, la deficiente preparación en la escuela secundaria y la falta de un seguimiento continúo por parte de la organización. Finalmente, AIDESEP estableció en Iquitos un programa de capacitaciones para los maestros bilingües, que combinaba

cursos en los salones de las clases con proyectos de

investigación en las comunidades. En la actualidad, AIDESEP representa cerca de 1350 comunidades, organizadas en 57 federaciones que, a su vez, se reúnen en las organizaciones regionales de AIDESEP. La organizaciones descentralizadas de AIDESEP son: ARPI - Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central,

CORPI - Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas Región San Lorenzo,

FENAMAD - Federación Nativa de Madre de Dios y Afluentes, ORPIO - Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, ORAU - Organización Regional AIDESEP Ucayali,

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ORPIAN P - Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú, COMARU - Consejo Machiguenga del Río Urubamba.

La creación de una organización paralela: el nacimiento de la Confederación de las Nacionalidades Amazónicas del Perú.

La Confederación de las Nacionalidades Amazónicas del Perú nació en 1987 en la ciudad de Lima, después de algunos encuentros entre la “Federación de las Comunidades Nativas del Ucayali” (FECONAU), la “Federación de Comunidades Nativas Yanesha” (FECONAYA), la “Central Ashánika del Río Tambo”, el “Consejo de gobierno Nomatsiguenga de Pangoa”, “la Federación de CNN Piro de Urubamba” y la “Federación de CNN de Madre de Díos” (FENAMAD). Desde su nacimiento, CONAP criticó fuertemente el trabajo de AIDESEP, acusando a esta organización de asistencialismo y desarrollismo, es decir de obrar como una ONG interesada solo en la búsqueda de financiamiento extranjero. Además CONAP acusó a AIDESEP de querer aislar a la población nativa, sosteniendo que la “autodeterminación” era un pretexto para la exclusión y la marginación. Los dirigentes de CONAP, declararon la necesidad de la unión con los otros sectores explotados, es decir, los obreros y los campesinos, con el fin de una mayor integración económica y social de los indígenas en las estructuras nacionales impulsadas por el Estado. En definitiva, CONAP revindicó la participación y la representación, inclusive política, de la población nativa en la sociedad nacional, más que la autodeterminación de los pueblos indígenas. Entre AIDESEP y CONAP se instaló un conflicto que todavía dura y divide el movimiento indígena. El programa de CONAP es radicalmente opuesto a lo de AIDESEP: aceptación de la industria petrolera y de otras dedicadas a la extracción de recursos naturales, parcelación de tierras, castellanización. En 2006, el ex presidente de CONAP (se mantuvo más de 15 años en el cargo), en un foro publico sostenía la necesidad de que los indígenas aceptaran a las empresas extractivas, porque actualmente “ellos también quieren tomar cerveza y usar relojes”. Con esto trataba de desacreditar la lucha que, en ese mismo momento, libraba la federación Achuar del río Corrientes, para que una transnacional pusiera fin a la contaminación de las aguas y suelos de su territorio.

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El movimiento indígena en el escenario internacional

La mayoría de los Estados de América Latina con presencia en la Cuenca Amazónica, a comienzos de 1960, empezaron a buscar en la selva las soluciones para sus graves problemas sociales y económicos. Se elaboraron programas para la colonización masiva y la explotación de la Amazonía: construcción de carreteras, plantaciones agro-industriales, extracción de minerales y recursos forestales. A finales de 1960, los indígenas de la Amazonía, devastados por estas políticas, empezaron a recibir atención internacional. En 1971 el Consejo Mundial de Iglesias patrocinó una reunión de antropólogos en Barbados para analizar la situación de los pueblos indígenas en América del Sur, donde se declaró la necesidad de su “liberación” de la situación colonial que todavía les oprimía. En 1977 una segunda reunión de los mismos antropólogos en esa isla caribeña tuvo una novedosa participación de líderes indígenas. En este clima de preocupación internacional por el destino de los pueblos indígenas amazónicos surgieron en Europa y los Estados Unidos algunas organizaciones de derechos humanos dedicadas a estos temas: el Grupo Internacional para Asuntos Indígena (IWGIA), con su oficina principal en Copenhague; Survival International, en Londres; Cultural Survival, en Cambridge. Al mismo tiempo, en los países andinos, mientras los indígenas amazónicos se organizaban en las Federaciones Étnicas, nacieron varios “movimientos indianistas” entre los provincianos andinos que lograron una educación universitaria. En 1977 fue fundado por un par de profesores universitarios el Movimiento Indio Peruano, que proclamaba “la toma de conciencia india como una necesidad histórica, como la única alternativa para la liberación de nuestros pueblos y para la salvación del mundo”. Los “movimientos indianistas” tuvieron la influencia de los movimientos de población negra (Black Power, Negritud, Africanidad) en los Estados Unidos, Caribe y partes de Africa, y de los movimientos indios (American Indian Movement) fundados por los indígenas destribalizados que vivían en los barrios marginales de algunas ciudades norteamericanas. En 1980 el Movimiento Indio Peruano, el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas (WCIP, con sede en Canadá) y algunos antropólogos escandinavos asociados a IWGIA auspiciaron el Primer Congreso de Movimientos Indios en Sudamérica, en Ollantaytambo, Cusco. Aquí se creó el Consejo Indio de Sudamérica (CISA), cuya sede, después de un año de conflictos internos, fue trasladada desde La Paz a Lima. CISA fue apoyado en Europa por pequeños grupos “pro-indios” reunidos bajo la coordinación de Incomindios (Comité Internacional para los Indios de las Américas, con sede principal en Basel, Suiza), que acordaron reconocer y sostener al “Comité Exterior CISA”, compuesto por algunos “representantes” de los movimientos indios residentes en Europa. 19

En 1982 el Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas, a través de la Comisión sobre Derechos Humanos, estableció en Ginebra el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, para desarrollar normas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y CISA logró participar en las reuniones. A pesar de la imagen de unidad transmitida por los dirigentes de CISA, esta organización se caracterizaba por conflictos internos por dinero, poder e interpretaciones ideológicas. Las federaciones indígenas comenzaron a criticar duramente a CISA por su corrupción y por las tácticas poco éticas utilizadas para captar lideres, para luego afirmar representar a sus organizaciones (como, por ejemplo, en el caso de FECONAYA mencionado anteriormente). Muchas de las federaciones étnicas que se habían acercado a CISA entre 1980 y 1983, como por ejemplo la Federación Shuar, empezaron a dudar de su afiliación. En marzo de 1984, en una reunión de las federaciones étnicas en Huampaní (Perú), emergió la necesidad de que los indígenas amazónicos expresaran su propia voz en el escenario internacional, porque dentro de CISA ellos no tenían voz ni presencia y el mensaje ideologizado de esa organización no reflejaba sus preocupaciones. Los delegados de las organizaciones nacionales representativas de las federaciones étnicas de los cinco países amazónicos (AIDESEP, Perú; CONFENIAE, Ecuador; CIDOB, Bolivia; ONIC, Colombia; y UNI, Brasil)

dieron vida a la

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), “una alianza para generar políticas, propuestas y acciones a nivel local, nacional e internacional de pueblos, nacionalidades y organizaciones indígenas amazónicas, mediante la coordinación, el diálogo, la concertación y las alianzas estratégicas con los actores públicos, privados y de la cooperación internacional para un desarrollo equitativo y diferenciado de la Amazonía”. Se acordó la autonomía de las organizaciones miembros y que la sede de la comisión coordinadora, como su directiva, debía rotarse entre sus miembros para evitar que los líderes elegidos acumularan demasiado poder. Así, en 1984, las federaciones étnicas, a través de la COICA, participaron por primera vez en las reuniones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. La discusión se centró en tres conceptos fundamentales: pueblo, territorio y autodeterminación. Un experto en derecho internacional indígena explicó que existía un consenso amplio entre indígenas de otras regiones del mundo en que el término más adecuado era “pueblo indígena”, porque la ONU reconoce solo a naciones y pueblos como actores internacionales con derecho a la autodeterminación y no reconoce estos derechos para las nacionalidades, las minorías étnicas, las tribus, los grupos indígenas etc. Asimismo se discutió el concepto de “autodeterminación”, que se refiere al derecho de cada pueblo a escoger el tipo de relación que quiere tener con el Estado que ejerce el dominio sobre ello (integración, autonomía o

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independencia). Finalmente, se eligió el término de “territorio”, que incluye no solo la tierra, sino todos los recursos que sustentan la vida y cultura del pueblo. Desde entonces, una delegación de líderes representantes de COICA participó cada año en las reuniones del Grupo de Trabajo de la ONU y, en 1989, promovió el cambio del Convenio 107 al de 169 en las deliberaciones de OIT, uno de los pasos más importantes para los pueblos indígenas en la legislación internacional. En esos años los líderes de COICA aprendieron como moverse dentro de los juegos de la política y de la financiación internacional. El movimiento indígena se puso en contacto con partidos políticos europeos, los movimientos de trabajadores y una variedad de grupos de apoyo. En 1986, COICA recibió el Premio Right Livelihood, otorgado por una asociación civil en el Congreso de Suecia en Estocolmo y los representantes de las organizaciones COICA, AIDESEP y del Consejo Aguaruna y Huambisa, viajaron a Londres, Boston y Washington D.C., logrando la atención de la prensa internacional y una gran presencia en los círculos oficiales. En especial, en diciembre de 1986, la delegación COICA fue recibida por el Presidente del Banco Mundial. En esta ocasión la COICA fue reconocida como voz de los indígenas amazónicos ante el Banco Mundial y se estableció el principio de la consulta, es decir que en cualquier proyecto que, bajo la consideración del Banco, tuviese impacto sobre las poblaciones indígenas, el Banco debería presionar a los gobiernos locales a que busquen la participación indígena. Durante 1988-1989 COICA presionó a las organizaciones ambientalistas estadounidenses para obligarlas a escuchar la perspectiva de los pueblos indígenas sobre la conservación, especialmente con respecto a las áreas donde se habían establecido parques o reservas. En octubre de 1989 una delegación COICA viajó a los Estados Unidos para encontrarse con los líderes de las ONGs conservacionistas. De este modo, en una reunión en The National Press Club de Washington, se logró establecer con esas ONGs una alianza política, “Alianza Indígena Ambientalista por una Amazonia para la humanidad”, finalmente oficializada en Iquitos. Asimismo, en 1991, COICA trabajó con una red de Partidos Verdes, para establecer alianzas en varios países como Alemania, Austria y Holanda. Estos hechos recibieron gran atención de la prensa y nuevas oportunidades de financiación para los proyectos de COICA. Por lo tanto, en muy poco tiempo, COICA logró subir con fuerza en el escenario internacional y ocupar importantes espacios políticos. Por un lado, esto ha significado nuevas oportunidades para presionar a los gobiernos y ONGs, y lograr que le cedan espacios en el ámbito nacional, así como le reconozcan la justicia de sus exigencias. Por otro lado, los líderes indígenas incrementaron sus posibilidades para exponerse a la prensa y para establecer contactos con agencias financieras y figuras políticas. Los dirigentes de COICA empezaron a recibir invitaciones a cenas con ministros, 21

boletos pagados de avión para reuniones en las principales capitales del mundo y ofertas en dinero. Muy pronto, algunos de ellos asimilaron los aspectos del estilo político de la cultura dominante y aprendieron a mentir o distorsionar la información de acuerdo con sus intereses personales o políticos. Asimismo, los líderes COICA, presionados por las Naciones Unidas o el Banco Mundial, empezaron a tomar decisiones políticas sin discutir con sus organizaciones miembros. En pocos años, el enfoque de COICA se dirigió casi exclusivamente hacia el exterior, hacia Europa y Estados Unidos y aumentó la distancia entre la cabeza de la organización y las comunidades locales que representa. El Congreso de COICA de 1992 reflejó estos problemas y se tomaron algunas medidas de protección contra el creciente caudillismo de los líderes indígenas: la estructura de liderazgo piramidal, con un presidente en la cima, fue remplazada por un comité de cinco coordinadores, cada uno responsable de un área temática de actividades; se estableció una Junta Directiva compuesta por los jefes de las organizaciones que conforman COICA para establecer políticas y vigilar que estas se lleven a cabo a través de los coordinadores elegidos; se instituyó una auditoria publica para asegurar que el manejo financiero sea abierto y honesto. En este mismo Congreso se estableció la sede permanente de COICA en la oficina de Quito (Ecuador). En la actualidad, COICA está compuesta por: la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Amerindian Peoples´ Association of Guyana (APA), Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA), Fédération des Organisations Amérindiennes de Guyane (FOAG), Organisatie Van Inheemsen in Suriname (OIS) y Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).

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Conclusiones

En este trabajo se ha tratado de recorrer los grandes procesos que han marcado la historia del movimiento indígena, desde las primeras reuniones de ancianos y maestros bilingües en las comunidades hasta los encuentros internacionales entre los dirigentes de COICA y los representantes de las grandes instituciones internacionales (Naciones Unidas, Banco Mundial, Estados, ONGs etc.). A partir de la revaloración de su propia identidad y cultura como pueblos diferentes y de la necesidad de su unidad como indígenas, las organizaciones han logrado mantener vivo el deseo de resistir y crear alternativas frente a la explotación destructiva de los recursos de la selva y de sus habitantes, promovida por el Estado y las empresas. Las organizaciones indígenas han constituido un poderoso instrumento de información y coordinación, además de instituciones reconocidas legalmente con el poder de presionar para la titulación de los territorios (desde su creación, millones de hectáreas han sido tituladas a las comunidades) y la defensa de los derechos indígenas. Ellas han promovido importantes programas de salud y educación, logrando formar centenares de maestros para trabajar en sus comunidades en educación intercultural bilingüe, revalorando la importancia de la cultura indígena frente a la discriminación de las instituciones estatales. En definitiva estas organizaciones han representado la posibilidad para las poblaciones amazónicas de expresar su propia voz, sin intermediarios, en la sociedad nacional y en el contexto internacional. Sin embargo, en esta rápida subida del movimiento indígena al escenario nacional y, sobre todo, internacional, ha habido muchos problemas, intrínsicamente ligados a la institucionalización de sus organizaciones y al nuevo poder de los líderes. En efecto muchos líderes indígenas de comunidades, federaciones, organizaciones regionales y nacionales han cedido a la tentación del dinero y del poder, aprovechándose de bienes y dinero pertenecientes al movimiento o creando y manejando proyectos para acceder a la financiación externa. Muchos de ellos han asumido un estilo político cada vez más parecido al de la sociedad dominante, aprendiendo a manipular las informaciones por sus intereses personales y a utilizar la retórica vacía para hacer carrera política. El contacto con instituciones como Naciones Unidas y Banco Mundial, agencias financieras, y en general con la industria del desarrollo y de la cooperación, ha afectado la integridad y el funcionamiento de las organizaciones indígenas, que se han burocratizado y se han alejado de las comunidades y de la gente que deberían representar. Esto ha producido divisiones y conflictos en el movimiento indígena, otorgando una gran ventaja a sus poderosos enemigos. A pesar de estos graves problemas que sufren sus organizaciones, el movimiento indígena hoy en día es vivo y fuerte. El paro de agosto ha sido el mejor ejemplo de la vitalidad y de la determinación 23

de las comunidades frente a las situaciones dramáticas que afectan la Amazonía. En la actualidad, las industrias petroleras y las mineras están amenazando, y en algunos casos destruyendo la vida de la Amazonía, a través de la construcción de ductos, bombeos, helipuertos, carreteras, contaminación de los ríos y de la atmosfera, todo lo cual está generando ya muerte y pobreza. Frente a este tipo de desarrollo, tan querido por el Estado, los indígenas reaccionan con la lucha, con la acción directa, siendo la única manera que tienen para lograr ser escuchados. En esta lucha ellos reivindican su identidad, su cultura, su historia ancestral como un modelo de vida radicalmente opuesto a los modelos propuestos por la sociedad nacional. Aunque muchos indígenas amazónicos ya no se visten como antes, escuchan cumbia y hablan castellano, inclusive muchos viven en las ciudades, hoy en día la mayoría de ellos se están oponiendo a este modelo de desarrollo para la Amazonía, en nombre de su ser indígenas. En este mismo proceso de lucha, quizás, el movimiento indígena también puede restablecer sus valores y sus exigencias como centrales en sus organizaciones.

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