LEY  DE GESTION AMBIENTAL SUSTENTABLE PARA  EL ESTADO DE DURANGO    FECHA DE ULTIMA REFORMA: P. O. 92 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

 

 

                

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE DURANGO

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I NORMAS PRELIMINARES Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del Artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en concordancia con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en los términos que establece el Artículo 73, fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PÁRRAFO REFORMADO POR DEC. 181, P. O. 92,  DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Sus disposiciones son de orden público e interés social con aplicación en el territorio del Estado de Durango, y tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable, y establecer las bases para: I. Asegurar el derecho que toda persona tiene a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; II. La concurrencia del Estado y los Municipios en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente; III. La preservación y restauración ecológica y el mejoramiento del ambiente en las zonas y bienes de jurisdicción Estatal y Municipal, respectivamente; IV. Aplicar los principios de política ambiental y los instrumentos para lograr el ordenamiento ecológico estatal y regional; V. La coordinación entre diversas dependencias gubernamentales federales, estatales y municipales, así como la participación corresponsable de la sociedad en general, en las materias que regula este ordenamiento; VI. El establecimiento de medidas que aseguren el cumplimiento y aplicación de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ellos se deriven;

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VII. Suscribir, convenios o acuerdos de coordinación con la Federación a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente para aplicar sanciones administrativas y penales que de ellos se deriven; VIII. La realización de convenios derivados de sanción administrativa, emitida por la propia dependencia: IX. La protección de la biodiversidad, así como el establecimiento de áreas naturales protegidas, su administración y el aprovechamiento sustentable que de ahí se genere; y X. La sustentabilidad en el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, así como su preservación. Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: I. Actividades riesgosas: Aquellas actividades que en caso de producirse una contingencia, ocasionarían una afectación al equilibrio ecológico o al ambiente; II. Aguas: a) residuales: Las provenientes de actividades domésticas, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad humana, y que por el uso recibido se le hayan incorporado contaminantes, en detrimento de su calidad; INCISO ADICIONADO POR DEC. 163, P. O. 54,  DE 6 E JULIO DE 2014.

b) pluviales: Las provenientes de la lluvia, el granizo y la nieve. INCISO ADICIONADO POR DEC. 163, P. O. 54,  DE 6 E JULIO DE 2014.

III. Ambiente: Conjunto de elementos naturales, artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados; IV. Aprovechamiento sustentable: Utilización de elementos naturales, en la forma que resulte eficiente, socialmente útil y procure su preservación y la del ambiente; V. Áreas naturales protegidas de jurisdicción local: Superficies del territorio de la entidad que quedan sujetas a un régimen de protección para preservar ambientes naturales; salvaguardar la diversidad genética de especies de flora y fauna; lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y mejorar la calidad del ambiente en los centros de población y sus alrededores; 2

 

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VI. Biodiversidad: Variedad genética de las poblaciones de seres vivos generalmente medida por el número de especies; VII. VII. Biotecnología: Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos; VIII. Calidad de vida: Condiciones o cualidades ambientales que ofrecen bienestar; IX. Cambio Climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables; X. Conservación: Permanencia de los elementos de la naturaleza en su estado original, a fin de asegurar para las generaciones presentes y futuras, un ambiente adecuado; XI. Contaminación: Presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico; XII. Contaminante: Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural altere o modifique su composición y condición natural; XIII. Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas; XIV. Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento; XV. Criterios ecológicos: Lineamientos obligatorios, destinados a preservar y restaurar el equilibrio ecológico, proteger el ambiente y aprovechar nuestros recursos naturales de manera sustentable; XVI. Denuncia: Manifestación de conocimiento verbal o por escrito efectuada ante autoridad correspondiente de un hecho punible;

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XVII. Desarrollo sustentable: Proceso evaluable mediante criterios ambientales, económicos y sociales, cuyo propósito es optimizar la productividad de las personas y mejorar su calidad de vida, sin comprometer la satisfacción de las necesidades futuras; XVIII. Desequilibrio ecológico: Alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo, y los demás seres vivos; XIX. Ecosistema: Unidad funcional básica de interacción de los seres vivos entre sí y éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados; XX. Educación ambiental: Proceso de formación dirigido a toda sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida; XXI. Emergencia ecológica: Situación derivada de las actividades humanas o fenómenos naturales que al afectar severamente a sus elementos pone en peligro a uno o varios ecosistemas; XXII. Equilibrio ecológico: Relación de la interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y el desarrollo armónico del hombre y los demás seres vivos; XXIII. Elemento Natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y espacio determinado sin la inducción del hombre; XXIV. Emisión: Liberación al ambiente de toda sustancia, en cualquiera de sus estados físicos, o cualquier tipo de energía, proveniente de una fuente; XXV. Especie Exótica: Especie en peligro de extinción o que pertenece a una población cuyo origen es de un ecosistema diferente; XXVI. Especie nativa: Organismo vivo, que pertenece desde su origen a un lugar o área determinada; XXVII. Fauna silvestre: Especies de animales terrestres, que subsisten sujetas a procesos de selección natural, cuyas poblaciones habitan temporal o permanentemente en el territorio 4

 

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nacional y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como animales domésticos que por su abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación; XXVIII. Flora silvestre: Especies vegetales terrestres, así como los hongos, que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre; XXIX. Fuente de contaminación: Lugar o actividad en donde se generan o emiten contaminantes; XXX. Fuente Fija: Toda instalación establecida en un solo lugar que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, mercantiles de servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes; XXXI. Fuente Semifija: Aquellas que por sus características propias no se encuentran establecidas en un solo lugar, esto debido a que se generan de otras actividades como lo pueden ser la industria de la construcción, como son las vías de comunicación terrestre y obras de grandes dimensiones; XXXII. Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza; XXXIII. Inspección: Actuación mediante la cual se reconoce la situación en que se encuentra determinado bien mueble, inmueble, persona, empresa o establecimiento; XXXIV. Ley Estatal: Ley de Gestión Ambiental Sustentable para el Estado de Durango; XXXV. Ley General: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; XXXVI. Licencia Ambiental Única: Instrumento de regulación directa de carácter estatal que conjunta en un solo proceso la evaluación y dictamen de las obligaciones ambientales de las fuentes fijas en materia de impacto y riesgo ambiental, emisiones contaminantes a la atmósfera, generación y tratamiento de residuos peligrosos, que aunado con otras autorizaciones, son base inicial para la integración de la base de datos; XXXVII. Manifestación de impacto ambiental: Documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo;

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XXXVIII. Mejoramiento Ambiental: El incremento de la calidad del ambiente; XXXIX. Mitigación: Acción o acciones tomadas para atenuar, eliminar o compensar el efecto de impactos ambientales negativos; XL. Monitoreo: Evaluación sistemática cualitativa y cuantitativa de la calidad del agua, suelo o atmósfera; XLI. Ordenamiento ecológico: Instrumento de política ambiental cuyo objeto es la planeación, dirigida a evaluar y programar el uso de suelos y el manejo de los recursos naturales en el territorio estatal y municipal, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, proteger el ambiente y aprovechar los recursos naturales de acuerdo a su potencialidad; XLII. Órganos Consultivos: Asociación de ciudadanos, constituidos para fines determinados en la presente Ley; XLIII. Preservación: Conjunto de actividades y medidas para mantener las condiciones propicias para la evolución y continuidad de los procesos; XLIV. Prestador de Servicios: Persona física o moral certificada, registrada o autorizada por la dependencia o entidad correspondiente, que elabora informes preventivos, manifestaciones o estudios de impacto ambiental o de riesgo por cuenta propia o terceros y que es responsable del contenido de los mismos; XLV. Prevención: Conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente. XLVI. Protección: Conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente, prevenir y controlar su deterioro; XLVII. Recursos Biológicos: Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor o utilidad real o potencial para el ser humano; XLVIII. Recursos Genéticos: Todo material genético, con valor real o potencial que provenga de origen vegetal, animal, microbiano, o de cualquier otro tipo y que contenga unidades funcionales de la herencia, existentes en el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción;

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XLIX. Recurso natural: Elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre; L. Región ecológica: La unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas comunes; LI. Remediación: Remoción de contaminación o contaminantes del suelo, subsuelo, agua, y la atmosfera, para la protección general de la salud humana y del ambiente o de sitios provistos para el desarrollo; LII. Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó; LIII. Residuo Peligroso: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente; LIV. Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales; LV. Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC): Base de datos pública que contiene información sobre emisiones al aire, agua, suelo y subsuelo y transferencia en residuos y en descargas de aguas residuales de contaminantes y de sustancias que determine el estado a través de la autoridad competente; LVI. Sanción: Consecuencia jurídico legal por la comisión u omisión de ciertos actos, o por la infracción de ciertos preceptos; LVII. Secretaría: Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente; LVIII. Servicios ambientales: Actos o procesos por los cuales la naturaleza ofrece un servicio potencial de agua, electricidad, oxigenación u otro de naturaleza semejante; LIX. Servidumbre ecológica: Acuerdo entre dos o más propietarios de bienes inmuebles, para limitar o restringir el uso de suelo, con el fin de preservar la riqueza biológica o escénica; LX. Sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o municipal: Conjunto de dispositivos o instalaciones que tienen como propósito recolectar y conducir aguas residuales urbanas o municipales, incluyendo las pluviales; 7

 

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LXI. Tratamiento de aguas residuales: Proceso a que se someten las aguas residuales con el objeto de disminuir o eliminar los contaminantes que se les hayan incorporado; LXII. Utilidad pública: De interés o beneficio para el pueblo; LXIII. Vocación natural: Condiciones propias o particulares que presenta un ecosistema para sostener una o varias actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos; y LXIV. Zonificación: El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el establecimiento de las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en función del grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria. Asimismo, existirá una subzonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico de planeación, que se establecerá en el programa de manejo respectivo, y que es utilizado en el manejo de las áreas naturales protegidas, con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, previamente establecidas mediante la declaratoria correspondiente. PÁRRAFO REFORMADO POR DEC. 181, P. O. 92,  DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Artículo 3.- La presente Ley tendrá aplicación en todo el territorio del Estado de Durango, compete hacer cumplir su observancia al Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría y a los Ayuntamientos en sus respectivas jurisdicciones. Artículo 4.- Atendiendo al objeto de esta Ley, se consideran de utilidad pública: I. El ordenamiento ecológico del territorio estatal en los casos previstos por ésta y demás leyes aplicables; II. El establecimiento, administración, protección, preservación, conservación y restauración de áreas naturales protegidas y de las zonas de restauración ecológica del Estado; III. La prevención y control de la contaminación del ambiente; IV. La protección de la biodiversidad y mantener e incrementar los recursos genéticos correspondientes a la flora y fauna silvestre; y V. Todas las demás acciones tendientes a cumplir los fines de la presente Ley, en congruencia y sin perjuicio de la competencia y atribuciones de la Federación. 8

 

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CAPÍTULO II DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ARTÍCULO 5.- Corresponde al Gobierno del Estado de Durango, por conducto de la Secretaría: I. Emitir los criterios de ordenamiento ecológico del Estado, con la participación de los municipios, que sean congruentes con las formuladas por la Federación; II. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal; III. Establecer los criterios y procedimientos de conservación, protección, preservación, mejoramiento, remediación y restauración del medio ambiente, en bienes y zonas de jurisdicción estatal; IV. Prevenir y controlar la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como industrias y móviles, que conforme a la Ley General no sean de competencia federal; V. Prevenir y controlar actividades que generen riesgo, tales como las producidas por empresas de servicio; VI. Desarrollar programas tendientes a mejorar la calidad del aire, de aguas, suelo y subsuelo en bienes y zonas de jurisdicción estatal; VII. La regulación, creación, administración y vigilancia de áreas naturales protegidas; VIII. La regulación de las actividades que no sean consideradas como altamente riesgosas, cuando por los efectos que puedan generar se afecten ecosistemas de la entidad o sus municipios; IX. La evaluación de impacto ambiental de las obras o actividades que no se encuentren reservadas a la Federación por medio de acciones y servicios a que se refiere el artículo 17 de esta Ley; X. Implementar, operar y supervisar sistemas de tratamiento de aguas residuales;

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XI. La celebración de acuerdos o convenios de coordinación y concertación, con la Federación, Municipios y en su caso, con la participación de personas físicas o morales, del sector social y privado, con el objeto que se asuman las facultades que se indican en el artículo 11, así como dar cumplimiento a lo indicado en los artículos 12, 13, 14 y 14 bis de la Ley General para el cumplimiento de sus objetivos. FRACCIÓN REFORMADO POR DEC. 181, P. O. 92,  DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2014.

XII. Verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, sobre la materia; XIII. Realizar campañas educativas, sobre cuestiones ambientales en el Estado; XIV. La prevención y control de la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas no ionizantes y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, provenientes de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, comerciales o de servicios, así como, en su caso, de fuentes móviles que conforme a lo establecido en la Ley General, no sean de competencia federal; XV. Establecer un programa permanente, para proteger, conocer y aprovechar sustentablemente la biodiversidad y con especial interés la conservación de las especies en peligro de extinción o bajo consideración especial; XVI. Crear órganos consultivos de carácter estatal y municipal y algún otro mecanismo que aliente la participación social en la política ambiental; XVII. Establecer las normas y criterios para acceder al pago de servicios ambientales; XVIII. La prevención y el control de la contaminación generada por el aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras; XIX. Conducir la política estatal de información, educación y difusión ambiental; XX. Participar en las acciones para el control de emergencias y contingencias ambientales; XXI. Participar en los asuntos ambientales que involucren a dos o más municipios;

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XXII. Establecer los mecanismos que permitan el establecimiento de instancias jurídicas y económicas; XXIII. Crear y aplicar instrumentos de política ambiental así como implementar y operar sistemas de monitoreo ambiental; XXIV. Diseñar y aplicar instrumentos de política ambiental para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, donde se practiquen deportes extremos motores y no motores en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación; FRACCIÓN REFORMADA POR DEC. 181, P. O. 92,  DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2014.

XXV. La regulación del aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas; XXVI. El ejercicio de las funciones que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les transfiera la Federación, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de este ordenamiento Federal; XXVII. La emisión de recomendaciones a las autoridades competentes en materia ambiental, con el propósito de promover el cumplimiento de la Ley Estatal; XXVIII. La atención coordinada con la Federación en asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más Entidades Federativas, cuando así lo consideren conveniente; XXIX. Aplicar las medidas correctivas, de seguridad y sanciones administrativas que procedan, por infracciones a esta Ley y su Reglamento, o a las disposiciones que de dichos instrumentos legales emanen; XXX. La realización de convenios generados de procedimientos administrativos, llevados a cabo por la misma Secretaría; XXXI. Ordenar la realización de visitas de inspección para verificar el cumplimiento de los preceptos de la presente Ley, su Reglamento, y demás normas aplicables en materia ambiental, ordenamiento ecológico del territorio, declaratorias de áreas naturales protegidas, programas de manejo y las condicionantes que en materia ambiental se tengan en los registros, documentos y autorizaciones que se emitan;

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XXXII. Clausurar y suspender las obras o actividades y en su caso, solicitar la revocación y cancelación de las licencias de construcción y uso de suelo cuando se violenten los criterios y disposiciones de esta Ley y su Reglamento; XXXIII. Emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento de inspección y vigilancia, así como cualquier resolución, que sea necesaria de conformidad con la presente Ley; XXXIV. Dar trámite y resolver los recursos administrativos que le competen conforme al presente ordenamiento; XXXV. Atender y resolver las denuncias ciudadanas, presentadas conforme a lo que establece esta Ley, de acuerdo a su competencia; XXXVI. Proporcionar la información pública que le sea solicitada, de conformidad con lo establecido en la ley respectiva; XXXVII. Establecer y operar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, así como el Registro obligatorio de las fuentes fijas de competencia estatal; XXXVIII. Expedir registro de los prestadores de servicios en materia ambiental; y XXXIX. Las demás a que se refiere esta Ley y demás ordenamientos jurídicos complementarios y supletorios. Artículo 6.- Corresponde a los Municipios, por conducto de su Ayuntamiento, con la participación del Gobierno del Estado y dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales: I. Preservar, prevenir, conservar, remediar y restaurar el ambiente en áreas o zonas de jurisdicción municipal; II. Orientar, formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal que guarde congruencia con la estatal y la federal; III. El ordenamiento ecológico de su territorio; IV. La prevención y control de la contaminación del medio ambiente y del suelo en áreas o zonas de jurisdicción municipal;

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V. Celebrar Acuerdos de Coordinación o de Concertación con el Estado, con otros municipios, con personas físicas o morales, con organizaciones sociales y con organismos no gubernamentales, con los sectores social y privado, para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley; VI. Integrar y mantener actualizado un inventario de fuentes fijas que emitan contaminantes a la atmosfera; VII. Realizar la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades dentro de su territorio y que sean de su competencia; VIII. La regulación del aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la contaminación de las aguas de jurisdicción municipal, así como las aguas federales que tengan asignadas; IX. Autorizar la descarga de aguas residuales en los sistemas de drenaje y alcantarillado, de los centros de población y vigilar el estricto cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas en la materia; X. Implementar y operar sistemas de tratamiento de aguas residuales; XI. Implementar y operar sistemas de monitoreo ambiental; XII. La prevención y control de la contaminación originada por ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente provenientes de fuentes fijas y móviles que sean de su competencia; XIII. La prevención y control de la contaminación visual; XIV. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en los centros de población en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados y centrales de abastos, panteones, rastros, tránsito y transportes locales, siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o a los Estados; XV. La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas en la Ley; XVI. La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia ambiental, así como el establecimiento y promoción de programas de educación ambiental;

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XVII. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en la Ley Estatal, para la prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas o móviles, de establecimientos mercantiles o de servicios que no sean considerados de competencia federal o estatal; XVIII. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados; XIX. La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de protección civil que existan en el municipio o que se establezcan para tal efecto; XX. El diseño, la ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente; y XXI. Las demás que le señalen las Leyes Estatal y General de la materia y otras disposiciones legales aplicables. Artículo 7.- El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, expedirá normas técnicas ambientales, considerando la razón científica y técnica que deberá soportar su formulación y la determinación específica para la emisión de contaminantes a fin de asegurar la protección al ambiente, así como la preservación y aprovechamiento sustentables de los elementos naturales. Los Ayuntamientos expedirán en sus Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y bases generales, disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las materias que conforme a esta Ley Estatal les corresponda.

TITULO SEGUNDO POLÍTICA ESTATAL AMBIENTAL CAPÍTULO I POLÍTICA AMBIENTAL Artículo 8.- La política ambiental y los criterios de preservación y restauración ecológica en el Estado de Durango serán congruentes con los establecidos a nivel nacional y se fijan entre otros, los siguientes principios:

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I. Considerar que la prevención y control de las causas que generan la contaminación ambiental es tan importante como procurar la conservación, protección, preservación, mejoramiento y restauración del ambiente para elevar la calidad de vida de la población; II. Reconocer que el ambiente es patrimonio común de los habitantes del Estado, y que es responsabilidad de autoridades y particulares comprendiendo a individuos, grupos y organizaciones sociales para mantener el equilibrio ecológico, tanto las condiciones presentes como las que determinarán la calidad de vida de las futuras generaciones; III. Considerar que son partícipes de este patrimonio las comunidades indígenas de la entidad y debe garantizarse su derecho a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a los que determine esta Ley; IV. Procurar que los programas sectoriales contemplen los problemas ambientales de manera integral, para efecto de coordinar las acciones para mejorar la calidad de vida y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos humanos; V. Planear el desarrollo de las ciudades bajo criterios ecológicos que aseguren el equilibrio del ambiente y vigilar que la tecnología aplicada a los procesos productivos no genere daños al ambiente y mitigue los efectos nocivos del impacto ambiental; VI. Diseñar y aplicar instrumentos de política ambiental para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, donde se practiquen deportes extremos motores y no motores en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación; e FRACCIÓN REFORMADO POR DEC. 181, P. O. 92,  DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2014.

VII. Instrumentar los mecanismos para que la educación sea una herramienta, para evitar el deterioro ambiental y los desequilibrios ecológicos, así como sus daños, a través de la prevención. Artículo 8 bis.- Las dependencias de la Administración Pública Centralizada, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los Órganos Constitucionales Autónomos del Estado y los Ayuntamientos, en los inmuebles a su cargo, promoverán la instalación de sistemas de captación de agua pluvial, debiendo atender los requerimientos de la zona geográfica en que se encuentren atendiendo a la posibilidad física, técnica y financiera que resulte conveniente para cada caso. Esta se utilizará en los baños, en las labores de limpieza de pisos y ventanas, y en el riego de jardines y árboles de ornato en su caso,

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dichas aguas pluviales no podrán ser utilizadas para el consumo humano, salvo autorización expresa de la Secretaría de Salud en su caso. La instalación del sistema de captación de agua pluvial en aquellos inmuebles, declarados monumentos artísticos e históricos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos se llevará a cabo bajo la rigurosa supervisión de expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes, según corresponda, con objeto de evitar afectaciones a dichos inmuebles. ARTÍCULO ADICIONADO POR DEC. 163, P. O. 54,  DE 6 E JULIO DE 2014.

CAPITULO II PLANEACIÓN AMBIENTAL Articulo 9.- En la planeación ambiental para el desarrollo estatal será considerada la política ambiental y el ordenamiento ecológico que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones aplicables, así mismo el gobierno del Estado promoverá la participación de los grupos sociales en programas de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Artículo 10.- El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, llevarán a cabo el proceso de planeación ambiental de conformidad con el contenido de esta Ley y las demás disposiciones en la materia. En la planeación y realización de acciones conforme a las atribuciones que le corresponde el Estado deberá regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir a los particulares en el aspecto social y económico así como en la elaboración de programas de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. El ambiente y sus elementos serán objeto de regulación a través de instrumentos de política ambiental, considerando a la planeación ambiental, al ordenamiento ecológico, a los instrumentos económicos, así como las normas técnicas que al efecto se expidan.

CAPÍTULO III DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Artículo 11.- El programa estatal de ordenamiento ecológico valorará las características de los elementos del ambiente y establecerá las modalidades del uso del suelo, del aprovechamiento y conservación de los recursos naturales en áreas específicas y se deberán considerar los siguientes criterios:

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I. La orientación, formulación, expedición, ejecución y evaluación del ordenamiento ecológico del Estado deberá llevarse a cabo, de conformidad con los lineamientos señalados por esta Ley y las demás de la materia, debiéndose además promover la participación de toda clase de grupos sociales de acuerdo a lo que establezca esta Ley; II. Se deberán formular en el caso de que se abarquen una parte o la totalidad del territorio de otro Estado, programas de ordenamiento ecológico regional; III. Los programas de ordenamiento ecológico local serán realizados por los municipios de acuerdo a su escala y términos de referencia, y en base a las leyes locales en materia ambiental; IV. Los usos del suelo se regularán con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar, y aprovechar los recursos naturales, en el caso de que se lleven a cabo fuera de los centros de población, y, cuando se trate de los referidos usos del suelo, dentro de éstos se establecerán criterios para su regulación a fin de considerarlos en los programas de desarrollo urbano; V. Se realizará la delimitación del área ecológica que comprenda la región a ordenar; VI. Se deberá tomar en cuenta la fundamentación técnica y beneficios sociales inherentes; y VII. Las declaratorias del uso del suelo que se decreten deberán derivarse del programa estatal de ordenamiento ecológico y se deberán publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango. Artículo 12.- El ejercicio del derecho de propiedad estará sujeto a las limitaciones y modalidades que establezcan las declaratorias del uso del suelo. Se regularán las áreas para el crecimiento de los asentamientos humanos, evitando que se ubiquen en lugares riesgosos o dañinos para la salud y la vida de la población. Asimismo se evitará que dichos asentamientos afecten las áreas de preservación ecológica. Artículo 13.- No se expedirán permisos, licencias o autorizaciones que contravengan lo establecido en las declaratorias de usos de suelo, los que se expidan no obstante esta prohibición, serán nulos.

CAPÍTULO IV INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 17

 

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Artículo 14.- Para incentivar el cumplimiento a lo establecido en esta Ley en materia de política ambiental, el Gobierno del Estado constituirá instrumentos económicos, para: I. Motivar a las personas que se dedican a la industria, comercio o prestación de servicios, para que sus intereses sean compatibles con los criterios de sustentabilidad y de protección ambiental; II. Incorporar la información del costo económico que representa la variable ambiental; III. Reconocer e incentivar a quien realice acciones a favor del medio ambiente y de la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales; IV. Procurar que quienes dañen al ambiente asuman los costos de indemnización y reparación correspondientes; V. Promover la política ambiental que incluya el aprovechamiento del recurso natural como factor social para superar la pobreza; y VI. Conjugar todos los instrumentos de política ambiental con el fin de salvaguardar la integridad y el equilibrio de los ecosistemas, así como la salud y el bienestar de la población. Artículo 14 Bis.- Las Dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipales, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los órganos constitucionales autónomos, procurarán contar con sistema de celdas solares en sus inmuebles, el cual se podrá establecer de manera progresiva hasta que el total del consumo de energía eléctrica sea a través de dicho sistema, de acuerdo con la posibilidad física, técnica y financiera que resulte conveniente para cada caso. ARTÍCULO ADICIONADO POR DEC. 163, P. O. 54,  DE 6 E JULIO DE 2014.

Artículo 15.- Los instrumentos económicos, entendidos como mecanismos normativos y administrativos, pueden ser: I. Fiscales; II. Financieros; y III. De mercado. Los Fiscales son aquellos que incentivan el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. 18

 

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Los Financieros son los créditos, fianzas, seguros de responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando se destinen a la preservación, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así como el financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica y tecnológica, para la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y el inventario de la biodiversidad. De Mercado, son las concesiones, autorizaciones, licencias, permisos, bonos o certificados, que corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, agua o suelo, así como los límites de aprovechamiento de recursos naturales o de construcción en áreas naturales protegidas, o de conservación, protección o restauración de áreas naturales que ofrezcan las posibilidades de ofertar servicios ambientales. Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado, son transferibles, no gravables y quedan sujetas al interés público y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Artículo 16.- Los estímulos fiscales deberán establecerse conforme a la Ley de Ingresos del Estado y de los Municipios, dando prioridad a: I. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos, tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y energía; II. La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía menos contaminantes; III. El ahorro y el aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua; IV. La ubicación y reubicación de las instalaciones industriales, comerciales y de servicios en áreas ambientales adecuadas; V. El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas; VI. A los planes de manejo en los aprovechamientos de los recursos naturales que aseguren la sustentabilidad; y VII. En general, todas aquellas actividades encaminadas a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental. 19

 

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CAPÍTULO V EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Artículo 17.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento mediante el cual la Secretaría o el Municipio que corresponda, establecen la autorización previa a la construcción, modificación o ampliación de obras públicas o privadas; así como cualquier actividad que pueda ocasionar impacto ambiental o rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables. El reglamento en esta materia, determinará las obras o actividades que requieren la autorización previa de impacto ambiental. Artículo 18.- Las obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia estatal, que puedan causar desequilibrios ecológicos graves, deberán ser evaluadas previamente con relación al impacto ambiental a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Los criterios para calificar las obras y acciones a que se refiere el artículo anterior, serán alguno o algunos de los siguientes: I. Por su localización; II. Por la naturaleza de sus actividades; III. Por la incompatibilidad con otras actividades; IV. Por la cantidad y calidad de los recursos naturales que se afecten; y V. En general, porque su realización deteriore o pueda deteriorar el ambiente. Artículo 19.- Para obtener la autorización de estímulos fiscales a que se refiere el artículo 16 de esta Ley, los interesados deberán presentar ante la Secretaría, una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener por lo menos una descripción de los posibles efectos por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. En caso de que se considere como actividad riesgosa, dicha manifestación deberá ir acompañada de un estudio de riesgo de la obra, de sus modificaciones o de las actividades previstas, consistentes en las medidas técnicas preventivas y correctivas para mitigar los efectos adversos al ambiente durante su ejecución, en su operación normal y en caso de accidente. 20

 

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Artículo 20.- La Secretaría y los Ayuntamientos, previo estudio de la evaluación de impacto y de riesgo ambiental, resolverán lo conducente en el ámbito de sus respectivas competencias y cuando así proceda, podrán conceder la autorización simple o condicionada. Se concederá a los interesados el derecho de reserva de información, que de hacerse público pudiera afectar derechos de propiedad industrial, intelectual o intereses lícitos de naturaleza mercantil. La evaluación de impacto ambiental procederá de acuerdo a la autorización del uso de suelo de construcciones, fraccionamientos y otros más que establezcan y se determinen por parte de las leyes estatales y aquellas disposiciones que se deriven, y se podrán establecer sistemas de autorregulación y auditorías ambientales que correspondan también a la competencia estatal y municipal. El trámite para la autorización de la evaluación de impacto ambiental se deberá de llevar acabo conforme a lo que establece el reglamento de la propia Ley en materia de Impacto Ambiental Artículo 21.- Las personas físicas o morales, que pretendan realizar obras o actividades de carácter público o privado que requieran de prórrogas en las evaluaciones de Impacto Ambiental deberán ajustarse a lo que establece el Reglamento de la Ley Estatal, en materia de Impacto Ambiental. Artículo 22.- Las personas físicas y morales que comiencen a realizar obras o inicien actividades de carácter público o privado sin la respectiva evaluación de impacto ambiental serán acreedoras a la sanción o sanciones correspondientes. Artículo 23.- La Secretaría emitirá preferentemente en formato electromagnético, los correspondientes a la manifestación de impacto ambiental, informe preventivo, estudio de riesgo ambiental, de igual manera la Secretaría autorizará las prórrogas de las respectivas autorizaciones.

TÍTULO TERCERO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REGULACIÓN, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 24.- Los derechos por la prestación de servicios públicos en el Estado, se causarán en el momento en el que el particular solicite la prestación del servicio, salvo disposición en contrario.

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Artículo 25.- Los derechos que señala este ordenamiento deberán ser enterados en la oficina respectiva de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado o el lugar que para tal efecto señale la Secretaría. Artículo 26.- El Servicio se prestará al presentar el promovente el recibo que acredite su pago ante la oficina respectiva o el lugar que al efecto señale la Secretaría. Artículo 27.- El servidor público que facilite algún servicio por el cual se preste un derecho, en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores, será solidariamente responsable de su pago sin perjuicio de las demás sanciones procedentes. Artículo 28.- En caso de existir discrepancia en cuanto a la procedencia o cuantía del derecho, cuando de su pago dependa la prestación del servicio, el entero del importe fijado por la Secretaría, en los términos establecidos por este ordenamiento, dará lugar a la prestación de dicho servicio. Artículo 29.- Para los efectos de este Título, se entiende por salario mínimo, el salario mínimo general diario que corresponda al área geográfica del Estado vigente, al momento en que el particular solicite la prestación del servicio. Artículo 30.- El pago de derechos de Impacto y Riesgo Ambiental se efectuará en base y conforme al monto de la inversión de la obra. Artículo 31.- El monto del pago de prórrogas será de acuerdo al plazo de la prórroga solicitada.

CAPÍTULO II DE LOS INSTRUMENTOS DE AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES Artículo 32.- Las empresas u organizaciones empresariales podrán desarrollar procesos voluntarios de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño ambiental, respetando los ordenamientos aplicables a la materia y se comprometan a cumplir o alcanzar las metas y beneficios en materia de protección ambiental, para tal efecto la Secretaría inducirá o concretará: I.

El desarrollo de los procesos productivos eficientes y compatibles con el ambiente, así como sistemas de protección y restauración en la materia, convenidos con asociaciones o cámaras de industria, comercio, servicios y otras actividades productivas, organizaciones representativas de una zona o región, instituciones de investigación científica y tecnológica y otras organizaciones interesadas; 22

 

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II.

El cumplimiento de normas voluntarias o especificaciones técnicas en materia ambiental, sin menos cabo de lo que dispongan las respectivas Normas Oficiales Mexicanas en la materia, las cuales serán establecidas de común acuerdo con los particulares o con asociaciones u organizaciones que los representan;

III.

El establecimiento de sistemas de certificación de procesos para inducir patrones de consumo que sean compatibles o que preserven, mejoren o restauren el medio ambiente, observando lo dispuesto en la presente Ley y en la normatividad ambiental; y,

IV.

Las demás acciones que induzcan a las empresas a alcanzar los objetivos de la política ambiental superiores a las previstas en la normatividad ambiental establecida.

Artículo 33.- Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria, a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el ambiente. Artículo 34.- La Secretaría desarrollará un programa dirigido a fomentar la realización de auditorías ambientales voluntarias y podrá supervisar su ejecución, de conformidad con los ordenamientos que se expidan debiendo: I.

Elaborar en los términos de referencia que establezcan la metodología para la realización de auditorías ambientales;

II.

Establecer un sistema de reconocimiento de peritos y auditores ambientales, determinando los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los interesados para incorporarse a dicho sistema;

III.

Desarrollar programas de capacitación en materia de peritajes y auditorías ambientales;

IV.

Instrumentar un sistema de reconocimiento y estímulos que permita identificar a las industrias que cumplan oportunamente los compromisos adquiridos en auditorías ambientales;

V.

Convenir o concretar con personas físicas o morales, públicas o privadas, la realización de auditorías ambientales; y 23

 

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VI.

Promover el apoyo a la mediana y pequeña industria, con el fin de inducir y facilitar la realización auditorías en dichos sectores.

Artículo 35.- La Secretaría propondrá los programas preventivos y correctivos derivados de las auditorías ambientales, así como el diagnóstico básico del cual derivan estarán a disposición de quienes resulten o puedan resultar directamente afectados, respetando en todo caso, las disposiciones legales en relación con la confidencialidad de la información industrial y comercial. Artículo 36.- La Secretaría proporcionará la asesoría técnica y normativa necesaria a fin de fomentar la realización de auditorías ambientales en el sector productivo, de acuerdo a los instrumentos señalados en las Normas Oficiales Mexicanas o Normas Ambientales Estatales, y deberá promover la aplicación de dichos procedimientos en el ámbito municipal. Para coadyuvar en las acciones para la implementación de lo dispuesto en el presente capítulo, la Secretaría integrará un comité de trabajo, en el que participarán los representantes de instituciones de investigación, colegios y asociaciones profesionales y organizaciones del sector industrial y privado. Artículo 37.- El Reglamento establecerá los principios correspondientes, a fin de poder cumplir con lo establecido en el artículo anterior.

CAPÍTULO III DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Artículo 38.- La educación ambiental tiene por objeto, propiciar actitudes y conductas de participación comunitaria en las tareas de protección, conservación y restauración del ambiente, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y propiciar los conocimientos sobre las causas del deterioro del mismo y las medidas para su prevención y control; iniciando en los diversos ciclos educativos, de manera especial en el nivel básico. El Ejecutivo Estatal promoverá la incorporación de contenidos ecológicos en los planes y programas en los diversos ciclos educativos especialmente en educación superior y organismos de investigación en el Estado; en coordinación con los municipios orientará, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación ambiental. Artículo 39.- La investigación ambiental tiene como objetivo el conocimiento de:

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I. Las relaciones entre los elementos del ambiente; II. Los procesos físicos, químicos, biológicos, geográficos, socio-económicos del ambiente; III. Las causas y los efectos del deterioro ambiental; IV. El aprovechamiento actual y potencial de los recursos naturales y sus efectos; V. Las técnicas y métodos para prevenir, mitigar o restaurar el deterioro ambiental, así como para el manejo integral y sustentable de los recursos naturales; y VI. Los beneficios sociales y económicos. Artículo 40.- El Gobierno del Estado, previa consulta a los órganos consultivos, promoverá y gestionará que las instituciones académicas y de investigación en el Estado de Durango, desarrollen y fomenten el estudio de las ciencias ambientales, para desarrollar nuevos sistemas, métodos, equipos y dispositivos que conserven, mejoren y restauren el ambiente e impulsen la formación, capacitación y actualización de recursos humanos en materia ambiental. Asimismo, el Gobierno del Estado promoverá la realización de convenios con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la delegación federal en el Estado, para que dentro de la esfera de su competencia, se propicie la incorporación de contenidos ecológicos en los programas de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene. En coordinación con las dependencias correspondientes y los medios masivos de comunicación, el Gobierno del Estado impulsará y promoverá programas de educación ambiental en los que quede de manifiesto la relación entre el equilibrio ecológico y la calidad de vida de la población.

TÍTULO CUARTO DE LA BIODIVERSIDAD CAPÍTULO I DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Artículo 41.- Se consideran áreas naturales protegidas, las porciones del territorio del Estado, cuyas condiciones ambientales no han sido alteradas de manera importante por la actividad del hombre o aquellas que requieran ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables. 25

 

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Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas, deberán sujetarse a las modalidades que de conformidad con la presente Ley, establezcan los decretos por los que se constituyan dichas áreas, así como a las demás previsiones contenidas en el programa de manejo y en los programas de ordenamiento ecológico que correspondan. Las áreas naturales protegidas deberán, para su adecuado manejo, conservación y desarrollo, tener una zonificación básica, consistente en una o varios de los siguientes tipos de zonas: I.

Zona núcleo con las subzonas de protección y uso restringido;

II.

Zona de amortiguamiento y subzonas correspondientes; y

III.

Zona de influencia.

En las resoluciones se señalarán los usos intensivos, medios o restringidos que se pueden autorizar en la zona de amortiguamiento. Reglamentariamente se definirán dichos usos. Artículo 42.- La zona núcleo, es la porción protegida mejor conservada que contiene ecosistemas o fenómenos naturales de especial importancia y especies de flora y fauna que requieren protección completa para propósitos científicos o de regulación ambiental y deberán incorporarse a los bienes del dominio público estatal o municipal, según corresponda, en cuyo caso la autoridad competente expedirá el decreto expropiatorio correspondiente, o bien, la celebración de convenios entre la autoridad y el poseedor del predio. Artículo 43.- La zona de amortiguamiento es la porción del área natural que protege a la zona núcleo del exterior y que presenta condiciones favorables para las actividades productivas, educativas, recreativas, de investigación aplicada y de capacitación, teniendo como función principal orientar actividades de aprovechamiento para que se dirijan hacia el desarrollo sustentable, contando con áreas secundarias de preservación, de uso tradicional y de aprovechamiento de los ecosistemas y sus recursos, para asentamientos humanos y en general para uso público y de restauración. Las áreas naturales protegidas contarán además con una zona de influencia cuando sea necesario para el logro de sus objetivos o cuando sus condiciones especiales lo justifiquen. Se delimitarán como zonas de influencia el espacio circundante del área natural protegida, con la finalidad de mitigar los efectos que sobre ésta puedan producir las modificaciones ambientales de su entorno y promoverá la coordinación de las acciones que se desarrollen en la zona de influencia. 26

 

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Artículo 44.- Los objetivos de las áreas naturales protegidas son: I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas de los ecosistemas más frágiles del territorio del Estado para asegurar la continuidad de los procesos evolutivos y biológicos; II. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio del Estado, en particular las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentren sujetas a protección especial; III. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica, la educación ambiental, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio; IV. Propiciar las condiciones necesarias para la recreación, el ecoturismo, la práctica de deportes extremos no motores y la generación de servicios ambientales. FRACCIÓN REFORMADA POR DEC. 181, P. O. 92,  DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2014.

V. Generar conocimientos y tecnologías que permitan el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales y su conservación. Asimismo, respetar y promover las prácticas tradicionales de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales que coadyuven a los propósitos de esta Ley, otorgando estímulos fiscales y retribuciones económicas a propietarios, poseedores y titulares de derechos, sobre tierras, aguas y bosques en las áreas naturales protegidas; VI. Apoyar el desarrollo rural y el manejo de amplias zonas con base a un ordenamiento ecológico, que permita establecer áreas de uso integral y manejo múltiple de los recursos; y VII. Proteger el entorno natural de zonas arqueológicas y de monumentos históricos y artísticos. Artículo 45.- Se consideran áreas naturales protegidas: I.

Reservas de la biósfera;

II.

Monumentos naturales;

III.

Áreas de protección de recursos naturales; 27

 

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IV.

Áreas de protección de flora y fauna;

V.

Santuarios;

VI.

Parques y reservas nacionales;

VII.

Parques y reservas estatales y municipales; y

VIII.

Zonas de preservación ecológicas de los centros de población

Las fracciones VII y VIII son competencia del Estado y sus municipios, los que aplicarán la legislación local en la materia, pudiendo establecer parques y reservas estatales en áreas relevantes de su territorio, pero no lo podrán realizar en zonas previamente declaradas como correspondientes a la Federación. Artículo 46.- El Congreso del Estado, a solicitud del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, expedirá las resoluciones mediante las cuales declare como áreas naturales protegidas a aquellas porciones del territorio del Estado que requieran de conservación, protección, restauración y desarrollo de sus condiciones ambientales. Al hacerlo, tomará en cuenta la opinión del Ayuntamiento que corresponda, y de las dependencias de la Administración Pública Estatal, en apego al ámbito de sus competencias, los órganos consultivos, las universidades, centros de investigación, propietarios, personas físicas y morales interesadas. La Secretaría dictará los criterios de conservación, administración y funcionamiento de las mencionadas áreas. Todo acto, contrato o convenio que contravenga las resoluciones de áreas naturales protegidas, será nulo. Artículo 47.- El Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas comprenderá las zonas sujetas a conservación ecológica y los parques estatales, y tienen como objetivo: I.

Sujetar las áreas a regímenes específicos de manejo, de acuerdo con sus características naturales, culturales y su vocación natural;

II.

Garantizar el equilibrio de los principales ecosistemas que les correspondan a dichas áreas ; y,

III.

Apoyar la educación y difusión ambiental para que la población participe en la conservación de las áreas naturales protegidas.

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En las reservas de la biósfera, el Gobierno del Estado y de los municipios, participarán en su administración en la forma y términos que señalen los Acuerdos de Coordinación que para el efecto se celebren con la Federación. Artículo 48.- El Titular del Poder Ejecutivo, publicará en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango, la resolución que declara un Área Natural Protegida y su plan de manejo. El mencionado Programa deberá contener al menos lo siguiente: I. La descripción y análisis de las características físicas, biológicas, sociales y culturales del área; II. Los objetivos específicos del área; III. Las normas y criterios de ordenamiento ecológico; IV. Las estrategias y las acciones para el desarrollo del área natural protegida a corto, mediano y largo plazo y comprenderán además investigación, educación, protección a los recursos naturales, financiamiento, normativas y todas las demás acciones necesarias para conservar y proteger a dichas áreas; V. La delimitación de las áreas susceptibles para el aprovechamiento turístico, eco turístico y para la práctica de deportes extremos motores y no motores, señalando las medidas establecidas para mitigar los efectos del aprovechamiento recreativo de estas zonas. FRACCIÓN ADICIONADA POR DEC. 181, P. O. 92,  DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2014. RECORRIÉNDOSE EN ORDEN CONSECUTIVO LAS SUBSECUENTES

VI. Las medidas para mitigar los efectos que la zona de influencia pueda producir en el área natural protegida con relación a los mecanismos de participación de individuos y grupos asentados en la misma, así como todas aquellas que puedan perjudicar dichas áreas; y VII. Las bases de coordinación y concertación con las dependencias del sector público y privado que corresponda, para la regulación de acciones en la zona de influencia, así como las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán. Artículo 49.- En las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas, sólo estarán permitidas la investigación científica y la educación ambiental autorizadas por la Secretaría, escuchando siempre la opinión de los órganos consultivos y de las personas físicas o morales encargadas de su administración. Se prohíbe expresamente: 29

 

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I. El vertimiento y descarga de contaminantes en el suelo, el subsuelo y en los demás cuerpos receptores; II. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos; III. La emisión de cualquier contaminante; IV. La actividad cinegética o cualquier tipo de aprovechamiento; y V. La realización de acciones que contravengan lo dispuesto por el programa integral de desarrollo del área de que se trate. En las zonas de amortiguamiento sólo podrán realizarse actividades productivas por parte de los miembros de las comunidades que habiten al momento de la creación del área natural protegida y su posterior tratamiento. Artículo 50.- Quedan sujetas a la autorización por parte de la Secretaría y de las autoridades correspondientes, tratándose de áreas naturales protegidas, las siguientes actividades: I. Uso de agroquímicos, explosivos y venenos; II. Aprovechamiento ecoturístico y la práctica de deportes en todas sus modalidades.; FRACCIÓN ADICIONADA POR DEC. 181, P. O. 92,  DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2014.  RECORRIÉNDOSE EN ORDEN CONSECUTIVO LAS SUBSECUENTES

III. Uso del fuego para fines agropecuarios; IV. Urbanización; V. Investigación científica; VI. Perforación de pozos para extracción de agua; VII. Exploración y excavación del suelo y extracción de materiales; VIII. Reforestación; IX. Control de plagas; X. Cambio del uso del suelo; y 30

 

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XI. Las demás señaladas en el plan de manejo respectivo. Artículo 51.- La Secretaría dictará los reglamentos internos de las áreas naturales protegidas y manejará el otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias en materia de áreas naturales. Artículo 52.- La realización de proyectos o programas de obra pública o de particulares y de manejo de instalaciones comerciales y de servicios, en las áreas naturales protegidas o en su área de influencia, deberán ser autorizadas por la Secretaría, previa consulta a los órganos consultivos y se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos y demás ordenamientos aplicables. Artículo 53.- El Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y los particulares, podrán participar en el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas por la Federación y el Estado en los términos que se señalan en la Ley General y de conformidad con los Convenios de Coordinación que al efecto se celebren. El Gobierno del Estado integrará el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, considerando siempre los valores que representan tanto por su biodiversidad o características ecológicas y que sean de relevancia estatal. Para tal efecto, se atenderá la opinión de los órganos consultivos.

CAPITULO II DE LA RESTAURACIÓN Artículo 54.- Para aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación o graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de recuperar y restablecer las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban. En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría deberá promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales públicas y privadas, pueblos indígenas, gobiernos municipales y demás personas interesadas. En los casos de procesos acelerados de desertificación o de degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación o restablecimiento o de afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, promoverá la expedición de las declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración ecológica. Para tal efecto, elaborará previamente los estudios que las justifiquen.

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Las declaratorias deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango y serán inscritas en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. Comprenderán, de manera total o parcial, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad y expresarán: I. La delimitación de la zona sujeta a restauración ecológica, precisando superficie, ubicación y deslinde; II. Las acciones necesarias para regenerar, recuperar o restablecer las condiciones naturales de la zona; III. Las condiciones a las que se sujetarán, dentro de la zona, los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales, la flora y la fauna, así como la realización de cualquier tipo de obra o actividad; IV. Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de restauración ecológica correspondiente, así como para la participación en dichas actividades de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos municipales y demás personas interesadas; y V. Los plazos para la ejecución del programa de restauración ecológica respectivo. Todos los actos y convenios relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en la zona que fueren materia de las declaratorias a que se refiere este artículo, quedarán sujetas a las aplicaciones de las modalidades previstas en las propias declaratorias. Los notarios o cualquier otro fedatario público harán constar tal circunstancia al autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan. Será nulo todo acto, convenio o contrato que contravenga a lo establecido en la declaratoria correspondiente.

CAPÍTULO III FLORA Y FAUNA SILVESTRE Artículo 55.- Para la preservación y el aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre, se considerarán los siguientes criterios:

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I. La preservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies de flora y fauna que se encuentran en el territorio del Estado; II. La continuidad de los procesos evolutivos de la especies de flora y fauna y demás recursos biológicos, destinando áreas representativas de los sistemas ecológicos del Estado a acciones de preservación e investigación; III. La preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial; IV. El combate al tráfico o apropiación ilegal de especies; V. El fomento y creación de estaciones biológicas de rehabilitación y repoblamiento de especies de flora y fauna silvestre; VI. El desarrollo de la investigación sobre fauna y flora silvestre, y de los materiales genéticos, con el objeto de conocer su valor científico, ambiental, económico y estratégico para el Estado; VII. El fomento de trato digno y respetuoso a las especies animales, con el propósito de evitar crueldad en su contra; y, VIII. El desarrollo de actividades productivas alternativas para las comunidades rurales e indígenas en la elaboración de programas de biodiversidad de las áreas en que habiten. Artículo 56.- Los criterios para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre a que se refiere el artículo anterior, consistirán en: I. El otorgamiento de concesiones, permisos y, en general, de toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento, posesión, administración, conservación, repoblación, propagación y desarrollo de la flora y fauna silvestre; II. El establecimiento o modificación de vedas de la flora y fauna silvestre; III. Las acciones de sanidad fitopecuaria; IV. La protección y conservación de la flora y fauna del Estado, contra la acción perjudicial de plagas y enfermedades, o la contaminación que pueda derivarse de actividades fitopecuarias;

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V. El establecimiento de un sistema estatal de información sobre biodiversidad y de certificación del uso sustentable de sus componentes, así como la regulación de la preservación y restauración de la flora y fauna silvestre; VI. La formulación del programa anual de producción, repoblación, cultivo, siembra y diseminación de especies de la flora y fauna acuáticas; VII. La creación de áreas de refugio para proteger las especies acuáticas que así lo requieran; y, VIII. La determinación de los métodos y medidas aplicables o indispensables para la conservación, cultivo y repoblación de los recursos pesqueros. Artículo 57.- La Secretaría establecerá las vedas de la flora y fauna silvestre y su modificación o levantamiento, con base en los estudios que para tal efecto previamente lleve a cabo, en coordinación con la Federación y los interesados. Las vedas tendrán como finalidad la preservación, repoblación, propagación, distribución, aclimatación o refugio de los especímenes principalmente de aquellas especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial. Los instrumentos jurídicos mediante los cuales se establezcan vedas, deberán precisar su naturaleza y temporalidad, los límites de las áreas y zonas vedadas y las especies de flora y fauna comprendidas en ellas, de conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables. Dichos instrumentos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado. Artículo 58.- Las disposiciones de esta Ley son aplicables a la posesión, administración, preservación, repoblación, propagación, importación, exportación y desarrollo de la flora y fauna silvestre y material genético, sin prejuicio de lo establecido en otros ordenamientos jurídicos. Artículo 59.- El aprovechamiento de los recursos naturales en áreas que sean el hábitat de especies de flora y fauna silvestre, especialmente en las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, deberán hacerse de manera que no se alteren las condiciones necesarias para la subsistencia, desarrollo y evolución de dichas especies. Se deberá promover por parte de la Secretaría, el manejo de la flora y fauna silvestre, tomando en cuenta el conocimiento biológico tradicional, así como información de carácter técnico, científico y económico para lograr el aprovechamiento sustentable de las especies. 34

 

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Artículo 60.- La Secretaría expedirá las normas técnicas estatales ambientales en el ámbito de sus competencias y coadyuvará en el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas para la preservación y aprovechamiento de la flora y fauna silvestre y otros recursos biológicos. Artículo 61.- Cuando así se requiera para la protección de las especies, la Secretaría, previa opinión de los órganos consultivos, establecerá las medidas de regulación y restricción en forma total o parcial, a la exportación o importación de especímenes de flora y fauna silvestres. Artículo 62.- A la Secretaría le corresponde hacer cumplir las disposiciones que sobre preservación y aprovechamiento sustentable de especies de flora y fauna silvestre existan, y todas las demás leyes o disposiciones que se establezcan con motivo de las actividades económicas que se desarrollen. Artículo 63.- El aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre en actividades económicas podrá autorizarse cuando los particulares garanticen su reproducción controlada o desarrollo en cautiverio o semicautiverio, o cuando la tasa de aprovechamiento sea menor a la renovación natural de la población, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Vida Silvestre y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables sobre la materia. El aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre requiere el consentimiento expreso del propietario o del legítimo poseedor del predio en que éstas se encuentren. No podrá autorizarse el aprovechamiento sobre poblaciones naturales de especies amenazadas o en peligro de extinción. Así mismo, la Secretaría podrá otorgar a dichos propietarios o poseedores, cuando garanticen la reproducción controlada y el desarrollo de poblaciones de fauna silvestre, los permisos cinegéticos correspondientes. La colecta de especies de flora y fauna silvestre en el territorio del Estado, así como de otros recursos biológicos con fines de investigación científica, requiere de la autorización de la Secretaría y deberá sujetarse a los términos y formalidades que se establezcan en las leyes de la materia y las Normas Oficiales Mexicanas. Se deberá garantizar que los resultados de las investigaciones estén a la disposición del público en general. Artículo 64.- El aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre así como de otros recursos biológicos con fines de utilización en la biotecnología, requiere de la autorización previa de la Secretaría.

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La autorización sólo podrá otorgarse si se cuenta con el consentimiento previo, expreso e informado, del propietario o legítimo poseedor del predio en el que el recurso biológico se encuentre. Asimismo, dichos propietarios o legítimos poseedores tendrán derecho a una repartición equitativa de los beneficios que se deriven o puedan derivarse de los aprovechamientos a que se refiere este artículo, con arreglo a las disposiciones jurídicas aplicables. La Secretaría y las demás dependencias competentes, establecerán los mecanismos necesarios para intercambiar información respecto de autorizaciones o resoluciones relativas al aprovechamiento de recursos biológicos para los fines a que se refiere este precepto. ARTÍCULO REFORMADO POR DEC. 181, P. O. 92,  DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Artículo 65.- Los ingresos que se recauden por el concepto de otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias en materia de flora y fauna silvestre, se destinarán a acciones de preservación y restauración de la biodiversidad, preferentemente en las áreas respecto a las cuales se otorgaron permisos. Artículo 66.- El Gobierno estatal y los municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno que deberá darse a los animales.

TÍTULO QUINTO DE LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE CAPÍTULO I DISPOSICIONES COMUNES Artículo 67.- No podrán emitirse contaminantes a la atmósfera generados en el territorio del Estado, que ocasionen o puedan ocasionar daños al ambiente. Las personas físicas y morales que lleguen a emitir contaminantes estarán obligadas a proporcionar datos, información y documentos para la integración de un inventario. Artículo 68.- La Secretaría, en estrecha coordinación con los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, estará facultada para: I. Determinar las fuentes de contaminación y dictar las normas, criterios y procedimientos a los que deberán sujetarse las emanaciones, emisiones, descargas, depósitos, servicios, transportes, y en general, cualquier actividad que deteriore el ambiente, con el propósito de

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prevenir, controlar y reducir la contaminación ambiental, en base a las Normas Oficiales Mexicanas sobre la materia; II. Orientar, propiciar y alentar el correcto uso y aprovechamiento del suelo, de acuerdo a la aptitud de éste y su función dentro de la correspondiente cuenca hidrográfica, para conservar y preservar los ecosistemas; III. Se deberá integrar un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, de materiales y residuos de su competencia; IV. Mantener actualizado el inventario de fuentes emisoras de contaminantes a la atmósfera, (aire, agua, suelo y subsuelo, de materiales y residuos) siempre que sean de competencia estatal y de igual manera deberá coordinarse con los municipios para la debida integración del inventario en el Estado; V. Gestionar la implementación y operación de centros de monitoreo ambiental, con apego a las Normas Oficiales Mexicanas en la materia, reportando los resultados a las instituciones y personas interesadas; VI. Orientar, propiciar y alentar con los responsables de la operación de fuentes de contaminantes, a la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la atmósfera; y VII. La aplicación de las medidas necesarias en casos de contingencias y emergencias, causadas por el deterioro súbito del ambiente. Artículo 69.- Se prohíbe la construcción de obras e instalaciones y la operación de las ya existentes, cuando por sus emisiones, descargas o vertimientos de contaminantes, rebasen la capacidad de asimilación del aire, del suelo, del agua y demás cuerpos receptores con base en las Normas Oficiales Mexicanas que para el efecto se dicten.

CAPÍTULO II DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (RETC) Artículo 70.- Para la protección al ambiente, el Estado y los Municipios en el ámbito de su competencia, deberán considerar los siguientes criterios:

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I.

Prioridad para generar las condiciones necesarias para contar con un ambiente adecuado para la salud y el desarrollo sustentable, mediante la disminución gradual de las emisiones, descargas y residuos;

II.

Obligación de prevenir y en su caso, de controlar la contaminación del ambiente corresponde tanto al Estado como a los Municipios; y,

III.

Las emisiones, descargas, infiltraciones o depósito de contaminantes, sean de fuentes naturales o artificiales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas para mejorar la calidad de vida y bienestar de la población, así como para evitar daños a los diversos elementos que conforman los ecosistemas.

Artículo 71.- El Estado y los Municipios, deberán integrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua suelo y subsuelo, materiales y residuos de competencia, así como de aquellas sustancias que determine la autoridad competente conforme a las disposiciones generales, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Ambientales Estatales y demás ordenamientos aplicables. La información del registro se integrará con los datos y documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas informes reportes, licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la Secretaría y en su caso de los municipios. Artículo 72.- El Estado integrará el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en el ámbito de su competencia y sobre aquello que no se encuentre reservado a la Federación de conformidad con las disposiciones generales vigentes, para ello el estado emitirá el listado de actividades industriales que son de su jurisdicción. Las personas físicas y morales responsables de fuentes de contaminantes que emitan, transfieran o les transfieran contaminantes como resultado de sus actividades, están obligadas a proporcionar información, datos y documentos necesarios para la integración del registro. La información del registro se integrará con los datos desagregados por sustancia y por fuente, anexando nombre y dirección de los establecimientos sujetos a registro. La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. La Secretaría permitirá el acceso a dicha información en los términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables y la difundirá de manera proactiva. Artículo 73.- El Estado y los Municipios, podrán convenir con la Federación el establecimiento de mecanismos, directrices, y principios técnicos para uniformar y homologar la integración de la base de datos de sus respectivas competencias, para la integración del RETC a que se refiere la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 38

 

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Artículo 74.- El Estado deberá promover en los Municipios la integración del RETC municipal, para la integración del registro estatal. Artículo 75.- El Reglamento de la presente Ley Estatal en materia del Registro citado, fijará las formas y los tiempos, así como los procedimientos para la integración del propio registro y la actualización del mismo.

CAPÍTULO III DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE Artículo 76.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes emisoras de contaminantes atmosféricos: I.

Las naturales, que incluyen volcanes, incendios forestales no provocados por el hombre, ecosistemas naturales o parte de ellos en proceso de erosión por acción del viento, pantanos y otras semejantes;

II. Las antropogénicas, las cuales requerirán para su operación y funcionamiento, autorización de la Secretaría, entre las que se encuentran: a) Las fijas o semifijas, que incluyen calderas, aserraderos, fábricas que no correspondan a jurisdicción federal y talleres en general; incineradores industriales, comerciales, domésticos, los de servicio público o privado y cualquier otra fuente análoga a las anteriores, semifijas como trituradoras y plantas de asfalto b) Las móviles, como plantas móviles de emergencia, generadoras de energía eléctrica; plantas móviles elaboradoras de concreto; vehículos automotores de combustión interna; aviones, locomotoras, motocicletas y similares; y c) Diversas, como la incineración; quema a cielo abierto de basura, uso de explosivos o cualquier tipo de combustión que produzca o pueda producir contaminación. Artículo 77.- Se prohíbe la emisión y utilización de gases, vapores, humos, polvos, olores, aerosoles, entre otros, cuyos contenidos degraden la capa de ozono y cualquier sustancia que provoque o pueda provocar degradación o molestias en perjuicio de la calidad de vida de las personas y de los ecosistemas.

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Tales operaciones sólo podrán realizarse de conformidad con esta Ley, sus reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas. Artículo 78.- Para proteger al ambiente de los efectos de la contaminación atmosférica, la Secretaría y los Ayuntamientos, dictarán, entre otras, las siguientes disposiciones generales: I. Los métodos para prevenir y controlar la contaminación atmosférica, producida por vehículos automotores y otras fuentes de contaminación; II. La calidad que debe tener el aire con relación a la vida; III. La modificación o suspensión de actividades industriales en caso de que éstas signifiquen un riesgo grave de contaminación; IV. Medidas para minimizar los daños producidos por los contaminantes atmosféricos de origen natural; V. Establecer y operar sistemas de verificación de emisiones de automotores en circulación, con los requisitos y procedimientos para regular las correspondientes emisiones de transporte público local y medidas de tránsito; y VI. Las sanciones y medidas por las infracciones a la presente ley y a las demás disposiciones que correspondan a esta materia, así como a los Bandos de Policía y Gobierno que correspondan a los ayuntamientos. Artículo 79.- Los responsables de las fuentes de contaminación atmosférica tomarán las medidas necesarias para que sus emisiones no rebasen los límites máximos permisibles establecidos en las disposiciones legales, reglamentarias y Normas Oficiales Mexicanas sobre la materia. Artículo 80.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, promoverá con las autoridades competentes, de conformidad con las disposiciones que resulten aplicables, la oferta de transferencia oxígeno-carbono, en base a la disponibilidad generadora de las áreas naturales con esa disposición. Artículo 81.- Toda fuente fija, semifija o establecimiento industrial para su operación, deberá contar con la Licencia Ambiental Única, ya sea que ésta se encuentre operando con antelación a dicho trámite (Licencia de Funcionamiento) o sea de reciente creación.

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Artículo 82.- En la Licencia Ambiental Única se tomara en cuenta tanto el dictamen de impacto ambiental y riesgo, como las emisiones a la atmósfera, al suelo, así como las descargas al agua, según le corresponda. Artículo 83.- Los trámites para la obtención de la Licencia Ambiental se efectuarán en la Secretaría. Artículo 84.- Los formatos para el trámite de la licencia Ambiental Única serán publicados y puestos a disposición de forma magnética. Artículo 84 bis.- Para el otorgamiento de estímulos fiscales, las autoridades competentes considerarán a quienes: I.

Adquieran, instalen u operen equipo para el control de emisiones contaminantes a la atmósfera;

II.

Fabriquen, instalen o proporcionen mantenimiento a equipo de filtrado, combustión, control, y en general, de tratamiento de emisiones que contaminen la atmósfera;

III.

Realicen investigación científica y tecnológica e innovación, cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes, y

IV.

Ubiquen o relocalicen sus instalaciones para evitar emisiones contaminantes en zonas urbanas. ARTÍCULO ADICIONADO POR DEC. 181, P. O. 92,  DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2014.

CAPÍTULO IV DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA Artículo 85.- Para prevenir y controlar la contaminación del agua, se considerarán los siguientes criterios: I. La prevención y control de la contaminación del agua es fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas de la entidad; II. A la sociedad en general, también le corresponde prevenir la contaminación de ríos, cuencas hidrológicas, vasos y demás depósitos y corrientes de agua incluyendo las del subsuelo de jurisdicción estatal;

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III. El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de generar contaminación, conlleva responsabilidad del tratamiento de las descargas, ya sea para su reuso, o para reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio de los ecosistemas, de tal manera que se deberá realizar un sistemático y permanente monitoreo de la calidad del agua; IV. Las aguas residuales de origen urbano, deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas hidrológicas, vasos y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo; y, V. La sociedad deberá participar con responsabilidad para evitar la contaminación del agua. Artículo 86.- Las descargas de aguas residuales provenientes de usos públicos urbanos y de usos industriales que se descarguen en sistemas de drenaje y alcantarillado de las poblaciones, en cuencas de ríos, vasos y demás depósitos o corrientes de agua de jurisdicción estatal, así como las que se infiltren en el subsuelo que contengan sustancias contaminantes, desechos o similares, deberán recibir tratamiento, para prevenir: I. La contaminación de los cuerpos receptores; II. La interferencia en los procesos de depuración de las aguas; y, III. Trastornos, impedimentos o alteraciones en los correctos aprovechamientos de las aguas, o en el funcionamiento adecuado de los sistemas y en la capacidad hidráulica de las cuencas, cauces, vasos, mantos acuíferos de acuerdo a la capacidad hidráulica de los propios cuerpos receptores. Artículo 87.- La Secretaría y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, fijarán las condiciones de vertimiento en las redes colectoras, ríos, cuencas hidrológicas, vasos y demás depósitos o corrientes de agua de jurisdicción estatal, así como cuando se infiltren en terreno y regulando su alojamiento. Para el uso y aprovechamiento de las aguas residuales, se estará a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas sobre la materia. Artículo 88.- Para descarga de aguas residuales, en redes colectoras, ríos, acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces, vasos o corrientes de agua de todo tipo deberán constituirse las obras e infraestructura que sean necesarias para su tratamiento. La Secretaría, en coordinación con los Ayuntamientos, determinará las condiciones particulares en que deberán hacerse, acorde a las Normas Oficiales Mexicanas sobre la materia.

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Artículo 89.- En materia de prevención y control de la contaminación del agua, corresponde al Gobierno del Estado y de los municipios supervisar, por sí o a través de sus organismos públicos, la administración del agua, de conformidad con la distribución de competencias establecidas en esta Ley y conforme las reglamentaciones locales: I. El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado; II. Coadyuvar en el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, así como el requisito de instalación de sistemas de tratamiento a quienes generen descargas a dichos sistemas; III. Determinar el monto de los derechos correspondientes para que el municipio o autoridad estatal respectiva pueda llevar a cabo el tratamiento necesario; y en su caso, proceder a la imposición de las sanciones a que haya lugar; y IV. El trámite y actualización del registro de las descargas a los sistemas de drenaje y alcantarillado que se administran, el que deberá ser integrado al registro nacional de descargas. Artículo 90.- Los responsables de las descargas a que se refiere el artículo anterior, requieren de la autorización de la Secretaría y los Ayuntamientos, así como cumplir con las condiciones particulares de descarga y el tipo de equipo de tratamiento que se determinaron y realizar las obras e instalaciones de tratamiento que corresponda Artículo 91.- No se autorizará la construcción de obras o instalaciones, ni se permitirá la operación o el funcionamiento de las ya existentes, cuando la descarga de aguas residuales ocasione o pueda ocasionar contaminación. En el caso de programación y construcción de nuevas industrias que puedan producir descargas contaminantes de aguas residuales, así como de las obras e instalaciones para purificar las aguas residuales de procedencia industrial, la Secretaría y los Ayuntamientos, resolverán con base a los estudios de la cuenca y sistemas correspondientes. Artículo 92.- La Secretaría y los Ayuntamientos resolverán sobre las solicitudes de autorización, concesión o permiso que se formula para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales a que se refiere el artículo anterior, considerando en cada caso las condiciones necesarias para no contaminar, conforme a los criterios, lineamientos, requisitos, condiciones y Normas Oficiales Mexicanas que al respecto se expidan.

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Artículo 93.- Cuando las descargas contaminantes provengan de dos o más obras, instalaciones o industrias, la Secretaría y los Ayuntamientos, resolverán las solicitudes de autorización para el establecimiento de plantas de tratamiento y de sus descargas conjuntas, con base en los estudios de la cuenca y sistemas correspondientes. Artículo 94.- Se prohíbe el almacenamiento de aguas residuales crudas o sin previo tratamiento. Artículo 95.- Para los fines de esta Ley, la Secretaría y los Ayuntamientos, propondrán el establecimiento de normas sobre las siguientes materias: I. Zonas de protección de ríos, manantiales, depósitos, y en general, fuentes de abastecimiento de aguas de jurisdicción estatal y municipal; II. Realización y operación de obras relacionadas con el alojamiento, tratamiento y destino de aguas residuales; y, III. Programas de ordenamiento ambiental y las declaratorias de uso de suelo que sean aplicables.

CAPÍTULO V DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y DE LA EROSIÓN. Artículo 96.- La descarga, depósito o filtración de sustancias que provoquen o puedan provocar contaminación del suelo y del subsuelo deberán ajustarse a los reglamentos respectivos y a las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto se expidan. Con el propósito de evitar la erosión de los suelos del territorio del Estado, la Secretaría vigilará los cambios de usos de suelo que sean autorizados y cuando considere que este es inadecuado, propondrá a la dependencia responsable de dicha autorización, la revocación de la misma. Para evitar la pérdida de suelo por erosión originada por actividades agropecuarias o forestales, la Secretaría y la Dependencia a cuyo cargo corresponda su autorización, en el ámbito de sus competencias y en apego a las Normas Oficiales Mexicanas, realizarán las acciones correspondientes. Los Ayuntamientos promoverán y regularán la utilización de materiales biodegradables de las bolsas y empaques que se utilicen en la comercialización de bienes y productos de consumo final.

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La Secretaría podrá en todo caso expedir las Normas Técnicas Ambientales Estatales a efecto de que los Municipios, en el ámbito de sus facultades puedan reglamentar la clasificación, separación, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos que sean depositados en los rellenos sanitarios o de confinamiento. Artículo 97.- El Uso de plaguicidas se hará con sujeción a las Normas Oficiales Mexicanas que expidan, excluyéndose, en su caso las sustancias tóxicas que no sean compatibles con el equilibrio de los ecosistemas, de acuerdo al listado respectivo publicado en el Diario Oficial de la Federación. El Gobierno del Estado a través de la Secretaría Promoverá el control biológico de plagas y la utilización de fertilizantes orgánicos. Artículo 98.- Por ninguna razón se autorizará en el territorio estatal, el confinamiento de residuos radioactivos. Los Municipios por conducto de sus Ayuntamientos tendrán obligación de dictar las medidas administrativas necesarias para promover la separación de residuos sólidos destinados a los rellenos sanitarios o de confinamiento de los mismos; del mismo modo establecerán medidas que promuevan la separación especial de residuos provenientes de PET y PVC destinados a tiraderos o centros de confinamiento final de los mismos.

CAPÍTULO VI CONTAMINACIÓN GENERADA POR RUIDO, VIBRACIONES, OLORES, VISUAL, ENERGÍA LUMÍNICA, TÉRMICA Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS NO IONIZANTES. Artículo 99.- No podrán emitirse ruidos, vibraciones, olores, energía lumínica, térmica, radiaciones electromagnéticas no ionizantes y la generación de contaminación visual que rebasen los límites máximos contenidos en los reglamentos y en las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto se expidan, se adoptarán las medidas correspondientes con el objeto de que no se rebasen dichos límites y en su caso se podrán aplicar las sanciones correspondientes. Artículo 100.- En la construcción de obras, instalaciones o en la realización de actividades que generen ruido, vibraciones, olores, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas no ionizantes y contaminación visual, deberán llevarse a cabo las acciones preventivas y correctivas necesarias para evitar los efectos nocivos contaminantes, en el equilibrio ecológico y el ambiente. Artículo 101.- La Secretaría y los Ayuntamientos en el ámbito de sus competencias, estarán facultados para emitir las disposiciones y medidas necesarias para evitar la contaminación por ruido, 45

 

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vibraciones, olores, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas no ionizantes y visual, así como para llevar a cabo los actos necesarios de inspección, vigilancia y aplicación de medidas para exigir su cumplimiento y sancionar, en caso de transgresión, a las normas y límites permitidos.

CAPÍTULO VII DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES Artículo 102.- Se establecerá un Sistema de Información Ambiental y de Recursos Naturales, mismo que será coordinado por la Secretaría, y tendrá por objeto registrar organizar, actualizar y difundir la información ambiental del Estado, misma que estará disponible para su consulta al público, sistema que se coordinará y se complementará con el Sistema Nacional correspondiente. En dicho Sistema, la Secretaría deberá integrar, entre otros aspectos, información relativa a los inventarios de recursos naturales existentes en el estado, a los mecanismos y resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo, al ordenamiento ecológico del territorio del estado, así como la información correspondiente a los registros, planes y acciones que se realicen para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente. La Secretaría reunirá informes y documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o cualquier otra índole en materia ambiental, y de protección o aprovechamiento sustentable de recursos naturales, realizados sobre el estado, por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los que serán remitidos al Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos Naturales.

CAPÍTULO VII DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO Artículo 103.- De conformidad con la presente Ley las personas físicas o morales que presten servicios en materia ambiental en general, y en materia de impacto y riesgo ambiental, así como los laboratorios ambientales, deberán de estar inscritas en un Registro Estatal de Prestadores de Servicio en materia ambiental, que estará a cargo de la Secretaría. Aquellos prestadores que carezcan de dicha inscripción, o no hayan solicitado a la Secretaría la actualización de su registro, en los términos que establece el Reglamento de la presente Ley, no podrán prestar sus servicios de gestoría, tramitación o intermediación de ninguna de las materias que establece la presente Ley y los ordenamientos e instrumentos que de ella se deriven.

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Los Prestadores que incumplan lo dispuesto en el presente artículo serán sancionados en los términos que establece la presente Ley. Artículo 104.- Los Prestadores de Servicios en materia ambiental en general y de impacto y riesgo ambiental, serán responsables ante la Secretaría, de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes declararán bajo protesta de decir verdad, que en ellos se incorporarán las mejores técnicas y metodologías existentes, así como la información y las medidas de prevención y mitigación más efectivas respecto de las obras y actividades que evalúen. Así mismo, los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo podrán ser presentados directamente por los interesados, en este caso la responsabilidad respecto del contenido del documento corresponderá a quien lo suscriba. Artículo 105.- Para integrar y actualizar el registro a que se refiere el Artículo 103 de esta Ley, la Secretaria elaborará una lista de Prestadores de Servicios en materia ambiental en general y en materia de impacto y riesgo ambiental, al efecto se consultará periódicamente a los colegios de profesionistas respectivos, a las cámaras empresariales e industriales y a las instituciones de investigación y de educación superior, cuyos representantes integrarán un Consejo Técnico, que podrá practicar las investigaciones y evaluaciones necesarias para verificar la capacidad y aptitud de los prestadores de servicios en materia ambiental y de impacto y de riesgo ambiental. El Reglamento de la presente Ley establecerá los procedimientos correspondientes al registro, así como a la integración del Consejo Técnico. Artículo 106.- Los Prestadores de Servicios en materia ambiental general y en materia de impacto y riesgo ambiental son responsables de la calidad y veracidad de la información, así como del nivel profesional de los estudios que elaboren; y deberán recomendar a los promoventes sobre la adecuada realización de las medidas de mitigación y compensación derivadas de los estudios. Artículo 107.- La Secretaría podrá convenir programas de evaluación o capacitación de Prestadores de Servicios en materia ambiental en coordinación con los colegios, asociaciones de profesionales e instituciones de investigación y de educación superior correspondiente. Artículo 108.- La Secretaría establecerá los lineamientos y procedimientos para incorporar al registro señalado en el presente capítulo, a los laboratorios ambientales de análisis de contaminantes en el aire, agua, suelo, subsuelo, materiales o residuos, atendiendo las acreditaciones, certificaciones o reconocimientos que hayan obtenido dichos laboratorios.

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TÍTULO SEXTO GESTIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL CAPÍTULO I DISPOSICIONES COMUNES Artículo 109.- El Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable, es un órgano permanente de consulta y coordinación institucional entre los sectores gubernamental, académico, social, organizaciones no gubernamentales y empresariales y que participará en la formulación, seguimiento y evaluación de la política ambiental estatal, en los términos que disponen esta Ley, el decreto de Constitución respectivo , su Reglamento y demás disposiciones aplicables. Artículo 110.- Se crea en el seno del Comité de Planeación del Desarrollo del Estado de Durango, la Comisión Estatal de Ecología, como un órgano permanente de coordinación institucional entre los sectores público, social y privado. Dicha Comisión regirá su funcionamiento de acuerdo con el Convenio que para tal efecto se suscriba, y de conformidad con el Reglamento Interior que se apruebe. Artículo 111.- El Gobierno del Estado y el de los Municipios promoverán la participación responsable de la sociedad en la formulación de la política ambiental, en la aplicación de sus instrumentos, en la elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; en acciones de preservación, vigilancia, y en general, en las acciones ecológicas que se emprendan para tal efecto: I. Convocarán, en el ámbito del Sistema Estatal de Planeación Democrática, en el COPLADE y los COPLADEM, a representantes de las organizaciones obreras, empresariales, campesinos y de productores agropecuarios; de las comunidades; de instituciones educativas y de investigación; de instituciones privadas no lucrativas y de otros representantes de la sociedad interesados en la preservación y protección del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, para que manifiesten sus opiniones y propuestas; II. Celebrarán convenios de concertación con organizaciones obreras para la protección al ambiente en los lugares de trabajo o en sus unidades habitacionales; con organizaciones campesinas y comunidades rurales para el establecimiento, administración y manejo de áreas naturales protegidas y para brindarles asesoría ambiental en las actividades relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales con organizaciones empresariales para llevar a cabo acciones conjuntas para la protección al ambiente; con instituciones educativas y 48

 

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académicas para la realización de estudios de las ciencias ambientales e investigaciones en la materia; con instituciones civiles e instituciones privadas no lucrativas para emprender acciones ambientales conjuntas; así como con representaciones sociales y con particulares interesados en la preservación y protección del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; III. Celebrarán convenios y planes de trabajo con los diversos medios de comunicación masiva para la difusión, orientación e información de las acciones ambientales que se instrumenten para la solución de problemas ambientales. Para estos efectos, se buscará la participación de artistas, intelectuales, científicos, y en general, de personalidades cuyos conocimientos y ejemplo contribuyan a orientar a la opinión pública; IV. Promoverán el establecimiento de las modalidades para reconocer los esfuerzos de la sociedad para preservar, proteger, conservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente; V. Impulsarán el fortalecimiento de la conciencia ambiental a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la preservación y mejoramiento del ambiente; el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el correcto manejo de desechos, por medio de la celebración de Convenios de Concertación con comunidades urbanas y rurales así como con diversas organizaciones sociales; VI. Promoverán ante las instancias correspondientes en la forma y términos que prevean las leyes aplicables para que instituciones del sector público, privado y social; así como personas físicas o morales destinen en forma temporal o definitiva predios urbanos, suburbanos o rurales que tengan propiedad para algún fin de preservación ambiental, siempre que no se alteren los planes de desarrollo urbano aplicables; VII. Gestionarán la asesoría técnica y los instrumentos económicos existentes a quienes inviertan e implementen tecnologías limpias; y VIII. La Secretaría desarrollará un Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales que tendrá por objeto participar con la Federación en la integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.

CAPÍTULO II DE LAS AUTORIZACIONES

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Artículo 112.- Las autorizaciones previstas en esta Ley, serán intransferibles y tendrán el carácter de permisos, licencias o concesiones. La Secretaría o el Ayuntamiento del Municipio que corresponda, con las excepciones previstas en esta Ley, expedirán las autorizaciones cuando el solicitante satisfaga los requisitos legales y cubra, en su caso, los derechos fiscales. Artículo 113.- La Secretaría o el Ayuntamiento que corresponda, en el ámbito de sus atribuciones, previo cumplimiento de la garantía de audiencia, podrán modificar o suspender las autorizaciones que otorgue, conforme a la presente ley, en los siguientes casos: I. Por resolución de autoridad judicial o jurisdiccional competente; II. Por variaciones adversas de las condiciones ambientales que existían en el momento de la autorización; III. En caso de desastres, siniestros naturales o inducidos; y IV. Cuando se impongan medidas provisionales de sanidad. Artículo 114.- La Secretaría o el Gobierno del Municipio que corresponda, podrá revocar las autorizaciones en los siguientes casos: I. Por incumplimiento del fin para el que fue otorgada; II. Por incumplimiento de alguna de las condiciones señaladas en la autorización; III. Por infringir las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas; IV. Por cesión o transferencia a un tercero sin autorización expresa de la Secretaría; V. Por variación de las condiciones ambientales, en forma significativa; y, VI. Por resolución definitiva de autoridad judicial o jurisdiccional competente. Artículo 115.- Las autorizaciones que se otorguen conforme a esta Ley, se extinguirán por las siguientes causas:

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I. Por fallecimiento del titular, salvo que exista designación expresa de beneficiarios; II. Por disolución, liquidación de la sociedad, cierre de la empresa o establecimiento; III. A solicitud del interesado; IV. Por no autorizarse la renovación; y, V. Por cumplirse el término de vigencia.

TÍTULO SÉPTIMO DEL CONTROL, SEGURIDAD Y SANCIONES CAPÍTULO I DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Artículo 116.- La prevención y vigilancia del medio ambiente y de los recursos naturales, estará a cargo de la Secretaría, la que tendrá como función primordial la protección y vigilancia de las condiciones del medio ambiente, de acuerdo con esta Ley, sus reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y las demás disposiciones en la materia, así como la resolución de las respectivas infracciones administrativas. La Secretaría y los Ayuntamientos, orientarán, propiciarán, promoverán y alentarán la capacitación y la instrucción a personas de la sociedad civil interesadas en las tareas de vigilancia. Artículo 117.- Las visitas de inspección podrán ser ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se efectuarán en horas y días hábiles y las segundas en cualquier tiempo mediante determinación de autoridad competente. Se consideran días hábiles todos, a excepción de los sábados, domingos, días festivos por Ley y los que por Decreto o Acuerdo del Ejecutivo del Estado se declaren inhábiles. Se entiende por horas hábiles las que medien desde las siete y las diecinueve horas. Iniciada una diligencia en horas hábiles podrá concluirse y será válida aun cuando se actúe en horas inhábiles sin necesidad de determinación especial de la autoridad competente; de igual forma podrá habilitar los días y horas inhábiles para actuar o practicar diligencias, cuando hubiere causa urgente que las amerite, expresando cuál sea esta y las diligencias que hayan de practicarse. En materia procesal, será aplicado supletoriamente en lo que no se oponga a esta Ley, el Código de Justicia Administrativa para el Estado de Durango. 51

 

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Artículo 118.- Para llevar a cabo la vigilancia, la Secretaría y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán por conducto del personal autorizado, las visitas de inspección que considere necesarias. Dicho personal, al realizar las visitas de inspección, deberá estar provisto del documento oficial que lo acredite como tal, así como de la orden escrita debidamente fundada y motivada expedida por autoridad competente, en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta. Artículo 119.- El personal autorizado, al iniciarse la inspección, se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de la misma, requiriéndola para que designe dos testigos; si estos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, el personal autorizado los designará, y en caso de que no se encuentren personas que puedan ser testigos se hará constar esta circunstancia en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que esto invalide los efectos de la inspección. Artículo 120.- De toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar, en forma circunstanciada, los hechos u omisiones que se hubieren presentado durante la diligencia. Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para manifestar lo que a su derecho convenga con los hechos asentados en el acta y ofreciendo las pruebas que considere convenientes. Finalmente, se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado quien entregará copia del acta al interesado. Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta o a aceptar copia de la misma, dicha circunstancia se asentará en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio. Artículo 121.- La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección, en los términos previstos en la orden respectiva, así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables. Artículo 122.- Cuando alguno o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia, el personal comisionado podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, independientemente de que se imponga la sanción que corresponda, en los términos de esta Ley y sus reglamentos. 52

 

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Artículo 123.- En toda acta de inspección deberá hacerse constar: I.

Nombre, denominación o razón social del visitado;

II.

Hora, día, mes y año en que inicie y concluya la diligencia;

III.

Calle, número población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio y código postal del lugar en que se practique la visita;

IV.

Número y fecha de la orden que motivó la visita;

V.

Nombre e identificación del personal acreditado como inspector que realiza la

VI.

Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;

VII.

Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigo

VIII.

Datos relativos a los hechos u omisiones observados durante la actuación;

diligencia;

IX.

Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y,

X.

Nombre, huella o firma y datos de la identificación de los que intervinieron en la diligencia.

Artículo 124.- Turnada el acta de inspección a la autoridad ordenadora, ésta de manera fundada y motivada requerirá al interesado, por medio de emplazamiento, ya sea de forma personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte inmediatamente las medidas correctivas o de urgente aplicación, necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, señalándole al interesado que cuenta con plazo de quince días hábiles para que exponga lo que a su derecho convenga, y en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes, en relación con el o los resultados de la visita de inspección. Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a su disposición las actuaciones para que en un plazo de tres días hábiles presente por escrito sus alegatos.

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En caso de que el presunto infractor no compareciera dentro del plazo fijado, se seguirá el procedimiento en rebeldía y se dictará la resolución procedente debidamente fundada y motivada. Artículo 125.- La verificación se llevará a cabo por personal de la Secretaría o del Ayuntamiento correspondiente, con la finalidad de conocer si se cumplió con las acciones encomendadas al infractor, o si dio cumplimiento con las, autorizaciones, permisos o licencias correspondientes por parte del infractor, ordenadas en el emplazamiento respectivo, y poder determinar la situación del mismo. Artículo 126.- Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la Secretaría procederá dentro de los diez días hábiles siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo. Durante el procedimiento y antes de que se dé a conocer la resolución, a petición del interesado, la Secretaría o el Ayuntamiento correspondiente, podrá convenir sobre la realización de acciones o compensación de daños para la corrección de las irregularidades. Artículo 127.- En la resolución administrativa correspondiente, debidamente motivada y fundamentada, deberá señalarse o adicionarse las medidas que deben realizarse para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, asimismo deberán señalarse las sanciones a que se hubiere hecho acreedor el infractor. Dentro de los cinco días hábiles después del vencimiento del plazo otorgado al infractor para resolver sobre deficiencias o irregularidades, este deberá por escrito comunicar en forma detallada haber dado cumplimiento a dichas medidas. La Autoridad ambiental podrá revocar o modificar la sanción o sanciones impuestas cuando el infractor realice las medidas correctivas en los plazos ordenados y siempre y cuando dicho infractor no sea reincidente. La Secretaría o el Ayuntamiento, deberán hacer del conocimiento del Ministerio Público Federal o local cuando del procedimiento o verificaciones se advierta la comisión de delitos.

CAPÍTULO II DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

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Artículo 128.- En los casos de contaminación ambiental con repercusiones peligrosas en todo el territorio del estado, así como para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus atribuciones, podrán aplicar de inmediato las siguientes medidas de seguridad: I. Aislamiento de áreas o zonas; II. Destrucción, control y/o aseguramiento precautorio de objetos, instrumentos, productos, sustancias o residuos; III. Suspensión de trabajos, actividades o servicios, así como aseguramiento de productos y materias primas, bienes, vehículos y equipo con el objeto de asegurar el valor de sanciones administrativas; IV. La desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en general, de cualquier predio que puedan representar algún peligro; V. Prohibición de actos de uso; VI. Clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes; y, VII. Las medidas urgentes que, a criterio de la autoridad, puedan evitar que se causen o continúen causando daños y poniendo en riesgo el ambiente. Artículo 129.- Cuando se ordene cualquier medida de seguridad, prevista en esta Ley, deberá informársele al interesado sobre las acciones que debe realizar para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de dicha medida, así como los plazos para su realización, para que una vez que se ha cumplido con dichas acciones se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta.

CAPÍTULO III DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL Artículo 130.- Independientemente de las sanciones administrativas o penales que procedan, toda persona, física o moral, que contamine, deteriore o perjudique los recursos naturales, los ecosistemas o el ambiente en general, será responsable y estará obligada a remediar y restaurar el ecosistema, y cuando esto no sea posible deberá pagar una indemnización, en los términos de la Ley. PÁRRAFO REFORMADO POR DEC. 181, P. O. 92,  DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2014.

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La indemnización a que se refiere este artículo se ejercerá sin perjuicio del ejercicio de la acción indemnizatoria ordinaria promovida por el directamente afectado. La Secretaría y los Ayuntamientos, dentro de su competencia, tendrán la facultad para exigir la reparación del daño ambiental. La acción para demandar la responsabilidad por daños al ambiente prescribirá a los cinco años después de que hayan cesado los efectos del daño en cuestión, lo que, en todo caso, será valorado por la Secretaría. Artículo 131.- La responsabilidad por daño ambiental, a que se refiere este capítulo, se ejercerá sin necesidad de que se demuestre que hubo dolo o negligencia por parte del autor del daño, procederá con que se demuestre su existencia y la relación de causalidad entre la actividad del autor del daño y el daño producido. Cualquier persona tendrá derecho a ejercer la acción de responsabilidad por el daño causado en su comunidad sin necesidad de probar que el daño le afecta directamente en su persona o en sus bienes. Artículo 132.- En materia de daños al ambiente, serán competentes todas las autoridades judiciales del Estado de Durango de conformidad con las disposiciones legales correspondientes. Para el desahogo del procedimiento en el que se ejerza la acción por daños al ambiente se seguirán las reglas establecidas para el procedimiento administrativo, establecido en de la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango. PÁRRAFO REFORMADO POR DEC. 181, P. O. 92,  DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Si con motivo del juicio en el que se ejerza la acción de responsabilidad por daño al ambiente, la autoridad determinará el pago de indemnizaciones, el monto de las mismas pasara a integrarse a los recursos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. Artículo 133.- Cuando por infracción a las disposiciones de esta ley así como a sus disposiciones reglamentarias se ocasionen daños o perjuicios, los interesados podrán solicitar a la autoridad ambiental, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá el valor de medio de convicción en caso de que se presente en juicio.

CAPÍTULO IV DE LAS SANCIONES

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Artículo 134.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella se deriven, serán sancionados administrativamente por la Secretaría y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de lo que otros ordenamientos aplicables establezcan, con una o más de las siguientes sanciones: I.

Amonestación con apercibimiento;

II. Multa por el equivalente de veinte a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Estado de Durango en el momento de la realización de la infracción o ilícito; III.

Clausura temporal o definitiva, parcial o total cuando: a. El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad. b. En casos de reincidencia cuando las violaciones a la Ley generen efectos negativos al ambiente; y c. Cuando se trate de desobediencia reiterada, por tres ocasiones, en incumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad competente.

IV. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con infracciones relativas a recursos naturales, especies de flora y fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente Ley; V.

Demolición de construcciones;

VI. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes; VII.

La reparación del daño ecológico;

VIII. La remediación; y IX.

El arresto hasta por treinta y seis horas.

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Para imponer una sanción, la Secretaría deberá notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento, a fin de que este dentro de los cinco días hábiles siguientes exponga lo que a su derecho convenga y en su caso, aporte las pruebas que considere conveniente Artículo 135.- Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la Secretaría y los Ayuntamientos, en su ámbito de competencia, promoverán lo conducente ante las autoridades competentes a efecto de que se proceda a la revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia, y en general, de toda autorización otorgada para operar, funcionar, prestar servicios o aprovechar los recursos naturales. Artículo 136.- Para la calificación de las infracciones a esta Ley, se tomará en consideración: I.

La gravedad de la infracción, considerando principalmente los siguientes criterios: a) Impacto en la salud pública; b) Generación de desequilibrios ecológicos; c) La afectación de recursos naturales o de la biodiversidad; d) Niveles o unidades en que se hubieren rebasado los límites establecidos en la Normas Oficiales Mexicanas aplicables así como las Normas Técnicas Estatales Ambientales; e) De acuerdo al número de empleados las empresas e industrias, serán consideradas como micro, pequeña, mediana o grande generadora de contaminantes; y f) Según las características de toxicidad, reactividad, explosividad, biológico-infeccioso y corrocividad, que contengan las sustancias, partículas, o residuos emitidas o transferidas al suelo, subsuelo, agua o atmósfera;

II.

Las condiciones económicas del infractor;

III.

La reincidencia, si la hubiere;

IV.

El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

V.

El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción; y,

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VI.

Cuando se trate de materias primas forestales maderables y no maderables, provenientes de aprovechamientos para los cuales no exista autorización.

En caso de que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que la Secretaría o los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, impongan una sanción, dicha autoridad deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida. Cuando a solicitud del infractor o la autoridad considere y justifique plenamente que no existe daño o repercusiones peligrosas por violaciones a la ley, se podrá condonar al infractor el pago correspondiente de la sanción a que se hubiese hecho acreedor a cambio de que se hagan inversiones equivalentes garantizándose éstas con la fianza correspondiente en la adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración del ambiente y de los recursos naturales. Artículo 137.- Para la imposición de sanciones, en cuanto a las autorizaciones se tomará en cuenta el número de empleados de la industria o empresa acreedora de la sanción, es decir si se trata de micro, pequeña, mediana o grande empresa, además, si se carece de autorización, si se incumple alguna disposición condicionante, o de falsedad para obtenerla la misma. Artículo 138.- Si una vez impuestas las sanciones manifestadas en la presente Ley y vencido el plazo concedido para subsanar la o las infracciones cometidas y no hubiesen sido atendidas, podrá imponerse multa por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas, que en estos casos se impongan exceda de veinte mil días de salario mínimo en el momento de imponerlas. Artículo 139.- En caso de reincidencia, el momento de la multa podrá ser hasta por dos veces el monto originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido. Artículo 140.- Se considerarán conductas violatorias a la presente ley, las siguientes: I.

Incumplir los límites permitidos de emisiones para fuentes móviles o fijas señalados en los reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales Estatales;

II.

Rebasar los límites máximos permitidos de emisiones contaminantes en fuentes fijas o impedir la verificación de sus emisiones;

III.

Incumplir las medidas de tratamiento y reuso de aguas tratadas;

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IV.

Rebasar los límites máximos permitidos en materia de aguas residuales, no realizar muestreos y análisis periódicos de éstas, no proporcionar la información correspondiente o impedir la verificación de las medidas dictadas por la autoridad correspondiente;

V.

Incumplir con las condiciones particulares de descarga de aguas residuales establecidas por la Secretaría;

VI.

Descargar aguas residuales contaminantes a los cuerpos de agua o a los sistemas de drenaje y alcantarillado, sin cumplir los criterios y Normas Oficiales Mexicanas y Normas ambientales Estatales y no instalar plantas o sistemas de tratamiento;

VII.

Descargar aguas residuales de origen industrial que rebasen los límites permitidos en el sistema de drenaje y alcantarillado;

VIII.

Rebasar los límites permitidos y criterios aplicables de ruido, vibraciones, olores perjudiciales, energía térmica y lumínica, vapores, gases o contaminantes visuales establecidos en la presente Ley y otros ordenamientos aplicables;

IX.

Prestar servicios en materia ambiental, sin estar inscrito en el Registro correspondiente, o sin contar con la actualización de su inscripción, expedida por la Secretaría;

X.

Proporcionar información falsa o incorrecta en los estudios o manifestaciones de impacto o riesgo ambiental y que induzca a la autoridad competente a emitir con error o incorrecta apreciación la evaluación correspondiente;

XI.

Realizar obras o actividades que causen o pudieran causar impacto ambiental negativo, sin dictamen de impacto ambiental correspondiente, o bien en contravención de los términos y condiciones establecidos en la autorización o resolutivo derivado del dictamen de impacto ambiental presentado, no contar con las evaluaciones de impacto ambiental correspondientes;

XII.

Incumplir con los programas ecológicos y de protección al ambiente;

XIII.

Realizar obras o actividades que signifiquen riesgos al ambiente que pongan en peligro la salud de la población, o que destruyan áreas naturales protegidas, de acuerdo a los criterios establecidos por esta Ley y otros ordenamientos aplicables;

XIV.

Desatender la solicitud de información a personas físicas o morales que formulen, en el ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría o el Municipio sin causa justificada y motivada;

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XV.

Impedir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección ambiental, en los términos previstos en la presente Ley y su Reglamento; y,

XVI.

Las demás conductas contrarias a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 141.- Las clausuras procederán de la siguiente manera: A. La clausura temporal, total, o parcial procederá cuando: I.

Una vez detectada una conducta violatoria, el infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas;

II.

Se realice una obra o actividad sin la autorización de la manifestación de impacto ambiental o estudio correspondiente en los casos que establece esta Ley y su Reglamento;

III.

Se incumplan injustificadamente los requerimientos especiales que la autoridad haya establecido antes del inicio de la obra o actividad;

IV.

Se realicen actividades u obras riesgosas sin presentar el estudio de riesgo ambiental y un programa que establezca las acciones de prevención y control en caso de emergencia o contingencias ambientales;

V.

Se omita la instalación de equipos y sistemas de control de emisiones contaminantes, provenientes de fuentes fijas o no se adopten las medidas especiales establecidas por la autoridad para el control de emisiones;

VI.

Se descarguen aguas residuales de origen industrial al sistema de drenaje y alcantarillado sin cumplir las condiciones particulares de descarga establecidas, se rebasen los límites establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas o se omita la instalación de sistemas o plantas de tratamiento de aguas residuales cuando se rebasen los límites permitidos de contaminantes; o

VII.

Se lleve a cabo el manejo y disposición final de residuos sin contar con la autorización correspondiente.

B. La clausura definitiva, total o parcial, procederá cuando:

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I.

Exista reincidencia y las infracciones generen riesgo ambiental o efectos negativos al ambiente;

II.

Se trate de desobediencia reiterada, en dos o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad; o

III.

En los casos específicos que la autoridad señale, cuando se rebasen los límites establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas o Normas Ambientales Estatales, y se trate de obras o actividades que puedan ocasionar situaciones de riesgo ambiental.

Artículo 142.- Cuando proceda como sanción el decomiso o la clausura temporal o definitiva, total o parcial, la suspensión de concesiones, permisos, licencias o autorizaciones, el personal comisionado para ejecutar dichas acciones procederá a levantar acta detallada de la diligencia, siguiendo los lineamientos establecidos para las inspecciones. En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la Secretaría y los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos, deberán indicar al infractor las medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron dicha sanción, así como los plazos de su realización, debiéndose mantener vigilancia para asegurar su cumplimiento en tiempo y forma. La Autoridad ambiental podrá con relación a los bienes decomisados, previo cumplimiento de las disposiciones al respecto, solicitar a las instancias correspondientes lo que resulte de la enajenación del bien decomisado o proceder a su destrucción cuando representen un peligro para el ambiente, la salud y bienestar de la población y para el desarrollo sustentable de los recursos naturales, debiéndose actuar cuando se trate de especies y subespecies de flora y fauna silvestres en donaciones a zoológicos que garanticen su existencia y desarrollo. Artículo 143.- La sanción económica impuesta, tendrá en carácter de crédito fiscal; una vez vencido el plazo concedido en la resolución para que el infractor realice el pago de la sanción y sea cubierta ésta, la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado o las Tesorerías Municipales, según sea el caso, iniciarán el procedimiento económico coactivo o de ejecución, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal respectivo, para hacer efectiva la sanción impuesta. Artículo 144.- Los ingresos que se obtengan de las sanciones por infracción a lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos que de ella se deriven, así como los que se obtengan, en su caso, de la venta de los bienes asegurados, se destinarán a la integración de fondos para desarrollar programas estatales y municipales vinculados con la preservación del equilibrio ecológico,

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la protección del medio ambiente, o con la inspección y la vigilancia en las materias a que se refiere esta Ley, de conformidad con los ordenamientos aplicables a la materia. Artículo 145.- Los Municipios, en la esfera de su competencia, regularán las sanciones administrativas que correspondan por violaciones a los bandos y reglamentos que expidan para tal efecto, en concordancia con lo dispuesto en esta Ley.

CAPÍTULO V DE LOS DELITOS CONTRA LA ECOLOGÍA Artículo 146.- Para los efectos de la presente Ley, son delitos contra la ecología, los siguientes: I.

Emitir contaminantes que rebasen lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas Incendiar o provocar explosiones que deterioren la atmósfera o que provoquen o puedan provocar daños a la salud pública, la flora o los ecosistemas;

II.

Descargar, depositar o infiltrar contaminantes en los suelos o subsuelos, que provoquen o puedan provocar daños graves a la salud pública, la flora o los ecosistemas;

III.

Descargar sin previo tratamiento, en los ríos, cuencas vasos o demás depósitos de agua de jurisdicción local, incluyendo los sistemas de abastecimiento de agua o infiltre, en suelos o subsuelos, aguas residuales, deshechos o contaminantes que causen o puedan causar daños graves a la salud pública, la flora o los ecosistemas;

IV.

Generar emisiones de energía térmica, ruido, olores, radiaciones electromagnéticas no ionizantes, vibraciones y hacer mal uso de la energía eléctrica y lumínica que ocasionen daños graves a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas;

V.

Fabricar, almacenar, acumular, comercializar, transportar o disponer de sustancias o materiales contaminantes sin la autorización correspondiente que provoquen o puedan provocar daños graves a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas;

VI.

Realizar cualquier tipo de aprovechamiento de recursos naturales dentro de las áreas naturales protegidas, sin la autorización correspondiente; y,

VII.

Comercializar sin la autorización correspondiente, especie de flora y fauna silvestre.

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Artículo 147.- Al que cometa de manera imprudencial, alguna infracción o algunos de los hechos u omisiones considerados como delitos en el artículo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo vigente en el Estado, así como la reparación del daño; Si los hechos u omisiones devienen de manera intencional la sanción consistirá en multa de quinientos a veinte mil días de salario mínimo vigente en el Estado y la reparación del daño, según los daños que se causen y que de manera fundada se determinen, independientemente de las sanciones a que se hago acreedor conforme a lo dispuesto por el Código Penal en vigor. Artículo 148.- En aquellos casos que como resultado del ejercicio de sus atribuciones la Secretaría tenga conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos, conforme a lo previsto en la legislación aplicable, formulará ante el Ministerio Público la denuncia correspondiente. Toda persona podrá presentar directamente las denuncias penales que correspondan a los delitos ambientales previstos en la legislación aplicable. La Secretaría proporcionará, en las materias de su competencia los dictámenes técnicos o periciales que se soliciten en el Ministerio Público o las autoridades judiciales, con motivo de las denuncias presentadas por la comisión de los delitos ambientales. Artículo 149.- Para los efectos de la presente Ley, cuando de una inspección o auditoría se determine que existen delitos en materia de ecología y del medio ambiente, que se contemplan en el Código Penal Federal y en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, la Autoridad ambiental procederá a remitir el expediente correspondiente ante las procuradurías encargadas de conocer y actuar con relación a dichos delitos e independientemente de la pena a que se hagan acreedores, la Secretaría deberá llevar a cabo las medidas de seguridad que procedan. Artículo 150.- La Secretaría será coadyuvante del Ministerio Público Federal y del local en los términos de sus respectivos códigos de procedimientos penales. Lo anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda accionar la víctima o el ofendido directo del ilícito, por sí mismo o a través de su representante legal. Artículo 151.- La Secretaría proporcionará, en las materias de su competencia los dictámenes técnicos o periciales que se soliciten por parte del Ministerio Público Federal, local o de las autoridades judiciales correspondientes para llevar a cabo la investigación relativa a la procuración e impartición de justicia en la comisión de los delitos ecológicos y ambientales.

CAPÍTULO VI DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 64

 

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Artículo 152.- Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, podrán ser impugnadas por los afectados por medio del recurso de inconformidad o intentar el juicio de nulidad previsto en el de la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango; el primero de estos, se interpondrá dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación ante la autoridad que emitió la resolución impugnada, la que, acordará sobre su admisión y el otorgamiento o negación de la suspensión del acto recurrido. ARTÍCULO REFORMADO POR DEC. 181, P. O. 92,  DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Artículo 153.- El recurso podrá presentarse ante la autoridad administrativa que hubiere dictado la resolución recurrida, directamente o por correo certificado con acuse de recibo, en cuyo caso se tendrá como fecha de presentación la del día en que se haya depositado el documento que contenga el recurso correspondiente a la oficina prestadora del servicio. Artículo 154.- El escrito del recurso contendrá: I.

La autoridad administrativa a quien se dirige;

II.

Nombre, denominación o razón social y domicilio del recurrente y del tercero perjudicado en caso de que lo hubiese y en su caso el de la persona que promueva en su nombre, acreditando debidamente la personalidad con que comparece si ésta no se tenía justificada ante la autoridad que conozca del asunto;; FRACCIÓN REFORMADO POR DEC. 181, P. O. 92,  DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

III.

La resolución que se impugna y la fecha en que se notificó;

IV.

Los agravios que, a juicio del recurrente, le cause la resolución impugnada;

V.

La mención de la autoridad que haya dictado la resolución;

VI.

Los documentos que la recurrente ofrezca como prueba, que tengan relación inmediata y directa con la resolución impugnada o las que, que por causa superveniente no hubiera estado en posibilidad de ofrecer al oponer sus defensas; y,

VII.

La solicitud de suspensión, en su caso, previa la comprobación de haber garantizado el interés fiscal ante la autoridad competente; y FRACCIÓN REFORMADO POR DEC. 181, P. O. 92,  DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

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VIII.

El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual se imprimirá su huella digital. FRACCIÓN REFORMADO POR DEC. 181, P. O. 92,  DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

Artículo 155.- Al recibir el recurso, la autoridad del conocimiento verificará si éste fue interpuesto en tiempo, admitiéndolo o rechazándolo. Para el caso de que se admita, decretará la suspensión si fuese procedente en los términos del precepto que antecede, en un plazo que no exceda de cinco días hábiles a partir de la notificación del proveído de admisión y desahogará las pruebas que procedan, en un plazo que no exceda de quince días hábiles contados a partir de la notificación del proveído de su admisión. Artículo 156.- La ejecución de la resolución se podrá suspender cuando: I. Lo solicite el interesado; II. No se siga perjuicio al interés social; III. Que de ejecutarse la resolución, se causaran daños de difícil reparación para el recurrente; y, IV. Se garantice el interés fiscal. Artículo 157.- Ponen fin al recurso de Inconformidad: I.

La resolución del mismo;

II.

La caducidad;

III.

La imposibilidad de continuarlo por causas supervinientes;

IV.

El convenio de las partes; y,

V.

El Sobreseimiento

Para efectos de este artículo, la falta de actuación del recurrente por causas imputables a él por el término de treinta días naturales, producirá la caducidad del procedimiento. Si la inactividad fuera atribuible a la autoridad sin que se funde el motivo de la misma, antes de los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la última acción procesal, el recurrente podrá excitar a la autoridad para que proceda al trámite; si no hubiere respuesta fundada, se procederá conforme lo 66

 

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disponga la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango, sin que ello entienda afirmativa ficta de las pretensiones del recurrente. PARRAFO REFORMADO POR DEC. 181, P. O. 92,  DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

En el caso de que se determinara caducidad atribuible a un Servidor Público, se iniciará de inmediato el procedimiento previsto en la Ley de Responsabilidades aplicable. Si la caducidad fuere atribuible al recurrente, la autoridad competente acordará el archivo de las actuaciones notificándoselo al interesado. Artículo 158.- El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando: I.

Se presente fuera de plazo;

II. No se acompañe la documentación que acredite la personalidad del recurrente; o, III. No se acredite que ha sido suscrito por quien deba hacerlo. Artículo 159.- Transcurrido el término para el desahogo de las probanzas, si las hubiere, la autoridad del conocimiento dictará resolución en la que se confirme, modifique o revoque la materia del recurso, la que se notificará al interesado personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, en un plazo no mayor a 20 días hábiles. Artículo 160.- Cuando en la interposición del recurso de inconformidad, el promovente solicite la suspensión del decomiso, la autoridad podrá ordenar la devolución de los bienes respectivos al interesado, siempre y cuando: I. Sea procedente el recurso; y, II. Se exhiba garantía por el monto del valor de lo decomisado, el cual será determinado por la Secretaría, de acuerdo con el precio que corra en el mercado, al momento en que deba otorgarse dicha garantía. En el supuesto en que no se cumplan los requisitos anteriores, la Secretaría determinará el destino final de los productos perecederos y de las especies de flora y fauna silvestre vivas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las demás que resulten aplicables.

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Por lo que se refiere a los bienes distintos a los señalados en el párrafo anterior, éstos se mantendrán en el depósito y no podrá disponerse de ellos hasta en tanto cause estado la resolución correspondiente. Artículo 161.- No procederá la suspensión del decomiso, en los siguientes casos: I. Cuando se trate de especies de flora o fauna silvestre que carezcan de la concesión, permiso o autorización correspondiente; II. Cuando se trate de especies de flora y fauna silvestre extraídas o capturadas en época, zona o lugar no comprendidos en la concesión, permiso o autorización respectivos así como en volúmenes superiores a los establecidos; III. Cuando se trate de especies de flora y fauna silvestre declaradas en veda o sean consideradas raras, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial conforme a esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables; IV. Cuando se trate de especies de flora y fauna silvestre decomisadas a extranjeros, o en embarcaciones o transportes extranjeros; y V. Cuando se trate de productos o subproductos de flora y fauna silvestre, armas de caza, instrumentos de pesca, y demás objetos o utensilios prohibidos por la normatividad aplicable. Artículo 162.- Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta Ley, los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas derivadas de la misma, las personas físicas y morales de las comunidades afectadas tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes, así como a exigir que se lleve a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna silvestre, la salud pública o la calidad de vida. Para tal efecto, deberán interponer el recurso administrativo a que se refiere este capítulo. En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones contraviniendo esta Ley, serán consideradas nulas y no producirán efecto legal alguno, y los servidores públicos responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la legislación de la materia. Dicha nulidad podrá ser exigida por medio del recurso a que se refiere al artículo anterior.

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Artículo 163.- En todo caso los interesados afectados por los actos y resoluciones de la Secretaría o Ayuntamientos que pongan fin al procedimiento del recurso de inconformidad, podrán recurrir directamente ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado, conforme a las reglas de la Ley de la materia, interponer el recurso que corresponda. ARTÍCULO REFORMADO POR DEC. 181, P. O. 92,  DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

CAPÍTULO VII DE LA DENUNCIA POPULAR Artículo 164.- Se concede acción popular, a toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades, para denunciar ante la Secretaría o los Ayuntamientos todo hecho, acto u omisión que genere contaminación o deterioro ambiental. Artículo 165.- La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona bastando que se presente por escrito y firmada, debiendo contener: I. El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante y, en su caso, de su representante legal; II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; III. Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente contaminante; y, IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. Así mismo, podrá formularse la denuncia vía telefónica, en cuyo caso supuesto el servidor público que la reciba, levantará acta circunstanciada, que deberá ser ratificada por escrito, en un término de tres días hábiles siguientes a la formulación de la denuncia, sin perjuicio de que la Secretaría investigue de oficio los hechos constitutivos de la denuncia. Si el denunciante solicita a las autoridades guardar secreto respecto a su identidad por razones de seguridad, esta realizará el seguimiento de la denuncia en la forma solicitada, conforme a sus atribuciones. No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquellas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de hechos, lo cual se notificará al denunciante. Artículo 166.- La Secretaría o el Ayuntamiento que corresponda al recibir la denuncia, identificará debidamente al denunciante y escuchará, en su caso, a la persona a quien pueda afectar el resultado 69

 

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de la misma; en el caso de denuncias en las que deba reservarse la identidad del denunciante por razones de seguridad, se tomarán medidas que lo identifiquen y en los términos de ley, reservar la información. Artículo 167.- El personal competente de la Secretaría y de los Ayuntamientos deberá efectuar las visitas de inspección y, en general, las diligencias necesarias para la comprobación de la denuncia, con el propósito de determinar hechos, actos u omisiones sobre violaciones a la Ley Estatal. Artículo 168.- Localizada que sea la fuente de contaminación o deterioro ambiental denunciada y comprobando el deterioro causado, una vez que se dicten y apliquen las medidas correspondientes, se expresará al denunciante el reconocimiento a su cooperación cívica, en caso de que no solicite guardar el secreto de su identidad. Artículo 169.- Cuando una denuncia no implique violaciones a la normatividad ambiental, ni afecte cuestiones del orden público e interés social, de ser procedente, la autoridad competente podrá sujetar la misma a un procedimiento de conciliación. En todo caso, debe escucharse a las partes involucradas. Artículo 170.- Cuando la Secretaría o el Ayuntamiento que corresponda reciban denuncias de competencia federal, las remitirán a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por conducto de su delegación en el Estado.

TRANSITORIOS PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango. SEGUNDO.- La presente Ley abroga la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Durango, aprobada mediante Decreto número 390 de la LXI Legislatura, promulgada y publicada el 27 de mayo de 2001 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango número 42. TERCERO.- En un plazo de 120 días naturales siguientes después a la publicación del presente Decreto, deberán expedirse los Reglamentos de la presente Ley. Entre tanto, la Secretaría dictará las medidas conducentes para su observancia. CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.

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El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (15) quince días del mes de junio del año (2010) dos mil diez. DIP. JUAN MORENO ESPINOZA, PRESIDENTE.- DIP. OMAR JOSÉ JIMÉNEZ HERRERA, SECRETARIO.- DIP. JULIO ALBERTO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, SECRETARIO.- RÚBRICAS DECRETO 499, LXIV LEGISLATURA, PERIÓDICO OFICIAL No. 50 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO 163, LXVI LEGISLATURA, PERIODICO OFICIAL No. 54 DE FECHA 6 DE JULIO DE 2014. ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los incisos a) y b) a la fracción II del Artículo 2, el Artículo 8 bis y el artículo 14 bis de la Ley de Gestión Ambiental Sustentable del Estado de Durango, para quedar como sigue: TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan a lo estipulado por el presente decreto. El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (20) veinte días del mes de mayo del año (2014) dos mil catorce. DIP. FERNANDO BARRAGÁN GUTIÉRREZ, PRESIDENTE; DIP. ISRAEL SOTO PEÑA, SECRETARIO; DIP. ALICIA GARCÍA VALENZUELA, SECRETARIO. RÚBRICAS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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DECRETO 181, LXVI LEGISLATURA, PERIODICO OFICIAL 92 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2014. ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1, 2, 5, 8, 44 fracción IV, 64, 130, 132, 152, 154, 157 y 163; así mismo se adiciona la fracción XXV del Artículo 5 recorriéndose en orden consecutivo las subsecuentes, la fracción V del Artículo 48 recorriéndose en orden consecutivo las subsecuentes, la fracción II del Artículo 50 recorriéndose en orden consecutivo las subsecuentes, el Artículo 84 bis de la Ley de Gestión Ambiental Sustentable del Estado de Durango, para quedar como sigue: TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan a lo estipulado por el presente decreto. El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (10) diez días del mes de julio del año (2014) dos mil catorce. DIP. ISRAEL SOTO PEÑA, PRESIDENTE.; DIP. JULIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ, SECRETARIO; DIP. MARÍA LUISA GONZÁLEZ ACHEM, SECRETARIA. RÚBRICAS.

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