La militancia va a Rosario con la consigna “patria o

en causa nacional. Lo mismo intentará ahora el ofi- cialismo con la orden del juez Tho- mas Griesa. Su estrategia política es mostrar unidad en el frente interno.
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12 | POlÍTica ecONÓMica

| Viernes 20 de junio de 2014

la crisis de la deuda | tras el revés en la justicia de ee.uu.

La militancia va a Rosario con la consigna “patria o buitres”

Recalde confía en que no embargarán los aviones de Aerolíneas

El oficialismo buscará darle al acto de hoy por el Día de la Bandera el carácter de una gesta nacional; la Presidenta hablará a las 14 y apelaría a la unidad nacional

Reconoció que los que viajan al exterior no son de la compañía sino alquilados

Mariana Verón LA NACiON

La decisión adversa de la justicia norteamericana contra el país por el pago de la deuda terminó por convertir el acto por el Día de la Bandera, hoy en Rosario, en un gesta antifondos buitre que el Gobierno aprovechará para instalar el tema como debate nacional. Bajo la consigna “patria o buitres”, las distintas agrupaciones que forman Unidos y Organizados, la fuerza propia del kirchnerismo, se autoconvocaron para colmar los alrededores del Monumento a la Bandera, que a partir de las 13 tendrá su fiesta patria con Cristina Kirchner como oradora central. Toda la expectativa del oficialismo está puesta en el discurso presidencial, que comenzará a las 14. Como está previsto que se transmita por cadena nacional, la idea es que termine antes de las 16, cuando comienza el partido entre Suiza y Francia, el primero del día que pasa la televisión pública. Por más mensaje patriótico que se haga, tampoco nadie en la Casa Rosada quería interrumpir el Mundial. El Gobierno preparó el festejo como una reedición de lo que fue la llegada de la Fragata Libertad a

Mar del Plata, hace un año y medio, después de haber estado embargada justamente por un fondo buitre en Ghana, y se convirtiera así, con el saldo de una gestión diplomática que terminó ganando el Gobierno, en causa nacional. Lo mismo intentará ahora el oficialismo con la orden del juez Thomas Griesa. Su estrategia política es mostrar unidad en el frente interno e insistir en el discurso de mantener cohesión entre las fuerzas políticas para evitar un colapso financiero. Por otro lado, corre lo importante: la estrategia jurídica, a la que está abocado medio gabinete. La Presidenta se mostrará con el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y la intendenta de Rosario, Mónica Fein, ambos socialistas, una foto que Cristina aprovechará para remarcar el sentido de la causa, que cruza a todo el arco político. Tanto Bonfatti como Fein hablarán antes que ella. Si en cada acto oficial el mensaje de la jefa del Estado suele ser un misterio, ayer estaba claro para la mayoría de los funcionarios nacionales que las palabras de Cristina Kirchner girarán sobre la causa de los fondos buitre. Se espera que la Presidenta trace las líneas políticas de su estrategia y

evite los detalles de la negociación, para la que instruyó a medio gabinete a armar una estrategia. Desde Economía, pasando por Cancillería y Justicia hasta la Secretaría Legal y Técnica, que conduce Carlos Zannini, y el Banco Central, todas las áreas oficiales acercan propuestas para unificar un criterio que termine por evitar el temido default. Voluntad de pago En las últimas horas, a pesar de las malas noticias que llegaron desde Nueva York contra el Gobierno, el clima oficial se distendió a la espera de las palabras de la Presidenta. Quienes hablaron con la jefa del Estado esta semana sostienen que lo que hará hoy será insistir en la voluntad de pago del país y retomar el debate que ayer instaló el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, de marcar como una parcialidad la decisión del juez Griesa al fallar no sólo para que el Gobierno salde la deuda de 1330 millones de dólares con los fondos que accionaron contra el país, sino por la imposibilidad de pagar a quienes aceptaron la reestructuración de la deuda. “Se trató de una decisión política, no jurídica, y ése será el eje del discurso”, interpreta un hombre del entorno presidencial.

El fin de semana, incluso, podría viajar una delegación de funcionarios para comenzar las gestiones, no sólo con el fondo que ganó la sentencia de Griesa. Para la Casa Rosada, lo más importante es estirar el plazo de negociación hasta enero, para evitar otros juicios posteriores, pero a su vez convencer al 93 por ciento de los bonistas que aceptaron el canje para que cobren en la Argentina, como salvaguarda ante la posibilidad de que no avance un acuerdo y tengan que evitar, así, el default. Como cuando llegó la Fragata Libertad al puerto de Mar del Plata, el Himno será interpretado por el tenor Darío Volonté, que la semana pasada también sorprendió a la Presidenta con su participación en el acto de inauguración del nuevo Museo de Malvinas en las ex ESMA. Habrá show de Lito Vitali y Abel Pintos, y cerrará la banda Los Auténticos Decadentes. La convocatoria oficial es “Todos bajo una misma bandera”, aunque la militancia la reeditó bajo el eslogan “patria o buitres”. La coincidencia de fechas era festejada anoche por los funcionarios que ven en este acto un nuevo hito para retomar una causa de unidad nacional.ß

El FAU rechazó una declaración de default Hubo un comunicado conjunto de sus presidenciables; Massa coincidió con ellos Los precandidatos presidenciables del Frente Amplio-UNEN (FAU), Hermes Binner, Fernando “Pino” Solanas, Elisa Carrió, Julio Cobos y Ernesto Sanz, rechazaron ayer una eventual declaración de default por parte de la Argentina y adelantaron que “harán responsable al Gobierno si emprende ese camino”. Los cinco referentes dieron a conocer un comunicado sobre la situación del país ante el fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre los bonistas que no ingresaron al canje y las últimas acciones del Gobierno frente al conflicto, en el marco de un homenaje a Manuel Belgrano en el Convento de Santo Domingo. “La prioridad debe ser preservar la estabilidad económica de todos los argentinos, por ello, rechazamos el default como un camino viable y hacemos responsable al Gobierno si emprende ese camino”, señala el texto, titulado “El Frente UNEN no acompañará una aventura”. En el mismo sentido se expresó el diputado del Frente Renovador Sergio Massa, quien señaló que “la mejor forma de resolver este tema es manteniendo al país dentro del circuito de mercados y no generar violaciones a los compromisos asumidos. Hay que mirar sin mezquindad, porque no hay nada que ganar en términos políticos. Todos debemos cuidar el futuro de los argentinos”. Pero los integrantes del FAU también fueron críticos. Dijeron que “la estrategia del doble juego o del doble estándar amenazante y negociador al mismo tiempo es desconocer la realidad del problema. Como alternativa aún de negociación es la

Binner, Sanz, Solanas, Carrió y Cobos, ayer, en un homenaje a Belgrano más irracional de todas, por ser contradictoria e inconsistente”. A pesar de haber presentado el texto en conjunto, hubo diferencias en el tono de los referentes del espacio. “Hay una palabra que se oculta, pero que está señalando un camino que no queremos transitar, que es el ajuste. Vamos a apoyar y contribuir siempre pensando que éste es un tema que, como está en la Constitución, lo tiene que tratar el Congreso”, expresó el socialista Hermes Binner. Sin embargo, adelantó que si el Gobierno elige el camino del default, no van a acompañar, porque creen que “es absolutamente negativo para el futuro del país”.

En tanto, la diputada Elisa Carrió (CC ARi) embistió duramente contra el Gobierno y consideró su actuación como “un autogolpe”. “No vamos a acompañar la irracionalidad con la que procede este gobierno y que puede traer consecuencias muy penosas para los argentinos”, sostuvo. En un tono más conciliador se expresó el radical Julio Cobos, que planteó la necesidad de “encontrar algún mecanismo de protección soberana en el Congreso de EE.UU.” para acceder luego a un “mecanismo de negociación”. A su turno, el senador Ernesto Sanz (UCR) reclamó al gobierno que “custodie al 93 por ciento de

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los acreedores, que son un activo institucional de Argentina”. Más duro fue el senador Fernando Solanas (Proyecto Sur), que cuestionó todos los pagos realizados por la Argentina en concepto de deuda externa y manifestó que “esta crisis estuvo muy anunciada”. Por otra parte, el senador Gerardo Morales, que no firmó el documento pero estuvo presente, coincidió en que el fallo del juez es “de imposible cumplimiento”, en consonancia con el comunicado difundido anteayer por el Ministerio de Economía. “Claramente, el juez Griesa trabaja para los fondos buitre”, dijo Morales.ß

Casi seis años después de que el Gobierno manejó a su gusto Aerolíneas Argentinas, el presidente de la compañía aérea, Mariano Recalde, reconoció que la empresa aún no es del Estado y que aún falta un “trámite” como para que se termine la estatización. Según el militante de La Cámpora, lo paradójico de esta situación es que justamente esa debilidad se ha convertido en una fortaleza en estos tiempos. Sucede que dado que el Estado aún no es propietario, sus activos no podrían embargarse en caso de ser apuntados por los fondos buitre que lograron una sentencia a su favor en Nueva York. Además, Recalde reconoció que no lo preocupa la posibilidad de que se embarguen los aviones de la empresa. “Estamos tranquilos. Ya hubo anteriormente intentos de embargar aviones de Aerolíneas Argentinas que fracasaron, no hay posibilidades de que embarguen por distintas cuestiones jurídicas. Estamos tranquilos, la operación internacional va a seguir funcionando normalmente”, dijo ayer en declaraciones a Radio Rivadavia. Al ser consultado sobre cuáles eran esos argumentos jurídicos, agregó: “Los aviones de Aerolíneas Argentinas que vuelan al exterior son aviones que Aerolíneas adquirió a través de un contrato de leasing. Y el leasing es un alquiler con opción de compra, pero no ingresan a la propiedad de Aerolíneas hasta el final. Mientras tanto, no pueden ser embargados porque el dueño es otra persona, un banco, un inversor o la fábrica de aviones”. Justamente los anuncios de la compra de nuevos aviones para la línea de bandera ha sido, y es actualmente, no sólo motivo de publicidad oficial, sino también de mención constante en los discursos oficiales que la presidenta Cristina Kirchner protagoniza. Pero, según reconoció ayer Recalde, las aeronaves no son propiedad de la empresa. Respecto de la estatización, que se inició en julio de 2008 cuando el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso para declarar de interés público la empresa, el ejecutivo reconoció que aún el asunto no está sellado. “[Aerolíneas] funciona como si fuera del Estado, pero todavía le falta un último trámite para completar el proceso de expropiación. Cuando el Estado decide declarar de utilidad pública cualquier bien, quiere expropiar un edificio, terrenos o aviones, tiene que indemnizar al expropiado. La indemnización se fija de común acuerdo. Si no hay un acuerdo, es un juez el que debe determinar el monto de la indemnización”, dijo Recalde. El juicio por expropiación tramita en la justicia de la Argentina y allí se discute cuánto vale la empresa. El expediente avanzó lento por varias razones, entre ellas el interés de la empresa de mantener la nebulosa societaria respecto de la propiedad de la empresa, que le permite, entre otras cosas, evitar los embargos al Estado por tratarse de una empresa cuya propiedad aún se discute. “Como no hubo acuerdo con la gente de Marsans, porque pretendía una indemnización y el Estado pretendía no pagarle nada –porque nos dejaron una empresa con valor negativo–, se está tramitando un juicio que tiene sentencia de primera instancia, que le dio la razón al Es-

Mariano recalde pte. de AerolíneAs ArgentinAs

“[Aerolíneas] funciona como si fuese del Estado; aún falta un trámite para terminar la estatización” tado nacional. Ahora está apelada y estamos esperando el fallo de segunda instancia. Si se ratifica esta sentencia, el Estado va a completar el proceso de expropiación sin poner un solo peso”, agregó. La sentencia de primera instancia a la que se refiere se dictó un par de días antes de la audiencia que se celebró en marzo a propósito del juicio en el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) que el Grupo Marsans le inició al Estado. Viajar con una sentencia de primera instancia favorable era una buena señal. Los abogados del Estado tuvieron la suerte de su lado: horas antes de viajar, el juez falló a favor.ß

The Washington Post publicó un duro análisis bbbbb El diario norteamericano The Washington Post publicó ayer una dura columna sobre la situación del país en la disputa con los holdouts, en la que tilda de “irresponsables populistas” a los gobiernos locales y anticipa que, “no importa lo que suceda” en los tribunales, los argentinos serán los “perdedores”. bbbbb “Mala suerte, Argentina. Ustedes sabían –o deberían haber sabido– en lo que se estaban metiendo cuando vendieron los bonos, que incluyó una renuncia a su inmunidad soberana”, escribió Charles Lane, columnista del diario, quien también sostiene que la victoria de los holdouts puede terminar sirviendo al “interés público global”. bbbbb Lane sostiene que la situación puede servir para recordar los riesgos de la falta de regulación en los mercados financieros. bbbbb Desde esa óptica, y contra la opinión de la administración de Barack Obama y del FMI, así como de la posición del gobierno local ante el juez Thomas Griesa, el artículo sostiene que la situación “amenaza la economía argentina, pero no la mundial”.

Los riesgos que entraña la estrategia legal del Gobierno Según los especialistas, la jugada presidencial expone al país al desacato y al default Adrián Ventura LA NACiON

La estrategia judicial del Gobierno frente al juez federal Thomas Griesa y frente a los fondos buitre es zigzagueante y, según muchos expertos, altamente riesgosa. El juez Griesa, la Cámara Federal de Nueva York y la Corte Suprema de ese país condenaron a la Argentina a pagar toda su deuda a los fondos buitre. Lo único que puede hacer la Argentina es negociar cómo pagarla. Pero el Gobierno recurrió a una peligrosa estrategia de complicar la solución: el lunes, la Presidenta; el martes, el ministro de Economía, Axel Kicillof; el miércoles, un comu-

nicado oficial y, ayer, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunciaron que el país, para esquivar el embargo de los holdouts, evalúa pagarles a los bonistas en situación regular fuera de los Estados Unidos. ¿Cuál era la necesidad de blandir semejante amenaza cuando, se sabe, es técnicamente imposible? “Un canje en Buenos Aires es técnicamente inviable, porque muchos bonistas no pueden renunciar a la jurisdicción norteamericana; tampoco es atractivo y, además, no aceptarían correr el riesgo de ser pesificados”, dice Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell’Oro Maini. Lo mismo opinan en la Caja de Valores y en la Bolsa quienes conocen este tipo de negociaciones. En forma coincidente, uno de los socios de un estudio de primerísima línea que intervino en anteriores canjes argentinos aseguró que

“el Gobierno no sabe cómo llevar el timón de esa negociación, y con declaraciones políticas busca ocultar las dificultades”. Sin embargo, más allá de la retórica, el plan de pagar a los bonistas fuera de los Estados Unidos tiene más obstáculos que posibilidades: b Después de haber escuchado a la presidenta Cristina Kirchner calificar al fallo de “extorsivo”, Griesa dijo que esas palabras lo preocuparon, porque existe el riesgo de que su sentencia sea desobedecida. Así, este juez dejó en claro que la Argentina podría incurrir en desacato (contempt of court), una desobediencia a un fallo que los jueces norteamericanos castigan severamente. La Argentina podría no pagar la eventual multa, pero se autoexcluiría del sistema financiero internacional o pagaría altísimas tasas por sus colocaciones. ¿Acaso el Gobierno pensó que desoír a la Corte norteamericana

tiene tan bajo costo como burlar un fallo de un juez argentino? Los bonos de los holdouts están emitidos bajo legislación y jurisdicción norteamericanas y la legislación de Estados Unidos prohíbe que los fondos de ese país renuncien a esa jurisdicción. Pero, además, en 2012 Griesa prohibió a todos los involucrados en la controversia colaborar con la Argentina para burlar la sentencia de su tribunal. Entonces, ¿por qué el Banco de Nueva York (BoNY), agente financiero de pago, o empresas que prestan servicios financieros e informáticos –por ejemplo, Euroclear o DTC– van a prestarse a que la Argentina burle la autoridad de Griesa? En suma, quien se preste al supuesto plan argentino de cambiar el lugar de pago viola la ley norteamericana e incurre en desacato al juez, sostienen los analistas legales. Con el agravante de que el Gobierno, al

no cumplir con el pago en tiempo y forma, estaría empujando al país a un default. Sólo un altísimo nivel de consentimiento entre el 85% de los bonistas que hoy están cobrando podría autorizar que se lleve el pago a otra plaza, como Basilea o Francia. b Griesa condenó a la Argentina a pagar 1330 millones de dólares y ni siquiera él tiene autoridad para forzar unilateralmente a los fondos buitre a aceptar una negociación de esa deuda. Cualquier negociación debería contemplar como exigible esa suma y, luego, salir a ganar tiempo para pagar los otros 4500 millones que los fondos buitre aún no acabaron de judicializar o cualquier otro reclamo que hagan los holdouts. b Aun cuando Jorge Capitanich dijo que no viajará una delegación argentina a Estados Unidos, no están interrumpidos los contactos entre los abogados de la Argentina y los de los fondos buitre. Pero las de-

claraciones hacen mucho ruido y crean más problemas que clima de arreglo. El ex presidente del Banco Central Martín Redrado dice que tal vez “la solución no pase por dividir los frentes, sino por juntar a la Argentina con Griesa, los buitres y los holdouts, para negociar en conjunto una solución aceptable para todos los intereses”. Lo cierto es que, hoy, la Argentina está, en el plano judicial, en un lugar mucho peor que el lunes, cuando el fallo de la Corte confirmó la condena que dictó Griesa en primera instancia. La Cámara de Nueva York levantó la cautelar que protegía al país frente a potenciales embargos; los holdouts pidieron comenzar con el proceso de ejecución del fallo; Griesa está en alerta por un posible desacato y, a pesar de todo, nada garantiza que el país pueda cumplir con los bonistas y evitar un nuevo default. ß