UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
LA MACARENA R E S E R V A B I O L Ó G I C A DE LA H U M A N I D A D
TERRITORIO DE CONFLICTOS
CENTRO EDITORIAL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES -CESFACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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Los Autores Universidad Nacional de Colombia Primera Edición 1989 ISBN: 17-0066-8 Composición de textos: Servigraphic Ltda. Dirección editorial: Centro Editorial, U. N.
La investigación y publicación de esta obra ha contado con el auspicio de la Secretaría de Integración Popular del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con fondos del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR).
CONLENIDO
Prólogo, por ANTANAS MOCKUS Presentación, por FERNANDO CUBIDES El impacto de la colonización sobre la «Reserva Nacional La Macarena» y determinación dei estado actuai dei sistema natural en ¡as áreas perturbadas, por M A R I O A V E L L A N E D A
Antecedentes geográficos de La Macarena, por HENRY GONZÁLEZ Sectores de actividad económica regional, por ÓSCAR ARCILA El proceso de colonización de la región del Ariari-Güejar, por A L F R E D O M O L A N O
Análisis social y político, por FERNANDO CUBIDES El Censo CES 1988, por FERNANDO CUBIDES Análisis sociodemográfico, por HUGO ACERO y JUAN CARLOS PACHECO Epílogo La Universidad Nacional y la crisis de La Macarena, por R I C A R D O M O S Q U E R A M E S A
Apéndice documental ÍNDICE GENERAL ÍNDICE DE MAPAS ÍNDICE DE ILUSLRACIONES
PROLOGO Estudiar las dimensiones, los orígenes y la dinámica social y económica de la colonización que afecta la Reserva de La Macarena y evaluar con precisión, discriminando entre las múltiples subregiones, el daño infligido a la oferta ambiental y los procesos espontáneos de recuperación, fueron los propósitos centrales del estudio emprendido. Para su desarrollo requerían un ingente trabajo de tipo demográfico y geográfico. En particular fue necesario elaborar una cartografía mucho más precisa que la existente. Fernando Cubides, Alfredo Molano, Osear Arcila, Mario Avellaneda y Henry González, conformaron un equipo que logró adelantar un trabajo manifiestamente bien coordinado. Más allá de las obligaciones inicialmente previstas, este equipo se comprometió intensamente con la formulación de recomendaciones e incluso participó en la redacción de un proyecto de Decreto-Ley. La documentación que se incluye en la última parte de esta publicación arroja luces sobre el intento —parcialmente frustrado, pero rico en lecciones— de tomar el estudio de los procesos de colonización y de degradación biológica de la Reserva como base para la toma de decisiones sobre la misma. Sin que sus autores se lo hayan propuesto, este trabajo puede convertirse en un estudio piloto de un proceso que ya se está repitiendo en otras regiones y que puede llegar a poner en entredicho toda la política ambiental del Estado colombiano: la colonización de zonas que la Ley ha destinado a la protección de los recursos naturales promovida por condiciones económicas o políticas excepcionales. La paradoja es que, al menos en parte, el estudio surgió como un reconocimiento de la existencia de presiones sociales por un realinderamiento de la Reserva. Al analizar los antecedentes, las causas y las implicaciones sociales y ambientales de esas presiones, el estudio llevó a la formulación de una propuesta legislativa que le ofreciera una salida a esas presiones distinta del realinderamiento inicialmente pretendido. Sin embargo, en algunos aspectos se legisló finalmente como si no se hubiera realizado el estudio, como si los propios sujetos de las presiones no hubieran podido cambiar su comprensión de su situación. En cierto sentido se legisló a conciencia de que se legislaba mal. La historia menuda, las intrigas y las presiones de tipo personal no estuvieron del todo ausentes pero sería injustificado presumir que fueron decisivas.
La historia de la Reserva de La Macarena que aquí se narra y documenta, es una ilustración ejemplar de la debilidad de la ley cuando no se acompaña de los medios necesarios para hacerla cumplir. Es la dura historia de una legislación que por su propio peso pretendía mantener la intangibilidad de más de un millón de hectáreas. Es también la historia de la gestación de otra ley, deliberadamente más pragmática, que parte del reconocimiento de la fuerza flagrante de procesos sociales y económicos para señalar una solución presuntamente realista. Se trata de un estudio integral, que, aunque se sabía ligado a la toma de decisiones, no se apresuraba a recoger argumentos a favor de alguna posición detmida de antemano. Más bien fue notorio el hecho de que las revelaciones que iba arrojando y las previsiones que permitía hacer sobre los efectos de las posibles medidas, tanto en lo social como en lo económico y en lo biológico, llevaron a una discusión sin rigideces en la cual se sopesaron las implicaciones de los distintos cursos de acción. No es despreciable el hecho de que el estudio haya contado con una financiación adecuada y una utilización racional de los recursos asignados bajo la celosa supervisión del Director. Debe destacarse también el tipo de relación respetuosa que se dio entre los autores del estudio y los diversos actores sociales presentes en la región. Aunque ciertamente el Censo realizado por el CES fue visto como un primer paso hacia el realinderamiento de la Reserva, lo que pudo motivar una acogida especialmente favorable por parte de los colonos, los investigadores no buscaron despertar ninguna expectativa y más bien, por el contrario, sobre todo en la fase final, empezaron a señalar los inconvenientes —para la Reserva y para los colonos— de un eventual realinderamiento con titulación. Un estudio como éste no busca descalificar intereses, aunque sí muestra su diversidad. Ayuda a que esos intereses se expliciten y se asuman con sus consecuencias previsibles a la luz de una situación que resulta ser más compleja de lo que cualquiera de los grupos sociales presentes en la zona quisiera reconocer. Un estudio como éste debería obligar a los diversos actores comprometidos de cerca o de lejos con la Reserva, a no presentar versiones unilaterales de la problemática y a considerar manifiestamente los costos y las consecuencias de las diversas estrategias posibles. La objetividad implica respeto por la complejidad y obligación de introducir todos los matices necesarios. El lector es invitado más a realizar un examen de consecuencias que a formular o escuchar juicios morales. Los cambios de punto de vista en el equipo investigador a medida que el estudio se adelantaba, constituyeron una prueba adicional, para quienes asistimos de cerca al proceso, de su capacidad para atenerse a las evidencias que arrojaba el estudio, en vez de aferrarse a una posición previamente tomada. La publicación misma de este estudio tiene que ver con este elemento de moralidad sustantivo en el trabajo científico: el investigador responde con su prestigio por la honestidad del trabajo que aquí presenta. Su problema no es escoger y presentar unilateralmente las
evidencias que convengan a alguna de las causas en juego, su problema es ser riguroso. Es indudable que una publicación como ésta representa una satisfacción para los autores. Pero también significa asumir los riesgos normales del quehacer investigativo: someter el trabajo al control por parte de los pares y de otros expertos, someter a la crítica y contrastación las pruebas empíricas allegadas y los argumentos expuestos, etc. Como bien lo saben los académicos, publicares exponerse. Y más aún cuando aquello que se publica va a ser leído al mismo tiempo por públicos de carácter distinto: mientras unos estarán atentos al valor científico de lo aquí presentado, otros estarán más interesados en allegar argumentos a favor de cualquiera de las posiciones que inevitablemente se han de formar en torno al manejo pasado de la Reserva y a las medidas recientemente adoptadas. Al terminar la lectura de cada uno de los capítulos creemos haber comprendido nítidamente io que viene sucediendo en La Macarena. Pero basta con iniciar la lectura del siguiente para descubrir una nueva cara de los procesos, sin cuyo conocimiento nuestra visión sería incompleta. En cada capítulo se logra el reconocimiento de una clase específica de causalidad. El informe (que culmina con un capítulo de conclusiones que integra las distintas dimensiones estudiadas) muestra la autonomía relativa de los distintos órdenes de causalidad. Sólo al final tiene sentido articular cuidadosamente lo económico, lo social, lo político y lo ambiental. Sólo al final es posible aproximarse al delicado balance entre la acción de las causalidades y las opciones políticas de individuos y organizaciones. En estas páginas se muestra lo que puede llegar a producir un trabajo interdisciplinario, si por tal se entiende una cuidadosa integración de investigaciones rigurosas adelantadas desde las diversas disciplinas. En efecto, la autonomía de las disciplinas se revela decisiva por cuanto cada una de ellas permite delimitar un campo, darle rigor al trabajo y reconocer los encadenamientos causales de una cierta índole. Cada capítulo ilustra la importancia de separar, de adelantar un trabajo especializado por separado, precisamente para que la integración resulte fructífera, para que la visión multidimensional avance radicalmente frente a la síntesis que ofrece el sentido común. En el capítulo, "El censo CES 1988", Fernando Cubides ofrece un análisis sociopolítico en el que debe destacarse el examen objetivo, sin indulgencias, de las responsabilidades de los diversos actores comprometidos con la Reserva, examen que incluye por supuesto a la Universidad. Por otra parte, de una manera que remite a la posible raíz de muchos de los problemas del país, Fernando Cubides muestra reiteradamente la desproporción entre las finalidades de la ley y los medios efectivamente dispuestos para su cumplimiento. La otra desproporción que documenta e ilustra abundantemente, aunque sin explicitarla en la misma medida, es la desproporción entre la ley, por una parte, y su conocimiento por parte de comunidades e instituciones, el reconocimiento
colectivo de su legitimidad y su acatamiento, por la otra. La eficacia de la ley no depende exclusivamente de las medidas y los medios que pone en juego el Estado; depende también del compromiso y respaldo que logre generar en sectores amplios de la sociedad. Vinculando las dos desproporciones, se puede decir que ni el Estado, ni la Universidad, ni otras instituciones comprometieron suficientes esfuerzos en la difusión y sobre todo en la legitimación de lo estatuido por ley. Un aporte adicional de ese capítulo es el esbozo de la dinámica por la cual el conflicto se desbordó y diversos actores presentes en la región hicieron suya la tesis de la validez de "la combinación de las diversas formas de lucha". Este desbordamiento se manifestó a través de formas extremas de intimidación y violencia que, junto con la inserción pragmática de la población en la economía ilegal, tuvieron rápidos efectos sobre sus adhesiones políticas. Tal cambio resulta especialmente notorio en un país donde las filiaciones políticas son por lo general supremamente estables en el tiempo. En el capítulo "Aproximación al proceso de colonización de la región del Ariari-Güéjar-Guayabero", Alfredo Molano hace una buena síntesis de la historia de los distintos flujos de población que desde los años del caucho y de la quina llegaron a la región. El fracaso de las colonizaciones dirigidas, la violencia de los años cincuenta y la actual, el auge de la coca y la falta de un desarrollo nacional que genere suficiente empleo urbano y rural serían las cuatro causas fundamentales de la colonización de la Reserva. Aunque el lector añore el tipo de testimonio más directo, más estructurado bajo la forma de relato, que caracteriza las otras publicaciones de Molano sobre la colonización en la región {Selva adentro y Siguiendo el corte), es indudable que aquí presenta una visión más sistemática, que empieza a mostrar los frutos que puede tener una estrategia de investigación donde después de un conocimiento profundo del detalle, basado en las reconstrucciones que años después de los hechos —en condiciones de una comunicación bastante franca— hacen los propios actores, el investigador procede a ensamblar el mosaico y a extraer prudentemente las generalizaciones compatibles con esos testimonios, o más exactamente con lo que en ellos logra reconocerse como fiable después de someterlos a una cuidadosa criba crítica. Si el relato de uno solo de los actores puede estar cargado de unilateralidades, de olvidos, de silencios o de exageraciones, la capacidad de escuchar y asimilar múltiples relatos de múltiples testigos y de apoyarse en la documentación disponible sobre los procesos estudiados conduce a una visión que tiene más posibilidades de respetar la complejidad de la historia y de ser sensible a la coexistencia de múltiples perspectivas en el interior mismo de su desarrollo. El capítulo socio-demográfico (Fernando Cubides, Hugo Acero, Juan Carlos Pacheco) es una excelente muestra de la forma en que un conjunto de datos —recogidos mediante el censo adelantado por el CES— puesto en el contexto de la información estadística disponible en el país, puede ser amplía-
lo
mente aprovechado. En particular, ello sirve tanto para contrastar —en general convalidándolas— muchas de las conclusiones que se derivan de formas de investigación aparentemente menos controlables desde el punto de vista metodológico, como para explicitar relaciones que no son obvias a primera vista. Este capítulo es especialmente importante para reconocer aquellos rasgos de la colonización de La Macarena que son relativamente atípleos (proporción de jefes de predio de origen urbano por ejemplo) y que muestran lo que eventualmente podría ser un punto de inflexión en la historia de la colonización en el país, un punto en que ésta es afectada sustantivamente por el predominio económico de los cultivos ilegales y por una "modernización" despiadada de la relación entre conflictos políticos y conflictos armados. Como lo muestran el estudio en su conjunto y otras publicaciones sobre las zonas de colonización, esa "modernización" pone en juego —por parte de los diversos actores— mayores niveles de maquiavelismo, de técnica y de capacidad para apoyarse en consideraciones y relaciones abiertamente mercantiles y para desprenderse prácticamente de toda atadura moral, sustituyendo progresiva y paradójicamente todo intento de hegemonía ideológica por el esfuerzo de establecer o mantener un dominio territorial. El capítulo "Estudio preliminar del impacto de colonización sobre la reserva de La Macarena" que expresa las conclusiones de la investigación adelantada por el biólogo Mario Avellaneda, es una buena muestra de la complejidad y la sofisticación que alcanza contemporáneamente la argumentación ambiental. El problema ya no se reduce a la eventual extinción de determinadas especies animales o vegetales. No, lo que está en peligro es, por un lado, una megadiversidad que sigue siendo muy alta aun en proximidad de las zonas más intervenidas y que encierra grandes potencialidades técnicas y económicas en términos de productos farmacéuticos que podrían desarrollarse, de posibilidades de control biológico de plagas y de aprovechamiento de un banco genético muy amplio para el mejoramiento futuro de las especies. De la capacidad presente para preservar esa megadiversidad podría depender el futuro del país en el campo de la biotecnología. Y por otro lado, lo que está en peligro son sistemas ecológicos extremadamente complejos y frágiles para los cuales, como sucede para todo el bosque húmedo tropical de la Amazonia, no existen aún alternativas tecnológicas que en el contexto actual puedan confirmarse como viables. Se estudia, por ejemplo, el modo en que reacciona en el tiempo la oferta ambiental afectada por la intervención humana en los distintos tipos de "paisajes" detectados. En particular, se compara la composición de los suelos correspondientes a zonas no intervenidas, a zonas recientemente deforestadas, a zonas actualmente cultivadas y a terrenos que dejaron de ser cultivados desde hace algún tiempo y que entraron en un proceso espontáneo de recuperación. En general, la riqueza de los suelos no resulta ser la que le atribuyen a La Macarena algunas coplas llaneras, que más bien expresan la asociación —propia del sentido común— entre lo valioso y lo vedado. Por el contrario, salvo en aluviones muy localiza11
dos, una vez roto el ciclo característico de la vegetación natural viene ineluctablemente el empobrecimiento progresivo de los suelos. En el contexto de la toma de decisiones sobre la Reserva, el trabajo del geógrafo Henry González, cuyo resumen se presenta en el capítulo "Antecedente geográfico de La Macarena", puede verse como el de un meticuloso notario que certifica con obsesiva precisión los parámetros de un patrimonio en peligro y que —desprendido de todo cálculo de consecuencias políticas— muestra el desfase entre lo que los colonos pretenden haber destruido y la destrucción documentable por la vía de la fotografía aérea o de la imagen de satélite, entre lo que las diversas instituciones y las diversas fuerzas políticas quisieran que fuera y lo que efectivamente es. La representación gráfica, el mapa, es en este caso el dispositivo que paradójicamente impide la simplificación. Grados de ocupación, pendientes, tipos de suelos, asentamientos, vías de comunicación aparecen allí en una forma que contrasta radicalmente con aquella que puede surgir de los testimonios, de la argumentación interesada o de la impresión directa enmarcada en el sentido común. Los capítulos geográfico y biológico, y el estudio en su conjunto, rompen irremediablemente con las visiones simplistas. Esto puede molestar a los hombres de acción que eventualmente hubieran preferido fórmulas más simples y cursos de acción más unilateralmenle defendidos, Puede molestar también a las posiciones más "fundamentalistas", donde los matices podrían aparecer debilitando la fuerza ética de las convicciones. Pero tal es el precio de la objetividad. El estudio económico realizado por Osear Arcila muestra entre otras cosas el modo en que los cultivos ilegales se convierten en la última década en el eje de la vida económica en la zona. Por períodos ésta es una región que en vez de producir un excedente de productos agropecuarios básicos, los importa de las regiones circundantes. La integración salvaje al mercado internacional que acompaña al predominio de los cultivos ilegales, una integración con mecanismos de regulación o amortiguamiento muy limitados, muestra vínculos estrechos con lo que sucede en la esfera política: decisiones de política internacionalen materia de narcotráfico, medidas concretas o simples anuncios, tienen por ejemplo efectos inmediatos sobre los precios en la región. La integración al mercado mundial de la droga y las formas especialmente violentas de confrontación política limitaron radicalmente las posibilidades de que en la Reserva y en su periferia más inmediata lograran consolidarse formas de organización de las comunidades que pudieran resistir política y culturalmente el embate de las ventajas inmediatas que ofrecía el trabajo para la economía ilegal. Tal vez no existe otro estudio que examine con el mismo grado de detalle en sus aspectos económicos las primeras fases de la producción de la coca. Se trata también con bastante detalle el problema de la concentración de la tenencia de la tierra fuera y dentro de la Reserva y se muestra la pasmosa debilidad de las finanzas de los cinco municipios circundantes con jurisdicción sobre ella, lo que —junto con las dificultades para conservar el monopolio del ejercicio de la violencia por parte 12
de las instituciones legítimamente estatuidas para tal fin— muestra la notoria debilidad de la presencia del Estado en la región.
Del estudio a las recomendaciones El dilema entre los intereses sociales de los colonos y los intereses de la preservación ecológica se disolvió en el camino de la investigación. Es el estatuto jurídico no resuelto de las tierras ocupadas, su no titulación, lo que ha evitado hasta ahora que se repita en el interior de la Reserva el proceso de concentración de la propiedad de la tierra característico de su periferia. Era posible, sobre la base de esta situación legal, proteger al mismo tiempo a los colonos frente al embate del latifundismo y a la Reserva biológica frente a la praderización que acompaña el empobrecimiento de las tierras y su incorporación a la ganadería. Realizado el estudio, se hacía factible calcular con buena probabilidad de acierto las consecuencias de cada opción de manejo para la Reserva. En el marco de las previsiones hechas posibles por el estudio, tanto el grupo de investigadores del CES como la Dirección de la Universidad cambiaron su posición inicial, favorable a un realinderamiento. Y no por una posición ecologista exacerbada, sino por consideración también de lo que probablemente esperaba a los colonos en caso de que saliera adelante esa solución. Realinderar y titular significa en este caso estimular la concentración de la propiedad de la tierra y muy probablemente estimular la colonización hacia el interior de la Reserva. Quienes participamos en las múltiples presentaciones públicas del estudio y en la redacción de las recomendaciones de la Dirección de la Universidad, llegamos a tener la expectativa de una decisión del Estado basada en un estudio bastante completo. Aceptamos los riesgos que implicaba la legitimación por parte del estudio y por ende —de la Universidad— de medidas que tal vez no responderían a los intereses inmediatos presentes en la región. Los investigadores y la Dirección de la Universidad estaban dispuestos a asumir el costo político de una decisión presumiblemente "impopular". Sin renunciar, como se pudo ver por diversas publicaciones, a tratar de hacerla comprender.
De las recomendaciones a la decisión política Pero no sólo se muestran en este proceso las dificultades de este Estado para salvaguardar los intereses del largo plazo frente a las urgencias del momento. Se muestra también cómo, en gran medida, las presiones sociales que obligan a concentrar la atención en esas urgencias no logran ser balanceadas por presiones sociales que expresen coherentemente el interés nacional. Así, la protección de 13
las riquezas naturales y la preservación del potencial económico que éstas encierran parecen ser algo que sólo pueden permitirse naciones más desarrolladas. Y ello no sólo sucede con relación a la riqueza natural o económica: problemas sociales como los relacionados con la colonización y la concentración de la propiedad agraria tienden a recibir el mismo tipo de tratamiento. Sacrificar buena parte de las posibilidades futuras para sobrevivir en el presente: tal es la pauta que a lo largo de la historia de la Reserva de La Macarena parece haber gobernado la acción de muchos individuos e instituciones. Por su lugar estratégico en el cruce de los sistemas ecológicos de los Andes, la Orinoquia y la Amazonia, y por la megadiversidad que todavía caracteriza su fauna y su flora —aún en proximidad de las zonas más intervenidas—, la Reserva de La Macarena sigue representando un patrimonio científico económico que no se puede subestimar. A partir de las fotografías aéreas y las imágenes de satélite disponibles, el estudio concluye que se puede asegurar que la colonización ha destruido el bosque natural en más del 7.2% de la superficie de la Reserva. Según los datos del censo realizado, las pretensiones de dominio de los colonos cubren el 17.6%. El Decreto-Ley 1989, promulgado por el Ejecutivo el l 2 de septiembre del presente año en uso de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso, sustrae a la Reserva cerca de! 30% de su área. Pero el contenido de este Decreto y su relación con las propuestas de la Universidad son más complejos. Asimilar la Reserva a un Parque Natural para darle una base legal a su manejo a la luz de una categoría establecida por el Código de Recursos Naturales que es compatible con un cierto grado de presencia humana, sustraer al régimen de reserva aproximadamente trescientas mil hectáreas para destinarlas a la producción y satisfacer así una reivindicación de vieja data de los colonos, definir dos zonas de recuperación en parte de lo que fue su territorio, definir un nuevo Parque Natural «Tinigua» con el fin de garantizar un corredor ecológico que una los sistemas del Parque de los Picachos y de la Reserva de La Macarena y crear una Zona de Manejo Especial que a través del mecanismo de los Distritos de Manejo Integrado regule los diversos usos de la tierra en el interior de la parte sustraída de la Reserva y en su periferia, son los medios que el Decreto-Ley adoptado finalmente estableció para responder al problema social y para —si ello es aún posible— limitar o revertir las presiones que la colonización ha venido ejerciendo sobre la Reserva. Con excepción de los dos primeros aspectos —ciertamente sustantivos— y de la estructura jurídica del Decreto, se acogieron las recomendaciones formuladas por la Universidad. ¿Se sacrificó un refugio biológico para vulnerar lo que se había convertido en un refugio de hombres "fuera de la ley"? ¿Se reconoció que frente al dominio territorial siempre frágil ejercido por el ejército o por grupos armados de diverso signo, la presencia del Estado requería la instauración de un régimen de propiedad sin cortapisas? El asunto no es aún claro y se dirimirá en el proceso de
reglamentación del Decreto-Ley: los Distritos de Manejo Integrado señalados por el Decreto 1989 implican la posibilidad de una regulación del régimen de propiedad para evitar la concentración de la propiedad de la tierra, que es uno de los factores que favorecen el avance de la colonización. Paradójicamente límites que fueron propuestos para implementar una política de recuperación o congelamiento de la situación sirvieron —salvo pequeñas modificaciones— para impulsar otra que se definirá únicamente en la reglamentación de los Distritos creados, reglamentación que puede regular el régimen de tenencia y el uso de la tierra en el interior de cada Distrito de Manejo Integrado. De haberse expresado explícitamente y a tiempo la voluntad de parte del Ejecutivo de realinderar, se hubieran podido explorar de antemano alternativas menos lesivas para la Reserva. Cualquier límite tenía en este caso algo de arbitrario y, salvo una reducción draconiana de la Reserva, dejaba sin "legalizar" la situación de algunos colonos. La decisión tomada finalmente por el Presidente de la República, quien tenía en sus manos dos proyectos de Decreto, el redactado por la Universidad y el presentado por el Ministerio de Agricultura (adoptado finalmente sin modificaciones), no es obviamente objeto de análisis en el presente estudio. No es claro el grado en el cual primaron presiones políticas inmediatistas o el grado en el cual se sobrestimó el conflicto que podría significar el no realinderamiento, y se subestimó la ayuda internacional que hubiera podido concitar una actitud más decidida de protección de la Reserva (durante los meses que precedieron a la decisión se llegó a plantear un gran programa de desarrollo para la región que tomaría en cuenta de manera muy articulada los problemas económicos, sociales y ambientales, procurando encontrar un modelo de desarrollo sostenible, es decir, basado en el reconocimiento de la oferta ambiental en las diversas subregiones y de su evolución bajo distintos modelos de intervención humana). Tampoco puede evaluarse suficientemente la posible incidencia de la situación crítica en que se encontraba el poder ejecutivo comprometido en una guerra frontal con las manifestaciones más agresivas del poder de la economía subterránea. Se puede conjeturar que era de su interés no involucrar a los campesinos llevados por la fuerza de los hechos a cultivar coca en la campaña desatada en contra del narcotráfico y especialmente del narcoterrorismo y, por el contrario, tomar medidas que favorecieran una política de paz con los grupos guerrilleros y que incluyeran concesiones a una población que está o ha estado bajo su influjo. No es descabellado pensar que las circunstancias hacían urgente preservar y ampliar la base social que regionalmente podría apoyar al Estado y mejorar la imagen política de las instituciones estatales del sector agrario. Gran parte de este proceso queda para analizar en el futuro. El modo parcial en que la investigación aquí presentada fue tenida en cuenta para la expedición del Decreto 1989 de 1989 ilustra a la perfección las difíciles relaciones entre lo científico y lo político. Sin lugar a dudas es menester 15
destacar positivamente el esfuerzo que realizó el Estado colombiano para apoyarse en la investigación en la búsqueda de una salida a las tensiones que venían manifestándose en torno a La Macarena. Pero la Universidad lamenta que su propuesta no haya sido acogida en su integridad. ANTANAS MOCKUS
Vicerrector Académico, U.N.
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Fotografías del ensayo: ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA COLONIZACIÓN Dr. Mario Avellaneda:
1. VEGETACIÓN SECUNDARIA entra Mesetas y Jardín de las Peñas, se observan los procesos de movimiento en masa y la formación de cárcavas. (Foto: Fernando Cubides)
2. ALTO EL GOBERNADOR. Vía Mesetas a Jardín de Peñas. Cárcavas formadas después de 5 aflos de intervención humana. (Foto: Femando Cubides)
3. BOSQUE DE GALERÍA y praderas naturales del cañón del Quejar. Zona en recuperación gracias la presencia del Inderena y a las labores de educación comunitaria. (Foto: Fernando Cubides)
4. VEGETACIÓN SECUNDARIA y bosque Primario en la banqueta del Quejar cerca a Piñalito; esta zona es la que presenta la mayor densidad de especies en el estudio realizado. (Foto: Fernando Cubides}
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5. PRADERAS NATURALES EN EL TABLAZO cerca a San juan de Arama; éstas están surcadas perpendicularmente por pequeños bosques de galería y las queman "los colonos" hacendados fuera de la Reserva con el propósito de aprovechar los retoños de la vegetación para sus ganaderías. (Foto: Mario Avellaneda)
6. VEGETACIÓN RUPICOLA en la Quebrada Las Peñas. El bosque fue totalmente reemplazado por pastizales que crecen sobre las rocas antiguas. (Foto: Fernando Cubides)
7. RIO GUEJAR. Bosques inundables. (Foto: Fernando Cubides)
8. BOSQUES INUNDABLES en la vega del Río Guayabera cerca a la confluencia con el Ariari. (Foto: Fernando Cubides)
9. BOSQUES SOBRE LA SERRANÍA de! Raudal II Guayabera; se puede observar en la parte superior de la foto la roca'de areniscas que sirve de soporte a la vegetación. (Foto: Mario A vellaneda)
10. PAISAJE ENTRE MESETAS Y JARDÍN DE LAS PEÑAS, se observan los bosques intervenidos y la formación de potreros como consecuencia inmediata de la construcción de la carretera entre Mesetas y La Uribe por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (Foto: Mario Avellaneda)
11. VEGETACIÓN SECUNDARIA y pastizales de Brachiaria, después de 6 años de intervención -Montserrate- cerca a San Juan de Arama. (Foto: Fernando Cubies)
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