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SEGURIDAD

I

Jueves 7 de junio de 2012

LA REFORMA DE LA LEY ANTIDROGAS s EMPEZO A TRATARSE EN DIPUTADOS

La despenalización se quedó sin debate Las ausencias de Garré y de Bielsa resultaron una señal sobre el tiempo que se tomará la Casa Rosada para conseguir mayor consenso DANIEL GALLO LA NACION Empezó con menos temperatura que la esperada el debate legislativo sobre despenalización de la tenencia de droga para consumo. El Gobierno retiró a último momento a los principales funcionarios que estaban invitados a debatir ayer con los diputados de las comisiones de Legislación Penal y de Adicciones. A diferencia de lo sucedido con otras leyes que la Casa Rosada quiso realmente impulsar, la modificación de la ley de drogas no contó con la defensa de las voces kirchneristas. Faltaron la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y el jefe de la Sedronar, Rafael Bielsa. Y el Frente para la Victoria asistió, un rato, y en silencio a la sesión. La explicación oficial derivó las ausencias a modificaciones de la agenda gubernamental. La presidenta Cristina Kirchner había convocado a ministros y a secretarios de Estado al anuncio sobre el nuevo Ministerio de Interior y Transportes. Sin órdenes definitivas entonces para el Frente para la Victoria en apoyo o rechazo de las iniciativas, no hubo cruces de opiniones entre oficialistas y opositores. Arranque frío para un tema por demás polémico. Los diputados que rechazan estos proyectos de ley habían alertado en los días previos que la lista de oradores estaba armada para sólo favorecer la reforma legal, sin tomar en cuenta voces contrarias. Pero la ausencia de un clima de debate hizo guardar silencio incluso a los más férreos opositores. Así pudieron exponer sus ideas casi sin interrupciones Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema, la fiscal Mónica Cuñarro, los subsecretarios de la Sedronar, Ignacio O’Donnell y Víctor Malavolta, y el director de adicciones del Ministerio de Salud, Alberto Calabrese. Todos apoyaron la modificación de la ley 23.737, también conocida como ley Lestelle, que desde 1989 define los delitos vinculados con las drogas. Zaffaroni abrió así las exposiciones frente al auditorio más nutrido en la jornada de cinco horas. Habló el juez de la necesidad de concretar una política diferenciada para evitar los males del paco en las villas. Aceptó que en esos casos puede imponerse una decisión de

internación compulsiva, avalada como excepción en la ley de salud mental. “En el paco no nos enfrentamos a un cartel de drogas, sino a una pequeña organización barrial. Ni siquiera es una gran caja de corrupción policial. Por eso debe ser más fácil de combatir”, dijo. El magistrado también explicó que, de aprobarse la reforma prevista, los jueces de primera instancia serán de todas maneras quienes decidan si la droga incautada a una persona es de uso personal o no. En definitiva, se mantendrá la presencia de la Justicia y el caso no será definido a simple vista por un policía. Zaffaroni comentó, además, su convencimiento de la inutilidad de fijar por ley o reglamentación la cantidad de drogas establecida como de tenencia aceptable. En la mayoría de los países que tienen despenalizada la tenencia de drogas para consumo existen normas claras para definir qué estupefacientes están permitidos y en qué cantidad.

Presencia reducida El jefe de la bancada del FPV, Agustín Rossi, llegó mientras hablaba Zaffaroni. Escuchó al juez. Se levantó y partió a acompañar a la Presidenta. Fue la señal para los miembros de su bloque que, de a poco, también se levantaron de la sesión. Sin el clima especial de los grandes debates, transcurrieron las restantes exposiciones. Cuñarro explicó la necesidad de articular un “plan integral de prevención”, mientras que Calabrese llamó la atención sobre las razones que llevan a una adicción, sustentando una opinión que apuntó más allá de las drogas. Por su parte, los funcionarios de la Sedronar apoyaron el proceso de reforma de la ley antidrogas, con el pedido de no llegar a “propuestas extremas”. Hoy continuará el análisis en Diputados con charlas a cargo de ONG y centros de rehabilitación. Extrañamente, en el Senado se hará al mismo tiempo una jornada especial sobre la despenalización de la tenencia de drogas. La figura central de ese encuentro será el portugués João Castel-Branco Goulão, actual presidente del Observatorio Europeo de Adicción a las Drogas y quien llevó adelante el modelo portugués de despenalización regulada.

El juez Eugenio Zaffaroni, ayer, flanqueado por el radical Mario Fiad y el kirchnerista Oscar Albrieu, presidente de las comisiones en Diputados

El oficialismo sacó el pie del acelerador No recibió órdenes sobre la posición del Gobierno y extenderá el proceso de elaboración del proyecto GABRIEL SUED LA NACION A contramano del tratamiento exprés con que se aprobaron proyectos de ley reclamados por la Casa Rosada, el oficialismo en la Cámara de Diputados ha decidido levantar el pie del acelerador para buscar consenso, tanto fuera como dentro del bloque kirchnerista. A poco de andar, el debate por la despenalización del cultivo y la tenencia de drogas para consumo personal se reveló más espinoso de lo que parecía en un comienzo. Para colmo, al Congreso nunca llegó la instrucción directa de la única persona que puede expresar la posición política del Gobierno, la presidenta Cristina Kirchner. Las dudas atraviesan transversalmente a la mayoría de los bloques. Ante ese escenario, los impulsores

de la iniciativa, entre los que se encuentra el presidente de la bancada de diputados kirchnerista, Agustín Rossi, decidieron seguir avanzando, pero tomando todos los recaudos necesarios. El primer resultado de ese cambio de estrategia es que, casi con seguridad, las comisiones de Legislación Penal y de Prevención de Adicciones no emitirán dictamen el miércoles próximo, como estaba programado en un comienzo. El oficialismo tiene previsto, en cambio, extender el proceso de elaboración del proyecto antes de llevar la discusión al recinto. Cuando, la semana que viene, terminen las audiencias convocadas para debatir el tema, se elaborará un borrador de dictamen que se remitirá a todos los bloques, para que cada uno acerque sus aportes. El objetivo doble es que la ini-

INUSUAL SITUACION JUDICIAL

Protagonistas

LA PLATA.– Una guerra que parece sin cuartel se desarrolla desde hace seis meses en el ámbito judicial de Quilmes y tiene como protagonistas a un juez laboral y a un abogado particular enfrentados luego de que el magistrado ordenó desalojar de su juzgado al letrado por su desmedida queja ante una presunta falta de diligencia del personal de la mesa de entradas. El entredicho, que ya llegó al Consejo de la Magistratura, la Suprema Corte de Justicia bonaerense y la Legislatura provincial, se inició el 7 de diciembre pasado cuando el abogado Osiris Albarracín estaba en la fila de letrados a la espera de ser atendido en la mesa de entradas del Tribunal de Trabajo N° 5 del departamento judicial Quilmes. Albarracín se quejó por una supuesta demora en la atención. Situación que provocó una primera discusión con uno de los empleados, a la que se sumaron rápidamente la secretaria, María Fernanda Sartori y, luego, uno de los jueces del tribunal, Gustavo Casco, quien se hizo presente acompañado por un oficial de la custodia del edificio, al que instruyó para que redujera al abogado, que terminó esposado con sus manos por la espalda. Al mismo tiempo, el juez llamó al 911 y pidió que enviaran un patrullero. La dimensión del altercado fue tal que hasta se hicieron presentes quien por entonces era el titular de la Jefatura Departamental Quilmes, Pablo Otero, y otros jefes policiales. Alertado sobre la situación, el fiscal de turno, Andrés Nieva Woodgate, también se apersonó. Para entonces, Albarracín permanecía en la mesa de entradas, aunque ya había sido liberado de las esposas ante los reclamos de otros colegas. “Me sentí humillado como abogado y considero que se me ha faltado el respeto porque se vulneró la relación que debe existir entre profesionales y magistrados”, se quejó. El letrado es hermano de César Albarracín, el subsecretario de Política

Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial. “Yo tengo como premisa el respeto de los abogados y eso se lo inculcó al personal de mesa de entradas”, dijo Casco en su defensa, y accedió a reconstruir para LA NACION los hechos. Según su versión, luego de haber recibido todo tipo de insultos y gestos amenazantes por parte de Albarracín y de que éste se negara a ingresar en la sala de audiencias, donde el magistrado se proponía tranquilizarlo, le ordenó al policía que lo retire del lugar. “En ese momento se produce un forcejeo y el policía lo toma por la espalda y me pregunta: «¿Qué hago?; ¿lo esposo?» y yo le respondió: «Y, sí, haga lo que corresponda»”, relató Casco, que en todo momento recalca haberse sentido intimidado por la actitud del letrado.

“Me sentí humillado como abogado y considero que se me ha faltado el respeto”, dijo Albarracín A poco de iniciada la investigación del caso, el fiscal Nieva Woodgate remitió el expediente (IPP N° 13-00026635-11) a la Legislatura, pidiendo el desafuero de Casco para poder indagarlo y tomó declaración testimonial al policía, Alejandro Flores, a quien dejó al margen de cualquier imputación. A la semana siguiente del incidente, Casco, junto con sus pares del tribunal, Solagne Billourou de Comadira y María Ester Ghio, denunciaron a Albarracín por “la posible comisión de ilícito penal”, ante el fiscal Daniel Manco. El 7 de febrero pasado, esa presentación fue desestimada por el juez de Garantías, Marcelo Goldberg, pero Casco pidió que sea desarchivada y volvió a impulsarla. En la causa abierta por el incidente, Albarracín es asistido por el jefe de los asesores letrados de la Munici-

palidad de Quilmes, Luis Valenga, ya que el intendente local, Francisco Gutiérrez, se interiorizó sobre el caso y le ofreció todo su respaldo. Valenga denunció el hecho ante la Secretaría de Control Judicial de la Suprema Corte bonaerense, desde donde se informó que el caso se encuentra en trámite y bajo un “exhaustivo análisis”. El abogado de Albarracín destacó, asimismo, que la legislación correspondiente establece que en el ejercicio de su profesión a los letrados “se les debe el mismo respeto y tratamiento que a los señores magistrados”. El 7 de mayo pasado, Albarracín y Valenga presentaron ante el Consejo de la Magistratura una impugnación contra Casco, que busca concursar un cargo de camarista. Según el juez se trata de una maniobra “de enorme gravedad institucional” urdida para perjudicarlo y que incluye la apelación a “tráfico de influencias” por parte de los denunciantes. Casco asegura que presentará ante la Justicia documentación que demostraría la intención de los abogados de destituirlo presuntamente en connivencia con actores políticos y representantes de entidades colegiadas. Se refiere a la copia de un correo electrónico que ya fue elevado ante el Consejo de la Magistratura y que da cuenta de un intercambio entre el titular de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados local, Carlos Poli, con Albarracín y Valenga, en el que Poli pregunta: “¿Ya hablaste el tema con tu hermano?”, para saber “si existe voluntad política o no para destituirlo, rajarlo, a este tipo”. Poli reconoció haber mandado ese mensaje, pero lo consideró “algo normal en este tipo de trámites cuando se está realizando un dictamen o recomendación”. Casco sospecha que Poli buscaba una ventaja para evitar competir con él en el concurso para camarista en el que el dirigente del colegio profesional también estaba inscripto. En tal sentido, Poli admitió que se había presentado al mismo concurso, pero dijo que se excusó cuando supo que el juez estaba en la nómina de aspirantes.

Crimen en Pinamar: liberan al detenido Fernando Daniel Minner, con falta de mérito

Ocurrió en la provincia de Buenos Aires; también interviene la Legislatura CORRESPONSAL EN LA PLATA

la Sedronar y del senador Aníbal Fernández, autor de otro proyecto de despenalización, presentado en la Cámara alta. Una de las cuestiones sobre las que se hizo hincapié en la reunión del bloque de anteayer, de la que participaron más de cien diputados kirchneristas, fue la estrategia discursiva para defender el tema. Varios legisladores están convencidos de que el oficialismo no debe centrar el debate en la cuestión de las libertades individuales. Proponen poner el énfasis en la necesidad de dejar de meter presos a los consumidores y en la conveniencia de concentrar los esfuerzos del Estado en el combate al narcotráfico y en la atención sanitaria de los adictos. Ese enfoque conquistó a muchos diputados kirchneristas que, con dudas y prejuicios, abordaban el tema por primera vez.

EL HOMICIDIO DE LA PSICOLOGA

Una pelea entre un juez y un abogado llegó a la Corte PABLO MOROSI

ciativa sea aprobada con la mayor cantidad de votos posible (y con la correspondiente distribución de los costos políticos) y abrir la discusión interna para lograr un alineamiento sin fisuras de la tropa propia. Con la finalidad de conseguir esto último, el jefe de la Sedronar, Rafael Bielsa, asistió anteayer a la reunión de la bancada del Frente para la Victoria. El ex canciller argumentó a favor del proyecto de despenalización y propuso algunas modificaciones menores al texto que había sido acordado entre los autores de las iniciativas, la kirchnerista Diana Conti, el radical Ricardo Gil Lavedra y los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP) Victoria Donda y Fabián Peralta. Hoy habrá una nueva reunión reducida de asesores del oficialismo en la Cámara de Diputados, a la que se sumarán representantes de

GUSTAVO CASCO JUEZ

Integra el Tribunal de Trabajo N° 5 del Departamento Judicial de Quilmes. Dice que tiene como premisa el respeto a los abogados. En su defensa sostuvo que recibió todo tipo de insultos por parte del abogado Osiris Albarracín y que le pidió a un policía que lo retirara.

La Justicia de Dolores liberó a Fernando Daniel Minner, el ex funcionario de Pinamar que había sido detenido por su presunta vinculación con el homicidio de la psicóloga María Marta Landívar. La jueza Marcela Elías, la misma que había autorizado su detención por pedido del fiscal Diego Bensi, hizo lugar ayer a un pedido de “cese de detención” que había hecho el lunes pasado la defensa de Minner, sobre la base de las contradicciones e inconsistencias que –a su criterio– había manifestado una vecina, testigo clave, a quien se solicitó investigar por falso testimonio. El abogado Héctor Zamora, defensor de Minner, explicó a la agencia de noticias DyN que no se trata técnicamente de una “excarcelación” por el delito que se le está imputando, aunque sostuvo que la liberación es el primer paso para que su cliente sea sobreseído. Minner, ex director de Seguridad de Pinamar, había sido pareja de

Landívar hasta poco tiempo antes del domingo 20 de mayo, cuando la psicóloga oriunda de Ayacucho, de 32 años, fue encontrada muerta en su casa de Pinamar, con un tiro que le perforó la mano derecha –que habría alzado para defenderse– y se incrustó en la clavícula. El crimen se produjo la noche anterior, cuando la víctima debía ir a una reunión a la que avisó que llegaría más tarde; esa noche, vecinos escucharon una discusión en la casa. El análisis de las relaciones de Landívar condujo a Minner. Pero el acusado, tras ser detenido, negó en su indagatoria ser el homicida: sostuvo que no sabía nada de la mujer desde hacía un año y mostró pruebas que acreditarían que no estuvo en Pinamar durante todo el fin de semana largo en que ocurrió el homicidio. El viernes pasado, finalmente, la arquitecta que vive a metros de donde fue el homicidio no lo reconoció como el sospechoso que dijo haber visto.

EN SAN ISIDRO

Secuestro y tiroteo

OSIRIS ALBARRACIN ABOGADO

Denunció que fue esposado por un policía en el tribunal donde se desempeña el juez Gustavo Casco después de que él se quejara por la demora en la atención en la mesa de entradas. La disputa ya llegó a la Secretaría de Control Judicial de la Corte bonaerense y a la Legislatura provincial.

LA PLATA.– Un empresario del transporte y un amigo fueron víctimas de la nueva modalidad de secuestro exprés, donde los delincuentes obligan a las personas que capturan a llevarlos a sus casas para que paguen sus propios rescates. Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió cuando el empresario, que habría sido identificado como Carlos Segovia, salía de jugar al tenis en un club de la localidad de Boulogne, en el partido de San Isidro. En ese momento, dos delincuentes armados lo obligaron a subir a su Audi A3 y lo llevaron cautivo junto a un amigo. Luego de que pusieron en marcha el vehículo, los delincuentes obligaron al empresario a llevarlos a su

casa para apoderarse del dinero. Un vecino advirtió ese momento y avisó al 911. Cuando los secuestradores llegaron a la bajada de Sucre, en la Panamericana, chocaron, abandonaron el vehículo y comenzaron a disparar contra los policías que habían salido a buscar el automóvil. La policía identificó al sospechoso herido como Jorge Fernández, de 42 años, quien tendría antecedentes por robo calificado y gozaba de salidas de prisión otorgadas por un tribunal de Campana. En tanto, anteanoche un comerciante fue asaltado por tres delincuentes que irrumpieron armados en su casa de Altos de La Horqueta cuando estaba con su esposa y su hija.