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Página 22/LA NACION
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Sábado 24 de marzo de 2007
Se reabre la controversia: propuesta del ministro de Salud
Insisten en despenalizar el aborto Continuación de la Pág. 1, Col. 4
mes pasado, ahora comenzará a instrumentarse en todos los hospitales de la provincia (sobre lo que se informa por separado). Además, desde el 20 del mes actual rige la adhesión de la Argentina al Protocolo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), que, entre otros puntos, faculta a la mujer a disponer libremente de su cuerpo, incluso para practicar el aborto. Esa circunstancia, a ojos de numerosos sectores, mayoritariamente los vinculados con la Iglesia Católica, permite la legalización del aborto más allá de lo que dispone el Código Penal cuando establece que no es punible ese tipo de intervención quirúrgica si se la realiza en una mujer “idiota o demente”, que ha sido violada, o cuando está en peligro la vida de la madre.
Consultado por LA NACION en distintas oportunidades, el padre Rubén Revello, coordinador del Instituto de Bioética de la UCA, afirmó: “Nuestra postura no está en discusión. La doctrina de la Iglesia no aprueba el aborto, y la situación de una mujer violada siempre es un hecho muy complicado y difícil de sobrellevar, pero el aborto no revierte la situación”. En referencia al texto de la ley del artículo 86 del Código Penal, Omar Breglia Arias, abogado penalista y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Penales, recordó: “Hay una discusión histórica en torno al artículo 86, inciso 2, con respecto a si el aborto no es punible cuando resulta el producto de una violación o atentado al pudor de una mujer idiota o demente, o cuando es contra las mujeres en general. Por eso, considero que, tal como está redactado, el artículo debería desaparecer y ser restituido por otro, escrito en forma
clara y que no dé lugar a diferentes interpretaciones”. Sin embargo, y a pesar de las insistentes declaraciones del ministro de Salud, el Gobierno expresó en varias ocasiones que no impulsa la despenalización del aborto. De hecho, el anteproyecto de reforma del Código Penal, diseñado por una comisión de expertos de primera línea que fueron convocados en 2006 por el Ministerio de Justicia, y que consideraba “no punible a la mujer cuando el aborto se practicare con su consentimiento y dentro de los tres meses desde la concepción, siempre que las circunstancias lo hicieran excusables”, nunca llegó al Congreso. Uno de los miembros de la comisión de la reforma, David Baigún, director del Area de Posgrado de Derecho Penal de la UBA, aseguró que “la decisión depende del Poder Ejecutivo”. En este sentido, el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, dijo ayer a LA
NACION que no existe ningún proyecto firme para este año que contemple la reforma del Código Penal. “Tenemos tres leyes por tratar: la de medicamentos, la tendiente a regular la investigación en seres humanos y la famosa ley federal de salud”, enumeró.
Difícil consenso La discusión sobre este tema, de muy difícil consenso en la Argentina, siempre ha generado pasiones encontradas y las posturas tomadas por los diferentes sectores políticos, sociales y religiosos suelen ser irreconciliables. Desde la Asosiación Argentina de Abogados Cristianos, Daniel Di Paolo, expresó: “Estamos a favor de la vida, y el único argumento que reconocemos para la despenalización es el terapéutico. Muchos hablan de este tema desde una postura progresista cuando, en realidad, se está atacando al más débil, al que no puede defenderse, que es el niño por nacer”.
Por su parte, en diálogo con LA NACION, Ginés González García insistió en
que se trata de un debate impostergable. “No se puede seguir victimizando a las mujeres que son objeto de una violación y, en algunos casos, corren peligro de muerte”, dijo, y agregó: “Difícilmente otra persona haya hecho tanto como yo por la prevención del embarazo no deseado en la Argentina: educación en centros sanitarios, difusión del uso de anticonceptivos y de la píldora del día después. Eso es prevención del aborto, lo que no quiere decir que yo sea abortista”. “El ministro falta a la verdad cuando afirma que la píldora del aborto de emergencia está autorizada por una ley del Congreso de la Nación”, arremetió la senadora justicialista Liliana Negre de Alonso (San Luis), y afirmó que en virtud de los avances científicos “ya no existe ninguna duda del carácter abortivo de la mal llamada píldora del día después”.
DEFINICION
Ginés González García ■ "No sé qué diferencia hay para que una mujer pueda tener su aborto despenalizado cuando es violada y débil mental, y no cuando no es discapacitada.”
No hará falta que los médicos pidan permiso a la Justicia Resolución para tratar los casos no punibles en Buenos Aires Por Ximena Linares Calvo De la Corresponsalía La Plata LA PLATA.– Por resolución del Ministerio de Salud bonaerense, los médicos ya no se encontrarán en la encrucijada de tener que recurrir a la Justicia para no correr riesgos de ser demandados por la práctica de abortos no punibles previstos en el Código Penal, es decir, cuando está en peligro la vida de la madre o cuando el embarazo fue provocado por la violación de una mujer idiota o demente. Es que la cartera sanitaria provincial dispuso un protocolo de procedimiento para estos casos y estableció un plazo perentorio para resolver si se concreta o no la interrupción del embarazo, de modo de que la decisión no llegue tan tarde que sea imposible practicar el aborto. La medida oficial reavivó la polémica que existe respecto del tema. El protocolo integra un programa provincial de salud más amplio que pretende prevenir la violencia familiar y sexual, y establecer pautas claras para la asistencia de las víctimas. También consigna los pasos por seguir ante casos de maltrato y violación. La resolución 304, firmada el 29 de enero pasado por el ministro de Salud bonaerense, Claudio Mate, entró en vigor el 1° de febrero. Sin embargo, los protocolos se distribuirán y comenzarán a utilizarse en los hospitales de la provincia en forma gradual. Según el artículo 86 del Código Penal, no son punibles los abortos practicados “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre” o “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. La sucesión de este tipo de casos ocu-
rridos en la provincia en los últimos años, llevó a las autoridades a diseñar reglas de procedimiento. Entre esos casos, se recueda el de la adolescente discapacitada, violada, a la que se identificó como LMR, que no pudo interrumpir su embarazo en un hospital de La Plata, pese a contar con la autorización de la Corte provincial. La intervención se realizó en una clínica privada. El caso más reciente ocurrió en Mar del Plata, con la violación y el posterior embarazo de una chica de 14 años. En los principios generales del protocolo de abortos no punibles que establece el Ministerio de Salud bonaerense se expresa que, según el Código Penal, éstos “no requieren autorización judi-
El riesgo para que la madre continúe un embarazo debe estar “fehacientemente diagnosticado” y en un plazo no superior a cinco días cial”. Otro principio que se destaca es que “se debe actuar con celeridad para que haya la menor dilación posible en la evaluación del caso y, si lo amerita, la interrupción de la gestación”.
Procedimientos Para realizar esa evaluación, los hospitales que tengan servicio de ginecología deberán conformar equipos interdisciplinarios ad hoc, cuyos miembros serán designados por el director. El procedimiento que la cartera sanitaria provincial establece para interrumpir un embarazo que pondría en peligro a la madre exige que dicho ries-
go sea “fehacientemente diagnosticado” por el equipo interdisciplinario que deberá expedirse en no más de cinco días. Para concretar la práctica se requerirá el consentimiento informado de la mujer; si es menor de edad, el de sus representantes legales. Tras cumplimentar dicho requisito, el aborto deberá realizarse dentro de los tres días siguientes. Durante todo el proceso, la paciente será asistida psicológicamente. Cuando se trate de una mujer idiota o demente, víctima de una violación, se exige la declaración de insania, la denuncia judicial o policial del ataque sexual y el consentimiento informado del representante legal de la paciente. El protocolo propone que las instituciones sanitarias conformen un registro de objetores de conciencia para que los profesionales puedan “dejar asentado si objetan determinadas prácticas o acciones vinculadas a la salud sexual y reproductiva”. En el procedimiento establecido para asistir a víctimas de violación también se hace referencia a la celeridad con que deben actuar los profesionales, pues “la prevención del embarazo y del VHI-sida pierden efectividad transcurridas 72 y 24 horas, respectivamente”. El protocolo establece, además, la cura de las lesiones de la víctima, la aplicación de vacunas como antitetánica y antihepatitis B, un tratamiento antirretroviral y el suministro de la denominada “píldora del día después”. Respecto de la forma en que deberá ser atendida una víctima de maltrato, se detallan los signos físicos, psicológicos y sociales a los que tendrán que prestar atención los profesionales, y el modo en que se realizarán la entrevista con la paciente y la exploración física y psíquica. Y se establece el seguimiento de la evolución de cada caso.
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El ministro Mate, cuando rechazó el aborto a una joven discapacitada, violada, por haberse superado los tiempos
Crece la polémica entre especialistas Hay quienes entienden que se está despenalizando el crimen LA PLATA.- La iniciativa del Ministerio de Salud bonaerense de establecer un protocolo de actuación para abortos no punibles provocó una intensa polémica en la provincia. El presidente de la Corporación de Abogados Católicos, Alberto Solanet, expresó: “El Código Penal no habilita a pedir autorización para hacer un aborto sino que establece que si ocurrió en determinadas circunstancias no es punible. Hacen una errónea interpretación (...) Un ministro de Salud no puede propagar el crimen”. La iniciativa también fue rechazada por el rector de la Universidad Católica platense, Ricardo de la Torre, que opinó: “Se trata simple y desgraciadamente de establecer el deber a matar inocentes haciendo pie en las excusas absolutorias del Código Penal, no queriendo admitir que han sido derogadas
por la Convención sobre el Derecho del Niño, que tiene jerarquía constitucional. El ministro de Salud me trae a la memoria la leyenda que un penalista platense, Roberts Alcorta, tenía en su estudio: ‘Mate y venga’”. Por su parte, Gustavo Arturi, presidente del Colegio de Médicos bonaerense, opinó: “El aborto es un problema sanitario y debe resolverse en la esfera de la salud pública. La penalización no disminuyó la cantidad de abortos, pero tengo dudas sobre si el protocolo va a ser suficiente para que un médico no sea demandado”.
Creencias Según la jueza de Menores de Moreno, Mirta Guarino, “la experiencia demuestra que tiene que haber una metodología. La iniciativa me parece buena y puede contribuir con la
equidad. Soy católica, pero jamás voy a hacer primar una creencia particular sobre la Justicia”. Carlos Andreucci, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, dijo: “La propia Corte provincial señaló que no debían ser judicializados los casos de abortos no punibles. Si el protocolo no contradice la ley, es legal”. Eduardo Luis Tinant, director de la Maestría en Bioética Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata, expresó que “es correcto hablar de aborto no punible y seguidamente establecer pautas que ayuden a solucionar tan delicada cuestión”. Según José Alberto Mainetti, presidente del Instituto de Bioética y Humanidades Médicas, “la moral cristiana es muy valorable, pero algunas de sus posiciones son cuestionables”.
Seguridad aérea
Informe de la UTN sobre seguridad en ómnibus de larga distancia
Doble piso: advierten sobre los riesgos Continuación de la Pág. 1, Col. 5
y el mal estado de numerosas rutas. Esto, sumado a la constante violación del límite de velocidad, conformarían un escenario fatal. Por eso, entre las recomendaciones que realizó la UTN se destaca la de instalar en los ómnibus de doble piso un limitador de velocidad mecánico desde la fábrica para que no se exceda los 100 km/h establecido para circular en condiciones seguras. El informe reconoce que “las velocidades medias reales de circulación de los vehículos son superiores a las velocidades medias teóricas”, algo comprobable con sólo conducir en una ruta y observar, en el caso de los ómnibus de larga distancia, cómo éstos sobrepasan a los automóviles particulares. Por ejemplo, la empresa Flecha Bus promete llegar en “poco menos de 5 horas” a Mar del Plata, algo que, si bien puede sonar bastante tentador para los ansiosos pasajeros, no deja de ser peligroso. Más allá del promedio de velocidad aparente, quien maneje sabe que para completar los 400 km hasta esa ciudad en menos de 5 horas es necesario superar los 100 km/h de velocidad en parte del trayecto. Lo mismo sucede cuando se quiere ir en ómnibus a la ciudad de Córdoba, que está a más de 700 km de Buenos Aires. En este caso, El Rápido Argentino promete 9 horas de viaje. Pero si se tienen en cuenta los pormenores de un viaje (egreso e ingreso en grandes ciudades, paso por zonas urbanizadas y paradas obligadas para comer y estirar las piernas, entre otros), se hace difícil no exceder el máximo de 100 km/h que establece la ley para cumplir con aquel tiempo. Que no se respetan las velocidades
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Los micros de doble piso, protagonistas de varios accidentes en los que murieron 86 personas en 2006
máximas establecidas para el transporte de pasajeros es algo que reconoció el gerente general de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (Aaeta), ingeniero Marcelo Gonzalves. Este organismo, junto con la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), reúne a casi todas las empresas del sector. “Es bastante habitual el incumplimiento en el límite de velocidad. Pero esto no se da sólo en los ómnibus, es general. En nuestra sociedad existe un desapego grande a las normas viales. De todas maneras, el transporte público es más seguro que el vehículo particular”, dijo Gonzalves, al tiempo que consideró que instalar un limitador de velocidad mecánico, tal como recomendaron los técnicos
de la UTN, “es un punto a analizar”. “Si no se puede lograr un cambio de conducta, se puede utilizar un medio mecánico para limitar la velocidad máxima. Es una alternativa que hay que analizar”, dijo Gonzalves. El tiempo que se tarda en llegar a destino no es un tema menor cuando el pasajero elige la empresa por la que va a viajar. “La gente pregunta siempre si hay una opción más rápida. Es que muchos salen con el tiempo justo”, reconoció uno de los empleados que venden los pasajes en Retiro. Esto mismo fue confirmado por Gonzalves. “La gente siempre quiere llegar más rápido a destino. Los usuarios de ómnibus de larga distancia compran los pasajes en la empresa que le ofrece llegar an-
tes”, reconoció el empresario, y recordó que el informe de la UTN recomienda a los pasajeros que, en el momento de viajar, contraten empresas que ofrezcan más seguridad y no más celeridad.
Mala imagen Protagonistas de varios accidentes, entre ellos el del 9 de octubre pasado en Santa Fe, donde murieron 9 alumnos y una profesora de la escuela Ecos, de Villa Crespo, además del chofer que los llevaba en un ómnibus y el conductor de un camión, que los chocó cuando manejaba en estado de ebriedad, las unidades de doble altura no gozan de buena imagen. Sin embargo, en la Aaeta dicen que se utilizan en varios lugares del mun-
do, como España, Alemania, Italia, Inglaterra, Suiza, Dinamarca y Austria. En la Argentina se impusieron a principios de los 90 y representan más del 90% de los ómnibus de media y larga distancia. Se calcula que hay 4000 de alcance nacional y 2000 que recorren el interior de cada provincia. “Tal como muestra el estudio, estas unidades son seguras, cumplen con las normas exigidas internacionalmente. Se utilizan en muchas partes del mundo. En la Argentina llegan al 95% de los lugares, a pueblos donde ningún otro medio de transporte va”, explicó el gerente general de Aaeta. Otro punto que el informe de la UTN cuestiona es el esquema de las rutas argentinas: “El 10% de la Red Vial Nacional presenta inconvenientes serios de congestión de tráfico. El crecimiento de tránsito interanual, de 2003 a 2005, fue del 8 por ciento”. La UTN recomienda ampliar el número de autopistas teniendo en cuenta el crecimiento del parque automotor. “El tránsito está creciendo y la infraestructura no crece a la misma velocidad. Este es un desafío que debe enfrentar el Gobierno. Mientras esto se resuelve, lo importante es que la gente se apegue a las normas”, consideró el gerente general de Aaeta. Otra de las recomendaciones hechas por la UTN se refiere a la profesionalización y capacitación continua de los conductores. “Muchas empresas están trabajando en eso. Nosotros queremos mejorar la seguridad. Estamos teniendo reuniones con expertos en el tema. Los vehículos tienen oportunidad de ser mejorados. Pero en los accidentes intervienen varios factores, como el estado del conductor, la velocidad a la que circula y la infraestructura vial, por lo que el cambio es un trabajo con-
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El juez federal Norberto Oyarbide
Investigan las fallas en el radar El juez federal Norberto Oyarbide ordenó la desgrabación de conversaciones entre pilotos y controladores aéreos que habrían sido mantenidas el lunes pasado, referidas a supuestas fallas en el radar del aeropuerto de Ezeiza. El material fue aportado ayer en un disco compacto por el cineasta y ex piloto Enrique Piñeyro, cuya denuncia inició una investigación para determinar si existe riesgo en el transporte aerocomercial de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery. Según Piñeyro, del diálogo entre pilotos y controladores surge que, mientras los primeros reportaban una posición, los radares indicaban otra. Oyarbide busca identificar a los protagonistas del diálogo para poder citarlos a declarar como testigos en tanto ya le pidió a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que le informe sobre la seguridad de Ezeiza. La ministra de Defensa, Nilda Garré, por su parte, reclamó a ese organismo que enviara una misión para verificar la seguridad de la aeroestación.
