ISSN 2145-5430 Cortesía Universidad de Salerno

Boletín informativo del Instituto de Estudios del Ministerio Público

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, recibió la Maestría Honoris Causa en Ciencia Política, Social y de la Comunicación, de la Universidad de Salerno en Italia.

Es urgente el rescate del ethos de la política en la sociedad colombiana Discurso del Procurador en la Universidad de Salerno (Italia) “Colombia es una sociedad en conflicto, como muchas otras en el mundo, y la política en ella ha perdido su ethos fundamental caracterizado por la configuración de una comunidad pacífica y justa, teniendo como guía el bien común de la nación y el bienestar integral de la familia y de las personas”, señaló el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en su discurso al recibir la Maestría Honoris Causa en Ciencia Política de la Universidad de Salerno en Italia. La distinción le fue concedida por iniciativa del Departamento de Ciencia Política, Social y de la Comunicación de ese centro académico italiano, una de las tres universidades más antiguas del mundo, junto con las de París y Boloña. En la presentación del candidato, el director de la Maestría, Antonio Scocozza –historiador y buen conocedor de la realidad colombiana– destaca los méritos del procurador Alejandro Ordóñez en el desempeño de su misión como jefe del Ministerio Público, subrayando sus éxitos en defensa

de los intereses de la sociedad, sobre todo en la lucha contra la corrupción, en la que se ha empeñado desde cuando fue elegido como Procurador en el año 2008. Al recibir y agradecer el título Honoris Causa, el procurador Ordóñez hace énfasis en que “ese ethos de la política en la sociedad colombiana se debe rescatar fortaleciendo, de un lado, la institucionalidad con base en una cultura de la legalidad y de la ética; y, de otro lado, dando prioridad a que las personas reconstruyan su ser con base en la familia como modelo formativo de la sociedad”. Finalmente, el Procurador en su discurso hace un fervoroso llamado a la necesidad de superar el sometimiento actual de la política a la economía y a las leyes del mercado lo cual conduce, entre otras cosas, a aumentar la inequidad social, que afecta profundamente a los individuos y a las organizaciones sociales, también a la familia, como institución fundamental para el equilibrio de la sociedad entera.

número 11 • mayo de 2012

Entrevista Procurador El arte de la pedagogía para la prevención

Cooptación, medio y fin de la corrupción

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La función preventiva en los derechos de autor y los derechos conexos

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7 mitos de la legalización de las drogas

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Seguridad y defensa nacional:

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Perspectiva estratégica hacia el Ministerio Público

Los tratados de libre comercio y los desafíos de las cooperativas

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La capacidad de gobernar y la participación ciudadana

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Investigar educa, forma y previene

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Las veedurías ciudadanas y el derecho a la información

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Sistema Integrado de Gestión del IEMP

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Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

Reconocer la excelencia del talento humano Sistema de Incentivos y Estímulos de la PGN

innova

Boletín trimestral del Instituto de Estudios del Ministerio Público

Alejandro Ordóñez Maldonado

Luis Miguel Estrada Cadena - IEMP

nº 11 • volumen 3 • mayo de 2012

Procurador General de la Nación

Martha Isabel Castañeda Curvelo Viceprocuradora General de la Nación

Christian José Mora Padilla Director Instituto de Estudios del Ministerio Público - PGN

Dirección general Christian José Mora Padilla Coordinación editorial y corrección de textos Mónica Vega Solano Comité editorial Luis Enrique Martínez Ballén Carlos Humberto García Orrego Carmenza Carreño Gómez Mónica Vega Solano Diseño gráfico editorial Hernán Hel Huertas Olaya Diseñador gráfico IEMP Impresión Imprenta Nacional de Colombia Editor Instituto de Estudios del Ministerio Público

Bogotá, carrera 5 nº 15-80 piso 16 PBX: 587 8750 Ext. 11621 www.procuraduria.gov.co/iemp Envíe sus comentarios y aportes a [email protected] Los contenidos del presente boletín son de responsabilidad exclusiva de sus autores.

Novedades editoriales

Las reformas del Estado y de la administración pública /

diego younes moreno De la misión Kemmerer al gobierno de Juan Manuel Santos PVP $ 70.000.oo

El área de gestión humana de la PGN asesora la "formulación e implementación de políticas y programas dirigidos a elevar la calidad de vida laboral de los servidores de la Entidad" (Dec. 262 de 2000). En la foto Carlos William Rodríguez Millán, jefe de la División de Gestión Humana.

christian josé mora padilla director iemp

En marzo de 2012 el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, realizó la apertura de la convocatoria para seleccionar a los mejores servidores y al mejor grupo de trabajo de la PGN, en el marco del Sistema de Incentivos y Estímulos de la Entidad, para así reconocer “los resultados del desempeño con niveles de excelencia”. La resolución 424 de 2008 mediante la cual se adopta y reglamenta el sistema busca “resaltar los méritos, virtudes y talentos” de los servidores de la Procuraduría y “elevar los niveles de eficiencia, desarrollo y bienestar (…) en el desempeño de su labor y contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales”. Los gerentes y directivos de las organizaciones no pueden dejar de lado las ventajas del reconocimiento, no solo como estrategia para generar productividad mediante la motivación a los trabajadores, sino también como mecanismo para aumentar el sentido

de pertenencia y hacerlo visible en las labores cotidianas. El aplauso a quien aporta valor agregado a su trabajo es una tarea que todo líder debe tener presente en el día a día. Las reuniones de grupo también permiten destacar las actividades relevantes entre los integrantes de una misma dependencia; pero el reconocimiento de toda una organización a un equipo de trabajo aumenta la confianza y el desempeño de quienes reciben este incentivo. Cualquier servidor se siente halagado, por más desapercibido que quiera pasar, cuando es señalado de forma positiva y se muestra como ejemplo a seguir. En la pirámide de motivación de Maslow, o jerarquía de

Autorrealización Reconocimiento Afiliación Seguridad Fisiología

las necesidades humanas -mirada de forma ascendente-, se incluye el reconocimiento en el cuarto nivel después de las necesidades fisiológicas, de seguridad y de afiliación (ver figura). La búsqueda permanente de satisfacción de dichas necesidades es lo que nos mantiene vivos, creando, moviéndonos, interactuando y exigiéndonos. La motivación no es una invención de las organizaciones, existen argumentos suficientes relacionados con la psicología humana. Reconocer, es una palabra capicúa, un palíndromo, es decir, que puede ser leída igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Curioso, porque así es su sentido, lo que se entrega se recibe o compensa de vuelta, o al menos es lo que se espera. El salario para un trabajador, por ejemplo, es parte del reconocimiento, y la palmada en la espalda es el complemento. No puedo dejar pasar en esta editorial un pensamiento que también hace referencia a lo que hasta ahora he mencionado, y es que cuando se estimula a los servidores para que continúen realizando las acciones destacadas, y que son un modelo de actitud o aptitud, también es importante tener claro qué valoramos. Uno de los errores

moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito

amistad, afecto, intimidad sexual seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis

Pirámide de Maslow: jerarquía de necesidades (httpcommons.wikimedia. orgwikiFilePir%C3%A1mide_de_Maslow.svguselang=es)

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Entrevista al Procurador General de la Nación Carlos Alberto Peláez Garzón - Oficina de Prensa - PGN

que cometen los líderes, como humanos que son, es celebrar actividades que lograron resultados considerados exitosos, pero conseguidos a través de estrategias o mecanismos poco éticos. No solo hay que revisar la meta sino el camino recorrido para alcanzarla. No podemos convertir en paradigmas los principios que van en contravía de una gestión pública ejemplar. Retomando la convocatoria lanzada por el Procurador, específicamente sobre la selección del mejor grupo de trabajo de la Entidad, es grato contar a nuestros lectores que el IEMP se postulará en esta categoría teniendo en cuenta que en 2011 logramos certificar el Sistema de Gestión de Calidad en la norma ISO 9001:2008, gracias al trabajo mancomunado de todos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo que conforman el sistema. Invitamos a todos los servidores de la PGN a que participen en esta oportunidad que nos brinda nuestra institución para hacer visibles los proyectos que con entusiasmo hemos desarrollado. Pero no queremos quedarnos quietos, queremos seguir evolucionando. Por esta razón esperamos, en 2012, continuar recogiendo los frutos de un trabajo permanente, de compromiso e innovación, no solo a través del cumplimiento de los objetivos institucionales que se logran con la ejecución de los programas definidos por el Consejo Académico, sino también con las estrategias emprendidas para lograr el mejoramiento continuo como la búsqueda de un Sistema Integrado de Gestión acorde con las exigencias actuales, mediante la certificación en la normas ntcgp 1000 : 2009 y ntc iso 17024 : 2003 (como organismo certificador de competencias), y en la implementación del meci 1000 : 2005.

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Conferencia del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, sobre el Nuevo Ciudadano Colombiano, que se impartió a más de 1.500 jóvenes escolares y universitarios en Quibdó (Chocó).

El arte de la pedagogía para la prevención mónica vega solano asesora dirección iemp

innova. Procurador, ¿qué es para usted enseñar? procurador alejandro ordóñez maldonado. Enseñar, más allá de lo que conocemos como transferencia de información, es el intercambio de saberes, de conocimientos que involucran las experiencias de otros que ya han recorrido un camino. El que enseña también recibe, por esta razón es dinámico el aprendizaje, es continuo, siempre hay algo nuevo no solo en conceptos sino en la interacción con mis congéneres, con la vida misma. Enseñar es entregar y, a la vez, entregarse, porque cuando uno es un convencido parte de su esencia se

va con el pensamiento, con las palabras y con las acciones. Y aquí, quiero señalar algo, enseñar no es un verbo que se aplica solo en las aulas de colegios o universidades, educar es responsabilidad de todos en la familia, la comunidad, el Estado, la sociedad civil; y no solo es a través de la palabra, sino, y sobre todo, con el ejemplo, las acciones. i. ¿Cuál es la labor del docente? AOM. Alguna vez lo mencioné en el lanzamiento de la Red de Formadores del IEMP -que es la unidad académica del Ministerio Público-, en donde comparé la labor docente con la habilidad del escultor, del artista, que logra a través de un cincel y el martillo dar forma a un elemento como el mármol que, aunque bello por naturaleza, puede transformarse en una pieza

única, con una mirada distinta de sí mismo y su entorno, y una expresión estética que convoca a quienes le rodean. El docente, el buen docente, es un ser capaz de dar vida a una mente inquieta, ávida de conocimiento, que no adormece sino que, por el contrario, promueve la capacidad de investigar, de ser crítico y tener criterio. Enseñar es más que entregar información para memorizar. Un maestro despierta en su alumno la necesidad de comprender lo que lee, ve o escucha, y hasta lo que siente. i. En su opinión, ¿qué le falta al sector educativo del país? AOM. Hace falta un mayor compromiso de la comunidad educativa. Existen ejemplos valerosos tanto colectivos como individuales, de instituciones educativas y maestros. Sorprende la capacidad de muchos que con esfuerzo, pocos recursos, pero excesiva creatividad, forman ciudadanos competentes, con valores y principios. Cuando me refiero al compromiso es que » 3

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Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

algunos miembros de la comunidad educativa dejan de lado la vocación y se enfocan solamente en cumplir la tarea, al mínimo, sin pensar en su responsabilidad en la construcción de esas nuevas mentes y corazones que son el futuro de la nación. i. Doctor Ordóñez, ¿cuál es la labor pedagógica del Estado? AOM. Todas las entidades tenemos la obligación, no solo las que ejercemos funciones de control sino todas las que prestamos un servicio a la comunidad, llámese salud, seguridad y convivencia, medio ambiente, en fin, todos los sectores que trabajan por el desarrollo del país. La pedagogía permite a los ciudadanos conocer lo que hacen las organizaciones estatales, cómo y para qué lo hacen, y facilita su participación no solo en el control a la gestión, sino también como protagonistas en la implementación de acciones que requieren su cercanía. El Estado está obligado a promover campañas de prevención, altruistas, de comportamientos cívicos y rescate de valores, y no quedarse en meras campañas de carácter institucional para mejorar su imagen. Las instituciones pueden incluir en sus presupuestos estrategias educativas para llevar a centros escolares, pero también es necesario al interior de sus entidades estructurar programas de formación para los servidores públicos que los actualice en conocimientos específicos y, ante todo, en su vocación de servir. I. La Procuraduría General de la Nación cuenta con una unidad académica, el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), que hace parte de la estructura de la Entidad. ¿qué programas académicos y de investigación destaca durante el tiempo que lleva su gestión? 4 »

AOM. Antes de mencionar los programas relevantes, es importante reconocer que el IEMP ha cambiado, se ha posicionado al interior del Ministerio Público y en el entorno; la certificación en la norma iso, el registro de la marca IEMP, el aval que otorgó el Ministerio del Interior para impartir cursos de capacitación a conciliadores en derecho, convenios de envergadura como los del Sena, la esap y con el Departamento Administrativo de la Función Pública, avances innegables, dignos de destacar. Retomando la pregunta, indudablemente resalto los programas académicos con contenidos de carácter disciplinario, por ser una de las funciones esenciales del Ministerio Público, más aun cuando está dirigido no solo a servidores de la Entidad sino también a instituciones gubernamentales que requieren la permanente actualización y guía en la materia. Así mismo, los eventos relacionados con la contratación estatal, por ser una de las causas más visibles de la corrupción. Pero el Instituto no se ha quedado únicamente con estos temas, se ha especializado en áreas como los derechos humanos, el Sistema Penal Oral Acusatorio, la conciliación, las políticas públicas, y las capacitaciones en competencias laborales y fortalecimiento del talento humano. En cuanto a las investigaciones de carácter social, económico y jurídico, el trabajo del Observatorio del sistema penal acusatorio y de responsabilidad penal para adolescentes es muy valioso, ya que muestra los avances de la justicia en diferentes áreas de interés para los operadores de la rama; investigaciones sobre la descentralización, la salud, el cambio climático, la pobreza

y el desempleo, la caracterización del nuevo ciudadano colombiano y el itinerario ético de la personalidad histórica en el país, las pensiones y hasta el cooperativismo en Colombia, son aportes destacables que presentan, además de los diagnósticos y análisis, recomendaciones de política para las entidades que tienen competencia para su diseño, formulación, implementación y evaluación. i. ¿Por qué es necesario capacitar a los servidores públicos? AOM. El conocimiento permite incrementar la productividad y obtener mayores y mejores resultados, reducir costos al mejorar y optimizar recursos y procesos, evitar al máximo los errores y promocionar la prevención, modificar comportamientos que van en contra del buen gobierno y la gestión pública efectiva; son tantos los beneficios que el aprendizaje nos brinda. De otra parte, el conocimiento es dinámico, por lo que es indispensable actualizar a los servidores públicos tanto en áreas específicas, especializadas, como en destrezas y habilidades para aprovechar mejor las herramientas de trabajo y los recursos que tienen en sus lugares de trabajo, para modernizar la administración pública. Estancarse y no evolucionar es la peor de las decisiones, es lo que ha llevado a muchas instituciones a fracasar en sus cometidos. i. ¿Invertir en capacitación e investigación vale la pena? AOM. No cabe la menor duda. La investigación, por ejemplo, acaba de tener un apoyo fundamental por parte del Gobierno nacional y del Congreso de la República al recibir un porcentaje del 10% de los recursos de las regalías para

invertir en ciencia, tecnología e innovación. La Procuraduría, a través del IEMP, desde el año anterior, hace parte del Programa Nacional en Ciencias Sociales y Humanas, esto quiere decir que las opiniones del Ministerio Público en proyectos podrán aportar al desarrollo del país. La gestión del conocimiento es la esencia del IEMP, una instancia de estas características permite sistematizar las experiencias, documentarlas, estudiar y analizar los problemas que afectan a la sociedad colombiana y abrir espacios académicos de discusión sobre su quehacer misional. En este momento, por ejemplo, hay investigaciones en curso sobre las cuales tengo especial interés, la de la familia como eje de la sociedad, la del estudio prospectivo y estratégico al 2030 de la Procuraduría General de la Nación, y la de la evaluación de impacto de las acciones del IEMP en este cuatrienio, solo por mencionar algunas. i. ¿Cuál es el papel del IEmP en materia de prevención? AOM. Esencial. Si usted analiza la labor del Instituto, todo apunta a la prevención. La información contenida en sus publicaciones, los análisis y recomendaciones de sus investigaciones, la transferencia del conocimiento de sus capacitaciones, todo, absolutamente todo se enmarca en la prevención. Para decirlo en palabras sencillas, si usted conoce se equivoca menos; detectar en los diagnósticos de los estudios falencias que pueden ser corregidas y sugerir a las instancias respectivas los ajustes requeridos, sin necesidad de intervenir, es un mecanismo que permite contener faltas con consecuencias sociales o económicas. Los altos costos que asume el Estado en muchas ocasiones se

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Programa del Nuevo Ciudadano Colombiano La búsqueda de la vida buena del hombre en sociedad

Mónica Vega Solano - IEMP

relacionan con el desconocimiento, y la capacitación e investigación son estrategias organizacionales que protegen y previenen acciones o decisiones que afectan el interés general, el bien común. i. ¿Cuál es el futuro del IEmP? AOM. Debe ser un ente académico sostenible. Algunas personas confunden el permanecer en el tiempo con la capacidad financiera para funcionar, pero eso no lo es todo. Para ser sostenible es necesario contar con programas pertinentes, un posicionamiento, credibilidad, perfiles de docentes e investigadores idóneos, estar vigentes y fortalecidos ante los embates de la modernidad. Una institución acreditada logra obtener recursos del presupuesto nacional o de organismos internacionales ya que es capaz de argumentar la existencia y relevancia de sus programas. El conocimiento del IEMP trasciende gracias a que sus docentes e investigadores, en un gran porcentaje, desarrollan en la praxis lo que enseñan, no está en los libros, lo viven día a día, y este aspecto se suma a la cadena de valor compuesta por los instrumentos, la tecnología, la infraestructura y el talento humano que hacen parte de la “universidad y editorial” del Ministerio Público. Como dice el adagio popular: “la experiencia y la calidad no se improvisan”. Pero no hay que olvidar que muchas de las actividades del Instituto deben continuar siendo gratuitas como la capacitación a los servidores de la Procuraduría, son parte de su misión; no es un gasto oneroso cuando lo que se busca es la mejora continua en el cumplimiento de nuestras funciones. i. Finalmente Procurador, en pocas palabras, ¿ cuáles han sido sus logros en la Pgn? AOM. Son muchos, pero podemos sintetizarlos diciendo que devolvimos la confianza y credibilidad en la organización, demostramos que sí podíamos tocar a los “intocables” con autonomía, responsabilidad y actuando en derecho. Por último, creo que mi administración se destaca por combatir con fortaleza y decisión la corrupción, sensibilizando a la opinión pública sobre sus efectos y la magnitud del daño que causa debido a las dimensiones que hemos llegado con este flagelo.

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En la foto el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y Ricardo Zornosa Salazar, investigador y director de la Fundación Ciudadelas Educativas de Colombia, en el set de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC).

mónica vega solano asesora dirección iemp

El 7 de mayo la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) presentaron al país, en emisión especial a través del canal Institucional, algunos principios esenciales universales contenidos en el material pedagógico desarrollado para el Programa del Nuevo Ciudadano Colombiano, como parte de las estrategias de carácter preventivo emprendidas por el ente de control. Los conceptos y piezas comunicativas entregadas a más del 90% del territorio nacional -que es la cobertura del canal de televisión estatal- son resultado de una investigación realizada por el IEMP a través de la Fundación Ciudadelas Educativas de Colombia, autora de la cartilla y realizadora de los videos transmitidos en dicho espacio.

El procurador, Alejandro Ordóñez Maldona, tuvo la oportunidad de contarles a los ciudadanos y servidores públicos cómo el Ministerio Público realiza una actuación pedagógica que se enmarca en la función preventiva, teniendo en cuenta que para combatir la corrupción no es suficiente solo la sanción o la imposición coactiva, también es necesario enseñar los principios y valores porque, tal como lo manifestó, “solo ellos pueden permear las conductas de los ciudadanos”; no es posible tener “buenos alcaldes, buenos funcionarios, respetuosos del interés general , del patrimonio público, si no tenemos buenos ciudadanos”. La pedagogía social de los valores es una de las prioridades de la actual administración, que se ha preocupado por realizar estudios de caracterización sobre los comportamientos y actitudes ciudadanas que favorecen “la vida buena del » 5

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hombre en sociedad” -en palabras del Procurador-, socializar los principios y valores que deben orientar nuestras actuaciones, y sensibilizar a los ciudadanos y funcionarios sobre las virtudes morales y cívicas que requiere toda comunidad para lograr la honestidad, la convivencia pacífica y el desarrollo económico, político, cultural y social de cualquier nación. En los videoclips presentados se destaca una cifra que hace visible la corrupción, ya que este flagelo le cuesta al país, por lo menos, 9.2 billones de pesos al año. Ante lo escandaloso de este dato, el Procurador hizo énfasis en una pregunta a la teleaudiencia: “¿Qué se podría hacer con ese dinero, cuántas políticas públicas, cuántas escuelas, cuántos colegios, cuántas obras de infraestructura, cuántos hospitales, (…)? Es la contribución de la corrupción al subdesarrollo y la pobreza de los colombianos”. En muchas ocasiones, creemos que la corrupción en el Estado está relacionada solo con dinero, es lo más conocido, pero existen otras formas de corrupción. Ejemplo de ello lo describió el Procurador al mencionar que “la corrupción del funcionario público es poner al servicio de los intereses particulares la función pública (…) que se justifica [esta última], tiene su razón de ser, en la medida en que es un instrumento para el bien común (…)”. De otra parte, el investigador y director de la Fundación Ciudadelas Educativas de Colombia, Ricardo Zornosa Salazar, quien compartió en el set con el Procurador, opinó que la “ley es necesaria pero no es suficiente (…) se requiere algo más, que es el desarrollo de las virtudes personales, darle sentido a los actos. Si el ciudadano no tiene claridad del sentido de un acto cualquiera, hacia dónde va, si no sabe que eso debe ir orientado hacia el bien común, si no es trascendente, entonces pierde sentido la acción individual y es aislada (…) esa es buena parte de la crisis, cuando el ciudadano se queda solamente en su acción egoísta y no ve más allá, falta la trascendencia”. Otro de los valores incluidos en el audiovisual difundido a través de la emisión especial sobre el Programa Nuevo Ciudadano Colombiano, y del que habló la cabeza del Ministerio Público, es la jus6 »

Imagen videoclip Nuevo Ciudadano Colombiano

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Buscar culpables en personas, objetos o situaciones, es una característica humana que permite evadir nuestra responsabilidad ante acontecimientos que afectan el bien común.

ticia, vista como virtud cívica, más que como elemento jurídico. Al respecto, el Procurador dijo que “todos sabemos qué es la justicia pero nos ponemos en problemas cuando intentamos conceptualizarla, definirla (…) justicia es la constante, perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo, lo que le corresponde, lo que le pertenece, no solamente en cuanto a cosas, en cuanto a bienes, sino en cuanto a cargas, en cuanto a ventajas, en cuanto a sanciones (…) darle a cada quien su derecho (…)”. El experto en estudios de carácter social, Ricardo Zornosa, explicó a los televidentes los tipos de dilemas morales a los que se ve enfrentado un ser humano en el transcurso de su vida: “hay unos dilemas que tenemos todos los ciudadanos por el solo hecho de estar bajo una ley natural, tenemos unos instintos que tenemos que dominar, tenemos que ser señores de sí mismos, por que el instinto lo puede llevar a uno a algo que es perjudicial para uno mismo y para la sociedad (…); hay otros dilemas que plantea la sociedad misma, la cultura, y que nos plan-

tean hoy los medios de comunicación con base en la información que nos dan” y, agregó, que el maremágnum de información y de ofertas ideológicas llevan al ciudadano a aceptar los modelos, especialmente económicos y de consumo, sin ningún tipo de reflexión sobre los mismos. El tercer tipo de dilemas, incluido en la cartilla producto de la investigación, son los relacionados con las decisiones que deben conciliar el interés personal frente al bien común. Durante la transmisión el Procurador aprovechó -al hablar sobre el valor de la tolerancia- para explicar a los contradictores de algunos de sus conceptos y posiciones que “si queremos tener una sociedad viable, digna para nuestros hijos, y para nuestra familia, una sociedad donde se pueda vivir bien en ella, debemos ser intolerantes frente a la corrupción (…), basta recordar alguna afirmación que decía algún periodista de finales del siglo antepasado: la intolerancia de los intolerantes es lo único que el partido de la tolerancia no puede tolerar. Tolerar hoy la corrupción, tolerar hoy el delito se convierte en un gran atentado contra el bien común, contra el interés general, contra la seguridad ciudadana”. Para el procurador, Alejandro Ordóñez, “la verdadera política pública debe tener en cuenta como tema prioritario este tema de carácter cultural (…), la pedagogía social de los valores debe permear todas las políticas públicas, debe permear nuestra legislación en perspectiva de principios, en perspectiva de valores, en perspectiva de familia, no en vano la constitución en el artículo 5 habla de que esta es el núcleo fundamental de la sociedad, ella vertebra la sociedad (…)”. Adicionalmente, recalcó el papel de los medios de comunicación que es “determinante, sobre todo los medios de comunicación visual, ello se debe ejercer con una gran responsabilidad, que bueno sería, precisamente, los medios como instrumento para hacer pedagogía social de los valores, tendría un efecto gigantesco, por el bien de la sociedad, por la construcción de la sociedad, del bien común y del nuevo ciudadano”. Con relación a la educación, el investigador Ricardo Zornosa expresó que es

| necesario “repensar la educación desde la familia, desde el mismo ciudadano, desde las instituciones del Estado, desde los medios de comunicación, y llegar a tener conciencia de lo que implica esta responsabilidad, porque todos nos

estamos quejando de la corrupción, pero la estamos alimentando justamente, seguramente sin darnos cuenta (…), por todo el modelo educativo, por todos los contenidos que traen los medios de comunicación”.

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Para finalizar, el Procurador General de la Nación exhortó al país a ”aunar fuerzas, todas las entidades que conforman la sociedad civil, de todo orden, de toda naturaleza, en esto están de acuerdo liberales, conservadores, comu-

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nistas, agnósticos, católicos, cristianos, de las más diversas confesiones, en construir un nuevo ciudadano para garantizarle a nuestros hijos y a nuestras familias la sociedad que queremos para la vida buena del hombre en sociedad”.

Una cartilla para todos ricardo zornosa salazar investigador – director fundación ciudadelas educativas de colombia

Una nueva publicación para todos los públicos ha lanzado el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), de la Procuraduría General de la Nación: se trata de la cartilla titulada Nuevo Ciudadano Colombiano, complementaria de cuatro audiovisuales bajo el mismo título, lanzados por el Instituto -con grande aceptación- en diferentes escenarios del país. La cartilla busca ayudar a profundizar los conceptos éticos expuestos en los audiovisuales, esperando ser una herramienta facilitadora en la pedagogía de principios y valores ciudadanos, ciertamente olvidados en nuestra sociedad colombiana actual. De ahí que esta cartilla sea propia no solo para profesores y facilitadores sino para las instituciones públicas y privadas y para todo ciudadano colombiano. Los principios éticos tratados en la cartilla corresponden, de manera particular, a los de la Procuraduría General de la Nación; principios tales como la trascendencia, la libertad, la honestidad, la tolerancia, entre otros. Aparte de profundizar en tales principios morales, la cartilla da a conocer las virtudes ciudadanas de siempre, Carrera 5 No. 15-80 piso 16 Bogotá, D.C., Colombia PBX: (1) 587 8750 Ext: 11621 Tel.: 336 7147 Ext. 115 http://iemp.procuraduria.gov.co

-prudencia, justicia, fortaleza y templanza-, dando a entender que solo mediante el ejercicio permanente y decidido de tales virtudes por parte de los ciudadanos es posible superar la profunda crisis moral vivida en Colombia y reflejada en los altos índices de corrupción y violencia. La cartilla hace énfasis en las facultades morales propias de la condición humana, facultades fundamentales como la memoria, la inteligencia y la voluntad dispuestas en la misma naturaleza para ser desarrolladas en la vida cuotidiana personal y social. De manera especial, la cartilla centra la atención en el “bien común”, un concepto esencialmente ético que debiera ser ordenador de todos los esfuerzos y las acciones del Estado, de las instituciones, del sistema económico y bancario, de los medios de comunicación, de las academias, del sector educativo y, por supuesto, de los ciudadanos. Las acciones de todos ellos, -dice la cartilla-, deben estar ordenadas hacia el “bien común”, pues este es el que da norte y sentido vital a todas estas. La acción aislada no cuenta; se

Su caracterización ética esencial

La cartilla El Nuevo Ciudadano Colombiano es el resultado de una investigación realizada por el IEMP a través de la Fundación Ciudadelas Educativas de Colombia.

convierte en egoísmo destructor de la sociedad, de la familia y, a la postre, de las instituciones y del mismo ciudadano. La cartilla Nuevo Ciudadano Colombiano se ha presentado al público en forma de preguntas y respuestas breves y en un lenguaje sencillo para facilitar la comprensión de te-

mas de gran calado filosófico. En su elaboración participó la Fundación Ciudadelas Educativas de Colombia, entidad que preparó también los audiovisuales ya mencionados y, dos años atrás, otra publicación del IEMP: Itinerario ético de la personalidad histórica de Colombia. » 7

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Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

El Tiempo, mayo 10 de 2012 (http://www.eltiempo.com/justicia/saqueo-del-sector-de-la-salud-se-sentir-hasta-el-2030_11769101-4)

La cooptación, medio y fin de la corrupción

"Desde miradas propias de los estudios políticos y la economía, la cooptación es comprendida como una forma elevada de corrupción o un mecanismo para su realización que desconoce las vías democráticas de pugnacidad de intereses y de reparto de valores".

omar vivas cortés investigador y catedrático asesor división de investigaciones sociopolíticas y asuntos socioeconómicos del iemp

A propósito de la investigación adelantada por la División de Investigaciones Sociopolíticas y Asuntos Socioeconómicos del IEMP sobre “la cooptación de la administración pública en Colombia”, es oportuno anticipar algunos de los aportes investigativos que promueven un estudio de los procesos de análisis y agregación de información de quejas y casos. Esta investigación cuenta con la participación de Jesús María Peña Bermúdez, Carmen Lucía Bazzani Correa, Dilia Paola Gómez Patiño, Omar Vivas Cortés y el apoyo temático de Pedro Ruíz Hazbon. Tradicionalmente la cooptación como concepto se asocia con el sistema de elec8 »

ción de nuevos miembros de un cuerpo por parte de sus integrantes, conforme ocurre en las altas cortes1, su utilización en esta acepción resulta intensiva al permitir univocidad interpretativa que de forma rápida y clara comprensión dotan de un solo significado. Su naturaleza es legal, convencional y legítima por estar definido como proceso en las normas vigentes, constituir una vía de acción formal y recurrida de manera permanente, y haber sido sometida al imperio de la ley en su promulgación siguiendo los mecanismos democráticos y 1 “La cooptación es un sistema de elección, en virtud del cual la vacante de la que se trata, aquella que se quiere llenar es cubierta por un candidato seleccionado por la misma corporación […] En Colombia la cooptación está modificada. El sistema anterior a la Constitución de 1991 era de cooptación plena […] Pero a partir de la Constitución de 1991 se consagró para la Corte Suprema de Justicia y para el Consejo de Estado un sistema de cooptación parcial o relativa y que consiste en que los candidatos no son propuestos por la misma Corporación en donde se presenta la vacante”, apartes de la entrevista realizada por el IEMP al exmagistrado José Gregorio Hernández Galindo (2011), donde es ilustrada la concepción más jurídica del concepto.

jurídicos válidos. Esta noción es propia de las esferas jurídicas y es para muchos la primera asociación que realizan del término. Durante la última década en Colombia la palabra cooptación se ha convertido en un hito gnoseológico2, el conocimiento se funda en palabras que se utilizan por parte de grupos humanos para comprender sus realidades, de manera que todo enriquecimiento del vocabulario profundiza la capacidad de interpretación e intervención en la realidad, además del nacimiento de nuevos vocablos, una mayor utilización de un término existente o reconfigurarle para pensar un fenómeno conduce a las sociedades a correr sus fronteras de conocimiento. Desde miradas propias de los estudios políticos y la economía, la cooptación es comprendida como una forma elevada de corrupción o un mecanismo para su realización que desconoce las vías democráticas de pugnacidad de intereses y de reparto de valores. La naturaleza corrupta se la imprime la imposición del interés particular por encima del interés general y el bien común, el desconocimiento del proceso democrático de reparto de valores se realiza mediante el sometimiento de voluntades y, en su dinámica, la cooptación opera como mecanismo o como sistema instituido siendo menester reconocer la existencia de distintas formas y niveles de cooptación. De manera que los elementos identitarios de la cooptación son la imposición de intereses, el sometimiento de la voluntad, el desconocimiento del proceso democrático y la subsiguiente ilegitimidad. La utilidad explicativa que tiene el concepto precisamente recae en la conjunción de sus elementos identitarios que permiten la caracterización de situaciones, acciones, procesos, fines y sistemas como cooptadas o cooptados, lo que lleva a distinguir una condición inadecuada en el funcionamiento político, social y económico si este se reconoce como democrático o si se quiere como un Estado 2 Campo de la filosofía que estudia la naturaleza, origen y alcance del conocimiento en general, pensar la realidad y conocer solo es posible para la humanidad desde y a partir de las nociones que nos aportan las palabras, la ilustración parte de la existencia de un acervo de ellas y de su utilización adecuada. Avance promovido por tratadistas como Garay (2008, 2009, 2010, 2011), Revéiz (1997, 2004, 2007), García Villegas (2009, 2010).

Social de Derecho. A lo anterior se agrega una condición que se debe cumplir para que una situación pueda ser considerada como una dinámica de cooptación, y es que debe ser reiterativa o recurrente, hechos aislados o un episodio resultan eventos de corrupción, sucesivos hechos que marcan una tendencia y comportamiento donde se benefician los mismos interesados por parte de los mismos agentes configuran un esquema de cooptación. Siguiendo esta estructura argumentativa y para operativizar el concepto en lo público estatal, podría calificarse como cooptada de manera integral o parcial un programa de gobierno, política pública, ley, decreto, proceso contractual, concesiones, subsidios, permisos, licencias, acto administrativo, actuación de una entidad o autoridad pública, decisión judicial o administrativa, cuando se privilegia un interés particular por encima del interés general y el bien común, contando con la adhesión voluntaria o no de quienes le gestionan o deben emitirla pero siempre con el sometimiento de los intereses de quien dicen representar, que fue decidida con exclusión de aquellos afectados en sus derechos o de actores que pudieron participar genuinamente en la conformación de la decisión o en su control, y que resulta ilegítima al no honrar la delegación de autoridad que se concede para promover y garantizar el pacto social, los derechos, principios y compromisos adquiridos, y que finalmente conforma una vulneración de derechos y el desconocer deberes. En el nivel de corrupción política la cooptación constituye la visión de todos aquellos que buscan impo-

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"En el nivel de corrupción política la cooptación constituye la visión de todos aquellos que buscan imponer su concepción poco ética e inmoral de lo público, es la meta de una red clientelista, el apalancamiento inmoral de campañas o grupos políticos (...)".

ner su concepción poco ética e inmoral de lo público, es la meta de una red clientelista, el apalancamiento inmoral de campañas o grupos políticos, el arraigo de una red de corrupción o empresa de corrupción, la aquiescencia para una organización delincuencial armada, la primacía de la utilidad sobre la humanidad para una empresa capitalista nacional o transnacional, la gabela a un estado de anarquía para una comunidad que de manera irreflexiva abusa de un recurso natural o bien público apartándose del desarrollo sostenible y a escala humana, o la sumisión a proyectos políticos foráneos. La corrupción en Colombia no es una cuestión de oportunidad es una empresa, las oportunidades que no están dadas se crean, en su direccionamiento estratégico la cooptación figura como una estrategia de acción y como un fin en sí, resulta una forta-

leza para la conformación de las estructuras de corrupción contar con adeptos cooptados en el aparato estatal que se articulan en sus operaciones, bien sea con la realización directa de acciones o indirecta al permitirlas, ocultarlas, soslayarlas o finalmente dejarlas en la impunidad. La máxima expresión de la cooptación es la reconfiguración cooptada del Estado planteada en Colombia por Garay (2008, 2009, 2010, 2011), que se refiere especialmente a la trascendencia del proyecto paramilitar, donde la institucionalidad estatal se encontraría parcialmente redefinida en beneficio de estos grupos; como tesis asumo que sostiene esta concepción que las normas y la acción estatal fue sobreseída al apartar las razones de Estado a favor de las conveniencias de estos grupos delincuenciales, tesis que puede generar debates y posturas, pero que más

allá de esto, como concepto debe ser reconocido por su originalidad, capacidad explicativa y aporte académico e intelectual. Una reflexión autónoma del tema permite indicar que la cooptación se presenta en el menor nivel como una práctica recurrente en corrupción administrativa, en un nivel intermedio como un arreglo de relaciones políticas dentro de la denominada corrupción política, y en un mayor nivel podría entronizarse3 la cooptación como símbolo y referente nodal de un arreglo institucional en parte(s) del Estado que conduce a una prevalencia de la cultura de la ilegalidad donde además se supera la corrupción política y se configura un sistema perverso de relaciones políticas, económicas y sociales; sistema que asume como statu quo los círculos viciosos 3 Poner a la cooptación en el centro como símbolo de poder y autoridad, darle la mayor importancia.

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de vulneración, hurto, exclusión y daño ambiental. En el caso de la entronización de la cooptación en la cultura profunda del aparato estatal y la sociedad se transforma la matriz axiológica de valores en antivalores, donde vivir bien y habitar bien tienen un costo en las relaciones que convierten lo virtuoso en indeseable e impracticable, se pasa del costo moral al costo inmoral, dando paso a formas nocivas y amorales de actuar institucionalizadas que conllevan la construcción de decisiones y comportamientos kafkianos4 y tan bizarros que ponen al Estado al servicio de una persona, grupo, red, empresa, organización, comunidad5 u otro Estado, en cuyo caso desnaturalizan y deslegitiman al Estado de cara a sus fines esenciales fundamentados en la concepción de Estado Social de Derecho declarado en Colombia. Valga indicar ahora que en este contexto es claro que no toda la corrupción pueda ser calificada como ilegal, la cooptación logra que conductas y hechos de corrupción asuman un viso de legalidad gracias a la legislación en favor propio o legislación a medida, incluso con los denominados micos normativos; desde las normas se blinda la comisión de irregularidades pasadas, presentes o futuras al darle el carácter de legal a aquello que no lo es y que siempre será ilegítimo. Resulta que esta acción genera además, y sin así proponérselo por parte de la red 4 Tan absurdos y surrealistas que siendo inverosímiles se tornan angustiosos. 5 En este caso debe entenderse que la comunidad promueve fines anárquicos como entropía le conducen a su aniquilamiento.

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de cooptación, oportunidades inesperadas para corruptos cazadores que por estar atentos también se benefician de la presunción de legalidad y reciben rentas sin haber incurrido en los costos que implica la cooptación. Estos resultados inesperados se reducen en la medida que la red de cooptación se refina y logra limitar la dispersión del beneficio cerrando el acceso al bien, mercado o valor a través de la misma legislación o por otra vía como barreras previas o actos de violencia. Singularmente se convierte la cooptación en una de las formas de corrupción más difícil de erradicar porque de manera falaz opera desde la legalidad y la institucionalidad, de manera que solo a través del retorno a los arreglos normativos e institucionales democráticos y propios de un Estado Social de Derecho se puede superar la intromisión indebida de la cooptación. En aras de la distinción es necesario diferenciar la cooptación de la corrupción de cuello blanco, practicada por personas que en una posición privilegiada por su solvencia económica o un alto nivel educativo se aprovechan de su conocimiento de la ley para cometer irregularidades bajo la apariencia de cumplir a cabalidad con el ordenamiento jurídico; en este caso no siempre se configura la cooptación toda vez que puede tener un alcance limitado y ser meramente episódico. También es necesaria la distinción entre cooptación y la denominada captura de Estado. La captura de Estado se populariza como concepto por el Banco Mundial en el estudio del fenómeno de inclusión de Europa Oriental

en el mercado capitalista y en principio para referirse a la apropiación por particulares de bienes del Estado y la promoción de empresas en el mercado favorecidas por el Estado, se relaciona especialmente al proceso de formación y expedición legislativa y a las decisiones judiciales, parafraseando a Hellman y Kaufmann (2001), se refiere a los esfuerzos para influir en la manera en que se forman leyes y normas donde las empresas pueden obtener ventajas para ellas gracias a las distorsiones en el marco jurídico y reglamentario de la economía. La cooptación por su parte es un concepto más amplio que cobija no solo la captura de Estado sino también otras formas de intrusión en la esfera estatal, social o del mercado;

la captura de Estado es una forma de cooptación pero no toda cooptación constituye captura de Estado. El siguiente flujo esquematiza la racionalidad del actor de la corrupción que visiona la cooptación para legalizar los beneficios de sus ilícitos, perpetuar círculos perversos, y mantener un statu quo de irregularidades bajo el amparo de una supuesta legalidad. La cooptación no es un fenómeno exclusivo del Estado, es decir que no es objeto de cooptación el Estado, no se da únicamente cuando se imponen intereses por encima de aquellos que le son propios al Estado, también puede ser sujeto de cooptación el mercado o la misma sociedad cuando para favorecer indebidamente al cooptador se alteran las di-

Análisis del actor para racionalidad del riesgo. Con cooptación

Fuente: Tomado del informe final de la investigación.

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Bibliografía

"Se ha llegado a un cierto acuerdo entre especialistas, acerca de la existencia de algunas condiciones de entorno que favorecen la constitución de prácticas para capturar el Estado" entre las que se encuentra el "(...) escaso uso de mecanismos de control ciudadano como las audiencias públicas (...)". La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia. Garay, Luis Jorge (2008).

ma de gobierno en marcha a forzar una legislación que les favorezca en materia tributaria, lo que muestra una enorme creatividad en su modus operandi, en este camino los análisis de situación sobre casos en una región o sector pueden permitir el mapeo de estructuras de cooptación. Mónica Vega Solano - IEMP

námicas, reglas de juego y principios, las leyes del mercado, convenciones sociales o de la democracia, y se afectan las libertades y derechos. Así, por ejemplo, es dable asumir que hay prácticas de cooptación de agencias estatales o de empresas transnacionales sobre las comunidades al buscar refrendar decisiones o apropiaciones que son contrarias al interés general y el bien común, o al reducir la capacidad de agenciamiento, la independencia o lograr la aceptación de acciones abiertamente cuestionables. A manera de corolario asumo que el concepto es útil, permite la caracterización de formas de corrupción y promueve desde el Ministerio Público un nuevo horizonte de comprensión y trazar innovadoras estrategias de acción en la lucha contra la corrupción, la utilización del concepto de cooptación conduce a considerar la corrupción como un fenómeno y un sistema, un conjunto de mecanismos, personas y cosas que organizados perpetran hechos de corrupción en un sector o en varios sectores, frente a todo bien o valor que esté a su alcance; de manera que un día pueden ser pillados apropiándose de presupuestos de un hospital y al otro día metiendo las manos en una concesión vial, pueden pasar de la interceptación y desviación de un progra-

"Cuando un grupo no intenta implementar un modelo que incluya el bienestar social, sino el favorecimiento del interés de unos pocos, entonces se habla de captura del Estado". La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia. Garay, Luis Jorge (2008).

Garay Luis Jorge (2009). La política es un medio eficiente para infiltrar el Estado. Revista Semana, entrevista de Gustavo Gómez. www.semana.com.co. Garay Salamanca Luis Jorge (2011). A los colombianos se nos corrió la frontera moral. Revista Semana.com. Miércoles 09 de noviembre de 2011. Garay, Luis Jorge (2008). La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia. Bogotá: Fundación Método, Fundación Avina y Transparencia por Colombia. Garay, Luis Jorge (2010). Captura y reconfiguración cooptada del Estado en Guatemala, México y Colombia. Análisis conceptual de las memorias de la Primera Discusión Internacional sobre Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado. Bogotá: Fundación Método. García Villegas Mauricio y otro. El Estado alterado, clientelismo, mafias y debilidad institucional en Colombia. Editorial Colección DeJusticia. Primera Edición. Bogotá 2010. García Villegas Mauricio y otro. Mayorías sin democracia. Desequilibro de poderes y Estado de derecho en Colombia, 2002-2009. Editorial Colección De Justicia, 2009. Revéiz Edgar (2004). El desenlace neoliberal: tragedia o renacimiento. Esfera Editores Ltda. Primera edición. Revéiz Edgar (2007). El Estado-lego y la fractura social. Editorial Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Reveiz, Edgar (1997). El Estado como mercado: La gobernabilidad económica y política en Colombia. Bogotá: Carlos Valencia Editores. Hernández, Jose Gregorio (2011). Entrevista realizada por el grupo de investigación sobre el concepto de cooptación. Bogotá, IEMP. Hellman, Joel y Daniel Kaufmann (2001). La captura del Estado en las economías en transición. En línea, consultado el 2 de mayo de 2011, en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/ spa/2001/09/pdf/hellman.pdf Vicepresidencia de la República y otras (2002). Corrupción, desempeño institucional y gobernabilidad: desarrollando una estrategia anticorrupción para Colombia un análisis de los resultados de las encuestas a usuarios de servicios públicos, empresarios y funcionarios públicos. Participan Programa presidencial de lucha contra la corrupción, Banco Mundial, Contraloría General de la República, Contaduría General de la Nación, Red de Ver, Transparencia por Colombia, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, Veeduría del Distrito de Bogotá en colaboración con el Centro Nacional de Consultoría. Indicadores, encuestas e índices de la Propuesta de una política de Estado para el control de la corrupción. Consultado el 2 de mayo en: http:// www.anticorrupcion.gov.co/Programa/Documents/PropuestaPolitica.pdf » 11

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La función preventiva en los derechos de autor y derechos conexos

y esperanza de una remozada sociedad, de comprar lo ilegítimo. En esa problemática subyacen los derechos de autor y conexos1, duramente afectados, y cuyo amparo dimana de la misma Carta, al tenor de su artículo 61 en cuanto prevé que el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. La Decisión Andina 351 de 1993, constituye, a su vez, el anclaje supranacional. Como resultado del desarrollo del precepto superior, se han promulgado, entre otras, las leyes 23 de 1982 sobre derecho de autor, y 1403 de 2010, por la cual se adiciona esta última. Recientemente, se han expedido las leyes 1519 y 1520 de 13 abril de 2012, por medio de la cuales, en su orden, se aprueba el “convenio sobre la distribución de portadoras de programas transmitidos por satélite”, hecho en Bruselas el 21 de mayo de 1974; y se implementan compromisos adquiridos por virtud del ‘Acuerdo de Promoción Comercial’ suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América y su “protocolo modificatorio, en el

marco de la Política de Comercio Exterior e integración económica”2. Descendiendo de nivel normativo se han emitido los decretos 3942 de 25 de octubre de 2010, por el cual se reglamentan la Ley 23 de 1982 y 232 de 1995; y 1162 de 13 de abril de 2010, por el cual se organiza el Sistema Administrativo Nacional de Propiedad Intelectual y se crea la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual, para citar algunos. De igual forma, cabe hacer referencia a las sentencias C ‒ 871‒10, C ‒ 523‒09, C ‒ 941‒08 y C ‒ 717‒08. En ese escenario, cabe preguntarse ¿cuál ha sido el papel que, en el ámbito preventivo, desempeñó y debe ejercer la Procuraduría General y las entidades competentes? Con el propóposito de impartir instrucciones para el cumplimiento de normas de derecho de autor y derechos conexos, la Procuraduría General de la Nación y la Dirección Nacional de Derecho de Autor, emitieron las circulares conjuntas de 24 de abril de 2006 y 17 de abril de 2007, que son objeto de revisión a la luz del nuevo ordenamiento jurídico. Por su lado, la mencionada Dirección Nacional ha expedido las circulares 15 a 18, entre los años 2009 a 2012, respectivamente, relativas a orientaciones para el cumplimiento de las referidas disposiciones3. Por otra parte, aplicando el eslogan de que “La mejor opción es la prevención”, la cual se cristaliza y rinde frutos, en buena medida, a través de procesos de capacitación, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ha realizado con el decisivo apoyo del Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), en asocio con el Convenio Antipiratería para Colombia, la Dirección Nacional de Derecho de Autor y los procuradores regionales, ciclos educativos en distintas capitales del país, incluida la ciudad de Bogotá, para formar servidores públicos, con participación de representantes de gestores colectivos e individuales.

1 Estos (conexos) para los artistas intérpretes o ejecutantes, Art. 34 de la Decisión Andina 351 de 1993.

2 Fuente página derechodeautor.gov.co 3 Estas circulares y las disposiciones antes referidas pueden ser consultadas en la mencionada página.

"Las estimaciones de la Cámara Colombiana del Libro señalan que anualmente la industria editorial pierde en Colombia cerca de US$117 millones de dólares por piratería". http://www.convenioantipirateria.org.co/index.php?option=com_content&vie w=section&layout=blog&id=13&Itemid=97&9b15bcf685486ac94a84e0630f453894=97ddadb68f341eda1d4fd3e53b0b7da9

césar augusto duarte acosta asesor de la procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública

Sabido es que la industria de las falsificaciones representa un colosal renglón de la economía global. Incluso, se habla de grados de imitaciones, así entre más se parezca la copia al original tiene un valor superior, como ocurre con los relojes exquisitos, comercio del que no escapan prendas de vestir, calzado, estilógrados, lociones, etc., todos de marca. ¡Es el gran negocio de la pirateria! En nuestro medio, la permanente y sistemática violación de los derechos de autor y conexos se ha vuelto tan corriente que hasta algunas autoridades toleran que se comercialicen, a la vista de todos, videos, música y libros. Y qué decir de nosotros los ciudadanos que, sin ningún empacho, compramos con naturalidad esos productos o artículos. De hecho, y lo más grave -por herir la fibra del porvenir-, es que, en ocasiones, ciertos niños piden a sus padres -dado el bajo precio-, que les adquieran en la esquina o al lado del almacén de cadena, la película de moda, creando la cultura en las nuevas generaciones, artífices 12 »

Arxhivo División de Capacitación IEMP

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El presupuesto público, un tema de compromiso ingrit danila pacheco cubillos secretaria dirección iemp

"La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ha realizado con el decisivo apoyo del Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), en asocio con el Convenio Antipiratería para Colombia, la Dirección Nacional de Derecho de Autor y los procuradores regionales, ciclos educativos en distintas capitales del país".

Recién el 20 de abril se realizó el evento en Ibagué y en San Andrés el 10 de mayo. Se tiene, en esa misma direccción, proyectado realizar, para implementar otra dinámica, mesas de trabajo en las ciudades en que se ha detectado de manera fuerte el flagelo de la piratería como son Medellín, Cúcuta y Cali. En los eventos realizados, además, se ha aprovechado para interactuar entre los distintos protagonistas, posibilitando visualizar nuevos horizontes en la materia que, como se dijo, se despliega en el marco jurídico antes descrito. Vale rescatar en estos ejercicios la actividad de Jorge Javier Huertas Jurado y Bernardo Giraldo Rodríguez, como expositores de la Entidad, así como la de los funcionarios de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. De igual manera, el aporte del jefe de la División de Capacitación del IEMP, Carlos Humberto García, de Elsa Patricia Ordoñez, coordinadora académica del mismo Instituto, y Alba Camila Rubio, gerente del Convenio Antipiratería para Colombia. Cambiando de perspectiva, procede anotar que la mencionada Procuraduría Delegada, paralelamente, hace acompañamiento, con un

propósito preventivo, a actuaciones que surte la Dirección Nacional de Derecho de Autor, como ocurrió en reciente caso de impacto mediático, en el que la Oficina Asesora de esta profirió la Resolución 014 del pasado 19 de enero, por medio de la cual, entre otras decisiones, dispuso suspender por el término de un mes la personería jurídica de Sayco, imponer sanción de multa equivalente a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, compulsar copias a la Fiscalía General para lo de su competencia, en relación con la conducta del Gerente General de la sociedad para la época de los hechos. Igualmente, para configurar una cultura en derechos de autor y de derechos conexos, se examina articuladamente con los entes interesados la puesta en marcha de un paradigma que incluya, entre otras herramientas, el diseño de juegos lúdicos dirigido a estudiantes de educación básica, para que cumplan y respeten tales derechos. La labor es titánica, pero no por eso hay que desfallecer; por el contrario, todos debemos estar comprometidos para no sucumbir ante la tentación a veces irrefenable de la piratería, y no hacerle eco al pregón: ¡películas a $2.000!

El presupuesto público constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones (gastos) que como máximo puede reconocer el Estado, y que prevé liquidar durante el correspondiente ejercicio (anual). El Plan Operativo Anual de Inversiones es la herramienta con la cual se asignan recursos y se determinan gastos para cubrir los planes de desarrollo mediante proyectos de inversión -rubro sobre el que hago referencia en este artículo- clasificados por sectores, órganos y programas. Dicho presupuesto es de todos los ciudadanos colombianos. Los ingresos pueden ser tributarios (impuestos sobre los ingresos, sobre el patrimonio, sobre las mercancías y servicios, entre otros) o no tributarios (ventas de bienes o servicios del Estado -por ejemplo tasas en hospitales- o rentas de la propiedad -por ejemplo alquileres). Cuando presentamos los proyectos de inversión en la Entidad y son aprobados por parte de las instancias competentes tanto internas como externas, estas depositan un voto de confianza y reconocen la relevancia de dicha propuesta por su proyección para el cumplimiento de las metas institucionales; la implementación de los

programas o proyectos es un compromiso social inmenso. Y es aquí donde surgen inquietudes: ¿alguna vez hemos reflexionado sobre la importancia de la aprobación de nuestros proyectos? ¿La responsabilidad que recae en un funcionario por la ejecución física y presupuestal de su proyecto? Una responsabilidad mirada no desde los ojos de un ente de control sino desde los ojos de un niño, un anciano, un ciudadano que cree y espera solución a sus necesidades de salud o educación.Cuando presentamos y solicitamos un presupuesto debemos ser conscientes de lo que justificó su requerimiento, de los trámites administrativos que llevaron a su aprobación. Las decisiones sobre la destinación y ejecución de los recursos públicos no solo afectan a las organizaciones sino también a los destinatarios del bien o servicio, a nuestros beneficiarios. En algunas ocasiones las respuestas esperadas no son oportunas, o simplemente no se materializan, por la visión facilista de algunos servidores que no ponen el interés necesario a la gestión, la ejecución y la buena evaluación del proyecto para conocer su incidencia y si logró los objetivos propuestos, como generar una transformación positiva en la sociedad colombiana. Definitivamente el presupuesto público es un tema de compromiso. » 13

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7 mitos de la legalización de las drogas

gales, una vez legalizadas4. Las estadísticas más recientes demuestran la ineficacia del Estado en controlar al abuso de SPA legales (tabaco y alcohol) y la influencia de dicho abuso en la aparición del consumo de SPA ilegales, por lo cual no es de esperar un mejor control de las sustancias que hoy en día son ilegales, y cuyo consumo en Colombia ha crecido establemente desde la despenalización de la llamada “dosis personal” en 1994. Los promotores de la legalización también afirman que nuestras cárceles, y las de otros países, están llenándose de simples consumidores de droga5, doblemente victimizados por su condición de dependientes, y por una ilegalidad que consideran absurda. Esto contradice no solo el sentido común, sino la realidad de las capturas de narcotraficantes que se producen a diario. Se captura a miembros de estructuras criminales que asesinan, sobornan, lavan activos, transportan la droga o la proveen a los adictos, especulando con sus precios, y adulterando el producto ofrecido para

maximizar ganancias6. Se trata de enormes empresas criminales que comercian con la muerte y la destrucción de las vidas de los consumidores de drogas. Lejos de plantear la legalización de las drogas ilícitas, el debate en Colombia -y ante la comunidad internacional- debería centrarse en cuáles son las mejores y más eficaces formas de controlar la producción, tráfico y distribución de drogas, así como el ingreso de utilidades repatriables (UR) y el lavado de activos. Las estadísticas demuestran que la destrucción de la familia favorece la aparición y crecimiento del consumo de SPA, y fomenta el deterioro social en un círculo vicioso, alimentado por la ausencia del Estado en el castigo a la distribución de estupefacientes. Así lo ha reconocido el Presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes – jife, en su último informe7: “(…) [L]a Junta, reconociendo no obstante la importancia de la responsabilidad personal, señala que el uso indebido de drogas ha llegado a ser casi endémico en algunas comunidades, insertándose en un círculo vicioso que engloba toda una serie de problemas sociales relacionados con la violencia, la delincuencia organizada, la corrupción, el desempleo, la mala salud y la educación deficiente. Esas comunidades constituyen un riesgo no solo para los que viven en ellas, sino para la sociedad más amplia de la que forman parte”. Colombia reúne las condiciones descritas, pues ha pasado de ser un país productor, a ser consumidor de estupefacientes, con el agravante de la facilidad con la cual puede accederse a ellos debido a la abundante oferta de drogas sintetizadas a partir de plantas (sulfato de cocaína, bazuco) y la marihuana. De allí que resulte imperioso el compromiso de la sociedad entera para derrotar al narcotráfico, sus estructuras de poder, y a quienes lo promueven y fomentan como una forma válida de producir riqueza.

4 http://www.dejusticia.org/index. php?modo=interna&tema =estado_de_derecho&publicacion=1119 5 Uprimny, Rodrigo, y Guzmán, Diana. “Sistemas sobrecargados - Leyes de drogas y cárceles en América Latina”, Cap. “Políticas de drogas y situación carcelaria en Colombia”. Transnational Institute - TNI/Washington Office on Latin America - WOLA, Amsterdam/Washington, 2010. Páginas 40-49.

6 http://www.eltiempo.com/justicia/herederos-demafia-de-los-galeano-movian-una-tonelada-de-coca-semanal_11228802-4; http://www.justice.gov/dea/pubs/states/ newsrel/2012/elpaso021512.html; http://www.justice.gov/dea/ pubs/states/newsrel/2012/den021012.html 7 Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes – JIFE, Informe Anual 2011. Prefacio del Presidente Sr. Hamid Ghodse, Pág. iv. Naciones Unidas, Viena, 2012.

El IEMP editó una publicación que recoge la visión del Ministerio Público sobre la legalización de las drogas ilícitas en Colombia. Su autor nos hace un resumen sobre el documento. juan david gómez rubio asesor procuraduría delegada para asuntos civiles

Colombia es el principal productor mundial de cocaína1 (Clorhidrato de Cocaína), la sustancia psicoactiva (SPA) ilegal más consumida en el mundo después de la marihuana (Cannabis sativa) y sus derivados. Colombia ha sufrido la pérdida de miles de vidas en la lucha contra el narcotráfico; pérdidas que continúan por la acción de los grupos armados que se financian de él, y por los intentos del Estado para controlarlos en condiciones adversas. El sacrificio de las vidas de miles de colombianos, y los éxitos alcanzados en la lucha contra las drogas -lucha que a veces el país ha tenido que enfrentar casi en solitario- son las mejores razones para que Colombia ejerza su autoridad moral y exija a la comunidad internacional la adopción de una política real de desmantelamiento de las estructuras del narcotráfico. El derramamiento de tanta sangre no puede ser en vano. Colombia ha sufrido, durante cuatro décadas, los efectos devastadores del narcotráfico; la descomposición moral de la sociedad, la destrucción de cientos de miles de hectáreas de bosques y el daño ambiental masivo resultante de ello2; la intoxicación de la economía por la repatriación de bienes y el lavado de activos3, y la cooptación del Estado por parte de los grupos armados narcotraficantes, etc. Pero aún así, hay quienes afirman, con ligereza, que es mejor que el Estado administre la distribución de las SPA ile1 ROCHA, García, Ricardo. “Las Nuevas Dimensiones del Narcotráfico en Colombia”. UNODC, Ministerio del Interior y de Justicia de la República de Colombia, 2010. 2 Ibíd. Capítulo 4 3 Ibíd. Capítulo 3

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Obra de Fernando Molina Acosta. Tinta sobre papel. Cortesía del autor.

Tercer año del Programa Nacional de Justicia Disciplinaria y Derecho Probatorio arturo ronderos salgado elsa patricia ordóñez pérez coordinadores académicos división de capacitación iemp

"Un reciente estudio realizado por la CICAD-OEA, apoyado por UNODC, plantea uno de los problemas más notorios asociado con la drogadicción, las conductas delictivas relacionadas con las drogas y los problemas familiares generadores y generados por el abuso de sustancias". 7 mitos de la legalización de las drogas. Gómez Rubio, Juan David (2012).

Actualmente se observa una confusión al emplear el término despenalizar8 (lo cual, con respecto al consumo de SPA ya es permitido por las Convenciones antidrogas vigentes, especialmente la Convención de 1988), y el término legalizar9. Tener drogas legales implica, necesariamente, legalizar su producción, tráfico y distribución. Esto supondría eliminar la actual contradicción entre la despenalización del consumo de drogas (y porte de la llamada dosis personal), y la ilegalidad de la producción, tráfico y distribución de las mismas. El régimen internacional vigente ya permite la no-penalización o despenalización del consumo de drogas ilícitas –aunque pueda resultar contradictorio– pero no admite su legalización. Los defensores de la legalización exponen que sería necesario cambiar el marco regulatorio internacional de las Convenciones de 1961 y 1971 mediante el

consenso, y entretanto, puede hablarse de despenalización, que es lo que permite el régimen vigente. También hablan de regularización, como eufemismo para referirse a la legalización de las drogas, cuya distribución sería controlada por el Estado. Los promotores de la despenalización –regularización– legalización afirman que sus opositores sólo plantean argumentos morales, ideológicos y/o políticos, más no científicos10. El libro 7 mitos de la legalización de las drogas publicado por el IEMP resume algunos hallazgos científicos y estadísticas, dentro de la extensa bibliografía sobre el tema, que demuestran que el consumo de drogas ilegales entraña peligros mucho mayores que el consumo de las drogas legales, a nivel individual, familiar y social. Lo malo de las drogas ilegales no es su prohibición; deben seguir prohibidas porque son el daño que causan a la sociedad, y a los individuos que las consumen.

8 La RAE define: “Dejar de tipificar como delito o falta una conducta anteriormente castigada por la legislación penal.” 9 Ibíd.: “Dar estado legal a algo.”

10 http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-334456-el-dilema-moral-de-los-narcoticos

En aras de dar continuidad al proceso de actualización a los operadores disciplinarios del Ministerio Público, el IEMP, por tercer año consecutivo, lleva a cabo el programa nacional de capacitación en Justicia Disciplinaria y Derecho Probatorio, ampliando el conocimiento de los servidores y brindando espacios de discusión para analizar los enfoques conceptuales en la materia. La capacitación en 2012 se adelanta en ciudades como Yopal, Ibagué, Valledupar, Barranquilla, Popayán, Manizales y Bogotá. El programa académico se diseñó con base en las sugerencias formuladas en las evaluaciones del evento ejecutado en el año 2011, en temas requeridos por los operadores disciplinarios que, de acuerdo con su experiencia, generan dificultad en su aplicación. El año pasado en este mismo programa se capacitaron 436 servidores. Para esta vigencia, con el apoyo de la Red de Formadores del IEMP, se espera superar esta cifra y capacitar a los nuevos personeros municipales que han hecho parte, en años anteriores, de estos procesos de formación. Los temas contemplados son los procedimientos ordinario disciplinario y el verbal, las pruebas en materia disciplinaria, las notificaciones, comunicaciones, nulidades y revocatoria. » 15

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Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

Cortesía Jeimy Saldaña - Escuela de Justicia penal Militar

Seminario Formador de Formadores en DDHH Y DIH

La Escuela de Justicia Penal Militar en Colombia se creó como un "instituto de capacitación para funcionarios del Cuerpo de la Justicia Penal Militar y miembros de la Fuerza Pública, (...) donde se prepararán funcionarios de todos los niveles en el análisis, la investigación y aplicación de la doctrina y política criminal vigente en materia del Derecho Penal Militar, los DDHH, derecho en el marco de las operaciones militares, operativos policiales y el DIH." Res. 0684 de 2003 del Ministerio de Defensa.

arturo ronderos salgado coordinador académico división de capacitación iemp

El pasado mes de mayo inició en Bogotá la quinta fase de la capacitación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el marco del programa presidencial de Lucha contra la Impunidad, componente DDHH y DIH, con el apoyo de las escuelas de capacitación de la Procuraduría General de la Nación − IEMP, de la Fiscalía General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, de la Escuela de

Justicia Penal Militar y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El programa académico se ejecutó a través de formadores de la Universidad del Rosario, de la Fiscalía General de la Nación y de la Escuela de Justicia Penal Militar. Al evento, que será replicado en Santa Marta, Villavicencio y Cali por integrantes de la Red de Formadores del IEMP que participaron en la capacitación, asistieron, además, 20 funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de la fuerza pública y,

Segundo Congreso Internacional de Derecho Disciplinario carlos h. garcía orrego jefe división de capacitación iemp

Los fenómenos de la criminalidad que se presentan hoy en día, tienen una dimensión universal que traspasa las fronteras de los estados y que pone en riesgo la viabilidad y la institucionalidad de los mismos. Una de estas modalidades se presenta a través de la corrupción, que afecta de manera sustancial al sector público, con una alta complicidad de los privados. 16 »

Dentro de este contexto, la Procuraduría General de la Nación, como órgano rector del Ministerio Público, encargada de la vigilancia de la conducta oficial de los servidores, el cuidado de los bienes y patrimonio público, y la protección de los derechos humanos, ha programado el Segundo Congreso Internacional de Derecho Disciplinario con el objeto de conocer los principales instrumentos con que cuentan los países iberoamericanos para la lucha contra la corrupción, com-

por supuesto, de la PGN. Durante los tres días del evento se tocaron temas como el derecho penal internacional donde se habló sobre los antecedentes de la Corte Penal Internacional, su estructura administrativa e intervinientes, los factores de competencia, los aspectos jurisdiccionales y procesales y las violaciones a los derechos de la mujer, niños, niñas y adolescentes consagrados en el Estatuto de Roma.Otro de los temas abordados fue la identificación de infracciones al DIH en la normatividad interna como los crímenes de guerra, referencias a los crímenes correspondientes en el derecho internacional público, y las infracciones al derecho internacional humanitario en el derecho disciplinario colombiano. Por último, se analizaron los derechos de las víctimas en el caso de violaciones a los DDHH y al DIH, y el concepto, desarrollo y ordenamiento jurídico colombiano de la categoría de víctima. Los participantes de la PGN en este programa de formación -de las procuradurías delegadas Disciplinaria de Derechos Humanos, de Fuerzas Armadas y de la Sala Disciplinaria: Luz Marina Achury, Linda Consuelo Cely, Liliana Guzmán Lozano, Luis Eduardo Acosta y Luis Alberto Cardona-, dictarán estos mismos módulos con docentes de la Escuela de Justicia Penal Militar y Fiscalía General de la Nación, en las ciudades antes mencionadas. La Entidad facilitará en las diferentes regiones las salas de audiencias para desarrollar los programas académicos que se dictarán a servidores de las procuradurías regionales y provinciales, y a procuradores judiciales penales. partir experiencias exitosas y, de esta forma, generar gestión del conocimiento en la materia. El IEMP, como unidad de capacitación del Ministerio Público, aprovecha la oportunidad para fortalecer su estrategia de internacionalización vinculando a profesores de reconocido mérito académico en el ámbito iberoamericano, y a los más reconocidos juristas, directivos del Estado y doctrinantes nacionales para crear un escenario de divulgación y confrontación de tesis en torno al derecho disciplinario y de regímenes de control a las actuaciones de quienes prestan sus servicios a la función pública.

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mayo de 2012 Juan David Durán Castañeda - IEMP

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Participantes del curso Seguridad y Defensa Nacional que se realiza en la Escuela Superior de Guerra.

Seguridad y defensa nacional: Perspectiva estratégica hacia el Ministerio Público adriana elena martínez díaz oficina coordinación de relaciones internacionales pgn

La securitización1 de la agenda es una dinámica no solo nacional sino también internacional. Definir y concretar acciones, políticas y líneas estratégicas en tormo a temas que se requieren como prioritarios en cooperación y sensibilidad internacional, se convierte ahora en una necesidad para todos los funcionarios públicos que de una u otra manera ven de forma transversal temas como el conflicto armado, el respeto por los derechos humanos y la economía para la defensa. En este contexto, emergen temas tan complejos y variados como el control del armamen1 “El concepto de la securitización está basado en el uso político de términos como “inseguridad” y “amenaza” de parte de las elites estatales y no estatales y sus efectos concretos, lo cual sugiere que el poder de la “seguridad” se halla en su uso en los discursos políticos (Waever 1995). En consecuencia, estudiar la securitización exige reemplazar los estudios tradicionales basados en la identificación de amenazas objetivas a la seguridad con un análisis de por qué y cómo las elites políticas identifican ciertos problemas como amenazas a la seguridad (Waever 1995: 49)”. Los estados y la securitización: dinámicas de seguridad andina. Arlene B. Tickner, profesora titular Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes. Bogotá. 2008.

to, los acuerdos destinados a prevenir las transferencias de armas y tecnologías de destrucción masiva, el tráfico de estupefacientes, el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales, las guerras asimétricas2 y de cuarta generación3; temas que permiten acercar al nuevo concepto de seguridad internacional, donde seguramente el compromiso será avanzar en las definiciones y la construcción de nuevos roles y misiones de las 2 La guerra de cuarta generación denominada de tipo asimétrico. El concepto de las guerras asimétricas y del uso estratégico de la asimetría, entendido en su forma más amplia como “el uso de algún tipo de diferencia para obtener una ventaja sobre el adversario” (Metz y Johnson, 2001). De Clauseitz a la guerra asimétrica: Una aproximación empírica. Revista de relaciones internacionales, estrategia y seguridad. Enero – Junio año/vol. 2. Número 001. Universidad Militar Nueva granada. Bogotá, Colombia. 3 “La llamada Guerra de cuarta generación es una denominación dentro de la doctrina militar estadounidense que comprende a la Guerra de guerrillas, la Guerra asimétrica, la Guerra de baja intensidad, la Guerra Sucia, el Terrorismo de Estado u operaciones similares y encubiertas, la Guerra popular, la Guerra civil, el Terrorismo y el Contraterrorismo, además de la Propaganda, en combinación con estrategias no convencionales de combate que incluyen la Cibernética, la Población civil y la Política. En este tipo de guerras no hay enfrentamiento entre ejércitos regulares ni necesariamente entre Estados, sino entre un estado y grupos violentos o mayormente entre grupos violentos de naturaleza política, económica, religiosa o étnica”. http://www.esdegue.mil.co/ index.php?option=com_content&view=article& id=109&Itemid=27

instituciones para prevenir las nuevas formas delictivas y enfrentar dichos fenómenos. En procura de lo anterior, desde marzo de 2012, en coordinación con el IEMP y la Oficina de Asuntos internacionales de la PGN, se adelanta el primer curso en temas de Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra, “institución de educación superior militar, que forma y capacita a los oficiales superiores de las Fuerzas Militares como comandantes integrales, líderes y estrategas, expertos en el planeamiento y la conducción de operaciones conjuntas y asesores en seguridad y defensa

nacionales; además contribuye a la creación de una cultura en seguridad y defensa nacionales (sic) en la ciudadanía”4. Un total de 40 servidores de la Procuraduría General de la Nación hacen parte del grupo que recibe esta capacitación, en la que se brinda a los participantes herramientas de análisis sobre la seguridad y defensa de la nación, y que busca desarrollar conocimientos, competencias y habilidades en los funcionarios de la Entidad sobre el tema para así contribuir, desde su campo de acción, a generar una mejor articulación entre las Fuerzas Militares y el Ministerio Público, y diseñar propuestas que permitan soluciones integrales para la problemática nacional en materia de defensa y seguridad nacional. 4 http://www.esdegue.mil.co/index. php?option=com_content&view=article&id=1 09&Itemid=27.

2do. Congreso Internacional de Derecho Disciplinario La Procuraduría General de la Nación y el IEMP invitan al Segundo Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, los días 26 y 27 de julio de 2012, Centro de Convenciones del Hotel ar Salitre (Cra 60 No.22-99, Bogotá-Colombia).

Informes e inscripciones: Simplex: PBX 57(1) 8773668

[email protected] » 17

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Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

Liderazgo prosocial:

Oficina de Prensa - PGN

hacia un liderazgo participativo

"El liderazgo de la PGN no puede limitarse al logro de resultados personales y al desarrollo de competencias individualizadas, debe en cambio apuntar más a un liderazgo prosocial teniendo en cuenta la misión y la visión de la Entidad".

anne llider gil batista coordinadora académica división de capacitación iemp

En el mes de marzo finalizó el programa de Formación en Liderazgo que realizó la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Estudios del Ministerio Público con la participación de 42 funcionarios de la Entidad. El programa contó con sesiones presenciales de capacitación en diferentes competencias, sesiones de coaching individuales, y finalizó con una evaluación de transferencia realizada con 25 participantes. Sin lugar a dudas, este proceso propició en los asistentes el desarrollo personal y profesional, generando en ellos un alto nivel de compromiso, y se constituyó como la fase inicial para hacer del Modelo de Liderazgo Ético de la PGN una realidad. La evaluación global del programa mostró un incremento del 5.5% en el nivel de conocimientos de los participantes en las diferentes competencias, comparado con las evaluaciones de aprendizaje: el porcentaje inicial (evaluación de entrada) fue de 63.8%, y la evaluación final (de sa18 »

lida) de 69.3%. Teniendo en cuenta que el programa se desarrolló en un periodo de cuatro meses este incremento es representativo, y nos alienta a continuar con programas focalizados en esta área. También es importante destacar que el promedio de calificación del nivel de satisfacción del programa fue de 93.34%. Aunque los resultados fueron satisfactorios, el liderazgo de la PGN no puede limitarse al logro de resultados personales y al desarrollo de competencias individualizadas, debe en cambio apuntar más a un liderazgo prosocial teniendo en cuenta la misión y la visión de la Entidad como Ministerio Público, es decir, el ministerio de los colombianos. Por esta razón, nos adentraremos hacia este interesante concepto, parafraseando al doctor en psicología Robert Roche -actualmente director del equipo del Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada (Lipa) de la Universidad Autónoma de Barcelona-, quien ha venido investigando los comportamientos prosociales desde 1982.

¿Qué es liderazgo prosocial? De acuerdo con Roche (2010), el mensaje implícito que acompaña a cualquier

teoría sobre el liderazgo es que los líderes necesitan producir resultados, es decir, que se enfatiza en el logro de metas y de objetivos; sin embargo, se ha estudiado o escrito mucho menos acerca de las aspiraciones del líder y el valor social que tengan sus metas y sus motivaciones. Peter Lorenzi ha definido liderazgo prosocial como una “influencia positiva y efectiva, con metas constructivas que sirven al bien común” (Lorenzi, 2004a, p283, citado por Roche, 2010). Las intenciones, la visión y los objetivos del líder son positivos (“pro”), crean o añaden valor; sus acciones atienden a las necesidades de un grupo más amplio (“social”) en vez de atender a los intereses personales o de un grupo más limitado. Por tanto, el liderazgo prosocial cambia y traslada el foco de evaluación del líder a aquellos a quienes sirve, es decir que el foco pasa del “yo” al “tú” o al “otro”. Según Roche (2010), lo “social” en el constructor del líder prosocial significa que los resultados proveen una utilidad colectiva más allá de los intereses o satisfacciones personales. Es posible que un menor interés personal coincida con un amplio objetivo social, y esta situación proverbial donde todos salen ganando (win-win) debería ser común y no una excepción. Las ambiciones o expectativas personales del líder están subordinadas a un bien mayor. Un buen líder debe anteponer los intereses de sus seguidores por encima de sus propios intereses. Un buen líder debería ser por naturaleza prosocial y sus objetivos deberían estar al servicio de una optimización cívica basada en una estima decidida hacia toda expresión de vida. El funcionamiento del mundo está profundamente ligado a la manera como las personas y las diferentes organizaciones interaccionan y cooperan o no entre sí. ¿Cuál es o debería ser nuestro compromiso frente los agentes y problemas que oprimen al mundo? Cada uno de nosotros tiene capacidades y potencial para actuar como líder prosocial pero son nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones concretas en el día a día las que determinan finalmente el uso que hagamos de este potencial que todos tenemos por el hecho de ser

Identificación de un líder como prosocial: Las tres evidencias que identifican a un líder como prosocial son: 1) la adopción,

www.procuraduria.gov.co/iemp

Contacto Contratación Publicaciones

articulación y persecución de objetivos específicos y positivos que describan y mejoren el futuro para todos aquellos que participan en ese grupo; 2) los objetivos del líder son absolutamente valiosos para un gran colectivo social y no solo para un pequeño grupo de interés o para el propio líder; 3) un líder prosocial es también un buen gestor, por lo que debe decidir e implementar eficazmente (Lorenzi, 2004b, citado por Roche, 2010). Es la prosocialidad la que da sentido y significado a su visión y aspiraciones. Recordemos que los comportamientos prosociales son entendidos como “aquellos comportamientos que sin la búsqueda de recompensas extrínsecas o materiales, favorecen a otras personas o grupos según el criterio de éstos, o metas sociales objetivamente positivas, aumentando la probabilidad de generar una reciprocidad positiva de calidad y solidaria en las relaciones interpersonales o sociales consecuentes, salvaguardando la identidad, creatividad e iniciativa de los individuos o grupos implicados”, (Roche, 1995, p.16). Esta definición propone como criterio último o principal al receptor. Por lo tanto, es la prosocialidad la que da sentido y significado a la visión y aspiraciones del líder. El liderazgo prosocial cambia el foco de medición de la efectividad del liderazgo desde los elementos físicos, psíquicos o comportamentales implicados, a los resultados experimentados por sus seguidores. Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia necesita urgentemente, más líderes prosociales, que abandonen los intereses personales y trabajen por el bienestar de los demás. El gran reto está en descubrir ¿como transformar a nuestros líderes en líderes prosociales?, o por lo menos saber cómo empezar, pues este modelo de liderazgo es sin lugar a dudas más participativo, ético y eficiente.

Investigación

mayo de 2012

Capacitación

humanos e interactuar con el mundo (Roche, 2010). Roche (2010) expresa, “a menudo perdemos la esperanza al pensar que las cosas son más concretas, monótonas, invariables de lo que en realidad son, pues pensar que la realidad es así es creer que somos insignificantes y que no podemos cambiarla. En cambio, al pensar que la realidad es nuestra oportunidad, de la posibilidad de la propia consciencia puede surgir la pregunta de cómo cambiarla y la responsabilidad de intentar mejorarla. En ésta búsqueda, se ha descubierto por la filosofía, la medicina, la biología y/o la psicología, que “la verdad” fundamental y la más profunda la constituye esa corriente de amor que fluye entre todos los sistemas y niveles”. En este sentido, podemos cambiar el mundo, siempre y cuando ese objetivo haga parte de nuestros planes y trabajemos impulsados por el amor.

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Quiénes somos

"¿Cuál es o debería ser nuestro compromiso frente los agentes y problemas que oprimen al mundo? Cada uno de nosotros tiene capacidades y potencial para actuar como líder prosocial pero son nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones concretas en el día a día las que determinan finalmente el uso que hagamos de este potencial que todos tenemos por el hecho de ser humanos e interactuar con el mundo (Roche, 2010)."

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Referencia: - Roche, R. (2012). Prosocialedad nuevos desafíos, métodos y pautas para la optimización creativa del entorno. Ciudad Nueva Grupo Editorial. Buenos Aires – Argentina.

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Mónica Vega Solano - IEMP

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Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

darío castillo sandoval coordinador unes / ddrr facultad de estudios ambientales y rurales pontificia universidad javeriana

Uno puede estar a favor de la globalización y en contra de su rumbo actual, lo mismo que se puede estar a favor de la electricidad y contra la silla eléctrica. Fernando Savater Los desafíos que enfrentan las economías locales con la llegada de nuevas reglas de juego en los mercados tras la puesta en marcha de tratados de libre comercio (TLC) con países de mayor dinamismo comercial, son inversamente proporcionales al tamaño y la eficiencia de las empresas que conforman esas economías locales. Por eso, las cooperativas colombianas (esas empresas asociativas con ánimo de excedente pero sin ánimo de lucro -tan poco comprendidas pero sí estudiadas), van a enfrentar interesantes retos en los próximos años, dada la puesta en escena de los TLC con los Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros. A pesar de lo que algunos detractores de la globalización -per se-, puedan decir, ya hay en el país algunas cooperativas “ganadoras” en estos nuevos escenarios de economías abiertas, pero los efectos de la globalización están por verse aun y tampoco es claro la estrategia que seguirán los gremios del sector o las medidas que asumirán las cooperativas nacionales para aprovechar las ventajas de los TLC, o para enfrentar las amenazas que conlleven estos. 20 »

La nueva (o antigua, como se quiera ver) realidad de mercados abiertos, que implica que las empresas busquen insaciablemente la competitividad y el crecimiento de la participación en los mercados, ha sido interpretada en ocasiones como una amenaza al modelo de la cooperación y la economía solidaria. En efecto, y como lo afirma Daniel Côté (citado por Unircoop 2007: 42) la creciente presión de los mercados hace que las cooperativas pasen de una intensidad en la coherencia con el modelo cooperativo pero con poco dinamismo en los mercados, hacia una situación en donde son muy dinámicas comercialmente pero alejadas de los principios fundantes de la cooperación. Côté (2005) afirma que las cooperativas, dada la creciente presión de los mercados, se mueven (ver gráfica) desde el punto A al punto B, disminuyendo la preocupación por el respeto a la doctrina cooperativa, incluso tendiendo en algunos casos a la completa desmutualización y a la conversión de sus figuras jurídicas (pasaje

La investigación del IEMP “Análisis de las condiciones que pueden favorecer la internacionalización de las organizaciones de economía social y solidaria”, tendrá como objetivo "identificar, evaluar y recomendar las condiciones requeridas en las cooperativas agropecuarias, agroindustriales, con actividad de ahorro y crédito y de comercialización (consumo), para realizar prácticas de internacionalización comercial".

del punto B al D). La alternativa, dada la realidad del mercado y las tendencias políticas hegemónicas, sería la de ser capaces de pasar del punto A al punto C, es decir, evitar el sacrificio de los principios, asumiendo el nuevo escenario mucho más competitivo (Unircoop 2007: 41).

Reglas cooperativas y reglas del mercado Intensidad de las reglas cooperativas A C

B

D Adaptado de Daniel Côté (2005)

Mónica Vega Solano - IEMP

Los tratados de libre comercio y los desafíos de las cooperativas

Intensidad de las reglas del mercado

En contraste a lo que plantea Côté, es que las cooperativas no sean asumidas por sí mismas, como empresas que compiten en un mercado competitivo, con ánimo de lucro, donde “el pez grande se come al chico”. Este escenario, en ocasiones contradictoria, hace que no haya puntos medios y se hallen cooperativas que se olvidan de la importancia del éxito económico o, lo que es igualmente grave, creen que el éxito económico es el fin, como en el modelo capitalista, y no el medio para lograr el fin último de las cooperativas: la satisfacción de las necesidades de sus dueños -asociados, clientes- usuarios y gestores. Por lo tanto, queda la pregunta ¿cuál es entonces el punto de encuentro entre los puntos A, B y C?

Esta y otras preguntas que surgen en medio del encuentro entre la globalización y el cooperativismo, y dando continuidad a una de las líneas de investigación iniciadas desde el año 2010 por el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), se ha iniciado el proyecto “Análisis de las condiciones que pueden favorecer la internacionalización de las organizaciones de economía social y solidaria”, cuyo objetivo será identificar, evaluar y recomendar las condiciones requeridas en las cooperativas agropecuarias, agroindustriales, con actividad de ahorro y crédito y de comercialización (consumo), para realizar prácticas de internacionalización comercial. La investigación que terminará en agosto del 2012 y que comprende 2 componentes, el económico y competitivo y, el jurídico y arancelario, cuenta con la participación de reconocidos investigadores nacionales de diferentes universidades y a su vez, la colaboración de expertos internacionales de Venezuela, Chile y España.

Mónica Vega Solano - IEMP

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La investigación del IEMP analizará "las oportunidades que ofrecen los TLC (el estudio hará énfasis en los tratados con Estados Unidos y la Unión Europea) sin descuidar en el análisis, las amenazas en lo ambiental, social, cultural, económico y político que tales acuerdos puedan acarrearle al país".

Por ahora, y para concluir con el punto de partida de la investigación, se debe afirmar que se hace obligatorio y a la vez

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mayo de 2012

imperativo para las cooperativas, conseguir el éxito económico en los mercados abiertos, la eficiencia empresarial, el desarrollo competitivo aprovechando los TLC, en equilibrio con la respuesta de las cooperativas a las expectativas, necesidades, anhelos y demandas de sus asociados, sin perder la coherencia con su modelo sino por el contrario, apalancarse en sus particularidades para aprovechar no solo las ventajas competitivas sino las ventajas cooperativas. Pero para ello, hay que indagar en las oportunidades que ofrecen los TLC (el estudio hará énfasis en los tratados con Estados Unidos y la Unión Europea) sin descuidar en el análisis, las amenazas en lo ambiental, social, cultural, económico y político que tales acuerdos puedan acarrearle al país. Bibliografía Unircoop (2007). El paradigma cooperativo en la encrucijada del siglo xxi. Autores: Juan José Rojas Herrera; Oscar Bastidas-Delgado; Pilar Gómez Aparicio; Gabriel Isola; André Martin;Paulo Peixoto de Albuquerque; Javier Andrés Silva Díaz. Ed. IRECUS, 229 pp. ISBN 978-2-922672-16-9, Sherbrooke, Canadá.

Curso de argumentación jurídica enfocado al pliego de cargos claudio camacho pinzón coordinador académico división de capacitación iemp

El IEMP adelanta en la actualidad un curso sobre argumentación jurídica orientado a la elaboración de pliegos de cargos, dictado inicialmente a servidores del Ministerio Público de las ciudades de Armenia, Cartagena, Villavicencio, Tunja y Bogotá. El pliego de cargos es la pieza procesal sobre la cual se edifica la actuación disciplinaria al realizar la adecuación típica de la conducta investigada, y permite al disciplinado conocer de manera concreta y clara el motivo del proceso constituyéndose de esa manera en la piedra angular del trámite disciplinario. El Estado se vale de sus servidores públicos para cumplir con los cometidos y fines, surgiendo de esta manera una relación en la que están inmersos deberes, obligaciones, prohibiciones y restriccio-

nes que resultan aplicables y que están previamente establecidos en la Constitución y la ley. Así las cosas, el incumplimiento de los deberes y obligaciones, el irrespeto a las prohibiciones o la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de intereses señalados, da lugar al inicio de un proceso disciplinario a efectos de determinar si la conducta existió, quién la cometió, y si el infractor actuó bajo el amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. El inicio del proceso tiene un primer marco que se establece al momento de estudiar la queja disciplinaria o el informe del servidor público, esto permite al funcionario evaluador determinar qué hechos serán materia de investigación y, cumplidas las etapas procesales, si se encuentra objetivamente demostrada la falta disciplinaria y se predica la existencia de prueba que comprometa la responsabilidad del investigado, se deberá proceder a

la formulación de cargos, siempre y cuando no confluya una causal de exclusión de responsabilidad o se determine que la actuación no puede proseguirse, caso en el cual se debe declarar el hecho ordenando el consecuente archivo de las diligencias. Con el pliego de cargos, columna vertebral del proceso disciplinario, el titular de la potestad disciplinaria individualiza e identifica de manera inequívoca al disciplinado y le establece de forma concreta cuál es la falta endilgada, las normas presuntamente violadas y el concepto de su violación, determinando además las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que posiblemente cometió la conducta, las pruebas tenidas en cuenta para formular los cargos y que sustentan la formulación, el análisis de los argumentos expuestos por los disciplinados en el proceso, la época de comisión de la conducta y la forma de culpabilidad con que presuntamente se cometió el hecho investigado. » 21

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Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

Pertinencia, consistencia y participación: Oficina de Prensa - PGN

tres claves de la educación para adultos

"Un docente de adultos debe saber que no está ante un público inexperto, así el tema le sea totalmente nuevo, pues su experiencia no solo se traza en términos de conocimientos o habilidades, sino también en expectativas, historias de vida y formas de pensamiento que de entrada hace, con o sin razón, crear unos juicios de valor frente a lo que proponga el docente".

diana sulma pardo ibarra coordinadora académica división de capacitación iemp

¿Qué motiva a un adulto a capacitarse? ¿Qué condiciones espera un adulto de una excelente capacitación? ¿Qué le lleva a calificar a un docente como bueno y diferenciarlo del que no lo es? Para quienes somos docentes, o tenemos a cargo programas dirigidos a adultos, estas preguntas son fundamentales. Por supuesto, son preguntas educativas válidas para cualquier otro grupo poblacional, que al enfocarse a adultos que trabajan y asisten a capacitaciones relacionadas con su labor, cobran unos matices particulares y específicos. El presente artículo busca pre22 »

sentar algunas pistas a estas preguntas, nacidas del trabajo realizado en 2011 con distintos grupos de docentes que hacen parte de nuestra Red de Formadores. En primer lugar, las respuestas encontradas tienen un componente común: el adulto busca en la capacitación y en el docente un plus de valor. Dicho de otra forma, el adulto espera encontrar de manera clara y concisa un valor agregado sea en términos de información, habilidades, enfoques, experiencias, preguntas, o debates en torno a lo que se capacita. Ese valor lo identifica a partir de dos fuentes: su propio saber y sus necesidades laborales. La utilidad del conocimiento no hace del adulto un comprador

de mercancías, ni del docente un vendedor de ideas, pero sí hace que el docente piense en una pregunta sustancial: ¿qué requiere saber el otro?, y al participante ¿qué necesita aprender? Esto significa un protagonismo compartido, que en el aula se gana o se pierde cuando el docente antes de diseñar su programa se pregunta por el por qué, el para qué y el para quién va dirigida la capacitación; y que el participante garantiza cuando se informa responsablemente de los contenidos y objetivos de la capacitación y se pregunta si tienen conexión con su mundo laboral y personal. En algunos momentos, estas preguntas básicas no acompañan

al docente, quien se lanza al “ruedo” sin siquiera identificar a su público, animado más por lo que sabe, que por las necesidades del otro; y a veces, sucede que el participante no hace una revisión previa del programa, prefiriendo dejarle toda la responsabilidad al docente como si el proceso de aprendizaje solo dependiese de él. En esas condiciones, la ceguera de ambos logra ser superada, pero casi siempre se convierte en la ocasión de un monótono discurso del que el participante quiere escapar y el docente extender según su parecer y conocimiento. Dar y encontrar un plus de valor significa otorgarle pertinencia a la capacitación. Y para lograrlo el docente requiere hacer un trabajo previo de indagación, un examen de sus conocimientos, una revisión de sus materiales, una deconstrucción personal, que lo saca de la fácil maniobra de repetir el mismo discurso y las mismas diapositivas, para volverse a preguntar sobre lo que sabe y lo que saben los otros, sobre lo que debe saber en relación con lo que los otros necesitan aprender. Significa descentrarse para obrar con adultez en su condición de docente. Por su parte, buscar y pedir un plus de valor significa para el participante informarse del programa, leer los objetivos, revisar los contenidos, comprender la metodología a la luz de sus necesidades. Le implica asumir una actitud autónoma e independiente frente a su proceso de aprendizaje. En últimas le significa ser adulto en su condición de persona que aprende. Ese plus de valor, esto es, ese algo que la capacitación ofrece y que facilita frente al proceso de aprendizaje, debe

ser aprovechado por el docente y el participante para generar un conflicto cognitivo, o dicho de otra forma, un movimiento interno que lleve a revisar sus esquemas y experiencias a la luz de lo que el docente y los participantes proponen. Esto significa que el docente de adultos debe saber plantear buenas preguntas, problemas, casos, dilemas, puntos críticos para captar la atención cognitiva de los participantes a quienes se dirige. Un docente de adultos debe saber que no está ante un público inexperto, así el tema le sea totalmente nuevo, pues su experiencia no solo se traza en términos de conocimientos o habilidades, sino también en expectativas, historias de vida y formas de pensamiento que de entrada hace, con o sin razón, crear unos juicios de valor frente a lo que proponga el docente. De allí que cuando se trabaja con adultos sea perentorio tres elementos: identificar las expectativas del grupo frente al tema que propone, su nivel de conocimiento y las preguntas que traen. Por ello, un docente de adultos nunca puede entrar en seco, debe hacerse una idea de su público para preparar su clase y confirmarla cuando ya lo tiene en aula. Un segundo elemento que valora el adulto es que la capacitación sea consistente. Esto debe ser explicado en dos niveles, el primero en cuanto a la estructura de contenidos y la metodología y el otro nivel en términos logísticos. El adulto no tolera la improvisación. No ve en ella el ingenio del docente ni del organizador, al contrario la considera como un factor de desorden e irrespeto. Al adulto le gusta sentir que desde el principio hasta el fin todo tuvo una debida preparación en los aspectos generales y específicos, esto es, desde el lugar que lo acoge, el material que se le entrega, la agenda que se cumple y el tiempo que se respeta; hasta los temas que se abordaron, las metodologías propuestas, los ejemplos traídos y lo que se hizo con los productos que de ellas se generó. Esa consistencia es muy valorada por el adulto. Pero ojo, aquí hago un matiz, el adulto ama el orden y la precisión durante la capacitación, pero no la inflexibilidad. Al adulto le gusta saber que tiene una voz

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mayo de 2012 Luis Miguel Estrada Cadena - IEMP

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"El adulto busca en la capacitación y en el docente un plus de valor (…) el adulto espera encontrar de manera clara y concisa un valor agregado sea en términos de información, habilidades, enfoques, experiencias, preguntas, o debates en torno a lo que se capacita".

activa en el desarrollo de la capacitación, que puede proponer, negociar. Cuando se presenta un programa en su ámbito laboral completamente rígido, se incomoda, pone en una balanza trabajo y capacitación, y opta por marcharse; y si no se va, simplemente no se queda, se inactiva cognitivamente para aprender. Este bloqueo cognitivo es parte de nuestra naturaleza humana, solo que en el adulto puede llegar a ser deliberado y consciente. Cuantas veces no vemos salones con gente pero sin participantes, y un docente fascinado por lo que dice, pero ajeno a su público. La posibilidad de negociar debe ser tenida en cuenta por el docente, que debe estar abierto a las necesidades de su público real, entiéndase este como el que llegó al aula, pero también debe saber que su flexibilidad tiene limites de negociación, marcados por sus objetivos de aprendizaje y sus condiciones de tiempo y lugar. Abrir la negociación con los adultos sin límites es exponerse a tantos cambios como participantes existan. Un tercer elemento es la participación, las capacitaciones basadas en métodos expositivos y magistrales impactan en la medida que conferencistas y expositores sean reconocidos en su medio por sus conocimientos y tengan desarrolladas sus habilidades orales, pero pretender que sea la única forma de llegar a adultos,

es un error, máxime si la capacitación dura más de dos horas y está a cargo de un solo docente. Recuerdo una frase de un docente: lo que se escucha se olvida, lo que se lee se recuerda, lo que se practica se aprende. Y la práctica implica metodologías participativas, de carácter cooperativo, esto es, talleres, estudio de caso, trabajo por problemas… Pero ya entrar a explicar este punto implicaría otro capítulo, la didáctica. Área de la educación por descubrir. Por ahora, solo recordemos: pertinencia, consistencia y participación, tres elementos claves para que un docente y un programa de capacitación para el mundo laboral sea valorado de excelente. Es seguro que a esta combinación le faltan otros ingredientes, como el valor de lo lúdico o lo ético, tan fundamental en los procesos formativos; o el aspecto evaluativo, tan clave para la educación formal; o lo interdisciplinario, tan básico en la construcción del conocimiento; pero mientras nos preguntamos por lo demás, por ahora quedémonos con estas pistas, pues de seguirlas podremos como docentes ayudar a que el adulto aproveche mejor las oportunidades de capacitación, aunque eso signifique para el participante dejar con gusto el trabajo de hoy, aunque sepa que se acumulará con el de mañana. » 23

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Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

Mónica Vega Solano - IEMP

La capacidad de gobernar y la participación ciudadana:

En la formulación de políticas públicas "fomentar la participación en las diferentes etapas es una buena práctica que ayuda a mejorar la transparencia y la obligación de rendir cuentas de la administración pública. Es un mecanismo para incluir a todos aquellos que desempeñan un papel importante en la formulación de las políticas, para involucrarlos en el desarrollo del proceso, para resolver fuentes de conflicto y para asegurar una distribución más equitativa de los recursos". Estrategias nacionales de desarrollo. Guías de orientación de políticas públicas. ONU/DAES (2007)

El reto de pasar de las promesas a las realidades en el campo de las políticas públicas jairo santander a.1 docente políticas públicas universidad de los andes

Si uno observa la reciente historia del país, se encuentra con un preocupante panorama de inestabilidad y capacidad de ejecución de las políticas públicas. Desde cuidadosos planes de acción, diseñados con los más profundos estudios técnicos, hasta las ideas más descabezadas, resultado de la feria de 1 Estudiante doctorado Ciencia Política y profesor de Política Pública, Universidad de los Andes. Investigador Observatorio Política Social, Universidad Central, y docente del Curso de Políticas Públicas del Instituto de Estudios del Ministerio Público.

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promesas del periodo electoral, se encuentran con la triste realidad de la amplísima brecha que hay entre lo que se piensa hacer y lo que realmente se puede ejecutar. Se pueden encontrar múltiples ejemplos de lo anterior. Basta solo con concentrarse en la coyuntura actual para observar que en múltiples dimensiones del quehacer estatal y a distintos niveles de gobierno las cosas no están funcionando como se había pensado. Al nivel nacional tanto la política de salud, como la de educación, están en una profunda crisis; en el orden local, podemos usar el caso de Bogotá, donde son pocas las iniciativas que lograron consolidarse en la administración que termina, y no es solo el tema de infraestructura, donde las fallas son evidentes, sino temas sensibles para el bienestar social y el desarrollo urbano como la política de hábitat y la de renovación urbana, en donde no hay ningún avance visible. Frente a la cruel realidad del fracaso la respuesta, casi de forma rutinaria, es

culpar de una falla en las normas o en el plan que pronto debe ser corregido, para “ahora sí” hacer las cosas bien. Pero, si tanto las ideas buenas, como las malas no logran consolidarse, es claro que no todo el problema puede ser de diseño y formulación de las políticas. Así, tanto para los estudios de políticas públicas como para los ciudadanos empieza a tomar mayor relevancia el tema/problema de la capacidad de gobernar que tienen los gobiernos. ¿De qué depende la capacidad de gobierno de un gobernante? Es la pregunta clave con la que se debe iniciar la reflexión. Una de las principales dificultades que ha tenido la comprensión de la forma como se debe construir política pública en el país, es que se ha dado a entender que las políticas públicas se forman desde el gobierno y que su ejecución es su responsabilidad exclusiva, olvidando todo ese apoyo social y político que se requiere para llevarlas a cabo. Y aunque es cierto que la responsabilidad de la ejecución depende del gobierno, este no actúa solo, ni define el plan de acción abstraído completamente de la sociedad. Por el contrario, a la política pública hay que comprenderla como el resultado de una acción colectiva; de una muy particular: aquella que se desarrolla en lo público, y que es resultado de una serie de transacciones políticas, en donde el gobierno ya no tiene como único objetivo ejecutar lo planeado, sino también, garantizar la coordinación y la cooperación de los actores clave. En una democracia como la colombiana, que se sostiene en un complejo entramado institucional, es difícil pensar que las políticas públicas se formen sin la apremiante necesidad, por parte del hacedor de políticas públicas, de apoyo y búsqueda de legitimad de su accionar entre los miembros de una sociedad. Mucho menos cuando los cambios sociales y políticos que se han dado a nivel mundial, han llevado a cambiar las formas de interacción entre el gobierno y los gobernados, donde estos últimos exigen mayor participación en las decisiones públicas. Por lo tanto, la capacidad de gobernar no puede verse en la actualidad

como un asunto que refiere solo a la capacidad de acción del gobierno y de los recursos que posee; sino que se tiene que ver como un tema de capacidad de coordinación, de gerencia de la acción colectiva, donde se es efectivo en la medida que, en su papel de coordinador, el gobierno logra garantizar la cooperación de aquellos actores claves que, aunque estén por fuera de su control jerárquico, son fundamentales para el adecuado desarrollo de la política pública. Esto lleva a entender que el asunto de la capacidad de gobernar no es el de ejecutar, ni solo depende de la conducta del gobierno; es decir no es un problema simplemente de gobernabilidad, sino es un tema de poder gerenciar-coordinar toda una acción colectiva que se desarrolla en lo público, de lograr coordinar los recursos e intereses de los actores clave con la idea de política pública que se pretende implementar, es un asunto de gobernanza. A penas se comprende de este modo, el éxito del gobierno empieza a depender de otros factores. Más que los recursos y las capacidades normativas e institucionales, la capacidad de negociación, de persuasión y convencimiento empiezan a ser primordiales. Una buena gerencia debe llevar a sacar adelante la política en cualquier entorno, por difícil que este sea. La confianza, por ejemplo, resulta ser fundamental para lograr un esquema de un gobierno estable alrededor de la política pública. Si los ciudadanos confían en el gobernante, si consideran que va a cumplir con sus compromisos y acuerdos, que está ahí para gobernarlos, seguramente la ejecución de la política pública será mucho más fluida. No se puede obligar a nadie a cooperar, la cooperación es producto de la capacidad de negociación y generación de incentivos que tenga el gobernante. Si se utilizan métodos coercitivos, de regulación y control, lo único que se logra es que los actores estén buscando la forma de burlar el acuerdo, de evadir la norma o el control para sacar ventaja, llevando a pérdidas de gobernabilidad y en últimas al fracaso de la política.

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mayo de 2012 Mónica Vega Solano - IEMP

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"El éxito de los presupuestos participativos en Brasil parece deberse al hecho de que los gobiernos locales mostraron claramente al público las repercusiones sociales de sus inversiones". Estrategias nacionales de desarrollo. Guías de orientación de políticas públicas. ONU/DAES (2007)

Una política pública estable se basa en el consentimiento de las partes participantes, en la idea común de que la ruta de acción es la más adecuada para solucionar el problema socialmente relevante y de que al igual de que es importante para el gobierno lo es para ellos. Una política pública exitosa depende del nivel de apropiación que haga la sociedad de ella, no se impone, se transmite. Por ello la participación social dentro del proceso de formación de política pública es fundamental, porque garantiza que los actores y la ciudadanía en general sientan que sus intereses se ven reflejados en la estrategias y acciones que el gobierno pretende poner en marcha, y esto, es el mejor punto de partida para el consenso que se requiere para un adecuado gobierno de la política. Resulta frustrante ver el poco interés que algunos gobernantes le ponen al tema de la participación, muchos hasta la consideran un estorbo para poder llevar a cabo sus planes, una intromisión indebida de la sociedad en los asuntos de gobierno que limita su capacidad de acción. Cuando realmente es todo lo contrario, la participación es la base de una mejor capacidad de gobierno en las actuales democracias: mayor estabilidad y eficacia de las políticas públicas está asociada estrechamente a ello.

Esta breve reflexión pretendía extender una invitación a pensar sobre aquello que en la actualidad determina la capacidad de gobernar, lo que es, en últimas, un factor determinante para poder desarrollar una buena obra de gobierno y la ejecución de políticas públicas que realmente impacten a la sociedad llevando al bienestar. Es una reflexión que se inscribe en una visión de política pública, que requiere ser profundizada para ver sus exigencias y alcances; es el enfoque de la participación y del buen gobierno como partes integrales, y no opuestas de la política pública. Su abordaje lleva a otros retos y preguntas, pero permite un avance frente a la idea de que gobernar es mandar, “aunque se mande mal”, y a la idea llana y simplista de que la democracia es el gobierno de las mayorías. Es más bien la búsqueda de un equilibrio entre gobernantes y gobernados, y una búsqueda colectiva de una política que piense en lo social más allá del escritorio y de la barriada, de lo prometido y la realidad.2 2 Las disertaciones presentadas por el profesor Santander, hacen parte de las discusiones que abordamos en el curso de políticas públicas dirigido por el IEMP. Este curso busca brindar a sus participantes herramientas prácticas para pensar en la política pública más allá de las leyes o los programas y planes de desarrollo. Si desea conocerlo y participar escriba a la coordinación académica [email protected]

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Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

miguel álvarez-correa g. coord. del ospa y del osrpa1 división de investigaciones sociopolíticas y asuntos socioeconómicos del iemp

El propósito y la pretensión de todo observatorio es el de generar conocimiento, análisis y propuestas oportunas acordes a las realidades sociales e institucionales de un país frente a aspectos puntuales. Por ello, el compromiso es arduo ya que conlleva impulsar múltiples procesos de investigación de manera sostenida en el tiempo. Producto de las labores desarrolladas por el Observatorio del Sistema Penal Acusatorio (OSPA) se entregó, a principios del mes de mayo de los corrientes, el primer tomo de una trilogía sobre delitos sexuales, que se centra en los agresores y aspectos varios del desempeño judicial, documento que será editado por el IEMP bajo el título Dígame: ¿Por qué? Agresores sexuales. Motivaciones y actuaciones judiciales, que estará disponible al público para su consulta desde junio de 2012. Así mismo, pronto serán entregados seis trabajos adicionales, entre los meses de junio y julio, sobre las temáticas de los delitos en contra de la administración pública, los alcances sociales y judiciales de los accidentes de tránsito con víctimas fatales y conductor bajo efecto de alcohol o de sustancias psicoactivas, narcotráfico y sistema penal acusatorio, 1 Observatorio del Sistema Penal Acusatorio (OSPA) y Observatorio del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (OSRPA).

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salud mental y política pública en el marco del Sistema Penal Acusatorio, audiencias preliminares, tribus urbanas y política pública en Cali, Medellín y Bogotá, y sobre la venta y el consumo de sustancias prohibidas por parte de adolescentes en la Isla de San Andrés. Otros seis se encuentran en la actualidad en desarrollo. Aunque siempre los documentos entregados resultan ser el producto de labores investigativas focalizadas hacia la mejora de las políticas públicas, resulta también determinante incluir una variable formativa, ya que ciertas temáticas no solamente afectan al desempeño del sistema judicial, sino que adicionalmente impactan profundamente a toda la comunidad. De ahí que investigar conlleva implícitamente educar, formar y prevenir.

Delitos sexuales: Dígame: ¿Por qué? La vida nos lleva constantemente a enfrentarnos a situaciones de distinta naturaleza y complejidad para las cuales no estamos siempre preparados. Sin importar si estas se originan en el ámbito de lo público o de lo privado, algunas resultan provechosas, mientras que otras son indiscutiblemente funestas para nuestro bienestar y el de las personas que nos rodea. De ahí la importancia de identificar claramente aquellas experiencias de difícil superación que atropellan nuestros derechos y nuestra integridad, ante las cuales una orientación asertiva o un apoyo puntual resultaría determinante.

Mónica Vega Solano - IEMP

Investigar educa, forma y previene

"No recuerdo ya la primera vez que ocurrió. Creo que tenía como cinco años, y mi papá me decía que me quería tanto que por eso abusaba de mí. Como a mí me abusaba, entonces me libraba de las palizas… Ahora pienso que hubieran sido mejor las palizas que las violaciones (...)". Testimonio de víctima de violencia sexual incluido en la publicación Dígame: ¿Por qué? Agresores sexuales. Motivaciones y actuaciones judiciales (Álvarez-Corre et al, 2012).

Desde esta perspectiva, la agresión sexual conforma uno de estos escenarios siempre presentes de forma latente; constituye una problemática que, desde la invisibilidad de las sombras, históricamente siempre ha tenido altos niveles de ocurrencia, sin restricciones de espacios, ni de tiempo. Atiende un fenómeno que toca contextos familiares, personales y sociales, que suele ser utilizado como arma de guerra o herramienta de negocios, para satisfacción personal, o como la expresión de factores culturales. Es generalmente rechazado al unísono por las comunidades, los paradigmas sociales y jurídicos; es considerado como un acto repro-

chable, permanece y crece en silencio ante la negación de muchos de los afectados de reportar lo acontecido. Representa una conducta impulsada por múltiples posibles causas y motivaciones, estudiada por distintas áreas del conocimiento. Estas, a la fecha, aún no arrojan un parte de victoria definitivo en la búsqueda de una solución o de unos mecanismos preventivos, curativos o represivos del todo eficaces. Su labor es triple: lograr el suficiente conocimiento sobre los factores impulsadores de los agresores sexuales con el fin de anticipar el daño (físico, psicosociales, económicos, etc.), atender exitosamente víctimas directas e indirectas del fenó-

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meno, y construir y ejecutar una política preventiva exitosa. La recepción de denuncios por agresiones sexuales, conlleva obligatoriamente al desarrollo de investigaciones judiciales, las que conducen a la elaboración de perfiles criminales, que pueden desembocar en capturas y en fallos condenatorios o absolutorios. Las realidades sociales y judiciales de los abusos también generan propuestas legislativas, cambios normativos, se relaciona con la construcción de programas de intervención, etc., de un alto grado de complejidad, que no cuentan siempre con la consciencia de las comunidades, ni con el apoyo de las entidades. No obstante, más allá del andamiaje institucional elaborado en torno a la atención de la violencia sexual, se mantiene vivo un gran número de imaginarios que ayudan al desarrollo de una visión y de una comprensión a menudo equívoca y perjudicial del fenómeno. De este modo, se encuentran construcciones sociales y culturales que remiten a la operatividad de los entes judiciales (“No vale la pena denunciar al agresor sexual si igual no lo van a coger”), cuando pese a la elevada impunidad vigente, las cárceles incorporan a diario decenas de victimarios sexua-

"(...) en los dibujos de figura humana que realizan los niños y niñas abusados sexualmente hay indicadores emocionales de conflicto particularmente distintos a los indicadores emocionales de los dibujos de figura humana de niños y niñas que no han sido sometidos a situaciones abusivas." Palabras pintadas en Rostros&Rastros. Año 3, Número 7, pág. 45-67, jul-dic 2012. Bogotá. IEMP.

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les. Muy arraigada en la comunidad, esta convicción tiene soporte parcial en la dinámica judicial, y sus convicciones en vez de aliviar la incrementan. En cuanto a su naturaleza, muchos llegan a considerar que “todas las personas que abusan sexualmente de otras son enfermas” o que “las personas que abusan sexualmente de otros en lugares públicos son gente de la calle”, lo cual es falso en la generalidad de los casos, considerando la amplia variedad de tipo de agresores existentes. También muchos están convencidos que “a las personas acompañadas nunca les pasa nada”, aseveración errónea al considerar la frecuencia del abuso colectivo en los casos de asalto sexual (madre, hijas, hijos, esposos, etc.). Esta clase de actos no únicamente cumplen con que “el abuso sexual solo se presenta con violencia física”, por cuanto la amenaza verbal suele ser suficiente para doblegar a muchas de las potenciales víctimas. Además, la creencia según la cual “las víctimas de agresión sexual siempre son mujeres” no encuentra asadura si consideramos que más del 30% de las víctimas son varones (niños o adultos). También dice la creencia popular que “todos los agresores sexuales fueron abusados anteriormente”, cuando las investigaciones nos dicen que tan solo el 22% de estos dan muestra de haber padecido este flagelo en su historia personal (Álvarez-Correa M. et. Al 2004), etc. De ser así, ¿cuáles son estos motivos que llevan a tantas personas a agredir sexualmente a otras? ¿Tiene esta conducta remedio? ¿Existen mecanismos distintos a la represión para anticipar el daño? » 27

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Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

Carlos Alberto Peláez Garzón - Oficina de Prensa - PGN

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"La Audiencia Pública (AP) es un espacio de participación ciudadana, propiciado por las Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas naturales o jurídica (sic) y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con dichos programas". http://www.dane.gov.co/index. php?option=com_content&view=article&id=785

Las veedurías ciudadanas y el derecho a la información diana m. bravo aguilera asesora procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública

En varias entidades, y la Procuraduría no es ajena a este fenómeno, existen inquietudes respecto al suministro de información que solicitan las veedurías ciudadanas para el ejercicio del control social a la gestión pública, pues si bien existen deberes en este sentido, muchas veces se desborda la capacidad de las entidades para dar respuesta, bien sea por la falta de recursos físicos o humanos o por la demanda incontrolada por parte de las veedurías ciudadanas. Lo anterior, ha venido siendo objeto de análisis por parte de la red institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas1, y 1

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El artículo 22 de la Ley 850 de 2033,

en tal sentido, desde esta instancia se han dado precisiones en el marco de la ley y demás normatividad que regula el tema, brindando orientaciones respecto al alcance del derecho a la información a las veedurías ciudadanas. Atendiendo la relevancia, estas precisiones se sintetizan a continuación.

Alcance y competencias de las veedurías ciudadanas Las veedurías ciudadanas pueden vigilar las entidades y ordispuso la conformación de la red institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas, en sus distintos niveles y responsabilidades por parte de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, y como entidades de apoyo el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Escuela Superior de Administración Pública, los organismos de planeación; red que tiene como función prestar su apoyo y concurso a las veedurías ciudadanas y a las redes que las agrupan en todo lo relativo al apoyo legal y a la promoción de la vigilancia.

ganismos nacionales o territoriales, bien sean de naturaleza pública o privada, que cumplan funciones públicas, incluyendo la rama ejecutiva, legislativa, judicial y los órganos de control, así como las organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país y ejecuten programas, proyectos y contratos o presten un servicio público y que cuenten con recursos del Estado. Dentro de las facultades de control de estas organizaciones encontramos la vigilancia sobre la gestión pública de acuerdo con lo establecido en el artículo 270 de la Constitución Política de Colombia y en los artículos 100 de la Ley 134 de 1994, y 1 y 4 de la Ley 850 de 2003. La Corte Constitucional señaló en la Sentencia C-292 de 2003, que la expresión “gestión

pública” incluye no sólo la prestación de un servicio o de una función pública, sino también toda actividad del Estado encaminada al cumplimiento de sus fines esenciales, en algunos casos desarrollada por los particulares. La Corte precisa que la gestión pública “comprende actividades de propuesta, selección, desarrollo y seguimiento de programas y de ejecutores de tales programas”, lo cual incluye la ejecución de contratos o la prestación de un servicio público2. En especial, están facultadas para vigilar la correcta aplicación de los recursos, la cobertura de los beneficiarios, la calidad, oportunidad y efectividad de las intervenciones públicas y la contratación pública. En armonía con lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003, sobre funciones, instrumentos y derechos de las veedurías, para la vigilancia de la gestión tienen derecho a acceder y solicitar información pública, presentar observaciones y sugerencias, intervenir en audiencias públicas, denunciar ante las autoridades competentes hechos irregulares, solicitar que se adopten mecanismos correctivos o sancionatorios según el caso y solicitar control excepcional de la Contraloría General de la República. Como resulta claro, las veedurías tienen pleno derecho de acceder a la información sobre todas las actividades de la gestión institucional para su trabajo de vigilancia; desde luego este derecho tiene algunas restricciones frente a la información reservada, como por ejemplo los procedimientos técnicos, que son parte de los secretos industriales o de patentes, cuando la información tenga relación con la defensa o seguridad nacional, con los datos 2

numeral 25, Sentencia C-292 de 2003

| cumplimiento del principio de publicidad fijado en el artículo 209 de la Constitución Política y en Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información del Comité Jurídico Interamericano, principio No. 2 del 7 de agosto de 2008 CJI/RES.147 (LXXIII-O-08). Dicha información debe ser actualizada, clara y en lenguaje sencillo.

Uso de las tecnología de la información y las telecomunicaciones Con el fin de garantizar el acceso a la información sobre las actividades y actuaciones, la entidad puede facilitar la consulta y copia de documentos públicos. Al respecto ha precisado la Corte Constitucional que “el control efectivo de los ciudadanos sobre las acciones públicas requiere no sólo una abstención por parte del Estado de censurar la información sino que demanda una acción positiva consistente en proporcionarle a los individuos los medios para que accedan a los archivos y documentos en los cuales se plasma, día a día, la actividad estatal [...].” 4 Por lo tanto, la entidad puede publicar la información de interés público, ubicándola en sitios, archivos, informes, registros, publicaciones, para que sea de fácil consulta, de acuerdo con los intereses de los ciudadanos, respetando siempre la reserva legalmente establecida. 4

Sentencia C - C- 872 de 2003

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Se debe aclarar que esta disposición proactiva de información no exime a la entidad de la obligación de responder las peticiones ciudadanas de información institucional pública.

Diálogo y acuerdos Para aliviar la solicitud constante de información es recomendable llegar a acuerdos con las organizaciones sociales y veedurías, interesadas en controlar la gestión de las entidades, sobre mecanismos que pueden adoptarse para facilitar la comunicación dinámica y el acceso a la información institucional. Estos mecanismos deben contar con indicaciones precisas para que el ciudadano que ejerza control social individual o en forma de veeduría, obtenga la información que requiere con atributos tales como la pertinencia, claridad y oportunidad, entre otras. Por ello, es necesario realizar de forma previa la identificación de las necesidades de información pública y adoptar un lenguaje sencillo para que sea de fácil comprensión para cualquier tipo de lector. Por último, es necesario que tanto los funcionarios públicos como las veedurías ciudadanas conozcan sus derechos y deberes, pero al mismo tiempo, conscientes de la responsabilidad de la labor que desempeñan, buscando siempre los mejores resultados con los recursos y tiempos de que disponen. Oficina de Prensa - PGN

personales de un individuo o esté legalmente amparada con otra causal de reserva. Una de las preguntas frecuentes de las entidades públicas es: ¿Pueden las veedurías consultar la información directamente en la entidad o es obligación dar respuesta por escrito a las solicitudes? De acuerdo con el artículo 17 del título IV “Derechos y Deberes de las Veedurías” de la Ley 850 de 2003, la información solicitada por las veedurías es de obligatoria respuesta, exceptuando aquella que la ley ha definido de carácter reservado. Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado a través de varias sentencias, amparando el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública, precisando entre otros aspectos que: “El derecho a la información implica la posibilidad de recibir, buscar, investigar, almacenar, procesar, sistematizar, analizar, clasificar y difundir informaciones, concepto éste genérico que cubre tanto las noticias de interés para la totalidad del conglomerado como los informes científicos, técnicos, académicos, deportivos o de cualquier otra índole y los datos almacenados y procesados por archivos y centrales informáticas. Se trata de un verdadero derecho fundamental, que no puede ser negado, desconocido, obstruido en su ejercicio o disminuido por el Estado, cuya obligación, por el contrario, consiste en garantizar que sea efectivo." 3 Por ello, existen mecanismos que pueden ser utilizados para lograr satisfacer de forma ágil las necesidades de las veedurías ciudadanas y evitar la congestión de solicitudes de los despachos públicos, como los que se exponen a continuación:

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Proactividad en la publicación de información pública Si bien se deben resolver las inquietudes elevadas por las veedurías ciudadanas, la obligación legal también exige que los organismos públicos publiquen de manera proactiva información de interés público, para ello, deben poner a disposición el acceso fácil a información sobre sus funciones y responsabilidades, sin necesidad de que esta información sea solicitada, en 3

Sentencia 073/96 de 1993.

"La entidad puede publicar la información de interés público, ubicándola en sitios, archivos, informes, registros, publicaciones, para que sea de fácil consulta, de acuerdo con los intereses de los ciudadanos, respetando siempre la reserva legalmente establecida".

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Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

Juan David Durán Castañeda - IEMP

Simposio de cobro de valorización, éxito total

El auditorio de la Hemeroteca Nacional mantuvo atentos a 180 participantes durante los dos días que duró el evento.

juan david durán castañeda comunicaciones iemp

El Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), conjuntamente con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional y el apoyo del Lincoln Institute of Land Policy, desarrolló con gran éxito el Simposio Técnicas y Modelos de Contribución de Valorización. Experiencia nacional e internacional. Este evento, llevado a cabo en el auditorio de la Hemeroteca Nacional durante los días 17 y 18 de abril, contó con la presentación de expertos no solo colombianos sino también de otras nacionalidades. La instalación estuvo a cargo de Christian José Mora Padilla, director del IEMP, quien transmitió a los asistentes un mensaje del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y resaltó la importancia del simposio y lo estimó como fundamental, ya que para un futuro los resultados de la investigación adelantada por el IEMP y este espacio académico pueden “nutrir el contenido de un proyecto de ley sobre contribución de valorización en Colombia, el cual 30 »

parece necesario en las actuales circunstancias, en aras de una modernización del esquema”. El cobro por valorización es un tema que puede afectar positiva o negativamente, según el uso que le den, por eso el Procurador General de la Nación considera necesaria una revisión de la actual ley, pues, como señaló en su mensaje, esta es “anacrónica, dispersa, con vacíos y ambigüedades (…) También nos identificamos con propuestas que apunten a tener unas obras realizadas con prontitud a unos costos razonables, con cumplimiento estricto de cronogramas y presupuestos, con manejo pulcro de los recursos y una amplia participación de los propietarios, una financiación compartida, unas entidades ejecutoras y recaudadoras que trabajen con parámetros de eficiencia, eficacia y efectividad, de acuerdo con los postulados de una adecuada gestión pública, que inspire respeto, credibilidad y la confianza de los contribuyentes”. El cobro por valorización ha sido un instrumento importante para el desarrollo de las ciudades en el país, que se ha

venido utilizando desde 1921, convirtiendo así a Colombia en país experto en esta materia en Latinoamérica, tal como expresó Óscar Borrero, consultor en estudios de mercado y factibilidad económica para proyectos inmobiliarios, quien también recordó la aprobación que tienen los ciudadanos con el sistema, puesto que a través de este se han podido construir obras que han llevado progreso a sus ciudades y municipios. Asimismo, Daniel Enrique Pérez, conferencista mexicano, definió al cobro por valorización como “un instrumento para el desarrollo urbano que tiene como función principal capturar parte de la plusvalía generada por la sociedad en su conjunto por medio de obras públicas”. Si es usado correctamente, cumpliendo las normas de equidad y progresividad, se convierte en un medio de justicia social, ya que los usuarios que pagan este medio, disfrutan y aprovechan las obras que pueden generar. Durante el simposio, todos los conferencistas presentaron sus diferentes experiencias. Los participantes del evento, por su parte, pudieron nutrirse de los usos que se le han dado al cobro por valorización en Estados Unidos, Brasil, México y Ecuador *. Además, a través de las experiencia presentadas por los conferencistas, el evento permitió conocer el avance que han tenido Bucaramanga, Medellín, Manizales, Cali y Bogotá, cinco de las ciudades más importantes de Colombia, brindando un panorama más amplio del desarrollo nacional del cobro de valorización *. En la última conferencia del simposio, se presentaron * Las presentaciones de estas conferencias se encuentran en la página web del IEMP

las conclusiones del taller de expertos que se llevó a cabo el lunes 16 de abril. El grupo de participantes fue compuesto por técnicos encargados del reparto en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Bucaramanga y Barranquilla. Como primera conclusión, concertaron una definición exacta del sistema: “la contribución de valorización es un instrumento para financiar las ejecución de obras de interés público, soportado en los beneficios que estas generan, teniendo en cuenta la capacidad Conferencistas: Expertos internacionales • Martim Smolka, Co-chairman del Departamento Internacional y director del Programa para América Latina y el Caribe, Lincoln Institute of Land Policy. • Daniel Enrique Pérez, maestro en urbanismo con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México. • Vanessa Rodríguez, asesora del Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador. • Gislene Pereira, directora del LAHURB - Laboratorio de Vivienda y Desarrollo Urbano de Curitiba, Brasil. • Carlos Urrutia, fundador de Carlos Urrutia Consulting, y exgerente municipal (City Manager) en Rocklin, California, por 26 años.

Expertos nacionales • Óscar Borrero, consultor en estudios de mercado y factibilidad económica para proyectos inmobiliarios, fundador de la firma Borrero Ochoa y Asociados Ltda. • María Mercedes Maldonado, secretaria de Planeación de Bogotá. • Luis Fernando Restrepo Gómez, consejero nacional del Registro Nacional de Avaluadores y miembro de la Junta Directiva de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia. • Magda Montaña; asesora jurídica para el diseño e implementación de mecanismos institucionales de operación del Sistema Integrado de Transporte. • Luis Alberto García, director del Fonval, Fondo de Valorización de Medellín; Élmer Fabio Garcia, consultor de valorización en Cali. • Efraín San Miguel, director de Valorización Municipal de Alcaldía de Bucaramanga. • Consuelo Ordóñez, directora del Área Metropolitana de Bucaramanga. • José Jesús Arias, gerente del Instituto de Valorización de Manizales (Invama).

| de pago de los propietarios”. Asimismo, se planteó la necesidad de adelantar un estudio académico sobre la aplicación de la plusvalía, puesto que no se tiene certeza sobre este punto, y es necesario para aclarar el beneficio que produce en los inmuebles.

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mayo de 2012

Finalizando la conferencia y el simposio, el consejero nacional del Registro Nacional de Avaluadores, Luis Fernando Restrepo Gómez, propuso aplicar la estadística para calcular el pago de la contribución - puesto que es importante tener en cuenta la capacidad de cada

ciudadano -mediante el uso de tres métodos: información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a través de encuestas de hogares, ingresos y egresos y línea de pobreza; información de los municipios con la aplicación de encuestas de calidad de

vida, catastro municipal, pago de predial e ICA; y encuestas socioeconómicas. Con ello, se espera tener claridad sobre la capacidad de pago de los usuarios, llevando así un sistema de cobro por valorización justo, en el que se beneficie a toda la sociedad.

“La investigación en administración pública se define en términos de la utilidad de sus resultados”

públicas colombianas, priorizar un escenario estratégico y programático que oriente de forma planificada, sistemática, continua y pertinente la labor de la investigación en busca de la innovación en el sector público, asociado a los avances y desarrollos del sector privado y bajo condiciones de equidad, sostenibilidad y competitividad. En este sentido, afirmamos que la investigación en administración pública se define en términos de la utilidad de sus resultados, donde el conocimiento se traduce en tecnologías, metodologías, modelos o herramientas posibles de apropiar a los sistemas de desarrollo administrativo público. Se busca así, que las investigaciones contribuyan a la gestión de un conocimiento que encuentre su validación fuera del escenario de lo académico, con pertinencia y oportunidad, de la manera como lo señala el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología1 y en los términos contenidos

en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Y es con este fundamento que el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) y la Escuela Superior de Administración Pública (esap), se vinculan al fomento y desarrollo de estudios e investigaciones que generan espacios de innovación para el buen gobierno, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de los procesos de descentralización en el país. Con el mismo propósito, las entidades cooperantes han previsto la realización de un Congreso Internacional sobre Administración Pública, que se constituye en un escenario para la socialización de las principales tendencias, avances y resultados de la investigación en temas pertinentes para la gestión de las políticas públicas en sus dimensiones de lo gubernamental, lo social y lo económico. El encuentro que contará con la participación de reconocidos académicos nacionales e internacionales, permitirá la construcción de una agenda para la innovación e investigación en la administración pública colombiana y brindará a los gobiernos nacional y territoriales, herramientas para la comprensión de la gestión de las políticas sobre ciencia, tecnología e innovación aplicadas a una gestión con vocación de servicio al ciudadano.

La investigación e innovación en administración pública, un propósito interinstitucional orientado al servicio ciudadano y al fortalecimiento de la capacidad de gestión del sector público colombiano. maría de jesús martínez f. profesional facultad de investigaciones de la esap

Desde 1960 hasta hoy, la investigación en la Escuela Superior de Administración Pública (esap) ha sido un componente esencial e integral de su función académica misional. En la actualidad, la esap reconoce la función de investigar como un “bien y un servicio público” que orienta la actividad académica hacia el estudio especializado de los problemas de naturaleza administrativa pública, para contribuir con el fortalecimiento de la capacidad estatal para la gestión de las políticas públicas y afianzar los procesos de democratización, descentralización y modernización de la administración pública, desde los ámbitos nacional y territorial.

Ahora bien, en la medida que la administración pública es la puesta en práctica del concepto de servicio público, que se traduce en servicio al ciudadano, y que la ciudadanía tiene ante todo el derecho de acceso y disfrute de bienes y servicios de calidad, la investigación debe orientarse precisamente al desarrollo de competencias y capacidades para que el sector responsable de los asuntos de gobierno garantice la gestión y provisión eficiente y eficaz de dichos bienes y servicios, que son públicos al estar destinados al logro de la calidad de vida y el bienestar en lo individual y lo colectivo, con la premisa de un país que reconoce la diversidad y complejidad en los diferentes ámbitos de lo institucional. A partir de esta noción sobre servicio público, la realidad social de nuestro país exige de la academia una mirada investigativa acorde al entorno y al contexto en el que se sitúa el quehacer administrativo público y por ende, las relaciones del Estado con la ciudadanía, lo que demanda de la esap, y en general de las instituciones

1 En términos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, se entiende por investigación aplicada: “la modalidad de investigación científica, donde el proyecto que se ejecuta en grupo, se caracteriza porque la producción y apropiación de los resultados obtenidos encuentran desde un inicio, su escenario de validación por fuera del ámbito académico. Los resultados de la investigación aplicada permiten no solo su uso en la solución de problemas específicos a nivel micro sino a gran escala, lo que permite comercializar productos para genera utilidades, para lo cual, se apropia la estrategia de la consultoría como principal instrumento de proyección institucional”. De esta manera, la esap concibe la función de investigación como un bien y servicio público, en los documentos de Política Institucional adoptados mediante los Acuerdos 04 de 2005 y 010 de 2006.

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Innova

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Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

Luis Alberto Ujueta Cárdenas - IEMP

La responsabilidad social de las personerías ante la Ley de Víctimas del conflicto armado interno Para responder a los más de cuatro millones de desplazados por el conflicto, la ley aprobada por 62 votos a favor y tres en contra, busca reparar el menoscabo a los derechos fundamentales. luis alberto ujueta c. coordinador académico - programa personeros municipales división de capacitación iemp

La primera fase del Programa Nacional de Capacitación en Derechos Humanos que desarrolla el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), dirigido a los personeros y personeras municipales que asumieron este reto a partir del mes de marzo del presente año, se denomina La responsabilidad social de las personerías, resaltando la importancia de la figura de esta instancia en el ámbito municipal y el impacto de sus actuaciones en la comunidad. La personería municipal -figura tan necesaria en nuestros días como pilar fundamental del Estado Social de Derecho, para asegurar la dignidad humana, el buen comportamiento de los servidores públicos en los municipios y para ejercer el control y la vigilancia al ejercicio de poder-, debe ser fortalecida, reconocida y empoderada para cumplir con el mandato constitucional y legal en la promoción, difusión y protección de los derechos humanos. La expectativa generada por la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, conlleva una serie de inquietudes relacionadas con medidas que el Sistema Universal de Derechos Humanos denomina 'justicia transicional'; es decir, 32 »

el conjunto de mecanismos y herramientas para allanar el camino de una situación de graves y masivas violaciones de derechos humanos a la reconciliación y sendero para la paz, las cuales buscan hacer efectivo el goce a derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Para la ley la atención, asistencia y reparación son sus principios rectores. Promulgada el 10 de junio de 2011, establece un conjunto de medidas judiciales, administrati-

vas y económicas, individuales y colectivas, con beneficio para las víctimas por violaciones; sufrimientos por hechos ocurridos a partir del primero de enero de 1985 como consecuencia

Responsabilidades Ministerio Público: Ministerio Público Defensoría del Pueblo Procuraduría General de la Nación Personerías

• Recibir las solicitudes de quienes se consideren víctimas, en los términos del Art. 3 de la Ley 1448 de 2011, para la inclusión en el RUV. • Garantizar la atención preferente y orientación de las personas que solicitan la inscripción en el RUV. • Diligenciar correctamente y en su totalidad el formato o herramienta de solicitud de registro. • Disponer de medios tecnológicos y administrativos para la toma de la declaración. • Remitir el original de las declaraciones tomadas en físico el día siguiente hábil a la recepción. • Verificar los requisitos mínimos de legibilidad en los documentos aportados por el declarante. • Garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información y abstenerse de hacer uso de esa información. • Informar a la víctima acerca de la gratuidad del trámite del procedimiento de registro y que no requiere apoderado. • Acompañamiento y asesoría en los procesos de indemnización. • Concretar con las víctimas la reparación simbólica y las medidas de satisfacción en coordinación con las definiciones de los comités territoriales de justicia transicional.

Responsabilidades de las personerías: Personerías Municipales o Distrital

• Acompañar a la alcaldía municipal en el cumplimiento de las funciones asignadas frente a la ocurrencia de hechos victimizantes masivos. • Inscribir (los primeros 90 días del año) las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, interesadas en integrar las mesas de participación de víctimas a nivel municipal. • Ejercer la Secretaría Técnica de las Mesas de Participación de Víctimas

de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves a las normas internacionales de Derechos Humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Medidas cuya finalidad permitirán contribuir a que las víctimas sobrelleven su sufrimiento y, en la medida de lo posible, al restablecimiento de los derechos que les han sido vulnerados; medidas entendidas como herramientas transicionales; condiciones especiales para abordar una rendición de cuentas y reparación de víctimas, relacionadas con el derecho a la verdad, la justicia y su reparación. Para estos efectos, la ley prevé medidas de ayuda humanitaria, asistencia y reparación, las cuales deberá adoptar el Gobierno Nacional dentro de los seis meses siguientes a su expedición; así mismo, crear un Plan Nacional de Financiación mediante documento Conpes que permita la sostenibilidad de la ley, tomando las medidas necesarias que garanticen la persecución efectiva de los bienes de los victimarios con el fin de fortalecer el Fondo de Reparaciones. Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones.

Qué derechos tienen las víctimas: • Derecho a la verdad, justicia y reparación. • Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario. • Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad. • Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.

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No solo el Estado: La ley reconoce los esfuerzos transicionales que propenden por la materialización de los derechos de las víctimas, especialmente a la reparación, las cuales involucran al Estado, la sociedad civil y el sector privado. El Gobierno Nacional diseñará e implementará programas, planes, proyectos y políticas que tengan como objetivo involucrar a la sociedad civil y la empresa privada en la consecución de la reconciliación nacional y la materialización de los derechos de las víctimas. Esta histórica decisión tiene varios desafíos para su implementación, por lo tanto, amerita su promoción y divulgación a través del compromiso institucional para atender a las víctimas.

El IEMP trabaja por el capital humano El IEMP trabaja por la gestión del conocimiento, la transformación de las personas en talentos y estos en capital humano. Luis Miguel Estrada Cadena - IEMP

• Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación integral. • Derecho a que la política pública tenga un enfoque diferencial. • Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se haya dividido el núcleo familiar. • Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad nacional. • Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojada de esta en los términos que establece la ley. • Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas determinadas en la ley. • Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o intervinientes. • Derecho a las mujeres a vivir libres de violencia.

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"La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual dos o más personas gestionan la solución directa de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado (diferente al juez) denominado conciliador". Conciliar antes que demandar. Cartilla PGN. En la foto capacitación a conciliadores en derecho de la Procuraduría.

“No hay nada permanente, excepto el cambio” – Heráclito 513 a. c. rolan oswaldo sánchez ojeda asesor dirección iemp coordinador programa certificación competencias

El año 2012 –denominado de la consolidación en el IEMP−, para el programa de certificación de competencias de la PGN, tiene un carácter estratégico no solo a nivel interno sino en el sector público en general, que se refleja en los dos proyectos que componen dicho programa, cuyos avances presentamos en esta edición del innova.

Certificación en conciliación Como ya es de público conocimiento desde el año

2011 el IEMP viene adelantando el Diplomado de Conciliación en Derecho para servidores de la PGN, por delegación expresa del Procurador General de la Nación. En el mes de enero de 2012, iniciamos el segundo diplomado con la participación de 31 servidores no solo de la ciudad de Bogotá sino de Villavicencio, Ibagué, Tunja y Neiva. Esta capacitación brinda la oportunidad a los servidores que actualmente apoyan las actividades de conciliación, para que obtengan una certificación académica en resolución de conflictos que los habilita como conciliadores en derecho. Su terminación está prevista para el mes de junio, una vez los participantes hayan superado la etapa de pasantías que actualmente cursan y para las cuales contamos con el apoyo de las diferentes delegadas que adelantan conciliación, al designar 12 tutores.

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Para este año se proyecta el adelanto de un tercer diplomado, esta vez dirigido a los servidores de la región, específicamente en la ciudad de Bucaramanga, en alianza con una universidad de dicha ciudad. Ello nos permitirá llevar el diplomado no solo a nuestros funcionarios que adelantan conciliación en esta zona sino brindar la oportunidad para que se vinculen personas de otros sectores, ya sean públicos o privados, lo que también le permitirá al IEMP recuperar parte de los recursos que invierte en la formación. Por otra parte, y con el fin de visibilizar los resultados del adelanto de este proyecto, para el mes de junio debemos iniciar el estudio de análisis de impacto del diplomado adelantado en el año 2011, aplicando la metodología instituida en el kit de herramientas del IEMP.

Certificación de competencias laborales Este proyecto, en el año 2012, abarca cinco estrategias. La primera de ellas es adelantar las auditorías de certificación para las nueve ciudades donde iniciamos el proceso de certificación en la norma de atención al usuario, abarcando un total de 125 emisiones de juicio. Esta fase se adelantó entre los meses de febrero y abril de 2012. Estamos a la espera de la expedición de los respectivos certificados por parte del Sena. La segunda estrategia va dirigida a formar el equipo evaluador de competencias de la PGN en la norma de archivo quienes, a su vez, deberán apoyar en forma posterior la certificación en dicha norma para los servidores de archivo del nivel central y nacional. » 33

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Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

La tercera estrategia, que es la base de la futura certificación de personas que el IEMP proyecta efectuar en la Procuraduría, es la elaboración de las normas de competencia laboral en dos áreas estratégicas: una corresponde al proceso disciplinario, para el cual está trabajando un equipo interdisciplinario conformado por la PGN con el apoyo de tres servidores, y funcionarios de la Defensoría y del Sena; la otra, hace referencia al proceso de conciliación, donde la mesa de trabajo de carácter técnico está siendo apoyada por servidores de las diferentes dependencias que adelantan conciliación en la PGN y por servidores de la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Este trabajo se inició en el mes de febrero y proyecta trabajar hasta finales de mayo, con el fin de contar con un primer borrador de las normas para el mes de junio, el cual deberá ser puesto en consideración del Consejo Asesor del Sector Administración de Justicia. La cuarta estrategia involucra en forma directa al IEMP. Para adelantar certificación de personas en las normas que se están diseñando, el Instituto debe contar con la autorización del Organismo Nacional de Acreditación de (ONAC), que adelanta la auditoría y verifica el cumplimiento de los requisitos que la norma ISO 17024 establece. Para ello el IEMP debe efectuar algunos ajustes y adecuaciones de su sistema de gestión, actividades que está adelantando con el fin de cumplir con esos requisitos. El IEMP proyecta adelantar esta certificación hacia los meses de octubre y noviembre de 2012. Por último, la quinta estrategia se refiere a la continuación del plan nacional de certificación de competencias laborales iniciado en el 2011. Una vez contemos con los evaluadores certificados en la norma de archivo se adelantará la certificación en dicha norma para los funcionarios que administran y gestionan los archivos en la PGN. Asimismo, se dará continuidad en la certificación de otros servidores en la norma de atención al usuario, este plan deberá adelantarse entre los meses de junio y noviembre de 2012. 34 »

Continúan los cambios en el IEMP con el Sistema Integrado de Gestión jairo ángel gómez

Mejora continua

director proyecto sgc

Tomado de http://eportfolio-jmpelaez001.blogspot.com/2011_04_01_archive.html

Innova

“Mejorar es cambiar; ser perfecto es cambiar a menudo”. Winston Churchill (1874-1965), político británico.

“En un mundo superior puede ser de otra manera, pero aquí abajo, vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado muchas veces”, afirmaba John H. Newman, cardenal y escritor británico (1801-1890), y al parecer no se equivocó, pues así como él, una gran cantidad de filósofos, científicos y escritores se han referido de múltiples formas al maravilloso concepto del cambio. El mundo empresarial, sea este privado o público, no se escapa a las necesidades del cambio y casi con certeza podemos afirmar que aquella organización o entidad que no haga una adecuada gestión del cambio, está condenada a seguir ofreciendo “los mismos” servicios a un público que quiere que se mejoren esos servicios, es decir, un público que quiere cada vez más, que los servicios y productos sean diferentes, aportando mayor valor a sus necesidades y, desde luego, generando un impacto favorable en sus vidas.La mirada del Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), frente a estas necesidades del “cambio organizado”, es tangible en su direccionamiento estratégico Innovación y compromiso que se ha desarrollado desde el año 2009 y cuya finalización se espera para este 2012, que comprendió y emprendió desde aquella fecha un fuerte compromiso y una dura tarea por hacer del Instituto una entidad pública mejorada, acorde a las nuevas necesidades de la PGN y de la comunidad en general. La primera gran tarea era el diseño e implementación de una mirada sistémica al interior del IEMP, que le diera piso desde las nuevas tecnologías de la administración, como son el enfoque de gestión por procesos y el establecimiento de los métodos de gestión que garantizaran una mejo-

ra continua de los resultados del IEMP; en otras palabras, implementar el mecanismo que hiciera que el IEMP “cambie” organizada y permanentemente de acuerdo a las necesidades de sus clientes directos y de la sociedad. Este modelo de gestión diseñado, implementado y certificado por el Icontec, durante el año anterior, logró cumplir su planificación de cambio en un 90,8%, de acuerdo a la Revisión por la Dirección del 17 de febrero de 2012. Es importante resaltar que esta mirada se realizó desde el enfoque del Sistema de Gestión de la Calidad, modelo establecido bajo la norma ntc iso 9001:2008 - Sistemas de Gestión de la Calidad. Desde otra mirada igualmente importante, el Estado colombiano, en su preocupación de brindar servicios eficaces, eficientes y efectivos a la sociedad, ha adoptado importantes normas tendientes al establecimiento de sistemas de gestión de calidad en las entidades gubernamentales que sean capaces de dar respuesta a las necesidades del ciudadano colombiano, entre las que se destacan: 1) Adopción de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública ntcgp 1000: 2004 mediante el Decreto 4110 de 2004, 2) Adopción del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano meci 1000:2005, en el cual se

| determinan las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme el artículo 5 de la Ley 87 de 1993, y 3) La actualización de la Norma Técnica Colombia ntcgp 1000:2009, a través del Decreto 4485 del 18 de noviembre de 2009. Por todas estas circunstancias, una vez más, el IEMP emprendió la tarea de actualizar su Sistema de Gestión, incluyendo estos últimos requerimientos. El reto era ajustar el sistema de gestión del IEMP para que sea capaz de dar cumplimiento a los requisitos legales que le aplican, a las necesidades de los clientes o usuarios directos e indirectos (partes interesadas), a la ntc ISO 9001:2008 (norma internacional de calidad), a la ntcgp 1000:2009 (Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública) y el meci 1000:2005 (Modelo Estándar de Control Interno). Durante el año 2012, el Instituto rediseño su modelo conservando la estructura ya establecida en el año 2010, con el ánimo de dar cumplimiento a estos nuevos requisitos y, desde luego, también era necesaria la construcción de nuevos instrumentos que fortalecieron la gestión del IEMP. El modelo rediseñado se puede apreciar en la gráfica “Modelo del Sistema de Gestión Integral. Instituto de estudios del Ministerio Público”, donde se destacan los siguientes aspectos primordiales: 1. Se conserva el direccionamiento estratégico que determina el horizonte del IEMP, donde se aprecia de manera determinante su dependencia de la Procuraduría General de la Nación y se constituye la entrada fundamental para su actuación. Como otro aspecto técnico, se aprecia el diagnóstico empresarial permanente a través del dofa. Con estos elementos se constituye la misión, la visión y las estrategias necesarias para lograr alcanzar la visión propuesta. 2. Se conserva la metodología para el establecimiento de la política del sistema de gestión, mediante la cual se pueden generar otro tipo de políticas como son la Política de Gestión del Riesgo, la Política frente a la Responsabilidad Social, entre otras, o en su defecto la formulación una política integral para la gestión.

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Modelo del Sistema de Control Integral IEMP

3. El mapa de procesos identificado originalmente fue modificado para incluir los procesos relacionados con la evaluación, donde se integra Control Interno del IEMP y los métodos de control y evaluación. 4. Se conserva la metodología de la delegación de responsabilidad y autoridad de los objetivos misionales y los objetivos estratégicos, para el logro del plan de desarrollo de la institución adoptado mediante el direccionamiento estratégico. 5. Se fortalece el Sistema de Gestión Documental asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno. 6. La metodología para la medición del desempeño de cada uno de los procesos (ntc iso 9001:2008) fue reforzada con indicadores de eficiencia y efectividad, asegurando el cumplimiento de los requisitos de los estándares de ntcgp 1000:2009 y meci 1000:2005, y dada la naturaleza del responsable de la ejecución de dicha medición y análisis da respuesta a los conceptos de “Autoevaluación de la Gestión”. 7. La autoevaluación de la gestión del IEMP se ve perfectamente resuelta y complementada a través de la metodología de la Revisión por la Dirección, que incluye todos los aspectos del planteamiento estratégico (Subsistema de Control Estratégico).

8. Se fortalece la Auditoría Interna incluyendo el concepto de la “Evaluación Independiente” a través de Control Interno, aplicable a todo el IEMP, que pretende determinar el nivel de planificación, de implementación, de control y de mejora de su sistema de gestión, incluyendo desde el planteamiento estratégico los servicios misionales ofrecidos por el Instituto hasta los resultados del IEMP. 9. Se fortalecen las entradas del desempeño del Instituto a la Revisión por parte de la Dirección, entre los que se destaca la gestión del riesgo, el contexto estratégico y el ambiente de control 10. Se visualiza de mejor manera la relación del Instituto de Estudios del Ministerio Público con la Procuraduría General de la Nación y sus diversas dependencias. 11. Se visualiza de mejor manera la relación existente entre el IEMP y los organismos de control del Estado. El Instituto de Estudios del Ministerio Público liderado por su director, Christian José Mora Padilla, ha comprendido que cambiar de manera organizada es mejorar y que esta actitud debe preservarse en el futuro cercano y de manera permanente, solo de esa manera, reinventándose permanentemente, se logrará impactar positivamente a los usuarios directos e indirectos del IEMP. » 35

Innova

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Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

Jacqueline Mabel Barrios Lozano - IEMP

IEMP presente en Feria Internacional del Libro y ExpoEstatal

Durante 14 días de la Filbo, más de 415.000 personas ingresaron al recinto ferial de 51.000 metros cuadrados para disfrutar de una programación literaria, artística y cultural http://www.camlibro.com.co/

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Horizontales:

Verticales:

A. Programa nacional en Derecho, que el IEMP ha adelantado por distintas regiones del país. B. Inv., a ser el mejor, conlleva la cartilla “Modelo de Liderazgo de la Procuraduría General de la Nación”. Ciudad del noroeste de Francia. C. Inv., cuerpo u órgano vegetativo de los vegetales talófitos. Evento en el que participó el IEMP en la ciudad de Medellín, promocionando sus publicaciones. D. Entrega. Grupo empresarial especializado en desarrollo y venta de productos electrónicos. Enlaza vocablos u oraciones expresando negación. E. Organización sindical de Argentina. Institución educativa de Bucaramanga con la que el IEMP realizó convenio marco de asociación. Símbolo del boro. F. Educación que aprendió la población escolar de los grados sexto a once, en actividad pedagógica realizada por el IEMP. Sobre éste sistema, el IEMP dictó seminario taller a los servidores, a fin de evaluar el programa de capacitación. G. Estación de televisión venezolana de servicio público. Feria en la que el IEMP tuvo gran participación en diferentes ciudades del país. H. Sufijo que forma adjetivos y sustantivos, en su mayoría procedentes del latín. Lente de aumento con un mango. Sufijo que forma adjetivos, que suelen indicar relación o pertenencia. I. Símbolo del vanadio. Bebida con la que se identifica a Colombia a nivel mundial. Poderoso sindicato colombiano de la industria del petróleo. J. Inv., eslogan del IEMP que en el año 2012 se seguirá aplicando fervorosamente.

1. En criterio del Dr. Christian José Mora Padilla Director del IEMP, así fue el Instituto en el periodo 2011. 2. Que no es absoluto. Símbolo químico del azufre. 3. Composición lírica. Animal vertebrado ovíparo. Test para medir la inteligencia. 4. Poste en un puerto para amarrar los cables del ancla. Religión monoteísta abrahámica cuyo dogma se basa en el libro del Corán. 5. Sufijo que indica relación o pertenencia. Así se le conoce al plan de cuentas en contabilidad. Banda musical británica fundada en 1969. 6. Símbolo de tonelada. Federación con la que espera contar el IEMP, en la realización del II Encuentro Nacional del Ministerio Público en la ciudad de Medellín. 7. Inv., parte saliente del tejado. Sufijo que aparece en sustantivos femeninos. Símbolo químico del fósforo. 8. Río afluente del Mosa que discurre por Francia, Bélgica y los Países Bajos. Banda de música pop estadounidense. Inv., en sentido coloquial no decir palabra alguna. 9. Nombre de escritor escocés de novelas de literatura general y ciencia ficción. Presentó los colores del arco iris. 10. Inv., ciudadano al que van dirigidas todas las actividades y programas realizados por el IEMP.

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Horizontales: Psicología – lo – lee – enc – a – dinal – ir – raen – feria – Elías – rubí – alc – sena – t – cooptación – i – sie – talé – or – homo – mi – corrupción. Verticales: Planeación – so – ello – ro – i – social – i – Clara – chip – neo – poetas – leía – na – mu – o – director – ge – Rusia – r – Berni – olmo – científica.