SEMINARIO PERMANENTE SOBRE REALIDAD NACIONAL Memoria General XXIX Sesión Anual
13 de noviembre de 2013
El Estado frente a la delincuencia organizada Implementación de la Ley contra la delincuencia organizada
Ciudad de Guatemala, Centroamérica
Asociación de Investigación y Estudios Sociales Departamento de Análisis Jurídico Seminario Permanente sobre Realidad Nacional, XXIX Sesión anual, 2013. Memoria general. El Estado frente a la delincuencia organizada. Implementación de la Ley contra la Delincuencia Organizada. --- Guatemala, 2013.
50 p.;
21 cm.
ISBN: 978-9929-603-17-2
Contiene: Foro público, 13 de noviembre de 2013. 1. DELINCUENCIA.- 2.CRIMEN ORGANIZADO.-3.DERECHO PENAL.- 4. PREVENCIÓN DEL DELITO.- 5.POLÍTICA CRIMINAL.- 6.SISTEMA JUDICIAL.- 7. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.- 8. LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.- 9. ESCUCHAS TELEFÓNICAS.- 10.AMÉRICA LATINA.- 11.- GUATEMALA.- i. Barrachina Lisón, Carlos.
Editor Asociación de Investigación y Estudios Sociales © 2013 10a. Calle 7-48, Zona 9 Apdo. Postal 1005-A PBX: 2201-6300; Fax: 2360-2259 www.asies.org.gt,
[email protected] Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A. Todos los derechos reservados ©, 2013 Departamento de Análisis Jurídico (DAJ) Adolfo Alarcón Duque Carlos Escobar Armas Carlos René Vega Cynthia Fernández Roca Lorena Escobar N. de Guerrero Revisión de estilo Ana María de León de Specher Diagramación y diseño de portada Herbert Antonio Méndez Jocol Impresión Centro de Impresiones Gráficas, CIMGRA
Esta publicación es posible gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) de la República Federal Alemana. El estudio se llevó a cabo mediante una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá), bajo la Iniciativa Think Tank (TTI). Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan los puntos de vista del IDRC o su Consejo de Gobernadores, ni de la Iniciativa Think Tank (TTI).
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Índice FORO PÚBLICO Ciudad de Guatemala, 13 de noviembre de 2013 Presentación Licda. Lorena Escobar N. de Guerrero
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Hallazgos del 8o estudio: Implementación de la Ley contra la Delincuencia Organizada Licda. Lorena Escobar N. de Guerrero, Coordinadora de investigación 7 Conferencia Experiencias latinoamericanas en métodos especiales de investigación Doctor Carlos Barrachina Lisón Expositor internacional invitado
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Panel Avances y retos en la implementación de la 29 Ley contra la Delincuencia Organizada, a la luz de la situación actual Dr. Adolfo Alarcón Duque Investigador del Departamento de Análisis Jurídico (DAJ), ASIES Moderador Lic. Mauricio López Bonilla Ministro de Gobernación Lic. Javier Monterroso Asesor del Ministerio Público 3
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FORO PÚBLICO
El Estado frente a la delincuencia organizada Ciudad de Guatemala, 13 de noviembre de 2013
Presentación Licda. Lorena Escobar N. de Guerrero
La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) –comprometida con la justicia, la paz y el Estado de Derecho en Guatemala–, consideró oportuno, mediante un estudio de investigación, dar a conocer el estado de la implementación de la Ley contra la Delincuencia Organizada, para brindar elementos que permitan analizar las agendas de trabajo de las instituciones obligadas a su aplicación. Así también para cumplir con el propósito de optimizar las condiciones que hagan
efectivo el abatimiento de la dinámica propia de la delincuencia organizada, a través de los métodos especiales de investigación introducidos por esta ley, que fortalecen la persecución del delito y la imposición d el ca st i go, d ent ro d el ámbito sancionatorio de la política criminal del Estado guatemalteco. Por tal razón, el Seminario Permanente sobre Realidad Nacional, XXIX Sesión Anual 2013, el Estado frente a la delincuencia organizada, tuvo como tema central el estudio 5
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denominado Implementación de la Ley contra la Delincuencia Organizada. El seminario constó de tres actividades: la primera, un foro público; la segunda, una conferencia magistral; y por último, un panel de discusión en el que participaron autoridades del Ministerio de Gobernación y Ministerio Público. En el foro público, la coordinadora de investigación, Lorena Escobar de Guerrero presentó los resultados de la investigación y dio a conocer las acciones ejecutadas por los Organismos del Estado, así como por las instituciones i nv o l u c ra d a s e n a b a t i r la criminalidad, dentro de las seis dimensiones de implementación identificadas: normativa, administrativa, financiera, recursos humanos, tecnológica y de coordinación interinstitucional. Por su parte, la conferencia magistral estuvo a cargo del expositor internacional
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invitado el Doctor Carlos Barrachina Lisón, quien dio a conocer experiencias l at i n o a m e r i ca n a s e n e l combate al crimen organizado. El panel denominado “Avances y retos en la implementación de la Ley contra la Delincuencia Organizada, a la luz de la situación actual” fue moderado por el consultor e investigador Doctor Adolfo Alarcón Duque y contó con la participación del Ministro de Gobernación, Licenciado Mauricio López Bonilla y el asesor privado de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público Licenciado Javier Monterroso Castillo, en representación de la Fiscal General y del Ministerio Público. ASIES somete a la consideración de los actores involucrados en la implementación de la referida ley y de los interesados en la temática, el contenido de la memoria del seminario realizado.
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Hallazgos del 8o estudio*: Implementación de la Ley contra la Delincuencia Organizada Licda. Lorena Escobar N. de Guerrero Coordinadora de investigación
Antecedentes La delincuencia organizada posee lazos que trascienden fronteras y superan las diferencias culturales y lingüísticas en la comisión del delito, y se adapta por medio de nuevas formas delictivas y relaciones entre las redes criminales. Amenaza la paz y la seguridad humana, viola los derechos humanos y debilita económica, social, cultural, y políticamente el desarrollo de las sociedades de todo el mundo. Se manifiesta de muchas formas: muertes por ajuste
de cuentas, extorsiones, tráfico de drogas, uso de armas de fuego e incluso de personas, entre otras. Al mismo tiempo, aprovecha la movilidad humana para realizar el contrabando de emigrantes y socavar los sistemas financieros mediante el lavado de dinero. Ante esta situación, los Estados, a través de varias acciones de distintas categorías buscan controlar el delito y las conductas desviadas. Estas acciones son decididas y plasmadas en documentos políticos e instrumentos jurídicos.
* Proceso de fortalecimiento del sistema de justicia, avances y debilidades 2006-2012
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Guatemala ha considerado en diferentes periodos históricos que es indispensable abatir el fenómeno de la criminalidad con el diseño de una Política Criminal, que debe plasmarse en un documento político, así como en el marco jurídico nacional. En su momento, la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, indicó la urgencia de implementar, dentro de la política global del Estado, una Política Criminal. Asimismo en el año 2009, por medio de un acuerdo político denominado Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, suscrito por los tres Organismos y el Ministerio Público se ratificó dicha valoración. A pesar de estas expresiones y valoraciones, Guatemala hace frente a la criminalidad únicamente con su marco jurídico, en especial el de orden penal, del que destaca la Ley Contra la Delincuencia Organizada, aprobada en el año 2006. 8
Esta ley es producto del cumplimiento del compromiso contraído por Guatemala cuando ratificó la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida también como la Convención de Palermo en el año 2000. Su objetivo principal es determinar aquellos delitos que pueden atribuirse a las organizaciones criminales y los métodos que se pueden implementar para perseguir a dichas organizaciones, con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar la delincuencia organizada. Asimismo, plantea un enfoque distinto que se utiliza habitualmente en la investigación de delitos co m u n e s ; l a d i fe re n c i a estriba esencialmente en los medios de investigación especial, utilizados durante la investigación preliminar. Tales como el método de interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación comúnmente conocido
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como escuchas telefónicas, las operaciones y agentes encubiertos, así como las entregas vigiladas.
disponibilidad, apenas el proceso pasa de la asignación a la autorización y llega al desembolso final de fondos.
Debido a su contenido esta ley es una herramienta jurídica útil para enfrentar la criminalidad.
La falta de coherencia entre la asignación, la autorización y el desembolso, afecta el proceso de implementación.
Para una eficaz y eficiente aplicación debe contar con condiciones que permitan alcanzar el objetivo de su aprobación, y generarse dentro de un proceso de implementación. C a b e s e ñ a l a r q u e to d o proceso de implementación ocurre en tres etapas: a. E l a b o r a c i ó n d e l o s lineamientos: implica convertir la exigencia de la ley en reglamentos administrativos. b. D i s t r i b u c i ó n d e l o s recursos: se caracteriza por la negociación sobre la cantidad de los recursos y la oportunidad de su
c. La supervisión de los programas tiene tres modalidades diferentes: inspección, auditoría y evaluación. Según las diferentes dependencias públicas varían los encargados de este proceso; a veces este se regula a través de circulares que contienen directrices administrativas. En buena medida muchas entidades cuentan con departamentos especializados que se encargan de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y empleados públicos. 9
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Asimismo este proceso ha de suceder en seis áreas o dimensiones, en las cuales se realizan acciones convergentes y relacionadas entre sí para lograr el objetivo de la ley. El escaso número de acciones, su poca o nula calidad y la falta de pertinencia cultural en tan sola una de las dimensiones o áreas, afecta al resto y consecuentemente, al proceso conjunto de la implementación. Se identifican como áreas o dimensiones:
Es importante recordar que el Sistema de Justicia Penal guatemalteco impone al MP la carga de investigar y perseguir penalmente a los autores de hechos delictivos, mediante su labor de recolección de pruebas, apoyado por la Policía Nacional Civil y en su caso del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El MP debe presentar las pruebas ante juez competente, quien las acepta, diligencia y valora positiva o negativamente.
NORMATIVA
ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN
IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA
FINANCIERA RECURSOS HUMANOS
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Po r s u p a r t e , e n t o d o momento el acusado debe contar con defensa legal durante el desarrollo d e l p ro c e s o, s e g ú n l o s postulados constitucionales. Al emitir sentencia el juez fallará, basado en los hechos probados y la ley. Para establecer el estado de implementación de la LCDO se registraron las acciones efectuadas en las respectivas áreas por cada uno d e l o s Organi smos del Estado y las entidades involucradas en la aplicación de esta ley; es decir, las ejecutadas por el Organismo Judicial, Organismo Ejecutivo, especialmente el Ministerio de Gobernación por medio de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Instituto de la Defensa Pública Penal.
Resultados La investigación dio los siguientes resultados: 1. A pesar del reconocimiento estatal en diversos momentos históricos sobre la importancia de un documento político que contenga la Política Criminal, Guatemala no cuenta con este, por lo que el Estado guatemalteco debe hacer frente a la delincuencia organizada únicamente mediante su marco jurídico, en donde cobra notoriedad la LCDO.
Esta carencia dificulta el abordaje necesario que requiere el fenómeno criminal, tanto en la prevención como en la represión.
2. La información recolectada registra la inexistencia de planes, programas u h o j a s d e r u ta q u e organicen el proceso 11
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de implementación en cualquiera de las instituciones involucradas en la aplicación de la ley.
Esto incide en que las entidades improvisen las acciones para poder cumplir con los requerimientos derivados de la ley, que en algunos casos no guardan i n t e g ra c i ó n y o r d e n respecto a la labor del resto de las instituciones del sector Justicia Penal, y por ende no logran la articulación suficiente para cumplir con el objetivo de la ley.
3. S e d eterm inó que sí se ha cumplido con ex i ge n c i a s fo r m a l e s , tales como la emisión de normas reglamentarias, creación de unidades administrativas por los principales obligados; así como con el compromiso de capacitar al personal.
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4. No obstante, esta capacitación se caracteriza por ser discontinua y eminentemente teórica en todas las instituciones objeto del presente estudio.
También se estableció la carencia de perfiles para el personal auxiliar fiscal involucrado en la investigación y persecución de la delincuencia organizada, así como la falta de incentivos laborales para los integrantes de la fiscalía, quienes enfrentan riesgos y amenazas considerables, lo cual afecta el desempeño institucional en el tema.
5. Ú n i c a m e n t e el método especial de interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación se encuentra desarrollado hasta la etapa de asignación de recursos y de apropiación de responsabilidad en los
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funcionarios y empleados públicos involucrados.
Cabe destacar que este método ha demostrado su utilidad y eficacia en la desarticulación de organizaciones criminales.
6. A c t u a l m e nte ex i ste n diversos entes admin i st rat i vo s d i s p e rs o s en d i st i ntos órga nos públicos involucrados en la investigación criminal, como la DGPNC, DIGICI, DIGICRI Y DICRI. Esto constituye uno de los principales retos en materia de colaboración interinstitucional, que puede propiciar confusión en la toma de decisiones y duplicidad de trabajo. 7. Se han suscrito acuerdos
internacionales que entrañan el intercambio de los datos y los recursos operacionales necesarios para abatir la delincuencia organizada.
Intercambiar información entre los organismos competentes de los Estados es también una actividad importante que debe fortalecerse y desarrollarse.
8. Los resultados obtenidos demuestran que el proceso de implementación de la LCDO es incompleto y por ende su aplicación se ve afectada. En consecuencia, persisten dificultades en la investigación, persecución y combate a la delincuencia organizada.
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Sugerencias Ante estos hallazgos, ASIES se pronuncia respetuosamente: 1. Sugiere al MP, que en el espacio de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, lidere la elaboración de la Política Criminal de Guatemala, con la participación activa de las unidades administrativas de planificación de cada una de las instituciones involucradas en su aplicación, así como del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 2. A c o n s e j a e l a b o r a r un plan y hoja de ruta de implementación c o n j u n t a m e n t e p a ra concertar medios, esfuerzos y procedimientos para la acción común, con la finalidad de articular, focalizar y optimizar las acciones, a fin de 14
incrementar el impacto punitivo de la ley y reducir la duplicidad de esfuerzos, así como para contribuir al uso eficiente de los recursos disponibles. 3. Propone la elaboración de perfiles que incluyan nivel de estudios, experiencia, f u n c i o n e s d e l ca rgo, requisitos de instrucción y conocimientos, aptitudes y características personales indispensables. Además recomienda mejorar el proceso de capacitación continua para las personas involucradas en la aplicación de la LCDO, a efecto de integrar los conocimientos teóricos, doctrinarios, j u r i s p r u d e n c i a l e s y prácticos en especial sobre los MEI y la figura jurídica de los colaboradores. Este proceso debe ser sometido a evaluación constante para ajustarse a la dinámica que imponen las estructuras criminales.
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4. Sugiere que previamente a la implementación de los MEI restantes, se construyan bases sólidas de control, dados l a vulnerabilidad y los riesgos a los que el personal es sometido y enfrenta al tener contacto directo con las organizaciones criminales, las cuales poseen capacidad de corromper y atemorizar a las personas, en especial cuando la institucionalidad de las entidades públicas es frágil. 5. Esto constituye uno de los principales retos en materia de colaboración interinstitucional, q u e p u e d e p ro p i c i a r confusión en la toma de decisiones y duplicidad d e t ra b a j o . Po r e sta razón es imprescindible que las autoridades e l a b o r e n p ro t o c o l o s de coordinación y que periódicamente estos sean inspeccionados y
evaluados. A su vez, que la Ley de la Dirección General de Investigación Criminal sea implementada. 6. P ro p o n e re p l i ca r l a s buenas prácticas y lecciones aprendidas, adquiridas por la suscripción de los acuerdos interinstitucionales, como las derivadas del acuerdo e nt re e l Re g i st ro d e Vehículos de la SAT y el MP. 7. Insta a las autoridades a intensificar sus esfuerzos, aumentar la inversión de los recursos, mejorar la cooperación interinstitucional, con el objeto de cumplir con todas las etapas de implementación de la LCDO. Y hacer de esta una herramienta jurídica eficaz y eficiente para frenar el fenómeno de la delincuencia organizada y su impacto en el desarrollo social, económico, político y cultural de la población guatemalteca. 15
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CONFERENCIA Experiencias latinoamericanas en métodos especiales de investigación Dr. Carlos Barrachina Lisón Expositor internacional invitado
Previamente a describir las experiencias latinoamericanas en métodos especiales de investigación y su utilización en la lucha contra la delincuencia organizada, es necesario contextualizar algunos aspectos que influyen en esta: La fuerza policial: cada Estado adopta un modelo de policía, determina su cobertura basada en sus necesidades, área y extensión geográfica, cultura política. Considera la existencia de una policía única o una policía federalizada y los recursos económicos que le son disponibles para cubrir las demandas de seguridad.
La corrupción representa la infiltración entre las corporaciones del crimen organizado y de su influencia, derivado de la falta de formación, las precarias condiciones de vida del recurso humano encargado de la investigación, los bajos salarios, el estigma social por el hecho de vestir un uniforme policial. Índices delincuenciales: la delincuencia organizada y la delincuencia común, operan con metodologías distintas. En algunos países el incremento de las tasas delincuenciales se relacionan directamente con el crimen organizado, pero no necesariamente en todas las sociedades latinoamericanas. 17
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La política criminal está en el centro del debate, de la prevención y de la reacción que atienden problemas particulares de cada país, en algunos casos exitosas, otras cuestionables por sus resultados e impactos. La reforma policial contiene procesos incompletos de refo r m a q u e o ca s i o n a n problemas y dificultades, sobre todo en Centroamérica. La militarización del orden público comprende la u t i l i za c i ó n d e l E j é rc i to en temas policiales, independientemente de las leyes, o en su caso como ocurre en Argentina, la policialización. Determinación del perfil de profesional de seguridad, con el fin de establecer cuáles son los profesionales que deben de desempeñar las funciones y el grado de autonomía que tienen que tener frente a las autoridades políticas del Estado. 18
La cooperación y financiación, muchas veces se conciben como captación de ingresos, que solo con dinero es posible abatir la criminalidad, a veces no es necesario tanto dinero. En México desde el año 2008 al año 2013 se han invertido 97,800 o 98,000 millones de dólares en el combate al crimen organizado. Algunos países como México y Colombia tienen como socio en esta tarea a los Estados Unidos de América. Centroamérica no es socio potencial para los Estados Unidos lamentablemente, dado que los países del istmo tienen capacidades muy débiles; en Centroamérica, Estados Unidos otorga algunas ayudas menores para tener la posibilidad de utilizar espacio aéreo, marítimo y otras, para que la DEA pueda participar de forma discreta sobre el territorio y algunas cosas más, pero no confía en la actualidad, en las fuerzas policiales o militares centroamericanas.
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Este aspecto es necesario considerar en la toma de decisiones en seguridad. La cooperación multinacional especialmente en el área de inteligencia es fundamental, que debe de ser impulsada, dado el desplazamiento de los líderes de los grupos del crimen organizado hacia los países centroamericanos.
Una mirada a latinoamérica México Expertos en seguridad, Raúl Benítez y Sergio Aguayo, cuestionan si en México se está ganando o se está perdiendo la guerra, y concluyen que existe un empate estratégico entre los grupos del crimen organizado y el Estado. Asimismo, Benítez afirma que: “la amenaza contra el narcotráfico no
puede enfrentarse sólo con las capacidades del Estado mexicano, por eso recurrió al apoyo de Estados Unidos”. En México, los estados que más éxitos están teniendo en la lucha contra el crimen organizado son aquellos que impulsan una reforma policial. Hasta que no haya un Estado fuerte, serio y oxigenado, no nos podemos plantear en cierta manera una lucha eficaz contra el crimen organizado. En la Ciudad de México gobierna el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de la izquierda, que está dando buenos resultados; en el Estado de México gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el Presidente Peña Nieto, también están dando relativamente buenos resultados; en el Estado de Baja California, donde está Tijuana gobierna el Partido Acción Nacional (PAN), la derecha, también están dando buenos resultados en 19
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la reforma policial, es decir ha habido un pacto de los grandes partidos políticos en la transformación del sistema. El elemento partidario, el elemento partidista no está afectando en cierta manera la implantación del proceso de reforma, los problemas son otros y graves, son de índole corporativista, disciplinario, de voluntad política, en el que los gobernadores realmente quieran invertir dinero al tema. El combate contra el crimen organizado se convirtió en prioridad en el año 2006 probablemente por cuestiones políticas, es probable que hubiera sido más inteligente reformar los policías y posteriormente entrar de lleno al crimen organizado, pero se decidió esa opción, con lo cual los militares tuvieron que entrar, en efecto, eso ha generado el aumento de los homicidios a México de una forma espectacular. 20
Al analizar de una forma acuciosa estos datos, se identifican 10 estados en los que hay demasiada diferencia entre l a s denuncias de homicidios ante el Ministerio Público y los muertos que realmente aparecen, sin embargo estamos hablando de tasas del 24 por 100 mil, en el peor de los casos 34 por 100 mil, que son bastante inferiores a las que encontramos en los países centroamericanos, claro México es un país muy grande en el que hay ciudades muy pobladas y entonces el número de homicidios en cierta manera se relativiza con el número de habitantes. Debido a la guerra contra el narcotráfico, México vive una militarización de las políticas de seguridad nacional, en eso estoy totalmente de acuerdo, yo creo que es un problema. Los elementos fundamentales de la reforma policial en México son:
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a. Establecimiento de carrera policial, depuración de elementos poco adecuados, establecer una rutina de los controles de confianza, aumento del sueldo de policías acreditados en formación continua. b. Modelo policial único. c. Creación de sistemas de incentivos que tratan de fortalecer, en relación a metas, las instituciones policiales estatales municipales sobre todo las que se pueden auto sostener; d. Cambios legales, todo eso se ha hecho en ese sexenio de Felipe Calderón y se ha mantenido a lo largo del gobierno de Peña Nieto.
Las políticas declaradas del gobierno de Peña Nieto, indican dar continuidad en las políticas de seguridad pública, con enfoque mixto entre prevención y reacción así como seguir construyendo la policía profesional. Esto es muy importante porque por primera vez a lo mejor en la historia de México, una política ha superado el sexenio, ha superado los seis años de gobierno y se sigue consolidando, se sigue manteniendo. Asimismo, se reconoce que tiene que fortalecerse la inteligencia. La dificultad estriba en cómo pasar de la ley a los hechos, no es absolutamente nada fácil, y se habla de seguir con el ejército en la calle hasta que las fuerzas policiales estén lo suficientemente fuertes para poder sustituirlo en las funciones.
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Guatemala Según el experto Marco C a s t i l l o, en lo que se refiere a la guerra contra el narcotráfico, en Guatemala ha habido un discurso de mano dura de represión, de persecución de los narcotraficantes. Conforme este analista la pobreza que vive la población induce a mucha gente a trabajar con los grupos del crimen organizado como alternativa económica útil. Asimismo señala que: “el desgobierno ha convertido a Centroamérica en un puente de paso de drogas”. Yo matizaría un poco esa afirmación porque efectivamente los estados centroamericanos tienen una debilidad institucional muy grande, pero puente de drogas llevan siendo desde 22
hace un montón de años y no se había visualizado de una manera tan grave como se está planteando ahora. Bajo el conocimiento de la población las redes sociales dan sustento a los grupos de crimen organizado.
Perú En Perú, Gino Costa afirma que lo más importante para ese país es la política criminal. Una de las acciones de prevención que identifica c o m o ex i t o s a s s o n l o s serenazgos, que consisten en el servicio que prestan los serenos, personas que no son policías sino instrumentos de autoridad de alcalde, que patrullan, vigilan las calles, atienden los pedidos de intervención del público que están cercanos a la sociedad; c l a ro, e sto e n g ra n d e s ciudades es útil.
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Sin embargo en ciudades pequeñas su utilidad es cuestionable dado que todo el mundo se conoce. ¿Ustedes se creen que en Flores Petén la gente no sabe lo que está pasando, alguien se cree eso? ¿Necesitamos muchos aparatos de inteligencia para saber lo que está pasando? Claro, el sereno en una gran ciudad es útil porque tiene esa información cercana, por medio de su celular, lo pueden llamar, lo pueden informar, es un agente de prevención, pero seamos sinceros, sobre todo en las comunidades rurales se sabe perfectamente lo que está pasando. E n l o s s e re n a z g o s , l o s funcionarios públicos municipales que no están autorizados a portar ni utilizar armas, carecen de facultades de detener y llevar a cabo investigaciones penales, la policía los ve como rivales. El éxito de los serenos no radica en recursos invertidos
sino en la voluntad política de impulsar estas circunstancias. El uso de los recursos de los serenazgos debe ser adecuadamente controlado y supervisado con transparencia para que sigan teniendo confiabilidad, desde el ámbito local se atiende mejor el requerimiento ciudadano, esto es lo que ocurre en Perú. Sin embargo, en Bogotá y México su utilidad es cuestionable por la dificultad de los grupos del crimen organizado y su fuerza de fuego. A criterio del referido experto “la seguridad es un servicio que debe responder a los requerimientos de los ciudadanos”. Al respecto el informe de Naciones Unidas de 2004, señala que los políticos en América Latina no están respondiendo a los problemas reales de la ciudadanía. Ante esto es necesario reflexionar: qué puede enfrentar el Estado, cuáles son las estrategias de 23
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fortalecimiento del Estado, qué línea se debe seguir de manera responsable y seria, no para maquillar la problemática, con la claridad de lo que es posible hacer eficiente y eficazmente.
Nicaragua Nicaragua posee un modelo de seguridad ciudadana, b a s a d o en un modelo preventivo asentado en una fuerte relación de la policía con la comunidad. A través de los años el tema de la droga se ha vuelto más complicado. Este país ha pasado de ser un simple corredor de drogas a una estación de servicio, desmitifica de cierta manera la seguridad que se vive en Nicaragua, aunado a la violencia política que enfrenta. Las instituciones públicas no están siendo receptivas al 24
debate abierto con la sociedad civil que tradicionalmente ha impulsado medidas preventivas.
Chile Lucía Dammert es crítica de los logros chilenos; ella afirma que: “en muchos casos el éxito chileno ha sido medido más por sus avances en la retórica de la seguridad que en la implementación efectiva de sus políticas”. En Chile el problema fue la militarización de los carabineros, derivado de la dictadura y también que se debió responder al crimen callejero, a la violencia juvenil con propuestas diferentes: la derecha quería una política de mano dura más fuerte, la izquierda quería políticas preventivas.
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En el 2001 se crea la División de Seguridad Ciudadana que haría los planes de la política criminal. Es cuando se dieron cuenta de la inexistencia de diagnóstico, factor común en los países latinoamericanos: la improvisación, no hay una planificación efectiva de transformación.
Brasil En Brasil se analizan c u a t r o ciudades, la más exitosa Sao Paulo en el proceso de reforma policial con perspectiva preventiva de modelo comunitario, con un concepto y una estrategia basada en la alianza entre la población local y las instituciones de seguridad pública. La referida estrategia se caracteriza por la pluralidad de acciones, la integralidad en la intervención para tratar y la combinación de políticas
preventivas y reactivas. Desde el año 2000 al 2011 se redujo la violencia en un 70%. A pesar del éxito de este modelo, no funcionó de la misma manera en otras ciudades de Brasil, con lo que se concluye que “la incidencia de la violencia está influida por el contexto social y demográfico, por la presencia de factores de riesgo”.
Colombia Los expertos María Victoria y Sergio Guarín desmitifican, en cierta manera, los casos de Bogotá y Medellín que siempre se están planteando como exitosos de reducción de la violencia, y señalan que el factor nacional fue muy importante en el caso Colombia. A su criterio, el alcance limitado de las políticas locales frente a las nacionales prevalece, 25
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siendo factor determinante el peso del conflicto armado y del narcotráfico sobre la delincuencia particular. Este éxito para implementarse en otros países requiere considerar hasta qué punto las administraciones municipales están facultadas para combatir fenómenos que la mayoría de casos excede sus competencias, es una pregunta seria, profunda, que se hace en México; en Perú nos decían de la importancia de las políticas locales; en Brasil en las grandes ciudades por lo menos se está abordando desde una perspectiva local. Uno de los problemas en algunos países latinoamericanos es la gran dispersión de policías municipales. Se va a tratar de impulsar que solamente en las grandes ciudades estén policías municipales fuertes, buscando que los Estados asuman las responsabilidades. Debe tomarse en cuenta que “esto no se logra de un día para 26
otro, ni hay recetas milagrosas, es indispensable un esfuerzo sistemático y continuo de creatividad y liderazgo local con coordinación explícita nación-ciudad, con metas de corto, mediano y largo plazo para proyectar intervenciones a varios niveles y abrirle espacio real y serio a la prevención social orientada hacia actores críticos como los jóvenes”.
El Salvador No es posible argumentar el avance del crimen organizado sin desconocer el deterioro de los estados en términos de corrupción, esto coincide con el caso guatemalteco. “El control de las actividades no solo es de los pandilleros sino de su grupo de amigos y colaboradores, sea por la fuerza o por voluntad”, con lo cual es necesario fracturar la base social.
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“No se va a lograr con un choque frontal, no se debe tener miedo a concertar una estrategia de recuperación y control de territorios” y establece un paralelismo. “Tanto la estrategia de mano dura como la estrategia del pacto contra las maras son improvisaciones. Ambas confunden la táctica, la improvisación y la secretividad con la estrategia la ausencia de un objetivo claro y de un horizonte definido.
Argentina Marcelo Saín argumenta que “los policías llevan a cabo con eficacia una modalidad de control del delito mediante su regulación ilegal”, implicado un conjunto de acciones que tienen la salvaguardia y protección de ciertas actividades delictivas altamente rentables, en especial aquellas estructuradas en torno a mercados ilegales
de drogas, de personas para su explotación sexual y laboral, y de autopartes de vehículos robados Este accionar institucional ha constituido una forma de gestión del delito a través de un pacto manifiesto con los grupos criminales, en el que se acuerda cómo y cuándo se llevan a cabo las actividades ilícitas permitidas o impuestas. En mi opinión, los países centroamericanos muchas veces tenemos una grandísima desconfianza sobre la clase política, pero de alguna manera hemos de luchar para que la clase política se recupere como el representante real de la sociedad, mientras eso no suceda la sociedad civil va a tener que seguir impulsando la toma de decisiones. La experiencia muestra que cada país es distinto, digo esto parece obvio, pero no nos parece obvio cuando la cooperación nos trata de imponer en cierta manera el mismo modelo, cada país es distinto -lo hemos visto en 27
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las presentaciones- y tiene problemas particulares. La persecución del delito, los métodos especiales de investigación deben estar integrados en un contexto más amplio de la política criminal, solamente con esos pocos elementos va a ser difícil que avancemos mucho, la investigación policial en democracia debe contemplar límites y códigos férreos de preservación de libertades. La reforma policial integral es fundamental para lograr que la institución sea eficaz, hay que evitar las simulaciones, en democracia es necesario que el poder político dirija las fuerzas policiales y existan políticas de transparencia y control para que la gente gane confianza. La financiación de la seguridad pública es tan importante como la planeación estratégica, los recursos humanos deben estar protegidos e incentivados para mantenerse en cierta manera sirviendo al Estado. La cooperación supranacional en inteligencia es fundamental 28
frente al crimen organizado, pero la cooperación no significa subordinación y eso también es algo que debe ser analizado, el delito y el crimen organizado se mueve en un contexto determinado y hay que elaborar estrategias en sociedades de estados débiles para enfrentar la amenaza con políticas correctas de anticorrupción. En sociedades que no recaudan impuestos y que encima tienen niveles de corrupción muy graves, la disponibilidad presupuestaria es muy limitada, por lo que es indispensable saber qué es lo que se puede hacer y hacerlo de la mejor manera posible. Las acciones exitosas de lucha criminal han combinado medidas reactivas y preventivas por lo menos en los ejemplos, con lo cual a veces el debate entre prevención y reacción es un poco falso, excepto cuando solamente se hace reacción por ejemplo, y la voluntad política es un aspecto clave y hay que pasar del discurso a los hechos.
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PANEL Avances y retos en la implementación de la Ley contra la Delincuencia Organizada, a la luz de la situación actual Dr. Adolfo Alarcón Duque Investigador del Departamento de Análisis Jurídico (DAJ), ASIES Moderador
El tema que nos convoca hoy aquí es el de las limitaciones, dificultades y retos que enfrenta el Estado frente al avance del crimen organizado en Guatemala desde la visión de las instituciones. El crimen organizado es una de las 20 principales economías del mundo: 3,6% del producto interno bruto mundial, según la Organización de Naciones Unidas, ONU. Acciones como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas -que se define como la nueva esclavitud del Siglo XXI-, constituyen algunas de sus principales
actividades. Dado que las ganancias solamente por este último delito ascienden a 32,000 millones de dólares anuales, es pertinente la siguiente analogía a modo de reflexión: nos enfrentamos a un monstruo, un monstruo sacado de la mitología griega similar a la Hidra de Lerna con mil cabezas, pero que en nuestro tiempo ha dejado de ser un mito para convertirse en una desafiante realidad a la cual nuestro Estado debe enfrentarse. Se agradece a los panelistas por compartir sus experiencias con una visión de Estado, 29
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derivado del ejercicio del cargo que ambos ostentan. Me voy a permitir formular a cada uno tres preguntas; recuerdo también a la audiencia que al finalizar la intervención de nuestros panelistas pueden h a cerles p regunta s por escrito, mediante la boleta que les ha sido entregada.
Pregunta: ¿Qué limitaciones operativas tiene la ley para enfrentar a la delincuencia organizada? Lic. Mauricio López Bonilla Ministro de Gobernación Tomando como punto de partida esta pregunta y quiero que me permitan utilizarla como pivote para irnos en otra línea. Este gran monstruo del crimen organizado se caracteriza, tal y como se ha señalado, por ser transfronterizo y transnacional; por su gran complejidad organizacional; 30
por poseer amplio margen de maniobra y capacidad de mimetización. Lo importante es que no miremos esto también como una tragedia griega, cuyo final es trágico e inevitable y tal como estamos acostumbrados en Guatemala, a ver el punto negro en el pizarrón blanco; para cada solución hay un problema. En lugar de hablar de limitaciones, puntualizaré las cosas que sí existen y que nos dan otro punto de vista: 1. Un ordenamiento jurídico: no solo es la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley Contra el Lavado de Dinero, también tenemos un ordenamiento jurídico que si lo evaluamos es uno de los mejores de América Latina para combatir el crimen organizado. Sin embargo, puede haber un buen ordenamiento jurídico y lo que hace falta es, como muchos dicen, voluntad
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política para hacerlo y creo que en Guatemala estamos mostrando voluntad política, que quiere decir conciencia, seriedad y responsabilidad institucional para hacer un trabajo en conjunto. Actuar como Estado es actuar como lo estamos haciendo y creo que vamos en una ruta correcta. 2. En la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia se está discutiendo ya lo que puede ser el marco general de una política criminal. 3. El debate sobre la forma de luchar contra la delincuencia organizada, si es con prevención, reacción o represión se va superando, pues debe existir complementariedad con una visión integral. Las limitaciones están en el tiempo, en la maduración, en la conciencia, en la confianza,
en la capacidad de cambiar la situación y en que seamos optimistas en lo que nos hace falta hacer. Asimismo, no calificamos bien el talento humano, creemos que no hay condiciones, que no hay estrategia, que todo es improvisación y que nada de lo que hagamos va a funcionar, al contrario, mi experiencia al frente del Ministerio de Gobernación me indica que hay resultados tangibles que nos muestran hoy día una gran capacidad de coordinación y una gran eficiencia en lo que estamos haciendo. Se redujo un 28% la impunidad en el país desde 2009 para la fecha, es decir que se han dictado sentencias condenatorias firmes, porque e sta m o s s i g u i e n d o u n a filosofía que nosotros hemos aprendido del Ministerio Público. Hoy ya no se captura para investigar, se investiga para capturar y esa es una de las líneas de acción. 31
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Pregunta: ¿Cuáles son las tres principales razones por las que Guatemala no ha contado con una política criminal? y ¿por qué? Lic. Javier Monterroso Representante de la Fiscal General y del Ministerio Público Estoy en desacuerdo con que no existe una política criminal, pues sí existe una política criminal en diversas expresiones e instituciones que conforman el sector justicia, por ejemplo, lo que se ha hecho en delitos c o n t ra l a v i d a ; q u e e l Ministerio de Gobernación haya establecido un equipo específico, para investigación para delitos contra la vida; el Ministerio Público también ha establecido un equipo especial de persecución penal para delitos contra la vida, que los mismos coordinen que se haga protocolo, 32
capacitaciones conjuntas; todo es parte de una política de persecución penal, en el caso de delitos contra la vida también interviene el INACIF. Pese a esto no existe explícitamente una política criminal que en todas l a s fo r m a s e n f re n te l a criminalidad. Existe la política de persecución penal y la política de seguridad. La ausencia de política criminal deviene de: 1. L a n at u ra l eza d e l a s instituciones, dado que son distintas, a pesar de que tienen ámbitos de coordinación, pero esta no es permanente. Existe un espacio de coordinación interinstitucional que es la Instancia Coordinadora para la Modernización y Apoyo al Sector Justicia, sin embargo aquí se coordinan políticas específicas, por ejemplo las políticas de gestión penal tiene que ver
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también con el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, no se ha iniciado la discusión todavía de una política macro. 2. Las diversas agendas de cada una de las instituciones del sector justicia, lo que influye en la coordinación y consenso en temas fundamentales. A pesar de su inexistencia hay avances en el combate a la delincuencia organizada desde la política de persecución penal común, en la que se establecen las prioridades de persecución de delitos, entre los cuales se encuentran los cometidos contra la vida y contra las mujeres. Por este motivo se han creado tribunales de femicidio en el Organismo Judicial, fiscalías de la mujer, y se ha conformado un grupo de investigadores especializados para el tema de femicidio y trata de personas.
Es decir que se ha ido configurando una política de persecución penal que r e q u i e r e s e r e x p l í c i t a , c o n p l a zo s d ef i n i d o s y presupuesto, así como con tiempo para que sea más coordinada, ese es un reto que debemos afrontar.
Pregunta: ¿Entre las condiciones de inequidad, desempleo, analfabetismo y pobreza que vive la población guatemalteca, que son aprovechadas por grupos criminales, cómo puede el Ministerio de Gobernación combatir la criminalidad? Lic. Mauricio López Bonilla Ministro de Gobernación Las desigualdades, la exc l u s i ó n y l a fa l ta d e oportunidades abren un espacio para que los grupos delincuenciales o el crimen organizado reclute fácilmente,
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fundamentalmente a jóvenes, incluso a niños. El tema reviste otra visión, creo que es muy importante señalar que en la nueva organización del Ministerio de Gobernación hemos definido cinco viceministerios: el primero dedicado al tema de la seguridad interior del país, que tiene que ver con seguridad pública y seguridad ciudadana; el segundo que es administrativo para procesos de renovación; pero al tercero que antes se conocía como viceministerio de apoyo c o m u n i t a r i o, l e h e m o s dado una función mucho más específica ahora y es un Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito. La prevención es un eje transversal en todos los aspectos y actividades, hay que ver prevención desde el punto de vista de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, de la misma persecución penal, de la 34
administración de justicia, de la rehabilitación de privados de libertad por condenas. Recuperar espacios públicos es un reto, pues implica liberarlo del control de las organizaciones criminales y l l e va r p a ra l e l a m e n t e p r o g ra m a s s o c i a l e s d e mitigación de las situaciones. Asimismo es necesario que la población tenga una concepción exacta de qué se debe hacer en temas d e p reve n c i ó n y d e s u participación, así como de su responsabilidad, basada en una interpretación sociocultural y socioeconómica de las condiciones y ahí sí, llevar a cabo una estrategia integral en la que el Estado y los ciudadanos participen. El Ministerio de Gobernación trabaja para coordinar con otros ministerios acciones de prevención, tal como con el Ministerio de Desarrollo Social, con el cual se están implementando procesos
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institucionales de auxilio social. También con la sociedad civil, con grupos de empresa privada en el interior del país, con grupos que pueden verdaderamente fomentar esas transformaciones de creación de oportunidades: trabajo complejo que requiere de estrategias de prevención.
Pregunta: ¿qué limitaciones operativas tiene la ley para investigar y perseguir penalmente a grupos criminales? Lic. Javier Monterroso Representante de la Fiscal General y del Ministerio Público Durante su discusión surgió todo tipo de dudas debido al contexto guatemalteco y su historia. El miedo de que las escuchas telefónicas fueran utilizadas en alguna forma para hacer actos intrusivos a la privacidad de las personas por razones políticas, ideológicas, el miedo de que
el delito de conspiración o el delito de asociación ilícita fuera utilizado también para perseguir o reprimir manifestaciones sociales o de incidencias políticas. Por estos motivos las escuchas telefónicas, los agentes encubiertos, las entregas vigiladas tienen candados, incluso se mencionan en muchas partes de la ley a la Fiscal General de la República que tiene que autorizar algunos operativos. Las escuchas no pueden hacerse sin orden judicial, a diferencia de otros países donde sí se pueden hacer de esta forma. Cuando se aprobó la ley en 2006, las instituciones todavía no tenían el personal capacitado, ni los equipos, ni las reglas claras para poder aplicarlas. Durante el año 2007 y buena parte del 2008, no solo no existían los equipos sino tampoco se mostró una verdadera voluntad para implementar la ley. 35
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A partir del año 2009 las instituciones del sector justicia y seguridad empiezan a tomar pasos importantes para la implementación de la ley: aprobación de reglamentos, capacitación de personas, adquisición de equipos y coordinación sobre todo entre las organizaciones policiales y las organizaciones fiscales encargadas de aplicar la ley, lo cual ha generado frutos. Sin embargo, actualmente todavía hay algunas debilidades en el tema de agentes encubiertos, es la técnica más compleja de implementar, debido a que se introduce a este agente encubierto a una estructura criminal, y se le tiene que sacar de circulación de la policía, esconderlo, darle protección especial. Se debe evitar que esta misma persona se involucre en las organizaciones criminales; tal vez el tema de agente encubierto que no ha sido implementado plenamente en nuestro país sea el más 36
difícil y creo que estamos en un proceso de formación y capacitación de agentes policiales, pero que hasta la fecha no ha sido posible, también por la debilidad institucional de nuestras agencias. El sistema de protección a testigos, aunque funcione y se ha mejorado mucho su implementación, siguen siendo escasos los fondos que se adjudican para el sistema de protección a testigos, a pesar de eso ha sido muy fortalecido por parte de la comunidad internacional, la CICIG y otras instituciones, pero todavía es un reto la protección a testigos para que se puede implementar a más casos de los que actualmente se le aplica. En el caso de las entregas vigiladas, la población desconfía en las instituciones para implementar este tipo de métodos, el cual consiste por ejemplo en dejar que
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un cargamento de droga o de contrabando atraviese el territorio nacional para darle un seguimiento de investigación desde su punto de partida, hasta su punto de llegada. Los retos no son de tipo tecnológico sino más de confianza en las instituciones, en esas funciones esperamos que con la creación de la Dirección General de Investigación Criminal (DIGICRI), que viene a configurar todo este sistema de investigación criminal, se puedan implementar estos métodos de investigación que aún no han sido totalmente estructurados. En relación a las escuchas telefónicas, estas se han implementado plenamente y s o n u n a h e r ra m i e nta fundamental para la p e rs e c u c i ó n p e n a l y l a criminalidad organizada, pero tiene limitaciones en el número de recursos asignados, en ocasiones todas las líneas que se pueden pinchar están
ocupadas por la criminalidad excesiva que hay. También ningún sistema de justicia va a ser suficientemente eficiente para poder juzgar toda la cantidad de delitos que se cometen en nuestro país, así tuviéramos el doble de líneas telefónicas, el doble de agentes encubiertos, si no trabajamos en el tema de prevención del delito. De esa cuenta es necesario que exista reacción y prevención del delito para bajar los índices delincuenciales. Por otra parte, los criterios judiciales son disímiles en cuanto a las escuchas telefónicas tanto para su presentación como prueba, su análisis y valoración. Cabe indicar que la jurisprudencia en la práctica no es fuente de derecho, pero sí deberían haber unos criterios judiciales más o menos homogéneos. Es importante recalcar que desde el año 2006, como producto de la cooperación 37
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internacional, de la previsión de las organizaciones de la comunidad civil y de la C o m i s i ó n I nte r n a c i o n a l Contra la Impunidad, se ha ido configurando un marco jurídico muy importante para Guatemala en relación al combate al crimen organizado, entre el cual destaca la creación de la DIGICRI, DIGICI y el INACIF, así como la aprobación de la Ley contra el Crimen Organizado; la Ley de Competencia de Mayor Riesgo; la Ley de Extinción de Dominio que permite que el Estado de Guatemala enfrente la criminalidad de mejor manera que hace unos años. Sin embargo todavía hacer falta implementar no solo la Ley contra el Crimen Organizado sino las otras leyes útiles para combatir la delincuencia, por ejemplo la Ley del RENAP, que facilita c o n t a r c o n fo t o g ra f í a s
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para identificar posibles sospechosos y comparte sus bases de datos con las instituciones encargadas de persecución y del combate de la criminalidad. Otro ejemplo es el caso del sistema AFIS o el sistema IRIS de huella balística, que desde hace muy poco tiempo está totalmente informatizado; de esta forma se avanza en fortalecer las capacidades institucionales, la formación de profesionales. Actualmente las universidades se están involucrando en la formación de profesionales e s p e c i a l i za d o s , ex i ste n carreras de criminalística, especializaciones en ciencias penales, incluso para investigación de delitos de índole económica, por lo que el Ministerio Público firma convenios con universidades para formar a los profesionales en delitos de cuello blanco, que antes no se estudiaban y mucho menos en las facultades de derecho.
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Pregunta: ¿cuáles son a su criterio las tres acciones principales que el Estado debe realizar? Lic. Mauricio López Bonilla Ministro de Gobernación 1. Contar con una apreciación de inteligencia criminal que permita determinar a qué se enfrenta el Estado. Es imposible definir políticas y estrategias si se desconoce a qué se hace frente. Afortunadamente es un proceso de inteligencia a desarrollar, en el que se establezca, el tipo de organizaciones, sus actividades, áreas que operan, integrantes, estructura administrativa, organizacional y financiera con que se nutrirá. Ante este desconocimiento cualquier esfuerzo que se haga será fallido.
2. D e s a r r o l l a r t o d o s los protocolos y la generación de una sinergia interinstitucional que nos permita hacer un frente común. Me siento contento, motivado y orgulloso de trabajar en apoyo del Ministerio Público con una coordinación satisfactoria. Esto se debe a que el Ministerio de Gobernación trabajó para empalmar con el Ministerio Público su labor; sobre esa base trabajamos en la constitución de las fuerzas de tarea temáticas, que son mesas de coordinación en las que atendemos fundamentalmente los requerimientos del Ministerio Público, para que el proceso de judicialización de los hechos sea mucho más certero y verdaderamente no solo sea un tema de seguridad sino de lucha contra la impunidad.
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El DEIC es una unidad que ha dado muestras de un desarrollo institucional muy fuerte, de seriedad, responsabilidad y confiabilidad en sus resultados. Crear una coordinación interinstitucional establece también una identificación entre instituciones. Las últimas operaciones, como la operación dignidad en Huehuetenango fue una operación de trabajo conjunto, de inteligencia, de investigación criminal, de trabajo del Ministerio Público: dirigiendo la investigación que pasó por momentos sumamente complicados y difíciles, y en tres semanas, a partir de cero habíamos llegado a la identificación de la estructura y se había individualizado a todos sus componentes. Esta es una muestra de que ya alcanzamos un nivel de capacidades que podemos lucir. 40
El caso de la masacre de San José Nacahuil, 11 muertos
y 15 heridos, en la que se dio con los responsables de una estructura criminal de mafia pandillera en un mes también, en tres semanas; esto se debió a que había una línea de acción. 3. La valoración de ese talento humano. Al definir perfiles contenidos en la recomendación del estudio de ASIES, nos vamos a asombrar de la amplia convocatoria profesional en el país para tener una base de datos de abogados, de investigadores criminales, de gente formada en inteligencia.
Es crucial para el Ministerio de Gobernación, contar con una gran base de datos con la cual empecemos a formar una tecnocracia que permita el fortalecimiento institucional en todas las entidades, presentes no solo en el aspecto de seguridad sino también de justicia.
Actualmente todas las u n i ve rs i d a d e s t i e n e n como oferta licenciaturas,
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maestrías y doctorados en todas las áreas de seguridad, de investigación criminal de persecución penal y administración de justicia. Es momento para que los guatemaltecos nos demos cuenta de que nosotros somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos y que no necesitamos darle nuestro reloj a un extranjero para que nos venga a dar la hora, los guatemaltecos tenemos la capacidad de enfrentar nuestros problemas.
Pregunta: ¿cuáles son los tres logros principales que se han obtenido en la aplicación de la Ley contra la Delincuencia Organizada? Lic. Javier Monterroso Representante de la Fiscal General y del Ministerio Público Considero que la Ley contra la Delincuencia Organizada
ha sido una de las leyes que mayor impacto ha creado en el sistema de justicia durante los últimos años, por la cantidad de delitos nuevos que introduce al marco jurídico, la utilización de los métodos especiales de investigación para los delitos que crea la misma ley y a otro tipo de delitos. Sus logros son: 1. En aspectos cuantitativos su logro es el número de condenas y el número de casos que se ha resuelto por medio de esta ley. La cantidad de casos que se han llevado a cabo y de condenas que se han logrado por la utilización de los métodos especiales de investigación. Solo por delitos de asociación ilícita se ha logrado más de 261 condenas. Desde la vigencia de la ley hasta este año, 261 personas están en prisión por integrar asociaciones delictivas, pero además de esto se 41
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ha logrado más de 336 condenas por delitos establecidos con el uso de los métodos especiales de investigación. Las escuchas telefónicas se han utilizado en 761 casos, de los cuales 336 han logrado condenas. En 40 casos aproximadamente se ha utilizado colaboradores eficaces, forma aceptada a nivel mundial para co m b at i r e st r u c t u ra s criminales, aunque en Guatemala se cuestione la figura. 2. L a c o n f o r m a c i ó n d e equipos de investigación especializados tanto en el Ministerio de Gobernación como en la fiscalía, para llevar a cabo este tipo de investigaciones, que han sido fortalecidas con el apoyo de la cooperación internacional, a través de capacitaciones impartidas por especialistas en varias
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regiones. Es necesario darle continuidad y sostenibilidad a estos procesos. 3. L a L e y c o n t r a l a Delincuencia Organizada ha permitido también salvar innumerables vidas de víctimas de secuestros, principalmente porque al intervenir rápidamente se evita la muerte de personas secuestradas; así como la detención de bandas antes de que sigan intentando cometer más homicidios, por ejemplo, si una banda ya cometió un homicidio y ha sido investigada, pero se detecta que va a asesinar a más personas, a cometer más delitos, se previenen esos delitos al capturar y procesar las bandas delictivas. Este es un elemento difícil de medir pero es algo que ha permitido dar contra el crimen organizado.
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Moderador: son interesantes las coincidencias de ambos panelistas en cuanto a:
Público y Ministerio de Gobernación;
a. La importancia de la participación de la ciudadanía por medio de la denuncia de hechos criminales;
d. la visión de la prevención y reacción como ejes transversales y que deben incorporar lo social, ante todo para no descuidar ese tema tan importante;
b. lo indispensable que la voluntad política se manifieste a través de sus autoridades institucionales;
e. que implementar una ley es un proceso que implica transformación y readecuación de las instituciones.
c. la coordinación interinstitucional que se está realizando entre Ministerio
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Preguntas de la audiencia Las acciones que se han estado mencionando han traído resultados positivos, ¿por qué las estadísticas muestran un incremento en delitos contra la vida, especialmente en los últimos meses? Lic. Mauricio López Bonilla Ministro de Gobernación
La respuesta es más desde un punto de vista criminológico y también de nuestras capacidades y nuestra actuación. Estudiar las causas por las cuales se lleva a cabo un hecho delictivo, especialmente el tema de delitos contra la vida, homicidios violentos, ha sido una de nuestras preocupaciones más importantes, es uno de los cinco delitos a los cuales les hemos verdaderamente dedicado mucho tiempo y 44
esfuerzo de análisis y discusión, no solo criminológico también victimológico. Y en esto realmente las capacidades en la lucha contra el crimen organizado nos ha permitido tener muchos avances, pero hay algo que va más allá que esto cuando uno ve el fenómeno en sí lo puede ver en dos dimensiones: una, aquél que produce las organizaciones criminales que tienen organización, por ejemplo el tema de las pandillas, los homicidios violentos tienen una carga sobre las estadísticas rojas. Y la otra dimensión es la que realiza la delincuencia común. Los delitos cometidos se vinculan con acciones de sicariato, con acciones de homicidios violentos por obstrucción extorsiva del tránsito, así se le denomina, es realmente por no pagar
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la extorsión o también como la parte de la subcultura de iniciación en las pandillas. Existen otras situaciones que se relacionan con estos delitos, muchos ordenados desde la prisión, como la vigencia de derechos humanos de los privados de libertad y de limitaciones de un sistema penitenciario que ha estado abandonado. Si el Estado no crea infraestructura para desarrollar el modelo de caracterización y de clasificación que tiene, los privados de libertad seguirán cometiendo delitos desde las cárceles. La criminalidad este año incrementó al interior del país, pues concentramos la mayoría de nuestros recursos en el área del departamento de Guatemala donde ocurre el 52% de la criminalidad. En este departamento se han tenido resultados positivos tanto en el año pasado como en este año, pero el resto del país tuvo un despunte en ese sentido.
Actualmente se cuenta con un nuevo despliegue en el territorio nacional para hacer de verdad prevención, se aumentó de 25,000 a 35,000, lo ideal sería 350, 370 policías por cada 100,000 habitantes. En la actualidad se cuenta con 178 policías por cada 100,000 habitantes. Este gobierno tiene como meta finalizar su período con 250 por cada 100,000 habitantes, no solo en un modo de despliegue en términos estratégicooperativos sino también en un nuevo despliegue que obedezca a la realidad multiétnica, pluricultural y multilingüe de Guatemala y esa es la razón por la cual la Academia de la PNC abrió una sede en el Occidente y una en el Oriente del país. En enero se estrena la CentroNorte en Baja Verapaz para reclutar el talento humano de las regiones que permita más cercanía con la población y su comunidad: cerca de su familia, conoce la geografía, 45
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habla el idioma y tiene una pertinencia cultura. Es necesario que el país cuente con herramientas que le permita realizar acciones precisas, asimismo es indispensable desarmar el país. Se hizo un esfuerzo al plantear una propuesta a la Comisión de Gobernación del Congreso, cuya intención era incluir en el Código Procesal Penal el delito de portación ilegal de armas de fuego como parte de los delitos que no gozan de medida sustitutiva, sin embargo la reforma se efectuó para los reincidentes, es decir que ahora tenemos que aprender dos veces a una persona en portación ilegal de armas de fuego para que no goce de medida sustitutiva, lo que cambió totalmente el objeto que se buscaba. La seguridad y la justicia son temas de todos, pues es de carácter cultural, de compromiso y de involucramiento y así se puede ser mucho más efectivo, es parte de la explicación que puedo dar. 46
Pregunta: ¿Considera que el Ministerio Público es una entidad eficiente en sus métodos y técnicas de investigación y seguimiento de los móviles del delito? Lic. Javier Monterroso Representante de la Fiscal General y del Ministerio Público
Pregunta un poco compleja de contestar, en realidad el Ministerio Público todavía tiene deficiencias de trabajo, evidentemente se ha mejorado, demostrable con datos y casos concretos. Ha mejorado la eficiencia, sin embargo todavía persisten algunas deficiencias de investigación y persecución penal ¿qué hemos hecho para palear estas deficiencias? Hemos creado el sistema de evaluación de desempeño a nivel nacional, ahora se evalúa a fiscales, investigadores y personal administrativo. La Supervisión del Ministerio Público se duplicó y se
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descentralizó también para investigar a aquellos fiscales que comenten faltas en el momento de sus labores, se creó un modelo de gestión fiscal. También en todas las fiscalías del país se permite especializar a los fiscales en casos menores o en casos graves y se ha duplicado la seguridad para los fiscales, mediante el aumento del n ú m e ro d e a ge nte s d e seguridad que los resguarda p a ra p ro te ge rl os en su integridad física, dado que los fiscales son quienes han llevado casos de criminalidad organizada, principalmente. Asimismo, se cita a los fiscales distritales y de sección una vez al mes para evaluar su efectividad, se exigen metas cuantitativas y cualitativas en cuanto a estructuras criminales desarticuladas en cada departamento, sin embargo hace falta mejorar los sistemas de control de calidad de las personas que ingresan al Ministerio Público. El Congreso de la República sigue sin nombrar a las tres
personas que hacen falta en el Consejo del Ministerio Público y eso significa que el Ministerio Público tiene a más de 100 personas que tendrían que estar fuera de la institución, despedidas por ineficiencia en sus labores, y no ha sido posible despedirlas porque el Congreso de la República no quiere nombrar por una cuestión política, para que este no opere al 100% de sus capacidades.
Pregunta: El crimen común y el crimen organizado ¿es producto de la pobreza en nuestros países o a qué se le puede atribuir? Lic. Mauricio López Bonilla Ministro de Gobernación
Es imposible ser tajantes en decir que solo obedece a las condiciones de pobreza, realmente en ninguna parte del mundo, incluso en las sociedades desarrolladas está ausente el tema de la delincuencia común o 47
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está ausente el tema del crimen organizado, sí hay en gran medida situaciones especialmente en las áreas suburbanas, en los cinturones de pobreza alrededor de las ciudades. Pero si se sobrepone al mapa de pobreza de Guatemala el de criminalidad y delincuencia del país, no es coincidente, este es un tema de mucha polémica y discusión que implica análisis detallado y profundo para afirmar bajo qué condiciones esta postura es cierta, este diagnóstico es cierto y en cuáles otras no aplica, creo que hay parte de ello, pero no lo es desde mi punto de vista, de mi conocimiento y mi experiencia, una razón como un axioma: que de donde hay pobreza va a haber crimen. Lic. Javier Monterroso Representante de la Fiscal General y del Ministerio Público
En Guatemala podría establecerse que hay una criminalidad común compuesta por robos, hurtos, 48
violencia intrafamiliar aunque tiene una interpretación más sociológica e incluso de género. Hay otra criminalidad organizada que son los grupos que se conforman para cometer delitos que están establecidos en la Comisión de Palermo y también hay estructuras criminales, a qué nos referimos, a grupos más permanentes con ritos de iniciación con capacidad para pelear con el Estado ciertas áreas de territorio con propios códigos de conducta, digamos totalmente disociados de la comunidad normal, esos tres tipos de crimen organizado ahí mencionados. La pobreza y las condiciones: la falta de oportunidades es una de las condiciones que pueden propiciar algunas expresiones de cada uno de estos tipos de estructura criminal, pero hay otras condiciones que no son asociadas a la pobreza. Por ejemplo Alta Verapaz que es el departamento más pobre del país tendría que tener más crimen organizado que el
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caso de Escuintla, Guatemala o Quetzaltenango que son regiones económicamente más fuertes y que es al contrario la cuestión. En Guatemala se concentra la cantidad mayor de recursos y la cantidad mayor de criminalidad, hay otra condiciones, tiene que ver con acceso a tecnología, con acceso a armas, tiene que ver con el sistema de prevención de la conflictividad, sistemas de prevención de la violencia, donde la pobreza es solo uno de los elementos que genera ciertas condiciones para cometer delitos.
Pregunta, ¿es legal el uso de polígrafo en Guatemala? si así es el caso, ¿cuál es su base legal? Lic. Mauricio López Bonilla Ministro de Gobernación
Bueno mi conocimiento es que esto se utiliza más en procesos administrativos, no tengo
conocimiento que legalmente se pueda utilizar en procesos penales, especialmente en pruebas de confiabilidad para reclutamiento de personal, por ejemplo la incorporación de elementos a inteligencia civil e investigación criminal en áreas que son sensitivas, así como las financieras. El polígrafo es una prueba un tanto subjetiva, hay gente que es muy profesional para realizarla, pero en su interpretación existe subjetividad y no hay desde mi punto de vista algo que pueda arrojar luces determinantes sobre una situación que uno quiera de verdad. Lic. Javier Monterroso Representante de la Fiscal General y del Ministerio Público El sistema del polígrafo en términos de prueba penal es irrelevante, no tienen ninguna utilización, sin embargo en los procesos administrativos se utiliza en el Ministerio Público 49
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para reclutar personas que están en los cuerpos especiales de investigación, tales como aquellas que investigan crimen organizado, trabajan con métodos especiales de investigación, en la Unidad de Análisis Criminal, pero por supuesto no es determinante, es uno de otros elementos que sirven para determinar si una persona es idónea para laborar en uno de estos cuerpos de investigación o no.
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Moderador: Agradezco sus valiosos aportes, y al público presente su participación e interés por esta actividad, agradecemos nuevamente al Dr. Carlos Barrachina Lisón y a nuestros invitados, señor Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y Lic. Javier Monterroso, en representación de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. A nuestros asistentes, tengan todos ustedes muy feliz día.
