I.

Antecedentes

En 1994, los 179 Estados Miembros de las Naciones Unidas participantes en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo, acordaron cambiar el enfoque desde el que se abordaban los asuntos relativos a la población para que los derechos humanos ocupasen un lugar central en los esfuerzos encaminados a mejorar la calidad de vida de todos los individuos y lograr un crecimiento económico y un desarrollo sostenibles. El Programa de Acción de la CIPD, también conocido como el Consenso de El Cairo, destaca la integración de las normas y los principios relativos a los derechos humanos reconocidos universalmente en todos los aspectos de las políticas y los programas de población y desarrollo. Esto propició un giro conceptual determinante, ya que las cuestiones relativas a la «población» pasaron de entenderse desde un enfoque centrado en el control a abordarse desde la necesidad del empoderamiento de los individuos y las parejas para que puedan decidir acerca del momento en que desean formar una familia y el tamaño de esta, mediante el empoderamiento de las mujeres, y el acceso a la información y los recursos necesarios para tomar sus propias decisiones y poder ejercer así sus derechos reproductivos, entre otros. Posteriormente, la comunidad internacional reafirmó el Programa de Acción de la CIPD y las medidas clave para seguir ejecutándolo, en las conferencias y cumbres más importantes de las Naciones Unidas, incluidas la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 y que señala “los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control y decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libres de coerción, discriminación y violencia", la Declaración del Milenio de 2000. A partir de ahí, el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 y la Cumbre para la Revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de 2010 reforzaron los vínculos entre los derechos humanos y el desarrollo al resaltar la determinación de los Estados Miembros de integrar la promoción y la protección de los derechos humanos en sus políticas nacionales. Como consecuencia, cada vez más Estados adoptan enfoques basados en los derechos humanos, a menudo con la colaboración técnica del sistema de las Naciones Unidas e Interamericano, incluidas la planificación y las políticas en materia de igualdad entre los sexos, la igualdad de género, la salud sexual y reproductiva y los derechos humanos, incluidos los derechos reproductivos.

Mientras que el vínculo entre la salud sexual y reproductiva, los derechos humanos, los derechos reproductivos y el desarrollo inclusivo, sostenible y equitativo están ampliamente reconocidos, el modo de entenderlo ha seguido evolucionando y extendiéndose en instrumentos a favor de los derechos humanos y declaraciones políticas a nivel nacional, regional y mundial. Muestra de ello son, por ejemplo, el reconocimiento de la importancia de la salud sexual y reproductiva en la CEDAW (artículo 16) que garantiza a las mujeres la igualdad de derechos en la decisión "libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos y de tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos” y las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos sobre mortalidad y morbilidad maternas y derechos humanos (2009-2011). Órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas han desarrollado una jurisprudencia consistente que exhorta a los Estados a derogar o reformar las leyes, políticas y los reglamentos que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva." El Comité de Derechos Económicos, Sociales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), han indicado claramente que tanto el derecho de la mujer a la salud incluye la salud sexual y reproductiva. Esto significa que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. El Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental mantiene que las mujeres tienen derecho a atención de la salud reproductiva servicios, bienes e instalaciones que sean: (a) disponibles en un número adecuado; (B) accesibles física y económicamente; (C) acceso sin discriminación; y (d) de buena calidad. Asimismo, algunas constituciones nacionales garantizan ya la protección de los derechos sexuales. Desde la adopción del Programa de Acción del Cairo se ha avanzado en la reducción de la mortalidad y la morbilidad maternas. Durante este periodo, el porcentaje de mujeres de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años que utilizan algún método anticonceptivo en los países en desarrollo ha aumentado de un 52 a un 62%. En los últimos 18 años, más de 25 países de todo el mundo han liberalizado su legislación sobre el aborto y han ampliado así las causas por las que las mujeres tienen acceso al aborto sin riesgo, incluidas razones terapéuticas. Con todo, a pesar de estos avances, aún quedan muchos retos a los que hacer frente, para las mujeres y los hombres, para los jóvenes y las personas de edad, pero sobre todo para las mujeres y las niñas. Subsisten la denegación de acceso a los servicios que sólo las mujeres requieren, o servicios de mala calidad, sometiendo el acceso de las mujeres a los servicios a la autorización de terceros, y la realización de procedimientos relacionados con la salud reproductiva y sexual de la mujer sin el consentimiento de la mujer, incluyendo la esterilización forzada, forzada exámenes de virginidad, y el aborto forzado. Cada año siguen muriendo más de 270 000 mujeres y niñas adolescentes durante el embarazo y el parto por causas evitables. Según cifras levantadas en 2014 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), del total de 208 millones de mujeres que se embarazan anualmente, el 41% tiene un embarazo no deseado. Al respecto, el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad materna en el mundo, y se estima que más de 20 millones de mujeres abortan de forma insegura cada año, con la consiguiente muerte de 47.000 de ellas.

II.

Justificación

Por cierto que Latinoamérica y en específico Chile no han estado ajenos a la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Numerosas reuniones y encuentros se han llevado a cabo con el propósito de discutir sobre tales derechos y los nuevos desafíos que enfrentan los Estados para garantizar efectivamente la autonomía de las mujeres, sobretodo en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Actualmente en el Congreso de la República de Chile se está debatiendo un proyecto de ley que propone revisar la legislación nacional para incorporar la autorización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causas extremas: embarazo producto de violación, cuando corre peligro la vida de la gestante y cuando el feto es incompatible con la vida.

2

Específicamente a Chile, en el marco de la última revisión del Estado ante el Comité de Derechos Humanos (2014) y ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2012), se le recomendó revisar la legislación vigente sobre interrupción del embarazo con miras a despenalizarlo en casos de violación, incesto o riesgo para la salud o la vida de la madre. 1 Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2004) y el Comité de Derechos del Niño (2007) han emitidos pronunciamientos en el mismo sentido. Adicionalmente, en el marco de la última revisión del Estado chileno durante el Examen Periódico Universal, Chile aceptó 8 recomendaciones de otros Estados que sugirieron la necesidad de revisar la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo. En este contexto, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Fondo de Población de Naciones Unidas en Chile (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud- Chile (OPS) y el Grupo Interagencial EPU, Género y Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas, consideran de suma relevancia aunar esfuerzos a fin de contribuir a fortalecer los conocimientos y capacidades de actores claves del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y Sociedad Civil de Chile en materia de derechos sexuales y reproductivos, conociendo sobre la experiencia comparada en la región en materia jurídica, legislativa, ética y de incidencia social en la temática, con el fin de fortalecer la normativa nacional en materia de derechos sexuales y reproductivos, y particularmente en materia del proyecto de ley que actualmente se discute, el cual debiese estar alineado a los estándares internacionales en la materia. Por último, en el marco de la cooperación Sur-Sur, los organizadores estiman pertinente la participación de expertos/as internacionales, parlamentarios/as, funcionarios/as de la salud, jueces/as, académicos y miembros/as de la sociedad civil de otros países de la región, para compartir experiencias en la materia con los/las actores chilenos.

III.

Objetivo General

El Seminario organizado conjuntamente por la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Fondo de Población de Naciones Unidas en Chile (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud- Chile (OPS) y el Grupo Interagencial EPU, Género y Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas, en Chile, tiene como propósito generar una instancia de diálogo y reflexión entre representantes Gubernamentales, Parlamentos y Sociedad Civil chilena sobre las normativas vigentes en relación con la normatividad que sanciona la interrupción voluntaria del embarazo en estos países y sobre posibles estrategias, buenas prácticas y lecciones aprendidas para el avance de los derechos sexuales y reproductivos a nivel nacional. Para ello, se contará con la presentación de expertos/as internacionales y experiencias comparadas de otros países de la región: parlamentarios/as, funcionarios/as de la salud, jueces/as, académicos y miembros/as de la sociedad civil.

1

Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile. 13 de agosto de 2014, párrafo 15; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto de Chile del 1º a 19 de octubre de 2012, párrafo 35.

3

IV.

Objetivos Específicos

a. Promover la reflexión y discusión entre la igualdad entre los sexos, la igualdad de género y la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. En el seminario se analizarán asuntos tales como la confluencia entre la salud sexual y reproductiva como un derecho humano, los derechos humanos, los derechos reproductivos, la perspectiva ética y religiosa y el impacto de los medios de comunicación en torno a la discusión. b. Discutir y analizar mediante experiencias regionales compartidas la normatividad que sanciona la interrupción voluntaria del embarazo en causas extremas en Chile. Fomentando un espacio de discusión de estrategias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, para el avance de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Chile. c. Promover el conocimiento de las normas y los estándares internacionales y regionales de derechos humanos sobre salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos, identificando los avances realizados en materia de derechos sexuales y reproductivos y las brechas y los retos persistentes, así como los problemas emergentes y las prioridades para el futuro. d. El seminario dará como fruto una publicación en el que se recogerá la riqueza de los debates, que versarán sobre diversos temas, así como los aspectos claves de las presentaciones.

V.

Aspectos Logísticos

Organizadores: El Seminario está organizado conjuntamente por la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Fondo de Población de Naciones Unidas en Chile (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud- Chile (OPS) y el Grupo Interagencial EPU, Género y Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas en Chile. Participantes: Una amplia selección de participantes entre los que se encuentran representantes Gubernamentales, Parlamentarios y Sociedad Civil chilena. Lugar y fecha: El Seminario sobre derechos sexuales y reproductivos e interrupción voluntaria del embarazo en Chile se realizará los días 20 y 21 de agosto de 2015 en la Academia Diplomática, ubicada en Calle Catedral n.1183, Santiago de Chile. VI.

Metodología

Cada eje temático estará dividido en bloques, con la presentación de expertos/as internacionales y experiencias comparadas de otros países de la región: parlamentarios/as, funcionarios/as de la salud, jueces/as, académicos y miembros/as de la sociedad civil realizarán exposiciones de los diversos temas a tratar, y, a partir de ello, se fomentará el debate en torno a los conceptos y herramientas presentadas, contando con la participación activa de los/as asistentes, buscando la retroalimentación y la asimilación de ideas fuerza en torno a cada eje temático. Las exposiciones serán acompañadas rondas de pregunta y conclusiones donde los/as participantes darán a conocer sus experiencias a nivel nacional.

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