Grupo Socialista Congreso
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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa
Darrera de San
Jerónimo, 40
Mesa para solicitar, al a m p a r o d e lo dispuesto e n la R e s o l u c i ó n d e la Presidencia
28014 Madrid
del Congreso de los Diputados sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara de 26 de junio de 1996, la creación, en el seno de la Comisión de Asuntos
Exteriores,
de
una
Subcomisión
para
el
estudio
de
las
consecuencias derivadas de la salida del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea. Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2016
EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
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Grupo Parlamentario Socialista de Cortes Generales
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PARLAMENTARIO
El referéndum celebrado en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el 23 de junio de 2016 sobre su permanencia en la Unión Europea tuvo como resultado la victoria de aquellos que defendían la salida. Una vez conocido el resultado del referéndum se han realizado multitud de declaraciones por parte de diferentes líderes políticos. Mientras que algunos de ellos, como la canciller de la República Federal de Alemania, Ángela Merkel, han mostrado su voluntad de otorgar al gobierno británico tiempo para definir sus posiciones en la negociación, postura a la que se habría sumado con matices el presidente del República Francesa, Frangois Hollande, otros han señalado la necesidad de que las autoridades británicas procedan a activar el mecanismo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE) lo antes posible para minimizar la incertidumbre que genera esta situación; así lo hicieron el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Por lo que respecta a las opiniones procedentes del otro lado del Canal de la Mancha, pese a que fue un Primer Ministro conservador, Cameron, quien de manera absolutamente irresponsable y por cuestiones meramente electoralístas se comprometió con la realización de un referéndum al respecto y llevó a cabo su convocatoria, tras el resultado del referéndum hemos asistido a diversas declaraciones por parte de los responsables políticos del Reino Unido, entre ellas con especial relevancia la de la nueva primera ministra Theresa May, que junto con la reafirmación del compromiso de cumplir con la voluntad expresada por la ciudadanía británica ha señalado que no solicitará a las autoridades comunitarias antes del final de año la activación del artículo 50 TUE, paso indispensable para poner en marcha el proceso que concluya con el cumplimiento de la voluntad mayoritaria expresada en el referéndum en cuestión. Tras el resultado del referéndum y hecha pública la voluntad del gobierno británico de cumplir con el mismo, se ha abierto un período de incertidumbre que debe ser clarificado lo antes posible mediante un proceso que, sobre la base de la búsqueda del mantenimiento de las mejores relaciones posibles de la Unión
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PARLAMENTARIO Europea, y sus Estados miembros, con el Reino Unido inicie el proceso que concluya con la salida de este país de la Unión Europea, sin que ello comporte el debilitamiento de la misma, y posteriormente con un nuevo estatus de relaciones entre ambos claro y equilibrado en derechos y obligaciones. En este sentido es primordial que tanto las autoridades de la Unión Europea, como sus Estados miembros, tengan absolutamente claro que el resultado del referéndum no puede ser utilizado por el Reino Unido como un argumento para negociar un nuevo estatus dentro de la Unión Europea, o desde fuera con la de la misma, que suponga que este Estado conserve ventajas equivalentes a las de la pertenencia a la Unión Europea, pero sin la vinculación y el sometimiento a las obligaciones recíprocas inherentes al disfrute de dichas ventajas. Lo contrario, no solo sería tremendamente injusto e insolidario, sino que constituiría una actuación muy peligrosa para la supervivencia de la Unión Europea al lanzar el mensaje de que a partir de ahora nos podemos quedar solo con lo bueno de la Unión Europea pero no tenemos que ser solidarios en el reparto de obligaciones y cargas El Grupo Parlamentario Socialista es consciente de que el resultado del referéndum implica abordar importantes cuestiones internas por parte de las autoridades británicas, como ponen de manifiesto las tensiones aparecidas tanto en el seno la sociedad británica como entre aquéllas zonas que votaron mayoritariamente por la permanencia y las que lo hicieron a favor de abandonar la Unión. Igualmente, somos conscientes de que el proceso que concluya con el abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido será laborioso, complejo y no estará exento de dificultades. Lo mismo que ocurrirá con el proceso de negociación del nuevo estatus que establezca la relación con la Unión Europea al que eventualmente pueda acceder el Reino Unido. No cabe duda de que la salida del Reino Unido es un contratiempo grave, tanto desde la perspectiva política como desde la económica. Pero, al mismo tiempo constituye una oportunidad para reafirmar el compromiso con el proyecto
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PARLAMENTARIO europeo del resto de Estados miembros, intensificar diversas facetas de la integración y, eventualmente, explorar nuevas geometrías variables en el seno de la Unión que permitan que aquellos Estados que así lo deseen profundicen en la integración de sus políticas. Para lo que no debe servir este proceso es para ceder ante quienes quieren debilitar los principios y valores de la Unión Europea o quieren una pertenencia a la medida en la que solo se beneficien de las ventajas sin que les comprometa a contribuir en el sostenimiento solidario de los deberes y obligaciones derivados de la misma. Un proceso tan novedoso como éste, y de una naturaleza tan compleja, exige que las partes que lo van a encarar tengan un adecuado conocimiento de los distintos escenarios posibles, de los aspectos y ámbitos afectados y de las consecuencias que puedan derivarse del mismo y de su conclusión, tanto para el futuro de la Unión Europea y del proyecto europeo, a la hora de hacer frente a los importantes desafíos a los que se enfrenta, como para los Estados miembros en sus relaciones con el Reino Unido. Por lo que a España se refiere, además de a las empresas que mantiene estrechas relaciones con el Reino Unido, tanto financieras como comerciales, el proceso va a afectar a los miles de ciudadanos y ciudadanas españoles que estudian y trabajan en el Reino Unido, al sector turístico, que tiene en los clientes británicos una importante fuente de ingresos, y también afectará a la forma en la que los ciudadanos británicos que tiene fijada su residencia en España puedan acceder a nuestros servicios públicos. El asunto de Gibraltar añade aún más complejidad al proceso por lo que a la perspectiva española se refiere, ya que, además de las cuestiones meramente relacionadas con la legitima reclamación española de la soberanía, el proceso y su conclusión tendrán directísimas consecuencias en Andalucía, y en especial en el área del Campo de Gibraltar, en su economía, sus empresas y su sector turístico, y sobre los miles de trabajadores que diariamente cruzan la verja de la Línea de la Concepción para trabajar en Gibraltar.
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PARLAMENTARIO Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone la creación de una
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Subcomisión, en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores, para el estudio de las consecuencias derivadas de la salida del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea, con objeto de:
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1. Analizar las consecuencias que el abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte pueda tener en el desarrollo del proyecto europeo, en particular para la política exterior y de seguridad común, para la política migratoria de la UE y para la profundización en la unión económica. 2. Analizar las consecuencias que este abandono pueda tener para los diversos aspectos de las relaciones entre España y el Reino Unido y, en particular: • para la economía española, en especial para nuestras empresas y el sector turístico; • para los ciudadanos españoles que residen en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ya se encuentren trabajando o estudiando; • para los servicios públicos españoles que prestan asistencia a los ciudadanos
británicos
residentes en España, especialmente
los
servicios sanitarios y asistenciales; •
para las empresas, actividades y ciudadanos del Campo de Gibraltar y los trabajadores españoles en Gibraltar;
• para la cooperación en políticas de seguridad y defensa; y • cualquier otro ámbito específico que la subcomisión considere necesario abordar. 3. Recabar la información necesaria y llevar a cabo un seguimiento detallado del proceso y de los posibles escenarios que puedan producirse en relación con éste.
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PARLAMENTARIO 4. Realizar propuestas que definan con el máximo grado de acuerdo posible los criterios en los que debe fundamentarse la posición española ante el proceso negociador de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, así como el futuro estatus y el modelo de relación entre ambos, las medidas que deben adoptarse y las actuaciones a desarrollar, tanto en el seno de las instituciones de la Unión como en el ámbito interno, y las soluciones a adoptar ante los problemas que esta situación pueda provocar en nuestro país y, en particular, en relación con la economía, las empresas y la ciudadanía del Campo de Gibraltar. 5. Con estos fines, la subcomisión elaborará un informe en el que se expongan las conclusiones sobre los principios, criterios, elementos y cuestiones sobre los que el Gobierno deberá fijar la posición de España en el seno de las instituciones europeas y en el nuevo marco de relaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y las propuestas aprobadas. La Subcomisión responderá en su composición y funcionamiento a las previsiones de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara de 26 de junio de 1996.
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£&i&&i£«s^»: ENERAL DE
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PARLAMENTARIO
Fecha:
Grupo Socialista del Congreso
01/08/2016-11:41 23
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS El Grupo Parlamentario Socialista tiene el honor de dirigirse a esa Mesa a fin de
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proponer, de acuerdo con las previsiones de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, la creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación y Deportes, sobre la elaboración de una nueva Ley Básica de Educación.
En el Palacio dei Congreso de los Diputados a 1 de agosto de 2016
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Constitución de 1978 reconoce la educación como un derecho fundamental
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reclamando a los poderes públicos las acciones políticas necesarias para poder ejercitarlo incorporándolo como derecho social al ordenamiento jurídico. La educación es, sin duda, un bien de interés público que nos concierne a todos, y de ella depende en gran medida el presente y el futuro de nuestro país. Su importancia
es
fundamental
para
contribuir
al
desarrollo
de
sociedades
cohesionadas, abiertas y con escasos riesgos de exclusión social. En lo últimos cuatro años, la educación pública en España ha estado sometida a un proceso de fuerte desprestigio en el que se pretendió deslegitimar todo lo preexistente para instalar un nuevo modelo educativo, ideologizado y regresivo, en un contexto de recortes y normativas que han incidido de forma muy negativa en la igualdad de oportunidades y en las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Con todas estas medidas asistimos a una profunda modificación del derecho a la educación tal y como fue concebido en nuestra Constitución y en las leyes que lo desarrollaron, tanto en la LODE de 1985 con en la LOE de 2006. Son unas modificaciones que constituyen una verdadera ruptura del pacto constitucional y del contrato social entre generaciones actuales y futuras. España se enfrenta a retos cruciales, entre los que se encuentra la necesidad de alcanzar definitivamente un amplio acuerdo social, político e institucional en torno a la educación que asegure un modelo educativo público estable y de calidad, que garantice que, como derecho, se desarrolla a la largo de toda la vida, que haga posible un sistema educativo universitario y no universitario fundamentado en la igualdad entre mujeres y hombres, en la equidad, asentado en la inclusividad, orientado a la excelencia en los resultados y basado en la cooperación institucional y la disposición a la mejora continua en todas las instituciones educativas.
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PARLAMENTARIO Es necesario hacer un esfuerzo para construir las reformas del sistema educativo desde el diálogo, recuperando el sentido constitucional del derecho a la educación, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso y recuperando un sistema de becas que permita el acceso o la continuidad de los estudios con independencia de su situación económica, asegurando el derecho a una equitativa distribución de
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oportunidades de aprendizaje y el éxito escolar de todos y todas. La educación es un derecho fundamental, y la escuela pública debe ser una garantía insustituible para el efectivo ejercicio de ese derecho. Por ello, se debe garantizar una oferta de plazas públicas suficientes en todos los niveles educativos y fortalecer la cooperación institucional entre todas las Administraciones Públicas, garantizando una financiación pública y unos servicios comunes adecuados para todo el sistema educativo. La educación inclusiva, comprometida con los valores constitucionales y democráticos, debe estar presente en nuestro sistema educativo, así como promover la participación activa de toda la comunidad educativa. Los logros educativos de hoy son patrimonio ya de la sociedad española. Por eso no se trata de mirar atrás, ni de retroceder en nada de lo conseguido. Se trata de reconocer y consolidar lo alcanzado, de mejorar allí donde tenemos problemas, de salvaguardar las mejoras señas de identidad de nuestro sistema educativo y, sobre todo, de restañar en el menor tiempo posible el enorme daño perpetuado en los últimos años, permitiendo contribuir al superar los retos de la sociedad el conocimiento. Este acuerdo debe estar sustentado en un enorme grado de legitimidad y tener tres grandes pilares que se deben articular desde el Congreso de los Diputados: Un acuerdo con las fuerzas políticas y parlamentarias, la Comunidad Educativa y el institucional que permita la participación de los gobiernos autonómicos que tienen las competencias educativas y por ello son una pieza esencial en el pacto.
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PARLAMENTARIO La tarea de educar es una obligación conjunta de toda la sociedad. En este sentido es conveniente también la participación de medios de comunicación, empresarios y otros colectivos sociales. Sin embargo, para dar hoy ese nuevo impulso a la educación, es necesario anular las disposiciones de carácter regresivo adoptadas por el Gobierno durante la pasada legislatura y restaurar las grietas producidas en
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elementos
muy
sensibles
del
sistema
educativo.
Consecuentemente,
es
imprescindible hacerlo a través de un gran Acuerdo social y político por la Educación que aporte a nuestro sistema educativo estabilidad, legislativa y normativa, de objetivos y recursos. Por todo ello, y de acuerdo con lo que establece la norma segunda, 2 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, se propone la creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación y Deporte, con las siguientes características: A. Objeto de la Subcomisión.
1) La Subcomisión elaborará un informe sobre el estado y situación del sistema educativo español que contenga unas propuestas y unas conclusiones que serán recogidas para la elaboración de un gran Pacto social y político por la Educación. Dicho pacto servirá de base para una nueva ley básica de educación que contenga las medidas acordadas, con el objetivo de derogar y sustituir la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, a partir de un amplio acuerdo parlamentario y social. 2) Para la elaboración de dicho informe, la Subcomisión desarrollará cuantas comparecencias sean necesarias para el adecuado desarrollo de sus trabajos, contando con expertos, representantes de la comunidad educativa, responsables autonómicos de educación, presidentes de Consejos Escolares autonómicos, organizaciones sociales, colectivos o plataformas educativas y representantes de las sociedades Científicas y Culturales del país.
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PARLAMENTARIO 3) Igualmente, los grupos parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el
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momento de su constitución. 4) La subcomisión, asimismo, podrá solicitar informes específicos al Consejo Escolar del Estado y a la Conferencia Sectorial de Educación, entre otros
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órganos, y podrá recabar documentos de trabajo impulsados y elaborados desde la sociedad civil y la comunidad educativa.
B. Composición. La Subcomisión estará integrada por tres representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con ochenta o más miembros, dos representantes de cada uno de los grupos parlamentarios con treinta o más miembros y un representante de cada uno de los restantes grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios podrán designar además otros tantos miembros suplentes. C. Adopción de acuerdos. En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado. D. Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión. La Subcomisión deberá realizar y presentar el informe a que se refiere el apartado A) en un plazo máximo de seis meses desde su constitución.
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Fecha:0l/08/2016_11:42:ij
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Grupo Socialista del Congreso
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al Carrera de San Jerónimo, 40 28014 Madrid
amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Expresamente reconocido en la Constitución en su artículo 62 letra
i), el
ejercicio del derecho de gracia se encuentra regulado en la Ley de 18 de junio de 1.870, modificada por la Ley 1/1988 de14 de enero. La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha fijado una línea jurisprudencial reiterada conforme a la cual el ejercicio del derecho de gracia través del indulto se configura
como
un acto
ciertamente
controlable en vía jurisdiccional, pero
exclusivamente en lo que a los aspectos formales de su elaboración y tramitación se refiere y, en concreto, a si se han solicitado los informes que la Ley establece como preceptivos aunque no resulten vinculantes (artículos 19 a 32 de la Ley de Indulto). Consecuentemente con ello, se ha excluido hasta ahora todo control sobre la motivación de la decisión de indulto al tratarse de un acto radicalmente graciable. "El acuerdo denegatorio de la concesión de indulto constituye un acto graciable, como categoría distinta de los actos discrecionales y controlable exclusivamente en cuanto a sus elementos reglados por esta Sala", afirmaba la sentencia de 27 de mayo de 2003, recogida por la 10 de octubre de 2007, que añade que "el control que nos corresponde hacer del acto del Gobierno que se somete a nuestra consideración es el de sus elementos reglados, que en este caso son los que se contienen en el capítulo III de la Ley de 18 de junio de 1.870, en la redacción dada por la Ley 1 de 1.988, de 14 de enero, y que regula el procedimiento para solicitar y conceder la gracia de indulto, artículos 19 a 32 de la Ley". Sentado todo ello, ha de reconocerse que el indulto es y debe ser un recurso excepcional para dar por cumplida, total o parcialmente, la responsabilidad penal impuesta conforme a la ley por los Juzgados y Tribunales y que, en consecuencia, sólo es democráticamente asumible cuando en su concesión concurran, desde luego, las razones de justicia, equidad o utilidad pública que hasta hoy requiere la Ley de 1870, pero también su incidencia en la reinserción social del condenado para así cumplir con la finalidad que la Constitución atribuye a toda pena.
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Y no está justificado que este recurso excepcional se aplique a los supuestos Grupo Socialista del Congreso
de delitos relacionados con la corrupción cometidos por autoridades o cargos públicos ni a los vinculados con la violencia de género. Además, la concesión de indulto total debe requerir la conformidad del Magistrado o Tribunal sentenciador.
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Por otra parte, la interdicción de la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos que consagra el artículo 9.3 de la Constitución supone la proscripción de toda actuación carente de justificación y, por ello, impide que la discrecionalidad que en determinados ámbitos disfrutan los poderes públicos en su actuación sea sinónimo de arbitrariedad. El mejor modo de evitar una conducta arbitraria en este ámbito es exigir que todo indulto, sea total o parcial, se acompañe de la expresión concreta de las razones que conducen al Gobierno a concederlo; esto es, a exigir que los Reales Decretos de indulto sean motivados.
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PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE 18 DE JUNIO DE 1870 Grupo Socialista del Congreso
ESTABLECIENDO REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LA GRACIA DE INDULTO Artículo Único. Se modifican los artículos de la Ley de 18 de junio de 1870
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estableciendo reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto que se recogen a continuación. PRIMERO.- Se da una nueva redacción al artículo 1 que queda redactado como sigue: "Artículo 1 Los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados, con las excepciones previstas en esta Ley, con arreglo a las disposiciones de la misma, de toda o parte de la pena en que por aquéllos hubiesen incurrido." SEGUNDO. Se da una nueva redacción al artículo 3 que queda redactado como sigue: "Artículo 3 No procederá la concesión de indulto, total o parcial, cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. Tampoco procederá el indulto cuando la condena sea por delito relacionado con la violencia de género." TERCERO. El artículo 5 queda redactado de la forma siguiente: "Artículo 5. Será nula y no producirá efecto ni deberá ejecutarse por el Tribunal a quien corresponda, la resolución del indulto en que no se hiciere mención expresa, al menos, a la pena en que recaiga la gracia, al delito cometido, al estado de ejecución, en su caso, de la pena impuesta, al título de imputación, al origen de
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la solicitud de indulto y, finalmente, a la motivación que, a juicio del Gobierno, Grupo
ha justificado su concesión."
Socialista del Congreso
CUARTO. El artículo 11 queda redactado de la forma siguiente: Carrera de San Jerónimo, 40 28014 Madrid
"Artículo 11. Será exigible que, a juicio del Magistrado o Tribunal sentenciador, existan razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del condenado para poder otorgar el indulto total." QUINTO. Se suprime el artículo 29. SEXTO. El artículo 30 queda redactado de la forma siguiente: "Artículo 30. La concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en Real Decreto motivado que se insertará en el Boletín Oficial del Estado donde se recogerán las razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del penado que concurren en la concesión del indulto a juicio del Gobierno. Asimismo el citado Real Decreto deberá contener las demás circunstancias citadas en el artículo 5 de esta Ley." DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Expedientes en tramitación. La presente Ley será de aplicación a todos los expedientes en tramitación a la entrada en vigor de la misma. DISPOSICIÓN FINAL Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
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ANTECEDENTES Grupo Socialista del Congreso
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•
Constitución Española
•
Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto
•
Ley 1/1988,14 enero, por la que se modifica la Ley de 18 de junio de 1870, estableciendo reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto.
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CONGRESO DE LOS DIPUTAno-í REGISTRO GENERAL DEENTRADA
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F e c h a . 0 1 / 0 8 / 2 0 1 6 - 1 1 : 4 3 ; 00
PARLAMENTARIO
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Grupo Socialista del Congreso
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al Carrera de San Jerónimo, 40 28014 Madrid
amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Nuestro constituyente definió el modelo de Estado español como social y
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democrático de Derecho, que propugna como valores superiores la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Justificado en la necesidad de equilibrar
la desigual estructura en el ámbito
laboral, el desarrollo posterior del artículo 37 la Constitución se llevó a cabo
en
relación al derecho a la negociación colectiva y a la adopción de las medidas de conflicto colectivo y así como el desarrollo jurisprudencial, además del desarrollo de la libertad de sindicación
estableciendo de un sistema de relaciones laborales más
democráticas para corregir la asimetría de las relaciones laborales preexistentes a 1978. Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno. La reforma laboral, que prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos, no pareció suficiente y por ello se reforzó, con ataques directos, todas las medidas que exterioricen el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la ley de seguridad ciudadana, y el art. 315.3 del Código Penal, en el corto plazo y trabajando ,en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno. Así, se ha aplicado la forma agravada de coacciones prevista en el artículo 315, apartado 3, del Código Penal, sobre la más atenuada de coacciones genéricas, aunque en la mayoría de los casos los hechos no puedan ser entendidos como violentos o coactivos y ,en consecuencia, como un riesgo cierto para la integridad de
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las personas o de los bienes o instalaciones donde se desarrollan. Con esta aplicación Grupo Socialista del Congreso
de la ley se ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical.
Carrera de San Jerónimo, 40 28014 Madrid
Si bien la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, vino a mitigar la respuesta punitiva de la Ley, la misma no da una respuesta proporcionada, ni añade nada nuevo ni necesario atendiendo a la finalidad que la norma atendía. Por ello, el artículo 315.3 del Código Penal debe desaparecer de nuestro ordenamiento punitivo, toda vez que el genérico delito de coacciones ya protege de manera adecuada la libertad de no hacer huelga. De otra parte, todas estas actuaciones no se ajustan, ni a las previsiones de nuestro sistema constitucional, ni a las obligaciones que tiene España como signataria de los distintos textos nacidos en la Organización Internacional del Trabajo. Finalmente, han sido las razones antes expuestas y una forma de interpretación del delito, que amplió su aplicación en sentido contrario a cómo debería interpretarse teniendo en cuenta la doctrina constitucional existente sobre el mismo y el deber de todo intérprete de evitar que la interpretación de la norma disuada del ejercicio del derecho fundamental que limita, la que nos lleva a la necesidad de proponer la supresión de este precepto.
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PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 315 APARTADO 3 DEL CÓDIGO PENAL
Carrera de San Jerónimo, 40 28014 Madrid
Artículo Único. Se suprime el apartado 3 del artículo 315 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal. Disposición transitoria. Revisión de sentencias. Los jueces o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes dictadas de conformidad a la legislación que se deroga. Disposición final octava. Entrada en vigor. La presente Ley Orgánica entrará en vigor el mismo día al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
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Carrera de San Jerónimo, 40 28014 Madrid
ANTECEDENTES •
Artículos 25 y 37 de la Constitución Española.
•
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal.
•
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
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PARLAMENTARIO
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Grupo Socialista del Congreso
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a Carrera de San Jerónimo, 40 28014 Madrid
esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para garantizar el desarrollo y la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, para su debate en Pleno.
En el Palacio del Congreso de los Diputados a 1 de agosto de 2016
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Grupo Socialista del Congreso
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción d e la Autonomía Personal y Carrera de San Jerónimo, 40 28014 Madrid
Atención a las Personas en Situación de Dependencia fue aprobada con alto grado de acuerdo de las fuerzas políticas parlamentarias, con
la participación de las
Comunidades Autónomas, las entidades locales, los agentes sociales y el movimiento asociativo.
Esta Ley reconoce el derecho subjetivo de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, un derecho universal y con garantía pública, lo que supuso un importante avance hacia la consolidación del estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución.
Para dar contenido a este derecho se establecía la cooperación de todas las administraciones implicadas y se creaba el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que contaba con un calendario de implantación que se desplegaría de forma gradual. El Sistema se fue implantando según lo previsto hasta la llegada al Gobierno del Partido Popular, en noviembre de 2011. En aquel momento, un 80,7% de personas beneficiarías encuestadas consideraban positiva o muy positiva la atención que recibían.
En diciembre de 2011, pocos días después de la constitución del Gobierno de Mariano Rajoy, éste decidió paralizar el calendario de aplicación de la Ley, impidiendo a las personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicio.
Posteriormente, en los primeros Presupuestos Generales del Estado que elaboró
ese
Gobierno,
correspondientes
al
año
2012,
eliminó
la
partida
correspondiente al nivel acordado que ascendía a 283 millones de euros. Este nivel de financiación previsto en la Ley volvió a ser suprimido en los Presupuestos de 2013, 2014, 2015 y 2016.
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El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la Grupo Socialista del Congreso
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad introdujo numerosas modificaciones en la regulación del Sistema que causaron enorme perjuicio a las personas en situación de dependencia. Entre ellas destacan la supresión de los dos
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niveles en que se dividía cada grado; la reducción en un 13% de la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo; la reducción en un 15% de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar; la revisión de la regulación del convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, cuyas cotizaciones pasan a ser exclusivamente a su cargo; la aplicación de un plazo suspensivo de hasta dos años para las nuevas prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar. Además, se volvió a revisar el calendario para retrasar, más aún, la entrada de dependientes moderados; se introdujo un régimen de Incompatibilidad de las prestaciones; y se excluyó del silencio positivo el reconocimiento de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
A ello hay que añadir que la Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, aprobó criterios y contenidos sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones que suponían un importante incremento del copago. Además, se permitió a las Comunidades Autónomas establecer una mayor participación del beneficiario en el coste de los servicios y de las prestaciones económicas, algo que hicieron muchas de ellas.
En definitiva, el Gobierno del PP ha reducido el contenido prestacional del derecho y realizado importantes recortes presupuestarios, con el dramático resultado de que los beneficiarios están recibiendo servicios y prestaciones claramente insuficientes; al tiempo que se encuentran sin atender cientos de miles de personas en situación de dependencia.
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Además, se ha producido un gran retroceso en la financiación estatal del Grupo Socialista del Congreso
Sistema. Mientras ha caído la aportación de la Administración General del Estado, se ha incrementado sustancialmente la de las Comunidades Autónomas y el copago de los usuarios.
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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente: PROPOSICIÓN NO DE LEY
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, para:
1. Recuperar los principios inspiradores de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, para el adecuado cumplimiento de sus objetivos.
2. Modificar la Ley para eliminar las medidas incorporadas desde que el PP llegó al Gobierno, suprimiendo las restricciones en materia de incompatibilidades y cuidados familiares, garantizando el acceso con carácter universal y con equidad.
3. Eliminar el incremento del copago introducido en 2012.
4. Establecer la garantía de gestión pública de la valoración, seguimiento e inspección.
5. Reforzar la gestión pública del sistema, priorizando la titularidad pública de los recursos sociales, sin perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar actividades complementarias. Desarrollar los aspectos de la Ley que lo requieran, como el caso del asistente personal.
6. Promover mecanismos de financiación adicionales en la atención a la dependencia que se vinculen a la reducción de listas de espera, la incorporación al sistema de todas
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las personas en situación de dependencia moderada, la mejor calidad del servicio Grupo Socialista del Congreso
prestado, y la creación de empleo de calidad.
7. Priorizar los servicios sobre las prestaciones económicas vinculadas a los mismos y Carrera de San Jerónimo, 40 28014 Madrid
potenciar la red de centros y servicios, que generan empleo estable y garantizan atenciones de calidad.
8. Realizar una evaluación de la aplicación de la Ley por la AEVAL a fin de detectar las carencias existentes en su aplicación, y poner en marcha las mejoras que se requieran a partir de las conclusiones y recomendaciones de dicha evaluación.
9. Incorporar, con carácter inmediato, al Régimen General de la Seguridad Social a los cuidadores familiares de las personas en situación de dependencia.
10. Promover un Pacto con las Comunidades Autónomas para garantizar la financiación y el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia."
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS REGISTRO GENERAL DE ENTRADA
* Grupo Parlamentario Socialista de Cortes Generales
ñ ñ ñ 1 9 9 PSOS
0001642
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Fecha:01/08/2016-11:44:15
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Grupo Socialista del Congreso
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a Carrera de San Jerónimo, 40 28014 Madrid
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY de igualdad salarial entre mujeres y hombres, para su debate en Pleno.
En el Palacio del Congreso de los Diputados a 1 de agosto de 2016
PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Grupo Socialista del Congreso
La igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el acceso al mercado laboral, como en las condiciones laborales y retributivas, continúa siendo un reto en nuestro
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país y en el resto de Europa. La última Encuesta Anual de Estructura Salarial sobre 2014 muestra que el salario promedio anual femenino representó el 76,7% del masculino, es decir, fue casi un 24% inferior al de los hombres. Es decir, las mujeres trabajadoras en España para percibir de media las mismas retribuciones que los hombres tendrían que trabajar 79 días más al año. Y esta desigualdad también las sitúa en peor posición en el sistema de protección social, donde esta brecha alcanza el 39%. La mayor precarización del empleo femenino respecto del masculino no sólo se manifiesta por esta desigualdad retributiva. También lo constata una menor tasa de actividad, una menor tasa de ocupación y una tasa de paro más elevada. España se encuentra entre los países con menor contribución femenina al empleo: sólo el 54,03% de la población femenina entre 20 y 64 años trabajaba en el primer trimestre de 2016, 9 puntos menos que la media europea y muy alejado del 74% que establece el objetivo Europa 2020. Para alcanzar ese objetivo, en España se tendrían que crear en torno a 3 millones de empleos ocupados por mujeres hasta 2020. Alcanzar esa mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo es acuciante para conseguir un mayor ritmo de crecimiento económico, dada la infrautilización de la fuerza de trabajo de las mujeres a pesar de su mayor y mejor formación. Así se pronuncian numerosos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional que, en un informe de 2014, sostiene que "las pérdidas del PIB per cápita atribuibles a la disparidad de género en el mercado laboral llegan hasta el 27% en determinadas regiones", y mantiene que la equiparación de las mujeres en la fuerza laboral es el instrumento que permitiría elevar de forma permanente el PIB de los Estados.
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Es urgente remover los obstáculos que sitúan a la mujer en una peor situación Grupo Socialista del Congreso
en el mercado de trabajo. En este sentido cabe señalar que la asunción en exclusiva de responsabilidades familiares es determinante de la mayor precarización del empleo femenino frente al masculino y su gran diferencia salarial. La mayor demanda de
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participación en el mercado laboral de la mujer no puede realizarse a costa de su extenuación. La conciliación parecer seguir siendo un asunto de mujeres y actúa situando a la mujer en peores condiciones laborales debido a su hipotética menor disposición en el mercado de trabajo. Corregir la brecha salarial es una cuestión de justicia y equidad, y exige situar a la mujer en igualdad de condiciones que los hombres en el empleo, tanto en el acceso, como en su permanencia, promoción interna y formación. Y avanzar en su mayor participación en los órganos de decisión, la ruptura del denominado "techo de cristal", conscientes de la mejora que esto supondría también en la gobernanza de las empresas al incidir en la selección de los más cualificados, hombres y mujeres. Y, por supuesto, exige articular medidas de corresponsabilidad familiar y para el cuidado de los otros. En la remoción de los obstáculos que impiden esta igualdad los poderes públicos tienen un papel determinante. Por mandato constitucional, que les compele a garantizar de forma real y efectiva esta igualdad. Más específicamente, en desarrollo de dicho mandato en el ámbito laboral, porque así lo demanda el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores. Y también porque así lo establecen los Tratados de la Unión Europea. El Estado debe asumir su responsabilidad en la atención y el cuidado de los otros, favoreciendo otra política de familia y articulando una red pública de servicios educativos y sociales que atiendan a la infancia, los menores y dependientes. Sin embargo, la política de derechas desarrollada por el Gobierno del Partido Popular ha desmantelado los servicios sociales y la Ley de Dependencia, a la par que ha recortado drásticamente la inversión en sanidad y en educación. A ello se añade la desregulación del tiempo de trabajo producida por la reforma laboral, que implica extralimitación horaria, contratos a tiempo parcial que encubren jornadas completas y reducciones horarias para el cuidado de menores que, al ser concretadas por los
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empleadores, atenían contra la corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar y Grupo Socialista del Congreso
laboral. Todos estos elementos dificultan la participación de la mujer en el ámbito laboral, volviendo a situarlas en peor poder de negociación frente al empresario al ser ellas las que continúan asumiendo la casi totalidad de la responsabilidades familiares.
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Son políticas que tratan de devolver a la mujer a "casa". Desde el primer trimestre de 2014, la EPA nos viene mostrando la caída paulatina de la población activa femenina. Según la EPA del primer trimestre de 2016 la tasa de actividad femenina se sitúa en el 53,64%, frente al 54% que llegó a alcanzar en el tercer trimestre de 2013, hecho que confirma la expulsión de las mujeres del mercado laboral: en los últimos dos años la población activa femenina se ha reducido en casi 60.000 personas. Por su parte, el número de mujeres desempleadas apenas ha visto reducir su número: 16.000 mujeres menos en paro que en el cuarto trimestre de 2011, un 22,9% frente al 22,7% que arroja la EPA del primer trimestre de 2016, habiendo alcanzado en 2013 máximos históricos próximos al 27%. Las medidas laborales incorporadas en la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad que remite, en muchos casos, a la negociación colectiva, han mostrado unos efectos limitados como consecuencia del debilitamiento de los sindicatos y la reducción de la cobertura de la negociación colectiva, consecuencia directa de la reforma laboral del Partido Popular. La recomendación de la Comisión Europea sobre Transparencia Empresarial en materia de igualdad salarial no se está impulsando con carácter general. Tampoco se está aplicando en el sector público. Lograr la igualdad de género, además de un objetivo democrático para el cumplimento
de
los derechos fundamentales
básicos, entre ellos a la no
discriminación, es el gran reto que tiene planteado nuestro país para desarrollar la potencialidad económica y social que necesitamos. Alcanzar este objetivo es urgente. Según el último informe sobre brecha global de género - Global Gender Gap-, en 2015 España ocupa el puesto veinticinco frente al
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duodécimo que ocupaba en 2011. En estos cuatro años España ha descendido trece puestos en este ranking. Las políticas del PP han sido políticas miopes que no sólo desatienden los
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compromisos de los países del G20 compelidos a reducir la brecha entre la participación de hombres y mujeres en un 25% para 2025, para sumar a más de 100 millones de mujeres a la fuerza laboral, aumentar significativamente el crecimiento global y disminuir la pobreza y la desigualdad, sino que desconocen la mejora de la actividad productiva y los sustanciales incrementos del PIB que esa incorporación produciría. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
PROPOSICIÓN NO DE LEY "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar de forma inmediata las medidas que permitan reducir la desigualdad salarial entre mujeres y hombres con el fin de eliminarla. Para ello el Gobierno: 1. Presentará urgentemente un Proyecto de Ley de Igualdad Salarial entre mujeres y hombres que garantice de forma real y efectiva la igualdad de retribución por el desempeño de un trabajo de igual valor y, por tanto que garantice la igualdad de género en el empleo, en su acceso y permanencia, en la formación y en promoción interna en las empresas, removiendo los obstáculos que la impiden o dificultan.
2. Dicho Proyecto de Ley establecerá objetivos específicos, entre ellos alcanzar una tasa de empleo de las mujeres del 74%, en línea con lo acordado en el seno de la Unión Europea en la Estrategia 2020.
3. Los contenidos de este Proyecto de Ley incorporarán,
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Una nueva articulación de los derechos y permisos relativos a la maternidad y paternidad que asegure la corresponsabilidad, así como una red pública de servicios educativos y sociales para los cuidados de la infancia y de personas dependientes. La recuperación de los derechos de conciliación familiar y laboral; la mejora de las prestaciones por hijo e hija a cargo en atención a los niveles de rentas. Medidas para avanzar en corresponsabilidad y favorecer la conciliación familiar y laboral, que apuesten por la racionalización de horarios y recuperen la seguridad en la jornada laboral y la contratación laboral. Medidas positivas para garantizar el acceso y estabilidad en el empleo y la promoción en el seno de las empresas, especialmente en las profesiones y niveles donde las mujeres están subrepresentadas, estableciendo objetivos concretos y penalizaciones a los incumplimientos. Medidas que mejoren las condiciones laborales para los trabajadores pobres, mayoritariamente mujeres. Entre otras, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, la ratificación del Convenio 189 OIT y la regulación de prestaciones no contributivas por maternidad y paternidad. Medidas que reconozcan el mérito y capacidad de las mujeres en el desarrollo de su carrera profesional y evitar la discriminación actual que lo impide por razón de sus sexo. Establecer cuotas para el acceso de las mujeres a los puestos directivos, comités de dirección y consejos de administración de las empresas, también para los puestos de responsabilidad y órganos directivos de cooperativas y organizaciones agrarias y pesqueras con el objetivo de llegar a una representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de dirección económicos. Medidas para hacer efectiva la Transparencia en las Empresas. Medidas de transparencia estadística. A tal efecto, se desagregarán por sexos, edad, nivel educativo y ocupación todas las Encuestas y Registros que analizan el mercado de trabajo, incluidas aquéllas que analizan específicamente las retribuciones de las personas trabajadoras.
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i) Grupo Socialista del Congreso
Un Acuerdo Interinstitucional para hacer posible el Pacto Local por la igualdad
de
género
de
tal
forma
que
todas
las
mujeres,
independientemente de que vivan en zonas urbanas o en el ámbito rural, pueden acceder al conjunto de servicios y equipamientos que hagan Carrera de San Jerónimo, 40 28014 Madrid
eficaces el conjunto de medidas que integren el contenido básico de este Proyecto de Ley de igualdad salarial mandatado en esta Proposición no de Ley."
8»*& l SS¡í8k Grup Parlamentan'. Socialista de Cortes Generales
Fecha:Q1~/08/2016-11:45:16
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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Grupo Socialista del Congreso
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Carrera de San Jerónimo, 40 28014 Madrid
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre restablecimiento del subsidio por desempleo para las personas mayores de 52 años, para su debate en Pleno.
En el Palacio del Congreso de los Diputados a 1 de agosto de 2016
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Grupo Socialista del Congreso
En la X Legislatura, el Gobierno del Partido Popular, lejos de afianzar el papel de estabilizador social del sistema de protección por desempleo, emprendió una Carrera de San Jerónimo, 40 28014 Madrid
política fuertemente agresiva contra las personas que estaban perdiendo su empleo como consecuencia de la crisis. Su objetivo, lejos de introducir las medidas que frenaran la sangría del desempleo, fue reducir el gasto, mediante una merma continua del número de beneficiarios.
Y su celo se dirigió fundamentalmente a las personas mayores de 50 años, las cuales vieron que, a la par que se eliminaban las contenciones que dificultaban que fueran arrojadas del mercado de trabajo ante la constatación de su mayor dificultad para la inserción laboral, se les endurecían los requisitos de acceso a los subsidios por desempleo o la calidad de la prestación.
De este modo, el Partido Popular facilitó el despido a los mayores de 50 años en las empresas con beneficios, sobre todo en las empresas multinacionales, y eliminó los incentivos para el mantenimiento del empleo de mayores de 60 años y para la contratación de mayores de 52 años.
Y también suprimió el subsidio para mayores de 52 años, incrementando la edad de acceso hasta los 55 años, al mismo tiempo que dificultó el acceso a este subsidio al imputar a los posibles beneficiarios las rentas familiares, único subsidio en que se tienen en cuenta las rentas de la unidad familiar. Así, las personas sin protección entre 52 y 55 años aumentaron un 93% y la caída en la protección pasó del 64,7% al 48,1% entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo período de 2015. Pero además el Gobierno del Partido Popular redujo la cotización durante el desempleo para estas personas paradas mayores de 52 años en un 20%, al eliminar la cotización del 125% de la base mínima, cuantía que pactaron el gobierno socialista y los agentes sociales en 2007. Esta medida, de incidencia directa en la cuantía de la pensión, también se vio agravada
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ante la exigencia de que se jubilasen
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anticipadamente, aun cuando pudieran seguir cotizando y completar su carrera de Grupo Socialista del Congreso
cotización. A mayor abundamiento, el Partido Popular endureció la jubilación a los 61 años de edad y el relleno de lagunas de cotización, también pactada con los agentes sociales en 2011.
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Con las medidas señaladas, diseñadas contra los mayores de 50 años, la generación del baby boom, el Gobierno del Partido Popular pretendió ajustar "el gasto público asociado al envejecimiento de la población", terminología empleada en la Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017, presentado por el Gobierno a la Comisión Europea. Este documento es muy significativo pues expresamente señala que gracias a las reformas de 2013, en 2060 el ahorro en el gasto en pensiones español habrá supuesto 4,1 puntos porcentuales del PIB, teniendo un gasto en 2030 igual al de 2010 (10 puntos porcentuales PIB) e inferior al del 2020 (10,2 puntos), situándose en 2060 en el 9,6, y ello a pesar de la llegada del baby boom en los albores del 2030.
El Gobierno del Partido Popular ha legislado pues contra las personas mayores en desempleo por la crisis, ha llevado a cabo una política deliberada cuyo objetivo era la bajada de la protección por desempleo de estas personas y, en consecuencia, también de sus futuras pensiones. Con estos graves recortes, el Gobierno del Partido Popular ha dado otro paso en el debilitamiento de uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar: el sistema de pensiones, y precisamente para las personas que más lo necesitan.
Es urgente pues adoptar las medidas que permitan recuperar la protección al desempleo de las personas mayores de 52 años y con ello asegurar también pensiones suficientes y dignas para estas personas que se han visto arrojadas del mercado laboral durante la crisis y que mayores dificultades de acceso presentan para su vuelta al trabajo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
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Generales
PROPOSICIÓN NO DE LEY Grupo
Socialista del Congreso
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de forma urgente adopte las medidas que permitan reestablecer el subsidio por desempleo para mayores de 52 Carrera de San Jerónimo, 40 28014 Madrid
años en las condiciones previamente existentes a las reformas de 2012 y 2013, especialmente en lo referente al umbral de renta, que se situará exclusivamente en el correspondiente a la persona beneficiaría y no en la unidad familiar, a la cotización a la Seguridad Social, que será el 125% de la base mínima, y a su duración, que se extenderá hasta que el beneficiario encuentre un nuevo puesto de trabajo o hasta el cumplimiento de la edad de acceso ordinaria a la jubilación, salvo que optara por acceder a una edad inferior."
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En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
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el inicio del procedimiento para la reforma del sistema de financiación autonómica, para su debate en Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, a 1 de agosto de 2016
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En 2013, el Gobierno de España debería haber iniciado el procedimiento para la Grupo Socialista del Congreso
revisión del sistema de financiación autonómica, pero hasta 2015 no se ha hecho un primer balance de la eficiencia del actual sistema para garantizar una adecuada financiación de las competencias de las Comunidades Autónomas. Y dicho balance se
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limitó simplemente a presentar una cuestionable síntesis de los datos aportados por las Comunidades Autónomas. La conclusión es que, si bien el sistema actual supuso una mejora en la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, siguen existiendo situaciones de infrafinanciación.
Ante el debate y la reivindicación social e institucional que surgió meses antes de las elecciones autonómicas, el Gobierno anunció que en julio se pondrían en marcha los procedimientos para iniciar la reforma de la LOFCA. Pasadas las elecciones autonómicas, y pese a que se ha alargado la X Legislatura, el Gobierno no ha tomado ninguna decisión técnica o política previa a la definición, debate, y aprobación del nuevo sistema.
La demora injustificada en el inicio y aprobación de la reforma está agravando la viabilidad económica de las comunidades autónomas. Además, limita la capacidad de sus gobiernos para desarrollar políticas que ayuden a acelerar la salida de la crisis sin pérdida de calidad de vida, pues tienen competencias para ejecutar políticas en materias imprescindibles para ello que no pueden ejercer plenamente, como pueden ser las políticas activas de empleo, industria, turismo, agricultura, etc.
No cabe más demora. Si bien el texto concreto del proyecto de ley de reforma de la LOFCA lo ha de aprobar el nuevo Gobierno, no es menos cierto que la Administración General del Estado cuenta con altos cargos y técnicos que no están "en funciones" y sí pueden adelantar todos los trabajos de recopilación de información, informes y datos de la propia AGE y las Comunidades Autónomas, que son preceptivos realizar antes de la reforma o que se requerirán en el trámite de elaboración, debate, y aprobación de dicha reforma en el Gobierno, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y las Cortes Generales.
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_ ± . „ ,. . . 0 . .. 4 • • * PARLAMENTARIO n Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY
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«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
carrera de san
-j
Dar las indicaciones oportunas para que, de forma inmediata, se inicien o
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aceleren los trámites técnicos y la elaboración de informes oportunos de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas que sean necesarios para reformar el sistema de financiación autonómica, para su posterior tramitación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, su aprobación como proyecto de ley, y su debate y tramitación en las Cortes Generales. 2. El nuevo sistema de financiación debe garantizar la igualdad y la suficiencia financiera para todas las Comunidades Autónomas. Se debe elaborar y negociar un nuevo sistema que corrija los déficits de financiación y garantice los principios de autonomía, coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución Española, así como la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las Comunidades Autónomas, de manera que todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios.
3. Analizar los déficits de financiación que han soportado de forma recurrente las Comunidades Autónomas, y su impacto sobre la deuda autonómica, a fin de poner en marcha el mecanismo de compensación previsto en la LOFCA.
4. Mientras tanto, se debe garantizar que los sistemas habilitados para posibilitar la financiación de las Comunidades Autónomas se ejecutan con parámetros objetivos, con la adecuada diligencia, y permitiendo que las Comunidades Autónomas puedan ejecutar puntualmente los pagos para el cumplimiento de sus competencias, especialmente las referentes a la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, las restantes políticas sociales, y las políticas activas de empleo, sin cercenar su autonomía política y financiera.
