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economía

| Domingo 17 De agosto De 2014

El codiciado oro negro: revive la pelea por los petrodólares Viene de tapa

La Argentina tiene tres normas que dan forma al esquema general de los hidrocarburos. La más importante está en la Constitución Nacional, que en 1994, y con un fuerte lobby del entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, consagró en el artículo 124 el principio rector del mundo del petróleo y el gas. “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, dice la norma. Aquel precepto se completó con la llamada “ley corta”, que en 2006 traspasó el poder concedente de los yacimientos a las provincias. Estos dos preceptos, más la ley 17.319, son el marco general con el que se negocia con las petroleras cada vez que se entrega un permiso de exploración o explotación. Pero ese entramado envejeció ante la aparición de nuevas tecnologías que permiten extraer petróleo con fricción hidráulica, llamada exploración no convencional. Pero la tecnología no fue todo. La “década ganada” no logró tornar atractivo al país para convertirlo en receptor de inversiones energéticas. Las petroleras quieren incentivos económicos a la hora de poner una ficha en el país. Y finalmente hubo consecuencias no deseadas de aquella federalización de concesiones. A ocho años de vigencia de la ley corta en la Argentina conviven tantos regímenes de contratación como provincias petroleras hay. Cada una establece sus condiciones, negocia regalías, pone la vara de los impuestos donde quiere –o puede– y concede los plazos de explotación que le parecen adecuados. A medida que el tiempo pasó, las provincias ganaron autonomía, mejoraron sus finanzas con estos contratos y, claro está, restaron peso a la Nación en materia de concesión de yacimientos. YPF fue la primera que se topó con las limitaciones de ofrecer beneficios para atraer un socio que aporte capital para desarrollar Vaca Muerta. La Argentina no es atractiva tal como están las condiciones generales. Hubo que hacer un acuerdo particular y secreto y forzar un decreto presidencial para mejorar aquellas condiciones. Menos control a las importaciones de equipos, posibilidad de disponer de los dividendos y un esquema de acceso al mercado cambiario diferencial fueron algunos de los pedidos que hubo que atender para que Chevron llegara a un acuerdo con YPF. Pero esa experiencia fue suficiente. Desde las oficinas de YPF se empezó a cocinar un nuevo marco general. Y así salió el proyecto de ley que ahora recorre el país y que se ha convertido en motín de intercambio entre gobernadores, legisladores y funcionarios nacionales. El proyecto nació como una manera de modernizar el antiguo esquema y tornar atractivo el país con un solo objetivo: atraer inversiones petroleras. La idea es sumar un tramo más al camino pro mercado que el Gobierno ha dado en materia energética: aumento de precios para toda la cadena del petróleo y gas y el pago a Repsol. Con esto se llena, evalúan en el Gobierno y en YPF, el casillero que falta en este mercado. Varias de las críticas que se escuchan tienen que ver con la oportunidad de una discusión como ésta. Los ex secretarios de energía –un grupo compuesto por Emilio Apud, Julio César Aráoz, Enrique Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco– rescatan la necesidad

de un cambio en el actual sistema, pero advierten que se oponen a “la forma, al modo y al tiempo en que se intenta llevar a cabo la reforma”. Rubén Etcheverry, un ex titular de la empresa petrolera estatal neuquina, fue contundente: “No tiene sentido que un gobierno que llevó al país a perder el autoabastecimiento energético y un año antes de irse, quiera establecer reglas a futuro, sin consensos previos, para intentar resolver problemas coyunturales macro y particulares de YPF”. Las modificaciones son varias. En principio se bajan los plazos para otorgar permisos exploratorios como una manera de acelerar la inversión. También se uniforman las licitaciones de áreas y se prohíbe hacer reservas de áreas, una práctica bastante difundida en las provincias. Los defensores del proyecto dicen que esto pondrá en igualdad de condiciones a todos: “El que más inversiones oferte ganará”, comentan cerca de YPF. Éste es uno de los puntos más álgidos. El diputado Roberto Feletti, uno de los legisladores que han iniciado esta ronda de propuestas que recorre las provincias con el proyecto en la mano, así lo reconoce. “La homogeneización de los contratos y las licitaciones de las concesiones es uno de los puntos más polémicos. La uniformidad de los procesos de licitación es el proceso en el que más se discute. Y esto no quiere decir que lo vaya a hacer la Nación.” También se regulan nuevos plazos para las concesiones. Los yacimientos tradicionales tendrán 25 años de concesión, los no tradicionales, 35, y los offshore, 30. Todos tendrán posibilidad de 10 años más de prórroga. Además, se les da la posibilidad a los productores que estén en áreas tradicionales de pedir los permisos para sumar una explotación no convencional como una manera de inversión en las áreas ya entregadas a las petroleras. Luego hay dos puntos que aún no tienen acuerdo. El primero se refiere a que en las prórrogas de los contratos sólo se puede negociar un incremento en las regalías existentes de tres puntos. El segundo es que las provincias se comprometen a uniformar las cuotas de ingresos brutos en 3% –hoy cada una cobra lo que internamente establece a tal punto que Mendoza impuso 6% como alícuota del impuesto– y, además, uniforma las regalías en 12 por ciento. Hay un compromiso adicional: lograr que los municipios no graven con tasas adicionales a la actividad. Lapeña dice que el congelamiento de impuestos que comprometerían las provincias tiene que estar de la mano de uno similar de la Nación. “Un aspecto a tener en cuenta es la previsibilidad impositiva. Las condiciones vigentes al momento de la licitación y adjudicación de áreas deberán ser respetadas y mantenidas a lo largo del período, aun cuando en el ínterin haya habido modificaciones. Esto tiene mucha importancia en el caso de las licitaciones hechas por las provincias, y es uno de los puntos a convenir con la Nación, porque ésta tiene la facultad de modificar impuestos, retenciones y otros elementos que pueden descolocar lo acordado por las provincias”, dice. Apud, otro ex secretario, dice valorar la intención, pero pone varios reparos. “Valoro la intención de querer hacer económicamente más atractiva la inversión petrolera, pero no la forma imperativa que se utiliza para su aprobación.” El ex funcionario, además, le pone cifras

Serio, pero no Solemne Juan Carlos de Pablo

Qué nos indica el PBI sobre la marcha de una economía El norteamericano Robert Summers dice que no siempre su aumento marca mayor bienestar

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a Unión Europea recomienda a sus países miembros que en el cálculo del producto bruto interno (PBI) y el resto de las cuentas nacionales entre los servicios incluyan la prostitución y entre las

mercaderías, las drogas. Cuando la recomendación sea adoptada, el aumento del PBI, ¿seguirá siendo un indicador de la mejora del bienestar de la población? Al respecto entrevisté al norte-

Una rebelión ante la Casa Rosada escenario Jesica Bossi LA NACION

El mapa de la disputa

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al territorio sobre el que influirá la ley. “Las cuencas petroleras abarcan una superficie en tierra firme de 1,35 kilómetros cuadrados; en la plataforma marina, hasta los 200 metros de profundidad, hay 400.000 más y si nos extendemos hasta el pie del talud oceánico, el doble.” De esa superficie, están exploradas o en producción sólo el 3%, alrededor de 55.000 kilómetros. Lo demás está por verse y a esos nuevos contratos se aplicaría la ley. Pero eso no es todo. El real anzuelo para las petroleras que inviertan en las nuevas áreas petroleras es la posibilidad de disponer de los beneficios. La ley receptará varios puntos que forman parte del decreto 929, aquel que el Poder Ejecutivo sancionó para darle beneficios especiales a Chevron cuando se asoció con YPF para explotar Vaca Muerta. Aquella norma estableció que quienes invirtieran 1000 millones de dólares podrían disponer del 20% de los dólares que generaran con sus exportaciones. Esta iniciativa baja la vara: el monto pasa a 250 millones de dólares y el plazo para poder acceder al beneficio se redu-

ce a tres años desde que se planta la inversión. Aquí también hay un beneficio extra para los que quieran explorar o explotar la cuenca offshore: podrán girar como dividendos el 60% de lo que exporten a partir del tercer año. “Éste es un incentivo para las empresas que vengan. Se bajó mucho el monto”, dice Feletti. Otro de los beneficios para los nuevos inversores se refiere a las trabas a las importaciones. Para ellos el Gobierno se compromete a remover uno de los trámites que tiene la industria en general. “Habrá un régimen especial de importación para equipos e insumos”, dice el diputado oficialista. Amalia Sáenz, abogada a cargo del departamento Oil & Gas del estudio Brons & Salas, conocedora de los gustos de los petroleros a la hora de invertir, confía en que estos cambios mejorarán la visión que se tiene de la Argentina petrolera. “Con independencia de factores financieros, un proyecto en el cual los beneficios impositivos se presenten claros, uniformes en la oferta de inversiones y más cerca del exitoso modelo brasileño, seguramente va

a generar apertura en los campos convencionales y no convencionales”, resume. Pero la renta petrolera enciende los ánimos, y más los de los provincianos. Etcheverry, neuquino y conocedor de las negociaciones con las petroleras, cree que hay algunos motivos escondidos en los pliegues de la iniciativa. “Los verdaderos motivos por los cuales el Gobierno necesita con urgencia una nueva ley de hidrocarburos son dos. El primero es sanear los riesgos que le generan los burdos decretos 1277/12 [de soberanía hidrocarburífera que propició la estatización de YPF] y el 929/13 [que se aplicó a la negociación con Chevron], otorgándoles rango de ley. El segundo, otorgar prórrogas de prórrogas en forma directa, sin licitación ni control de todos los bloques petroleros de Vaca Muerta por los próximos 35 años, antes del final de la gestión”, dice Etcheverry. Todavía no hay una sola letra del proyecto en el Congreso. La ley de hidrocarburos está en plena discusión. Aún lejos de las bancas, donde se debatirá el nuevo sistema petrofederal argentino.ß

n un movimiento de piezas inusual en la era K, la pelea por la regulación del negocio petrolero esmeriló la liga de gobernadores y desató una rebelión ante la Casa Rosada, que aún no cede. Molesta con el desaire del grupo de caciques díscolos, Cristina Kirchner reafirmó la intención de que el proyecto de ley de hidrocarburos se trate en el Congreso antes de que termine el año, algo que necesita sí o sí del consenso de los mandatarios por una razón básica: asegurarse la aprobación parlamentaria y, luego, la adhesión de las legislaturas locales. La tensión subió un escalón más con el reto público de la Presidenta, el jueves pasado, a contramano del mensaje conciliador que horas antes les había hecho llegar a gremialistas petroleros y mandatarios el propio Julio De Vido, según confiaron a la nacion dirigentes provinciales. La mesa de debate de los gobernadores funciona en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). El ente está integrado por diez provincias, de las cuales siete son lideradas por el PJ y otras tres, por partidos aliados al Gobierno. Es decir, era, hasta hace poco, un frente 100% amigable a Olivos. ¿Cómo se gestó la rebelión? Una cuestión de números: las cuatro principales detractoras son Neuquén, Chubut, Mendoza y Río Negro, distritos que concentran más de 70% de la actividad y que, dicen, se ven afectados por el cambio. Hay tres puntos de fricción: lo que denominan “renta petrolera” (no quieren resignar el canon de ingreso), la potestad tributaria (rechazan el límite a impuestos provinciales y municipales) y la confección de los pliegos licitatorios (quieren conservar esa atribución). Para peor, en la negociación ya se cuela la campaña. El chubutense Martín Buzzi, presidente de la Ofephi, va por su reelección y, con su rival Mario Das Neves, del Frente Renovador, machacando en contra de la propuesta, imagina que dar marcha atrás será letal para su aspiración. Jorge Sapag disputa en una semana la interna del Movimiento Popular Neuquino para dirimir autoridades, y en la vereda de enfrente tiene a Guillermo Pereyra, sindicalista petrolero, que se impuso en la última batalla legislativa, en parte, por el costo que pagó el gobernador por el discutido acuerdo con Chevron. Y Alberto Weretilneck, en silencio, deja correr la versión de su pase a las filas de Sergio Massa. El rionegrino, del Frente Grande, mantiene fuego cruzado en su territorio con el senador Miguel Ángel Pichetto, candidato a gobernador por el peronismo, que será espada legislativa de la iniciativa cuando llegue a la Cámara alta. Francisco Pérez es, de los rebeldes, el más propenso a arreglar, quizá por la endeble situación financiera de Mendoza, agravada por la frustrada colocación de un bono en el exterior. En otro extremo, Cristina encontró en Daniel Peralta el más férreo defensor. “Buscan politizar y partidizar debates estratégicos para el desarrollo de nuestro país y olvidan que en YPF, por primera vez, las provincias somos socias”, dijo. De relación tirante con Olivos, el santacruceño no dudó en cuestionar a sus pares. Menos estridentes, otros gobernadores también se mostraron a favor, como Juan Manuel Urtubey (Salta) y Gildo Insfrán (Formosa), que en nada les impacta el proyecto de YPF. El jujeño Eduardo Fellner, jefe del PJ nacional, llamó a buscar consensos y, bajo cuerda, intenta hilvanar los pedazos de un bloque resquebrajado.ß

americano Robert Summers (19222012), padre de Larry Summers, esposo de Anita Arrow, a su vez hermana de Kenneth Joseph Arrow. Y como si esto fuera poco, Robert era hermano de Paul Anthony Samuelson, pero desde joven cambió su apellido. Lo entrevisté porque, junto con Alan Heston e Irving Bernard Kravis, formó parte del equipo que en la universidad de Pensilvania desarrolló estimaciones de las cuentas nacionales referidas a muchos países, ajustadas por poder adquisitivo, y generó las denominadas “tablas Penn”.

los PBI por habitante y distorsionar su composición sectorial, sobrestimando la importancia de la inversión y los bienes de capital y subestimando el precio de los bienes no transables internacionalmente en los países en vías de desarrollo, con respecto al de los países desarrollados. Nuestros hallazgos se publicaron simultáneamente con los de Bela Balassa y mi hermano. –Como indicador del funcionamiento de una economía, ¿por qué los economistas prefieren el PBI a la producción? –Para evitar duplicaciones. El trigo utilizado en la producción de harina no está a disposición de algún ser humano, como tampoco lo está la harina utilizada en la fabricación de pan. El PBI tiene en cuenta esto y, por consiguiente, indica la cantidad de mercaderías y servicios que durante cierto período están al servicio de los seres humanos. Desde la Segunda Guerra Mundial se ha vuelto tan popular, que cuando alguien pregunta “có-

mo anda la economía” la respuesta más frecuente que se escucha se basa en la evolución del PBI. –¿El PBI debe incluir a todos los bienes o sólo a los “bienes”? –Las estimaciones estadísticas son calificadas de “indicadores” porque se compilan para que reflejen determinado aspecto de la realidad, como la intensidad de un problema o de una mejora, para ayudar al diagnóstico y la adopción de medidas. Si el cálculo del PBI de un país incluye la producción de armas y de drogas más allá del uso medicinal, así como los servicios de los juegos de azar y la prostitución, y durante determinado período el PBI así definido aumenta, queda la duda referida a si mejoró el bienestar de la población; porque podría haber caído la producción de manteca y aumentado la de cañones. –¿Con qué criterio habría que hacer la selección? –No hay criterios indiscutibles. Uno básico es el de la voluntariedad, tanto desde el punto de vista de la oferta como del de la deman-

da, pero como digo no hay criterios indiscutibles o fáciles de identificar. Ejemplo: puesto que se la demanda de manera voluntaria, la seguridad privada es un bien, pero el aumento del PBI porque un calesitero cambia de trabajo, porque frente al aumento de la inseguridad gana más como agente de seguridad privado, ¿es un buen indicador de mejora del bienestar? ¿Cuán voluntaria es la demanda de casinos? ¿Cuán voluntario el ejercicio de la prostitución? –¿Qué se podría hacer? –Mientras se zanja la cuestión, lo cual nunca va a ser fácil porque lo que para algunas personas es un bien para otras puede ser un mal, el cálculo del PBI total debería desagregarse, no solamente en términos de agro, industria, comercio, transporte, etcétera, sino en términos de “sectores controvertidos” y el resto. De manera que la discusión referida al comportamiento del PBI como indicador de bienestar podría contar con una base estadística apropiada. –Don Robert, muchas gracias.ß

Principales cuencas, gasoductos y yacimientos

Permisos de exploración

Cuenca productiva Malvinas

Cuenca sedimentaria offshore

Gasoducto

BRASIL PARAGUAY JUJUY

SALTA FORMOSA TUCUMÁN

CHACO SANTIAGO DEL ESTERO

CATAMARCA

MISIONES

CORRIENTES SANTA FE

LA RIOJA

La cuenca neuquina, donde se encuentra el yacimiento Vaca Muerta, es el principal opositor a la iniciativa para reformar la ley de hidrocarburos

SAN JUAN

SAN LUIS

CHILE

ENTRE RÍOS

CÓRDOBA

URUGUAY

BUENOS AIRES

MENDOZA

Las provincias petroleras del Norte no se han opuesto al proyecto del Poder Ejecutivo. Consideran que no hay un gran cambio en sus contratos

LA PAMPA

NEUQUÉN RÍO NEGRO

Océano Atlántico A

CHUBUT

Enarsa se reservó los derechos petroleros en el mar. La ley ignora el papel de la petrolera que con YPF en manos del Estado ya no tiene razón de ser

La explotación y exploración off shore son los principales destinatarios de los incentivos para los inversores que contiene la ley

SANTA CRUZ

IS. MALVINAS

TIERRA DEL FUEGO

Fuente: Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios / LA NACION

–¿Qué aportó esta investigación? –Esta investigación mostró que las comparaciones de las cuentas nacionales basadas en los tipos de cambio pueden ser muy engañosas [ejemplo: entre 2001 y 2002, el PBI en dólares en la Argentina disminuyó aproximadamente 75%, muy mal indicador de la intensidad de la recesión]. Este método tiende a sobrestimar las diferencias entre