EL CENTRO DEL HUILA, EL QUIMBO Y LOS USOS DEL SUELO Soberanía alimentaria y desplazamiento vs. mega proyectos  Juliana Duarte [email protected] Diana Carolina Murillo- [email protected]

El Quimbo: ni se inunda, ni se expropia, ni se vende…

Introducción El problema de la tierra ha estado en la base del conflicto colombiano desde sus inicios. Por un lado, la estructura de tenencia de la tierra, la concentración de la propiedad en unos pocos y por otro lado, los usos del suelo que determinan esta estructura: la ganadería extensiva, y en las últimas décadas los megaproyectos agroindustriales, además de otras formas de subutilización del suelo. Estas características en el campo colombiano han constituido el desarrollo capitalista por vía hacendataria o junker, en el que se privilegia la renta y no la producción, acentuando el carácter dependiente de nuestra economía en su posición en el sistema económico mundial. En las últimas décadas del siglo veinte se impuso por todos los medios el modelo neoliberal en Latinoamérica y con éste se inició una reconversión productiva, reprimarizando la economía, relegando a Colombia el papel de mero exportador de materias primas, siendo un país que abastece las necesidades de las grandes potencias. En el caso colombiano este proceso se viene agudizando desde los primeros años de este siglo en cabeza del ex presidente Uribe y su continuación con el gobierno Santos: se ha venido privilegiando la explotación minera, los agrocombustibles y los megaproyectos energéticos como las represas, orientados hacia el mercado externo; así se está dejando a un lado y en peligro la seguridad y

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Esta ponencia fue elaborada a partir del interés que se despertó en nosotras alrededor del megaproyecto de la construcción de una represa en la región de El Quimbo (Huila) luego de trabajar este tema en la materia “tierra: Entre la Minería, la Seguridad Alimentaria y el Medio Ambiente” en el primer semestre de este año. En este texto haremos una introducción que busca dar una lectura general al problema que tocaremos, luego pasamos a un marco teórico con los conceptos relevantes a tratar (seguridad y soberanía alimentaria, usos del suelo y desplazamiento), a partir de estos conceptos haremos una lectura de la problemática de El Quimbo y cerramos la ponencia con algunas conclusiones al respecto.

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soberanía alimentaria, pauperizando las condiciones de vida de grandes masas de la población y concentrado la riqueza en unas cuantas manos aliadas con el capital extranjero. Es importante tener en cuenta que esto no sólo implica un problema para la soberanía alimentaria en Colombia, también configura un modelo de país basado en una estructura agraria inequitativa, agudizando un modelo de concentración de riquezas en manos de pocos1. En este contexto se ubica el caso del proyecto hidroeléctrico en El Quimbo, en el departamento del Huila. Dentro del marco del Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario, que se levanta sobre la base de la confianza inversionista sostenida por la seguridad democrática, la flexibilización laboral, la exención de impuestos, etc.. En el año 2008 el gobierno Uribe declaró mediante la Resolución 321 de septiembre 1 de 2008 de “utilidad pública e interés social los terrenos necesarios para la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo”. De esta forma se le otorgó la concesión a la empresa colombo-española EMGESA sin la consulta ni participación previa de las comunidades de dicho territorio, violando los mandatos plasmados en la Constitución Nacional de 1991 y en la Comisión Mundial de Represas. La construcción de la represa de El Quimbo generaría la inundación de aproximadamente 5.300 hectáreas de tierra que están en producción y 2.000 hectáreas de tierras de antiguos parceleros del Incora (Molano Bravo, 2009). En la adjudicación del proyecto a EMGESA, se pone en práctica los desfases de la confianza inversionista y la apertura neoliberal, ya que según la Comisión de Regulación de Energía y Gas, se le garantizara “un ingreso fijo independiente de su participación diaria en el mercado mayorista asignado por un período de 20 años, reduciendo así el riesgo de su inversión” (Molano Bravo, 2009), abriendo las puertas para que el capital extranjero aproveche las condiciones naturales del país, extrayendo beneficios, pagando tributos insignificantes, reproduciendo por esta vía la dependencia de la economía colombiana. Así mismo, se hace evidente el modelo económico hacia afuera orientado a la exportación, este proyecto esta enmarcado dentro del Plan Puebla Panamá y la función de la hidroeléctrica se reducirá a producir energía para la exportación a Ecuador, Centroamérica y el Caribe, Santo Domingo y Puerto Rico, relegando a un papel secundario el desarrollo interno y las necesidades inmediatas del país. En respuesta a las consecuencias negativas del desarrollo del proyecto de El Quimbo las comunidades se han organizado en un proceso de resistencia que busca difundir la información y generar acciones efectivas para detener la obra, mediante las cuales han logrado frenar y retardar el proceso proponiendo formas alternativas del uso del suelo que propendan por la seguridad alimentaria y la conservación ecológica. Suscribiéndose con La Declaración del III Encuentro

De acuerdo con El Tiempo “de los 2,4 millones de propietarios de predios privados que hay en el campo colombiano, apenas 91.200 (el 3,8 por ciento) tienen más de 200 hectáreas. Sin embargo, sus terrenos abarcan el 41% de toda la superficie registrada [catastralmente]. En contraste, los 943.200 dueños de menos de 3 hectáreas (39% de los propietarios) reúnen solamente el 3,7% de toda la base catastral” (Redacción Domingo, 2011)

Internacional de Afectados por Represas en Temacapulín, México, señalan que la lucha es “contra las represas destructivas y el modelo actual de manejo de agua y energía, es también una lucha contra un orden social dominado por el imperativo de maximizar sus ganancias, y es una lucha por una sociedad basada en la equidad y la solidaridad” (Aliados, 2010). Señalando que su lucha no es solo contra un proyecto concreto y localizado sino contra todo un modelo impuesto y articulado que ha agudizado la concentración y acumulación de la riqueza, haciendo evidente también la crisis ambiental producida por el sistema. Este proceso ha estado encabezado por la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales y la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -ASOQUIMBO-, que por medio de diferentes medios como talleres, foros, movilizaciones, participando en la asamblea departamental y en el congreso de la república han dado a conocer el caso para impedir la construcción de la represa, proponiendo la creación de una Gran Reserva Campesina Agroalimentaria con subsidios estatales y asistencia técnica, exigiendo la inmediata indemnización y restablecimiento de los derechos de todos los afectados y el estudio e implementación de energías alternativas.

Justificación 2517

En estos el gobierno de Juan Manuel Santos impulsa proyectos de ley como la ley de regalías, la ley de víctimas y de restitución de tierras, mediante los cuales se plantea el uso del suelo que se impondrá desde el gobierno durante los próximos años. En continuidad con el gobierno Uribe y el proyecto neoliberal, el Plan de desarrollo 2010 – 2014, “Prosperidad para Todos”, se fundamenta en la explotación de recursos naturales, en especial de explotaciones mineras, proyectos agroindustriales y megaproyectos hidroeléctricos, mientras que la agricultura y la soberanía alimentaria son relegadas y l@s trabajador@s del campo están en condiciones miserables. En este sentido analizar el caso del Quimbo dentro del contexto en el que se enmarca, permite entenderlo no sólo como un caso aislado sino como la materialización de un modelo injusto, inequitativo y depredador que se viene imponiendo en casi todo el planeta, con especial énfasis en Latinoamérica por su biodiversidad y riqueza natural. No sólo es una violación al derecho que tienen los campesinos y campesinas al uso del suelo para su autosubstistencia y abastecimiento, sino que es un atropello a la soberanía alimentaria de la sociedad colombiana que depende del bienestar del campesinado y de la agricultura. De esta manera con esta ponencia buscamos no sólo ahondar en el análisis académico sino contribuir en el proceso de resistencia que las comunidades emprendieron en contra del megaproyecto, difundiendo la información y profundizando el análisis, de tal manera que se logre conectar con una problemática más amplia que responde a la restructuración del sistema capitalista y a la imposición

del modelo neoliberal, que le asigna al país y a la región determinada posición dentro de la producción mundial. Nos planteamos como objetivo principal comprender De qué manera cambia el uso del suelo en la región del centro del Huila con la construcción del megaproyecto de El Quimbo, y con ello, identificaremos la forma en la que afecta la seguridad y soberanía alimentaria de la población. Finalmente quisiéramos analizar cómo incide en la problemática de desplazamiento.

MARCO TEÓRICO

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Seguridad y soberanía alimentaria En la cumbre mundial de alimentación en 1996 la FAO definió: “Por seguridad alimentaria se entiende que los alimentos están disponibles en todo momento, que todas las personas tienen acceso a ellos, que estos alimentos son nutricionalmente adecuados en lo que respecta a su cantidad, calidad y variedad, y que son culturalmente aceptables para la población en cuestión. (FAO, diciembre 1995). En esa medida, entendemos a la seguridad alimentaria como la posibilidad de tener acceso a alimentos adecuados para la nutrición de una población; pero como lo indica la FAO, no sólo depende de la disponibilidad de alimentos, también estaría vinculada con el conjunto de elementos culturales, sociales, políticos y económicos que garantizan la el acceso, la utilización, y la estabilidad de alimentos suficientes para el bienestar nutricional y de salud de una comunidad, y a largo plazo, tiene que ver con la subsistencia de un grupo social. No es suficiente con que haya alimentos en una población, es necesario que estos sean adecuados para las necesidades alimenticias y las características culturales de la comunidad. De acuerdo con Tomás Uribe Mosquera hay varios elementos claves a tener en cuenta: la disponibilidad de alimentos estratégicos, el acceso de los y las más pobres a una canasta básica, la apertura comercial, un abastecimiento a corto y largo plazo, la dimensión nutricional, el riesgo de la seguridad alimentaria, la pobreza, la dimensión institucional y la sostenibilidad del aparato productivo (aspectos políticos, económicos y sociales). El tema de la alimentación y la producción alimenticia no se detiene en la problemática de la seguridad alimentaria, cada vez es más frecuente que se exija o se promulgue la soberanía alimentaria. Este término fue introducido por Vía Campesina y otras organizaciones en la Declaración sobre la Soberanía Alimentaria de los Pueblos: “La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable (…)” (Rosset, 2003)

Uso del suelo en el Huila En primera instancia es necesario tener en cuenta que la manera en la que se organiza y utiliza el territorio afecta directamente a la población que allí habita, a la economía (no sólo a nivel regional sino que trasciende al ámbito nacional), y además repercute en otros aspectos como la dimensión cultural, ambiental y política de una comunidad. Es necesario tener en cuenta que el territorio se compone no sólo del espacio físico, sino de las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas que allí se tejen. En este contexto, atenerse a un uso de

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Es así como podemos entender la soberanía alimentaria como la libertad y el derecho de un pueblo a definir las propias políticas agrícolas, las cuales se relacionan con la seguridad alimentaria. Según Elizabeth Bravo, los alimentos que se producen deben servir para el autoconsumo de la población local; es decir, es necesario que los y las campesin@s tengan acceso a las semillas, al agua, a los recursos y a la producción sana del alimento. (Bravo, 2000) En el neoliberalismo la problemática de la seguridad alimentaria suele ser reducida al problema de la pobreza: se piensa que los alimentos pueden simplemente comprarse en el mercado, entonces se argumenta que la forma de satisfacerla es acumular divisas para adquirir alimentos en el mercado internacional, no se piensa en cómo o dónde se producen, dejando de lado la autosuficiencia alimentaria de los países, su soberanía alimentaria (Machado, 2003), su soberanía alimentaria. Si hay insuficiencia alimentaria se piensa en la falta de recursos para comprar alimentos, no en la insuficiente producción agropecuaria del país para obtenerlos directamente. El modelo neoliberal en Colombia ha venido cambiando los usos del suelo y ha reducido significativamente el uso agropecuario para la producción de alimentos. De esta forma, los productos alimenticios se buscan dentro del mercado extranjero, mientras países europeos y Estados Unidos, reconociendo la importancia del autoabastecimiento de alimentos han venido produciendo (cada vez más) alimentos en sus territorios. Esto se relaciona con el cambio de los usos del suelo en nuestro país, cada vez más usados para la explotación de recursos naturales (combustibles, hidroeléctricas, extracción de minerales, etc.), la producción de monocultivos, y cada vez menos con la producción de alimentos para el abastecimiento nacional. En un país puede existir seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria, pero para ello se necesita depender de la producción agrícola de otros países y tener grandes capitales para acceder a estos mercados. En caso de romperse relaciones diplomáticas o de crisis económicas fuertes, el país quedaría sin opciones de asegurarse su soberanía alimentaria. De esta manera se hace necesaria la defensa y mantenimiento de ésta, de ella depende el futuro alimenticio de las poblaciones de un territorio particular y el sostenimiento de la economía campesina.

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la tierra basado meramente en el mercado, trae graves consecuencias que perjudican tanto al territorio (a nivel físico), como a la población que se encuentra allí; así pues, puede acentuar conflictos, la segregación socio – espacial, la acumulación de capital en manos de pocos, el desplazamiento de residentes de esta región hacia otra regiones, son algunas de dichas consecuencias que confluyen en abrir aun más la brecha de pobreza y desigualdad en nuestro país. Entre los usos del suelo, “se entiende por usos del suelo urbano todo aquellos comprendidos dentro de los perímetros urbanos definidos por las autoridades municipales que incorporan las actividades propiamente urbanas, de vivienda, comercio y servicios, industria, etc. Por el contrario se define como usos rurales aquellos destinados a la actividad agropecuaria o extractiva que componen generalmente el resto de aéreas de cada unidad territorial” (Macías Tovar & Fonseca). Además se hace uso de dos categorías del suelo, una que se le denomina “suelos de expansión”, y otra llamada “áreas protegidas”; dentro de la primera, se hace referencia a los terrenos que sirven para expansión del área urbana, mientras la segunda categoría se refiere a áreas que por sus condiciones y función ecológica, deben ser protegidas en su situación natural. Existen también otras denominaciones que van dirigidas a caracterizar áreas de riesgo y áreas de potencial económico, todo ello en clave de la ventaja económica y social de la población que allí habita, y en contextualización con un mundo globalizado, donde se debe atender a intereses locales, regionales, nacionales e internacionales. El uso del suelo en el departamento del Huila está destinado básicamente a la producción agrícola, ganadera y piscícola, además de la explotación petrolera como es el caso de Tesalia. En cuanto a la agricultura es importante anotar que en esta zona entre los alimentos que se producen están: café, algodón, arroz riego, fríjol, maíz tecnificado, maíz tradicional, sorgo, cacao, caña panelera, plátano, yuca, iraca y tabaco; la explotación petrolera se encuentra en el norte del departamento y la explotación de plata y oro, se hace sobre todo en las zonas de la Cordillera central. Además del cuarzo, la calcita, el mármol y el azufre. Es importante resaltar que en territorios de este departamento, existe conflicto por los cultivos de uso ilícito, y sobre todo por la sustitución de estos, generando violencia y disputas entre actores armados con grandes repercusiones en la población residente de estas zonas.

Desplazamiento forzado El conflicto armado social, político y armado que ha persistido en Colombia a lo largo de la historia ha dejado miles de víctimas: masacres, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado evidencian la crisis humanitaria que ha tenido el país. No obstante, para el análisis de este caso nos centraremos en el desplazamiento forzado y la relación que este tiene con la entrada de megaproyectos a una región, en específico la de El Quimbo.

“el problema de las tierras se encuentra en el corazón del fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia. En efecto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Verificación (ENV-2008), el 91,3% de los grupos familiares de población desplazada inscritos en el RUPD [(Registro de Desplazamiento)] manifiesta haber dejado abandonado algún tipo de bien (tierras, bienes raíces no rurales, animales, muebles del hogar, etc.) en sus municipios de expulsión. Además, dicho fenómeno ha sido fundamentalmente de carácter rural, pues el 63% de los grupos familiares ha sido expulsado de zonas rurales y otro 21,4% de centros poblados. Por ello, puede afirmarse que un porcentaje significativo (52,2%) de los desplazados sufrió el despojo de sus tierras o fue forzado a dejarlas abandonadas en este contexto (Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, abril 2009)

Es importante señalar cómo el proceso acentuado de concentración de tierras en Colombia coincide con la intensificación del desplazamiento forzado en ciertas zonas del país, de igual forma, la concentración de tierras e intensificación del conflicto armado concuerda con las zonas que están destinadas a la gran inversión, extracción de recursos minerales e instauración de megaproyectos. Así mismo parece que ocurrirá en el caso de El Quimbo, donde los intereses económicos que se tienen sobre esta tierra desplazarán miles de personas y aumenta-

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Según la ACNUR el concepto de desplazamiento forzado se refiere a toda persona que se ve forzada a buscar protección en un lugar distinto al lugar donde se establece, esto puede deberse a tensiones, violencia, disturbios, conflicto o desastres (Rincón, 2011). Por otro lado, la Ley 387 de 1997 afirma que el desplazado es toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro de un territorio nacional, así mismo esta ha abandonado sus actividades económicas habituales y su lugar de residencia. Esta persona pues, ha sido vulnerada en virtud de conflicto armado interno, de disturbios, tensiones, violencia, y violaciones masivas de los derechos humanos. Para Uprimny esta ley fue “el primer instrumento normativo que reconoció el problema de desplazamiento forzado masivo y propuso algunos mecanismos para enfrentarlos” (Uprimny, diciembre de 2010). El desplazamiento forzado en Colombia no sólo se da de forma individual, también colectiva ya que se desplazan comunidades enteras. En Colombia, la Corte Constitucional en la sentencia T602 de 2003 afirma que ser víctima de desplazamiento forzado no sólo implica la pérdida de redes sociales en las violaciones que se generan en el desplazamiento, también significa perder cuestiones materiales (el empleo, la tierra, la vivienda, la participación política). El desplazamiento forzado implica una nueva configuración del territorio, además de agravar la situación en materia de violación de derechos. En Colombia más del 10% de su población ha sido sometida al desplazamiento forzado, hoy en día la cifra es de 3´573.620 personas en situación de desplazamiento entre 1997 y 2010. Según Jorge Garay:

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rán la concentración de la tierra. Lo complicado en estas situaciones, por todos los intereses económicos y políticos que se mueven allí, es que hay escasa información oficial de lo que ocurre realmente, esto se refleja en la diversa información y las pocas certezas sobre cifras de desplazamiento. En el siguiente cuadro, por ejemplo se muestran las distintas estimaciones de hectáreas abandonadas:

(Tomado de: Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, abril 2009.)

Vemos pues que el desplazamiento forzado es un problema económico, político y social. La sentencia T025 de 2004 afirmó que las y los desplazados tienen derecho a la reparación, la cual consiste en una restitución, en una indemnización, en la rehabilitación y en unas garantías. Para este punto es importante resaltar lo que afirma Uprimny en su documento Dilemas de la restitución de tierras en Colombia, donde se explica la necesidad de la restitución para contraponer la crisis humanitaria que genera el desplazamiento forzado. Vemos que pueden haber 4 posiciones sobre la reparación, donde la primera es meramente correctiva, la segunda le apuesta a una restitución que no solo es correctiva sino que reconoce una visión política de la tierra. El texto lo explica en este cuadro:

Se expone la necesidad de restituir de una manera gruesa y transformadora (IIb). Esta restitución implicaría el paso a una reforma agraria y a la modificación de poderes locales, ya que esta apunta a la desconcentración de la propie-

dad agraria, a una redistribución de las tierras y así mismo a una nueva configuración de poderes locales dentro de las regiones. Hay que tener en cuenta que para llevar a cabo una restitución de forma integral no hay que dejar de lado el conflicto armado, el cual también ha configurado poderes dentro de las regiones y tensiones dentro de estas. Por esta razón, es importante tener en cuenta que para que exista una restitución integral debe haber una solución política al conflicto social y político en Colombia. También es necesario recordar que no basta con indemnizar a las personas desplazadas, debe haber una reestructuración de la estructura agraria colombiana y detener proyectos que despojen a las personas de sus medios de vida, proyectos en los cuales entraría el de El Quimbo. Por otro lado, un informe de la OIM en el 2004 reveló que Huila es uno de los departamento que sufren más el flagelo del conflicto armado en colombia, es uno de los que cuentan con las mayores cifras de reclutamiento infantil y desplazamiento forzado. En cuestión territorial, el departameto del Huila es uno de los corredores estratégicos más importantes, ya que este comunica al suroriente con el suroccidente y la costa pacífica. Esto ha generado interés en los grupos armados por el control de este territorio, y esto se refleja en el siguiente cuadro, donde a su vez se demuestra que el actor armado que hace mayor presencia en este territorio son las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC): 2523

(Cuadro tomado del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Marzo 2003.)

La activa presencia de grupos armados en el departamento del Huila ha estado acompañada del narcotráfico. La introducción de cultivos ilicitos en la zona no sólo ha aumentado la concentración de las tierras a manos de narcotráficantes, tambien ha cambiado el uso del suelo y ha causado impactos ambientales; además de las consecuencias a nivel social y político sobre los y las campesinas de la región. De esta manera, el narcotráfico es otro de los factores que ha estimulado la concentración de tierras, la estructuración de la tenencia de la tierra y desplazamiento forzado en la zona.

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ANÁLISIS DE CASO “EL QUIMBO”

El territorio que sería afectado por la construcción de la represa de El Quimbo tiene 9.000 hectáreas en seis Municipios del Huila; tierras donde hay cerca de 300.000 habitantes, la mayoría de personas vinculadas a 8 empresas comunitarias en plena producción agropecuaria, (cacao, sorgo, maíz, arroz) (Dussán Calderón, noviembre-diciembre 2010). De estas personas, aproximadamente 2.000 serían desplazadas ya que muchas hectáreas serían inundadas. Ade-

más, el centro huilense conserva una riqueza y diversidad natural irremplazable: cuenta con 842 hectáreas de bosque ripario2 y tropical seco, 103 especies de aves, 13 especies de reptiles, tres especies de mamíferos en severo peligro de extinción: la pacaraná, el mono nocturno de manos grises y la nutria neotropical, y una variedad de peces fundamentales para la seguridad alimentaria de la región; todo esto sería perjudicado por el proyecto, sumándosele, por tanto, como perjuicio, una problemática ambiental aguda. Así el departamento del Huila cuente con una gran riqueza ambiental con más de 30 ecosistemas estratégicos propios de la región surcolombiana (Olaya, 2003), gran parte de las personas del departamento se encuentran en condiciones críticas ya que después de Chocó, Boyacá y Nariño, éste es el departamento con las cifras más alarmantes en cuanto a pobreza: el 60% de la población vive en la pobreza y el 30% de ella en pobreza extrema. (Patarrollo, 2010); la inequidad acompaña estas cifras de pobreza ya que se calcula que el 50% de la riqueza le pertenece al 10% de la población. Esto puede deberse a las condiciones de inequidad que históricamente han caracterizado a nuestro país y en general al continente latinoamericano, pero también a actividades económicas que agudizan la pobreza. Este último sería el caso huilense. De acuerdo con el DANE los sectores más dinámicos de la economía huilense en el 2009 fueron:

Las actividades económicas que se están incrementando en el Huila cada vez necesitan menos mano de obra y el desempleo aumenta progresivamente sin miras a un mejoramiento cercano. De acuerdo con las cifras de la encuesta de calidad de vida del DANE, mientras aumenta la población en edad de trabajar, la tasa de empleos disminuye.

• El proyecto y sus consecuencias En septiembre de 2008, con la resolución 321 del Ministerio de Minas, se declaró de Utilidad Pública los terrenos que inscribirían el proyecto de El Quimbo. Se argumentaba que éste proyecto abastecería aproximadamente el 5% de la demanda eléctrica del país, y que se abrirían miles de empleos nuevos. Por las condiciones sociales del Huila, esta promesa ha generado grandes expectativas entre las y los huilenses. Sin embargo, estos trabajos serían temporales y no alcanzarían a cubrir la demanda laboral. En la Resolución 321 del Ministerio de Minas de septiembre de 2008 y en los

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Minería (11,3%), construcción (12,8%) y establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas (3,1%); las contracciones más importantes se registraron en la industria manufacturera (-6,3%) y el comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles (-2,9%). En tanto, los sectores agropecuario, eléctrico y de servicios, crecieron alrededor del 1%. (DANE, 2009)

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planes y programas contenidos en la Licencia Ambiental 0899 del 15 de mayo de 2009 se puede ver que los beneficios de la represa no compensarán los daños que implica inundar más de 5.000 hectáreas acabando con miles de cultivos e impidiendo la producción de más de 35 mil toneladas de alimentos. De esta manera se estaría afectando directamente la seguridad y soberanía alimentaria del departamento y del país. Como se mencionó anteriormente, estas zonas producen grandes cantidades de arroz, cacao, sorgo y maíz; la inundación de estas hectáreas productivas acarrearía la reducción de la producción de estos productos y exigiría que la gobernación y el gobierno nacional empiecen a importar más cantidades de estos productos. Este proyecto no sólo implicaría un cambio en el uso del suelo, una nueva configuración del territorio y el cambio de propiedad, también tiene consecuencias en el ámbito social y político. La entrada de este megaproyecto en la zona agravaría aún más la crisis social y política que vive Colombia, ya que aumentaría el número de desplazamientos forzados afectando las comunidades de los municipios de Garzón, Gigante, Altamira, El Agrado, Paicol y Tesalia; afectaría dirtectamente a las comunidades de las veredas y corregimientos de El Espinal, La Honda, El Libertador, Matambo, Río Loro, Veracruz, La Cañada, Pedernal, San José de Belén, La Yaguilga, La Escalereta, Alto de San Isidro, Balseadero, Monserrate, Barzal, Llano de la Virgen y Domingo Arias. Con la construcción de este megaproyecto se generaría una ruptura del tejido social que estaba asentado en la zona, habría implicaciones en la actividad socioeconómica de la zona y desarraigo cultural. Es así como sus pobladores ven cómo con esta represa se les obliga a cambiar sus hábitos políticos y culturales y romper sus relaciones sociales. De llevar a cabo la ejecución de este megaproyecto, éste inundaría y desplazaría aproximadamente 380 familias campesinas que históricamente han estado en este territorio y afectaría proyectos productivos alternativos que estas y estos habitantes han luchado desde la década de los 70. El proyecto de El Quimbo aumentaría la crisis laboral que sufre Colombia ya que para la construcción de este megaproyecto se pretende generar empleos no cualificados y por tanto mal remunerados, y cuando finalmente esté funcionando, esta represa no requerirá de un gran número de mano de obra, aumentando el desempleo huilense. Así mismo, al cambiar las relaciones sociales de producción, desplazar gran parte de los y las campesinas de la región y cambiar el uso del suelo, se generaría una descomposición del campesinado de la zona que comprende el proyecto de El Quimbo y sus alrededores al romper la relación que estas personas tenían con la tierra y obligándolas a convertirse en unas asalariadas más.

CONCLUSIONES

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Con todo lo anterior veíamos cómo el megaproyecto de El Quimbo generaría un desplazamiento forzado de miles de familias que se asientan en los territorios que se destinarían para la represa, cerca de 9.000 hectáreas. Este desplazamiento forzado no sólo implicaría una nueva configuración del territorio y el cambio de las actividades productivas, produciría también la desintegración de núcleos familiares de personas que se han dedicado toda su vida a las labores agrícolas y, como se dijo anteriormente, la descomposición del campesinado. Igualmente, este proyecto generaría la ruptura de cualquier proceso organizativo existente en dichas comunidades, pues la presencia de una multinacional como EMGESA en el territorio dificultaría la organización y la participación política para lograr la materialización de los derechos humanos de esta población. El abandono de tierras trae como consecuencia la pérdida de activos productivos para las familias que trabajan en sus tierras y son desplazadas, esta pérdida es crítica cuando se desplazan a un medio urbano donde no pueden, ni se tienen las mismas posibilidades de ejercer sus actividades tradicionales. Este desplazamiento forzado genera en el caso de las familias que se ven obligadas a llegar a otro lugar no tengan la posibilidad de generar ingresos, se vean obligados a ejercer otras actividades para sobrevivir y contribuyan a alimentar los cordones de miseria de las urbes. Lo anterior genera un cambio drástico en el estilo de vida y las garantías para materializar sus derechos y vida digna. El desplazamiento a ciudades no sólo implica una pérdida de participación política y tradición cultural, es adaptarse a unas nuevas demandas laborales que pauperizan al campesino, es entrar a un sistema donde éste pasa a ser mano de obra o ejército industrial de reserva. Así pues, la concepción del territorio cambiará totalmente. En primer lugar, el hecho de construir una represa en predios destinados a la agricultura y piscicultura re configurará el espacio de una manera determinante, ya que la inundación de estos predios generará grandes pérdidas en la flora y la fauna. Esto, además de cambiar totalmente el paisaje de la zona, re configurará la estructura agraria acumulativa. En segundo lugar la concepción del territorio cambiará debido a que en esta zona se pasará de tierras con cultivos de diversos productos, a tierras donde se privatizará uno de los recursos más valiosos que tienen las personas para su supervivencia: el agua. Esto genera un cambio en el territorio ya que se piensa en la privatización afluentes hídricos que son fundamentales para el desarrollo de actividades productivas de miles de familias en la zona, entre esos el río Magdalena; también la implementación de este megaproyecto generará un cambio en el clima y en los ecosistemas de la región, produciendo una grave alteración ambiental en el territorio. Esta situación es dramática, pues como ya se vio, la re primarización de la economía y el aprovechamiento irresponsable de los

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recursos no renovables, ahondan cada vez más la problemática tanto ambiental como social dentro del país, provocando grandes costos irremediables de corregir, y que a su vez profundizan la brecha de pobreza y aumentan la miseria y el conflicto. Como lo menciona Alejandro Reyes, el campo colombiano ha sufrido transformaciones en los últimos años. Por un lado, con proyectos como este se ha generado una reconcentración de la propiedad y ha cambiado el régimen que la regula, a esto se le suma la precariedad de títulos sobre la tierra por parte del campesino y el monopolio de tierras que se acentúa cada vez más. Esto ha sido un factor que ha contribuido a la concentración y al despojo de tierras. (Reyes, Alejandro, 2009) Teniendo este panorama, las iniciativas de movilización y resistencia social que se revela en el Huila frente a la Multinacional y al Gobierno Colombiano muestran que no queda otra alternativa que detener el Proyecto Hidroeléctrico, suspender la licencia ambiental e indemnizar y restituir los derechos afectados. Las comunidades han anunciado la toma de tierras ya adquiridas por EMGESA como medida para contrarrestar la grave situación de hambre que padece hoy la población, como método para evitar el desplazamiento forzado de 380 familias (Notiagen, 2011) y como medida para iniciar de hecho la Zona de Reserva Campesina Agroalimentaria. Así se buscará mantener la seguridad y soberanía alimentaria, impedir el cambio de suelos que no beneficia directamente a la población, y sacar de la región el megaproyecto de El Quimbo y sus problemáticas consecuencias. El proyecto de la hidroeléctrica de EMGESA contribuye al mantenimiento del modelo latifundista en Colombia y a la concentración de tierras. El caso del megaproyecto de El Quimbo es sólo uno de los casos en los cuales se materializa el modelo económico depredador que privilegia intereses individuales y se dirige hacia un desarrollo económico que pasa sobre el bienestar de las comunidades a corto, mediano y largo plazo. La comunidad de la zona afectada por El Quimbo ha identificado la relación entre este proyecto, que se plantea a sí mismo como una vía de mejoramiento de la calidad de vida del Huila y el país, y un futuro con ausencia de seguridad y soberanía alimentaria. Se empieza a vislumbrar en la práctica la relación entre estos megaproyectos enfocados al uso de la tierra con fines extractivos o de aprovechamiento del agua, y el impedimento para la producción de alimentos, y cómo esto limita la soberanía alimentaria y la subsistencia de la población en un territorio. La iniciativa de la creación de una zona de reserva campesina agroalimentaria es entonces un esfuerzo por preservar la tierra como una productora de alimentos y muestra cómo las campesinas y campesinos del Huila están estableciendo como prioridad la soberanía en sus territorios y la producción de alimentos para el abastecimiento regional y nacional.

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