Ejes conceptuales para Facilitadores y Equipos Técnicos

Presidencia de la Nación PRESIDENTE DR. NÉSTOR C. KIRCHNER

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación MINISTRA DRA. ALICIA M. KIRCHNER

Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano SECRETARIO LIC. DANIEL F. ARROYO

Subsecretaría de Organización de Ingresos Sociales SUBSECRETARIO DR. DANIEL R. FERNÁNDEZ Dirección de Gestión de Ingresos Sociales DIRECTORA LIC. SILVIA CASIRÓ

Coordinación del Programa Familias por la Inclusión Social COORDINADORA DRA. VIRGINIA TEDESCHI

UNICEF ARGENTINA Representante GLADYS ACOSTA VARGAS Coordinador de Programas ENNIO CUFINO

Coordinación del Programa Familias MARÍA ELENA BELTRÁN, Jefa de Staff Capacitación y Comunicación MARCELO CUGLIANDOLO, Responsable de Capacitación. Coordinación de publicación: CLAUDIA CASTRO, Consultora UNICEF. Selección de contenidos: MARÍA INÉS BOGOMOLNY; CRISTINA TROVATO; CRISTINA REGES; MERCEDES PALMAS; PATRICIA BREUER MORENO. Redacción preliminar: DANIEL BOUVIER Autores: FABIANA RUBINSTEIN, autora del capítulo “Vulnerabilidad e Inserción Social”, por Programa Familias. CECILIA BOTTINI, autora del capítulo “Familias e Infancias” por Programa Familias. CRISTINA REGES, autora del capítulo “Género, Ciudadanía e Inserción Social” por UNICEF CLAUDIA CASTRO, autora del capítulo “Educación, Salud y Movilidad Social” en base a publicaciones de UNICEF. Agradecimientos: Los siguientes profesionales han participado del Taller de Formadores y han realizado valiosos aportes a la versión preliminar de este material: MARÍA DEL CARMEN MORASSO, Oficial de Salud UNICEF GIMENA OJEDA, PAULA MANEIRO, FEDERICO BOUILLY, AGUSTINA GRIGERA, MARJORIE RICHARDS, IRENE ENTRAIGAS, FRANCISCA PANDOLFO, NINFA QUISPE, VIVIANA DILORENZO, GUILLERMO DI MENNA, BEATRIZ GIRI, ROLANDO CRISTAO, JULIETA GOYA, MERCEDES ARRAZTOA, LORENA WETZEL, VERÓNICA AZOLI, ELENA PÁEZ DE ALVAREZ, MARTA SINI, PAULA MANDIOLA, MARTÍN WOIZINSKY, LILIANA MACELLO, JESSICA DI TORO, VANINA MURACA, MARCELA GACIC, MERCEDES PALMAS, VANINA MURACA, PATRICIA BREUER MORENO, CAROLINA GONZALEZ LEBRERO. ISBN-13: 978-92-806-4438-0 ISBN-10: 92-806-4438-0 Impreso en Argentina 1° Edición. Noviembre de 2007, 1.500 ejemplares Diseño: JUAN PABLO FERNÁNDEZ

Índice

Introducción página 

Capítulo 3 página  Género, ciudadanía e inserción social

Presentación Institucional página 

La perspectiva de género El concepto de ciudadanía El concepto de género Diferencias de género en el ejercicio de la ciudadanía Desigualdad sexual entre hombres y mujeres Relaciones de poder Desafiando la exclusión de género El caso de las mujeres jefas de hogar Las políticas de acción positivas Hacia una definición de los derechos femeninos

Capítulo 1 página  Vulnerabilidad e inserción social El enfoque de la vulnerabilidad social Transformaciones sociales de fines de siglo Las cifras de la vulnerabilidad Construcción del concepto de vulnerabilidad Vulnerabilidad... y luego exclusión La vulnerabilidad social y el mundo del trabajo La vivencia de la vulnerabilidad Reconocimiento de situaciones de vulnerabilidad Una oportunidad para el cambio Familias por la Inclusión Social

Capítulo 2 página  Familias e infancias Acompañando a las familias Niñez y familia desde una perspectiva de derechos Breve reseña histórica sobre niñez y familia El concepto de “la infancia pobre” Niñez y familia a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño La “niñez excluida” de la década de los noventa La caída de la familia patriarcal La construcción de identidades dentro de las familias Los vínculos en el grupo familiar De la familia única a la diversidad de familias

Capítulo 4 página  Educación, salud y movilidad social Articulación del programa Familias por la Inclusión Social con la salud y la educación infantil El compromiso de las familias del programa con sus niñas y niños Derecho al más alto nivel de salud posible Salud y derechos de los niños y niñas más pequeños Educación y derechos de los niños y niñas más Derecho de cada niño y niña a desarrollarse hasta su máximo potencial La salud de los niños y las niñas de 5 a 14 años La educación de los niños y las niñas de 5 a 14 años La salud de los y las adolescentes La educación de los y las adolescentes

Anexo página  Planes y Programas Nacionales Bibliografía página 

Introducción

os ejes conceptuales que aquí presentamos tienen como objetivo promover la formación de facilitadores, facilitadoras y equipos técnicos del Programa Familias por la Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El mismo ha sido elaborado por un equipo de profesionales como parte del Proyecto “Formación de Facilitadores del Programa Familias” en el marco del Convenio de Cooperación entre UNICEF y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Los contenidos fueron seleccionados de manera conjunta entre los profesionales del Programa Familias y UNICEF, reflejando aquellos temas prioritarios respecto de los cuáles el/la FACILITADOR/A y los equipos técnicos podrán contar como herramienta conceptual y metodológica para el abordaje de sus tareas. Para la selección de los contenidos se realizaron una serie de talleres con referentes de organizaciones y de la estructura descentralizada del Programa, así como también jornadas con profesionales que se desempeñan en distintas áreas del Programa Familias por la Inclusión Social, equipos provinciales y locales. Además se realizó un pormenorizado análisis documental que incluyó materiales oficiales, de organizaciones y otras producciones que permitieron desarrollar las temáticas propuestas desde el enfoque elegido. Estos contenidos están agrupados en 4 capítulos: Vulnerabilidad e inserción social, Familias e Infancias, Género, ciudadanía e inserción social y Educación, Salud y Movilidad Social. El trabajo fue intenso, difícil y enriquecedor por varias razones: las personas provenían de disciplinas afines, pero cada una con su especificidad; las prácticas profesionales ejecutadas en ámbitos bien diferenciados; las visiones sobre la tarea a desempeñar por esta nueva figura, recortada; el enfoque sobre la capacitación, tanto en lo conceptual como en lo metodológico, desde miradas sesgadas. Lograr en tiempo y forma elaborar un proyecto que incluyera todas estas variables requirió de una ardua tarea de aportes complementarios, aperturas teórico prácticas, revisión de saberes, adaptación a formas diferentes de encarar el trabajo. En este proceso, se logró diseñar la capacitación de formadores y de su perfil profesional, el cronograma de sostén para el proyecto, su presupuesto, la elección de los materiales de soporte didáctico, la edición de los manuales para facilitadores/as y otros documentos de apoyo. El Programa Familias apunta a que el/la FACILITADOR/A y los equipos técnicos puedan establecer una trama básica de contacto con las familias destinatarias promoviendo su participación e interacción positiva dentro de la comunidad.

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Los/as facilitadores/as, en conjunto con el equipo local, apoyarán las múltiples acciones tendientes al empoderamiento de todos los actores participantes en la gestión del Programa. A partir de esto articularán con los efectores de salud, educación, organizaciones y otros organismos de gobierno a fin de optimizar las distintas actividades fortaleciendo el desarrollo local. Por ello será importante: • Informar y acompañar a las familias destinatarias en el cumplimiento de las condicionalidades en Salud y Educación. • Detectar situaciones problemáticas, establecer estrategias y realizar el seguimiento de las familias que se presenten durante el cumplimiento de las condicionalidades del Programa, asistiendo los casos críticos o alertas que se presenten de la lectura de las constancias que acompañan (por ejemplo: bajo peso y talla) o ante casos de incumplimiento (por ejemplo: niños/as sin vacunar, niños/as con muchas faltas en la escuela, repitentes, mamás muy jóvenes con muchos niños/as, varones jefes de familia) o cualquier otra situación que requiera de una intervención específica: necesidad de becas, trabajo infantil, violencia familiar, etc. • Acercar a los distintos miembros de las familias a la propuesta de talleres de promoción familiar y comunitaria que ofrece el Programa y, a la culminación y/o desarrollo de sus estudios primarios y/o secundarios o capacitación en oficios mediante la beca que también otorga el Programa. • Efectivizar una estrategia activa que permita orientar a los niños y niñas que así lo requieran a las actividades de Apoyo Escolar. • Estimular la participación a las familias destinatarias y mantener contacto en forma permanente con las mismas. • Escuchar y orientar a las familias destinatarias para trasmitir sus inquietudes, y derivar, si fuese necesario, a otras instituciones que puedan atender su situación. • Hacer seguimiento de las intervenciones realizadas contribuyendo con el relevamiento y monitoreo del Programa. • Colaborar en actividades relacionadas con la producción, difusión y comunicación de la información del Programa. • Trabajar en la articulación con otros programas, con las ofertas de servicios locales y con otras instituciones. Por último, cabe aclarar que todas estas actividades se realizarán en forma conjunta con el equipo técnico, facilitadores/as, contrapartes locales y pasantes. Por ello es importante la construcción de un equipo de trabajo que incluya confianza, reciprocidad y cooperación para llevar adelante la tarea cotidiana en el Centro de Atención Local. El desafío encarado con este material es establecer el horizonte, para que luego sea la realidad quien se encargue de ir estableciendo los límites. El producto tiene la particularidad de ser original como es original el perfil del personal a ser capacitado/a para llevar adelante una tarea que pretende ser de acompañamiento, no clientelística, no mesiánica, respetuosa de las formas familiares y sus modalidades vinculares, no prejuiciosa, sino inclusiva y con alta capacidad de escucha y comprensión para las familias destinatarias del Programa. El lugar del/la FACILITADOR/A y los equipos técnicos es de vital importancia para llevar a buen término el Programa en su objetivo de apuntalar

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a las familias y fortalecer el ejercicio básico de los derechos de sus niños y niñas para romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza. Serán ellos quienes diariamente tengan mayor contacto con las familias destinatarias, y por lo mismo, quienes articulen directamente entre Estado y familias tendiendo “puentes” necesarios para su inclusión. Nadie que no haya aprehendido la maravillosa experiencia de recibir por derecho algo, sin pagar por eso; difícilmente sabrá de qué se trata acompañar a alguien, sin violentar su propia libertad, en el camino de su promoción humana y social.

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Presentación Institucional Programa Familias por la inclusión social

INTRODUCCION El Estado argentino está recuperando, con liderazgo institucional, la capacidad de intervenir en la compleja realidad social, mejorando la educación, la salud, el empleo y la equidad que demanda la cohesión del tejido social. La carencia de oportunidades y la inequidad de las últimas décadas en la Argentina despojaron a la familia de derechos y de obligaciones. Es por ello que en la redefinición del rol que le cabe al Estado, el Gobierno Nacional ha priorizado la promoción, la presencia y el compromiso ético de las políticas públicas. Principios, todos ellos, centrales para las políticas de Estado e innegociables para el desarrollo social. La política social es mucho más que el producto de un voluntarismo político o de grandes planteos técnicos: es el resultado de un proyecto de inclusión social que hace eje en la persona, en los grupos sociales y fundamentalmente en la profundidad y heterogeneidad de la pobreza en Argentina. Superar el enfoque reduccionista de las políticas sociales implica aceptar que no existen respuestas homogéneas para realidades diferentes y que la integralidad y la articulación territorial de las políticas que ejecuta el Estado conforman una herramienta estratégica para revertir la exclusión social. Con esta concepción el Ministerio de Desarrollo Social desarrolla sus acciones de protección, prevención, asistencia, acompañamiento y promoción. Articula su labor con otros ministerios y con la sociedad civil, a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Red Federal de Políticas Sociales, garantizando de este modo el acceso de las familias vulnerables a los planes y programas existentes en el Estado o en otros actores sociales. Ejemplos de ello son los planes dirigidos a escuelas vulnerables, el Plan de Alfabetización, Médicos Comunitarios, los Centros Integradores Comunitarios, el Plan Nacer, el Plan Federal de Viviendas, el desarrollo de cooperativas, el Plan Familias, el Manos a la Obra y el plan de Seguridad Alimentaria, entre otros. La política social más contundente es la creación de empleo. Pero la integración de los excluidos demanda -además- la creación de condiciones efectivas para reducir la vulnerabilidad como la creación de recursos y capacidades necesarias para transformar esos recursos en oportunidades de reinserción social. La reformulación de los programas de ingreso sociales del año 2004 le permitió al Estado agudizar la mirada sobre las necesidades específicas de quienes se encuentran bajo la línea de pobreza e implementar programas para dos realidades diferentes: las personas que tienen menores dificultades generales para encontrar un trabajo (por su situa-

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ción familiar, cantidad de hijos que atender, formación, etc.) y las familias en situaciones de mayor vulnerabilidad social (por número de hijos, niveles de deserción escolar) con menores posibilidades de acceder o sostenerse mediante el empleo. Las diversas situaciones de empleabilidad y vulnerabilidad social de los destinatarios del PJJHD fueron abordadas, entonces, por el Programa Seguro de Capacitación y Empleo y el Programa Familias por la Inclusión Social.

Programa Familias por la Inclusión social El ejercicio de los derechos básicos por parte de las familias vulnerables demanda el desarrollo de capacidades, la creación de mínimas condiciones de calidad de vida y el impulso a la participación comunitaria. En este sentido, el Programa coordina esfuerzos y recursos del Estado nacional con los Estados provinciales y municipales y las organizaciones de la sociedad civil para proteger e integrar a las familias en riesgo social, a través de un ingreso no remunerativo y de actividades de promoción familiar y comunitaria. El Programa Familias combina el ingreso no remunerativo mensual con actividades de promoción familiar y comunitaria1. Estos instrumentos de inclusión se centran en el rol de las familias como ámbito primario para la integración social y el quiebre de la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Ingreso no remunerativo El ingreso no remunerativo mensual que asigna el Programa a las familias destinatarias varía según la cantidad de niñas/os o adolescentes menores de 19 años a cargo, o discapacitados de cualquier edad y se cobra a través de tarjetas de débito expedidas por el Banco de la Nación. Asimismo, y para alentar la participación laboral de las familias destinatarias del Programa, el ingreso resulta compatible con otros ingresos en el hogar, siempre que la totalidad del mismo no supere el Salario Mínimo Vital y Móvil. El otorgamiento del ingreso no remunerativo demanda el compromiso del núcleo familiar con la educación y la salud de los menores a cargo. Esta condición -que resulta central para el mejoramiento de las condiciones de vida y las posibilidades de inclusión de los menores- se verifica dos veces al año con la presentación de certificados de cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación, controles bimestrales de las mujeres embarazadas, constancia de matriculación inicial y condiciones de regularidad escolar de los niños de 5 años a 19 años. Cabe destacar que la nueva tipificación del riesgo social permite incorporar familias vulnerables al Programa para prevenir y/o revertir las situaciones de trabajo infantil, desnutrición, violencia familiar y abuso.

TRAPASOS AL PROGRAMA FAMILIAS El traspaso es el procedimiento voluntario de migración del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados al Programa Familias. Pueden optar por el traspaso los destinatarios/as

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En la primera fase del Programa se prevé la realización de estas actividades en una selección de 60 municipios. (Ver Anexo)

del PJJHD con nivel educativo inferior al secundario completo y que, a su vez, tengan dos o más hijos/as o menores de 19 años a cargo o discapacitados de cualquier edad. El traspaso podrá realizarse sólo en aquellas localidades en la que el Programa esté instalado.

Promoción Familiar y Comunitaria Las actividades de Promoción Familiar y Comunitaria que brinda el Programa Familias consisten en cursos de apoyo escolar, talleres de desarrollo familiar y comunitario y becas para jóvenes y adultos que decidan terminar o continuar sus estudios. En este marco vale señalar que estas actividades, en conjunto, contemplan a todos los integrantes del núcleo familiar. Atento a la importancia de trabajar con las necesidades concretas de cada localidad, el Programa promueve el diagnóstico común entre organizaciones de la sociedad civil y estados municipales acerca de las problemáticas, las necesidades y los servicios sociales y educativos disponibles en cada comunidad: el resultado de este proceso colectivo es el Plan de Actividades que el Programa Familias articula en cada localidad con los actores involucrados. Las actividades de apoyo escolar apuntan a mejorar el aprendizaje de los menores del núcleo familiar -para reducir los índices de repitencia y abandono escolar- y a fortalecer el vínculo entre la familia y la escuela, revalorizando el rol de los padres como promotores de la escolarización de sus hijas/os. Los talleres de desarrollo familiar y comunitario buscan mejorar la posición de los adultos y jóvenes del núcleo familiar frente a las situaciones que generan exclusión social. Las actividades propuestas promueven el desarrollo personal, familiar y comunitario que facilita el pleno acceso a servicios sociales y el goce de sus derechos de ciudadanía. Entre algunos de los talleres previstos, vale mencionar el de Desarrollo Infantil y Juvenil; Género, Salud Sexual y Reproductiva; Prevención de la violencia doméstica y Prevención de riesgos sociales para Jóvenes. Por último, la prestación remoción de barreras busca facilitar la terminación de estudios y la formación profesional y/o laboral de los jóvenes y adultos del núcleo familiar, a través de una ayuda económica mensual. Esta beca es transferida directamente al destinatario del Programa a través de la tarjeta de débito y se mantiene en la medida que el mismo cumpla con la asistencia regular a los cursos elegidos, los cuales deberán ser ofrecidos por instituciones con certificación oficial. La beca busca mejorar las condiciones básicas de permanencia en el sistema educativo, la inserción laboral y el fortalecimiento de los procesos de desarrollo personal. Podrán recibir la beca hasta 3 personas por familia, pero no puede superar los $1500 anuales.

METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN Y ALCANCE TERRITORIAL La metodología de gestión implementada por el Programa se centra en la recuperación y el fortalecimiento de las redes públicas, involucrando de este modo a actores sociales y estatales que garantizan la integralidad y la articulación del Programa en el territorio. Para su ejecución el Programa articula con los estados provinciales y municipales en los que se establecen los Centros de Atención Local (CAL), expresión del vínculo terri-

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torial entre el Programa y sus familias destinatarias. Asimismo integra su labor con el resto de los programas del Ministerio de Desarrollo Social (a través de los Centros de Referencia) y los programas existentes en otros Ministerios (a través de los Centros Integradores Comunitarios). Para dar comienzo a las actividades del Programa en provincias o municipios se requiere la firma previa de convenios entre el Ministerio de Desarrollo Social y cada uno de los Gobiernos Provinciales, y entre éstos y los municipios. Dichos convenios establecen el marco institucional, las competencias de los distintos ámbitos jurisdiccionales y la provisión de infraestructura, equipamiento y personal para la implementación del Programa en cada distrito. El Programa Familias combina niveles centralizados y descentralizados de gestión: en el nivel centralizado funcionan los Equipos Técnicos Regionales con sede en la Coordinación General del Programa; en el nivel descentralizado se ejecuta la atención directa a las familias destinatarias a través de Equipos Técnicos Provinciales (ETP) o, en cada localidad bajo Programa, Equipos Técnicos Locales (ETL). Asimismo cuenta con un conjunto de actividades transversales que mejoran o fortalecen las capacidades del Programa para difundir objetivos y reglas de operación; mejorar las capacidades de atención y seguimiento de los/as destinatarios/as; cumplir con los requerimientos de gestión técnica, administrativa y financiera; proporcionar soporte informático a los equipos técnicos locales y evaluar y monitorear los procedimientos de gestión. Vale señalar que el Programa ha incrementado en más del 50% su alcance desde el año 2005. De 240.000 familias destinatarias en ese año, el Programa llegó a 454.000 y prevé alcanzar 700.000 familias. El Programa Familias cuenta con un conjunto de actividades transversales que mejoran o fortalecen las capacidades del Programa para difundir objetivos y reglas de operación; mejorar las capacidades de atención y seguimiento de los destinatarios/as, cumplir con los requerimientos de gestión técnica, administrativa y financiera; proporcionar soporte informático a los equipos técnicos locales y evaluar y monitorear los procedimientos de gestión.

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El ideario de lo que tenemos que alcanzar en la política social lo tenemos todos; el desafío es lograrlo, por eso es político. Y ese desafío no se juega detrás de un escritorio. Es un desafío de justicia social, de derechos, aprovechando lo que nos da la ciencia, pero con la participación activa de toda la sociedad. Nos falta, pero hay una vocación que tiene el Gobierno nacional y que nuestro presidente la tiene internalizada en cada momento de su gestión, y es dar calidad de vida con eje en la persona y la familia. Debemos superar la pobreza, pero no solamente pobreza de ingreso, también de oportunidades. El desafío que tenemos hoy en política social se llama acceso, los caminos los estamos trabajando y los estamos construyendo en conjunto. Los invito a que nos ayuden, a seguir trabajando desde el lugar que tiene cada uno para que trabajemos cada vez más sobre una política más participativa pero efectiva, una política de abordaje territorial, una política diferenciada pero con abordaje integral, no focalizada, una política íntimamente articulada, puesto en la persona, al servicio de nuestro país, en una identidad que nos abrigue a todos los argentinos. DRA. ALICIA KIRCHNER Ministra de Desarrollo Social de la Nación

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Capítulo 1

Vulnerabilidad e inserción social

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“… que los excluidos sean convocados desde su participación activa, brindándoles herramientas que tiendan a la promoción humana y no sólo a la mera asistencia.” ALICIA KIRCHNER

EL ENFOQUE DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL El programa Familias por la Inclusión Social tiene por objetivo atender a los sectores más vulnerables de la sociedad, promoviendo la integración social de las familias y estimulando valores y sentimientos que subrayen, ante todo, la dignidad humana. Si consideramos que la exclusión es el resultado de un proceso,1 creemos conveniente centrar la atención en el fenómeno de la vulnerabilidad, entendida ésta como una situación de debilitamiento de los lazos institucionales, que pone en riesgo el mantenimiento de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, y puede culminar en la exclusión social.

Introducirnos en el concepto de vulnerabilidad implica complejizar el fenómeno de la pobreza, y comenzar a pensarla no sólo desde la carencia material, sino desde su relación con la exclusión, la fragmentación, la polarización y la desigualdad. Considerar la vulnerabilidad es obligarse a ver la película y no sólo la fotografía, es hacer foco en las trayectorias que conducen a las situaciones de exclusión. En este capítulo, nos proponemos desarrollar el concepto de vulnerabilidad social y realizar un recorrido por el devenir histórico reciente de la Argentina, con el fin de analizar la situación actual y pensar en las causas que dieron lugar al debilitamiento de los lazos de solidaridad, el compromiso ciudadano y las prácticas democráticas. Confiamos en que la reflexión sobre estas temáticas nos llevará a revisar las propias prácticas emprendidas con las familias vulnerables que forman parte del programa. Lo que también implicará repensar nuestras concepciones sobre la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social.

Asumir la vulnerabilidad como proceso permite detectar las señales tempranas que alerten sobre la necesidad de protección social para promover la integración de las familias en situación de riesgo.

1 Robert Castel, Las trampas de la exclusión. Trabajo y utilidad social. Colección Fichas del siglo XXI, Buenos Aires, Topía, 2004.

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La vulnerabilidad es una situación de debilitamiento de los lazos institucionales que pone en riesgo el mantenimiento de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, y puede culminar en la exclusión social.

TRANSFORMACIONES SOCIALES DE FINES DE SIGLO

Hacia fines del siglo XX, se conformó una nueva estructura social de tipo dual, con alta concentración del ingreso y con persistencia y profundización de la pobreza.

La crisis desatada a fines del siglo XX no fue casual, fue producto de décadas de precarización de las redes sociales. En el transcurso de los últimos tiempos, distintos gobiernos ejercieron sobre la sociedad argentina prácticas que se convirtieron en ejes demoledores de los derechos sociales. Como comunidad, hemos sufrido la pérdida de una generación comprometida con lo social, la devastación del aparato productivo, el endeudamiento del país a límites extremos, un Estado que fue retirándose de las necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas, y la aplicación de propuestas neoliberales que aniquilaron a las empresas nacionales, dejando fuera capital y mano de obra nacional. Estos factores de exclusión (así denominados por el sociólogo francés Robert Castel) propiciaron el quiebre de las redes de solidaridad, pulverizando las posibles protecciones que antes aseguraban la inclusión social. La Argentina previa a la crisis de la deuda externa era una sociedad con movilidad social ascendente, pero ese esquema de modelo integrador, especialmente a través de la educación y del trabajo, entró en crisis. Como consecuencia, se configuraron escenarios caracterizados por la desigualdad y la fragmentación social. Además, este proceso fue agravado por el desmantelamiento del Estado social y el deterioro de su papel redistributivo. Así se conformó una nueva estructura social de tipo dual con alta concentración del ingreso y con persistencia y profundización de la pobreza. En el marco de esta situación social de fragmentación, también se observa un proceso de pérdida de centralidad de las instituciones (el Estado, la familia, el mundo del trabajo, la educación) que habían cumplido una función medular durante los procesos de integración social de las sociedades modernas y en la regulación de la vida cotidiana de las personas. Otro quiebre que se produjo fue la transformación de los valores. Así se pasó: “de una ética del trabajo a una estética del consumo”. Evidentemente, la contemporaneidad es un período de cambio de valores y concepciones del mundo. Ideas como competencia, éxito, eficacia, disfrute y gratificación personal comienzan a formar parte de los valores de las sociedades. Estos nuevos valores se asocian a un criterio de individualización creciente, donde se desdibuja la idea de comunidad, bienestar general y bien común y se reemplaza por ciertas opciones personales, responsabilidades y proyectos individuales, por la importancia de ser “uno mismo” y disfrutar del presente. En este escenario de transformación, donde se debaten tensiones sociales e institucionales, es necesario analizar la crisis de 2001 y comienzos de 2002, pues es justamente en ese momento cuando los distintos acontecimientos que se habían gestado en años anteriores estallan con gran intensidad, dando visibilidad a hechos que impactaron directamente sobre la lógica de las instituciones y sobre el modo de vida de los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina. A continuación se presentan algunos de estos cambios.

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Modificaciones en el entramado social • • • • • • • • • •

Disminuyó la calidad de vida de amplios sectores sociales. El desempleo alcanzó niveles alarmantes. Aumentó la cantidad de hogares en situación de pobreza e indigencia. Los sectores medios se vieron afectados por la manipulación de sus ahorros. Los pequeños y medianos productores disminuyeron su actividad. La riqueza se concentró en manos de unos pocos con fuerte capacidad de presión sobre los poderes públicos. Se produjeron graves episodios de violencia social. Las instituciones no fueron capaces de dar respuestas a las problemáticas sociales emergentes. La fuerza de seguridad (ausente en algunas situaciones o represora en otras) deterioró la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado. Los sectores sociales que estaban en el límite de la pobreza y la indigencia fueron empujados brutalmente hacia abajo, es decir, excluidos.

Cambios en la vida de las personas • Hubo modificaciones significativas en los hábitos cotidianos de las familias. • El temor de las personas a quedar marginadas del mercado de trabajo y de consumo alcanzó niveles alarmantes. • Una sensación de fracaso, frustración y miedo circuló por los diferentes sectores sociales. • La identidad se puso en riesgo ante el desempleo creciente y la falta de proyectos de vida. • Las relaciones sociales se deterioraron, incluso dentro de las mismas familias. • Especialmente entre vecinos, y entre personas unidas por una ocupación o por su edad, surgieron desconfianzas crecientes pero también reconocimientos mutuos e identificación por atravesar situaciones semejantes.

LAS CIFRAS DE LA VULNERABILIDAD Según las estimaciones del INDEC, a partir de la Encuesta permanente de hogares (EPH) realizada en octubre de 2001, un 45% de la población del país estaba en situación de pobreza. Los indigentes abarcaban en el mayor de los aglomerados analizados, el Gran Buenos Aires, un millón y medio de personas, lo que representaba el 12,2% de su población. Por otra parte, esta cifra trepó un 356%, desde el inicio del Plan de Convertibilidad en 1991. En mayo del 2002 se registró el mayor índice de desocupación de la historia del país, con una cifra que ascendió hasta el 21,5%. Sumado al 18,6 % de la tasa de subempleo, el porcentaje de personas económicamente activas desocupadas o subocupadas llegó al 30,1%. (EPH-INDEC). Durante la década de los noventa

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Frente a la crudeza de las estadísticas, será conveniente desarrollar el concepto de vulnerabilidad con el fin de enriquecer la mirada sobre la cuestión social.

la inequidad distributiva aumentó de manera pronunciada. La proporción de ingresos que percibía el 10% más pobre de la población se hizo cada vez menor, mientras que lo opuesto sucedió para el 10% más rico. Frente a esta realidad descrita de manera estadística, consideramos conveniente desarrollar en profundidad el concepto de vulnerabilidad con el fin de enriquecer la mirada sobre la cuestión social.

CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE VULNERABILIDAD La creciente desigualdad en distintas partes del mundo ha revitalizado el interés por los conceptos de exclusión y fragmentación social. En los años sesenta, la discusión se centraba en la idea de marginalidad, un concepto relacionado con el sector de la población que estaba fuera de la producción económica, excluida del mercado laboral y de las instituciones. Más adelante, entre las décadas de los ochenta y los noventa, adquiere interés el concepto de vulnerabilidad, como producto del cambio y el deterioro de las condiciones laborales y sociales de las personas. Por otra parte, se vuelve inminente la necesidad de replantear acciones, especialmente la intervención del Estado, para empezar a atender la demanda de un nuevo entramado social. En los Estados Unidos, el fenómeno de exclusión social es leído en términos de responsabilidad y autonomía del excluido respecto de su propia situación más que en relación con los problemas de inserción social. Así, la asistencia no se fundamenta en el reconocimiento de los derechos sociales de las personas y la idea que se asocia a la exclusión es la de underclass.2 Este concepto está asociado al de marginalidad, pero, además, se le agrega la connotación de criminalidad y la de encontrarse fuera de la ley. El concepto de underclass culpabiliza al excluido por su condición y explica su reproducción a partir de características propias ligadas con una conducta desviada. En Europa, en cambio, los primeros indicios de exclusión social se relacionaron con los desprotegidos de la seguridad social (especialmente los y las inmigrantes). Durante los años ochenta, la exclusión se asoció con el crecimiento de la desocupación y, en los noventa, es vista como la incapacidad de los individuos para participar plenamente de la sociedad, comprendiendo el concepto de exclusión por oposición a la idea de integración social.

VULNERABILIDAD... Y LUEGO EXCLUSIÓN La noción de exclusión va más allá de la noción de pobreza, entendida como una situación de privación material. Si bien el concepto de exclusión da cuenta

2 Underclass o infraclase. En esta categoría se incluye aquella franja de la población que se encuentra fuera del mercado formal de trabajo, de muy bajos ingresos, y que ha desarrollado pautas culturales y normativas propias.

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de la falta de acceso a los bienes y servicios y sobre la imposibilidad de cubrir las necesidades básicas también incluye las dificultades que poseen las personas para hacer valer sus derechos y la carencia de seguridad, de justicia, de representación y de ciudadanía que ellas sufren. De este modo, la idea de exclusión social articula la dimensión económica (satisfacción de necesidades, especialmente a través del empleo y los salarios) con la dimensión institucional (instituciones que regulan la vida social, el mercado de trabajo y el acceso a los derechos sociales). Según Robert Castel,3 la exclusión se ha impuesto desde hace poco como un concepto al cual se recurre –a falta de otro más preciso– para dar a conocer la gran variedad de situaciones de miseria que presenta el mundo: el desempleado crónico, el joven de los suburbios, la familia sin techo, entre otras.

Cuando hablamos de marginalidad extrema, de aislamiento social o de pobreza absoluta, se vuelve indispensable pensarlos en relación con situaciones de vulnerabilidad, de precariedad y de fragilidad que, con frecuencia, los han precedido y alimentado. Siguiendo la reflexión que realiza Castel en su obra La metamorfosis de la cuestión social (Buenos Aires, 1997), es posible distinguir tres zonas de organización o de cohesión social en una comunidad: 1. la zona de integración, que no plantea grandes problemas de regulación social; 2. la zona de vulnerabilidad, caracterizada por el trabajo precario y por relaciones muy frágiles; 3. la zona de exclusión, que comprende un gran nivel de marginalidad. Allí se mueven los sujetos más desfavorecidos, desprovistos de recursos económicos, de soportes relacionales y de protección social. De acuerdo con lo que plantea Castel esta zona está relacionada con la “desafiliación”,4 y no se trata de un estado inmóvil sino del producto de una trayectoria. Esta mirada sobre la denominada “zona de exclusión” permite “remitir a dinámicas más amplias, prestar atención a los puntos de inflexión de los estados límites. Buscar las relaciones entre la situación en la que se está y aquella de la que se viene”.5 Podríamos preguntarnos si quienes se ubican en esta zona forman parte de las redes de interdependencia que constituyen a una sociedad como un todo o si, por el contrario, ya han quedado al margen de toda vinculación. El término vulnerabilidad, según el sociólogo francés, se utiliza para designar “un enfriamiento del vínculo social que precede a su ruptura”. En lo que concierne al trabajo, significa un deterioro de las condiciones laborales y, en el orden de la sociabilidad, una fragilidad de los soportes proporcionados por la familia y por el entorno social.6 3 Robert Castel, ob. cit . 4 El concepto de desafiliación pertenece al mismo campo semántico que la disociación, la descalificación o la invalidación social: desafiliado, disociado, invalidado, descalificado. 5 Robert Castel, La metamorfosis de la cuestión social. Buenos Aires, Paidós, 1997. 6 Lo aspectos de la vulnerabilidad asociados con los vínculos familiares se desarrollarán con mayor profundidad en el capítulo 2: “Familias e infancias” de este módulo.

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La exclusión implica imposibilidad para acceder a bienes y servicios, y para cubrir necesidades básicas, pero también incluye las dificultades de las personas para hacer valer sus derechos y la carencia de seguridad, justicia, representación y ciudadanía que sufren.

LA VULNERABILIDAD SOCIAL Y EL MUNDO DEL TRABAJO Respecto a la inserción en el mercado de trabajo, existen dos conceptos que están asociados con la desigualdad social: la informalidad y la precariedad. La idea de informalidad describe la actividad de un sector económico que se caracteriza por la desprotección y los bajos salarios de su fuerza de trabajo (lo que facilita el ingreso y la salida de los trabajadores del sistema) la baja productividad, el empleo de tecnologías rudimentarias y la ausencia de regulaciones y controles por parte del Estado (trabajo no registrado). El origen de la informalidad está asociado con un mayor crecimiento de la población trabajadora respecto del lento o nulo incremento de los puestos de trabajo. La idea de precariedad describe un tipo de trabajo no regulado, no protegido, pero admitido por la legislación laboral, que permite contrataciones flexibles. El concepto de precariedad implica inestabilidad, falta de protección, inseguridad y vulnerabilidad social económica, y es el producto directo de las políticas de flexibilización laboral.

LA VIVENCIA DE LA VULNERABILIDAD Es importante prestar atención a una característica propia de la vulnerabilidad: siempre aparece después de un período de estabilidad. La inseguridad se vivencia en el presente, porque previamente se ha tenido la certeza de estar protegido. Existe una ”memoria social”, es decir, la memoria de la existencia de una protección social. Al hablar de vulnerabilidad social, resulta fundamental destacar la diferencia entre individuos o grupos vulnerados e individuos o grupos vulnerables: • vulnerados: son los grupos en condición de pobreza, es decir, aquellos que ya padecen una carencia efectiva de sostenimiento y desarrollo, y una debilidad que se proyecta hacia el futuro a partir de esa situación de falta. • vulnerables: son los sectores que aún no alcanzaron el deterioro efectivo de sus condiciones de vida pero que cuentan con una alta probabilidad de sufrir carencias en un futuro cercano, a partir de las condiciones de fragilidad que los afectan en el presente. Por otra parte, se debe distinguir dentro de la categoría vulnerables dos situaciones diferentes: • el vulnerable estable o permanente (estructural), • el vulnerable reciente (coyuntural). En el caso del sujeto considerado vulnerable “reciente” –a diferencia de la situación de vulnerabilidad permanente– su estado se supone transitorio, dado que la persona debería tener mayores capacidades y posibilidades de salir por sí mismo de la situación de desventaja, ya sea por su ciclo de vida individual o por la presencia de acciones o situaciones favorables dentro de su familia.

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En cambio, el vulnerable “permanente” tiene menor capacidad y posibilidad de ser habilitado o de habilitarse por su propia cuenta. Éste podría ser el caso de los desempleados de larga duración, los analfabetos, las personas con discapacidad severa o algunos grupos de la tercera edad.7

El enfoque de la vulnerabilidad debe abarcar todos los niveles; desde los comportamientos de los individuos y los hogares, pasando por las organizaciones e instituciones, hasta alcanzar la totalidad de la estructura social. Este análisis es el que permite abordar los problemas relativos a la heterogeneidad de la pobreza, su producción y reproducción, y las desventajas sociales. La vulnerabilidad se manifiesta –y puede constatarse– en relación con las dificultades que se presentan en el mundo del trabajo y en los modos de insertarse socialmente (falta de acceso a beneficios e instituciones, vulneración de derechos). A continuación se presentan algunas de estas dificultades.

Vulnerabilidad y trabajo • Pocos integrantes del núcleo familiar trabajan. Las familias tienen escasos o nulos aportes económicos, en calidad y diversidad. • Se incrementa el número de personas desocupadas. Esta situación se relaciona con una escasa o nula oferta de trabajo, sobre todo para los jóvenes. • Entran en crisis los trabajadores estables. Aquellas personas que perdieron su trabajo tienen dificultad para recuperarlo. • Se precariza el trabajo. Ante una situación económicamente desfavorable, las personas toman empleos en condiciones infrahumanas. • Los trabajadores de cierta edad se ven excluidos. Muchas personas que alcanzaron los cincuenta años de edad se ven desvalorizadas y sin posibilidades de hallar un empleo. Son demasiado mayores para seguir siendo rentables y demasiado jóvenes para gozar de una eventual jubilación.

7 N. Perona, y G. Rochi, Vulnerabilidad y exclusión social. Una propuesta metodológica para el estudio de las condiciones de vida en los hogares. Revistas de Temas Sociales, Buenos Aires, Kairós, 2006.



Vulnerabilidad e inserción social Las ciudades y áreas metropolitanas se fragmentan. Aparecen crecientes niveles de segregación residencial, es decir, zonas para ricos y zonas para pobres. Se modifica la vida cotidiana. Tiende a romperse la articulación entre actividades como aprender, trabajar, descansar, entre otros factores debido a la informalidad del empleo. Crece el descrédito o el rechazo por la escuela. Ante la desigualdad y falta de oportunidades educativas, algunos ciudadanos desconfían de que la educación sea un factor de movilidad social. Se presentan dificultades para acceder a los servicios de salud, vivienda, recreación, deporte, etc.

RECONOCIMIENTO DE SITUACIONES DE VULNERABILIDAD Evidentemente, la vulnerabilidad no sólo nos posiciona ante la precarización de las relaciones de trabajo, sino también ante una desestructuración más general de las comunidades, que incluye numerosos riesgos de desestabilización, tanto en los modos de vida de las personas como en sus modos de vinculación e inclusión social.

Indicadores básicos de vulnerabilidad Un modo de reconocer la vulnerabilidad durante el trabajo con las familias, se relaciona con la observación e identificación de ciertos indicadores básicos que a continuación se detallan. • El hábitat (o condiciones habitacionales): permite evaluar las condiciones materiales de existencia de las personas y cómo varían a través del tiempo. Por ejemplo: saneamiento, disponibilidad de agua corriente, condiciones de hacinamiento, disponibilidad de baño y tipo de vivienda (construcción, forma y régimen de tenencia, equipamiento, acceso a servicios, relación entre número de cuartos y personas, etc.). • Los tipos y formas de organización familiar: permiten observar las relaciones de parentesco, el total de personas que habitan la vivienda, la característica de los vínculos (biológicos o legales), la tenencia de los niños y niñas, los roles que cumplen los miembros de cada familia y la etapa del ciclo vital que atraviesan. • Las características educacionales: elaborar un perfil educacional de los integrantes de las familias permite observar los posibles niveles de adquisición de redes de socialización y la conformación de determinado capital social y cultural. Es importante considerar los niveles de escolaridad de modo diferencial según los lugares que las personas ocupen en la estructura familiar. Por ejemplo: los niveles de instrucción alcanzados, los de capacitación y su relación con las edades y roles familiares.

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• El ámbito laboral: conocer el tipo de ocupación de las personas no sólo permite acceder a información sobre su sustento material sino también saber cuáles son las condiciones de seguridad, reconocimiento e inserción de que disfrutan. Por ejemplo: el tipo de inserción ocupacional o la desocupación, los cargos, las tareas, la calificación de cada trabajador. • La seguridad previsional: aquí se trata de observar si las personas y las familias tienen acceso a la seguridad social, un ámbito que actualmente se encuentra en retroceso. Por ejemplo: la percepción de beneficios sociales, las asignaciones familiares o el acceso a alguna obra social. • Los condicionamientos del contexto: se trata de las particularidades que presenta el espacio donde las familias desenvuelven sus actividades y sus redes vinculares. Es decir, si el contexto presenta oportunidades de socialización: existencia de organizaciones y asociaciones barriales, entidades religiosas, clubes, etcétera. • Las relaciones sociales: observar la conformación de las redes de relaciones en sistemas de sociabilidad y de contención permite conocer el grado de integración a través de diferentes lazos sociales. Por ejemplo: la participación en experiencias asociativas, la pertenencia a organizaciones sociales y políticas, las formas de vinculación con vecinos o con dirigentes barriales, entre otras. • Los atributos individuales: en este caso se tomarán en cuenta las características propias de cada miembro de la familia: su trayectoria laboral, las experiencias ocupacionales y el nivel alcanzado, sus condiciones de salud y educación, entre otras variables.

UNA OPORTUNIDAD PARA EL CAMBIO Luego de la crisis, surgieron cambios que movilizaron la reflexión pública sobre la realidad. Muchos sectores sociales experimentaron nuevas formas de solidaridad y sentidos de construcción comunitaria. Algunos índices económicos y sociales se recuperaron. E incluso fue posible recobrar algún nivel de confianza tanto en lo individual y en lo social como en lo institucional, lo que dio paso a cierto optimismo sobre el futuro. Una sociedad democrática debe trabajar en favor de los derechos sociales de las personas replanteando alternativas que permitan disminuir la vulnerabilidad y la exclusión. En este sentido, es necesario que las políticas sectoriales e intersectoriales de educación, salud, vivienda y empleo (que actúan sobre la capacidad de respuesta que tienen los individuos, los hogares y las comunidades ante los riesgos a los que están expuestos) se articulen con la noción de vulnerabilidad, dotando de mayor integralidad a los programas sociales. Esta integralidad podría lograrse teniendo en cuenta los siguientes aspectos. • Incorporar los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, velando por la no discriminación, la promoción del interés superior del niño y de la niña, su derecho a la supervivencia y el cabal desarrollo y participación de todos los niños en aquellas cuestiones que afectan sus vidas.

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Una sociedad democrática debe trabajar en favor de los derechos sociales de las personas replanteando alternativas que permitan disminuir la vulnerabilidad y la exclusión.

• Basarse en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y reconocer que asegurar la vigencia de los derechos de la mujer es fundamental para la puesta en práctica de los derechos de niños y niñas. • Aprovechar los aspectos más fuertes de las comunidades, la familia y las estructuras sociales, valorando las prácticas positivas de crianza y el firme deseo de padres y madres de proporcionar lo mejor para sus hijos e hijas. • Contar con un marco de acciones amplio, incluso integrando asesoramiento y actividades intersectoriales (de salud, nutrición y desarrollo psicosocial y cognoscitivo de niños y niñas). • Construir cada programa a partir de las familias y para ellas, adoptando modalidades que respeten los derechos de la mujer y los derechos de los niños y niñas a la escolarización y al disfrute de su propia infancia. • Construir cada programa a partir de las comunidades y para ellas, respetando los valores culturales, fomentando la capacidad local, propiciando la asunción de los programas por sus protagonistas, alentando la unidad y la fortaleza, y subrayando la probabilidad de que las decisiones se lleven a la práctica y los programas sean sostenidos. • Fomentar el ejercicio de los derechos de la infancia en condiciones de igualdad, incluso en el caso de las niñas y los niños que corren riesgo de retraso en su desarrollo o discapacidad. • Ser flexibles y reflejar la diversidad, pues los programas sociales difieren unos de otros con respecto a las necesidades y los recursos locales y regionales. • Satisfacer las más altas normas de calidad. • Ser eficaces en función de los costos y sostenibles.8

FAMILIAS POR LA INCLUSIÓN SOCIAL En esta línea de reflexión y trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pone en marcha el Programa Familias por la Inclusión Social, para fortalecer y recuperar el entramado social, haciendo principalmente hincapié en las características de los grupos más vulnerables y en sus necesidades reales. Creemos que es posible generar, mediante políticas activas, un escenario social y económico propicio que promueva la equidad evitando la reproducción de las desventajas. Pero para alcanzar este propósito, es necesario aumentar, fortalecer y diversificar los recursos que poseen los grupos sociales más vulnerables, con el fin de obtener su real participación. Desde esta mirada, la integración social comienza a transitar un camino en vías de transformación que incluye dispositivos de protección social. Y esto implica un desafío para las nuevas políticas de Estado.

8



Basado en el informe: Estado Mundial de la Infancia, UNICEF, 2001.

La inclusión social implica un conjunto diverso de prácticas integradoras que van desde el acceso a la salud y a la educación, hasta el desarrollo de una serie de actividades de capacitación relacionadas con la posibilidad de obtener un empleo más o menos estable. Por otra parte, las políticas públicas deberán actuar para prevenir situaciones de vulnerabilidad y de exclusión generando posibilidades para integrar socialmente a las familias, ayudándolas a superar los factores de riesgo que parecieran moldear el destino de los grupos más vulnerables de la población. Este apoyo a los sectores poblacionales que se encuentran en situación de riesgo de ningún modo puede pensarse como una “cuestión graciable”. Por el contrario, se trata de un derecho constitucional. El derecho a la inserción social debe ser el eje de los derechos sociales, considerando a los sujetos como ciudadanos activos y no como individuos “asistidos”. El Estado, asumiendo su rol presencial y promotor de derechos sociales, debe habilitar espacios de construcción de ciudadanía, para que mujeres y hombres, niños, niñas, jóvenes y ancianos puedan ejercer sus derechos como actores sociales autónomos y protagonistas. La promoción de este proceso de protagonismo y autonomía se desarrollará, en primera instancia, desde “afuera” de los sujetos, tomando medidas de asistencia social, para luego, en una segunda instancia, atenuar esa presencia externa hasta convertirla en un estado de conciencia social instalada en cada ciudadano y ciudadana.

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El derecho a la inserción social debe ser el eje de los derechos sociales, considerando a los sujetos como ciudadanos activos y no como individuos asistidos.

Capítulo 2

Familias e infancias



“No acepten lo habitual como cosa natural. Pues en tiempos de desorden sangriento, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar.” BERTOLD BRECHT

ACOMPAÑANDO A LAS FAMILIAS El programa Familias por la Inclusión Social se centra en la formulación de políticas sociales que toman como eje a la familia, reforzando las redes identitatarias y de sostén que, a la vez, facilitan el vínculo del niño y de la niña con su entorno. La meta es fortalecer cada familia para que sean ellas mismas quienes reclamen y demanden por sus necesidades, constituyéndose sus integrantes en sujetos de derechos. De este modo, las acciones del programa son pensadas desde un enfoque de derechos, comprendiendo que las familias con las que trabajamos no tienen privaciones sino que han sido “deprivadas” por el modelo de sociedad que les ha tocado experimentar. En esta línea, consideramos que es necesario superar el estigma de “familia excluida” o “familia marginal” promoviendo relaciones familiares y comunitarias más participativas y democráticas, alejándonos de pautas que consoliden el individualismo y la desigualdad.

Es posible pensar el acompañamiento de las familias desde una perspectiva diferente, intentando disminuir las intervenciones con predominio de la modalidad asistencial-tutelar y, en cambio, favoreciendo una relación con raíces profundamente democráticas. Es fundamental fortalecer a las familias para que sean sus integrantes quienes puedan tomar decisiones autónomas, basadas en un proceso de conocimiento sostenido en sus propios valores, creencias y vivencias. Nos proponemos acompañar a las familias para que ellas sean las que eduquen a sus hijos e hijas. Y, para ello, buscaremos estimular la presencia activa de padres y madres en el proceso educativo de sus niños, valorando su rol como promotores de la escolarización y favoreciendo su relación con la escuela.

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Las familias con las que trabajamos no tienen privaciones sino que han sido deprivadas por el modelo de sociedad que les ha tocado experimentar.

Hay que fortalecer a las familias para que sean sus integrantes quienes puedan tomar decisiones autónomas, basadas en un proceso de conocimiento sostenido en sus propios valores, creencias y vivencias.

NIÑEZ Y FAMILIA DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS Resulta importante desnaturalizar ciertos conceptos que se presentan como meras generalizaciones cuando, en verdad, están silenciando realidades emparentadas con el género, la pobreza, la clase social o una multiplicidad de problemáticas sociales. Cuando hablamos de niñez es válido subrayar que apelamos a la condición de los niños y las niñas como sujetos de la historia y que, particularmente, nos referimos a la infancia que proviene de los sectores populares. Cuando hablamos de familia, convocamos la idea de “lo” familia1 y de “los patrones familiares”2 como categorías que dan cuenta de la diversidad y de la pluralidad de configuraciones familiares que existen y de su naturaleza psicosocial e histórica. Es decir que el concepto habla de los grupos familiares –en plural– que interactúan con el mundo público de los servicios, la legislación y el control social. Estas ideas ponen en jaque el viejo concepto de la familia como modelo único y válido según los cánones del patriarcado y todos los discursos oficiales que a lo largo de la historia se constituyeron como hegemónicos, cuya dimensión ideológica construye y reactualiza una imagen de familia –y también de niñez– natural, inmóvil, sacralizada y rígida; lo que alimenta inequidades y asimetrías en las relaciones entre las personas, entre los géneros y entre las generaciones. En tanto se trata de construcciones psicosociales, históricas, culturales y políticas, las viejas y rígidas ideas sobre niñez y familia llevan a entender a los sujetos y a las configuraciones familiares de determinada manera. Así, niños y niñas fueron y son construidos por discursos y prácticas oficiales que los interpelan violentamente como “menores”, carentes, incapaces, peligrosos. Mientras se conforman nuevos discursos y prácticas que discuten estas creencias y editan la idea de transformarlos en sujetos portadores de derechos desde una perspectiva de género. Según la investigadora Estela Grassi, la familia es una forma (o son las variadas formas) como organizamos nuestro mundo de vida más inmediato, sobre la base de valores que no son ajenos a las propuestas normativas que organizan los demás vínculos sociales. Por eso es que el debate sobre las relaciones familiares conduce siempre más allá de la familia. Siguiendo a Elizabeth Jelin, entendemos que la familia es “... un microcosmos de relaciones de producción, de reproducción y de distribución, con una estructura de poder y con fuertes componentes ideológicos y afectivos que cementan esa organización y ayudan a su persistencia y reproducción. Dentro de ella también se ubican las bases estructurales del conflicto y la lucha [...], los miembros tienen deseos e intereses propios”.3 En otras palabras, se confirma que la estructura familiar es producida y productora, entramada en un sistema social de relaciones. Pareciera ser una obviedad el carácter inminentemente social de la familia. Sin embargo, estas afirmaciones no resultan tan evidentes si tenemos en cuenta que, desde visiones conservadoras (que atraviesan la religión, las ciencias y la 1

Eva Giberti, “’Lo’ familia y los modelos empíricos”, en Vivir en familia, Buenos Aires, Unicef/Losada, 1994.

2

Ricardo Cicerchia, Apuntes de la asignatura Historias de las formas familiares, Buenos Aires, UNSAM, 2002.

3

Elizabeth Jelin. Pan y afectos. La transformación de las familias, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1998.



política, entre otros discursos), se la ha nombrado y conceptualizado hasta el hartazgo –y aún hoy– como un evento natural, biológico, estático e incluso se la ha tildado de institución “sacralizada” o “satanizada” en sí misma, según el discurso que la nombrara o la coyuntura que atravesara. Pero estas maneras de entender la familia contrastan con los datos que ofrece la realidad y con estudios sociales que hablan de sus transformaciones profundas:4 en la estructura, en los roles, en la relación entre los géneros, en las conceptualizaciones sociales acerca de sus integrantes. En este escenario, caracterizado por una multiplicidad de cambios, la cualidad más permanente de la familia es la diversidad de formas que va adoptando.

En un escenario caracterizado por la multiplicidad de cambios, el único rasgo constante de la familia actual es la diversidad de sus formas.

BREVE RESEÑA SOBRE LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN DE LA NIÑEZ Y FAMILIA Además de conocer las nuevas concepciones sobre la niñez y las familias desde una perspectiva de derechos, trabajar con las familias desde un programa social implica ser atravesados por otras categorizaciones marcadamente negativas que se fueron acuñando a lo largo de la historia de las sociedades. A diferencia de la actualidad, en la premodernidad no se reconocía a la infancia como una etapa diferenciada de la vida adulta. Entonces, las políticas de atención estaban dirigidas a las familias de un modo general. En la familia se expresaban relaciones sociales de poder en las que los niños y las niñas, la mujer y los parientes estaban sometidos al jefe de familia. Y éste, a la vez, estaba subordinado a otras estructuras que operaban por fuera del ámbito familiar. Así, el jefe de la familia estaba investido de un poder casi absoluto y podía disponer de mente y cuerpo de sus integrantes: un orden patriarcal5 preservaba el orden público, delegando en el jefe de familia facultades punitivas sobre sus “inadaptados” miembros. Los mendigos, los vagabundos y todos aquellos que no respondieran a ese modelo de familia, eran definidos por el discurso de la época como “perturbadores” del sistema y pasaban a depender de la administración religiosa o pública, a través de los hospitales generales donde, por tratarse de seres “incontrolables”, permanecerían fuera de todo intercambio social. Entre los siglos XV y XVI, la atención específica de las familias pobres era sostenida por asociaciones religiosas o por entidades caracterizadas por su inspiración religiosa, pues éstas tenían el propósito de cambiar sus costumbres para “reintegrarlas” al recto devenir social. Estas organizaciones se caracterizaron por aplicar mecanismos de disciplinamiento social con el objeto de legitimar las relaciones de poder y “normar” la vida cotidiana de los sectores populares. Un poco más tarde, a partir del siglo XVII, las escuelas cristianas elementales se encargaron de difundir apreciaciones negativas acerca de los pobres.

4

Este tema se comenta más adelante.

5

Es un término que deriva del concepto de pater familia romano, cuando el padre era el dueño absoluto de las personas colocadas bajo su autoridad. Este concepto establece que el modelo humano es masculino y que, en las relaciones de poder desarrolladas, las mujeres se ubican en una posición subalterna que legitima situaciones de opresión.



En la premodernidad, la infancia no se reconocía como una etapa vital con sus propias características. Por lo tanto, los derechos y las necesidades de los niños y las niñas no eran considerados al planificar políticas de atención.

Entre los siglos XV y XVI, la atención de las familias pobres era sostenida por asociaciones de inspiración religiosa, que buscaban cambiar sus costumbres para “reintegrarlas” al recto devenir social.

Desde principios de 1600, en los territorios coloniales hispanos, las funciones de caridad y disciplina social fueron responsabilidad de la Iglesia. Pero a principios del siglo XIX, un nuevo Estado de corte liberal fue asumiendo las funciones de protección del niño “pobre” y “abandonado”.

Cita Jacques Donzelot, en su obra La policía de las familias (Valencia, 1977): “Los pobres no contaban con los medios para educar a sus hijos, los dejaban en la ignorancia de sus obligaciones [...] el cuidado que se toman para subsistir y el hecho de haber sido ellos maleducados, hacen que no puedan transmitir la buena educación que jamás tuvieron, lo cual implica inconvenientes como la ignorancia de Dios, la holgazanería, el bandidaje”.6 Desde principios de 1600, en los territorios coloniales hispanos, las funciones de caridad y disciplina social también se constituyeron en responsabilidad de la Iglesia. En el año 1699, por ejemplo, se fundó la Hermandad de la Santa Caridad, que durante casi un siglo atendió, además de a los establecimientos hospitalarios, a aquellos destinados a la atención del “menor huérfano y abandonado”. Pero a principios del siglo XIX, la expansión de las ideas liberales afianzó la conformación de un nuevo Estado, que paulatinamente fue asumiendo las funciones que antes habían estado en manos del clero. De este modo, la política de asistencia fue reenviada por el Estado desde la Iglesia hacia las clases dominantes de la sociedad civil y, particularmente, hacia sus mujeres. Años después de la celebración de la independencia, la Hermandad de la Santa Caridad fue reemplazada en sus funciones por la Sociedad de Beneficencia. En ese tiempo, se desarrollaron las primeras instituciones con sistemas de internación para la minoridad. Hasta mediados de la década de 1880, la situación de los niños y las niñas de los sectores populares –que ya comenzaban a caracterizarse como menores abandonados y menores delincuentes– aún no se encontraba legislada.

Los niños considerados “abandonados” eran recluidos en instituciones privadas o religiosas dedicadas a su “normalización”, mientras que los niños considerados “delincuentes” eran sometidos al mismo régimen penal que los adultos. Las actividades caritativas y filantrópicas de la segunda mitad del siglo XIX se vincularon estrechamente con la estructuración de un mercado nacional y un sistema de organización oligárquico, en el cual el Estado cumplió una importante función como garante de las relaciones sociales de dominación. Caridad y filantropía se mantuvieron ligadas a la influencia de las concepciones predominantes de la época en el campo de las ciencias naturales, la medicina, la religión y la economía política. El discurso de la minoridad y la familia pobre como peligrosa se consolida en la Argentina durante el período 1880-1930, afianzándose a partir de 1910 con rígidos postulados, como el discurso de la defensa social y la prevención de la delincuencia. En ese momento histórico, el Estado (oligárquico y liberal) asumió su “carácter represivo, combinado con un alto grado de disciplinamiento de los sectores subalternos,”7 cuyos intereses estaban íntimamente ligados con los intereses de la oligarquía dominante, compuesta por la clase terrateniente tradicional y el capital financiero; en un contexto de auge de las ideas positivistas.

6

Jacques Donzelot, La policía de las familias. Valencia, Pre-Textos, 1998 (1977).

7

Margarita Rozas Pagaza, La intervención profesional en relación con la cuestión social. El caso del trabajo social. Buenos Aires, Espacio, 2001.



En este escenario de desigualdades y problemáticas sociales, el Estado y el modelo ideológico que sustentaba pretendieron desvincular la situación del conjunto de las relaciones sociales, propiciando discursos de orden moral y natural sobre los actores, que legitimaban la instauración de mecanismos jurídicos y científicos represivos.8 Si bien las ideas de la Generación del ochenta, inspiradas en el positivismo europeo, proponían y buscaban una “raza culta”, “un argentino civilizado y útil” para el proyecto de una “nación próspera”, con una “moral” y un comportamiento disciplinado (para lo cual se instrumentó una serie de medidas que extendieron el control del Estado hacia distintos ámbitos de la vida civil),9 es preciso tener en cuenta que las ideas y las acciones oficiales de saneamiento, normatización, reeducación y moralización adquirieron especial relevancia en el caso de los sectores populares nativos y migrantes, a quienes se consideraba amenazantes para ese soñado orden y sobre quienes recayeron medidas estatales de control social. Por control social, debemos entender “todas las formas de dirección de la vida de los pobres, con vistas a disminuir el costo social de su reproducción y a evitar conflictos sociales derivados de la explotación económica, tendientes a garantizar las relaciones sociales de producción”.10

Primera legislación que “tutela a menores” A principios del siglo XX, la iniciativa del diputado conservador Luis Agote se constituyó en el primer proyecto de tutela de la infancia por parte del Estado. En junio de 1918, esta propuesta fue retomada con algunas modificaciones y, finalmente se sancionó al año siguiente como la Ley 10.903 de Patronato de Menores, también conocida como Ley Agote. Su contenido –y la regulación jurídico-social que inauguró– legitimó el paradigma del peligro moral y material representado por la infancia abandonada, y construyó la figura de la situación irregular, con una fuerte tendencia a la patologización de las problemáticas sociales. La creación de esta herramienta de control aconteció en un clima de tensiones. Sólo basta pensar en los reclamos y reivindicaciones populares de la época, y en las constantes manifestaciones de descontento (especialmente por las condiciones de vida en la ciudad: problemas de vivienda,11 de salud, de desocupación), que se evidenciaron en sucesivas revueltas sociales.

8

Teniendo en cuenta que el “perfil” del inmigrante había desilusionado a la élite nacional, se instauraron mecanismos represivos como la sanción de la Ley de Residencia de 1902 y la llamada Ley de “Defensa social” de 1910. Tomado de: Emilio García Méndez y Elías Carranza; “De la minoridad a la infancia-adolescencia. Bases para una historia latinoamericana”, en Lucila Larrandart (comp.); Infancia, adolescencia y control social en América latina. Documento del grupo de investigación de Argentina, San José de Costa Rica, 1989.

9

En 1884 se dictaron las leyes de Creación del Registro Civil y la Ley 1420 de Educación laica, gratuita y obligatoria. También, las leyes de Matrimonio civil (reforma del régimen matrimonial del Código Civil), en 1888; la Ley de Organización judicial, en 1881; de Organización del gobierno municipal de Buenos Aires, en 1882; de Organización de los Tribunales de la Capital Federal, en 1886; y la Ley de Conscripción militar anual y obligatoria, en 1901, entre otras.

10 Estela Grassi, “Estado, familia y mujer: de las damas de beneficencia a las asistentes sociales”, en: La antropología social y los estudios de la mujer, Buenos Aires, Humanitas, 1986. 11 En pocos años, la Ciudad de Buenos Aires debió casi triplicar su capacidad habitacional para dar cabida a los contingentes inmigratorios. La mudanza de las familias tradicionales del Barrio Norte permitió alojar a numerosas familias, que se hacinaron en los viejos caserones del Sur. El hacinamiento, la falta de servicios sanitarios y la pobreza hicieron el resto.

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El discurso de la minoridad y la familia pobre como peligrosa se consolida en la Argentina durante el período 18801930, afianzándose a partir de 1910 con el discurso de la defensa social y la prevención de la delincuencia.

EL CONCEPTO DE “LA INFANCIA POBRE” Si adherimos a la tesis de Philippe Ariés, que postula el descubrimiento de la infancia como un fenómeno asociado con la organización escolar, podríamos pensar que, en la Argentina, la Ley 1420 de Educación laica, gratuita y obligatoria crea un dispositivo de escolaridad fundacional para la historia de la educación del país que permitió “visibilizar” la condición de la infancia. Desde esta reflexión, cabe preguntarse cómo fueron definidos por los discursos oficiales y qué mecanismos de atención especial se instrumentaron para todos aquellos niños y niñas que no estaban incluidos en el sistema de instrucción pública y que –por si fuera poco– pertenecían a las familias consideradas “peligrosas”. Entonces, analizando los discursos de la época, la respuesta no tarda en llegar: esos niñas y niños eran visibles en la vida pública, en talleres artesanales, en las calles,12 como “vagabundos” y como “desertores escolares” o, simplemente, como niños y niñas de familias pobres. Esta manera de verlos –y de estigmatizarlos– permitió al discurso oficial argumentar en favor del fenómeno de la minoridad abandonada y delincuente, constituyéndola como el problema nodal de la cuestión social. Y, una vez identificado el problema, sólo quedaba tomar medidas para ejercer algún tipo de control sobre tal mácula social. El paso siguiente consistió en que todos los niños y niñas que circulaban fuera de los ámbitos normativos diseñados para la infancia (la escuela y el “buen” hogar) debían –por su propio bien– ser institucionalizados.

Exactamente en este momento histórico, a principios del siglo XX, se fija la “construcción socio-penal de la categoría niño, de la cual el menor abandonado-delincuente constituye su expresión más acabada”. 13 Con anterioridad, a finales del siglo XIX, ya había sido instaurado, en términos de teoría penal, el concepto de peligrosidad, que considera al individuo por sus potencialidades y no por sus actos, por lo que parece ser y no por lo que efectivamente hace. Esta noción lamentablemente hoy todavía continúa vigente, cada vez que en la consideración de cualidades como ser migrante, ser pobre, ser niño o niña, ser trabajador en la calle o ser joven, las personas se convierten en “potencialmente peligrosas”. Según lo reflexionado hasta aquí, podemos afirmar que luego de varios siglos de vida institucional, finalmente el Estado adquirió un papel preponderante en la definición de la niñez, lo que impactó extraordinariamente en el reconocimiento de dos universos bien diferenciados: el de las niñas y los niños, y el de los menores. Sin duda esta historia no es lineal y los procesos son dialécticos y todavía más complejos que lo que aquí comentamos. Más adelante –y extendiéndose hasta el presente–, una multiplicidad de cambios posibilitaron el quiebre y la resignifica-

12 “Es inquietante el desarrollo que viene adquiriendo la mendicidad, no sólo por sus extremas proposiciones, sino también por la abundante intervención que en ella van teniendo los niños. Las calles de la ciudad están a todas horas llenas de menores que imploran limosnas para aliviar las supuestas desgracias de sus padres, siempre postrados por graves dolencias que los imposibilitan para el trabajo, en cuanto no son los mismos o fingidos padres, los que rodeados de su prole ejercen el pordioserismo exhibiendo a sus hijos harapientos en cuanto lugar publico existe”. La Nación, 23 de agosto de 1915, citado en Alberto Morlachetti, En los bordes, noticias de niñez y juventud. 13 Emilio García Méndez y Elías Carranza, ob. cit.



ción de estas ideas de la niñez y las familias pobres e instalaron la oportunidad de construir otras cosmovisiones, abriendo el juego para la democratización y la promulgación de derechos, tanto en el escenario social como en el intrafamiliar.

NIÑEZ Y FAMILIA A PARTIR DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Las Declaraciones de derechos humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1993 (CEDAW), entre otras, promueven una revolución simbólica que inaugura un proceso de rupturas y cambios. La CDN reconoce a los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años como sujetos sociales y como sujetos de derecho, sacudiendo al paradigma jurídico social de la “situación irregular” y fundando un nuevo paradigma denominado doctrina de la protección integral.

La doctrina de la protección integral apuesta a debilitar el imaginario social acerca de la familia y la niñez basado en el ejercicio estable de la autoridad-dominación y que ve a las personas como objetos de tutela. Por el contrario, propone velar por el cumplimiento de todos los derechos de la infancia, restituyendo aquellos derechos que hayan sido vulnerados, considerando la voz de los niños y las familias en todo proceso que afecte sus vidas y reconociéndolos responsables de sus elecciones. Durante la segunda mitad del siglo XX, el discurso sobre los derechos humanos se extendió, tanto en Europa como en América latina, hacia los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desde esta doctrina ya no se ve a los niños como objetos de protección-represión por parte del Estado y de la sociedad de adultos sino como “sujetos de derechos originarios”.14 A partir de la caída de las dictaduras tanto de nuestro país como de otros del continente, la perspectiva de los derechos humanos (DDHH), su promoción y las garantías que asegura a las personas han cobrado gran importancia. En este contexto, en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por todos los países de América latina y el Caribe, y transformada en ley en cada uno de ellos. En la Argentina, este documento de derechos humanos fue ratificado en septiembre de 1990 mediante la sanción de la Ley 23.849 y luego adquirió jerarquía constitucional cuando fue incorporado mediante la reforma de 1994.

La CDN señala como prioridad de las políticas públicas destinadas a la infancia la de garantizar el interés superior del

14 Carlos Eroles, Adriana Fazzio y Gabriel Scandizzio, Políticas públicas de infancia, una mirada desde los derechos, Buenos Aires, Espacio editorial, 2001.



La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (incorporada en 1994 en la Constitución de la Nación) reconoce a los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años como sujetos de derecho, sacudiendo al paradigma jurídico-social de “la situación irregular” y fundando el paradigma de “la protección integral”.

niño y de la niña,15 un concepto que alude a la protección integral, a la satisfacción de todos sus derechos, al cumplimiento de los deberes del Estado y al compromiso de las instituciones privadas y los diferentes sectores de la sociedad civil respecto de brindar al niño la mayor calidad de vida respetando creencias y costumbres particulares de su cultura y teniendo en cuenta su voz y la de su familia en todo proceso social o judicial que los involucre. De este modo, propone una mirada hacia niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y el principio de universalidad y no discriminación. Desde la CDN, la supervivencia, el desarrollo y la protección de la niñez dejaron de ser una cuestión relacionada con la caridad y se convirtieron en una obligación moral y jurídica. Los gobiernos acordaron rendir cuentas de esas obligaciones ante un organismo internacional, el Comité de Derechos del Niño, al que tienen que presentar sistemáticamente informes sobre la situación de la infancia. A partir de la CDN niños y niñas se convierten en sujetos plenos de derechos y, teniendo en cuenta el rango constitucional de esta normativa, surge la necesidad de compatibilizar con ella la legislación interna del país. La CDN es el único instrumento jurídico internacional en el que los derechos civiles, políticos e individuales tienen la misma jerarquía que los derechos económicos, sociales y culturales. Esta Convención explicita el principio de indivisibilidad de los derechos de los niños. Y, específicamente, concibe que la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de los niños y niñas pequeños son interdependientes. Por lo tanto, los aspectos básicos del desarrollo humano se desenvuelven y expresan en forma interactiva y requieren políticas públicas que: • involucren activamente a las familias, • promuevan intervenciones integrales (intersectoriales e interdisciplinarias), • y articulen los esfuerzos de la sociedad civil con los del sector estatal.16

Desde la Convención sobre los Derechos del Niño, la supervivencia, el desarrollo y la protección de la niñez dejaron de ser una cuestión relacionada con la caridad y se convirtieron en una obligación moral y jurídica de cada Estado.

Los derechos planteados en la CDN constituyen un conjunto de garantías frente al Estado y, a la vez, representan las obligaciones que éste tiene hacia la niñez y la adolescencia. Estos principios expresan la ciudadanía plena de niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta su identidad en cada uno de los momentos de su desarrollo y su participación activa. Resulta interesante la problematización del concepto de familia que propone la CDN, en tanto contempla, además de la familia nuclear, la familia ampliada y la sociedad a través de sus organizaciones, proponiendo una lectura que se distancia de aquella concepción que la definiera como núcleo patológico, peligroso, tratando de revalorizar y fortalecer sus vínculos. En este marco, el documento constituye al Estado como garante indelegable de las políticas públicas integrales destinadas al niño y la niña ciudadanos. A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño la idea de interés superior deja de ser un objetivo social deseable y pasa a ser un principio jurídico garantista, prolongando este principio más allá del ámbito judicial, hacia las autoridades, las instituciones públicas y privadas e incluso a los padres. 15 Artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 16 Basado en: Estado Mundial de la Infancia, UNICEF, 2006.

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LA “NIÑEZ EXCLUIDA” DE LA DÉCADA DE LOS NOVENTA

La Convención sobre los Derechos del Niño

Si bien a partir de la caída de las dictaduras la promoción y garantía de los derechos humanos cobró gran importancia en la reflexión social y jurídica, poco tiempo después se produjo un amplio cercenamiento de éstos debido a la aplicación de las políticas del modelo neoliberal desarrollado en la década de los noventa. Este modelo de acumulación, basado en políticas de ajuste, modificó profundamente la forma de regulación de las relaciones sociales, básicamente dejándolas libradas al funcionamiento del mercado. Concentración de la riqueza, caída de los ingresos, aumento de la pobreza en términos absolutos y relativos, pauperización de los sectores medios, índices históricos de desempleo e incremento del empleo informal conforman algunos de los fenómenos asociados con la implementación de este modelo.

En los años noventa los niños, niñas y adolescentes volvieron a llamarse “menores” pero, además, fueron interpelados como “usurpadores” y como “amenaza social”.17 El pensamiento neoliberal tendió a disociar lo social de lo económico, culpando a cada sujeto, a cada familia, a cada niño y niña de su situación de pobreza y exclusión. Estos fenómenos se han desarrollado en un contexto de minimización del Estado y exacerbación de una lógica de mercado que transfiere áreas de competencia indelegable del Estado hacia la responsabilidad de cada familia. La consecuencia de esta concepción fue que las personas pasaron a tener un acceso diferencial a los servicios, según a qué clase social pertenecían y según su capacidad económica para adquirir esos servicios en el mercado. Hacia fines del siglo XX, asistimos al agotamiento del Estado nación. La potencia soberana del Estado fue sustituida por la potencia soberana del mercado. El Estado nación, forma clave de organización social durante los siglos XIX y XX, se presentó impotente para orientar el devenir de la vida de las personas.18 En un escenario de vigencias y rupturas, de interdependencias y complejidades, actualmente conviven discursos que esgrimen planteos morales del siglo XIX y principios del XX respecto de las familias y los niños pobres con otros discursos más avanzados que resignifican y construyen otras perspectivas de la niñez y la familia fundando imágenes sociales que subvierten los cánones del pasado.

LA CAÍDA DE LA FAMILIA PATRIARCAL Algunos de los fenómenos que marcaron un quiebre con las ideas heredadas tanto del siglo XIX como de la década de los noventa son enunciadas por Manuel Castells cuando se refiere a la concepción de la sociedad como una red. 17 Documento de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, 2001. 18 Ignacio Lewkowicz, Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez, Buenos Aires, Paidós, 2004.

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constituye al Estado como garante indelegable de las políticas públicas integrales destinadas al niño y la niña ciudadanos.

El Estado neoliberal tendió a disociar lo social de lo económico, culpabilizando a cada sujeto, a cada familia, a cada niño y niña de su situación de pobreza y exclusión.

“Se caracteriza por la globalización de las actividades económicas, por su forma de organización en redes, por la flexibilidad e inestabilidad del trabajo, por una cultura de la virtualidad real construida mediante un sistema de medios de comunicación omnipresentes [...] y la transformación del espacio y tiempo, mediante la constitución de un espacio de flujos y del tiempo atemporal.19 Este autor menciona la revolución demográfica, relacionada con la revolución tecnológica, los ideales democráticos en la sociedad moderna y la revolución secular. El propósito de traer este análisis en este momento de la reflexión se debe a que en estos procesos de cambio existen ciertos indicadores que han puesto en crisis a la familia patriarcal y a los valores y la cultura del patriarcado. La estructura del patriarcado se caracteriza: “por la autoridad, impuesta desde las instituciones, de los hombres sobre las mujeres y sus hijas/os en la unidad familiar. Para que se ejerza esa autoridad, el patriarcado debe dominar toda la organización de la sociedad, de la producción y el consumo a la política, el derecho y la cultura. Las relaciones interpersonales [...] están también marcadas por la dominación y la violencia que se originan en la cultura y las instituciones del patriarcado”.20 Actualmente, nuevas tendencias –que por cierto no adquieren la misma profundidad en todas partes del mundo– parecen debilitar el predominio del patriarcado. Algunas de estas tendencias son: • la frecuencia en las crisis matrimoniales, • la disolución de parejas casadas mediante el divorcio o la separación, • la creciente autonomía de la mujer en su conducta reproductiva y en su vida laboral, • el retraso en la formación de parejas, • el incremento de los casos de convivencia sin celebración de matrimonio, • el aumento de nacimientos fuera del matrimonio, • el surgimiento de diversos tipos de hogares, • la conformación de familias recombinadas o de mujeres solas, • la aparición de técnicas de fertilización asistida, • la unión de gays, lesbianas o personas transexuales. Estos indicadores dan cuenta de la presencia de una multiplicidad de formas familiares que debilitan la estructura y los valores que sostenían a la familia patriarcal, cuyo principio básico de organización interna era jerárquico, pues los hijos e hijas se hallaban subordinados a su padre, y la mujer a su marido.21 Como se señaló anteriormente, la organización patriarcal de la familia, cristalizada en el modelo de familia nuclear, se afianzó durante la Modernidad, pero entró significativamente en crisis a partir de los años setenta. El cuestionamiento de la heterosexualidad como norma y las luchas de los movimientos feministas conspiraron contra ese orden y se constituyeron en fenómenos que favorecieron la diversidad de relacionamientos interpersonales y familiares y la aparición de nuevas estructuras familiares. Si bien en otros momentos de la historia han existido agrupamientos familiares que han confrontado al patriarcado como 19 Citado en Antonio Donini, “Crisis y desafíos frente al nuevo milenio”, en: Sexualidad y familia, Buenos Aires, Humanitas, 2002. 20 Manuel Castells, “La era de la información. Economía, sociedad y cultura”. Volumen 2: El poder de la identidad, Madrid, Alianza, 1998. 21 Elizabeth Jelin, ob.cit.

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modelo “normal”, a partir de los años setenta la diversidad familiar es objeto de estudio y de debate en el campo de las ciencias sociales. Transformaciones fundamentales se han producido en la regulación de la sexualidad, la procreación y la convivencia, determinando auténticas rupturas respecto del orden impuesto por la familia clásica. Actualmente, viejas afirmaciones del patriarcado, como la santidad del matrimonio (que excluye el divorcio y el adulterio), la sexualidad ligada a la reproducción, la autoridad del hombre sobre las mujeres y la irrestricta obediencia de hijos e hijas son confrontadas y se encuentran en crisis. Muchas de estas transformaciones pueden confirmarse al acceder a algunos datos que arroja la realidad.

Datos sobre las transfomaciones actuales de los vínculos familiares Durante la década de los noventa, en la Argentina se incrementó en un 30% el número de matrimonios que se divorcian. Esta ruptura matrimonial dio origen a una pluralidad de familias, entre las que se encuentran: • las familias monoparentales (conformadas por un solo miembro de la pareja que convive con sus hijos), • las familias ensambladas o reconstituidas (que consisten en una pareja heterosexual, en la cual uno o ambos de sus miembros son divorciados, con uno o más hijos de su matrimonio anterior), • las parejas sin hijos, • los hogares formados por parejas homosexuales; • los hogares de parejas heterosexuales que adoptan hijos e hijas; • los nuevos hogares del padre y de la madre (divorciados) que pueden o no incluir una nueva pareja con hijos propios o con hijastros constituyendo una familia binuclear. Según datos publicados en 1994, las familias uniparentales aumentaron un 60% en los sectores medios y un 80% en los sectores altos. De esas familias monoparentales, el 77% está constituido por madres solas y el 33% por padres solos. En la Argentina, un 22% de las familias con un solo jefe de hogar está encabezado por mujeres (dos millones de mujeres solteras, viudas o divorciadas). Desde 1960 los hogares uniparentales crecieron en un 92%. Y, a partir de 2000, 3 de cada 10 mujeres viven sin pareja (500.000 mujeres viven solas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según datos del Censo). El 15% de los niños de la clase media nació de mujeres que alcanzaban los 35 años de edad. También se produjo un incremento de los nacimientos fuera del matrimonio y de las convivencias sin matrimonio. Si bien los datos no son precisos, se calcula que el índice de hijos e hijas extramatrimoniales ha aumentado un 30% desde la década de 1960. En 1990, la Argentina se acercó a los países centrales en cuanto al promedio de 4 o 5 miembros por hogar. En 1995, el 25% de los niños y niñas no vivía con sus dos progenitores; en 1990, el 25% de los niños vivía con un solo progenitor y el 31% vivía solo con su madre vuelta a casar.

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Transformaciones fundamentales se han producido en la regulación de la sexualidad, la procreación y la convivencia, determinando auténticas rupturas respecto del orden impuesto por la familia patriarcal.

Según señala Manuel Castells al analizar datos de los Estados Unidos, hacia 1991 el 18% de las jefas de familia eran mujeres sin esposo presente.22 Sin embargo, siguiendo a este autor, la responsabilidad de compartir plenamente la paternidad aún no se muestra igualitaria para mujeres y hombres. Así podría leerse el dato acerca de que el 77% de los niños y niñas que viven con un solo progenitor lo hacen con su madre y que, en muchos de los casos, esa responsabilidad se desarrolla en ausencia del hombre. Sin duda, como menciona Jelin, la separación entre sexualidad y procreación y el proceso de creciente individuación de jóvenes y mujeres han ido minando el poder patriarcal. En estos procesos de individuación, propios de la vida moderna, y en la disociación entre la pareja parental que puede separarse y la responsabilidad social de los vínculos de parentesco que se extienden durante toda la vida, existen tensiones que se renuevan permanentemente.

En este juego complejo, las familias continúan constituyéndose en un lugar importante como agente socializador. En la contemporaneidad se ha producido la disociación entre los vínculos de conyugalidad y los vínculos de filiación, algo que en la familia patriarcal se entendía como indisoluble. Otro punto fundamental que se ha ido modificando junto con la desintegración de la familia patriarcal se relaciona con las relaciones entre los géneros. En este sentido, aún hay mucho que repensar sobre las relaciones intrafamiliares, entendiendo que lo femenino y lo masculino son identidades construidas social e históricamente y que las familias transmiten valores y significados diferentes para los niños y para las niñas.

LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES DENTRO DE LAS FAMILIAS El texto Adolescencias y maternidades,23 en el cual se aborda el tema de la construcción de las identidades de género es una interesante reflexión que recomendamos consultar. En él se describe la importancia de la familia y la escuela a la hora de diferenciar socioculturalmente a las niñas de los niños, modelándolas femeninas (débiles y agradables) en oposición a lo masculino (fuerte y triunfador). En la familia, primero, y en la escuela, después, hombres y mujeres recibieron mandatos y responsabilidades diferentes respecto de la sexualidad y la crianza de los hijos. Mediante palabras, gestos y acciones, con castigos o mediante los modelos del entorno inmediato, se les enseñó que el hombre puede estar ausente del mundo afectivo cotidiano de la pareja, de la familia, ya sea porque elude su respon22 Estos datos fueron tomados del Seminario “Sociología de la familia”, a partir de estadísticas realizadas por Manuel Castells y por la CEPAL en 1994. Ha sido consultado al respecto el artículo de Antonio Donini, “La familia del futuro”, en: Sexualidad y familia, Buenos Aires, Humanitas, 2002. 23 Artículo producido por Católicas por el Derecho a Decidir, tomado del sitio de Internet: www.catolicas.org

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sabilidad o porque está cumpliendo su rol de proveedor, al margen de las vivencias y tareas dedicadas a la crianza de hijas e hijos. La legislación, la religión y la cultura patriarcal, mediante su discurso familiar, escolar y de los medios de comunicación lograron que en los procesos de socialización infantil las niñas y adolescentes asumieran el mandato del género femenino. Al respecto, Eva Giberti24 precisa que “... el aprendizaje de la vergüenza y la obediencia pueden considerarse organizadores de la vida de las niñas y posteriormente de las vidas de las mujeres [...] Desde muy pequeña [...] la niña queda expuesta a teorías familiares y sociales encargadas de marcar los que se consideran sus déficits e inferioridades; paulatinamente se le transmite, mediante pautas culturales expresadas a través de discursos y otras modalidades, que ella es inferior al varón, que no dispone de la misma inteligencia, y que su futuro dependerá de su pareja con un varón (ya sea para subsistir económicamente o para no padecer desamparo psíquico) [...] Esta modalidad adquiere relevancia particular en las niñas que forman parte de las clases populares”. Sin duda, el escenario es complejo y está caracterizado por múltiples ambigüedades y contradicciones, en los discursos del Estado, en las políticas públicas, en las familias, en las instituciones, en los actores sociales. Claroscuro, continuidades y rupturas de discursos y prácticas caracterizan la realidad en la cual desarrollamos nuestro quehacer profesional. Hablar entonces de familias es reconocer el interjuego de relaciones asimétricas y de una distribución interna de poder que marcan dos ejes básicos de diferenciación social: el género y la generación. De ahí que el mundo familiar constituya un entramado de vínculos de afectos y solidaridad, cargados de ambivalencias y tensiones. Como afirma Castells: “no se trata de la desaparición de la familia, sino de su profunda diversificación y del cambio en su sistema de poder”,25 pues es evidente que, dentro de las diferentes familias, cada vez se negocian más los modos de organizarse y de constituirse como personas.

LOS VÍNCULOS EN EL GRUPO FAMILIAR Los vínculos también se constituyen a través de construcciones sociales, es decir que no son naturales ni surgen de una cualidad innata. Los vínculos de cuidado y afecto son elaborados culturalmente. Y los niños y las niñas se conforman como sujetos desde esos vínculos. Siguiendo a Jelin, podemos decir que si se pretende que los vínculos se desarrollen en un escenario de igualdad de responsabilidades entre madres y padres, “ambos tendrán que decidir algo respecto del cuándo y el cómo de la concepción y la gestación de sus hijos [...]. Para promover la equidad social y disminuir las desigualdades sociales se requiere la intervención activa de instituciones extrafa-

24 Eva Giberti, “La niña”, Conferencia interuniversitaria del Mercosuer contra toda forma de discriminación, xenofobia, racismo y formas conexas de intolerancia, Buenos Aires, 2001.

“... desde muy pequeña la niña queda expuesta a teorías familiares y sociales encargadas de marcar los que se consideran sus déficits e inferioridades... Esta modalidad adquiere relevancia particular en las niñas que forman parte de las clases populares.” EVA GIBERTI

25 Manuel Castells, ob.cit.

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La democratización dentro de las familias sólo se producirá mediante una democratización en el acceso a los derechos y servicios. Para ello se requiere la intervención activa de instituciones extrafamiliares, compensadoras y transformadoras, junto con acciones afirmativas por parte del Estado.

miliares compensadoras y transformadoras [...], la ampliación de las oportunidades que puedan generar mayor equidad (oportunidades educativas, laborales, de calidad de vida) necesita acciones afirmativas por parte del Estado...”.26 Teniendo en cuenta este análisis que propone la autora y las conceptualizaciones acerca de las familias que fuimos desarrollando, no es posible pensar y entender su dinámica si no lo hacemos desde la interrelación con una multiplicidad de procesos, entre ellos, los procesos sociales que atraviesan a las familias.

Es imprescindible evitar culpabilizar a las familias de problemáticas que son sociales, como así también adjudicarles toda la responsabilidad con respecto a lo que les sucede a sus miembros. Ante la incertidumbre que propone la realidad actual, existen algunas mínimas certezas, como las que expresa Elizabeth Jelin, en tanto “lo que permanece son una serie de vínculos familiares...” 27 que se arman y rearman, en un marco donde la verdadera posibilidad de democratización de las familias sólo se producirá mediante una democratización en el acceso a los derechos y servicios. Pero para esto, se requiere la intervención activa de instituciones extrafamiliares, compensadoras y transformadoras, junto con acciones afirmativas por parte del Estado. Sin duda, los procesos de ruptura mencionados hasta aquí coadyuvan a la democratización de las relaciones intrafamiliares, pero también es cierto que esta democratización resulta inseparable de la responsabilidad del Estado en la afirmación y promoción de los derechos humanos.

DE LA FAMILIA ÚNICA A LA DIVERSIDAD DE FAMILIAS Los distintos discursos oficiales conceptualizaron y abordaron la niñez, a lo largo de la historia, como una antesala de la adultez, negándole entidad propia. Insistieron en plantear a la familia como una unidad sagrada, inmóvil y ahistórica e intentaron silenciar cualquier otra manifestación o agrupamiento familiar que no se ajustara a los parámetros patriarcales y hegemónicos. También se ocuparon de distinguir y nombrar a las infancias pobres, diferenciándolas de “la infancia oficial”. Y si bien se han producido profundas rupturas sobre estas cosmovisiones sociales decimonónicas referidas a la niñez y la familia resultaría reduccionista ubicar aquellos discursos sólo como habitantes de una época pasada, en tanto ellos se reactualizan y hoy conviven con otros discursos y cosmovisiones más acordes con un enfoque de derechos humanos y del pensamiento complejo. Se trata de discursos que todavía buscan recomponer esquemas de interpretaciones asociados con la culpabilización individual por las situaciones de pobreza y con la desvinculación de

26 ob. cit. 27 Elizabeth Jelin, ob.cit.

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los procesos sociales de los procesos económicos y políticos. Utilizan símbolos como la identificación de la “minoridad” con un devenir “delincuente”, atribuyéndoles a las familias pobres –y especialmente a las madres– la responsabilidad única por sus destinos, apelando al discurso de la defensa social y de la “mano dura”. De este modo, pretenden igualar la diversidad de situaciones y contextos con cierta “falta de moral” o con “la desaparición de la familia” y promueven modalidades rígidas de relacionamiento o volver a cierta situación ideal propia del pasado. Por otra parte, consolidan frases que operan como silenciadoras de cualquier revisión de la problemática social, como: “pobres hubo siempre” o “no trabaja el que no quiere”, entre otras creencias que se constituyeron como emblemáticas durante la década de los noventa. Estos discursos, creencias, prejuicios e imaginarios se debilitan ante el avance de formas familiares diversas y ante el reconocimiento de los niños, las niñas y las mujeres como sujetos plenos de derechos. Tal vez seamos contemporáneos de una gran oportunidad para poner en práctica los discursos que reconocen al sujeto niño y niña como capaces de desear cosas distintas de las que desearon las generaciones pasadas y al sujeto mujer como una protagonista activa de la vida social y política, y no sólo del universo familiar. Este paradigma postula un orden distinto del patriarcal y del predominio del mundo adulto, fundando imágenes sociales que subvierten viejos cánones.

Distintos discursos se ocuparon, a lo largo de la historia, de distinguir y nombrar a las infancias pobres diferenciándolas de “la infancia oficial”.

Las profundas transformaciones sociales y familiares, acontecidas principalmente en los últimos treinta años, nos interpelan, en tanto ponen en jaque los valores y las estructuras patriarcales sostenidas durante siglos. Pero a pesar de todas las transformaciones, la familia como institución social sigue teniendo un papel central en la construcción de la subjetividad y la identidad de sus integrantes, y es el espacio de la socialización primaria. Por estas razones, más que hablar de “la familia” –cuya connotación más conservadora la emparenta en forma directa con un único modo de ser familia– será interesante hablar de vínculos familiares, lo familia, las familias… Dado que, más allá de las características que adquieran los agrupamientos familiares, ellos continúan siendo la experiencia más extendida para los sujetos y especialmente para los niños, niñas y adolescentes como lugar de socialización. Posiblemente, diversas formas de ser familia contribuyan a desactivar estereotipos e imaginarios sociales instalados y “acostumbrados” por siglos de permanencia. Los cambios del presente nos otorgan una nueva oportunidad para que nada nos parezca natural o imposible de cambiar.

Las familias que, como construcciones sociales, dinámicas y complejas, interjuegan permanentemente con universos más amplios (sociales, económicos, políticos y culturales) necesariamente consolidan sus posibilidades de democratización y equidad entre los géneros con la democratización en el acceso a bienes y servicios, y con políticas integrales y acciones afirmativas del Estado. 

La familia continúa siendo la institución social donde se construye la subjetividad y la identidad de sus integrantes, ella es el espacio de socialización primaria.

Capítulo 3

Género, ciudadanía e inserción social

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“... Ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad. Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada e impotente, a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país, que es, en definitiva, el destino de su hogar. Ha llegado la hora de la mujer argentina, íntegramente mujer en el goce paralelo de deberes y derechos comunes a todo ser humano que trabaja, y ha muerto la hora de la mujer compañera ocasional y colaboradora ínfima. Ha llegado, en síntesis, la hora de la mujer argentina redimida del tutelaje social, y ha muerto la hora de la mujer relegada a la más precaria tangencia con el verdadero mundo dinámico de la vida moderna.” EVA PERÓN

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Un Estado que actúa democráticamente propone la participación de sus ciudadanos y ciudadanas de manera interdependiente e incluye en sus políticas la perspectiva de género. De este modo, contribuye a profundizar la democratización de las relaciones sociales, familiares y de los aprendizajes. El Programa Familias por la Inclusión Social está destinado especialmente a apoyar a las mujeres denominadas “jefas de hogar”, es decir que se encuentran a cargo del sostén de sus familias.

Por las múltiples actividades que las mujeres desempeñan dentro y fuera del grupo familiar, es necesario revisar la construcción de las relaciones de género, como parte del aprendizaje familiar y social. Creemos firmemente que la comprensión de este concepto contribuirá a mejorar la relación entre los diferentes actores del programa y las familias destinatarias. En términos históricos, la situación de subordinación de las mujeres ha estado ligada a los vaivenes de la contradicción entre inclusión y exclusión. Actualmente, con la mirada centrada en relaciones más justas e igualitarias, incluimos como categoría de análisis la noción de género, porque ello implica considerar vínculos de equidad entre varones y mujeres, de tal modo que conlleven a la igualdad de sus derechos. A la vez, la noción de género también significa cuestionar conceptos totalizadores acerca de ciertas asimetrías entre los géneros masculino y femenino, estereotipos, mitos, mandatos, creencias, modelos vinculares jerárquicos y discriminatorios. Si bien los contenidos de los conceptos de “género” y “ciudadanía” se abordan específicamente en este capítulo, ellos atraviesan transversalmente el resto de los temas desarrollados en este módulo, pues desde esta óptica se analizan tanto las situaciones que llevan a la vulnerabilidad y a los sistemas de poder en las familias y en la sociedad, como las posibilidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas de acceder a la salud y a la educación. El desafío comienza con la deconstrucción de los prejuicios y el empleo de un lenguaje no sexista. El lenguaje, en tanto construcción social e histórica, refleja

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El Programa Familias por la Inclusión Social está destinado a apoyar a las mujeres denominadas “jefas de hogar”, es decir que se encuentran a cargo del sostén de sus familias.

La noción de género implica que los vínculos entre varones y mujeres deben desarrollarse con equidad. De tal modo, que conlleven a la igualdad de sus derechos.

tanto en su uso cotidiano como en su uso académico el diferente reconocimiento social asignado a mujeres y varones, y contribuye a reforzarlo. Ejemplo de esto es el predominio del masculino en la designación de grupos mixtos, incluso cuando el número de mujeres es mucho mayor que el de varones. En este capítulo se desarrollará el enfoque de género, buscando construir miradas desde y para la diversidad, poniendo especial énfasis en el reconocimiento de las diferencias, de las distintas realidades sociales y culturales, y en la posibilidad de establecer relaciones más equitativas entre los géneros en los diversos ámbitos en los que se desarrolla la vida de las mujeres y los varones. En todos los casos, tratando de no legitimar situaciones de riesgo o de subordinación.

EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA El concepto de ciudadanía incluye tanto las relaciones entre los ciudadanos y las ciudadanas, como las relaciones de éstos con el Estado. La ciudadanía es el estatus otorgado a quienes son miembros plenos de una comunidad. Las personas que poseen este estatus son iguales en el respeto de sus derechos y deberes. En la ciudadanía moderna, se pueden distinguir tres dimensiones: la ciudadanía civil, la política y la social, 1 tal como se definen a continuación. • Ciudadanía civil: comprende los derechos necesarios para ejercer la libertad personal, la libertad de expresión y de pensamiento, los derechos de propiedad y los derechos ante la justicia. Los derechos civiles fueron los primeros derechos conquistados para enfrentar el abuso en el ejercicio de la autoridad. El Estado debe ser garante de los derechos civiles y proteger a las personas contra los abusos. • Ciudadanía política: supone el derecho a participar en el ejercicio del poder político a través del voto y del derecho a ser elegido. El ideal liberal de ciudadanía se centra en los derechos civiles y políticos. • Ciudadanía social: puede ser definida como un vínculo de integración social que se construye a partir del acceso a los derechos sociales (los cuales van cambiando según cada comunidad). Es decir que está conformada por los derechos: a la educación, al bienestar, y a la seguridad económica y social. La ciudadanía social incluye tanto derechos como obligaciones, entre ellos: el derecho y la obligación del trabajo, el pago de impuestos, la educación de las nuevas generaciones y el acceso a la salud.2 Uno de los problemas centrales en torno al cual se dirime el alcance de la ciudadanía social es el de la relación entre el reconocimiento de cada derecho y su efectivo ejercicio y control. No se trata, por lo tanto, de una capacidad personal, sino que está estructurada socialmente a través de leyes, que le otorgan un cierto grado de permanencia. 1

Gioconda Herrera, Las fisuras del patriarcado. Reflexiones sobre feminismo y derecho, Quito, Ecuador, Apora, 2000.

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Estos derechos sociales fueron conquistados en Europa en el siglo XX, con posterioridad a los derechos civiles y políticos, y se corresponden con el desarrollo de la industrialización, de las instituciones del Estado moderno de bienestar y con el reconocimiento del sindicalismo.

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En términos generales, se puede afirmar que los derechos civiles fueron consagrados en el siglo XVIII; los políticos, en el siglo XIX, y los sociales y culturales, en el siglo XX.

EL CONCEPTO DE GÉNERO Las relaciones de género se construyen histórica y socialmente, asignando a varones y mujeres roles y funciones determinados previamente, y distribuyendo los espacios de desempeño para unos y para otras. Para abordar la problemática de género, es necesario desarrollar las siguientes características. • El género como categoría de análisis: es un concepto que analiza el impacto de la pertenencia a uno u otro sexo en las relaciones personales, laborales y políticas, y que permite dar cuenta del impacto diferenciado que se produce entre varones y mujeres, respecto del acceso a la educación, a la salud, al empleo y, también, en el ámbito de las relaciones familiares. • Es una categoría descriptiva: un análisis de género implica describir las consecuencias de los mitos, los mandatos y los estereotipos con los que se conforman los roles de las mujeres y de los varones, en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Estos roles siempre son jerarquizados. • Es una categoría relacional: porque se trata de las relaciones entre las personas. Por lo tanto, es una categoría vincular, que no puede pensarse de manera aislada y que no alude únicamente a las mujeres. Además, siempre aparece entramada con las categorías de clase y etnia.

DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA La humanidad debió recorrer un largo camino para reconocer los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños. Por medio del análisis de las relaciones sociales de género se han puesto en evidencia las tensiones teóricas que presenta el concepto de ciudadanía, ya que éste no tiene en cuenta los procesos diferenciados que se dan entre varones y mujeres para la adquisición de los derechos civiles, políticos y sociales.3 En otras palabras, lo que se quiere expresar es que la ciudadanía no fue adquirida al mismo tiempo por todos y por todas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (de 1949) proclamó que ”todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos”, y que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados, sin distinción

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Mabel Burin e Irene Meler, “Estudios de género. Reseña histórica”, en Género y familia. Poder, amor y sexualidad en la construcción de la subjetividad, Buenos Aires, Paidós, 1998.

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alguna”. No obstante, en la práctica no se verifica el ejercicio de estos derechos en condiciones de igualdad para ambos sexos. Si se enfoca el acceso a los derechos desde una concepción de ciudadanía universal se pierde de vista que ciertos grupos sociales obtienen algunos derechos en diferentes momentos históricos, generalmente como resultado de intensas luchas por sus reivindicaciones. Como es sabido, en la mayor parte de los países de Occidente, varias décadas separan el momento de adquisición de la ciudadanía política de los varones respecto del de las mujeres (por ejemplo, en el caso del derecho a votar). Por este motivo, es válido afirmar que las mujeres fueron excluidas de varias dimensiones del ejercicio de la ciudadanía.

La perspectiva de ciudadanías diferenciadas, en cambio, se propone ubicar en primer plano los derechos de las mujeres y de los niños y las niñas, y elaborar abordajes teóricos y metodológicos que se basen en la perspectiva de la ampliación de la ciudadanía, para promover el acceso de todos y todas a los derechos. Una lectura de la ciudadanía que incluya los derechos sociales es de importancia primordial para el estatus que ocupan las mujeres en la sociedad y en la familia. Se trata de conceptualizar la ciudadanía como “el derecho a tener derechos”, una construcción histórica y social basada en la participación y en la conciencia social.

Situación de exclusión del género femenino

Las mujeres no fueron consideradas ciudadanas porque su representación social siempre fue construida en relación con otros roles. Así fueron esposas y madres de otros ciudadanos, responsables de la unidad familiar.

La exclusión del género femenino aparece en el origen mismo de la noción de ciudadanía, ya que las mujeres no fueron consideradas ciudadanas porque su representación social fue construida en relación con otros roles: eran esposas y madres de otros ciudadanos, responsables de la unidad familiar. En todas las tradiciones dominantes los varones han estado asociados con la política y las mujeres con la familia.

Mandatos sobre espacio público y espacio familiar Pensemos, por ejemplo, en ciertos mandatos heredados. La opresión de las mujeres está ligada con la división sexual atribuida a los espacios público y privado: • el hombre: representa la razón, la cultura y la actuación en el mundo público, • la mujer representa la emoción, la naturaleza y la actuación en el ámbito privado y la vida doméstica.4 El análisis de la relación entre género y poder pone el acento en el hecho de que la concepción clásica e histórica de ciudadanía está basada en normas mascu4

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Gioconda Herrera, ob. cit.

linas y en la exclusión de las mujeres del espacio público. En alguna medida, esto explica que los derechos sociales y políticos alcanzados en las democracias modernas sean insuficientes para el acceso de las mujeres a una ciudadanía plena. Por lo tanto, resulta indispensable, repensar esta división.

La definición ideal sería una ciudadanía basada en las diferencias de género, que permita distinguir a los varones de las mujeres como individuos, a la vez diferentes e iguales, pero con las mismas oportunidades de acceso a ejercer sus derechos.

DESIGUALDAD SEXUAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES El sistema patriarcal contribuyó históricamente a la división entre el espacio público y el espacio privado. El patriarcado explicita una forma de autoridad basada en el hombre-padre como cabeza de familia y la mujer y los hijos como subordinados a su autoridad. El patriarcado resume las relaciones de género como asimétricas y jerárquicas, y se transmite de generación en generación a través de costumbres, tradiciones, religiones, educación y los medios de comunicación. La desigualdad que produce este sistema no se enfoca ya como identidad o diferencia, sino desde el análisis del dominio y la subordinación. En esta propuesta de desigualdad, se ostenta el poder asignado a los varones y desde ahí se establece la condición social de la mujer.

La ciudadanía no excluyente, en cambio, significa la aceptación de una identidad diferenciada, para los hombres y las mujeres, como sujetos de plenos derechos y reconocimiento, con libertad para construirse y expresarse desde la diferencia, individual y colectivamente. Las mujeres han estado históricamente excluidas del proceso de construcción colectiva y de presencia pública (un ejemplo es su tardío acceso a la educación), lo que ha conducido a que los valores masculinos rigieran y jerarquizaran la esfera pública, y se transformaran en el único discurso. La exclusión tradicional de las mujeres se vio acentuada por la aceptación acrítica de pautas, valores y normas que la sociedad fue fijando a partir de la hegemonía patriarcal.

En el presente, tal vez sea posible formular una nueva concepción de la ciudadanía que reconozca la especificidad femenina y sus formas singulares de participación social (contemplando especialmente su relación con la reproducción, la maternidad y el entorno familiar) pero reconociendo el acceso a la plenitud de sus derechos.



RELACIONES DE PODER

El poder que cada persona ejerce en función de su género y de su posición en la familia actualmente ha entrado en crisis, y comienza a expresar las modificaciones del contexto histórico, cultural y social contemporáneo.

El género, como otras categorías presentes en el análisis social, estructura las relaciones de poder dentro de una comunidad. Esto significa que ser mujer o ser hombre determina diferentes posicionamientos para ejercer poder. En este sentido, si revisamos los estereotipos vigentes, observaremos que los vínculos entre los géneros manifiestan una relación desigual. El varón es autónomo, proveedor económico, toma decisiones; atributos ligados con lo racional y lo público. Mientras la mujer es dependiente, administradora, ejecutora de tareas domésticas, un conjunto de atributos ligados con lo emocional y lo privado. Las relaciones de poder en el entorno familiar siempre se forman sobre los vínculos y constituyen potenciales factores de conflicto. Sin embargo, actualmente, el tipo de poder que cada individuo detenta en función de su género y posición en la institución familiar ha entrado en crisis, y comienza a expresar las modificaciones del contexto histórico, cultural y social contemporáneo. En el ámbito privado es donde se evidencia con mayor claridad que las relaciones de poder están directamente condicionadas por el género y por la posición de los sujetos dentro de las redes familiares. Por otra parte, en el hogar, el ejercicio del poder también se asocia con la capacidad económica. Por ser tradicionalmente el proveedor, el hombre siempre ostentó el liderazgo familiar (como marido y como padre), la representación (es decir, la figura del “jefecabeza de familia”) y hasta la patria potestad automática. Todo esto le confería la autoridad absoluta, tanto de parte del grupo familiar como de la sociedad, quienes conjuntamente también le otorgaban la máxima capacidad de decisión. Se identificaban con su poder los conceptos de: autoridad, orden, mando, exigencia de obediencia, privilegios. El trabajo doméstico, en cambio –y aun a pesar de los últimos cambios culturales– continúa recayendo fundamentalmente sobre las mujeres, y no es considerado “trabajo”, bajo el argumento de que no se reditúa mediante un salario (recordemos que es muy reciente el reconocimiento de la jubilación para las amas de casa). En otras palabras, se trata de una actividad “invisibilizada”, de una obligación “natural” que las mujeres poseen simplemente por su pertenencia de género. Esta apreciación del trabajo doméstico femenino implica una desvaloración e impacta en la autoidentidad y autoestima de las mujeres, además de extenderse a la identidad social de la mujer. Esto también acontece en el caso de las trabajadoras asalariadas –y poco calificadas– cuyos ingresos son considerados sólo como “ayuda” al presupuesto familiar. De este modo, las mujeres continúan soportando en exclusividad la doble jornada: laboral y doméstica. E incluso en aquellos casos donde la mujer constituye el único sostén económico, sigue vigente que el “jefe” es el varón.

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DESAFIANDO LA EXCLUSIÓN DE GÉNERO La autora Nancy Fraser 5 propone un enfoque que consideramos apropiado para tratar el carácter subalterno que posee la mujer en el orden patriarcal. En este enfoque adquieren importancia los conceptos de reconocimiento y justicia social. De acuerdo con el modelo del estatus, la falta de reconocimiento de las actividades desarrolladas por las mujeres constituye una forma de subordinación institucionalizada y, por consiguiente, una violación grave de la justicia. En cambio, la búsqueda de reconocimiento supone pensar a la mujer como: • plena participante en la interacción social, • miembro pleno de la sociedad, • capaz de participar en igualdad de condiciones con los varones. Esta justicia social abarca dos dimensiones bien diferenciadas: • una dimensión de reconocimiento: referida a los efectos de las significaciones y las normas institucionalizadas sobre la posición relativa de la mujer; • una dimensión distributiva: que se refiere a la asignación de los recursos disponibles de manera equitativa, tanto para hombres como para mujeres (e incluye la forma económica de ordenación social). Sólo considerando estas dos dimensiones simultáneamente es posible determinar qué es lo que impide la participación igualitaria de hombres y mujeres. El análisis conjunto del estatus y la clase económica puede determinar cuál es el mejor modo de remediar las injusticias expresadas en la división de roles domésticos y en la diferencia de mayor o menor ingreso frente a una misma tarea desarrollada en el ámbito laboral.

EL CASO DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR En los últimos años, en la Argentina ha aumentado la cantidad de hogares con jefatura femenina, lo que modifica significativamente la situación social. Liliana Morales nos acerca, mediante un cuidadoso trabajo de investigación,6 nuevos elementos para conocer cómo funciona el mundo de las llamadas “jefas de hogar”, mujeres que se han puesto al frente económica y afectivamente de los grupos familiares de los sectores vulnerables del nuevo entramado social. La mujer que asume la jefatura de hogar imprime a este rol características propias que provienen del entrecruzamiento entre la dimensión subjetiva, la construcción social del “ser mujer” y el pertenecer a una posición social determinada. Cuando hablamos de “jefa de hogar”, no sólo nos referimos a aquella mujer que asume la responsabilidad del sustentar económicamente a su grupo familiar sino también de la toma de decisiones que ejerce sobre su familia.

5

Nancy Fraser, “Nuevas reflexiones sobre el reconocimiento”, en New Left Review, núm. 4. Madrid, Akal, 2000.

6

Liliana A. Morales, Mujeres Jefas de hogar, características y tácticas de supervivencia. Una intervención en el trabajo social, Buenos Aires, Espacio, 2001.

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En este sentido, nos parece atinado subrayar dos elementos para tener en cuenta: • en la población que se encuentra bajo la línea de pobreza, las mujeres jefas de hogar con hijas e hijos menores de 14 años, quienes en su ausencia quedan a cargo de los hogares, alcanzan un número muy elevado, • las mujeres de estos sectores tienen en general menores posibilidades de escoger libremente diferentes alternativas de inserción social.

Caracterización de los hogares con jefatura femenina Como mencionamos en el capítulo 2, “Familias e infancias”, actualmente existen diversos modos de configurar cada grupo familiar. Si bien la mayor parte de los hogares son nucleares, entre los hogares de características monoparentales,7 se encuentra que aquellos que tienen jefatura femenina superan en número a los que tienen jefatura masculina, y representan a más del 80% del total. Cuando estos hogares de jefatura femenina (donde la mujer es la única proveedora de ingresos) pertenecen a los sectores más vulnerables, las condiciones de vida se tornan aún más arduas, ya que el ingreso de la mujer es bajo y debe sostener a varios miembros. Muchas veces, los hijos o hijas mayores ayudan a sostener el hogar, pero esto termina constituyendo un perjuicio para la calidad de sus trayectorias escolares e incluso pone en riesgo la permanencia en el sistema educativo. En consecuencia, estos niños, niñas y adolescentes tienen más dificultades que otros u otras para acceder a los bienes y servicios que deben cubrir sus necesidades básicas. Hay situaciones donde la presencia de varios hijos o hijas pequeños impide o retrasa la salida laboral de las mujeres, obligándolas a implementar otras tácticas de supervivencia, como pasar a formar parte de un hogar extendido.8 Existen mujeres que ejercen la jefatura de hogar estando solas, sin pareja, y otras que, por desempleo de su pareja, ejercen esta jefatura en forma temporal.

Conocer las condiciones materiales de vida en los hogares sostenidos económicamente por mujeres y cuál es su grado de “inclusión económica” es un dato fundamental para la intervención social, pensando, sobre todo, en la inserción de estas mujeres en el mercado de trabajo. Somos conscientes de la necesidad de reconsiderar las políticas sociales para que se adecuen e intenten dar respuesta a la transformación que se registra en el interior de las familias. Los derechos de las jefas de hogar A veces por falta información y muchas veces porque la sociedad misma no facilita a las personas canales de acceso a consejerías y a acciones de ayuda comu7

Por familia monoparental se entiende aquella constituida por un hombre o una mujer viviendo al menos con uno o varios hijos/as a su cargo.

8

Son hogares extendidos, por ejemplo, aquellos compuestos por grupos familiares en los que una madre soltera, viuda o separada se integra con sus hijos al hogar de sus progenitores en búsqueda de una solución para su grave problema económico, o aquellos hogares donde la mujer lleva a su madre o a su hermana a vivir con ella y con sus hijos, con el fin de compartir los gastos.



nitaria, las mujeres jefas de hogar sufren situaciones de desprotección y la vulneración de sus derechos. Por otra parte, lo cierto es que existen dispositivos de poder o control social que se originan en las distintas instituciones (familias, educación, salud, religiones, entre otras) y que funcionan en la sociedad a través de la reiteración automática, acrítica, aparentemente incontrastable de mitos, mandatos y creencias, que invisibilizan una gran cantidad de derechos que asisten específicamente a las mujeres. Un ejemplo de la persistencia de ciertos mitos es el que circula con respecto a la posibilidad de sacarle a una mujer sus hijos, si ella decide separarse o divorciarse de su marido, con el pretexto del “abandono de hogar”. Se sabe que un divorcio permitiría a la mujer disolver el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal, otorgándole la tenencia definitiva de sus hijos, la posesión de la vivienda conyugal para vivir con ellos y la fijación de una cuota alimentaria que deberá ser provista por el ex cónyuge. Sin embargo, esto no sucede en más de la mitad de las situaciones, donde las mujeres –aparentemente– no conocen sus derechos. En los casos de las madres solteras o de las uniones de hecho, que no cuentan con protección legal, las mujeres quedan sujetas a la voluntad de un hombre que generalmente se desentiende de sus obligaciones. Esta situación se agrava porque la mujer debe hacerse cargo de los hijos nacidos de esa unión. Un 30% de las jefas de hogar están en estas condiciones y su situación se vuelve realmente difícil. Otros factores que favorecen la desprotección de las mujeres jefas de hogar son: • el origen migrante (muchas mujeres provienen de migraciones interiores y de países limítrofes), lo que genera la separación del núcleo familiar original y el desarraigo cultural; • el escaso nivel educativo (estudios primarios incompletos) y su incidencia en el tipo de ocupaciones a las que estas mujeres pueden aspirar; • una situación laboral precaria (servicio doméstico o tareas similares en oficinas o instituciones de salud o educativas). Estos trabajos por lo general se realizan en condiciones desfavorables (trabajo no registrado, falta de aportes jubilatorios y de obra social); • la doble jornada laboral a la que tienen que enfrentarse, pues no sólo deben desempeñar la actividad económica fuera del hogar sino que, además, deben asumir en soledad las responsabilidades familiares y domésticas. Al analizar las trayectorias de vida de estas mujeres, donde priman las rupturas y frágiles situaciones de dependencia económica, aislamiento relacional y permanente riesgo de quedar desocupadas, nos preguntamos hasta cuándo podrán, junto con sus hijos e hijas a cargo, soportar vivir en el límite de la precariedad y la vulnerabilidad.

Sólo evaluando las oportunidades reales que tienen las mujeres jefas de hogar, se podrán comprender las tácticas de supervivencia que llevan adelante, colaborar con ellas, e incidir, mediante acciones concretas, en una mejora de su calidad de vida.



LAS POLÍTICAS DE ACCIÓN POSITIVAS Las políticas de acción o discriminación positivas hacen foco en los intereses de las personas excluidas como forma efectiva de generar procesos de cambio hacia la igualdad de género. Estas políticas no afectan solamente a las mujeres sino que son compartidas por otros actores sociales que tampoco tienen la posibilidad igualitaria de asumir una voz, como es el caso de muchos pobladores de zonas rurales, comunidades indígenas, niños, niñas y adolescentes, migrantes, personas con capacidades diferentes y desempleados. En relación con las diferencias de género, algunas medidas de acción afirmativa orientadas a modificar las desventajas de un grupo social ya tienen traducción real en la legislación, por ejemplo, en la Ley de cupo sindical, la Ley de cupo político y en los créditos preferenciales para mujeres, entre otras acciones.

Cómo crear situaciones de inclusión

Las políticas de acción positivas destinadas a las mujeres hacen foco en sus intereses, y tienen como fin generar procesos de cambio hacia la igualdad de género.

La exclusión basada en el género, al igual que otras formas de exclusión, opera naturalizando la situación de desventaja en que posiciona a las personas, e incentiva a las mujeres a que se acostumbren a verse a sí mismas como no merecedoras de ejercer sus derechos. Desde este imaginario, las situaciones que padecen resultan la consecuencia natural de sus propias responsabilidades y, de este modo, se obtura toda posibilidad o alternativa de participación en la sociedad o de ejercicio de sus derechos. En múltiples casos, la autonomía de las mujeres es restringida por la autoridad masculina, por las demandas sobre su tiempo debido a la desigual división de género en el mundo del trabajo, o por la fuerza con que se instala en el imaginario social la indelegabilidad de sus tareas como madre.

Pero las mujeres pueden superar y superan las limitaciones que les impone el sistema de género. Así, es posible que una mujer sea sujeta de subordinación al mismo tiempo que se convierte en protagonista para mejorar situaciones de pobreza y desigualdad. Estas acciones suelen estar asociadas con la inclusión de la mujer en grupos barriales, zonales, con intereses comunes, donde la característica colectiva potencia las condiciones subjetivas para el cambio. Un primer paso hacia la transformación es que las personas sean conscientes de que su exclusión es una injusticia y que las cosas pueden cambiar. A la vez, emprender acciones y ganar demandas refuerzan la idea de que el cambio es posible y que la lucha vale la pena.



HACIA UNA DEFINICIÓN DE LOS DERECHOS FEMENINOS La educación y el trabajo remunerado han sido las herramientas básicas para la emancipación de las mujeres, teniendo en cuenta las particularidades de los diferentes sectores sociales. Desde estas conquistas, las mujeres han comenzado a establecer otro diálogo con el poder, dentro y fuera de sus casas, y a demandar una presencia activa en los organismos donde se toman las decisiones. Pero aún perdura una marcada diferencia en cuanto a que los puestos jerárquicos son ocupados mayoritariamente por varones. Es evidente que ya no basta con un simple reconocimiento de la ciudadanía universal, ya que esta formulación muchas veces sólo sirve para quitar fuerza a las reivindicaciones por los derechos específicos de las mujeres.

Para que los derechos de ciudadanía sean realmente efectivos y transformen las injustas relaciones de género sobre las que aún se asientan, es necesario que desde el Estado concedamos pleno reconocimiento a los derechos específicos de las mujeres. Redefinir la identidad de las mujeres en la vida pública y su modo de inserción en la comunidad supone incorporar a la agenda pública muchos de los problemas y desafíos de la vida privada, así como replantear y superar la tradicional división sexual del trabajo. A continuación, se enumeran algunos de los desafíos que todavía quedan por delante. • Superar el modelo asimétrico de reparto de responsabilidades y funciones sociales, tanto en lo público como en lo privado. • Redimensionar las relaciones de poder entre los géneros y redefinirlas, incorporando nuevos objetivos y análisis de la vida social. • Redefinir los roles conyugales y los vínculos familiares. Establecer las políticas y los mecanismos públicos para reorganizar un reparto equitativo de roles y funciones sociales es tarea de un Estado, que libre y democráticamente, desee avanzar hacia una ampliación de los derechos ciudadanos y hacia la profundización de la democracia.



Capítulo 4

Educación, salud y movilidad social



ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS POR LA INCLUSIÓN SOCIAL CON LA SALUD Y LA EDUCACIÓN INFANTIL El Programa Familias por la Inclusión Social trabaja en forma articulada para lograr la promoción e inclusión social de las familias. El desafío es llegar a cada grupo familiar con un valor agregado y dejar en cada uno de ellos capacidades instaladas. Con este propósito, se busca generar a través de los componentes de “Gestión operativa” y de “Promoción familiar y comunitaria” una potenciación de las habilidades y competencias de las familias, apelando en todas las intervenciones a la participación activa de todos sus integrantes. Nos parece fundamental introducir las temáticas de salud y educación, pues se trata de dos sectores cuyo objetivo debería ser la promoción del desarrollo, tanto personal como familiar, de los individuos. En esta línea, se busca generar el compromiso de las y los destinatarios del programa que perciben una ayuda económica, es decir que sus hijos e hijas asistan a la escuela y que los calendarios de vacunación estén al día. Pero las bases del programa transcienden el mero cumplimiento de estos compromisos, buscando crear conciencia sobre la salud y la educación, como derechos que deben ser ejercidos por todos los ciudadanos y ciudadanas. Para ello, debemos impulsar prácticas y puntos de vista distintos, procurando ampliar la conciencia de la diversidad de situaciones y de intervenciones posibles, con el fin de avanzar en logros educativos y sanitarios que incluyan a toda la población.

Es imprescindible que todas las familias puedan acceder y participar de las ofertas de servicios educativos, de salud y de desarrollo comunitario, a fin de mejorar la calidad de vida y que los integrantes conozcan sus capacidades y posibilidades de inserción y movilidad social.



Debemos impulsar prácticas y puntos de vista distintos, y ampliar la diversidad de intervenciones, para avanzar en logros educativos y sanitarios que incluyan a toda la población.

EL COMPROMISO DE LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA CON SUS NIÑAS Y NIÑOS El Programa Familias por la Inclusión Social interpela a sus destinatarios, para que ellos y ellas (en su mayoría mujeres, con dos o más hijos o hijas menores de 18 años) alcancen con éxito los siguientes compromisos: • los certificados de escolaridad de los niños y niñas 1 de la familia, • su certificación de vacunas, • y que las mujeres embarazadas realicen sus controles periódicos.

Datos alentadores En la Argentina, el 97,2% 2 de los niños y las niñas de 6 a 14 años está matriculado en la Educación General Básica (EGB 1 y 2). En la Argentina, el 100% de las vacunas incluidas en el calendario oficial son provistas gratuitamente por el Estado y se encuentran disponibles en todas las instituciones de salud del territorio nacional. La certificación de vacunas es requisito para el ingreso en la escuela, por lo que podemos suponer que la cobertura es alta y que alcanza a los niños y las niñas de 6 años de edad, es decir, a más del 90%. Luego de conocer estas cifras, podríamos decir que la cobertura es óptima y quedarnos medianamente satisfechos. Sin embargo, tras de estos datos hay una realidad que impacta en la vida de los niños y las niñas, de los jóvenes, los adultos y los ancianos, y que todavía debe mejorarse. Aún nos planteamos interrogantes sobre la calidad de vida de todas estas personas y sobre la extensión de las coberturas sociales en salud y educación.

Inquietudes que nos impulsan a seguir trabajando ¿Todos los niños y las niñas que nacen por año en la Argentina, aproximadamente 730.000,3 llegan a la escuela? La mayoría de los niños y niñas que llega a la escuela, ¿en qué condiciones lo hace? ¿Todos y todas tienen un nivel de desarrollo que les permita aprender de la misma manera y con la misma calidad? ¿Todos han recibido las vacunas oportunamente? ¿Cuántas vacunas debe recibir un niño y niña durante el primer año de vida, y en el segundo? ¿Cuántas hasta el ingreso en la escuela? • ¿Cuántos niños y niñas han recibido en sus casas estímulos adecuados para su desarrollo? ¿Cuántos han concurrido al nivel Inicial? • Una vez que se encuentran en la escuela, ¿cómo es cada trayectoria educativa? 1

Según el primer artículo de la Convención sobre los Derechos del Niño: “se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años”.

2

Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, INDEC, 2001.

3

Número de niños y niñas nacidos vivos. Estadísticas vitales, 2004. Dirección de Estadísticas e Información en Salud, Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, 2005.



• ¿Todas las escuelas brindan a los niños y las niñas oportunidades de aprendizaje con la misma calidad? ¿Qué pasa en la EGB 3 y en el Polimodal? ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes persisten en sus estudios?

DERECHO AL MÁS ALTO NIVEL DE SALUD POSIBLE A continuación se brindan algunas informaciones disponibles sobre el estado de la niñez en la Argentina, teniendo en cuenta que el efectivo goce de sus derechos está asociado a factores socioeconómicos, culturales y político-institucionales que condicionan la capacidad efectiva de los hogares más desfavorecidos para encarar los diversos aspectos de la crianza y el desarrollo de sus niños y niñas. Este informe organiza la información disponible presentando a la salud, la nutrición y la educación como áreas prioritarias del desarrollo infantil. La incorporación del enfoque de derechos en la salud, al igual que en otros campos disciplinares o sectores, implica la concepción del niño y la niña como sujetos de derechos y no como meros objetos de intervenciones o acciones. El enfoque de derechos –no de necesidades– posiciona a la niña y al niño de manera distinta ante el mundo del adulto y ante sus instituciones. Ya no son objeto de asistencia en función de una serie de necesidades previamente definidas, sino que son sujetos de derechos. Y estos derechos deben ser garantizados, promovidos y defendidos de manera activa por los adultos. Desde esta perspectiva, la Convención sobre los Derechos del Niño enuncia de manera positiva los derechos de la infancia y de la adolescencia, y hace una mención específica sobre aquellos derechos relacionados con el acceso: a servicios de salud, agua potable, atención prenatal, lactancia materna, saneamiento, prevención de accidentes y planificación familiar.4 Esta conceptualización lleva al sector salud a desempeñar un nuevo papel que va mucho más allá de presentarse como el organismo proveedor de cobertura, prestación y satisfacción de las necesidades sanitarias de la infancia, pues lo convierte en el garante del derecho a alcanzar el más alto nivel de salud posible para todos los niños y niñas.5

SALUD Y DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MÁS PEQUEÑOS El derecho a la supervivencia durante la primera infancia (0 a 5 años) puede ser analizado en función de la tasa de mortalidad que afecta a los niños y niñas menores de 5 años. 4

Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

5

Ídem.



El sector salud se convierte, a partir del enfoque de derechos, en garante para que niñas y niños alcancen el más alto nivel de salud posible.

La mortalidad infantil es reconocida como indicador de los niveles de desarrollo de una sociedad y de la calidad de gestión de las políticas y programas, tanto de un país, como de las diferentes regiones y municipios. En la Argentina, la mortalidad infantil de niños y niñas menores de 1 año ha venido reduciéndose persistentemente, mostrando un descenso significativo en los últimos años que permitió alcanzar una tasa de 13.3/oo. Pero esta situación difiere entre las provincias: así, las del NOA y el NEA presentan las tasas más elevadas, seguidas por las provincias del Centro y Cuyo, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con las provincias patagónicas, exhiben las tasas más bajas. MORTALIDAD INFANTIL Provincia

Tasa de mortalidad

Formosa

22,9 0/oo

Chaco

19,9 0/oo

Catamarca

16,8 0/oo

San Juan

16,7 0/oo

Tucumán

16,2

0/oo

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

8,0 0/oo

Tierra del Fuego

6,7 0/oo

FUENTE: SAP - UNICEF: “SALUD MATERNO-INFANTO-JUVENIL EN CIFRAS”, 2006.

Las muertes infantiles responden a múltiples causas y reflejan las condiciones de pobreza a las que muchas familias de contextos vulnerables están expuestas.

A este diagnóstico del presente, es importante agregar que más del 50% de las muertes infantiles pueden ser prevenidas, lo que implica que existen posibilidades de seguir bajando la tasa implementando medidas de costo accesible y eficacia reconocida como: • el acceso a prestaciones de salud del nivel de complejidad requerido, • el control de la embarazada, • la lactancia materna, • la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno de las enfermedades, • y el mejoramiento en las condiciones de vida. También es importante tener en cuenta que las posibilidades de reducir la mortalidad infantil en nuestro país no dependen única y exclusivamente del sector sanitario, ya que se deben abordar otros determinantes estructurales. Las muertes infantiles responden a múltiples causas y reflejan las condiciones de pobreza a las que muchas familias de contextos vulnerables están expuestas.

Entre los factores que contribuyen a la mortalidad neonatal deben destacarse: el bajo peso al nacer, el grado de instrucción de la madre y la calidad de atención de la mujer embarazada y el niño que ofrecen los servicios de salud. Enfermedades asociadas con la muerte neonatal Casi un 70% de las muertes neonatales tienen como antecedente a niños de bajo peso en el momento del nacimiento, ya sea por prematurez o por retraso del creci-



miento intrauterino. El peso al nacer es la resultante de una serie de factores, como la influencia genética de los padres o la situación de salud y nutrición de la madre. El hábito de fumar de la embarazada también produce bajo peso en el recién nacido. La prevalencia de bajo peso al nacer oscila, en la Argentina, entre el 7 y el 8%, valores que, aunque con diferencias regionales, están por debajo de la media de América latina. Las infecciones respiratorias y la enfermedad diarreica aguda (EDA) constituyen problemas relevantes para los niños menores de 5 años. En el caso de la enfermedad diarreica aguda, la situación ha mejorado sensiblemente en los últimos años. Pero todavía favorecen la aparición de cuadros diarreicos el destete temprano y las deficientes condiciones de saneamiento ambiental y, particularmente, de los alimentos. Las infecciones respiratorias están asociadas con el ambiente donde los niños y las niñas nacen, crecen y se desarrollan, pues sus malas condiciones de higiene, el hacinamiento, la poca ventilación y la contaminación los exponen a un mayor riesgo de contraer enfermedades o a su agravamiento si ya las están cursando. En este sentido, podemos subrayar que el incremento en la incidencia de enfermedades respiratorias obstructivas se ha asociado con la mayor contaminación del aire, tanto en el interior del hogar como en el exterior, pues éste transporta partículas irritantes para las vías respiratorias. Por otra parte, se estima que el 50% de los cuadros respiratorios de la niñez tiene vinculación con el consumo de tabaco en el ámbito domiciliario. Y, a propósito de este factor de riesgo, no podemos olvidar que los niños menores de 5 años en general y los menores de 1 año en particular pasan gran parte del tiempo “expuestos” dentro de su propio hogar.

Nutrición en contextos desfavorables Uno de los indicadores nutricionales que se encuentra más asociado con la pobreza estructural es el de baja talla. El retardo en el crecimiento en talla, también llamado desnutrición crónica, manifiesta las restricciones alimentarias que ha tenido un niño o una niña desde su gestación. En la Argentina, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENNyS) muestra una prevalencia del 4,4% entre niños y niñas de 6 meses a 5 años. La infancia de los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) exhibe una prevalencia de baja talla para la edad de 6,1%, una cifra 70% superior a la del resto de las niñas y los niños. La carencia de hierro es una deficiencia nutricional prevalente en todo el mundo, especialmente entre los niños y niñas menores de 2 años y entre las mujeres embarazadas. La anemia por deficiencia de hierro también afecta la salud tanto de niños y niñas como de las mujeres embarazadas. En el caso de los niños altera el desarrollo, particularmente del lenguaje; retarda el crecimiento físico, disminuye la capacidad motora y altera la inmunidad celular (aumentando la duración y severidad de las infecciones). La ENNyS arroja una prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 23 meses de vida del 33%, y esta prevalencia llega al 44% en el caso de la región del NEA.



Las medidas de prevención son conocidas y eficaces. Algunas de las estrategias comprenden la fortificación de la leche del Programa Materno infantil, la Ley Nacional de Enriquecimiento de la harina de trigo con hierro (Ley 25.630), la capacitación de los equipos de salud y la comunicación social dirigida a las familias y a la comunidad. Otras acciones, como la promoción de la lactancia materna y la ligadura oportuna del cordón umbilical, están desarrollándose para el abordaje preventivo de las anemias. La desnutrición aguda o emaciación afecta al 1,2% de los niños y niñas de 6 meses a 5 años,6 y compromete su desarrollo y su crecimiento. Este valor es aún más importante en las provincias más pobres del país, donde existen verdaderas dificultades para acceder a una alimentación adecuada, tanto para las embarazadas como para los niños y las niñas. La obesidad es otro problema nutricional que, en términos cuantitativos, alcanza al 6,6% de los niños y las niñas de 6 meses a 5 años.

Los niños y las niñas que tienen anemia, están desnutridos o se enferman con frecuencia pueden irritarse con mayor facilidad que un niño saludable, tener menos ganas de jugar, explorar el entorno o relacionarse con otros niños y niñas. Estos niños necesitan una atención especial. Riesgos por VIH-sida El 98,6% de los casos notificados de niños y niñas menores de 13 años infectados por VIH-sida contrajo la infección por transmisión vertical,7 es decir, durante el embarazo, el parto o la lactancia materna. Sin embargo, esta forma de contagio es evitable, tomando ciertas medidas que son absolutamente accesibles si se cuenta con un seguimiento del embarazo: cesárea programada, medicación y una alimentación alternativa a la lactancia materna.

Las prácticas de crianza Las prácticas de crianza de cada familia son muy importantes para mejorar las oportunidades de vida de los niños y las niñas, especialmente aquellas que se desarrollan dentro del hogar: • mantener un ambiente ventilado, libre de humo de tabaco y braseros, • colocar a los niños o niñas boca arriba para dormir, • dar de mamar.

6

Boletín de Prensa del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, febrero de 2006.

7

Programa Nacional de Lucha contra RH, SIDA y ETS, Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, 2005.



Las prácticas de crianza son sostenidas por ambos progenitores, pero también por otros integrantes de la familia. La función del padre es de gran importancia. El padre puede ayudar a satisfacer la necesidad de amor, cariño y estímulos que requiere el hijo o hija, y asegurar que reciba una alimentación adecuada, una educación de buena calidad y la atención de su salud. El padre puede ayudar a asegurar un entorno seguro (disminuyendo riesgos de posibles lesiones) y libre de violencia. También puede desempeñar tareas domésticas, especialmente cuando la madre está embarazada o amamantando al bebé.8 Por otra parte, según un estudio publicado en The Lancet, la intervención preventiva que produciría la mayor reducción de muertes entre niños y niñas menores de 5 años en América latina es la lactancia materna.9

La lactancia materna es una de las prácticas de crianza más beneficiosas para el niño y para la madre. Cuando la madre da el pecho a su hija o hijo, no sólo le está ofreciendo alimento: el contacto con su piel, el calor de su cuerpo, el sonido de su voz, su mirada son estímulos que el bebé irá registrando como información y que le servirán para construirse una imagen del mundo externo y de sí mismo.10 Amamantar es para los niños una fuente de nutrición y seguridad. Hasta los 6 meses de vida, se recomienda practicar la lactancia exclusiva, es decir, sólo dar leche materna (sin agua, jugos, té o yogures). Luego, el niño y la niña comienzan a necesitar otros alimentos además de la leche de la madre. En ese momento, la lactancia debe ser sostenida mientras se incorporan otras comidas. Y se recomienda continuarla hasta los 2 años de edad. La leche materna contiene la proporción adecuada de proteínas, grasas, azúcares, minerales y vitaminas para el desarrollo óptimo del bebé. Según datos oficiales, en nuestro país el 49,7% de los niños y niñas toma pecho exclusivo hasta el cuarto mes de vida11 y el 33,1% hasta el sexto mes, una tendencia que ha ido en aumento en los últimos años. Para extender esta práctica, todas las instituciones involucradas con la niñez deberían brindar información y promocionarla. La lactancia materna es un derecho de todo niño, de toda niña y de toda madre.12

Promoción de la lactancia materna Unicef de Argentina desarrolla la Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y del Niño para promocionar la lactancia materna, ya que se trata de una práctica de reconocida evidencia: para garantizar un buen comienzo en la alimentación

8

Para la vida, Unicef. 2002.

9

G. Jones, R.W. Steketee, R.E. Black, Z.A. Bhutta, S.S. Morris, (Bellagio Child Survival Study Group), How many child deaths can we prevent this year?, Lancet, 2003.

10 Unicef, 2004. 11 Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación - OPS - Unicef, 2005. 12 Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

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La lactancia materna podría reducir notablemente los riesgos de muerte de niñas y niños menores de 5 años en América latina.

del niño recién nacido y para fortalecer el vínculo madre-bebé. De acuerdo con datos de 2006, existen 55 maternidades argentinas que se encuentran acreditadas como instituciones Amigas de la madre y del niño.13 Esto significa que el 12,5% de los niños argentinos nace en un establecimiento que garantiza un estándar de atención que busca asegurar una lactancia materna satisfactoria.

EDUCACIÓN Y DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MÁS PEQUEÑOS Si en el caso de la salud se cuenta con datos alentadores (aun a pesar de todo aquello que todavía es necesario mejorar), en relación con el desarrollo infantil, otra es la situación. Las oportunidades tempranas para la estimulación y educación de las niñas y los niños contribuyen al pleno desarrollo de sus capacidades. Sin embargo, sólo el 40,4% de la infancia tiene, en la Argentina, acceso a la educación Inicial. Esta distribución también refleja, como en otras áreas, heterogeneidades geográficas y socioeconómicas muy importantes.14 Las diferencias de acceso al nivel Inicial según a qué grupo socioeconómico se pertenece son importantes, especialmente para los niños y niñas de 3 y 4 años. Mientras que en las áreas urbanas asiste el 56% de los niños y niñas de 3 a 5 años de los hogares pertenecientes al 20% más pobre de la población, este porcentaje se eleva al 82% en el caso de los hogares de mayores ingresos (quinto quintil). Por otra parte, los niños y niñas de 2 años de las familias más pobres prácticamente no asisten a ninguna oferta educativa institucionalizada.

Las oportunidades tempranas para la estimulación y educación de las niñas y los niños contribuyen al pleno desarrollo de sus capacidades.

Las brechas que se aprecian en el acceso al nivel Inicial implican diferencias en las oportunidades de aprendizaje temprano y de socialización. Las niñas y los niños que no han accedido al nivel Inicial tendrán menores probabilidades de lograr trayectorias escolares posteriores completas y oportunas. En un estudio reciente15 se destaca que las dificultades de acceso al nivel Inicial constituyen uno de los problemas relacionados con la situación actual de la oferta escolar. Todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente los docentes, señalan la importancia de la asistencia al nivel Inicial para el mejoramiento de las futuras trayectorias escolares de los alumnos y alumnas. En relación con esto, manifiestan que los problemas de repitencia parecen focalizarse en el primer ciclo de la EGB, debido a las dificultades de socialización respecto de la cultura escolar que presentan los niños y las niñas que no pudieron previamente asistir al nivel Inicial. 13 Datos de la Dirección de Maternidad e Infancia, Ministerio de Salud de la Nación, 2006. 14 Unicef, 2005. 15 Las dificultades en las trayectorias escolares de los alumnos. Un estudio en escuelas de nuestro país, Unesco, mayo de 2004.

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El acceso al nivel Inicial generalmente se encuentra restringido por la falta de oferta y este fenómeno es común a diferentes provincias y jurisdicciones. En este momento, por ejemplo, 7.000 niños y niñas de entre 45 días y 5 años se encuentran en “lista de espera” en el nivel Inicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de la información obtenida, se hace evidente que reforzar una oferta de nivel Inicial de calidad parecería ser una medida muy apropiada para contribuir a brindar equidad en el desarrollo de los niños y niñas pequeños. Actualmente, también existe inequidad en el acceso a programas que acompañen las necesidades de los niños y niñas de estimular su lenguaje y su capacidad asociativa y simbólica. Y es aún más grave que no existan programas centrados en las familias, que permitan que éstas sean capacitadas para mejorar su rol de crianza en un sentido amplio.

Cuando hablamos de desarrollo infantil temprano integral, entendemos que la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de los niños y las niñas son mutuamente interdependientes. Diferentes investigaciones, especialmente las realizadas en el campo de las neurociencias, ratifican la enorme significación de los primeros años de vida del niño, desde el punto de vista afectivo, cognitivo y motriz. Se sabe que las tres cuartas partes de las conexiones neuronales que el ser humano puede establecer como base para todo su funcionamiento y aprendizaje se establecen antes de los 2 años.16 En esa etapa, la mayoría de los niños y niñas están en su casa con su familia. Y, en nuestra realidad, se sabe que el 14,5% tiene madres menores de 20 años y que el 9,4% tiene una madre analfabeta o que no ha completado la escuela primaria. Por lo tanto, los esfuerzos tendientes a brindar a las madres oportunidades educativas posibilitarán un mejor desarrollo de sus hijas e hijos. Las familias son responsables de la crianza de sus niños y son las proveedoras de cuidado, afecto, estímulo y valores para los más pequeños, de acuerdo con sus culturas particulares. Las oportunidades para que los niños y las niñas logren mayores niveles de desarrollo personal aumentan cuando son favorecidas por políticas públicas y programas de apoyo a la familia formulados desde abordajes multidisciplinarios e intersectoriales.

DERECHO DE CADA NIÑO Y NIÑA A DESARROLLARSE HASTA SU MÁXIMO POTENCIAL La protección integral de la primera infancia, según emana del espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño, requiere implementarse mediante políticas públicas que garanticen el derecho de todo niño a desarrollarse “hasta el máximo de su potencial”. 16 Educa a tu hijo. La experiencia cubana en la atención integral al desarrollo infantil en edades tempranas, MINED - CELEP - Unicef, 2004.

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Reforzar la oferta del nivel Inicial es una medida apropiada para generar equidad en el desarrollo de los niños y las niñas más pequeños.

Los niños y las niñas logran mayores niveles de desarrollo personal cuando las políticas públicas y los programas de apoyo a la familia son formulados desde abordajes multidisciplinarios e intersectoriales.

El desarrollo infantil temprano integral es un enfoque que orienta la adopción de medidas de política pública que coordinen acciones en diferentes niveles, con el objetivo de mejorar: • la calidad del cuidado familiar, • el acceso de las familias a recursos, conocimientos, participación y servicios básicos de calidad, • el apoyo de la comunidad y de las instituciones a las familias. Actualmente, el énfasis se coloca sobre la dimensión educativa de los padres y las madres, ya que más del 75% de los cuidados que requieren los niños pueden darse dentro de la familia pero no fuera de ella. Es por eso que las familias, particularmente las que viven bajo condiciones de pobreza, requieren todo el apoyo posible para acceder al conocimiento y la información necesarios para recuperar el nivel de cuidado que sus hijos e hijas merecen. Y porque es necesario que recuperen sus prácticas culturales tradicionales y que se enriquezcan con el conocimiento científico más avanzado.17

LA SALUD DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE 5 A 14 AÑOS

Las familias pobres deben recuperar sus prácticas culturales tradicionales y enriquecerse con el conocimiento científico más avanzado, para recuperar el nivel de cuidado que sus hijos e hijas merecen.

Este grupo de niños y niñas muestra una demanda más reducida hacia los servicios de salud, si se la compara con la necesidad de los niños más pequeños. Los niños y niñas en edad escolar ya tienen aplicada la mayoría de las vacunas y generalmente acuden a los servicios de salud ante algún problema agudo. Muchas de las acciones sanitarias, fundamentalmente las vinculadas con el tamizaje o screening de los problemas de salud, se llevan a cabo en el ámbito escolar. Los programas de salud escolar están orientados a detectar problemas de salud con el fin de realizar un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, y constituyen la continuidad natural y complementaria de las intervenciones durante la atención temprana del niño y la niña. Asegurar una buena salud durante la etapa escolar favorece la inclusión y la permanencia dentro del sistema educativo, y es un derecho que deben ejercitar todos los niños y niñas. En este grupo de edad, la mortalidad es baja (tasa de 0,3‰ entre los 5 y 14 años) y la principal causa de muerte se debe a factores externos (35%), entre los que se incluyen: accidentes, traumatismos, suicidios y agresiones. Un caso particular es el de la obesidad, que actualmente conforma un problema emergente en este grupo de edad, y que también afecta a los niños y niñas de los sectores más pobres. Las causas son múltiples, pero dos se subrayan especialmente: la alimentación inadecuada y el sedentarismo. La obesidad infantil restringe las potencialidades de desarrollo físico y de integración del niño y de la niña en actividades deportivas y recreativas y, además, instala riesgos para el futuro, en relación con las enfermedades crónicas del adulto.

17 Hacia una política pública en desarrollo infantil temprano. La posición de Unicef en el desarrollo infantil temprano, Unicef, 2005.

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LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE 5 A 14 AÑOS La educación básica es un derecho de todos, especialmente de los niños y niñas, y es la base para que muchos otros derechos humanos se cumplan a lo largo de la vida. La educación básica debe estar disponible para todos los chicos y las chicas sin ningún tipo de discriminación.18

Comprender en qué consiste brindar oportunidades educativas de calidad a los niños y niñas en situación de desventaja sociocultural requiere de una mirada amplia y comprensiva, que incluya tanto sus condiciones familiares como las del contexto escolar donde se desarrollan sus itinerarios formativos. Por otra parte, la efectividad de la institución y el compromiso de sus directivos y docentes es trascendental al momento de evaluar el rendimiento de cada alumno. La escuela concreta a la que asiste un alumno o alumna explica muchos de sus resultados de aprendizaje. Los niños y niñas de hogares carenciados acceden en mayor medida a instituciones dotadas de menores recursos y, por lo tanto, con mayores dificultades para “hacerles un lugar” afectiva y socialmente, y para brindarles aprendizajes significativos. Algunos programas sociales incluyen, además de una contraprestación laboral o de estudios, la obligación de mandar a los hijos e hijas a la escuela. Sin embargo, asegurar la obtención de un certificado individual de escolaridad no alcanza por sí mismo para probar que los niños han logrado un estándar educativo. Por el contrario, será necesario actuar en simultáneo con la escuela para realizar un efectivo seguimiento de las trayectorias escolares de los niños de los sectores más vulnerables. Sin duda, de lo que se trata es de promover la recuperación de la escuela como un espacio central y significativo en la vida de los niños, niñas y adolescentes, especialmente de los sectores pobres. Existen escuelas que logran expandir las oportunidades educativas de niños y adolescentes, y hay una cantidad significativa de alumnos que logran resultados aceptables o muy buenos, aun a pesar de que la representación del “capital socioeducativo familiar” pareciera ofrecer un signo negativo para las expectativas de logro. En todos los casos, la figura de la familia, tanto para la transmisión del valor de “la educación” como para facilitar y apoyar las tareas escolares de los niños es fundamental. La pobreza, el trabajo infantil (que debe ser erradicado) y cualquier otra actividad que ponga en riesgo la educación no deberían convertirse en un obstáculo que impida que los niños y las niñas estén plenamente integrados en la vida escolar.

18 Artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

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Asegurar una buena salud durante la etapa escolar favorece la inclusión y la permanencia dentro del sistema educativo, y es un derecho que deben ejercitar todos los niños y niñas.

Los niños y niñas de hogares carenciados acceden a instituciones de menores recursos, con mayores dificultades para “hacerles un lugar” afectiva y socialmente, y para brindarles aprendizajes significativos.

La escuela debe volver a ser un espacio central y significativo en la vida de los niños, niñas y adolescentes de los sectores pobres. La familia es fundamental para la transmisión del valor de la educación y para facilitar la escolaridad de sus niños.

En este sentido, los datos disponibles informan que el 6,5% de los niños y las niñas de 5 a 13 años trabaja al menos una hora por semana, y que el 30% de ellos repite el año. De más está decir que esta cifra duplica a la de los alumnos y alumnas que no trabajan.19 Por otra parte, el 48% del total de las personas que reciclan residuos domiciliarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene menos de 18 años de edad.20 Si bien la cobertura de la EGB 1 y 2 alcanza, en el nivel nacional, cifras altas (97,2% de los niños y niñas de 6 a 14 años), ésta es verdaderamente dispar y muestra grandes inequidades, tanto entre las provincias como dentro de cada una de ellas. Muchos niños, niñas y adolescentes permanecen en la escuela pero atraviesan sus trayectorias escolares con grandes dificultades. A continuación, se presentan algunas de las cuestiones actualmente más preocupantes sobre el desempeño educativo de los niños de los sectores más desfavorecidos: la sobreedad escolar, la repitencia y el abandono.

Sobreedad escolar, repitencia y abandono Se entiende por sobreedad cuando un niño o joven presenta uno o más años de rezago en relación con la edad teórica que debería tener en el grado o año que cursa. Los valores que se refieren a la sobreedad escolar al término de la EGB registran un 33,1% para el nivel nacional, y alcanzan un 46,54% en la provincia de Neuquén.21 El fenómeno de la sobreedad señala inequívocamente las situaciones de fracaso, sin embargo, continúa manifestando una posibilidad de retención y continuidad de los estudios de los alumnos y alumnas, un aspecto positivo que no debe desestimarse aun cuando los itinerarios escolares no sean satisfactorios. En el caso de la repitencia, la tasa se sitúa, para la EGB en el nivel nacional, en un 8,3%.22 Como ya ha sido subrayado, los niños, niñas y adolescentes que repiten obtienen, al momento de terminar los ciclos de la Educación General Básica, resultados más pobres que los de sus compañeros que no han repetido. Por otra parte, una vez que han repetido, sus rendimientos escolares futuros parecen estar seriamente comprometidos. Dicho en otras palabras, lo que se observa es que la experiencia de la repitencia no nivela.23

Tanto el fenómeno de sobreedad como el de repitencia muestran sus valores más altos durante el primer ciclo de la EGB, lo que parece estar fuertemente asociado con las posibilidades –o con los impedimentos– de desarrollo infantil temprano que los niños y las niñas han tenido antes de ingresar en la escuela.

19 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, EANNA y SS-INDEC, 2005. 20 Informe sobre trabajo infantil en la recuperación y reciclaje de residuos, Unicef, OMS, 2005. 21 Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2005. 22 DiNIECE, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2005. 23 Expansión de las oportunidades educativas de la población en situación de pobreza, Unicef - Oficina de Argentina, 2004.

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El abandono escolar interanual en la EGB 1 y 2 es de 1,8%, asciende a 8,4% durante la EGB 3 y alcanza su valor máximo, con un 18,8%,24 en el Polimodal. Muchos estudios hacen referencia a la gran influencia que ejerce el nivel educativo alcanzado por la madre –incluso más que por el padre– en la escolaridad de los hijos e hijas. Y lo que se sabe certeramente es que las chances de desertar de los alumnos cuyos padres y madres completaron la educación secundaria son un 60% inferiores a las de quienes tienen padres con tan sólo los estudios primarios realizados.

LA SALUD DE LOS Y LAS ADOLESCENTES Transitar la adolescencia con óptima salud es un elemento clave para el progreso social. Sin embargo, las necesidades y los derechos de los y las adolescentes no siempre figuran en las políticas públicas ni como temas de la agenda del sector salud, con excepción de cuestiones particularmente relacionadas con la salud sexual y reproductiva. La principal causa de mortalidad en este grupo está relacionada con las situaciones violentas: accidentes, suicidios, homicidios. La tasa de mortalidad adolescente es del 0,8‰. Las diferencias existentes sobre la salud sexual y reproductiva de la población, según qué provincia argentina se analice, expresan muy claramente los patrones de comportamiento y los resultados obtenidos por las políticas y programas que atienden a este segmento poblacional. En la Argentina, la tasa de fecundidad adolescente (62,2‰ ) se encuentra por debajo del nivel de la tasa de América latina y el Caribe y, en contra de lo que supone el imaginario popular, en la última década viene experimentando un leve pero sostenido descenso. En 2001, nacieron 59 bebés por cada mil adolescentes, mientras que en 1991 llegaban a 70. Sin embargo, se observan, marcadas desigualdades entre las diferentes jurisdicciones del país, con valores de 23,9‰ en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (levemente superior al promedio de Europa) y de 101,1‰ para el caso de Chaco (levemente inferior al promedio de África).25

Maternidad en la adolescencia temprana La adolescencia no constituye en sí misma un período de riesgo para el embarazo, pero sí la adolescencia temprana, es decir, aquella que sigue al primero y segundo año de la menarca. En este caso, el riesgo se expresa en una mayor morbimortalidad perinatal, prematurez y bajo peso al nacer. Por otra parte, existe una proporción de morbilidad invisible, consecuencia secundaria de situaciones de ocultamiento y silencio, que acompaña a muchas madres-niñas víctimas de situaciones no deseadas y violentas.

24 Último dato disponible según relevamiento anual 2003, Red Federal de Información. 25 G. Binstock, E. Pantelides, “La fecundidad adolescente hoy. Diagnóstico sociodemográfico”, en Embarazo y maternidad en la adolescencia. Estereotipos, evidencias y propuestas para políticas públicas, Unicef, Cedes, Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, 2005.

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Los niños, niñas y adolescentes que repiten obtienen resultados más pobres y sus rendimientos escolares futuros parecen estar seriamente comprometidos. La repitencia no nivela.

En los sectores más vulnerables, la planificación de los embarazos está relacionada con el acceso a la información y el consejo brindado por profesionales de la salud, y a medidas de anticoncepción.

En los sectores sociales más vulnerables, más aún que en el resto de la sociedad, la planificación de los embarazos está relacionada, en gran parte, con la posibilidad de acceder a medidas de anticoncepción y actividades de consejería, actividades que lamentablemente no presentan coberturas significativas en este sector. La maternidad adolescente se asocia sin duda con variables sociodemográficas. Es más frecuente entre las extranjeras que entre las nativas, entre las mujeres pobres que entre las no pobres, entre aquellas que tienen un bajo nivel educativo con relación a quienes tuvieron la posibilidad de acceder al sistema educativo formal. El embarazo de adolescentes analfabetas, por ejemplo, duplica al de aquellas que no lo son. Estos datos aseguran que la mayor persistencia en el sistema educativo actúa como un factor protector para evitar embarazos no deseados en la adolescencia.

El VIH-sida 26 entre adolescentes

La mayor persistencia en el sistema educativo actúa como un factor protector para evitar embarazos no deseados en la adolescencia.

En el nivel mundial, actualmente más de la mitad de las nuevas infecciones por VIH que se producen afectan a adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años de edad. Nuevos estudios, incluso, han determinado que una enorme cantidad de jóvenes no sabe cómo se transmite el VIH-sida,27 ni cómo debe protegerse y, si utiliza preservativo, en la elección adquiere mayor relevancia la idea de prevenir embarazos no deseados más que la idea de prevenir el VIH-sida u otras enfermedades de transmisión sexual. En la Argentina, aproximadamente 127 mil personas conviven con VIHsida, y se estima que, en su mayor parte, se infectaron siendo adolescentes o adultos y adultas jóvenes. Esta hipótesis se origina en que el VIH-sida es una enfermedad que presenta un largo período asintomático (una persona infectada no presenta manifestaciones clínicas de enfermedad a pesar de vivir con el virus) y en que la edad de mayor diagnóstico de sida se produce entre los 25 y 34 años (principalmente en el quinquenio de 30 a 34 años). Desde el inicio de la epidemia, y hasta diciembre de 2005, se notificaron en el país cerca de 63 mil casos de VIH-sida, de los cuales 8 mil corresponden a personas de 14 a 24 años de edad, lo que representa el 13%. El sida es una enfermedad que se puede prevenir. El VIH, el virus que causa el sida, se propaga al mantener relaciones sexuales sin protección, por transfusiones de sangre realizadas sin someter el fluido al test, por usar agujas y jeringas contaminadas (en general, para inyectarse drogas) y por transmisión vertical, es decir, porque una madre infecta a su hijo o hija durante el embarazo, el parto o el amamantamiento. En todos estos casos existe un medio de prevención posible, sobre todo, en el terreno de las prácticas sexuales, donde es posible reducir el riesgo de infección mediante el uso del preservativo.

26 Boletín sobre el VIH-sida en la Argentina. Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, Año X, N° 24, diciembre de 2005. 27 Resultados de encuestas efectuadas en 40 países indican que más del 50% de los jóvenes de 15 a 24 años de edad tienen graves concepciones erróneas acerca de la forma como se transmite el VIH-sida. Véase Los jóvenes y el VIH-sida. Una oportunidad en un momento crucial, Unicef - ONUSIDA - OMS. (http://www.unicef.org/spanish/publications/files/pub_youngpeople_hivaids_sp.pdf)

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Las estrategias destinadas a proteger a los jóvenes y adolescentes deberían estar dirigidas a mejorar el acceso a una información confiable, científicamente avalada y fundamentalmente vinculada con la sexualidad, la reproducción, el género y los derechos. Actualmente se torna imperativo que los y las adolescentes cuenten con conocimientos adecuados y con la disponibilidad de los recursos necesarios que les permitan una práctica social de cuidado y protección Así lo expresa la Ley Nacional Nº 25.673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

LA EDUCACIÓN DE LOS Y LAS ADOLESCENTES Si bien, como se estableció anteriormente, la cobertura en educación es del 97,2% en el caso de los niños y las niñas de 6 a 14 años, únicamente un 61,2%28 de los y las adolescentes de 15 a 18 años asiste a la escuela. Por otra parte, entre los que asisten, sólo el 75% finaliza sus estudios,29 mientras el 37,3% de los adolescentes desarrolla su escolaridad con sobreedad. La deserción de estudiantes adolescentes continúa siendo un problema y un desafío para las políticas educativas. Hoy en día, por ejemplo, algo más de 3 de cada 10 ingresantes del nivel medio no llega a completarlo. Entre las determinantes del abandono escolar se destacan: • la incorporación temprana en el mercado de trabajo; • el rol de la familia como modelador de conductas y aspiraciones que se alejan de la formación educativa; • el nivel de conflictividad familiar y los hogares muy numerosos; • los grupos de pares y las actividades extraescolares que inciden en las aspiraciones y trayectorias; • la exposición a la violencia, las drogas y el alcohol; • la temprana iniciación sexual (con su correlato de embarazos en el caso de las niñas y adolescentes).

Tanto en contextos marginales como entre los jóvenes de los sectores vulnerables, muchas veces quienes han logrado mantenerse dentro del sistema educativo, lo han hecho gracias al aporte de becas escolares. Por lo tanto, reforzar programas de este tipo parece una acción sumamente pertinente. Los programas escolares de pasantías laborales también parecen tener consecuencias positivas indirectas, específicamente en el caso de aquellos jóvenes con riesgo de desertar por motivos económicos.

28 Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, INDEC, 2001.

29 Relevamiento 2001-2002, DiNIECE, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2005.

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La deserción de estudiantes adolescentes continúa siendo un problema y un desafío para las políticas educativas.

Cuando la escuela segrega y estigmatiza En algunos casos, la escuela acentúa ciertas marcas individuales, como la sobreedad y la repetición al establecer secciones de grado “homogéneas”, lo que implica separar a “los mejores”, de “los“comunes” y, finalmente, a los que tienen “problemas”. De este modo, se sugiere que se evita la práctica de “nivelar para abajo” o que se facilita una “mejora de la calidad educativa” o que se permite personalizar la enseñanza y atender las diferentes necesidades de los y las adolescentes. Así, suele concentrarse en el turno mañana y en las secciones A y B la menor proporción de alumnos y alumnas con sobreedad, mientras en otros cursos se estigmatiza al resto: los jóvenes con multiplicidad de problemas. Como consecuencia, nos encontramos frente a una organización escolar que ratifica, en el nivel individual y colectivo, la estratificación según los logros evidenciados, y según la capacidad de adaptación a las reglas organizacionales. Estas prácticas, en general, no hacen más que reforzar las desigualdades de origen: son los más pobres los que encuentran mayores y más frecuentes dificultades para mantenerse insertos en el ritmo escolar previsto por la norma general. Evidentemente, esta situación no es responsabilidad de los y las docentes sino que expresa las débiles decisiones de equidad tomadas por parte de todos los adultos que forman parte del sistema educativo: quienes asignan recursos edilicios y materiales entre las escuelas, quienes ratifican una y otra vez los procedimientos para la selección de cargos entre escuelas, y en el interior de las escuelas, entre los maestros y las maestras que toman uno u otro grado, o entre los y las estudiantes que se asignan al turno mañana o al turno tarde, todos inciden en una discriminación negativa hacia los más pobres. Esta situación de falta de equidad y oportunidades educativas también se expresa en la rigidez de los tiempos escolares o en la naturalización de la repetición como única salida.

En este contexto, en cambio, deberían impulsarse programas y políticas que fortalecieran aquellas otras voces que en el ámbito educativo demandan: un maestro de verano para desarrollar actividades de refuerzo, la extensión de una jornada selectiva, la práctica de docentes en pareja pedagógica, así como otras propuestas preventivas y paliativas del fracaso escolar, que demuestran apuntar a un desarrollo integral de los jóvenes y poder sostenerse en el tiempo generando cambios que nos conduzcan hacia una educación equitativa para todos y para todas. Equidad de oportunidades educativas para todos los niños, niñas y adolescentes Se hace evidente que la naturalización e incluso la valoración positiva de la repitencia como estrategia del sistema educativo debe ser profundamente analizada. Es necesario debatir cuánto fracaso escolar temprano estamos dispuestos –como sociedad y como sistema educativo– a tolerar, y hasta cuándo.

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Si bien el debate ciertamente debe extenderse a “la calidad de los aprendizajes”, está suficientemente demostrado que la repetición no mejora por sí misma los resultados de aprendizaje de alumnas y alumnos. Y si se evita recurrir a procedimientos “administrativos” (tales como la promoción automática) y se formulan propuestas que intensifiquen el tiempo de niños y adolescentes en la escuela y las actividades de enseñanza, sin duda la lucha contra la repetición tendrá efectos individuales y globales de mayor calidad.

La ampliación de perspectivas que permitan desarrollar oportunidades educativas destinadas a los niños y niñas más pobres desde su nacimiento es un enorme desafío político, técnico, social y ético, que debe ser asumido por todos como una responsabilidad compartida. Se impone pues pensar, indagar, dejar de lado los prejuicios y los estereotipos y tener una actitud plástica y abierta frente a lo posible. Y se vuelve imprescindible tomar decisiones en favor de los que más necesitan, transitar un camino abierto y con esperanzas para enriquecer sus vidas y desplegar sus potencialidades. Porque el acceso al desarrollo temprano y a la educación y es un derecho de la infancia y porque todos los niños, niñas y adolescentes deben gozarlo con equidad de oportunidades.

Recomendaciones para una infancia y una adolescencia sana y feliz 30 • La salud de las mujeres y de los niños y niñas puede mejorar considerablemente si los nacimientos se espacian al menos cada dos años, si se evitan los embarazos antes de los 18 años y después de los 35 y si se limita a cuatro el número total de embarazos. • Todas las mujeres embarazadas deben visitar a un profesional de la salud para recibir atención prenatal y todos los partos deben contar con la asistencia de una persona calificada. Todas las mujeres embarazadas y sus familias deben saber cómo reconocer los síntomas de alarma que indican la posibilidad de que se produzca algún problema durante el embarazo y disponer de un plan para obtener ayuda inmediata si surge algún problema. • En la Argentina, por Ley Nacional Nº 25.929, toda mujer embarazada tiene derecho a estar acompañada por una persona de su confianza durante el parto. • La leche materna es el único alimento y bebida que el niño y la niña necesitan durante los primeros 6 meses de vida. A partir de este período, necesitan otros alimentos, mientras se recomienda continuar con lactancia materna hasta los 2 años de edad. • Los niños y niñas comienzan a aprender desde que nacen. Crecen y aprenden más rápidamente cuando reciben atención, afecto y estímulos, además

30 Texto adaptado a partir de: Para la vida, Unicef -Unesco - FNUAP - PNUD - ONUSIDA - PMA y el Banco Mundial, 2002.

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Son los jóvenes más pobres los que encuentran mayores y más frecuentes dificultades para mantenerse insertos en el ritmo escolar previsto por la norma general.

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de una buena nutrición y una atención adecuada de la salud. Alentar a los niños y niñas a observar y expresarse por su cuenta, a jugar y a explorar les ayuda en sus aprendizajes y en su desarrollo social, físico e intelectual. Una alimentación deficiente de la madre durante el embarazo o durante los dos primeros años del niño puede frenar su desarrollo mental y físico para el resto de la vida. Desde el nacimiento y hasta los 2 años, es necesario pesar a los niños y niñas todos los meses. Un niño o niña que no aumenta de peso durante un período de dos meses tiene algún problema y necesita atención médica. Todos las niñas y los niños tienen que completar durante su primer año de vida las vacunaciones que los protegen contra varias enfermedades que pueden causar un desarrollo deficiente, discapacidad e, incluso, la muerte. Todas las mujeres en edad de procrear deben estar inmunizadas contra el tétanos. Incluso cuando la mujer haya sido vacunada anteriormente, necesita consultar con un profesional de la salud. Muchas enfermedades pueden evitarse mediante buenas prácticas higiénicas: usando letrinas o retretes limpios; lavándose las manos con agua y jabón o con ceniza y jabón después de usar las letrinas y, sobre todo, antes de manipular los alimentos; usando sólo agua de fuentes seguras y manteniendo limpios los alimentos y el agua. Las mujeres que están infectadas con el VIH o que corren el peligro de contraer la enfermedad deben consultar con el médico, y solicitar información, realizarse una prueba de sida y pedir orientación para proteger su salud y reducir el riesgo de contagiar a sus hijos. Es posible prevenir muchos accidentes graves si los padres, las madres y las personas que cuidan a los niños los vigilan con atención y mantienen un entorno seguro. En situaciones de emergencia o de desastre, los niños y niñas deben recibir de manera prioritaria atención sanitaria, incluso deberían ser vacunados contra el sarampión y recibir suplementos de micronutrientes. En situaciones de tensión, siempre es preferible que sean sus padres o sus familiares adultos quienes los cuiden. Sin olvidar que, para los niños más pequeños, la lactancia materna es especialmente importante en estas ocasiones.

Anexo

Planes y Programas Nacionales

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Como complemento del Programa Familias por la Inclusión Social desarrollado en este material, en este Anexo le presentamos información sobre el resto de los Programas Nacionales, esperando que la misma sea útil en la tarea cotidiana con las familias de su comunidad. La política social es el resultado de un proyecto de inclusión social que hace eje en la persona, en los grupos sociales y fundamentalmente, en la profundidad y heterogeneidad de la pobreza en Argentina. Superar el enfoque reduccionista de las políticas sociales implica aceptar que no existen respuestas homogéneas para realidades diferentes y que la integralidad y la articulación territorial de las políticas que ejecuta el Estado conforman una herramienta estratégica para revertir la exclusión social. http://www.presidencia.gov.ar/planes.aspx

POLÍTICAS SOCIALES COORDINADAS Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales http://www.politicassociales.gov.ar El CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES (CNCPS) es un espacio articulador de la planificación y la coordinación de la política social nacional, mediante la formulación de políticas y la definición de cursos de acción articulados e integrales, optimizando la asignación de los recursos, la transparencia en sus acciones y el control social. Es un Organismo de la Presidencia de la Nación creado en el año 2002 con la finalidad de lograr una correcta y eficaz administración de los recursos del Estado destinados a la política social. Por tal motivo, se constituye como un espacio articulador de planificación y coordinación de la política social nacional para mejorar la gestión de gobierno, mediante la formulación de políticas y la definición de cursos de acción articulados e integrales, optimizando la asignación de los recursos, la transparencia en sus acciones y el control social. Integrado por: • Ministerio de Desarrollo Social • Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social • Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología • Ministerio de Salud • Ministerio de Economía y Producción • Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Es presidido por la Dra. Alicia Margarita Kirchner. Participan: • El Consejo Nacional de la Mujer • La Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS) • La Unidad de Coordinación Técnica a cargo de la dirección del SINTyS

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• El Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) • SIEMPRO - SISFAM

Consejo Nacional de la Mujer http://www.cnm.gov.ar El Consejo Nacional de la Mujer es el organismo gubernamental de nivel nacional, responsable de las políticas públicas de igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres que tiene como propósito fundamental: Promover un nuevo modelo de contrato social basado en la plena e igualitaria participación de las mujeres en la vida social, política, económica y cultural del país.

Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas (CONADIS) http://www.cndisc.gov.ar Examina y vigila las acciones relativas a la integración de las personas discapacitadas impulsadas por los distintos Ministerios, otros Organismos públicos y las Organizaciones No Gubernamentales. Su accionar gira en torno a la igualdad, libertad y solidaridad, para evitar la discriminación, favorecer la participación que garantiza la intervención, impulsar la descentralización que acerca la administración al ciudadano con discapacidad.

Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social - SINTyS http://www.sintys.gov.ar Es un programa gubernamental creado para mejorar la calidad de la información sobre las personas físicas y jurídicas en Argentina, que coordina el intercambio de bases de datos existentes en los organismos nacionales, provinciales y municipales para lograr la interconexión federal. Se le otorgó la función de órgano rector de intercambio de la información, coordinando el acceso a información de identidad, localización geográfica, social y fiscal de la población, asegurando la privacidad y confidencialidad de la misma.

Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad - CENOC http://www.cenoc.gov.ar Tiene como objetivo promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión de las políticas públicas generando espacios institucionales de articulación para el establecimiento de procesos de desarrollo sustentable.

SIEMPRO-SISFAM http://www.siempro.gov.ar/siempro.html

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Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (SIEMPRO) Sistema de Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de Programas Sociales (SISFAM) El SIEMPRO-SISFAM es un Programa dedicado a diseñar e implementar sistemas, para ser aplicados en todos los niveles – nacional, provincial, municipal, local - destinados a producir información que permita diagnosticar la situación socioeconómica de la población y efectuar análisis útiles para la formulación de políticas; captar información sobre los programas sociales en marcha; monitorear el grado de avance en el cumplimiento de las metas propuestas en dichos programas y evaluar el grado de correspondencia entre el impacto previsto y el efectivamente alcanzado a través de la implementación de los mismos. El programa cuenta con las siguientes áreas: SISFAM; Evaluación de Programas Sociales; Monitoreo de Programas Sociales; Análisis e Información Social; Capacitación y Asistencia Técnica y Agencias provinciales.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL www.desarrollosocial.gov.ar Los planes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación son: • Plan de Desarrollo Local y Economía Social - Manos a la Obra • Plan Nacional de Seguridad Alimentaria - El hambre más urgente • Plan Familias

Plan de desarrollo Local y Economía Social - Manos a la Obra Este Plan fue pensado con el objetivo lograr un desarrollo social económicamente sustentable que permita generar empleo, mejorar la calidad de vida de las familias. Lo que se busca es promover la inclusión social a través de la generación de empleo y de la participación en espacios comunitarios. Desde su inicio, se orientó a mejorar el ingreso de la población vulnerable; promover el sector de la economía social o solidaria y fortalecer a las organizaciones públicas y privadas, así como impulsar espacios asociativos y redes para mejorar los procesos de desarrollo local. “La cultura del trabajo sólo se adquiere con el trabajo ya que no hay tecnología ni modernismo capaz de equipararse a lo empírico. El eje liberador sin lugar a dudas es el trabajo ciudadano, como derecho universal”. La Economía social entonces “genera sociedad –como expresa la OIT– en la medida que establece relaciones entre identidades, historias colectivas, diversas competencias y ámbitos que enlazan las actividades productivas con la reproducción social” El Plan tiene en cuenta: • Apoyo económico y financiero a emprendimientos productivos, a cadenas productivas, a servicios a la producción y a los Fondos Solidarios para el Desarrollo.

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• Fortalecimiento institucional, tomando en cuenta el desarrollo de actividades productivas desde una perspectiva de desarrollo local en el marco de políticas sociales. • Asistencia técnica y capacitación para pequeñas unidades de producción y sus beneficiarios en los proyectos de desarrollo local y economía social. El Plan se destina prioritariamente a personas, familias y grupos en situación de pobreza, desocupación y/o vulnerabilidad social y que conformen experiencias productivas y/o comunitarias. Con respecto al programa Jefes y Jefas de Hogar, se les ha dado la posibilidad de mejorar sus ingresos desde la economía social, con subsidios para insumos y herramientas con el objeto que desarrollen emprendimientos acordes a sus capacidades. Así, los parte de Jefes y Jefas en una gestión asociada están desarrollando más de 5.000 emprendimientos

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria - El hambre más urgente Este plan se dirige a familias que viven en situaciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional. Desde su puesta en marcha se constituyó en una política de Estado en materia alimentaria, más allá de la emergencia, porque tiende a elevar la calidad de vida de toda la población y abarca el mejoramiento de la salud y la nutrición en el mediano y largo plazo. Desde esta perspectiva, los objetivos a ser alcanzados son el brindar asistencia alimentaria, adecuada y acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país; facilitar la autoproducción de alimentos a las familias y redes prestacionales, fortalecer la gestión descentralizando fondos; impulsar la integración de recursos nacionales, provinciales y municipales; realizar acciones en materia de educación alimentaria y nutricional y desarrollar acciones dirigidas a grupos de riesgo focalizados. Los beneficiarios de este plan son las familias con niños menores de 14 años, las mujeres embarazadas, desnutridos, discapacitados y los adultos mayores que viven en condiciones socialmente desfavorables y presentan una situación de vulnerabilidad nutricional. El Plan promueve: • Asistencia alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad social. • Incentivo a la autoproducción de alimentos en las familias y redes prestacionales. • Asistencia a comedores escolares • Asistencia a huertas y granjas familiares • Atención a la embarazada y al niño sano • Fortalecimiento de la gestión descentralizada de fondos.

Plan Familias El Plan Familias es considerado central como política de Estado. Tiende a promover los valores que cohesionan, articulan y hacen posible una vida armoniosa en familia y en sociedad.

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El desarrollo de este plan comprende acciones de prevención, promoción y asistencia, tales como los programas de ingreso (Familias por la Inclusión Social, pensiones no contributivas, asistencia en las emergencias sociales climáticas). Este Plan atraviesa transversalmente a los otros dos planes y se integra con ellos en una retroalimentación permanente. El Plan Familias comprende: • Programa Familias por la Inclusión Social • Centros Integradores Comunitarios (CIC) • Pensiones no contributivas • Programa Federal de la Mujer y la Familia • Programa Juana Azurduy • Consejo Federal de la Niñez y la Familia • Programa de Integración para Adultos Mayores • Apoyo a organizaciones sociales • Integrando la Discapacidad. Capacidades Especiales • Tren de Desarrollo Social y Sanitario • Asistencia Especial y Urgente a grupos familiares vulnerables • Programa de Desarrollo Infantil Primeros Años

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL http://www.trabajo.gov.ar/ • • • • •

Plan de Regularización del Trabajo Plan Más y Mejor Trabajo Seguro de Capacitación y Empleo Plan Jefes y Jefas de Hogar Programa Calidad del Empleo y la Formación Profesional

Plan de Regularización del Trabajo El Plan Nacional de Regularización del Empleo es una acción conjunta entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y las autoridades laborales de los gobiernos provinciales con intervención del CONSEJO FEDERAL DEL TRABAJO. Se trata de un plan sistemático y permanente con alcance en todo el territorio nacional que procura combatir el trabajo no registrado; verificar el cumplimiento de las condiciones de trabajo que garanticen el respeto de los derechos fundamentales del trabajo y la debida protección social. Busca alcanzar una mayor eficiencia en la detección y corrección de los incumplimientos de la normativa laboral y la seguridad social; lograr la incorporación al sistema de seguridad social de los trabajadores excluidos; conseguir que los empleadores regularicen en forma voluntaria su situación y difundir la problemática derivada del empleo no registrado y los beneficios de su regularización. De esta manera, pretende reivindicar la figura del trabajador en la sociedad. “Un trabajador integrado para una sociedad integrada” es su lema; lograr la regis-

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tración plena de los trabajadores, con los correspondientes beneficios vinculados a la protección laboral y a las prestaciones sociales, su objetivo. También, reducir la evasión de aportes y contribuciones para sostener el sistema de seguridad social con recursos genuinos.

Plan Más y Mejor Trabajo Es una herramienta creada por el Ministerio de Trabajo para promover la inserción laboral de trabajadores desocupados y beneficiarios de programas sociales en empleos de calidad. Para ello, identifica sectores de actividad y empresas con potencial para la generación de empleo que buscan trabajadores calificados para distintos puestos de trabajo. El MTEySS convoca a los actores públicos y privados de todo el país vinculados a desarrollar proyectos y acciones que permitan capacitar e incorporar a trabajadores desocupados. También identifica empresas y sectores que atraviesan coyunturas de crisis para apoyar proyectos orientados a recuperar y fortalecer su viabilidad y competitividad para sostener el empleo que ellos generan. De esta manera, opera convocando actores privados (cámaras, empresas, sindicatos) y públicos (gobiernos provinciales y locales) para acordar el desarrollo de acciones orientadas al logro de objetivos y metas específicos en torno al mejoramiento al empleo, la empleabilidad y calidad de empleo. Los acuerdos generados por el Plan Integral de Empleo Más y Mejor Trabajo especifican los resultados a que se comprometen los actores y además define las acciones o proyectos a desarrollar para el logro de estos resultados y los mecanismos de monitoreo y seguimiento.

Plan Jefes y Jefas de Hogar El Programa Jefes de Hogar comenzó a gestionarse a principios de 2002 como respuesta a la inclusión social para más de dos millones de mujeres y hombres, afectados por una crisis sin precedentes en nuestro país. En la actualidad, existe un horizonte de recuperación económica y un mejoramiento paulatino de la estructura de distribución del ingreso con una tendencia sostenida a la apertura de fuentes de trabajo en el sector formal, con la consecuente demanda de mano de obra desde el sector público y privado. Aún ante esta coyuntura, es indispensable proveer una red de servicios de empleo que opere inclusivamente hacia aquellas personas con una desvalorizada calificación en el mercado del trabajo, proporcionando las herramientas necesarias para su inserción laboral. La decisión política es la de reorientar la atención a la emergencia social y ocupacional en pos de más y mejor empleo para los trabajadores desocupados especialmente para aquellos que reciben un subsidio de estado a través del Programa.

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Seguro de Capacitación y Empleo Consiste en un conjunto de servicios destinados a apoyar a las personas en la búsqueda activa de empleo. Está destinado a personas desocupadas quienes firmarán un contrato cuyo objetivo central es la inserción laboral. Incluye los siguientes beneficios: • La asignación mensual de $225 pesos ($ 75 pesos más que la ayuda económica del Programa Jefes de Hogar, que se suman a los $150 que reciben actualmente), • El tiempo de permanencia en el Seguro de Capacitación y Empleo será computado para la futura jubilación. • En la oficina de empleo municipal se realizará la convocatoria y atención a las personas interesadas. El ingreso al Seguro de Capacitación y Empleo es de carácter voluntario y el plazo de permanencia, de hasta 2 años. Favorece el acceso a servicios de: • Orientación laboral al desempleado y apoyo a la búsqueda de empleo. • Intermediación laboral que vincule las demandas de las empresas y las capacidades de los desempleados. • Formación y capacitación laboral y entrenamiento para los desocupados. • Finalización de estudios primarios y secundarios y apoyo a emprendimientos individuales y asociativos. • Derivación a servicios sociales. Las personas interesadas en el Seguro de Capacitación y Empleo suscribirán un Convenio de Adhesión Personal en el que se comprometen a: • Concurrir regularmente a la Oficina de Empleo Municipal para desarrollar un plan de búsqueda de empleo. • Participar en actividades de orientación, formación y práctica laboral, así como de otros servicios que le ayuden a mejorar sus posibilidades de trabajo. • Aceptar las ofertas de trabajo que surjan adecuadas a su experiencia y calificación laboral.

Programa Calidad del Empleo y la Formación Profesional http://www.trabajo.gov.ar/calidad/files/CALIDAD.pdf El Programa de Calidad del Empleo y la Formación Profesional tiene por misión colaborar en el fortalecimiento de la competitividad económica y la equidad social, a través de dispositivos institucionales que aseguren la calidad del empleo y el desarrollo de las competencias de la población trabajadora. De esta manera, el Programa de Calidad, a partir de los objetivos que fundamentan su creación, se constituye en unidad de desarrollo e implementación de mecanismos de asistencia técnica que comienzan a aplicarse en el marco del Plan Integral de Empleo Más y Mejor Trabajo a través del Programa Sectorial de Calificaciones y del Componente de Formación del Programa Jefes de Hogar. En las definiciones aplicadas a las diversas normas nacionales e internacionales vinculadas con la calidad, se considera que ésta consiste en la capacidad que

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posee una institución dedicada a la producción de bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes. Esta definición, en el marco de los objetivos institucionales del MTEySS, procura satisfacer el incremento de la empleabilidad de los trabajadores ocupados, desocupados y beneficiarios de planes sociales Las funciones del programa consisten en: I. Asistir en el desarrollo institucional de los sectores de actividad. Contribuimos a fortalecer la institucionalidad de los actores productivos y de la formación profesional, a través de la construcción y consolidación de espacios promotores de debates y búsqueda de consensos respecto de las demandas de calificaciones y los requerimientos de las instituciones de formación. II. Crear dispositivos que contribuyan al fortalecimiento institucional y al reconocimiento de las competencias de los trabajadores. Desarrollamos procedimientos, instrumentos y manuales que facilitan la difusión, asistencia técnica y capacitación de las instituciones. III. Informar sobre el estado de situación y desarrollo de las instituciones de formación y certificación, y las calificaciones demandadas. Difundimos información relativa a las calificaciones utilizadas en el ámbito de la formación y del empleo. IV. Desarrollar un referencial de calidad de las instituciones de formación y empleo. En el marco del Convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el IRAM, estamos desarrollando parámetros de calidad de las instituciones de formación profesional. V. Asistir y monitorear a las Instituciones de Formación en sus procesos de fortalecimiento. Promovemos el fortalecimiento de las Instituciones de Formación Profesional aplicando instrumentos que orientan la precalificación de las instituciones que participan en los planes y programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA http://www.mcye.gov.ar/programas.html Programas: • Aprender Enseñando • Programa Integral para la Igualdad Educativa • Programa Nacional de Inclusión Educativa “Todos a Estudiar” • Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) • Programa Nacional Educación Solidaria.

Aprender Enseñando Se inscribe dentro de la Secretaría de Educación de la Nación, y forma parte de las acciones propuestas para el período 2003-2007 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. El objetivo es brindar apoyo pedagógico y socioafectivo a niños y jóvenes entre 6 y 18 años en situación de vulnerabilidad educativa, social y económica,

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a efectos de minimizar situaciones de repitencia y deserción, así como también promover la reinserción de alumnos que hubieren abandonado sus estudios. La propuesta implica trabajar en actividades de Tutorías ejercidas por estudiantes de los cursos superiores de Institutos de Formación Docente (IFD), Universidades, tanto de gestión pública como de gestión privada, y voluntarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s). Las Instituciones deberán presentar proyectos que describan las acciones a realizar para alcanzar el objetivo propuesto, según las características propias de los destinatarios, detectadas a través de un diagnóstico.

Programa Integral para la Igualdad Educativa http://www.mcye.gov.ar/piie/ Se constituye en una propuesta nacional cuyo propósito es el fortalecimiento de instituciones educativas urbanas primarias, de EGB 1 y 2 que atienden a la población de niños en situación de mayor vulnerabilidad social en todo el territorio del país. Plantea la distribución de bienes simbólicos (culturales, sociales, pedagógicos) y el fortalecimiento de las condiciones materiales, sosteniendo que la igualdad de oportunidades educativas es una dimensión constitutiva de la igualdad social. Depende de la Secretaría de Educación de la Nación y articula el desarrollo de sus acciones con las diversas Secretarías y Direcciones Nacionales del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Asimismo, otras áreas del Gobierno Nacional concurren con sus recursos para brindar las prestaciones requeridas por el PIIE y a fin de atender a las necesidades específicas identificadas en las escuelas y su entorno, que sean de competencia de tales organismos. Se trata de los Ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Salud, Interior y de las Secretarías de Turismo, Deportes y Cultura.

Programa Nacional de Inclusión Educativa “Todos a Estudiar” Se propone dar respuesta al problema de la exclusión educativa y social de chicos y adolescentes entre 11 y 18 años de edad que se encuentran fuera del sistema escolar. El objetivo central de “Todos a Estudiar” es la inclusión a la escuela de aquellos que por diversos motivos nunca ingresaron o que abandonaron los estudios. Para esto, se propone crear estrategias que, a modo de puente, permitan integrar al sistema educativo a alumnos con diferentes trayectorias sociales y escolares en el menor tiempo posible, incorporándolos al curso más próximo a su edad, o a la modalidad educativa que se evalúe como más conveniente. A fin de garantizar la vuelta a la escuela se ha creado un Fondo Escolar para la Inclusión Educativa, que incluye: • 40.000 becas de $400 anuales para los jóvenes que inician el proceso de inclusión. • 800 escuelas junto a dos organizaciones de su comunidad recibirán apoyo financiero:

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- $3.000 anuales destinados al desarrollo de propuestas pedagógicas de inclusión. - $3.000 anuales para la adquisición de equipamiento escolar. Plus de $200 destinado a los facilitadores pedagógicos que se ocupen del espacio puente para la inclusión escolar.

Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) Está dirigido a promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación superior, a través de la implementación de un sistema de becas que facilita el acceso y/o la permanencia de alumnos de escasos recursos económicos y buen desempeño académico en los estudios de grado en Universidades Nacionales o Institutos Universitarios. Se implementa desde 1996, y fue creado mediante Resolución Ministerial N° 464/96. ¿Quiénes pueden postular a una beca? • Estudiantes universitarios que se encuentren cursando de manera presencial una carrera de grado, o una tecnicatura en sistemas o informática, en una Universidad Nacional o Instituto Universitario Nacional, que no estén cursando el último año de la carrera, ni adeuden sólo exámenes finales o tesis, y que no tengan un título previo de grado. • Estudiantes egresados del nivel medio o polimodal, o finalizando el mismo sin adeudar materias, que aspiren a ingresar a la Universidad en el año 2008 a una carrera de grado o a la tecnicatura señalada. ¿Cuál es el beneficio? • Beca de $ 2.500 anuales, a percibir en cuotas. • La beca se podrá renovar cada año, siempre y cuando se cumplan los requisitos postulados por el Programa (ver cuadro de requisitos)

Programa Nacional Educación Solidaria http://www.me.gov.ar/edusol/ Objetivos: • Promover la educación en la solidaridad y la participación comunitaria y ciudadana a través de la metodología pedagógica del aprendizaje-servicio, en todas las instituciones educativas de Educación Básica y Superior, de gestión estatal y privada. • Articular los esfuerzos solidarios de la sociedad civil en beneficio de la equidad y calidad educativa con el sistema educativo formal. Líneas de acción: Premios Presidenciales: El certamen lleva recopilados, desde su inicio, 15864 proyectos de experiencias educativas solidarias Fortalecimiento de experiencias educativas solidarias:

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Jornadas Jurisdiccionales de Educación Solidaria. Seminarios Internacionales de Aprendizaje y Servicio Solidario. I Encuentro de Escuelas Solidarias de MERCOSUR. Materiales de apoyo para docentes y líderes comunitarios.

Promoción del protagonismo solidario juvenil • Promoción de la celebración del Día Mundial del Servicio Voluntario Juvenil, el día 28 de abril. • Convocatoria al Parlamento de Escuelas por la Paz y la Solidaridad: iniciado en 2004 para dar voz a las inquietudes y propuestas de los estudiantes del nivel medio, en 2006 se realiza una nueva edición Mesa de Organizaciones Solidarias con la Educación: El Programa coordina la reunión de 60 de las principales organizaciones de la sociedad civil que trabajan a nivel nacional al servicio de la equidad y calidad educativa, promoviendo redes de apoyo escolar, padrinazgos de escuelas rurales o carenciadas, o programas gratuitos de mejoramiento de la calidad educativa en temáticas como la promoción de la lectura, la educación ambiental, la participación ciudadana, etc.

MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE www.msal.gov.ar • Plan Nacer Argentina • Programa Remediar • Programa Nacional de Médicos para la Atención Primaria de la Salud

Plan Nacer Argentina Se propone brindar más y mejor salud a las embarazadas y niños y niñas de hasta seis años sin cobertura social. Será una herramienta fundamental para disminuir drásticamente la mortalidad materna e infantil que, según se estima, podrá reducirse a la mitad en un plazo de cinco años. Se instrumenta en conjunto con las Provincias en el marco del Plan Federal de Salud e intenta reducir en un 50% la mortalidad infantil. Comienza en las provincias del NOA y NEA, donde aspira a inscribir a casi un millón de beneficiarios. Se puso en marcha, por razones de equidad, en las regiones del NOA y NEA (Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy) ya que constituyen las zonas que presentan los índices más desfavorables. Allí tiene como objetivo inscribir a 950.000 beneficiarios, para luego en una segunda etapa extenderse a todo el país. Es un plan conjunto entre la Nación y las provincias dentro de la estrategia del Plan Federal de Salud, en busca de lograr mayor equidad en el acceso a los sistemas de salud.

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Es la mayor inversión que se realizará en la red de atención primaria, fortaleciéndola y dándole un rol activo en la prevención y cuidado de la salud. Además, el Plan Nacer Argentina, prevé un sistema de seguimiento de resultados acordados con las provincias y que estas se comprometen a cumplir.

Programa Remediar Es un programa de provisión gratuita de medicamentos ambulatorios. Constituye una estrategia central del Ministerio de Salud de la Nación para enfrentar la emergencia social y sanitaria, garantizando el acceso de la población más vulnerable a los medicamentos esenciales que dan respuesta a la mayoría de los motivos de consulta médica en los Centros de Salud. Está destinado a quienes tienen dificultades de acceso a los medicamentos ambulatorios. En especial quienes están bajo línea de pobreza o no tienen cobertura de obra social. Su población objetivo es de alrededor de 15 millones de personas. Consiste en la provisión de medicamentos esenciales buscando llegar a todos los Centros de Atención Primaria de la Salud del territorio nacional para su prescripción y suministro gratuito a la población objetivo. Los medicamentos son distribuidos en botiquines a los Centros de Atención Primaria de la salud (CAPS). Los medicamentos provistos permiten dar respuesta a la mayoría de los motivos de consulta en Atención Primaria de la Salud (al principio del programa alrededor de un 60% de las enfermedades para llegar luego a un 80%). La población que consulta en los centros de salud tiene acceso gratuito e integral a los medicamentos incluidos en el botiquín Remediar. La implementación de Remediar sigue una estrategia progresiva. La distribución de medicamentos comenzó en octubre del 2002 a través del préstamo OCAR 1193 del Banco Interamericano de Desarrollo. Remediar cuenta con una red de control social directo a través de un convenio con Cáritas y Cruz Roja.

Programa Nacional de Médicos para la Atención Primaria de la Salud http://www.msal.gov.ar/htm/site/prog_NMC.asp El Programa Nacional de Médicos para la Atención Primaria de la Salud (PROMAPS) surge de la reformulación del ex-Programa Nacional de Médicos de Cabecera (PNMC). Incluye: • Convenios con jurisdicciones (provincias o municipios) en los que se acuerdan y definen las obligaciones, misiones y funciones de las contrapartes (Nación y jurisdicción). • Contratación de profesionales para desempeñar tareas asistenciales en el primer nivel de atención de dependencia pública de esas Jurisdicciones. • Inclusión de estos profesionales en las estrategias locales de APS. El programa se desarrolla sobre la base de los siguientes objetivos: • Consolidar una estrategia de Atención Primaria de la Salud Nacional, apo-

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yada en estrategias locales que persigan iguales objetivos de eficacia sociosanitaria. Mejorar la cobertura de atención de la salud de la población de extrema pobreza y vulnerabilidad social y sanitaria. Garantizar la accesibilidad a los servicios y a las acciones básicas de salud a dicha población. Lograr una efectiva articulación con otros Programas o Proyectos Nacionales, provinciales o Municipales existentes. Asegurar efectiva y adecuada referencia y contrarreferencia entre los distintos niveles de atención. Lograr una racional utilización de los recursos de la tecnología sanitaria. Estimular la prescripción racional de medicamentos, a través del uso de listado de medicamentos esenciales en forma de genéricos, sustentado en los estudios de la farmacología clínica y la medicina basada en la evidencia. Fomentar la participación comunitaria en las acciones de salud, a través del fortalecimiento de las redes locales y del funcionamiento de los consejos consultivos locales.

Por otra parte, también cabe mencionar otros Programas Nacionales que el Ministerio de Salud está implementando: • Programa Federal de Chagas • Programa de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera • Programa Nacional de Control de Tabaco • Programa Nacional Médicos Comunitarios • Programa Federal de Salud (PROFE) • Programa Materno Infantil • Programa de Apoyo Nacional de Acciones Humanitarias para las Poblaciones indígenas (ANAHI) • Programa Nacional de Garantía de Calidad • Programa Nacional de Prevención y Control de la Diabetes • Programa Nacional de Prevención y Control de Enfermedades Cardiovasculares • Programa Nacional de Riesgos Químicos • Programa Carmen - CINDI (OPS/OMS) • Programa de Control de Lepra • Programa Nacional de Control de Paludismo • Programa de lucha contra los retrovirus del humano VIH-SIDA y ETS • Programa de Inmunizaciones • Programa de Prevención y Control de Intoxicaciones • Subprograma de Prevención Secundaria del Cáncer de Mama • Subprograma de Detección Precoz de Cáncer de Cuello Uterino • Subprograma Banco Nacional de Drogas Antineoplásicas • Programa de Salud Del Trabajador • Programa de Educación para la Salud • Programa de Salud Bucal • Unidad Coordinadora, Ejecutora de Salud Mental y Comportamiento Saludable • Banco Nacional de Datos Genéticos

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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS www.minplan.gov.ar • Plan Federal de Construcción de Viviendas • Programa Nacional 700 Escuelas

Plan Federal de Construcción de Viviendas Promueve la construcción de nuevas viviendas en todo el país. Se está llamando a Licitación para la construcción de 59.112 viviendas que albergarán a más de 266.000 personas en todo el país, Generado 178.000 puestos de trabajo, con una inversión total de $2.340 millones.

Programa Nacional 700 Escuelas Bajo el lema “Más Escuelas, Mejor Educación”, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios junto al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación llevan adelante el PROGRAMA NACIONAL 700 ESCUELAS. Este programa nacional, que forma parte del Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo, busca fortalecer el nivel pedagógico y la infraestructura edilicia; mejorar la calidad, la equidad y la eficiencia; y aumentar la tasa de promoción, los años promedio de escolaridad; el rendimiento académico y la eficiencia del gasto. Todo en busca de la formación y el desarrollo de una ciudadanía activa. “700 Escuelas” tiene como objetivo contribuir a la provisión de la infraestructura edilicia necesaria para responder a las proyecciones de demanda insatisfecha de la Educación Media y la Educación General Básica para los próximos 5 años y al reemplazo de los edificios existentes cuyo grado de obsolescencia físico-funcional represente riesgo para la seguridad de los usuarios o comprometa la funcionalidad adecuada y necesaria para alcanzar los niveles de calidad educativa requeridos por el mismo. De esta manera, se invertirá en edificios escolares permite dotar al sistema educativo de Unidades Funcionales (aulas, SUM, laboratorios, talleres, bibliotecas) de acuerdo con: la identificación preliminar efectuada por las jurisdicciones, la demanda observada para cada nivel educativo, las condiciones socioeconómicas de la población, la distribución asignada a las provincias, los criterios de elegibilidad.

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