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LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA TUCUMANA ENTRE FINES DEL SIGLO XIX y EL TRANSCURSO DEL SIGLO XX: PRINCIPALES APORTES SOBRE LOS PROCESOS DE CAMBIOS Texto compilado y redactado por la Prof. Ana I. Rivas A través de las etapas de desarrollo económico de Tucumán propuestas por W. Bliss, se pudo apreciar que la producción azucarera se fue organizando en torno a grandes unidades agroindustriales que reunían al ingenio y a las plantaciones bajo un único propietario. Así, la originalidad de la actividad azucarera tucumana surge de la presencia, en su estructura socioeconómica, de una clase de plantadores independientes cuyo desarrollo se produjo en forma paralela y en parte derivada del auge industrial de las últimas décadas del siglo XIX. Gradualmente el sector de los cañeros independientes vio acrecentar su peso dentro de la actividad y, salvando algunos períodos de adversidad, acabó por integrarse como rasgo distintivo de la sociedad provinciana (Pucci, 1989). En las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX, el cultivo de la caña de azúcar manifestó una onda ascendente en lo que respecta a la producción; el siguiente cuadro expresa el proceso antes descripto: Tucumán 1874-1918 Industriales y Plantadores. Evolución de la participación respectiva en la producción cañera. Años Sup. Cañaverales en ha. Caña de Caña de Plantadores Ingenios 1874 1919 85 % 15 % 1881 5000 67 % 33 % 1895 54000 57 % 43 % 1914 90448 55 % 45 % 1918 79918 68 % 32 % Fuente: Informe del Departamento de Agricultura, 1875; Informe del Ministerio de Gobierno de Tucumán , 1880; segundo Censo Nacional. 1895; Tomo III tercer Censo Nacional 1914 y Censo cañero del Banco Provincial de Tucumán año 1918 . Citado en Pucci, 1989.

Se puede observar que el avance de los cañeros independientes se produjo de manera vigorosa en los 20 años transcurridos entre 1875 y 1895, periodo en el cual su participación en la producción se multiplicó casi por 3, a partir de allí su crecimiento decrece hasta 1914 y luego sufre un nuevo retroceso a causa de las pérdidas de los cañaverales por la degeneración de la caña “criolla”. El notable aumento del número de cañeros durante esa fase de expansión de la industria moderna fue una consecuencia del constante incremento de la demanda de materia prima generada por las nuevas fábricas. De esta manera, el ingenio moderno, el que lejos de competir con el plantador independiente, porque lo llevaría a su inevitable anulación, estimuló el crecimiento de éste; por lo tanto la competencia fue entre las fábricas y no de las fábricas con el agricultor, produciendo de paso la elevación ininterrumpida del precio de la caña durante casi dos décadas, por lo que su cultivo arrojaba una interesante rentabilidad. La demanda fabril en aquel proceso lo manifiestó Pedro Alurralde, industrial azucarero de la época, en un informe elevado al Ministro Estanislao Zeballos, donde afirma que “en el año 1889 los ingenios tucumanos habían producido 35 millones de Kg. de azúcar, agregando que: el poder de los aparatos es tal que si hubiera la suficiente materia prima podrían elaborar 60 millones de kilogramos” (Alurralde, 1906 citado por Pucci, 1989); es decir, que existían aún un 40 % de capacidad industrial ociosa por falta de caña plantada. De esta manera los “grandes” de la actividad, es decir los fabricantes de azúcar, se lanzaron a la carrera de las chimeneas con tanta satisfacción que se despreocuparon del problema de la materia prima hasta que sus precios comenzaron a dolerles y ya la primera crisis 1

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de la industria se encontraba delante de ellos. Habían sustituido los antiguos trapiches por fábricas modernas y potentes. El azúcar y sus crisis Hacia 1894-95 se terminó bruscamente la edad dorada del crecimiento y la industria azucarera enfrentó su primera crisis. En realidad cabe decir que la economía azucarera local ingresó entonces en una situación de “crisis permanente”. A lo largo del tiempo se ensayaron numerosas explicaciones para dar cuenta de la misma, ya sea apoyándose en los factores geográficos (la desventaja ecológica de Tucumán para este cultivo tropical), o en las características de su estructura social (la lucha por la renta entre cañeros e industriales, la ineficiencia del minifundio, etc.) o en la mentalidad empresaria (la conducta rentística y no reinversora de los empresarios azucareros). Aquella primera crisis de superproducción se manifestó como resultado de un largo periodo de plétora de la producción interna de azúcar, que se inició en 1894 y se prolongó hasta 1906. La producción del primero de esos años ascendió a 85 mil tn., para un consumo de 74.000 tn.; en 1895 las cifras respectivas fueron de 130.000 y 75.000 tn., en 1896 de 163.000 y 79.000 tn. El azúcar argentino barrió con la importación pero saturando el mercado interno con un excedente de 150.000 tn ( Carrasco, 1894, Schleh, 1921 citado por Pucci, 1989) Buscando una solución, los industriales (comandados por Tornsquint) se asociaron en la Unión Azucarera, un cartel comercializador que, amparado en la ley de Primas de 1897, logró exportar parte del excedente a Inglaterra, Canadá, Uruguay y algunos otros países. Entre 1897 y 1899 la producción interna cayó providencialmente, gracias a lo que Carlos Pellegrini solía llamar “ heladas salvadoras”. La tormenta parecía haberse aquietado cuando en los años 1900 y 1901 retornó el exceso de producción, esta vez agravado por el completo cierre de los mercados de exportación como resultado de las medidas tomadas en la Convención de Bruselas por los países europeos que prohibían la importación de los azucares subsidiados. Como resultado de todo esto entre 1897 y 1902 quebraron ocho ingenios en Tucumán, mientras que otros detenían sus moliendas temporariamente. Sin embargo, pese al carácter sombrío de aquellos años el pequeño productor tucumano no desapareció, al contrario su número se había elevado en 1914 a 4684 productores cañeros, siendo que en 1898 alcanzaban a 2605 individuos. El tercer Censo Nacional testimoniaba en rigor, la situación emergente de un nuevo período de bonanza que arrancó a partir de 1907. Hasta entonces, los cañeros atravesaron años difíciles, para lo que mucho contribuyó la política social de Lucas Córdoba, en sostén de aquellos pequeños productores: Las Leyes Machete, la primera dictada el 12 de junio de 1902 creó un impuesto adicional sobre la producción azucarera de ese año, que gravaba con medio centavo cada Kg. de azúcar que se produjese, hasta un cupo de 71.500 tn., la cantidad era prorrateada entre las distintas fábricas de Tucumán. El azúcar que excediese de dicho cupo sufría un impuesto mucho mayor, de 40 Cvos. por Kg.. En caso de ser exportado, el Estado reembolsaba el impuesto al fabricante, reteniendo tan solo medio centavo si la colocación en el exterior se efectuaba con la prima prevista por la Ley 1897. En su artículo 4º establecía que el total de los impuestos así recaudados debían distribuirse entre los plantadores que quedaban con caña en pie o que la destinasen a fines distintos a la producción de azúcar o alcohol o que por último, destruyesen voluntariamente sus cañaverales (Pucci, 1989). Según el Censo de 1914 existían 13.378 propietarios de los cuales el 70,5% poseían feudos de no más de 25 Ha. y ocupaban el 3,6% de la tierra. En el otro extremo existían 379 grandes terratenientes con explotaciones de más de 1.000 ha. (2,8% de los propietarios) y ocupaban el 74% del suelo tucumano. Si nos ajustamos a las tierras destinadas a la agricultura, tendremos una idea más aproximada de la situación del sector cañero, desde el momento que aquel año el cultivo de la caña representaba el 70% de todos los cultivos (ver gráfico tenencia de la tierra, Pucci,1989): 2

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Tenemos en ese cuadro la graficación de la sociedad rural de Tucumán de aquella época; el peso de la gran propiedad en manos de una treintena de familias que poseían más de la mitad del suelo agrícola, contrastaba con el 96% de los productores que limitaban su dominio a una cuarta parte del mismo. El productor cañero, no obstante atravesando las dificultades y las crisis desarrolladas en el filo de ambos siglos, no había desaparecido y se arraigaba firmemente a su tierra. Crisis de la caña criolla El censo cañero elaborado por el Banco de la Provincia de Tucumán en 1919 nos indica que el sector cañero fue afectado por la crisis de la caña criolla, habiéndose caído el número de productores de 4.684 registrados en 1914 a 3.191 en 1919 ( Schleh, 1921). En aquella época los cañaverales se componían de las variedades importantes de siglos atrás, conocidas como “caña criolla”. Su rendimiento comenzó a disminuir notoriamente en 1890, agravándose año tras año. Este fenómeno preocupaba a los productores y a los gobernantes y, se contrataron técnicos en diversas oportunidades para estudiar sus causas. El empresario Alfredo Guzmán, motivado por esta situación, proyectó e impulsó la creación de la Estación Experimental Agrícola, que el Gobernador Luís F. Nougues dejó inaugurada en 1909. El punto más agudo de la crisis llegó en los años 1916 y 1917, cuando los rendimientos cayeron a un 25% de sus niveles tradicionales. La producción de 1915 fue de 104.000 tn. de azúcar, mientras que en los años siguientes cayó a unas 40.000 tn.. Ese año el departamento de patología de la Estación Experimental descubrió que la causa principal de enfermedad residía en la plaga del mosaico e inició la sustitución masiva de las viejas variedades de la Caña de Java. Los más afectados fueron, como es de suponer, los pequeños productores, carentes del capital necesario para afrontar las nuevas plantaciones, entonces se produjo el abandono obligado de la actividad de muchos años (Santamaría, 1984). Cabe decir, sin embargo que nuevamente los cañeros recibieron cierto apoyo, por cuanto el gobierno provincial les distribuyó caña semilla con facilidades de pago y créditos oficiales (Schleh, 1921). Retomando la situación que refleja el censo de 1919, se puede decir que el desequilibrio en cuanto a la distribución de las explotaciones por tamaño continúa acentuándose: Hectáreas Total 0 - 10 10 - 100 Más de 100

TENENCIA DE LA TIERRA CENSO 1919 Propietarios Porcentajes 3.191 100% 2.778 87% 372 11,7% 41 1,30%

Fuente: Pucci, 1989.

Relacionando esta información con la del censo nacional de 1914, se advierte que la propiedad cañera estaba sufriendo un proceso de pulverización, que volvió cada vez más numerosos a los pequeños productores, al mismo tiempo que las propiedades eran más pequeñas, es decir que se estaba generando el “parvifundio”, algo más próximo a un lotehabitación que a un terreno de cultivo. El excelente rendimiento de los cañaverales tucumanos determinó que se hiciera necesaria una nueva legislación limitadora en el lapso 1926-30, la cual se conoció como “Laudo Alvear”: ella ajustaba la producción a las necesidades del mercado. Pero los problemas continuaron, desembocando en una nueva etapa de infraproducción que abarcó un largo periodo que se extendió desde aproximadamente 1929 hasta 1943 y que fue consecuencia de la “plaga del carbón”, pero que ésta fue superada, al igual que la de 1920, con la introducción de nuevas variedades que vinieron a reemplazar a las existentes. 3

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Otro factor que actuó sobre la problemática azucarera, fue el de la inflación, cuya fecha clave fue 1943. En estos años el Banco de la Nación comenzó a otorgar préstamos sobre azúcar producida para la financiación de las cosecha, siendo éstos año a año cada vez más elevados que los precedentes. Esta situación llevó a la descapitalización paulatina de los ingenios. Un elemento importante fue la legislación dictada en 1950 por el Poder Ejecutivo Nacional, cuyo decreto establecía el sistema del Fondo Regulador Azucarero, por el cual se alentaba el cultivo sin tomar casi en cuenta el rendimiento en sacarosa de la caña entregada en fábrica. Así, desde 1946 se pagaba la caña por su peso y no por el rendimiento sacarino; ni los ingenios, ni los cañeros se esmeraron mucho por revertir esta situación, que evidentemente era cómoda. De allí es que el cañaveral se incrementó (amparado por esta legislación), ocupando zonas ecológicamente menos húmedas, sin riego y con fuertes heladas. En otras palabras el Fondo Regulador beneficiaba al que producía con menos rendimientos y castigaba al que lo hacía más y mejor. Paralelamente en la década del 40 aparecen sindicatos, que existen aún hoy, por ejemplo en 1944 surge FOTIA que agrupaba a todos los trabajadores del azúcar, reunidos hasta entonces en la seccional local de la Federación Obrera de la Alimentación. En 1945 se funda FEIA, es decir la Federación de Empleados de la Industria Azucarera; en este año también aparece UCIT que nucleaba a la Unión Agraria Provincial, Sindicato de Cañeros de la Trinidad y la Agrupación de Cañeros Chicos de Monteros. El decreto 14.789 de 1949 creó la Dirección del Azúcar a la que pasaron todas las funciones de la Junta Nacional creada en 1945; a cargo de ésta quedaba todo el ordenamiento de la industria, las directivas de producción, precios de la materia prima del azúcar y los subproductos, salarios, comercialización y todo lo referente a la industria en sus aspectos más amplios. La reglamentación del Fondo Regulador se mantuvo hasta 1958, época en que se la derogó; así la resolución 127 del Ministerio de Comercio de la Nación tendió fundamentalmente a desalentar la producción de caña y la elaboración de azúcar de bajo rendimiento, con el fin de hacer desaparecer de Tucumán el cañaveral inepto y las fábricas ineficientes. Los industriales de Tucumán se levantaron en contra de esta resolución, pues sostenían que no les era posible modernizar sus fábricas porque hacía 6 años que gestionaban sin éxito los permisos de importación, entre otras cosas. Opinaban que la resolución tendía a quebrantar la industria local en favor de la existente en Salta y Jujuy. No obstante, se obligó a mejorar la tecnificación del campo con nuevos métodos de cultivo y cosecha, introducción de maquinarias agrícolas más modernas, utilización de nuevas variedades de caña, y de mejores rendimientos culturales y sacarinos. Así se explica que la capacidad de molienda existente aumentara de 65.000 tn. diarias en 1958 a 80.000 tn. en 1965. Este mejoramiento general de la actividad azucarera llevó lentamente a la acumulación de stocks a partir de 1959, configurando una crisis de superproducción que no llegó a concretarse gracias a las fuertes heladas ocurridas en Europa en 1963, que posibilitó colocar toda el azúcar almacenada en aquel mercado y a precios nunca antes conseguidos. A lo largo de toda esta historia, por lo menos a partir de los últimos años de la década del 30, las demás actividades agrarias de la provincia mantuvieron su expresión económica sin grandes variantes y por consiguiente sin mayor incidencia en el medio del cual formaban parte. Pero a partir del explosivo desarrollo de los cañaverales, algunos cultivos disminuyeron, otros permanecieron sin mostrar expansión y algunos llegaron casi a desaparecer. Tal es el caso del maíz, arroz, tabaco, hortalizas y citrus; a este último lo afectó las plagas con lo cual los 4 millones de plantas existentes en 1952 disminuyeron a 1.700.000 en 1968, con el agregado que en los últimos 2 o 3 años de esa década la citricultura se recuperó notablemente gracias al apoyo de créditos que la han apuntalado exitosamente. 4

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La transformacion de la estructura productiva de Tucumán a partir de 1960 Entre 1960 y 1965 la producción azucarera experimentó una fuerte expansión cuyo resultado fue una gran acumulación de stocks del producto, mientras tanto el precio sufría una caída de un 25%. En estas condiciones el Estado Nacional interviene mediante un conjunto de medidas con la intención de resolver los problemas de superproducción encarados por la actividad azucarera. Los precios de venta del producto al mayorista en 1965 estaban debajo de los registrados en 1963-64, mientras los salarios se habían incrementado en un 30% y los costos de producción en un 60%. Ante esta situación el año 1965 fue de gran agitación gremial, la efervescencia obrera desbastó las oficinas del Centro Azucarero Tucumán y las tomas de ingenios en protesta por la falta de pago. El período 1966-67 se caracterizó por dos tipos de medidas adoptadas por el Gobierno Nacional: • Medidas destinadas a racionalizar la actividad azucarera, • Medidas antiinflacionarias que se aplican a partir de 1966. Ante esta grave crisis se dicta en 1966 la Ley 17.163 que mantuvo como objetivo la adecuación de la producción azúcar a la demanda del productor. Los aspectos básicos de esta ley fueron: • fijación de cupos de producción de caña de azúcar a los productores cañeros, • determinación de cuotas mensuales para la entrega de azúcar al mercado interno, • aplicación de un impuesto para constituir un fondo destinado financiar las pérdidas ocasionadas por la exportación del producto y al mantenimiento de existencias y asimismo promover un programa de diversificación agroindustrial. Estas medidas originaron una reducción de la producción azucarera y eliminación de los stocks acumulados que presionaban el mercado. La aplicación de la política señalada llevó al cierre de 14 ingenios en la provincia dejando aproximadamente 11.000 personas desocupadas; situación que se concretó con la Ley 19.926 por la cual el Gobierno Nacional declaraba la intervención amplia y total de los ingenios: Bella Vista, Nueva Baviera, Esperanza, La Florida, Lastenia, La Trinidad, Santa Ana y San Antonio. En la misma se destacaba la irresponsable conducción, por parte de sus autoridades, de algunas empresas azucareras, generándose así un gradual proceso de descapitalización, pues mantenían impagos a los obreros, empleados y proveedores privados y oficiales. Además, esta ley señalaba que los ingenios tenían un endeudamiento muy alto y no estaban en condiciones patrimoniales ni legales, dentro de los sanos principios de una normal política bancaria, para continuar recibiendo las financiaciones. Posteriormente cerraron otros ingenios: Mercedes, Los Ralos, San José, San Ramón, Amalia y Santa Lucía. La drástica medida nacional significó también una reducción del área cultivada con caña en el orden de 70.000 a 80.000 ha, pérdida de la tercera parte del PBI de la provincia, importante emigración de población cuantitativa y cualitativa, tasa de desempleo más alta del país, etc. De las 14 empresas cerradas sólo dos volverían a la actividad posteriormente (Santa Ana y Bella Vista). Junto a la adopción de una nueva política azucarera se tomaron también otras medidas destinadas a promover la transformación de la estructura productiva de la provincia, buscando liberar a la economía tucumana de la dependencia del azúcar y superar los efectos de estancamientos y grandes fluctuaciones. Otro instrumento legal fue la Ley 17.010 de 1966, la misma establecía la creación del Comité Operativo Tucumán cuya acción estaba orientada hacia la transformación del sector industrial y una diversificación dentro del sector agropecuario. Al respecto, se ejecutó un plan de promoción del sector industrial que consistió específicamente en la instalación de un conglomerado industrial racionalmente distribuido en todo el territorio provincial y destinado a paliar los efectos socioeconómicos negativos de la crisis sufrida. El nuevo planeamiento tendía a la absorción de mano de obra y a producir la apertura de "polos de desarrollo" y de progreso en las comunidades 5

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afectadas hacia las que derivarían dichos beneficios. Con este fin se alentó la implantación de nuevos cultivos y de acuerdo con esto, cerca de 25.000 ha de la provincia se destinaron a cultivos no tradicionales (soja, maní, girasol, algodón y trigo). En cuanto a las obras públicas, con la intervención de las distintas reparticiones provinciales, se realizan arreglos de los edificios públicos, diques, canales y acequias, ocupando así parte de la mano de obra desempleada por el cierre de los ingenios. Con la intención de llegar a una solución definitiva, por el decreto 260/68 se estableció el Régimen de Promoción Industrial para la provincia, el mismo ampliaba el ya existente y liberaba a las nuevas empresas de impuestos y otorga franquicias para la importación de bienes físicos, maquinarias, repuestos y accesorios para las mismas, siempre que los bienes a introducir sean nuevos y no se fabriquen en el país. En cuanto a las medidas tomadas para la creación de nuevas explotaciones agrarias, ellas debían estar ubicadas en zonas ecológicamente adecuadas con el fin de estimular la diversificación agrícola-ganadera. En líneas generales todas estas medidas se concretaron y de esta manera se instalaron nuevas industrias en los alrededores de las áreas afectadas por el cierre de los ingenios y algunas de ellas aún persisten, mientras que otras han quedado inactivas. Esta situación se observa con claridad hoy en los departamentos Cruz Alta y Lules, por ejemplo (ver clase teórica sobre el sector industrial tucumano) En lo referente a la actividad agropecuaria, también se concretó el deseo de lograr una diversificación agrícola, aunque la caña de azúcar siguió siendo un cultivo relevante. Así, surgieron extensas explotaciones de soja, trigo, algodón, maíz, citrus, etc. que paulatinamente tomaron participación en los mercados nacional e internacional. Sin embargo, estudio recientes dejan traslucir otro contexto de la crisis del ’66. Al respecto, ofrecemos algunos párrafos del trabajo de Pucci (2003), quien hace un análisis desde una perspectiva de histórica y política: Ver texto anexo del autor. La estructura económica azucarera a partir de 1970 En 1972 se sancionó una nueva ley azucarera Nº 19.597 que vino a reemplazar parcialmente a la ley anterior. El nuevo régimen legal tiene como principal fundamento la limitación de la producción de azúcar para satisfacer las necesidades de la demanda, tanto interna como externa. Los aspectos fundamentales de esta ley fueron los siguientes: - la DNA fija anualmente el cupo nacional global de caña, que luego se distribuiría a cada productor y a cada ingenio, -los ingenios no pueden producir más azúcar que el establecido por el cupo, - el precio mínimo de la caña se fija antes del inicio de cada zafra, según el cupo asignado, - los cupos otorgados a los cañeros se pagan en función del contenido sacarino de la caña, - se le fija a cada ingenio un volumen de importación obligatorio, cuyas cuotas se fijan en función de lo producido por cada ingenio en la zafra anterior, - la DNA asigna mensualmente las cuotas que deben librar al mercado los ingenios a efectos de regular la oferta. - faculta a los ingenios a rechazar cañas de baja calidad (menos del 8% de polen y 70% de pureza) y prohíbe rebajar el precio por tonelada en esas condiciones. El cupo cañero: se ha indicado que dentro de esta política regulatoria e intervensionista la DNA fijaría cada año la cantidad de azúcar a producir y por lo tanto, cada productor tendría inscripto en el registro de productores. Así, en 1976 por decreto de Martínez de Hoz se introdujeron algunos cambios en la ley y se decidió tomar como base para la cupificación la zafra de 1976. La caña con cupo se destinaría sólo al mercado interno de azúcar y la sin cupo se podía destinar a la fabricación de alcohol o azúcar crudo para exportación, pero a un precio sensiblemente menor.

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Una situación llamativa fue el hecho de que la cantidad de cupos no coincidía con el número de productores, la primera excedía al segundo, es decir que había personas físicas o jurídicas que tenían mas de un cupo (la asignación del mismo estaba ligado a la tierra, se transfería con ella). Es decir, que en la práctica funcionaba como una mercancía más, se vendía o se rentaba; el cupo suponía un monopolio sobre la producción, pues todo productor que lo tenía podía vender azúcar, aunque no cultivara caña (Giarracca, et al, 1989). Crisis de 1985-85 Durante la dictadura militar (1976-1983) no se generaron políticas que modificara el sistema de cupos establecido en el ’66 y modificado en el ‘72 y ’75. Durante esta etapa las zafras seguirían siendo financiadas por instituciones oficiales que recibían crédito del Banco Central, fiscalizada la operatoria por la DNA. Además, el mercado internacional se presentaba propicio para las exportaciones con buenos precios, pero durante el 84-85 se advierte una tendencia recesiva del mercado internacional, los ingenios entraron en cesación de pagos a proveedores y acreedores. Frente a este deterioro financiero de los industriales, el Gobierno de Alfonsín buscó un mecanismo que permitiera una mayor autofinanciación de los agentes y solucionara la situación de emergencia de los pequeños productores, a quienes los ingenios les adeudaban la cosecha del ’85. Así, un decreto presidencial estableció un sistema de comercialización de la caña denominado Maquila, el cual limitaba las funciones financieras e integradoras de los ingenios y modificaba la relación cañero-ingenio. Por la referida norma oficial se autorizaba la contratación de la molienda, sin ceder la propiedad del azúcar obtenido, estableciendo porcentajes del producto que correspondía a cada socio del emprendimiento. De esta manera, con este decreto se autorizaba a los ingenios a contratar con los productores la molienda de caña a cambio de una participación en la misma, en otras palabras consistía en pagar la caña entregada al ingenio con azúcar producida: el ingenio recibía el 47% de azúcar molida a cuenta del cañero como pago del servicio, mientras que el agricultor (cañero) recibía el 53% restante. En esta práctica comercial el Estado aparece no como interventor sino como supervisor y desde las autoridades nacionales, se formuló una propuesta que no se hizo efectiva y fue la de crear la Corporación de Cañeros de Tucumán. Ésta asumiría el rol de centralizar la gestión de los cañeros a la par que refinanciaría un fondo de reconversión y transformación integral del proceso productivo local a partir de una tasa del 3% sobre el valor de las transaciones de azúcar. Sin embargo, la legislatura tucumana no aprobó esta propuesta. Así, uno de los problemas que se generó en torno a la maquila fue el planteo siguiente: ¿quién comercializaría el azúcar que quedaba en manos de los cañeros?; luego de varias discusiones y presiones por parte de la parte interesada: UCIT (Unión de Cañeros Independientes de Tucumán), se sancionó otra normativa para autorizar a las cooperativas a comercializar por cuenta de los cañeros. De esta manera se fortaleció, la organización de los productores y por lo tanto las cooperativas asumieron un rol central en el proceso de comercialización del azúcar, vendiendo el producto obtenido por cuenta de los cañeros asociados a las mismas. En consecuencia, aumentaron las cooperativas, sobre todo las de segundo grado (federaciones de cooperativas) se capacitaron para funciones agroindustriales y se estimuló la capitalización de los 1 pequeños productores y, asimismo, puso al descubierto, una vez más la ineficiencia de parte del sector industrial tucumano: convocatoria de acreedores, quiebras, vaciamiento de empresas estuvieron al orden del día. Simultáneamente, otro grupo de ingenios mostraba altos rendimientos industriales, bajo costo y con el tiempo comenzaron a sanear situaciones financieras complicadas. Asimismo, grandes capitales agrarios cañeros comenzaban a invertir en ingenios en una nueva tendencia de integración vertical hacia delante2. 1

Este método permitía al productor agrícola involucrarse en el negocio azucarero en forma directa, evitando la presencia de fraccionadores, intermediarios o el mismo ingenio en la realización del producto manufacturado al mercado. 2

Integración horizontal: se da cuando una empresa expande sus actividades hacia otras áreas geográficas dentro de una misma rama industrial. Esta expansión, mucha veces conduce a la construcción de nuevas facilidades,

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Hacia fines de la década del ’80, cuando el sistema antes descripto estaba en auge, las cooperativas comercializaban en la provincia el 37% del azúcar tucumano (Giarracca y otros, 1997: citado por Rofmann, 2000). De acuerdo con la situación presentada en ésta última década por el sector agrícola, podemos decir con certeza que nuestra economía continúa regida, de alguna manera, por la agroindustria azucarera a pesar de su problemática. Hay que destacar que en los últimos años se ha buscado hacer de este monocultivo un poliproducto, un ejemplo de esto fue la aplicación del plan alconafta, el uso de bagazo para la producción de papel, el empleo de la vinaza para la fertilización, etc. Al respecto, el Ing. Franco Fogliata (exdirector del INTA-Famaillá) en su trabajo "Evolución de la tecnificación cañera en Tucumán en los últimos años", alude al favorable avance registrado en los rendimientos fabriles de 1986 en la caña de azúcar, y atribuye tal progreso a tres factores: a) La determinación por ley del precio de la caña sobre la base de la calidad de los jugos, incentivándolo a sobrepasar los valores de 12% de sacarosa en caña y el 80% de pureza, so pena de descuentos en el caso de no superar ese limite. b) Incorporación de variedades con alto tenor de azúcar, lo que significó mayores ingresos con costos fijos, lo que trajo aparejado el mejoramiento de la producción industrial en 29 kg/tn. c) La notoria mejoría en la eficiencia fabril, incluida la capacidad de molienda diaria. En 1965 con 27 ingenios funcionando el promedio diario efectivo de molienda era de 80.698 tn.. Mientras que en 1980 con 15 fábricas funcionando, ese valor fue de 78.729 tn por día, en 1985 se elevó a 85.580 tn con 16 fábricas. El avance de los rendimientos fabriles y de la producción de azúcar está en 4.000 kg/ha pero se puede elevar a 6.000 kg/ha; en los últimos años se ha intentado un avance tecnológico en el manejo de la fertilización mediante el uso del amoníaco anhídro que contiene un 82% de nitrógeno y que ha tenido buena acogida en los productores que la emplearon, pues incluso se logró reducir el costo de aplicación por hectárea. La constante aparición de nuevos productos herbicidas de alta eficiencia que actualizan la tecnología cañera, podría ser aprovechada por los agricultores tucumanos, pero los problemas que detienen su aplicación no son propiamente tecnológicos sino que radican en la ausencia de decisiones políticas y económicas. Situación general de la actividad azucarera hasta 1990 De acuerdo al análisis evolutivo presentado hasta aquí, se puede advertir que la actividad cañera fue sin duda, una de las actividades económicas más regulada. Esta situación puede resumirse con los siguientes items: * el régimen de la ley 19.597, vigente desde 1970, que establecía la creación del Fondo Regulador Azucarero, cupificación de la producción e industrialización del azúcar sobre la base del consumo adquisiciones de empresas e incluso, fusiones empresariales, por lo tanto estimula la creciente monopolización u oligopolización de los mercados, según la cual determinadas ramas son dominadas por empresas cada vez más grandes…… La integración horizontal puede acrecentarse en cada uno de los niveles del circuito productivo: la producción primaria o secundaria, o bien en las etapas de distribución Integración vertical: en la teoría económica convencional este concepto se remite a una de las formas existentes de concentración y centralización del capital. Ella constituye una estrategia del capital monopolista y ocurre cuando una empresa, generalmente procesadora o supermercado, controla varias etapas del proceso productivo de un determinado producto o conjunto de productos. Puede encontrarse dos tipos de integración vertical a) integración vertical por propiedad, que se da cuando una empresa o grupo económico integra jurídicamente en una sola unidad, diversas producciones correspondientes a dos o más etapas distintas del complejo agroindustrial, y b) integración vertical por contrato se da mediante contratos que generalmente establecen las cantidades y precios de la materia prima que se compra, pero también las condiciones de calidad, procesamiento y entrega, entre otras

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de caña interno y a las necesidades de exportación, fijación de precios de la caña, del azúcar y formas de pagos a los cañeros, como así también se tiende las necesidades de créditos de los ingenios para solventar los gastos de zafra. * la fijación de precios fue modificada por el régimen de maquila (decreto 1.079/85), esta modalidad consiste en la contratación del servicio de molienda del ingenio por parte del cañero, por un porcentaje del rendimiento de azúcar en caña (el porcentaje también se fija por decreto). * respecto a la introducción de azúcar en el país, una resolución de 1970 establecía que quien la importase tenía que ingresarla en cuotas iguales durante todo el año, lo que hacía imposible su entrada, debido a los altos costos financieros para movilizar el producto. Estos se tradujeron en una verdadera restricción a la importación. A partir del plan de convertibilidad, fines de mayo de 1991, comienza la desregulación de la 3 actividad azucarera ; este proceso dice Giarracca (2000) “ha provocado fuertes transformaciones en el sector azucarero tucumano: la eliminación de los cupos de producción de azúcar; la eliminación de las cuotas de abastecimiento al mercado interno y la obligación de exportar azúcar; el otorgamiento de permisos para la importación de bienes de capital sin pago de aranceles; la disolución de la Dirección Nacional del Azúcar y todo ente regulador; la privatización de la línea ferroviaria a Tucumán. Pero lo más trascendente fue la drástica reducción de los precios del producto, en los primeros mercados, desencadenando un fuerte proceso de concentración y centralización económica. De esta manera se dejó al arbitrio del mercado la oferta mensual del azúcar y se dejó sin efecto la norma del decreto que establecía el porcentaje de participación de la maquila entre productores e ingenios (57.6% para el productor de azúcar producida y paga con el resto a los industriales por el servicio), lo cual se tradujo en los años siguientes al 91 en continuas discusiones entre las partes involucradas a escala provincial4. Por otra parte, como consecuencia del proceso desregulatorio, el esquema de la maquila es paulatinamente afectado por las dificultades de resolver el problema de financiamiento de la operación y sin la guía de los precios que fijaba el Estado para el proceso de entrega de la caña a los ingenios. Como consecuencia aparece la figura del “warrant” o certificado de depósito de azúcar en un ingenio, con el que se logran anticipos bancarios dando como garantía real la comprobada existencia del azúcar en poder del industrial ya sea de propiedad de éste o del agricultor independiente o cooperativizado. Esta operación financiera permite a los actores directamente vinculados, vía el certificado expedido por la empresa garantizada (warrantera) obtener recursos para no salir al mercado con urgencia financiera y guardar el momento del mejor precio. El proceso desregulatorio coincidió con una fuerte caída del precio del azúcar, que implicó acentuados déficit operativos de los ingenios. Frente al endeudamiento de los ingenios y de los grandes productores, la baja de los precios influyó en su capacidad de pagos. Se generalizaba una situación de quebrantos y el principal acreedor era el Estado. Este proceso de desregulación fue legitimado por el consenso existente acerca de los efectos negativos de la sobre-regulación imperante hasta ese momento y de la fuerte corrupción que había atravesado a los organismos de regulación y control. Los mecanismos ideados por los mismos productores para suplir el apoyo estatal previo, no pudieron evitar ese quebranto en la actividad industrial, que se trasladó hacia atrás en la cadena productiva, hacia los productores, especialmente los más pequeños. En estos el efecto de las rentabilidades negativas generó reacciones diversas. A unos los empujó, si tuvieron acceso a 3

“ La desregulación de la actividad –mediante decreto 2284 del año 1991- fue parte de un proceso más amplio aplicado por la administración Menen-Caballo a la actividad económica nacional, profundizando una tendencia que había comenzado a mediados de la década de 1980, en el marco delas políticas antes mencionadas” (Giarracca, 2000:12). 4 No obstante, el sistema de maquila aún se mantiene a través de las cooperativas que han logrado subsistir a las vicisitudes financieras y a los fracasos empresariales.

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recursos suficientes, a acompañar el proceso de reestructuración técnica que fue característico de los cultivadores de la caña tucumana (mecanización). A otros, los arrojó fuera del mercado y, como en otras regiones del país, los obligo a emigrar a las ciudades cercanas, sin traspasar la mayoría, los limites del territorio provincial (se aumentó en las periferias de las ciudades los niveles de desempleo estructural y pobreza) (Rofman, 1999). En estas condiciones, cambiaron drásticamente los escenarios donde se movían los distintos sectores, mientras los grandes actores (ingenios y productores empresariales) competían por los espacios centrales de la actividad los campesinos y "farmers" negociaban subsistencias y permanencias. Las representaciones corporativas se enfrentaron y concertaron. Todos coincidían en que no había experiencia de negociación comercial. Históricamente los pequeños cañeros confrontaron y los ingenios trataron de imponerse. El estado inclinó la balanza hacia uno u otro lado según el gobierno de turno (Giarracca y Aparicio, 1997). Por otro lado, los trabajadores, arrinconados y carentes de una organización gremial fuerte que bregara por sus intereses, se convirtieron en "la variable de ajuste". En definitiva, este suceso puso en evidencia dos cuestiones: que no estaban dadas las condiciones para una economía desregulada en la que primaran los valores de la eficiencia, y que los actores -por una tradición histórica sectorial- no se encontraban en condiciones de negociar sin algún tipo de mediación. Sin embargo, lo cierto es que cuando el Estado dejó de regular, los agentes económicos actuaron de acuerdo a sus capacidades, pero también a sus restricciones (Giarracca, 2000:13). El eslabón Industrial y el eslabón comercial El enlace entre el eslabón industrial y el de la utilización intermedia o final de producto posee un esquema novedoso. Según Rofman (1999), sobre la base de una entrevista realizada al gerente de Comercialización de la empresa salteña San Martín de Tabacales se obtuvo información acerca de la metodología de comercialización del azúcar. Este proceso se realiza a través de representantes localizados en todo el territorio nacional. Los consignatarios comercializan el azúcar cobrando una comisión del orden del 0,8% hasta el 4%. La comisión está determinada por el tipo de servicio que prestan, ya que algunos garantizan la cobranza, otros tienen depósitos propios, etc. El ingenio, a su vez, controla a estos representantes por medio de información de los precios que obtiene de las distintas ciudades donde los citados agentes operan. Actualmente existen, básicamente, dos mercados. Por un lado están las grandes empresas agroindustriales que procesan leche o bebidas sin alcohol (SanCor, La Serenísima, Coca-Cola, Pepsi Cola), y que compran el producto a granel a través de la bolsa de 50 kilos. Uno de los mayores compradores es Coca-Cola, que adquiere aproximadamente 200.000 tn. de edulcorantes, de las cuales 100.000 tn. están constituidas por azúcar adquirida a los ingenios. Las otras 100.000 tn. son fructosa de maíz. Por otro lado, se vende el azúcar en paquete (fraccionada), destinada a las grandes cadenas de supermercados, los mayoristas más chicos o autoservicios. La bolsa de 50 kilos también es comprada por dos tipos de mayoristas: los que compran la bolsa para revenderla en la industria donde tienen un nicho al que los ingenios no llegan; y un mayorista que compra la bolsa y hace paquetes con marca propia. Este sector del mercado en los últimos años ha ido desapareciendo porque los márgenes son muy escasos y los ingenios están tratando de desplazarlos a través de los representantes. Su participación se justificaba años atrás porque financiaban parte de la zafra y compraban por anticipado, entregando el valor de la compra en efectivo. En algunas zonas del interior, en provincias donde no todos los ingenios están presentes, quedan algunos fraccionadores importantes. Entonces, surgen nichos en donde pueden operar sin todavía ser desplazados. Pero en el área metropolitana de Buenos Aires, prácticamente han desaparecido. Esta presencia de los ingenios en la parte comercial es una tendencia de los últimos años. La puja entre ambos tipos de comercializadores tiene su origen en que los fraccionadores financiaban a los ingenios, corriendo un riesgo muy grande porque mucha empresas carecían de suficiente solvencia financiera. Suplían ese riesgo fijando precios con unos márgenes muy grandes de beneficio, descargando tal ganancia en los comerciantes a quienes les vendían el producto a valores elevados. Los ingenios intentaron quedarse con esa parte del 10

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negocio advirtiendo que su intervención podía reemplazar esta costosa intermediación para el comprador del bien final. De resultas de esta estructura comercializadora, cálculo de la participación de cada eslabón del circuito en el producido total del mismo, a partir de considerar el precio final del producto en el mercado de consumo daría esta incidencia respectiva: a) b) c) d) e)

cañeros 20% ingenios 30% transporte 8 a 10% comercio mayorista más impuestos 30 a 32% comercio minorista 10% (Marqués, 1994, pág. 136).

La citada estimación debería enriquecerse con la desigual incidencia con que cada agente o grupo de agentes interviene en la apropiación del excedente total del circuito a partir de su capacidad negociadora y su inserción estructural en la actividad productiva. En este cuadro general es de destacar el surgimiento de nuevas modalidades de comercialización que, sin desplazar la operación de la maquila, indican la existencia de formas de vinculación cañero-ingenio que son reveladoras de una emergente estrategia de programación a largo plazo de la comercialización cañera. Se pueden consignar dos de tales modalidades, llevadas adelante tanto por los nuevos adquirentes de ingenios como por algunos de los de mayor tamaño preexistentes, en la búsqueda de eficiencia económica. Estos son: a) La constitución de Unión Transitoria de Empresas, que integra los dos eslabones en un emprendimiento común, a partir del cual el cañero entrega sus tierras, a cambio de un arriendo y la cesión de caña. El ingenio opera en el predio tanto a nivel del servicio de cultivo como en la cosecha. Este procedimiento, que es de muy reciente implantación, no se encuentra todavía muy extendido y posee mucha similitud, en su perfil contractual, con los “pools de siembra” que se han difundido en la Pampa Húmeda para la producción cerealera. b) La modalidad más interesante consiste en acuerdos a largo plazo (cinco años), donde intervienen fundamentalmente grandes cañeros, y a partir de los cuales se fijan normas para la entrega estable de caña y se descuentan a los cañeros los servicios de transporte, que son provistos por los ingenios. Tales estrategias de obtención de caña por parte de aquellos ingenios que pretenden tener su provisión de azúcar asegurada en el largo plazo tienden a reemplazar paulatinamente el sistema de maquila, que se conviene año tras año, sin precio predeterminado. A la vez, favorece a los grandes cañeros por cuanto les garantiza un mercado en una proyección temporal suficiente para realizar inversiones innovadoras y, a la vez disponer de un ingreso cierto. Claro está que estas nuevas formas de articulación agroindustrial “... implican una mayor subordinación del cañero, en tanto el ingenio avanza en la determinación de cómo y cuánto producir. Asimismo, ellas están relacionadas con las posibilidades de los cañeros de acceder a la tecnología, la cual en los últimos años ha instalado diferencias importantes en los precios obtenidos por aquellos” (Giarracca y otros, 1997, pág. 33, citado por Rofman, 1999). La Concentración del sector azucarero en la industria y en el agro En los últimos tiempos se ha empezado a evidenciar que la organización productiva, tanto a escala mundial como nacional, muestra una tendencia hacia la concentración. En este sentido, la agroindustria del azúcar nacional se encuentra altamente concentrada, ya que los primeros siete productores participan en el mercado en más del 75%. Sólo el Ingenio Ledesma es responsable del 22% de la producción nacional del azúcar. En la última década se vienen produciendo grandes cambios en cuanto a la titularidad y operación de los ingenios ya que las empresas de mayor tamaño han ampliado su dimensión mediante la compra de otras más pequeñas. La motivación más importante está relacionada con el aprovechamiento de las economías de escala tanto a nivel de las plantaciones como de los 11

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ingenios. En este sentido, el proceso de concentración se acentuó. Las ventas en el sector se multiplicaron en el último trienio, siendo las siguientes las operaciones más importantes:
Valpafe S.A. ganó el concurso en la venta del ingenio José Minetti y Cía. S.A. en marzo de 1997.
Azucarera Terán, del Grupo Colombres, adquirió los ingenios Marapa, Ñuñorco, Santa Bárbara, Bella Vista y La Fronterita (estos dos últimos pertenecían al Grupo Minetti).
El gigante alimentario Arcor también desembarcó en el negocio, con la compra a fines de 1994 del ingenio tucumano Providencia (que estaba en convocatoria), pagando 8 millones de dólares.
La operación más importante fue la privatización del Ingenio San Martín de Tabacal. El gobierno salteño aceptó la oferta del Grupo Seabord Corporation, que ofreció 10,1 millones de dólares por el 67,85% de Tabacal.
En el año 2005 se anuncia que la firma ATANOR manejará también el Ing. Concepción en Tucumán, a éste se debe sumar la gestión y producción que esta multinacional mantiene de los ingenios Marapa y Leales. En casi todos los casos, los ingenios que cambiaron de manos estaban a punto de quebrar o en proceso de convocatoria de acreedores, siendo la venta la única solución para evitar el despido de trabajadores y el fuerte impacto negativo sobre el contexto económico-social en los centros urbanos que alojan tales empresas industriales. Es decir, que la actividad agroindustrial se encuentra transitando un proceso de concentración y extranjerización creciente que constituye una manifestación más del fenómeno de corte similar que engloba al conjunto de las firmas manufactureras del país. Asimismo, grandes capitales agrarios cañeros continúan invirtiendo en ingenios en una nueva tendencia —iniciada por las cooperativas— de “integración vertical hacia adelante”. En este sentido, el fenómeno de la integración agrícola-industrial constituye uno de los factores que explican la superioridad competitiva del modelo Salta-Jujuy sobre el de Tucumán. Esta provincia ha mantenido su posición de principal productor dentro de la agroindustria nacional e, incluso, recientemente la ha incrementado, pero no ha logrado cerrar la brecha de competitividad con la producción ubicada más al norte ni con el principal competidor que es Brasil. Esta situación tiene causas precisas. En primer lugar, la productividad agrícola e industrial ha sido siempre más elevada en estas provincias, como resultado tanto de las ventajas naturales que detentan (mejores condiciones climáticas para el cultivo de la caña) como también de la adopción de innovaciones tecnológicas (principalmente el sistema de riego). Por otra parte, la agroindustria en Salta y Jujuy es llevada a cabo por ingenios integrados verticalmente que producen casi toda la caña que procesan. La caña es cultivada en grandes plantaciones y, antes de la reciente mecanización de la cosecha, se utilizaba fuerza de trabajo barata proveniente de Bolivia y de zonas de muy escaso nivel de desarrollo relativo del noroeste argentino. Además, por su estructura productiva los industriales no se encuentran sujetos a los conflictos de los cañeros por la distribución del ingreso que sí existe dentro de la industria azucarera en Tucumán. Asimismo, el pequeño número de cañeros independientes cuenta con fincas del tamaño adecuado para la obtención de buenos rendimientos. En Tucumán, en cambio, la proporción de fincas cañeras de propiedad de los ingenios es pequeña y la de los minifundistas con bajos rendimientos sobre el total de los cañeros independientes es alta. Por todo ello, las provincias de Salta y Jujuy logran mayores rendimientos de la materia prima. En el nivel industrial los ingenios del norte tienen menores costos como resultado de una adecuada escala de producción, mayor equipamiento técnico y superior nivel organizativo. Estas condiciones de producción han llevado a que Tucumán siempre fuera decididamente pro regulación estatal y los productores del norte fueran demandantes de medidas de mayor liberalización. Sin embargo, en la práctica, la regulación también los ha favorecido vía precios. Cualquier caída de precios siempre ha afectado en mayor medida a los productores tucumanos quienes se han visto más expuestos a variaciones cíclicas por su mayor vulnerabilidad frente a los cambios climáticos (Rofman, 1999). 12

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Este apunte es para uso exclusivo de los alumnos de la asignatura Geografía de Tucumán.

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