SEGURIDAD
Lunes 6 de agosto de 2012
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INSEGURIDAD s LA CIFRA DURA DEL DELITO
Dos décadas, más de 54.000 asesinatos Desde 1991 hasta 2009, año de la última estadística oficial dada a conocer, hubo un promedio de siete muertes violentas por día GUSTAVO CARABAJAL LA NACION Durante los últimos 22 años fueron asesinadas, en promedio, siete personas por día en la Argentina. Según las estadísticas oficiales, entre 1991 y 2009, más de 50.000 personas fueron víctimas de homicidios en nuestro país. Y si se toma en cuenta que el año pasado la ministra Nilda Garré admitía que, aun siendo “una de las más bajas del continente”, la tasa de homicidios rondaba los 5,5 cada 100.000 habitantes, habría que sumar a aquella tremenda cifra no menos de 4000 muertes violentas. La última estadística oficial de delitos del país publicada por el Poder Ejecutivo Nacional es la de los hechos de 2009, que llevó la serie evolutiva a 50.214 homicidios dolosos. No obstante, la semana pasada el secretario de Seguridad Interior, Sergio Berni, mencionó que en la Capital la tasa de homicidios era de “cinco cada 100.000 habitantes”, lo que convertía a la ciudad de Buenos Aires en “una de las más seguras de América”. En 2009, la tasa de homicidios dolosos argentina llegó a 5,5, pero excluyó los casos de Buenos Aires, la provincia con mayor cantidad de hechos y que históricamente hace crecer la tasa promedio nacional. A partir de 2007 la cantidad de homicidios creció; ese año hubo 2071 asesinatos; al siguiente, 2305 homicidios, y en 2009, 2543 casos. A partir de ese momento, el Gobierno dejó de difundir las estadísticas. No se trató de una medida casual. Esa decisión tuvo su origen en julio de 2003 y se repitió en los siguientes años. Apenas dos meses después de asumir como presidente, Néstor Kirchner ordenó retener la estadística sobre el total de los delitos en todo el país y pidió que se rehiciera el estudio. Según se explicó en ese momento, las cifras presentadas no reflejaban la realidad porque presentaban supuestos problemas metodológicos de evaluación. Entre los funcionarios del área de Seguridad también se argumentaba: “Si un año antes hubo 10 delitos y en la actualidad hay 15 en un determinado lugar no significa que haya un aumento del 50%, sino que quizá la gente denuncia más”. “No estamos en los peores índices. La Argentina está junto con Chile en los primeros lugares de sensación de inseguridad. Debido a los mecanismos mediáticos, la gente ve muchas cosas que la angustian; algunas de esas noticias son bienintencionadas y otras no. Todo eso aumentó la sensación de inseguridad. Hace dos años se
publicó una tabla y se enumeran los 50 ciudades más violentas del mundo. La Argentina no figura entre la lista”, sostuvo Garré. Aunque pasaron más de tres años, en la página oficial del Ministerio de Justicia de la Nación la estadística sobre la cantidad de homicidios ocurridos en 2009 en todo el país sigue incompleta debido a que le faltan los datos de la provincia de Buenos Aires. Esas cifras figuran en el sitio oficial de la Procuración ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense; al sumar ambos parciales se llega al total de 2543 homicidios registrados en 2009 en todo el país.
Según Garré, “hay una declinación del delito”
La evolución del delito
A contramano de lo que surge de la percepción de vecinos de los distintos barrios porteños y sin que se conozcan públicamente estadísticas oficiales sobre la materia, para el gobierno nacional “la seguridad mejoró en Buenos Aires”. Eso afirmó la ministra de Seguridad, Nilda Garré, en una entrevista con el diario Página/12 en la que hizo un balance de su gestión en la cartera creada en diciembre de 2010. “Claramente han disminuido los delitos. Bajaron los homicidios, bajaron fuertemente los robos de automotores; tenemos algunos datos que nos llaman la atención acerca de que no bajaron las salideras bancarias, pese a que percibimos que sí bajaron”, sostuvo Garré, que sí se mostró preocupada por lo que suceden en “algunas zonas con los robos a viviendas o a personas que están por entrar en viviendas y con los robos de mercaderías en tránsito”. En ese sentido, interpretó que las entraderas persisten “tal vez porque la gente tiene más dinero en efectivo en su casa”, aunque, al mismo tiempo, señaló que fueron desbaratadas varias organizaciones de ciudadanos colombianos dedicadas a ese tipo de delitos en “Recoleta, Belgrano, Coghlan y Palermo, barrios de clase media”. Sobre su gestión, destacó haber retomado “el control político de las fuerzas de seguridad, que tenían grados de autonomía peligrosos”. En una enumeración sobre las medidas adoptadas por el ministerio a su cargo, hizo referencia a un “mapa del delito” con los “puntos calientes” de la ciudad, documento al que no se ha permitido acceso público. “Por supuesto que la base [de esos datos] sale de las denuncias policiales. Pero eso tiene ahora una supervisión de funcionarios del ministerio que no son policías ni gendarmes ni prefectos [y] estamos chequeando con la Justicia, con las causas judiciales”, dijo.
Según las estadísticas oficiales, en 2002 se registró la mayor cantidad de homicidios de los últimos 20 años. Ese pico de 3453 asesinatos coincidió con la crisis posterior al corralito. En 2002 fueron asesinados 90 policías en nuestro país, la mayor cifra desde el retorno de la democracia. También fue el año de los secuestros, con 380 casos denunciados en el país. Por entonces, debido a la desconfianza que los ahorristas tenían en los bancos, mucha gente guardaba el dinero en sus casas. Esta circunstancia no fue ignorada por los delincuentes, que, como ahora, comenzaron a irrumpir en las viviendas. También proliferaron las bandas de secuestradores, que elegían como víctimas no sólo a empresarios o ejecutivos de firmas de primera línea, sino también a vecinos de los tradicionales barrios de clase media. El cambio en el perfil de las víctimas de los secuestros se produjo a raíz de la resolución que impuso límites al retiro de dinero de los bancos y a la tendencia de la gente de atesorar dinero en sus casas. Ante la devaluación del peso, en 2002, aumentaron los robos de los jubilados extranjeros que cobraban pensiones en euros o dólares. Así se llegó a que en 2007 fueran asesinados 69 jubilados en asaltos. En 2009 y 2010, los delincuentes encontraron una modalidad que les permitía obtener un importante botín con poco riesgo. Entonces, se repitieron las salideras bancarias. Así se llegó a 2012, donde la economía volvió a experimentar restricciones, esta vez, a las operaciones con dólares, la gente volvió a “ahorrar” en sus hogares y recrudecieron los asaltos en viviendas en “entraderas” cada vez más violentas, al extremo de que en los últimos dos meses hubo 30 homicidios ocurridos en robos con esa modalidad delictiva.
Afirma que mejoró la situación en la ciudad
ARCHIVO
En el corazón de la Recoleta, un colombiano fue asesinado de varios disparos en abril pasado
La mayor baja, producto del ataque a los desarmaderos En 2004, con procedimientos constantes, bajó 30% la muerte de policías Hubo una época en que la política de Estado aplicada en conjunto por gobiernos nacional y bonaerense, y con el concurso de distintas agencias estatales, y no sólo las policiales, se logró bajar drásticamente la cifra de homicidios dolosos. Eso ocurrió en 2003, cuando Gustavo Béliz y Juan Pablo Cafiero estaban, como sendos ministros, al frente de las áreas de seguridad de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, respectivamente. En 2002 habían sido asesinados 90 policías en todo el país, aunque el 80% de esos homicidios había ocurrido en el área metropolitana de Buenos Aires. Al revisar las circunstancias que habían rodeado esos asesinatos de policías, los funcionarios advirtieron
ROBOS EN CHIVILCOY Y ZONAS ALEDAÑAS
Síntesis
Desbaratan una banda de asaltantes rurales
EN LA CAPITAL
Luego de hacerse pública la ola de inseguridad que afecta a Chivilcoy y sus zonas cercanas, los investigadores judiciales y la policía bonaerense anunciaron haber desbaratado una banda criminal a la que se adjudica la responsabilidad de al menos 25 asaltos en las zonas rurales del noroeste de la provincia. En una conferencia de prensa, el fiscal Pedro Illanes señaló que tras el último allanamiento realizado el jueves pasado en Francisco Alvarez, partido de Moreno, se concretaron siete detenciones. Según consignó el diario La Razón, de Chivilcoy, las autoridades judiciales y policiales informaron que la banda era liderada por Juan Carlos Amarilla, un ex policía federal que había sido exonerado de esa fuerza de seguridad y que era buscado como sospechoso de varios delitos. Para la Justicia, con el arresto de los siete sospechosos se considera desarticulada la organización, que operaba en las zonas de San Andrés de Giles, Mercedes, Navarro, Chivilcoy, Luján, Suipacha, Alberti, 25 de Mayo, Carmen de Areco, San Antonio de Areco y Salto, entre otros distritos.
En su edición del 12 de julio, LA NACION dio cuenta de una sucesión de delitos en establecimientos rurales que habrían provocado fuerte preocupación entre los habitantes de Chivilcoy y localidades cercanas, porque los asaltantes, siempre entre cuatro y cinco, retenían durante varias horas a los moradores de las fincas asaltadas. El fiscal Illanes detalló que en los allanamientos se encontraron armas de fuego, municiones, capuchas y gorras, equipos de comunicaciones, objetos personales que podrían pertenecer a las víctimas de los robos y diverso material que conectaría a la banda con los asaltos investigados, que datan desde marzo de 2011. Entre los casos por los que están acusados figura el que sufrió la familia Rossi, en la estancia La Rosa, de Chivilcoy. Según La Razón, de Chivilcoy, entre los elementos secuestrados figura, precisamente, un cheque a nombre de Antonio Rossi. Robos con la misma característica fueron cometidos en la estancia Maruja, de la familia Cepeda, y en la finca Fértil, de la familia Riolfo, entre otros casos que conmovieron a esa zona agrícola bonaerense.
Apresan a 17 brujos colombianos Fueron detenidos ayer 17 colombianos acusados de ejercicio ilegal de la medicina, por ofrecer a través de Internet y de afiches callejeros prácticas y pociones curativas, inclusive contra el cáncer. Los operativos fueron realizados por la Policía Metropolitana, que además descubrió que dos de los imputados estaban vinculados con uno de los detenidos en el operativo antidrogas Luis XV. En cuatro allanamientos se incautaron de miles de pesos, dólares y cocaína. En su edición del 2 de julio, LA NACION dio cuenta de la relación entre brujos colombianos y las redes del narcotráfico instaladas en la Argentina.
EN CHUBUT
Balean a un policía acusado de abuso Un cabo de la policía de Chubut que está acusado de haber abusado sexualmente de un adolescente de 16 años detenido en una celda de Trelew, en enero, fue baleado por la espalda mientras presenciaba un partido de fútbol, informaron a Télam fuentes policiales. Se trata de Aníbal Muñoz, uno de los ocho efectivos acusados del abuso.
que a la mayoría los habían matado cuando se resistieron a que les robaran sus automóviles. En consecuencia, el entonces secretario de Seguridad Interior nacional, Norberto Quantín (ex fiscal de Cámara, ya retirado), y Cafiero decidieron realizar operativos conjuntos contra los desarmaderos, que constituían la mayor fuente de demanda de los automóviles robados, y los locales de venta de esas autopartes de origen ilícito. Así fue que en 2003 las policías Federal y bonaerense realizaron un centenar de operativos contra locales que funcionaban en la zona de Warnes, en la Capital, y en San Martín, Lomas de Zamora y Quilmes. Según las crónicas de la época, algunos operativos –de los cuales tam-
bién formaban parte otras agencias estatales, como la AFIP– se repetían semanalmente sobre los mismos objetivos, de forma de evitar que los comercios en los que se habían encontrado autopartes de origen no reconocible persistieran en su actividad ilegal. Eso llevó al cierre de no pocos establecimientos. Luego de aquellos procedimientos fueron detenidos 253 sospechosos, entre los que figuraban varios jefes y ex jefes policiales acusados de vender protección a varios de los 50 desarmaderos allanados en el área metropolitana. En 2004, con gran parte de los desarmaderos ilegales cerrados, la cantidad de policías asesinados se redujo un 30%. No obstante el éxito, esa política fue desactivada.
