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POLITICA

I

INTELIGENCIA ILEGAL s ADVIERTEN SOBRE UNA “SIDE PARALELA”

Jueves 9 de agosto de 2012

UN CONTRATO POLEMICO

Detienen a espías con armas que decían trabajar para Garré

puesto oficial para la consultoría. El Estado pagó 17 millones de dólares por el control del SUBE, pero los números negociados entre el Banco Mundial y la Secretaría de Transporte fueron cambiantes. La AGN advirtió sobre ➽ Controles la “precariedad” en los procedi-

La denuncia la hizo el Ministerio de Seguridad; se investigan seguimientos a políticos Una mañana, hace casi un año, Darío Fernando Barrionuevo se presentó en el Ministerio de Seguridad y reclamó “salarios atrasados” por actividades de inteligencia. Se había infiltrado en marchas gremiales, había “cubierto” las elecciones a jefe de gobierno porteño y había viajado al interior para conseguir, subrepticiamente, información de políticos. Barrionuevo presentó, incluso, documentos que acreditaban la supuesta contratación estatal. En el ministerio advirtieron que la documentación –que incluía autorizaciones de la ministra Nilda Garré– era falsa y llevaron el caso a la Justicia. Ayer, cinco presuntos espías fueron detenidos. Además, en tres allanamientos se descubrieron armas y credenciales falsas de periodistas, y se corroboró que se había montado una estructura que los investigadores describen como una “SIDE paralela”. El expediente judicial tiene ya siete cuerpos (unas 1400 hojas); la mayor parte, con transcripciones de escuchas telefónicas entre los acusados. Según informaron fuentes judiciales, las actividades de espionaje estarían constatadas, pero no se sabe aún para quiénes trabajaban los presuntos espías. Se desconoce hasta el momento si tenían relación con algún político, vendían información o extorsionaban gente. Hoy está previsto que comiencen las declaraciones de los cinco detenidos ante el juez federal Norberto Oyarbide. Según informaron a LA NACION fuentes del caso, quienes serán indagados son Dora Mansilla, Juan José Mansilla, Gustavo Godoy, Fabián Teplitzky y Carlos Sivori, quien daba las órdenes, de acuerdo con el relato de Barrionuevo. El 27 de septiembre del año pasado, cuando se presentó en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad, Barrionuevo dijo que llevaba más de cinco meses trabajando para Sivori y para Dora Mansilla, su mujer. Identificó, además, a otras siete personas que hacían tareas ordenadas por ellos y que tenían como base de operaciones una oficina en la calle Alsina. También relató que él le había reclamado viáticos adeudados a quien le había dicho ser el secretario

El informe de la ➽ Consultorías AGN destacó la falta de presu-

mientos y la escasa documentación respaldatoria. ”Estamos ➽ Discrecionalidad frente a una discrecionalidad en LEANDRO DESPOUY

PRESIDENTE DE LA AUDITORIA GENERAL

la utilización del dinero público. Hay irregularidades comprobables a simple vista”, dijo Despouy.

SUBE: la Auditoría objetó el contrato de supervisión Un informe determinó que existen “visibles irregularidades”; se enviará a la Justicia IVAN RUIZ LA NACION

Nilda Garré

Los hechos ➔ La revelación. Un hombre se

presentó el año pasado en el Ministerio de Seguridad para reclamar supuestos sueldos adeudados, pero en esa cartera advirtieron que no trabajaba allí.

➔ Los trabajos. Las tareas que él

relató haber realizado incluían seguimientos a políticos, espionaje en marchas sindicales y piqueteras e investigaciones a candidatos en campaña.

➔ La causa. El expediente quedó

a cargo del juez Norberto Oyarbide y el fiscal Jorge Di Lello. Se ordenaron escuchas y ayer se allanaron tres inmuebles, uno en la ciudad de Buenos Aires y dos en el conurbano.

➔ Armas y arrestos. Durante los

allanamientos se secuestraron armas, informaron fuentes del caso. Ayer detuvieron a cinco personas.

general del Ministerio de Seguridad (cargo inexistente), Gustavo Godoy, y que éste le endosó un cheque por $ 36.400 contra una cuenta a nombre de Teplitzky. Antes de visitar el ministerio de Garré, Barrionuevo había probado suerte con otros posibles empleadores: fue a la Secretaría de Inteligencia (SI), pero allí también le advirtieron que no eran ellos para quienes trabajaba. Según informaron fuentes del caso, Sivori, el supuesto jefe, había hecho los trámites para ingresar como agente de la SI, pero no había sido aceptado por el organismo de inteligencia estatal. Tampoco tiene relación alguna con el ministerio que dirige Garré. De acuerdo con lo declarado por Barrionuevo, entre las actividades que le encomendaron estaba infiltrarse para conseguir información en marchas gremiales, entrevistar a políticos alegando ser un corresponsal extranjero y sacar fotos y filmar en manifestaciones. Barrionuevo

identificó una de ellas: una marcha de grupos piqueteros que se congregaron en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social, para reclamar mejoras en el programa Argentina Trabaja. Fue el 28 de septiembre de 2011 y de la manifestación participaron unas 10.000 personas. Barrionuevo contó, además, que había cubierto las elecciones, en primera y segunda vuelta, a jefe de gobierno porteño, así como la campaña presidencial de Eduardo Duhalde en las primarias. También dijo haber viajado a varias provincias para infiltrarse y conseguir información de políticos. Todo esto está incorporado en la causa penal que investiga el caso, a cargo de Oyarbide y del fiscal federal Jorge Di Lello, quien pidió una serie de medidas para determinar quiénes eran estos supuestos espías. A juicio de Oyarbide, hay elementos para avanzar contra los acusados. Hoy, los cinco detenidos enfrentarán al juez para defenderse.

Falta de controles, “precariedad” en los procedimientos y escasa documentación fueron los argumentos expuestos ayer por la Auditoría General de la Nación (AGN) en el informe que aprobó sobre la supervisión del SUBE. A la espera de una decisión del Gobierno sobre la continuidad del contrato de $ 65 millones, el organismo de control que preside Leandro Despouy fue categórico sobre la licitación: “Se incurrió en sucesivas irregularidades en las distintas etapas del proceso”. La AGN aprobó ayer por unanimidad la auditoría sobre el estado financiero de Proyecto de Transporte Urbano en Areas Metropolitanas de la Argentina (Ptuma), dependiente de la Secretaría de Transporte. Con esos fondos –provistos por el Banco Mundial– se pagó el control del SUBE. “Estamos frente a una discrecionalidad en la utilización del dinero público. Hay irregularidades comprobables a simple vista”, sostuvo Despouy. “Se pudieron detectar anomalías de una dimensión que permiten una evaluación profunda de las irregularidades que se cometieron. Hay hallazgos muy importantes”, agregó. El informe –que deberá tratar una comisión bicameral del Congreso– será remitido en los próximos días al Poder Ejecutivo. El Gobierno suspendió hace dos semanas la supervisión del boleto electrónico, una medida que tiene 30 días de vigencia. En la resolución oficial se remarcó que el concurso quedaba a disposición de la AGN para su análisis. Desde el Ministerio del Interior y Transporte ratificaron que dicho informe será determinante para tomar una decisión sobre el contrato. Entre las irregularidades señaladas en el informe de la AGN, el organismo remarcó la falta de presupuesto oficial para la consultoría. El Estado pagó 17 millones de dólares por el control del SUBE, pero los números negociados entre el Banco Mundial y la Secretaría de Transporte fueron cambiantes. En una primera instancia –sostiene la AGN– se estipularon cinco millones de dólares. Luego, se fijó como precio 10,5 millones de dólares. Por último, el total aumentó: se pagaron 6,5 millones de dólares más, entre gastos e impuestos. “No hay evidencias sobre un presupuesto oficial de la consultoría. El aumento no está justificado en nin-

Hockey

gún documento”, sostuvo el auditor radical Horacio Pernasetti. El Banco Mundial, que debía auditar el proceso, también fue cuestionado. “Estas instituciones nos dieron letra sobre qué hacer durante muchos años. El aval a esta licitación es una irresponsabilidad absoluta de los funcionarios del Banco Mundial. Tenían todas las facultades para evitar esta contratación y no lo hicieron”, argumentó el auditor peronista Oscar Lamberto. Y atacó: “Como mínimo hay incompetencia e inoperancia del funcionario”. Andrés Pizarro, entonces gerente del organismo, firmó decenas de documentos de no objeción que aprobaron cada paso del concurso que llevó adelante la Secretaría de Transporte. LA NACION reveló los vínculos que este ingeniero chileno mantiene con los funcionarios a los que debía controlar. Tras avalar la contratación, Pizarro hizo explícita su militancia kirchnerista. Luego, renunció a su cargo en la entidad. “El mecanismo del Banco Mundial no funcionó. Si no, no se hubiese hecho el desembolso de dinero”, afirmó Pernasetti. El auditor radical también hizo referencia a la “precaria” documentación que consta en el expediente. Y lo ejemplificó con los avales emitidos por el organismo internacional para avalar cada paso de la licitación.

Sin sobresaltos En una sesión sin sobresaltos, Despouy levantó la voz cuando se refirió al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi: “Sorprende la defensa que se ha hecho sobre las irregularidades. Schiavi dijo que no firmó la resolución de la consultoría, pero envió una nota en la que ordena que se haga la contratación. El daño es doble: incumplió con el acto administrativo e impulsó un procedimiento sumamente irregular”, lanzó el radical. Sin embargo, en su última aparición pública, Schiavi intentó desligarse de responsabilidades al afirmar que le pasaron un documento “a último momento” para su firma. El informe también será remitido a la Justicia, que investiga las irregularidades de la licitación. Según pudo saber LA NACION, las tres causas sobre la supervisión del SUBE que se habían iniciado se unificaron y quedaron a cargo del juez federal Sergio Torres. El magistrado deberá definir en los próximos días las medidas de prueba correspondientes.

Por NIK