DERECHO

A BUENOS AIRES Vivienda, hábitat y patrimonio cultural

Derecho a Buenos Aires

Vivienda, hábitat y patrimonio cultural

Derecho a Buenos Aires Coordinado por Jonathan Thea Mónica Lacarrieu - Melina Ons - Gabriela Massuh Lorena Putero - Agustín Territoriale - Romina Tuliano Conde Prólogo: Sebastián Tedeschi Diseño Gabriel Quaranta Ilustración de tapa: Santiago Canción www.santiagocancion.com.ar Fotos: Sofía Mazzaglia - Julieta Belén Ferrario

Cooperativa de Trabajo Vibras Limitada Av. Boedo 830 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires CUIT: 33-71188840-9 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Julio, 2016

Jonathan Thea Coordinador Mónica Lacarri eu Melina Ons Gabriela Massuh Lorena Putero Agustín Territoriale Romina Tuliano Conde Prólogo: Sebastián Tedeschi

Índice Prólogo Sebastián Tedeschi ................................................................................... 9 Palabras iniciales Jonathan Thea .......................................................................................... 11 La situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires Lorena Putero............................................................................................. 15 Commocity Melina Ons................................................................................................. 27 El robo de Buenos Aires Gabriela Massuh........................................................................................ 33 El rol del Poder Judicial en los procesos de desalojos Romina Tuliano Conde............................................................................... 39 Mercados informales y acceso al suelo urbano Agustín Territoriale...................................................................................... 51 El negocio de la ciudad como territorio simbólico Mónica Lacarrieu........................................................................................ 57

Prólogo Tengo el enorme orgullo de presentar esta publicación que reúne un conjunto de reflexiones, análisis y propuestas sobre los problemas de acceso a la vivienda en el contexto de una ciudad excluyente como la de Buenos Aires. Los autores que aquí escriben son jóvenes bien leídos, con los pies en el barro del conflicto, comprometidos con las causa del derecho a la ciudad de los sectores populares, pero con buena comprensión de la dimensión política social, económica, cultural y legal del problema que analizan. Se trata de gente de acción y reflexión crítica que tienen su pensamiento y su cuerpo comprometido con la justicia social en el espacio urbano. Existen muchas razones por las cuales esta obra merece ser leída cuidadosamente, completa o de a pedacitos. Nos dará la oportunidad de entender claves de esta ciudad de Buenos Aires que enamora a sus visitantes extranjeros, pero que también golpea a los migrantes internos y externos cuando luchan cotidianamente por un lugar en donde vivir, comerciar o producir. Una ciudad llena de contradicciones con una constitución de fuerte tono social, con promesas igualitarias y redistributivas, pero que elige gobiernos conservadores. Con mucho dinero, pero con tremendas desigualdades. Una ciudad de la amistad entre los miembros de cada clase social, pero que expulsa a quienes no reúnen las características arquetípicas de descendientes de blancos europeos, en donde las y los morochos pueden encontrar la muerte luchando por la vivienda en la ocupación del Parque Indoamericano y que luego de promesas incumplidas pueden terminan procesados por el delito de usurpación o sintiendo el frío de las baldosas heladas en el invierno porteño, después de un desalojo que no ofreció una alternativa habitacional. La paradoja de una ciudad que forjó su identidad acatando pero desobedeciendo al poder central del virreinato, en ese entonces 9

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situado en Lima y que hoy persigue a los migrantes de ese país en el espacio de la vivienda y el comercio informal o los explota en talleres textiles clandestinos. La ciudad que creció en el Siglo XVIII y XIX económicamente a causa del contrabando, pero que no tolera y persigue con todo su aparato represivo, administrativo y judicial a los vendedores ambulantes y otros cuentapropistas que ofrecen sus productos en los mercados callejeros, que a su vez viven en situación de precariedad habitacional en un espacio urbano hostil. La histeria de una ciudad furiosa de torres en altura con amenities y la mitad vacías ensombreciendo los antiguos PHs degradados que aún dejan ver la mano artística de sus constructores pero que están hiperocupados o tapiados por muros sin nada de gracia y mucha irracionalidad. Para entender esta ciudad, es necesario leer estas páginas que explican las claves y los engranajes de expulsión. Pero que también presentan nuevos desafíos para encarar caminos que permitan la construcción de un espacio más igualitario, una geografía incluyente tejida en nuevas solidaridades. Es que la crisis de la vivienda y la agresividad de la especulación al fin al cabo no sólo golpean a los sectores populares, sino también a los sectores medios y termina alterando las posibilidades de las grandes mayorías a acceder a una vivienda adecuada. Por eso, la posibilidad de visibilizar estos mecanismos y cruentos resultados, puede hacer parir nuevas solidaridades. Solidaridades mestizas, de piquetes y cacerolas, pero también de políticas e instrumentos de gestión inteligentes que eleven el nivel de igualitarismo en este espacio inacabado, que espera nuestro compromiso para ser reconstruido. Una ciudad que nos permita enamorarnos a todos con su patrimonio cultural simbólico, que sea más amable con los inquilinos, en donde se le pueda recuperar al mercado algún espacio en el cual los metros cuadrados necesarios para la vivienda popular se hagan realidad. Para pensar y cuestionar nuestro presente. Para soñar y construir nuestro futuro. Para eso los invito a leer estos escritos con buena data y con nuevos desafíos que nos pueden inspirar. Sebastián Tedeschi Buenos Aires, 29 de junio de 2016.

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Palabras iniciales Por Jonathan Thea En los últimos años recrudeció más que nunca la problemática habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. El sentido común, a veces fiel consejero, nos diría que si no hay vivienda para la gente, entonces hay que construirlas. Una política pública justa sería, en ese caso, construir casas para quien no las tiene. Pero el capitalismo de esta etapa tiene para ofrecernos varias novedades -además de crisis económica-: la problemática habitacional creció tanto como la construcción; hay más viviendas, más desalojos, más dificultad de alquileres, menos condiciones para habitar las ciudades. Por eso quienes estamos comprometidos con un proyecto social y político destinado a la inmensa mayoría del pueblo, tenemos la obligación de pensar integralmente el problema de la vivienda, trazar los ejes de una política pública que dé un giro de 180 grados a lo que se ha hecho en el último tiempo. Cambiar el paradigma de la vivienda como negocio, por el de la vivienda como derecho. Para pensar la vivienda, el hábitat y el desarrollo urbano de la Ciudad de Buenos Aires hay que conocerla en detalle. En este distrito viven casi tres millones de personas, la misma cantidad que hace décadas. Tiene el PBI per cápita más rico del país, con privilegios que le permiten tener recursos económicos y materiales para desarrollarse autónomamente. El problema en los últimos treinta años no fue la obtención de recursos, sino su destino. El área vivienda es tal vez el lugar donde se expresa con mayor claridad el espíritu y la esencia del gobierno del PRO: construir las condiciones para el desarrollo de grandes negocios para algunos pocos empresarios, a costa de las necesidades y derechos de las mayorías. En estos ocho años se entregaron permisos para la construcción de casi 13 millones de metros cuadrados (un equivalente a 250 mil departamentos de 50 metros cuadrados). El resultado es un 30% más de viviendas que hace 10 años y, según el último censo, 340 mil de las

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viviendas están vacías. Es decir: son herramientas para la especulación. Al mismo tiempo, el Gobierno de la Ciudad ha recortado y subejecutado el presupuesto para urbanización de villas y construcción de viviendas sociales, dejando a la deriva a un cuarto de los habitantes de la Ciudad. Hay una política del ladrillo para los ricos y otra para los pobres. Una ciudad crece violentamente sobre la otra. La ciudad de los negocios, que sigue el modelo de los grandes centros urbanos del capitalismo central, avanza sobre la ciudad en la que habitamos millones de trabajadores y trabajadoras. La corporación judicial también se juega un papel en esta historia. La situación de desamparo que viven quienes habitan en villas, casas tomadas y pensiones es acompañada por el hostigamiento de la Justicia y las fuerzas de seguridad. La legislación vigente y la actitud de estos estamentos estatales tienden siempre a la defensa de la propiedad privada en desmedro de los derechos de los habitantes. En un juicio por ocupación de un inmueble siempre fallan a favor de quien reclama su derecho a la propiedad, el derecho a una vivienda digna no aparece en escena, la Constitución no se aplica cuando el poder económico dispone otra cosa. Mientras, los desalojos en la ciudad son una constante que deja a miles de familias en la calle, sin posibilidad de acceder a una vivienda en alquiler, ni a una pensión familiar, porque ambas resultan casi inalcanzables. Pero la vivienda no es solamente un problema de pobres. Los sectores medios se suman a la larga lista de quienes tienen dificultades para acceder a la vivienda. Cada vez es más difícil obtener un crédito para la compra de la primera vivienda. Los requisitos incluyen un salario cercano a 30 mil pesos y exigen el 25% del valor de la propiedad. En 2014 y 2015 se compraron 94 mil inmuebles y sólo se usaron créditos en 5.300 de esas transacciones. Mientras que en el 2007 (hace tan sólo 9 años) el 22% de las compras se realizaban mediante créditos, hoy es tan sólo el 6%. En los últimos 8 años se duplicaron los habitantes que alquilan, que hoy llegan al 30%, sumado a un mercado completamente desregulado que le permite a los propietarios e inmobiliarias las políticas más abusivas y los requisitos más exigentes: trabajo formal y estable, salarios que tripliquen el insólito monto del alquiler y garantías de capital, sin contar los requisitos especiales que a veces se intercambian en una mesa de chistes.

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Conocer para transformar, organizar para vivir Construir un cuadro preciso de la situación de la ciudad nos va a permitir pensar colectivamente cuáles son los ejes centrales para una política habitacional diametralmente opuesta a la existente. Es necesario desarrollar un plan integral que regule el uso del espacio urbano en función de las necesidades de quienes vivimos en ella, que promueva la función social de la propiedad y de la ciudad y que haga posible el acceso a una vivienda digna y a un hábitat adecuado para todos, de manera igualitaria; necesitamos volver a debatir la distribución de la renta urbana, la democratización del acceso a la tierra y a los servicios públicos. Otro aspecto es el protagonismo de los habitantes. Es central la participación en la planificación de quienes habitan el territorio, ya que el uso de los espacios, del suelo y la autorización de actividades en la zona deben ser discutidos por la comunidad mediante audiencias públicas u otros mecanismos. Necesitamos, en definitiva, otro Estado. Pero la política pública y el rol que cumple el Estado no tienen que ver con buenas ideas ni se reduce a cambiar el destino de los recursos: es un problema de intereses económicos. La vida digna de la mayoría en la Ciudad de Buenos Aires le arruinará el negocio a inmensos capitales concentrados. Por eso es imposible pensar en otra política para la vivienda en la ciudad sin una nueva mayoría que tenga capacidad de gobernar, de ser una alternativa política en todos los otros aspectos. Construir otra Ciudad es una tarea colectiva, una Buenos Aires en la cual los derechos no sean para quien puede comprarlos, en la cual sea el Estado el que garantiza que vamos a vivir con dignidad, en lugar de ser el que legitima que en esta ciudad tengamos que perder la dignidad para vivir.

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La situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires La ciudad es el resultado de una construcción social. Es por ello que resulta importante observar en qué condiciones acceden a la vivienda sus habitantes, ya que esas condiciones son las que definen el tipo de ciudad que se construye. Una ciudad regulada por el mercado será, sin dudas, para pocos. Donde el derecho a la vivienda desaparece para darle lugar al negocio inmobiliario. Es por ello que resulta importante analizar cómo acceden a la tenencia de la vivienda quienes habitan la ciudad, y cuáles son las medidas que el gobierno toma a partir de esa situación. Ese es el recorrido de este artículo.

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1 Condiciones de acceso a la vivienda En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habitan 1.150.134 hogares, de los cuales la mayoría, el 56%, son propietarios de la tierra y la vivienda, casi el 30% son inquilinos, el 6% son propietarios de la vivienda, el 4% son ocupantes por préstamo, el 2% son ocupantes por relación de dependencia y el restante 2% está bajo otra situación. Cabe destacar que los datos del Cuadro 1 corresponden a hogares, es decir, cuando decimos que el 30% de ellos son inquilinos, estamos indicando que 343.443 hogares, aproximadamente un millón de porteños, alquilan la vivienda en que habitan, ya que el tamaño promedio de los hogares en nuestro país es de 3 personas por hogar.

Gráfico 1: Hogares según tenencia de la vivienda Ocupante por relación de dependencia 2% Ocupante por préstamo 4%

Inquilino 30%

Otra situación 2%

Propietario de la vivienda y el terreno 56%

Propietario de la vivienda 6%

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Censo de 2010, INDEC

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Tipos de vivienda Otro indicador para evaluar la situación habitacional de la Ciudad está relacionado a la calidad de la vivienda de sus habitantes. Cuadro 1 : Hogares según tenencia y tipo vivienda. Tipo de tenencia Propietario de la vivienda y el terreno Propietario de la vivienda solamente Inquilino Ocupante por préstamo Ocupante por relación de dependencia Otra situación

Viviendas Aptas

637.030 65.437 296.536 42.032 22.539 16.243

Viviendas Recuperables

8.566 3.228 4.843 1.218 143 840

Viviendas No aptas

3.362 1.120 42.064 1.263 1.111 2.559

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010

Podemos observar que 51.479 hogares habitan viviendas no aptas (habitaciones de pensiones, locales, inquilinatos, viviendas móviles) y 18.838 hogares en viviendas que requieren algún tipo de acondicionamiento. Es decir, existen 70.317 hogares (211 mil porteños aproximadamente), con problemas en la calidad de su vivienda. Es importante resaltar que las viviendas con problemas no necesariamente requieren para su solución de una vivienda nueva. Puede que necesiten tan sólo un reacondicionamiento del hogar, ampliaciones, etc. Hacinamiento Existen dos tipos de hacinamiento: el hacinamiento de hogares, que se refiere a aquella situación donde más de un hogar habita en una vivienda, y el hacinamiento en el hogar que se refiera a aquellas situaciones donde es elevado el número de convivientes en el mismo cuarto. Existen 12.325 hogares que, a pesar de no compartir su vivienda

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con otro hogar, deben habitar más de 3 personas por habitación. Es importante resaltar que hemos tomando como parámetro el hacinamiento alto (en Europa el promedio es de 1,6 personas por cuarto aproximadamente). El otro caso de hacinamiento es el de hogares compartiendo una misma vivienda, que llega a 109.917 de los cuales 5.314 padecen ambos tipos de hacinamiento. Este tipo de problemas nos habla de hogares que al conformarse no pudieron acceder a la tenencia de su vivienda (ya sea por propiedad o alquiler). En resumen, la situación habitacional en la C.A.B.A. da cuenta de la existencia de 173.721 hogares con necesidad de vivienda (edificaciones en malas condiciones o hacinamiento). Lo que involucra a aproximadamente a más de medio millón de porteños. Cuadro 2: Necesidades de vivienda en C.A.B.A. Viviendas no aptas

51.479

Hacinamiento de hogares

12.325

Hacinamiento en el hogar

109.917

TOTAL

173.721

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010.

Resulta fundamental tener presente que el déficit habitacional descrito es a partir de los datos del censo 2010, donde no se cuenta con información de las personas que se encuentran en situación de calle. Ello resulta en una fuerte subestimación de la necesidad de viviendas entre quienes habitan en la ciudad. 2 Políticas públicas habitacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la actualidad, las principales políticas públicas dirigidas a atender las problemáticas habitacionales están divididas en dos programas de crédito, para compra y alquiler y los créditos que funcionan bajo la órbita de la ley Nº 341. Primera casa BA Este programa se implementó en el año 2012. Se trata de un crédito

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hipotecario del Banco Ciudad a pagar en un plazo de entre 15 y 20 años a tasas subsidiadas 1. Está orientado a dar solución de acceso a la propiedad de la vivienda a los sectores de recursos escasos, mediante un crédito del Banco de la Ciudad que puede alcanzar un financiamiento de hasta el 85% del valor de la propiedad, que puede ser para la adquisición de una vivienda a estrenar o usada. El monto máximo de préstamos es de $1.300.000 para hogares con hijos y $950.000 para hogares sin hijos, con la condición de que el precio máximo del m2 de esa propiedad no supere $23.500. La propiedad a adquirir puede estar situada dentro de la ciudad o hasta dentro de un radio de 100 kilómetros de distancia. Entre los guarismos que ilustran la baja performance de este programa, se observa que el 90% de los postulantes no pertenece a los sectores más vulnerables 2. Además, las condiciones de acceso establecen un tope de $860.000 de préstamo para los trabajadores que alcancen un ingreso total de $22.000 mensuales, que se traduciría a menos de U$S 86.000, teniendo en cuenta que el dólar es la moneda utilizada en el mercado inmobiliario, lo que resulta un monto muy bajo respecto de los valores promedio de las propiedades en el mercado (sobre todo si se espera impactar en las familias que necesitan como mínimo dos habitaciones). Además, el precio promedio del m2 en la ciudad ronda los $ 26.000 y el crédito impone un tope de $23.000 por m2. Uno de los aspectos que nos parece importante señalar sobre este programa es que al permitir que la propiedad a adquirir se encuentre en un radio de hasta 100 km. de distancia de la ciudad, donde el precio promedio del m2 es de $20.315, se genera una suerte de expulsión de los sectores de ingresos más bajos y así el mercado se consolida como único ordenador del espacio urbano. Igualmente, su incidencia es muy baja, ya que se han otorgado 75 créditos mensuales en promedio 3 desde su lanzamiento, tal y como lo ha señalado públicamente el director del Banco Ciudad.

1 Las tasas que establece el programa son: 13% durante el primer año, 15% el segundo, 17% el tercero y 19% los años restantes. 2 http://www.ciudadyderechos.org.ar/novedades_144.php 3 http://www.telam.com.ar/notas/201504/102228-banco- ciudad-rogelio- frigerio-creditos- hipotecarios-gobierno-porteno.html



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Alquilar se puede Este programa tiene como objetivo dar una solución a las familias jóvenes (hasta 35 años) que accedan a la vivienda a través del alquiler. El programa consiste en: una garantía bancaria para reemplazar la tradicional garantía propietaria, un préstamo a tasa subsidiada, un sistema de ahorro previo para los trabajadores que no se encuentran registrados formalmente, y un subsidio parcial para las familias con problemas económicos. El prestamos es por el total del costo de entrada al alquiler (de hasta 5 meses de alquiler), que se financia a una tasa del 19,5% a pagar en dos años. Es importante destacar que si existe un retraso mayor a los 2 meses en el pago del crédito, se inicia un proceso de desalojo. El programa de subsidio parcial es sólo para familias en situación de mayor vulnerabilidad, sin embargo deben poder demostrar ingresos mayores a un sueldo mínimo y menores a dos. Por último, el sistema de ahorro previo. El Banco Ciudad conforma junto a la familia un sistema de ahorro previo, así pueden quienes no tengan forma de demostrar sus ingresos dar cuenta de su capacidad de ahorro. Luego de un ahorro previo equivalente a 4 meses del alquiler del inmueble elegido, se podrá acceder a la garantía y al préstamo del Banco Ciudad 4. Plan de rehabilitación del hábitat del Barrio de la Boca Este programa está dirigido sólo al barrio de la Boca, y consiste en la rehabilitación y mejora de las condiciones edilicias de 13 conventillos del barrio, 3 hogares de tránsito y 5 nuevas obras de vivienda. Se trabaja directamente sobre la emergencia habitacional que se vive en este barrio 5. Ley 341 La Ley Nº 341 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue promulgada en el año 2000. Sus principales características se relacionan con la incorporación de las organizaciones sociales como “sujetos de la política”, junto con la Comisión Municipal de 4 https://alquilarsepuede.buenosaires.gob.ar/ahorro-previo 5 Las obras realizadas hasta el momento informadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son en : 1) el convetillo sito en calle Rocha 1031/1033; 2) Hogar de transito Brasil 1340; 3) Conventillo sito en D Cerri1148/1150. http://www.buenosaires.gob.ar/instituto-de- vivienda/programas-ivc/plan- de-rehabilitacion- del-habitat-del- barrio-de- la-boca

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la Vivienda (CMV) y legisladores con experiencia en la problemática, además de la posibilidad de que las organizaciones sociales sean “sujetos tomadores de créditos” para la vivienda. Se trata de una serie de créditos que pueden ser solicitados por: 1) Personas Físicas, como miembros de un hogar; 2) Personas Jurídicas, como las cooperativas, mutuales y organizaciones civiles sin fines de lucro, creadas por familias enmarcadas en procesos de organización colectiva verificables, a los efectos de satisfacer la necesidad de vivienda de sus miembros. Estos créditos han sido los que han posibilitado el desarrollo de la autoconstrucción por parte de las cooperativas de vivienda. En este sentido, desde las cooperativas se denuncia la falta de ejecución en tiempo y forma de las partidas presupuestarias destinadas para la ley que impiden cumplir con los pagos correspondientes a los avances de obra, entre otras trabas burocráticas que tornan problemática la implementación de la ley. 3.- Reflexiones finales Ante la emergencia habitacional que sufre la Ciudad, la última respuesta dada por el gobierno porteño fue el veto a la Ley de Emergencia Habitacional. Esto permitiría disponer de tierras que deben estar destinadas a un fin social para que puedan tener otra finalidad. Algunos ejemplos a citar son el escándalo de las viviendas de casa amarilla, donde se cedieron terrenos asignados para vivienda social al Club Boca Juniors; o la presentación de la villa olímpica en Villa Soldati. La Villa Olímpica se presentó como un proyecto de urbanización en el que quienes viven en la zona tendrían acceso a las vivienda luego de terminados los juegos juveniles de 2017, pero en el proyecto de ley presentado no se ha detallado ni condicionado el acceso. Es decir: no se registran políticas de acceso a la vivienda. Dejar en manos del mercado el acceso a la vivienda tiene como resultado que ante el déficit habitacional, existan un 24 por ciento de viviendas vacías en CABA, porcentaje superior al nacional (18 %). Es decir, tenemos una demanda de 174 mil viviendas y disponemos

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de 341 mil: la oferta supera la demanda. La teoría económica tradicional plantea que ante este exceso de oferta los precios bajarían (tanto el precio de alquiler como de venta del m2) para reducir esa oferta, y así quienes precisen una vivienda puedan acceder a ella. Sin embargo, esto no sucede. Por el contrario, las comunas con mayor cantidad de viviendas vacías como las comunas 1, 14 y 2, son zonas de alta valorización inmobiliaria y presentan los costos de alquiler más elevados de la ciudad. Esto se debe a la existencia de un alto porcentaje de inmuebles que son adquiridos tan sólo como un instrumento de conservación de ahorros y no para vivienda propia o de terceros. Los inquilinos se ven afectados por esta situación ya que deben enfrentar fuertes costos a la hora de acceder a una vivienda. En este sentido, la única solución planteada desde el gobierno es el programa Alquilar se puede, donde el trabajador afronta los costos del alquiler y los intereses de un préstamo para pagar los dos o tres meses de comisión de la inmobiliaria más el mes adelantado y el mes de depósito, que tiene como resultado aumentar la parte del salario destinado a solventar el alquiler. En el escenario económico actual la situación es aún más compleja. De diciembre de 2015 a junio de 2016 el dólar oficial paso de aproximadamente $9 al actual dólar de $14 en un mercado inmobiliario dolarizado, donde el dólar cotizaba a $11, hoy implica un aumento de las propiedades en pesos. La segunda cuestión es la reducción de la capacidad de ahorro a partir de la caída del salario real, necesario para constituir el ahorro previo requerido en cualquier crédito hipotecario (un 25% del valor de la propiedad). Situación que se agrava con el aumento de los servicios públicos. A este contexto, quienes alquilan le suman los aumentos de alquileres que tienen un mínimo del 10% pero que en la mayoría de los casos se acerca el 40%. Ante esto la nueva herramienta presentada por el actual gobierno es una línea de créditos hipotecarios indexados, a tasa variable, que permiten una cuota inicial más baja. La lectura del Gobierno Nacional para lanzar este programa fue la misma que realizó en la gestión de CABA, centrada en financiar la demanda.

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Hasta el momento, y casi dos meses después del anuncio, se registran escasas operaciones que no permiten arribar a una conclusión sobre esta nueva política, pero en principio podemos pensar que créditos indexados por la inflación para trabajadores que han visto reducido su salario real, con propiedades más caras no tienen muchas posibilidades de ser exitosos. Existen otras respuestas a partir de otros análisis. Si pensamos que la vivienda es un derecho, por lo tanto no puede ser tratada como cualquier mercancía ya que afecta la calidad de vida de los ciudadanos, podemos pensar en regulaciones al uso del suelo y la vivienda. Para contrarrestar estas tendencias especulativas, existen experiencias de regulaciones a nivel nacional e internacional. Por un lado, el condicionamiento de los permisos de edificación para la construcción de torres, a la posterior disponibilidad de un porcentaje de los metros cuadrados construidos para su oferta como vivienda social - sea mediante un alquiler o para su posible adquisición, a un costo menor que el del mercado-. Es una regulación de orden local, que hoy se aplica en ciudades de Inglaterra, que puede volver compatibles los desarrollos inmobiliarios con la inclusión habitacional de los ciudadanos no siendo una opción sólo para los sectores vulnerables sino también para los trabajadores que cada día se ven más lejos de la vivienda propia. Esta opción reviste especial interés para la zona sur de la ciudad que se encuentra en ese proceso de revalorización que puede traducirse en la expulsión de vecinos. En el mismo sentido, pueden pensarse penalizaciones impositivas a las viviendas vacías, edificios, casas abandonadas y terrenos baldíos con el objetivo de incrementar el costo de tener una propiedad ociosa.

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Commocity Las ciudades latinoamericanas son espacialmente injustas y la Ciudad de Buenos Aires no es una excepción. Predomina en ella una forma de producción del área urbana, profundizada por las políticas neoliberales, que expulsa a los sectores populares y los excluye del derecho a la ciudad. Un tipo ordenamiento en el que el espacio es producido y consumido por la lógica del libre mercado, en el que territorio es el sostén de los negocios y el Estado, su garante. Oponerle a esta lógica individual un derecho colectivo como el derecho a la ciudad, a través de una planificación integral que haga eje en las personas es urgente y necesario. El enorme desarrollo de las ciudades en las últimas décadas se explica en gran medida por una necesidad de reproducción del capitalismo. En su afán de acumulación, el capital necesita encontrar

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siempre nuevos lugares para invertir el excedente de la producción y obtener así mayores niveles de ganancia. Las reformas urbanas juegan un papel muy importante en la absorción del excedente acumulado (Harvey, 2012) 6. En palabras de Gabriela Massuh,“La construcción indiscriminada se transformó en la vía más eficiente de mantener el valor del dinero; el ladrillo, las grúas y el cemento se conjugaron para conformar un commodity especulativo que terminó por cambiar la fisonomía de la ciudad de manera dolorosa e irreversible” 7. La ciudad deja así de ser un lugar donde vivir y tener acceso a ciertos derechos que provee el ámbito urbano y pasa a ser, predominantemente, el espacio donde se valoriza el capital. Así como se depredan los recursos naturales, se hace con el suelo urbano: se construye desplazando y destruyendo. El suelo urbano se convierte, entonces, en un bien de cambio más y se subordina su dinámica a la de la especulación inmobiliaria. Oponerle a esto la lógica de una planificación integral, sustentable y democráticamente definida, que tenga el eje puesto en la calidad de vida de los habitantes y no en el negocio, no es sólo una expresión de buena voluntad: implica una confrontación directa con los intereses de los capitales que se enriquecen con la ciudad. La ciudad de las grúas sin calma El enorme crecimiento de la construcción en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires no tiene que ver con la necesidad de resolver la problemática de la vivienda o la emergencia habitacional, sino con invertir excedentes del capital y revalorizarlo. Basta observar cómo se dio el crecimiento de los metros cuadrados construidos, su valor y la localización de las nuevas edificaciones en la última década para tener una muestra. Según datos del Gobierno porteño, entre 2007 y 2015 se otorgaron permisos para construir 12.633.011 m2 (el equivalente a más de 250 mil departamentos de dos ambientes). Es decir que durante el gobierno del PRO en la Ciudad se construyó un promedio de cerca de 1,5 millones de metros cuadrados por año, mientras que la población se mantuvo estable en alrededor de 2.900.000 personas y 6 Harvey, David 2013: Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana. Ed. Akal, Buenos Aires, Argentina. 7 Massuh, Gabriela 2014: El robo de Buenos Aires, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, Argentina. P 109



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el déficit habitacional sigue aumentando, afectando a casi un cuarto de los habitantes. Podemos decir que aquellas propiedades nuevas no fueron enteramente destinadas a más y mejor vivienda sino a más y mejor negocio. Mucho se habla de la construcción como generadora de empleo o reactivación económica, pero lo cierto es que se ha vuelto un fin en sí misma, al punto de eliminarse todo tipo de planificación, respeto por la estética del vecindario y supresión de controles o estudios de impacto ambiental (Massuh, 2014). Como consecuencia, actualmente hay alrededor de 340.000 viviendas en desuso 8, muchas de ellas que solamente sirven a la especulación. Esto se refuerza si se observa la distribución de las construcciones: las obras estuvieron lejos de centrarse en la zona sur, donde la necesidad de vivienda es mayor, sino que lo hizo en las comunas del norte, donde se dan los mejores niveles en todos los indicadores socioeconómicos. Entre los años 2008 y 2015, las comunas 6, 12, 13 y 14 (que incluyen barrios como Belgrano, Caballito, Colegiales y Palermo) aglutinaron el 40% de los metros cuadrados construidos (5.047.912). Muy diferente a la situación de las comunas 4, 7, 8 y 9 (La Boca, Barracas, Villa Soldati, Villa Lugano y Parque Patricios, entre otros barrios) que en total suman el 15% de los metros cuadrados edificados. La mayor construcción coincide con el mayor precio de venta. En las comunas de Palermo y Belgrano, el precio del metro cuadrado puede alcanzar los U$S 2.700, mientras que en las comunas de Pompeya y Bajo Flores se registra un promedio de U$S 1.700. Esto se explica porque el capital fluye hacia donde las tasas de retorno son más altas, por lo que la colocación de excedentes se da de manera acelerada en las zonas de la Ciudad donde el precio es mayor. Este “círculo virtuoso del capitalismo especulativo” llevó a los precios de las propiedades de toda la ciudad hacia arriba. De este modo, mientras que en 2007 el valor promedio del metro cuadrado era de U$S 1.402, a comienzos de 2016 superaba los U$S 2.500. Un incremento en dólares de más del 50% y en pesos de casi 770%. Así, la inversión en ladrillos se convirtió en una de 8 Según datos del Censo nacional de población, año 2010

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las más rentables, superando con creces a la inflación del período. Una mercancía particular El suelo urbano es irreproducible. No hay dos terrenos iguales porque no existen dos locaciones iguales. Se puede construir el mismo edificio en Recoleta o en Villa Lugano, pero no tendrá el mismo valor. De esta forma, el propietario de esta mercancía puede obtener ganancias sin invertir en él, sólo por las rentas que ese suelo produce. Pero el negocio es posible porque existe una demanda creciente de suelo urbano y porque las modificaciones que se realizan en su entorno generan rentas cada vez mayores, sin la necesidad de que los dueños incorporen valor. Muchas veces, los desarrolladores invierten en terrenos o inmuebles devaluados y luego presionan para que aumente el precio y así obtener una renta extraordinaria. Allí, reside el carácter fuertemente especulativo del mercado inmobiliario. Una diferencia de la renta puede surgir, por ejemplo, de que el Estado permita un uso hasta entonces no permitido o realice una inversión en infraestructura antes inexistente. El suelo urbano posee así otra característica que lo hace atractivo para la inversión capitalista que es lo que se denomina una renta potencial: aquella ganancia que podría generarse por una revalorización del entorno o por una modificación del uso del suelo (Smith, 2013). Los casos más emblemáticos de crecimiento exponencial de la renta del suelo en nuestra ciudad fueron los de Puerto Madero, Abasto, San Telmo y algunas zonas de Palermo. Este fenómeno se empieza a observar más recientemente sobre algunos barrios del sur como La Boca, Boedo o San Cristóbal. El mecanismo es el siguiente: se busca invertir en una zona urbana deteriorada y desvalorizada, pero con una importante diferencia potencial de renta y luego empujar al Estado para que realice modificaciones que eleven el precio. En el caso de Puerto Madero, la valorización se dio en los años ’90, cuando el Estado definió mudar esa parte del puerto –ya en

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desuso- y modificar las normas vigentes para permitir que se pueda construir allí un barrio residencial, con la intervención de una empresa mixta (la Corporación Buenos Aires Sur) que facilitara la venta de terrenos públicos. El valor inicial de compra de esos nuevos metros cuadrados disponibles para el negocio, antes utilizados por el puerto, era tan bajo que les permitía a las empresas constructoras obtener una diferencia de renta capaz de asumir todos los costos y aún así obtener una enorme ganancia. El metro cuadrado en esta zona cotiza hoy cerca de U$S 4.000. En la actualidad, el ejemplo que ofrece el barrio de La Boca es similar: la reciente creación del Distrito de las Artes busca transformarlo y revalorizar la zona. Este es el motivo por el que un puñado de desarrolladores inmobiliarios –o sus testaferros- están comprando barato y desalojando masivamente conventillos o casas ocupadas. Por otra parte, proyectos futuros como Solares de Santa María, lindero a la Costanera Sur, van en camino a reproducir el destino de Puerto Madero. La empresa IRSA busca el cambio de zonificación del terreno que posee en la ex Ciudad deportiva de Boca Jrs., donde planea montar un barrio exclusivo para el sector más rico de la población. Lo llaman “La Dubai Argentina” y pretende ser una construcción de lujo, a orillas del río y a minutos del centro porteño, con residencias suntuosas y hasta un amarradero de embarcaciones para el cual sería necesario inundar la villa Rodrigo Bueno. El proyecto había sido frenado por vecinos y organizaciones y ahora el Gobierno quiere reactivarlo. Este comportamiento especulativo tiene serias consecuencias para la justicia espacial urbana. Por un lado, porque la enorme plusvalía que se genera no es retribuida de ninguna forma. El Estado desarrolla infraestructura, autoriza nuevos usos o densidades de construcción y con ello puede generar mayores niveles de renta del suelo para el propietario. Sin embargo, no se apropia de un sólo peso de esa diferencia y tampoco existe una contraprestación proporcionada para los habitantes de la Ciudad. Algunos países tienen mecanismos de captación de plusvalía urbana que recuperan, al momento de la venta de los inmuebles, parte de las ganancias generadas por la intervención del Estado. Como señala Raúl Fernández Wagner, “sean estas modificaciones otorgadas por los gobiernos o solicitadas por los propietarios, deberían implicar el pago, en

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concepto de ‘plusvalías urbanísticas’, de una proporción importante de la valorización que permite el permiso otorgado” 9. Gentrificar no es la tarea Una de las contradicciones fundamentales del capitalismo es que produce pobreza a medida que produce riqueza. En este sentido, la expulsión de los sectores populares de la ciudad y la desigualdad territorial avanzan en paralelo al crecimiento del mercado inmobiliario. Un negocio que fomenta la especulación, aumenta los precios de las viviendas en barrios enteros y da origen a la expulsión de los sectores que no pueden pagarlos. Estos se encuentran así en una situación de vulnerabilidad en relación a su espacio de vida, sin herramientas administrativas o jurídicas que los protejan de la expulsión. Este proceso en el que la población original es desplazada por otra de mayor poder adquisitivo, producto de transformaciones de todo tipo que realiza el mercado y que valorizan el suelo objetiva y subjetivamente, se ha conocido con el nombre de gentrificación. Como consecuencia, hay casi tantas casas vacías como familias en emergencia habitacional y zonas exclusivas para población de altos recursos. Así también, el aumento de población en asentamientos informales y la toma de tierras y viviendas avanzan en paralelo al  boom inmobiliario. El Estado aborda el problema de la vivienda y de otros derechos a los que se accede en el espacio urbano con lógicas similares a las del mercado, concibiendo su goce como algo propio del ámbito privado, restringido e individual. Predomina una concepción de la vivienda como una simple mercancía considerada por su valor de cambio y no por su función social, sin contemplar las situaciones de vulnerabilidad que esto genera. En ese marco, el derecho a un techo digno pierde frente al derecho a la propiedad privada. Contrario a este paradigma, proponemos pensar la planificación urbana desde la perspectiva del derecho a la ciudad como derecho humano, porque permite abordar el problema de forma colectiva. El derecho a la ciudad hace referencia no sólo a la posibilidad de acceder a los bienes y servicios que otorga la vida urbana, sino también a la posibilidad de ejercer un “poder colectivo sobre el proceso de urbanización”10. Esta es 9 http://www.revistaturba.com.ar/la-ciudad- justa/ 10 Idem 9.

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una forma de pensar la planificación no atada a los intereses individuales sino a los intereses colectivos del conjunto de la sociedad. “Revolución urbana” Es posible y deseable pensar un esquema donde el Estado no sea agente inmobiliario sino regulador, con una importante participación democrática de aquellos que habitan su territorio y son atravesados por sus políticas, de cara a superar la fragmentación y avanzar hacia la ciudad como un espacio de integración social. Pero esto implica revertir la lógica de valorización del capital en el suelo urbano y enfrentar a los empresarios que lucran con la ciudad. La tierra urbana es un recurso no renovable y cualquier intervención sobre la misma debe tener como objetivo prioritario garantizar la sustentabilidad y mejorar las condiciones de vida de su población. Para pensar en una planificación eficiente y más equitativa, es necesario incorporar la función social de la propiedad y la participación comunitaria –vinculante y no testimonial-, local y barrial en la elaboración de los programas de espacios públicos y equipamientos urbanos. Estableciendo estructuras democráticas de gestión y control sobre las políticas en cada porción de territorio. Con el pueblo como protagonista, es posible generar las condiciones para que el Estado regule el desarrollo inmobiliario y los usos del suelo y la vivienda, de cara a revertir la dinámica actual que vulnera y expulsa. Para que los derechos a la vivienda y a la ciudad estén garantizados, para construir una planificación integral en la que la prioridad esté puesta en las personas, en la defensa de lo público y en la justicia espacial y habitacional y no en los beneficios de propietarios individuales.

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El robo de Buenos Aires Extractos del libro “El Robo de Buenos Aires”, de Gabriela Massuh.

La guerra contra el patrimonio La nómina de recursos aplicados por el Ejecutivo porteño para autorizar la demolición del patrimonio urbano es imaginativa. Entre ellos, figura uno en el que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue perfeccionándose: presentar un caso de derribo como un hecho consumado, oculto detrás de carteles gigantes para no llamar la atención; o bien, comenzando la destrucción de un inmueble desde adentro, también para evitar que se vea desde la calle. En ambos casos, adquiere visibilidad recién cuando ya no se puede hacer nada. Otro mecanismo frecuente es autorizar una demolición que está bajo protección legal dando por sentado que nadie va a hacer un

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reclamo judicial. También, está la vía de hecho, que es no autorizar por escrito pero dejar hacer. Todo esto genera situaciones desopilantes en una justicia desbordada por la avalancha de pedidos de amparo, obligada en muchos casos a dar sentencia con una celeridad que siempre es menor a la de las topadoras. De tanto afán demoledor hay cuadras enteras que se parecen a Beirut después de la guerra civil o a Berlín luego de la reunificación bajo las grúas: zonas de nadie se abren como cráteres en medio de la Ciudad, disimuladas por grandes carteles publicitarios detrás de los que no hay más que basura, colchones o restos de los habitantes que precariamente los mantenían por haberlos ocupado mientras aguardaban la llegada de tiempos mejores. Estas zonas, Rivadavia a la altura mil o Pueyrredón a la altura del seiscientos y setecientos, eran hasta hace poco cuadras emblemáticas de Buenos Aires, construcción opípara de tiempos cercanos que tenían un futuro de opulencia e integraban esas fachadas por las que alguna vez se sintió orgullo, curiosidad o asombro con sólo levantar la vista. La situación del patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires es devastadora. Esto no se debe exclusivamente a la gestión de Mauricio Macri, sino también a largos años de desinterés público por el tema. Muchas veces, se tiene la sensación de que funcionarios y gestores están persuadidos de que las cuestiones de patrimonio son una especie de berretín de la clase alta y, por ende, “cosa de ricos”. De hecho, a nadie se le movió un pelo cuando, en el año 2010, la World Monuments Fund incluyera el área céntrica de Buenos Aires en el listado de los diez “sitios en riesgo″ en todo el mundo dentro de una nómina de 100 lugares que se encuentran en peligro ya sea por políticas ineficientes de preservación o por catástrofes naturales. El daño es profundo y es irreversible. Buenos Aires no es la que era hace 50 años. Lo grave es que ya no sea la ciudad que fue hace diez. No obstante, podría pensarse en políticas que destinen una mínima parte de lo que recaudado a colaborar con los propietarios en la conservación del recurso patrimonial, dado que este acervo constituye uno de los principales motivos de atracción de los turistas extranjeros que visitan la ciudad. O bien, realizar un debate

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profundo y democrático sobre el modelo de ciudad que queremos legarle a nuestras futuras generaciones. La demanda del mercado de suelos arrasó con la arquitectura de valor patrimonial y, de paso, con una identidad ciudadana construida a lo largo de por lo menos dos centurias. Tomarlo como un hecho natural o como una manifestación del progreso (como habitualmente suele hacerse) es, en el mejor de los casos, un acto de pereza mental. La destrucción de una ciudad para beneficio de unos pocos es un escándalo muy fácilmente controlable. No hay que inventar nada nuevo. Simplemente, hacer lo que hacen otros para controlar la hipertrofia edilicia: poner un impuesto a los inmuebles vacíos. En el contexto de esta gestión ávida por los escombros, las grúas y las topadoras, es necesario entender que toda esta destrucción es absolutamente gratuita y no tiene otra ventaja que la de mantener el valor del dinero acumulado, lo cual no tendría nada de malo si estuviera articulado dentro de un mecanismo equitativo y democrático que previera la necesidad de vivienda de la población en su conjunto. En la actualidad, la construcción obedece exclusivamente a la especulación de los desarrolladores, en la mayoría de los casos amigos del gobierno. Programas de radio o de televisión bien intencionados, que invitan a vecinos comprometidos en salvar algún inmueble, suelen lamentar la pérdida del bien intangible, pero en seguida justifican la acción gubernamental con “la necesidad de vivienda”, como aceptando las pérdidas como un hecho sin remedio. Es también la tesitura de muchos legisladores de la oposición, entre quienes hasta el momento no se destacó uno que defendiera el patrimonio de manera efectiva. Ninguno de los edificios destruidos, a veces son manzanas enteras, dio pie a una sola casa destinada a aquellos que la necesitan. Lo contrario es el caso: la euforia inmobiliaria lleva indefectiblemente a encarecer aun más el acceso a la vivienda. A esta altura de los acontecimientos, es muy poco probable que se habite siquiera el 50% de las suntuosas propiedades que sustituyeron la fachada ancestral de barrios como Flores, Floresta, Caballito, Palermo o Villa Urquiza.

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City Marketing Como consecuencia de estas transformaciones, las ciudades se convirtieron en grandes escaparates para la mirada de afuera, y esa mirada exige un estándar de hoteles, centros de convenciones, seguridad, restaurantes y oportunidades de esparcimiento a la altura de un viajero VIP. Se intenta convertir a la ciudad en una “marca” de competencia internacional para atraer a turistas y, sobre todo, a inversores. En su afán por distinguirse, los centros urbanos se fueron pareciendo. Dejaron de construir para el uso urbano de su población y se abocaron a una necesidad ajena, abstracta. Como todas aplicaron las mismas estrategias, en todos lados aparecían los mismos paseos de compras con las mismas marcas, las mismas cadenas de hoteles boutique, los mismos cafés en el mismo vaso… Si la intención era elaborar una “marca” específica, lo que se logró es todo lo contrario: que no valga la pena salir de la propia ciudad descubrir algo diferente. No obstante, los argentinos siguieron viajando a Miami, por más que Buenos Aires se le estaba pareciendo cada vez más. Decir, por ejemplo, que Puerto Madero es un barrio más no le hace justicia a la Ciudad. Quizá, falte encontrarle un nombre adecuado a esta isla donde el lujo, el dinero de la corrupción y el de oscura proveniencia, los tugurios encargados de lavarlo y sacarlo en bolsas de consorcio, los restaurantes exclusivos, los hoteles al estilo Gaith Pharaon y los museos art centers conforman el conglomerado simbólico de la ilícita apropiación de la Ciudad. Concebido en los albores de los años ’90, Puerto Madero es parte de la embestida neoliberal de las grandes renovaciones urbanas en todo el mundo. Bajo el pretexto de la eficiencia y la sustentabilidad presupuestaria, las ciudades recortan prestaciones, servicios y seguros sociales; el excedente se invierte en connivencia con el capital privado. Es la década del public-private partnership 11 y de los arquitectos estrella 11 Una forma de asociación público-privada, en este caso para inversión en desarrollo urbano como fue la creación de la



Corporación Buenos Aires Sur.

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que pasan a integrar la nómina de una consagración a la que toda ciudad quiere pertenecer. La competencia por seducirlos es feroz. Extractivismo urbano Si hasta el momento el término “extractivismo” se aplicaba sobre todo a los recursos naturales, tales como la creación de un supuesto bienestar a través de la sobreexplotación de la tierra, el agua y el subsuelo, el abogado ambientalista Enrique Viale sostiene que existe un “extractivismo urbano”, que sería el mismo método aplicado a la ciudad: la apropiación indiscriminada de espacios comunes, su privatización y la consecuente generación de excedentes que no “derraman”, como prevé la teoría neoliberal, sino que sustentan el mecanismo de acumulación por desposesión. “En las ciudades, no hay petróleo”, dice Viale, “no hay minerales, pero hay tierra pública. Y las corporaciones inmobiliarias la codician.”. Es innegable que esta serie de transformaciones urbanas trajo cambos radicales en el pasado y los trae en el presente. A primera vista, surten un efecto imaginario de acceso al confort, que, por lo general, se asocia con el progreso y la seguridad. Lo que antes se llamaba calidad de vida se convierte en life style, los nuevos lugares dan la sensación pertenencia y de estar entre iguales. En Buenos Aires, sería el estilo Nordelta, la vida boutique rodeada de amenities que goza de la naturaleza frente a un lago artificial y usa la cuatro por cuatro para comprar medias lunas en la panadería de la esquina o en el shopping del country. Si hubiera que encontrar un pendant local del yoga en Estambul, sería una mezcla del estilo Palermo con algunos toques de la vida en un barrio cerrado. El nuevo estilo de vida es el mundo prolífico y ordenado en escaparates de lujo. Es una nueva urbanidad con escasos ingredientes específicos de la ciudad. Porque la ciudad real desaparece proporcionalmente a la expansión del life style. En la actualidad, la ciudad transformada en un sitio de fragmentos fortificados atiende la seguridad de los bancos, las áreas pudientes, los centros de consumo y algunas otras por las que transcurre el turismo. Al resto las deja libradas a su suerte, casi parecería de manera intencional. La técnica del abandono suele propiciar la ma-

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nía del “saneamiento” urbano, que es declarar la zona como emergencia, desocupar inquilinatos por la fuerza y derruir la sustancia edilicia en lugar de sanear. Este sutil mecanismo de ocupación-desocupación está provocando no pocos conflictos en todo el mundo. La ciudad es un bien común: le pertenece a sus habitantes porque ellos la hacen todos los días. La Ciudad es su historia presente y pasada, su seria y su esplendor, su literatura y su música, el nervio que la recorre y el río ausente. En sus calles, han tenido lugar las reivindicaciones por las que peleamos y también aquellas que no fueron concedidas. Esa construcción común de ricos y pobres, inmigrantes que vinieron en barco y migrantes que llegaron en tren o en ómnibus del interior o de países hermanos, de criollos que la creyeron propia y de provincianos que le hicieron parques… Todo eso no puede transformarse en un commodity. El Estado no puede renunciar a su deber de proteger la herencia cultural porque es un bien común: es tierra pública y cultura heredada. La atmósfera y el atractivo de una ciudad es un producto colectivo de quienes la habitan o la recorren a diario. Si es rentable, comercializable, apta para el turismo o seduce a inversores es por su valor agregado, ese “valor” es un bien colectivo que fue construido por el conjunto de sus pobladores. La ciudad como bien común no ha desaparecido ni es cosa del pasado: hay que reconquistarla.

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Romina Tuliano Conde

El rol del Poder Judicial en los procesos de desalojos: el “tornillo” que ajusta la “máquina de expulsión” Los desalojos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) crecen año tras año. El contexto político actual se vuelve cada vez más propicio para acelerar los procesos de expulsión de los sectores populares. En los últimos años, la intervención estatal ha establecido marcos regulatorios que, en el campo sectorial específico del acceso al hábitat, han optado por privilegiar la función mercantil –no social- de la vivienda. En este artículo, abordaré únicamente la problemática de los procesos de desalojos que tramitan ante la justicia nacional en lo civil, desde un enfoque crítico a ese Poder Judicial que forma parte de la máquina de expulsión de los sectores vulnerables de la Ciudad. Un sistema de piezas donde los jueces y las juezas se convierten en el “tornillo” ultimo que ajusta el engranaje y legítima las operaciones

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previas, no siempre “muy legales”, que finalizan con el desalojo. Asimismo, el enfoque está puesto en aquellos desalojos que afectan a un colectivo de familias que han accedido a la vivienda a través del mercado informal, ya sea por ocupaciones de inmuebles vacíos o alquileres informales en hoteles o casas particulares. Por último, y desde una mirada más optimista, me explayaré sobre las herramientas legales con la que cuentan los/las afectados/as para resistir los desalojos, el bagaje normativo sobre soluciones habitacionales que ofrece el Ejecutivo y las “armas” de negociación y resistencia de las familias que hacen posible, en algunos casos, frenar la maquinaria. El mercado informal Para entender el marco normativo de los desalojos es necesario contextualizar sucintamente las variadas situaciones de informalidad a través de las cuales las familias acceden a la vivienda. Se trata de un mercado no comprendido por las normas y regulaciones urbanísticas, basado en una lógica de la necesidad impulsada por aquellos sectores que no logran satisfacer sus condiciones de reproducción social a través del mercado o a través de políticas de Estado efectivamente existentes12. En algunos casos, el acceso se produce a través de la ocupación de hecho de inmuebles o tierras, privadas o públicas, vacantes o en desuso. Y en otras ocasiones, el mercado informal les ofrece vivir en seudo hoteles o inquilinatos donde existe una relación contractual solapada, pagando cánones exorbitantes por alquileres “truchos”. Según el Censo 2010, casi un 12% (133.940 de los hogares) reside en hogares bajo tenencia irregular, concentrándose principalmente en las comunas 8 (18.7%), 7 (13.65%) y 15 (13.13%). Del total, 103.963 personas viven en inquilinatos, conventillos, habitaciones de hotel, o pensiones – registrándose un aumento del 11.3% respecto del Censo 2001- que se concentran en las Comunas 1, 3 y 413. 12 Informe Preliminar de la Comisión de Vivienda del Consejo Económico y Social, “Diagnóstico, Socio-habitacional de la Ciudad de Buenos Aires”, 2013 en file:///C:/Users/fvg1/Downloads/CLAFIL20140507_0005.pdf 13 Resultados finales del Censo 2010 en http://www.sig.indec.gov.ar/censo2010/



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La situación de vulnerabilidad de las personas que acceden a la vivienda a través de ese mercado posee tres características que se entrelazan y refuerzan mutuamente: i) la precariedad edilicia de las construcciones; ii) la informalidad legal, dada la ausencia de instrumentos legales que den seguridad jurídica a la tenencia de las unidades y iii) la ausencia de control estatal. 14 En todas sus modalidades, los/las vecinos/as sufren una estafa en el mercado informal de alquileres. Las familias pagan un canon locativo a un sujeto, que casi siempre cuenta con la anuencia del propietario y que llegado el momento, por alguna razón casi siempre económica, se desentiende de la situación desconociendo a las familias a las que les alquilaba e inicia el proceso de desalojo. En igual sentido, en el caso de las familias que adquieren sus viviendas a través de la ocupación pacífica de inmuebles vacíos, siempre existe la amenaza de un dueño “fantasma” que adquiere la propiedad con “sus vidas” dentro para luego desalojarlos. La regulación del juicio de desalojo y la actuación de los jueces y las juezas en el proceso. Parafraseando a un colega, “el juicio de desalojo es un partido con la cancha inclinada”. Este proceso está regulado en los artículos 679 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) dentro del libro cuarto, título VII correspondiente a los procesos especiales. Fue pensado hace casi 48 años atrás como un procedimiento cuyo objeto perseguía la “desocupación de inmuebles” tendiente a proteger la propiedad de quien tenga derechos de uso y goce sobre el inmueble, contra “todo ocupante” (art. 608). La última reforma del Código (2001) modificó en dos aspectos al juicio de desalojo. Por un lado, cambió el tipo de proceso aplicable y, por el otro, introdujo la ampliación del reconocimiento judicial para las causales de falta de pago y vencimiento de contrato (680 ter), previendo además la desocupación inmediata de conformidad con el art. 684 bis.A modo de empezar a entender por qué el juicio ya está inclinado en favor de los propietarios, es importante remarcar que la reforma fue receptada con clamor por las instituciones aglutinantes de dueños de inmuebles como la Cámara de Propietarios de la República Argentina (CAPRA), las asociaciones de corredores 14 Informe del Ministerio Público Tutelar, “La situación en conventillos, pensiones e inquilinatos de la Ciudad” en http://mptutelar.gob.ar/content/la-situaci- n-en- conventillos-pensiones- e-inquilinatos- de-la- ciudad.html)



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de bienes raíces, la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y entidades científicas, como el Centro Argentino de Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal (CADIPH), quienes venían reclamando desde hace tiempo un cambio legislativo que permitiera simplificar y abreviar los procesos de desalojo inmobiliarios, en un contexto de crisis como la que se vivía por entonces. Hasta la reforma, los juicios de desalojo tramitaban como juicios sumarios, es decir, tenían un régimen particular. La ley 25488 derogó esa clase de procesos, generando un “supuesto” interrogante respecto del trámite que entonces se debía conferir al juicio de desalojo: sumarísimo, de tramitación breve, u ordinario. Básicamente, la diferencia fundamental de estos procesos son los plazos y las pruebas. Mientras que en el proceso sumarísimo, se prevé plazos de cinco días para contestar demanda y tres días para apelar las resoluciones judiciales, el proceso ordinario prevé quince y cinco días respectivamente. Sin embargo, a pesar de que la propia reforma estableció que todas las contiendas judiciales que no tuvieran señalada una tramitación especial, serían ventiladas en juicio ordinario, salvo que el Código autorizase al juez a determinar la clase de proceso aplicable (art. 3), en la actualidad la mayoría de los jueces y las juezas le imprimen el carácter de “sumarísimo” por considerar que, tratándose del recupero de inmuebles, ello debe lograrse en plazos reducidos. Es decir: el primer escollo que nos encontramos es redefinir el tipo de proceso que se le imprime, aunque muchas veces ello resulta imposible porque el juicio ya está avanzado en la instancia de lanzamiento (desalojo) y todo aquello que no se cuestionó oportunamente resulta difícil considerarlo por un principio que tiene nuestro ordenamiento civil de preclusión de los actos procesales. Esta última reforma extendió además la restitución anticipada del inmueble para la causal de vencimiento de contrato y falta de pago, que antes sólo era aplicable a la causal “intrusos”. Previo a dicha reforma, en el año 1995, a través del mismo lobby que antes mencionase, se logró que en los casos que la acción de

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desalojo se dirigiera contra intruso, en cualquier estado del juicio después de trabada la litis y a pedido del actor, el juez podía ordenar la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil y previa caución por los eventuales daños y perjuicios que se puedan irrogar (art. 680 bis). Esto significa que contestada la demanda o habiendo transcurrido el plazo para hacerlo, el juez puede ordenar la desocupación inmediata del inmueble, tomando como precaución una caución real que, en la mayoría de los casos, es el propio inmueble en cuestión. En la práctica, significa trabajar a contra reloj para impedir que previo al dictado de una sentencia definitiva, se ordene la restitución del inmueble al propietario, violándose todas las garantías de derechos humanos que deben primar en los procesos de desalojos. Además significa el fin del pleito, pues en definitiva eso es lo que los propietarios buscan al iniciar los juicios por estas causales. En la especie, nos encontramos frente a una sentencia anticipada (por no decir condena) que hace lugar total y definitivamente a la pretensión del actor, con fundamentos en que tanto la experiencia como la estadística dicen que los procesos de desalojo fundados en dichas causales prosperan en su totalidad. 15 La notificación del juicio Otro problema se da en las notificaciones previstas para estos juicios, que desconocen la singularidad de estos conflictos sociales. Las modalidades jurídicas pensadas para juicios bilaterales que involucran personas que tienen acceso a un abogado capaz de entender la complejidad de una cédula y el vocabulario jurídico, deja a un gran número de personas fuera del acceso fehaciente a la justicia. En este sentido, el derecho y el sistema judicial son realidades extrañas, complejas y difíciles de comprender para todos aquellos que no tienen un contacto directo con el mundo jurídico. Éste es un fenómeno que se da en general en toda la población aunque en los sectores con menos recursos el nivel de rechazo se acrecienta. 16 Si bien el lenguaje jurídico resulta extraño para la gran mayoría de las personas, este fenómeno se potencia por el hecho de que 15 Juan Pedro Coleiro, “El juicio de desalojo y las reformas de la ley 25.488”, Revista Abogados. Revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, N° 56 pág. 28, 2002 16 ShunkoRoms, “Acceso a la Justicia y Pobreza”, Lecciones y Ensayos, pág. 522).



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los sectores populares se desenvuelven en una subcultura en la que el lenguaje jurídico es absolutamente extraño, repercutiendo negativamente en el conocimiento mismo de la existencia de los derechos que los asisten 17. El derecho no es una entidad aislada de la realidad circundante; responde a factores económicos, sociales y culturales y produce efectos concretos en dicha realidad. La ficción de una notificación bajo responsabilidad de la parte actora, es decir que el propietario demandante se responsabiliza de que los demandados se enteren del juicio, implica lisa y llanamente una violación del derecho a la defensa. Puesto que en la práctica jurídica las personas recién se enteran de la existencia del juicio cuando el brazo ejecutor de esa orden –oficial de justicia- les avisa del “lanzamiento”, que procederá contra todos y todas, hayan o no participado del proceso. En estos casos, la igualdad jurídica formal de “todos iguales ante la ley”, implica desconocer que dicha concepción de igualdad deja de lado el aspecto económico, social y fáctico que impregna ese concepto. Así, la igual aplicación de la ley a situaciones formalmente iguales, pero en condiciones realmente desiguales, en lugar de acercarse a lo justo, acentúa la desigualdad y la injusticia 18. La reforma constitucional del año 1994 marcó un hito. Desde entonces, la normativa aplicable a todo proceso judicial se encuentra atravesada por el bloque de derechos humanos que fuera introducido a través del art. 75 inc. 22. Es por ello, que cuando la ejecución de una demanda de desalojo implique colocar a personas en situación de calle (máxime cuando entre ellas se encuentran grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad) esa decisión se encontrará reñida con el plexo constitucional. Y no existe razón alguna para que se haga anticipadamente a la sentencia, más que la voluntad de los/las operadores/ as jurídicos de hacer prevalecer el derecho de propiedad por encima del derecho a la vivienda.

17 Op. cit. 5 18 Op. cit. 5



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El rol del negocio inmobiliario Por otro lado, volviendo al litigio, la demanda de desalojo por la causal de intrusión es utilizada como una herramienta fácil que no requiere demasiada prueba para recuperar el inmueble en el que o bien existía una relación contractual soslayada con los/las vecinos/ as o el inmueble ha sido adquirido recientemente con ellos y ellas dentro. En el primero de los casos, se vuelve casi imposible demostrar en juicio la existencia de esa relación contractual, puesto que no existen ni contratos, ni recibos, ni documentación alguna que deje rastro del negocio ilegal del propietario. Esta falta del propietario, unida a la grave crisis económica y a la lógica de la necesidad, desbalancea el ideario de la igualdad de “armas” de las partes en el proceso, por lo que el juez debería constituirse en el último baluarte del control y de la defensa de la legalidad, a la vez que en morigerador de situaciones en las que aquellas desigualdades puedan llevar, a través de la solución legal, a consagrar verdaderas injusticias 19. En el segundo supuesto, un inmueble abandonado y recuperado por las familias es adquirido por una o un particular o una sociedad que lo ha comprado a un precio irrisorio y pretende el desalojo inmediato para comenzar allí la revalorización del mismo. Estos “inversionistas” no compran al azar sino que llegan a barrios en donde el poder público facilita su actuación a través de normas urbanistas que promueven la llegada de las inversiones en barrios que no eran considerados rentables, comprando propiedades ocupadas a precios irrisorios (hasta el 50% menos de su valor real). Así, el negocio de los especuladores cierra su círculo beneficiado por el actuar del poder judicial, que ciñéndose al tipo de proceso, ordena el desalojo y “olvidan” aplicar la normativa de derechos humanos como el art. 14bis CN, arts. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11 del Pacto de Derechos Económicos 19 Op. cit 4

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y Sociales, art. 5.e.iii de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, art. 14, inc, 2 h de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de discriminación contra la Mujer y art. 27 inc. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Particularmente, la Observación General Nº 7 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, define claramente a los ´desalojos forzosos´ como el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos (párr. 3). Y el propio Estado deberá abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos y garantizar que se aplique la ley a sus agentes o a terceros que efectúen desalojos forzosos (párr. 8). En cuanto a las consecuencias de las mandas de desalojo, la Observación es trminante al prescribir que los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda (párr. 16). La práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave a los derechos humanos, en particular al derecho a una vivienda adecuada, de acuerdo con la Resoluciones 1993/77 y 2004/28 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. A pesar de todo ello, la práctica cotidiana en la defensa de las familias nos demuestra que los jueces y las juezas continúan juzgando desde una mirada conservadora, en la que aplicar la normativa de derechos humanos equivale a “chicanas” dilatorias que no deben ser planteados en estos procesos. Es la propia acción del Poder Judicial que casi de manera gratuita (salvo por el pago de la tasa de justicia y los honorarios de un profesional) revaloriza el inmueble concretando el lanzamiento. Para que quede claro: un inmueble que fue comprado por un particular o una sociedad, con las familias viviendo dentro a U$200.000 dó-

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lares, cuando logra el desalojo pasa a valer un millón de dólares. Esa plusvalía es producida ni más ni menos que por el propio Poder Judicial y es apropiada privada y únicamente por el especulador. Son contadas las excepciones de jueces y juezas que se animan a dar cuenta de la existencia de dos derechos constitucionales en juego: propiedad y vivienda. Y más contado aún, que en pos de ello busquen soluciones armoniosas y respetuosas de los derechos humanos en juego. En su mayoría, no asumen su responsabilidad como parte de un poder del Estado que no puede desconocer el contexto social y político de las familias a las que dejara en la calle. Quienes sí se animan tímidamente a reconocer la coalición de derechos en juego, se limitan por cuestiones de competencia a librar unos cuantos oficios a organismos que en algunos casos no son idóneos para solucionar la problemática habitacional, y otras veces a organismos como el Instituto de la Vivienda que sí lo son, pero sólo a fin de que tomen conocimiento de la situación y “hagan algo” con plazos perentorios de diez días, tornando imposible cualquier solución. Lamentablemente, esa actitud de los jueces es avalada por las instancias superiores de apelación que consideran que el problema habitacional no es objeto de este juicio y que en todo caso, las familias deberán acudir a la justicia contenciosa administrativa de la CABA. Ello significa entrar en ese espiral que ya conocemos del amparo habitacional que ni frena ni es expedito para que las familias no sean desalojadas sin un lugar a donde ir. Claro está que existe además un componente ideológico, que lejos de quedarse fuera de la imparcialidad con las que los jueces y las juezas nos hacen creer que fallan, se manifiesta verbalmente en las audiencias o incluso solapadamente en sus sentencias. Los “intrusos” son para los/as operadores/as judiciales aprovechadores que quieren vivir “de arriba” exacerbando un tremendo prejuicio que existe sobre la informalidad en la que viven los pobres. Esta inclinación de la cancha se refuerza aún más con la impunidad en la que se manejan los oficiales de justicia, quienes parecen ser envestidos de un poder especial que los habilita a la negociación de la fecha y que “juegan” a dar ese tiempo de gracia o no en

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la misma lógica de la necesidad. Para finalizar y retomando la introducción, una maquinaria es un conjunto de piezas que componen un mecanismo que tiene por fin poner en funcionamiento un aparato. Esas piezas tienen su orden y su “rol” y todas confluyen para que la maquina funcione. En ese entramado de piezas que se aceitan para expulsar a los sectores populares de la Ciudad, el Poder Judicial es el “tornillo” que ajusta, la última pieza que legitima la “máquina” a través de sus burócratas: los jueces y las juezas. “Una maquinaria burocrática donde lo abyecto se convierte en algo rutinario, desapasionado y banal” 20. Las herramientas legales, de organización y resistencia de los sectores populares Para empezar, es necesario saber que a pesar del escenario judicial negativo en el que se dan la lucha de las familias, la organización, la exigibilidad, la visibilización del conflicto y la resistencia son las “armas” que los sectores populares tienen y usan para frenar la “maquina” dispuesta a dejarlos en la calle. El Poder Ejecutivo de la Ciudad ofrece un menú de opciones para la emergencia o para la construcción de soluciones a largo plazo, menú que siempre ha sido insuficiente para paliar la grave crisis habitacional y económica que enfrenta la CABA y que se encuentra sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestarios. En este aparado, me referiré únicamente a dos programas: el Programa de Atención para Familias en Situación de Calle y la ley 341. En el año 2006, el Ejecutivo creó a través del decreto 690 el Programa de Atención para Familias en Situación de Calle con la finalidad de mitigar la emergencia habitacional de los residentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su objetivo primordial es el fortalecimiento transitorio del ingreso familiar con fines exclusivamente habitacionales, debiendo los fondos otorgados estar destinados a cubrir gastos de alojamiento (art.4). Este programa permite a las familias ser beneficiarias de un subsi20 Hannah Arendt,“Eichmann en Jerusalén. Un estudio acerca de la banalidad del mal”,Editorial Lumen, Barcelona, trad. de Carlos Ribalta, 1963

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dio de $1800 pesos en seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas, pudiendo la autoridad de aplicación extenderlo y otorgar una suma adicional pagadera en cuatro cuotas adicionales, a criterio de aquélla y siempre que persista la situación de vulnerabilidad. En la práctica, frente a esa situación de extrema vulnerabilidad que supone el lanzamiento de los ocupantes, el organismo se hace presente el día en que está pactado el desalojo y ofrece una cantidad de cuotas, que no suele superar la sumatoria de dos cuotas juntas para que se retiren del inmueble, obligándolos a vagar por la Ciudad en busca de hoteles o casas de familia que les extiendan recibos para poder demostrar que el subsidio es utilizado con ese fin habitacional. Es decir: estamos frente a una pieza más que acelera y aceita la “maquina desalojadora”. Por otro lado, en el año 2000 la Legislatura porteña aprobó la ley 341 mediante la cual se crearon políticas de acceso a vivienda para personas en situación crítica habitacional a título individual o a través de procesos de organización colectiva como ser cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, etc. Los créditos se otorgarían para compra o construcción de viviendas, ampliación o refacción 21. Entre las críticas que se hacen a este programa se encuentran dificultades en la ejecución de los proyectos e incumplimiento de los tiempos estipulados, excesivas trabas burocráticas para el cumplimiento de los requisitos que se le exige, falta de transparencia en las adjudicaciones, observaciones sobre la asignación de presupuesto destinado al cumplimiento de los derechos de los habitantes de las villas de la ciudad, presupuesto insuficiente, ineficiencia, falta de información en general y en particular sobre el patrimonio de la Ciudad y ausencia de un plan de vivienda social para el aprovechamiento de fábricas y predios abandonados 22. Todo ello conlleva a que diariamente cientos de personas queden fuera del único “menú” de solución habitacional en el mercado formal. Tal como ya lo dijera la Corte Suprema de Justicia, el menú de soluciones brindado por la demandada (Gobierno de la CABA) para 21 Royo, Laura, “Las Políticas Habitacional en la Ciudad de Buenos Aires desde una perspectiva de Derechos humanos” en http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2011/10/mesa_2/royo_mesa_2.pdf 22 Op. cit. 10 23 CSJN “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo

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dar cumplimiento a la manda contemplada en los arts.14 bis de la Constitución Nacional y 31 de la Constitución local aparece como insuficiente 23. Ahora bien: ante esas políticas, el ingenio popular ha dado sus frutos. Los sectores populares conocen que esta lucha no es personal, no les toca a ellos por alguna extraña razón, sino que se enmarca en una situación de grave conflictividad habitacional, social y política. La organización de las familias es una pieza fundamental para frenar la “máquina”. Es radicalmente diferente trabajar con colectivos organizados que funcionan de manera asamblearia y que se han conformado en cooperativa, que con familias que buscan soluciones aisladas cada una por su lado. No en vano, ya lo dice el cantar popular “la unión hace la fuerza”. Esta organización de las familias es lo que ha permitido permear ese sistema burocrático que ofrece el Ejecutivo y lograr acuerdos que le permitan soluciones reales. En ese camino, he conocido experiencias satisfactorias que han logrado forzar acuerdos con el IVC para la construcción de soluciones habitacionales, como es el caso de las familias de “Pavón” nucleadas en la Cooperativa “El Surco” 24. En lo que concierne a las herramientas legales, la organización de las familias y la unión en esa lucha se refuerza si logran acceder a la justicia, ya sea a través de un abogado particular o la defensa pública que tendrá la obligación de tomar las medidas que sean pertinentes para defenderlos y evitar su desalojo hasta tanto no exista una solución habitacional alternativa. Es cierto que la “maquina desalojadora” es poderosa, pero me atrevo a decir que la lucha popular también y sólo por ese camino lograremos cambiar la correlación de fuerzas que permitan una reforma legal que armonice los procesos de desalojos con los derechos humanos de los sectores populares.

24 La organización de las familias que viven en el inmueble de la calle Pavón logró que el día en que estaba programado el desaojo el presidente del IVC se hiciera presente y firmara un acuerdo con los vecinos que les permitiera consagrar una solución habitacional definitiva a través de la entrega de créditos individuales a la cooperativa “El Surco” para la adquisición de otro inmueble.

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Informalidad y acceso al suelo urbano La actual gestión urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó con una novedad: una especie de “pulsión urbanizadora” 25 de las villas. Sus características e impactos deberán ser analizadas con mucho cuidado. Nos ocuparemos aquí de uno de los aspectos relevantes para tener en cuenta a la hora de pensar el conflicto del hábitat popular en la ciudad; la aparición de un creciente mercado inmobiliario informal y con él, de una población que vive a su ritmo. Concebir a la informalidad urbana sólo como un problema legal, causado por la falta de un título formal de la vivienda en que se habita, es desconocer los factores que influyen en ella y la causan y las actuales configuraciones de los barrios populares. Bien sabido es que errar el diagnóstico conduce a errar las soluciones. La problemática de la vivienda en la Ciudad, lejos de restringirse a 25 Una rápida consulta a la web del Instituto de vivienda de la CIUDAD de Buenos Aires pueden verse:)http://www.lapoliticaonline.com/nota/98118/ , http://www.construar.com.ar/2016/06/caba-urbanizar- todas-las- villas/ proyecto Villa 20 ( http:// www.buenosaires.gob.ar/noticias/lanzaron-la- mesa-de- gestion-participativa- de-transformacion- e-integracion-para-la proyecto Fraga https://www.facebook.com/InstitutoDeViviendaDeLaCiudad/posts/1078764285511849 etc

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los sectores populares atraviesa a distintas clases sociales. Ello se vuelve especialmente evidente en el caso de la problemática de los alquileres, que se ha convertido en la única alternativa para cada vez más sectores de la población. Así, la cantidad de inquilinos formales en la Ciudad pasó del 22,1% en 2001 a más del 33% en 2015. Si bien la inquilinización es un fenómeno extendido en la Ciudad, es relativamente novedoso y tiene un impacto especialmente grave al interior de los barrios populares. La estrategia del alquiler se ha desarrollado e instalado al interior de las villas como una de las principales formas de resolver el hábitat popular. Es decir que la vieja idea de “un lote - una familia”, que guiaba el pensar de los asentamientos informales, ha entrado en crisis. Contrario al sentido común extendido, en la Ciudad de Buenos Aires, los problemas urbanos no obedecen exclusivamente al aumento de la cantidad de habitantes que no ha podido ser absorbida por viviendas nuevas. El problema radica más bien en el cambio de finalidad de esas viviendas, que dejaron de ser bienes de uso (casas para vivir) para ser bienes de cambio y reserva de valor (casas para especular) 26. El boom constructivo debe contrastarse con la realidad de los asentamientos informales, cuya población creció un 130% entre 2001 y 2013, pasando de 107 mil a 275 mil personas (el 10% de la población total de la Ciudad 27). Sin embargo, la extensión de estos barrios -la cantidad de suelo que ocupan- prácticamente no ha variado desde 2001 de aproximadamente 270 hectáreas. Por lo tanto, el aumento de la población trajo aparejada la densificación de las villas, dando lugar a la aparición de un mercado inmobiliario informal. Ante la imposibilidad de ocupar nueva tierra y las necesidades de habitar la ciudad de los sectores populares, surgen nuevos pobres urbanos como son los inquilinos informales en villas, que actualmente representan aproximadamente el 30% 28 del total de la población villera y son personas que se encuentran en extrema precariedad habitacional, expuestos a un sinfín de violencias públicas y privadas. 26 Ver “Commocity” en este volumen 27 Este no es un fenómeno exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires, se ha relevado la existencia de alrededor de 1000 villas en provincia de Buenos Aires. En Rosario, 155.000 habitantes (el 13% de la población) ocupaban parcelas que no eran de su propiedad en 91 asentamientos informales que, representaban el 10% del área urbana. En Córdoba 360.205 hogares de la provincia (35% del total de hogares) enfrentan problemas de tenencia. Un aumento de la población habitante de los asentamientos marginales en un 62% desde el 2001-2010.

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Por lo tanto, es imposible no asociar el crecimiento de la inquilinización y la informalidad, al modelo de ciudad, que se fractura, elitizándose y precarizándose a la vez. Lo informal como sub-mercado Como primer punto debemos trabajar sobre el mito de que existe un mercado formal y una informalidad ajena a dicho mercado, que se mueve por reglas propias y de manera autónoma. Por un lado porque ello implicaría desconocer los vasos comunicantes que existen entre lo formal y lo informal, como parte de un todo que es el mercado inmobiliario. Por otro porque desconoce las nuevas formas de mercantilización de las viviendas al interior de los barrios populares. Como consecuencia de este sub mercado formal, se ha ido consolidando, en los últimos 20 años, el fenómeno inmobiliario dentro de los sectores populares que viven en la informalidad. Este se caracteriza por la compraventa de inmuebles precarios o, más extendidos en el último tiempo, los alquileres de habitaciones o casillas en las villas o asentamientos. En este último caso, es donde se observa con mayor dramatismo no sólo el quiebre de solidaridades al interior de los barrios, sino la idea de la vivienda informal como un bien de cambio, acoplándose así a las lógicas que rigen al sector formal. Desigualdad en el acceso y disfrute de la Ciudad El alquiler informal es la alternativa con que miles de familias resuelven su problemática habitacional. Si bien no hay datos certeros (lo cual es un problema de raíz para construir una política pública) esta forma de tenencia de la vivienda afecta aproximadamente a un 30 por ciento de la población que habita actualmente en las villas. Su realidad habitacional se caracteriza por: 1-Altos precios. En ocasiones los precios de estas habitaciones precarias, superan los precios de pequeños departamentos en algunos barrios de la ciudad formal; Condiciones habitacionales extremadamente precarias; 2- Ausencia de legalidad formal ni garantías de permanencia mínima que posibilita la permanente expulsión de las habitaciones; 3Inexistencia de procesos legales para esos desalojos por lo que se 28 No existe números oficiales e integrales de la problemática, como referencia pueden utilizarse algunos censos como el del 2012 de villa 21-24 que arroja un 25 por ciento, como un altísima tasa de subregistro. El censo fue llevado adelante por el IVC

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utilizan vías de hecho; 4- Invisibilización de los registros (censos) y como destinatarios de políticas públicas y 5- Esta población sufre todas las otras formas de violencia y discriminación que padecen los habitantes de la ciudad por el sólo hecho de vivir en una villa. La respuesta institucional ante esta situación combina pasividad y negación y soslaya su patrón estructural, reduciéndola a meros hechos aislados entre particulares. Como sostiene Smolka “Contrario a las creencias populares, la informalidad es costosa y por lo tanto no es lo mejor y ni siquiera es una alternativa ventajosa para combatir la pobreza, pero por lo general es la única salida para las familias urbanas pobres” 29. Esta problemática profundiza y retroalimenta el circulo de las desigualdades sociales y urbanas. La mala distribución del suelo es la principal causa de los problemas urbanos en la actualidad y en el caso de los alquileres, no es la excepción. Una visión holística. Todo vuelve al suelo Los submercados formales e informales, tienen profundos vasos comunicantes y una terminal común que es la desregulación de los mercados del suelo. Como sostiene Abramo, “Desde la década del cincuenta, las ocupaciones de tierras urbanas han sido un elemento estructural clave para la reproducción de la vida urbana en las grandes ciudades latinoamericanas. Ante la falta de tierras el mercado popular informal será quien cumpla ese rol y se transforme rápidamente en el mecanismo que garantice la paz social en las grandes metrópolis latinoamericanas” 30. La desregulación del mercado del suelo –o su regulación por la vía del mercado-, retroalimenta el circulo de la desigualdad, donde los sectores populares habitan las villas por que son: a) expulsados por procesos de gentrificación que se agravan por desalojos judiciales u otras formas violentas de expulsión (por ejemplo los incendios en conventillos de la Boca) b) crecimiento natural de las familias c) migraciones hacia la villa donde nacieron o donde viven sus familiares o sus comunidades de población que encuentra allí la única alternativa habitacional cercana a redes de infraestructura social y 29 SMOLKA, Martin (2007). Informalidad, regularización y derecho de propiedad. En: Perspectivas Urbanas. Temas críticos enpolíticas de suelos en América Latina. Martim O. Smolka y Laura Mullahy editories. Instituto Lincoln de políticas urbanas. 30 ABRAMO, Pedro 2013 en “Mercado Informal y producción del hábitat: la nueva puerta de acceso a los asentamiento populares”disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20131115034921/Habitat.pdf Pp 35-36

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oportunidades laborales. Con el ingreso de nuevas familias, las villas están cada vez más densificadas, con lo cual se vuelve inviable estrategia de tomar un lote para edificar. De este modo, el suelo urbano de las villas se vuelve una nueva mercancía Ver y actuar. Posibles estrategias Es imprescindible discutir sobre algunas acciones en particular que podrían mitigar la problemática. Las mismas deberían incluir: 1) Miradas integrales: Debemos alejarnos de las interpretaciones lineales que reducen la problemática habitacional a una exclusiva falta de viviendas de modo que su solución se limite sólo a construirlas. O a entender el problema de la informalidad como una mera falta de títulos y su solución la titulación masiva. O bien a interpretaciones fragmentarias 31 de la ciudad, donde los problemas de las villas se resuelven sólo con políticas focalizadas a las villas. Es necesario entonces entender que el problema es un problema que no se restringe a la vida en la villa, sino que es parte del conflicto de la vida en la ciudad y por lo tanto las soluciones tendrán que avanzar sobre la integralidad del problema urbano. 2) Visibilizar el fenómeno. La negación del fenómeno contribuye a potenciar las injustitas. No son registrados en censos, y las particularidades de su situación es desconocida en las políticas públicas quedando marginados de planes de relocalización y regularización. 3) Desarrollar una política urbana integral que por un lado regule y morigere las dinámicas especulativas, que incluya políticas específicamente delineadas para ampliar el acceso formal a los alquileres, mejorando los derechos de los inquilinos. Ello debe implementarse en dos planos: 3.a) Fortalecer las posibilidades de acceso a una vivienda digna. La política pública lejos de limitarse a un programa de subsidios a la demanda, tiene que ampliarse a un abanico de intervenciones que incluya: garantías públicas, para poder ingresar a viviendas, am31 El abordaje de los problemas legales es fragmentario y desigual, los conflictos de propiedad se escinden de los conflictos habitacionales y todos estos de los ambientales, hoy mientras existen numerosas herramientas procesales para instrumentar desalojos (incluso como medidas cautelares en procesos penales de "usurpación") existen pocos instrumentos para proteger la posesión y asimismo el derecho a la vivienda.

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pliar la oferta inmobiliaria mediante la puesta en valor de inmuebles deteriorados con fin locativo, penalizar la tenencia ociosa, etc. 3.b) Permanencia: La vivienda entendida como bien de cambio y no de uso somete a los inquilinos al vaivén especulativo de la propiedad e impacta en las necesidades de quienes las habitan. Garantizar la permanencia implica trabajar sobre el precio de las locaciones y sobre garantías de acceso a la justicia, debido proceso y alternativa habitacional en los desalojos. A modo de conclusión La forma en la que se aborda desde el Estado la informalidad urbana decide el lugar de los pobres en las ciudades. Es el resultado de la conjunción de diversos factores entre los que se destacan los mercados de suelo, los sistemas políticos y de planificación y un sistema jurídico elitista y excluyente. Si no se contemplan las raíces profundas del problema, las soluciones pueden agravarlos. La informalidad es una problemática de la ciudad toda y su solución requiere un abordaje integral.

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El negocio de la ciudad como territorio simbólico Cuando pensamos en las ciudades, solemos hacerlo desde apreciaciones relacionadas a lo urbanístico y lo constructivo. Es decir: desde los espacios, bienes y objetos materiales y observables. Sin embargo, por ese camino negamos, silenciamos y omitimos que las ciudades también se producen, reproducen y transforman en relación a tramas de sentidos que fluyen y al mismo tiempo significan esos espacios y bienes. ¿Por qué negamos las dimensiones simbólicas de lo urbano? En primer término, porque solemos pensarlo en relación a la visión urbanística y a la planificación regulada por actores como el Estado, o bien desregulada por el mercado. Desde la visión común acerca de la producción de la Ciudad, tanto el Estado como el mercado

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operan sobre las viviendas, los edificios, el transporte, los espacios públicos y sus mobiliarios, todos ellos elementos materiales constitutivos de lo urbano. Desnaturalizar esa mirada supondría enfocar en los sentidos que atraviesan y comportan esos elementos sobre los cuales también el Estado y el mercado actúan. Así como en los usos y apropiaciones que los habitantes hacen de los mismos en su condición material e inmaterial, promoviendo consensos, negociaciones y/o disputas respecto de qué ciudad habitar. ¿Por qué hablar de la “cultura urbana”? ¿Sólo porque como señalaban los sociólogos de la Escuela de Chicago -principios del Siglo XX-, la ciudad posee rasgos intrínsecos diferentes y/u opuestos al ámbito rural? O bien, ¿porque las ciudades se constituyen entre lo material y lo simbólico? Las ciudades del pasado reciente y del presente ya no están atravesadas por la cuestión urbana en sus formas y funciones, y/o por la cuestión social, sino centralmente por la cuestión cultural entendida en su sentido integral: en términos de estética, pero también de diversidad, de identidades. Lo “pintoresco” como fachada En los últimos años, los gobiernos locales (en ocasiones con aportes de los nacionales) y/o el mercado, frecuentemente en alianza, promovieron los denominados procesos de recualificación cultural en determinadas zonas de las ciudades. Dichos procesos tienden a la restauración de espacios –antes devaluados-, bienes y objetos con fuertes implicancias sobre la desapropiación de los sujetos preexistentes, más aún cuando se trata de barrios populares. Una “cultura sin autor”, como la llamó Nicolás Bautes (2010) 32, con consecuencias sobre la extracción de historias, expresiones culturales, memorias sociales, representaciones y símbolos, a fin de incorporar otros o de restaurar aquellos deteriorados por los usos sociales de los habitantes, vistos como des-merecedores de aquellos bienes culturales generalmente asociados a un pasado legítimo. En una primera instancia y a contrapelo de la idea convencional que observa las casas tradicionales o históricas como poco atractivas 32 Bautes, Nicolás, 2010. “Ativismo Urbano, Estetizacao resistente e economia cultural,no Rio de Janeiro, em: Cidade e Sustentabilidade. Mecanismos de Controle eResistência, Terra Vermelha Editora, Brasil.

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para el mercado, estos procesos generan espacios más de contemplación que de habitar. Donde prima una estética legitimada y aquello que diversos autores han llamado un “deber y (en algunos casos un derecho) a la belleza”. En la Ciudad de Buenos Aires, como en otras ciudades latinoamericanas (el caso del Pelourinho en Bahía es el más conocido, pero también hay otros como el centro histórico de La Habana, o el de Quito), estos procesos han sido promovidos por el Estado y por el mercado. El emblemático Puerto Madero es un ejemplo clave en este sentido, si bien no hubo desapropiación de sujetos populares porque el lugar estaba deshabitado. Probablemente, también lo sean los intentos de recualificación en San Telmo –mediante embellecimientos y retornos a un pasado histórico como la preservación de algunos edificios, los empedrados, los cambios en los usos comerciales mediante la implantación de librerías, galerías de arte, hoteles boutiques, etc.-; o de La Boca mediante una expansión de Caminito retomando adquisiciones culturales del pasado de Quinquela Martín y des-adquiriendo a los sujetos populares que habitaban algunos conventillos del pasaje mediante desalojos negociados, e incluso en el Abasto, donde mediante la puesta en valor del mercado -transformado en shopping- se generó un espacio desde donde recuperar la cultura tanguera y otorgar identidad gardeliana, promovido desde el desalojo, también negociado, de ocupantes ilegales de casas. Sin embargo, a pesar de algún grado de éxito comercial y turístico, ninguno de estos ejemplos ha sido exitoso en el sentido completo de la palabra. Por ejemplo, en el Abasto los ocupantes se corrieron hacia otras casas en el mismo barrio y el empresario Soros que había comenzado este movimiento y transformación del barrio en “lugar cultural” dejó el negocio inmobiliario en la zona. De lo que sí dan cuenta es de que el sentido patrimonial y cultural de barrios y espacios ya no son denostados y quitados de nuestras ciudades, aunque no es el edificio patrimonial aislado el requerido, sino el que forma parte de un conjunto proclive a dicha recualificación. Es evidente que estos procesos pueden suceder en barrios presti-

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giados, como los centros históricos, pero también en aquellos denominados populares, e incluso en asentamientos populares como las favelas brasileras en las que, si bien no hay casas patrimoniales, sí se producen relatos de memorias realizados en conjunto con artes diversas como los grafitis, las músicas, los murales, donde la intención por modificar la estética es el objetivo fundamental. Por otro lado, como ha sucedido en Buenos Aires en los últimos años, la creación –más simbólica que material- de distritos diversos como el distrito de las artes, el distrito del diseño, el distrito de las industrias culturales, sirven de soporte a los procesos mencionados. Evidentemente, estos procesos son ejercicios asociados a la “cultura exhibida” que, una vez puestos en marcha, entran en tensión con la “cultura vivida/habitada” (Peixoto 2005: 159) 33. “Cualquier objeto al ser patrimonializado es encarado como elemento basado en una lógica de una cultura de exhibición. Es en ese proceso que tiende a ser desligado de las dinámicas cotidianas en las que se integraba y vinculaba a una cultura vivida y compartida”, señala el autor. Es decir que los recursos asociados a la recualificación tienden a exaltarse por fuera de los usos cotidianos de quienes los viven, experimentan, habitan y usan. Esta cuestión lleva a la tensión mencionada para quienes deben “aprender a saber vivir” nuevamente, pero también a potenciales recambios de actores y grupos relacionados con estos procesos. No obstante, en algunos casos los sujetos que habitan espacios populares, probablemente degradados en su materialidad, son convocados a la recualificación desde sus expresiones culturales como fiestas, celebraciones, danzas y músicas tradicionales, entre otros. En estos espacios, la “cultura exhibida” hace parte de la “cultura vivida” o a la inversa, sin embargo, en una reconversión del espacio mayormente realizada por los gobiernos con objetivos vinculados a la administración de las diferencias culturales en ciudades en que los pobres son observados como sujetos conflictivos. Al parecer, estos procesos en los que la cultura y sus derivados -como el patrimonio, las artes, la estética, las industrias creativas, e incluso la diversidad cultural son parte crucial de su desarrollo-, no producen los riesgos que sí observan quienes buscan preservar viejos cafés, antiguos edificios, clubes y cines de barrio, entre 33 Peixoto, Paulo 2005 “Porto Feliz”: patrimônio em segurança” en: Horizontes Antropológicos, Vol. 11, num. 23, Porto Alegre, 145-161.

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otros. Probablemente, porque en muchos de esos casos el café tradicional, o el viejo bodegón, como el club o el cine barrial, forman parte del “embellecimiento” requerido para que la recualificación se produzca. Pero está claro que estos procesos, si bien toman en cuenta porciones importantes de la superficie urbana, no se repiten hasta ocupar toda la ciudad. Por otro lado, estos procesos aparentemente inocuos, producen tensiones y disputas propias de las desapropiaciones, pero también de la impostación de una cultura “enriquecida” que sólo algunos sujetos y grupos sociales son “capaces” de disfrutar. Como algunos expertos señalan, para ser parte de estos espacios es necesario contar con cierto capital cultural y simbólico, porque finalmente la cultura también es instrumento de control social y, por ende, de expulsión y segregación. ¿Es posible que los habitantes resistan y “contesten” estos procesos? Es probable que los espacios de resistencia social se observen con mayor contundencia cuando el patrimonio se derriba o se presenta en tiempo de agonía, que cuando la cuestión cultural –en el sentido mencionado- atraviesa casi silenciosamente los espacios, los bienes e incluso la vida simbólica cotidiana. Por ejemplo, cuando en Floresta las casas comenzaron a venderse y en las mismas –si bien no derribadas- comenzaron a colocarse talleres textiles con trabajadores clandestinos e inmigrantes de nacionalidad boliviana, los vecinos asumieron un papel participativo con el objetivo explícito de relegar y segregar, no sólo los talleres, sino particularmente el rol tomado por los inmigrantes. No obstante, la participación se construyó en torno de la patrimonialización de las casas, pues sólo este recurso podría atenuar y regular las representaciones y prácticas de un “otro” observado como conflictivo. Es decir que los estados de resistencia son mayormente visibles cuando los procesos asociados a cambios materiales son observables como ese pasado idílico que estamos perdiendo. La “romantización del pasado” sirve para atenuar los riesgos del presente. En ese sentido, la recualificación que toma parte del pasado, pero mayormente asociado a asuntos de la cultura del presente poco asible en su materialidad, no termina de cuajar en procesos participativos y de disputa por el lugar. 61

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Julio, 2016

"En los últimos años recrudeció más que nunca la problemática habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Quienes estamos comprometidos con un proyecto social y político destinado a la inmensa mayoría del pueblo tenemos la obligación de pensar integralmente el problema de la vivienda, trazar los ejes de una política pública que dé un giro de 180 grados a lo que se ha hecho en el último tiempo. Cambiar el paradigma de la vivienda como negocio, por el de la vivienda como derecho. Para ello, es necesario construir un cuadro preciso de la situación de la Ciudad que nos permita pensar colectivamente cuáles son los ejes centrales para una política habitacional que haga foco en los habitantes y su derecho a la ciudad. Esta publicación tiene como objetivo aportar a ese diagnóstico. Contribuir para proyectar una Buenos Aires en la cual los derechos no sean para quien puede comprarlos, en la que el Estado garantice que vamos a vivir con dignidad, no el que legitime que en esta ciudad tengamos que perder la dignidad para vivir”.

Jonathan Thea

“Tengo el enorme orgullo de presentar esta publicación que reúne un conjunto de reflexiones, análisis y propuestas sobre los problemas de acceso a la vivienda en el contexto de una ciudad excluyente como la de Buenos Aires”.

Sebastián Tedeschi

Jonathan Thea nació en 1984 en la Ciudad de Buenos Aires. Es dirigente del movimiento popular Seamos Libres. En los últimos años, profundizó el estudio y la acción sobre la problemática habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Participó en la búsqueda de soluciones a los conflictos habitacionales más relevantes del distrito, formó parte de la elaboración de proyectos de ley e impulsa iniciativas que abordan la problemática desde una perspectiva integral.