DECLARACIÓN POLÍTICA DE LA VII CONFERENCIA NACIONAL DE SALUD: PARTICIPACIÓN VINCULANTE EN SALUD FOROSALUD reafirma el derecho a la salud como eje fundamental y prioritario para el desarrollo social, la vida digna y libre de todos y todas. En la actualidad, las condiciones para el logro de una vida saludable son afectadas por los alcances de un modelo de desarrollo en proceso de deterioro conceptual y programático. En ese contexto, se hace urgente la necesidad de contribuir desde el movimiento social de la salud al fortalecimiento organizativo, político, programático, conceptual y operativo que nos permita recuperar el sentido de la convivencia e instaurar una sociedad igualitaria y justa. La salud de los peruanos y peruanas dista de contar con la garantía de adecuadas condiciones de vida y de respuesta pública idónea a las necesidades ciudadanas. Avanzar hacia condiciones de vida óptimas en una adecuada relación con el medio ambiente y con las demás especies, en la que el equilibrio vital del planeta sea recuperado, es el contexto en el que se inscribe la lucha por el derecho a la salud. Por ello FOROSALUD está comprometido con todas las causas que procuren lograr los derechos y libertades humanas y ambientales, respetando todas las formas de vida. Podemos afirmar que en casi quince años nuestra organización ha impulsado avances, no suficientes pero sí relevantes, en el camino hacia la garantía del derecho a la salud de manera universal, igualitaria, solidaria e integral. Hoy el derecho a la salud es indiscutible, pero las políticas y medidas para lograrlo mantienen el lastre de un modelo diferenciado en relación a la protección de la salud, inscrito en una lógica de administración estatal que restringe la responsabilidad pública desde medidas no universales, que impiden el cumplimiento y ejercicio de los derechos de forma plena. Por ello las políticas de salud deben surgir desde una plena participación social y no desde equipos tecnocráticos alejados y en ciertos casos contrarios al sentir ciudadano. La protección social en salud y el sistema que aspiramos Proponemos la igualdad en la protección y atención de la salud para todos y todas, estableciendo de forma inmediata los alcances legales y programáticos para contar con una respuesta pública a las necesidades de la población de forma oportuna, integral, idónea, de calidad, sin ningún otro condicionamiento que su condición de ser humano. Ello implica desencadenar una dinámica que, reorientando y consolidando algunos de los elementos de ampliación de la atención de salud logrados en los últimos años, destrabe todas las barreras y restricciones legales, financieras y operativas que impiden la universalidad en la atención de salud con servicios de calidad. Aspiramos a un SISTEMA UNIVERSAL DE SALUD que en el más breve plazo haya sentado las bases necesarias en su organización, financiamiento, gestión, respuesta integral a las necesidades de salud, respeto y trato digno desde los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad. Sólo un sistema de salud igualitario, adecuadamente financiando y eficiente es garantía de desarrollo social en el país; construir 1
nuestro Sistema Universal de Salud de responsabilidad pública, como referente nacional, es la tarea que nos impulsa. Nuestros indicadores de salud son ambivalentes, algunos avanzan progresivamente mientras otros se mantienen estancados o en retroceso; es el reflejo de un país que a pesar de elevados grados de crecimiento económico y de consumo, no ha logrado las reformas institucionales que permitan garantizar un avance homogéneo priorizando medidas para el desarrollo humano y social. La desigualdad en el Perú es injusta y cruel, inaceptable en una sociedad que aspira ser certificada como “desarrollada”. Es urgente desmontar sentidos comunes que se trasladan a políticas públicas de forma irresponsable para cuadrar las cifras de crecimiento y maquillar los índices de pobreza. El tiempo de las estadísticas engañosas ha terminado, la realidad debe imponerse para adecuar las políticas sociales y de salud a la necesidad humana y ciudadana. Participación como eje constitutivo de los cambios en salud La movilización social y la participación ciudadana son más necesarias que nunca; imprescindibles para abrir y orientar las decisiones de los gobernantes y representantes de la población a favor de todos y todas, priorizando grupos poblacionales como los adultos mayores, las personas con discapacidad en todas su formas, los pueblos originarios, personas viviendo con VIH SIDA (especialmente niños y niñas y comunidades nativas de la amazonia), personas viviendo con TBC, las y los adolescentes, personas viviendo con enfermedades raras, los pueblos originarios y afro peruanos, los indígenas y campesinos. En ese contexto la ampliación y efectivo funcionamiento del Consejo Nacional de Salud, Consejos Regionales, Provinciales, Locales y Comunales debe llevar a que las organizaciones sociales ocupen el cincuenta por ciento de la representación, que las decisiones ahí tomadas sean de carácter vinculante y que la coordinación de éstos sea elegida y no designada legalmente. Una genuina apuesta por participación ciudadana y la gobernabilidad comprende, asimismo, la promoción y respaldo a todo tipo de espacios generados de forma autónoma en relación a la salud y la necesaria rendición de cuentas de los responsables públicos frente a la ciudadanía; ello fortalecerá la gobernanza y gobernabilidad del sistema de salud. Necesitamos sectores públicos realmente democráticos. Las capacidades de FOROSALUD FOROSALUD ha logrado y ganado legitimidad en la interlocución pública y presencia en los espacios institucionales y autónomos de participación para avanzar en el derecho a la salud, por lo que teniendo en cuenta el escenario electoral se hace necesario volcar nuestra capacidad de incidencia en compromisos políticos, medidas programáticas y legales por la salud, tanto desde las prioridades y debates regionales, con la participación activa de nuestros Foros Regionales, como desde la política nacional de salud. El Acuerdo Nacional en Salud demandado, impulsado y logrado por la participación de nuestra organización, brinda un mejor marco político para garantizar el derecho a la atención de salud, ya que afirma la universalidad y la integralidad así como conceptos y apuestas concordantes con las aspiraciones de nuestra población. Se hace necesario explotar este marco político en salud afirmando el derecho y sus enfoques, así como profundizando la participación ciudadana, logrando que se constituya en vinculante para garantizar los cambios. Lo anterior implica superar el limitado esquema legal actual de la Ley Marco de Aseguramiento Universal, Ley General de Salud, Ley de Modernización de la Seguridad Social, los 23 Decretos Legislativos de fines de 2013 y normas conexas basadas en la Constitución de 1993, para lo que se hace necesario impulsar 2
consensos que permitan las modificaciones legales necesarias, y de la propia Constitución, de ser el caso. Para ello es necesario ajustar la normatividad al marco del Acuerdo Nacional en Salud, a los principios del derecho a la salud y a los compromisos internacionales de derechos humanos, impulsando con celeridad el proceso del nuevo Plan Nacional de Salud, que derive en la convocatoria del Congreso Nacional de Salud en el primer semestre de 2016. El marco jurídico de protección de los derechos en salud logrado a través de la participación ciudadana, es un elemento relevante que nos otorga la legitimidad para impulsar y definir la implementación de sus alcances, así como para ampliar esta protección de derechos, y enfrentar el estigma, la discriminación y la exclusión de personas y colectivos afectadas en su salud. La interlocución con los gobiernos, con la opinión pública, nuestra presencia en el debate público a través de los medios de comunicación, así como nuestra capacidad de vigilar las políticas y los servicios de salud, son asimismo producto de nuestra acumulación que hoy nos permite ser participes, exigir y proponer avances concretos en pro de la salud. Los determinantes sociales de la salud Los determinantes sociales de la salud requieren de urgente acción de las políticas nacionales intersectoriales, de los sectores involucrados y del sector salud. La contaminación, violencia y demás consecuencias derivadas del despojo extractivista, la violencia e inseguridad ciudadana, las consecuencias del transporte caótico, la inadecuada nutrición y alimentación, el uso del agua y el acceso a ella, las condiciones de precariedad laboral, la influencia nociva de los medios de comunicación en la salud mental, la mercantilización, medicalización y medicamentalización de la salud, entre otros determinantes de la salud, requieren de un decidido movimiento político y social que enfrente las causas de estas realidades. Recuperar una adecuada relación entre las comunidades y ciudadanos con el medio ambiente es parte de una política de salud integral, por lo que es necesario involucrar más al movimiento de la salud con las luchas ambientales y las consecuencias del calentamiento global que ya afectan al país. En ese contexto, teniendo en cuenta eventos como el fenómeno El Niño, es urgente sensibilizar a la población y que los niveles de gobierno prioricen acciones que aminoren los peligros y efectos de estas situaciones. Es necesario afianzar el marco legal en relación a la adecuada nutrición en el cual hemos avanzado con la ley de alimentación saludable, que debe ser reglamentada en cumplimiento de los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) e implementada en sus demás alcances, así como desde el impulso de normas que enfrenten y eviten el ingreso y cultivo de productos transgénicos al país y el uso de agro-tóxicos. Este aspecto involucra la necesaria articulación con el sector educación que debe ser un motor de la educación para la salud, desde los alcances de la promoción de la salud y la participación ciudadana. En relación a la fuerza laboral del sistema de salud que constituye un determinante de ésta, es necesario construir una carrera sanitaria en el país, con incentivos que permitan revertir el modelo centrado en la enfermedad y la productividad, así como con remuneraciones idóneas, desde una perspectiva multidisciplinaria de la conducción del sistema, de la prestación y de la gestión de la salud que tenga como centro a la ciudadanía. El cierre de las brechas, cualitativo y cuantitativo, para contar con una fuerza laboral correspondiente a las necesidades de la población, pasa por impulsar decididamente la ampliación de la formación pública en salud. 3
Para transformar la salud es imperativo Es imperativo abrir nuestro sistema de salud innovando, igualando, gestionando, desburocratizando, horizontalizando, transversalizando la participación vinculante en salud y promoviendo la conjunción de esfuerzos para el diálogo y la rendición de cuentas en los distintos niveles de gestión y atención de la salud; colocando al ser humano y la ciudadanía como fin de la respuesta pública, así como de las políticas intersectoriales, multisectoriales y transversales. No permitiremos la prolongación de un sistema de salud atado a sentidos comunes inaceptables y discriminadores que afecten derechos; combatiremos toda forma de corrupción enquistada en el sistema de salud en cualquiera de sus manifestaciones. Estamos decididos a confrontar todo interés enclavado en el sistema público o privado, que afecte el derecho a la dignidad e integralidad en la atención de salud. Por ello, reafirmamos la continuidad de nuestro compromiso con los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y defendemos su libertad de decidir sobre sus cuerpos, así como la obligación pública de incorporar en las políticas de salud el enfoque de género desde el Estado laico. Por ello, consideramos la violencia contra la mujer y sus consecuencias un asunto social y político que la atención de la salud debe asumir en su integralidad, incluyendo el embarazo precoz y las consecuencias de la violencia sexual. Asimismo, reconocemos y valoramos la diversidad sexual y de género como elemento de una sociedad abierta y plural, e impulsamos el ejercicio igualitario de sus derechos vía la implementación de políticas para tal fin. La autonomía en las decisiones de las políticas públicas es irrenunciable; todas las medidas que afecten los derechos y libertades humanas, deben ser denunciadas y revertidas. Claro ejemplo de ello son los acuerdos comerciales que, como el Acuerdo Trans Pacífico (TPP), condicionan al Estado normalizando monopolios arbitrarios que limitan el acceso medicamentos, lo que incide directamente en el aumento de la mortalidad y de las enfermedades. Por ello, rechazamos el TPP e incidiremos para evitar su ratificación por el Congreso de la República, y promovemos el acceso universal a medicamentos, y otros insumos para la salud eficaces y seguros, para declararlos de interés público desde decisiones autónomas, apoyando la iniciativa legislativa ciudadana para tal fin. En ese contexto rechazamos las acciones judiciales y de presión que la industria farmacéutica viene utilizando para impedir el libre acceso y la competencia en el mercado de medicamentos, que implican que miles de peruanos no cuenten con tratamientos de alto costo, lo que lleva al empeoramiento de su salud o a la muerte. Llamamos la atención frente a la excesiva demora de la Autoridad Sanitaria en promulgar normas pendientes que eliminarían barreras para el acceso a medicamentos de alto costo. No admitimos la injerencia de organizaciones que responden a intereses de otros gobiernos o empresas, dependientes de éstos o no, que influyen o pretenden orientar las políticas nacionales de salud. Autonomía y recuperación del sentido de la salud La autonomía en salud abarca no sólo políticas; es un elemento constitutivo de la capacidad y libertad de los ciudadanos y pueblos para optar por prácticas y definiciones de salud propias. En esta autonomía reside la recuperación del sentido de la salud individual y colectiva que permita romper con el esquema biomédico que nos ata como individuos y sociedad a situaciones que no necesariamente favorecen la salud. Por ello, afirmamos la necesidad de que los saberes, prácticas, relaciones y demás situaciones que rodean a los
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humanos, recuperen el sentido original de la salud, que implica una positiva relación con la comunidad, el medioambiente y las demás especies, así como con el interior de cada ser humano. En esa reorientación y recuperación del sentido de la salud reside la posibilidad de reencontrar y reconstruir lazos sociales que disipen las barreras y sentidos comunes que presentan a la salud como un elemento más de las relaciones comerciales, de consumo, profesionales o técnicas. Por ello asumimos la potencia de la salud en toda su amplitud vital, necesaria e imprescindible para que la humanidad cuente con bases sobre las cuales superar los límites que ella misma se ha impuesto para lograr una convivencia armónica. La SALUD es vida en su sencillez y complejidad, recuperarla y defenderla como condición necesaria en un horizonte de avance social es nuestra obligación. FOROSALUD asume a través de la declaración Política de la VII Conferencia Nacional de Salud, el compromiso de volcar su capacidad de incidencia impulsando la movilización y la participación social y ciudadana para avanzar en condiciones de vida saludables y en la construcción de nuestro Sistema Universal de Salud, integral, solidario, igualitario y autónomo.
Movimiento Latinoamericano y Global por el Derecho a la Salud
Siendo FOROSALUD parte del movimiento Latinoamericano y Global por el Derecho a la Salud, enfatizamos el fortalecimiento de los lazos con las organizaciones que luchan por el derecho a la salud, y asumimos la “Carta de Brasilia: La Salud es un Derecho” del “Primer Encuentro Latinoamericano de Entidades y Movimientos Populares: Por el Derecho Universal a la Salud”, producido en Brasilia los días 29 y 30 de noviembre de 2015, como elemento de incidencia orientador de la lucha por el derecho a la salud en el Perú.
En ese ánimo y convicción, reunidos en nuestra VII Conferencia Nacional de Salud, proponemos al país la Agenda Nacional por el Derecho a la Salud.
AGENDA NACIONAL POR EL DERECHO A LA SALUD Atención universal e integral a las necesidades de salud
Fortalecer y convertir el SIS en Seguro Público de Salud como brazo de extensión de la atención integral en salud, para lo cual debe contar con autonomía e irreversibilidad del crecimiento de sus recursos y garantía de disponibilidad de los montos per cápita necesarios para la atención integral de salud (aplicable también a ESSALUD), en cumplimiento del marco legal creado y por crearse para tal fin. Incorporación inmediata de todos los peruanos y peruanas que no cuentan con protección pública en salud al SIS, con la homologación legal de la cobertura de prestaciones del SIS a la atención integral de ESSALUD. Establecer el diseño financiero, administrativo y funcional para garantizar la atención igualitaria basada en el Plan Nacional de Atención Integral de la Salud para todos los peruanos de forma efectiva al año 2021, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Nacional por la Salud.
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Implementar la universalización de la atención de salud abierta a todos los peruanos estableciendo franjas de atención garantizadas que se inician con: 1) primer nivel de atención y la determinación de su respuesta pública de servicios, 2) atención de emergencias vía conformación de un Sistema Nacional de Atención y Regulación de Emergencias, 3) atención de enfermedades de alto costo de mayor incidencia en el país a partir del FISSAL para los que no cuentan con ESSALUD. Territorializar la atención de la salud desde la implementación de Redes Integradas de Salud abiertas a toda la población sin ningún trámite, para lo que es necesario conformar equipos de salud con población adscrita, determinar una respuesta pública de servicios obligatoria, adecuada capacidad resolutiva y de apoyo al diagnóstico. Recuperar y sincerar el financiamiento de ESSALUD para el cumplimiento de sus obligaciones de atención integral utilizando la incidencia política y legal, así como exigiendo mejoras drásticas en la calidad de atención, el trato digno y oportuno y la conformación de espacios de participación vinculante. Transitar hacia la integración operativa y financiera del sistema de salud desde el intercambio prestacional efectivo de acuerdo a las necesidades de salud y no a la burocratización de procesos, articulando e integrando el financiamiento en un horizonte de responsabilidad compartida desde el sistema de salud frente a la ciudadanía. Inmediata anulación de todo cobro en el sistema púbico de salud, desactivando los Recursos Directamente Recaudados como fuente de financiamiento del sistema de salud. Cierre de las “Clínicas Hospitalarias” y demás distorsiones que se mantienen en el sistema, que impulsan la discriminación y el mal uso de recursos. Incrementar el financiamiento del sistema público de salud para avanzar hacia la meta de la atención integral, teniendo como mínimo el 6% del PBI de recursos públicos dedicado a salud tal como el Perú ha comprometido con OPS/OMS, en una combinación de fuentes de financiamiento contributivas y fiscales tanto para el SIS como para ESSALUD.
Nueva gestión, desburocratización, simplificación de trámites y prioridad del derecho a la atención
Adecuar la labor administrativa del sistema de salud a los avances que las tecnologías de la información y el Gobierno Electrónico permiten, creando el Sistema Nacional de Información en Salud, para contar con información en tiempo real que facilite la atención en beneficio de los usuarios y del propio sistema, priorizando la historia clínica electrónica de uso nacional y el sistema de referencia y contra-referencias. Ello en el marco de la prioridad del derecho a la atención de salud frente a los requisitos administrativos y/o trámites. Implementar una nueva gestión de los servicios de salud, sobre la base de la Escuela Nacional de Salud Pública y la formación de gestores de la salud con el concurso de todas las profesiones de la salud y otras profesiones, en la responsabilidad de la conducción y gestión del sistema. Identificación de procesos y procedimientos innecesarios y burocráticos para proceder a su anulación en beneficio de la atención oportuna y de calidad en todo el sistema público de salud; así como la homologación e integración de procesos y trámites en el sistema público de salud. Denunciar y combatir todas las formas de corrupción existentes en el sistema de salud sea a pequeña, mediana o gran escala, promoviendo que la vigilancia ciudadana cuente con mecanismos para tal fin y efectivos espacios de diálogo y rendición de cuentas.
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Participación ciudadana vinculante y co-gestión de la salud
Reformar y ampliar la participación en el Consejo Nacional de Salud y los niveles regional, provincial, local y comunal de participación institucional con carácter vinculante en las decisiones y acuerdos que en este espacio se generen. Establecer la representación de al menos el 50% de la sociedad civil en estos espacios, así como la elección de Coordinador del Consejo entre sus miembros y no la designación legal, como actualmente sucede. Configurar los mecanismos de relación necesarios entre estos mismos niveles y su adecuado financiamiento. Convocar el desarrollo Congreso Nacional de Salud en el primer semestre de 2016 y su institucionalización con la participación de todos los actores del sistema de salud, en el marco de la necesaria transformación de los alcances de la protección de la salud, del Acuerdo Nacional en Salud y del cumplimiento de los pactos y tratados de derechos humanos y sociales suscritos por el Estado peruano. Institucionalizar los procesos de vigilancia ciudadana a las condiciones de los servicios de salud y el respeto a los derechos a nivel nacional, siguiendo las normas y lineamientos vigentes, promoviendo nuevos alcances y tomando las lecciones de las experiencias existentes impulsadas por la sociedad civil, para que sirvan como fuente de identificación prioritaria en relación a las barreras en la atención de salud, así como elemento obligatorio desde el sector público a considerar en la mejora de la gestión y protección de derechos en salud. Diseñar y reorientar los modelos de co-gestión de los servicios de salud con el concurso de la sociedad civil organizada en los territorios, que permitan definiciones de carácter operativo y prestacional desde la conformación de espacios como Consejos Locales de Salud o directorios en hospitales, redes de servicios y centros de salud. Promover medidas innovadoras de participación ciudadana y vigilancia como los “Buzones de la Salud”, o el uso de otras herramientas de monitoreo local del desempeño de los servicios de salud en relación al cumplimiento de los derechos de las personas, administrados por la población para la evaluación del personal de salud y del funcionamiento del sistema, así como actos de rendición de cuentas en asambleas comunales. Aprender de las experiencias de abogacía nacional y local para reforzar las competencias de la población en la incidencia de políticas y el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas.
Derechos en salud calidad y trato digno
Difundir e implementar los alcances de la ley Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud y de su reglamento, así como el sistema de resolución de quejas y reclamos a nivel nacional. Implementar medidas para la atención oportuna sin barreras administrativas y trámites excluyentes que constituyen violación a los derechos en salud, así como acercar vía instrumentos legales y aplicación operativa la garantía de las atenciones y condiciones idóneas emanadas del actual marco jurídico en salud. Establecer los mecanismos adecuados para incorporar los aportes y conocimientos de las organizaciones sociales de la salud de forma autónoma, en la garantía y cumplimiento de la protección de derechos y en las instancias públicas dedicadas a ello. Conformar el marco jurídico adecuado para que las negligencias y eventos adversos en el sistema de salud cuenten con una adecuada reparación inmediata y, de ser el caso, la indemnización en 7
correspondencia con el daño causado desde mecanismos expeditivos y gratuitos alternativos al Poder Judicial. Implementar desde el enfoque de interculturalidad y género las medidas necesarias para que el sistema de salud incorpore en su respuesta y conformación las medidas de atención diferenciadas que sean necesarias. Esto incluye el desarrollo de competencias del personal y de las autoridades de la salud para abordar conceptual y operativamente la pertinencia cultural de los servicios e iniciativas de salud. Establecer un nuevo marco legal para el desarrollo de investigaciones y ensayos clínicos. Rechazamos el uso de población, especialmente de poblaciones vulnerables como niños, en investigaciones y ensayos clínicos desregulados como se dan en la actualidad. El marco legal debe poner por delante la protección de los derechos humanos en las investigaciones de todo tipo y generar los mecanismos de difusión y transparencia respecto a estos procesos. Promover el parto humanizado y la lactancia materna combatiendo las distorsiones generadas alrededor del parto en el sistema público y privado como la epidemia de cesáreas innecesarias que atentan contra la salud de la madre y del recién nacido.
Personal de Salud
Impulsar que el personal de salud tenga adecuadas condiciones de trabajo en cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo de salud. Promover que en el sector se perciban idóneas remuneraciones y que todo el personal tenga acceso a capacitación permanente e incentivos que promuevan su desarrollo. Implementar una política única e integral de la carrera sanitaria en todo el sistema público de salud. El inicio de la carrera debe priorizar al primer nivel de atención con incentivos contundentes para el servicio en zonas alejadas y de frontera; y con la progresiva dotación de equipos multidisciplinarios especializados que desarrollen la medicina familiar y salud comunitaria.
Determinantes sociales de la salud y promoción de la salud
Reconocimiento público y normativo de que el acceso a servicios de promoción de la salud y de prevención de riesgos son un componente esencial de la universalización de la salud. Establecer las medidas legales y acuerdos políticos intersectoriales e intergubernativos para la incorporación de políticas saludables en los diferentes sectores y regiones del país, con una adecuada articulación e incremento del financiamiento de las políticas de abordaje de los determinantes sociales de la salud. Transitar hacia un modelo de salud nacional que priorice la promoción de la salud como elemento constitutivo del avance social, con mediciones periódicas que permitan identificar avances y/o estancamientos; con espacios de vida saludable y promoción de la actividad física y el deporte. Establecer políticas para lograr una adecuada nutrición y alimentación que eviten y aminoren la incidencia de las enfermedades crónicas. Impulsar en ese marco la implementación de la ley de alimentación saludable y su reglamentación de acuerdo a los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud, así como la ampliación de la legalidad en pro de una alimentación idónea para la salud. Intervención de la autoridad de salud y sus organismos en hechos y situaciones que afectan directamente la salud de las poblaciones como la contaminación ambiental, las industrias extractivas, el transporte, la nutrición, el trabajo precario, entre otros. 8
Fomento de una cultura de la salud en articulación con el sector educación que permita que en las escuelas y centros de formación superior se trasmitan conocimientos para una adecuada salud, la prevención y promoción de esta. Impulsar la divulgación de información sobre salud y condiciones de vida saludables en los medios de comunicación. Frente al envejecimiento poblacional identificar los retos que el país debe asumir. La mejora en las condiciones de vida de las personas adultas mayores y la protección de sus derechos deben priorizarse, facilitando su plena y activa inserción en la sociedad, así como teniendo en cuenta que las enfermedades asociadas con el envejecimiento afectan la calidad de vida y provocan un importante aumento de los costos en atención de la salud, tanto para el Estado como para las familias.
Acceso a medicamentos y otros insumos para la salud y política farmacéutica soberana
Cumplimiento desde los sistemas públicos de salud de las obligaciones en relación al acceso continuo y oportuno a todos los medicamentos y otros insumos para la salud, necesarios para la recuperación y los tratamientos derivados de la necesidad. Promover e impulsar el marco jurídico legal para declarar de interés público el acceso universal a los medicamentos de todo tipo y otros insumos para la salud. Políticas decididas para regular los precios de los medicamentos desde la capacidad del Estado de ser el principal comprador de medicamentos y desde otros mecanismos como los establecidos por la CAN y la OMC, así como desde medidas que enfrenten los monopolios indebidos que ciertos tratados internacionales generan elevando precios de medicamentos. Contar con una adecuada política y medidas para el abastecimiento de medicamentos de forma oportuna y continua en el sistema de salud, modificando los actuales entrampamientos e ineficiencias administrativas y de gestión que impiden la disponibilidad de medicamentos. Enfrentar la influencia de la industria farmacéutica en la formación de profesionales de la salud así como en las decisiones sobre los tratamientos y uso de los medicamentos. Recuperar la soberanía en relación al acceso a medicamentos que viene siendo afectada por las relaciones comerciales que anteponen los temas económicos al derecho a la atención integral y continua de la salud. Rechazar la suscripción del TPP. Promover una política de fabricación nacional de productos farmacéuticos y dispositivos médicos y fomentar la investigación e innovación de los mismos para desarrollar una efectiva soberanía farmacéutica. Impulsar que el MINSA - DIGEMID promulguen inmediatamente las directivas pendientes para el acceso sin barreras a medicamentos en el país; así como promover normas que permitan que la concesión de patentes sea responsabilidad social y técnica la autoridad sanitaria especializada y no de la que defiende la libre competencia (INDECOPI).
Salud, género y derechos sexuales y reproductivos
Garantizar la atención integral de las necesidades de salud de las mujeres en todos los aspectos que ésta se requiera, así como frente a las consecuencias de todo tipo de violencia sobre ellas. Reconocer e implementar en el sistema de salud las medidas para el ejercicio del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en el caso del aborto frente a la violación sexual.
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Impulsar el cumplimiento del Consenso de Montevideo en todos sus alcances en la realidad nacional promoviendo las normas y medidas necesarias para ello, así como espacios de participación y seguimiento para tal fin. Promover una cultura de cuidado e información sobre el ejercicio de la sexualidad desde la perspectiva del Estado laico, rechazando cualquier injerencia ajena al enfoque de derechos humanos. Implementar políticas articuladas para evitar el crecimiento del embarazo adolescente y la muerta materna, destrabando las barreras de acceso que hoy se vienen dando. Cumplimiento y garantía de la aplicación del enfoque de género en las necesidades en salud de la diversidad sexual, con medidas específicas y diferenciadas para su atención. Acceso a métodos de planificación familiar de forma voluntaria con adecuada información para la ciudadanía en general y disponibilidad de éstos en el sistema público de salud.
Determinación y Cierre de Brechas
Para el cumplimiento de los objetivos antes citados, definir las brechas de todo tipo y las estrategias para su cierre: financiera, de personal de salud, de infraestructura, de acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias, de garantía de los derechos en salud, y los mecanismos para superarlas.
Objetivos del Desarrollo Sostenible ONU
Asumimos, en concordancia con las medidas presentadas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Organización de Naciones Unidas con énfasis en los siguientes: Objetivo 3 Salud y Bienestar, Objetivo 5 Igualdad de Género, Objetivo 10 Reducción de las Desigualdades, Objetivo 13 Acción por el Clima y el Objetivo 17 Alianzas Para Lograr los Objetivos.
Estrategia de Acceso y Cobertura Universal de Salud de OPS
Teniendo en cuenta el compromiso del Estado peruano con la implementación de la Estrategia de Acceso y Cobertura Universal de Salud de OPS, impulsaremos los aspectos programáticos que signifiquen avanzar en el derecho a la salud desde los principios de la universalidad, integralidad, solidaridad e igualdad en la atención de la salud que FOROSALUD asume.
FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN SALUD Lima Diciembre de 2015 10
