Culturas Políticas y Televisión en Colombia:

Aspectos teóricos, temas y momentos relevantes

Fabio López de la Roche,. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI. Universidad Nacional de Colombia

Introducción En una primera parte nos detendremos en algunas precisiones conceptuales sobre la noción de cultura política, prestando especial atención a la conceptualización de estudiosos latinoamericanos sobre el tema, y llamando la atención sobre algunas confluencias inter y transdisciplinarias en la investigación sobre culturas políticas y medios de comunicación. En una segunda parte, nos detendremos con detalle en algunos momentos de la historia de la televisión colombiana, en sus articulaciones con la historia política del país y con la historia del conflicto armado y de la búsqueda de la paz (eje central y mediación sustancial de la cultura

política colombiana), para analizar en esos distintos contextos históricos el papel jugado por la televisión en la generación de pautas de cultura política. En este punto vamos a alternar el análisis empírico con algunos paréntesis teóricos. En otros apartes del texto, llamaremos también la atención acerca de las concepciones desde las que determinadas culturas políticas se relacionan con la televisión, y sobre los usos políticos prácticos de ese medio propuestos o llevados a cabo por partidos, movimientos o vertientes expresivas de determinadas culturas políticas en la historia colombiana.

I. PRECISIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS SOBRE EL ANÁLISIS DE LA CULTURA POLÍTICA EN SU ARTICULACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Para enmarcar nuestra aproximación en el presente artículo a las relaciones entre televisión y cultura política nos basaremos en la siguiente definición del profesor Rodrigo Patto Sá Motta: “Nessa perspectiva, pode ser adotada a seguinte definição para cultura política, sem a pretensão de excluir outras acepções possíveis para um conceito que é, evidentemente, polissêmico: conjunto de valores, tradições, práticas e representações políticas partilhado por um determinado grupo humano, expressando identidade coletiva

e fornecendo leituras comuns do passado, assim como inspiração para projetos políticos direcionados ao futuro. Vale ressaltar que se trata de ‘representações’ em sentido amplo, configurando conjunto que inclui ideologia, linguagem, memória, imaginário e iconografia, implicando a mobilização de mitos, símbolos, discursos, vocabulários e diversa cultura visual (cartazes, emblemas, caricaturas, filmes, fotografias, bandeiras etc.). Reiterando, trata-se de conceito de cultura próximo à perspectiva antropológica, mas que comporta também, e as integra, expressões artísticas e manifestações estéticas. Tal conceituação de cultura política pode ser aplicada tanto a conjuntos nacionais (cultura política brasileira, por exemplo) quanto a projetos políticos específicos, em matriz pluralista: comunismo, liberalismo, conservadorismo, fascismo etc. (Patto Sá Motta, 2013: 17-18)”.

Culturas políticas y trayectorias político-culturales nacionales (la cultura política colombiana, la cultura política brasileña, la cultura política norteamericana). Culturas políticas más localizadas, ligadas a partidos, movimientos o agrupaciones políticas de izquierda, centro o de derecha. En muchas ocasiones, como en el caso de la cultura política de los comunistas brasileños (Napolitano, Czajka y Patto Sá Motta, Comunistas brasileiros, 2013), esas culturas políticas comparten un “rostro” nacional con características adoptadas de modelos internacionales genéticos: en este caso, la revolución bolchevique rusa de 1917 y las tradiciones del comunismo soviético y del movimiento comunista internacional.

Culturas políticas y medios de comunicación Reconociendo y respetando el hecho de que el “campo” de estudios de la comunicación presenta lógicas legítimas de especialización como cualquier otro campo del saber, considero que uno de los problemas y de los riesgos de los estudios de comunicación en América Latina en tanto esfuerzo intelectual de comprensión de la sociedad, y de intervención en ella para su transformación, es que se vuelva un campo autoreferencial, incapaz de mostrar articulaciones claves de la comunicación con otras esferas y campos de la vida social. Los estudios sobre cultura política interesados en ver la relación de ésta con los medios de comunicación en un marco histórico temporal, requieren necesariamente de diálogos inter y transdisciplinarios entre la comunicación, la historia

política y cultural, y los estudios políticos. Sería muy difícil, podríamos decir incluso que imposible, adelantar un análisis de la cultura política nacional, sin un diálogo entre la historia cultural, la historia política y la historia de la comunicación. La historia comparada puede ser también un método muy útil para precisar o avanzar en la comprensión, por contraste, de las propias culturas políticas nacionales. Leyendo los trabajos de Daniel Aarão y Rodrigo Patto Sá Motta sobre los cincuenta años del golpe de 1964 y la dictadura brasileña y su relación con algunas características de la cultura política brasileña, cualquier académico colombiano interesado en los temas del desarrollo tendría que reconocer que la “cultura política nacional-estatista” brasileña (Aarão, 2014: 13) con su fuerte tradición de intervención del Estado en el fomento de proyectos desarrollistas muy poco tiene que ver con

la tradición liberal de desarrollo propia de la cultura política hegemónica en Colombia. La noción de “régimen comunicativo” de José Joaquín Brunner (1988) nos resulta una noción muy útil para dar cuenta de la relación entre la comunicación, los medios y el sistema político, y los diferentes gobiernos y estilos políticos de comunicación. El sociólogo chileno usa el concepto en su texto Un Espejo Trizado para el análisis de tres momentos claves de la historia contemporánea chilena: el período de gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei entre 1964 y 1970, el del gobierno de la “Unidad Popular” de Salvador Allende entre 1970 y 1973; y el que va del golpe de Pinochet hasta la derrota del dictador en el plebiscito de 1988 (Brunner, 1988a, 1988b). En esos tres períodos encuentra maneras diferenciales de concebir la comunicación que se articulan con cierto tipo de uso de los medios, estilos personales de los mandatarios

y maneras de concebir las articulaciones entre la comunicación, la democracia o el autoritarismo.

Gramsci, John B. Thompson, Raymond Williams, Pierre

Los estudiosos norteamericanos de la cultura política o de la “civic culture”, Almond y Powell, llamaron la atención en su momento acerca de la influencia de los medios de comunicación en la cultura política de una sociedad, en el corto, mediano y largo plazo:

Bourdieu, John Fiske, Hayden White, Axel Honeth), nos apoyamos especialmente para nuestra construcción teórica y para la investigación empírica de las relaciones entre medios de comunicación y política, y entre televisión y política, en una trayectoria latinoamericana de investigación especialmente interesada en las particularidades del desarrollo histórico, social, cultural y político de los países de la región (especificidades de nuestra formación social, de nuestra composición interétnica, de nuestra modernización y de nuestra modernidad, de nuestra propia experiencia de lo político).

“Tampoco debemos olvidar el papel que desempeñan los medios masivos de comunicación en la socialización política. Además de proporcionar información sobre acontecimientos políticos inmediatos, estos medios ejercen un efecto a largo plazo sobre los individuos al ir formando gradualmente su “mapa cognitivo” básico (p. 66)”. Junto al acervo teórico universal, los aportes del pensamiento europeo y norteamericano (Antonio

Algunos investigadores de la comunicación incorporamos al Brasil en esa trayectoria latinoamericana, y somos conscientes del valor de

este diálogo con la experiencia brasileña [Influencia de Jesús Martín-Barbero]

II. CULTURAS POLÍTICAS Y TELEVISIÓN EN LA HISTORIA COLOMBIANA CONTEMPORÁNEA

Para avanzar en esta tarea de producir un conocimiento latinoamericano sobre las relaciones entre la cultura política y la comunicación, se requiere avanzar en el tejido intelectual de un conocimiento latinoamericano producido en las fronteras entre la política, la cultura y la comunicación, que ha sido construido con aportes de investigadores de distintos países de la región teorizando y avanzando en la investigación empírica desde la experiencia histórica particular de cada uno de sus países (Martín-Barbero, Ángel Rama, José Joaquín Brunner, Norbert Lechner, García-Canclini, Paulo Freire, Oscar Landi, José Luis Romero).

Religiosidad católica y antimodernidad en la cultura Desde el nacimiento de los partidos Liberal y Conservador a mediados del siglo XIX, la cultura política colombiana empezó a definirse ligada a expresiones de intolerancia político-religiosa, en la medida en que la religión y la pertenencia religiosa se convirtieron en el eje divisorio entre los partidos políticos. Imaginarios contrapuestos: Liberales = librepensadores, rojos, ateos, “comecuras” y conservadores = rezanderos, camanduleros, beatos

Una iglesia católica, radicalmente enfrentada, en sus segmentos dominantes, a las ideas y valores de la modernidad (el liberalismo, el libre examen, la separación de la Iglesia y del Estado, la libertad de cultos, el socialismo), estimuló notoriamente esa intolerancia político-religiosa. La frustración del populismo en Colombia y la Violencia de los años 40 y 50 El 9 de abril de 1948 se produce el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el caudillo liberal de masas, la figura mayor del populismo colombiano, quien de no haber sido asesinado habría sido elegido presidente en las elecciones de 1950. [El “Bogotazo”, incendio y destrucción del centro de la ciudad]

Frustración histórica del populismo como forma de gobierno triunfante en Colombia, comparativamente con aquellos países donde el populismo tuvo un lugar central y definitorio, para bien y para mal, en las culturas políticas nacionales; donde triunfó e impuso su huella en el desarrollo económico social y político-cultural: la Argentina de Juan Domingo Perón, el Brasil de Getulio Vargas, y el México de Lázaro Cárdenas. Con el asesinato del popular caudillo liberal en 1948 como uno de sus principales hechos y como una de sus más importantes expresiones, se genera en Colombia “La Violencia” de los años 40 y 50 (entre 1948 y 1953 o entre 1946 y mediados de los años 60, según distintas tradiciones historiográficas) entre liberales y conservadores. Luchas políticas atizadas por el elemento religioso, pero también por la apropiación de los empleos, de los cargos burocráticos en el sector público, y por el desplazamiento

forzado de propietarios rurales y el despojo de sus tierras, constituyeron los ingredientes de esa Violencia con mayúscula, como la conocemos en la historiografía nacional. Los gobiernos conservadores de Ospina Pérez (1946-1950) y de Laureano Gómez (1950-1953) permitieron y estimularon la Violencia contra el campesinado liberal, el despojo de sus tierras, y la expulsión hacia las ciudades de esos campesinos que fueron sujetos y actores importantes de la urbanización de muchas de las ciudades colombianas en los años 50, 60 y 70. En esa violencia murieron alrededor de 200.000 personas y jugaron un papel protagónico asesinos a sueldo de los partidos, denominados en el lenguaje popular “pájaros”. La novela “Cóndores no entierran todos los días”, del escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal y el excelente film de Francisco Norden del mismo nombre, sobre la vida de León

María Lozano, “El Cóndor” (es decir, el rey de los pájaros de aquellos años) y sus andanzas en Buga y en los departamentos del Valle y de la zona cafetera, constituyen una extraordinaria y vital recreación artística de la violencia de aquellos años. Como reacción a esa Violencia oficial de los años 40 y 50, se crearon guerrillas liberales y movimientos armados de autodefensa del campesinado en los Llanos Orientales y en algunos departamentos centrales del país como Tolima, Huila y Cauca. [Nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 1964, producto de esa historia] El 13 de junio de 1953 fue derrocado por un golpe militar con el apoyo total de los partidos y de los políticos opuestos a la violencia oficial, el presidente conservador y uno de los principales instigadores

de la Violencia, Laureano Gómez Hurtado. Con el apoyo de los liberales, de un sector moderado del conservatismo (el sector ligado al ex presidente Ospina Pérez), y de la Iglesia católica, fue puesto en la presidencia el general Gustavo Rojas Pinilla. Darío Echandía: Golpe de Rojas = “Golpe de opinión”

Significación de la “dictadura” de Rojas Pinilla (1953-1957) para la cultura política colombiana La llegada al poder del general Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953, a través de un golpe civilmilitar, tiene que ver con el arribo al poder de una figura de salvación, simbólicamente neutra frente

a la intolerancia liberal-conservadora, propuesta por los dos partidos históricos (con excepción del sector conservador laureanista en el poder), como una alternativa política temporal, ante su propio desprestigio como colectividades políticas, por su involucramiento en la Violencia. El general Gustavo Rojas Pinilla tiene el mérito histórico de haber fundado en Colombia la televisión en 1954. Al año de haber llegado al poder, el 13 de junio de 1954, nace entonces la televisión colombiana como una propuesta público-estatal de televisión educativa y cultural.

El período de Gustavo Rojas Pinilla es la única experiencia dictatorial en la historia colombiana. Sin embargo y aunque se caracterizó por procedimientos autoritarios y represivos (censura a la prensa, represión contra sectores estudiantiles), no es un fenómeno equivalente a las dictaduras militares de los años 70 en América Latina, que se posicionaron contra el avance de la izquierda bajo la influencia de la revolución cubana de 1959 y se alinearon generalmente con los Estados Unidos y con la doctrina de la seguridad nacional de inspiración estadounidense. Rojas Pinilla retoma elementos del populismo político argentino, del peronismo, y propone una alternativa política tercerista (Movimiento de Acción Nacional MAN y la “Tercera Fuerza”), frente a los dos partidos históricos colombianos, el Liberal y el Conservador.

María Eugenia Rojas, la hija del general, va a crear el Servicio Nacional de Asistencia Social, SENDAS, tomando como modelo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social manejada por Evita Perón en Argentina, y va de alguna manera a intentar emular la figura de Evita como protectora de la Nación. A María Eugenia Rojas se le conocerá como “La Capitana”. Rojas Pinilla propone también frente al sindicalismo controlado por asociaciones obreras ligadas a los partidos políticos tradicionales Liberal y Conservador, una tercera opción para el movimiento sindical. El general Rojas logra la paz con la guerrilla liberal que se había levantado contra los gobiernos conservadores en defensa de la vida, de la seguridad de

sus familias y de sus propiedades. Rojas Pinilla intenta autonomizarse de los dos partidos y se vuelve en ese sentido peligroso para el establecimiento bipartidista. Ese temor frente a Rojas y el descontento con sus procedimientos autoritarios, van a llevar a que el general Rojas Pinilla sea derrocado por una Junta Militar, el 10 de mayo de 1957, la cual conducirá un proceso de transición a la democracia que llevará a la instauración del sistema político del “Frente Nacional” en 1958.

El sistema político del “Frente Nacional” (1958-1974) como monopolio bipartidista liberal-conservador de las instituciones estatales y los empleos públicos El Frente Nacional constituía un sistema de alternación en el poder cada cuatro años, entre liberales y conservadores, concebido para aclimatar un espíritu de tolerancia y de convivencia entre los partidos, que posibilitara la superación de los “odios heredados” y de la violencia político-partidaria. La evaluación histórica del sistema del Frente Nacional es que efectivamente contribuyó a la superación de la intolerancia política y el sectarismo, pero que al monopolizar los cargos públicos en manos de conservadores y liberales y funcionar con un estrecho criterio político bipartidista, dejó por fuera a muchos otros sectores políticos, justo en un momento en que el país se urbanizaba, se

industrializaba, se secularizaba, recibiendo las influencias de la Revolución Cubana, del Concilio Vaticano II, del existencialismo, cuando nacían las ciencias sociales modernas (la antropología y la sociología en 1959-1960), cuando el marxismo se masificaba y la propia iglesia católica conservadora viraba hacia “la opción preferencial por los pobres”. Este sistema se diseñó para 16 años y formalmente existió hasta 1974, aunque su espíritu tal vez se mantuvo hasta la Constitución de 1991. El sistema del Frente Nacional y el monopolio bipartidista de los medios de comunicación. Relativo pluralismo del “sistema mixto” de televisión.

“sistema mixto”, más o menos pluralista, dentro de un esquema bipartidista liberal-conservador, pero con exclusión total de la izquierda y de los grupos liberales y conservadores opositores al monopolio del Frente Nacional.

El sistema político del Frente Nacional se caracterizó por un correspondiente monopolio político bipartista en el manejo de los medios de comunicación. A comienzos de los 60 se configuró un sistema de televisión conocido en la historiografía como el

Ese “sistema mixto de televisión”, fue una especie de sistema semi-público o semi-privado de televisión, donde el Estado colocaba los estudios de televisión con sus cámaras y equipos de grabación y emisión, y un personal de planta ligado al Instituto Nacional

de Radio y Televisión, INRAVISIÓN, y los empresarios privados, a través de pequeñas y medianas empresas productoras de televisión, denominadas “programadoras”, accedían a los espacios televisivos a través de licitaciones públicas, pagaban al Estado unas tarifas según el tiempo y el horario de emisión de sus programas, y a su vez se financiaban con anuncios publicitarios pagados por el sector comercial e industrial privado. Los avatares de la tradición populista: de Rojas Pinilla a la Anapo Socialista y al M-19 Ya en la oposición al sistema político liberalconservador del Frente Nacional establecido en 1958, Rojas Pinilla va a impulsar el desarrollo de la Alianza Nacional de Oposición, ANAPO, como un movimiento populista opositor al establecimiento liberal-conservador.

Bajo la influencia del peronismo de izquierda, del creciente interés por el marxismo y de la Revolución Cubana de 1959, va a surgir al interior de la ANAPO, en los años 60, la Anapo Socialista. El general Rojas Pinilla se presentará como candidato a la presidencia en las elecciones del 19 de abril de 1970 en abierto desafío a las reglas del Frente Nacional. El día de las elecciones nos acostamos con Rojas Pinilla ganándole a Misael Pastrana, el candidato oficialista, y nos levantamos al otro día con Pastrana anunciado por los medios de comunicación como presidente. Una vertiente de la historiografía colombiana ha demostrado la existencia de un fraude electoral para arrebatarle el triunfo a Rojas Pinilla. Como respuesta a ese fraude, va a surgir dentro de la Anapo socialista, en 1974, el Movimiento M-19, reivindicando la acción populista armada de

izquierda e iniciando una página muy importante dentro de la historia colombiana, protagonizada por la acción política de esa organización. El M-19 va a renovar la cultura política de la izquierda, tradicionalmente marxista, y además muy religiosa y sacrificial (en su actitud de ofrendar la vida por la causa), con una cultura política populista que va a retomar la interpelación nacional-popular, descuidada por el marxismo. Va a construir un nacionalismo sano, una ideología colombianista no chauvinista, va a reivindicar muchas causas ligadas a las clases medias, y va a prestar especial interés a la comunicación de masas. Su nacimiento como organización en enero de 1974, estuvo ligado a una campaña de expectativa

en prensa escrita, con mensajes que decían “Ya viene!” “Espérelo!” M-19!”. Jaime Bateman, el fundador del M-19, definió a su organización política como “un movimiento de propaganda armada”. A finales de los 70, comienzos de los 80, el M-19 solía interrumpir la señal de televisión para difundir breves mensajes publicitarios de la organización. De la izquierda populista peronista el M-19 copió los métodos de asaltar camiones de leche y de pollos para repartirlos en los barrios populares de las ciudades, y de los tupamaros uruguayos copió la experiencia del robo de la espada de su líder nacional José Gervasio Artigas: una de las acciones simbólicas más importantes del M-19 en sus años iniciales consistió en el robo de la espada de Bolívar a través de un asalto a la “Quinta de Bolívar”.

Los años 70 como período de afirmación y transición de la televisión como medio. El concepto de “intermedialidad” y su utilidad para el análisis de la transformación de la televisión Una pauta teórica y metodológica importante para el análisis histórico de la evolución de los medios de comunicación, de sus lenguajes y narrativas, para el estudio de los diferentes ecosistemas mediáticos en períodos concretos de la historia, para el conocimiento de las fases de nacimiento, despegue y declive de cada medio de comunicación, nos la ofrece el concepto de “intermedialidad” Esta categoría tiene que ver con cómo un medio naciente contiene y se apoya en desarrollos tecnológicos previos, en formas de representación, lenguajes, narrativas y formatos de medios antecedentes, mientras encuentra sus propias formas de expresión. La televisión nace en Colombia a mediados de los años 50 como una televisión

letrada, en buena medida porque en los primeros años sólo una pequeña minoría de personas tenía acceso a un televisor, que en aquellos días era un bien de élite, y porque la red de distribución de la señal de televisión cubría a duras penas a la capital y a algunas pocas ciudades de las regiones centrales del país. También porque el modelo de cultura de aquellos años, que el desarrollo posterior de la televisión contribuiría a erosionar, era el de la “cultura culta”. La televisión nace en años de hegemonía del periódico y de la cultura letrada asociada al libro y a ese medio impreso. Muchos de los programas iniciales eran programas educativos letrados dedicados a la formación artística y del gusto estético (como el programa de arte de la crítica argentina Marta Traba). La naciente televisión hereda también de la radio, del radio teatro y del teatro, los formatos narrativos y escenográficos para la naciente narrativa de ficción televisiva, como lo ejemplifica en Colombia la historia de

Bernardo Romero Lozano en su tránsito del teatro y del radioteatro, al teleteatro de piezas clásicas y contemporáneas y a la dirección de dramatizados y novelas en televisión (Martín-Barbero y Rey, 1999). Desde el punto de vista tecnológico hay que recordar que los noticieros de televisión en Colombia se grababan hasta 1980 en blanco y negro, en formato cinematográfico de 16 milímetros. Y que su antecedente inmediato era precisamente el noticiero cinematográfico que se grababa en 35 y en 16 milímetros. Las cámaras de torreta que se manejaban en los primeros años de la televisión eran supremamente pesadas e incómodas para su transporte lo que dificultaba enormemente la grabación de exteriores tanto en información como en ficción. Dejando atrás esta observación teórica, y si pasamos a mirar la relación de los políticos

profesionales con el nuevo medio “televisión”, tenemos que decir que Alberto Lleras Camargo, el primer presidente del Frente Nacional (19581962), odiaba la televisión pues la asociaba al general Rojas Pinilla, y él personalmente pertenecía claramente a “la Ciudad Letrada” (Rama, 1998) y era mucho más afín al mundo de la radio y del ensayo literario y periodístico. Es más o menos a mediados de los años 70, cuando se comienza a dar el descubrimiento de la importancia de la televisión por parte de los políticos en Colombia. La década de los setenta es entonces un período de transición en el desarrollo del medio televisivo en Colombia. Es a finales de esa década y sobre todo durante los años 80, cuando empieza a desarrollarse un lenguaje propiamente televisivo, tanto a nivel de los formatos y discursos de los teleinformativos, como de las narrativas de los dramatizados y otros productos de ficción.

La mirada sobre la televisión desde la cultura política de la izquierda de los años 70 Pasando a otro tipo de registro, el de la caricatura, quiero mostrar ahora unas imágenes extraídas de la revista “Alternativa”, valiosa experiencia periodística de la izquierda intelectual colombiana de los años 70, que nos permiten ver algunas de las percepciones de la televisión que se construían desde sectores de la izquierda, que si bien pueden arrojar luces importantes sobre la cultura política y las visiones de época de la izquierda no solo en Colombia sino en América Latina y en muchos países del mundo, de otro lado y no obstante su esquematismo y su mecanicismo en la percepción del fenómeno imperialista, que expresaban sin duda lo que Axel Honeth ha denominado “funcionalismo marxista” como marco de comprensión de la acción de los medios, incorporaban también elementos de crítica de la dominación imperial norteamericana,

inspirados en las teorías de la dependencia y del imperialismo, como también en las propias realidades políticas de América Latina de aquellos años, marcadas no solo por la intervenciones militares norteamericanas en la región (como la desestabilización del gobierno de la Unidad Popular

de Salvador Allende) sino simultáneamente por la presencia avasalladora de las series “enlatadas” norteamericanas (“Hechizada”, “Batman”, “Bonanza”, “El show de Lucy”, “La isla de Guiligan”, etc.) en las parrillas de programación de los canales de televisión de la región y de muchos países del mundo, a los cuales exportaban los productos de su pujante industria televisiva.

El gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), la creación de las televisiones regionales, los procesos de paz con el M-19 y el EPL, su ruptura y la toma del Palacio de Justicia en 1985 Una de las realizaciones claves de Betancur, que hizo parte de su política de descentralización política y administrativa (entre ellas la elección popular de los alcaldes municipales, antes elegidos directamente por los gobernadores), tuvo que ver con la creación e impulso desde la política pública, de los canales regionales de televisión en 1986, que inició con Teleantioquia y continuó luego con Telepacífico, Telecaribe, Telecafé y Televisión Regional de Oriente, TRO. Esa decisión, adoptada por un mandatario nacido en Amagá, un municipio minero del departamento de Antioquia, región líder en el desarrollo industrial nacional, fue muy importante para equilibrar un poco el tradicional

centralismo bogotano y para estimular la producción televisiva de informaciones, opiniones y narrativas audiovisuales regionales y locales. Del período de gobierno de Belisario hay que reconocer también sus indudables dotes de comunicador político, ejercidas en sus alocuciones presidenciales a través de la televisión a favor del proceso de paz con el M-19, el EPL y las FARC. En esa pedagogía comunicativa de la paz, fue importante el énfasis del discurso de Betancur en el reconocimiento de la existencia en Colombia de condiciones objetivas de inequidad y de exclusión social y regional que favorecían el desarrollo del fenómeno guerrillero.

En el tema que nos compete en este artículo, tenemos que reconocer el papel jugado por la televisión en el cubrimiento del proceso de paz de Betancur con el M-19 y el EPL a mediados de los 80, cuando por primera vez en la historia de la televisión colombiana, pudimos ver a los comandantes guerrilleros, saber quiénes eran y cuáles eran sus objetivos de lucha.

Desafortunadamente en 1985 vivimos también la frustración del proceso de paz con el M-19 que se tomó el Palacio de Justicia en noviembre de ese año, para denunciar los obstáculos y torpedeos de los militares a los diálogos de paz con el M-19.

De este triste acontecimiento de nuestra reciente historia nacional y para el tema que aquí nos ocupa hay que recordar que mientras el Ejército colombiano entraba con tanques y rockets en su contratoma del Palacio de Justicia, la ministra

de Comunicaciones Nohemí Sanin ordenaba la transmisión de partidos del fútbol europeo por la televisión, como una especie de sedativo para la opinión.

Los años 90: de la Constitución multiculturalista y progresista de 1991 al ascenso del paramilitarismo y a la privatización o reconversión neoliberal de la televisión En la década de los 90 se lleva a cabo la generalización del acceso de los colombianos a la televisión pues más del 90% de los hogares van a tener uno o más televisores. Al mismo tiempo 1990 es el año en que comienza apenas la adquisición social de los computadores personales por los colombianos, inicialmente por grupos que los utilizaban para propósitos académicos. La década comienza con un nuevo proceso de paz, ahora exitoso, con el M-19, el EPL y el movimiento guerrillero indigenista “Quintín Lame” y la adopción de la Constitución de 1991, una constitución progresista, en la cual participaron representantes de esas dos guerrillas, la cual se caracterizó por un

espíritu democrático y multicultural y una amplia carta de derechos políticos, económicos y culturales. Alrededor de la tercera parte de los constituyentes estuvo conformada por los representantes de la Alianza Democrática M-19, una bancada amplia de políticos, juristas y académicos progresistas, derivada del proceso de paz y de la incorporación a la vida civil del M-19, en 1990. Una de las más importantes propuestas y uno de los más grandes fracasos institucionales de la Constitución de 1991 fue la creación de la Comisión Nacional de Televisión, CNTV, concebida como un órgano independiente y autónomo de formulación de política pública de televisión. La CNTV terminó siendo ni autónoma, ni técnica, como se había pensado, sino apropiada por los intereses particulares de los nuevos canales privados que con la reconversión privatizadora del sistema mixto de televisión en 1998, se convirtieron en el

eje dominante del nuevo sistema de televisión. La Comisión terminó entrampada entre los intereses comerciales de los canales privados de RCN Televisión y Caracol Televisión y los intereses particulares y clientelistas de sectores de la clase política tradicional colombiana.

Una de las decisiones ligadas al proceso de paz con el M-19 impulsado por la administración del liberal Virgilio Barco (1986-1990) y continuado por el presidente César Gaviria (1990-1994) fue el otorgamiento de un espacio para un noticiero de televisión a la Alianza Democrática M-19, derivada del proceso de paz con dicha guerrilla: el noticiero AM-PM. La creación y la consolidación de este informativo de televisión de la izquierda democrática, expresó el clima de apertura política y de pluralismo, ligado a la Constitución de 1991. Por primera vez en la historia colombiana la izquierda política y cultural accedía a un espacio informativo televisivo de masas desde el cual podía construir una agenda informativa propia y participar en la construcción de la opinión pública desde nuevas ópticas y desde sensibilidades políticas hasta entonces excluidas de la emisión masiva.

Desafortunadamente, el clima de violencia política generado durante los años 1990 por el crecimiento de las FARC y del ELN, la proliferación de grupos paramilitares, y el crecimiento del narcotráfico fortalecido notoriamente durante los 80 y que desde entonces entrará en alianzas con los paramilitares y sectores de la extrema derecha política y militar, va a afectar esa relativa apertura política. En 1998, el Noticiero AM-PM va a desaparecer al no ser renovada su licencia, debido a su posición crítica frente al gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), cuya campaña presidencial había sido parcialmente financiada por el narcotráfico (específicamente por el Cartel de Cali). En este punto y para la comprensión de la situación política colombiana por lectores de otros países no familiarizados con el contexto político nacional, hay

que explicar la especificidad de los procesos de paz en Colombia la cual tienen que ver con que ellos se llevan a cabo de forma escalonada y no de una manera simultánea con todas las organizaciones guerrilleras: mientras el M-19, el EPL (Ejército Popular de Liberación, maoísta), el movimiento armado indigenista “Quintín Lame”, y la Corriente de Renovación Socialista (disidencia del ELN) se desmovilizan militarmente y se reintegran a la vida

civil entre 1990 y 1993, las FARC y el ELN mantienen la confrontación con el Estado. Por lo tanto, si bien hay varias desmovilizaciones, no hay un punto final para el conflicto armado interno. Esa persistencia del conflicto armado y de la acción política armada de izquierda a través de movimientos guerrilleros, ha llevado a la estigmatización de la izquierda legal, no guerrillera, del sindicalismo, del magisterio organizado, de los movimientos sociales y de los defensores de derechos humanos, por parte de sectores de la derecha y de la extrema derecha, con el argumento de estar todos ellos supuestamente “infiltrados” por la insurgencia armada. Durante los años 80 y 90 va a ser exterminado todo un partido político de la izquierda legal y asesinados más de 3.000 de sus miembros: la “Unión Patriótica”, partido derivado de los acuerdos

del presidente Belisario Betancur con las FARC a mediados de los 80. En agosto de 1989 va a ser asesinado por el narcotráfico Luis Carlos Galán, político liberal progresista, quien expresaba una cultura política

meritocrática, de clase media. Galán era un estadista y un analista juicioso y sistemático de las relaciones entre la democracia, el periodismo y los medios de comunicación. Tres candidatos presidenciales de la izquierda van a ser asesinados entre finales de los 80 y comienzos de los 90. El jurista Jaime Pardo Leal, de la “Unión Patriótica”, asesinado el 11 de octubre de 1987;

Bernardo Jaramillo Ossa, joven y carismático líder de la Unión Patriótica que venía jalonando un movimiento amplio por la paz, asesinado el 22 de marzo de 1990; y el tal vez mucho más carismático líder del M-19, Carlos Pizarro Leon Gómez, llamado por las mujeres en virtud de sus atractivos físicos “el comandante Papito”, asesinado el 26 de abril de 1990. Durante los años 90 si bien se tuvo éxito en los procesos de paz y de reincorporación a la vida civil de ex combatientes del M-19, del EPL (Ejército Popular de Liberación, maoísta), del movimiento armado indigenista “Quintín Lame”, y de la Corriente de Renovación Socialista (disidencia del ELN), se van a frustrar los diálogos de paz con las FARC en

Tlaxcala (México) y en Caracas, y los diálogos con el ELN en Maguncia (Alemania). La década de los 90 y los comienzos del siglo XXI van a estar marcados también por un fuerte crecimiento de los grupos paramilitares en muchas regiones del país, los cuales van a cometer decenas de masacres de 40 y 50 personas, con una política sistemática de terror con miras a desalentar la vinculación de algunos sectores de la población campesina con las guerrillas, y a despojarlos de sus tierras y apropiarse de ellas de manera fraudulenta. => Desplazamiento de más de 5 millones de personas. Alrededor de 50.000 desaparecidos Frente a esas masacres que produjeron una profunda crisis humanitaria en muchas regiones campesinas, la televisión tuvo una complicidad tácita con el paramilitarismo, limitándose al mero registro de las masacres. Jamás hubo, como

sí las ha habido en años posteriores contra la guerrilla de las FARC, ninguna campaña de los canales privados o incluso de los canales públicos de televisión, de movilización de la opinión, que llamara a detener la orgía de sangre causada por los paramilitares contra las comunidades campesinas. Los medios hegemónicos y los sectores dominantes del periodismo muchas veces vieron en los paramilitares un aliado legítimo del ejército y las instituciones en la lucha contra la subversión armada de la izquierda y se hicieron los de la vista gorda frente a sus flagrantes crímenes y abusos. Pasando a otro tema clave de la década de los 90, relacionado con la historia económica de los grandes medios, tenemos que anotar que en 1998 comienzan a funcionar los nuevos canales privados RCN Televisión y Caracol Televisión, a los cuales les fueron otorgadas licencias por 10 años. Esta decisión constituyó el inicio de la privatización de la televisión

colombiana y la cancelación del “sistema mixto” como sistema hegemónico.

también una formación discursiva orientada a justificar esas doctrinas y políticas neoliberales.

Sobre este asunto quisiéramos decir solamente, dada la intención panorámica y los propósitos limitados del presente texto, que requerimos en nuestros países y en nuestras universidades y centros de investigación, adelantar investigaciones desde la historia económica de los medios y desde los estudios de economía política de los medios de comunicación, que reconstruyan los procesos de privatización de los medios y en particular de la televisión, que develen los intereses que allí jugaron como también los discursos que justificaron a nivel de la opinión pública la reconversión tecnológica de base privada y la “flexibilización” neoliberal de los sistemas públicos de televisión. El estudio de estos discursos podría develar, por ejemplo, cómo el neoliberalismo no es sólo un conjunto de doctrinas y de políticas económicas, sino que constituye

Los nuevos contextos de la cultura mediática y la reflexión latinoamericana sobre la telepolítica en los 90 Durante la década de los 90 comienza y se lleva a cabo una primera etapa del proceso de masificación de los computadores personales. Como nos lo recuerda el profesor Jaime A. Valencia (sin indicación de fecha), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, “en la última década del siglo XX nos tocó ver el posicionamiento del Windows de Microsoft, imitando el sistema operativo de los computadores Mcintosh, la rápida evolución de los interfaces gráficos y los programas para facilitar la comunicación de los computadores, la masificación de los computadores personales y la aparición de los portátiles”.

Como también lo rememora Valencia, en 1990 muchos adquirimos un “clon” o computador genérico cuya pantalla era monocromática de color naranja y se conectaba generalmente a una impresora Epson de puntos. Era apenas el inicio en Colombia de la massmediatización de la sociedad ligada a la masificación de los ordenadores personales pero que ya insinuaba transformaciones tecnológicas y culturales que modificarían sustancialmente en unos pocos años la vida social y la cultura. No obstante, en esos primeros años de los 90, la mediatización de la cultura y de la sociedad se experimentaba principalmente por la universalización de la televisión y de la estética publicitaria televisiva ligada al videoclip, consolidada y expandida a partir de la creación en 1981 del canal de videos musicales MTV.

Un trabajo colectivo muy sugerente, publicado por Héctor Schmucler y María Cristina Mata (1992), denominado Política y comunicación ¿Hay un lugar para la política en la cultura mediática?, derivado de un evento académico organizado por la Universidad de Córdoba, en Argentina, constituye una buena evidencia de cómo la academia latinoamericana comenzaba a debatir y a deglutir críticamente las realidades de la nueva cultura mediática, de la informatización de la sociedad, de los nuevos regímenes de visibilidad y de velocidad de la imagen, de la “videopolítica” y del desplazamiento de la plaza pública como lugar tradicional de la movilización, por la nueva “ágora electrónica”, y la relación compleja y a menudo confusa y enmarañada entre todos estos procesos tecnoculturales y los procesos políticos de expansión del mercado y de la ideología neoliberal, en una época marcada por la caída del Muro de Berlín, el hundimiento del modelo comunista soviético y por las nuevas guerras

tecnomediáticas iniciadas con la Guerra del Golfo Pérsico a comienzos de 1991. Valga la referencia a este valioso conjunto de reflexiones de los estudiosos argentinos de la comunicación, en unos años de mucha incertidumbre sobre lo que estaba sucediendo con las nuevas tecnologías en términos de su impacto en la cultura y en la política, para subrayar la pertinencia de reconstruir con mayor detalle esta historia reciente de las interrelaciones entre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la cultura y la política, para hacer un balance de las transformaciones y reacomodamientos que produjo en muy distintos órdenes de la vida de nuestras sociedades. El hecho de que hayamos sido objeto de estas transformaciones, de que las hayamos vivido a título personal o colectivo, no nos autoriza por supuesto a hablar con propiedad de ellas, a

menos que adelantemos un esfuerzo intelectual sistemático para comprenderlas y asimilarlas en las múltiples implicaciones que tuvieron para nuestra vida colectiva: en las percepciones de la historia y la memoria colectiva; en las relaciones intergeneracionales; en los escenarios y procesos educativos; en la vida cotidiana y familiar; en los partidos políticos, el sindicalismo y los movimientos sociales. Un tema fundamental directamente relacionado con los propósitos de este artículo, es el del análisis, dentro de la perspectiva conceptual de la “intermedialidad” que planteábamos arriba, adaptada a las realidades tecnoculturales y tecnopolíticas de hoy, de cómo las nuevas tecnologías y plataformas (You Tube, Facebook, Twitter, blogs, etc.) se articulan hoy políticamente con la televisión, redefiniéndola, complementándola, ofreciéndole temas para el debate público,

obligándola a incorporar en su agenda asuntos que no logra definir ni instalar en el debate público por sí misma, y a veces cuestionándola, cuando no suplantándola, por su mercantilismo ramplón y por sus tomas de partido ideológicas, en virtud de sus estrechas relaciones con los poderes políticos, económicos y financieros. Frustración del proceso de paz del Caguán con las FARC en 2002, política de “seguridad democrática” de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y consolidación del uribismo como una fuerte formación político-cultural y discursiva de derecha. La cancelación del proceso de paz de Pastrana con las Farc en 2002, la soberbia militarista demostrada por esta organización guerrillera durante la existencia de la “zona de distensión” en San Vicente del Caguán, zona desmilitarizada por

el gobierno para los diálogos de paz, así como su sistemática práctica del secuestro extorsivo de seres humanos como forma de financiación, radicalizaron a la opinión pública en contra de esa guerrilla, y condujeron a un sector mayoritario del electorado a adherir al candidato Álvaro Uribe Vélez quien resultó triunfante en las elecciones presidenciales del 2002 con un mandato claro de confrontación militar de la guerrilla expresado en su propuesta de “seguridad democrática”. Como presidente, Uribe Vélez hizo de la “propaganda” el género hegemónico de su comunicación gubernamental, privilegiando audiencias y medios masivos como la televisión y la radio, en perjuicio de la prensa y de lenguajes y públicos más reflexivos y argumentativos. La propaganda, que tiende a funcionar como tipo de comunicación y dispositivo retórico unilateral y orientado a la persuasión, se tradujo durante sus

ocho años de gobierno en la producción reiterada de un mensaje gubernamental insistente en que “el país está cada día mejor”, “la guerra contra la guerrilla se está ganando”, y en cuanto a las FARC, la repetición de la idea de que “estamos en el fin del fin”. Una instancia central de su comunicación gubernamental fueron los llamados “consejos comunitarios”, reuniones con comunidades e instituciones regionales y locales para discutir necesidades y determinar inversiones en obras y proyectos. Los “consejos comunitarios” o “consejos comunales” se convirtieron en un espacio personalista y populista de comunicación, a los cuales el presidente llevaba a sus ministros a rendir cuentas ante la ciudadanía, donde los regañaba y los examinaba en público en cuanto a sus gestiones y las cifras que las soportaban, en modalidades tan marcadas de imposición jerárquica de su autoridad,

que se llegó a decir popularmente que “Uribe no tenía ministros sino viceministros”. En esa puesta en escena semanal que se extendía en jornadas de ocho y hasta 12 horas transmitidas por la televisión pública en un abuso y un copamiento indebido del tiempo de la parrilla de programación de la televisión pública, el presidente Uribe era la estrella principal de la película y a él se debían los proyectos de inversión y el progreso de las regiones. Desde su discurso aparecía además como un líder moral y un luchador ejemplar contra la politiquería y la corrupción. Podríamos definir, con Mijail Bajtín, el régimen comunicativo uribista como un régimen “monológico” o “monoglósico” (una sola voz), frente a uno “heteroglósico”, constituido por diversas voces (Bajtín, 1993). O con Fred Evans, podríamos caracterizarlo como un régimen “oracular”. Evans, en diálogo con la conceptualización bajtiniana,

denomina “oráculos” a distintas formas de comunicación paternalistas, verticales y unilaterales donde el otro no cuenta o está simplemente concebido como siervo o súbdito (Evans, 2008). El carácter monoglósico y monológico de la comunicación de Uribe Vélez que ignoraba con desdén o aplastaba implacablemente a las esporádicas voces opositoras que aparecían en ocasiones en los consejos comunitarios, se podría caracterizar perfectamente con otra expresión acuñada por el lingüista ruso para denominar el principio monológico, cual es la de “voces dominantes, reconocidas y altisonantes de la época” (Bajtin, 1993: 128-129), que apañan a otras voces que intentan también ser escuchadas. En la producción de ese régimen comunicativo monológico tuvieron un papel central el discurso gubernamental y el discurso de los noticieros de TV. Ese discurso gubernamental, con el apoyo de los

grandes medios de comunicación y en particular de los noticieros de los canales privados de televisión, subordinados interesadamente a las posiciones discursivas oficiales, desarrolló durante los ocho años del uribismo lo que podríamos denominar una homogeneización y una “redefinición afectiva de la opinión pública” desde la producción de un singular “nacionalismo antifariano”, relacionado con la definición discursiva de las FARC como el enemigo #1 de los colombianos. Este nacionalismo antifariano que catalizaba y usufructuaba los sentimientos de odio y rechazo de los colombianos hacia las reiteradas prácticas de secuestro y extorsión de las FARC, y hacia la arrogancia y la soberbia militaristas demostradas por esa guerrilla durante el frustrado proceso de paz con el gobierno Pastrana (1998-2002) , actuaba eficazmente a través de una polarización rentable de la opinión, en la medida en que el presidente Uribe clasificaba automáticamente a políticos, intelectuales y

periodistas críticos u opositores a su gobierno, en la categoría de simpatizantes de las FARC o de “cómplices del terrorismo”. Si bien hay que reconocer que la política militar de Uribe Vélez fue eficaz en la lucha contra la insurgencia de las FARC, a la cual expulsó del departamento de Cundinamarca y de las proximidades de la capital, golpeándola severamente en su capacidad ofensiva; y también en la penetración de zonas selváticas de la Orinoquia y la Amazonía colombianas donde los campamentos y las posiciones de la guerrilla eran anteriormente considerados inexpugnables; si bien hay que aceptar también que esa política contra las FARC contribuyó a recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros en el país y de los propios colombianos para transitar por las principales troncales luego de muchos años de inseguridad y de temor por un potencial secuestro guerrillero, hay que anotar

también que ese discurso diario de confrontación polarizante produjo en esos ocho años de gobierno un profundo deterioro de la confianza entre distintos sectores de la población. Familias enteras, amigos y compañeros de trabajo terminaron divididos, o con la conversación sobre política tácita o explícitamente prohibida en los hogares y sitios de trabajo, en virtud de ese discurso oficial de buenos y malos, de amigos y enemigos. Podríamos afirmar que el presidente Uribe, cosechando una amplísima popularidad entre los colombianos en virtud de su decidida y eficaz lucha contra la guerrilla de las FARC, hizo un uso perverso de esa autoridad, varias veces lindando no sólo en lo indebido sino en lo delictivo, para estigmatizar reiterativamente desde su discurso público a críticos y opositores, para interceptar ilegalmente los teléfonos de periodistas, magistrados, intelectuales y políticos considerados

como enemigos o poco confiables; y para organizar campañas de desprestigio contra los magistrados de la Corte Suprema que develaron las relaciones de colaboración y complicidad entre los jefes de los grupos paramilitares de ultraderecha y miembros del Congreso y abrieron procesos judiciales que llevaron a la cárcel a más de 80 parlamentarios entre senadores y representantes a la Cámara, la gran mayoría de ellos vinculados al uribismo. Uno de los casos más graves fue el del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que bajo la dirección de Jorge Noguera, nombrado directamente por el presidente Uribe, le pasaba a los jefes de los grupos paramilitares operantes en los departamentos de la Costa Atlántica, listados de sindicalistas y de líderes de la izquierda que debían ser perseguidos o asesinados. Una de las víctimas de estas persecuciones fue el profesor Alfredo Correa de Andreis, reconocido sociólogo e investigador

social, baleado cerca de su casa en la ciudad de Barranquilla en el 2004 por sicarios ligados a los paramilitares, luego de haber sido absuelto en un proceso judicial fabricado para hacerlo aparecer como miembro de la guerrilla de las FARC. Es importante agregar en este punto que en el mes de abril de 2015 la Corte Suprema de Justicia ha condenado a la ex directora del DAS bajo Uribe Vélez, María del Pilar Hurtado, a 15 años de prisión por varios delitos, relacionados con el espionaje telefónico y la persecución a magistrados de las altas cortes, periodistas y líderes políticos. La misma Corte Suprema ha condenado también a los ex ministros de ese gobierno, Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, y al ex secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, a 8 y 6 años de prisión, respectivamente, por la compra de los votos de dos parlamentarios que decidieron la aprobación de la figura de la reelección en 2004 y que generaron de

esa manera fraudulenta las condiciones jurídicas que hicieron posible la reelección inmediata del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en 2006. Resumiendo, podríamos afirmar el carácter claramente autoritario, derechista y antiliberal del régimen comunicativo uribista. Agregaríamos también la reiteración durante sus ocho años de gobierno de un discurso marcadamente antiizquierdista, contra los defensores de los derechos humanos y contra las organizaciones no gubernamentales, en un país donde la consolidación de una izquierda legal ha sido un proceso muy tortuoso en medio de la exclusión simbólica y de la aniquilación física de la misma a través de la violencia. A la descalificación de la oposición liberal y de la izquierda legal se sumó la descalificación de otras voces críticas del gobierno, en particular las de los intelectuales partidarios de salidas políticas al conflicto armado a través de negociaciones de

paz, agrupados en “Colombianos y colombianas por la paz”, a quienes el presidente Uribe denominó públicamente el “bloque intelectual de las FARC” (El Tiempo.com, 8 de febrero de 2009). No sobra decir que ese tipo de declaraciones estigmatizantes de intelectuales, periodistas y políticos opositores en un país donde en muchas de sus regiones y de sus zonas metropolitanas marginales no existe monopolio de la violencia por el Estado y donde la autoridad efectiva la detentan grupos paramilitares de derecha, constituye una potencial pena de muerte. Varios de los acusados públicamente por el discurso intransigente del entonces presidente Uribe Vélez de ser “cómplices del terrorismo”, como el periodista opositor Hollman Morris, tuvieron que vivir un verdadero calvario de intimidaciones y amenazas (Morris, Hollman, 2010; Duque, Lisandro, 2010). Vemos entonces cómo el caso del presidente Uribe Vélez bajo sus dos gobiernos ejemplifica una singular experiencia –tal vez muy parecida a la de

Fujimori en el Perú- de utilización abusiva de la autoridad lograda a partir de una exitosa política de contención militar de la guerrilla, para un conjunto de propósitos antidemocráticos e incluso delictivos. Otro lineamiento político-discursivo de la retórica desenvuelta durante los ocho años de gobierno por parte del presidente Uribe en alocuciones públicas, inauguraciones de eventos, declaraciones a los grandes medios, fue la re-narración o creación de un nuevo relato de la historia del país en clave antiterrorista. En ese relato él aparecía luchando “contra 50 años de terrorismo” , en cuyo saco de brujo metía no solo a los paramilitares y al narcotráfico de los carrobombas de los años 80 y 90, sino a todas las guerrillas históricas, prescindiendo de cualquier evaluación cuidadosa de tiempo y circunstancias históricas concretas; a los intelectuales críticos, a las ONG de derechos humanos, a los movimientos sociales históricos

como el indígena que se le opuso frontalmente y le cuestionó su modelo comunicativo autoritario y de propaganda; a la izquierda marxista y a la nacionalista del M-19, a los periodistas críticos como Hollman Morris y Jorge Enrique Botero a los que calificó como “cómplices del terrorismo”, pero también a políticos e intelectuales opositores como Gustavo Petro y León Valencia, vinculados a la vida civil y a la izquierda legal proviniendo respectivamente del M-19 y del ELN, a los que sistemáticamente denominaba desde su discurso “guerrilleros vestidos de civil”. Desde el punto de vista del funcionamiento del campo periodístico, hay que observar que el periodismo, en un sistema hegemónico de medios de comunicación altamente concentrado en manos de los grandes poderes económicos como es el colombiano, con excepción de algunos pocos medios, se subordinó al discurso gubernamental. Y la reportería de guerra estuvo ausente, tácitamente

prohibida, ya por complicidad de los medios dominantes y sus redacciones, ya por temor de los propios periodistas, con algunas excepciones notables como la de Hollman Morris, en la medida en que desde la perspectiva oficial y presidencial en el país no había un conflicto armado sino una “amenaza terrorista”. El cubrimiento del conflicto armado se minimizó y la información sobre el conflicto tendió a privilegiar los golpes de las fuerzas militares contra la guerrilla.

De Uribe a Santos: cambios en el régimen comunicativo, diálogos de paz de La Habana y conversión de la televisión en terreno de disputa alrededor de la paz y de la guerra Con las decisiones del gobierno de Juan Manuel Santos anunciadas desde su discurso de posesión en agosto de 2010, de “darle la vuelta a la página de los odios”; su política de normalización de las relaciones con las altas cortes y de respeto a la autonomía de la justicia; su reconocimiento posterior de la existencia en Colombia de un conflicto armado y no simplemente de una amenaza terrorista; el consecuente reconocimiento de las víctimas del conflicto armado y la aprobación de una ley para reconocerlas jurídicamente y avanzar en los procesos de reparación de las mismas; así como con su política exterior orientada a la normalización de las relaciones con los vecinos y en particular, a la distensión del clima de confrontación

con Venezuela, el presidente Juan Manuel Santos le dio un viraje sustancial, recomponiéndolo y reorientándolo, al régimen comunicativo heredado de las dos administraciones de Álvaro Uribe Vélez. Este último, que podríamos caracterizar como un régimen monológico, hacendario, paternalista, confrontacional, monoglósico (una sola voz dominante) y polarizante en su intencionalidad política, va a dar paso a un régimen comunicativo pluralista, tolerante, liberal en su concepción de la convivencia respetuosa con otras posiciones ideológicas y filosóficas, y distensionante, desde el punto de vista de su relación con otros poderes y otros gobiernos. Desde finales del año 2012 el gobierno de Juan Manuel Santos ha abierto oficialmente una mesa de diálogos de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, con la mediación del gobierno de la isla y del gobierno noruego. A

pesar de contar el gobierno Santos con un equipo negociador muy sólido y competente y a pesar de haber recibido la mesa de conversaciones de La Habana un sólido respaldo de la comunidad internacional, del gobierno norteamericano y de los gobiernos europeos, internamente la opinión pública colombiana aparece muy dividida frente al proceso de La Habana. En parte por la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, cuya popularidad sigue siendo muy alta, quien considera no sin parte de razón, que Santos habiendo sido elegido como una fórmula de continuidad con su política de “seguridad democrática” y con los votos derivados de la popularidad del ex presidente, habría traicionado optando por la negociación con la guerrilla, la política bandera de su gobierno. La herencia dejada en la opinión por la “pedagogía del odio” hacia las FARC desenvuelta los ocho años de presidencia de Uribe, constituye también

un obstáculo subjetivo a la negociación y a la reconciliación con dicha guerrilla, y por supuesto, las propias acciones delincuenciales y abusivas de los derechos humanos de las propias FARC, que les granjearon la animadversión de amplios grupos de la sociedad colombiana. Otro factor que contribuye al débil respaldo de la opinión pública a la política gubernamental de paz, se relaciona con la deficiente comunicación gubernamental de la política de paz.

Conclusiones Hemos tratado de presentar una serie de conceptos que nos ayudan a ver las interrelaciones entre medios de comunicación y cultura política y particularmente las interrelaciones entre cultura política y televisión. Hemos llamado la atención también acerca de un conjunto de acontecimientos, hechos y procesos en los que la televisión jugó un papel clave en la constitución de referentes de cultura política. Como hemos podido constatarlo, la mediación del conflicto armado y de la intolerancia ideológica heredada por la cultura política y atizada por

la guerra, es una de las grandes mediaciones que afectan y atraviesan estructuralmente los procesos de conformación de la cultura política en Colombia, y por supuesto, las prácticas informativas y de producción de la opinión desde el ejercicio periodístico. En tales condiciones campea la propaganda con sus lógicas abusivas e instrumentales de persuasión de la opinión, siendo la verdad noticiosa sobre el conflicto pero también sobre otros temas claves de la vida nacional, la gran sacrificada, en la medida en que asuntos estratégicos de la democratización como los de la salud y la educación, los de ciencia y tecnología, el impacto de los tratados de libre comercio sobre la industria y la agricultura nacional, el empleo formal o los del sistema de pensiones y jubilaciones, terminan siendo subordinados en la agenda informativa y deliberativa de los grandes medios y su lugar escamoteado y copado por la agenda de la guerra, del odio y de la intolerancia.

La cultura política colombiana, como hemos podido ver del análisis realizado en este artículo, se ha caracterizado también por fuertes permanencias oligárquicas y lógicas de exclusión de lo popular, de las minorías étnicas y culturales, del sindicalismo y de la izquierda política como un actor social y político legítimo y respetable. En la actual coyuntura política, marcada por la polarización, de un lado, entre el presidente Santos y su política de paz, una coalición política progubernamental y la mayoría de la izquierda legal que apoya la paz, y de otro, la oposición de derecha, a la cabeza del ex presidente Uribe Vélez y del Procurador General de la Nación, el ultraconservador Alejandro Ordóñez, la televisión se ha convertido en un campo de batalla por las significaciones alrededor de la conveniencia de la paz o de la guerra.

Los sectores políticos progresistas anhelamos que una negociación de paz contribuya a la superación definitiva del conflicto armado que tanto daño le ha hecho a las posibilidades de democratización política pero también a las posibilidades de democratización y de pluralización de la información y la opinión. Tal vez a mediano y largo plazo, superada la actual centralidad del conflicto armado en la definición de pautas de cultura política, los colombianos tendremos quizás que incluir en la agenda de la democratización, la desconcentración de los medios de comunicación y el logro de un sistema de medios menos excluyente y más pluralista, y por ende más capaz de incorporar la diversidad de voces, ideologías, opiniones y sensibilidades políticas que hoy día no logran acceder a la esfera pública hegemónica.

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