[email protected] Apartado 801-3100 Costa Rica POSICIÓN DE LA RED DE COORDINACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y DE LA FEDERACIÓN CONSERVACIONISTA (FECON) SOBRE LA PROPUESTA DE POLÍTICA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 2014-2020 9 de marzo de 2015 La Red de Coordinación en Biodiversidad y FECON ratifican los documentos presentados en su momento a la Comisión Nacional de Gestión en Biodiversidad (CONAGEBIO) y a la Asamblea Legislativa: “Posición de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) sobre la propuesta de Política y Plan Estratégico Nacionales de Biodiversidad 2014-2020”, con fecha de 13 de julio del 2014, y “Posición de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) sobre el proyecto de ley contenido en el Expediente n.º 18.372 Aprobación del Protocolo Nagoya” (http://goo.gl/Knwi1q), con fecha de 14 de agosto del 2012. Enfatizamos que la redacción de la Política de Biodiversidad toma como marco de referencia las metas de Aichi del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) que careció de discusiones nacionales previas, y que ha marcado la evolución de la propuesta de Política Nacional de Biodiversidad donde su construcción continuó haciéndose de arriba hacia abajo. Es decir, el procedimiento de formulación de políticas y ejes estratégicos, debió haber sido acompañado de consulta y trabajo conjunto desde el principio con las comunidades marginales-urbanas, campesinas e indígenas, así como de las organizaciones comunales y civiles. además de personas funcionarias locales de diferentes instituciones del Estado que con frecuencia acompañan cotidianamente a las comunidades en el manejo de la biodiversidad. La falencia se pretende enmendar “discutiendo” en talleres breves, un documento complejo como es el borrador de la PNB, prácticamente definido y basado en directrices internacionales desde su visión, misión y metas, para finalmente llegar a señalar, sin respaldo real alguno, que “el proceso fue altamente participativo”. Sobre las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica; es necesaria una mayor rigurosidad metodológica y teórica para identificar las razones estructurales que hay detrás

de la erosión de la diversidad biológica. Como se expresa en nuestra posición con fecha del 13 de junio del 2014, aún falta hacer un análisis en aproximaciones sucesivas, es decir, en un primer momento, señalar la expresiones tangibles y fenoménicas de la erosión de la biodiversidad (pérdida de especies, contaminación del agua, deforestación, etc.); para luego pasar a considerar como primeras causas visibles la expansión de los monocultivos, la minería de río, los embalses hidroeléctricos, y la tala descontrolada, entre otras; y por último, analizar cómo todas esas expresiones de la pérdida de biodiversidad son principalmente producto y exigencia de un determinado modelo de producción y de crecimiento económico. Un análisis crítico, profundo y transparente de las razones que subyacen a la erosión de la diversidad biológica debería llamar la atención sobre la necesidad de revisar ese modelo de forma integral, así como las consecuencias que genera su impulso por parte de distintos sectores del Estado y la sociedad civil. Con un análisis tal, podríamos pasar de lo fenoménico a las “causas subyacentes” y entonces sí, tratar de abordar los problemas de manera integral. Todo esto en diálogo permanente con las y los pobladores. Sobre la valoración de la biodiversidad, más allá de empezar a “valorizar los bienes y servicios que genera el ecosistema”, solicitamos explicitar primero algunas pautas como el respeto de la autonomía de las comunidades sobre sus decisiones en materia ambiental y el uso de sus recursos, y el reconocimiento de formas de uso y valoración de la biodiversidad que no se traducen en términos económicos. Es muy posible que algunas de ellas rechacen la connotación de mercantilización. Una de las mayores preocupaciones es la comprensión y el uso de la biodiversidad siguiendo los planteamientos de la denominada “economía verde” (http://goo.gl/81I8kA, http://goo.gl/ySPkEZ, http://goo.gl/6E86cz, http://goo.gl/zkj3pi). Es sabido que la denominada economía verde promueve la mercantilización de la biodiversidad por medio de varios mecanismos como incentivos, subsidios y compensaciones para empresas que directamente estén interesadas en invertir en certificados de conservación (ej. bonos de carbono y REDD). Nuestra opinión es que la economía verde corresponde a un paradigma que solo promete una retribución económica especulativa a costa del patrimonio natural siendo por consiguiente, una de las causas subyacentes de la erosión de la biodiversidad. Sobre derechos intelectuales comunitarios sui generis, ya hace un par de años la RCB presentó por escrito su posición a la Asamblea Legislativa en contra de la ratificación del Protocolo de Nagoya. En este documento damos abundantes razones para rechazarlo por no ser el medio para lograr la distribución justa y equitativa de los beneficios de la biodiversidad. Aquí vale la pena mencionar que han pasado más de dos lustros sin que los “derechos sui generis” se hayan podido concretar. Con respecto a la protección de los derechos intelectuales comunitarios sui generis, reiteramos lo indicado en la posición de la RCB contra la ratificación del Protocolo de Nagoya. Insistimos en que en este tema, en primer lugar, no ha habido financiamiento para ejecutar un proceso integral con las comunidades rurales y menos aún para hacerlo siguiendo los lineamientos del Convenio 169

para el caso de los pueblos indígenas. En segundo lugar, las pocas acciones que se han realizado no han llegado a formular propuestas claras que defiendan al conocimiento tradicional versus los derechos de propiedad intelectual agresivamente exigidos en los tratados de libre comercio. Para la promoción de una agricultura y prácticas similares “sostenibles” se deberían fomentar acciones concretas y viables, como la prohibición de siembra de cultivos transgénicos y la promoción de los monocultivos extensivos (con un alto uso de agrotóxicos), así como las prácticas de pesquería, acuicultura y deforestación depredadoras. Es contradictorio el accionar de las instituciones gubernamentales con los planteamientos aquí escritos, dado que, desde hace años, las políticas del Estado han venido promoviendo todo lo contrario: el crecimiento desenfrenado de los monocultivos (ej. la piña y la palma aceitera), el uso de agroquímicos (agrotóxicos y fertilizantes, principalmente), la sustitución de bosques naturales por plantaciones forestales y el mal manejo de las cuencas y del agua, entre otros. Un ejemplo más que coadyuva a fortalecer esta paradójica tendencia actual es la existencia de una legislación fitosanitaria que autoriza, -sin contar aún con una ley integral de bioseguridad ni los medios técnicos ni humanos efectivos para hacer labores de control-, la liberación al ambiente de cultivos transgénicos en el país, poniendo en serios riesgos el acervo genético de nuestros cultivos nativos y criollos, así como la de la biodiversidad de sus parientes silvestres. Si bien algunas de estas medidas podrían desarrollarse con más detalle en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, es importante que la Política defina desde ya el enfoque y orientaciones a partir de los cuales se deberían abordar las contradicciones existentes en el tema. RECOMENDACIONES: Tomar en cuenta las críticas y observaciones puntuales que se hacen en los documentos “Posición de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) sobre la Propuesta de Política y Plan Estratégico Nacionales de Biodiversidad 2014-2020”, con fecha de 13 de julio de 2014; así como las planteadas en la “Posición de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) sobre el proyecto de aprobación del Protocolo Nagoya contenido en el expediente n.º 18.372 de la Asamblea Legislativa” con fecha de 14 de agosto de 2012.