CONFLICTOS E INMIGRACIÓN: EXPERIENCIAS EN EUROPA LORENZO CACHÓN (dir)

COLECCIÓN ESTUDIOS

Edita: ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Imprime: Tecnología Gráfica Diseño y maquetación: Félix Gil Gago D.L.: ISBN: Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, reprográfico, gramofónico u otro, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

ÍNDICE 1. INTEGRACIÓN, CONFLICTOS

E INMIGRACIÓN EN EUROPA:

NUEVOS DESAFÍOS DESDE LA CIUDADANÍA. UNA INTRODUCCIÓN

LORENZO CACHÓN RODRÍGUEZ 2. ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A

7 LOS MARCOS PARA EL ESTUDIO

DE LOS CONFLICTOS ASOCIADOS CON LA INMIGRACIÓN

MARÍA LUZ MORÁN 3. LA “REVUELTA URBANA” DE LOS HIJOS DE INMIGRANTES CECILIA ESEVERRI MAYER 4. INMIGRACIÓN Y CONFLICTO EN GRAN BRETAÑA:

31 EN

FRANCIA 57

ÉXITOS Y FRACTURAS DEL MODELO MULTICULTURAL

MARTA LATORRE CATALÁN 5. ¿INTEGRACIÓN O MARGINALIZACIÓN? CONFLICTO SOCIAL E INMIGRACIÓN EN ALEMANIA DÉSIRÉE KLEINER-LIEBAU 6. POLARIZACIÓN Y CONFLICTO EN TORNO AL ISLAM: EL CASO DE LOS PAÍSES BAJOS BLANCA GARCÉS MASCAREÑAS 7. INMIGRACIÓN, DELINCUENCIA Y DISCRIMINACIÓN EN BÉLGICA FABIENNE BRION - ANDREA REA 8. EL RECORRIDO HACIA LA INTEGRACIÓN: INMIGRACIÓN Y CONFLICTO EN SUECIA ALINA MÜLER 9. LOS DESAFÍOS DE UN “NUEVO” PAÍS DE INMIGRACIÓN:

97

133

165 193

235

EL CASO ITALIANO

CLAUDIA FINOTELLI 10. CONFLICTO E INMIGRACIÓN

261 EN

ESPAÑA:

LOS RETOS DE LA INTEGRACIÓN

LAURA FERNÁNDEZ DE MOSTEYRÍN - MARTA LATORRE CATALÁN MARÍA CLAUDIA MEDINA VILLEGAS 11. DE LA “AUSTRALIA BLANCA” A LA PLAYA DE CRONULLA: MULTICULTURALISMO Y CONFLICTO EN AUSTRALIA LAURA FERNÁNDEZ MOSTEYRÍN 12. CONFLICTOS E INMIGRACIÓN EN EUROPA: UNA PRIMERA

295

345

APROXIMACIÓN COMPARATIVA

LORENZO CACHÓN RODRÍGUEZ

385

1. INTEGRACIÓN, CONFLICTOS E INMIGRACIÓN EN EUROPA: NUEVOS DESAFÍOS DESDE LA CIUDADANÍA. UNA INTRODUCCIÓN Lorenzo Cachón Rodríguez Universidad Complutense de Madrid

“Las palabras verdaderas no son gratas. Las palabras gratas no son verdaderas” (Lao Zi 1996)

INTEGRACIÓN, CONFLICTOS E INMIGRACIÓN EN EUROPA: NUEVOS DESAFÍOS DESDE LA CIUDADANÍA. UNA INTRODUCCIÓN

1. LA INTEGRACIÓN DE Y CON LOS INMIGRANTES Este trabajo colectivo que se presenta, pretende reflexionar sobre uno de los aspectos clave (y de creciente importancia) de la integración de y con los inmigrantes: la gestión de los conflictos que, necesariamente, aparecen en determinado momento del ciclo migratorio, que suele ser aquel en que se produce (en que comienza a producirse) la coinclusión entre los autóctonos y los inmigrantes, entre los viejos y los nuevos vecinos. Como en el caso español, la mayor parte de los procesos migratorios en Europa han comenzado con la lógica del “mercado”, y sólo después se ha incorporado la lógica de la “ciudadanía”. Y es en el marco de esta última en la que se producen significativos conflictos asociados con los inmigrantes o que tienden a asociarse con ellos aunque, en realidad, sean conflictos en los que los inmigrantes no son sino sujetos pasivos. Hablar de “integración de los inmigrantes” es adentrarse en un campo que puede producir cierto desconcierto, teórico y político, por la diversidad de significaciones a los que el concepto se puede referir. Muchos autores lo han puesto de manifiesto. Por ejemplo, Hammar y Lithman (1989: 348) han señalado que “(…) los conceptos adoptados para describir las relaciones entre inmigrantes y los grupos de inmigrantes por un lado, y la sociedad del país de acogida por otro, son pocas veces tomadas en el mismo sentido por los diferentes autores. La diversidad de acepciones atribuidas a términos como integración, asimilación, aculturación, segregación y pluralismo, especialmente en el discurso político, parece a menudo desconcertante para el observador”.Y de todos ellos,“es, quizás, el concepto de integración el que más se presta a confusión” (Blanco 1993: 158). Penninx y Martiniello (2006: 128) recuerdan que “el concepto de integración está siendo muy cuestionado y debatido. Hay tantas definiciones y conceptos de integración, como personas escriben sobre el tema.Además, como a menudo se da un contenido muy político a la idea de integración, la utilización del término puede resultar delicada”. Por otra parte, a veces el concepto es rechazado por los actores inmigrantes, sobre todo los de segundas o terceras generaciones que ponen el acento, sin embargo, en que sí siguen sufriendo problemas de discriminación y de falta de reconocimiento. Desde planteamientos críticos se pueden recordar las argumentaciones de Sayad y Mezzadra. Sayad (1999: 307-317) señala el carácter polisémico de la noción de integración y el hecho de ser un “concepto cargado” de una serie de supuestos que la sociología debería contribuir a desmontar. Mezzadra (2005: 146) critica la “nueva ortodoxia” que se va formando en la investigación internacional de las migraciones, donde la mainstream se va conformando como “una teoría de la integración social en el sentido pleno del término”, porque utiliza las migraciones como confirmación de la movilidad social ascendente del sistema capitalista y los procesos de exclusión, estigmatización y discriminación aparecen como efectos colaterales de este proceso integrador; porque anula las luchas políticas y sociales de los migrantes; y porque se da una imagen de la ciudadanía unilateralmente expansiva que no tiene en cuenta la dialéctica 9

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inclusión/exclusión ni la jerarquización interna por líneas étnicas o raciales (desarrollo con más profundidad los planteamientos de este epígrafe en Cachón 2008). Cualquier intento de elaborar el concepto de integración parte (implícita o explícitamente) de los sistemas de estados de bienestar diferentes (o de uno de ellos); de los diversos planteamientos científicos que responden a las diferentes escuelas del pensamiento social (y de la vocación normativa de cada una de ellas); de las posiciones políticas de los autores, y de los “climas” dominantes (ciertamente, cambiantes y cambiables) de la opinión pública.Algunas de estas diversidades previas se reflejan en los llamados “modelos de integración” (véase Blanco 1993 y López Sala 2005). Pero estos modelos suelen centrarse en uno (y sólo en uno) de los aspectos de la integración: sobre todo, el referido a las culturas y las identidades culturales. La primera tentación es criticar el término “integración”, abandonarlo y, como han hecho algunos autores, proponer otros conceptos alternativos o complementarios para analizar distintos aspectos de estos procesos de las migraciones en las sociedades de acogida. Pero, como Farell ha puesto de relieve,“a pesar del aire funcionalista y anticuado del término integración, ningún otro ha sido (y sigue siendo, según nuestra opinión) tan popular ni ha reflejado tan ajustadamente la calidad técnica de ingeniería social y la concepción holística sobre la sociedad que refleja este concepto. Sean cuales sean los significados con los que aparece en la literatura, la noción de integración conceptualiza todo lo que sucede después de la llegada” de los inmigrantes a su nuevo país (citado por López Sala 2005: 88). En la misma dirección apuntan otros autores, por ejemplo Penninx y Martiniello (2006: 128):“creemos que el concepto sigue siendo adecuado para analizar la situación de los inmigrantes de primera generación y de los grupos que todavía no se han familiarizado con la nueva sociedad, y necesitan aprender en muchos sentidos cómo adaptarse”. Y es adecuado incluso para analizar los conflictos ligados (o que aparecen como ligados) a la inmigración, al menos si consideramos la integración como un proceso social. La ausencia de conflictos podría ser considerada, erróneamente, como un signo de integración, pero debería ser tomado más bien como un signo de segregación y exclusión radical. Para Simmel el “otro” lo es porque forma parte del “nosotros”: “Los moradores de Sirio no son extranjeros (extraños), porque son como si no existieran para nosotros, están más allá de la proximidad y de la lejanía” (Simmel 1977a: 717). Con los habitantes de Sirio (aunque vivan a nuestro lado) no podemos tener “conflictos” si no forman parte del nosotros, si no se ha producido alguna forma de integración (más adelante profundizamos en estos planteamientos de Simmel). En todos los grupos humanos que interactúan (y sólo en ellos), que tienen contactos, que compiten, hay conflictos. Por tanto, contra la opinión de Hammar y Lithman (1989: 349) que señalan que el concepto de integración “no se aplica, suponemos, cuando hay conflicto entre las partes interesadas”, nuestra opinión nos lleva a hacer la afirmación contraria: los conflictos son un (buen) signo de que hay en marcha un proceso de integración, de inclusión del “otro extranjero” en el “nosotros”.Y, además, los conflictos ligados a la inmigración suelen producirse, precisamente, en momentos en que la inmigración se institucionaliza (Cachón 2002). En esa misma dirección apunta Sayad (1999: 307) cuando dice que “hay que evitar imaginar que este proceso (de integración de los inmigrantes) se produce en armonía, que está indemne de cualquier conflicto”.Y Zapata (2004: 217) se pregunta ¿Cuándo podemos decir que los inmigrantes y los ciudadanos están acomodados?:“Un inmigrante y un ciudadano están acomodados cuando no tengan necesidad de justificar las tensiones y los conflictos que tienen al relacionarse con las diferentes esferas públicas por cuestiones relacionadas con su nacionalidad, color de la piel, condición jurídica, o por considerar que se favorecen más a unos 10

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que a otros”.Y no necesitan justificarlo porque el conflicto es intrínseco a toda interacción social. La discusión sobre la integración de/con los inmigrantes había que hacerla, tanto desde la perspectiva analítica como desde la normativa, como una reflexión sobre el conjunto de la sociedad: si la inmigración es, en nuestras sociedades, un “hecho social” en el sentido que Durkheim da a este concepto, es, por tanto, una realidad que nos afecta a todos, seamos o no inmigrantes, tengamos o no relación directa con los inmigrantes, y que afecta al conjunto de la sociedad y a todas las instituciones, especialmente a las instituciones públicas. Desde los años 90 del pasado siglo “el interés de los teóricos políticos por el concepto de ciudadanía ha experimentado una verdadera explosión” (Kymlicka y Norman 1997: 5) y ha producido “uno de los debates más apasionantes y fértiles en ciencias sociales” (Suárez 2005: 37). Hoy en día, “responder a la pregunta ‘¿Quién es ciudadano?’ es cada vez más difícil” (Castles y Davidson 2000: 127), porque el concepto de ciudadanía está en plena transformación (Solé y Cachón 2006), entre otros, pero fundamentalmente, por el impacto y los desafíos que plantea la “cuestión migratoria”. Una de las claves para entender este renacer de la cuestión de la ciudadanía y su fertilidad es que ha subsumido los debates sobre la “integración de los inmigrantes”. Como apunta Mezzadra (2005: 94), en la actualidad hay que leer las migraciones “a través de la lente de la ciudadanía: por un lado, no se podrá prescindir del contexto general de crisis de la ciudadanía que caracteriza las sociedad occidentales contemporáneas; por otro, se deberá prestar atención a las específicas demandas subjetivas de ciudadanía que los movimientos migratorios expresan, justamente en tanto que movimientos sociales”. Pero no se trata sólo (ni fundamentalmente) del concepto jurídico-formal de la ciudadanía ligada a la nacionalidad y de las políticas de “naturalización” o de los modos de adquisición de esa ciudadanía formal por la vía de adquisición de la nacionalidad, aunque esta cuestión sea de gran interés (véase Castles y Miller 2003 y Sassen 2003). La perspectiva de la ciudadanía es de gran interés analítico por varias razones que ha señalado Zolo (citado por Mezzadra 2005: 95): porque permite abordar la problemática de las instituciones y de la ‘calidad’ de la vida pública; porque abre una perspectiva de investigación particularmente interesante sobre la relación entre universalismo de los derechos y particularismo de la pertenencia (y entre la dimensión individual y la dimensión colectiva de la experiencia política); y porque permite tematizar las tensiones que se manifiestan hoy entre procesos globales e “identidades locales”. Entre los distintos aspectos que comprende “la ciudadanía”, De Lucas (2003: 17) señala, además del estatus formal (ciudadano frente a extranjero) y del aspecto político (que confiere al ciudadano la condición de titular de la comunidad política), que la ciudadanía “es también un vínculo de identidad, de pertenencia y de reconocimiento. En realidad, la dimensión básica y la que aparece cada vez más necesitada de justificación: la pertenencia (membership) a una comunidad de autogobierno, a una sociedad política”. Una cuestión central de las consideraciones actuales sobre la ciudadanía, especialmente si se considera desde la “cuestión migratoria”, es esta capacidad simbólica de generar pertenencia y sentido de pertenencia, es decir, su aportación a las identidades de los individuos y de los grupos sociales. No se trata ahora de discutir si se produce o no (o si se debe producir o no) una ampliación de derechos de los ciudadanos, como plantea por ejemplo Held (1997) y discute Zolo (1997), o si hay tensiones internas entre distintas dimensiones de la ciudadanía democrática, como señala este último autor. Se trata aquí de señalar sólo la (necesaria, desde el punto de vista normativo) progresiva inclusión de sujetos antes excluidos (o nuevos excluidos) del conjunto de derechos y reconocimiento que se incluyen bajo el concepto 11

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de ciudadanía. Aunque sólo fuera (que no es sólo por esa razón) porque aparecen como actores que reivindican derechos y esto plantea “conflictos” de tipo distinto. 2. EL “MOMENTO” DE LA APARICIÓN DE CONFLICTOS ASOCIADOS A LA INMIGRACIÓN Desde una perspectiva “implacable” se ha asociado con tanta frecuencia a la inmigración y a los inmigrantes como amenazas a “nuestro” bienestar, a “nuestra” cultura y a “nuestra” seguridad (sea como delincuentes sea como actores conflictivos y violentos), que se ha producido, por reacción, otra tendencia “impecable” a abordar las cuestiones de la inmigración con una visión “políticamente correcta” que elude cuestiones fundamentales para la correcta compresión de la cuestión migratoria, sus causas y sus efectos sociales. Así como otra reacción radical desde algunos académicos que valoran, de modo también “implacable”, que la intervención de los Estados occidentales en los procesos migratorios, tras los atentados del 11S en Estados Unidos y del 11M en Madrid, está presidida por la consideración de las migraciones internacionales, en última instancia, como un asunto de seguridad (Triandafyllidou 2005). De ahí que entre tanta “implacabilidad” y tanta “impecabilidad” un estudio comparativo que aborde los conflictos asociados a la inmigración, o que son percibidos como asociados a la inmigración, (casi) exige una justificación. Las migraciones, sobre todo las internacionales, como todo proceso social complejo, exigen explicaciones sociales más matizadas y más pegadas al análisis de fenómenos históricos concretos y de sus transformaciones. Hablar de conflictos puede asociarse a actos violentos, y no debería ser así. El origen de este equívoco se muestra bien, como pone de relieve María Luz Morán en el texto recogido en este libro, en las definiciones de la palabra que ofrece, por ejemplo, el Diccionario de la Real Academia Española: “Conflicto. (Del lat. conflictus). 1. m. Combate, lucha, pelea. U. t. en sent. fig. 2. m. Enfrentamiento armado. 3. m. Apuro, situación desgraciada y de difícil salida. 4. m. Problema, cuestión, materia de discusión. Conflicto de competencia, de jurisdicción. 5. m. Psicol. Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. 6. m. desus. Momento en que la batalla es más dura y violenta.” Se echa en falta, sobre todo, una concepción social del conflicto. Llama la atención que recoja la concepción más común de la psicología pero no lo haga de una definición sociológica del mismo. Estamos en un campo donde se producen importantes luchas, es decir, conflictos, por su (re)interpretación. Cuando se habla de conflicto industrial, por ejemplo, hay una tendencia (bastante común) a pensar en las huelgas y, en menor medida, en los cierres patronales y, dentro de esa tendencia, no se piensa en la negociación y en los convenios colectivos como parte del conflicto.Y, sin embargo, los primeros son hechos (normalmente) bastante infrecuentes si se comparan con los segundos y ambos son manifestaciones del conflicto industrial. ¿Qué habría que negociar y sobre qué habría que convenir si no hubiera intereses contrapuestos (o, al menos, distintos) de las partes, es decir, si no hubiera un conflicto (estructural)? El hecho (ordinario) de la negociación colectiva es necesario porque hay un conflicto (de intereses) permanente entre las partes y ese conflicto se gestiona, se resuelve, siempre de modo inestable, en aquella negociación que deberá ser renovada continuamente. Ese conflicto sólo en ocasiones se traduce en un acto de violencia social, como es una huelga o un cierre patronal. 12

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En otro lugar (Cachón 2002) he recogido in extenso la concepción del “ciclo migratorio” de Dassetto. Conviene recordarla aquí porque es especialmente clarificador respecto al “momento” en que aparecen (en que las condiciones estructurales son más propicias para que aparezcan) conflictos asociados a la inmigración. Dassetto (1990) parte de la constatación de que diferentes aspectos de las migraciones acontecen en una secuencia temporal que “el análisis sociológico raramente toma en consideración”, secuencia temporal que es asumida en sus prácticas por los inmigrantes mismos (que modifican sus proyectos y sus conductas con el paso del tiempo), por los autóctonos (que perciben un antes y un después de ciertos hechos relacionados con las migraciones) y por las instituciones administrativas, escolares o sanitarias (que han de adaptarse a nuevas condiciones cambiantes en el tiempo). El paso de la salida del lugar de origen a la llegada al nuevo destino y de ésta a la implantación en el territorio, supone desplazamientos espaciales, sociales, culturales e institucionales que se realizan en una secuencia temporal que debe ser abordada en el análisis del proceso migratorio. Para ayudar a los analistas a tomar en consideración esta dimensión histórica de las migraciones, Dassetto plantea construir un “campo conceptual” que permita a la vez comprender aquellas percepciones espontáneas e inscribir en él los análisis producidos sobre la inmigración y los inmigrantes. Ese es el papel que atribuye al concepto “ciclo migratorio”, que define como “el conjunto de procesos por el cual las poblaciones que pertenecen a un espacio económico periférico entran, se establecen y se implantan en el espacio de un Estado-Nación que pertenece a los polos centrales de la economía capitalista”. Dentro del “ciclo migratorio” tienen lugar diversos “momentos caracterizados por rupturas específicas” y este autor propone distinguir tres: el primer momento, que se produce bajo el predominio de la relación salarial y la marginalidad social; el segundo momento, con el proceso de enculturación de los inmigrantes, su consolidación en el territorio y la aparición de agencias que se ocupan activamente de ellos; el tercer momento, con los desafíos de la coinclusión societal entre inmigrantes y autóctonos y de los derechos de participación política de aquéllos. En el primer momento del ciclo migratorio, “la inscripción en la relación salarial es el modo de entrada principal en el espacio de llegada de la población masculina adulta que efectúa el desplazamiento migratorio”. Los inmigrantes son “trabajadores extranjeros”. Pero “si la relación salarial inscribe plenamente a estas poblaciones en las relaciones de producción de la sociedad de llegada, su inserción en el espacio institucional y político no puede ser caracterizado sino por la marginalidad”, aunque esta marginalidad no sea necesariamente vivida como tal por el “trabajador extranjero”.A nivel europeo, este momento del ciclo se corresponde con la primera mutación del sistema migratorio europeo. En el segundo momento del ciclo migratorio, como consecuencia del matrimonio de aquellos trabajadores o de la reagrupación familiar, aparecen nuevos actores (familias, mujeres y niños), los inmigrantes se estabilizan y el proyecto migratorio se modifica.Y, a la vez, “tiene lugar un proceso de adquisición progresiva de reglas codificadas, y no escritas de la vida colectiva del espacio de llegada, para el que se podría utilizar el concepto de enculturación. No se trata de una relación de intercambio cultural, sino de la adquisición de rasgos de la cultura del espacio de acogida”. Entonces “la sociedad de llegada puede percibir como particularmente problemático este momento si se confronta a cambios en la vida colectiva que parecen negados por la conducta de los recién llegados”. Emergen como problemáticas la entrada de los niños de inmigrantes en el sistema escolar, la presencia de inmigrantes en el sistema sanitario o la cuestión de la vivienda.“Progresivamente las poblaciones inmigradas transforman el espacio en el que viven en territorio. Se trata de un momento estratégico en su implantación. Entonces aparece como un reto mayor la 13

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cuestión de la cohabitación y de las interrelaciones entre poblaciones”. Comienzan a estructurarse instituciones intermedias (como las asociaciones de inmigrantes, con la aparición de movimientos sociales y de líderes) y se potencia la acción de otras agencias de integración como los sindicatos o las redes de apoyo a los inmigrantes. En este momento del ciclo la sociedad de acogida comienza a ser consciente de que “queríamos mano de obra y llegan personas”, como pusiera de manifiesto Max Frisch. La problemática característica del tercer momento del ciclo se produce tras un proceso donde “la duración de la implantación (...), la emergencia de líderes biposicionados y la aparición de los niños, su crecimiento y su entrada en la escuela, van inscribiendo paso a paso, en un proceso lento y de reconocimiento recíproco, a los inmigrantes, individuos y familias, en el tiempo social de la sociedad donde habitan”.Y esta presencia estable de nuevas poblaciones, sobre todo si son étnicamente diferentes, “activa nuevas problemáticas colectivas.Ya no se trata del acceso a los derechos sociales, de la aculturación o enculturación o de la gestión de relaciones entre grupos sociales en competencia: cuestiones todas ellas que continúan presentes como problemas sociales. Emerge, sobre todo como problema en este momento en que las poblaciones son de manera evidente una parte permanente del espacio, la cuestión que podríamos llamar la de la coinclusión, donde cada una de las partes en presencia está inducida a incluir a la otra en las prácticas sociales y en el imaginario organizado del que dispone cada actor”. Se plantea “la integración social de los inmigrantes” y se procederá, implícita o explícitamente, a una negociación que lleve a “un reajuste de la noción de equilibrio y orden social existente en cada realidad social, institucional e imaginario, tanto de los autóctonos como de los neoautóctonos”. En este momento del ciclo migratorio las nuevas poblaciones están muy diferenciadas por diversos elementos, lo que conduce a dinámicas sociales que pueden ir desde “una tentativa de disolución individual en la estructura social”, a una “fuerte utilización de la red ‘étnica’ o ‘etnonacional’ para asentar sobre ella una estrategia social y económica”. La cuestión de la coinclusión de/con las nuevas poblaciones en el espacio público y estatal hace emerger también “la cuestión de la participación política” de estos colectivos. Y así el “ciclo” se completa y se cierra. De la evolución que se dé a los desafíos que plantea la coinclusión depende el que se abran otros “ciclos” de reestructuración de las sociedades de acogida y/u otros “ciclos migratorios” con nuevos colectivos. Este planteamiento del “ciclo migratorio” de Dassetto responde bien a la evolución concreta que ha seguido la problemática de la migración en el países del centro de Europa: el primer “momento” se corresponde con la (primera) etapa de los años cincuenta a mediados de los setenta; el segundo, con los desafíos de la (segunda) etapa desde mediados de los setenta a los años noventa; y el tercer “momento”, con la etapa (cuarta y actual) de los desafíos políticos y de la multiculturalidad. En España (y otros países del sur de Europa) la problemática de la inmigración se ha producido de manera más rápida: y así como el primer “momento” del ciclo migratorio de Dassetto se ha llevado a cabo desde mediados de los 80, el segundo se ha comenzado a producir en los 90 y rápidamente se han tenido que abordar los desafíos del tercer “momento”. Las etapas cronológicas que venimos proponiendo para distinguir en la evolución de lo que hemos llamado la “España inmigrante” no coinciden (ni tienen porque hacerlo) con los tres “momentos” del ciclo migratorio, pero al finalizar aquéllas y con la nueva etapa en que está entrando la inmigración en España se completa, como veremos, las problemáticas definidas en el “ciclo migratorio” de Dassetto. Importante en este argumento de Dasseto es señalar que, precisamente cuando comienzan a producirse los procesos que llama de coinclusión, son los momentos (típicos) en que es más fácil que aparezcan conflictos ligados a la inmigración. 14

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Para España hemos hablado (Cachón 2002) del comienzo de una nueva etapa en torno al año 2000 porque concurren un conjunto complejo de razones que llevan a la “institucionalización” de la inmigración en España (en el sentido que Lenoir da a este concepto). Desde la perspectiva del mercado de trabajo, porque a los sectores de actividad/ ocupaciones/ comarcas donde habían aparecido los “nichos laborales” que han ido ocupando progresivamente los inmigrantes desde mediados de los 80 y donde su presencia se ha consolidado, han venido a añadirse nuevas ramas/ ocupaciones/ comarcas que demandan inmigrantes por falta de trabajadores españoles dispuestos para trabajar en ellos. Es previsible que esta tendencia aumente en los próximos años. En algunos casos las ocupaciones vacantes son (y serán) de alta cualificación. Empieza a producirse una re-etnoestratificación en la fuerza de trabajo inmigrante: en determinados sectores/comarcas las políticas empresariales de gestión de la mano de obra re-ubican a los trabajadores según su origen étnico/nacional y se producen desplazamientos de unos colectivos por otros, respondiendo a una “atribuida” mayor flexibilidad que puede esconder una rechazo a lo más “diferente” y una posición de abuso y explotación sobre el más débil recién llegado. Por su parte, la consolidación de las redes migratorias comienza a producir un incremento y diversificación del flujo inmigratorio y de su distribución sectorial y geográfica, y un cambio de las características de los inmigrantes a través de la reagrupación familiar y de la aparición de la segunda generación.Y aquí comienzan a aparecer las cuestiones ligadas -por decirlo brevemente- a la ciudadanía: desafíos que tienen que ver con la “enculturación” de los inmigrantes y con su consolidación en el territorio donde se asientan, territorio que construyen física y -sobre todo- socialmente. La consolidación de enclaves étnicos en los centros -deteriorados- de “ciudades globales” españolas como Madrid, Barcelona, etc., han dado visibilidad social a un fenómeno que hasta entonces podía parecer más la suma de hechos individuales. Desafíos que se reflejan en la consolidación de una red de instituciones (no estatales) que contribuyen (o quieren contribuir) a su integración, entre las que los sindicatos juegan un papel fundamental.Y la aparición de nuevas demandas que tienen que ver con derechos de ciudadanía, social y económica, pero también cultural y política. Y con todo ello aparecen procesos relevantes de conflictos y luchas reivindicativas de los inmigrantes, y de organizaciones de inmigrantes y de apoyo a los mismos, que plantean la mejora de las condiciones de trabajo y de vida y -sobre todo, previamente- por la obtención de “papeles”, por el reconocimiento de una situación legal que les “habilite” para reclamar derechos ciudadanos.Y a la sociedad se le plantean los problemas de la coinclusión societal, donde cada una de las partes, autóctonos e inmigrantes,“se ve inducida a incluir a la otra, en las prácticas sociales y en el imaginario organizado del que dispone cada actor” (Dassetto, 1990).Y aparece también la cuestión de la participación política de los que no disponen de la ciudadanía formal (nacionalidad). Si la segunda etapa se ha producido bajo las características del primer “momento” de “ciclo migratorio” de Dassetto (relación salarial, marginalidad social), con la tercera etapa se están planteando de un modo acelerado tanto las problemáticas del segundo “momento” (reagrupación familiar, enculturación, desafíos para el sistema escolar, sanitario y de vivienda, consolidación de instituciones intermedias en este campo) y del tercero (coinclusión, desafíos de la ciudadanía y multiculturalismo, derechos políticos, conflictos). No se trata de una identificación lineal de las etapas (de orden cronológico) de la inmigración en España con los momentos (de orden lógico) del “ciclo migratorio”. Naturalmente, en algunos lugares de la geografía española ya habían comenzado a plantearse los desafíos del segundo “momento” desde finales de los años 80. Pero es sólo a finales de los 90 cuando esos desafíos, a los que se han venido a acumular y superponer los característicos del tercer “momento” del ciclo, han pasado a ser relevantes y a constituirse en “hechos sociales”. 15

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3. LOS “OTROS” LO SON PORQUE SE INCORPORAN AL “NOSOTROS”: UNA AMBIVALENCIA SOCIAL Frente a la consideración del “extraño” como alguien ajeno o el “otro” excluido, Simmel planteó la relación de extraños y autóctonos como una relación dominada por la “ambivalencia”. Ambivalencia simmeliana que puede ser definida como “aquella capacidad que poseen ciertas relaciones de desdoblarse simultáneamente en efectos y repercusiones duales y opuestos” (Giner 2001, 360). Si en una relación ambivalente “coexisten contrarios”, la existencia del “extraño” la convierte Simmel en un caso clásico de relación ambivalente. Porque el extraño de que habla Simmel (traducido con frecuencia por “el extranjero”), es “el que viene hoy y se queda mañana; es, por decirlo así, el emigrante en potencia, que, aunque se haya detenido, no se ha asentado completamente. Se ha fijado dentro de un círculo espacial (...) pero su posición dentro de él depende esencialmente de no pertenece a él desde siempre, de que trae al círculo cualidades que no proceden ni pueden proceder del círculo” (Simmel 1977a, 716). “El extranjero no se haya solamente de paso, sino que se instala y trata de encontrar una ocupación duradera dentro del grupo” (Simmel 1977b, 257).Y señala que la proximidad y el alejamiento que contienen todas las relaciones humanas adopta aquí la siguiente forma:“la distancia, dentro de la relación, significa que el próximo está lejano, pero el ser extranjero significa que el lejano está próximo” (Simmel 1977a, 716-717). Por eso los moradores de Sirio no son extranjeros, “porque son como si no existieran para nosotros, están más allá de la proximidad y la lejanía”. Podría decirse que los “otros” lo son, precisamente, porque están (en relación) con “nosotros”. Sin esta proximidad no sería posible aquella lejanía. Sin contacto no podemos establecer distancias (véase Cachón 2005). De esta singular “síntesis de lo próximo y lo lejano, que constituye el carácter formal de la posición del extranjero” nace, según Simmel (1977a, 719-720) “el carácter abstracto de la relación que se mantiene con él” porque “con el extranjero sólo se tienen en común ciertas cualidades de orden general”. La sociedad (Gesellschaft) de que forman parte “funciona (...) pero no los une por ser precisamente éstos y no otros, sino que, por virtud de aquella igualdad podría unir (...) a cualquiera otros”.Y así, “a medida que los elementos comunes tienen un carácter más general, el calor de la relación creada por ellos se convierte en frialdad y deja paso al sentimiento de que esta relación es casual; las fuerzas fusionantes han perdido su carácter específico, centripetal”.Y lo pierden porque “el extranjero nos es próximo en cuanto sentimos que entre él y nosotros se dan igualdades sociales, profesionales o simplemente humanas; en cambio nos es lejano en cuanto que esas igualdades están por encima de ambos, y sólo nos ligan porque ligan asimismo a muchos otros”. El extranjero es y “está al mismo tiempo próximo y lejano”. Próximo porque está “adherido al grupo (sociedad) de un modo inorgánico”; lejano porque “constituye un miembro orgánico del grupo, cuya vida unitaria encierra la condición particular de este elemento”. Como la relación se basa en la “igualdad general humana”, “la conciencia de no tener en común más que lo general, hace que se acentúe especialmente lo no común”. De aquí que, resume Simmel (1977a, 721),“en el caso de los extranjeros por nacionalidad, ciudad o raza, lo que se ve en ellos no es lo individual, sino la procedencia extranjera, que es lo que podría ser común a muchos extranjeros. Por eso a los extranjeros no se los siente propiamente como individuos, sino como extranjeros de un tipo determinado”. Como señala Santamaría (2002, 74), al extranjero se le ve como “la encarnación, la corporalización, de una categoría social que lo engloba y define más allá de sí mismo”: un “inmigrante”, un “chino”, un “judío”. Para Simmel “la ambivalencia que reina en las relaciones entre el extranjero y el grupo mayoritario es el espejo de una relación asimétrica de poder en el seno de la cual ninguna 16

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de las dos partes está nunca totalmente desprovista de poder, ni en condiciones de ejercerlo sin límites” (Tabboni 1997, 241). El estudio de Norbert Elias sobre la comunidad que llamó “Winston Parva”, realizado en colaboración con Scotson y titulado originalmente The Established and the Outsiders, puede situarse en la estela de la ambivalencia planteada por Simmel. Elias aborda la relación entre los habitantes de dos barrios obreros, de características similares si se exceptúa el hecho de que unos ya estaban en la localidad y los otros son recién llegados. No se trata de un “conflicto de clase”, con un tercer barrio burgués de la localidad sino de un conflicto “intraobrero”. La ambivalencia es el motor de la relación (y el conflicto) entre los habitantes de ambos barrios:“bien instalados en todos los puestos claves y gozando de la intimidad de su vida asociativa, los antiguos intentaban excluir a los extranjeros (es decir, a los recién llegados) que no subscribían el credo de su comunidad y, en muchos aspectos, chocaban con su sentido de los valores” (Elias y Scotson 1997, 177). También en el trabajo de Elias la ambivalencia es fundamental y “es el motor de la interdependencia entre los grupos: los recién llegados envidian los privilegios de las familias antiguas pero desprecian y ridiculizan sus esfuerzos para ser ‘respetables’ y se mofan de la represión a la que se someten, mientras que los established encuentran desagradables, sucios, bárbaros a los outsiders, pero envidian su libertad, su ausencia de limitaciones autoimpuestas” (Tabboni 1997, 243). Elias muestra como “el racismo no tiene necesidad de una diferencia física objetiva, previa, para desplegarse, simplemente porque tiene la posibilidad de crearla, de construirla” (Wieviorka 1997, 17). Los insiders proceden a una naturalización descualificante de los outsiders. “Incluso cuando existen diferencias de apariencia física y otros aspectos biológicos que se califican de ‘raciales’, la sociodinámica de la relación de los grupos estableciendo una relación de instalados a marginales está determinada por la misma naturaleza de esta relación, más que por las características de los grupos considerados independientemente” (Elias y Scotson 1997, 56). El planteamiento de Elias recoge, avant la lettre, las posiciones del “nuevo racismo”: los habitantes “establecidos” de Winston Parva “estaban atrincherados y eran poderosos en comparación con los nuevos habitantes de la parcela, pero tenían el sentimiento de que los recién llegados amenazaban su modo de vida (...) y manifestaban una viva intolerancia respecto a sus vecinos no-conformes” (Elias y Scotson 1997, 211).“Bien instalados en todos los puestos claves y gozando de la intimidad de su vida asociativa, los antiguos intentaban así excluir a los extranjeros que no suscribían el credo de su comunidad y que, en muchos aspectos, chocaban con su sentido de los valores” (ibid., 177). Por eso algunos establecidos señalan respecto a los “extranjeros”, es decir, a los recién llegados:“No tienen moral” (ama de casa);“Unos refugiados, una banda de borrachos, eso es lo que son” (mecánico jubilado); “son tan diferentes como la crema y el queso” (trabajador manual); “Es simplemente que no tienen los mismos valores” (ama de casa); “Miremos las cosas de frente, son de otra clase” (encargado) (citas de diversas entrevistas en ibid, 188).Todos ellos argumentos característicos (y utilizados con frecuencia) en los análisis del “racismo diferencialista”, del nuevo racismo.Y, sin embargo, se dan en una sociedad industrial, en un contexto obrero, respecto a otros obreros (recién llegados) pero sin diferencias de nacionalidad, de origen o de color de piel entre los “antiguos” y los “nuevos”. Allí donde se esperaría el conflicto de clases, surgen, se producen, se construyen procesos de exclusión y conflictos “raciales”. Los “antiguos”, que valoraban mucho “sus valores, sus normas y su modo de vida”, percibían a los “nuevos” “como una amenaza para este orden: no porque creyeran que tenían la intención de derribarlo, sino porque su conducta daba a los antiguos el sentimiento de que todo contacto con ellos bajaría 17

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su posición social, les llevaría hacia abajo, ante sus ojos y los del resto del mundo, y dañaría al prestigio de su barrio” (ibid., 281-282). Estos conflictos no son inusuales en los procesos de industrialización, de tal manera que podemos encontrar “estas diferencias entres grupos sociológicamente ‘viejos’ y ‘nuevos’ en muchas partes del mundo”.Y por todas partes “se pueden descubrir variantes de la misma configuración de base: encuentros entre grupos de recién llegados, de inmigrantes, de extranjeros y grupos de viejos residentes” (ibid., 292). Los problemas sociales que plantean estos aspectos migratorios de la movilidad social tienen un “aire de familia” a pesar de que sus detalles concretos difieran:“Si los (in)migrantes no tienen el mismo color de la piel y poseen otros rasgos físicos hereditarios que les diferencian de los habitantes más antiguos, es generalmente bajo la rúbrica de ‘problemas raciales’ como se trata desde sus propias formaciones de barrio y en sus relaciones con los habitantes de los barrios más antiguos. Si los recién llegados son de la misma ‘raza’, pero tienen una lengua y tradiciones nacionales diferentes, los problemas que han de afrontar, ellos y los más antiguos, son clasificados como ‘problemas étnicos’.Y si no son ni de una ‘raza’ diferente ni de un ‘grupo étnico’ diferente, sino que simplemente son de otra ‘clase social’, se abordan los problemas de movilidad social como ‘problemas de clase’ y son, a menudo, como problemas de ‘movilidad social’” (ibid., 293-294). Pero en “Winston Parva” no había diferencias de ninguno de estos tres tipos. Los grupos “antiguos” y “nuevos” eran de la misma “raza”, del mismo “grupo étnico” e incluso de la misma “clase social” y, sin embargo, se pone en marcha una dinámica de exclusión/inclusión entre establecidos y outsiders, porque en todos los casos “los recién llegados intentan mejorar su posición y los grupos establecidos mantener la suya. Los primeros se molestan con la plaza subalterna que les otorgan y a menudo se esfuerzan por elevarse, mientras que los segundos se esfuerzan por preservar su superioridad, que sienten amenazada por los recién llegados” (ibid.) Estos procesos de exclusión pueden realizarse como fenómenos de la “profecía autocumplida” de que hablaba Merton (1970) partiendo del teorema de W. I.Thomas ,“si los individuos definian las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias”. Pero Merton (1970, 433) señala que “la profecía que se cumple a si misma, por la cual los temores se traducen en realidades, funciona sólo en ausencia de controles institucionales deliberados”. De ahí la importancia (crucial) que tiene la acción proactiva o la reacción política ante procesos de conflicto. 4. CONFLICTOS LIGADOS A LA INMIGRACIÓN Y RACISMO CONTEMPORÁNEO En otro lugar (Cachón 2005) hemos señalado que, contra lo que a veces se da por sobreentendido o en ocasiones se formula, ni el racismo es un fenómeno del pasado ni lo es en la actualidad sólo de otras latitudes siempre “diferentes” a la nuestra. El racismo está entre nosotros, en nuestras sociedades.Y constituye una de los grandes desafíos del presente y del futuro de Europa y de España. Como señala Wieviorka (1998, 150 y 152), “debemos saber que, cualquiera que sea la evolución futura, es muy probable que nuestras sociedades sean cada vez más tentadas por el racismo. El racismo constituirá en mayor medida, si no una realidad perceptible, al menos un desafío, una amenaza siempre susceptible de surgir y extenderse (...) El racismo es un desafío que no hay que tratar ni por exceso, haciendo de él una plaga masiva o dramatizando los acontecimientos que lo traducen, ni por defecto, banalizándolo o minimizándolo. Inscrito como está en los mecanismos de funcionamiento del cambio social, es susceptible de extenderse cada vez que las 18

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instituciones y el sistema político son incapaces de proporcionar un tratamiento democrático a las dificultades sociales o culturales o, todavía más, a su combinación”. Y, además, hay signos de que se trata de un fenómeno de creciente importancia entre las tensiones que tienen lugar en nuestras sociedades y que va en aumento, como lo ponen de relieve los informes periódicos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en Viena (antes European Monitoring Centre on Racism and Xenophobie) o de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, según sus siglas en ingloés) del Consejo de Europa. La Encuesta Europea sobre Calidad deVida, llevada a cabo por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo de la Comisión Europea en 2003 en los 25 estados miembros de la UE y en tres países candidatos, muestra que el campo de las relaciones sociales donde las tensiones son percibidas como más fuertes es el de los “distintos grupos raciales o étnicos” (señalado como “mucha tensión” por el 45% de los encuestados en la UE), por encima de las tensiones entre “dirección y trabajadores” (36%), “pobres y ricos” (35%), “ancianos y jóvenes” (16%) o “varones y mujeres” (11%). En los 15 Estados miembros de la UE hasta mayo de 2003 la diferencia de la importancia dada a las tensiones étnicas sobre todas las demás es todavía mayor (Fundación Europea 2004, 71). Según lo perciben los ciudadanos de la UE, las tensiones étnicas son más importantes en Europa que las tensiones tradicionales de “clase”, y que las desigualdades sociales, generacionales o de género. Según la misma encuesta esto ocurre también en España: frente al 42% que señalan que hay “mucha tensión” entre diferentes grupos étnicos, un 37% lo creen para las tensiones de “clase”, un 32% para las derivadas de desigualdades sociales, un 20% en las relaciones de género y un 14% entre generaciones. Estos datos ponen de relieve que hoy asistimos a una creciente etnización de las relaciones y los conflictos sociales (véase Mezzadra 2005: 114) en el marco de la globalización y de las tendencias reactivas a la circulación y la “contaminación” de las culturas. Por contraste, pero confirmado esta realidad, Baumann (2001: 175) sugiere invertir el análisis del “enigma multicultural” y centrar la atención en aquellos grupos a los que habitualmente se considera como ‘no étnicos’. Por decirlo con palabras de Robinson y otros: “Tratar de comprender cómo el conflicto potencial está relacionado con la forma en que los jóvenes (blancos) se definen, se entienden a sí mismos y se comportan como personas con unas robustas identidades ‘étnicas’ o ‘no étnicas’”. Desde el punto de vista práctico: esto ayudaría a entender los grupos que rondan “la vanguardia de la violencia racista, ya que el racismo es, en gran medida, un problema creado por las llamadas mayorías, no por las llamadas minorías (…) Es mejor estudiar nuestra propia tribu, ya que puede que ésta sea el verdadero ‘problema multicultural’”. El aumento de la xenofobia en Europa ha sido puesto de relieve en numerosos estudios. Pero podemos recordar aquí, por ejemplo, la evolución que ha tenido en España en los últimos años a partir de los datos de las encuestas de opinión que viene haciendo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Cea D’Ancona (2004) ha sintetizado en tres tipos las actitudes de los españoles ante la inmigración: los “tolerantes”, los “ambivalentes” y los “reacios”, y ha presentado los resultados que sintetizamos en el cuadro 3. Estos pocos datos muestran cómo desde el año 2000 se ha producido un notable incremento de los ciudadanos españoles “reacios” que han pasado del 10% en el 2000 al 30% en el 2003, manteniéndose en ese nivel en los años siguientes. Este incremento se alimentó al principio del descenso de los “ambivalentes”, pero en 2005 el peso de estos se ha elevado hasta el 46%. Los tolerantes han descendido también desde el año 2001, en que suponían el 45% al 39% de 2004 y caen al 24% en 2005. Si a mediados de 2004 la población en España se dividía en tres tercios en sus actitudes respecto a la inmigración: un tercio (alto) eran “tolerantes”, un tercio (escaso) son “ambivalentes” y otro tercio son “reacios”, a finales del 2005, cerca de la mitad son “ambivalentes” y el resto se dividen entre los “reacios” y los “tolerantes”. 19

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Cuadro 1. Tipología de actitudes ante la inmigración en España (2000-2005) Banco datos CIS % verticales

Febrero 2.000

Febrero 2.001

Junio 2.002

Mayo 2.003

Mayo 2.004

Nov. 2.005

Tolerantes Ambivalentes Reacios

41 49 10

45 36 19

44 28 28

38 32 30

39 29 32

24 46 31

Base muestral

2.477

2.498

2.494

2.495

2.496

2.485

2,2

2,7

3,1

3,8

4,5

6,2

% P.extranjera *

* Porcentaje de población extranjera residenteen España a de 31 diciembre de cada año sobre población total (Ministerio del Interior) Fuente: Cea D’Ancona (2007,202) a partir de datos del CIS

Wieviorka (1998, 91-112) contextualiza la producción contemporánea del racismo en torno a tres grandes registros: social, institucional y cultural o el fin de la sociedad industrial, la crisis de las instituciones y el aumento de las identidades culturales. El primero y más importantes de estos registros nos lleva a la desestructuración de las relaciones sociales características de la era industrial. En los años setenta del pasado siglo el crecimiento económico se ralentiza y se agudizan los fenómenos de dualización social con el incremento del paro, de la precarización y de la exclusión social. El movimiento obrero pierde la centralidad que había tenido hasta entonces en el conflicto social. Los referentes sociales y políticos, hasta entonces relativamente claros, entran en un período de incertidumbre. “Actualmente, el sentir dominante está instituido por un nuevo tipo de incertidumbre, que no se limita a la propia suerte o talento, sino que atañe a la futura configuración del mundo, a la forma adecuada de vivir en él y a los criterios en función de los cuales juzgar los aciertos y errores de cada forma de vida (...) (esta incertidumbre) ya no se percibe como una mera molestia temporal (...). El mundo posmoderno se prepara para soportar una vida bajo un estado de incertidumbre que es permanente e irreductible” (Bauman 2001, 32). Todo racismo parte del hecho del desconcierto y la incertidumbre que produce el encuentro con personas que tienen rasgos, lenguas o costumbres diferentes a las nuestras (heterofobia), y a partir de ese desconcierto comenzamos a construir representaciones de los “otros” en contraste y con relación a “nosotros”; esas representaciones pueden llevar al miedo y al rechazo y en situaciones de incertidumbre social, como son los tiempos actuales, estas situaciones pueden tender a agudizarse. Pero hay que recordar que el racismo se puede desplegar también en un contexto de crecimiento y pleno empleo. Que la crisis de la relación salarial que se vive en la actualidad sea un humus más favorable para la aparición de fenómenos racistas no debe hacernos caer, como ha señalado Balibar (1991) en “Racismo y crisis”, en explicaciones mecanicistas del tipo: crisis → paro → precariedad → aumento de la competencia en el mercado de trabajo → exclusión social → hostilidad, xenofobia → violencia racista. Sin embargo, hay que poner de relieve correlaciones indiscutibles entre ambos fenómenos, pero una correlación que va en las dos direccio20

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nes: la crisis como factor del racismo y el racismo como factor (multiplicador) de la crisis. Porque “es indiscutible que la existencia del racismo, los actos de violencia que le dan cuerpo, se convierten en un componente activo de la crisis social, pesando por ello en su evolución” (Balibar 1991, 336). Por eso “más que de causa y efecto, habría que hablar de acción recíproca de la crisis y del racismo en la coyuntura. Es decir, hay que calificar, especificar la crisis social como crisis racista, investigar sobre las características del ‘racismo de crisis’ que aparece en un momento dado en una formación social determinada”. Pero en el “paso al acto” ligado a la crisis,“cuando se superan determinados umbrales de intolerancia”, el racismo (antes latente) “cambia de portadores y de objetivos.Y son estos desplazamientos los que importan sobre todo al análisis de coyuntura”.Entran en escena “capas y clases sociales nuevas (o individuos cada vez más numerosos de capas sociales nuevas), que adoptan una postura de ‘racificación’ de situaciones cada vez más variadas” (ibid., 337-338). Un segundo registro para comprender el racismo contemporáneo que señala Wieviorka es la crisis de las instituciones que deberían garantizar la socialización de los individuos como son la escuela pública y los servicios públicos. La primera “por todas partes, en Europa (...) parece penar por cumplir su misión y, a menudo, sus dificultades son imputadas, una vez más, a la inmigración. El racismo, aquí, consiste en acusar a las principales víctimas de esta crisis de ser responsables de la misma, a hacer a los inmigrantes la causa del mal funcionamiento de la escuela” (Wieviorka 1998, 99). Pero la crisis también afecta a las instituciones responsables de la seguridad social y de la solidaridad, que tienen que abordar realidades nuevas y diversas en medio de escasez de personal y de recursos financieros y sin la preparación adecuada, lo que lleva a la pérdida de la noción de “servicio público” y la posible desmotivación de los empleados de estos servicios. El tercer registro sería el aumento de las identidades culturales. Una de sus manifestaciones es el incremento de los nacionalismos que es “indisociable del incremento de las corrientes xenófobas, racistas y antisemitas” (ibid., 103). Las identidades culturales se multiplican en todos los órdenes: religiosos, étnicos, etc. Estas identidades se pueden manifestar como reproducción pero pueden ser también “importadas”, por ejemplo, a través de los inmigrantes. Pueden tener una larga tradición detrás o pueden ser invenciones recientes, pero en poco tiempo se nos presentan como algo “de toda la vida”. Esto procesos “contribuyen al reforzamiento o a la renovación del racismo.A la renovación en la medida en que las identidades culturales son susceptibles de provocar en todas partes tensiones culturales o intercomunitarias que derivan fácilmente en racismo de tipo diferencialista. A su reforzamiento en la medida en que cada una de estas identidades puede ser tentada de naturalizarse y de naturalizar a otros actores, contribuyendo así a una etnización de la vida colectiva que puede abrir la vía a la racialización de las relaciones sociales y políticas” (ibid., 104). En el marco de este informe es importante señalar que no toda la violencia (una de las manifestaciones del conflicto, pero no la única ni la más frecuente) tiene la misma intensidad. Se puede recordar la escala de los modos de producirse la violencia racista que ha propuesto Fleg, y que va desde una situación baja en que se evita la manifestación de dicha violencia a otra alta que llegaría al asesinato (y, en su manifestación extrema, al genocidio). Pero entre ambas se pueden manifestar otras formas de violencia racista como son la difamación (verbal o escrita), los actos violentos contra las propiedades del grupo “racializado” (en forma de daños o destrucción de esas propiedades) o los asaltos contra las personas. La síntesis de esta escala de Kleg se puede ver en el cuadro 2.

21

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Cuadro 2. Escala de la violencia según Kleg Baja

←

Evitación

Difamación

Verbal y escrita

Alta

Actos contra la propiedad

→ Asalto

Asesinato

Graffitis Daños menores Daños graves Destrucción

Verbal o escrito Físico

Incluyendo genocidio

Agresión

Fuente: M. Kleg, Hate, Prejudice and Racism, Albany, State University of New Cork Press, 1993 (citado por EUMC 2005, 33)

Pero la violencia racista no es más que una de las manifestaciones del racismo.Y a veces puede no ser la más grave. El “a veces” es fundamental para no olvidar que violencia racista fue el genocidio de los judíos o de los gitanos llevado a cabo por los nazis. En la actualidad, el “a veces” juega otro papel: se trata de poner de relieve que, como ha señalado Van Dijk (2003, 24), “es posiblemente más grave e insidioso (que algunas formas de violencia callejera relativamente frecuentes) el efecto acumulativo y estructural de otras formas habituales del racismo menos violento que cualquier persona del grupo minoritario es susceptible de experimentar en el ámbito político, laboral, escolar, en la investigación académica, en organismos oficiales, tiendas, medios de comunicación, lugares públicos o cualquier otra situación de interacción con los blancos”. 5. EL ANÁLISIS DEL CONFLICTO EN LA SOCIOLOGÍA: ¿HACIA UN “ELOGIO” DEL CONFLICTO? El análisis del conflicto en la sociología ha sido y es, si se me permite hacer el juego de palabras, un asunto conflictivo, controvertido. Pero creo que cada vez lo es menos. De la excepcionalidad con que ha sido tratado por muchos autores hasta tiempos recientes, se va incorporando como una parte de cualquier fenómeno social. El reciente libro de Benasayag y del Rey (2007) se titula, contundentemente, Elogio del conflicto y los autores arrancan su argumento con el proverbio de Heráclito: “el conflicto (polémos) es el padre de todos los seres”.Y además, el conflicto no se termina nunca. Doris Lessing, Premio Nóbel de Literatura de 2007, en una entrevista con Juan Cruz en El País (21 octubre 2007) decía que “La guerra y la memoria no acaban nunca”. Parafraseándola, podríamos decir que “el conflicto y la memoria no acaban nunca”. El texto de Morán (2007) incluido en este libro, señala cómo las corrientes dominantes de la sociología (y de otras ciencias sociales) se preocuparon en sus orígenes, sobre todo, por subrayar las dimensiones del orden y del equilibrio social más que por incorporar el conflicto en distintos campos de la vida social a sus áreas de estudio. Pero, de unos años a esta parte, se va produciendo una progresiva “normalización” del conflicto en el seno de las corrientes de pensamiento hegemónicas en las ciencias sociales.A pesar de ello, Morán pone de relieve cómo “la división de la historia del pensamiento social entre una sociología del orden y una sociología del conflicto no sólo continúa siendo una estrategia útil para ordenar las principales escuelas de pensamiento sociológico clásico, sino que sigue marcando una línea de fractura relevante para la sociología contemporánea”. 22

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Es este nuevo marco se han ido incorporando acontecimientos conflictivos que se perciben como relacionados con la inmigración. La “normalización” de estos conflictos exige “esforzarse por situarlos dentro del marco más general de los conflictos de muy distinta naturaleza que caracterizan las sociedades de acogida de la inmigración y, por ello, el análisis debe distinguir los elementos de continuidad, con todo aquel conjunto de conflictos sociales propios de las sociedades avanzadas, de los posibles factores de innovación que introduce la inmigración”. Morán señala una cuestión de gran importancia: el análisis social debe evitar a toda costa el tratamiento aislado de los conflictos ligados a la inmigración. Es necesario encuadrarlos dentro del estudio del “hecho migratorio”, que se está produciendo en el mundo contemporáneo, y relacionarlo con las condiciones “estructurales”, resultado de los cambios de las sociedades contemporáneas, tanto de las avanzadas como de las menos desarrolladas. Tras un repaso por la evolución de las distintas teorías que han abordado el análisis del conflicto, Morán (a la que resumo in extenso) sintetiza el análisis de Tilly (1998) sobre los distintos enfoques contemporáneos del análisis del conflicto.Tilly comienza afirmando que no hay ninguna teoría fuerte en el análisis del conflicto sociopolítico contemporáneo, por lo que se trata todavía de un campo de análisis “en construcción”.Y sintetiza los cuatro grandes conjuntos de propuestas que han tratado de responder, con mayor o menor acierto, a la relación entre el conflicto y el cambio social, y que han elaborado marcos de análisis que han sido aplicados al estudio de conflictos concretos. La primera de ellas es la teoría de sistemas, que se fundamenta en una concepción del conflicto entendido como interrupción de procesos de equilibrio. El conflicto es para esta corriente una quiebra que genera la aparición de reivindicaciones conflictivas por parte de distintos actores o grupos sociales, que se concretan en el surgimiento de protestas o de disturbios. En segundo lugar, está la perspectiva del individualismo metodológico que entiende el conflicto como resultado del choque de intereses individuales o colectivos. Para ella los individuos y grupos compiten y se enfrentan dentro de los límites impuestos por sus capacidades de organización y por la estructura de la oportunidad política. Por su parte, el individualismo fenomenológico defiende que el conflicto se produce, fundamentalmente, como resultado de los cambios que tienen lugar en las definiciones compartidas de la realidad social. En este grupo se encuadran las teorías de la privación relativa, que afirman que los conflictos surgen como consecuencia de un aumento excesivo de la distancia entre las expectativas de valores y las capacidades de valores. Un antecedente de este tipo de planteamientos son las teorías de la frustración-agresión. En esta categoría entrarían también los análisis de marcos (“frame analysis”) (Goffman). Este tipo de estudios se centra en considerar el modo en que las definiciones compartidas de la realidad, que lleva a cabo cualquier actor involucrado en un conflicto, influyen en la formación, estallido, desarrollo y resolución del mismo. Una última perspectiva es la que Tilly llama teoría relacional, que es la que el mismo Tilly pretende impulsar. La principal aportación de este enfoque radica en que considera que son los cambios en las conexiones entre los actores potenciales de un conflicto las que conforman: a) las definiciones compartidas de lo posible y lo deseable: el tipo de demandas y reivindicaciones y sus límites; b) los costes y beneficios colectivos que se atribuyen a la acción conjunta; y, por último, c) los compromisos mutuos que establecen estos actores. En definitiva,Tilly trata de incorporar muchas de las aportaciones de las tres teorías anteriormente citadas, pero situando en el centro del argumento su convicción de que son los actores quienes moldean el conflicto. Así, en su opinión, trabajar desde la perspectiva de los actores conlleva no sólo destacar la acción colectiva, sino que es un medio adecuado para superar la principal laguna del análisis contemporáneo del conflicto: la falta de esfuerzo por buscar cadenas causales precisas entre la acción colectiva, el conflicto y las transformaciones sociales. 23

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Siguiendo estos planteamientos de Tilly, Morán propone en su texto “un marco de estudio de los conflictos en las sociedades contemporáneas” que se inscribe dentro de las corrientes de pensamiento sociológico que se engloban bajo el paraguas del “retorno del actor”. Con esta sociología del actor se pueden recuperar dos presupuestos básicos: “El primero de ellos es devolver a la acción social su papel en la configuración de los fenómenos sociales, más allá de las diversas determinaciones que imponen los factores estructurales” y “el conflicto puede ser entendido como resultado de la falta de acuerdo o del choque entre los intereses, reivindicaciones, demandas o incluso agravios, planteados por distintos actores sociales en contextos históricos y geopolíticos dispares.Y, a partir de aquí, las preguntas más relevantes a las que debe esforzarse por responder el científico social son el por qué, el quiénes y el cómo de la formación, desarrollo y consecuencias del conflicto. El ‘retorno del actor a un primer plano’ hace posible, así, incorporar el conflicto a la cotidianeidad de la vida social”. La autora defiende, en la línea de Tilly, la conveniencia de trabajar con una concepción política del conflicto social, prestando una especial atención a la dimensión “pública” de los conflictos sociales, en la medida en que siempre constituyen fenómenos en los que los distintos actores implicados expresan demandas que, antes o después, deberán ser tomadas en cuenta, respondidas o rechazadas por parte de los demás grupos y, más en concreto, por la esfera de la política.Y a partir de esta idea cobra sentido la reiterada reivindicación de Morán de que se debe prestar una especial atención a los conflictos de ciudadanía; es decir, a aquéllos en los cuales las demandas de los actores inciden en las pautas que conforman la pertenencia y la implicación en la comunidad o sociedad en cuestión. María Luz Morán sintetiza a continuación los principales elementos de análisis de los acontecimientos y procesos conflictivos que giran en torno al estudio de los actores, de los procesos de desarrollo de los conflictos, de los repertorios de acción colectiva y de las respuestas institucionales a los mismos. 1. Los distintos actores que se encuentran involucrados, de forma directa o indirecta en los conflictos analizados.Y analizar, al menos, cuatro cuestiones diferentes: a) El contenido de las reivindicaciones, demandas y agravios que expresan cada uno de los actores. b) Las estrategias que definen y ponen en práctica los distintos actores para lograr la consecución de sus demandas, la reparación de los agravios o la realizción de sus fines. c) Los “marcos” a los que los actores atribuyen significados precisos a los distintos componentes del conflicto. d) La racionalidad de la acción social no excluye admitir la relevancia de las identidades colectivas en la misma, es decir, los procesos de construcción de un “nosotros común” por parte de cada uno de los actores. 2. El segundo elemento del análisis de los conflictos está constituido por los propios procesos de desarrollo del conflicto. Al aplicar una perspectiva dinámica de estudio, es necesario observarlo de modo diacrónico, prestando atención a las distintas fases que atraviesa y a los cambios en las estrategias de los actores y sus pautas de movilización. 3. El tercer elemento de estudio debe ser la “política de la contienda” o el repertorio de acción colectiva (Tilly); es decir,“el conjunto de medios que un grupo posee para realizar demandas de distintos tipos sobre distintos individuos o grupos”. Este concepto de repertorio introduce componentes estructurales, culturales e históricos en el análisis del modo en que los actores se expresan en el contexto de los conflictos sociales. 24

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4. Las políticas dirigidas a la resolución de los conflictos, las respuestas institucionales, son el último de los elementos que debe abordar el análisis del conflicto social. Para aplicar este esquema de análisis hay que recordar otros dos puntos que señala Morán siguiendo a Melucci (1998): 1) el análisis académico coincide en admitir que se ha producido un aumento de la complejidad de los conflictos a los que se enfrentan las sociedades democráticas, junto a un incremento paralelo del ritmo de las transformaciones sociales. 2) Esta constatación lleva a otro punto de acuerdo: la necesidad de un esfuerzo por renovar las perspectivas y herramientas de estudio que deben emplearse desde las ciencias sociales para tratar de interpretar todo este conjunto de fenómenos. 6. ESQUEMA BÁSICO COMÚN DE LOS INFORMES NACIONALES Ya decía Durkheim, en el fundacional Les règles de la méthode sociologique, que “el método comparativo es el único que conviene a la sociología” (Durkheim 1968: 124), porque “la sociología comparada no es una rama particular de la sociología; es la sociología misma, porque es entonces cuando deja de ser puramente descriptiva y aspira a rendir cuenta de los hechos” (ibid.: 137). Desde sus comienzos la sociología inaguró dos estrategias comparativas diferentes (véase Caïs 1997: 18-22): la del “estudio de casos” iniciada por Weber y la de comparación de variables que arranca en el propio Durkheim. Nuestro trabajo se plantea como un análisis de sociología comparativa de casos nacionales europeos contemporáneos. Para ello hemos seguido, con una sola excepción que nos servirá de contraste (y confirmación), el consejo de Marc Bloch, que en “Pour une historire comparée des societés européenes” de 1925, decía que “una utilización crítica y rigurosa del método comparativo sólo es posible si se realizan comparaciones entre sociedades que son vecinas geográficas y contemporáneas históricas” (citado por Caïs 1997: 66). Este consejo no tiene un seguimiento general entre los sociólogos que con frecuencia han abordado sus análisis con lo que Bloch llamaba “método comparativo grosso modo”: comparaciones entre sociedades distantes geográfica e históricamente. Pero no podemos inscribir nuestro trabajo en las grades clasificaciones que Skocpol o Tilly han hecho de las investigaciones comparativas porque se trata de una investigación “secundaria”. Pero a lo largo de los informes nacionales y en la síntesis final se podrán encontrar elementos que se abordan como “casos paralelos”, como “contraste de contextos” o como “análisis históricos comparativos macrocausales”. Los informes nacionales que se presentan a continuación, correspondientes a Alemania, Australia, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, tienen como objetivo presentar una síntesis de lo que se ha estudiado y publicado en distintas ramas del saber científico, especialmente desde la sociología, sobre conflictos ligados (o que se presentan como tales) a la inmigración en esos países y hacerlo analizando el papel de los actores, los modos de desarrollarse los conflictos, los repertorios de la acción colectiva y las respuestas institucionales, siempre que aquella literatura así lo permitiera. No se ha tratado, por tanto, de una investigación primaria, con un trabajo de campo específico, ni con entrevistas con distintos actores (aunque en ciertos países sí se han realizado entrevistas para completar la información sobre algún conflicto). El trabajo arrancó con una concepción amplia del “conflicto”, incluyendo la lectura de textos que abordaban conflictos “manifiestos” (como las revueltas urbanas en Francia, los de El Ejido en España, los ataques a los asilados en Alemania o la polarización en torno al 25

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Islam en los Países Bajos tras el asesinato de Theo Van Gogh), conflictos “implícitos” (como los que se ocultan tras la oposición a abrir mezquitas en distintos pueblos de España, Italia o Alemania) y conflictos “latentes” (como los que derivan de la competencia en el mercado de trabajo, por el acceso a servicios públicos en muchos lugares en Europa o los que se provienen de la “criminalización” de los inmigrantes como grupo). ¿Por qué esta concepción tan amplia? Dejando al margen consideraciones teóricas, se puede señalar que nos interesa “estudiar los análisis” de todos los fenómenos sociales ligados a la inmigración susceptibles de derivar en problemas (“objetivos”) que puedan afectar a situaciones de (in)seguridad: buscamos analizar (o estudiar los análisis de) “tendencias reconocibles del desarrollo venidero” que decía Max Weber. Para ello todos los informes nacionales han partido de un esquema (provisional) común que se ha ido adaptando, entre el investigador y el director del proyecto, a cada caso nacional. La idea directriz de esa adaptación ha sido la selección de una orientación para cada país acentuando algún aspecto sobre el que la literatura académica de dicho país ha puesto más el acento. Pero respetando una lógica expositiva que permitiera hacer una lectura comparativa de las experiencias nacionales. El resultado de esta “adaptación” es que los informes nacionales tienen estructuras comparables y en las que puede verse una inspiración común, pero que no reproducen exactamente el mismo índice porque eso hubiera forzado mucho ciertas narraciones de los conflictos. Se explica a continuación el esquema común de partida. Tras una Introducción en la que se explican las razones de la selección de los conflictos que se van a analizar y, cuando es conveniente, una explicación de las tradiciones teóricas en que se inscriben los textos analizados, el capítulo primero de cada informe analiza las características de la inmigración en dicho país: cuando, cómo y por qué comenzó la inmigración (masiva/significativa), las principales etapas recorridas en el proceso y los rasgos actuales de la inmigración. El capítulo segundo aborda las políticas de inmigración y de integración de y con los inmigrantes, señalando las principales etapas (o jalones) en esas políticas y los rasgos actuales de las políticas de inmigración y de las políticas de integración en cada país. Los capítulos siguientes abordan, específicamente, el análisis de los conflictos ligados a la inmigración en cada país con un capítulo final, previo a las conclusiones, sobre las respuestas institucionales que se han dado a los conflictos analizados. Esta parte del informe admite variaciones expositivas según las problemáticas que se han abordado en cada país. Pero, en general, comienzan con un capítulo que sintetiza el tipo de conflictos que se asocian con la inmigración en cada país, describiendo las demandas, agravios e intereses manifestados por los “nuevos actores” (inmigrantes) que, en gran medida, están relacionados con distintas dimensiones de la ciudadanía; discriminan episodios “visibles” de conflictos; es decir, las manifestaciones o “brotes” a través de los cuales se evidencia el “conflicto”; y apuntan cambios en los discursos de algunos de los principales actores políticos y sociales (partidos políticos, ONGs, medios de comunicación, etc.) sobre la inmigración. El estudio de las formas (medios) concretas a través de las cuales los actores expresan sus demandas, agravios o intereses se abordó, inicialmente, con una estructura de repertorio que pretendía clasificar estas acciones. Esa estructura tipológica era la siguiente (siguiendo a McAdam,Tarrow y Tilly, 2005): 1. Repertorio de “contienda contenida”: comprende las acciones que se suelen clasificar bajo el rótulo de “acción política convencional”, incluyendo la política electoral (mítines, campañas, propaganda, manifiestos, etc.), las peticiones, las manifestaciones, marchas, desfiles o concentraciones y las huelgas 26

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2. Repertorio de “contienda transgresiva”: acciones que conllevan riesgo de alteración del orden público y/o de uso de la violencia y que implican un modo de organización, unos beneficios y unos costes particulares. Son formas de acción que rompen con la rutina, sorprenden a los observadores y pueden desorientar a los gobernantes. Admite varios apartados: 2.1. Repertorio de confrontación con bajo riesgo de alteración del orden público y/o violencia: la causa de ese bajo riesgo es una interacción física prácticamente inexistente. El tipo de acciones que se pueden incluir son huelgas de hambre, campañas de desobediencia civil o boicots. 2.2. Repertorio de confrontación con alto riesgo de alteración del orden público y/o violencia: la causa del alto riesgo se encuentra en una “puesta en escena” con interacción física y con trasgresión (violación de la ley o que va más allá de los límites legítimos establecidos por una comunidad). Por ejemplo, ocupación de edificios, bloqueo del tráfico, pintadas, daños a la propiedad (quema de coches, rotura de cristales de bancos, quema de contenedores de basura, etc.) 2.3. Repertorio de violencia: la clave para separar la violencia en un repertorio específico se encuentra en lo que entendemos como “un paso más en la escalada”: la violencia contra las personas. En las recomendaciones a los investigadores se les proponía prestar atención a si la literatura permite señalar aspectos como la evolución de los medios de acción empleados en los conflictos a lo largo del período considerado (“invención” de nuevos medios, desaparición de otros, procesos de copia); la vinculación entre ciertos actores implicados en los conflictos y el empleo de ciertos medios de acción (la doble dimensión de legitimidad y efectividad que los actores confieren a los medios de acción); la influencia de ciertas dimensiones (culturales, políticas, socioeconómicas.) en la difusión o desaparición de ciertos medios de acción; o los significados que los distintos actores, los medios de comunicación, la opinión pública atribuyen a los medios de acción más significativos en cada conflicto. Aunque el trabajo realizado tiene el carácter de una investigación “secundaria” (es decir, que intenta sintetizar lo señalado en otros trabajos de investigación), se ha recomendado a los investigadores “leer” los textos sobre los que se ha trabajado “interrogándolos” como si de una investigación “primaria” se tratara.Y para ello, en el campo de los actores habría que identificar los “actores claves”, es decir, actores que son considerados en las distintas investigaciones como los de mayor influencia en los conflictos. Pueden incluirse instituciones, organizaciones o personas específicas (líderes, intelectuales) que, por lo general, cuentan con partidarios o tienen la capacidad para “movilizar” seguidores. Se podrían distinguir entre: a) actores/grupos directamente involucrados en los conflictos (latentes o manifiestos), tratando de identificar quienes se movilizan/participan en el conflicto (jóvenes varones residentes en barrios periféricos de grandes ciudades, inmigrantes de segunda o tercera generación, inmigrantes que trabajan en agricultura, por ejemplo); y b) todo otro conjunto de actores que intervienen en los conflictos (en su desarrollo, características concretas y vías para la resolución). Una lista de esos actores puede incluir, por ejemplo, gobierno nacional, gobiernos regionales/autonómicos. gobiernos municipales, Fuerzas de orden público, partidos políticos/parlamentarios, movimientos sociales y políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, Asociaciones de inmigrantes (o de apoyo a los inmigrantes) y de vecinos, organizaciones no gubernamentales, iglesias o instituciones religiosas, etc.Y, aunque la literatura académica no los suele incluir como actores “direc27

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tos” de los conflictos, se puede considerar el papel de los Medios de comunicación, de la Opinión pública y de los Intelectuales en la “construcción”, difusión y resolución de los conflictos: Las respuestas institucionales son medidas que se adoptan para dar respuesta a las demandas planteadas por los actores involucrados en los conflictos. Por lo tanto, se entiende que son acciones planificadas, regulaciones, programas desarrollados por instituciones políticas (el Estado, los Gobiernos regionales, los Ayuntamientos), por la sociedad civil o por la comunidad internacional. En el capítulo que todos los informes dedican a esta cuestión se trata de identificar las respuestas institucionales de relevancia puestas en marcha como reacción a los conflictos ligados a la inmigración y/o a la “visibilización” de los mismos (como medio de diferenciar este tipo de actuaciones políticas de las “políticas migratorias” en general; salvo que los “conflictos” hayan llevado a modificar políticas migratorias generales, lo que también sería una respuesta institucional). Con las respuestas institucionales puede aparecer información que permita diferenciar, por ejemplo, por tipos de políticas: generales (orientadas a un ámbito, como las “politiques de la ville” o a uno o varios colectivos) o específicas (en algún campo como vivienda, empleo, educativa, cultural, religiosa, participativa); analizar los actores implicados en el diseño/puesta en práctica de estas políticas; señalar la existencia o no de procesos de evaluación de dichas políticas y los ámbitos de “rendimiento de cuentas” de esas políticas (Parlamento, actores sociales implicados, etc.).Todo ello cuando los trabajos analizados así lo permitan. El informe de cada país termina con unas reflexiones finales o conclusiones y una bibliografía que recoge todos los textos analizados. Debo decir aquí unas palabras acerca de todos los autores de los textos que siguen. Este trabajo se ha elaborado en un plazo de menos de un trimestre.Y todos los autores han mostrado una capacidad notable para entender, a menudo en la distancia del correo electrónico y sin ningún contacto personal, los objetivos (y las limitaciones) de este proyecto un tanto atípico en España.A todos ellos quiero agradecer sus magníficos informes, la inteligencia con la que han sabido releer la literatura académica existente sobre cada país, sus sugerencias sobre el conjunto del trabajo, su sensibilidad con el mundo de la inmigración, su compromiso en la lucha por mejorar la integración de y con los inmigrantes y su amabilidad para embarcarse en esta nave que hoy llega a su puerto. Pero que emprenderá nuevas rutas. Quiero dar las gracias, en mi nombre y en el de todos los autores de los artículos que siguen, al Observatorio de la Seguridad del Ayuntamiento de Madrid por confiar en la Universidad Complutense de Madrid para llevar a cabo este trabajo y por la sensibilidad hacia la inmigración y hacia los inmigrantes que supone el hecho de encargar un trabajo como el presente.

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2. ALGUNAS

REFLEXIONES EN TORNO A LOS MARCOS PARA EL ESTUDIO DE LOS CONFLICTOS ASOCIADOS CON LA INMIGRACIÓN

María Luz Morán Universidad Complutense de Madrid

ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LOS MARCOS PARA EL ESTUDIO DE LOS CONFLICTOS ASOCIADOS CON LA INMIGRACIÓN

1. INTRODUCCIÓN A pesar de que no es mi intención presentar de forma sistemática en este texto la larga y compleja tradición de estudio del conflicto social, creo conveniente comenzar recordando las dificultades que ha encontrado la teoría sociológica clásica, así como el análisis político contemporáneo, para incorporar este tema a los grandes paradigmas de explicación de la realidad social. Ante todo, no es posible negar la excepcionalidad con la que la mayor parte de las corrientes de pensamiento entienden el conflicto sociopolítico, en la medida en que éste se concibe como un elemento extraordinario frente a las asunciones básicas de la normalidad civil. Por otro lado, tampoco se puede olvidar que los riegos de quiebra del orden social y político planean siempre sobre la toma en consideración de los conflictos.Y, finalmente, a todo lo anterior hay que añadir que bajo el conflicto acecha permanentemente la eventualidad del estallido de la violencia. Así, desde el momento en que los estudiosos establecen el origen del pensamiento sociológico, la disciplina se inclinó más por subrayar las dimensiones del orden y del equilibrio social que por incorporar el conflicto en la propia concepción de la vida social. Del mismo modo, el pensamiento político moderno y contemporáneo también ha prestado un mayor énfasis a la estabilidad de los sistemas políticos que a sus tendencias de inestabilidad, crisis y cambio. Ciertamente existe, como tendremos ocasión de exponer más adelante, una larga tradición de lo que podemos denominar una “sociología del conflicto”. Pero, en cualquier caso, y para plantearlo de un modo sucinto y necesariamente incompleto, la “normalización” del conflicto en el seno de las corrientes de pensamiento hegemónicas en las ciencias sociales es un fenómeno relativamente reciente. Aun así, en la actualidad es una perspectiva muy difundida en la mayoría de las ciencias sociales, planteada desde marcos de estudio dispares, y que ha dado lugar en las últimas décadas a planteamientos teóricos muy significativos pero, sobre todo, al desarrollo de un volumen notable de investigaciones aplicadas. Sobre este telón de fondo, el objetivo de este capítulo es presentar algunas reflexiones que permitan construir un marco de análisis para el estudio e interpretación de ciertos conflictos que han sido asociados con el fenómeno de la inmigración, esencialmente en el ámbito europeo. Para lograr dicho propósito, mi empeño descansa en tres premisas que tendré ocasión de elaborar con más detalle en los apartados posteriores de este texto. En primer lugar, considero que es imprescindible continuar en la línea antes mencionada de “normalización” del conflicto, considerándolo como un elemento consustancial de la vida social y, por ello, tratando de despojarlo de sus connotaciones más negativas. En segundo lugar, defenderé el carácter político de la gran mayoría de los conflictos sociales y, concretamente, de aquéllos 33

ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LOS MARCOS PARA EL ESTUDIO DE LOS CONFLICTOS ASOCIADOS CON LA INMIGRACIÓN

que se consideran vinculados con la inmigración. Esto implica simplemente reconocer que las demandas que están en el origen de dichos conflictos se dirigen o afectan a la organización de nuestra vida en común -son demandas de carácter “público”- y que, por lo tanto, uno de los actores implicados en ellos es el Estado, o, si queremos emplear otra expresión, las autoridades públicas. Por último, parto de la convicción de que es obligado sacar a la luz los riesgos implícitos de asociar de forma acrítica los términos conflicto e inmigración en el contexto socio-político de nuestro mundo globalizado de comienzos del siglo XXI. Esta última idea guiará toda mi exposición y tiene, al menos, una triple consecuencia. La primera de ellas es que debemos aplicar la máxima de la “normalización” del conflicto a los acontecimientos conflictivos que entendemos están relacionados con la inmigración. Ello supone, por un lado, esforzarse por situarlos dentro del marco más general de los conflictos de muy distinta naturaleza que caracterizan las sociedades de acogida de la inmigración. Sobre esta base, el análisis debe distinguir los elementos de continuidad con todo aquel conjunto de conflictos sociales propios de las sociedades avanzadas de los posibles factores de innovación que introduce la inmigración. Finalmente, en la medida en que nos interesamos por la vinculación entre conflicto e inmigración, no podemos dejar de resaltar la importancia de la construcción del conflicto por parte de los diversos actores implicados en ellos. Es decir, no se puede obviar el modo en que las representaciones sociales acerca de los extranjeros y de los inmigrantes -resultado de lo que los sociólogos denominamos un proceso de “construcción social de la realidad”intervienen en las distintas fases de formación, evolución y resolución de dichos conflictos. A mi entender, la principal consecuencia de las tres ideas que acabo de exponer es que el análisis social debe evitar a toda costa el tratamiento aislado de este tipo de conflictos. O, por decirlo de otra manera, parece absolutamente necesario encuadrarlos dentro de la reflexión acerca de la naturaleza del fenómeno de la inmigración producido en distintos países europeos a lo largo de las últimas décadas. En la medida en que introduzcamos esta exigencia en nuestro trabajo, deberemos admitir que aquellos conflictos que consideremos relacionados con la inmigración tienen que estar inevitablemente afectados por las condiciones “estructurales” en cuyo seno han tenido lugar los profundos cambios de las sociedades europeas. En concreto, ello supone considerar en qué medida intervienen en los conflictos las transformaciones en el mercado de trabajo y las condiciones en las que se está produciendo la inserción laboral y social de los inmigrantes en distintos países.Todo ello, sin olvidar el impacto en estos procesos de la lógica de la economía capitalista globalizada y de los rasgos específicos de la propia lógica de las economías nacionales. Al mismo tiempo, no podemos estudiar ningún acontecimiento conflictivo sin incorporar también el impacto de la transformación de los marcos legales que definen la condición de extranjero en distintos Estados. En especial, sería ingenuo pensar que los conflictos asociados a la inmigración no se ven afectados por los contenidos y estilos de aplicación de las leyes de extranjería, y en particular por el modo en que se reconocen los derechos básicos a los trabajadores extranjeros, así como por la forma en la que se ha hecho frente al problema de los “sin-papeles”, estableciendo las vías para la obtención de los permisos de residencia. En mi opinión, la concurrencia de estos dos conjuntos de factores -“estructurales” y legalesindica que el camino más fértil y razonable para el estudio de los conflictos relacionados con la inmigración, es el que aboga a favor de una perspectiva de estudio que incida en el binomio ciudadanía-inmigración. Una idea sobre la que volveré en distintas ocasiones a lo largo de las próximas páginas. Pero además, como ya puntaba con anterioridad, la propuesta de considerar estos conflictos de forma relacional -insertos en contextos sociales e históricos más amplios- obliga a 34

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reservar un puesto central a la construcción de la figura del inmigrante/extranjero, y a los actores que han contribuido a dotarla de los rasgos -muchos de ellos negativos- con los que está operando en las representaciones sociales de los nacionales. Lo que me interesa resaltar en este momento no es tanto cuáles son estos rasgos, sino el hecho de que este proceso de construcción de las representaciones sociales de la inmigración se ha producido dentro de un doble contexto. Por un lado, dichas representaciones se han conformado en un período marcado por la crisis de los dos modelos clásicos de integración de los inmigrantes aplicados en Europa desde hace décadas: el modelo francés, definido por la defensa de la asimilación de los inmigrantes al Estado republicano y al marco sociocultural definido por el mismo; y el modelo británico, que optaba más bien por la defensa de la multiculturalidad como marco políticocultural de integración de la población extranjera. Por otro lado, durante esta misma época ha tenido lugar en el seno de la UE lo que algunos expertos denominan la “segurización” de la inmigración (Tryandafyllidou, 2005), provocada por la creciente preocupación de los países occidentales por la seguridad tras los atentados del 11S, y por una nueva concepción de los principales problemas que afectan al contexto internacional. Las consecuencias de este fenómeno son múltiples y muy complejas, pero para seguir con mi línea de argumentación me basta con apuntar dos que considero muy relevantes: el aumento de actitudes xenófobas frente a los grupos de población extranjera -especialmente la islamofobia- y, por otro lado, la reducción de ciertos derechos de ciudadanía, que parece estar afectando a todos los ciudadanos, pero que es especialmente visible en el caso de las personas extranjeras residentes en los países de la UE, y ni qué decir para los “sin papeles”. 2. LAS DIFICULTADES DEL ANÁLISIS SOCIOLÓGICO CLÁSICO PARA EL ESTUDIO DEL CONFLICTO Y ALGUNAS VÍAS PARA SU SUPERACIÓN Pero no conviene avanzar con excesiva premura en la exposición de las principales ideas que guían mi argumentación, por lo que se impone ahora comenzar a matizar algunas de mis afirmaciones, así como profundizar en ciertas cuestiones hasta ahora expuestas. Para cumplir con este propósito, empezaré presentando algunas consideraciones acerca de las dificultades con las que el análisis sociológico se ha enfrentado a la hora incorporar el conflicto social a sus propuestas teóricas. Una primera prueba de las trabas que han encontrado las ciencias sociales a la hora de abordar este campo de estudio puede ser, sencillamente, reconocer que carecemos de una definición precisa y consensuada sobre el tipo de fenómenos que se engloban bajo el concepto de conflicto social1. Como tendremos ocasión de ver más adelante, la concepción del conflicto, y por lo tanto el tipo de acontecimientos que se incorporan dentro de dicha cate1.- Se me ocurren dos ejemplos que ilustran esta falta de acuerdo y la indefinición del concepto. El primero de ellos se encuentra en las definiciones de conflicto que se encuentran en dos de los principales diccionarios de referencia de la lengua española: el Diccionario de la Real Academia Española y el Diccionario del uso del Castellano de María Moliner. Ninguno de los dos incorpora una concepcción estrictamente social del conflicto. En concreto, las definiciones que se presentan son las siguientes: “Conflicto.(Del lat. conflictus). 1. m. Combate, lucha, pelea. U. t. en sent. fig. 2. m. Enfrentamiento armado. 3. m. Apuro, situación desgraciada y de difícil salida. 4. m. Problema, cuestión, materia de discusión. Conflicto de competencia, de jurisdicción. 5. m. Psicol. Coexistencia e tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. 6. m. desus. Momento en que la batalla es más dura y violenta.” (DRAE, Avance de la vigésima tercera edición). ...

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goría, varía sustancialmente según las escuelas de pensamiento. En todo caso, la sociología sigue tendiendo a contraponer el conflicto al orden y equilibrio sociales, mientras que, por su parte, la ciencia política enfrenta el conflicto político a la idea de estabilidad de los sistemas políticos. Paralelamente, debe tenerse en cuenta que, en general, todas las ciencias sociales tienen importantes dificultades a la hora de establecer diferencias claras entre los conflictos de naturaleza sociopolítica y aquellos fenómenos conflictivos que una concepción tradicional englobaría dentro de la categoría de hechos pertenecientes al ámbito de la desviación social o, simplemente, de la delincuencia. Sea como fuere, las ciencias sociales han sido siempre conscientes de que el estudio del conflicto remite a algunos de los temas claves del análisis social. En esta línea, quizá una de las constantes más claras de la perspectiva sociológica ha sido inquirir acerca de las relaciones que pueden establecerse entre conflicto y cambio social. Paralelamente, una buena parte de los pensadores que han trabajado en este campo entienden que hablar de conflicto social supone introducir en el análisis la cuestión de la distribución del poder en las sociedades humanas. Así pues, el estudio del conflicto se encuentra inevitablemente vinculado con el de conceptos como dominación, fuerza, violencia o resistencia. Pero aún se pueden encontrar más regularidades en medio de la diversidad de enfoques y de la indefinición de muchos de los conceptos empleados. En concreto, existe un acuerdo bastante generalizado en admitir que estudiar la naturaleza de los conflictos que aquejan a las sociedades contemporáneas, y reflexionar acerca de las formas de su resolución implica introducir en el estudio cuestiones centrales acerca de la naturaleza y transformaciones de la democracia en las sociedades avanzadas. Más concretamente, incorpora al análisis las formas en que los sistemas democráticos son capaces de afrontar y dar respuestas a los conflictos que originan las viejas y nuevas pautas de la desigualdad social. En definitiva, la división de la Historia del pensamiento social entre una sociología del orden y una sociología del conflicto no sólo continúa siendo una estrategia útil para ordenar las principales escuelas de pensamiento sociológico clásico, sino que sigue marcando una línea de fractura relevante para la sociología contemporánea. Ciertamente, los estudiosos nos advierten de que, al menos hasta finales de la década de los sesenta del pasado siglo XX, el énfasis en el orden social parece haber predominado en la teoría sociológica. De hecho, una buena parte de las perspectivas de estudio pusieron el énfasis en las conductas estables y cooperativas como fundamento del orden social. Por ello, se trabajaba presuponiendo que el equilibrio es el estado natural de la sociedad y que, por lo tanto, la ruptura de este último no podía sino considerarse como una forma de patología social. Unos argumentos que muchos de los especialistas en la Historia del pensamiento sociológico clásico (Nisbet, 1977; Aron, 1987;Alexander, 1989) coinciden en calificar como propios de una reacción de carácter conservador ante las consecuencias que provocó la industrialización en todas las esferas de la vida de las sociedades occidentales. Así, esta visión negativa del conflicto social -industrial- puede rastrearse a lo largo de toda la tradición que insiste en el carácter irracional de la acción colectiva, o del comportamiento de las masas por emplear una denominación hoy en día en desuso. Una corriente que se inicia en la obra de dos de los fundadores de la psicología social, G.Tarde y G. Le Bon, y que ...“Conflicto.1) Momento más violento de un combate. Momento en el que el combate está indeciso. 2) (Causar, Mover, Ocasionar, Promover, Suscitar un conflicto de o entre). Choque o situación permanente de oposición, desacuerdo o de lucha entre las personas o cosas ... .3) (Estar en,Tener un ...) Situación en que no se puede hacer lo que es necesario hacer o en que no se sabe que hacer. (V. Apuro).” (María Moliner, 1966). Por otro lado, también es significativo que uno de los principales manuales de “Sociología” ampliamente empleado en los cursos de Introducción a la disciplina -la “Sociología” de A. Giddens (2001)- simplemente no dedica ningún capítulo al tema de conflicto social....

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prosigue en los estudios del conflicto urbano de algunos de los principales representantes de la Escuela de Chicago, en particular en los trabajos de R. E. Park y E.W. Burgess. Una visión diferente del conflicto, pero también teñida de elementos perniciosos, se encuentra en la tradición que va desde E. Durkheim a T. Parsons -y que continúa hasta hoy en día en la todavía potente Escuela Funcionalista-, que defiende una concepción de integración social basada en los valores compartidos por los miembros de una sociedad. Por último, para acabar con esta lista ciertamente incompleta, la visión del conflicto social como factor de ruptura del equilibrio social también aparece en el terreno sociopolítico en las aportaciones de la teoría de la sociedad de masas, que fue predominante en el estudio del conflicto político hasta hace pocas décadas, y entre cuyos autores más destacados cabe mencionar a W. Kornhauser y a S.P. Huntington. No obstante, hay que reconocer que, a pesar de manejar una concepción esencialmente negativa del conflicto social y político, todas estas escuelas, corrientes y autores realizaron contribuciones significativas al estudio de este tipo de fenómenos. El énfasis en la excepcionalidad del conflicto y en la necesidad de reestablecer el equilibrio social no es óbice para que sus obras contengan algunos avances teóricos y metodológicos que siguen siendo valiosos aún hoy en día2. Pero, sin duda, son las teorías del conflicto, y su particular empeño por establecer el vínculo entre éste y el cambio social, las que tienen un mayor interés para nuestro trabajo. Por lo general, se suele admitir que el enfoque conflictivista constituye una gran corriente dentro del pensamiento sociológico que no puede reducirse a una sola escuela o tradición (Giner, 1998). Su origen se encuentra en aquellas obras del mundo clásico que conciben la humanidad en términos esencialmente conflictivos o incluso trágicos, como es el caso de las de Heráclito o Polibio. A partir de aquí, podríamos seguir trazando una línea de pensamiento que sitúa el conflicto en el centro de la propia esencia de la vida social, en la que destacan las concepciones de N. de Maquiavelo o de T. Hobbes. No obstante, si existe un hecho universalmente admitido entre los estudiosos, es que es la obra de K. Marx la que constituye no sólo la máxima expresión sociológica contemporánea del análisis conflictivista, sino también que sigue siendo el principal referente para toda la sociología del conflicto desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. La filosofía de la historia marciana, su visión conflictiva y trágica del progreso de la humanidad, ha dejado una profunda huella en el modo en que el pensamiento sociopolítico del siglo XX y comienzos del XXI ha entendido el papel del conflicto social. Más concretamente, la teoría de Marx de las contradicciones de los intereses en el seno del capitalismo, su teoría de la lucha de clases y su postulado de la revolución inevitable han de entenderse como el punto de partida de la mayor parte de las teorías conflictivistas contemporáneas. Aún así, el análisis sociopolítico contemporáneo del conflicto no puede reducirse a la fecunda herencia del pensamiento marxista, o a lo que algunos denominarían la tradición conflictivista de carácter progresista. Para algunos autores considerados como conservadores, o incluso reaccionarios, el conflicto es el proceso central de toda sociedad humana, aunque nada pueda probar que sea liberador o que conduzca a una sociedad mejor. Entre estas propuestas, destaca la contribución de los llamados teóricos clásicos de las élites -V.Pareto, G.Mosca y R. Michels- quienes, a finales del siglo XIX y a lo largo de las dos 2.- Basta con pensar, por ejemplo, en la contribución de L. Coser (1961), discípulo de T. Parsons, al estudio de las funciones del conflicto social.A partir de la idea de G. Simmel de los efectos integradores del conflicto, Coser estudió las repercusiones del conflicto para la cohesión, identidad y firmeza de los grupos sociales que entran en liza. Asimismo, hay que recordar los avances que supusieron las investigaciones de la Escuela de Chicago para el estudio de los conflictos urbanos.

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primeras décadas del XX, situaron el conflicto en el centro de sus teorías de las clases dominantes o de las oligarquías.A su vez, el darwinismo social también puede incluirse dentro de este grupo. Finalmente, no deben olvidarse otras aportaciones de autores alejados de la corriente marxiana, como son R.Aron o R. Dahrendorf, quienes han contribuido de forma notable al análisis del conflicto social. La ausencia de escuelas claras en la sociología del conflicto explica, al menos en parte, las dificultades y la falta de acuerdo entre los estudiosos a la hora de tratar de presentar un mapa de las principales corrientes del análisis sociopolítico contemporáneo en este campo. Sólo con la intención de tratar de orientar al lector, he optado por presentar de forma somera dos clasificaciones muy distintas elaboradas por dos teóricos ya clásicos del análisis sociopolítico: David Apter y Charles Tilly. La propuesta de Apter (1996) está claramente sesgada hacia el doble objeto de interés del texto en el que se incluye: el estudio de la violencia política y la reivindicación de un análisis del discurso dirigido a la reconstrucción narrativa de la realidad, como mirada relevante a la hora de considerar los conflictos que degeneran en violencia. Para ello, el autor distingue entre cuatro perspectivas, de las cuales nos interesan fundamentalmente las dos primeras. Para empezar, encontramos la perspectiva del diagnóstico de los conflictos, centrada en el estudio de las estrategias y tácticas así como de los costes y beneficios de los actores implicados en los conflictos. Dentro de este primer grupo se incluirían las teorías de la negociación y de las coaliciones, así como las distintas variantes de las teorías de la elección racional. Todas ellas han tenido un papel relevante en el análisis de los conflictos sociopolíticos en las últimas décadas. En segundo lugar, Apter reúne un amplio conjunto de perspectivas que presentan el conflicto -en especial el violento- como una patología individual o social, aunque en ocasiones sea interpretado como progreso inevitable de la Historia. Por ello, en este grupo se incluye una buena parte de la sociología del conflicto y, sobre todo, aquélla de inspiración marxista.Así, se incorporan a él las teorías del cambio estructuralistas, institucionalistas y marxistas. Las dos últimas categorías de la clasificación están muy centradas en el fenómeno de la violencia, aunque resultan interesantes en la medida en que no suelen mencionarse en la mayor parte de los estudios sobre el conflicto. Para empezar, se nos recuerda que un buen número de pensadores -F. Fanon, G. Sorel o J.P. Sartre, entre otros- conciben el conflicto violento como una terapia radical, necesaria, aunque dolorosa, para el desarrollo de las sociedades humanas. Finalmente, también se incluye aquel grupo que entiende el conflicto violento como un mero espectáculo (G. Bataille, G. Debord o Fluxus). Seguramente, la propuesta que presenta Ch.Tilly en su texto “Conflicto político y cambio social” (1998) sea más adecuada para mi propia argumentación, ya que avanza una propuesta de análisis que emplearé, con algunas modificaciones y añadidos, en las secciones posteriores de este texto.Tilly comienza afirmando que no hay ninguna teoría fuerte en el análisis del conflicto sociopolítico contemporáneo, por lo que se trata todavía de un campo de análisis “en construcción”. No obstante, reconoce que existen, al menos, cuatro grandes conjuntos de propuestas que han tratado de responder, con mayor o menor acierto, a la relación entre el conflicto y el cambio social, y que han elaborado marcos de análisis que han sido aplicados al estudio de conflictos concretos. La primera de ellas es la teoría de sistemas, que se fundamenta en una concepción del conflicto entendido como interrupción de procesos de equilibrio. El conflicto es, así, una 38

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quiebra que genera la aparición de reivindicaciones conflictivas por parte de distintos actores o grupos sociales, que se concretan en el surgimiento de protestas o de disturbios. El ejemplo más claro de la aplicación de esta perspectiva al estudio de los conflictos sociopolítico es, para Tilly, la ya mencionada teoría de la sociedad de masas de W. Kornhauser (1959). En segundo lugar está la perspectiva del individualismo metodológico, que entiende el conflicto como resultado del choque de intereses individuales o colectivos. Para ella, los individuos y grupos compiten y se enfrentan dentro de los límites impuestos por sus capacidades de organización y por la estructura de la oportunidad política (S.Tarrow, 1997). A su vez, el individualismo fenomenológico defiende que el conflicto se produce, fundamentalmente, como resultado de los cambios que tienen lugar en las definiciones compartidas de la realidad social. En este grupo se encuadran las teorías de la privación relativa, que afirman que los conflictos surgen como consecuencia de un aumento excesivo de la distancia entre las expectativas de valores y las capacidades de valores. El antecedente más directo de este tipo de planteamientos, ampliamente aplicados al estudio de un gran número de conflictos a lo largo y ancho del mundo desde la década de los sesenta (T. Gurr, 1970), son las teorías de la frustración-agresión formuladas por J. Dollard (1998) a finales de los años treinta del pasado siglo XX. Asimismo, entrarían dentro de esta categoría los análisis de marcos (“frame analysis”) (Goffman, 1974; Snow, 1993), que desde hace algunos años están siendo aplicados al estudio de los conflictos con resultados muy interesantes. Este tipo de estudios se centra en considerar el modo en que las definiciones compartidas de la realidad, que lleva a cabo cualquier actor involucrado en un conflicto, influyen en la formación, estallido, desarrollo y resolución del mismo. Finalmente,Tilly entiende que existe una tercera perspectiva a la que llama teoría relacional, que es la que él pretende impulsar en la medida en que considera que incorpora avances significativos en el estudio de los conflictos sociopolíticos. La principal aportación de este enfoque radica en que considera que son los cambios en las conexiones entre los actores potenciales de un conflicto las que conforman: a)las definiciones compartidas de lo posible y lo deseable: el tipo de demandas y reivindicaciones, así como sus límites; b)los costes y beneficios colectivos que se atribuyen a la acción conjunta; y, por último, c)los compromisos mutuos que establecen estos actores. En definitiva, Tilly trata de incorporar muchas de las aportaciones de las tres teorías anteriormente citadas, pero situando en el centro del argumento su convicción de que son los actores quienes moldean la confrontación, el conflicto.Así, en su opinión, trabajar desde la perspectiva de los actores conlleva no sólo destacar la acción colectiva, sino que es un medio adecuado para superar la principal laguna del análisis contemporáneo del conflicto: la falta de esfuerzo por buscar cadenas causales precisas entre la acción colectiva, el conflicto y las transformaciones sociales. 3. HACIA UNA PROPUESTA DE UN MARCO DE ESTUDIO DE LOS CONFLICTOS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS Ya es habitual reconocer que, al menos desde finales del siglo XX, los grandes paradigmas de las ciencias sociales parecen no ofrecer las viejas seguridades de antaño y, sobre todo, no proporcionan interpretaciones sólidas que resistan las incesantes pruebas a las que los someten las nuevas realidades sociales (Melucci, 1991, 1998). La búsqueda de marcos de análisis, de conceptos y de herramientas de estudio capaces de dar cuenta de formidables procesos de transformación social nos sitúa, ciertamente, en un contexto plagado de ambigüedades e incertidumbres. Pero, al mismo tiempo, estas convulsiones están imponiendo nuevos retos al análisis social, que han dado lugar a una gran efervescencia de investigaciones y nuevas propuestas. Así pues, no es de extrañar que, a lo largo de las dos 39

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últimas décadas, el estudio del conflicto haya ocupado un lugar destacado en las preocupaciones de los científicos sociales. Seguimos sin contar, como bien nos recordaba Tilly, con una teoría fuerte para el análisis de los conflictos. Pero aún así, a partir de las propuestas que hemos revisado de forma apresurada en el apartado anterior, y, sobre todo, tomando en consideración las aportaciones de las numerosas investigaciones realizadas en los últimos años sobre conflictos específicos, sí es posible avanzar una propuesta de marco para el análisis del conflicto en nuestras sociedades contemporáneas. En este punto en concreto, mi intención es bien modesta: trataré de presentar simplemente algunos de los fundamentos sobre los que debe descansar el análisis pero, sobre todo, de plantear las principales dimensiones o niveles de estudio que, a mi juicio, han de incorporarse a las investigaciones en este campo. Para comenzar, el estudio del conflicto debe abordarse tomando en consideración las aportaciones de la vasta y heterogénea corriente de pensamiento que se engloba bajo la denominación del “retorno del actor” en sociología. Esto supone vincularse con una buena parte de las propuestas teóricas y metodológicas formuladas por los estudiosos de la acción colectiva a partir de mediados-finales de la década de los setenta del siglo XX. No creo que sea éste el momento para profundizar en las controversias que han enfrentado desde entonces a los miembros de las distintas escuelas o corrientes de pensamiento que se han ido formando en el seno de este empeño común3. Deseo simplemente constatar que el estudio de los conflictos sociopolíticos se enriquece considerablemente cuando “toma prestados” los conceptos y herramientas de análisis de esta tradición.Y ello por muy diversas razones, algunas de las cuales defenderé brevemente antes de entrar en los que considero son los elementos fundamentales para el análisis. Para el estudio del conflicto, la sociología del actor ha supuesto esencialmente recuperar dos presupuestos básicos. El primero de ellos es devolver a la acción social su papel en la configuración de los fenómenos sociales, más allá de las diversas determinaciones que imponen los factores estructurales. La acción social vuelve a tener, así, un papel significativo en la historia de las sociedades humanas. Por otro lado, en la medida en que la acción social se concibe como esencialmente racional4, el conflicto puede ser entendido como resultado de la falta de acuerdo o del choque entre los intereses, reivindicaciones, demandas o incluso agravios, planteados por distintos actores sociales en contextos históricos y geopolíticos dispares.Y, a partir de aquí, las preguntas más relevantes a las que debe esforzarse por responder el científico social son el porqué, el quiénes y el cómo de la formación, desarrollo y consecuencias del conflicto. El “retorno del actor a un primer plano” hace posible, así, incorporar el conflicto a la cotidianeidad de la vida social.Y, al mismo tiempo, obliga a emplear una perspectiva amplia de estudio, en la que la mirada pluridisciplinar y el rechazo a cualquier pretensión de unicausalidad se configuran como ideas guía para el análisis. Puesto que el objetivo último de esta propuesta es tratar de sacar a la luz las relaciones entre el conflicto y el cambio social, no cabe sino apostar por un marco teórico complejo para el estudio de unos fenómenos sociales asimismo extremadamente complejos.

3.- En él deben incluirse los trabajos de autores como A.Touraine (1987), Ch.Tilly (1978, 2003), S.Tarrow (1997) o A. Melucci (1991), por citar únicamente aalgunos de los más conocidos. 4.- En este punto es necesario advertir que para la sociología del actor postular la racionalidad de los actores sociales no supone en modo alguno defender una concepción reduccionista de la racionalidad, tal y como lo hace la mayoría de las propuestas del análisis económico de lo social.

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Sobre la base de estas primeras consideraciones, se pueden apuntar otras dos ideas que también deben ocupar un lugar destacado en nuestro tema de estudio. La primera de ellas es defender, en la línea de Tilly, la conveniencia de trabajar con una concepción política del conflicto social5. Pero, a mi entender, ello no significa encerrarse en una concepción que algunos han criticado al tiempo por defender una concepción hiperpolitizada de la sociedad, y por no incluir otro tipo de fenómenos como pueden ser los conflictos latentes -todavía no visibles-, o incluso algunas formas de violencia o delincuencia aparentemente individuales y supuestamente irracionales. Implica, por el contrario, prestar una especial atención a la dimensión “pública” de los conflictos sociales, en la medida en que -incluso cuando todavía no se han hecho visibles, y aunque puedan no dar lugar a acciones colectivas apreciables- siempre constituyen fenómenos en los que los distintos actores implicados expresan -con formas que pueden ser muy diversas- demandas que, antes o después, deberán ser tomadas en cuenta, respondidas o rechazadas por parte de los demás grupos y, más en concreto, por la esfera de la política. De ahí que, una vez más, tengamos que admitir que los conflictos sociales están indisolublemente vinculados con el cambio social. Pero es también a partir de esta idea cuando cobra sentido reivindicar -como ya expuse al comienzo de este texto- que se debe prestar una especial atención a los conflictos de ciudadanía; es decir, a aquéllos en los cuales las demandas de los actores inciden en las pautas que conforman la pertenencia y la implicación en la comunidad o sociedad en cuestión. O, por decirlo de otro modo, los conflictos que acaban por traducirse en reivindicaciones que afectan al ejercicio real de los derechos y deberes de los miembros de cualquier tipo de comunidad política. En segundo lugar, trabajar en esta línea lleva a apostar por una sociología empírica del conflicto a partir de la cual se pueda seguir avanzando en la tarea de reforzar los marcos teóricos, las herramientas conceptuales y los métodos de análisis de los conflictos sociales. El estudio de conflictos concretos -sin olvidar la importancia del análisis comparado- debe permitir diferenciar entre acontecimientos conflictivos y conflictos de mayor alcance que, presumiblemente, estén en el origen o sean la expresión de procesos significativos de cambio social. Por ello, la dimensión histórica de los conflictos ha de incorporarse siempre a la reflexión. Pero al mismo tiempo, se impone una tarea de revisión y ampliación de las fuentes y métodos tradicionalmente aplicados a su estudio, que nos permita llevar a la práctica el principio de la inevitable pluridisciplinareidad con la que hay que abordar el estudio de los conflictos sociales. A partir de estos principios, se pueden avanzar los principales elementos de análisis de los acontecimientos y procesos conflictivos. Expuestos de forma muy resumida, éstos son los siguientes: 1.Los distintos actores que se encuentran involucrados, de forma directa o indirecta, en los conflictos analizados. Es preciso identificar todas aquellas instituciones, organizaciones, movimientos y grupos de distinta naturaleza que juegan algún papel en el origen y evolución del conflicto, sin olvidar que es muy posible que algunos de ellos aparezcan o desaparezcan a lo largo de su desarrollo. En concreto, al hablar de los actores, hay que considerar al menos cuatro cuestiones diferentes:

5.- Para Tilly (1998) existirá un conflicto político en la medida en que: a) un grupo realice reivindicaciones colectivas públicas visibles sobre otros actores y b) al menos una de las partes afectadas por las reivindicaciones sea un gobierno. Así, dentro de la categoría de conflicto político se incluyen fenómenos aparentemente tan dispares como las reboluciones, las rebeliones, las guerras, los conflictos étnicos, los movimientos sociales, el genocidio, las campañas electorales, las huelgas, los cierres patronales, las parodias públicas ...

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a) El contenido de las reivindicaciones, demandas y agravios que expresan cada uno de los actores. Son éstos los que, al menos en un primer momento, definen la naturaleza del conflicto y, en buena medida, indican el probable desarrollo del mismo. En este punto, conviene no olvidar que a lo largo de la evolución de un conflicto siempre tienen lugar modificaciones significativas de estas demandas.Y también es importante tener presente que el análisis debe abordar no sólo el contenido de las reivindicaciones sino también la forma en que éstas se expresan. b) Las estrategias que definen y ponen en práctica los distintos actores para lograr la consecución de sus demandas o la reparación de los agravios son también un factor importante de estudio. Conviene recordar que se parte del presupuesto de la racionalidad de la acción social. Por lo tanto, el análisis deberá inquirir acerca del modo en que los diferentes actores -insertos en contextos sociales, políticos, económicos y culturales diversos- establecen estrategias de actuación dirigidas al logro de sus fines. La influencia de dichos contextos, así como la de la propia evolución del conflicto, en el establecimiento y modificación de las estrategias es también un elemento significativo del análisis. c) Íntimamente relacionado con el punto anterior, hay que recordar que el establecimiento de los marcos con los que los actores atribuyen significados precisos a los distintos componentes del conflicto constituye un componente esencial de su propia racionalidad. Admitir este hecho supone profundizar en los procesos por los cuales dichos actores enmarcan discursivamente tanto la propia formulación de sus demandas como la de sus estrategias de acción. d) Afirmar la racionalidad de la acción social no excluye admitir la relevancia de las identidades colectivas en la misma. De aquí que, a la hora de considerar a los actores involucrados en un determinado conflicto, deba tenerse presente que el modo en que son formuladas las demandas, y el establecimiento de las estrategias destinadas a su consecución, están íntimamente relacionados con un fenómeno previo: la construcción de un “nosotros común” por parte de cada uno de los actores. En una buena parte de los conflictos, dichas identidades -siempre “imaginadas” según algunos autores (Anderson, 1983)- se definen en oposición -o incluso de forma excluyente- con respecto al otro o a los otros, que se convierten, así, en adversarios. Los procesos de construcción de las identidades colectivas son fenómenos extraordinariamente complejos, en los que participan tanto los propios miembros del grupo como los de los grupos “opositores” y toda otra serie de actores sociales entre los que destacan en las sociedades contemporáneas los medios de comunicación. Pero, a pesar de la complejidad de este “juego de espejos”, es imprescindible incorporarlo al marco de análisis. 2. El segundo elemento del análisis de los conflictos está constituido por los propios procesos de desarrollo del conflicto. Al aplicar una perspectiva dinámica de estudio, es necesario observarlo de modo diacrónico, prestando atención a las distintas fases que atraviesa y, dentro de cada una de ellas, a los cambios en las estrategias de los actores y sus consiguientes pautas de movilización, así como a las posibles transformaciones en el modo en que se plantean las demandas. Una buena parte de las investigaciones publicadas hasta la fecha hacen especial hincapié en dos cuestiones: a) La construcción de redes sociales en torno a los actores y, por lo tanto, el modo en que éstas intervienen en el propio desarrollo del conflicto.

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b) El modo en que se configuran los procesos de movilización de los actores. En este punto en concreto, se ha empleado con frecuencia el concepto de ciclos de movilización (Tarrow, 1997) o de protesta. 3. Una de las principales contribuciones de Ch. Tilly al estudio de la “política de la contienda” (“contentious politics”) ha sido, sin duda, el concepto de repertorio de acción colectiva. Dicho término ha sido empleado en las ciencias sociales para aludir a aquel “stock de conocimiento disponible” (Schutz, 1973) a partir del cual los individuos y grupos pueden extraer distintos tipos de recursos. En el caso de los estudios de acción colectiva, el repertorio ha sido definido como:“el conjunto de medios que un grupo posee para realizar demandas de distintos tipos sobre distintos individuos o grupos”; o también como:“los medios alternativos de actuar conjuntamente en base a intereses compartidos”. En el análisis sociopolítico contemporáneo, la idea de repertorio ha sido muy útil a la hora de analizar el modo en que los conflictos son moldeados por las demandas específicas de los actores. En su formulación original, en la obra de Tilly, el repertorio posee una dimensión dinámica e interactiva: cambia en función de la racionalidad estratégica del actor, establecida en la interacción con las estrategias de los demás actores. Por lo tanto, un actor concreto empleará un medio de acción determinado no sólo en función del objetivo que espera alcanzar, sino también teniendo en cuenta lo que es posible hacer, los recursos de que dispone y sus propias capacidades y posibilidades. Como afirma el propio Tilly: “El repertorio de acción colectiva de una determinada población incluye por lo general sólo un puñado de alternativas. Generalmente cambia despacio, y parece obvio y natural para las personas implicados en él. (Tilly, 1978:156). Por consiguiente, el autor insiste en que ciertos tipos de acción son recurrentes, reconocibles y familiares para aquéllos que las emplean, que participan en ellas. Pero, además, incorpora la idea de que, si bien los repertorios están determinados en último término por factores de tipo racional y estratégico, es inevitable admitir que su elección y sus cambios dependen también de las identidades de los contendientes, así como de la historia acumulativa de las luchas colectivas. En definitiva, el concepto de repertorio introduce componentes estructurales, culturales e históricos en el análisis del modo en que los actores se expresan en el contexto de los conflictos sociales. En este sentido, su análisis permite ir más allá de una dimensión puramente instrumental del conflicto -las formas en que se expresa, en que se hace visible- en cuanto se afirma la influencia de estos mismos medios en el propio desarrollo del conflicto6. 4.Las políticas dirigidas a la resolución de los conflictos son el último de los elementos de análisis del conflicto social que se incluye en esta rápida clasificación7. Se trata de un tema que no suele aparecer en la mayoría de las investigaciones sobre conflictos sociales realizadas por autores que trabajan desde la perspectiva de la sociología de la movilización, sino que pertenece más bien al campo politológico y, más concretamente, al de los estudios sobre pacificación y resolución de conflictos (casi siempre, de 6.- Un buen ejemplo de la influencia de los repertorios de acción en los conflictos se encuentra en los medios de acción violentos; es decir, aquellos que implican un riesgo d daños contra las personas o contra las cosas. El estudioso deberá preguntarse no sólo por cuales son las condiciones que llevan a que ciertos actores lo utilicen, o por cuáles son los umbrales de violencia tolerados en una determinada sociedad, sino por el impato del propio empleo de esos medios en el desarrollo y resolución de un conflicto violento. 7.- En la literatura académica, se suele emplear el término “accomodation policies”, de difícil traducción al castellano, para referirse a este tipo de políticas.

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carácter internacional). No obstante, con algunas matizaciones, creo conveniente incorporarlo dentro las dimensiones básicas del análisis de los conflictos sociopolítico. En la medida en que se asuma el carácter político de la mayoría de los conflictos sociales, ha de admitirse también que los actores políticos tradicionales (partidos políticos, gobiernos, instituciones representativas…) acaban jugando un papel relevante en ellos. En consecuencia, no se puede pasar por alto que una de las formas por medio de las cuales estos actores intervienen en los conflictos, es diseñando y aplicando políticas específicas destinadas, con mayor o menor fortuna, a hacerles frente y, eventualmente, a resolverlos. Si manejamos una concepción amplia de lo que los expertos denominan “políticas públicas”, e incluimos también a toda otra serie de actores políticos “no convencionales” (movimientos sociales, ONGs, asociaciones etc..) en su elaboración y puesta en práctica, no podemos negar que todas las dimensiones anteriormente mencionadas de los conflictos (actores, procesos, repertorios, identidades..) se verán afectadas por éstas8. En los últimos veinte años se han aplicado, sobre todo en dos campos, esquemas analíticos semejantes al que se acaba de exponer. Primero, en el estudio de los bien o mal llamados nuevos movimientos sociales. Paralelamente, también aparecen en numerosos estudios sobre aquellas formas de expresión de la protesta que plantean nuevos tipos de demandas a nivel global; en concreto, su empleo es habitual en los análisis de los movimientos indígenas desde los años noventa, así como aquéllos que abordan el estudio de los conflictos relacionados con las demandas de reconocimiento cultural (Kymlicka, 1996; Fraser, 1995). Algo más recientemente, y con menos fuerza que en los casos anteriores, se percibe un cierto intento de aplicar esta perspectiva a dos tipos de “viejos” conflictos sociopolítico: los de carácter nacionalista y los tradicionales conflictos industriales. Por lo que respecta a estos últimos, se trata de un tema de estudio en declive, quizá debido a la difusión de diagnósticos acerca de la pérdida de centralidad del trabajo en las sociedades actuales que, por lo tanto, haría disminuir su papel como factor de conflicto social en el mundo de la “modernidad tardía”. Finalmente, se constata una significativa falta de comunicación entre este tipo de análisis sociopolítico del conflicto y toda la potente línea de investigación sobre la resolución de los conflictos en dos campos afines: las relaciones internacionales y una rama de la ciencia política que sigue muy centrada en la dimensión institucional y en el estudio de las políticas públicas. 4. LAS TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES DE LOS CONFLICTOS SOCIALES EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS COMO MARCO EN EL QUE UBICAR EL ESTUDIO DE LOS CONFLICTOS VINCULADOS CON LA INMIGRACIÓN Si algo caracteriza a los conflictos que se suelen asociar con la inmigración es su relativa novedad en el ámbito europeo y la absoluta en el caso español. De ahí que sea conveniente esforzarse por enmarcar la reflexión dentro del conjunto más amplio de transformaciones -y permanencias- que caracterizan a los principales conflictos que aquejan a las sociedades de nuestros días. A la hora de interpretar los actuales conflictos sociales, uno de los argumentos que se emplean con cierta frecuencia es el relativo fracaso del binomio “democracia igual a bie8.- Por ejemplo, sería absurdo negar la influencia de las transformaciones de los marcos legales que definen el estatuto de los extranjeros, y de la forma concreta en la que están siendo aplicados, en los conflictos asociados con la inmigración en España.

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nestar”, sobre el que se fundamentó una buena parte del análisis sociopolítico de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo. La promesa de la extensión de los procesos de desarrollo económico y modernización social más allá del mundo occidental, con la consiguiente difusión de los sistemas políticos democráticos, se ha cumplido sólo en parte.Y, por lo tanto, difícilmente puede seguir manteniéndose la confianza en que el modelo de sociedad democrática de bienestar supondría la resolución “natural” de una buena parte de los conflictos que habían caracterizado a las sociedades industriales de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Esta frustración ha llevado a las ciencias sociales a reconocer una doble realidad. Ante todo, los estudiosos nos han alertado desde hace ya tiempo de la persistencia de muchas de las viejas líneas de fractura social que estaban en el origen de los conflictos de las sociedades más avanzadas hace ya más de cincuenta años. Por consiguiente, al tiempo que se reconocen los indudables cambios con los que se expresan las tradicionales formas de la desigualdad, y a la par que se subrayan también los esfuerzos con los que se intenta hacerlas invisibles, se nos advierte de los peligros de pasarlas por alto. Paralelamente, el análisis sociológico lleva ya tiempo constatando que se han ido formando otras nuevas líneas de fractura social que no sólo no borran las primeras, sino que se superponen a ellas en un mundo cada vez más globalizado y más complejo. Me estoy refiriendo al impacto de factores como el género, la etnia, la religión o la edad -“descubiertos” por las ciencias sociales mucho más recientemente- en la constitución de las pautas de desigualdad social y, por lo tanto, en la aparición de nuevos tipos de conflictos sociales. En medio de los diversos diagnósticos sobre la bien o mal llamada “crisis” del Estado de Bienestar, uno de los temas relevantes de debate es, precisamente, el grado de eficacia que han tenido las políticas sociales de los distintos modelos de bienestar a la hora de incidir en estas viejas y nuevas formas de la desigualdad social. Por otro lado, no se puede olvidar que, paralelamente, se está asistiendo desde hace ya algún tiempo al debate acerca de la crisis en el que estaría sumido el Estado democrático. Al igual que sucede con el Estado de Bienestar, uno de los interrogantes principales es si los actuales sistemas democráticos son capaces de dar respuesta de forma adecuada a los principales conflictos sociopolíticos a los que se enfrentan. Las razones que se esgrimen para hablar de crisis de los sistemas democráticos son muy variadas, y también en este caso predomina el disenso sobre los puntos de acuerdo. En todo caso, para mi propio argumento, pueden mencionarse de forma muy rápida los siguientes razonamientos. Para empezar, habría que tomar en cuenta toda la larga discusión que cuestiona la permanencia del Estado como actor político por excelencia en un mundo globalizado; una crítica que afecta tanto al papel del Estado en el escenario internacional, como a su posición hegemónica en la política interna (Held, 1997). Por otro lado, algunos autores cuestionan la legitimidad y eficacia de los canales tradicionales de representación y participación política de los sistemas democráticos a la hora de captar las demandas de los distintos actores sociales y, sobre todo, de resolver los conflictos. Este tema se encuentra íntimamente relacionado con una serie de trabajos que tratan de mostrar las consecuencias más sombrías del notable crecimiento de la desafección en la vida política de las democracias contemporáneas (Norris, 1999, 2002; Putnam, 1995, 2003; Eliasoph, 1998). Aunque predomina la falta de acuerdo sobre una buena parte de estos diagnósticos, no puede negarse que en los últimos años están cobrando fuerza las posturas que insisten en el surgimiento de una esfera de la “nueva política”, que incorporaría a otros actores relevantes más allá de los tradicionales actores políticos institucionalizados en los sistemas democráticos. Si nos situamos en el plano internacional, encontraremos las tesis que defienden el nacimiento de una nueva sociedad civil global (Kaldor, 2005), o incluso la 45

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constitución de una nueva forma de imperio (Negri, 2002). Si permanecemos en el plano de la política interna o nacional -si es que se puede seguir manteniendo hoy en día la división entre nacional/internacional- deberemos referirnos a los debates acerca de la renovación de los sistemas democráticos y, más concretamente, a las propuestas de nuevas formas de “democracia participativa”. A pesar de su diversidad de planteamientos y de objetivos de estudio, por debajo de todos estos debates subyace el reconocimiento de una significativa transformación en los conflictos que aquejan a las sociedades actuales. Baste con recordar, por citar únicamente algunos de los temas más difundidos, las tesis sobre las transformaciones radicales que están sufriendo los conflictos bélicos, que han llevado a algunos autores a hablar de “nuevas guerras” o de “guerras globales” (Castells, 2001; Kaldor, 2001). O bien, en el ámbito de la política interna, cabría mencionar la difusión de una línea de trabajo que estudia unos nuevos tipos de conflictos frente a los cuales las instituciones democráticas clásicas se encuentran con serias dificultades para comprender y responder; por ejemplo, todos aquéllos que incorporan demandas de reconocimiento de la diversidad cultural. En todo caso, sea cual fuere la perspectiva adoptada, el análisis académico coincide en admitir que se ha producido un aumento de la complejidad de los conflictos a los que se enfrentan las sociedades democráticas, junto a un incremento paralelo del ritmo de las transformaciones sociales. Esta constatación lleva a otro punto de acuerdo: la necesidad de un esfuerzo por renovar las perspectivas y herramientas de estudio, que deben emplearse desde las ciencias sociales para tratar de interpretar todo este conjunto de fenómenos (Melucci, 1998). A riesgo de simplificar, es posible tratar de identificar algunos de los cambios más significativos que, según los estudiosos, caracterizan a estos nuevos conflictos sociales. El catálogo que a continuación se presenta es seguramente incompleto, el orden en el que se presentan los cambios no pretende establecer ninguna jerarquía entre los mismos y, finalmente, hay que volver a recordar que todos ellos se encuentran íntimamente interrelacionados. Para empezar, un buen número de trabajos destaca en el aumento de la visibilidad y de la importancia de los conflictos asociados con el reconocimiento. Se trata de situaciones en las que una parte significativa de las demandas y reivindicaciones de los actores están vinculadas con su identidad, con el modo en que entienden su “nosotros común”. Por consiguiente, sus reivindicaciones remiten a factores culturales o a estilos de vida que se consideran claves para la propia existencia del grupo. Los ejemplos más característicos de este tipo de conflictos son aquéllos en los que han sido, o siguen siendo, actores destacados los movimientos feministas, los de gays y lesbianas o los movimientos indígenas.A pesar de las indudables diferencias que separan a todos estos movimientos, una parte muy significativa de sus reivindicaciones tiene como elemento común reclamar el reconocimiento de sus diferencias con respecto al resto de los grupos que forman parte de la comunidad política. El reconocimiento implica no sólo el derecho a la visibilidad, sino también la concreción de estos derechos en políticas concretas que permitan la expresión y mantenimiento de las diferencias9.Y por ello, este tipo de reivindicaciones plantean el problema de cómo incorporar estas nuevas diferencias, formuladas con el lenguaje de los derechos de ciudadanía, en el seno de los principios e instituciones del Estado democrático. El debate entre los defensores del mul9.- Entre otros muchos ejemplos, pueden citarse el impacto de las reivindicaciones del uso de la propia lengua en el sistema educativo o en la organización y funcionamiento de las instituciones políticas, muy extendidas entre ciertas minorías nacionales o grupos étnicos, o las demandas del derecho al matrimonio y a la adopción de hijos del movimiento homosexual.

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ticulturalismo frente a quienes siguen manteniendo que el pluralismo es la única base posible sobre la que organizar las instituciones democráticas, es un buen exponente de la complejidad de estos conflictos, y de las enormes dificultades para integrarlos dentro de los marcos políticos y jurídicos de los sistemas democráticos occidentales10. No obstante, admitir la creciente importancia de los conflictos de la diferencia no significa necesariamente asumir el error de contraponer este tipo de reivindicaciones a las viejas demandas de la redistribución. En la línea de los argumentos de N. Fraser (1995) y de G. Procacci (1999), parece mucho más útil afirmar que los viejos conflictos propios de la sociedad industrial, que tenían como objetivo la reclamación del derecho a la redistribución de la riqueza y, por lo tanto, la consecución de mayores niveles de bienestar general, siguen vigentes en nuestras sociedades contemporáneas, pero sumados, transformados y amplificados por las nuevas demandas de la diferencia. Por consiguiente, la existencia de una estrecha relación entre desigualdad estrictamente socioeconómica y otras formas de desigualdad social -basadas en el género, la edad, la religión, la etnia, la orientación sexual…- es una de las ideas básicas que debe guiar el análisis de los conflictos sociales. Un segundo conjunto de cambios reconocidos por un buen número de estudiosos se refiere a los medios por medio de los cuales se expresan las demandas y reivindicaciones de los actores; es decir, nos remiten a las formas de expresión del conflicto. Existe un primer grupo de interpretaciones que hacen hincapié en lo que algunos autores llaman la extensión de la política de la protesta, o de la “política contenciosa” (MacAdam, 2005), en el seno de los sistemas democráticos actuales. No existe tampoco un acuerdo amplio sobre cuáles son las principales causas que explican este cambio, pero sí un sentimiento bastante difundido de que están relacionadas con la pérdida de eficacia que se atribuye a los canales democráticos tradicionales, vinculada a su vez con el fenómeno de la desafección política. En cualquier caso, sí se ha comprobado que actores de muy distinta naturaleza recurren cada vez con mayor frecuencia a medios “no convencionales” para expresar sus demandas. Así, las manifestaciones, las marchas, las ocupaciones de edificios o encierros, o los bloqueos de tráficos adquieren un puesto destacado en los repertorios de muchos de los actores implicados en conflictos de muy distinta naturaleza.Y lo que es bien significativo es que son considerados como medios legítimos y eficaces, y por lo tanto son frecuentemente utilizados, tanto por los actores convencionales (partidos políticos, sindicatos, incluso iglesias..), como por los demás tipos de actores (asociaciones, ONGs, movimientos sociales…). El único límite claro para la mayoría de éstos es la sutil línea que establece el riesgo a la violencia asociado a ciertos medios de acción. El repertorio de los actores se amplía así con lo que el análisis sociopolítico clásico denominaba medios “no convencionales” de acción, sin que ello implique que se deje de emplear todo aquel otro conjunto de medios habitualmente asociados con la vida democrática normalizada (peticiones, conferencias de prensa, manifiestos, “lobbying”...). Por otro lado, los análisis de los repertorios de acción consideran también la influencia de la nueva política globalizada en la forma en que se expresan los conflictos. La centralidad de la información y de la imagen en el mundo de la posmodernidad introduce innovaciones importantes en las formas de acción. La necesidad de globalizar ciertas reivindica10.- Algunos de los principales exponentes de este debate son Ch.Taylor (1997),W. Kymlinka (1996), S.P. Huntington (2002) y G. Sartori (2003).

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ciones y las exigencias de la difusión de las mismas, en las que la telegenia de las acciones juega un papel relevante, han sido facilitadas por la enorme difusión de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTICs). Éstas han hecho posible algunas transformaciones interesantes de los viejos repertorios de la contienda, como son la manifestación global o la firma de peticiones a través de Internet, o incluso el surgimiento de otros nuevos medios de acción. En cualquier caso, todos estos procesos facilitan la copia o difusión de los repertorios, así como las redes supranacionales de apoyo a los actores en conflicto, que pueden llegar a jugar un papel muy relevante en su desarrollo, como se ha podido comprobar en algunos movimientos indígenas (el caso de Chiapas es paradigmático a este respecto), o en el movimiento altermundista. Todas estas transformaciones en las formas en las que se expresa la contienda sociopolítica ratifican la propuesta de Ch.Tilly de considerar que son los “repertorios modulares” los que más se adecuan al contexto actual en el que se desarrollan los conflictos. Con este término, el autor se refiere a repertorios flexibles y simples, fáciles de poner en práctica, ampliamente conocidos por un buen número de grupos sociales, y que se adaptan muy fácilmente a contextos conflictivos muy diversos. Los cambios en el tipo de actores implicados en los conflictos son otro de los elementos destacados por el análisis sociopolítico en la última década. La tesis principal que se maneja es que nos encontramos ante una creciente complejidad, en la medida en que se suman los viejos actores de la escena política democrática a otros nuevos de muy distinta naturaleza. Se trataría, pues, de reconocer, no tanto la yuxtaposición de una nueva esfera de la política democrática junto a la vieja, como planteaban algunos estudiosos ya en la década de los ochenta (Offe, 1997), sino de afirmar que se están produciendo una inéditas interrelaciones entre ambas que dan lugar a redes intra y supranacionales de actores relevantes en los conflictos. Así, los partidos políticos y los sindicatos siguen jugando un papel destacado, en tanto que representan la permanencia de las viejas líneas de fractura socioeconómica y de división ideológica en el origen de muchos de los conflictos. Pero, al mismo tiempo, en la vida democrática de las últimas décadas surge todo un conjunto de actores colectivos que se diferencian de los anteriores por algunos rasgos muy significativos. Ante todo, se trata de movimientos u organizaciones que agrupan a personas en base a identidades, intereses u opiniones compartidas que no pueden reducirse a las viejas líneas de la desigualdad social, ni tampoco a concepciones ideológicas en sentido estricto. En concreto, no responden a la posición de los grupos sociales dentro del mercado de trabajo, a la pertenencia a una cierta clase social, ni tampoco a divisiones de carácter ideológico-político. Por el contrario, y sin pretensiones de agotar el tema, hallamos agrupaciones de personas con visiones del mundo compartidas, o con intereses comunes acerca de temas muy específicos. Este tipo de organizaciones respondería a lo que algunos autores denominan la difusión de la política del “estilo de vida” (Norris, 1999), entre las que destacan las organizaciones ecologistas, las pacifistas, o los movimientos altermundistas. Por otro lado, también se percibe el aumento de la relevancia y de la visibilidad de asociaciones u organizaciones de carácter “comunitario”, que reflejan la creciente importancia de las reivindicaciones de los derechos de la diferencia, mencionados con anterioridad. Los movimientos y organizaciones de gays o lesbianas, los movimientos indígenas, los de mujeres o, más recientemente, de personas de la tercera edad se convierten así en actores políticos relevantes. Pero, además de diferenciarse por el principio en base al cual se crea la organización o el movimiento, los nuevos actores se distinguen también por la búsqueda de formas de organización diferentes a las de las tradicionales organizaciones socioeconómicas -los sin48

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dicatos- o políticas -los partidos políticos-. Ante todo, desde hace ya décadas los “nuevos” movimientos sociales fueron pioneros al establecer formas de organización más precarias e inestables, como vía para reforzar el funcionamiento democrático de sus organizaciones, pero respondiendo también a una concepción de un compromiso ciudadano más inestable y esporádico. Paralelamente, algunas de estas organizaciones manejan un discurso de crítica, y en ocasiones de rechazo explícito, a los marcos y reglas de la vieja esfera de la política democrática. Se encuentran, así, frecuentes argumentos antipolíticos que se entremezclan con reivindicaciones de muy distinta naturaleza a favor de la implicación de la sociedad civil en amplios aspectos de la vida social. Al mismo tiempo, las últimas décadas han sido calificadas por algunos estudiosos como las del auge del asociacionismo y de las ONGs, frente al declive de la afiliación a las organizaciones políticas y socioeconómicas tradicionales. Todo este conjunto de transformaciones, cuyas consecuencias últimas sobre el funcionamiento y transformación de las democracias contemporáneas todavía no estamos en condiciones de establecer de un modo definitivo, están afectando claramente a la expresión y desarrollo de los conflictos sociopolíticos. En primer lugar, porque exigen matizar la tradicional división entre actores políticos y actores sociales, así como extender el concepto de esfera política a ámbitos que hasta hace poco eran considerados propios de la esfera social, o incluso de la privada.Y ello supone también admitir el aumento de la diversidad de los actores implicados en los viejos y nuevos conflictos sociopolíticos, en un panorama cada vez más complejo. Los actores de los conflictos son más numerosos, y cada vez más diversos por el tipo de reivindicaciones que defienden, por sus formas de organización, por los repertorios que emplean para hacerse visibles en la contienda; todo ello en un mundo globalizado en el que las divisiones entre lo nacional y lo internacional no hacen sino desdibujarse, por lo que son actores extremadamente competentes a la hora de establecer redes intranacionales de alianzas y apoyos mutuos. 5. LA REIVINDICACIÓN DE LA CENTRALIDAD DEL CONCEPTO DE CIUDADANÍA PARA EL ESTUDIO DE LOS CONFLICTOS ASOCIADOS CON LA INMIGRACIÓN A partir de mediados de la década de los ochenta del siglo XX, se ha asistido a una recuperación del interés por la ciudadanía en las ciencias sociales. Una de las razones esgrimidas para explicar la popularidad que ha adquirido el término, así como el fortalecimiento de esta línea de investigación, es que la ciudadanía -entendida en el sentido “contemporáneo” que adquirió a partir de la obra de T.H. Marshall (1998)- lograba incorporar dos exigencias claves para el análisis sociopolítico (Turner, 1992). En primer lugar, el concepto permitía mantener el foco de interés en las relaciones entre la desigualdad socioeconómica y las formas en que en las sociedades contemporáneas se define la pertenencia y la implicación de individuos y grupos en las sociedades en las que viven. Pero, al tiempo, la ciudadanía hacía posible incorporar nuevas demandas asociadas a la pertenencia y a la implicación; unas reivindicaciones de igualdad política y social efectiva -de ciudadanía sustantiva- que, como se ha tenido ocasión de comprobar en apartados anteriores, insisten en demandas de naturaleza cultural y proclaman otras maneras posibles de formar parte y de participar en la comunidad política. En este contexto, cobra sentido la propuesta ya comentada de Ch. Tilly de afirmar que los principales conflictos que marcan la historia contemporánea del mundo occidental son conflictos de y sobre la ciudadanía. Frente a la concepción más bien “consensualista” del desarrollo histórico de la ciudadanía defendida por T.H. Marshall, se esgrime que el doble 49

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proceso histórico de construcción del Estado Nación y de democratización del mismo está marcado fundamentalmente por dos tipos de conflictos: de un lado, por las luchas a favor de la ampliación de los límites que definen la pertenencia a la comunidad política; y, del otro, por los conflictos que provoca el cuestionamiento de la naturaleza de los derechos y deberes que se vinculan a la noción de ciudadano miembro de la comunidad.Así, la construcción de los tres tipos de derechos de los que hablaba Marshall -civiles, políticos y sociales- no debería entenderse como un proceso inevitable, guiado por la lógica de desarrollo de la economía capitalista y resuelto por medio de la concesión gradual de estos derechos por parte del Estado. Por el contrario, este proceso histórico de ampliación de derechos -a los que en la actualidad deberíamos añadir los llamados “de cuarta generación”- sería el resultado de largos y profundos conflictos en los que distintos grupos sociales se enfrentaron con el Estado precisamente a causa de sus reivindicaciones de ampliación de derechos, o de puesta en práctica efectiva de los mismos. Las formas de construcción de la ciudadanía serán, pues, diversas dependiendo de los casos históricos considerados, pero también según el grupo social que tomemos como objeto de estudio (clase obrera, mujeres, indígenas, gays y lesbianas..). Pero, además, también hay que reconocer que, a lo largo de los mismos, se han producido retrocesos; es decir, limitaciones de la atribución de la pertenencia y del tipo de derechos asociados con la ciudadanía. Admitir esta concepción de la ciudadanía implica, ante todo, como se ha tenido ocasión de exponer en apartados anteriores, normalizar el conflicto dentro del doble proceso de construcción del Estado Nación y de democratización del mismo.Y supone, por insistir en uno de mis argumentos más recurrentes, incorporar la dimensión política en el centro de los conflictos sociales, en la medida en que el Estado se ve obligado a responder necesariamente a estas demandas de ampliación de la ciudadanía. Por otro lado, trabajar con una concepción sociopolítica de la ciudadanía -en la línea de Marshall y de sus críticos- significa entender dicho concepto como el factor clave que determina la inclusión o exclusión dentro de la comunidad política. De esta idea se desprenden otras dos consideraciones decisivas para el estudio de los conflictos de ciudadanía. La ciudadanía define, ante todo, la pertenencia a la comunidad política. Es decir, establece los requisitos para que las personas se reconozcan a si mismas, y sean reconocidas por los demás, como miembros plenos de la comunidad. La pertenencia se concreta en una serie de requisitos de naturaleza jurídica que establecen las condiciones para la obtención de la nacionalidad; pero también descansa sobre un conjunto de condicionantes socioeconómicos que determinan la posibilidad real de disfrutar y ejercer de forma sustantiva la ciudadanía11. A todo lo anterior, se añaden también una serie de factores que conforman los elementos claves de la construcción del “nosotros común” ciudadano (lengua, cultura, memorias colectivas, estilos de vida…). Pero la ciudadanía es algo más que el derecho a pertenecer a una determinada comunidad política. Es, sobre todo, el reconocimiento de la implicación; de la potestad del ciudadano a participar en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan al interés común, así como en la selección de los representantes encargados de ponerlas en práctica. Una implicación que, en sentido estricto, debería ir más allá de la esfera de la política, afectando a todos los aspectos de la vida social (el mundo del trabajo, la economía, las relaciones familiares…). Aunque sería necesario introducir algunas matizaciones, bien podría afir-

11.- La concepción de pobreza de A. Sen (1997) como ausencia de capacidades que permiten a una persona formar parte plenamente de su comunidad, es una muestra de la importancia de los factores socioeconómicos en la propia concepción de la pertenencia ciudadana.

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marse que existen evidentes puntos de conexión entre esta concepción de ciudadanía y el concepto de integración social. En buena medida, la ciudadanía sustantiva plena es un prerrequisito básico para la plena integración social. Si en este momento se vuelve la vista atrás y se recuerdan algunas de las cuestiones, planteadas de modo apresurado en los apartados anteriores, sobre los cambios que están afectando a los conflictos en nuestras sociedades actuales, debería admitirse que una gran parte puede englobarse bajo la categoría de conflictos o luchas por la ciudadanía. Son, en definitiva, conflictos por la inclusión, por el reconocimiento y por la extensión o profundización de ciertos derechos. Y a partir de aquí, sólo hay que dar un paso adelante relativamente sencillo para considerar los conflictos vinculados con la inmigración como luchas por la ciudadanía. La filosofía política ha reconocido siempre la existencia de una tensión entre dos lógicas en el desarrollo histórico de la ciudadanía en el mundo occidental (Zamora, 2005; Campillo, 2005; García Borrego, 2005). Por una parte, existe una lógica interna que apunta a una universalización igualitaria de los derechos humanos, que es la que subyace a los principios de la soberanía popular, y a la asunción de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Pero, al tiempo, se mezcla una concepción cerrada de la pertenencia a la comunidad de ciudadanos, entendida como una comunidad natural, heredada por medio de la nacionalidad y definida en términos étnicos y culturales. Esta segunda da lugar a una ciudadanía reservada sólo para aquéllos que cumplan estos requisitos y, por lo tanto, excluye a todos los demás. Los estudiosos señalan que este dilema estaba ya patente en la Declaración de los Derechos Humanos de 1789, y se ha mantenido a lo largo de todo el desarrollo del Estado Nación. Una contradicción que se concreta en la identificación entre la ciudadanía y la nacionalidad que resume, en el mundo contemporáneo, el problema clásico de la diferencia entre la población y el “demos”. La tensión se agudiza en el momento en que advertimos que el número de extranjeros -no nacionales- residentes y/o trabajadores en los países más avanzados ha aumentado de forma exponencial en las últimas décadas. La complejidad de las causas que explican el carácter y la fuerza de los flujos migratorios excede el objetivo de estas páginas. Pero lo que sí se debe admitir es que, en la actualidad, los inmigrantes/extranjeros son las principales figuras que cuestionan la conexión entre la nación, el territorio y el Estado, en un contexto definido por el aumento del control de los movimientos espaciales de la población y por el incremento de la liberalización de la circulación de capitales, tecnología e información. En definitiva, los inmigrantes en las sociedades más ricas hacen visible la creciente confrontación de la lógica del mercado con la de los derechos ciudadanos. S. Sassen (2003), siguiendo esta misma línea de defensa de la ciudadanía como perspectiva de análisis de algunos de los conflictos asociados con la inmigración, afirma que esta situación paradójica nos obliga a constatar que en las “ciudades globales” conviven cuatro tipos distintos de personas: a)los ciudadanos autorizados y plenamente reconocidos (los nacionales de “pleno derecho”), b)los ciudadanos autorizados pero no reconocidos (aquellos nacionales que ven limitado el ejercicio de la ciudadanía sustantiva por distintos motivos: las mujeres en algunos países, los pobres, los discapacitados…), c)los ciudadanos no autorizados pero reconocidos (en especial, los inmigrantes con papeles, a los que se niega al menos parte de los derechos y deberes de los ciudadanos plenos, pero que se convierten en actores significativos en algunas esferas de la vida social), y, por último, d)los ciudadanos no autorizados y no reconocidos (los “sin papeles”, aquéllos a los que se niegan todo tipo de derechos y que, por consiguiente, son invisibles).

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Además, todo este complejo conjunto de transformaciones que afectan a los flujos migratorios se está produciendo en medio de considerables transformaciones del modo en que la Unión Europea concibe el papel de los extranjeros. Aunque no me es posible profundizar en cómo se está limitando el ejercicio de sus derechos, sí me atrevo a exponer con brevedad algunas consideraciones sobre este fenómeno. Desde el comienzo del siglo XXI, y más concretamente como consecuencia de los atentados del 11S, se advierte un aumento del discurso sobre la seguridad en el ámbito europeo. Esta preocupación está influyendo en una reducción de las libertades y derechos de ciudadanía que nos afecta a todos, pero especialmente a la población extranjera, como puede comprobarse en ciertos planteamientos que subyacen a las leyes de extranjería vigentes en ciertos países de la UE. Pero, además, algunos autores señalan que las “nuevas” migraciones se producen en un contexto de cuestionamiento de algunos de los derechos sociales que parecían firmemente asentados en los Estados de Bienestar europeos, como consecuencia de la difusión de las tesis neoliberales a partir de la década de los 80. En todo caso, no debe olvidarse que las consecuencias sobre la política de bienestar, y sobre las pautas de desigualdad que han impuesto los giros en las políticas económicas de muchos de los países europeos, es un tema todavía muy debatido entre los especialistas. Pero sí se debe reconocer que la presencia de los inmigrantes en nuestras sociedades produce un “efecto espejo” sobre estas contradicciones (Zapata, 2000:15). En este sentido, la inmigración se convierte en un tema clave en los debates acerca de la profundización de la ciudadanía sustantiva en las sociedades democráticas.Y por ello, además, el fenómeno de la inmigración es un argumento central entre los defensores de una ciudadanía global, cosmopolita o transnacional, como quiera deseemos denominarla.Así, llegamos, una vez más, a una de las ideas que he planteado al inicio de este texto como guía de mi argumentación: el marco en el que deben comprenderse los conflictos, o los acontecimientos conflictivos, asociados con la inmigración es , esencialmente, el de los conflictos de y sobre la ciudadanía. Teniendo en cuenta todo lo expuesto con anterioridad, dedicaré los últimos párrafos de mi exposición a defender que ésta es una vía de trabajo extremadamente útil siempre que tengamos presentes algunas consideraciones básicas. Para empezar, es cierto que, en el mejor de los casos, el extranjero/inmigrante es un semiciudadano, un ciudadano de segunda categoría. Pero, incluso así, el análisis social debe considerarlo como un actor social y político potencialmente relevante. En este sentido, la tradición de investigación sobre otros grupos sociales con evidentes dificultades para lograr una ciudadanía sustantiva plena (entre otros, las mujeres, los jóvenes o los pobres) pueden servir de guía para avanzar en esta línea de estudio. Así pues, aún constreñidos por los marcos jurídicos y legales, y por sus condiciones de trabajo y de vida cotidiana, no debe pasarse por alto que, con toda probabilidad, los inmigrantes/extranjeros se irán convirtiendo cada vez más en sujetos activos de reclamación de derechos. Estas reivindicaciones -de derechos culturales, religiosos, laborales, políticos…- se encontrarán sin duda alguna en el origen de buena parte de los conflictos asociados con la inmigración12. Las formas que adopten estos conflictos, los actores involucrados en ellos y las vías para su resolución dependerán de muchos factores, entre los cuales pueden mencionarse el desarrollo del asociacionismo inmigrante, las relaciones que establezcan con otros actores sociales y políticos, y su acceso a los medios de comunicación, además de la aplicación 12.- Los conflictos de los inmigrantes sin papeles de Barcelona en invierno de 2001, o las movilizaciones de trabajadores ecuatorianos de Murcia en el mismo año, son dos buenos ejemplos de la forma que adoptan este tipo de conflictos de ciudadanía.

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concreta de las disposiciones legales acerca de los extranjeros. Además, no hay que olvidar que los movimientos de inmigrantes también participan de todas las transformaciones de la política de la protesta que se han mencionado con anterioridad. En este sentido, resulta interesante incorporar la propuesta de García Borrego de comparar la cuestión migratoria actual con el marco en el que se hablaba hace ya tiempo de la “cuestión obrera”: “Esta comparación es entre la forma en que durante los siglos XIX y parte del XX se hablaba de la “cuestión obrera” y la forma en que desde hace algo más de una década se habla en España de lo que podría llamarse la “cuestión migratoria”. Subirats (2002:14) la resume así: “los inmigrantes ocupan así el viejo papel de “clases peligrosas” reservado hace cien años a la clase obrera”.” (García Borrego, 2005:28) Aún así, uno de los factores que más influye en este tipo de conflictos, quizá en mayor medida que en otros, es la construcción social del fenómeno migratorio en el que tienen un papel destacado actores muy diversos: las instituciones políticas, los medios de información y los intelectuales, por seguir empleando los argumentos de García Borrego. Estas representaciones sociales afectan tanto a nuestro modo de ver y entender la migración y la figura del inmigrante, como también al diseño y aplicación de las políticas destinadas a la “integración” de los mismos. En su construcción, y en el modo en el que operan, intervienen tres factores fundamentales. En primer lugar, no se puede olvidar mencionar, una vez más, el impacto de lo que A.Triandafyllidou (2005) denomina la “segurización” de la inmigración. Por plantearlo con las palabras de la propia autora: “Los asuntos de migración suelen estar a menudo, relacionados con un sentimiento de “amenaza”. En los países de inmigración, a menudo se considera que los inmigrantes suponen una amenaza para “nuestros” empleos, rentas, cultura, orden público y estilo de vida. De hecho, en los debates sobre el tema, la migración se suele representar como un desafío al Estado del Bienestar de la sociedad de acogida y como una amenaza a la cultura nacional y al orden público. En resumen, la migración es definida como un “peligro” para la sociedad (Bigo, 1994; 1996)…… Los inmigrantes son una “anormalidad” para el orden nacional (Sayad, 1991). El resurgimiento actual del terrorismo internacional y el debate sobre la seguridad de él derivado se ha añadido oportunamente al antiguo discurso de la “amenaza” relacionada con la migración, y se ha establecido un vínculo entre migración, terrorismo internacional y “nuestro” sentimiento de seguridad.” (Triandafyllidou, 2005:45) En segundo lugar, es conveniente traer a colación los argumentos de R. Zapata (2004) sobre los peligros que entraña la difusión de una retórica populista sobre la inmigración, difundida entre muchos los partidos políticos, en especial entre los españoles. Por último, hay que mencionar el impacto de las políticas públicas sobre la inmigración en la construcción de un doble sujeto: el inmigrante bueno/auténtico y el inmigrante inauténtico/sospechoso. Esta caracterización está operando como único marco en el que los inmigrantes pueden formular determinadas demandas que el Estado reconoce o rechaza (de Lucas, 2003; Zamora, 2005). Sin duda alguna, los conflictos asociados con la inmigración ocupan en los últimos años un lugar destacado en los medios de comunicación, en las preocupaciones de los ciudadanos-nacionales que recogen las encuestas de opinión, y en los discursos de los actores políticos.Y es lógico que así suceda puesto que, como he tratado de exponer a lo largo de estas páginas, ponen en entredicho algunas de las certezas sobre las que se fundamenta la vida social y política de las sociedades democráticas avanzadas. La principal tarea de los 53

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académicos y estudiosos reside en esforzarse por comprender los motivos que están detrás de estos conflictos y sus lógicas de desarrollo, encuadrándolos dentro de los procesos más amplios de transformación de las sociedades contemporáneas. Ello no excluye que también forme parte de nuestra labor evitar la difusión de explicaciones simplistas y sesgadas de estos fenómenos, que para nada contribuyen a su solución. A mi juicio, trabajar desde la perspectiva de la ciudadanía puede contribuir a lograr alcanzar ambos objetivos.

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3. LA

REVUELTA URBANA DE LOS HIJOS DE INMIGRANTES EN FRANCIA

Cecilia Eseverri Mayer I.U. Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid

LA REVUELTA URBANA DE LOS HIJOS DE INMIGRANTES EN FRANCIA

INTRODUCCIÓN Francia vive desde hace más de veinticinco años un conflicto social y urbano.A partir de los años 80, sus ciudades, y en concreto sus suburbios, se convierten en escenario de un nuevo tipo de violencia colectiva, protagonizada en su mayoría por jóvenes descendientes de la inmigración colonial. El incendio de vehículos, la destrucción de bienes públicos y privados y el enfrentamiento entre los jóvenes y la policía, se convierten en hechos habituales en los barrios periféricos de las ciudades. La recurrencia y regularidad del fenómeno hace que, a día de hoy, sea considerado un “hecho social”, en el sentido durkheimiano del término (Stephane, Beaud y Pialloux, 2002). Desde sus inicios, la “revuelta urbana” ha generado una intensa preocupación social y un amplio debate público, que se desarrolla principalmente en dos frentes: los medios de comunicación y el mundo académico. La aparición de un conflicto en el interior del país, protagonizado por ciudadanos y nacionales- hijos de inmigrantes nacidos en Francia, que han obtenido la nacionalidad al llegar a la mayoría de edad-, genera desconcierto entre la población. Nace el miedo a una amenaza interna y el discurso público se construye en base a dos representaciones. Por un lado, los barrios periféricos comienzan a retratarse como los nuevos “barrios del exilio” (Layperonie y Dubet, 1992), donde viven familias desarraigadas y desestructuradas y se acumulan los principales males de la época: altas tasas de desempleo, inseguridad, marginalidad juvenil, fracaso escolar, delincuencia, escasez de servicios públicos, deterioro de la vivienda, etc. Por otro lado, se fija la atención en una nueva categoría social: los “jeunes de banlieue” (“jóvenes de los suburbios”), hijos de inmigrantes, en situación de fracaso escolar y sin trabajo (Champagne, 1993: 102). Estos jóvenes en dificultad pasan a ser vistos como “inasimilables”, individuos que no pueden o no quieren integrarse y exhiben su inutilidad social por las calles de los suburbios (Castel, 2003: 53). Además, se produce una tendencia a ligar las dificultades de integración social de estos jóvenes con su origen o pertenencia a una cultura diferente a la francesa. La falta de integración y el desarrollo de un comportamiento violento nacería de una “crisis identitaria” que afecta a la adaptación cultural. La revuelta deja de considerarse un problema social para ser identificado como una “cuestión cultural”, es decir, un fenómeno que se entiende a través de las características específicas de un grupo cultural o étnico. Indirectamente, este planteamiento señala a la inmigración y al asentamiento definitivo de las población extranjeras como el origen del conflicto. Diversas corrientes de pensamiento quieren romper con la tendencia actual de entender los fenómenos sociales en términos étnicos y se esfuerzan por desmitificar los discursos y representaciones dominantes. La “etnicización de las relaciones y los problemas sociales” (Mucchielli, 2005) hace borrosa la realidad y nubla otros elementos que son claves en el aná59

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lisis. Una de las maneras de evitar esta ceguera es la de recurrir a la revisión histórica y a la inmersión profunda en el terreno de estudio, lo cual permite conocer a fondo la experiencia social que se desarrolla en los barrios periféricos. De esta forma, es posible vislumbrar el origen del conflicto y tratarlo en toda su complejidad.A nivel académico, el abanico de interpretaciones sobre la “revuelta urbana” es amplio. No obstante, existen tres enfoques que se distinguen con claridad. En primer lugar, encontramos un visión que considera las nuevas formas de “violencia urbana” como un síntoma de la profunda crisis que atraviesa el sistema institucional francés de integración. La pérdida de los mecanismos de transmisión de valores y la ausencia de referencias genera un vacío normativo y moral que aparece con fuerza en las zonas más pobres y marginadas de las ciudades. La mezcla cultural, además, hace más problemática la integración. La pertenencia a dos culturas distintas y, en algunos aspectos, contradictorias podría estar produciendo en los jóvenes un vacío o una no-pertenencia, lo que les llevaría a buscar vías alternativas de integración, sobre todo en la calle (Lazar, 2002: 10). Algunos estudios sociales advierten de la aparición de una nueva forma de integración social: “la integración a través del territorio” (Body-Gendrot, Le Guennec y Herrou, 1998: p. 155). El vector de socialización deja de ser la familia, la escuela o la comunidad para pasar a ser la calle, un lugar abandonado por los adultos y ocupado de manera permanente por los jóvenes. Las pandillas juveniles se convierten en nuevas “ plataformas de integración que proveen a los jóvenes de nuevas reglas y valores, y sobre todo, de la pertenencia a un territorio” ( Thrasher 1963: 32,33. Citado en Dubet, 1987:145). Nace en los suburbios una especie de “subcultura urbana”, donde los valores como la fuerza física y la masculinidad adquieren un nuevo protagonismo. La “revuelta urbana” es pues, una de las consecuencias de la actual anomia adolescente, es un fenómeno irracional e inconsciente que demuestra el estado enfermo de la sociedad actual. Otros autores advierten de la necesidad de abandonar el dramatismo y dejar de tratar a los jóvenes como simples víctimas del sistema o como culpables de la inestabilidad de los suburbios, para comenzar a considerarlos como sujetos,“capaces de actuar y definirse como actores” (Wieviorka, 2000: 6). La violencia no es únicamente el producto de un vacío normativo y moral, sino que tiene que ver con una transformación económica más profunda que ha generado cambios tanto a nivel político, como a nivel social y cultural. La crisis industrial de los años 70 produjo una fractura del tejido social. La distancia se abrió entre los trabajadores de los nuevos sectores económicos en alza y los obreros ligados a los sectores en crisis (Lapeyronnie, 1992: 6 y 7). La movilidad social ascendente de las clases bajas sufrió un parón y aumentó la desigualdad en las ciudades, provocando una división del espacio urbano en tres zonas: las zonas ricas periféricas, los centros históricos prestigiosos y barrios aislados y pobres (Donzelot, 2004). Uno de los colectivos más perjudicados por estos cambios fue el de los jóvenes de origen inmigrante que vivían en los barrios pobres. Sin empleo y desprovistos de los recursos necesarios para adaptarse a las nuevas condiciones laborales, cayeron en una nueva marginalidad social. En este momento estalla, en Lyon, la primera “revuelta urbana”. La violencia irrumpe en el momento en que “se agotan las formas de acción política que habían funcionado durante el periodo industrial” (Dubet, 1987: 6). Al encontrarse cerrados todos los canales de expresión política y ser completamente ignorados a nivel social, los “jóvenes de los suburbios” recurren a la violencia como única forma de demostrar su descontento. Por último, encontramos una tercera perspectiva que trata de superar la concepción dramática de la primera corriente y la revolucionaria de la segunda para tomar tierra y localizar las verdaderas limitaciones de los jóvenes de los suburbios, inmersas en el “modelo republicano de integración”. Francia acepta a sus inmigrantes siempre que éstos cumplan con un principio inquebrantable: el respeto al laicismo. Este principio entraña la relegación al ámbito privado de la identidad cultural y religiosa. El espacio público es laico y es de todos, todos 60

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los ciudadanos han de ser tratados como iguales ante la ley, sin distinción del origen, la raza o religión. Llevado a la práctica, este ideal choca con la realidad, donde las diferencias existen, y muchas veces, saltan a la vista. El modelo francés de integración a fuerza de querer igualar (tratar a las personas como iguales) genera el efecto inverso, una diferenciación y una discriminación hacia lo diferente. El racismo en Francia no se construye mediante un proceso de exclusión, sino por una excesiva voluntad de inclusión (Bouamama, 2000: 39). La discriminación que subyace a ese falso igualitarismo es el verdadero problema de los jóvenes de origen inmigrante. Éstos son víctimas de un racismo y una discriminación cotidiana- que en muchas ocasiones se produce de manera encubierta- pero que entraña importantes consecuencias en el desarrollo de su personalidad y su identidad. En el caso de los “jóvenes excluidos” la situación se agrava, ya que éstos, además de ser víctimas de una discriminación de tipo social y étnica, lo son por el hecho de representar a los “jeunes de banlieue”, las nuevas “clases peligrosas”, temidas y repudiadas socialmente. Ante esta situación, muchos jóvenes reaccionan reproduciendo el estigma que se les adjudica, proyectándolo hacia las personas que les rodean. Los comportamientos provocativos y agresivos de los jóvenes podrían entenderse, por tanto, como un “reclamo de reconocimiento” (Bouamama, 2000), una forma descontrolada y violenta de demandar un lugar dentro de una sociedad que no les acepta. El análisis de la “revuelta urbana” encierra una paradoja. Por un lado, ha de ser desvinculado del fenómeno de la inmigración, lo cual permite tomar distancia de los discursos dominantes y contemplar otros elementos esenciales en el análisis, como es la historia o la experiencia de las “clases populares” francesas, pero por otro lado, no puede dejar de lado el estudio de la historia de la migración en Francia, que contiene una serie de elementos que forman parte de la experiencia social de los jóvenes que habitan los suburbios. Los protagonistas de las revueltas de los años 80 eran los hijos de los primeros inmigrantes de origen colonial asentados en Francia en los años 60. Los que participaron en las revueltas de los años noventa y en el año 2000 son sus nietos e incluso sus bisnietos. En la primera parte de este trabajo, analizo la evolución del fenómeno de la inmigración en Francia, lo que me permitirá dar a conocer los modos de asentamiento, las condiciones de vida, de trabajo y la integración que experimentaron los inmigrantes en la República. La vinculación que se establece en el debate público entre este fenómeno y las nuevas formas de “violencia urbana” se analizará en una segunda parte, en la que entro de lleno en el estudio de este conflicto social, analizando el papel que juegan los diferentes actores implicados y haciendo un recorrido a lo largo de las distintas fases de inestabilidad y violencia que se han sucedido en los suburbios. La “revuelta urbana” es un fenómeno multidimensional, por lo que su estudio es de una gran riqueza. Es un fenómeno que permite abordar distintos ámbitos de estudio (por ejemplo, los espacios públicos, la educación, la familia, etc) y engloba distintos tipo de conflicto. Si seguimos la clasificación de Charles Tilly, Tarrow y Mc Adam sobre los distintos repertorios de acción que pueden desarrollarse en un conflicto, en el caso de la “revueltas urbanas” sería posible identificar tres, en función de los medios y acciones concretas llevadas a cabo por los actores, del grado de alteración del orden público y del uso de la violencia (McAdam,Tarrow,Tilly. 2001: 7). El tiempo previo al estallido del conflicto está impregnado de una serie de tensiones sociales y conflictos latentes que se perciben en las calles de los suburbios y toman como principales protagonistas a los jóvenes, la policía y la población adulta residente en estos barrios. Por otro lado, la revuelta, propiamente dicha, es un conflicto manifiesto y visible que implica una alteración del orden público y una utilización de la violencia que varían en función del momento histórico.Y por último, la violencia “inaugura” el nacimiento de movilizaciones sociales, que ponen también en evidencia relaciones conflictivas entre la Administración y los grupos y colectividades sociales que viven o trabajan en suburbios. 61

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El papel de las instituciones se revisará en la última parte de este trabajo. Resulta esencial describir el posicionamiento del Estado frente a la violencia, momentos antes del estallido de la misma, durante y una vez que ésta desaparece. La revisión de las distintas las políticas y medidas sociales puestas en práctica por los distintos gobiernos permite contemplar los avances y retrocesos experimentados en la resolución del conflicto, y lo más importante, ayuda a entender el momento presente. 1. UN VIEJO PAÍS DE INMIGRACIÓN La inmigración tiende ha ser presentada en el debate público francés, al igual que ocurre en otros países europeos, como un fenómeno reciente. La novedad añade dramatismo al fenómeno y provoca sensaciones de miedo a lo desconocido entre la población autóctona. Echar la mirada atrás ayuda a desmitificar el fenómeno y a comprobar que algunos procesos actuales acontecieron también en el pasado. La población francesa actual, que se denomina así misma “de souche” (de origen francés), a pesar de su aparente homogeneidad, es el producto de la mezcla de hombres y mujeres que llegaron Francia a lo largo de todo el siglo XX, se asentaron y adoptaron las costumbres del país hasta fundirse con su población. 1.1- Las principales oleadas La inmigración en Francia es un fenómeno masivo y estructural desde hace un siglo y medio que ha conocido dos periodos de especial intensidad: el periodo de entreguerras y los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial y antes de la crisis de 1936, Francia se convierte, al lado de Estados Unidos y Canadá, en uno de los países de inmigración más importantes del mundo (2,7 millones de extranjeros en 1931). Al final del siglo XIX y principios el XX, los inmigrantes eran en su mayoría belgas e italianos. Después llegaron los polacos y los españoles. En el censo de 1886, los belgas eran los más numerosos (500.000) pero el de 1931 pasan a ser los italianos (808.000), delante de los polacos (508.000) y los españoles (352.000) (Tribalat, 2004:51). Fue la época de la inmigración europea. El Gobierno, después de la masacre de la Primera Guerra Mundial (1,3 millones de muertos, es decir, un 10,5% de la población) y valorando las nuevas necesidades de la economía industrial, pone en marcha un mecanismo de reclutamiento de mano de obra en países fronterizos o cercanos a Francia. Los inmigrantes europeos llegan en masa a ocupar los puestos de trabajo más sacrificados, en las minas del Languedoc y la Loire, en los puertos, las industrias del metal, etc. La crisis económica de los años treinta cambia la imagen de los extranjeros en la sociedad y éstos dejan de ser vistos como indispensables y pasan a convertirse en un estorbo. Lo paradójico de las crisis, desde el punto de vista de la inmigración, es que, al contrario de lo esperado, provocan una estabilización de la población extranjera en la sociedad de acogida. A nivel demográfico, esta estabilización hace aumentar el número de mujeres (en 1931 había un 64% de mujeres para cada 100 hombres y en 1936 había 73%) y genera una transformación de los flujos migratorios, que dejan de estar motivados por las necesidades laborales y pasan a ser de tipo familiar. La llegada de los hijos y las mujeres provoca, en un primer momento, un rejuvenecimiento de las comunidades inmigrantes, aunque su sedentarización se traduce, más adelante, en su envejecimiento (Noiriel, 1988: 250). Poco a poco, los inmigrantes belgas, italianos. polacos y, sobre todo, las primeras generaciones nacidas en suelo francés, se asimilan a la sociedad francesa. 62

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Después de la Segunda Guerra Mundial les llega el turno a los españoles y a los italianos, que vinieron de nuevo a “cubrir los huecos” de una población en declive que no quería abandonar ciertos nichos laborales que le eran preferidos (es el caso de los pequeños propietarios rurales y agricultores). La inmigración en Francia sigue, por tanto, cumpliendo el papel de hacer posible la industrialización del país. Es más, como prueba Gérard Noiriel en su estudio sobre la historia de la inmigración en Francia,“Le creuset français”, las poblaciones extranjeras han sido responsables de que Francia mantuviera su rango a escala internacional y de que se reconstruyeran las ciudades de manera tan rápida después del conflicto. Hoy se estima que una vivienda de cada dos fue construida por un inmigrante (Noiriel, 1988: 298). Al enorme flujo de inmigrantes llegados justo después de la Segunda Guerra Mundial le sigue un estancamiento entre 1946 y 1954 (un millón setecientos mil extranjeros en 1946, al igual que en 1956). Pero una nueva oleada de inmigrantes comienza en 1962, la más intensa de la historia, con cuatro millones de personas, procedentes del Magreb, de España y de Portugal (Bernard, 1993: 71). Una corriente migratoria espectacular que se inscribe en el clima particular de la guerra de Argelia y que es comparable a la oleada que se experimentó en el periodo de entreguerras. Francia pasa de tener 1,1 millones de extranjeros en 1954 a tener 2,2 millones en 1962. Este crecimiento se extiende hasta 1974, año en que se declara la crisis del petróleo y se cierran las fronteras a los inmigrantes laborales. Este cambio en la gestión de los flujos provoca una estabilización del crecimiento que se mantiene hasta nuestros días (ver cuado 1). Los argelinos comienzan a llegar para trabajar a Francia cuando obtienen la Libertad de circulación en 1946. Eran 331.000 antes de la independencia. A partir de este momento, se produce una transformación de la estructura de la población extranjera por nacionalidades y la inmigración de carácter colonial va sustituyendo a la inmigración europea. La población italiana sigue aumentando en 1962 (629.000 personas) y la portuguesa llega en 1975 a 759.000, mientras que la argelina alcanza en 1982, 805.000. Las corrientes migratorias se extendieron a lo largo de los años 1960-1970 a otros países del Magreb,Turquía y África Subsahariana. Muchos de estos flujos vinieron de las antiguas colonias (Magreb y África subsahariana) que se convirtieron en países independientes durante estos años. En 1956 obtienen la independencia Túnez y Marruecos, en 1960 la mayor parte de los países subsaharianos y, en 1962, Argelia. La corriente migratoria argelina, que ya había comenzado antes de la indepenFuente: Bernard, L’immigration, Edition dencia, tiene la particularidad de representar el Le Monde, 1993. grueso de la inmigración procedente del Magreb durante estos años, y en particular en los años 1962-1963, unos meses después del fin de la Guerra de Argelia (Tribalat, 2004: 52). La población argelina en el año de la independencia asciende a 350.000 personas y en 1982 llega a 805.001. Las comunidad magrebí, en su conjunto, pasa de representar el 19% del total de la población extranjera en 1962 a representar el 38,5% en 1982 (ver cuadro 2). Cuadro 1: Población extranjera en Francia Año Número % (en millones) 1851 0,379 1 1866 0,655 1,7 1881 1,001 2,6 1891 1,13 2,8 1901 1,037 2,7 1911 1,159 3 1919 1,417 3,7 1921 1,532 4 1926 2,409 6 1931 2,715 6,4 1936 2,2 5,3 1946 1,744 4,4 1954 1,765 4,1 1962 2,169 4,7 1968 2,621 5,3 1974 3,5 6,5 1982 3,68 6,8

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Cuadro 2: Personas extranjeras por nacionalidad (Miles) 1982 1990 1999 Portugal 767.3 649.7 553.7 Marruecos 441.3 572.7 504.1 Argelia 805.1 614.2 477.5 Turquía 122.3 197.7 208.0 Italia 340.3 252.8 201.7 España 327.2 216.0 161.8 Túnez 190.8 206.3 154.4 Senegal 32.3 43.7 39.0 Polonia 64.8 47.1 33.8 Camboya 37.9 47.4 26.0 Vietnam 33.8 33.7 21.2 Laos 32.5 31.8 16.2 Otros países 518.6 683.4 866.0 Total 3 714.2 3 596.6 3 263.2

Mujeres 1982 361.6 172.4 310.5 51.8 147.3 154.5 72.0 9.7 37.9 17.6 16.0 15.4 228.0 1 594.6

1990 304.2 250.7 253.9 87.5 108.0 103.7 84.8 17.0 28.9 22.6 15.3 15.0 322.6 1 614.3

1999 258.9 229.2 204.6 98.3 87.3 80.6 63.8 16.5 20.9 13.0 10.9 7.8 439.1 1 530.9

Fuente: Sopemi. Perspectives des migrations internationales 2007

La sedentarización de estas comunidades se produce, al igual que en la anterior oleada, con la crisis económica de los años 70. El cierre de las fronteras en 1974 provoca el freno de la inmigración económica y genera un cambio de naturaleza en los flujos migratorios. Éstos se componen cada vez más de inmigrantes que entran en Francia a través de la reagrupación familiar, lo cual revierte en un aumento del peso de las mujeres y los menores. Se produce, por tanto, una feminización y un rejuvenecimiento de las comunidades inmigrantes en la sociedad de acogida. La población femenina extranjera aumenta entre 1975 y 1982 en 194.165 personas y entre 1982 y 1990 en 190.000 personas. Crece el número de inmigrantes que viven en pareja, con o sin hijos. De las 290 000 entradas de familiares entre 1975 y 1982, más del 55% eran jóvenes menores de dieciséis años y los grupos más numerosos en este momento fueron los magrebís y los portugueses (con porcentajes entre 46,1% y 56,5%) (Mestiri, 1990: 24). A partir de los años noventa los inmigrantes europeos se van convirtiendo en minoría, al contrario de los trabajadores del norte de África, que se colocan en las primeras posiciones. En 1975, la proporción de europeos se elevaba al 55% de la población extranjera total y en el censo de 1990 asciende sólo al 36%. Los trabajadores norteafricanos, por su parte, no eran más que ochenta mil después de la Segunda Guerra Mundial y, en el censo de 1990 se cuentan un millón cuatrocientos mil, sin valorar el peso de los franceses de origen argelino naturalizados en épocas anteriores, cuyo número avecina el millón. En 1990 Francia cuenta con 3.596.6 mil personas extranjeras (Bernard, 1992: 24). Después de los años más restrictivos (1974-1995), el número de admisiones y concesiones de “cartes de sejours” (“tarjetas de residencia”) aumenta considerablemente a partir de 19971. De 77. 000 en 1996 se pasa a 134.000 en 2002 (Thierry, 2004: 728). La nueva inmigración se caracteriza por la diversificación de las formas de entrada al país. La reagrupación familiar, las becas o estancias de estudios pasan a ser los motivos más habituales. Únicamente un tercio de la inmigración extracomunitaria entra en Francia por motivos laborales (en 1.- El número de personas admitidas para residir en Francia no indica el número total de entradas al año, ya que existe un porcentaje no contemplado que es el de la inmigración irregular.

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2001 entran solo 30.000 mil extranjeros para trabajar). Por el contrario, la reagrupación familiar aumenta cada año (53.000 admisiones en 2004, es decir, un 31,8%, frente a un 32,3% en 2003 y 26,3% en 2002) (Prioux, 2006:394). Los países que alimentan los principales flujos migratorios actuales, sin tener en cuenta a los miembros de la Unión Europea, siguen siendo los tres países del Magreb (31 800 argelinos, 24.000 marroquíes y 9.800 tunecinos); China y Turquía, que se colocan en cuarto y quinto lugar. Los cinco países siguientes son los Estados Unidos, Rusia, Camerún, Senegal y Costa de Marfil (con 4.000 personas más o menos). Entre la población extranjera presente en Francia, podemos observar el dominio de las poblaciones procedentes de África, seguidas, no muy lejos, por los europeos y los asiáticos. Si nos fijamos en los datos por países una de las comunidades europeas tradicionalmente inmigrante en Francia sigue dominando, la portuguesa (429. 000), seguida de la argelina (483. 000), la marroquí (469.000), la italiana (178.000) y la tunecina (146.000) (ver cuadro 3).

Cuadro 3: Población extranjera a 1 enero 2005

Población

%

Países europeos (total) Portugal Italia España Inglaterra Bélgica Polonia Países asiáticos (total) Turcos Chinos Países Africanos (total) Argelinos Marroquíes Tunecinos Malienses Senegaleses Cameruneses Marfileños Congoleños Países americanos (total) Estados Unidos Total extranjeros

1.387.000 40% 492.000 14% 178.000 5% 135.000 4% 128.000 4% 79.000 2,3% 35.000 1,0% 480.000 14% 222.000 6,3% 61.000 2% 1.519.000 43,5% 483.000 14% 469.000 13,5% 146.000 4% 57.000 1,5% 48.000 1,5% 34.000 1% 38.000 1% 42.000 1% 111.000 3,2% 31.000 0,9% 3 501.000 10000,0%

Fuente: Insee, encuesta anual del censo 2004-2005

Se abren, pues, nuevas vías de entrada a Francia, como una forma de esquivar el nuevo hermetismo de la frontera. Aumenta la inmigración de estudiantes para la realización de postgrados, entre los que son numerosas las personas provenientes de países francófonos, como el Magreb y Senegal, y crecen las reagrupaciones familiares a través de matrimonios de jóvenes nacidos en Francia que se casan con personas de sus países de origen. La inmigración económica se ciñe a la estrictamente necesaria y se entra en un nuevo periodo de selección de la mano de obra. Los trabajadores económicos son aceptados con la condición de que vayan a cumplir con una función beneficiosa en el país, como inmigrantes temporales, cubriendo puestos de trabajo vacantes en periodos de tiempo limitados, o como profesionales cualificados, aportando sus conocimientos al desarrollo o a la investigación (Thierry, 2004: 74).

1.2. La población de origen inmigrante en Francia A lo largo del último siglo, la intensidad y variabilidad de las diferentes corrientes migratorias han generado importantes efectos demográficos en la población francesa. Para conocer la historia de los descendientes de la inmigración colonial, protagonistas de las actuales “revueltas urbanas”, resulta esencial valorar el peso que estos jóvenes tienen en el conjunto de la población francesa. Esta estimación ha sido realizada por pocos demógrafos en Francia, 65

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ya que se trata de un cálculo que entraña una dificultad: las personas que nacen en suelo francés son registradas como francesas y no es posible conocer sus orígenes. No obstante, en 1986 la demógrafa Michel Tribalat realiza este cálculo a través de la realización de una encuesta que le permitió estimar el número de personas nacidas en Francia con un padre o un abuelo que hubiera emigrado a lo largo del siglo XX. El resultado arrojó una cifra que oscilaba entre los 9,4 y los 10,3 millones de personas. Este trabajo fue repetido por la misma demógrafa en 1999, pudiendo esta vez acceder a una información muy valiosa. Por primera vez, una encuesta recogía los datos del origen de los padres. La encuesta familiar del censo de población, denominada “Estudio de la Historia de la Familia” (EHF), permitía conocer el origen de los padres de los encuestados, que, unido al conocimiento del país de origen de los propios encuestados y el de sus hijos, permitía conocer la nacionalidad de origen de tres generaciones y actualizar los datos de 1986. En 1999 se concluye que la población de origen inmigrante o “parcialmente extranjera” en Francia asciende a 13,5 millones de personas, 4,3 millones de inmigrantes, 5,5 millones de hijos de inmigrantes y 3,6 millones de nietos de inmigrantes. Esta población sería un poco más joven que la población metropolitana en su conjunto; la proporción de personas con menos de 40 años es elevada, mientras que la de más de 60 años es menor. Las mujeres tienen menor peso en la generación de inmigrantes, mientras que en la primera generación nacida en Francia superan, como es lógico, a los hombres (Tribalat, 2004: 65). El peso de la población de origen inmigrante en el conjunto de la población (59 millones) es de un 23%. El debate público de los últimos años reduce la población de origen extranjero a la población magrebí. Sin embargo, los orígenes del Magreb en la tercera generación estudiada no representan más que tres millones de personas, es decir, únicamente un 22% del conjunto de la población de origen inmigrante. La población de origen argelino (1,6 millones) es superada con creces por la inmigración italiana, con una amplia trayectoria histórica en Francia (2,6) e igualada por la española (1,5). En total, la inmigración del sur de Europa es la que más ha contribuido a la población francesa (5,2 millones, un 40% del conjunto de la población de origen inmigrante). No obstante, si se valora el peso de las distintas comunidades en función de la edad la cosa cambia, ya que dependiendo de la antigüedad o la novedad de las corrientes migratorias, la proporción de jóvenes es mayor en una comunidad u en otra. Las corrientes migratorias llegadas del África subsahariana son las más recientes, lo que hace que estén compuestas por poblaciones más jóvenes (un 40% son menores). Al contrario, la antigüedad de las corrientes italianas y la fusión de estas personas con la población francesa ha provocado una igualación de las tendencias con la sociedad de acogida (un 55% tiene menos de cuarenta años y un 20% son menores). Los magrebís, por su parte, aunque representan un 22% en el conjunto de la población de origen extranjero, son los más numerosos en el grupo de los inmigrantes (30%) y entre los menores de la primera generación nacida en Francia (41%). Si le sumamos los menores de origen turco y de origen africano, en su conjunto, estos colectivos representan la mitad de la generación inmigrante con menos de 40 años y el 60% de los menores pertenecientes a la primera generación nacida en Francia. Dicho de otra forma, los niños y niñas nacidos en Francia de padres inmigrantes que frecuentan las escuelas y los institutos, hoy en día, son principalmente originarios de los países del Magreb, de Turquía y del

2.- Para una estimación derivada de estas cifras, del número de personas susceptibles de ser musulmanas y que viven en Francia, consultar: M.Tribatat, “Le nombre del musulmans en France: qu’en sait-on?”, in Yves Charles Zarka (dir), L’islam en France, Paris, 2004.

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África subsahariana (6 de cada 10 casos)2. En la población anciana, por el contrario, los inmigrantes procedentes del sur de Europa dominan claramente (Tribalat, 2004: 70). Estos datos permiten hacernos una idea del peso de las poblaciones de origen inmigrante en Francia y, en concreto, de las poblaciones descendientes de la inmigración colonial que, como puede apreciarse, representan el grueso de la juventud actual de origen inmigrante que habita en Francia y que se concentra en los barrios de vivienda social (las “cités HLM”, apartamentos de alquiler moderado). No obstante, aunque esta estimación es muy fiable, hay que tener en cuenta que está hecha sobre una población que se encuentra en plena transformación. A la segunda generación de origen inmigrante nacida en Francia le queda aún algún tiempo por constituirse, la tercera y la cuarta acaban de empezar. La nación francesa se encuentra, pues, en pleno proceso de fabricación de los “nuevos franceses”. 2. LA APERTURA Y EL CIERRE DE FRONTERAS A pesar de que la inmigración en Francia es un fenómeno que se remonta al siglo XIX, no se establece una legislación que permita gestionar los flujos y otorgue un estatus jurídico a las personas extranjeras hasta la Segunda Guerra Mundial, con la Ordenanza de 1945. A partir de este primer texto legislativo, podrá observarse cómo la política de inmigración oscilará entre periodos de fuertes restricciones a la entrada de extranjeros, que coinciden con las crisis económicas, y periodos de apertura, coincidentes con momentos de expansión. Los momentos de crisis generan, además, una “demanda social” que aboga por un control riguroso de los extranjeros, una mayor discriminación en la entrada en el mercado de trabajo y mayores obstáculos para la adquisición de la nacionalidad. La clase política tiene muy en cuenta esta demanda, que se ve alimentada por discursos nacionalistas, como es el caso del Frente Nacional a partir de los años 80, y, aunque su estrategia política puede variar dependiendo del periodo y del partido en el poder, es plenamente consciente de que la inmigración es un tema que “se paga”, electoralmente hablando (Noiriel, 1988:87). 2.1.Antes de la Segunda Guerra mundial A principios del siglo XX, Francia, en teoría, rechazaba la selección de los extranjeros a través de la creación de “cuotas étnicas”, como hacían Inglaterra y Estados Unidos, aludiendo al respeto a la libertad y a la igualdad que emanan de la tradición republicana. No obstante, estos valores no impidieron que, en la práctica, se aplicara una selección del personal en función del origen étnico y nacional. El Estado encarga al patronato (a través de la Sociedad General de Inmigración-SIG) la gestión de las poblaciones entrantes. Entre 1924 y 1930, se reclutaron a más de 400.000 extranjeros, procedentes en su mayoría de los países nórdicos (Bernard, 1993: 69). Estas prácticas eran, de hecho, el reflejo de una ideología asimilacionista que pregonaba una inmigración étnica, geográfica y culturalmente “equilibrada” (Wenden, 1988). La crisis de 1936 restringe las entradas y refuerza aún más la idea de seleccionar a los inmigrantes según su utilidad económica y su grado de asimilación. Este tipo de medidas son un anticipo a la política étnica de Vichy. Durante la ocupación nazi se persigue a los extranjeros y se trata de localizar a las familias que han adquirido recientemente la nacionalidad francesa, ya que se piensa que la “francesización” es un peligro porque hay “un número indefinido de metecos que se esconde bajo nombres franceses” (Noiriel, 1988: 105). Con la Liberación y De Gaulle se llaman a nuevos inmigrantes acogiéndose de nuevo a las “cuotas étnicas”. No obstante, este tipo de gestión no se recoge en la Ordenanza de 1945, que constituye el primer marco jurídico sobre el que se han basado las distintas leyes 67

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que han ido apareciendo desde 1980. La Ordenanza es la primera ley sobre la gestión de la inmigración en Francia, es una ley igualitaria y liberal que se opone a la selección de los inmigrantes en función de criterios étnicos y rebaja la persecución policial hacia los extranjeros, rasgos que resultan sobresalientes, tras los años del gobierno de Vichy. La Ordenanza enmarca las condiciones de entrada de los extranjeros, la residencia y, en su caso, su expulsión. Responde a una perspectiva de estabilización de la inmigración, instaura la tarjeta de residencia de un año, 5 y 10, y considera la reagrupación familiar y la prolongación del tiempo de residencia como un factor de integración social. 2.2. De la inmigración económica a la reagrupación familiar Durante los “Trente Glorieuses” (época del florecimiento industrial), los empresarios iban directamente a las aldeas en Marruecos,Argelia y Túnez para reclutar mano de obra para las fábricas. Francia firma acuerdos con los países del norte de África,Yugoslavia y Turquía. La entrada clandestina es considerada un efecto coyuntural de la expansión económica y se hace la vista gorda en la frontera- miles de jóvenes portugueses entraron de manera clandestina en Francia entre 1965 y 1975 (Bernard, 1992: 72). La inmigración se consideraban un “fenómeno espontáneo”, los inmigrantes llegaban en masa y una vez instalados regularizaban su situación. Entre 1945 y 1970 el fenómeno no atrae prácticamente la atención de las clases políticas. No obstante, la crisis del petróleo sí que hace saltar todas las alarmas. Se comienza a hablar de “inmigración salvaje” y se “suspende” la inmigración laboral en Francia. Giscard d’Estain frena las nuevas inmigraciones, excepto el reagrupamiento familiar, que pasará a representar el grueso de la nueva inmigración regular.Además, se plantean también varias opciones para alentar el retorno de los inmigrantes, como la ayuda de 1000 francos, bautizada “le millon”. Este cambio de dirección en la gestión de la inmigración, aunque tiene consecuencias importantes, no viene acompañado de ninguna ley estable. Durante estos años, se suceden los decretos y los proyectos de ley, pero no habrá ninguna modificación importante hasta la Loi Bonet de 1980, que refuerza la vigilancia de los extranjeros residentes, aumenta el control en las fronteras y facilita las expulsión de los clandestinos. La “doble pena”— la condena y expulsión de los jóvenes de origen inmigrante con causas delictivas — se pone en marcha también en estos años (Bernard, 1992: 75). Las expulsiones de jóvenes que han nacido en Francia y poseen la nacionalidad francesa, provocan movilizaciones y huelgas de hambre que recogerán sus frutos con el cambio de gobierno. 2.3. La alternancia política y la reforma del código de nacionalidad François Mitterrand sube al poder y rompe con el modelo represivo de la época anterior. Cancela las ayudas a los retornados y frena las expulsiones de los jóvenes de la “segunda generación”. Los extranjeros nacidos en Francia o habiendo llegado al país antes de la edad de diez años se convierten en “inexpulsables” (Weil, 1991: 144). No obstante, esta política “amable” se combina con un aumento de la firmeza en otro frente, el de la lucha contra la inmigración clandestina. La gestión de la inmigración durante estos años se asienta en una doble lógica, basada, por un lado, en la voluntad de garantizar la integración de los que “ya están aquí”, para lo que se crea una tarjeta de residencia de 10 años que da una mayor estabilidad a los inmigrantes y pone fin a la distinción entre permiso de trabajo y tarjeta de residencia y, por otro lado, se refuerza el control y la represión policial hacia los clandestinos. El proceso de regulación puesto en marcha en los años 1982-83 pretenden integrar al máximo de clandestinos, como una forma de partir de cero y distinguir entre regulares e irregulares. Una frase de Mitterrand se hace popular en la época: “fermeture des frontières, chasse des clandestins et insertion des immigrés” (“cierre de fronteras y caza de los clandestinos e inserción de los inmigrantes”). 68

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En 1993 vuelve la derecha al poder y la inmigración se convierte en su principal caballo de batalla. La ley Pasqua es aprobada y una nueva gestión de la inmigración se pone en marcha, en materia de condiciones de entrada, de acogida y de residencia. El nuevo texto hace más difícil la obtención de la tarjeta de residencia para algunos extranjeros, como los estudiantes y algunos parientes de franceses. El reagrupamiento familiar únicamente es posible después de dos años de residencia, en vez de uno. En materia de sanidad, el texto obliga a los servicios de seguridad social a consultar los ficheros de las prefecturas a fin de borrar a los extranjeros en situación irregular, aunque estén trabajando y cotizando. Los extranjeros que son acompañados a la frontera pueden ser retenidos durante tres meses en las llamadas “zonas de espera”. Del mismo modo, la Ley permite a un tribunal prohibir la entrada a personas anteriormente protegidas, como eran los padres extranjeros de un hijo francés y el cónyuge de un ciudadano francés (Bernard, 1992: 84). Además, la Ley Pasqua de 1993 culmina con la reforma de la Ley de la Nacionalidad, que comenzó a debatirse en 1986 tras las declaraciones de la extrema derecha que, en referencia al artículo artículo 44 (adquisición automática a los 18 años de la nacionalidad francesa para los jóvenes nacidos en Francia de padres extranjeros), plantea el riesgo de estar fabricando “franceses de papel”, “franceses sin saberlo ni quererlo”, “franceses a pesar de ellos”. El Gobierno de Jaques Chirac convoca una comisión de sabios, de la que surgen dos ideologías: del lado de la izquierda, se habla de la necesidad de avanzar hacia una ciudadanía basada en la residencia, inscrita a nivel local y asentada en un principio de igualdad. Desde la derecha, se alude al “plebiscito cotidiano” de Renan y se alerta de los peligros que puede traer para el futuro la fractura del sentimiento de “comunidad nacional”. La Ley Pasqua pretende evitar ese sentimiento de “no pertenencia” introduciendo el “principio de voluntad”. Los jóvenes, al llegar a la mayoría de edad, deben expresar su voluntad de convertirse en franceses. Además, tienen un año para arrepentirse y renunciar a la nacionalidad francesa. Se imponen también nuevas condiciones para la adquisición de la nacionalidad: la residencia de los padres y los hijos y la ausencia de condenas penales superiores a seis meses. La nacionalidad se presenta como el premio a la integración ya consumada y no, como en 1989, como la condición de una integración futura (Wenden, 1999: 100-101). En 1998, el Gobierno de Lionel Jospin aprueba la Ley Guigou, que se inspira en las aportaciones del informe de Patrick Weil, y restablece parcialmente el “derecho de suelo”, rescatando algunas de las disposiciones de la Ley Pacqua, en particular, la obligación acordada a los jóvenes de manifestar su voluntad de convertirse en franceses al llegar a la mayoría de edad (Wenden, 1999: 101-102). 2.4. La “inmigración elegida” y el nuevo contrato de integración El 26 de noviembre de 2003 se aprueba la ley relativa al control de la inmigración, de la residencia y la nacionalidad, que modifica el estatus del extranjero y lo subordina a un criterio de integración. Se refuerza igualmente la lucha contra la inmigración clandestina y se restringe la aplicación del sistema de la “doble pena”. Para numerosas asociaciones, este endurecimiento de la legislación se hace en detrimento de los derechos de los extranjeros (mal trato, fallecimientos, estado deplorable de los centros de retención en las llamadas “zonas de espera”, etc). En julio de 2006 la ley relativa a la inmigración y la integración, impulsada por Nicolás Sarkosy, pone el énfasis en endurecer las condiciones de reagrupación familiar y asegurar la integración de los inmigrantes regulares. El periodo de espera para la reagrupación de un familiar pasa de 12 a 19 meses, se hace obligatoria la realización de una prueba de la 69

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lengua francesa (si no tiene conocimientos suficientes se propone realizar un curso de francés), se realiza un seguimiento de los recursos disponibles por los familiares que quieren acceder a la reagrupación y se pide al inmigrante que firme un “contrato de acogida e integración”. Esta ley, además, autoriza la inmigración laboral, suspendida desde 1974, para algunas profesiones como la hostelería, la construcción, los trabajos públicos y algunas profesiones cualificadas. Sarkosy pone de moda la “inmigración elegida”. Os propongo, dice, “que facilitemos la llegada de estudiantes, de personalidades y gentes cualificadas que podrán aportar a nuestra nación su talento y adquirir, por su parte, una experiencia que puede ser útil para su país de origen3”. La República se presenta como garante de la seguridad (a través del control de la inmigración irregular) y de la prosperidad, a través de la selección de una “inmigración beneficiosa” para el desarrollo de la nación. Además, se guarda las espaldas haciendo firmar a los recién llegados un contrato que les compromete a cumplir con las reglas de juego republicanas. Diversas asociaciones critican estas medidas y desmienten la idea de que puedan mejorar la integración social en Francia. Se trata de un contrato que únicamente firman los que llegan nuevos y que deja fuera al grueso de la población inmigrante asentada en el país. Además, no permite paliar los problemas sociales más graves de nuestros días, como la guetoización, la crisis en las escuelas o la marginalidad juvenil, factores, estos sí, creadores de desigualdad y exclusión4. El 23 de octubre de 2007 se ha aprobado en el Parlamento francés la ley Hortefeux, un texto que viene a revalidar los principios que ya se establecieron en julio de 2006. Continua la obligatoriedad de la prueba de nivel de la lengua francesa y la firma del contrato de acogida e integración, pero, además, se introduce un nuevo mecanismo de control: la prueba de ADN5. Las personas que solicitan una reagrupación familiar serán sometidas a un test de ADN, con el fin de probar la filiación genética con (su) la madre. Esta medida ha sido ampliamente debatida en el Parlamento y en el Senado y ha provocado reacciones sociales. En 20 de octubre varias organizaciones salieron a la calle, al menos en 40 ciudades, para protestar contra la Ley y la introducción del test de ADN (Le monde, 21 Octubre 2007). Los grupos socialistas han declarado también su disconformidad respecto de este asunto y califican este método de “demasiado duro e innecesario”, ya que hoy en día existen muchas otras formas fiables de verificar el parentesco de las personas (Le monde, 24-10-2007). 3. LA INTEGRACIÓN “A LA FRANCESA” En el debate actual sobre la inmigración se acostumbra a decir que el “modelo republicano de integración”, después de haber funcionado bien durante casi un siglo, está atravesando hoy en día una crisis profunda. Para poder hacer este tipo de consideración, habría que preguntarse si el Gobierno francés, antes de los años 70-80, tenía un proyecto claro de integración para las poblaciones inmigrantes (Noiriel, 2002: 1). Además, este debate resulta un tanto reduccinista porque se construye en base a dos argumentos. Por un lado, tiende a idealizar el pasado, rememorando un tiempo de convivencia ejemplar y de enorme facilidad de 3.- “Controle de l’immigration: vers une immigration choisie?”. La Documentation Française, www.vie-publique.fr 4.- “Le contrat d’accuil et d’integration: un parcours obligatoire, condition d’instalation durable”. La Documentation Française, www.vie-publique.fr 5.- Por otra parte, la Ley pone en marcha un dispositivo que permitirá a los inmigrantes ilegales que trabajen en una empresa francesa presentar una demanda de regularización. Esta medida, pensada para llevarse a cabo caso por caso, puede afectar a decenas de miles de inmigrantes irregulares que residen en Francia (Le monde, 19 Octubre 2007).

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asimilación cultural por parte de las poblaciones extranjeras, mientras que, por otro lado, describe la situación actual de manera alarmante, a la vez que alude a las diferencias étnicas de las nuevas poblaciones inmigrantes como una de las causas de la nueva falta de integración. Comprender el pasado permite, una vez más, conocer los distintos matices que componen la historia de los inmigrantes en Francia y entender la forma en que el “modelo” republicano de integración social ha ido incorporando la cuestión migratoria. 3.1. El tiempo de la asimilación Los inmigrantes que llegaron durante las dos oleadas más importantes del siglo XX-el periodo de entreguerras y después de la Segunda Guerra Mundial- se incorporaron, casi de manera inmediata, a la clase trabajadora. Aunque la inserción de los nuevos habitantes italianos, polacos, españoles y argelinos era, en un principio, muy precaria, alojados en las bidonvilles (poblados de chavolas fabricadas con bidones u otros materiales como el cartón o el plástico) y soportando condiciones laborales muy duras, los hombres que no retornaron a sus países de origen y permanecían en Francia pudieron, con el tiempo, y gracias a la estabilidad del empleo y a la paulatina adquisición de derechos sociales, mejorar sus condiciones de vida (Noiriel, 2002: 4). Uno de los factores que contribuyeron positivamente a la inserción de los inmigrantes fue su traslado de poblados marginales a los barrios populares (a las cités de vivienda social que comenzaron a levantarse a principios de los años 60). La integración en estos espacios urbanos les permitió crear nuevos lazos sociales con la población francesa, ser reconocidos y participar en diversos ámbitos: en las asociaciones de barrio, en los sindicatos obreros, las iglesias, etc (Lapeyronie, 1993).A pesar de las reticencias que ponía el Estado en épocas de expansión económica, los inmigrantes pudieron adquirir una mayor estabilidad trayendo a sus familiares. Las primeras generaciones que nacieron en suelo francés, tanto en los años 30 como en los años 60, pudieron beneficiarse de los derechos sociales acordados a todos los ciudadanos franceses. La escuela republicana igualitaria se convirtió en la principal plataforma de movilidad social ascendente de los hijos de los inmigrantes. Los esfuerzos realizados por los padres se vieron, en muchos casos, recompensados con creces. Gracias a la formación obtenida por los hijos, las familias podían subir de estatus y pasar a pertenecer a las clases medias. El proceso de integración de las comunidades inmigrantes estaba, pues, íntimamente ligado a la coyuntura económica. Cada fase de expansión atraía a una nueva oleada de inmigración que facilitaba la movilidad social ascendente de las poblaciones extranjeras que ya estaban instaladas en Francia. La condición para que este mecanismo funcionase era que el Estado no pusiera trabas y que las poblaciones inmigrantes y sus descendientes fueran tratadas igual que el resto de los habitantes (Noiriel, 2002: 4). El trato era tanto más igualitario cuanto más asimilado estuviera el inmigrante a la sociedad francesa y mejor cumpliera con las condiciones que imponía el sistema republicano. Una de las condiciones más importantes era el respecto al laicismo, que implicaba para el inmigrante, prácticamente, una renuncia futura de la identidad o la religión de origen (Bouamama, 1993). El extranjero debía relegar al ámbito privado las características específicas de su identidad cultural y de su religión, lo que en muchas ocasiones provocaba la secularización de las segundas generaciones y su desconocimiento acerca de las tradiciones y costumbres del país de origen de sus padres. No obstante, la integración económica hacía más llevadera la renuncia a la expresión pública de las identidades particulares y facilitaba la asimilación cultural de las poblaciones inmigrantes (Layperonie, 1993). Las oportunidades que la República brindaba para el futuro compensaban el sacrificio y facilitaban la adopción de los valores republicanos (Kosrokhavar, 1996: 115). 71

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Por tanto, la República francesa, hasta el año 1980, no puso en marcha un proyecto político de inserción social de las poblaciones inmigrantes, sino que simplemente pudo, en aquel momento, (gracias a la riqueza económica y la estabilidad del país) garantizar el cumplimiento de los principios de las sociedades democráticas y hacer efectivos los derechos republicanos, la igualdad, la libertad y la solidaridad, para la gran mayoría de la población (Noiriel, 2002: 2). La integración “a la francesa” pone el acento en una lógica de la igualdad y no en una lógica de las “minorías étnicas”, como ocurre en otros países como Inglaterra o Estados Unidos. La República se funda como defensora de un “contrato social”, “basado en la igualdad de derechos y obligaciones, para convertir en solidarios a los diferentes elementos culturales y étnicos que componen la sociedad y dar a cada uno, sin importar sus orígenes, la posibilidad de vivir en la sociedad francesa, de la cual han aceptado las reglas y de la que se convierte en un elemento constituyente”6. La adhesión de todos a unos valores comunes, la aceptación individual y colectiva de un marco global de referencia que bebe de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, nacida de la Revolución,“borra” los particularismos y hace de la nación francesa una tierra “universal”. Llevado a la practica, este ideal no siempre se cumple y menos aún para las poblaciones más desfavorecidas y pertenecientes a una cultura minoritaria. La negación de la diferencia provoca el desarrollo de mecanismos discriminatorios y actitudes xenófobas. Hablar únicamente de los logros alcanzados por el modelo de integración francés es ocultar la dimensión conflictiva y dolorosa de la historia de la inmigración. Los trabajadores inmigrantes en Francia fueron, durante casi un siglo, la parte de la población más excluida, mal tratada, expuesta a condiciones de vida y de trabajo muy duras y peligrosas, y privada de los derechos más elementales, expuesta al racismo, la xenofobia, la represión policial y las expulsiones7 (Noiriel, 2002:2). Además, muchas veces, por miedo a no ser aceptados y bajo la esperanza de llegar a formar parte de la nación francesa (adquiriendo la nacionalidad), renunciaron a sus identidades de origen y cortaron con sus países de nacimiento, lo que añadía una dosis de dolor nada desdeñable a las familias. Estas experiencias han de ser tenidas en cuenta, porque ocupan un lugar central a la hora de explicar los procesos de asimilación de los extranjeros en Francia y ayudan a comprender la herencia que se vierte sobre las primeras y segundas generaciones que nacen en suelo francés, además de intuir el conjunto de sentimientos que estos hechos han podido entrañar en estas personas. 3.2. La puesta en cuestión del universalismo La crisis económica desestabiliza uno de los pilares sobre los que se asienta el sistema republicano de integración: el empleo. En las banlieues, el paro se convierte en un fenómeno estructural y afecta a la estabilidad de muchas familias. El camino social trazado por el Estado a través de la socialización en las distintas instituciones -la familia, la escuela, el trabajo y el servicio militar- deja de funcionar. El sistema educativo republicano comien6.- Esta definición de la integración, aportada por Jacqueline Costa-Lascoux, responde a la idea de integración del Alto Consejo para la Integración del Estado francés. Ha sido tomada de una recopilación de informes, editados entre 1990 y 1992, titulada: L’intégración á la française, Jean-Claude Zylberstein (dir), Paris, 1993. 7.- Las crisis y la mayor visibilidad social de los inmigrantes ha provocado brotes de xenofobia y racismo en Francia. Estas violencias se producían con mayor fuerza sobre las poblaciones que acababan de llegar. Varias fuentes afirman y prueban una fuerte agresividad dirigida contra los extranjeros durante la crisis de los años 30 y también en épocas más recientes. En estos periodos se produjeron peleas multitudinarias entre obreros franceses y belgas, franceses y marroquíes, mineros españoles y franceses, que se saldaban con la muerte de uno a varios inmigrantes. Eran también famosos los acompañamientos a la frontera y las expulsiones forzosas, como por ejemplo la que se produjo entre 1934 y 1935 en la que se expulsaron a decenas de obreros polacos. El “verano rojo” en Marsella en 1977 provocó 15 víctimas de la comunidad argelina (Mestiri, 1990:16; Noiriel, 1988:61).

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za a experimentar una serie de dificultades. La masificación de las aulas, el cambio cultural y familiar, la transformación económica, provocan una inadaptación del sistema educativo a las exigencias del mercado y un aumento alarmante del fracaso escolar (Wieviorka, 1996: 41). La exclusión educativa de los jóvenes a una edad prematura genera nuevas dificultades de adaptación social. Además, estos problemas se inscriben territorialmente y se concentran en determinados barrios, donde viven las familias más vulnerables, en su mayoría inmigrantes. Las vías de entrada al mercado laboral se cierran para la primeras generaciones de origen inmigrante. Los jóvenes de origen magrebí se convierten en el colectivo más discriminado a nivel laboral. El paro que sufre este grupo es dos veces mayor que el de los franceses de entre 25 y 49 años.Tres de cada diez jóvenes de este origen se encuentran en situación de desempleo. Además, es un desempleo de larga duración que provoca la desconexión de los jóvenes de las redes sociales mayoritarias y un aumento del riesgo de exclusión. Este colectivo es también el que ocupa los puestos más precarios dentro del mercado de trabajo: contratos temporales en la construcción, hostelería, electricidad, comida rápida, etc. Dentro de la administración pública también optan a los puestos más infravalorados, como el de los internos en hospitales o vigilantes en los colegios (Wenden, 1999: 129). La integración laboral futura se hace borrosa para una parte de la juventud de origen inmigrante. Esta situación provoca una pérdida de confianza en el Estado y en los valores que lo representan.“La crisis de confianza hacia el universalismo se produce por la pérdida de uno de sus componentes fundamentales: la utopía de una sociedad fraternal e igualitaria” (Krosrokhavar,1996: 125). Los valores republicanos se convierten en puro formalismo y se alejan cada vez más de la realidad cotidiana, sobre todo en los barrios periféricos de las grandes ciudades. Las comunidades inmigrantes se replantean su adhesión al modelo republicano, que ya no les reporta ninguna garantía, sino más bien todo lo contrario, les relega y les excluye cada vez más. En el ámbito de las clases medias de origen magrebí, muchas personas se ven tentadas de buscar en el Islam una nueva referencia para integrarse en la sociedad francesa sin necesidad de asimilarse. Se produce, por tanto, una separación entre la integración social y la asimilación cultural, que había permanecido tan vinculada en el pasado. Surgen nuevas identidades móviles y cambiantes que vienen a sustituir una serie de valores (igualitarios vs republicanos) que ya no encuentran traducción en la realidad actual. Frente a estas nuevas expresiones culturales y religiosas, muy desconocidas en la sociedad francesa, y que además remiten a antiguos fantasmas, el Estado laico reacciona de manera defensiva, llegando a alentar discursos que recuerdan a un “laicismo de combate” (Khosrokhavar, 1997). La aplicación de algunas medidas podrían llegar a parecer represivas a ojos de determinados grupos y colectividades sociales, como es el caso de las chicas que quieren utilizar el velo islámico. Al mismo tiempo, el fin de las “aves de paso” y la toma de conciencia de la irreversibilidad del fenómeno de la inmigración, unido a las nuevas manifestaciones culturales y religiosas, bajo un fondo de crisis económica, se convierten en el caldo de cultivo ideal para el florecimiento de ideologías nacionalistas y discursos que abogan por relegar a las poblaciones inmigrantes a favor de la comunidad nacional (Noiriel, 2002: 4). La política francesa sobre la inmigración se ve marcada por una serie de debates que a menudo son impulsados por la extrema derecha (las cuestiones sobre las ayudas a las familias, los seguros médicos para extranjeros, etc) y que contribuyen a desarrollar un racismo en la población francesa y justifican el nacimiento de un nacionalismo en las banlieues, que se construye en base a una serie de amenazas infundadas, que remiten al nuevo islamismo, la delincuencia y el terrorismo. 73

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En medio de esta confusión, el Estado trata de replantearse su papel y de adaptarse a las circunstancias. Se produce un cuestionamiento del “modelo de integración republicano”, incluso entre sus más fervientes defensores. Se mira hacia los países anglosajones en busca de nuevos referentes, tratando de mantener el “universalismo igualitario”, enriqueciéndolo de un conjunto de mecanismos que aseguran la integración de las poblaciones más desfavorecidas y la lucha contra las discriminaciones que se ciernen sobre los jóvenes de origen inmigrante. Así mismo, la Republica se esfuerza por encontrar una solución a la institucionalización del islam y encontrar la forma de adaptarlo al laicismo (Wenden, 1999: 134). Quedan, por tanto, muchas preguntas abiertas para el futuro. En la última parte de este informe se tratarán de manera más concreta el análisis de las medidas y políticas de integración puestas en marcha por el gobierno en cada periodo. De momento, este recorrido a través de la historia de la inmigración colonial en Francia nos permite tomar conciencia del contexto de crecimiento e integración de los jóvenes de origen inmigrante. Su experiencia se remonta al pasado, a la extrema dominación que sufrieron sus padres y sus abuelos, al difícil equilibrio entre los dos universos culturales a los que pertenecen -el del país donde han nacido y el del país de origen de sus padres, expuestos, ambos, a manipulaciones y ataques continuos-, a la situación de crisis y degradación de los barrios periféricos y a las discriminaciones que sufren en su vida cotidiana. Esta confusión de elementos afecta de muy diferentes maneras a los jóvenes. La violencia que se expresa en la “revuelta urbana” nos remite de nuevo, como veremos a continuación, a este conjunto de cuestiones. 4. LA “REVUELTA URBANA”Y SU ASOCIACIÓN A LA INMIGRACIÓN. ¿UN PROBLEMA SOCIAL O CULTURAL? La violencia espectacular de la “revuelta urbana”, el fuego, la destrucción y los enardecidos enfrentamientos entre los jóvenes y la policía, colocan rápidamente este fenómeno en el centro de la actualidad mediática y política. La atención se focaliza en los barrios periféricos y en los jóvenes que habitan en ellos, pero sobre todo, en un componente específico de esta juventud: los hijos de los inmigrantes excluidos del mundo laboral (Noiriel y Beaud, 2004: 2). La angustia social se dispara y aparece una nueva ansiedad por encontrar una explicación al fenómeno. Una amplísima variedad de interpretaciones ven la luz momentos después de la violencia, sacando a relucir temáticas varias que se entremezclan en la discusión pública y generan importantes malentendidos. Del conjunto de visiones e interpretaciones sobre el fenómeno, tres se imponen con mayor fuerza. En primer lugar, la revuelta urbana se asocia al tráfico de drogas y a la acción de determinados grupos mafiosos asentados en los suburbios. Estos espacios, “hors de la loi” (fuera de la ley), se convertirían en nuevas “fábricas de delincuentes”. Los jóvenes de origen inmigrante, desocializados, desprovistos de esquemas morales y sociales, y viviendo en familias desestructuradas, con padres ausentes, se convertirían en las nuevas “clases peligrosas”8. Desde edades tempranas se familiarizarían con actividades ilegales y, poco a poco, se inte-

8.- Las “classes dangereuses" fue como se bautizo a los inmigrantes rurales que llegaron a París a mediados del siglo XIX para trabajar como obreros o trabajadores temporales. Para las clases urbanas burguesas, estos individuos representaban “la escoria de la sociedad” y, a sus ojos, hacían del espacio urbano un lugar más sucio e inseguro. Hoy en día, esta imagen podría resultar paralela a la representación que se ha creado de los hijos de las familias inmigrantes en Francia. Para un mayor conocimiento de la realidad social y urbana del París de mediados del siglo XIX, consultar la obra ejemplar del historiador francés Louis Chevalier, Classes labourieuses, classes dangereuses, Perrin, París, 2002.

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grarían en el universo de la economía sumergida. La “revuelta urbana” no poseería ningún sentido reivindicativo, y el incendio de coches y las degradaciones serían simplemente una forma de crear confusión y mantener a la policía a distancia para favorecer el comercio de la droga. Se vincula, por tanto, el hecho de ser joven, de origen inmigrante y de vivir en un barrio periférico con la delincuencia. Un ejemplo que ilustra esta situación es el último informe sobre la prevención de la delincuencia, en el que se hace una asociación directa entre la inmigración, el bilingüismo y la delincuencia (Mucchieli, 2002:6). Otro de los asuntos que entran dentro del imaginario social sobre la revuelta urbana es el radicalismo islámico. Se teme que los jóvenes de origen magrebí sean persuadidos por asociaciones islámicas radicales, que tienen sus sedes en estos barrios, y que la “violencia urbana” adquiera un cariz fundamentalista o religioso. Esta idea surge, sobre todo, a partir de los años 90, momento en que nace un nuevo Islam en los suburbios y muchos jóvenes adoptan esta religión como forma de afirmación identitaria (Khosrokhavar, 1997). Por último, la “revuelta urbana” se explicaría a través de la emergencia de un nuevo “racismo anti-blanco”, una ideología que se basa en el odio o el rechazo hacia lo francés y que estaría pasando a formar parte de la identidad o personalidad de los jóvenes de origen magrebí. Los altercados que se produjeron a raíz de la irrupción violenta de grupos de “casseures” (jóvenes que actúan en banda en el centro de París provocando destrucciones y robos) durante las manifestaciones estudiantiles en 2005, hizo saltar la alarma de la existencia de un conflicto interétnico en el seno de la juventud francesa y de la aparición de una nueva “ideología antiblanca” en las comunidades inmigrantes9. El discurso público se construye, por tanto, tomando fenómenos reales y elementos que se encuentran en la realidad -la delincuencia, el islam radical, el conflictos entre bandas que se definen en función de su etnicidad- para sacarlos de contexto y adulterarlos. La “revuelta urbana” se mezcla con un problema de delincuencia mafiosa, con un Islam radical y con el desarrollo de una ideología antifrancesa. Los jóvenes de los suburbios pasan a ser los representantes de los “nuevos” problemas cuando, en realidad, en la inmensa mayoría de los casos estos asuntos son completamente desconocidos para ellos. Diversos estudios demuestran que la participación de los jóvenes en actividades de tráfico de drogas a gran escala es mínima, que una ínfima parte de la juventud de origen inmigrante se encuentra en contacto con un Islam fundamentalista y que los grupos juveniles, aunque pueden definirse por su pertenencia a un grupo étnico, no han desarrollado un especial rechazo hacia “lo francés” (Mucchieli, 2001, Lagrange, 2000). La construcción de un discurso que culpabiliza a los jóvenes de los suburbios genera un efecto perverso. La atención deja de centrarse en la resolución de los problemas para localizarse en la persecución de los jóvenes, en función de su origen étnico y urbano. Se observa, pues, una tendencia, cada vez más clara, a hacer una lectura “étnica” de la ciudad y de la crisis de los barrios periféricos. En los años 70 se hablaba de los barrios periféricos y hoy en día se habla de la “ciudad-gueto”, del mismo modo que antes se hablaba de los “jóvenes de origen inmigrante” y ahora se habla de los “jóvenes musulmanes” (Mucchieli et al, 2005). Esta tendencia se observa también en otros conflictos que se encuentran asociados de manera más directa con el fenómeno de la inmigración, como es el caso de affaire del “velo islámico”. El discurso dominante percibe también este asunto únicamente desde el punto 9.- El que grupos de “casseurs” (los destructores), representados por grupos de jóvenes que habitan en banlieues, atacaran a jóvenes “blancos y de clase media” ha generado un gran revuelo en la clase política e, incluso, entre los intelectuales franceses. Un grupo de intelectuales, entre los que está el filósofo Pierre-André, estudioso del racismo, redactó y firmaron una carta en la que se alertaba de la amenaza del nacimiento de una nueva ideología antiblanca entre los jóvenes de origen inmigrante. Otro grupo de intelectuales denunció este gesto y criticó la lectura étnica y culturalista que se desprendía de este documento. Liberation, martes 5 de 2005.

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de vista “cultural”, relegando o dejando en un segundo plano los aspectos sociales. El que se expulsara a varias chicas del colegio por llevar el velo islámico, en diferentes momentos históricos (1989, 1999 y 2004), revela algunas de las contradicciones del sistema de integración francés. La ley de la laicidad que prohíbe cualquier signo religioso perceptible en la escuela pública, choca con la concepción igualitaria y republicana que, por un lado, quiere asegurar una educación para todos sin hacer distinción en el origen social o religioso y, por el otro, expulsa del sistema educativo a uno de los colectivos más discriminados, dentro de su propia comunidad y fuera de ella, por pertenecer a una minoría étnica y al género femenino. Este fenómeno genera incomprensión en los barrios periféricos y provoca un retraimiento de las comunidades musulmanas, reacción que afecta en mayor medida a la adquisición de libertades por parte de estas mujeres. Las comunidades se sienten atacadas y muchas chicas, por iniciativa propia o por presiones de su entorno más cercano, vuelven a usar el velo islámico. La lectura de los fenómenos sociales en términos étnicos responde a una visión simple y reduccionista de la realidad, y además, refuerza determinadas posiciones racistas y xenófobas. El análisis sociológico permite de-construir estos argumentos dominantes y aproximarse a los nuevos conflictos urbanos de manera diferente, para describirlos tal y como se presentan. 5. EVOLUCIÓN DE LA “VIOLENCIA URBANA” EN LOS SUBURBIOS El estudio de la evolución de la “revuelta urbana” me permite acceder a una visión más clara sobre los hechos acontecidos en cada momento histórico. De esta manera, es posible contemplar la variación de las características del conflicto, los cambios en los repertorios de acción, el papel de los actores en cada fase y las distintas reacciones que suscita la violencia, tanto a nivel social, como político y cultural. En un sentido más amplio, esta revisión ayuda, asímismo, a entender mejor cuál ha sido, y es, la compleja situación de los barrios periféricos y la experiencia de la juventud de origen inmigrante en Francia. 5.1. Las primeras llamas y el nacimiento de un Movimiento Social mestizo Los años setenta vienen marcados por la aparición de una nueva marginalidad juvenil en los suburbios. François Dubet, realiza el primer estudio sobre la situación en los suburbios en los años 80, “La galère: jeunes en survie”, donde describe la nueva marginalidad juvenil a través de una experiencia: “la galère”. “La galère es no hacer nada con los días, es no tener trabajo pero tampoco buscarlo, es ser dependiente del Estado y cometer pequeños delitos, sin ser realmente un delincuente. Es no tener futuro”10 (Dubet, 1987: 12). En los barrios periféricos comienza a percibirse un aumento de las conductas provocativas y de las denominadas “incivilidades” (provocar, escupir, insultar, orinar en la calle, etc). Aunque no llegan a ser consideradas infracciones graves, esto comportamientos generan inseguridad en las calles y contribuyen a alimentar la tensión entre los grupos de jóvenes y la policía (Rocher, 1996). Con el tiempo, a las incivilidades se les suman nuevos hechos delictivos. En 1979, en el sur de Francia, se ponen de moda los rodeos— carreras con coches robados, a ser posible de marca BMW, e incendio de los mismos en los lugares más visibles de los barrios. Algunos analistas dicen que los jóvenes quemaban “aquello que nunca iban a poder poseer” (Wieviorka, 1999). Lo poseían y luego lo destruían. Esta práctica se convierte desde este momento en uno de los repertorios de acción más conocidos 10.- Galère significa desastre, follón, berenjenal y el verbo galèrer se refiere a las situaciones en que una persona ha de “buscarse la vida”. Se trata de una expresión coloquial que utilizan habitualmente los jóvenes.

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de los jóvenes de los suburbios, y con ella se inaugura la primera gran revuelta que conmocionó Francia en 1981. “Coches incendiados, barricadas, lanzamiento de proyectiles y cocktails molotov contra la policía. Durante tres noches, los jóvenes destrozaron edificios públicos (como el centro social del barrio) y se enfrentaron a las fuerzas del orden”, en el barrio de “Les Minguettes”, uno de los antiguos suburbios industriales más poblados de la periferia Lyonesa (Bachmann y Le Guennec, 1997 : 359). Los incidentes se repitieron en la misma zona en 1983, generando un enorme interés mediático y despertando la curiosidad en el ámbito de la investigación social. La “revuelta urbana” se define como una situación de confrontación, entre los dos grupos más visibles en las calles de los suburbios: los jóvenes y la policía. Es un conflicto que implica un alto grado de alteración del orden público y un uso de la violencia. Designa acciones o comportamientos claramente delictivos, llevados a cabo en grupo (es una violencia “colectiva”) y estalla de manera espontánea, no se organizan con anterioridad y no tienen un objetivo predeterminado (Mucchieli, 2004:10). La revuelta tiene tres características especificas: es una protesta violenta generalizada, que se inscribe en los barrios populares y que estalla tras la muerte de un habitante, generalmente un joven11 (Peralva,1995:4). Se trata de un conflicto que tiene un límite claro: el barrio, definido como un espacio propio. El barrio constituye la frontera de la experiencia vivida por los jóvenes en su interior y la violencia es una forma de expresar la identificación afectiva con ese espacio y con esa vivencia. El objeto de la confrontación, el adversario, es el mundo de las instituciones, el mundo del poder y de la autoridad; se puede decir también que es el mundo de los adultos o el del dinero. Se destrozan comisarías, centros comerciales, se queman coches, con el fin de provocar un enfrentamiento cara a cara con las fuerzas del orden, quienes simbolizan el Estado en el interior de los barrios periféricos (Monet, 1992: 4). La violencia tiene como objetivo los bienes materiales y la provocación de un enfrentamiento con las fuerzas del orden, pero no el daño directo hacia las personas (Peralva, 1995: 4). El caso de la muerte de una mujer, guardia de seguridad, durante las revueltas de Mantes-la-Jolie en 1990 y de otra mujer atrapada en un autobús en llamas, siguen siendo considerados hechos excepcionales dentro de este conflicto. Además, la violencia tiene un carácter expresivo. Los comportamientos delictivos no se esconden, sino que se muestran con orgullo. Al ser expresiva y al basarse en experiencias humanas concretas, la “revuelta urbana” de los años 80, encierra un sentido y un significado. Algunos autores afirman que las primeras revueltas tenían un componente político, porque aparecen en los barrios populares cuando los mecanismos de participación política del mundo obrero (la representación sindical, las huelgas, las manifestaciones, etc) dejan de funcionar y porque revela nuevos problemas sociales (como el paro, el fracaso escolar, el malestar juvenil...) que han de ser tratados políticamente. Es un conflicto que nace de la frustración que provoca la exclusión social y la segregación dentro de la ciudad y es una reacción incontrolada contra el racismo y la estigmatización que sufre una minoría de jóvenes, bajo la impunidad de un Estado, que no pone suficiente voluntad para frenar la degradación de los suburbios y ofrecer un futuro a sus habitantes (Wieviorka, 1993: 47). Desde este punto de vista, la violencia es una forma de salir del anonimato, de irrumpir en 11.- Angelina Peralva realiza un estudio sobre veinticinco revueltas y concluye que la mayor parte de ellas están precedidas de la muerte de un joven (en la mayoría de los casos de origen inmigrante) en la que se ven implicados, de manera directa o indirecta, la policía o los agentes de seguridad. Persecuciones policiales que acaban con accidentes de tráfico mortales, tiroteos que llevan a consecuencias trágicas, malos tratos en comisaría que se saldan con la muerte del joven, etc...Angelina Peralva, L’incivilité, la Révolte et le crime.Violences juveniles dans la société de risque, Paris. EHESS

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la escena pública de manera violenta y, a la vez, es un reflejo de la incapacidad de un colectivo social de insertarse en un conflicto más general y político (Lagrange, 1998). No obstante, aunque no pueda considerarse un acción política, en algunas ocasiones concretas, la revuelta puede iluminar el nacimiento de una nuevo movimiento político o anunciar un momento de cambio (Wieviorka, 2000: 105). Esto fue lo que ocurrió en Lyon en 1983. Una parte de la juventud de los suburbios se organizó y, en torno a varias asociaciones, nació el Movimiento Beur12, el primer movimiento que da voz a un actor social hasta el momento desconocido e ignorado por las administraciones públicas: los jóvenes de origen magrebí, nacidos en Francia, poseedores de la nacionalidad francesa, residentes en las banlieues y comprometidos con los problemas sociales. Nace un nuevo actor social representado por una juventud que se define como una juventud abierta, defensora de los valores laicos y también de la mezcla cultural, y que tiene ganas de integrarse en la sociedad francesa (Wenden, 2001: 83). El conflicto social en los barrios franceses crea, pues, la condiciones adecuadas para que los representantes de una de las partes en conflicto (no los jóvenes más violentos, pero sí otros jóvenes que comparten una misma realidad) se definan como actores políticos y comiencen a emplear acciones colectivas, más o menos innovadoras. Las protestas del movimiento comenzaron a raíz de la aplicación de la “doble pena”. Poco después de los disturbios de “Les Minguettes” y al comenzar los arrestos, nueve jóvenes de este barrio emprendieron una huelga de hambre.“La violencia, escribían en el muro del local, es tener 20 años, no tener curro y a la policía en las espaldas” (Bettegay y Bouberker, 1992 : 52). El apoyo que recibieron por parte de personalidades relevantes, como el clérigo Delorme, fue crucial. El que un sacerdote católico apoyara la causa de los conocidos como “jóvenes árabes” contribuyó, poco a poco, a dar la vuelta al discurso. La llegada al poder de François Mitterrand en 1981 significó el fin de las expulsiones. Las esperanzas se ven cumplidas y la acción de los jóvenes adquiere una fuerza renovada, llegando a su cenit en 1983, año en el que varias asociaciones organizan una Marcha a favor de la Igualdad y en contra del Racismo. Bajo el lema, “La France est une mobylette, pour avancer, il faut du melange” (« Francia es una motocicleta, para avanzar, hace falta mezcla »), los jóvenes salen de Marsella y llegan a París, para ser acogidos por más de 100.000 personas (Bachmann y Le Guennec, 1997 : 417). El movimiento aglutinó, por tanto, a una parte mestiza y mixta importante de la sociedad francesa. El presidente François Mitterand reaccionó ante esta acogida e invitó a los jóvenes que encabezan la marcha a L’Elysée y les ofreció la redacción de una Carta Única, en la que pudieron expresar sus protestas y reclamaciones. El éxito de la marcha parecía anunciar nuevos cambios en los suburbios. Los “líderes Beur” y las asociaciones de barrio que componían el movimiento, animados, ambos, por el entusiasmo y la confianza de los jóvenes de los suburbios, se declararon los nuevos defensores del antirracismo y la igualdad de oportunidades. Se multiplicaron las iniciativas a nivel local y florecieron nuevas asociaciones que abrieron un espacio de socialización política para los jóvenes franco-magrebíes que habían manifestado su profundo rechazo hacia las instituciones políticas clásicas, cumpliendo, incluso, en algunos casos, la función de plataformas de lanzamiento para las nuevas élites intermedias. 12.- Beur quiere decir “árabe” en el lenguaje que utilizan los jóvenes en los suburbios— el famoso verlan— que consiste en hablar francés invirtiendo el sentido de las letras o de las sílabas. Beur se convierte en el apelativo de una nueva cultura popular y juvenil, en un nuevo modo de expresión, en una forma de vestir—ropa deportiva, pelo muy corto, gorra—, en un estilo de música—rap o hip hop—, y en una manera de ver el mundo y de situarse en la sociedad. El discurso público adopta este apelativo y lo coloca al lado de los “Blacks” o los “Feujs”.

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Pero, a pesar de los éxitos recogidos, la ilusión pronto se desvaneció. El Partido Socialista absorbió el Movimiento a través dos grandes asociaciones -France Plus y SOS Racisme- y promovió la inclusión de sus líderes en las listas electorales para las elecciones de 1989. Nació una nueva “Beur-geoisie” en Francia, un minoría que se “aburguesó” porque aprovechó el poder que le brindaba la nueva representación política (Wenden y Leveau, 2001: 83). Para los jóvenes de base en los barrios, los líderes Beur se convirtieron en traidores y oportunistas. A muchos se les reprochó haber abandonado el barrio tras el éxito, y el apelativo Beur pasó a considerarse un insulto en los suburbios. El fracaso del movimiento Beur se debe, por tanto, a dos cuestiones. En primer lugar, y quizá la más importante, a su institucionalización. La juventud de los suburbios comienza a ver a sus líderes como instrumentos al servicio del Sistema y pierde toda la confianza en su actuación. La prueba de ello es que en 1985, SOS Racisme y France Plus organizaron una nueva Marcha y la participación resulta ridícula13. En segundo lugar, las asociaciones que formaban parte del Movimiento no fueron capaces de construir un discurso común que resolviera el dilema que planteaba la existencia de una doble visión sobre la integración en Francia: una visión “universalista y laica” y otra defensora de la “afirmación identitaria”. Este disyuntiva, presente aún hoy día en la sociedad francesa, dividió el movimiento e impidió trasladar una idea clara de sus principios y objetivos a la sociedad, restándole legitimidad y relevancia. 5.2. La vuelta a la violencia y el reclamo de una “nouvelle citoyenneté” A finales de los años 80 vuelve la desesperanza a los suburbios y crece de nuevo la rabia entre los jóvenes desocupados y excluidos. La tensión social aumenta y se extiende a otros ámbitos del espacio público. Por ejemplo, crecen los conflictos en el interior de los transportes públicos. En las encuestas de victimización, los trabajadores de la SNCF (transportes ferroviarios) y la RATP (el metro) dicen ya no ser respetados por una parte de la juventud y muestran su temor, al verse expuestos a un nuevo tipo de violencia verbal e incluso física (Body-Gendrot y Le Guennec, 1998: 25). La primera gran revuelta de los años 90 tuvo lugar en Mas de Taureau (de nuevo en la región de Lyon). Tras la muerte un joven que iba en moto en una persecución policial, “los jóvenes quemaron coches, saquearon tiendas, destrozaron el centro comercial del barrio y se enfrentaron a la policía y a los bomberos”. La violencia se extendió a lo largo y ancho del territorio nacional durante los siguientes años. De nuevo Lyon (1991), también Lille (1994), Pau (1994), Nanterre (1995), Laval (1995), Strasbourg (2000), France Comté (2000), se convirtieron en nuevos escenarios de una violencia juvenil aún más colérica y destructiva (Wieviorka, 1999: 212). La violencia pierde parte de su significado y la designación del “adversario” deja de estar clara. El vandalismo aumenta y se atacan también a los pequeños comerciantes de los barrios. Nuevos trabajadores del Estado son también víctimas de las violencias, como los bomberos que vienen a apagar el fuego de los incendios y los ya mencionados trabajadores del transporte público. El sentimiento de inseguridad en los barrios aumenta y los jóvenes 13.- Los últimos años de la década de los 80 y los primeros años de los 90 sitúan el final progresivo del Movimiento Beur que, poco a poco, pasa de moda y fracasa en su afán institucionalizador. Catherine Wihtol de Wenden habla del nacimiento de una “beur-geoisie”, cuyas principales características son la diversidad, la mediatización, la ambición por llegar a la escena pública, la profesionalización (el espíritu de empresa, el gusto por el éxito y la realización del “sueño americano”), el acceso a la clase media y la promoción del lado más “branché” de las banlieues (Wihtol de Wenden, 2001: p. 83).

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-los hermanos pequeños de los protagonistas de las primeras revueltas urbanas-, hacen alarde de una violencia mucho más colérica y espectacular.Aumenta el carácter autodestructivo de la violencia. Los jóvenes destrozan centros sociales y comerciales que ellos mismos utilizan a diario y donde trabajan personas que ellos conocen personalmente. Estas actitudes reflejan el rechazo del destino y el entorno social que les ha tocado vivir. Se sienten relegados y frustrados por no poder adquirir un status social que les permita obtener una serie de beneficios representados, sobre todo, por los bienes de consumo. Por una parte, rechazan y atentan contra los medios y recursos que el Estado pone a su disposición (los centros sociales, juveniles, bibliotecas, etc), que, a sus ojos, son insuficientes y están degradados, y por otra parte, atacan los “templos del consumo”, donde se concentran todos aquellos bienes que se encuentran fuera de su alcance. No obstante, aunque la violencia pierde parte de su sentido, algunos acontecimientos puntuales siguen anunciando un cambio social y vuelta a empezar. El incendio, en diciembre de 1995, de un centro cultural y la biblioteca en el barrio de Valux-en-Velin (Lyon) generó una importante movilización vecinal. El Ayuntamiento atribuyó los destrozos a una peligrosa banda de delincuentes juveniles. Los vecinos, sin justificar la violencia autodestructiva e irracional de los jóvenes, pusieron en cuestión la versión oficial y aprovecharon para denunciar el estado de degradación y la ausencia de recursos existentes en el barrio. La población se unió y surgieron nuevas iniciativas y asociaciones que querían presionar a los poderes públicos para mejorar el entorno donde vivían (Wierviorka, 1999). Por tanto, la lucha social y juvenil en los barrios continúa. El Movimiento asociativo de la “segunda generación” de inmigrantes magrebís va a experimentar importantes cambios. Durante la década de los 90 surgen nuevas ideas y aparecen nuevos actores que pretenden construir una acción social, política y cultural “desde abajo”, distinguiéndose del Movimiento Beur que empezó desde arriba para luego ser mediatizado, instrumentalizado y acabar perdiendo el apoyo de sus bases. La noción de una “nueva ciudadanía” toma mucha fuerza a principios de los años 90 y surge como reacción al debate en torno al proyecto de reforma del Código de Nacionalidad, que propone suprimir la adquisición automática de la nacionalidad para los jóvenes de padres inmigrantes que han nacido en Francia (Wenden y Leveau, 2001: 64). Numerosos colectivos se ponen en marcha para oponerse y frenar este proyecto de reforma. Surge un nuevo movimiento, llamado “Convergence 1988”, que defiende una “nouvelle citoyenneté” (“nueva ciudadanía”), basada en la residencia, inscrita a nivel local y que pretende alcanzar el derecho al voto para los inmigrantes en las elecciones municipales; concreta, centrada en los problemas concretos que afectan a la vida cotidiana de las personas en los barrios; participativa, abriendo nuevos espacios para la participación y el diálogo entre los ciudadanos y para la formulación colectiva de demandas sociales y políticas; y plural, capaz de tratar los problemas y necesidades que atañen al conjunto de las colectividades sociales y culturales. Una ciudadanía que nace de una cultura joven, mestiza y cívica, que ensalza los principios democráticos y defiende la igualdad de derechos políticos para todos los habitantes de la ciudad (Wenden y Leveau, 2001: 64). El objetivo en este momento es desarrollar una acción concreta, visible a corto plazo y que se sitúe en el espacio local. La prioridad es la lucha contra la exclusión juvenil, la drogadicción y la violencia a través de la prevención, el deporte, el desarrollo del arte, la música, el baile, etc... Algunos grupos y movimientos, defensores de la democracia participativa adquirieren gran legitimidad a nivel local. Es el caso de agrupaciones políticas como Motivé-es, que en las elecciones de 2001 consiguieron cuatro consejeros municipales. 80

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Los años noventa marcan también el nacimiento de un nuevo islam en los suburbios. La estrategia empleada a través del gobierno, que consistió en asignar parte del trabajo social en los barrios periféricos a las asociaciones musulmanas, abre un espacio para la participación de la élites musulmanas en la educación de los jóvenes. Muchos jóvenes, desencantados con la política, tomaron como nuevo referente la identidad religiosa. Surge un nuevo islam joven en Francia, que se distancia de la religiosidad de los padres y los abuelos nacidos en el Magreb y se mezcla con nuevos elementos de identificación: el apego al barrio, la pertenencia a una comunidad musulmana internacional, los derechos democráticos, la lucha en Palestina, etc (Khosrokhavar, 1997). En la mayoría de los casos es un islam adaptado a las libertades democráticas y a un tipo de vida occidental y moderna14. 5.3 El otoño más violento El 27 de octubre de 2005, Ziad de 17 años y Banou de 15, de origen maliano y tunecino, murieron electrocutados al esconderse en un trasformador eléctrico cuando huían de la policía. La misma noche de la muerte de los chicos se producen los primeros incidentes. Los jóvenes se enfrentan a la policía y a los bomberos en el barrio de Clichy-sous-Bois. Las primeras investigaciones sobre el caso no encontraron ningún indico de que los dos menores estuvieran cometiendo un delito. Los padres denunciaron a los policías y se abrió una investigación sobre los dos policías implicados en el caso. Durante las cinco noches siguiente la violencia no cesó en el barrio donde residían los jóvenes fallecidos. Durante la séptima noche los disturbios se propagaron a otros barrios de la periferia parisina, y se contagiaron a otras ciudades y regiones francesas. En sus primeras declaraciones, Nicolas Sarkosy calificó a los rebeldes de “racaille de la société” (“escoria de la sociedad”) y prometió restablecer el orden y “limpiar con mangueras a presión los barrios periféricos” (“nettoyer les cités au Kärker”). La juventud se sintió insultada y respondió con más violencia. El balance de las revueltas que sacudieron Francia desde finales del mes de octubre hasta mediados de noviembre de 2005 fue duro, en términos materiales, humanos y psicológicos: miles de coches quemados (28.000), instalaciones públicas y privadas (escuelas, parroquias, gimnasios, bibliotecas) destruidas, 4.700 personas detenidas y más de 400 condenados a prisión firme (Bonelli, 2005: 22). En ninguna ocasión a lo largo de los últimos veinticinco una “revuelta urbana” había durado tantos días y se había extendido de manera tan amplia a lo largo del territorio nacional. Lo que ocurrió en otoño de 2005 tuvo poco que ver con las revueltas episódicas que se habían experimentado durante los años 80 y 90. La acción violenta respondía, por momentos, a las características de una “guerrilla urbana”, que pasa a la acción con una capacidad de movilización enorme. Se quemaba, se rompía y se agredía, todo lo que se podía, con la mayor rapidez posible. El caso era, cuanto más mejor. Una diferencia importante respecto al pasado es que los jóvenes, en 2005, esquivaban a la policía para poder quemar y romper más.Ya no rompían para provocar un enfrentamiento con las fuerzas del orden, sino que esquivaban para poder producir el mayor número de degradaciones (Liberation, 7 de noviembre 2007). La violencia alcanzó, por momentos, una grado elevado de descontrol de

14.- Fharad Khosrokhavar, analista del islam en Francia, advierte o distingue cuatro formas de islam entre los jóvenes que viven en los suburbios. Un “islam identitario”, que representa la mayoría de los casos, un “islam creyente y practicante”, que funciona como escudo ante la discriminación del medioambiental, un “islam radical” que afecta a la ínfima parte de la juventud, y un “islam de la exclusión”, que es el que más nos interesa en este caso. Los jóvenes en situación de exclusión abrazan la fe como una salvación, cambian su vida de manera radical, dejan de relacionarse con sus antiguos amigos, abandonan por completo las pequeñas actividades delincuentes, las actitudes provocativas y agresivas, y dejan de consumir drogas, incluso dejan de fumar, con el objetivo de integrarse en una nueva comunidad religiosa que le ofrece un nuevo espacio de socialización y donde se sienten valorados y protegidos del desprecio que han sufrido en el exterior (Khosrokhavar, 1997).

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tal manera que un policía resultó gravemente herido y una mujer murió al no poder salir a tiempo de un autobús que los jóvenes incendiaron cuando había pasajeros dentro. Parecía imposible calmar a los jóvenes. En los años 90 la paz se imponía, en muchas ocasiones, a través de la mediación de las entidades del barrio, de los padres, los ancianos, etc. Pero esta vez, las ansias de revuelta eran tan fuertes que el contagio y la multiplicación de los actos vandálicos y destructivos se reproducía de manera constante e sin interrupciones. Los incidentes comenzaban con actos vandálicos aislados efectuados por personas individuales o grupos pequeños. La comunicación se hacía a través del teléfono móvil y también por vía internet (blogs), donde se anunciaban las próximas citas para incitar al mayor número de jóvenes a la revuelta.Algunas personas fueron detenidas por violar la ley francesa que prohíbe el llamamiento a la realización de actuaciones criminales (del 29 de julio de 1984). Las declaraciones de Nicolás Sarkosy marcaron un antes y un después en las revueltas de otoño. Las palabras dirigidas a los jóvenes de los barrios periféricos por el, en aquel entonces, ministro del Interior generaron una nueva solidaridad entre los protagonistas de la revuelta, basada en una conciencia colectiva “anti-sarko” que les animaba a generar más desorden. Se le acusaba de haber insultado a los jóvenes de los suburbios y haber manchado la memoria de los dos adolescentes fallecidos en Clichy-sous-Bois.También era culpable de haber abandonado los barrios y de haber querido solucionar los problemas únicamente a través de la represión policial. Los medios de comunicación jugaron un rol central en el estallido y la reproducción de conflicto. La prensa y la televisión sirvieron de canal de comunicación entre los jóvenes y las instituciones (o entre los jóvenes y Nicolás Sarkosy). Después de cada declaración del ministro del Interior, los jóvenes respondían con mayor violencia, entrando en un tira y afloja que llevó a la declaración del toque de queda en algunos municipios. La continuidad de la violencia hizo pensar que se estaba produciendo un fenómeno de emulación, es decir, que algunas bandas de delincuentes actuaban fuera de toda reivindicación, entrando en un juego de competición con otros barrios. Estas competiciones fueron durante unos días publicitadas por la prensa, hasta que se produjeron también denuncias. El carácter audestructivo de la violencia se intensificó. Los daños a centros públicos se multiplicaron. Se destrozaron escuelas públicas, gimnasios, mediatecas, etc... Por primera vez, la escuela pública, “templo de la igualdad en Francia”, era atacada de manera indiscriminada. Estos hechos generaron una gran conmoción social y una incomprensión entre las poblaciones de los suburbios que no entendían por qué los jóvenes rebeldes destruían aquello que les ayudaba a integrarse mejor en la sociedad. Algunas interpretaciones apuntan a que los jóvenes atacan los símbolos de una sociedad próspera que se olvidaba de determinados grupos sociales, manteniéndolos en una situación de relegación y exclusión. El respecto hacia la enseñanza o la cultura se pierde por haber dejado de cumplir con sus papel integrador. El ascensor social está averiado y desde hace tres generaciones una parte importante de la población de los suburbios no puede experimentar una movilidad social ascendente, más bien al contrario. Se convierten en poblaciones abocadas a vivir en una situación de dependencia crónica -el Estado les brinda un salario mínimo (RMI, Revenue Minimum d’Insertion, lo que en España es la Renta Mínima) que les permite sobrevivir- que les sumergen en un modo de vida del que es cada vez más difícil salir. La marginalidad juvenil aumenta en las banlieues y se crea un modo de vida en el que la no-integración se convierte en un valor para los jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo. Los grupos o bandas callejeras nacen de la necesidad de construir una identidad y crear un grupo solidario que sustituya a la comunidad ausente (el grupo obrero, la comu82

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nidad magrebí...). Estos colectivos se alimentan de la fascinación por el dinero fácil, el enaltecimiento de la violencia y la cristalización del orgullo étnico, que bebe de la identificación mítica con los “enemigos de occidente”15 (Roy, 1991).Aumentan las peleas entre bandas que se definen en función de la identidad étnica y la pertenencia a un territorio, como la banda de la “Gare du Nord” o la “Black guérrilla armée”, que entran en conflicto con otras bandas de otras zonas urbanas.Algunos autores apuntan que este fenómeno siempre ha existido. En los años 60 eran los “Blouson noires” quienes atemorizaban a la población. La única diferencia es que las clases populares en aquel momento eran blancas y de origen francés, y no de origen árabe o del África Negra, como ocurre en la actualidad (Mucchieli, 2002). La nueva intensidad de la violencia y la exacerbación de la exclusión en los suburbios no impide que continúen las reivindicaciones políticas de los jóvenes descendientes de la inmigración colonial.Aunque se trata de un movimiento huérfano y completamente abandonado por las organizaciones institucionales, las iniciativas continúan naciendo. En Junio de 2005 surge un nuevo colectivo, los “Indigènes de la Republique” (los Indígenas de la República) que quiere gritar bien alto el conjunto de discriminaciones que sufren cada día las personas descendientes de la inmigración colonial.“Discriminados en el empleo, en la vivienda, en la salud, en el colegio, las personas originaria de la colonias, viejas o actuales, y de la inmigración postcolonial son las primeras víctimas de la exclusión social y de la precarización. Independientemente de sus orígenes, la población de los “barrios” están relegadas a los márgenes de la sociedad”16. Es el primer movimiento que denuncia de manera tan clara la existencia de mecanismos de discriminación en Francia y que los vincula de manera directa con el sistema político francés. Las discriminaciones están tan ancladas en el modelo francés, que se producen con mayor fuerza sobre las poblaciones de origen colonial. Inconscientemente, se espera que los hijos de los inmigrantes accedan a los mismos empleos a los que accedieron sus padres en el pasado. Estos razonamientos coinciden con las ideas de algunos intelectuales como Abdelmalek Sayad que describen “la inmigración como el contexto y la ocasión ideal para reproducir las relaciones de poder y desigualdad que funcionaban durante la época colonial” (Sayad, 1991: 255). El movimiento va adquiriendo fuerza durante el años 2005 y 2006 y recibe un importante apoyo. El 8 de mayo de 2005, con ocasión de la conmemoración de las masacres de Sétif, se organizó una manifestación a la que acudieron 700 personas, según la policía, y 2000 ó 3000 según los organizadores.“Ni raza inferior, ni colonizables, ni seres a civilizar, ni bárbaros, ni ladrones, ni violadores, ni mujeres sumisas, ni ciudadanos de segunda, ni integristas”, fueron algunas de los consignas lanzadas durante la manifestación, al grito de la canción de grupo musical Zebda: “Première, deuxième, troisième génération, on s’en fout, on est chez nous” (“Primera, segunda, tercera generación, nos da igual, estamos en nuestra casa”) (Le monde, 9 de mayo 2005). Con los Indígenas de la República se observa un cambio en la evolución del movimiento social de las “segundas generaciones” de inmigrantes en Francia. Se produce un distanciamiento respecto al Movimiento Beur, que defendía una integración republicana y laica, y respecto del movimiento por una nueva ciudadanía que mantenía un discurso con un tinte más político. Los Indígenas de la República representan un colectivo desfa15.- Olivier Roy con esto no quiere decir que la revuelta urbana puede estar convirtiéndose en una violencia religiosa o fundamentalista. El factor étnico es otro de los elementos que configuran el sentimiento de pertenencia de estos jóvenes al grupo de pares, al barrio. Por otro lado, son grupos completamiente integrados a las formas de vida occidentales (música, moda, comida, etc...) Es más, dice que las bandas no son la mejor clientela para una reislamización. “Ethnicité, bandes et communautarisme”, Olivier Roy, Esprit, 1991. 16.- http://www.indigenes-republique.org

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vorecido (descendiente de la inmigración colonial) y colocan la identidad étnica como una de sus principales reivindicaciones. Sus militantes reclaman poder sentirse franceses y musulmanes al mismo tiempo.“Aunque soy musulmana y lo enseño, porque llevo el velo, soy francesa” (Liberation, 9 de mayo 2005), expresaba una chica durante la manifestación del 8 de Mayo. La convocatoria del movimiento para la manifestación del 8 de mayo no recibió ningún apoyo de las organizaciones antirracistas, sindicales y políticas francesas, que juzgaron los argumentos del colectivo como “demasiado simplistas”. La colonización no lo explica todo, las formas de discriminación se producen en todas las sociedades modernas y no las padecen únicamente los descendientes de la inmigración colonial. Además, algunos de los argumentos que manejan chocan con otras concepciones muy arraigadas en Francia. En referencia a la Ley delVelo, los Indígenas de la Republica opinan que “es una ley de excepción para los apestados de las colonias”. Estas opiniones son rebatidas por otras personas, entre las que se encuentran descendientes de la inmigración magrebí, que opinan que estas ideas no pueden decirse de manera tan ligera. Aunque es cierto que existen mecanismos de discriminación y racismo, tampoco se puede olvidar el papel de dominación y subyugación que han jugado las religiones a lo largo de los siglos (Liberation, 9 de mayo 2005). Una vez más, se pone sobre la mesa la ambivalencia entre un modelo de integración identitario y un modelo republicano que defiende el Estado laico. 6. LOS ACTORES PROTAGONISTAS DEL CONFLICTO Ateniéndonos al espacio donde se desarrollan las violencias urbanas, los actores protagonistas del conflicto serían, por una parte, los jóvenes que viven en las banlieues y que participan en acciones delictivas (conducción de motocicletas y vehículos sin carné, consumo y venta de cannabïs, organización de juegos o concursos que implican infracciones más o menos graves, como los rodeos...), y por la otra, la policía (en la mayoría de las ocasiones los CRS, los antidisturbios). Estos dos actores se caracterizan por su presencia constante y omnipresente en las calles de los suburbios (Lagrange, 2000). Los primeros porque no están integrados en ninguno de los espacios formales de integración (la escuela o el trabajo) y utilizan la calle como medio de vida y subsistencia, y los segundos, porque desarrollan su trabajo en este espacio y uno de sus principales objetivos es vigilar el comportamiento de estos chicos. El contacto constante, directo o indirecto, en el espacio urbano, a través de los controles de identificación, las detenciones, los avisos... provoca el desarrollo de una relación de tensión entre determinados jóvenes y la policía, que en muchas ocasiones se conocen incluso personalmente. Esta tirantez hace que cada grupo construya un discurso negativo sobre el “otro” y lo sitúe como su adversario. Los jóvenes que participan en las revueltas comparten una idea más o menos común sobre la policía. Para muchos, simboliza la injusticia y el abuso de poder. Los controles incesantes y discriminatorios, las detenciones sin causas delictivas claras, las actuaciones abusivas y los maltratos en comisaría, alimentan el sentimiento de rechazo hacia la policía (Monet, 1992).Además, para estos jóvenes la policía cumple un papel completamente diferente del que cumple para el resto de la población francesa. Mientras que para la mayoría de los ciudadanos la policía significa seguridad y defensa, para los jóvenes de los suburbios se convierte en una amenaza. En muchas ocasiones, no pueden contar con su protección y su primera reacción, en la mayoría de los casos, es la de protegerse de ellos. La policía, por su parte, tiene la sensación de no poder llevar a cabo su trabajo y se siente amenazada por la hostilidad y la agresividad de estos grupos juveniles. La resistencia y la falta de respeto a la autoridad que emana de algunas conductas juveniles, lleva a las fuerzas del orden a aumentar el grado de agresividad en sus actuaciones y a desarrollar un trato especial 84

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hacia determinados jóvenes en función de sus características físicas. Los “jóvenes de los suburbios”, hijos de inmigrantes (de origen magrebí o del África Negra) que llevan una estética similar: ropa deportiva, pelo muy corto, zapatillas de marca muy llamativas y una gorra, colocada en la cabeza con la visera ligeramente inclinada hacia arriba, se convierten en potenciales delincuentes. Esta generalización es lo que provoca, muchas veces, la multiplicación de los errores policiales y abuso de la violencia en la practica17. Por tanto, la situación pone en presencia a dos actores que no sólo se oponen en sus intereses prácticos sino que además se sienten inclinados a desarrollar una agresividad el uno contra el otro. El resultado es un conflicto latente que se hace visible en el momento de la revuelta. El espacio público donde se desarrolla la violencia viene marcado por la participación de otro actor en el conflicto: la población adulta que reside en el barrio.Algunos autores dicen que la manera en que los adultos ignoran o, en ocasiones, desprecian a estos colectivos de jóvenes genera una tensión entre ambos grupos. Los jóvenes tratan de provocar a los adultos, como una manera de llamar su atención y generar una confrontación (a veces un diálogo u otro tipo de contacto que puede implicar, dependiendo de las circunstancias, distintos grados de agresividad). La ausencia de respuesta por parte de muchos adultos, generalmente movida por el miedo, y la agresividad de los jóvenes provoca un distanciamiento cada vez mayor entre las generaciones, lo que lleva al desconocimiento y a la generación de una mayor inseguridad en la calle (Bouamama,1993). Algunas de las características de los jóvenes que participan en las revueltas han ido cambiando a lo largo de los años. En los años 80 el perfil estaba más definido: eran “jóvenes, de sexo masculino, de unos veinte años, sin cualificación, o que habían experimentado un fracaso escolar, generalmente en situación de paro, de origen inmigrante y residentes en los barrios desfavorecidos” (Dubet, 1987: 20). En ese momento, se daba una presencia nada desdeñable de población de origen francés, que se encontraba integrada en grupos juveniles que se caracterizaban por ser mixtos. En los años 90, los chicos son cada vez más jóvenes (entre 15 y 26 años) y la presencia de los “franceses de souche” disminuye, debido al aumento de la concentración de la población inmigrante en estos barrios. Los grupos de pares responden a una mayor afinidad étnica. En el año 2005, se repite un poco la experiencia de los años 90, la edad de participación en la violencia disminuye y aumenta la afinidad étnica de los participantes. No obstante, es necesario tomar en cuenta un dato. Aunque las violencias sean protagonizadas por jóvenes en situación de exclusión que viven la calle a diario y participan en actividades delincuentes, en los momentos en los que la violencia adquiere una mayor intensidad, una parte de la juventud del barrio, perfectamente integrada socialmente, se une a los jóvenes rebeldes y se identifica con sus sentimientos. Este fenómeno resulta interesante porque revela el significado compartido de una población juvenil que se siente relegada y discriminada (Beaud y Pialloux, 2003: 9). Existen otros dos actores que, aunque su presencia en el espacio urbano no es visible, sí que cumplen un rol central en el proceso. En primer lugar hay que destacar el rol que

17.- El último informe de la Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad (CNDS) para el año 2004 señala ciertas derivas de la policía, que van de simples abusos de poder a actos violentos. Un estudio dirigido por Catherine Wihtol de Wenden sobre policía y discriminación, demuestra que en una gran mayoría de los casos estos abusos se deben a la falta de deontología y formación de los agentes. Entre sus razonamientos, localizan una clara relación de causalidad entre la delincuencia y la inmigración. Estos prejuicios les llevan a desarrollar sus intervenciones como si fueran situaciones de crisis frente a delincuentes peligrosos, por lo que usan armas de fuego, incrementan la represión y el uso de la violencia. Un 95% de los agentes vienen de provincias, no conocen los códigos de lenguaje y el comportamiento de los jóvenes de los barrios, por lo que muchas veces se ven desorientados y sin recursos para actuar (Wihtol de Wenden y Body-Gendrot, 2004)

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cumplen las instituciones. Los jóvenes queman y destruyen bienes públicos como una forma de mostrar al Gobierno su descontento. A través de la violencia, se espera una respuesta del Estado. Dependiendo de la actuación del Estado y de la eficacia las reformas emprendidas (políticas sociales, apertura de espacios de participación, etc), el conflicto tiene la posibilidad de atenuarse o agravarse. La relación entre la actuación de las instituciones y permanencia o desaparición del conflicto no es una relación de causa y efecto, pero, como pudo apreciarse durante los años 80 con la atenuación de la violencia en el momento de desarrollo del Movimiento Beur, la postura del Estado influye de manera muy significativa en la evolución de conflicto. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el papel de los medios de comunicación. Éstos tienen la responsabilidad de relatar los hechos después de la violencia y describir la situación social de los barrios periféricos, para transmitirla al exterior (a aquellas personas que no viven en estos espacios y que, además, probablemente nunca los han pisado, en parte, debido a la imagen negativa que se tiene de ellos). Como advierte Erving Goffman, es de esta “información social” de donde nace la “mala reputación” y, con el tiempo, la estigmatización que se produce sobre determinados espacios y grupos sociales (Goffman). 7. RESPUESTAS INSTITUCIONALES AL CONFLICTO: LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA “POLÍTICA DE LA CIUDAD” La “revuelta urbana” aparece en un momento de cambio, entre una descomposición (la caída del mundo obrero y la desaparición de un tipo de integración social) y una recomposición (la llegada de una sociedad de servicios y la puesta en cuestión de los mecanismos tradicionales de integración). Se entra, por tanto, en una fase de relativa confusión, en la que se ponen en marcha nuevas políticas que oscilan entre lo específico y el derecho común: ¿La discriminación positiva o la igualdad de derechos?, ¿la política nacional o local?, ¿la promoción de la ciudadanía o de las solidaridades étnicas?, ¿la delegación del trabajo social en los barrios al movimiento asociativo, según una tendencia de “hacer hacer”, o más bien, la dirección de la integración desde el Estado?. Esta ambivalencia persiste a causa de los efectos negativos que se observan en cada uno de los modelos: las políticas específicas pueden estigmatizar a las poblaciones concernidas y las políticas de integración conllevan en sí mismas mecanismos de desintegración (Wenden, 1999: 130). El modelo francés tratará de buscar su propio equilibrio. 7.1.“Los años del cemento” Después del primer “été chaud” (“verano caliente”) en Lyon, donde se quemaron 250 coches, el Gobierno reaccionó con rapidez y pareció tener claras las necesidades del momento. El estado de degradación de algunos barrios (cercanos a las antiguas zonas industriales) resultaba tan grave que lo primero que se planteó fue una inversión en cemento. Se entra en una fase en la que el tratamiento social se hace a través de lo urbano. Tres torres fueron dinamitadas en el barrio de les Minguettes en 1983, bajo una amplia cobertura mediática, en lo que parecía el inicio de una nueva era en la que poco a poco iban a ir desapareciendo las barriadas degradadas y se iba a caminar hacia una ciudad más solidaria. La renovación de la ciudad requiere de una nueva forma de hacer política y de gestionar los problemas urbanos. Nace la “politique de la ville” (“política de la ciudad”), que tiene como principal objetivo luchar contra las concentraciones urbanas de poblaciones desfavorecidas. Con ese objetivo se crea un dispositivo (CDQ, Comisión de Desarrollo Social de los barrios en dificultad) desde el que se procede a una selección de los principales “barrios difíciles” 86

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(22 en 1983 y 140 en 1984), en los que se pretende luchar contra la desertización económica y cultural (Wenden, 1999: 130). Lyon sigue siendo el principal laboratorio de esta nueva política urbana. Se instalan nuevos comercios, y supermercados, se ajardinan los barrios y se crean nuevas zonas comunes para crear una mayor proximidad entre los vecinos. De esta manera se pretende luchar contra la “guetización”, que comienza a ser una obsesión en la época, y se pretende evitar la fuga de las poblaciones de origen francés y su instalación en zonas de clase media. Se confía en que la renovación urbana revalorice el precio de las vivienda y frene el movimiento de población francesa y la concentración de población inmigrante (Battegay y Boubeker, 1992). Pero, el “lifting urbano” no provoca grandes cambios a nivel social y la concentración de las población inmigrantes crece cada día. A lo urbano se le suma, como refuerzo, una nueva política educativa. En 1981, Alain Savary, ministro de la Educación, anuncia la creación de las Zonas de Educación Prioritarias (ZEP). El dispositivo está previsto para que dure cuatro años. Se crean 363 ZEP. Veinticuatro años más tarde el número sube a 911 ZEP y escolarizan a un 20% del alumnado. En los años 80 se llevan a cabo las primeras experiencias pedagógicas basadas en la coordinación entre el medio escolar, las familias y los recursos sociales (asociaciones, etc...) implantados en los barrios. En 1988, el 15% de los profesores enseñan en ZEP (Wenden, 1999: 131). No obstante, el funcionamiento de estos centros no resulta como se esperaba. Los profesores más experimentados y formados no suelen elegir las ZEP para desarrollar su trabajo y generalmente estos centros se llenan de profesores interinos que no cuentan con la formación ni las herramientas suficientes para enfrentarse a las problemáticas sociales y educativas que se acumulan en estos centros (Wieviorka, 2000:8). Un tercer pilar de la “política de la ciudad” durante estos años fue la seguridad. Ante todo, se aboga por la prevención. Las actuaciones de los jóvenes pertenecen esencialmente a la pequeña delincuencia (infracciones y delitos que arrancan de comportamientos “desviados” provocados por la falta de atención e inserción social de estos colectivos) y deben ser prevenidas más que sancionadas. El informe de Bonmaison en 1982,“Frente a la delincuencia: prevención, represión, solidaridad”, privilegia la rama educativa, impulsando nuevos recursos como el DIJ (Delegación para la inserción profesional de jóvenes en dificultad) y la “Misión Local para el Empleo”, aún en funcionamiento, que pretenden luchar contra el paro y por la reinserción de las poblaciones desfavorecidas. Fue en estos años que se pusieron en marcha las primeras operaciones de “prevención para el verano” con la organización de colonias y viajes de verano para los jóvenes. Estas medidas han sido muy criticadas ya que han estado demasiado marcadas por el deseo de eliminar a los jóvenes del espacio urbano durante la época estival y evitar nuevas revueltas. Los años 80 marcan, por tanto, la toma de conciencia de la necesidad de intervención estatal en materia de la integración social de las clases más desfavorecidas. La discriminación en función del origen étnico, religioso, etc... no es considerada, sino que se aboga por reforzar los mecanismos, ya existentes, que aseguran la igualdad de oportunidades para el conjunto de los franceses. El derecho común se impone a las políticas específicas. 7. 2. Una nueva política para la ciudad 1990 es el año de la creación del Ministerio de la Ciudad. El Gobierno quiere darle un nuevo empuje a esta política y su primer ministro, Delabarre, hace votar la Ley de Orientación para la Ciudad (LOV), que obliga a los ayuntamientos con pocas viviendas sociales (HLM) a construir nuevas en su territorio, con el fin de obtener un mejor reparto de las poblaciones desfavorecidas en el conjunto de la ciudad. Por tanto, uno de los objetivos centrales de la política es luchar contra la guetización y caminar hacia una mayor mezcla 87

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en las distintas áreas urbanas. A finales de 1995, Juppé lanza una especie de “Plan Marshal” para las banlieues, creando las Zonas Francas Urbanas (ZFU), en las que se pretende favorecer el desarrollo económico y social, incitando a los empresarios y comerciantes a que se instalen en los barrios desfavorecidos a través de medidas de rebaja fiscal sobre los beneficios. Se crean nuevos “contrat ville” (“contratos ciudad”) que se basan en la cooperación entre el Estado, el poder local y los actores económicos y sociales (214 contratos son creados en 1995) (Wenden, 1999: 130). A lo largo de los años 90, la política de la ciudad quiere convertirse en una política más global. Superar poco a poco la “política de barrios” e ir hacia una integración que incluya una gestión de la ciudad en su conjunto. La diversidad en el acceso a la vivienda, la lucha contra la segregación escolar y sanitaria, la prevención, las acciones experimentales en materia de empleo, la delegación de competencias a las asociaciones creando una colaboración entre el Estado y las colectividades locales, son algunas de las novedades introducidas. Es, por tanto, el turno de las asociaciones, que dejan de funcionar como plataformas de participación política (como hicieron en el momento del Movimiento Beur) y se convierten en nuevos espacios de integración social. El Estado ve en las asociaciones religiosas -principalmente islámicas- un aliado en la lucha contra la exclusión, la drogadicción y la violencia juvenil. Se abre un espacio, aunque no se reconoce oficialmente para la participación de las élites musulmanas (ya sean de origen inmigrante o provenientes de los países del Magreb) y se confía parte del trabajo social de los barrios a los llamados “hombres frontera”, mediadores sociales, militantes asociativos y educadores, que se convierten en los nuevos “pacificadores de los suburbios”. Desde el punto de vista de algunos intelectuales, este tipo de gestión recuerda al sistema de organización colonial, en el que las banlieues podrían estar convirtiéndose en “colonias” y los mediadores y educadores musulmanes en los súbditos de la República (Leveau y Wenden, 2001:123). Este tipo de medidas facilita la participación de las elites musulmanas y la creación de nuevas identidades étnicas y religiosas, que se forman en torno a nuevas solidaridades particulares y privadas. A nivel de seguridad se piensa que restaurando el “lien social”, los antiguos “lazos sociales” y solidaridades que funcionaban a nivel local durante el periodo industrial, el sentimiento de inseguridad, muchas veces basado en una percepción subjetiva, podría desaparecer y rebajar la tensión en algunas de las áreas más conflictivas. Para ello, el ministro Chevenement, bajo el Gobierno socialista de Jospin, crea el concepto de la “police de proximinté” (“policía de proximidad”), un nuevo cuerpo que trabajaría al servicio de la ciudadanía. A través de una interrelación continuada entre los vecinos y los agentes de policía, quienes podrían jugar el papel de mediadores en los conflictos cotidianos, se pretendía recobrar la seguridad y la confianza en los espacios públicos. Esta policía desarrollaría también un trabajo de prevención y control de las conductas juveniles más conflictivas. No obstante, este dispositivo, aunque desde ciertos ámbitos se juzgara positivamente no pudo desarrollarse del todo, debido al tiempo de su implantación. La experiencia profesional de los agentes no duró más de 14 meses. Además, la creación de una policía de proximidad requeriría de una formación muy específica y de una inversión financiera mucho mayor. En Francia, el cuerpo nacional de policía asimila prevención con laxismo y, muy rápidamente, los agentes se ven como “asistentes sociales”. Este tipo de organización se basan de un diálogo permanente entre los trabajadores sociales y la policía, hecho que tampoco se dio debido a la falta de continuidad del proyecto (Liberation, 10 noviembre 2005). A nivel de empleo, en 1997 Martine Aubry creó los “emplois jeunes”, empleos para jóvenes de entre 16 y 23 años que se encuentran sin cualificación. La labor de búsqueda de empleo recayó sobre las asociaciones, que orientaron a los jóvenes hacia empresas pri88

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vadas, que se beneficiaron de un menor coste en la contratación de sus empleados jóvenes, asociaciones (trabajo social con discapacitados, personas mayores, drogadicción, jóvenes en riesgo de exclusión...) y el sector público (educación, policía...). La realización de labores sociales por parte de los jóvenes resultó ser una medida muy beneficiosa, ya que en algunos ámbitos, como por ejemplo en materia de educación de calle, los jóvenes que habían crecido en las cités conocían bien la calle, los códigos y el lenguaje de los jóvenes, lo que facilitó la intervención de los trabajadores sociales en los grupos más cerrados y “conflictivos”. Los resultados de este dispositivo se juzgaron también positivamente. En junio de 2002 había beneficiado a 210.000 asalariados de menos de 25 años que fueron empleados con contratos de cinco años y remunerados con el salario mínimo (SMIC, que en Francia asciende a 1.200 euros)18. En resumen, los años 90 significan un giro importante en las políticas urbanas y de integración. Bajo el supuesto velo proteccionista del Estado francés, que garantiza la igualdad de derechos a conjunto de los ciudadanos, con la aplicación de medidas a nivel nacional, como los “empleos juveniles” y la “policía de proximidad”, paralelamente, se desarrolla un nuevo tipo de gestión que tiende a la descentralización y que se apoya en las colectividades y asociaciones locales. El movimiento asociativo nacido de la ley de 1981 (que permite la libre asociación de las poblaciones extranjeras) se convierte en un potente mecanismo de integración social, realizando el trabajo social de proximidad (apoyo escolar, animación, del tiempo libre, lucha contra la delincuencia, etc...) que el Estado no es capaz de cubrir. De manera indirecta, este tipo de organización abre un espacio para la intervención de las poblaciones musulmanas en los procesos de integración y educación social, línea de actuación política que choca con el laicismo y la concepción republicana de la integración. 7.3. La represión como única salida y la toma de conciencia de las discriminaciones Los últimos años de la década de los 90 y los primeros del nuevo milenio resultaron ser una época difícil para las asociaciones locales que realizaban una labor de inserción social en los barrios periféricos. El Gobierno de Jean Pierre Raffarin (2002-2005) congela los Fondos de Acción para la Integración y anula las dos medidas estrella del anterior gobierno (socialista): los “empleos para jóvenes” y la “policía de proximidad”. La persistencia de la delincuencia juvenil y el clima cada vez más tenso en los suburbios hace que la derecha contemple el aumento de la represión como única salida.“La percepción de la irreversibilidad de la delincuencia en las zonas sensibles justifica la severidad” (Bonelli, 2001:2). La policía se dota de nuevas estructuras de intervención en los barrios: la brigada anticriminalidad (BAC), las unidades móviles especializadas (UMS), las compañías departamentales de intervención (CDI), las brigadas de investigación y de coordinación (BREC), la reforma de la policía de proximidad, etc... El Ministerio de la Justicia desarrolla igualmente nuevas estructuras específicas: agrupaciones locales para el tratamiento de la delincuencia (GLTD), corresponsales o delegados de los procuradores, casas de justicia (MJD), así como la puesta en marcha de procedimientos particulares; lo que permite un tratamiento en tiempo real de la delincuencia (TTR), con salas de interrogatorio inmediatas, etc. La inflación de estas unidades de intervención en los barrios y la elección de reprimir prioritariamente la pequeña delincuencia provoca un endurecimiento del código penal. Las sanciones para este tipo de delitos son mucho más graves y la severidad del trato en las salas de interrogatorio inmediatas es mucho mayor. El tratamiento en tiempo real transforma

18.- “Histoire de la politique de la ville” 1970-2003, www.ville-en-france.org

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radicalmente la justicia para menores. Se aprueba la Ley Perben que abandona la vía educativa y privilegia la sanción a partir de edades más tempranas, la sanción penal a partir de los 10 años y la detención provisional y la retención en centro cerrado a partir de los 13 años. Los jóvenes de 13 años pueden ser juzgados delante de un tribunal de menores. La llegada de Sarkosy al Ministerio del Interior da lugar a una nueva la ley de la seguridad interior -“Loi Sakosy”- que da mayores competencias a la policía en materia de control y seguridad, rompiendo el equilibrio entre las fuerzas del orden y la justicia, y por tanto, desactivando parte de los mecanismos de control sobre la actuación de las fuerzas del orden. Se instala una nueva ideología de la “tolerancia cero” y se sancionan comportamientos como, por ejemplo, la reunión de jóvenes “con actitud amenazante” en los portales de los edificios, zonas comunes, etc, que pasan ha ser clasificados como nuevas formas de delito (Bonelli, 2005: 22). La prevención y el tratamiento de las cuestiones sociales desaparece en beneficio de la lucha contra la delincuencia. Las formas más graves de delincuencia son abandonadas en detrimento de la lucha contra las más “visibles”, que son las que provocan miedo y angustia social y, por tanto, son las más urgentes. Incluso, el Ministro de Justicia lo reconoce: “privilegiar de una parte el tratamiento de la pequeña y mediana delincuencia conlleva una desatención de la delincuencia económica o financiera” (Bonelli, 2005: 22). Asímismo, dicho tratamiento provoca una saturación de la actividad de los magistrados que relegan los casos más complejos. La preocupación por la seguridad desemboca finalmente en las revueltas de otoño de 2005, que marcan un antes y un después en la política del Gobierno. En este momento, el “modelo de integración a la francesa” es puesto en cuestión a la vista de los resultados obtenidos. Un paquete de medidas son puestas en marcha, y por primera vez, se pone el acento en las discriminaciones. Chicac promete “extraer todas las consecuencias de la crisis” y anuncia que todos los dispositivos -la Zonas Francas, el plan de renovación urbana, el plan de cohesión social y lucha contra las discriminaciones- están preparados para actuar”(Le monde, 11 de noviembre 2005). El 9 de marzo de 2006 se lanza un nuevo “contrato urbano de cohesión social”, que sucede a los “contrat ville” de los años 80 y 90. Con la duración de 2007 a 2012, asegura la intervención del Estado en cinco áreas: el empleo, el hábitat urbano, el éxito escolar, la prevención de la delincuencia y la ciudadanía. Entre las más de 50 medidas propuestas pueden citarse algunas relevantes como la ayuda para la búsqueda de empleo para jóvenes de menos de 25 años. La ANPE (Agencia para el Empleo) debe recibir a estos jóvenes, en especial si residen en una de las zonas sensibles y proporcionarles un seguimiento (ofrecerles las ofertas, ayudarles, proporcionarles una formaciones en caso de que la necesiten, una tutoría, etc). Por otro lado, se crean los “contratos para jóvenes” que sustituyen a los “empleos para jóvenes”, creados por el Gobierno socialista (Liberation, 10 de noviembre 2005). La crisis del sistema educativo se pretende combatir por medio de una “política de éxitos” y un aumento de los recursos. El ministro de la Educación anuncia quince medidas concretas a favor de los centros escolares prioritarios (ZEP), entre las que se incluyen mil profesores suplementarios (cinco por colegio), una enfermera por centro, tres mil asistentes pedagógicos y nuevos dispositivos de relegación para los alumnos más problemáticos. Se pone en marcha un “barómetro del éxito” que permitirá cada año evaluar los resultados de los centros y entrar en competición con otros situados en otras zonas urbanas. Los alumnos que tengas buenas calificaciones podrán elegir centro y cambiar al comienzo del siguiente curso académico. Se da continuidad a la iniciativa de “Talents del cités” (“Talen90

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tos de los barrios”) en la que se premia a los jóvenes con mejores notas para alimentar el espíritu emprendedor en los barrios periféricos. La creación de la Haute Autorité pour la luttes des discriminations et l’egalité de chances (Autoridad para la lucha contra las discriminaciones y la igualdad de oportunidades) abre la puerta por primera vez al tratamiento un conjunto de conductas discriminatorias existentes en la sociedad francesa en diversos ámbitos (el ámbito educativo y el laboral, principalmente), cuyas víctimas son los jóvenes de los suburbios, por pertenecer a una clase social más humilde y tener un origen étnico diferente al de la mayoría. En el ámbito laboral, existen dos formas específicas de discriminación: la discriminación en la contratación y la discriminación en el seno de la empresa (Bataille, 1998). Según un estudio del observatorio de las discriminaciones, un hombre con un nombre y un apellido francés, residente en París y de origen europeo tiene cinco probabilidades más de obtener una entrevista que un joven de origen inmigrante que habita en un barrio de vivienda social. Una encuesta de SOS Racismo, por otro lado, muestra que de varios CV de distintos candidatos para puestos de relevancia, la tasa de paro de los blancos es de un 2% frente a un 7% de los negros (Le monde, 12 de noviembre 2005). El sistema de contratación francés en la empresas es muy conservador y responde, muchas veces, a inercias y estereotipos que funcionan casi de manera inconsciente. Por ello, la única solución posible parece la intervención y el control desde el Estado. Desde 2005 se están experimentando nuevas medidas, como la carta de la diversidad, el CV anónimo y los acuerdos de cooperación social. Algunas empresas han firmado el acuerdo por la diversidad. Es el caso de PSA Peugeot-Citroën que ha llegado a un acuerdo con los sindicatos accediendo a introducir el currículo anónimo. La experiencia ha aportado unos resultados bastante positivos en materia de integración de personas de origen inmigrante y residentes en barrios difíciles. En 2005, de 647 contratados, como ingenieros o jefes, PSA afirma haber reclutado a 60 personas de origen inmigrante y 11 originarias de zonas sensibles. De entre los 330 obreros contratados, 74 viven en barrios periféricos o son de origen inmigrante (Le monde, 12 de noviembre 2005). Muchas veces, es más fácil persuadir de la introducción de estas medidas a los comités de empresa (los jefes) que al management intermedio, que están en contacto directo con los empleados. No obstante, las empresas, en este sentido, son incluso más innovadoras que el propio Estado. Seis o siete millones de empleos públicos en Francia siguen siendo inaccesibles para las poblaciones de origen inmigrante. Es aquí donde puede intuirse el fallo: la corrección de estas conductas quizá pase por que el primer empleador del país, el Estado, brinde con su ejemplo. La toma de conciencia de la necesidad de apertura de determinados espacios vedados a algunos colectivos que poseen la nacionalidad francesa (los jóvenes descendientes de la inmigración magrebí y africana) parece haberse producido, después de más de veinte años de conflicto social y urbano, y de la declaración del Estado de Urgencia durante las violencias de 2005. El reconocimiento por parte del Estado de la existencia de mecanismos de discriminación anclados en el sistema político y social, y el impulso de medidas en contra de estas prácticas, es un cambio importante en el diseño de la política francesa de integración. No obstante, a pesar de que la ley irá acompañada de medidas que ayuden a las poblaciones más desfavorecidas, Francia, contrariamente a otros países europeos, no ha cambiado su dispositivo jurídico y sigue siendo una República laica y democrática que asegura la igualdad de todos los ciudadanos delante de la ley, sin hacer distinción de origen, de raza o de religión19. 19.- “Carta del primer ministro”, Proyect de Carte de la Laïcite dans les services publiques. Haut Conseil á l’Integration, Javier 2007.

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8. CONCLUSIONES El conflicto de los suburbios franceses no puede entenderse sin conocer la historia de la inmigración colonial, pero tampoco puede desligarse del análisis de la evolución de las clases populares francesas. El estudio de ambas experiencias permite tomar conciencia de la manera en que el cambio económico afecta a determinados estratos sociales, colocados en situaciones de elevada vulnerabilidad. También nos permite observar de qué forma el posicionamiento del Estado frente a estas clases desfavorecidas puede levantar enormes barreras y dificultar su integración o ayudar a estos colectivos a superar sus dificultades. La “revuelta urbana” en Francia revela la existencia de una “crisis social” en la República desde 1980, que se cristaliza en los barrios periféricos y toma diferentes formas: altas tasas de paro entre las poblaciones juveniles, fracaso escolar, desintegración familiar, degradación de las viviendas, delincuencia, tensiones sociales, segregación social y urbana, etc. La permanencia de estos problemas a lo largo de los últimos veinticinco años ha hecho que la violencia urbana adquiera un tono más grave y se haya distanciado, en parte, del sentido reivindicativo que pudo tener al principio. Durante los años 80 el Movimiento Beur y la participación de los jóvenes de base generó esperanza en los suburbios. Los jóvenes franco-magrebíes obtuvieron voz y un reconocimiento social que les incluía de lleno en ese mundo del que creían estar excluidos. Pero la institucionalización del movimiento y el fracaso de las políticas sociales devolvió de nuevo la amargura a los barrios y provocó un sentimiento de abandono y vacío social que llevó a las personas a buscar nuevos elementos de identificación y nuevos ámbitos de sociabilidad. Por un lado, surgen nuevas solidaridades étnicas e identidades particulares, animadas por el nuevo protagonismo de las élites musulmanas. La pérdida de esperanza en el cumplimiento de los principios democráticos y los valores republicanos provocan un giro hacia la fe. Los valores republicanos son sustituidos por los valores religiosos. Por otro lado, en los barrios se instala una nueva marginalidad juvenil y la “no integración” se convierte en un valor para una parte de la juventud (Roy, 1991). Cobran protagonismo los grupos juveniles que ofrecen un espacio solidario y de integración a los jóvenes desocupados. Además, se definen cada vez más en función del origen étnico. En un contexto internacional en el que el Islam se ha convertido en una amenaza, los jóvenes saben que cuentan con un arma de provocación que genera temor a su alrededor. Por tanto, la nueva etnicidad en los suburbios se presenta como el resultado de la “no integración”. La “revuelta urbana” no arranca de un problema étnico, ni responde a una dificultad de asimilación cultural, sino que nace de un déficit de integración social. Las lecturas culturalistas que se despliegan en los medios de comunicación y en los debates televisivos ofrecen una explicación reducida y sesgada del fenómeno. La violencia no se explica porque los jóvenes tengan unos orígenes culturalmente distintos a los franceses. Este hecho puede añadir algunas dificultades, pero, la ausencia de integración se debe en mayor medida a una serie de factores macroestructurales (cambio económico, paro estructural, aparición del fenómeno de la exclusión, etc...) y microestructurales (desestabilización de las familias, socialización en contextos marginales, aprendizaje conductual, padecimiento de tratos discriminatorios desde la infancia, etc) contenidos en la experiencia y la “historia social” de los jóvenes que habitan los suburbios y descienden de la inmigración colonial. La evolución de la “revuelta urbana” y las distintas reacciones que este fenómeno ha suscitado, tanto a nivel político como a nivel social, han pasado a formar parte de la memoria de las tres generaciones de jóvenes de origen inmigrante que han crecido en los barrios periféricos. El reiterado discurso negativo sobre los suburbios, las continuas alusiones al Islam como amenaza, el fracaso sucesivo de las políticas de intervención social, 92

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la frustración por la desaparición de los movimientos sociales locales, la violencia cotidiana, etc... son elementos que han ido configurando una conciencia colectiva en los jóvenes, que es heredada por los hermanos mayores y transmitida a los pequeños. En torno a este sentir común se articula la “revuelta urbana”. La muerte de un joven se convierte en la chispa que enciende ese sentimiento colectivo de pertenencia a un grupo desfavorecido y relegado. De esta identidad nace el profundo deseo de reconocimiento, que, hasta ahora, ningún partido político, organización institucional o líder democrático ha conseguido expresar o representar. No obstante, en las banlieues el movimiento cívico y social nunca se ha agotado del todo, y en cada periodo histórico, ha conseguido hacerse oír, incorporando nuevos temas de reivindicación. El nacimiento de estos movimientos revela el gran potencial que emana de estos espacios urbanos. Los suburbios son lugares complejos donde se dan a la vez situaciones de exclusión (jóvenes que se encuentran fuera de las vías formales de integración) y situaciones de integración (cada día llegan inmigrantes que se integran con relativa facilidad); se producen conflictos, (que implican el uso de la violencia), y nacen nuevos lazos y solidaridades entre gentes diversas; se producen actitudes que muestran una profunda desafección por la política y otras que luchan por un cambio social “desde abajo”. Es en estos espacios donde mejor puede evidenciarse el cambio social y donde se observan con mayor crudeza los problemas. Las personas que habitan en estas zonas urbanas y viven cada día estas dificultades, pueden localizar con mayor facilidad los ámbitos en los que se necesita una urgente intervención del Estado y una representación política. Es importante acabar con la orfandad de estos movimientos e incorporar en los conflictos políticos generales los discursos que nacen de las personas que viven en estos barrios, porque representan a una fracción muy importante de la población en Francia y, sobre todo, porque son ellos quienes están confrontados a las nuevas injusticias sociales. Por ello, las medidas espontáneas e iniciativas que nacen desde estos ámbitos (como, por ejemplo, la reapropiación de las calle por parte de los adultos, las iniciativas ciudadanas dirigidas por los alcaldes, etc), son las acciones que más están ayudando a evitar que crezca la fractura entre gentes de distintos orígenes y creencias religiosas, adultos y jóvenes, barrios céntricos de clase media y barrio periféricos y pobres. El Estado ha de proyectar políticas sociales a largo plazo, y asegurar su gestión y financiación (pública o privada) para varios años. Estas medidas deben contar con la participación de los habitantes y las personas que trabajan en los suburbios, ya que es a través de ellos como se pueden conocer en profundidad los espacios locales e intuirse nuevas fórmulas y medidas que permitan caminar hacia un tratamiento real de los problemas urbanos.

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4. INMIGRACIÓN Y CONFLICTO EN GRAN BRETAÑA: ÉXITOS Y FRACTURAS MODELO MULTICULTURAL Marta Latorre Catalán Universidad Complutense de Madrid

DEL

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INTRODUCCIÓN En los últimos años, Gran Bretaña ha vivido algunos conflictos relacionados con la inmigración que, por un lado, la acercan a algunos de sus vecinos europeos y, por otro, marcan una diferencia sustancial respecto a éstos, tanto en cuanto al origen y desarrollo como a la respuesta provocada por dichos conflictos. Por el lado de las similitudes, debemos destacar las voces que en fechas recientes han visto en los últimos disturbios protagonizados por minorías étnicas en Gran Bretaña cercanía con, por ejemplo, las revueltas urbanas francesas de los últimos años. Una interpretación que se centra, fundamentalmente, en la existencia de un contexto social y económico que de alguna manera se habría desvelado responsable de la emergencia de nuevos y crecientes conflictos y tensiones étnicas y raciales en las ciudades posindustriales (Duster, 2006). Un contexto marcado por altos índices de desempleo, segregación espacial y discriminación racial para los hijos y nietos de inmigrantes. También algunas nuevas líneas de fractura relacionas con el Islam en Gran Bretaña parecen encontrar eco recientemente en otros países europeos (los Países Bajos, por ejemplo). Los debates en torno al control de ciertas comunidades o líderes religiosos o sobre la compatibilidad del Islam con las democracias liberales contemporáneas (estrechamente relacionado con el temor al islamismo) son una muestra de ello. Sin embargo, Gran Bretaña presenta peculiaridades en la forma en que se han desarrollado y se han enfrentado conflictos recientes relacionados con la población inmigrante (o, para ser más precisos, fundamentalmente descendiente de inmigrantes). Particularidades que son fruto de la evolución de la población inmigrante en Gran Bretaña durante las últimas décadas, que, a su vez, es en gran parte resultado de las políticas y los discursos sobre inmigración a lo largo de este período. Nos detendremos y abordaremos ese carácter singular en estas páginas. Analizaremos de manera más precisa los disturbios que protagonizaron jóvenes de origen asiático en distintas ciudades del norte de Inglaterra (Oldham, Burnley y, especialmente, Bradford) durante el verano de 2001, que son considerados como los de mayor gravedad en Gran Bretaña desde los años 80 (Hussain y Bagguley, 2005; Seward, 2006), tanto por los daños causados como por el impacto que tuvieron en el país (Kundnani, 2001b). Un episodio de conflicto racial que situó de nuevo en el debate público cuestiones centrales relacionadas con el racismo y la integración de las “segundas generaciones”. Saltaron entonces las alarmas en la opinión pública de que “algo estaba fallando”, tras más de treinta años de políticas de integración y a favor de la igualdad. Desde entonces se han sucedido las interpretaciones de lo sucedido. Los distintos análisis señalaron una lista de factores desecandenantes, que incluían el conflicto generacional 99

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y cultural, la actividad de la extrema derecha o la pobreza y la segregación de las minorías implicadas. El discurso predominante en los informes oficiales posteriores y que fue sostenido por el Ministerio del Interior y el Gobierno fue el de la ‘cohesión social versus segregación’, reclamando medidas y políticas locales que contribuyeran a la cohesión comunitaria. Por otro lado, algunos de los autores que se han acercado al episodio lo sitúan, más bien, en un conflicto sobre ciudadanía y reconocimiento. De un parte, quienes señalan las tensiones que estaría viviendo una parte de la población de origen inmigrante, jóvenes en su mayoría, para conciliar su condición de ciudadanos británicos con sus identidades étnicas y religiosas. De otra parte, quienes precisamente ven los disturbios como un ejercicio de ciudadanía de una generación de jóvenes que reclama el ejercicio pleno de sus derechos y su condición, sin discriminación, y al tiempo combate una concepción única de identidad nacional que no contempla las diferencias. Debemos señalar también la importancia de otros conflictos significativos que han mostrado aspectos muy relevantes de la inmigración en Gran Bretaña, como las tensiones entre libertad de expresión y libertad religiosa (el “caso Rushdie”) o la aplicación de las políticas multiculturales en ámbitos como el de la educación (el “caso Honeyford”). En algunos de ellos aparecen por primera vez como protagonistas esas “segundas generaciones” que aquí son objeto de nuestra atención. Por ello nos detendremos también en algunos de esos antecedentes. Lo que aúna a estos conflictos relacionados con la inmigración en Gran Bretaña es, entre otras razones, que han abierto el debate sobre el multiculturalismo en distintas instancias: entre la opinión pública, partidos políticos y administraciones, intelectuales y expertos en inmigración. Se han sucedido las voces que hablan de la crisis (o no) del que ha sido durante décadas el paradigma de la integración de los inmigrantes en Gran Bretaña, cuestión que es de singular importancia para un país que durante años ha sido el principal referente del multiculturalismo a este lado del Atlántico. 1. LA INMIGRACIÓN EN GRAN BRETAÑA La nueva inmigración: la llegada de “la diferencia” Aunque antes de 1945 Gran Bretaña había acogido pequeñas comunidades de inmigrantes, es durante la segunda mitad del siglo XX cuando tiene lugar la transformación de una sociedad homogénea, “blanca,” en otra multiétnica (Hansen, 2000; Spencer, 2007). Las distintas oleadas de inmigración1 comenzaron a finales de los años 40 y se intensificaron a lo largo de los años 50 y 60. Además de por un marco legal que propició esa inmigración (en el que nos detendremos más adelante), ésta se vio favorecida por el extraordinario crecimiento de la Gran Bretaña de posguerra, así como por la delicada situación económica que vivían buena parte de los países de origen, en pleno proceso de descolonización (Booth, 1992). 1.- Debemos precisar que hablamos aquí de lo que podríamos denominar “inmigración de la diferencia”, pues ya antes Gran Bretaña había recibido la llegada de inmigrantes (aunque en menor número) de Europa y, fundamentalmente, de Irlanda, y también la “inmigración blanca” de otros países de la Commonwealth (como Australia). Pero nos referimos ahora primordialmente a la numerosa inmigración procedente de las antiguas colonias, en particular de las Antillas y el subcotinente indio (India, Pakistán y Bangladesh) y -aunque posterior e inferior en cuanto al número- de África.

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El panorama económico británico se caracterizaba en el período por unas bajas tasas de desempleo y la creciente demanda de mano de obra en una industria en expansión. Sin embargo, según apuntan numerosos autores, esta inmigración nunca fue buscada ni, en cierto modo, deseada: las encuestas de opinión señalaron desde el principio el rechazo a esta inmigración de la Nueva Commonwealth y los distintos gobiernos de posguerra siempre tuvieron en mente emprender medidas restrictivas con dicha inmigración. Además de la lógica presión que experimentaron los gobiernos de la época para mantener una política de (casi) libre entrada hasta 1962 para abastecer las necesidades del mercado laboral, algunos expertos en la inmigración británica señalan la importancia de otro factor esencialmente político: el compromiso entre los dos principales partidos políticos, Laborista y Conservador, de no hacer de la inmigración un área de conflicto partidista, más aún, incluso del debate político (Hansen, 2000). Podemos hablar, pues, de un período, de 1948 a 1962,“de puertas abiertas” para los ciudadanos de las antiguas colonias, igualados legalmente a los británicos en cuanto a derechos y que, por lo tanto, tenían un acceso casi sin limitaciones a Gran Bretaña. Las escasas y voluntarias restricciones vinieron, más bien, de algunos de los gobiernos de los países de origen en respuesta a las presiones británicas, lo que de alguna manera marcó también el propio tempo de las oleadas de inmigración2. Los tres grandes flujos migratorios del período se corresponden a la llegada de (i) antillanos, (ii) indios y (iii) pakistaníes y bangladeshíes (Booth, 1992). Durante este período, en palabras de Joly, los inmigrantes se incorporaron a Gran Bretaña “en el marco que podemos llamar el paradigma de las “relaciones raciales”’ (Joly, 2005: 11). Siguiendo una concepción de las relaciones étnicas muy deudora de los Estados Unidos (hacia donde miraban frecuentemente tanto políticos como expertos británicos), de ‘negros-blancos’, las nuevas comunidades de inmigrantes fueron “racializadas” y bajo la categoría de “negro” se incluyó tanto a los caribeños como a los asiáticos. Algunos autores (Hansen, 2000) señalan ese período como de “inmigración primaria” desde la nueva Commonwealth y el que tiene lugar a partir de 1962 y hasta 1974 como de “inmigración secundaria”, en el que, a partir de ciertas medidas restrictivas que limitaron la entrada en el país pero favorecieron la reagrupación familiar, se produce una intensa llegada de dependientes de inmigrantes ya asentados en Gran Bretaña (cónyuges, hijos, ancianos). En este mismo período podemos ubicar también la llegada de la numerosa inmigración africana procedente de países que se independizaron entonces de la metrópoli (Kenya, Uganda, etc.). Aunque algunas voces discrepen del distinto peso que corresponde a cada uno de estos períodos en la formación de “la Gran Bretaña inmigrante” (en términos de cifras, al menos), podemos afirmar que la Gran Bretaña multiétnica de la actualidad hunde sus raíces en ambas etapas. La concentración geográfica de la población inmigrante La inmigración de posguerra se concentró especialmente en las ciudades industriales, en las zonas donde había más demanda de mano de obra. Los inmigrantes comenzaron a

2.- Por ejemplo, el gobierno indio introdujo medidas restrictivas en 1954 y, más adelante, también lo hicieron los gobiernos de Pakistán y Bangladesh. Normalmente se referían a la exigencia de contar con un conocimiento adecuado del inglés y con un trabajo o una oferta de trabajo en el destino.

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ocupar barrios que hasta entonces albergaban a los trabajadores autóctonos. Se produjo así (y, sobre todo, a partir de períodos posteriores de crisis industrial y desempleo) lo que se denominó “white flight” (la “huida blanca”, podríamos traducir): aquellos autóctonos que pudieron permitirse una vivienda mejor (y más cara), se marcharon a nuevas zonas residenciales. Por otro lado, la administración discriminaba de facto a los inmigrantes en el acceso a las viviendas oficiales (Joly, 2005: 11), lo que provocó que los autóctonos ocuparan nuevas zonas de viviendas públicas alejadas de las concentraciones de inmigrantes (Kundnani, 2001b: 106-107). La segregación espacial tuvo como consecuencia lógica la segregación educativa: algunos distritos albergaban zonas con casi el cien por cien de población de un solo grupo étnico; en otros con concentraciones más leves, el derecho de los padres a elegir centro llevó a los autóctonos a alejar a sus hijos de las escuelas con alta concentración de población inmigrante. Para Kundnani (fijándose fundamentalmente en las concentraciones de pakistaníes y bangladeshíes en el norte de Inglaterra) la consecuencia se presentaba obvia: “escuelas-ghetto asiáticas en las que las expectativas de fracaso escolar fueran la norma: los malos resultados podrían ser explicados como ‘problemas culturales’” (Ibid: 107.). Como veremos más adelante, la formación de estos barrios aislados, con una gran concentración de población de origen inmigrante, se ha relacionado estrechamente con algunos de los recientes disturbios en Gran Bretaña. Aún en la actualidad persiste la concentración geográfica de población de origen inmigrante en torno a las grandes centros urbanos del Inglaterra, especialmente en las West Midlands,WestYorkshire y en el área de Londres: según los datos del último Censo (2001), el 45% de la población no blanca del país (fundamentalmente originaria del Caribe, el subcontinente indio y África) reside en la región de Londres, donde constituyen el 29% de la población (Office for National Statistics). Gráfico 1. Porcentaje de población de minorías étnicas por área de residencia, 2001

La inmigración contemporánea La aprobación en 1981 (y su entrada en vigor en 1983) de la Ley de la Nacionalidad Británica, que revocaba la de 1948, significó un verdadero punto de inflexión en materia migratoria y de nacionalidad en Gran Bretaña. Como veremos más adelante, la Ley de 1981 reemplazó la “ciudadanía compuesta” que había sido creada por la Ley sobre la Nacionalidad y la Commonwealth de 1948, que había quedado obsoleta por el proceso de descolonización (Spencer, 1997: 148), por una versión reducida de ciudadanía británica, que de hecho se formula por primera vez. La Ley de 1981 se complementó durante los años 70 y 80 con una serie de leyes de inmigración restrictivas (especialmente, la Ley de Inmigración de 1971), lo que de alguna

Fuente: Office for National Statitics

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manera ponía fin a la política de puertas abiertas que había regido desde hacía más de dos décadas. Entre otras razones de carácter interno, el ingreso del Reino Unido en la Unión Europea contribuyó notablemente a que los gobiernos británicos vertebraran un marco legal restrictivo, que le hacía converger en materia migratoria con el resto de Europa en un modelo “que combina un acceso a la nacionalidad relativamente sencillo con un estricto control migratorio” (Hansen, 2000: 207). Desde entonces,“las políticas migratorias del Reino Unido se han orientado progresivamente a permitir una limitada inmigración con fines de reagrupación familiar y de protección de refugiados, mientras que se introducían cortapisas a la inmigración laboral, salvo para categorías de trabajadores muy específicas” (Juss, 2005: 213). Como señala Juss, los gobiernos del “Nuevo Laborismo” (después de varios gobiernos conservadores) han manifestado su intención de buscar “soluciones globales” para una “migración organizada”, acorde a las necesidades y características del país. En este contexto es en el que se viene produciendo la llegada de inmigrantes a Gran Bretaña en los últimos años, lo que ha provocado una inmigración constante (y aun numerosa: más de 300.000 personas al año desde 1994) pero, en comparación, de menor entidad que las décadas anteriores. En los últimos años se han producido algunos picos coincidiendo con la incorporación de nuevos países miembros a la Unión Europea (por ejemplo, el 80% del incremento entre 2003 y 2004 correspondía a ciudadanos de los diez nuevos Estados miembros de la UE, especialmente polacos). En la década de 1994 a 2004, la cifra de entrada inmigrantes en Gran Bretaña ha aumentado de 314.000 a 582.000 personas. Como en los países de su entorno, los motivos principales de la inmigración a Gran Bretaña los constituyen el trabajo y los estudios. En este sentido, debemos indicar (al ser una cifra significativa) que uno de cada tres llegadas de inmigrantes a Gran Bretaña en 2003 se hizo por razón de estudios (135.000 personas). Por otro lado, uno de cada cinco inmigrantes (114.000 personas) entró en la misma fecha en el país con una oferta específica de empleo. Gráfico 2. Migración internacional desde y al Reino Unido, 1991-2005

Gran Bretaña es desde hace casi dos décadas -y especialmente desde comienzos de los años 90- netamente un “país de inmigración”, a pesar de que la emigración de ciudadanos británicos al exterior (fundamentalmente a Australia, Nueva Zelanda y países del sur de Europa) se mantiene alta y constante desde entonces, como vemos en el gráfico 2.

Sobre las características actuales de la población de origen inmigrante en Gran Bretaña, debemos indicar, en primer lugar, que las cifras y datos que ofrecen las administraciones británicas desde hace años corresponden a “grupos étnicos”, al igual que lo hace Fuente: Office for National Statitics la literatura especializada al hablar de grupos o “minorías étnicas”, para referirse al grueso de la inmigración (esa inmigración de la diferencia a la que nos referíamos) llegada durante las últimas décadas. Ese tránsito de los 103

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inmigrantes a las minorías étnicas refleja de alguna manera la formación y transformación de “la Gran Bretaña inmigrante” en términos de políticas y discursos desde la posguerra mundial hasta nuestros días. De acuerdo con los datos del Censo de 2001, la población correspondiente a minorías étnicas en el Reino Unido era del 7,9% (por encima de los 4,5 millones de personas)3. Entre éstas, el grupo más numeroso corresponde a los asiáticos y británicos de origen asiático (bajo estas categorías se engloba a la población procedente del subcontinente indio), con un 4% del total y que constituye algo más del 50% del total de las minorías representadas (es decir, algo más de 2.300.000), y formado principalmente por tres grupos: indios (1,8% del total de la población; 22,7% de las minorías), pakistaníes (1,3%; 16,7%) y blandeshíes (0,5%; 6,1%). El segundo grupo más numeroso lo forma la población negra, principalmente de origen caribeño (1%; 12,2%) y africano (0,8%; 10,5%), con un total del 2% sobre la población total del país y constituyendo un cuarto de las minorías étnicas contempladas. Quienes consideraron su origen “mixto” constituyen el 1,2% de la población total (14,6% de las minorías). Las personas de origen chino (5% del total de las minorías) y de “otros grupos étnicos” (5%) representan los otros grupos significativos de la población británica de origen inmigrante. La distribución por edad y género de la población en Gran Bretaña nos ofrece algunas informaciones relevantes, reflejando los movimientos de inmigración y los patrones de fertilidad de los distintos grupos. En primer lugar, los grupos de población blanca (las que el Censo recoge como “blancos británicos” y “blancos irlandeses”) tienen una estructura de edad mucho más envejecida que la de otros grupos étnicos; sólo se acerca (con un 11% de población de más de 65 años) la población de origen caribeño, por constituir la primera oleada de la inmigración de posguerra. El porcentaje de población menor de 16 años de origen blangladeshí y pakistaní es Gráfico 3. Distribución por edad y casi el doble que el de la población grupo étnico, 2001 “blanca” para la misma franja de edad (38 y 35% respectivamete, frente al 20% de esta última), al igual que sucede con otros grupos de población “de color” y “mixta”. Respecto a la distribución por género y edad de la población en Gran Bretaña, también ésta se ve afectada por las características de las grandes olas de inmigración ya comentadas. En general, esta distribución por género se acerca a la de la mayoría de los países occidentales (las mujeres se encuentran más representadas fundamentalmente en el grupo de edad de 65 años y más, debido a los diferentes índices de Fuente: Office for National Statitics

3.- Los Censos de 1991 y 2001 fueron los primeros que recogieron en Gran Bretaña una pregunta sobre el grupo étnico o de origen (en el Censo de 2001 bajo la pregunta de “grupo étnico” se pedía que se indicara cuál era el “origen cultural”); en el caso de 2001 con un sustancial aumento de categorías. El debate sobre la inclusión de este tipo de preguntas en los Censos de población ha sido frecuente en Europa y Estados Unidos durante las últimas décadas y ha dado lugar a diversos cambios al respecto.

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mortalidad) para todos los grupos étnicos a excepción de la población de origen pakistaní y blangladeshí: las mujeres de 65 años representan sólo un tercio de la población de 65 y más años entre los blangladeshíes (34%) y un 45% para el grupo de origen pakistaní, al ser ésta en sus comienzos una inmigración fundamentalmente masculina. En relación con los niveles y resultados educativos también se aprecian algunos datos reseñables. Tomando como referencia un índice ampliamente utilizado para medir los resultados educativos en Gran Bretaña (la obtención de altas puntuaciones en un examen realizado a los 15 años de edad)4, de todos los grupos étnicos son los de origen chino (79% de las chicas y 70% de los chicos) e indio (72%, 62%) los que mejores resultados obtienen. Por el contrario, los alumnos de origen caribeño consiguen los índices más bajos (27%, 44%). Para todos los grupos étnicos, las puntuaciones obtenidas por las chicas fueron sustancialmente más altas que para los chicos. La población de origen caribeño y otra población de color es también la más expulsada de manera permanente de la escuela (con 37 y 42 alumnos por cada mil, respectivamente), además de la incluida en la categoría de “blancos mixtos” (41 alumnos por cada mil), cuatro veces más del grupo de población blanca (14 alumnos). Los grupos que cuentan con menos expulsiones son los de origen chino e indio (con cifras de menos de dos alumnos por cada mil). Los alumnos varones expulsados de manera permanente constituyen un 80% del total. En relación con los niveles educativos alcanzados, los varones de origen bangladeshí y caribeño son los grupos con menores porcentajes de obtención de títulos universitarios o equivalente (11% cada uno de ellos). Entre las mujeres, las cifras más bajas corresponden a los grupos de origen pakistaní y blangladeshí (10% y 5% respectivamente). Por el contrario, entre los grupos étnicos con mayor porcentaje de obtención de títulos universitarios, destacan los de origen chino (31%) e indio (25%), comparado con el 17% de “blancos británicos”. Los bangladeshíes y pakistaníes son los grupos étnicos con mayores porcentajes de personas sin titulación en edad de trabajar (gráfico 4): 49% de mujeres y 40% en el caso de los primeros; 35% de mujeres y 29% de varones para los segundos. Gráfico 4. Población en edad de trabajar sin titulación por grupo étnico, 2004

La situación en el mercado de trabajo de la población de origen inmigrante en Gran Bretaña encuentra algunos puntos de relación con los datos señalados en materia educativa. Las tasas de desempleo para los grupos denominados “no blancos” son, en general, mayores, con la sola excepción de la población de origen indio, que se acerca a algunos de los grupos de la categoría de “blancos” (7% de desempleo para los varones de origen indio).

Fuente: Office for National Statitics

4.- Se contabiliza el número de alumnos que consiguen al menos cinco notas aprobadas (entre A* y C) en el test GCSE/GVVQ.

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Gráfico 5. Desempleo por sexo y grupo étnico, 2004

Fuente: Office for National Statitics

Entre las mujeres, la cifra más alta de desempleo en 2004 estaba representada por las mujeres de origen pakistaní, con un 20%, seguidas por las mujeres de origen africano, con 12%, lo que constituye cinco y tres veces más, respectivamente, de las cifras de desempleo femenino para los grupos de “blancos británicos” y “blancos irlandeses” (4% cada uno). Este último grupo representa también la mitad de tasa de desempleo femenino en comparación con los grupos de origen chino (7%), indio (8%) y caribeño (9%).

Entre los varones, las mayores tasas de desempleo las encontramos entre los grupos de origen caribeño, africano, bangladeshí y mixto, que se sitúan entre el 13% y el 14% y que, por lo tanto, representan aproximadamente el triple que las tasas de “blancos británicos” y “blancos irlandeses” (5% cada uno). La tasa de desempleo para varones de origen pakistaní y chino se sitúa en torno al doble que esta última categoría (11% y 10% respectivamente). Las mujeres de origen bangladeshí y pakistaní tenían en 2004 los porcentajes de inactividad económica5 más altos de Gran Bretaña, con 75% y 69% respectivamente; la mayoría estaba al cuidado del hogar. Existe una tasa de inactividad económica significativamente mayor para las minorías étnicas -varones y mujeres- respecto a las categorías de población “blanca”. Para todos los grupos étnicos, las mujeres tienen mayores tasas de inactividad económica. La tasa más alta para los varones corresponde a la población de origen chino, con un 37%, correspondiendo fundamentalmente a estudiantes. Resulta pertinente para este trabajo destacar las opciones religiosas manifestadas por la población británica en el último Censo6. Había en 2001 en Gran Bretaña casi un 72% de personas que se consideraron cristianas, 15% que no manifestaron una opción religiosa y 5,5% (algo más de tres millones de personas) se consideraban pertenecientes a religiones no cristianas, cifra que representa mayoritariamente la inmigración a Gran Bretaña durante las últimas décadas. Especialmente relevante es la cifra de población que profesa el Islam: 1,6 millones de musulmanes vivían en el país en 2001 (comprendiendo, por tanto, el 3% de la población total y el 52% de la no cristiana). Entre otras religiones con porcentajes significativos, debemos señalar el más de medio millón de hindúes (1% del total), sijs (casi 5.- Entendida como “no estar disponible para trabajar y/o no estar buscando empleo de manera activa”. Entre los motivos se incluyen el ser estudiante, discapacitado o estar al cuidado de la familia (Office for National Statitics). 6.- Aunque contemos, quizás, con datos de menor exactitud que en otras categorías, pues la pregunta sobre religión fue la única voluntaria en el Censo de 2001 en Gran Bretaña. Un 8% de la población decidió no declarar su religión (casi cuatro millones y medio de personas).

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Gráfico 6. Distribución de las religiones no cristianas, 2001

un tercio de millón, 0,6% del total) y judíos (algo más de un cuarto de millón de personas, 0,5% del total de la población) residiendo en el país.

Es de interés señalar que los musulmanes tienen las tasas más altas de desempleo en Gran Bretaña, 13% para varones y 18% para mujeres (tres y cuatro veces mayor que la población cristiana, respectivamente), especialmente para el grupo de edad de 16 a 24 años. También la tasa de inactividad económica de las mujeres musulmanas es la más alta del país (18%). Por otro lado, la población musulmana tiene la distribución de edad más joven de Gran Bretaña: algo más Fuente: Office for National Statitics de un tercio de los musulmanes residentes en el país en 2001 (34%) tenían menos de 16 años. Las últimas oleadas de inmigración y el mayor tamaño de las familias tienen como consecuencia una estructura de edad más joven para musulmanes, hindúes y sijs (con escasa población de más de 65 años). 2. POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN Aunque durante los últimos años se han escuchado más voces (sobre todo desde determinadas posiciones del espectro político británico, pero también desde algunos círculos intelectuales) que discuten la noción de que Gran Bretaña deba ser una sociedad multicultural -mucho más críticas son, por supuesto, con que el multiculturalismo se siga adoptando como modelo y política pública-, existe un amplio consenso sobre la existencia, de facto, de una sociedad multicultural y multi racial en la Gran Bretaña actual (Favel, 1998; Rex, 1998). Es también y sobre todo en los últimos años, como indica Favel (1998: 97), una sociedad “constreñida fuertemente por un control de la inmigración muy estricto”. Sin duda, la singular legislación británica durante las últimas décadas sobre control de la inmigración, nacionalidad, ciudadanía, relaciones raciales y pluralismo cultural han trazado la senda de la “Gran Bretaña inmigrante” actual. El marco legal sobre inmigración: del “laissez-faire” a la restricción La legislación sobre inmigración en la última posguerra mundial es inseparable, en Gran Bretaña, de la legislación sobre nacionalidad. En 1948 se aprueba la Ley sobre la Nacionalidad y la Commonwealth por razones, de alguna manera, ajenas a la política de inmigración (Hansen, 2000). La Ley de 1948 hacía a los ciudadanos británicos y a los hasta entonces súbditos de las colonias “legalmente indistinguibles” una vez que residían en Gran Bretaña; es decir: no sólo tenían derecho a entrar en el país, sino que eran completos ciudadanos británicos. La BNA (así conocida por sus siglas en inglés) tenía más bien un propósito político, en cierto modo nostálgico del pasado colonial británico: “la conservación de un estatus único, y la posesión de privilegios únicos, para todos los súbditos británicos”, con la idea de confirmar el status quo que había existido durante décadas (Ibid.: 35). Buena parte de los políticos de la época lo entendieron, bien como una respuesta a su responsabilidad con las colonias en el contexto de la descolonización (desde la izquierda), bien como la realización del rol de Gran Bretaña como líder del imperio (desde las filas de la derecha) (Favel, 2000: 102). Los expertos coinciden en que no fue una norma 107

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que buscara la llegada de inmigrantes y, sin embargo, tuvo la facultad de (i) crear las condiciones que favorecieron la migración masiva de ciudadanos de la Commonwealth a Gran Bretaña; y de alguna manera (ii) transmitir, para los legisladores posteriores, un marco legal que moldeó y, en última instancia, limitó su capacidad para articular una respuesta legislativa a la inmigración (Hansen, 2000: 35). Desde finales de los años cuarenta y a lo largo de toda la década de los cincuenta, Gran Bretaña vio llegar la inmigración a gran escala desde la Nueva Commonwealth, primero de las Antillas y más tarde del subcontinente indio. Migración que se concebía, de alguna manera, como un movimiento natural, normalizado, sobre todo desde las antiguas colonias: “muchos de estos primeros inmigrantes, especialmente aquellos procedentes de las Antillas, habían crecido con una educación y una cultura británicas, y veían Gran Bretaña como un segundo hogar natural desde aquellos destinos” (Favel, 1998: 103; la cursiva es mía). Sin embargo, desde muy pronto se pretendió, desde Gobiernos de distinto signo -laboristas y conservadores-, establecer mayores restricciones a una inmigración a la que, a la postre, se mostraron incapaces de poner freno. Algunos líderes de los partidos políticos y del Gobierno mostraban su preocupación sobre la integración en la sociedad británica de la nueva inmigración “de color”, pero, inevitablemente, las vías para limitarla pasaban por una discriminación racial imposible de justificar. El marco legal vigente por el que la nueva inmigración entraba en Gran Bretaña les dejaba poco margen de maniobra, al tiempo que ambos partidos parecían cumplir el pacto de “no intervención” en materia migratoria (al menos en sus líneas principales), al que nos hemos referido. No por ello dejaban de preocupar en las filas de ambos partidos los altos porcentajes de rechazo a la nueva inmigración mostrados por las encuestas de opinión durante estos años, que hacían visible el malestar de una parte de la población autóctona que había empezado a tener los primeros problemas de convivencia con los inmigrantes. En el contexto descrito, los primeros disturbios ‘raciales’ de 1958 en Notting Hill (Londres) y Nottingham hicieron tambalear definitivamente los acuerdos y la política sobre inmigración seguida hasta la fecha. Los disturbios causaron una profunda conmoción en Gran Bretaña. Los políticos tories más conservadores que hasta entonces se habían desmarcado de la línea oficial y exigían controles más estrictos de la inmigración y vaticinaban los problemas de integración de los inmigrantes “de color”, entendieron los tumultos como la profecía cumplida. La conexión entre los disturbios y la necesidad de discutir la cuestión migratoria se estableció inmediatamente tanto en Gran Bretaña como en los países emisores de la Commonwealth (Spencer, 1997: 99-100). En ese momento la discusión sobre el control de la inmigración y la integración de los inmigrantes entra de lleno en el debate político británico. Aunque en un primer momento los disturbios de 1958 se entendieron como otro nuevo foco de presión al Gobierno para que legislara sobre inmigración, según diversos autores el efecto fue justamente el contrario (Hansen, 2000; Spencer, 1997). Se asumió que, de hacerlo, los grupos que exigían mayores controles a la inmigración (también los más radicales) “utilizarían los disturbios como evidencia de los problemas sociales que, inevitablemente, surgían de la convivencia entre la población blanca y negra y, por lo tanto, la necesidad de limitar de manera estricta la inmigración “de color’” (Spencer, 1997: 99). Se intentaron evitar medidas inmediatas que proporcionaran ese argumento de causa-efecto y, en los meses posteriores, el debate sobre inmigración se alejó de la atención pública. No obstante, en privado, la discusión se mantuvo y el consenso oficial a favor de mantener una política de “puertas abiertas” acabó por fracturarse (Hansen, 2000: 89).

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Así, en 1958 se estableció una Comisión que analizara la situación de la inmigración y los debates se sucedieron en el Parlamento. En 1961 se aceptó desde el Ministerio del Interior que era necesario establecer algún tipo de control sobre la inmigración. El resultado fue la Ley de Inmigración de la Commonwealth de 1962, que acababa con la inmigración libre, sin restricciones, desde la Nueva Commonwealth. Establecía, en primer lugar, a qué ciudadanos de ésta se les imponían controles y los requisitos necesarios para entrar en Gran Bretaña; en segundo lugar, establecía por primera vez las disposiciones para proceder a la deportación. La Ley de 1962 significó un giro decisivo: acababa definitivamente con los privilegios que los ciudadanos de las colonias habían disfrutado durante siglos (Ibid.: 123). Algunas voces señalan como uno de los motivos para establecer las restricciones la posición que Gran Bretaña pretendía mostrar, con la vista puesta en el futuro ingreso en la Comunidad Económica Europea. En la práctica, sin embargo, la Ley estimuló el aumento de la población asiática y antillana por varias razones: (i) la expectativa de su aprobación hizo doblar la entrada de población de ambas procedencias entre 1960 y 1962; (ii) la Ley fomentaba que aquellos que hubieran migrado temporalmente permanecieran en Gran Bretaña; (iii) permitía el agrupamiento familiar, lo que aseguraba el crecimiento de ambos grupos de manera inmediata (especialmente de la población asiática, formada en su mayoría por adultos varones en edad de trabajar); (iv) establecía un régimen de entradas bastante permisivo, lo que hizo mantener significativamente altas las cifras de inmigración (Spencer, 1997: 100-103). Se abría, por tanto, un período de inmigración secundaria a gran escala7. Los resultados de las elecciones de 1964, según indica Hansen, proporcionaron argumentos para llevar a cabo mayores restricciones en inmigración, pero en los planes del nuevo Gobierno pesaba más el fracaso que habían supuesto los controles de 1962 para reducir sustancialmente la llegada anual de inmigrantes: “la ley de 1962 se desveló, desde el punto de vista restrictivo, especialmente ineficaz” (Hansen, 2000: 136). En cualquier caso, el primer Gobierno Laborista aprobó un reglamento reduciendo las cuotas de entrada de inmigrantes de la Commonwealth. La política migratoria iba a verse afectada en 1968 por un suceso de singular importancia: las políticas de “africanización” emprendidas por el gobierno de Kenya en los últimos años (fue país independiente en 1963) y las nuevas leyes de nacionalidad del país fueron privando progresivamente de derechos (permiso de trabajo, la posibilidad de trabajar en la administración pública, acceso a la nacionalidad, etc.) a la numerosa comunidad asiática que hasta entonces residía legalmente en el país africano (como “súbditos” británicos). Hasta aquel momento, esa comunidad tenía al menos la seguridad de tener un acceso ilimitado al Reino Unido gracias a sus pasaportes británicos. Se estimaba que aproximadamente dos mil asiáticos al mes llegaban a Gran Bretaña como consecuencia de la crisis; la propaganda del “desbordamiento” parecía tener eco en algunos sectores de la población británica que comenzaron a demandar que se pusiera fin a esa llegada. El Gobierno respondió a la presión de la opinión pública presentando una apresurada y restrictiva ley sobre inmigración al Parlamento. Se aprueba así la Ley de Inmigración de la Commonwealth de 1968, que incrementaba las restricciones para los inmigrantes de la Nueva Commonwealth: además de los ya vigentes requisitos sobre las autoridades emisoras de los pasaportes necesarios para entrar en el país, sólo quedaban exentos de control

7.- Los datos avalaron completamente dichas previsiones: según los datos del Censo de 1981, más del 75% de todos los inmigrantes de las principales minorías étnicas asiáticas y afrodescendientes excepto una -los afro-caribeños- habían llegado a Gran Bretaña después de la Ley de 1962, lo que confirma la idea de que las políticas desarrolladas entre 1962 y 1981 consolidaron -a pesar de imponer más restricciones a la inmigración primaria“la Gran Bretaña inmigrante y multiracial” (Spencer, 1997: 155).

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migratorio aquellos ciudadanos que tuvieran y pudieran demostrar una “conexión cualificada” con el Reino Unido8. En palabras de Hansen, la aprobación de la Ley de 1968 “fue una de las decisiones más controvertidas y divisivas tomada por un gobierno británico” (Ibid.: 153). Las elecciones de 1970 fueron las primeras en las que las que la inmigración y la “raza” jugaron un papel significativo en Gran Bretaña (Hansen, 2000: 191). Se ha señalado que especialmente las promesas electorales del Partido Conservador de poner fin a la inmigración a gran escala tuvieron gran responsabilidad en el éxito electoral del partido, particularmente en zonas con presencia de elevada población inmigrante como West Midlands (Spencer, 1997). La Ley de Inmigración de 1971 (que entró en vigor en 1973) fue, según Spencer, una consecuencia directa de ese programa, de esas promesas electorales.Aunque se reconocía que el esquema de 1948 había quedado obsoleto, el marco institucional creado entonces, como hemos comentado, de alguna manera disuadió (como había sucedido en 1962) su sustitución por uno alternativo. Se destaca, sin embargo, su importancia simbólica: “Las categorías históricas de ‘extranjero’ y ‘súbdito británico’ […] fueron sustituidas por las categorías, definidas en términos raciales, de ‘patrios’ y ‘no patrios’”, careciendo sólo los primeros de restricciones para residir en Gran Bretaña. También en este caso, algunos autores han sostenido la vinculación de la Ley de 1971 (tanto en cuanto al contenido como a su momento de aprobación) con los movimientos británicos hacia Europa. Cuatro años después de la “crisis de Kenya”, ésta pareció repetirse cuando el Gobierno ugandés anunció en 1972 la expulsión del país de todos los ciudadanos asiáticos de la Commonwealth. La situación legal de este colectivo, así como sus experiencia en el país, eran similares a la del caso keniano. Sin embargo, los nuevos responsables de inmigración en el gobierno parecieron no querer repetir la vergonzosa actuación de cuatro años antes9 y defendieron el derecho de entrada a Gran Bretaña de los asiáticos residentes en Uganda. La Ley de Nacionalidad Británica (BNA, por sus siglas en inglés) de 1981 marca un nuevo y muy significativo giro en materia de inmigración y nacionalidad. A las voces de quienes criticaban las contradicciones existentes en la legislación y la insostenibilidad del marco establecido por la Ley de 1948 (a la que revoca), la “crisis de Uganda” ofreció una prueba inaplazable de la necesidad de aclarar las bases sobre nacionalidad en Gran Bretaña. La BNA de 1981 crea un nuevo marco de ciudadanía basado en unas categorías distintas a las anteriores. La noción de “patrio” es sustituida como concepto legal por el de ciudadanía.Y, especialmente, define por primera vez la ciudadanía británica excluyendo a las colonias. El Gobierno Conservador puso a punto, al fin, el marco legal sobre nacionalidad británica: “La ciudadanía británica se vinculó, por primera vez, con la pertenencia a la entidad política del Reino Unido y, por primera vez desde 1962, con el completo ejercicio de derechos civiles y políticos como miembros de la comunidad política británica” (Hansen, 2000: 207). La BNA de 1981 tuvo, pues, la importancia indudable de separar la legislación sobre inmigración y nacionalidad; inmigración y ciudadanía comenzaron a regirse a partir de entonces por regímenes legales diferentes. Algunos cambios complementarios añadió la reglamentación sobre migración en 1988, en relación con ciertas limitaciones a la entrada de dependientes, la gestión de los inmi-

8.- Entendiendo por tal que sólo las personas -o sus hijos o nietos- nacidas, naturalizadas o adoptadas en el Reino Unido podían entrar en el país. 9.- Se estima que al menos 200.000 personas que “sólo tenían ciudadanía británica fueron abandonados, apátridas, en África o en India” sin poder entrar en el Reino Unido (Hansen, 2000: 153).

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grantes en situación irregular y, por último, con el estatus como inmigrantes y ciudadanos de los residentes de Hong Kong que hubieran tenido ciudadanía británica (de los territorios dependientes). Estas medidas de alguna manera “completaban la transformación de la política de inmigración británica desde una serie de acuerdos y prácticas administrativas […] hasta un conjunto de normas y leyes previstas para poner fin a la entrada en Gran Bretaña de inmigración asiática y negra con intención de quedarse en el país” (Spencer, 1997: 148). En la actualidad, la base legal del control migratorio en el Reino Unido sigue siendo la Ley de 1971,“en la redacción resultante de las diversas formas operadas sobre la misma, la más reciente de las cuales es la Ley de Nacionalidad, Extranjería y Asilo de 2001” (Juss, 2005: 190). Además, es de interés destacar que “la Administración dispone de un amplio margen de discrecionalidad para ajustar las normas sobre inmigración y asilo en su aplicación a casos concretos” (Ibid.). El nuevo Gobierno Laborista, en 1997, desarrolló una serie de reglamentos en relación con la vida familiar de la población inmigrante. También la obtención de nacionalidad británica sigue estando regulada por la Ley de Nacionalidad Británica de 1981, aunque la posterior Ley de Nacionalidad, Extranjería y Asilo de 2002,“introdujo en el procedimiento de obtención de la ciudadanía una serie de tests para evaluar los conocimientos de la lengua inglesa así como de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía británica” (Ibid.: 211). Las políticas de integración: el camino al multiculturalismo Hasta finales de la década de los cincuenta, como ya hemos señalado, no hay apenas rastro de un debate sobre la integración de (y con) la población inmigrante en Gran Bretaña. Sin embargo, algunos conflictos que se hacen especialmente visibles a finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta señalan la necesidad de dar los primeros pasos de una política de integración. Como señala Favel, “a pesar de cerrar las puertas a la inmigración [en referencia a la Ley de Inmigración de 1962], las tensiones raciales no disminuían. La discriminación racial por una mayoría de población blanca -que había sido inicialmente tolerante, en los primeros momentos de la inmigración- empeoraba; y la propia población inmigrante mostraba un mayor descontento y su voluntad de provocar desórdenes” (Favel, 1998: 103). El nuevo Gobierno del Partido Laborista en 1964 combinó algunas primeras medidas progresistas para hacer frente a los nuevos problemas, por un lado, con mayores controles sobre la inmigración, por otro. La lógica de esta actuación la resumió un responsable del Ministerio del Interior y líder laborista en 1965 en una afirmación que se hizo célebre: “La integración sin control es imposible, pero el control sin integración es indefendible” (Ibid.: 104). Se sentaban así las bases para las primeras Leyes de Relaciones Raciales de 1965 y 1968. La Ley de 1965, conjuntamente con otras medidas contenidas en un Libro Blanco del mismo año, “proporcionó la base institucional para el desarrollo de medidas oficiales contra el racismo y a favor de la integración” (Hansen, 2000: 129). Durante este período, el principal objetivo de la política de integración se definió en términos de integración, entendida ésta “como promoción de la igualdad de derechos” (Rex, 1995: 199). Con ese propósito se creó la Comisión de Relaciones Raciales (Race Relations Board), que penalizaría los abusos raciales, fundamentalmente en la discriminación racial en lugares públicos y, a partir de la Ley de 1968, también en ámbitos como la vivienda y el empleo. La Comisión de Relaciones Raciales se creó como instrumento legal desde el que promover la igualdad, al tiempo que se crearon otros organismos cercanos para “promover relaciones intercomunitarias sobre bases más prácticas” (Ibid.): el Comité Nacional de Inmigrantes 111

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de la Commonwealth y, más tarde, la Comisión de Relaciones Comunitarias. Esta última y la Comisión de Relaciones Raciales se fusionaron en 1976 en la Comisión para la Igualdad Racial. Como señala Rex, estas instituciones centraron su atención fundamentalmente en la cuestión de la igualdad racial y no en las relaciones entre las diversas culturas. Sin embargo, a mediados de los 60, especialmente desde el ámbito educativo se empezó a mostrar la necesidad de tomar decisiones para afrontar la cuestión de las relaciones culturales dentro de la escuela. Un organismo consultivo, el Servicio Consultivo para Inmigrantes de la Commonwealth dio los primeros pasos sobre dicha cuestión en 1964 “en el sentido de que los inmigrantes no podían pretender que sus culturas se perpetuaran en las escuelas” (Ibid.: 200). Sin embargo, ya en 1968, se hizo evidente que la política británica no respaldaba esa posición (entre otros motivos, por la preocupación creciente sobre el rendimiento y el trato de algunas minorías en la escuela) y el Ministro de Trabajo “propuso una nueva definición de “integración” que no sólo tenía en cuenta cuestiones educativas, sino todo el problema de la integración política. [En sus palabras], la integración no debía ser concebida como un “proceso de uniformación aplanadora, sino de diversidad cultural, capaz de ofrecer igualdad de oportunidades de mutua tolerancia”’. Comenzaba, pues, el camino hacia el multiculturalismo como modelo en Gran Bretaña. En el marco de control migratorio iniciado unos años antes tiene lugar la culminación de la legislación progresista iniciada en los años sesenta: la Ley de Relaciones Raciales de 1976, que no sólo prohibió la discriminación directa o indirecta, sino que -como hemos señalado- creó la Comisión para la Igualdad Racial. Ésta (de ámbito nacional) tenía competencia para conocer casos de discriminación racial y llevó a cabo numerosas investigaciones (Favel, 1998; Joly, 2005). Se había mostrado, hasta entonces, un considerable descontento por el alcance que había tenido la legislación inicial en materia de igualdad e integración: sólo abordaban casos específicos que pudieran ser probados, las agencias y la asistencia legal previstas eran escasas y disuadían la denuncia, además de carecer de coordinación para promover los fines últimos de la legislación (Favel, 1998: 107). Conjuntamente con la Comisión para la Igualdad Racial comenzaron a establecerse en muchos municipios Consejos de Relaciones Comunitarias. Además, la Ley de 1976 instó a los ayuntamientos a que desarrollaran instrumentos para la promoción de la igualdad de oportunidades y la mejora de las relaciones ‘raciales’, lo que tuvo como resultado la creación de numerosas Unidades para la Igualdad Racial en diferentes áreas (Rex, 1994). Fue, sin lugar a dudas, en el ámbito educativo (y, especialmente, de carácter local) donde se fue consolidando el modelo multicultural para la nueva Gran Bretaña inmigrante. Como indica Rex, numerosas autoridades educativas comenzaron a adoptar programas de educación multicultural y a crear departamentos para desarrollar esos programas en las escuelas. La Ley de Gobierno Local de 1966 acordó la creación de plazas adicionales de profesorado y de personal de servicios sociales en aquellos ámbitos con altos porcentajes de población inmigrante, y muchos otros departamentos crearon también puestos específicos para la promoción de la igualdad racial. Por otro lado, en el marco del Programa Urbano, los ayuntamientos comenzaron a financiar a un buen número organizaciones, incluidas organizaciones de inmigrantes de muy distinto signo. La promoción y financiación de organizaciones de inmigrantes por parte de las distintas administraciones constituye un punto central de la política de integración de los gobiernos británicos a lo largo de las últimas décadas. La articulación e institucionalización de esa política comunitaria es uno de los ejes cardinales del modelo multicultural desarrollado en Gran Bretaña. El propósito era promover asociaciones que defendieran los 112

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intereses materiales y culturales de los inmigrantes y así, de alguna manera, se erigían también éstas en representantes de las distintas minorías. Parece claro, por tanto, el objetivo de gobiernos y administraciones de contar con interlocutores privilegiados en su relación con las distintas comunidades de inmigrantes. Desde entonces y hasta la fecha, el desarrollo de esos cauces de representación y comunicación de y con las minorías (y, como decíamos, uno de los ejes del modelo) ha recibido diversas críticas. Por un lado, se ha cuestionado la “etnificación” del proceso, al privilegiarse el origen étnico como elemento principal (y a veces único) en la relación de las administraciones con la población inmigrante. Se financia a asociaciones que representan a las comunidades (étnicas) de origen. Como señala Lapeyronnie, “las comunidades están construidas y definidas no desde abajo, sino por el sistema político y administrativo local, como instrumento de representación política” (1993: 239). Por otro lado, en ocasiones se ha acusado a este sistema de control y cooptación de los “representantes” de las comunidades de inmigrantes. En cualquier caso, el proceso iniciado en 1976 “reforzó la formación de comunidades y asociaciones comunitarias, ya que hizo que hubiera recursos disponibles para un gran número de actividades, como la enseñanza de las lenguas de las minorías étnicas, la organización de actividades para las mujeres o para las personas de avanzada edad y la asesoría en asuntos varios” (Joly, 2005: 16).Así, se fue imponiendo este modelo para obtener recursos de las administraciones y fue ampliamente utilizado por los distintos grupos, lo que redundó en la consolidación de las propias redes comunitarias. Es de interés señalar, como indica Joly, que “al mismo tiempo, en algunos casos esta situación fomentó algunas rivalidades dentro y entre grupos provenientes de un mismo lugar”, al igual que provocó que “ciertos grupos que no se habían definido como minorías étnicas crearon el formato, sin contenido, de asociaciones comunitarias muy bien organizadas con el fin de obtener recursos y defender sus intereses”. Este sistema de “grupos intermedios” contribuyó a crear, pues, lo que los expertos denominaron una “industria de relaciones raciales”. A lo largo de las últimas décadas, especialmente las autoridades locales (aunque normalmente vertebradas en un marco nacional) han continuado articulando una política global de integración basada en esquemas multiculturales, gozando de un amplio margen de actuación. Podemos diferenciar cuatro grandes grupos de políticas desarrolladas por las autoridades locales en Gran Bretaña: (i) las políticas de igualdad de oportunidades, puestas en práctica a través de medidas de control (de la discriminación) y en ocasiones de discriminación positiva; (ii) las políticas de gestión comunitaria, orientadas a la armonización de las relaciones entre diversos grupos; (iii) las políticas antirracistas, con la finalidad de eliminar prejuicios y actitudes racistas mediante la formación y la educación; y (iv) las políticas sociales de derecho común, dirigidas hacia el tratamiento social de los problemas de los inmigrantes y dedicadas fundamentalmente a ayudar a la población inmigrada en su integración y participación (Lapeyronnie, 1993: 252). Así, expresado desde el consenso de expertos y políticos, el multiculturalismo llegó a ser política oficial durante las últimas décadas en Gran Bretaña. Como uno de los más recientes eslabones, en el año 2000 se aprueba una nueva Ley para las Relaciones Raciales. Sólo en los últimos años se ha abierto con relativa fuerza el debate sobre la crisis del modelo (aunque siempre hubo voces contrarias a su desarrollo). De una parte, desde distintos ámbitos académicos e intelectuales se han cuestionado diversos aspectos sobre la forma en que se llevó a la práctica pero especialmente los resultados que habría legado en la sociedad británica actual; por ejemplo, haber favorecido el aislamiento e incomunicación de ciertas comunidades inmigradas o haber fomentado cierto “esencialismo étnico” 113

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a partir de las diferencias culturales, entre los efectos (buscados o no) que se señalan. De otra parte, algunas voces apuntan al significativo distanciamiento del multiculturalismo que se habría producido en el discurso del Nuevo Laborismo desde comienzos del siglo XXI. Sostienen que habría sido sustituido por un concepto de asimilación y demandas de integración que de alguna manera hacen recordar el marco de políticas fallidas de la posguerra mundial (Bagguley y Hussain, 2006: 4). Habrá que esperar un tiempo para ver si se confirman o no esos juicios sobre el alejamiento del modelo multicultural a través de posibles cambios en la política de integración. En todo caso, la “Gran Bretaña inmigrante” actual ofrece no pocos retos a las políticas de inmigración e integración. 3. CONFLICTOS LIGADOS A LA INMIGRACIÓN EN GRAN BRETAÑA Los disturbios de las ciudades industriales Como ya hemos mencionado anteriormente, los disturbios ‘raciales’ de Notting Hill y Nottingham en 1958 provocaron que la inmigración se politizara y empezara a entenderse en clave nacional. Es también, en cierto modo, la primera vez en que la sociedad británica se da cuenta de manera visible, cobra conciencia por decirlo así, de las transformaciones que la nueva inmigración está provocando en las ciudades británicas y, desde muy distintos ámbitos, se empieza a hablar de tensiones y focos de conflicto entre la población inmigrante y la autóctona. Como decíamos, una de las consecuencias inmediatas de los disturbios fue la transformación de la inmigración de una cuestión regional a una nacional, entre otras razones porque “la amplia cobertura dada por la prensa aseguró que todos los ciudadanos del Reino Unido fueran bien conscientes de ello” (Hansen, 2000: 82). Un altercado en un pub desató en el verano de 1958 la tensión creciente que existía en algunos barrios de Londres y Nottingham entre población autóctona de bajos recursos y los nuevos residentes antillanos. Grupos de jóvenes autóctonos (blancos) y numerosos grupos de extrema derecha salieron a las calles de ambas ciudades para las -así las bautizaron- “cazas de negros”, durante una semana en la que atacaron a numerosa población de origen antillano y atemorizaron a quienes se refugiaron en sus casas.Ante la imposibilidad policial de frenar las acciones, algunos grupos de población inmigrante comenzaron a defenderse, extendiendo así el alcance e impacto de unos disturbios que llegaron a implicar a varios miles de personas entre ambas ciudades. El análisis político que siguió a los tumultos destacó como las causas principales de los mismos “la competencia por la vivienda y el empleo”, por lo que entendieron que la consecuencia debía ser restringir el número de inmigrantes y habilitar la forma de deportar a aquellos “no deseados”, lo que de alguna manera cristalizó en las posteriores restricciones ordenadas (Spencer, 1997: 100). Durante los años 60 y 70 continuó el asentamiento creciente de población inmigrante en buena parte de las mayores ciudades británicas. Continuaban también el proceso de concentración geográfica de algunas minorías, particularmente en algunas ciudades del norte de Inglaterra, y las tensiones entre población autóctona e inmigrante que se habían hecho visibles en la década anterior. En un contexto político marcado generalmente por la moderación, los grupos de extrema derecha y partidos como el National Front (NF) o el British National Party (BNP), irrumpían con frecuencia en el debate público intentando sacar beneficio del malestar contra la inmigración. Del mismo modo y en respuesta al racismo visibilizado desde esas posiciones, Gran Bretaña vivió el auge del movimiento antirracista, especialmente durante los años setenta, que supo además aglutinar a organizaciones de inmigrantes con otras de carácter antirracista formadas fundamentalmente por población autóctona, por ejemplo durante el conflicto desatado con la policía en el Car114

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naval de Notting Hill de 1976 o en las acciones de apoyo a distintos grupos de mujeres inmigrantes en diversos conflictos por discriminación en el empleo en 1974 ó 1976 (Lloyd, 1998). Durante los años 80 se vuelven a vivir algunos episodios de conflicto violentos que implican a población inmigrante. Especialmente los disturbios de 1981 y 1985 en diversos barrios de algunas de las principales ciudades británicas (Brixton y Tottenham, en Londres, Handsworth en Birmingham y Toxteth en Liverpool), donde numerosos grupos de jóvenes autóctonos e inmigrantes se enfrentaron de manera violenta y, al mismo tiempo, ambos juntos contra la violencia de la policía.También algunos grupos de jóvenes de origen inmigrante protagonizaron durante el mismo período algunas acciones violentas de forma organizada, que Kundnani (2001b: 105) denomina “en legítima defensa, [como] la quema de una taberna en Southall donde se reunían jóvenes de la ultraderecha a manos de jóvenes asiáticos o la detención de doce miembros de la Liga de los Jóvenes Negros Unidos de Bradford por la preparación de cócteles molotov para responder a las incursiones de la extrema derecha en sus comunidades”. Aunque limitados a un barrio de la ciudad, Manningham, y con una repercusión menor, durante el verano de 1995 tienen lugar en Bradford algunos disturbios entre distintos grupos de jóvenes de la ciudad, fundamentalmente de origen asiático, que se han señalado como un antecedente directo, un indicador, de los que se desarrollarían en 2001. Aunque las causas que se han atribuido y las respuestas han sido también distintas en los distintos episodios contemplados, los disturbios del verano de 2001 en Bradford, Oldham y Burnley son la última manifestación de importancia hasta la fecha10 de un conflicto que ha implicado desde hace años a grupos importantes de la población de origen inmigrante, especialmente a la más joven. Aunque desarrollaremos las dinámicas principales de este conflicto más adelante, debemos señalar aquí la importancia de algunas líneas de fractura con las “segundas generaciones” en Gran Bretaña que -si bien, quizás, no son nuevas- sí han adquirido mayor visibilidad en los últimos años y parecen encontrar alguna resonancia en otros países europeos. Previo al análisis de esas dinámicas y sin ánimo de agotar la reseña de los conflictos asociados a la inmigración en Gran Bretaña en las últimas décadas, es pertinente detenerse, siquiera brevemente, en dos áreas de conflicto que han tenido un protagonismo esencial en el país durante los últimos años (particularmente en torno a algunos episodios concretos): el Islam y su papel en la sociedad británica, por un lado, y el ámbito educativo, por otro. El Islam en el ámbito público: el “caso Rushdie”, radicalismo e islamofobia El conflicto religioso en Gran Bretaña, en particular en torno al Islam, ha adquirido un alcance muy importante en los últimos años. No podemos olvidar, además, que se trata de una comunidad numerosa: según el Censo de 2001, aproximadamente 1,6 millones de musulmanes vivían en el Reino Unido. El “caso Rushdie” representó para Gran Bretaña la primera movilización de un conflicto relacionado con el Islam en el ámbito público. La publicación en 1988 de “Los versos 10.- Aunque se hayan producido otros disturbios urbanos que implicaran a población de origen inmigrante en fechas recientes con una importancia y repercusión menores, como los que tuvieron lugar en el otoño de 2005 en Birmingham, derivado de tensiones entre las comunidades asiática y antillana, en los que jóvenes de ambas comunidades protagonizaron violentos enfrentamientos.

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satánicos” de Salman Rushdie originó infinidad de acciones de protesta y condena desde la comunidad musulmana en todo el mundo (con el extremo -bien conocido- de la fatua dictada contra el escritor por el Ayatolá Jomeini) y, desde luego, en Gran Bretaña.Algunos líderes musulmanes consideraron algunos pasajes del libro como una blasfemia contra el Islam y “algunos jóvenes pakistaníes de Bradford lo consideraron una ofensa personal y quemaron públicamente ejemplares del libro” (Rex, 1995: 220). Lo significativo, como señala Rex, “es que no se presentaron como pakistaníes, sino como musulmanes. De esta manera, los miembros más jóvenes, civilizados y cultos de esta comunidad se afirmaban en su identidad religiosa. Es un caso claro en el cual esta afirmación no fue forzada por los líderes tradicionales de una comunidad, sino que surgió como respuestas a un conflicto del momento”; según el autor, estos jóvenes pakistaníes eran víctimas de ataques y abusos raciales y contaban con altas tasas de desempleo. Además, hubo manifestaciones en Birmingham y Bradford en las que participaron numerosos musulmanes del subcontinente indio. Numerosas organizaciones musulmanas participaron en una campaña de protesta que se oponía “a que las leyes sobre blasfemia se aplicaran únicamente a la religión cristiana”. No sólo “los líderes musulmanes sino también antiguos y jóvenes musulmanes participaron en las campañas” (Joly, 2005: 19). El “caso Rushdie” tuvo un impacto considerable en la vida política e intelectual de Gran Bretaña y Europa y arrojó al debate público una serie de cuestiones de singular importancia para abordar algunos aspectos relacionados con la inmigración en las sociedades contemporáneas: el papel de la religión en la vida pública, la naturaleza de la libertad de expresión y sus posibles límites, los derechos y obligaciones de los inmigrantes o el diálogo “intercultural”, entre otras (Parekh, 2000). En fechas más recientes, dos nuevos espacios de conflicto religioso se han hecho más visibles en la sociedad británica, y también en otros países europeos; espacios que, además, tienen algunos elementos de unión, de “alimentación mutua” en cierto modo. De un lado, la extensión de ciertos prejuicios “antimusulmanes” -para lo que se viene utilizando el término de islamofobia. Así, en determinadas situaciones, lo que antes eran posiciones ‘anti-inmigración’ o ‘anti-minorías étnicas’ han mutado en posiciones ‘anti-musulmanas’. Como señala McLoughlin, las autoridades y la sociedad en general harían bien en “comprender que, si no se toma con precaución, las dimensiones culturales y religiosas de los conflictos en el espacio público pueden transformarse en argumentos no queridos (y a veces no buscados) para el racismo y la islamofobia (2005: 1057). De otro lado, el miedo de la sociedad británica a la radicalización islamista de las comunidades musulmanas (y en su último extremo, al terrorismo), que ha servido además para articular algunas sospechas y críticas hacia el modelo por el que se habría desarrollado la institucionalización del Islam en Gran Bretaña: los líderes de las comunidades musulmanas, amparados en el amplio papel (y los recursos) que el modelo de política comunitaria les otorgaba, habrían optado por que sus comunidades se encerraran en sí mismas progresivamente, acercándose a discursos más extremistas, para evitar el debilitamiento de la comunidad y, principalmente, de su posición al frente de ésta. En este sentido, algunos de los últimos atentados terroristas de carácter islamista, muchos de ellos con estrechas conexiones con comunidades musulmanas europeas, han reforzado esa sensación de amenaza. Pero sobre todo, para el caso de Gran Bretaña, los atentados de julio de 2005 en Londres llevados a cabo por jóvenes musulmanes británicos de origen pakistaní (excepto uno de ellos, de origen caribeño), educados y socializados en el modelo multicultural británico de las últimas décadas, supuso un auténtica conmoción para la sociedad británica (e, incluso, podríamos decir europea). Estas amenazas han sido utilizadas, en ocasiones, como argumentos para criticar el modelo multicultural desarrollado en Gran Bretaña, señalando que el marco de tolerancia cultural (y religiosa) habría llegado demasiado lejos.

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Conflictos educativos: la aplicación del multiculturalismo, el “caso Honeyford” y las escuelas confesionales Como ya hemos apuntado, fue en el terreno educativo donde primero empezó a aplicarse, a practicarse, una política multicultural.A los primeros problemas de discriminación racial en educación y de bajo rendimiento de algunos colectivos de alumnos inmigrantes, se respondió, además de eliminando cualquier forma de discriminación en la escuela, modificando “los programas de estudio, a fin de promover el entendimiento y el respeto hacia las minorías culturales” (Rex, 1995: 201). El pluralismo cultural y la atención a las minorías entraban, así, en los curricula escolares, a partir de las diferentes iniciativas de los ayuntamientos y las autoridades educativas de las ciudades. El conflicto en el seguimiento de estas medidas se evidenció cuando al director de una escuela de Bradford, Ray Honeyford, se negó a poner en práctica la política del Ayuntamiento en su escuela y publicó una serie de artículos críticos sobre ésta. Los padres y profesores protestaron por su decisión y “después de una prolongada campaña [1984-1985] y de manifestaciones en [su] contra, Honeyford aceptó una propuesta de jubilación anticipada” (Ibid.: 220). No obstante, se erigió en un referente del nuevo conservadurismo, como apunta Rex, “ganó reconocimiento nacional para sí y para la causa ‘anti-multicultural’ y fue invitado a reunirse con la primera ministra Thatcher en Downing Street” (Ibid.). El “caso Honeyford” hizo al Ayuntamiento ser consciente de la necesidad de tener más contacto con las opiniones de pakistaníes y musulmanes y, entre otras medidas, organizó un Consejo de las Mezquitas, a través del cual los líderes religiosos pudieran expresar sus posiciones; sin embargo, este Consejo fracasó en el intento de recoger e integrar la voz de los grupos de jóvenes musulmanes. El “caso Honeyford” abrió un debate público de interés en Gran Bretaña sobre el papel de la escuela en la integración de la población inmigrante, entre quienes defendían una educación que plasmara un modelo que reconociera y expresara las diferencias culturales, y quienes pensaban que ese esquema favorecía la discriminación y los problemas de integración de las minorías inmigrantes. Es, sin duda, un debate sin cerrar, no sólo en Gran Bretaña, sino en el resto de Europa, pues se refiere a una cuestión fundamental que afecta a todas las sociedades culturalmente plurales: cómo conciliar y resolver las tensiones entre el respeto a las identidades culturales y las comunidades minoritarias, por un lado, y el fomento de la integración social y la cohesión, por otro. Un segundo foco de conflicto en el área de la educación ha sido durante este tiempo el establecimiento y funcionamiento de escuelas confesionales (“faith schools”), segregadas como se han denominado en ocasiones, y, particularmente, de escuelas musulmanas. Las organizaciones de musulmanes pronto comenzaron a organizarse y unirse para “presionar por el establecimiento de medidas que tuvieran en cuenta sus necesidades, inicialmente sobre todo educativas” (Joly, 2005: 18-19) y pronto a las ya existentes escuelas cristianas financiadas por el Estado se unieron otras de carácter musulmán, hindú o sij, principalmente. En la preferencia de los padres musulmanes a integrar en sus hijos en escuelas religiosas se comenzó a ver también ese peligro de que la comunidad musulmana se encerrara y aislara, haciendo cada vez más escasos (e innecesarios) los contactos con las instituciones de la sociedad de acogida. Además, algunas tendencias de transformación de las ciudades, a las que ya nos hemos referido, parecían estimular en esa dirección: la segregación espacial condujo a la segregación en la educación, con la concentración de la población inmigrante en algunos centros; así, ante la perspectiva de estas “escuelas-ghetto”, algunos padres 117

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asiáticos buscaron la solución “en las escuelas religiosas -que ofrecieran educación en un marco islámico- como una forma de elevar el nivel de la educación de sus hijos”, lo que de alguna manera redundaba en el progresivo aislamiento (y desconocimiento mutuo) de las nuevas generaciones de jóvenes autóctonos e inmigrantes (Kundnani, 2001b: 107). Durante los últimos años el fomento de las escuelas confesionales ha constituido uno de los temas centrales en el debate sobre el multiculturalismo en Gran Bretaña. Desde distintas instancias políticas e intelectuales han lanzado variadas críticas a las mismas: en su contra se opina que refuerzan la segregación de los alumnos y reducen la diversidad de las escuelas públicas no confesionales cercanas; sobre todo en el caso de las escuelas musulmanas se critica que el Estado financie posturas que consideran cada vez más radicales y excluyentes; finalmente, y quizás en una crítica de más alcance, que no corresponde desarrollar aquí, se piensa que la previa separación de la población y las minorías en comunidades religiosas -aquí, podemos decir, desde la misma infancia- vulnera el respeto a las libertades individuales de la población inmigrante (y, en fin, en general de toda la población). A favor de las escuelas religiosas, los defensores del multiculturalismo argumentan que favorecen la integración, al tolerar más las diferencias religiosas y culturales, y que los resultados académicos son superiores en dichas escuelas. Para autores como Sen (2007: 37), el fomento en Gran Bretaña de esas escuelas confesionales indica en cierto modo la confusión acerca de qué debe hacer una sociedad multiétnica. En fechas muy recientes (el 10 de septiembre de 2007) el “Departamento para Niños, Escuelas y Familias” del nuevo Gobierno Laborista, con el respaldo de las principales organizaciones religiosas británicas, ha publicado un documento sobre las escuelas confesionales11, en el que promueve “eliminar las barreras innecesarias para la creación de nuevas escuelas confesionales” (2007: 18), con el objetivo de educar “a la gente joven en su fe y promover la cohesión comunitaria” (Ibid.: 1). El documento reconoce que hay pocas escuelas confesionales para niños musulmanes, hindúes o sijs, en comparación con sus poblaciones12. Por otro lado, además de las escuelas financiadas por el Estado, éstas coexisten en el sistema educativo británico con numerosas “escuelas independientes”, lo que según algunas voces parece ser una de las razones del fomento gubernamental para aumentar las escuelas religiosas en el sistema estatal: la incorporación al sistema de financiación público implicaría un mayor control del curriculum y los contenidos escolares. 4. LA MOVILIZACIÓN DE LOS JÓVENES MUSULMANES DE LA SEGUNDA GENERACIÓN En las páginas que siguen trataremos de profundizar, a través del análisis de sus principales dimensiones, en el conflicto que implica a las “segundas generaciones” de jóvenes musulmanes13 y que se manifestó con especial importancia en los disturbios de 2001 en diversas ciudades británicas, así como en las respuestas que siguieron a los mismos. Entre abril y julio de 2001 las ciudades de Bradford, Oldham y Burnley vivieron violentos enfrentamientos entre grupos de jóvenes de origen asiático (fundamentalmente 11.- Faith in the system.The role of schools with a religious character in English education and society. Department for Children, Schools and Families, 2007. 12.- De las aproximadamente 21.000 escuelas financiadas por el Estado, un tercio son escuelas confesionales. 13.- Somos conscientes de lo comprometido que resulta designar principalmente a este grupo como “jóvenes musulmanes”, pero lo hacemos siguiendo la opción mayoritaria de la literatura reciente.Aunque desde otras voces se ha criticado, precisamente, que se haya pre-definido esa “categoría” en un conflicto donde, señalan, la “identidad musulmana” -o su condición de musulmanes- de esos jóvenes no sería un factor causal o determinante.

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pakistaní y bangladeshí) y la policía, así como con grupos de jóvenes autóctonos y simpatizantes de la extrema derecha. Aunque las dinámicas que vertebran el conflicto son análogas en los tres casos y aludiremos, por tanto, al conjunto de esos episodios, el caso de Bradford merece una atención singular: por un lado, por la mayor entidad de los sucesos y, en consecuencia, porque buena parte de las reacciones posteriores se hayan referido a Bradford específicamente; por otro lado, por las especiales características de la ciudad y los antecedentes de conflicto14. El primero de estos aspectos irá siendo desgranado en el análisis posterior; al segundo debemos dedicar aquí una breve referencia. A los ojos del lector puede resultar llamativa la reincidencia con la que aparece Bradford en conflictos asociados a la inmigración en Gran Bretaña y, por consiguiente, también a lo largo de estas páginas: en 1981 son detenidos los “Doce de Bradford” (así bautizados en algunos medios) por fabricar cócteles molotov, cuyo juicio tiene gran cobertura y repercusión en el país y en el que los acusados declaran haber fabricado las bombas para protegerse en el caso de que las amenazas de invasiones de ultraderechistas en los barrios donde residían se materializara; a lo largo de 1984-1985 tiene lugar la campaña contra Honeyford y la protesta de diferentes minorías por la educación; a comienzos de 1989 algunos jóvenes musulmanes de Bradford acaparan las portadas de los periódicos quemando un ejemplar de “Los versos satánicos” de Salman Rushdie durante la oleada de protestas que siguieron a la publicación del libro; en el verano de 1995 tienen lugar violentos disturbios en el distrito de Manningham, que algunas voces sitúan como antecedente directo de los que sucederían en 200115. No podemos negar la importancia social y política de la composición actual de una ciudad que fue el destino de un buen número de inmigrantes del subcontinente asiático a partir de los años cincuenta y sesenta, en su mayoría para trabajar en las factorías textiles de la región. El Censo de 2001 revela que había alrededor de 75.000 musulmanes viviendo en Bradford (lo que constituye una de las mayores concentraciones en Gran Bretaña, sólo por detrás de Londres y Birmingham), la mayoría de los cuales eran de origen pakistaní (casi 68.000 personas, lo que representa el 15% de la población total). Como señalan algunos autores,“el tamaño y concentración de una nueva población urbana pakistaní ha permitido ejercer significativos niveles de presión política y lograr una movilización política pocas veces vista entre las comunidades de asiáticos en otros lugares de Gran Bretaña” (McLoughlin, 2005: 1054). 5. PRINCIPALES ACTORESY FORMAS DE EXPRESIÓN DEL CONFLICTO Refirámonos, en primer lugar, al protagonista más directamente involucrado en el conflicto: los jóvenes, mayoritariamente musulmanes y varones, que forman la segunda y tercera generación de inmigrantes originarios de Pakistán y Bangladesh, fundamentalmente, de Bradford y otras ciudades del norte de Inglaterra. Nos referimos a un grupo -podríamos hablar, quizás, de una generación- que ha sido definido por altos niveles de desempleo y exclusión social, además de formar un sector de población crecientemente

14.- En este sentido, parece nada casual que Bradford (junto con Birmingham) se haya convertido en los últimos años en auténtico laboratorio para los científicos sociales, a juzgar por el extenso número de investigaciones y publicaciones que se han centrado en esta ciudad antes y después de los disturbios de 2001. 15.- Algunos representantes de las comunidades minoritarias implicadas llegaron a hablar en 2001 de un “conflicto predecible”, ante la ausencia de medidas que se habrían tomado en relación con materias como el desempleo juvenil, la escasez de medios en educación o la vivienda, cuestiones que se asociaron al origen de los disturbios de 1995.

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numeroso; como ya hemos visto en páginas anteriores, bangladeshíes y pakistaníes tienen algunos de los porcentajes más altos de población joven y de tasa de desempleo (para ambas cifras, duplicando con holgura los de la población ‘blanca’ autóctona)16.Además, en ciudades como Bradford la población de origen pakistaní y bangladeshí se encuentra especialmente concentrada en unos pocos barrios de la ciudad, alrededor del centro, a diferencia, por ejemplo, de la población de origen indio o afrocaribeño, cuyas nuevas generaciones han protagonizado una mayor movilidad a otras zonas de la ciudad (Seward, 2006: 25). Estos jóvenes comenzaron a mostrarse, a expresar el conflicto, en los diferentes episodios de finales de los ochenta ya mencionados y, fundamentalmente, con la participación en los disturbios de 1995. Según señala Kundani (2001: 108; la cursiva es mía), “en los años 90, una nueva generación de jóvenes asiáticos, nacidos y criados en Gran Bretaña, comenzaba a llegar a la mayoría de edad en las ciudades del norte, no dispuestos a aceptar el estatus de segunda clase asignado a sus mayores”. En el ejercicio de manifestación del conflicto, esta nueva generación de asiático-británicos utilizó diferentes repertorios, medios de acción para expresar sus demandas y agravios. Siguiendo el esquema de McAdam,Tarrow y Tilly (2005), acudieron tanto a acciones de acción colectiva “contenida” -en concreto, manifestaciones y concentraciones- como al repertorio de confrontación, especialmente a las acciones “con alto riesgo de alteración del orden público y/o violencia” (daños a la propiedad, etc.) y al de violencia (en este caso, violencia contra las personas). Acudamos, pues, a la descripción de los medios utilizados siguiendo la cronología de los disturbios, el momento álgido de manifestación del conflicto, en las distintas ciudades. En Bradford, siguiendo la descripción que realiza Seward (2006: 25-27), a mediados del mes de abril de 2001, en un área sin antecedentes de “violencia racial”, uno grupo de jóvenes autóctonos apareció en un bar que era frecuentado por sijs e hindúes y donde estaba teniendo lugar una celebración de boda hindú, insultando a los clientes asiáticos. Rápidamente se corrió la voz, por medio de teléfonos móviles, de que estaba teniendo lugar una “pelea racial” y numerosos grupos de jóvenes asiáticos (pakistaníes) acudieron al lugar. Aunque cuando éstos llegaron la mayor parte de los jóvenes que habían desencadenado la pelea ya se habían marchado, los jóvenes pakistaníes atacaron varios establecimientos públicos (tres bares y una farmacia) y destrozaron algunos vehículos, además de agredir a algunas personas que encontraron en el camino. Hubo entonces quejas por la lentitud con que actuó la policía. Meses después, a comienzos del verano, tuvo lugar en el centro de la ciudad un mitin contra las organizaciones de extrema derecha organizado por la “Liga Anti-Nazi”, que se desarrolló sin incidencias hasta que al final del mismo se extendió el rumor de que un grupo de jóvenes autóctonos, que se había reunido en las proximidades, había agredido a un joven asiático a la salida de un bar (jóvenes probablemente cercanos a grupos ultraderechistas). Numerosos grupos de jóvenes pakistaníes empezaron entonces a concentrarse y la policía les desplazó hacia una zona con una significativa población asiática (Manningham, donde se habían desarrollado los disturbios de 1995), donde tuvo lugar una verdadera “batalla campal” entre los jóvenes y la policía, con el lan-

16.- Es importante señalar que estas ciudades y la región en su conjunto han experimentado una considerable crisis económica -y, en consecuencia, de empleo- durante las últimas dos décadas con el desmoronamiento de la industria textil y el desplazamiento del desarrollo económico y productivo hacia otras zonas, en especial hacia los crecientes centros financieros de Manchester y Leeds. Circunstancias que provocaron que el grueso de los trabajadores inmigrantes empleados en el sector debieran buscar nuevas oportunidades de empleo, fundamentalmente en el sector servicios vinculado a su propia comunidad (restaurantes, taxis y comercios textiles especialmente) (Seward, 2006).

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zamiento de piedras y cócteles molotov, en la que participaron entre 400 y 500 jóvenes asiáticos y 200 policías resultaron heridos. En la noche siguiente continuaron otros tumultos menores en áreas de la ciudad con mayoría de población autóctona protagonizados por jóvenes autóctonos e incitados por la extrema derecha. Unos meses después, en noviembre, se registraron otros disturbios de menos importancia. En Oldham, durante la primavera de 2001, en un clima creciente de “tensión racial” desde finales del año 2000, los medios de comunicación locales dedicaron una extensa cobertura a un par de noticias sobre el ataque a dos personas “blancas” por parte de un grupo de jóvenes asiáticos, al tiempo que la policía local hacía públicas las cifras de denuncias por agresión, con una mayoría de denuncias presentadas por población autóctona. Algunos grupos de extrema derecha, especialmente el BNP (Partido Nacional Británico) buscaron la manera de explotar la situación y acusaron a la policía de no estar protegiendo a la comunidad “blanca”. Los medios de comunicación de ámbito nacional comenzaron a hacerse eco de la noticia y mostraron algunas intervenciones de jóvenes asiáticos en las que declaraban que “los blancos no eran bienvenidos” en algunas áreas de la ciudad, lo que desató de inmediato la tensión entre ambos grupos. El Gobierno, mientras, prohibió temporalmente las manifestaciones en la ciudad para evitar desórdenes públicos, lo que sin embargo no evitó que miembros del BNP se concentraran de manera informal en los bares del centro de la ciudad, al tiempo que (significativamente) anunciaban que se presentarían en los distritos de la ciudad para las inminentes elecciones generales. Semanas más tarde, con el desencadenante de una pelea entre jóvenes autóctonos y pakistaníes, algunas pandillas de jóvenes autóctonos, coordinados por los teléfonos móviles, atacaron casas y negocios de personas de origen asiático, lo que provocó la reacción de los jóvenes pakistaníes, que denunciaron entonces que la policía no hizo nada para proteger su comunidad y, posteriormente, intentaron marchar hacia la comisaría de policía del centro de la ciudad hasta que los agentes les contuvieron. Entretanto, grupos de jóvenes asiáticos atacaron varios bares donde se rumoreaba que se habían refugiado miembros de grupos de extrema derecha, y los tumultos se prolongaron durante unas horas, al igual que en las noches siguientes, aunque con una incidencia ya menor. En las semanas posteriores, algunos grupos de extrema derecha intentaron agitar a la población autóctona para marchar conjuntamente hacia los barrios de mayoría asiática, lo que estimuló nuevas respuestas de jóvenes asiáticos. En Burnley la violencia empezó con algunos incidentes menores a comienzos del verano de 2001, desencadenada por una riña vecinal tras la que se apedreó a un taxista pakistaní mientras conducía, lo que incrementó la tensión entre ambas “comunidades”. Al día siguiente la policía tuvo que intervenir para prevenir el enfrentamiento entre jóvenes autóctonos y asiáticos cerca de un centro comercial. Durante los desórdenes, se atacaron varios establecimientos públicos (dos bares fueron asaltados y un sexshop incendiado) y se produjeron numerosos heridos (83 policías y otras 28 personas). Se conoció entonces, además, que las disputas entre grupos sobre la distribución de droga en distintas zonas de la ciudad contribuyeron a desencadenar los desórdenes públicos. El relato de los hechos nos lleva ahora inexorablemente a detenernos en el papel jugado por la extrema derecha en los disturbios descritos. La aparición de la extrema derecha en torno a los conflictos ligados con la inmigración no es una novedad en la historia reciente de Gran Bretaña: partidos como el National Front fueron particularmente activos desde los años sesenta demandando una política restrictiva de inmigración y, por ejemplo, el movimiento antiracista de los años setenta desarrolló algunas de sus más exitosas campañas en respuesta a las amenazas de algunos grupos de extrema derecha de concurrir a las elecciones generales (Lloyd, 1998). En los últimos años, la extrema derecha británica (ante 121

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la realidad de una Gran Bretaña multiracial) ha abanderado, además del discurso del control de la inmigración, también otro basado en la identidad nacional, asociando “identidad británica” a “identidad blanca”, que han intentado extender y movilizar en determinados sectores de la población17; también durante los últimos años han enarbolado una “identidad cristiana”, en oposición al Islam: el BNP “utilizó recurrentemente [durante los disturbios ] el término “musulmán” como un insulto racista, poniendo énfasis en este “marcador” religioso y burlando por cierto de ese modo la Ley de Relaciones Raciales de 1976, que no nombraba la religión” (Joly, 2005: 27). No es exclusivo de Gran Bretaña que las organizaciones y simpatizantes de extrema derecha hayan provocado disturbios urbanos y otros importantes episodios violentos, ni tampoco que se hayan sumado posteriormente allí donde se hubieran desatado tensiones con la población inmigrante. Así sucedió en los disturbios de 2001 en las tres ciudades inglesas, donde no sólo actuaron directamente sino también movilizaron el descontento existente entre algunos sectores de la población autóctona en la convocatoria de algunas marchas y en el ejercicio de la violencia contra la población de origen asiático. Su actuación, además, dio alas a los medios de comunicación para mostrar las imágenes de una enfurecida y violenta juventud asiática destruyendo propiedades y lanzando ladrillos y cócteles molotov contra la policía (Seward, 2006: 27). Los efectos de la actuación de la extrema derecha en 2001 se materializaron en réditos electorales en las elecciones generales celebradas apenas unos meses después de algunos de los disturbios: en Oldham, el BNP obtuvo más del 16% de los votos en una de las circunscripciones y el 11,5% en la otra, las más altas de todo el país en esa convocatoria electoral; en Burnley, donde el BNP siempre había sido una organización minoritaria, consiguió un 11% de los votos, el segundo mejor resultado del país (obtuvo, además, alrededor del 20% de los votos en todos los distritos electorales donde se presentó en las siguientes elecciones locales a finales de 2001). Es significativo señalar que, a pesar del aumento de apoyo electoral que han tenido los partidos de extrema derecha en Gran Bretaña, sobre todo en los escenarios inmediatamente posteriores a disturbios relacionados con población inmigrante, y del papel que han jugado como “avivadores de fuegos” en muchos de éstos, no existe en Gran Bretaña un grupo o partido de extrema derecha con peso nacional y parlamentario significativo18. Según algunos autores, este hecho separa al país de la Europa continental (Hansen, 2000: 222), donde ha crecido en los últimos años el modelo anti-inmigración y de “preferencia nacional” de partidos como el Frente Nacional francés o el Partido de la Libertad austriaco (Kundnani, 2001a: 54-55). Sin embargo, para autores como Kundnani, esa ausencia británica -al menos, en el ámbito de los partidos políticos- no significaría que esa agenda política radical, la de la “preferencia nacional”, no se hubiera popularizado también en Gran Bretaña, donde quien habría llenado ese hueco sería la principal prensa amarilla. Así, destacados tabloides sensacionalistas como el Sun o el Daily Mail habrían actuado durante los últimos años “como un sucedáneo de partido nacionalista y [habrían] promovido una política de preferencia nacional sin competir en las elecciones” y lo habrían hecho, además, sin la “amenaza” de los principios democráticos, pues “los periódicos sólo son responsables ante sus accionistas”.

17.- Ese proceso de atribución en exclusiva de la identidad británica para la población autóctona sería, señalan algunos autores, un elemento problemático para el potencial conflicto de identidades que las “segundas generaciones” podrían estar experimentado en Gran Bretaña (Hussain y Bagguley, 2005: 410). 18.- Debemos señalar, por otra parte, que el sistema electoral británico (mayoritario) dificulta enormemente su representación parlamentaria, por lo que estas formaciones luchan especialmente por conseguir representación en los ayuntamientos.

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En otros capítulos de este trabajo se ha señalado también el papel que los medios de comunicación han tenido avivando en ocasiones la amenaza del racismo y la discriminación. En cierto modo, durante los disturbios de 2001, los medios de comunicación (locales, fundamentalmente) colaboraron a crear un contexto de miedo y amenaza entre las distintas comunidades, lo que incitó a la violencia de numerosos grupos de jóvenes, particularmente amplificando algunas noticias relacionadas con la población de origen inmigrante (agresiones, por ejemplo), como ya hemos señalado. En cuanto al papel jugado por las principales organizaciones de inmigrantes, representantes de las minorías, durante los disturbios de 2001, debemos precisar que éste fue menor en el transcurso de los mismos. Pero sí tienen una importancia mayor en el desarrollo -y, en cierto sentido, el origen- del conflicto del que estos disturbios son la manifestación más visible. En este sentido debemos indicar, en primer lugar, que las organizaciones que representan a las minorías asiáticas en estas ciudades tuvieron poco -o nada- que ver en los disturbios, en la coordinación o instigación por ejemplo de las acciones de los jóvenes asiáticos, a las que podemos atribuir más bien elementos importantes de espontaneidad y acción-reacción: “su violencia fue ad hoc, improvisada y desordenada” (Kundnani, 2001b: 105). A diferencia de otros episodios donde su voz se había dejado oír (por ejemplo, durante las campañas por los “casos Honeyford o Rushdie”, ya citados), en 2001 su participación fue más bien inexistente. Sin embargo, por otro lado, sí tienen un papel destacable al menos en relación con dos aspectos distintos: (i) Por un lado, diversas organizaciones “comunitarias” venían expresando durante los años previos a los disturbios la escasez de medidas tomadas para paliar los problemas que habrían estado en el origen de los anteriores disturbios de 1995 en Bradford, lo que guarda una estrecha relación con las críticas que se lanzaron a los análisis oficiales que se hicieron después de dichos disturbios, que apenas indagaron en la causas de los mismos y los definieron más bien como un problema de delincuencia, sin atender a cuestiones socioeconómicas o culturales. (ii) Por otro lado, algunos autores han indicado que uno de los elementos “que agravó [la] desafección” de estos jóvenes “fue el sentimiento de no tener voz” (Joly: 2005: 27). De alguna manera sentirían que las organizaciones que les representaban (o, al menos, así se presentaban) no habrían sabido entender y atender a las necesidades, demandas y características específicas de las “segundas generaciones”, sino que estarían más preocupadas por mantener una posición consolidada como aliados gubernamentales. Como señala Joly:“percibieron una especie de colusión entre las administraciones municipales y los líderes de sus comunidades (personas mayores de la primera generación) y esto les privó del derecho a la representación”. Las investigaciones y publicaciones desarrolladas no nos permiten analizar en detalle el papel que otras minorías u otras organizaciones “comunitarias” (que representan a otros “grupos étnicos”) han jugado en el desarrollo del conflicto, si es que han tenido un papel significativo. Pero sí han abordado someramente las relaciones que existen entre distintas comunidades, lo que indudablemente puede influir en algunos aspectos del mismo. La mayor parte de estos análisis abordan el escenario de competencia existente entre distintos grupos de población de origen inmigrante. En este sentido, debemos indicar que la población musulmana de origen pakistaní tiene una sobrerrepresentación muy significativa en relación con otras minorías en distintas ciudades del norte de Inglaterra y, particularmente, en Bradford. Como ya hemos indicado, el tamaño y concentración de la población de origen pakistaní en ciudades como Bradford le habría permitido ejercer una presión y movilización política mucho mayores que los de otros grupos. Gracias a su predominio, “los pakistaníes han afrontado una competencia menor para [conseguir] influencia política y unos recursos escasos como ha sucedido en ciudades más diversas étnicamente como 123

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Manchester o Birmingham” (McLoughlin, 2005: 1054). Según el autor, en este contexto en el que “las ‘comunidades’ tienen que competir entre sí para conseguir unos recursos escasos, se asume que los pakistaníes especialmente ‘consiguen todo’”, percepción que, indudablemente, contribuye a incrementar la hostilidad entre distintos grupos. Además, se ha señalado con relación a ese “predominio pakistaní-musulmán” y lo que algunos autores señalan como “islamización” del centro de Bradford (la zona donde residen mayoritariamente), que algunos sectores de la población autóctona, así como otros grupos minoritarios con menor presencia en la ciudad (hindúes, sijs o afro-caribeños), se sentirían “abandonados en la ciudad por lo que perciben como un ‘dominio musulmán’” (Ibid.). Debemos también prestar especial atención al papel de los principales partidos políticos en la construcción del contexto en el que tienen lugar los disturbios de 2001. A lo largo de 2000 y 2001, la inmigración volvió a la agenda partidista y al discurso político con un protagonismo desconocido desde hacía décadas. Especialmente el Partido Conservador acudió a las distintas convocatorias electorales durante este período con un discurso en el que la inmigración y la “identidad nacional” tenían una presencia destacada. En las elecciones locales de 2000, los conservadores consiguieron hacer del enfrentamiento por la política de asilo (sobre la que el Gobierno Laborista había legislado recientemente) uno de los temas de la contienda electoral, con relativo impacto en el resultado de las elecciones (Kundnani, 2001a: 57). En marzo de 2001, en plena campaña de las elecciones generales y en los albores de los disturbios de 2001, el líder conservador, William Hague, pronunció un vehemente discurso ante los simpatizantes de su partido que todos los medios de comunicación y análisis posteriores denominaron como “el discurso de la ‘nación extranjera’” (“foreign land”), haciendo referencia a lo que implicaría una nueva legislatura laborista: el camino hacia una Gran Bretaña extranjera, “el que los británicos se sintieran extranjeros en su propio país” (Ibid.). Según Kundnani, este giro en el discurso del Partido Conservador significaría que éste habría adoptado, habría hecho suyo, el que habitualmente enarbolaban en Gran Bretaña los tabloides sensacionalistas (a lo que ya nos hemos referido): un discurso populista, con cierto eco de los programas basados en la ‘preferencia nacional’ que esgrimen otros partidos de la ultraderecha europea, basado aquí también en el “devuélvanos nuestro país”. Frente a este discurso, el Partido Laborista “intentó presentarse a sí mismo como el partido de la gestión ‘firme pero justa’” en materia de asilo, intentando contrarrestar los aspectos en los que su política de asilo encontraba mayores debilidades. Los resultados posteriores en las elecciones generales de 2001 (celebradas en junio) dieron una abrumadora mayoría al Partido Laborista (413 frente a 166 escaños), lo que provocó la inmediata renuncia de William Hague al frente de los tories. El discurso alarmista de los conservadores fracasó, pues, en su intento de recibir un extenso apoyo popular, pero este hecho no resta importancia al significativo retorno del discurso nacionalista y anti-inmigración al primer plano de la arena política. Como ya hemos mencionado, a las administraciones -especialmente a las locales- se les ha acusado de, al menos, tener una responsabilidad en el origen de los disturbios de 2001 y, por lo tanto, un papel reseñable en el conflicto que implica a los jóvenes de las “segundas generaciones”. En este sentido, podríamos hablar más bien de una responsabilidad por omisión o, quizás de manera mas precisa, por inacción, pues se ha señalado insistentemente su falta de compromiso para afrontar los problemas que enfrentan las nuevas generaciones de población de origen inmigrante y, por consiguiente, la ausencia de una política global para la resolución del conflicto. De alguna manera, los gobiernos local y nacional, han sido los principales destinatarios de las demandas que los jóvenes británicos musulmanes en su expresión del conflicto: demandas de políticas públicas que aborden sus necesidades educativas y de ocio y su discriminación en el mercado laboral, pero también de reconocimiento pleno de su condición de ciudadanos británicos en un marco que respete sus 124

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opciones culturales y religiosas. Las respuestas que las instituciones políticas han dado posteriormente al conflicto serán objeto de las páginas que siguen. 6. RESPUESTAS INSTITUCIONALES Poco después de que tuvieran lugar los disturbios de 2001, el Gobierno nacional, así como las administraciones locales de Oldham y Burnley encargaron la elaboración de distintos informes sobre los disturbios, que establecieran un análisis, un diagnóstico, del conflicto, así como las medidas que pudieran ser puestas en marcha para su resolución (véase Cantle, 2002; Clarke, 2002; Denham, 2002; Ritchie, 2001). Se estableció también (promovido por el Ministerio del Interior) un Grupo Ministerial para el Orden Público y la Cohesión de las Comunidades, presidido por el diputado John Denham, que se fundó con el propósito de “informar sobre la actuación [que debería desarrollarse] para minimizar la amenaza de mayores desórdenes y para la construcción de comunidades fuertes y más cohesionadas” (Denham, 2002). En la elaboración de algunos de estos informes (por ejemplo, en el caso de Burnley) el Ayuntamiento, invitado por la agencia encargada del mismo, se sumó posteriormente al proceso de análisis para consensuar una política para el municipio. El grueso de estos informes señala como los principales factores causales del conflicto la segregación de las ‘comunidades’ minoritarias implicadas y la falta de cohesión comunitaria y se insta, por tanto, a desarrollar una política integral que afronte ambas dimensiones. Los informes señalan que, particularmente en el caso de Bradford, la segregación residencial y, por ende, educativa de la población de origen inmigrante y la falta de contacto entre ésta y la población autóctona se habría desvelado como una de las causas del fracaso de la integración de los inmigrantes y, por tanto, estaría en el origen del conflicto de las nuevas generaciones. Ambas poblaciones compartirían la ignorancia y hostilidad mutua. Los informes señalan que esa separación entre ambas poblaciones es especialmente problemática en distintos ámbitos: la educación, las organizaciones voluntarias, el empleo, los lugares de culto, la lengua, las redes sociales y culturales (Cantle, 2002). La “hipótesis” de la “integración fallida” es central en varios de estos informes y en buena parte de las estrategias gubernamentales puestas en marcha con posterioridad (McGhee, 2005). Algunos autores han criticado que estos informes parten de alguna manera de una visión de la segregación de la población inmigrante construida previamente, ya que los datos -que los informes, en general, tampoco aportan- no avalarían necesariamente esa hipótesis. Partirían, así, de un enfoque que construye a las comunidades como “disfuncionales” y atribuiría como motivo de la segregación la propia voluntad de la población inmigrante de permanecer aislada, sin contacto con las personas de otras etnias y religiones. (Bagguley y Husssain, 2006; Uberoi, 2007). Estrechamente vinculado con la cuestión de la segregación, el otro argumento central de los informes es el de la construcción de cohesión comunitaria. Las causas que establecen los informes para esa ausencia de cohesión social son, principalmente, la falta de contacto entre los distintos grupos de la población (a la que ya nos hemos referido) y la falta de un sustrato común entre ellos, un elemento que aúne a las distintas comunidades. Del mismo modo, se indica que éste debe conseguirse a través de una política común: el desarrollo de una concepción inclusiva de ciudadanía, común para toda la población, poniendo el énfasis en que se debe conseguir “la unidad, en la diversidad”: “encontrar compro125

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misos compartidos, fortaleciendo los vínculos que unen ‘nuestra’ cultura común en sociedades caracterizadas por la diversidad” (McGhee, 2005: 3.2). Se parte, pues, del supuesto de que “es más probable que la gente que actúa con un objetivo común interactúe, comprenda y valore las diferencias de manera positiva” (Cantle, 2002). Los últimos cambios en materia de inmigración y asilo en Gran Bretaña estarían, según señalan los autores, permeados de la idea de fomentar la ‘cohesión comunitaria’, especialmente “a través del énfasis en una ‘nueva pedagogía de la ciudadanía’ sobre la construcción de la capacidad en los ‘nuevos ciudadanos’ de vincularse con un ejercicio efectivo de la ‘ciudadanía activa’” (McGhee, 2005: 2.8). Se trataría, pues, de una nueva pedagogía, o un modelo si se quiere, que, por ejemplo, se habría concretado en la transformación del proceso de naturalización (el proceso de adquisición de la ciudadanía británica se modificó en 2004, añadiendo algunos elementos simbólicos, de ritual, a lo que hasta entonces era un trámite fundamentalmente burocrático19) o la inclusión de un nuevo examen sobre lengua y conocimiento de la “vida británica” para quienes soliciten la ciudadanía británica. Estos ritos de paso se concebirían como parte de ese modelo de fortalecer la cohesión, a partir de elementos comunes, y el conocimiento entre la población. Numerosas voces han señalado que las respuestas de las instituciones y las políticas desarrolladas estarían vinculadas a un telón de fondo fundamental para la política sobre inmigración en Gran Bretaña: el distanciamiento del multiculturalismo en los nuevos discursos y Gobiernos laboristas (Bagguley y Hussain, 2006; McGhee, 2005). El alejamiento del que ha sido durante décadas el modelo de integración de la población inmigrante en Gran Bretaña se basaría en que “la retórica multicultural celebra las diferencias entre comunidades abandonando los elementos comunes que todos comparten” (McGhee, 2005: 3.1). Como señala McGhee, otros expertos e intelectuales se abrían sumado especialmente estos últimos años a la crítica al ideal multicultural y la apuesta por construir puentes de unión entre comunidades: “El problema del multiculturalismo está en que se interpone en el camino de lo que queremos hacer juntos, porque se basa en el pasado más que en un futuro compartido” (Alibhai-Brown, 2000: 11); “en la Gran Bretaña del siglo XXI necesitamos re-imaginar nuestra cultura colectiva con vínculos que unan, mientras que el viejo debate sobre el multiculturalismo sigue mirándose el ombligo, erigiendo nuevas barreras entre grupos en nuestra sociedad, en lugar de permitirnos beneficiarnos colectivamente de nuestra diversidad” (Ibid.: 3). En relación con las respuestas en relación con la política de control de la inmigración, debemos señalar que las medidas desarrolladas en los últimos años, como hemos indicado, consolidan la tendencia hacia un estricto control migratorio. En fechas recientes el gobierno nacional ha mostrado pasos significativos en esa dirección: el 12 de octubre de 2007, el Ministro de Inmigración (Liam Byrne), se comprometió a un “nuevo equilibrio en la política migratoria” en un discurso dirigido a diferentes cargos de la Administración pública.

19.- En la página web de la Agencia de Inmigración y Fronteras del Ministerio del Interior británico se explica el porqué de la inclusión de las “ceremonias de ciudadanía”: “Antes de 2004 un juramento o afirmación de lealtad se hacía de manera privada en la presencia de una persona que tenía la potestad de dar fe del mismo. Se tenía la sensación, sin embargo, de que esto devaluaba el proceso de convertirse en ciudadano británico y que, como un evento importante en la vida de las personas, debía celebrarse de una manera más significativa. La asistencia a una ceremonia de ciudadanía permite a los nuevos ciudadanos sentirse bienvenidos en su comunidad local y encontrarse con otras personas vecinas que van a convertirse en ciudadanos británicos al mismo tiempo”. (http://www.ind.homeoffice.gov.uk/applying/nationality/citizenshipceremonies

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El Ministro informó de que se ha puesto en marcha un programa de un año de duración que implica “cambios radicales en los sistemas y estrategias británicos de inmigración” (Border and Immigration Agency, Home Office). Algunas de las cuestiones que, mencionó, estarán incluidas en dicho programa son las siguientes: la exigencia de visado (con huellas dactilares) para el 75% de la población mundial para entrar en el Reino Unido; nuevos agentes fronterizos que dispongan de mayores competencias; exigencia de documentos de identidad para la población extranjera que permita verificar su identidad; la lucha contra la inmigración ilegal; una nueva agencia de inmigración independiente del gobierno con mayor margen de actuación. En relación con los nuevos discursos a los que ya nos hemos referido, es de interés señalar algunas de las significativas palabras con las que Byrne finalizó su intervención: “Hoy comenzamos a construir un nuevo equilibrio en la política migratoria británica, sopesando los beneficios económicos con el profundo impacto en otros asuntos. Sabemos que la migración añadió seis millones de libras a nuestra economía el pasado año, pero también somos conscientes de efectos más amplios. Lo que necesitamos es encontrar el equilibrio adecuado en beneficio de los intereses de Gran Bretaña” (Ibid.) 7. REFLEXIONES FINALES Gran Bretaña ha protagonizado en el último medio siglo la transformación de una sociedad relativamente homogénea (sin obviar, por supuesto, el pluralismo ya existente, incluso en términos nacionales) a otra heterogénea y plural gracias a la inmigración de las últimas décadas. Según el Censo de 2001, casi cinco millones de personas, el 8,3% de la población, habían nacido en el extranjero. Especialmente significativo resulta el recorrido desde la nutrida llegada de inmigrantes procedentes de las antiguas colonias desde los años cincuenta y, especialmente, sesenta hasta las segundas generaciones de origen antillano, asiático o africano que habitan hoy las distintas ciudades británicas. Las políticas de control de la inmigración durante este período fueron incorporando con el paso del tiempo mayores restricciones a la entrada de inmigrantes, desde un régimen cercano a la “libre entrada” para los ciudadanos de la Commonwealth a un modelo con estrictas y selectivas limitaciones a la entrada de población extranjera, próximo al de otros países europeos. Aunque las cifras de llegada de inmigrantes a Gran Bretaña siguen siendo significativas en fechas recientes (más de medio millón de personas cada año durante el último lustro), la formación de lo que podemos llamar la “Gran Bretaña inmigrante” y multicultural se consolidó décadas antes con la llegada de las principales oleadas de inmigración (procedentes del Caribe, India, Pakistán y Bangladesh y, por último, África). En fechas recientes, el gobierno británico ha mostrado su disposición de restringir la entrada de trabajadores extranjeros en función de las necesidades e intereses británicos. Por otro lado, pronto se hizo visible la necesidad de tomar medidas para mejorar la integración de la nueva inmigración en la sociedad británica. Los primeros pasos se dieron para luchar contra al racismo y la discriminación, a través de diferentes instancias, y han continuado hasta la fecha. Fundamentalmente a partir de los años 60, partidos políticos y administraciones convergen en fomentar un modelo de integración basado en la igualdad de oportunidades, por un lado, y la tolerancia y apoyo de las diferencias culturales, por otro. Tiene lugar, al mismo tiempo y como consecuencia de este modelo, la articulación e institucionalización de una política comunitaria que privilegia la comunicación entre las distintas administraciones y las organizaciones de inmigrantes, que pasan a ocupar un importante papel en la sociedad británica. 127

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Como señala A. Sen (2007: 203), podemos concluir que la promoción del multiculturalismo en Gran Bretaña ha tenido como resultado “una mezcla de éxitos y dificultades”. El autor destaca la relativa estabilidad durante los últimos veinticinco años y señala los beneficios que habrían significado para la integración de los inmigrantes en la sociedad británica, entre otros, dos elementos esenciales: por un lado, el que los inmigrantes procedentes de la Commonwealth -una gran mayoría- tuvieran derecho inmediato al voto una vez residieran en Gran Bretaña; y por otro, “el tratamiento no discriminatorio de los inmigrantes en las áreas de salud, educación y seguridad social”. Sin duda los éxitos conseguidos por el modelo con que Gran Bretaña gestionó la convivencia de la población inmigrante y la autóctona hizo que los expertos europeos en migración prestaran especial atención durante años a lo que allí se estaba haciendo. Sin embargo, durante los últimos años parece haberse abierto o, para ser más precisos, ensanchado el debate sobre el multiculturalismo británico. Las posiciones en la discusión son numerosas, desde el extremo de quienes diagnostican la crisis absoluta del modelo hasta quienes abogan por repensar el multiculturalismo a la luz de las sociedades actuales, entre otros enfoques. En ese contexto de luces y sombras debemos señalar que Gran Bretaña ha vivido diversos conflictos asociados con la inmigración durante los últimos años.Vinculados, por ejemplo, con la libertad religiosa o el papel de las nuevas religiones de la población inmigrante en la esfera pública (la posible colisión con la libertad de expresión, el derecho a una educación religiosa, entre otros). O relacionados, por otro lado, con la segregación y exclusión (laboral, residencial, educativa) de significativos sectores de la población inmigrada. Especialmente a partir de algunos de los últimos disturbios que han implicado a numerosos grupos de las segundas generaciones en Gran Bretaña, esas sombras apuntan con insistencia hacia la fractura que existiría con una generación de jóvenes descendientes de inmigrantes que demanda un papel distinto en la Gran Bretaña contemporánea. Una generación que, a pesar de su igualdad plena, formal, como ciudadanos británicos y de las décadas de políticas antidiscriminatorias, sigue excluida en ámbitos que frenan decisivamente su integración en la sociedad: tasas de desempleo muy por encima de la media nacional, mayores dificultades en el acceso a la vivienda, falta de oportunidades en educación, ausencia de espacios para el ocio y la socialización, entre otros. Una generación, además, que reclama el respeto efectivo de sus diferencias culturales o religiosas en el marco de su condición de ciudadanos, de la comunidad de la que forman parte, y no el mero reconocimiento de parcelas en las que expresar las diferencias o identidades culturales. Gran Bretaña comienza, pues, el siglo XXI con no pocos retos a la vista en materia de inmigración, en un contexto internacional, además, muy distinto al de períodos anteriores. Por un lado, tras la plena integración del Reino Unido en la Unión Europea y las muy importantes ampliaciones sucesivas de la misma, la UE ha dado los primeros pasos para dotarse de una política común en materia de inmigración, lo que -aunque no parece posible para un futuro cercano- afectará sin duda a la gestión de la inmigración por parte de Gran Bretaña. Por otro lado, el modelo de desarrollo económico emprendido por Gran Bretaña y los procesos crecientes de globalización podrían conducir a una menor necesidad de trabajadores extranjeros en el país, lo que de alguna manera nos debe invitar a pensar (además de por otras razones) en la pertinencia de romper con el “viejo” paradigma de inmigración asociado a la necesidad temporal de trabajadores extranjeros; como señala Kundnani ilustrando esa ironía de la relación entre los procesos de globalización y la inmigración reciente en Gran Bretaña:“el trabajo que vinieron a realizar por poco dinero trabajadores bangladeshíes en el norte de Inglaterra puede ser hecho ahora, aún más barato, por trabajadores en Bangladesh” (2001b: 106). 128

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A pesar de que los conflictos asociados a la inmigración en Gran Bretaña estén estrechamente unidos a la propia historia reciente del país y a las políticas desarrolladas y, por consiguiente, hagan difícil extrapolar algunos elementos para ilustrar otras experiencias europeas, sí podemos señalar algunos aspectos que se han desvelado centrales en algunas áreas de conflicto y de los que podríamos extraer algunos aprendizajes para el futuro. Sin ánimo de ser aquí exhaustivos sí debemos mencionar el papel desempeñado por diversos medios de comunicación en la ampliación de un discurso anti-inmigración a partir, por ejemplo, de la repetida y controvertida difusión de contenidos relacionados con la población inmigrante, lo que ha llevado en ocasiones a incrementar tensiones entre la población autóctona e inmigrante. También debemos prestar atención a los riesgos de un uso electoralista y partidista de la política migratoria, para la que sería preciso encontrar algunos puntos de consenso para una política de Estado al menos en sus elementos centrales. En el terreno de las políticas públicas, es preciso emprender medidas que acaben, en la práctica, con la discriminación en el acceso al empleo y educación de calidad de la población de origen inmigrante, así como acometer las acciones necesarias en materia de planificación urbana para evitar la excesiva concentración de población inmigrante en determinadas áreas de la ciudad, que pueda desencadenar conflictos por el espacio público. Por último, pero no menos importante, la experiencia británica nos muestra la necesidad de ampliar los cánones tradicionales con los que se concibe la inclusión de los inmigrantes como semi-ciudadanos, con derechos recortados, en las sociedades contemporáneas, en la dirección de un estatus que contemple la plena participación de la población de origen inmigrante.

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5. ¿INTEGRACIÓN O MARGINACIÓN? CONFLICTO SOCIAL E INMIGRACIÓN EN ALEMANIA Désirée Kleiner-Liebau Arnold-Bergstraesser-Institut, Freiburg

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INTRODUCCIÓN En la larga historia migratoria de Alemania resulta difícil filtrar un único conflicto, o un único eje de conflicto. En las últimas cinco décadas, diversos flujos migratorios han formado un conglomerado de controversias de mucha complejidad. Hoy en día se asoman muchos conflictos latentes o implícitos que tienen parte de sus raízes en los años anteriores en que el gobierno nacional cerraba los ojos ante el tema de la inmigración e integración. Sin embargo, en comparación con otros paises ha habido pocos incidentes en que esos conflictos se hayan manifestado violentamente. Lo cual no significa que no los haya, bajo la superficie, manifestandose sobre todo en forma de acción colectiva “contenida” (véase Morán en este volumen). Este informe no pretende presentar un cuadro completo de los conflictos vínculados al tema de la inmigración en Alemania, sino intenta de dar una impresión general de la progresiva “etnización” de conflictos sociales en las últimas dos décadas y se limita a discutir tres conflictos con mayor detalle y con ejemplos de sus manifestaciones1. Según varios autores se ha podido observar en Alemania una progresiva “etnización” de los conflictos sociales (Radtke, 1996; Griese, 2002). Empezando con el año 1973 (año del paro total de reclutamiento de trabajadores extranjeros) e intensificándose en la segunda mitad de los ochenta, estos autores constatan una tendencia de enfatizar las diferencias étnicoculturales en el discurso político, mediático y académico. Las categorías que habitualmente se habían usado en la sociología para describir tensiones en la sociedad y conflictos sociales como desigualdad, injusticia, clase y grupo social, poder, ideología e intereses han perdido importancia (Griese, 2002:105). Mas bien, se trata de un proceso de “etnización” a los dos lados y de reacción mutua. Por una parte, la sociedad alemana, incluyendo los políticos y académicos, interpreta la convivencia y sobre todo los problemas y conflictos sociales cada vez más en términos étnicos, culturales y religiosos. Por otra parte, se observan en la población inmigrante tendencias de un proceso de reidentificación etnocultural especialmente en la segunda y tercera generación, entre los hijos y nietos de los inmigrantes. En vez de seguir en el camino de la secularización, redescubren la lengua, la

1.- Se deja al lado, por ejemplo, el conflicto kurdo que han traído los inmigrantes kurdos a Alemania y que se visibiliza mayormente en manifestaciones pacíficas (excepto el día 17.2.1999 cuando hubo después de la detención de Öcalan protestas violentas), porque se trata más bien de un conflicto “extraterritorial”. Las reivindicaciones kurdas se dirigen en realidad a las autoridades turcas.Al Gobierno alemán sólo se le da el papel de mediador. Tampoco se profundiza en conflictos que resultan de las dificultades de integración de los “Aussiedler”, porque se trata de un caso muy particular en toda Europa. El actual debate sobre la reclutación de inmigrantes altamente cualificadas no se trata tampoco aquí, por ser un debate exclusivamente político y por ser un tipo de inmigración percibido por la sociedad como poco problemático en relación a otros inmigrantes.

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cultura y la religión de sus padres y abuelos. Algunas organizaciones fundamentalistas han sabido canalizar esta busqueda identitaria y beneficiarse de ello. Analizando los conflictos ligados a la inmigración en Alemania y sobre todo analizando la interpretación por parte de diferentes actores de estos conflictos se debe tener en cuenta esta tendencia de “etnizar” conflictos sociales y así vincularlos a la inmigración. Para poder clasificar mejor los conflictos sociales se distingue en las páginas siguientes entre dos subcategorías: los conflictos etnoculturales y los conflictos de interés (Schulte, 1998). Según Schulte conflictos de interés son aquellos sobre la desigual distribución de bienes, por ejemplo, de poder, de ingresos o de propiedad. Conflictos etnoculturales tratan de la religión, lengua, ideología, de valores o identidades. Por la cualidad ideal de sus objetos de disputa los últimos resultan mucho más complicados de resolver. En la realidad social los dos tipos de conflictos sociales están estrechamente interrelacionados y se usan aquí sólo como instrumento de diferenciación análitica2. Otra distinción analítica es la de diferenciar entre conflictos sociales auténticos y pseudoconflictos. Los primeros son los que se basan en las causas y motivos postulados por los actores; los del segundo tipo no se basan realmente en las causas y motivos formulados , sino se producen para descargar tensiones y agresiones contra un “otro” intercambiable. En este caso el conflicto es el fin en sí mismo, como, por ejemplo, en algunos casos de ataques contra inmigrantes. Los conflictos sociales asociados con el tema de la inmigración hacen referencia a varios ámbitos de la realidad social. Algunos se desenvuelven alrededor de aspectos legales, políticos o sociales como, por ejemplo, en situaciones de competencia por servicios sociales entre la población inmigrante y la población autóctona. Hay otros conflictos en el ámbito cultural sobre las posibilidades y los modos de desarrollo cultural de los inmigrantes o sobre la actitud de la mayoría frente a las minorías y a la diversidad cultural en el país. Existen además conflictos basados en actitudes de discriminación, xenofobia, racismo o fundamentalismo religioso. En este siguiente informe se presentan conflictos sociales ligados a la inmigración en Alemania desde la reunificación en el año 1990. La situación anterior a la reunificación se describe brevemente en los Capítulos 1 y 2, porque las controversias y conflictos de hoy día son en gran parte heredados del pasado.También el este y el oeste de Alemania muestran aun hasta hoy grandes diferencias en las estadísticas sobre la inmigración. En los capítulos principales (3 a 6) se enfocan tres debates o conflictos, sus manifestaciones concretas, sus actores y las respuestas institucionales correspondientes. El primer conflicto descrito en detalle se manifiesta violentamente en la primera mitad de los años noventa cuando después de la reunificación y, por lo tanto, en una situación de grandes cambios socioeconómicos y de mucha inseguridad económica se efectuó entre los dos grandes partidos la disputa sobre el derecho al asilo. La polémica creada por parte de algunos políticos y de los medios de comunicación sobre los solicitantes de asilo que se “aprovechan” de la ayuda social está evaluada en la literatura acádemica ampliamente por haber contribuido claramente a la escalada de la violencia xenófoba y a los graves brotes racistas en este período. Este conflicto de la primera mitad de los 90 sirve, por lo

2.- Es decir, según el concepto de Max Weber son tratados como Idealtypen (tipos ideales) (Weber, 1922).

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tanto, hoy como ejemplo para ilustrar la importancia de un discurso político y mediático responsable evitando la “etnización” de conflictos sociales. De cara a los fuertes conflictos sociales en los barrios de las grandes ciudades de Francia, también en Alemania se empezó a reconsiderar en los noventa la situación de los inmigrantes y sus familias, especialmente aquellos viviendo en ciertos barrios desfavorecidos. El barrio de Marxloh en Duisburg y los barrios de Berlín como Kreuzberg, Wedding, Neukölln etc. sirven de ejemplo para describir los problemas y los conflictos resultantes de la marginación social de la población inmigrante y también de la autóctona en estos barrios. El tercer complejo de debate descrito aquí está estrechamente ligado con la segregación étnica y social en estos barrios. Resume controversias que enfocan la línea de conflicto entre la minoría musulmana y la mayoría autóctona con tradición cristiana. Los ataques del 11-S, del 11-M, de Londres y, finalmente, los ataques frustrados en Alemania misma han contribuido a crear un clima de desconfianza y de sospechas generalizadas. Los temas predominantes en el debate público respecto al islam y los musulmanes en Alemania han sido el debate sobre el velo de las mujeres musulmanas, los conflictos sobre la construcción de mezquitas en diferentes ciudades alemanas y la lucha contra el fundamentalismo islamista y el terrorismo. Con la excepción de los fuertes brotes xenófobos de la primera mitad de los noventa y la violencia en las escuelas y entre jóvenes en ciertos barrios desfavorecidos, no ha habido hasta hoy manifestaciones violentas de los conflictos sociales “etnizados” entre población de orígen inmigrante y población sin orígen inmigrante en Alemania. Por lo tanto, los capítulos 4 y 5 sobre los medios de expresión y sobre los actores implicados se centran en la violencia xenófoba de la primera mitad de los noventa. Los otros dos conflictos no se pueden describir tan detalladamente, porque todavía no han sido analizados al detalle en la literatura académica. En cuanto a respuestas institucionales, sin embargo, se presenta a nivel nacional el programa de acción contra la xenofobia y a nivel local interesantes iniciativas y medidas contra la marginación de inmigrantes en ciertos barrios desfavorecidos, sobre todo el proyecto de Duisburg-Marxloh que intenta mejorar la calidad de vida en este barrio y, por lo tanto, prevenir que se agraven los conflictos sociales y etnoculturales latentes. 1. MÁS DE 50 AÑOS DE INMIGRACIÓN Alemania cuenta con una historia de inmigración de más de 50 años. Sin embargo, cuando se firmó el primer convenio sobre la contratación de trabajadores extranjeros con Italia el 22 de Diciembre de 1955 el país ya estaba dividido en dos Estados, en el Este se había proclamado la República Democrática Alemana (RDA) y en el Oeste la República Federal de Alemania (RFA). La afiliación de la RDA al bloque oriental y la de la RFA al área de influencia de los Estados Unidos producjo grandes diferencias en los sistemas políticos y ecónomicos y en los caminos de desarrollo que tomaron los dos estados alemanes. Por consiguiente, también la situación migratoria era hasta la reunificación en el año 1990 diferente en ambos estados. 1.1 La inmigración a los dos estados alemanes Despúes de la segunda guerra mundial, en los años cincuenta, Alemania Occidental experimentó un fuerte crecimiento económico y el gobierno preveía una falta de traba137

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jadores para los años siguientes3. Se empezó entonces a reclutar los llamados “Gastarbeiter” (trabajadores invitados). Entre 1955 y 1968 la RFA firmó varios convenios con países de orígen. Los más importantes eran el ya mencionado con Italia, con España (1960), Grecia (1960), Turquía (1961), Portugal (1964) y Yugoslavia (1968) (Herbert, 2003:208). Por tanto, entre finales de los sesenta y los primeros años setenta creció fuertemente el número de extranjeros viviendo en Alemania. En el año 1968 vivían 1,9 millones de extranjeros en la RFA. En 1973 ya sumaban en total 4 millones, 2,6 millones de ellos activos en el mercado laboral. Los grupos más grandes según su país de orígen eran los turcos (605.000), yugoslavos (535.000), italianos (450.000), griegos (250.000), y españoles (190.000) (Bade/Oltmer, 2004:77). Con los llamados “trabajadores invitados” se formó en los años sesenta un subproletariado de gente poco cualificada ocupando puestos de trabajo para los cuales no hacía falta ninguna cualificación específica. En su mayoría substituían a los trabajadores autóctonos, quienes experimentaban un ascenso social masivo. Esta primera fase de inmigración regulada se acabó de pronto en 1973 cuando el gobierno de la RFA decidió frenar la contratación de “trabajadores invitados” por la crisis económica. En vez de retornar a sus países, como habían esperado las autoridades alemanas, muchos de los “Gastarbeiter” decidieron quedarse y reagrupar a sus familias. Aunque entre 1973 y 1989 disminuye la cifra de trabajadores extranjeros, sube en total el número de extranjeros viviendo en la RFA de 4 millones a 4,9 millones (Özcan, 2007:2). Los anteriores trabajadores invitados, sobre todo gente joven y sin familia, se convirtieron poco a poco en inmigrantes con familias. En esta segunda fase la población extranjera se ajustaba a la población autóctona en cuanto a la distribución de género y la estructura de edad. Pero en cuanto a la distribución territorial y la estructura social no había grandes cambios. Los inmigrantes se concentraban,sobre todo, en las ciudades más grandes y en ciertos barrios donde la vivienda era más económica. En el mercado de trabajo el cambio del “Gastarbeiter” al inmigrante tampoco resultaba en una igualación con los trabajadores alemanes. Adicionalmente, el porcentaje de extranjeros en paro era con 8,2 % más alto que entre los autóctonos (5.5%)4. Alemania Oriental también reclutó trabajadores invitados, aunque un número mucho menor que en Alemania Occidental. Existían por ejemplo convenios con “países hermanos”5 como Polonia (1965), Hungría (1967), Mozambique (1979) y Vietnam (1980). Además, se recibió hasta los años setenta refugiados políticos y exiliados de países bajo el control de régimenes totalitarios, como Grecia, España y Chile. Por lo tanto, en 1989 vivían 191.200 extranjeros en la RDA. De los apróximadamente 90.000 trabajadores contratados, 60.100 eran provenientes de Vietnam. En total los extranjeros solo representaban el 1% de la población activa (Bade/Oltmert, 2004:93). 1.2 La inmigración a la Alemania reunificada En los años 80 Alemania experimenta una diversificación en cuanto a los procesos de inmigración y en cuanto a los inmigrantes. Aparte de los “Gastarbeiter” y sus familiares aumentó en los últimos años de los ochenta la venida de los llamados “Aussiedler” (Bade/Oltmer, 2003), que son los descendientes de alemanes residiendo en Europa Central, Europa del Este y en los Estados de la antigua Unión Soviética que despúes de la Segunda Guerra Mundial sufrieron en muchos casos persecución y reasentamiento 3.- La falta de trabajadores era también consecuencia de la falta general de varones causada por las pérdidas en la Segunda Guerra Mundial. 4.- Datos del año 1981, (Herbert, 2003:237) 5.- Todos ellos países del bloque comunista.

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forzado.Aunque no eran inmigrantes en el sentido estricto, porque se les reconoció inmediatamente la nacionalidad alemana y extensas ayudas, mostraron dificultades de acomodación similares a los de los inmigrantes no nacionales (Dietz, 1999). Entre 1950 y 1987 llegaron 1,4 millones, sobre todo de Polonia y de Rumania. Pero la cifra más alta se alcanzó en 1990 con 397.000 al año. Entre los años 1988 y 2005 vinieron en total 3 millones de “(Spät)Aussiedler” a Alemania. Desde la mitad de los 90 las cifras anuales han bajado por la introducción de una nueva norma legal que restringió la inmigración de los “Aussiedler” a un cierto contingente anual y fijó la condición de conocimientos básicos de la lengua alemana6. El tipo de inmigración que más afectó al debate político y público en la Alemania recién reunificada era la llegada de refugiados, es decir gente solicitando asilo político o humanitario (Gráfico 1). En la segunda mitad de los 80 suben las cifras tanto, que el interés público se traslada de los trabajadores invitados a los asilados y a los solicitantes de asilo. Cambia también el orígen de los refugiados en esta época. Hasta la mitad de los ochenta vinieron sobre todo de las zonas en crisis de África y Asia, pero hacia fines de los 80 crece el número de solicitudes de Europa del Este y de Yugoslavia. Desde el año 1988 más de la mitad de los solicitantes de asilo proviene de Europa del Este. En 1992 ya son casi dos tercios de ellos. Después de la restricción del derecho de asilo a través de una reforma constitucional en el año 1993 las cifras de asilo bajaron dramáticamente. Entre 2000 y 2005 los solicitantes de asilo provinieron sobre todo de Irak, de Turquía (en su mayoría kurdos), de la entonces Serbia y Montenegro, de la Federación Rusa y de Afganistán (Münz/Seifert/Ulrich, 1999:53-59). De los países de la anterior Unión Soviética han llegado además desde fines de los ochenta emigrantes judíos llamados “Kontingentflüchtlinge”. Desde 1993 cuando se empezó incluirles en la estadística vinieron 207.000 y han sido de mucha importancia para la reanimación de la vida judía en Alemania.

Fuente: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2006.

6.- A estos últimos que pueden demostrar el vínculo con la nacionalidad alemana, se les denomina ahora “Spätaussiedler”

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A pesar de que no se tematize adecuadamente en el debate político, existe inmigración irregular a Alemania. Las estimaciones para fines de los 90 varian entre 150.000 y 1 millón de inmigrantes sin papeles trabajando sobre todo en la construcción, el servicio doméstico y en el sector informal. (Bade/Oltmer, 2004:122). No ha habido hasta ahora ninguna regularización o medidas concretas para mejorar las malas condiciones de vida de los irregulares. Son, sobre todo, las iglesias las que reivindican acción política en este ámbito (Alt, 2006). El último grupo de inmigrantes que se debe mencionar para mostrar toda la complejidad de los procesos migratorios en la Alemania actual son las personas altamente cualificadas. Aquí no las trataré con más detalle porque se trata de un grupo muy pequeño que normalmente no es percibido como problemático. En resumen, a fines del año 2006 vivían 6.751.002 extranjeros en Alemania, constituyendo 8,2% de la población total. De ellos aproximadamente un 20% nacieron en Alemania, 57% provienen de un país de orígen de los “Gastarbeiter”, 33% son de países de la UE y 47% de algún estado europeo. Entre los grupos de inmigrantes por países de orígen los turcos son con más de 1,7 millones el grupo másnumeroso, seguidos con mucha distancia por los italianos (Gráfico 3).

Fuente: Statistisches Bundesamt

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Como las estadísticas no siguen mostrando los extranjeros nacionalizados y los “(Spät) Aussiedler”, se habla en Alemania cada vez más de “personas de orígen inmigrante”, como forma políticamente correcta. En 2005 se ha hecho por primera vez un microcenso incluyendo la categoría de “población de orígen inmigrante”7. Los datos muestran que en Alemania hay 15,3 millones der personas de orígen inmigrante que son más de 19% de la población total. La distribución en diferentes categorías se ve en el gráfico 4. Gráfico 4: Microcenso 2005

Fuente: Statistisches Bundesamt - Mikrozensus 2005

Los datos del microcenso también muestran que la población con orígen inmigrante es más joven que el promedio de los autóctonos. La mitad tiene menos de 34,2 años (comparado con 46,5 años) y de los niños menores de 5 años en Alemania uno de cada tres es de orígen inmigrante. La distribución de la población de orígen inmigrante en el territorio es muy desigual: 98% viven en el territorio de la anterior RFA donde están concentrados en ciertos Länder y ciudades y en Berlín. Los inmigrados ya llevan en promedio 18,5 años viviendo en Alemania. Respecto a su situación laboral la población de orígen inmigrante es menos activa en el mercado laboral y está más afectada por el desempleo. 13,3% están en paro (comparado con 7,5% de los alemanes) y la población activa es entre ellos de un 61% (comparado con un 73% de los alemanes), sobre todo, porque hay un porcentaje más alto de mujeres no activas (36,9% comparado con 26,3%).Todavía la situación de vivienda, los sueldos y el nivel educativo están claramente por debajo del promedio alemán.

7.- Se definió esta categoría como “todos los que han inmigrado después del año 1949 al territorio de la actual República Federal Alemana, todos los extranjeros nacidos en Alemania, todos los nacidos en Alemania como alemanes con, por lo menos, uno de los padres siendo inmigrante o nacidos como extranjeros en Alemania.” Fuente: Statistisches Bundesamt.

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2. LAS POLÍTICAS DE INMIGRACIÓNY DE INTEGRACIÓN EN ALEMANIA La política de inmigración de Alemania Occidental y después de la Alemania reunificada ha pasado por tres mayores etapas: la primera etapa de mediados de los años cincuenta al año 1973 estaba determinada por la necesidad de la economía alemana de contratar trabajadores extranjeros. En la segunda etapa desde 1973 hasta mediados de los noventa los llamados “Gastarbeiter” se asentaron y reagruparon a sus familias y la atención pública se desplazó hacia la inmigración de los “Aussiedler” y de los solicitantes de asilo. Empezando la tercera etapa a mediados de los noventa se empezó a considerar por primera vez en serio la realidad de ser un país de inmigración y la necesidad de una política de integración verdadera. 2.1 Politicas de inmigración La primera etapa de la política de inmigración de Alemania estuvo determinada por decisiones económicas. Como ha sido mencionado antes, Alemania empezó a contratar trabajadores extranjeros (“Gastarbeiter”) ya en 1955 por la falta masiva de mano de obra. La idea era tener de este modo un conjunto flexible de mano de obra extranjera que ocuparía puestos de trabajo en tiempos de buen desarrollo económico y retornaría a sus países de orígen cuando ya no se les necesitara. Por lo tanto, las autoridades alemanas solo otorgaron permisos temporales de residencia y de trabajo. Desde la política se enfatizaron entonces los aspectos positivos de la inmigración de trabajadores extranjeros para la economía alemana como, por ejemplo, que esta mano de obra vino en sus mejores años laborales, causando apenas costes para el sistema de bienestar social. Los sindicatos alemanes lucharon con éxito para que los “Gastarbeiter” estuviesen en igualdad de condiciones con los trabajadores alemanes, por lo menos en cuanto a sueldos y a la seguridad social. En 1966/1967 una breve crisis económica resultó en un abrupto cambio del clima político respecto a los “Gastarbeiter”. El desempleo entre los alemanes crecía y las cifras de trabajadores invitados retornando a sus países era alta. Aparacieron también por primera vez tendencias xenófobas. Una vez superada la crisis y con la economía nuevamente en crecimiento, la demanda de trabajadores extranjeros era aun más alta que anteriormente. Entre 1968 y 1973 crece sobre todo el grupo de los turcos (de 1 millón a 2,5 millones). El tiempo promedio de estancia de los “Gastarbeiter” y el número de reagrupaciones familiares subía cada año. Desde el principio de los setenta hubo un debate político y público cada vez más fuerte sobre las ventajas y desventajas de la inmigración de trabajadores extranjeros, ya no se veían solo los aspectos positivos. En 1973 el gobierno alemán proclamó un freno total de reclutamiento (“Anwerbestop”) de los “Gastarbeiter”. Aunque la decisión se fundamentó ante el público en la crisis del petróleo, era esa más bien una buena excusa para reaccionar ante las tendencias cada vez más críticas frente a la contratación de trabajadores extranjeros (Herbert, 2003:229). El paro de reclutamiento total en 1973 marcó el principio de la segunda etapa en la política migratoria de Alemania. Al contrario de lo que había esperado el Gobierno alemán, muchos trabajadores extranjeros no retornaron a sus países sino se establecieron en Alemania reagrupando a sus familias. La “transformación” de los anteriores “Gastarbeiter” en inmigrantes implicaba nuevos desafíos para la política alemana, sobre todo en el área de la vivienda, del sistema educativo (con una creciente segunda generación) y en el mercado de trabajo. Además crecieron las actitudes de miedo y rechazo en la población autóctona, sobre todo, entre los alemanes socialmente desprivilegiados. Las autoridades 142

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alemanas reaccionaban ante estos nuevos retos con políticas contradictorias no teniendo una concepción clara. No se puede hablar en esta etapa de una política coherente de inmigración. Se seguía negando la realidad de ser un país de inmigración y se promocionó la idea de una inmigración a tiempo limitado y del retorno. En la política de inmigración predominaban cada vez más los aspectos de control de inmigración y de control de fronteras dejando al lado los aspectos sociales y la integración de los inmigrantes. Con el creciente número de solicitantes de asilo en los últimos años de los 80 se desplazaba el enfoque desde los anteriores “Gastarbeiter” al tema del asilo político y humanitario. Se encendió un fuerte conflicto político sobre el derecho de asilo llevando a un agudo debate público. El asilo se convirtió en el tema de la política interior más controvertido desde la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Aparte de la polémica política, Alemania fue azotada por una ola de violencia xenófoba y racista en los primeros años de la Alemania reunificada. En este clima se cambió al final en el año 1993 el artículo 16 de la Constitución Alemana restringiendo fuertemente el derecho al asilo. Como la República Federal Alemana, la República Demócratica también contrató trabajadores extranjeros, al principio por razones de formación de los mismos, más tarde también por falta de mano de obra del propio mercado laboral. Los trabajadores extranjeros de Vietnam, Mozambique etc. trabajaban y vivían bajo un constante y total control por parte de las autoridades estatales. Estaban alojados juntos y segregados del resto de la población, dependían directamente de una sola empresa y trabajaban bajo reglas muy restrictivas, por ejemplo, en cuanto a plazos de rescisión o horarios de trabajo. En la confusión general provocada por la reunificación muchos de ellos perdieron su empleo. La tercera etapa de la política de inmigración en Alemania comenzó a mediados de los noventa cuando los políticos se dieron cuenta de que el debate sobre el asilo solo había solapado los verdaderos desafíos del futuro, es decir, como manejar la inmigración ya en el país y, sobre todo, como integrar a los inmigrantes que en algunos casos ya llevaban más de 20 años viviendo en Alemania (Herbert, 2003:322). La aprobación de la reforma constitucional marcaba el comienzo de un debate más amplio que en la víspera de las elecciones de 1998 se centró nuevamente en la cuestión del acceso a la nacionalidad y de la reforma de la ley de nacionalidad. La doble nacionalidad era uno de los temas que predominaba en la campaña electoral8. De las elecciones salieron vencedores los socialdemócratas en coalición con el partido verde. Después de dieciséis años de gobierno conservador este cambio llevó a una nueva modificación profunda de la política de inmigración. Por primera vez se reconocía públicamente que Alemania es un “país de inmigración” y que los inmigrantes forman parte de la sociedad alemana desde hace mucho tiempo. En julio 1999 entró en vigencia una nueva ley de nacionalidad. En la segunda mitad de los noventa además se había observado una creciente falta de mano de obra altamente cualificada en ciertos sectores. El Canciller alemán inició por lo tanto una iniciativa llamada “Green Card-Initiative” para traer en los cinco años siguientes 10.000 especialistas de informática de estados no comunitarios con un salario bruto de más de 100.000 € al año, otorgándoles un permiso de residencia para cinco años. Aparte de esta iniciativa el gobierno creó una comisión independiente de expertos en temas de migración bajo la presidencia de Rita Süssmuth para que elaborara propuestas

8.- El CDU (Partido Cristianodemócrata) inició una campaña muy polémica recogiendo firmas contra la doble nacionalidad.

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y soluciones de cara a una reforma de la política de extranjería y inmigración. La comisión presentó el llamado “Informe Süssmuth” en que se basó el proyecto de ley aprobado por el Parlamento alemán en marzo de 2002. Como en el Bundesrat, la cámara territorial de los Länder no se podía encontrar una mayoría, el proceso legislativo tuvo que empezar de nuevo en 2003. Al final, a mitad del 2004 se aprobó una Ley de Inmigración muy distinta a la propuesta inicial y mucha más restrictiva. Sin embargo la nueva Ley marcó un paso histórico reconociendo por primera vez formalmente que Alemania es un país de inmigración. Además incluye, entre otros, medidas para la integración como cursos de integración, disposiciones de seguridad, y regula la inmigración de personas altamente cualificadas (Kleiner, 2004). En julio de 2007 se reformó la Ley de Inmigración regularizando el estatus de los “tolerados”9, subiendo la edad mínima para la reagrupación familiar de cónyuges de dieciséis a dieciocho años, introduciendo un juramento de la Constitución y las normas democráticas de la sociedad alemana para quienes quieren nacionalizarse, así como un examen de alemán para cualquiera que quiera inmigrar a Alemania. (Leise, 2007). 2.2 Políticas de integración A pesar de existir muchas medidas de integración y de diálogo intercultural en el nivel local, se tiene que constatar la falta de un debate generalizado y de políticas coherentes nacionales respecto a este tema hasta a la mitad de los noventa. La reforma de la ley de Nacionalidad en 1999 fue el primer paso . Se complementó el ius sanguinis vigente hasta entonces con elementos del ius soli. Según la nueva norma legislativa, los niños nacidos en Alemania de padres llevando ya más de ocho años residiendo legalmente en el país nacen alemanes. Además se pueden nacionalizar personas llevando ocho años de residencia legal, con suficiente conocimiento del alemán y fieles a la Constitución. En general no se permite la doble nacionalidad, pero hay excepciones de esta regla (Thränhardt, 2000b). En la nueva Ley de Inmigración se incluyeron medidas de integración en forma de cursos de integración preparando las condiciones para la naturalización de los inmigrantes. Despúes de la reciente reforma, un curso de integración consiste de 900 horas de un curso de idioma y 30 horas de un curso de orientación en las normas legales, en historia y cultura alemana. El cambio de la ley de nacionalidad ha desencadenado un debate general sobre inmigración e integración. Por ejemplo, en el año 2000 el comentario del presidente del grupo parlamentario del CDU, Friedrich Merz, de que los extranjeros viviendo en Alemania deben asociarse a una “Leitkultur” (cultura de guía) alemana provocó una fuerte discusión sobre el concepto de la “Leitkultur” (Vitt/Heckmann, 2002: 239). Otro área en que se ha discutido la integración o, mejor dicho, una falta de integración de los inmigrantes en los últimos años ha sido el sistema educativo. Un estudio internacional hecho en 2001(el estudio PISA de la OCDE) descubrió las debilidades del sistema educativo alemán, sobre todo en cuanto al fracaso de los niños de orígen inmigrante. Esto llevó a un debate sobre el sistema educativo en general y sobre la necesidad de promocionar el conocimiento del idioma ya en los primeros años del colegio (Özcan, 2007:6). Hasta ahora, el complejo debate sobre la integración de los inmigrantes no ha producido resultados concretos en el nivel nacional, excepto la reforma de la ley de nacionali-

9.- El estatus de “tolerado” (Geduldeter) se otorgó a solicitantes de asilo a los que no se podía conceder asilo, pero que tampoco podían ser repatriados por riesgo de persecución y tortura en su país de orígen.

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dad y los cursos de integración. Sin embargo, dos iniciativas muy recientes muestran que la integración de los inmigrantes es un tema en la agenda política al cual se atribuye cada vez más importancia. La primera es una iniciativa de la canciller, Angela Merkel, quien invitó por primera vez en julio 2006 a representantes del Gobierno nacional, de los Länder, de los municipios, de los empresarios, sindicatos, ONGs, comunidades religiosas, medios de comunicación, de fundaciones, de la academia y de asociaciones de los inmigrantes para una cumbre de la integración (“Integrationsgipfel”). Este verano se presentó el resultado del trabajo, el “Plan Nacional de Integración”. El Plan establece directrices generales para la política de integración y medidas concretas de integración en los diferentes áreas como el sistema educativo y el mercado laboral, incluyendo los diferentes niveles de gobierno y de administración estatal (Bundesregierung, 2007). La segunda iniciativa del ministro del Interior,Wolfgang Schäuble, es el establecimiento de un diálogo con las asociaciones de inmigrantes, particularmente musulmanas. El foro que se encontró por primera vez en septiembre 2006 bajo el nombre de la “Conferencia alemana del islam” (“Deutsche Islamkonferenz”) discute temas como la igualdad entre hombres y mujeres, la educación, la construcción de mezquitas, la formación de imames en las universidades alemanas, las clases de religión islámica en las escuelas, la situación en el mercado de trabajo, el papel de los medios de comunicación, así como seguridad y extremismo islamista. En septiembre 2007 tuvo lugar un segundo encuentro. Hasta ahora no ha habido resultados concretos y el diálogo resulta ser más difícil de lo pensado al no haber una asociación que represente a todos los musulmanes en Alemania. 3. CONFLICTOS SOCIALES E INMIGRACIÓN EN ALEMANIA En este capítulo se tratan tres grandes debates o conflictos que han sido relacionados con el tema de la inmigración en Alemania. Según la tipología de Axel Schulte son conflictos sociales sobre la desigual distribución de bienes, de ingresos, de propiedad y de poder, con excepción del último que trata, por lo menos superficialmente, diferencias de religión, de valores y de identidades étnicoculturales. 3.1 El debate sobre el asilo y los brotes xenófobos en la primera mitad de los 90 El conflicto sobre el asilo se desarrolló ante una situación de prolongada crisis económica en la Alemania Occidental, que resultó en un creciente número de parados. Al mismo tiempo, comenzó el aumento de la cifra de refugiados solicitando asilo y la política era incapaz de llegar a acuerdos sobre unas políticas coherentes para la inmigración y la integración. Según Winter, en los años 80 se produjeron las primeras señales de una confrontación política y de un cambio en la opinión pública: En 1983/1984 tuvo lugar una fuerte discusión sobre la reagrupación familiar en la que el CDU reclamaba bajar la edad máxima para la reagrupación de niños de 16 a 6 años. La segunda señal de un ambiente transformado era la entrada de los “Republikaner”, un partido de la extrema derecha, en el Senado de Berlin después de haber hecho una campaña electoral marcada por la polémica xenófoba y racista (Winter, 2004:62). En víspera de las elecciones de 1986, algunos partidos políticos de la RFA utilizaban, por primera vez a nivel nacional, fuertes y polémicos argumentos contra el asilo. En los años siguientes, el debate, particularmente entre el CDU (la Unión Cristianodemócrata) y el SPD (el Partido Socialdemócrata) sobre el derecho del asilo y su restricción se hizo cada vez más reñido. Los conservadores querían limitar el derecho al asilo cambiando el artículo 16 de la Constitución Alemana. Los partidos de la izquierda bloquearon esta decisión para la cual era necesario obtener una mayoría de 2/3 de los votos en ambas Cámaras 145

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del Parlamento alemán. El debate se centró en la figura del solicitante de asilo al que se atribuía, sobre todo del lado conservador, rasgos de carácter muy negativo. Se les presentaba como impostores que venían a Alemania únicamente para aprovecharse de los buenos servicios sociales y de la seguridad social (Herbert, 2003:287). Frases como “Das Boot ist voll” (El barco está lleno), en combinación con los imágenes en los medios de comunicación del barco que llegó a Italia con miles de refugiados en agosto 1991, llevaban a cargar emocionalmente el debate. No faltó mucho para que se convirtiera en un debate abierto sobre racismo (Thränhardt, 2000a:166). Por lo tanto, la reunificación de los dos estados alemanes en 1990 tuvo lugar en un clima agitado respecto al tema de los inmigrantes, particularmente en cuanto al asilo. Herbert indica que lo primero con que se enfrentan los alemanes del este era un debate sobre el asilo, drámaticamente emocionalizado en que se les presentaba a los solicitantes de asilo y a los extranjeros como una amenaza y como impostores y en que no se condenó de manera suficientemente explícita la violencia contra los extranjeros (Herbert, 2003:303). La situación en la Alemania reunificada era aún más compleja que la anterior a ella. Bade habla de cinco problemáticas entrecruzadas (Bade, 1994: 180). 1) la paradoja de tener por un lado inmigrantes, en algunos casos ya en la tercera generación y por otro lado no reconocer la cualidad de ser un país de inmigración. 2) Inmigró desde la segunda mitad de los ochenta un gran número de “Aussiedler” de los cuales muchos enfrentaron con mayores dificultades de integrarse a la sociedad alemana a pesar de las extensas ayudas del gobierno y de tener la nacionalidad alemana. 3) La problemática en que se fijaba entonces mayormente la atención pública era el creciente número de solicitantes de asilo. Aunque las cifras entre 1990 y 1993 eran altas en comparación con los años anteriores, los solicitantes de asilo solo constituyeron una tercera parte de toda la inmigración a Alemania en el año 1993. Pero se observaba la tendencia de sobreestimar su número. 4) Además de estas migraciones internacionales, existían las migraciones internas de personas de Alemania Oriental viniendo a Alemania Occidental. 5) No solo ellos, también la población de la anterior RDA que permanecía en Alemania del Este sufría un cierto choque cultural y se observaba un proceso de alienación entre la población de los antiguos y los nuevos Länder. Por lo tanto existían en los primeros años de los noventa, según Bade, tensiones entre varios grupos de “autóctonos” y de “otros”. En el oeste de Alemania se veía a la gente del este con mucho escepticismo y viceversa y en ambas partes se escuchaban términos despectivos para denominar a los extranjeros (Bade, 1994:183)10. Una encuesta hecha en los primeros años de los 90 entre la población alemana mostró que las actitudes generales e indeterminadas de rechazo respecto a extranjeros estaban aumentando. Casi la mitad de los ciudadanos opinaba que la política era demasiado liberal con miras a la inmigración (en el este eran hasta 60%). Sin embargo, la fórmula extremista de “Ausländer raus” (extranjeros fuera) solo era apoyada por una minoría (citada por Herbert, 2003:305). Se agravó el conflicto sobre el asilo en los nuevos Länder cuando se empezó a distribuir en diciembre 1990 los solicitantes de asilo igualmente entre todos los Länder y municipios a pesar de que muchos de ellos no estaban preparados para la acogida de inmigrantes. Esto provocó fuerte rechazo hasta en algunas autoridades municipales e intentos de evitar de cualquier manera que se les mandasen más solicitantes de asilo (Herbert, 2003: 287). En la compleja situación de cambios económicos y sociales en que se encontraba Alemania después de la reunificación, el fuerte conflicto político sobre el asilo contribu-

10.- En el este se llamaba a la gente de orígen asiática con el nombre de “Fidschis” y los africanos “Briketts”. En el oeste existían motes como “Ittaker”o “Kanaken”.

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yó a desencadenar, según varios autores, un proceso de desinhibición (Herbert, 2003; Bade, 1994; Willems, 1993 y 1997; Winter, 2004). Aumentó el número de ataques por motivos xenófobos y racistas, hasta llegar a 78 en un solo día (Herbert, 2003:304). El año 1991 marca un triste récord. En comparación con los años anteriores sube la cifra de los delitos con motivos xenófobos de apróximadamente 250 (el promedio de los años 19871990) al año a 2.427, entre ellos 239 ataques violentos contra personas y 336 incendios intencionados. El año siguiente, 1992, la cifra aumenta de nuevo en un 160% hasta llegar a 6.336 casos denunciados. En 1993, únicamente en la primera mitad se registraron más de 4.000 delitos de este tipo. Como escenarios de los crímenes destacaron pueblos y ciudades pequeñas y medianas (Bade, 1994: 189). El primer brote xenófobo despúes de la reunificación, que atrajo atención internacional por su gravedad y por arrancar aplausos entre la muchedumbre mirando el “espéctaculo”, tuvo lugar en Hoyerswerda en septiembre 1991: un grupo de jóvenes atacaron el alojamiento de unos 220 solicitantes de asilo con cócteles Molotov y con bolas de acero. Al final las autoridades tuvieron que desalojar la vivienda (Bremer, 2001). Casi un año más tarde, a finales de agosto de 1992 estallaron las agresiones acumuladas en Rostock-Lichtenhagen, un barrio marginal de Rostock donde se encontraba un centro de acogida y de reparto de solicitantes de asilo (ZAst) 11.Ya desde el año anterior el ZAst se desbordaba y en la primavera de 1992 los responsables empezaron a denegar la entrada a los refugiados los cuales no veían otra posibilidad que acampar en el recinto alrededor del edificio. Esto provocó la protesta de los vecinos, no por compasión con los refugiados que vivían bajo circumstancias inhumanas, sino por los olores y ruidos. A pesar de síntomas de una próxima escalada del conflicto, las autoridades no actuaron para cambiar esta situación. El 22 de agosto el ZAst fue atacado por apróximadamente 200 jóvenes quienes lanzaron cócteles Molotov y piedras, acompañados por cientos de padres y vecinos aplaudiendo y animándoles. El día siguiente unas 500 personas intentaron asaltar el recinto observados por una muchedumbrede más de 3000 personas. Después de que las autoridades habían desalojado al ZAst la violencia se concentró al tercer día en el edificio de al lado donde vivían entonces más de cien vietnamitas, anteriores “trabajadores invitados” de la RDA.Todos los habitantes se pudieron salvar del incendio provocado por los atacantes huyendo por el techo. Estos tres días violentos de Rostock-Lichtenhagen se han convertido posteriormente en un símbolo de racismo en Alemania, de una mezcla fatal de cálculo político, de amplias actitudes xenófobas en la población y de un estilo provocador por parte de los medios de comunicación (Winter, 2004:71). Unos meses despúes, en noviembre, murieron tres mujeres turcas en Mölln por un incendio intencionado en su casa. Aunque después del brote xenófobo en Rostock-Lichtenhagen se había formado un movimiento contra el racismo y la xenofobia y hubo varias manifestaciones, los sucesos de Mölln provocaron una conmoción pública mucho más fuerte en todo el país por ser la primera vez que la violencia se dirigía contra los anteriores “Gastarbeiter” y sus familias, establecidos en el país desde hace muchos años (Winter, 2004:80). Los dos grandes partidos lograron en diciembre del mismo año, después de un largo y agudo debate, un acuerdo sobre la restricción del derecho de asilo. Se introdujo la regla del “tercer estado seguro”, es decir únicamente las personas que llegan de países de orígen donde sufren persecución y no entran en el país a través de un “tercer estado seguro”

11.- “Zentrale Anlaufstelle für Asylsuchende” (Centro principal de acogida para solicitantes de asilo)

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pueden solicitar asilo en Alemania (Winter, 2004:65). Los números de solicitantes de asilo bajaron drásticamente después de entrar en vigencia la nueva norma en mayo 1993 (Bade, 1994:320). Sin embargo, la violencia xenófoba no cesaba debido al cambio en la constitución. En el mismo mes, el 29 de mayo, murieron cinco miembros de una familia turca cuando se prendió fuego a su casa en Solingen (s. Gür/Turhan, 1996). A pesar de que se formaron movimientos y iniciativas en contra del racismo y de la xenofobia, y a pesar de que muchos ciudadanos alemanes mostraron su solidaridad con las victimas, los ataques a edificios religiosos, a la población de orígen inmigrante por estos motivos han seguido, aunque no con la misma intensidad que en los primeros años de los noventa12. 3.2 Segregación y marginación de los inmigrantes en Alemania Después del compromiso de asilo, el debate, anteriormente centrado en los solicitantes de asilo, se abre otra vez a las cuestiones más generales de la inmigración. Entonces se empezó a propagar en la política y en las ciencias sociales cierto escepticismo en relación a la integración de los inmigrantes. Se formulan dudas acerca de la capacidad y de la disposición de integración de los inmigrantes, particularmente de la segunda y tercera generación (Leggewie, 2000: 87). En la mitad de los noventa aparece el argumento de la formación de las llamadas “Parallelgesellschaften”,“sociedades paralelas”13, en el discurso político y mediático para apoyar la suposición de que la integración de los inmigrantes en Alemania había fracasado (Halm y Sauer, 2006:18). La preocupación política era que las supuestas “sociedades paralelas” se pudieran extender y que la integración estructural en el sistema educativo, el mercado laboral y la asimilación cultural, incluyendo la lengua y el contacto con los vecinos alemanes, ya no estuviera garantizada por ello. El debate político se centró sobre todo en la población de orígen turco (y al mismo tiempo musulmana) y en ciertos barrios desfavorecidos. En el discurso político se apreciaba una tendencia de estigmatizar estos barrios como, por ejemplo, Kreuzberg en Berlin, y enfocarse únicamente en los aspectos étnicoculturales (Winter, 2004: 126). Este debate político y mediático se plasmó en muchos estudios académicos sobre la relación entre segregación e integración y sobre la existencia o inexistencia de estas llamadas “sociedades paralelas” en Alemania. Aparte de la controversia acádemica sobre la función y las consequencias de la segregación territorial en el proceso de integración14, varios autores analizaron la situación específica de los inmigrantes y de la población de orígen inmigrante en Alemania en general y en barrios desfavorecidos. Hasta hoy los inmigrantes todavía viven bajo peores condiciones que el promedio de la población alemana. Los inmigrantes se concentran además

12.- Para una crónica de actos xenófobos por parte de la extrema derecha, vease: http://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/sub.php?id=5&kat=82 [12-09-2007]. 13.- Según Meyer, sociedades paralelas son comunidades que cumplen los siguientes indicadores: homogenidad étnico-cultural o cultural-religiosa, la duplicación de casi todas las instituciones de la sociedad mayoritaria, casi completa segregación respecto a la sociedad civil, a la vida diaria y económica, la voluntariedad de la segregación y la segregación territorial y social (Meyer, 2002). 14.- Muchos autores han defendido la tesis predominante de la sociología americana de que la concentración territorial y, por lo tanto, una segregación territorial de un grupo étnico o de una minoría étnica resulta en un distanciamiento social de otros sectores de la población (p.ej. Robert E. Park). Friedrich Heckmann, sin embargo, presentó el concepto de la “colonia de inmigrantes” (Einwandererkolonie), la cual es sólo un estado de transición en el proceso de integración con la función de dar un espacio para la orientación y para establecerse en las nuevas circunstancias. La discusión en la sociología urbana en los últimos años sobre la segregación de inmigrantes en grandes ciudades alemanas (por ejemplo de Dangschat, Friedrichs, Hallson, Häußermann etc.) llega a la conclusión de que los barrios con un alto porcentaje de extranjeros pueden convertirse en callejones sin salida si no hay una política activa por parte de los gobiernos municipales, regionales y nacional. Para más información sobre el debate teórico véase Ingenhoven, 2003:56-71.

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en las grandes ciudades de la Alemania Occidental y en ciertos barrios. De los inmigrantes un 22% viven en viviendas sociales en barrios desfavorecidos (Leggewie, 2000:102). La mayoría de los anteriores “Gastarbeiter” todavía están integrados en el mercado de trabajo, pero hay una parte de la población extranjera que está marginada. El cambio del mercado de trabajo que ya no tiene tanta demanda de trabajadores nada o poco cualificados ha contribuido a un creciente número de extranjeros en paro y a las dificultades para la segunda y tercera generación de entrar en el mercado de trabajo, a pesar de que tienen mejores cualificaciones respecto al conocimiento de lengua y de la educación que sus padres (Bremer, 2000:219). Muchos inmigrantes y sus hijos, por tanto, pertenecen al grupo de los desfavorecidos con bajos ingresos. Junto a personas en paro, gente pobre, madres solteras15 y otros grupos perjudicados viven en barrios “problemáticos” con mala infraestructura y bajos precios de vivienda (Winter, 2004:131). Un ejemplo de estos barrios donde se acumulan los problemas sociales y donde hay un alto porcentaje de inmigrantes (más de 35%) es el barrio de Duisburg-Marxloh en Renania del Norte-Westfalia (Krummacher y Waltz, 2000). Marxloh fue construido para los trabajadores de las grandes fábricas de acero cercanas y es un barrio de alta polución y de edificios viejos y caducos. Su población está especialmente afectada por las pérdidas de empleo en la industria siderúrgica y el empobrecimiento. Hay una fuerte segregación social y étnica. Según una encuesta sobre los problemas más importantes, los autóctonos se centran primero en los extranjeros y la convivencia intercultural y segundo en el paro; por su parte, los extranjeros mencionan primero el paro y segundo la polución (Grandt, 1998). Esto apunta a conflictos sociales “etnizados” y latentes entre la población autóctona e inmigrante en el barrio. Otro ejemplo de la segregación territorial y social de los inmigrantes son ciertos barrios en Berlín. La parte occidental de Berlín recibía desde la mitad de los sesenta trabajadores extranjeros, sobre todo turcos, yugoslavos y griegos. Al igual que en las otras partes de la RFA, subían las cifras de la reagrupación familiar después de parar la reclutación de trabajadores extranjeros en 1973. Los barrios de Berlín occidental fueron en gran parte destruidos en la Segunda Guerra Mundial y muchos edificios tuvieron que ser derrumbados y saneados. Mientras tanto, las empresas de saneamiento empezaron a alquilar los pisos pensando que lo hacían transitoriamente a trabajadores extranjeros. En consecuencia, había de repente un alto porcentaje de extranjeros, sobre todo turcos viviendo en barrios decaídos como Kreuzberg y Wedding (Kapphan, 2001:91).Viendo la concentración el Ayuntamiento prohibió el establecimiento de más extranjeros en estos barrios16, con la consecuencia de que subieron los porcentajes de extranjeros en los barrios vecinos como Neukölln, Schöneberg etc. Hoy en día los inmigrantes y la población de orígen inmigrante se concentra todavía en ciertos barrios del anterior Berlín Occidental como Kreuzberg, Wedding, Tiergarten, Neukölln etc. Esta desigual distribución territorial es el resultado de las posibilidades históricas y actuales de inmigrantes para encontrar vivienda de bajo alquiler. En estos barrios se acumulan altas cifras de desempleo, bajos ingresos y un alto porcentaje de personas dependientes de la asistencia social, también entre los autóctonos. La situación de los niños y adolescentes viviendo en estos barrios es especialmente difícil. Sus perspectivas son más que problemáticas debido a su más bajo nivel de educación (comparado con los estudiantes de orígen autóctono), tienen más dificultades de

15.- En alemán son llamados los grupos “A” (Ausländer (extranjeros),Arme (pobres),Arbeitslose (parados),Alleinerziehende (madres/padres soltero/as). 16.- Esta prohibición estuvo en vigencia hasta la reunificación de Alemania.

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encontrar puestos de aprendizaje y trabajo después de terminar la escuela (Konsortium Bildungsberichterstattung, 2006:146-164). Ante las funestas perspectivas para su futuro, algunos se ven atraídos por grupos nacionalistas turcos o buscan elevar su autoestima en bandas dominando ciertas calles y terminan muchas veces implicados en actos de delincuencia, en el consumo y comercio de drogas (Kapphan, 2001:106)17. Las escuelas en los barrios desfavorecidos reflejan la situación de segregación y marginación. En el último año dos casos atrajeron especialmente la atención pública y pueden ser vistos como manifestaciones de los conflictos sociales latentes. El primer caso es el de la “Rütli Hauptschule” en Berlin-Neukölln que se hizo público en marzo 2006. Los profesores de esta escuela de enseñanza general básica habían escrito una carta a la autoridad correspondiente, casi una llamada de socorro, quejándose del clima agresivo, de la falta de respeto y de la intolerancia entre los alumnos que hacía imposible cualquier tipo de enseñanza efectiva. Los niños de esta escuela vienen en su gran mayoría de familias desfavorecidas y el 83% de ellos tienen orígen inmigrante. La carta de los profesores llevó a un debate público sobre la seguridad en las escuelas, sobre la necesidad de emplear psicólogos y mediadores para bajar el nivel de violencia y de agresividad (Blasberg y Uchatius, 2006; Sutterlüty, 2006). El otro caso que llamó la atención mediática es el de dos escuelas de Berlín en las cuales se había introducido la obligación de hablar en las aulas y en la escuela únicamente en alemán. Los profesores, los alumnos y los padres habían acordado esta medida en consenso porque el alto porcentaje de niños de lengua materna no alemana (en la HerbertHoover-Realschule en Berlín-Wedding un 90% y en la Borsig-Realschule en BerlínKreuzberg 85%) resultó en un bajo nivel de conocimiento del alemán y, por lo tanto, en dificultades con el aprendizaje en general (Lau, 2006). La marginación en los barrios desfavorecidos conlleva también fuera de las escuelas un alto potencial de conflictos sociales. En la competencia por los recursos sociales y los raros puestos de trabajo se observa una particular actitud de la población autóctona de echar la culpa por su situación a los inmigrantes, de “etnizar” los conflictos. Al otro lado hay tendencias de resignación y de retraimiento que puede llevar a una radicalización respecto a valores étnicos y religiosos (Kapphan, 2001:105). Sin embargo, según Loch, la segregación territorial y los conflictos resultantes no llegan al nivel que se observa en las grandes ciudades en Francia (Loch, 1998:281-284). 3.3 Conflictos entre mayoría cristiana y minoría musulmana Desde principios de los 80, el islam juega un papel cada vez más grande en el debate político sobre la inmigración e integración de los anteriores “Gastarbeiter” y sus familias (Herbert, 2003:260). Después de los ataques del 11-S, la hasta entonces prevalente indiferencia entre la mayoría de tradición cristiana y una minoría musulmana se ve desplazada por un clima de desconfianza y sospechas generalizadas. El debate público está dominado por la opinión de que la distancia resulta particularmente de la falta de voluntad de integrarse por parte de los musulmanes (Leibold, Kühnel y Heitmeyer, 2006:3). En el análisis de conflictos sobre valores y conducta étnico-cultural y religiosa es importante considerar que en muchos casos las causas se encuentran en la competencia

17.- Para un análisis de la relación entre migración y delincuencia véase: Pfeiffer et al., 2005.

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por recursos y no en la diferencia religiosa. Como hemos visto arriba, la concentración de determinados grupos de inmigrantes en ciertos barrios que implica automáticamente la concentración de ciertas comunidades religiosas conlleva un alto potencial de conflictos sociales. Sin embargo, para explicar la diferencia de la población de orígen turca en Alemania, el factor religión, en este caso el Islam, es el argumento predominante en el discurso político y público. Para todo tipo de controversias y conflictos sirve el argumento de la diferencia de la cultura, especialmente de la religión como explicación simplificadora (Kandil, 1996:403). En los últimos años tres temas respecto a los musulmanes en Alemania han dominado el debate público: 1) la disputa sobre el velo de las mujeres musulmanas, 2) los conflictos acerca de la construcción de mezquitas en diferentes ciudades alemanas, y 3) el tema del fundamentalismo y del terrorismo islamista. 1) El velo de las mujeres musulmanas no había llamado mucho la atención pública antes del año 1998 cuando Fereshta Ludin, una profesora musulmana pidió permiso para llevar el velo en las aulas de su colegio. Las autoridades correspondientes de BadenWürtemberg se lo denegaron con el argumento de que el velo era un símbolo de la segregación cultural. En otoño del año 2003, el tribunal constitucional decidió en el caso argumentando que los Länder pueden prohibir el uso del velo a sus profesoras en las aulas, pero únicamente en base de normas legislativas. Así que en realidad la corte devolvió la decisión a los parlamentos de los Länder (Angenendt y Kruse, 2004: 192195).Algunos ya han prohibido por ley llevar el velo en las instituciones públicas, otros están todavía inmersos en el proceso legislativo. La discusión pública giraba en torno a la cuestión si el velo es conforme con la Constitución o no. El discurso dominante opinaba que no, que profesoras llevando el velo en las aulas afectarían a la “neutralidad” del estado en cuestiones religiosas. Sin embargo muchos reclamaban al mismo tiempo reconocer el carácter y las raíces cristianas de la sociedad alemana. Se construyó en el debate una dicotomía polarizada entre la mujer “occidental-emancipada” y la mujer “musulmana-reprimida”. También había voces que describieron el velo en general como algo que desvía del verdadero islam. Prohibir el velo se presentó, por ejemplo por parte de las feministas, como un acto de liberación y no como una sanción (AmirMoazami, 2007:106-117). 2) Sobre la construcción de mezquitas ya ha habido varios conflictos en diferentes ciudades alemanas. Un caso ejemplar donde se ha podido evitar una escalada del conflicto es la construcción de la mezquita en Duisburg-Marxloh. Al principio había provocado protestas por parte de la extrema derecha, pero al final un fuerte consenso básico en el barrio y en el municipio ha hecho posible que ya casi esté construida. El reciente caso de Colonia-Ehrenfeld es diferente.Aquí se ha formado en los últimos dos años un fuerte movimiento de protesta contra la mezquita.Al comienzo todos los partidos del Consejo Municipal (menos la iniciativa de la extrema derecha, Pro-Köln) habían adoptado la decisión de que la asociación turca DITIB18 puede construir la mezquita según la maqueta de los dos constructores de iglesias católicas Gottfried y Paul Böhm . Pero surgieron resistencias en la CDU . Las bases presentaron una moción pidiendo que se construya la mezquita pero no en las dimensiones previstas (cúpula: 17 metros, dos alminares: 55 metros de altitud) y el apoyo de la CDU en general esta nuevamente en cues-

18.- DITIB = Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (en turco: Diyanet Isleri Türk Islam Birligi), una unión que reúne 860 asociaciones de mezquitas en Alemania. Fue creada por el Ministerio de Asuntos Religiosos de Turquia que selecciona y paga a los imames y representa, por tanto, la posición oficial turca.

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tión. En una encuesta hecha por el diario local,“Kölner Stadt-Anzeiger”, un 35,6% de los habitantes apoya la construcción, un 31,4% está totalmente en contra de ella y un 27% solo rechaza el tamaño previsto. La postura del autor y superviviente del Holocausto Ralph Giordano de que no se debería construir la mezquita porque la integración ha fracasado y sería el símbolo equivocado ha contribuido a que el conflicto se agrave. Además, ha proporcionado argumentos que ahora la iniciativa de la extrema derecha Pro-Köln utiliza para sus fines (Migration und Bevölkerung, 2007). Es demasiado temprano para prever una u otra solución para este conflicto. 3) Después de los ataques del 11-S, el debate sobre el Islam en Alemania se centró fuertemente en los aspectos de seguridad, de fundamentalismo religioso y de terrorismo. La política reaccionó con varias medidas como, por ejemplo, la prohibición de diferentes asociaciones y organizaciones fundamentalistas en base a la nueva ley anti-terrorista o la introducción de un guión para la entrevista de solicitantes de la nacionalidad alemana viniendo de 57 paises islámicos para averiguar si muestran ciertas tendencias fundamentalistas19. Por otro lado, autores de las ciencias sociales, empezaron a estudiar la relación entre procesos de integración y segregación y la radicalización religiosa (Heitmeyer, 1996; Kandil, 1996). Heitmeyer destaca que las causas por las que un creciente número, sobre todo jóvenes, se ve atraído por organizaciones religiosas fundamentalistas y defiende el empleo de la violencia con fines religiosos, se encuentran en la falta de reconocimiento de su identidad colectiva por parte de la mayoría autóctona y de experiencias concretas de discriminación y marginación (Heitmeyer, 1999). 4. FORMAS DE EXPRESIÓN DE LOS CONFLICTOS LIGADOS A LA INMIGRACIÓN Respecto a las manifestaciones concretas de los conflictos descritos arriba, los actores han expresado en la mayoría de los casos sus demandas, agravios o intereses a través de acciones colectivas “contenidas”. No ha habido en Alemania, con pocas excepciones, una escalada de los conflictos al repertorio de confrontación causando un riesgo de alteración del orden público y/o de uso de la violencia (véase Morán en este volúmen). Hasta hoy en día los brotes xenófobos en la primera mitad de los noventa han sido las manifestaciones más graves de un conflicto ligado a la inmigración en Alemania y, por tanto, están mejor analizados por parte de las ciencias sociales alemanas. Helmut Willems, por ejemplo, ha estudiado en profundidad el porqué de la escalada de violencia xenófoba y el vínculo con el debate político y público sobre el asilo (Willems, 1993;Willems, 1997): Como se ha mencionado anteriormente, Alemania, y sobre todo los nuevos Länder se encontraban después de la reunificación en una situación de duros cambios socioeconómicos y de recesión económica. La igual distribución de solicitantes de asilo en todo el territorio alemán provocó conflictos a nivel local entre las autoridades, la población y los recién llegados. Las autoridades locales y los partidos políticos subestimaron la intensidad de estos conflictos y no reaccionaron a tiempo para prevenir brotes de violencia. En el caso de Rostock-Lichtenhagen por ejemplo el Ministerio del Land Mecklenburg-Vorpommern no escuchó las advertencias del alcalde de que la situación estaba en camino de agravarse. De este clima de latente conflictividad se aprovecharon grupos de extrema derecha

19.- El criticado guión se introdujo el 1 de enero de 2006 en Baden-Würtemberg. En Hesse también se introdujo un guión de este tipo, aunque, menos con preguntas de actitud sino más con preguntas de conocimiento de la realidad e historia alemana.

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para difundir su opinión sobre los problemas y propagar sus reivindicaciones. Con su discurso xenófobo lograron influir a la opinión pública respecto a la discusión sobre el asilo. Los grandes partidos políticos también adaptaron su discurso y acogieron temas y reivindicaciones que hasta entonces eran tabú y marginales (por ejemplo, la simbólica frase “El barco está lleno”). Por parte de los políticos y de los medios de comunicación se construyó discursivamente una cabeza de turco presentando a los solicitantes de asilo como impostores que únicamente querían aprovecharse de los beneficios del sistema social alemán. En poco tiempo aumentaron considerablemente las actitudes xenófobas en algunos sectores de la población autóctona (Willems, 1993:222). Grupos de extrema derecha que anteriormente eran estigmatizados y marginados hallaron ahora simpatía y apoyo. Por primera vez estos grupos se sentían como representantes de intereses comunes. Además se veían animados por la experiencia de que la violencia es un medio eficiente. En Hoyerswerda y Rostock-Lichtenhagen, por ejemplo, tenían “éxito” frente a unas autoridades estatales débiles.Al final los edificios atacados tuvieron que ser desalojados.Willems interpreta esto como “una experiencia estimulante de anarquía y anomia” para estos grupos de jóvenes (Willems, 1997:423). Tanto los brotes de Hoyerswerda como los de Rostock-Lichtenhagen produjeron, por tanto, en un efecto de movilización respecto a delitos y violencia xenófobos. Aunque había entonces ya protestas y manifestaciones en contra de xenofobia y racismo, no fue hasta después de los ataques en Mölln y Solingen cuando se movilizó una oposición considerable juntandose para organizar campañas y protestas pacíficas. Con Mölln el objeto de la violencia había cambiado porque las víctimas ya no eran solicitantes de asilo sino inmigrantes de orígen turco establecidos desde años en Alemania (Bade, 1994:195). Despúes de restringir el derecho al asilo, bajaron las cifras de solicitantes de asilo y también se tranquilizó el clima de alta conflictividad. A pesar de que no ha habido brotes xenófobos de las dimensiones descritas después de la escalada del conflicto en la primera mitad de los noventa, el número de delitos por motivos racistas todavía es preocupante20. Actitudes xenófobas contra los vecinos de orígen inmigrante manifestándose en conflictos vecinales se encuentran también en los barrios donde se acumulan los problemas sociales, donde se siente a diario la competencia por escasos recursos (Stolz, 2000:55-74). Sin embargo, en pocos casos estos conflictos sociales se han manifiestado en acción colectiva “contenida” y aun menos en confrontaciones con las autoridades como ha ocurrido en Francia. Según Dietmar Loch, esto tiene que ver con el hecho de que la segregación no ha alcanzado ni con mucho las dimensiones francesas, también por ser Alemania un país donde no se concentra la mayor parte de la población en unas pocas grandes ciudades sino en que hay muchas ciudades medianas y pequeñas. Además la cifra de jóvenes en paro es aún más alta en Francia que en Alemania (Loch, 1998:284). Sin embargo, es entre los jóvenes, los más afectados por tener muy pocas perspectivas para su futuro, donde se muestra la conflictividad que conlleva la segregación y la marginación de inmigrantes en ciertos sectores de las ciudades grandes y medianas. La formación de bandas, el aumento de la delincuencia (Pfeiffer, 2005) y la creciente violencia en las escuelas señala más bien a conflictos latentes que tienen mucho potencial para agravarse en el futuro cercano. El caso presentado arriba de la Rütli-Hauptschule en Neukölln donde los profesores declararon necesitar ayuda de psícologos para poder manejar el clima agresivo en las aulas y en el patio muestra la necesidad de mejorar el ambiente en que estos jóvenes crecen, es decir a mejorar la calidad de vida en sus barrios en general.

20.- Véase nota 12

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Los conflictos que resultan de las diferentes creencias de los inmigrantes, en el caso de Alemania el Islam, también se han manifestado hasta hoy casi exclusivamente en acciones colectivas “contenidas”, es decir a través de reivindicaciones dirigidas a la política, peticiones, manifestaciones, marchas etc. El conflicto que giraba entorno a las profesoras musulmanas llevando el velo en las aulas o no, era sobre todo un conflicto legal y se está resolviendo a base de procedimientos judiciales y con la elaboración de normas legales. En el caso de la construcción de mezquitas, como actualmente en Colonia-Ehrenfeld, ha habido iniciativas y movimientos en contra y a favor de la construcción expresando sus demandas con peticiones, con marchas y manifestaciones. Hüttermann ha destacado en un estudio sobre un caso anonimizado de la construcción de una mezquita que estos conflictos si se resuelven de una manera constructiva tienen efectos integradores por ser el resultado del diálogo y del trabajo en común por primera vez (Hüttermann, 2003). Casos como el de la construcción de la mezquita en Mannheim lo demuestran (Alboga, 1997). Finalmente, tanto el debate sobre el fundamentalismo islamista y el peligro del terrorismo como las restrictivas medidas de seguridad resultantes también han sido hasta ahora denominados “acción política convencional” (véase Morán en este volumen). 5. ACTORES CLAVES DE LOS CONFLICTOS LIGADOS A LA INMIGRACIÓN EN ALEMANIA Los actores claves en el debate sobre el asilo y los brotes racistas en la primera mitad de los noventa se dividen en los directamente involucrados en las manifestaciones violentas a nivel local y en los que intervinieron indirectamente en los conflictos a través del discurso político y mediático a nivel nacional. Directamente involucrados fueron los autores de la violencia xenófoba, los simpatizantes y vecinos, y las autoridades y fuerzas de seguridad locales. Los autores de los ataques y delitos contra inmigrantes eran en su mayoría hombres jóvenes menores de veinte años. Muchos de ellos todavía en la escuela o en aprendizaje. En gran parte no eran, como tal vez se esperaría, jóvenes que habían fracasado en terminar la escuela, sino tenían un nivel de educación escolar básico o mediano. El porcentaje de jóvenes en paro entre los autores era un poco más elevado que el promedio entre jóvenes en general. Es decir, que el desempleo parece ser un factor de riesgo (Willems, 1997:407). Se trataba, además, casi exclusivamente de acciones en grupo (Pfahl-Traughber, 1999:70). En su mayoría los autores pertenecieron a grupos informales, inestables y autónomos y sólo en pocos casos a grupos o partidos organizados de la extrema derecha. La mayoría de los autores habían sido hasta entonces jóvenes “normales”, inadvertidos, pero también había autores ya implicados en actos de delincuencia y se supone que también algunas bandas de delincuentes encontraron en los ataques xenófobos un nuevo campo de acción (Willems, 1993:145). Casos como el de Hoyerswerda o de Rostock-Lichtenhagen son ejemplos en los cuales una muchedumbre de padres y vecinos aplaudieron los excesos de los jóvenes. Las autoridades regionales de los Länder, las autoridades locales y la policía reaccionaron entonces insuficientemente. Por ejemplo en el caso de Rostock el Ministerio responsable del Land Mecklenburg-Vorpommern no actuó cuando el alcalde pidió solucionar el problema del ZAst. Pero también la administración misma podría haber hecho algo para amortiguar el conflicto. Hubieran existido entonces posibilidades de alojar los solicitantes de asilo que tuvieron que acampar en el terreno del ZAst en otros edificios. Las autoridades regionales y locales ni se movieron cuando tres días antes del brote xenófobo recibieron amenazas anónimas (Winter, 2004:68). Cuando empezaron los ataques al edificio no se movilizó a suficientes fuerzas de seguridad y después de desalojar el ZAst se les retiró 154

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por completo a pesar de que los atacantes todavía estaban ahí desplazando su atención luego a la casa de al lado donde vivían más de cien vietnamitas21. Aparte de los actores involucrados directamente, la literatura académica les atribuye a los dos grandes partidos políticos, pero sobre todo a los conservadores del CDU/CSU un papel clave, porque instrumentalizaron conscientemente el tema del asilo para sus campañas sin hacer caso al riesgo de promover las actitudes xenófobas y racistas en la sociedad alemana (Thränhardt, 2000). El debate siguió incluso de la misma manera cuando aumentaron los ataques con motivo racista y xenófobo (Herbert, 2003:287). Bajo la presión de la CDU/CSU, de los medios de comunicación (especialmente del diario sensacionalista BILD) y de su propia base, el SPD consintió la restricción del derecho de asilo el día de los ataques en Rostock-Lichtenhagen. Algunos medios de comunicación (primordialmente Bild, pero también Der Spiegel y otros diarios y revistas serios), como la opinión pública, son responsabilizados de haber contribuido al clima agresivo con su manera de informar sobre el asilo y el correspondiente debate político. Por ejemplo, se interpretó por parte de los medios de comunicación el pogromo de Rostock-Lichtenhagen como un grito por una solución restrictiva del problema de los solicitantes de asilo (Jäger, 2000:22). Según Winter los discursos en los medios de comunicación sobre el brote en Rostock-Lichtenhagen eran poco adecuados y hasta reprodujeron ciertos esterotipos racistas (Winter, 2004:80). Sin embargo, después de todo no se debe olvidar a los actores de la sociedad civil que se movilizaron en contra de los ataques, por ejemplo, iniciativas anti-xenofobia, marchas de protesta en las ciudades donde sucedieron los ataques y manifestaciones a nivel nacional (Winter, 2004:81).También hubo protestas internacionales, especialmente después de los ataques a las familias de orígen turco en Mölln y en Solingen, del Gobierno de Turquía y de las asociaciones turcas en Alemania. Con miras a los conflictos resultando de la segregación y marginación de inmigrantes en Alemania los actores directamente involucrados son sobre todo los vecinos y habitantes de estos barrios mismos, especialmente los jóvenes que viven en malas condiciones socioestructurales, que les dan pocas perspectivas para su futuro (Konsortium Bildungsberichterstattung, 2006; Hilpert, 1997:58). En cuanto a las escuelas en estos barrios, los profesores y los planes de estudio son responsabilidad de los gobiernos y administraciones de los Länder. Pero al final son las administraciones locales / municipales las que tienen que ocuparse de la integración de los inmigrantes, de la planificación urbana y de los conflictos existentes en los barrios desfavorecidos. Los municipios se enfrentan, por un lado, a las exigencias de una política local integradora y, por otro, disponen de escasos recursos. Como actor indirecto el Gobierno y la Administración nacional definen la política de inmigración y de integración y por ello el marco de acción en que los Länder y los municipios deberían moverse. En cuanto a los conflictos sobre valores, símbolos y prácticas religiosas los actores principales son, por un lado, los musulmanes inmigrantes y sus representantes y, por otro, las instituciones estatales. En el caso del velo por ejemplo son las profesoras musulmanas que reclaman su derecho a llevar el velo en las aulas. Como la educación es competencia de los Länder, son ellos quienes deciden al final si se puede llevar o no el velo. Ambas partes

21.- Respecto al papel que jugó la policia en los brotes xenófobos en Rostock-Lichtenhagen véase Diederichs (1995).

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recurrieron al sistema judicial y finalmente a la corte constitucional para solucionar el conflicto. En relación a conflictos acerca de la construcción de mezquitas se enfrentan las comunidades o asociaciones musulmanas, los vecinos y iniciativas en contra y las administraciones municipales. La comunidad musulmana en Alemania es muy heterogénea y hay muchas asociaciones y organizaciones representando diferentes variantes del islam y por lo tanto diferentes valores y prácticas religiosas22. En un intento de crear un órgano de contacto para las autoridades estatales cuatro grandes asociaciones (entre ellas la DITIB) formaron en abril 2007 un consejo de coordinación de musulmanes en Alemania (Koordinierungsrat der Muslime in Deutschland, KRM)23. Sin embargo, a nivel local los actores y representantes de los intereses musulmanes siguen siendo muy diversos. En el caso del conflicto sobre la construcción de la mezquita en Colonia-Ehrenfeld es la DITIB misma la que planea y financia el proyecto. Los contrarios a la construcción son parte del CDU y la iniciativa de la extrema derecha “Pro-Köln”; además, han llamado mucha atención los comentarios que hizo el intelectual Ralph Giordano sobre el proyecto. En conflictos sobre la minoría musulmana y la sociedad mayoritaria juegan también un papel importante los medios de comunicación alemanes y turcos que influyen con sus campañas de información en el transcurso de estos conflictos y en la opinión pública. 6. POLÍTICAS EN CONTRA DE LA XENOFOBIA Y LA MARGINACIÓN En reacción a las todavía altas cifras de delitos y actitudes xenófobos y racistas, el Gobierno socialdemócrata-verde aprobó en el año 2001 un programa de acción para la prevención y la lucha contra la xenofobia y la extrema derecha. Hasta finales de 2006 se ha dotado los tres partes del programa “Civitas”,“Entimon”, y “Xenos” con 192 millones de Euros24. El objetivo del programa ha sido fortalecer la actitud democrática y el compromiso civil de los jóvenes y promover la tolerancia y el cosmopolitismo. Por un lado, pretende apoyar a jóvenes que luchan contra la xenfobia y el racismo y, por otro, intenta recuperar los jóvenes que están en peligro o ya muestran actitudes xenófobas y racistas. A través de las tres partes del programa se han financiado aproximadamente 4.500 proyectos25. Por ejemplo, conferencias de expertos, cursos, talleres, proyectos de teatro y de encuentro intercultural, planes locales en contra de la violencia y xenofobia, asesoría para las víctimas de violencia xenófoba, proyectos para fortalecer las estructuras demócraticas y para la formación de redes civiles, la formación de personas con función multiplicadora, proyectos en las escuelas y empresas, información y sensibilización de la opinión pública, etc. Un ataque racista contra inmigrantes hindús este verano llevó a un debate sobre los resultados del programa. El éxito y los efectos de los proyectos son muy controvertidos. Hasta ahora no existe una evaluación general sobre los éxitos del programa. Algunos críticos incluso acusaron al gobierno de haber logrado lo contrario: de haber proporcionado plataformas para la extrema derecha (Drobinsky, 2007). Después de décadas en que no ha habido una política coordinada de integración a nivel nacional en Alemania, el “Plan Nacional de Integración” adoptado en verano 2007 ha sido

22.- Más detalles sobre diferentes grupos y asociaciones musulmanas se encuentran en el recientemente publicado manual Muslimische Gruppierungen in Deutschland de Ina Wunn (Wunn, 2007). 23.- KRM = DITIB (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion),VIKZ (Verband islamischer Kulturzentren, ZMD (Zentralrat der Muslime in Deutschland), Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland. 24.- Más información acerca de los programas se encuentra bajo: http://www.jugendstiftung-civitas.org; http://www.entimon.de, http://www.xenos-de.de. 25.- En el sitio web “Aktiv gegen Hass” (http://www.bmfsfj.aktiv-gegen-hass.de) se encuentra un banco de datos con información estadística sobre los proyectos financiados.

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un primer paso en esta dirección. En los proximos años se verán los resultados de su implementación. Sin embargo, hasta ahora la integración de los inmigrantes ha sido principalmente un tema de la política municipal, la cual se ha enfrentado al dilema de, por un lado, tener que manejar un creciente número de extranjeros y de ocuparse de su integración a largo plazo y, por otro, de no tener la competencia para definir los principios generales de la política de inmigración e integración y tener solamente escasos recursos. Los municipios se mueven actualmente entre lo que les piden el Gobierno nacional y los Länder y sus propias necesidades. En su busqueda por soluciones pragmáticas han establecido proyectos, iniciativas y programas muy diversos (Baraulina, 2007:26). Crearon estructuras institucionales transversales, especialmente enfocadas en los servicios a los inmigrantes. Un buen ejemplo y modelo para otros municipios es Franfort con su “Amt für Multikulturelle Angelegenheiten” (Oficina para asuntos multiculturales)26, Berlín con su “Beauftragter für Integration und Migration” (Mandatorio para la integración y migración) (Schwarz, 2001)27 o Stuttgart con su proyecto “Stuttgart 2030”28. La implementación de los programas y proyectos se delegó en muchos casos a los ya establecidos redes del trabajo social. En Duisburg-Marxloh, por ejemplo, ha sido la “Arbeiterwohlfahrt (AWO)” una organización que desde hace 50 años ha proporcionado servicios a los trabajadores sobre todo en la industria siderúrgica y que ya desde hace tres décadas trabaja también con un enfoque particular hacia la integración de los inmigrantes en el barrio (Schwarthans, 1998). Los ayuntamientos ofrecen a través de ONGs una gran variedad de proyectos y programas, por ejemplo, promoción del conocimiento de lengua para niños, trabajo con padres, apoyo a jóvenes, prevención del uso de drogas y de delincuencia, formación profesional, promoción de niñas y mujeres etc. En los años 70 y 80 las pocas ofertas que había eran del tipo compensatorio, es decir el objetivo era compensar los deficit de los inmigrantes por ejemplo en el conocimiento de lengua o en la formación profesional. La ventaja de este tipo de apoyo es que se reduce los inconvenientes y se facilita el acceso a importantes ámbitos de la vida diaria. En los últimos años se ha puesto “de moda” otro tipo de proyectos que son las ofertas activadoras apuntando más a los potenciales y a la participación de los inmigrantes mismos que a sus deficits , por ejemplo a través de entrenamientos de solicitud de trabajo, análisis de las competencias personales o trabajo educativo emancipatorio. La mayoría de estos proyectos apuntan a los inmigrantes. Todavía hay muy pocos proyectos y iniciativas centrándose en la sociedad de acogida (Baraulina, 2007: 29). El caso del barrio Duisburg-Marxloh es uno de los casos de planeamiento urbano que apunta a la mejora de la calidad de vida en los barrios desfavorecidos de las grandes ciudades alemanas mejor estudiados y evaluados, dirigido al mismo tiempo a la integración de los inmigrantes en la sociedad de acogida. Es presentado por los responsables como un caso de buena práctica. Frente a una situación de masivas pérdidas de empleo, malas inversiones, una fuerte marginación social, conflictos y competencias interculturales que se agravaron cada vez más, el municipio se vio a mediados de los 80 forzado a actuar.Además, se presentaron en los principios de los 90 nuevas posibilidades de fomento por parte de Renania del Norte-Westfalia y de la Unión Europea (“URBAN”) (Rütten, 1998). Entre las medidas y programas de fomento del Gobierno de Renania del Norte-Westfalia se encuentran programas apuntando al mercado laboral, especialmente a la inserción de los jóvenes de orígen inmigrante, programas para luchar contra la xenofobia y el 26.- Página web: http://www.stadt-frankfurt.de/amka. La Oficina de Asuntos Multiculturales en Franfort es conocido sobre todo por su programa de mediación en conflictos interculturales (Véase: Wolf-Almanasreh, 1998). 27.- Página web: http://www.berlin.de/lb/intmig/. 28.- Página web: http://www.stadtregionstuttgart2030.de

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racismo, y un programa para fomentar de una manera integral el desarrollo socioeconómico de barrios desfavorecidos29. Del último también se ha beneficiado el barrio de Marxloh el cual muestra típicos problemas de un barrio desfavorecido: mucha pérdida de empleo y de salarios regulares, falta de puestos de aprendizaje para jóvenes, edificios viejos y ruinosos, mucha contaminación ambiental, una alta densidad residencial y poblacional, la retirada de población que es socialemente móvil y la venida de población desprivilegiada, cumulación de personas viviendo de asistencia social (15%), de personas en paro (25%), de jóvenes sin terminar la escuela básica (15%), y de extranjeros (36%), un 70% de ellos de orígen turco (Krummacher y Waltz, 2000:230). El “Programa de acción Marxloh” identifica seis ámbitos de acción: 1) renovación urbana, 2) empleo y formación, 3) estructura e infraestructura social, 4) trabajo cultural e intercultural, 5) economía local, y 6) vivienda y entorno de las viviendas (Krummacher y Waltz, 2000:230). El apoyo a la economía local ha jugado un papel muy importante y está, desde 1996, en manos de la “Entwicklungsgesellschaft Duisburg-Marxloh” (Idik y Maschke, 1998). El objetivo ha sido activar los potenciales económicos del barrio a través de la participación de los empresarios y negociantes inmigrantes. Se creó una mesa redonda que se transformó con el tiempo en el “Arbeitskreis Wirtschaft” (Grupo de trabajo - Economía) y es hoy una plataforma de intercambio para actores de la economía, de la política y de ciudadanos interesados. Además se fundó la asociación local de empresarios turcos (TIAD)30, se construyó un “Factory Outlet Center”, se fundó un periódico de barrio y se desarrollo un concepto de seguimiento para procesos de desarrollo en espacios pequeños (“Monitoring kleinräumiger Entwicklungsprozesse”) para el mejor conocimiento de la heterogeneidad del barrio en si y de las necesidades y demandas concretas en las diferentes partes. Fuera del ámbito económico ha habido varias iniciativas sociales e interculturales, aunque dotados con pocos recursos comparado con el apoyo a la economía local. Se ha trabajado en crear empleo y puestos de trabajo, en establecer relaciones interculturales a través de guarderías, de la oficina y café de barrio, de servicios de traducción, de fiestas de barrio, de la tertulia de las asociaciones locales, y de acciones comunes coleccionando basura o planteando arbustos y árboles, etc. El centro de servicios de la AWO “Pro-Marxloh” ofrece además ayuda a familias, asesoría judicial para jóvenes, asesoría para deudores, encuentros de gente en paro o de jubilados, etc. El programa de renovación de barrio ha tenido efectos positivos y visibles en Marxloh. Por ejemplo, se han creado nuevos puestos de aprendizaje, se fundaron nuevas empresas y se ampliaron empresas existentes. Fachadas de edificios y apartamentos fueron renovados y se ha construido nuevos edificios. Actualmente existe más infraestructura social, hay mejoras en el tráfico y se ven en todas partes nuevos espacios de interacción ciudadana. En general Marxloh es un taller, un laboratorio en que se experimenta de manera muy diversa como mejorar la convivencia intercultural, es “un buen ejemplo para las posibilididades de acción de una política integrativa, orientada en lo social y intercultural de desarrollo de barrios desfavorecidos” (Krummacher y Waltz, 2000:234).

29.- A través del programa “Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf ” (Barrios con una particular necesidad de renovación) se ha financiado desde 1993 proyectos en 61 barrios y ciudades de Renania del Norte-Westfalia. Más información se encuentra en la página web: http://www.soziale-stadt.nrw.de. 30.- Página web: http://www.tiad-ev.de.

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7. CONCLUSIONES En las más de cinco décadas de inmigración en Alemania ha habido pocos incidentes de violencia vinculados a la inmigración misma. Sin embargo, los inmigrantes lamentablemente han servido, como en otros países europeos, de cabeza de turco para conflictos sociales latentes en la sociedad. En la primera mitad de los años noventa los conflictos causados por los fuertes cambios socio económicos y la crisis económica resultante se descargaron en fuertes manifestaciones violentas en contra de los solicitantes de asilo. Puestos en el centro del debate por los políticos y los medios de comunicación, los solicitantes de asilo se prestaban para echarles la culpa de la difícil situación en que se encontraron muchos municipios, especialmente en el este de Alemania. Si bien que no ha habido desde la mitad de los noventa brotes xenófobos de comparable gravedad, el número de delitos y ataques por motivos racistas y xenófobos es todavía considerable. Particularmente en los nuevos Länder se detectan todavía altas cifras de actitudes racistas entre jóvenes. Otra vez en 2006 ha habido un aumento en delitos de la extrema derecha (Bundesministerium des Inneren, 2006:46). Dado esto, es legítimo dudar que el programa de acción del gobierno nacional para la prevención de estas actitudes haya tenido los efectos esperados. Pero ¿cómo hubieran podido tener éxito los programas de prevención si no hubo a la vez cambios en el discurso político y mediático sobre los inmigrantes? La mejor prevención de actitudes xenófobas en la población autóctona es un discurso político y mediático inclusivo, que reconozca la realidad de un país inmigrante y enfatiza las contribuciones y los aspectos positivos de la convivencia intercultural. Además hay que prevenir, o por lo menos suavizar, la competencia por recursos entre inmigrantes y autóctonos. Competencia por escasos recursos es la principal causa de los conflictos sociales en los barrios desfavorecidos. La segregación de la población de orígen inmigrante resulta mayormente de su condición de “pobres”. La competencia por servicios sociales y puestos de trabajo lleva a que la población autóctona del barrio, igualmente desfavorecida eche la culpa a los inmigrantes,“etnifique” el conflicto de interés.Además, se extiende entre la población de orígen inmigrante, particularmente entre los jóvenes de la segunda y tercera generación cierta desesperación y rabia frente a las malas perspectivas para su futuro. Una de las razones por la que estos conflictos no se hayan manifestado en Alemania en brotes violentos, como por ejemplo en Francia, es el menor grado de segregación por la mayor dispersión de la población de orígen inmigrante en el territorio. Sin embargo, hay que actuar a nivel de barrio e intentar mejorar en general la situación de la población viviendo en estos barrios. Hace falta una política social de la cual se beneficien todos, autóctonos e inmigrantes. El proyecto de Duisburg-Marxloh es un ejemplo de buena práctica que muestra que los municipios tienen la capacidad de planear e implementar medidas en los respectivos barrios siempre y cuando se les provea con suficientes recursos financieros. Por lo tanto es necesario que el gobierno nacional y los Länder apoyen a los municipios en sus esfuerzos (Schader Stiftung et al., 2005). Los conflictos entre minoría musulmana y mayoría con tradición cristiana son principalmente del tipo etnocultural. Aunque en los conflictos alrededor de la construcción de mezquitas no solamente se trata de diferencias en los valores religiosos sino también de diferentes intereses, políticos, económicos o simplemente de miedos ante el desconocido. El caso de la mezquita en Duisburg ha mostrado que si se busca el diálogo se puede prevenir que los conflictos se manifiestan en protestas vecinales. Por lo tanto, entrar en diálogo, o a nivel local o a nivel nacional es importante para reducir los temores y los prejuicios. En cuanto a cuestiones del terrorismo islamista, los políticos tienen que dejar muy claro que se trata de unos pocos fanáticos con quienes la mayoría musulmana no tiene 159

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nada en común. Medidas como la introducción del cuestionario para la nacionalización en Baden-Würtemberg que discrimina a los musulmanas, generan en la opinión pública sospechas generalizadas y muestran ede modo irresponsable como algunos políticos juegan con el miedo de la gente. Alemania se encuentra ahora en un momento de cambio en que se decidirá si al final se reconocerá la inmigración como hecho real y se harán políticas de integración efectivas o si se agravará la marginación social y política de la población de orígen inmigrante. Las dos iniciativas del gobierno actual se pueden interpretar como primeros pasos hacia el reconocimiento real de que Alemania es un país de inmigración desde hace décadas y hacia un cambio paulatino del discurso político sobre la inmigración.También el plan de integración que el Gobierno nacional presentó en verano 2007 y que aspira a una mejor cooperación entre los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional, local), a una mayor participación de los inmigrantes mismos a través de sus asociaciones y, por lo tanto, en general a una política más efectiva de integración muestra la buena intención. No se debería perder esta oportunidad de enfrentarse, por fin, a la realidad migratoria de este país.

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6. POLARIZACIÓN Y CONFLICTO EN TORNO AL ISLAM: EL CASO DE LOS PAÍSES BAJOS Blanca Garcés Mascareñas Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES), Universidad de Ámsterdam

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1. INTRODUCCIÓN En la prensa española aparecen con relativa frecuencia noticias sobre los Países Bajos y sus políticas, debates y experiencias en torno a la inmigración. En 2002, la noticia del asesinato de Pim Fortuyn, político extremadamente polémico por sus observaciones a favor de la asimilación de los inmigrantes y en contra del Islam, dio la vuelta al mundo. Dos años después, el asesinato de Theo van Gogh y los ataques a mezquitas y escuelas islámicas que le siguieron produjeron una enorme conmoción. En los últimos años, la ministra de Inmigración e Integración, Rita Verdonk, y sus políticas “de mano dura” han levantado de nuevo una gran discusión. En concreto, Rita Verdonk ha sido conocida por su política de expulsión de los 26.000 solicitantes de asilo rechazados y por retirar el pasaporte holandés a la parlamentaria de origen somalí Hirsi Ali. Este último acontecimiento hizo caer el Gobierno holandés en 2006. En cada ocasión, las mismas preguntas se repiten una y otra vez: ¿qué está pasando en los Países Bajos? ¿Cómo un país reconocidamente tolerante y abierto ha llegado a la situación actual? ¿Hasta qué punto el modelo holandés de integración ha fracasado? Aunque no en las mismas dimensiones, situaciones de tensión y conflicto en torno a la inmigración han existido siempre. En los años sesenta y setenta se dieron luchas callejeras entre holandeses y trabajadores invitados recién llegados (conocidos como gastarbeiders en los Países Bajos).A mediados de los setenta, una serie de atentados violentos y secuestros perpetuados por jóvenes de origen molucano (de las Islas Molucas, en Indonesia) pusieron en evidencia la situación de marginación y olvido en la que vivían.A lo largo de los ochenta, la progresiva institucionalización del Islam levantó también resistencias en algunos barrios de las grandes ciudades. En este informe podríamos analizar cada una de estas situaciones y comparar los distintos actores así como las diversas respuestas institucionales en cada ocasión. Sin embargo, hemos preferido centrarnos en la progresiva polarización y conflicto en torno al Islam. Esto nos permite, en primer lugar, tomar una perspectiva más diacrónica y analizar cómo una situación de conflicto latente o implícito (la discusión en torno al Islam y el desarrollo de procesos de radicalismo islámico) puede desembocar en situaciones de conflicto manifiesto (el asesinato de Theo van Gogh). En segundo lugar, precisamente por las dimensiones que ha tomado la discusión sobre el Islam en los Países Bajos, esto nos permite también analizar la interacción entre discursos políticos y opinión pública, por un lado, y situaciones de conflicto, por el otro. En contraste con la literatura académica, donde ambos aspectos se acostumbran a analizar por separado, nuestro punto de partida es que una cosa no se explica sin la otra.

Este informe no hubiera sido posible sin el trabajo realizado por mis compañeros del Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES, Universidad de Ámsterdam). La parte sobre políticas de inmigración e integración está basada en los artículos que he realizado junto a María Bruquetas, Rinus Penninx y Peter Scholten. Para la parte sobre el Islam he acudido a los valiosos estudios de Frank Buijs, Froukje Demant, Atef Hamdy, Marcel Maussen, Marieke Slootman y Jean Tillie.

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2. LA INMIGRACIÓN EN LOS PAÍSES BAJOS 2.1. Evolución de la inmigración Tras la Segunda Guerra Mundial, los Países Bajos se definían a si mismos como un país que no era y no tenía que ser de inmigración. El principal argumento era que el país estaba “lleno” o “sobrepoblado” y que, por lo tanto, no había espacio para los inmigrantes. Siguiendo este argumento, el Gobierno estimuló explícitamente la emigración. Entre 1946 y 1972 más de medio millón de holandeses emigraron hacia países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, a pesar de estas políticas y retóricas oficiales, los Países Bajos sí resultaron ser en la práctica un país de inmigración. Las razones y orígenes de los inmigrantes han sido muy diversos: inmigrantes indonesios llegados a los Países Bajos tras el fin del periodo colonial, trabajadores invitados procedentes de distintos países mediterráneos, ciudadanos holandeses de las colonias caribeñas y refugiados (véase Vermeulen & Penninx 2000: 5-20). Los primeros en llegar, justo después de la Segunda Guerra Mundial, fueron los “repatriados” de las antiguas colonias de las Indias Orientales Holandesas (Indonesia y Nueva Guinea). Su llegada fue consecuencia del proceso de descolonización que tuvo lugar a partir de 1945. Se estima que entre 1946 y 1962 llegaron unos 300.000 “repatriados”. La mayoría tenían ascendencia holandesa y, por ello, llegaron como ciudadanos y no como extranjeros. Su integración fue promovida por unas políticas activas de recepción y facilitada por una coyuntura de expansión económica y de crecimiento del mercado de trabajo (Van Amersfoort, 1982;Van Amersfoort & Van Niekerk, 2006). Como consecuencia del proceso de descolonización, en 1951 llegó un segundo grupo de inmigrantes procedente de las Islas Molucas (Indonesia). En su mayoría, unas 12.500 personas en total, eran soldados del ejército colonial holandés y sus familias. A diferencia de los “repatriados”, este segundo grupo llegó con la idea de establecerse temporalmente en los Países Bajos a la espera de volver a las Islas Molucas una vez independizadas de Indonesia. Sin embargo, este día nunca llegó. Por más de dos décadas los inmigrantes molucanos permanecieron viviendo en campos temporales, aislados del resto de la sociedad, sin aprender holandés y sin trabajo. En 1978, una serie de actos violentos y secuestros realizados por jóvenes molucanos pusieron en evidencia la situación de marginación y olvido en la que vivían, e impusieron la necesidad de desarrollar políticas de integración dirigidas específicamente a este grupo.Actualmente, el número de inmigrantes molucanos y sus descendientes se estima en unos 42.300 (CBS, 2002: 15). A mediados de la década de los cincuenta los esfuerzos de reconstrucción de la posguerra generaron una demanda extraordinaria de mano de obra, que fue cubierta por trabajadores invitados. Los primeros en llegar fueron los italianos, seguidos de españoles, portugueses, griegos, yugoslavos y, posteriormente, turcos y marroquíes. La crisis económica de 1973 puso fin a estos programas de reclutamiento en origen pero ello no significó el fin de la inmigración.Aunque en la década de los setenta muchos sureuropeos volvieron a sus países de origen, muchos inmigrantes de origen turco y marroquí permanecieron en el país. A partir de mediados de la década de los setenta, muchos de ellos trajeron sus familias y posteriormente otros inmigrantes llegaron en calidad de cónyuges de las nuevas generaciones. En enero de 2006 el número de residentes de origen turco es de 364.300, de los cuales el 54% son nacidos en Turquía (primera generación) y el 46% tienen, al menos, uno de los padres nacido ahí (segunda generación). Los residentes de origen marroquí suman 323.200, 52% de la primera generación y 48% de la segunda (CBS, 2006). 168

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Los siguientes en llegar a los Países Bajos fueron los surinamís. Hasta 1975 Surinam formó parte del Reino de Holanda y, por lo tanto, su inmigración no estaba sujeta a restricciones. Hasta la década de los sesenta la inmigración surinamí fue relativamente reducida y comprendía sobre todo estudiantes. Sin embargo, a partir de 1965 el número de inmigrantes de tipo económico fue creciendo. La inmigración surinamí se incrementó particularmente en los años previos a la independencia (1975) y el final del periodo de transición (1979-80). La inestabilidad política de la primera mitad de los ochenta también produjo cierta emigración hacia los Países Bajos, aunque esta vez en mucha menor escala (Van Amersfoort &Van Niekerk 2006).Actualmente la población de origen surinamí suma 331.900 personas, 56% de la primera generación y 44% de la segunda (CBS, 2006). Esta cifra es relativamente alta si tenemos en cuenta que la población actual de Surinam es de 431.303 habitantes. Al igual que los surinamís, la inmigración de las Antillas Holandesas (Aruba, Bonaire y Curaçao) se mantuvo a pequeña escala y se compuso, mayoritariamente de estudiantes. Sin embargo, a partir de 1964 se empezó a dar también una inmigración de tipo económico. Esta tendencia se agudizó cuando en 1985 se cerró una de las refinerías de Aruba y Shell dejó Curaçao. Actualmente, los residentes holandeses de origen antillano suman 129.700 (en comparación con los 257.000 habitantes de las tres islas), 62% de la primera generación y 38% de la segunda (CBS, 2006). El último grupo a destacar es el de los refugiados y solicitantes de asilo. Hasta la década de los setenta los grupos de refugiados más numerosos provenían de países de Europa del Este, sobre todo de países como Hungría (1956) o Checoslovaquia (1968). A partir de mediados de la década de los ochenta y durante los noventa, el número de solicitudes de asilo creció enormemente.Al principio muchos eran deVietnam, Sri Lanka o de países de la zona del cuerno de África, después del Próximo Oriente y de los Balcanes. En 1998 el número total de solicitudes de asilo fue de 45.217. Esto hizo de los Países Bajos el segundo país europeo (tras Suiza) con un mayor porcentaje anual de solicitudes de asilo en relación al total de la población. Actualmente, los grupos de refugiados y solicitantes de asilo más numerosos provienen de Iraq (43.800), Afganistán (37.200), Irán (28.700), Somalia (19.900) y Gana (19.500) (CBS, 2006). 2.2. Características de la población inmigrada En 2005 la población de origen inmigrante sumaba 3,1 millones de personas, de las cuales 691.500 eran residentes extranjeros.Teniendo en cuenta que la población total del país es de 16 millones, esto representa que el 19% de la población holandesa es de origen inmigrante. Es importante aclarar, sin embargo, dos cuestiones. En primer lugar, cuando en los Países Bajos se habla de población de origen inmigrante se incluye la primera y segunda generación. Más en concreto, contabiliza como inmigrante (en holandés “allochtoon”) toda persona cuyo padre o madre ha nacido en el extranjero y originalmente no disponía de nacionalidad holandesa. En segundo lugar, es importante también hacer notar que de estos 3,1 millones de personas de origen inmigrante, 1,4 millones provienen de países occidentales (Europa, Japón, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda) y 1,7 millones de países no occidentales. Los países con más proporción de inmigrantes son: Indonesia,Alemania,Turquía, Surinam, Marruecos, las Antillas Holandesas y Bélgica (véase tabla 1).

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Tabla 1: Países con mayor número de inmigrantes en Holanda, primera y segunda generación, 2006 País Indonesia Alemania Turquía Surinam Marruecos Antillas Holandesas Bélgica Antigua Yugoslavia Reino Unido Antigua URSS Polonia China Iraq Afganistán Irán Somalia

Total 393.175 383.941 364.608 331.953 323.272 129.730 112.222 76.382 76.270 46.058 45.568 45.568 43.778 37.307 28.781 19.875

1ª generación 128.823 101.718 195.947 187.630 168.566 79.944 35.887 53.612 43.755 35.343 29.731 32.332 35.268 32.049 23.638 13.667

2ª generación 264.352 282.223 169.661 144.323 154.706 49.926 76.335 22.720 32.515 10.720 15.833 13.530 8.510 5.258 5.143 6.208

Fuente: Central Bureau for Statistics (CBS, 2006)

La población de origen inmigrante presenta mayores tasas de desempleo. Por ejemplo, en 2004 la tasa de desempleo para el conjunto de la población era del 6,4%, mientras que la tasa de desempleo entre los inmigrantes procedentes de países occidentales era Gráfico 1: Tasas de desempleo para el total del 8,3% y la de los inmigrantes de de la población y para la primera y segunda origen no occidental del 16% (CBS, generación de inmigrantes de países 2004). Esta diferencia es todavía no occidentales (2000-2005) mayor para la segunda generación de inmigrantes no occidentales. En concreto, en 2005 su tasa de desempleo estaba en el 18% (véase gráfico 1). En cuanto al nivel educativo, encontramos también diferencias importantes. Por ejemplo, en 2005 el 26% de los estudiantes de origen holandés (“autochtonen” tal como aparecen clasificados en las estadísticas) siguieron estudios universitarios en comparación con el 17% de los estudiantes de origen turco y el 13% de los estudiantes de origen marroquí. La tasa de fracaso escolar entre estudiantes “autóctonos” es del 3%, mientras que ▲ Primera generación de inmigrantes no occidentales para los estudiantes de origen inmi■ Segunda generación de inmigrantes no occidentales grante no occidental esta tasa sube al X Total de la población. Fuente:WODC, 2006. 10% (WODC, 2005). 170

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En cuanto a distribución geográfica, la población de origen inmigrante no occidental se concentra básicamente en las cuatro grandes ciudades: Ámsterdam, Rotterdam, La Haya y Utrecht. Se estima que uno de cada tres habitantes de Ámsterdam, Rotterdam y La Haya es de origen inmigrante no occidental (CBS, 2006). En estas ciudades los inmigrantes no occidentales se concentran en determinados barrios. Por ejemplo, uno de cada tres inmigrantes de origen turco vive en un barrio con mayoría de inmigrantes no occidentales. Lo mismo aplica para el 38% de los inmigrantes de origen marroquí. En el caso de los inmigrantes antillanos y surinamís, esta cifra se reduce al 15% y 20% respectivamente. En términos comparativos, los grupos de refugiados son los que viven menos segregados con una tasa de entre el 10% y 15% viviendo en barrios con una mayoría de inmigrantes no occidentales (véase tabla 2). Tabla 2: Concentración de inmigrantes en barrios según la proporción de población de origen inmigrante no occidental Proporción de inmigrantes no occidentales en los barrios

Origen

0-10%

10-25%

25-50%

50-100%

Turcos

6

30

31

33

Marroquíes

4

20

38

38

Surinamís

12

31

37

20

Antillanos

17

37

31

15

Afganos

11

38

39

12

Iraquíes

12

44

31

12

Iraníes

15

47

30

9

Antiguos yugoslavos

16

46

26

13

Somalíes

6

38

40

16

Autóctonos

70

22

7

1

Fuente: Gijsberts & Dagevos, 2005: 15

3. LAS POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN 3.1. Políticas de inmigración Tras la Segunda Guerra Mundial se partió del supuesto que los Países Bajos no eran y no debían ser un país de inmigración. Desde esta perspectiva, los inmigrantes llegados de las Indias Orientales Holandesas (Indonesia) y Surinam, así como los trabajadores invitados del sur y este de Europa, Marruecos y Turquía, no eran percibidos como inmigrantes permanentes sino más bien como “repatriados”, “compatriotas de reino” o inmigrantes temporales. Mientras que los “repatriados” y “compatriotas de reino” eran ciudadanos holandeses y, por lo tanto, no estaban sujetos a las leyes de inmigración, la inmigración de los trabajadores invitados fue regulada por una serie de acuerdos bilaterales que preveían el retorno de los inmigrantes a sus países de origen. Sin embargo, cuando estos programas de reclutamiento en origen terminaron en 1973 (más por falta de interés de los empresarios que por una decisión política explícita), nunca se aplicaron medidas concretas para promover su retorno (De Lange, 2007). 171

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A partir de la década de los setenta, la inmigración de tipo laboral se vio sustituida en cuanto a volumen por la inmigración de tipo familiar. Entonces, la reagrupación familiar se entendía como un derecho y como un requisito básico para la integración de la población de origen inmigrante en el país. Este enfoque, sin embargo, cambió en los noventa. La inmigración de tipo familiar pasó a verse como un obstáculo o amenaza para la integración. Con este argumento de fondo, se introdujeron políticas más y más restrictivas que supeditaron, por ejemplo, el derecho de reagrupación familiar a la edad o ingresos del cónyuge residente en los Países Bajos o, desde 2005, a la competencia lingüística (en holandés) del cónyuge todavía por llegar (Bonjour 2006). En paralelo a la inmigración de tipo familiar, a lo largo de los ochenta fue creciendo el número de refugiados y solicitantes de asilo.También, en este caso, se introdujeron a partir de los noventa políticas más y más restrictivas. Por ejemplo, limitando el número de visados, o denegando aquellas peticiones de asilo consideradas sin fundamento. En los últimos años , la introducción de un proceso acelerado para la evaluación de solicitudes de asilo ha levantado importantes críticas, no sólo dentro del país sino también desde organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) y la organización Human Rights Watch (HRW). Una de las críticas más frecuentes es que estas medidas significan una vulneración habitual de los derechos básicos de los solicitantes de asilo. Cuando en febrero de 2004 el Parlamento holandés aceptó la propuesta de la ministra de Inmigración e Integración Rita Verdonk de expulsar a los 26.000 solicitantes de asilo rechazados, muchos ayuntamientos y ONGs se opusieron a esta medida argumentando su “integración” en el país. Ésta es una de las cuestiones que ha levantado más debate en los últimos años. En 2007, una de las primeras medidas del nuevo Gobierno (constituido por coalición entre los cristianodemócratas, los socialdemócratas y el partido cristiano) fue precisamente otorgar un “perdón general” a los 26.000 solicitantes de asilo rechazados. También a partir de los noventa se introdujeron medidas restrictivas para limitar la inmigración irregular. Por ejemplo, desde 1991 los inmigrantes irregulares no pueden inscribirse en los registros de población (equivalentes al padrón español) y, en consecuencia, no disponen tampoco de tarjeta de la seguridad social. Desde 1998, el acceso a los servicios sociales (educación, salud, vivienda y subsidios sociales) está limitado a los residentes legales. Esta medida parte del supuesto de que el acceso a los servicios sociales atrae a futuros inmigrantes irregulares y puede ser un obstáculo para el retorno de los inmigrantes irregulares a sus países de origen. Sin embargo, estudios empíricos sobre el uso que hacen los inmigrantes irregulares de los servicios sociales han rebatido una y otra vez este supuesto (Van der Leun, 2006). En la práctica, estas medidas han tenido como principal efecto la marginación y vulneración del inmigrante irregular (Garcés-Mascareñas & Doomernik, 2007). 3.2. Políticas de integración Hasta los años setenta el objetivo de las políticas fue más bien la re-emigración y la acomodación temporal de los trabajadores invitados en la sociedad holandesa. Esto determinó que estas políticas, más bien de acomodación que de integración, fueran claramente ad hoc y pensadas a corto plazo (Penninx, 1996). Por ejemplo, organizaciones sociales e iglesias (aunque financiadas en parte por los ministerios) se encargaron de organizar la recepción de los recién llegados (Molleman, 2004; Blok Commission, 2004; Penninx 1979), mientras que otras facilidades (como la vivienda) eran ofrecidas, en el caso de los trabajadores invitados, directamente por los empresarios. Además, algunos ayuntamientos tomaron iniciativas propias en campos como la vivienda, la educación o la sanidad. A finales de los años setenta se reconoció por primera vez que los Países Bajos sí eran de 172

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facto un país de inmigración y, en consecuencia, que era necesaria una política activa para la “integración” de las llamadas “minorías étnicas”. Esta percepción quedó plasmada en el informe sobre minorías étnicas del Consejo Científico para la Política Gubernamental (1979) y se tradujo en las llamadas Políticas de Minorías Étnicas. La idea central de estas políticas era promover la inclusión social de aquellos grupos socioeconómicamente desfavorecidos y percibidos como étnica o culturalmente distintos. Esto incluía: turcos, marroquíes, sureuropeos, surinamís, antillanos, molucanos, refugiados, gitanos y nómadas caravaneros. De hecho, ni todos los grupos de inmigrantes estaban incluidos bajo estas políticas ni todos los grupos incluidos eran de origen inmigrante. En cuanto a contenido, estas políticas tenían básicamente dos objetivos: integración socio-económica y respeto a la propia identidad cultural. La idea subyacente era que mantener la propia identidad cultural podía estimular la emancipación dentro de la propia comunidad, y tener así un efecto positivo en la integración dentro de la sociedad en general (Comisión Blok, 2004). En el plano político, las Políticas de Minorías Étnicas se centraron en promover la participación e inclusión política de los grupos desfavorecidos. Esto desembocó en una nueva legislación contra la discriminación; el derecho a voto en las municipales para residentes extranjeros desde 1985; una política más abierta de naturalización; y una estructura de consultación que favorecía (vía subsidios) la creación de organizaciones de inmigrantes como forma de mediar entre los inmigrantes y el conjunto de la sociedad holandesa. En el plano socio-económico, estas políticas promovieron la igualdad de estos grupos en el mercado laboral, la educación y la vivienda. Por ejemplo, en el campo laboral, se implementó en 1986 un plan de discriminación positiva para promover la contratación de inmigrantes en instituciones locales y nacionales. En la misma dirección, a principios de los noventa, se formuló una ley que obligaba a los empresarios a comunicar la proporción de trabajadores de origen inmigrante en sus empresas y los estimulaba a formular planes para una contratación más equitativa. En el campo educativo, se diseñaron programas para evitar que los estudiantes de origen extranjero quedaran atrasados respecto a los nativos. Para ello se dotaba de más presupuesto a las escuelas con más porcentaje de inmigrantes. Además, para garantizar la igualdad cultural y religiosa de estos grupos, se financiaba la educación en su propia lengua y cultura. En relación a la vivienda, desde 1981 se dio a los residentes extranjeros acceso completo a la vivienda social. En el plano cultural, las Políticas de Minorías Étnicas permitían e incluso favorecían a los inmigrantes a organizarse y desarrollarse en su propia cultura. La idea de fondo era que la preservación de la cultura propia permitiría o facilitaría la integración en la sociedad holandesa. Con este objetivo, se crearon programas de radio y televisión en sus propias lenguas y se financiaron todo tipo de actividades culturales organizadas por estos grupos. A lo largo de los ochenta se acumuló un cierto malestar y críticas contra las Políticas de Minorías Étnicas. En consecuencia, en 1994 la política nacional orientada a la incorporación de inmigrantes y minorías dio un giro fundamental, abandonando la denominación de Políticas de Minorías Étnicas para pasar a adoptar explícitamente el término de Política de Integración. Siguiendo de nuevo las recomendaciones del Consejo Científico para la Política Gubernamental (WRR, 1989), la nueva política incorporó tres modificaciones sustanciales respecto a la anterior. Primero, pasó de centrarse en grupos a centrarse en individuos en posición de desventaja. Segundo, se eligió como objetivo prioritario la incorporación socio-económica de inmigrantes y minorías étnicas a través del mercado de trabajo y la educación.Tercero, se introdujeron por primera vez los programas de recepción de recién llegados, también llamados inburgering o programas de ciudadanía. Mientras que a principios de los noventa estos programas fueron ofrecidos por los ayuntamientos 173

POLARIZACIÓN Y CONFLICTO EN TORNO AL ISLAM: EL CASO DE LOS PAÍSES BAJOS

para facilitar la integración de los inmigrantes, a partir de 1998 estos programas pasaron a gestionarse a nivel nacional y a presentarse en términos de “deberes y obligaciones” de los inmigrantes en los Países Bajos. En 2002 las políticas de integración tomaron un nuevo giro, por lo que la ministra de Inmigración e Integración las definió como Políticas de Integración Nuevo Estilo (TK 2003-2004, 29203). A partir de entonces el concepto de ciudadanía pasó a entenderse como una fuente de derechos pero también de deberes, en el sentido de que cada ciudadano debe ser activo y responsable por si mismo. En este contexto, no es casual que los cursos de “ciudadanía” se hayan convertido en la medida estrella de las políticas de integración de los últimos años. Estos cursos, en comparación con la década anterior, presentan dos modificaciones significativas. Primero, el permiso para entrar en los Países Bajos así como la renovación de permisos de residencia temporal o permanente está sujeto a la finalización exitosa de estos cursos. Segundo, desde inicios de 2007, los recién llegados tienen que encontrar y financiar ellos mismos estos cursos y, sólo en caso de superarlos, tienen derecho a recuperar el 70% de los costes. De hecho, al vincular la entrada o permanencia en el país a la realización exitosa del examen de ciudadanía, estos cursos se han convertido en instrumentos poderosos para restringir la inmigración (Bruquetas, Garcés, Penninx & Scholten 2007: 26). A inicios de 2007 el nuevo Gobierno (coalición de los cristiano-demócratas, los socialdemócratas y el partido cristiano) acordó las bases para una nueva política de integración. En este acuerdo, la “integración” sigue definiéndose como un deber, y una obligación del inmigrante aprender y conocer la “lengua holandesa, los valores comunes y la historia del país”1. Además, se pone énfasis en la necesidad de promover el empleo y la participación social de la población de origen inmigrante así como prevenir la discriminación. Es demasiado temprano para determinar hasta qué punto nos encontramos ante un nuevo giro de las políticas de integración. Dependerá de las políticas concretas tanto a nivel nacional como municipal. Lo que sí se puede decir es que el debate de los últimos años ha desplazado los términos de lo posible en materia de políticas de integración. Sobre todo si lo comparamos con otros países y, en concreto, si lo miramos desde España podemos decir que estos posibles siguen todavía muy marcados por una retórica asimilacionista que pone las normas y valores holandeses en el centro de la cuestión. 4. EL ISLAM EN LOS PAÍSES BAJOS 4.1. Población musulmana La población musulmana en los Países Bajos suma casi 900.000 personas y representa el 5,8% del total de la población. La media en otros países norte europeos es del 3%, aunque en el caso de Francia el porcentaje sube al 6,8% (Douwes et al. 2005). La mayoría de musulmanes son de origen turco y marroquí pero también hay un importante grupo de surinamís así como refugiados de Bosnia, Somalia, Irán, Paquistán y Afganistán (véase tabla 3). La composición por edad de estos grupos revela que la población musulmana es especialmente joven. En 2003 el 40% de los inmigrantes de origen no occidental tenían menos de 20 años. Esta proporción es casi la mitad para la población de origen holandés (Nieuwboer, 2003).

1.- Las citas a lo largo de este documento son traducción de la autora.

174

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Tabla 3: Origen de la población musulmana País de origen

Número

Porcentaje del total de la población musulmana

Turquía

358.000

40,5

Marruecos

315.000

35,6

Surinam

70.000

7,9

Iraq

44.000

5,0

Afganistán

37.000

4,2

Irán

29.000

3,3

Somalia

22.000

2,5

Convertidos

10.000

1,1

Total

885.000

100

Fuente: Douwes (2005: 27); y Phalet & Ter Wal (eds) (2004)

Como hemos visto anteriormente, el nivel educativo de estos grupos está todavía muy por debajo del nivel educativo de los holandeses de origen. Por ejemplo, el conocimiento lingüístico de los estudiantes turcos en el último año de escolarización se estima en casi 2,5 años de atraso con respecto a la media de los estudiantes de origen holandés. En el caso de los estudiantes de origen marroquí este atraso se estima en unos 2 años (SCP, 2005). En cuanto a su posición en el mercado de trabajo, más de la mitad de los inmigrantes turcos y marroquíes tienen un trabajo de nivel elemental o bajo en comparación con el 28% de los holandeses de origen (SCP, 2005). Además, el 27% de los inmigrantes marroquíes y el 21% de los turcos están sin empleo en comparación con el 9% de la población de origen holandés (SCP, 2006). Finalmente, distintos estudios han coincidido en observar que la experiencia del Islam entre la primera y segunda generación de inmigrantes difiere (De Koning and Bartels, 2005; Demant, 2005; De Koning, 2006; Sunier, 1996; Phalet et al, 2000). En términos generales, estos estudios concluyen que la segunda generación se identifica fuertemente con el Islam pero de forma individual y plural. Es lo que algunos autores han venido en llamar “Islam a la holandesa”. Individual porque muchos jóvenes viven el Islam como algo personal. Plural por la posibilidad de debate y de opiniones distintas así como por el reconocimiento de que el Islam es una religión entre otras. Estos estudios también observan que, en contraste con la primera generación, la segunda generación prioriza la identidad étnico-religiosa sobre la étnico-nacional. Es decir, en comparación con la generación precedente, se identifican más con el hecho de ser musulmanes que con el hecho de ser marroquíes o turcos (Phalet, 2003). 4.2 Institucionalización del Islam A lo largo de los años setenta los ayuntamientos facilitaron e incluso subvencionaron el desarrollo de una primera infraestructura (como espacios de culto o mataderos halal) para 175

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la práctica del Islam en los Países Bajos. Estas primeras medidas partían del supuesto de que el Estado holandés tenía la obligación de proporcionar a los trabajadores invitados o gastarbeiders las condiciones e infraestructura necesaria para “desarrollar y mantener su propia identidad cultural”. El mantenimiento de su cultura, lengua y religión no sólo se percibía como un derecho de los trabajadores invitados, sino además como la condición necesaria para el esperado retorno a sus países de origen. Cuando a principios de los años ochenta se aceptó que muchos trabajadores invitados eran ya de hecho inmigrantes permanentes, el Gobierno inició una serie de medidas legales e institucionales para garantizar la igualdad de trato del Islam. Como observan Monsma y Soper (1997), la igualdad de trato en los Países Bajos se refiere tanto a individuos como a religiones. Desde esta concepción, la esfera pública no es percibida como un espacio neutro dominado por un estado laico y constituido por individuos (como sería el caso francés), sino más bien como un espacio desde donde las distintas organizaciones (religiosas o no) tienen la posibilidad de organizar sus propias instituciones y los individuos la libertad de escoger entre ellas (Maussen, 2006a: 18). En realidad esto se ha traducido, por ejemplo, en la existencia de hospitales, escuelas, medios de comunicación o corporaciones de vivienda de orientación católica, protestante, islámica, liberal o socialista. Desde esta tradición marcada por la igualdad de trato entre religiones, el desarrollo de instituciones e infraestructuras para la práctica del Islam en los Países Bajos se percibió como un proceso necesario. Así, por ejemplo, en 1988 se fundaron las primeras escuelas islámicas de primaria en Rotterdam, La Haya, Eindhoven y Ámsterdam, y se equiparó la llamada al rezo de las mezquitas a las campanadas de las iglesias. En los años noventa este proceso continuó. Durante este periodo, se construyeron nuevas mezquitas, aumentó el número de escuelas islámicas, se crearon un par de canales de televisión, se construyeron cementerios y se fundaron dos universidades islámicas en Rotterdam y Scheidam. Comparando el caso de los Países Bajos con Bélgica y Gran Bretaña, Rath, Penninx, Groenendijk y Meier concluyen que “nuestra comparación demuestra que la situación favorece a los musulmanes en los Países Bajos, donde han conseguido de facto las mayores posibilidades para construir una infraestructura religiosa” (Rath et al., 2001: 280). La percepción de que el proceso de institucionalización y emancipación del Islam en los Países Bajos se estaba dando de forma exitosa no sólo estaba presente en la literatura académica de los años noventa, sino también en la opinión pública en general. Por ejemplo, la construcción de nuevas mezquitas (de estilo tradicional con minaretes y torres) era a menudo percibida como “un enriquecimiento del paisaje urbano” o “como símbolo de emancipación y reconocimiento” de la presencia de los musulmanes en el país (Maussen, 2004: 157). Mientras que hasta los años noventa la institucionalización del Islam se percibió como un derecho y como un proceso necesario de emancipación de la población musulmana en los Países Bajos, en los últimos años la diversidad religiosa y, en concreto, el Islam ha pasado a ser una de las cuestiones centrales en los debates sobre inmigración e integración. Desde esta perspectiva, el derecho a la libertad de religión y el principio de igualdad de trato se han visto sustituidos por la insistencia y la obligación de integración. En pocas palabras, el Islam y los musulmanes en general han pasado a estar sistemáticamente bajo sospecha. Bajo sospecha de no integrarse en la sociedad y valores holandeses, bajo sospecha de tener una cultura y religión incompatibles con el sistema democrático holandés o bajo sospecha de permitir o alimentar el radicalismo islámico. Este giro hacia posiciones mucho más excluyentes se ha puesto también de manifiesto en las representaciones y discusiones públicas en torno a la construcción de nuevas mez176

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quitas.Así como en los noventa las mezquitas eran percibidas automáticamente como símbolos de emancipación, en los últimos años su estilo tradicional se lee como ejemplo del fracaso de integración de los inmigrantes. Se utilizan términos como “falta de imaginación”, “fealdad” o “imitaciones baratas”, y su estilo “poco moderno” se interpreta como una muestra de nostalgia hacia sus países de origen y como una falta de interés hacia su entorno social más inmediato (Maussen, 2006b: 112-113). 5. POLARIZACIÓN EN TORNO AL ISLAM 5.1. Discursos anti-Islam Uno de los primeros políticos en cuestionar públicamente el Islam fue Frits Bolkestein cuando sugirió, en 1991, que el Islam suponía una amenaza para la democracia liberal y un obstáculo para la integración de los inmigrantes. Posteriormente, este argumento fue desarrollado por Pim Fortuyn en sus columnas semanales de la revista Elsevier y en su primer libro titulado “En contra de la islamización de nuestra cultura. La identidad holandesa como fundamento” (1997), donde presenta el Islam como una religión retrógrada y homófoba. Además, Pim Fortuyn denunciaba que el Islam estaba creciendo gracias al beneplácito de la élite política holandesa y su discurso multiculturalista y de lo políticamente correcto. Pim Fortuyn fue asesinado semanas antes de las elecciones nacionales de mayo de 2002. El asesino era un abogado de origen holandés comprometido con el movimiento ecologista. A pesar de su muerte (o gracias a ella), su partido obtuvo muy buenos resultados en las elecciones (26 de 150 escaños) y entró a formar parte de la coalición de Gobierno. La inexperiencia y falta de programa político de sus miembros así como las tensiones entre los partidos de la coalición, llevaron el Gobierno al colapso en tan sólo 100 días. Aunque en las siguientes elecciones la Lista Pim Fortuyn obtuvo una representación mínima (8 de los 26 escaños), su agenda política fue recogida por otros políticos. En concreto, sus ideas en materia de inmigración e integración fueron llevadas a cabo por la ministra de Inmigración e Integración, Rita Verdonk. Su discurso crítico contra el Islam ha sido recogido por políticos como Ayaan Hirsi Ali, Geert Wilders o Marco Pastors. Ayaan Hirsi Ali, refugiada somalí y diputada del parlamento holandés para el Partido Liberal de 2003 a 2006, se ha presentado como “la Voltaire contemporánea para los musulmanes”, como víctima y por lo tanto acusadora legítima del Islam, como representante de las mujeres musulmanas oprimidas o como la persona que ha despertado las elites políticas holandesas de sus posiciones naïf y multiculturalistas sobre el Islam (Prins, 2004: 144; De Leeuw & Van Wichelen, 2005: 330). En la línea iniciada por Bolkestein y Pim Fortuyn, Hirsi Ali ha sostenido que el Islam, incluso en sus interpretaciones más moderadas y liberales, es incompatible con la democracia liberal. Desde esta perspectiva, ha declarado, por ejemplo, que Mahoma era un “pedófilo” y un “tirano perverso” o que, tal como mostraba en la película Submisión realizada junto a Theo Van Gogh, que la violencia doméstica contra las mujeres musulmanas era inevitable ya que estaba implícita en los preceptos del Corán. El asesinato de Theo van Gogh en noviembre de 2004 (que analizaré en el próximo apartado) fue para muchos políticos una confirmación de que el Islam era efectivamente irreconciliable con la democracia y la libertad de expresión. Además, se interpretó como una prueba más del fracaso de la integración de los inmigrantes y, en particular, de los inmigrantes musulmanes. Desde esta perspectiva, políticos como Geert Wilders, Joost Eerdmans o Hilbrand Nawijn argumentaron de nuevo que el Islam representa una 177

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amenaza para la civilización occidental. Esto, por ejemplo, ha llevado a algunos de estos políticos a pedir la deportación de jóvenes de origen marroquí que estuvieran implicados en pequeños crímenes o que fueran sospechosos de radicalismo islámico. En 2002 el concejal de Rotterdam Marco Pastors se pronunció en contra de la construcción de nuevas mezquitas argumentando que el Islam no reconocía la separación entre Iglesia y Estado, y que los “musulmanes criminales usaban su religión para justificar sus crímenes”. Las críticas hacia el Islam no han sido exclusivas de la élite política. Por ejemplo, según Herman Philipse, profesor de filosofía de la Universidad de Utrecht, los musulmanes en los Países Bajos siguen una serie de valores característicos de las “culturas tribales”. Ello explicaría porque el uso de la violencia y la destrucción son legítimos bajo el Islam y, por lo tanto, hasta qué punto el Islam es incompatible con la separación entre iglesia y estado o con la civilización occidental y la modernidad en general. Siguiendo los argumentos de Hirsi Ali y también en calidad de víctima del Islam,Afshin Ellian, refugiado iraní y profesor de derecho, ha defendido la necesidad de volver a los valores de la Ilustración para luchar en contra del “relativismo moral” del multiculturalismo y evitar así que el Islam ponga en peligro los valores seculares de Occidente (Demant et al: 2007: 40). Este discurso anti-Islam también ha quedado reflejado en las encuestas de opinión. Una encuesta de junio de 2004 mostraba como el 68% de los encuestados se sentía amenazado por “jóvenes inmigrantes o musulmanes”, el 53% tenía miedo de ataques terroristas perpetuados por radicales islámicos y el 47% temía que en el futuro los holandeses tuvieran que vivir acorde con los preceptos del Islam. Otra encuesta realizada por un periódico holandés en 2006, en pleno debate sobre la publicación de las viñetas sobre Mahoma en un periódico danés, concluía que el 70,7% de los encuestados pensaba que el Islam era injusto con las mujeres, el 55,9% opinaba que el Islam no dejaba margen para el humor y el 54% creía que Islam y democracia eran incompatibles (Maussen, 2006b: 123-124). En los últimos años también se ha producido un mayor número de actos violentos en contra de musulmanes o símbolos islámicos. Por ejemplo, según el informe de EUMC sobre Islamofobia en la Unión Europea después del 11 de septiembre de 2001, el número de agresiones y amenazas contra musulmanes creció en 2002. Tras la muerte de Theo van Gogh hubo numerosos casos de vandalismo e incendios en mezquitas y escuelas islámicas. 5.2. Radicalismo islámico Tras el asesinato de Theo van Gogh, el Gobierno holandés y el Ayuntamiento de Ámsterdam encargaron una investigación académica para determinar las causas del radicalismo islámico en los Países Bajos. La investigación realizada por Buijs, Demant y Hamdy (2006) es de alcance nacional y analiza por qué algunos jóvenes musulmanes se radicalizan, qué factores sociales lo explican y qué circunstancias individuales lo impulsan. En estrecha colaboración con ellos, Slootman y Tillie (2006) abordan las mismas cuestiones en Ámsterdam pero con un estudio mucho más cuantitativo basado en encuestas oficiales ya existentes así como las entrevistas con jóvenes musulmanes realizadas junto a Buijs, Demant y Hamdy. En este apartado presentaré brevemente las conclusiones de estos dos estudios. En concreto, definiré qué se entiende por radicalismo islámico, qué sector de la población es más receptivo al radicalismo islámico, qué factores lo explican y, finalmente, cuál es la situación actual y qué recomendaciones han propuesto estos autores en relación al caso holandés. Siguiendo la definición de Sprinzak (1991), el proceso de radicalización se caracterizaría por una creciente desconfianza hacia el sistema político y social hasta el punto de refugiarse en el propio grupo, y desear un cambio fundamental de la sociedad. Desde esta perspectiva, el radicalismo islámico sería una forma de radicalismo inspirada en una interpretación 178

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ortodoxa del Islam (salafismo) y llevada a su extremo más fundamentalista. Más en concreto, el radicalismo islámico se caracterizaría por seis convicciones: 1) el Islam está amenazado; 2) los políticos han contribuido a esta marginalización y, por lo tanto, están bajo sospecha; 3) los representantes religiosos del Islam han aceptado esta situación y con ello han traicionado la fe; 4) los fundamentos de la fe se tienen que restaurar mediante el retorno a las verdaderas normas y valores religiosos y la interpretación literal del Corán; 5) la propia religión es superior y debería ser la base de la sociedad y la política; y 6) el verdadero creyente debería jugar un rol activo en la restauración de estos valores y la creación de una sociedad basada en ellos. La mayoría de musulmanes holandeses no son ni radicales ni fundamentalistas. Según los estudios de Buijs, Demant y Hamdy (2006) y de Slootman y Tillie (2006), sólo una muy pequeña minoría de los musulmanes holandeses han pasado por un proceso de radicalización (y/o des-radicalización). En términos generales, se trata de jóvenes a partir de los 16 años, hombres pero también mujeres, de origen inmigrante de la primera y segunda generación y con estudios medios o altos (Buijs et al. 2006: 8.2; Slootman & Tillie, 2006: 83). Según el análisis cuantitativo de Slootman yTillie, lo que explicaría la tendencia hacia el radicalismo islámico es la combinación de una interpretación ortodoxa del Islam y la vivencia del Islam como conflicto político. Es importante recordar que ambas variables no se correlacionan. En otras palabras, los musulmanes ortodoxos no tienen porque vivir el Islam como conflicto político o aquellos que viven el Islam en términos de conflicto no tienen porque ser ortodoxos. Sin embargo, según estos autores, la combinación de ambas variables sí llevaría a alguna gente a ser más receptiva a los procesos de radicalización (Slootman & Tillie, 2006: 69). Los factores que explicarían el desarrollo del radicalismo islámico podrían agruparse en torno a tres dimensiones: la sociocultural, la religiosa y la activista política (Buijs et al. 2006: 85). La dimensión sociocultural se refiere al hecho de que muchos jóvenes musulmanes se encuentran a medio camino entre distintos mundos culturales y, por ello, se sienten poco entendidos tanto por las generaciones precedentes como por la sociedad en general. En pocas palabras: ellos no son totalmente marroquíes o turcos como sus padres pero tampoco totalmente holandeses. En este contexto de alienación y desarraigo, el radicalismo islámico les ofrecería la posibilidad de pertenecer a un grupo y a un universo de valores claramente definido. La dimensión religiosa vendría determinada por la necesidad de encontrar respuesta a preguntas tales como:“¿quién soy? o “¿cuál es el significado de la vida?” Estas preguntas implican para la mayoría de jóvenes musulmanes preguntarse qué significa ser musulmán. Esta búsqueda es para algunos más intensa que para otros, ya sea porque parten de dudas existenciales mayores o por determinadas experiencias vividas. Para estos jóvenes una lectura ortodoxa del Islam ofrecería significado y estabilidad. Al mismo tiempo, esto les haría más conscientes de las “debilidades” del mundo occidental y de la necesidad de purificar el mundo de sus perversiones e inmoralidad. Este sentimiento, y la percepción de que sólo el Islam puede salvar el mundo, es lo que Buijs, Demant y Hamdy han definido como la dimensión religiosa del radicalismo islámico. Finalmente, muchos jóvenes musulmanes se sienten excluidos y discriminados. En 2003 el 74% de los inmigrantes de origen marroquí pensaba que había discriminación en los Países Bajos y el 37% se había sentido alguna vez directamente discriminado (Dagevos et al, 2003). Según la investigación de Buijs, Demand y Hamdy, los jóvenes musulmanes con estudios medios y altos se sienten especialmente discriminados: sienten que han hecho todo lo que han podido para mejorar su situación y, sin embargo, siguen ocupando posiciones muy 179

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por detrás de las de los jóvenes de origen holandés con estudios similares. Por ejemplo, sienten que se les ofrecen trabajos de prácticas con menor facilidad o que les es mucho más difícil encontrar trabajo. Esto lleva a sentimientos de rabia y frustración. Sentimientos también de injusticia que se ven amplificados por la situación de “opresión vivida por sus hermanos musulmanes” en países como Iraq, Chechenia, Palestina o Afganistán. Estos sentimientos llevarían a algunos jóvenes musulmanes a rechazar todo lo occidental y abrazar la ideología de la Yihad. Esto sería, según Buijs, Demant y Hamdy, la dimensión activista política del radicalismo islámico. Partiendo de estas tres dimensiones como posibles causas de los procesos de radicalización islámica, Slootman y Tillie analizan distintos barrios de Ámsterdam y concluyen que, aunque no hay evidencia de una mayor presencia de radicalismo islámico, sí existen todos los factores que parecen promoverlo. En estos barrios la cohesión social es mínima, hay miedos y malentendidos mutuos entre los distintos grupos, los holandeses de origen se expresan a menudo con un lenguaje intolerante y negativo respecto a los musulmanes y, los jóvenes de origen inmigrante expresan a menudo su insatisfacción hacia los Países Bajos y el mundo occidental en términos de “nosotros-ellos”.Ante esta situación, Slootman y Tillie concluyen su análisis con una serie de recomendaciones. Estas recomendaciones proponen evitar la percepción de oposición entre un nosotros y un vosotros, reducir el sentimiento de discriminación y el aislamiento social, incrementar la confianza con las instituciones públicas, promover el movimiento asociativo y las relaciones entre las distintas asociaciones, hacer más visible la diversidad del Islam y reducir la influencia del Islam ortodoxo. En términos más concretos, estas recomendaciones se traducirían en medidas tales como apoyar a las mezquitas en su relación con jóvenes radicales, mantener contacto con grupos de jóvenes en proceso de radicalización para que permanezcan comprometidos con la sociedad o formar profesores para reconocer estos procesos y saber cómo tratarlos (Slootman y Tillie, 2006: 102-107). 6. CONFLICTO EN TORNO AL ISLAM El 2 de noviembre de 2004 Theo van Gogh, director de cine y personaje controvertido del mundo intelectual de Ámsterdam, fue asesinado. Un año antes Theo van Gogh había dirigido junto a Hirsi Ali la película “Submission”, donde se mostraba como el Corán relegaba a las mujeres a una situación de inferioridad. En el momento de su muerte Theo van Gogh estaba dirigiendo la película 0605, sobre el asesinato del político Pim Fortuyn dos años antes. El asesinato de Theo van Gogh se produjo en una calle del este de Ámsterdam cuando éste se dirigía a su trabajo.Theo van Gogh fue derribado de su bicicleta por un disparo. Una vez en el suelo, el asesino Mohammed Bouyeri lo remató a tiros, lo apuñaló varias veces y finalmente lo degolló. Posteriormente, clavó una carta con un cuchillo en su pecho. Firmada en nombre de Alá, en esta carta Mohammed Bouyeri amenazaba de muerte a Hirsi Ali y la acusaba de ser usada por los enemigos para atacar el Islam. Además, mencionaba a otros dos políticos: Jozias van Aartsen, líder del Partido Liberal, y Job Cohen, alcalde de Ámsterdam y judío. Otros políticos fueron posteriormente incluidos en la lista negra, entre ellos, Ahmed Aboutaleb, concejal de Ámsterdam para la Diversidad y musulmán practicante de origen marroquí. El asesinato y la forma ritual en que se produjo provocó una enorme conmoción en los Países Bajos. Justo después del asesinato, el alcalde de Ámsterdam Job Cohen dio una rueda 180

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de prensa en la que expresó su rabia y disgusto y anunció una manifestación para esa misma noche en la plaza Dam. La manifestación, convocada para protestar en contra del asesinato de Theo van Gogh y a favor de la libertad de expresión, contó con más de 20.000 personas con pancartas, cazuelas y sirenas. En el centro de la plaza se montó un escenario desde el que hablaron el alcalde Job Cohen y la ministra de Inmigración e Integración, Rita Verdonk. Cohen insistió en la importancia de la libertad de expresión por encima de todo. Citando aVoltaire, dijo que siempre lucharía por el derecho de expresión de sus oponentes. En una línea muy distinta, Rita Verdonk interpretó el asesinato como un ataque a aquellos que, como Theo van Gogh y ella misma, defendían la necesidad de integración de los inmigrantes y, en concreto, de los musulmanes. En los días siguientes, las declaraciones de políticos, intelectuales y otros personajes públicos se sucedieron en los medios de comunicación. Uno de los primeros en hablar fue Ahmed Aboutaleb, concejal de Ámsterdam para la Diversidad. Además de defender la libertad de expresión, tal como había hecho Job Cohen horas antes, Aboutaleb pidió la cooperación de la comunidad musulmana para prevenir procesos de radicalización y acabó afirmando que aquellos que no siguieran la ley debían “coger las maletas e irse”. En los siguientes días, los shows televisivos se convirtieron en el escenario principal por donde pasaron distintos políticos así como algunos miembros del grupo autodenominado “amigos de Theo”. Los “amigos de Theo”, un grupo de escritores, periodistas y directores de cine, culparon de inmediato a los políticos de tradición multiculturalista de haber ignorado “los lados oscuros del Islam”. En sus comentarios y acusaciones, se hacía especial referencia (a veces implícita, otras explícita) al alcalde de Ámsterdam, John Cohen, y a su conocido discurso sobre la diversidad cultural. En paralelo a estas declaraciones y acusaciones cruzadas, entre el 2 y el 30 de noviembre se produjeron 174 sucesos violentos. El 61% de estos sucesos fue contra instituciones o símbolos islámicos y el 19% contra instituciones católicas o protestantes (Donselaar y Rodrigues, 2004). En concreto, el 5 y 6 de noviembre hubo ataques a mezquitas en IJsselstein, Utrecht y Groningen. El 7 de noviembre explotó una bomba en la entrada de una escuela musulmana de primaria en Eindhoven. Durante el 8 y 9 de noviembre se produjeron otros ataques a mezquitas, iglesias, escuelas islámicas, católicas y protestantes. El 13 de noviembre una pequeña mezquita en Helder, en la provincia de Limburg, quedó completamente destruida por el fuego provocado por jóvenes radicales de extrema derecha (véase Witte y otros 2005). Todavía más dramática fue la destrucción de otra escuela musulmana de primaria en Uden el 1 de diciembre. Esta vez aparecieron pintados en las paredes símbolos del “white power” y referencias al asesinato de Theo van Gogh. Esto creó especial conmoción entre la comunidad musulmana holandesa y llevó a algunos políticos holandeses, incluido el primer ministro Balkenende, a denunciar los ataques en contra de los musulmanes. 7. ACTORES DEL CONFLICTO 7.1. Mohammed Bouyeri Mohammed B., así es como se ha llamado Mohammed Bouyeri en los medios de comunicación, nació cerca de Ámsterdam en 1978. Uno de sus profesores de primaria lo describe como un buen estudiante y como alguien que quería tener éxito en la vida. Otro profesor lo recuerda como un estudiante tímido y atento que necesitaba muchas horas de estudio para ponerse al día. Mohammed B. empezó varios estudios relacionados con empresariales y contabilidad. En paralelo, trabajaba en un centro social de barrio como 181

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editor de un periódico local y miembro de un grupo de jóvenes (véase Buijs, Demant y Hamdy, 2006). Entre 2001 y 2003 una serie de acontecimientos parecen haber influenciado su giro hacia posiciones más radicales. A nivel personal, su madre murió de cáncer en 2001 y su padre volvió a casarse en 2003. A nivel profesional, en 2002 el Gobierno holandés le denegó financiación para fundar un centro de barrio desde el que, entre otras cosas, Mohammed B. y sus compañeros querían ofrecer clases de refuerzo escolar. Este último hecho le llevó, una vez más, a denunciar la situación de discriminación de los musulmanes en los Países Bajos. En concreto, en una discusión sobre el barrio multicultural, Mohammed B. denunció que “nosotros los marroquíes sólo se nos ve bien como contactos siempre y cuando no tomemos ninguna iniciativa”. En octubre de 2002 publicó un informe (Islam en Ámsterdam del Oeste) en el que llamaba la atención sobre la distancia entre padres e hijos y en el que pedía que las mezquitas se involucraran más. En este informe, Mohammed B. se presentaba como puente entre los distintos grupos y como alguien que partía del Islam como principal fuente de inspiración. A partir de entonces, Mohammed B. dejó los estudios y empezó a interesarse más directamente por los teóricos del wahabismo y el radicalismo islámico.A inicios de 2004, meses antes de asesinar a Theo van Gogh, Mohammed B. justificó en varios artículos la necesidad e inevitabilidad de la violencia. En la introducción a un libro, escribió que “los enemigos del Islam están trabajando paso a paso en la destrucción del Islam y los llamados defensores del Islam (que por esta razón representan el mayor tumor de la Ummah islámica) pretenden no verlo”.Y sigue a continuación, “es esencial tomar distancia de los no creyentes y combatirlos (...). Tomar distancia de los no creyentes quiere decir: odiarlos, mostrarles violencia, aburrirlos y luchar contra ellos”. Mohammed B. fue detenido cerca del lugar del asesinato. En el momento de su detención, recitó un poema en el que expresaba su deseo a morir como un mártir. El poema empezaba con los siguientes versos: “esto es entonces mi última palabra, penetrado por balas, bañado en sangre, como había esperado”. En el juicio, celebrado en julio de 2005, Mohammed B. explicó que no lo había hecho por odio sino porqué su religión le obligó: “me he dejado guiar por la ley que me obliga a cortar la cabeza de todo aquel que insulta a Allah y el profeta”.También dijo que lo haría otra vez. Mohammed B. fue condenado a cadena perpetua por asesinato con intención terrorista, intento de asesinato a testigos y policías y por obstaculizar el trabajo de una parlamentaria (Hirsi Ali). 7.2. Cohen y Aboutaleb Tanto el alcalde de Ámsteram, Job Cohen, como Ahmed Aboutaleb, el concejal de Ámsterdam para la Diversidad, leyeron el asesinato de Theo van Gogh como un ataque a la libertad de expresión. Por ejemplo, la misma noche del asesinato, Cohen dijo refiriéndose a Theo van Gogh:“Theo discutía con todo el mundo.También conmigo.Y esto tiene que ser posible en este país”. Al mismo tiempo, en contra de lo que denunciaban sus críticos y oponentes, tanto Cohen como Aboutaleb defendieron la necesidad de continuar con una política que tuviera en cuenta la diversidad cultural o, dicho en sus propios términos, que “mantuviera el todo unido” (en holandés “de boel bij elkaar houden”). Así lo anunciaba Cohen en el concejo municipal el día después del asesinato: “os puedo contar qué haré y qué estoy haciendo. Sí, mantener el todo unido. Todo el mundo lo sabe. Se puede ser cínico, no me importa”. Desde el programa televisivo Barend & Van Dorp, Aboutaleb defendió lo mismo:“no hay alternativa a la linea de Cohen, tenemos que mantenerla (...). Mantener el todo unido es la obligación constitucional del alcalde”. 182

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Hajer y Uitermark (2008) observan como, a pesar de la continuidad en los términos y discursos, “el mantener el todo unido” pasó a significar algo distinto. Mientras que antes del asesinato de Theo van Gogh “mantener el todo unido” significaba comprensión y diálogo, después pasó a ser sinónimo de dureza. Por ejemplo, Aboutaleb, usando una retórica más propia de sus oponentes, reivindicó reiteradamente la importancia de cumplir la ley y seguir las normas y valores comunes. En su famoso discurso en la mezquita de AlKabir, el día después del asesinato de Theo van Gogh, anunciaba: “soy un fuerte defensor de la ciudad diversa en la que hay sitio para cada uno. Sin embargo, una ciudad de la diversidad sólo puede prosperar si tenemos un acuerdo sobre los valores centrales a los que nos tendríamos que adherir todos. En una sociedad abierta como la holandesa no hay sitio para aquellos que no comparten estos valores comunes. La libertad de religión y de expresión y el principio de anti-discriminación son los valores más importantes. Cualquiera que no comparta estos valores, tendría que saber sacar sus conclusiones e irse”. A diferencia del discurso mantenido por Rita Verdonk, Wilders y los amigos de Theo van Gogh, cuando Aboutaleb anima a todo aquel que no quiera cumplir la ley a marcharse, no se refiere a los musulmanes sino a los “mal intencionados”. En este sentido, tal como indican Hajer y Uitermark (2008), Aboutaleb pasó a usar los términos de sus antagonistas pero sustituyendo la oposición marroquíes versus holandeses o musulmanes versus no musulmanes por la de “bien intencionados” versus “mal intencionados”.Al usar los mismos argumentos pero cambiando los términos de la dicotomía, Cohen y Aboutaleb pudieron seguir defendiendo la necesidad de continuar con una política de la diversidad. 7.3.Verdonk,Wilders y otros Los oponentes al discurso multiculturalista de Cohen y Aboutaleb empezaron también denunciando y reclamando el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, esta denuncia pronto fue dirigida explícita y directamente a los musulmanes. Desde el programa de televisión Buitenhof, la ministra de Inmigración e Integración, Rita Verdonk, atribuyó el asesinato de Theo van Gogh al hecho de que los musulmanes todavía no estaban acostumbrados a la democracia holandesa:“me gustaría señalar que en este momento tenemos en los Países Bajos una comunidad musulmana con un nivel de aguante inferior al del holandés medio, también al del holandés creyente”. Con este tipo de declaraciones, la dicotomía inicial entre los partidarios de la libertad y sus oponentes quedó rápidamente desplazada por el binomio musulmanes versus no musulmanes. El discurso anti-Islam iniciado por Bolkestein, Pim Fortuyn e Hirsi Ali años atrás, quedó así reforzado y para muchos confirmado. Al mismo tiempo, el día después del asesinato de Theo van Gogh, uno de los mayores periódicos holandeses (Volkskrant) abría su portada con el siguiente título:“El asesinato es el inicio de la Guerra Santa en los Países Bajos”. Ese mismo día el líder del Partido Liberal (Jozias van Aartsen) comparó la situación con la Guerra Fría y, a continuación, dijo que la guerra tenía que llevarse a todos los frentes: a favor de la libertad de expresión y en contra de las ideas de los musulmanes radicales. En una linea similar, el viceprimer ministro Zalm (también del Partido Liberal) dijo:“declaramos la guerra.Vamos a llevar la guerra en contra de este tipo de extremismo y radicalismo.Vamos a desplegar medidas extraordinarias en todos los frentes”. Como indican Hajer y Maussen en su análisis sobre los discursos políticos tras el asesinato de Theo van Gogh (2004), estas imágenes de guerra y terror fueron usadas para anunciar y reivindicar que las palabras ya no eran suficientes y que había llegado el momento para la acción. Por ejemplo, Geert Wilders propuso la deportación, “preferiblemente 183

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pasado mañana” e “incluso si todavía no había cometido ningún crimen”, de toda persona identificada como sospechosa por los servicios secretos (AIVD). En la misma dirección, el ministro Donner planteó que los musulmanes radicales tenían que poder ser detenidos sólo por su aspecto físico. Llevando el argumento un poco más allá, Wilders acabó amenazando con la desnaturalización: “Tienen una doble nacionalidad. Entonces tienes que sacarles la holandesa, dejar que lo sientan”. En noviembre de 2004, tras el asesinato de Theo van Gogh, el Gobierno holandés aprobó una propuesta de la Ministra Verdonk para quitar el pasaporte a aquellos holandeses que habían cometido un acto criminal contra el Estado. Este tipo de propuestas no se daban en los Países Bajos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se retiró el pasaporte y la nacionalidad de los holandeses colaboracionistas. Con este tipo de declaraciones y propuestas se empezó a dibujar una nueva dicotomía entre los “holandeses de verdad” y los “holandeses por papeles”. A estos últimos se los empezó a pensar y a presentar como deportables y des-naturalizables. Junto con esta distinción entre los “holandeses de verdad” y los “holandeses por papeles”, se insistió nuevamente en el fracaso de la integración de los inmigrantes. Aunque esta idea ya estaba muy presente desde Pim Fortuyn, el asesinato de Theo van Gogh fue interpretado por muchos como la confirmación definitiva de este fracaso. La causa de este fracaso se atribuía a las políticas multiculturalistas de los ochenta y noventa. La alternativa era, de nuevo, la acción y el “ser duros”. En este contexto,“ser duros” implicaba (y sigue implicando) más cursos de ciudadanía para la integración, más exigencias y exigencias más duras, menos subsidios para las organizaciones de inmigrantes y menos palabras sobre la diversidad, la comprensión y el diálogo. 7.4. Los amigos de Theo van Gogh En los medios de comunicación, los amigos de Theo van Gogh se presentaron, y fueron presentados, como el permanente antagonista de Cohen y de los discursos sobre la diversidad cultural y el respeto y comprensión mutuas propios del Ayuntamiento de Ámsterdam. El mismo día de la muerte de Theo van Gogh, tras la rueda de prensa ofrecida por el alcalde Job Cohen, Heleen van Rooyen, escritora y amiga de Theo van Gogh, exclamó desde uno de los principales noticiarios del país:“no escucho rabia en Cohen, quiero escuchar rabia!” Tres días después de la muerte de Theo van Gogh,Theodor Holman leyó desde el programa de televisión Barend & Van Dorp una carta abierta a Mohammed B. y firmada por los amigos de Theo van Gogh. La carta, en tono claramente irónico, empezaba de la siguiente manera:“Estimado Mohammed y amigos, qué pena que todo llegara a este punto. No teníamos ni idea que fuera una cuestión tan delicada. Hemos aprendido la lección. ¿Cómo está tu pierna? Intentemos mantener el todo un poco unido, con un poco de respeto mutuo tendría que funcionar. Nos podrías dar algunas claves sobre ¿qué poder decir en el futuro? (...) Esperamos que esta carta no contenga nada que pueda herirte a ti o a tus compañeros creyentes. Por favor, perdónanos, nosotros también estamos un poco confusos”. En esta carta aparecen claramente definidos los principales argumentos de los amigos de Theo van Gogh. En primer lugar, Mohammed B. es relacionado o directamente equiparado al conjunto de los creyentes musulmanes. En otras palabras, el radicalismo islámico se hace extensible a todos los musulmanes y, con ello, se establece una frontera infranqueable entre el nosotros y los otros musulmanes. En segundo lugar, parodiando el discurso de Cohen y sugiriendo su complicidad con los “otros”, los amigos de Theo van Gogh se presentan como continuadores de su batalla en contra de los discursos multiculturalistas y de lo políticamente correcto. En la misma línea de Rita Verdonk, el mensaje de los amigos de 184

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Theo van Gogh es muy claro: ha llegado la hora de dejarse de discursos conciliadores, de atacar frontalmente a los radicales islámicos (y, por extensión, a todos los musulmanes) y de exigir la asimilación definitiva de los inmigrantes (y, en concreto, de los musulmanes). 7.5. Medios de comunicación En los días siguientes al asesinato, la mayoría de políticos y amigos de Theo van Gogh pasaron por el programa televisivo de discusión Barend & Van Dorp y los periódicos se dedicaron no sólo a analizar sino también a evaluar las distintas respuestas. Este protagonismo de los medios de comunicación tuvo efectos importantes sobre los términos y contenido de la discusión. En este sentido, los medios de comunicación no sólo fueron un espacio de debate e información sino que se convirtieron en creadores y transformadores de discurso. En concreto, según Hajer y Uitermark (2008), los medios de comunicación transformaron las posiciones de los distintos actores en una única y a menudo impactante línea argumental. Por ejemplo, Aboutaleb se identificó con una sola frase: “si no os gusta lo de aquí, marcharos” o, más efectista aún, “coged las maletas”. A partir de estas palabras, acompañadas siempre de imágenes donde Aboutaleb aparecía rodeado de guardaespaldas, los medios de comunicación construyeron la imagen de un político valiente, que habla bien alto y con una posición firme. Esta necesidad de argumentos únicos e impactantes tuvo un doble efecto. En primer lugar, hizo que los medios de comunicación se centraran sobre todo en aquellos políticos con una retórica más emotiva y efectista. En este sentido, no es de extrañar que Aboutaleb apareciera en la televisión en 26 ocasiones en comparación con las 15 ocasiones de Cohen, con un discurso más institucional y siempre apelando a la calma. En segundo lugar, el énfasis en los mensajes únicos y sin matices fue acompañado por la necesidad de establecer alianzas y oposiciones entre los distintos actores. Por ejemplo, mientras que Cohen y Aboutaleb fueron siempre presentados de la mano, los amigos de Theo van Gogh fueron repetidamente invitados por su papel de antagonistas en el drama. Frases como la de Heleen van Rooyen en uno de los principales noticiarios del país (“No escucho rabia en Cohen, quiero escuchar rabia!”) fueron no sólo dichas en los medios de comunicación sino buscadas y amplificadas por ellos (véase Hajer y Uitermark, 2008). 7.6. Grupos de jóvenes Una parte de los ataques a mezquitas, escuelas u otras instituciones o símbolos islámicos fue atribuida a los llamados “jóvenes lonsdale”. Este término es usado popularmente para referirse a jóvenes vestidos con chaquetas bomber (de la marca inglesa Lonsdale) y de extrema derecha. En la mayoría de casos, sin embargo, se trata de jóvenes interesados en la música hardcore, vestidos sí con chaquetas bomber pero sin un particular interés en la política o la ideología de extrema derecha. En los últimos años, la confrontación entre jóvenes de origen holandés (lonsdale o no) y jóvenes de origen inmigrante parece haber ido en aumento. Según han indicado distintos informes, esta confrontación sería resultado no tanto de una ideología de extrema derecha sino más bien de sentimientos xenófobos, nacionalistas y de frustración con la sociedad multicultural (AIVD, 2006;Witte, Brassé y Schram, 2005). En la mayoría de casos, se trata de un proceso de acción y reacción entre los distintos grupos. Desde esta perspectiva, los sucesos violentos que siguieron al asesinato de Theo van Gogh deben explicarse en el contexto de las tensiones y frustraciones de la sociedad multicultural. En consecuencia, tal como concluyen estos informes, tienen unas dimensiones e implicaciones mucho mayores que si de un grupo aislado de jóvenes de extrema derecha se tratara. 185

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8. RESPUESTAS INSTITUCIONALES 8.1. El caso de Ámsterdam Desde el Ayuntamiento de Ámsterdam siempre se ha presentado la inmigración y la diversidad cultural como un rasgo característico y definitorio de la ciudad. Mientras que en los años ochenta la diversidad cultural se entendía como un mosaico de culturas y comunidades diferenciadas, a partir de los noventa diversidad cultural pasó a significar estilos de vida y opciones individuales distintas. Esta nueva aproximación a la diversidad cultural quedó plasmada en el slogan del Ayuntamiento de Ámsterdam “Todos somos distintos, todos somos de Ámsterdam” (Maussen, 2006a). Siendo la diversidad cultural producto de la opción individual de cada uno de los ciudadanos, las organizaciones de inmigrantes y las mezquitas dejaron de entenderse como centros sociales dentro de un grupo o comunidad para pasar a percibirse (por el Ayuntamiento pero también por los propios actores) como puntos necesarios de encuentro entre personas con culturas distintas. Los debates que rodearon las negociaciones sobre la construcción de la mezquita de Ayasofia en el barrio de De Baarsjes ilustran perfectamente esta idea (Lindo, 1999). Para los defensores del proyecto, la mezquita de Ayasofia tenía que convertirse en la mezquita del Oeste de Ámsterdam, es decir, en el sitio de encuentro para los vecinos turcos y no turcos del barrio. En este sentido, no es de extrañar que las políticas que siguieron el asesinato de Theo van Gogh enfatizaran precisamente el diálogo y la comprensión mutua desde la diferencia como mejor forma para combatir el terrorismo, resistir el radicalismo y prevenir la polarización. El programa más significativo ha sido el llamado “Nosotros la gente de Ámsterdam”.Vigente desde 2005, este programa pretende desarrollar un sentimiento común de identificación con la ciudad, fomentar el diálogo entre los ciudadanos, estimular el conocimiento y debate en torno al Islam dentro y fuera de la comunidad musulmana, y promover la igualdad de trato y la inclusión social de todos los ciudadanos de Ámsterdam. La necesidad de desarrollar un sentimiento común de identificación en torno a la ciudad parte de un doble supuesto. Primero, se asume que la identidad local es más inclusiva que la nacional. Distintas encuestas de opinión han mostrado que para inmigrantes marroquíes y turcos es más fácil identificarse con la ciudad que con el país o el hecho de ser holandés. Estos resultados, de hecho, confirman la idea de que las identidades urbanas son por definición más dinámicas y abiertas a lo culturalmente distinto. Segundo, el énfasis en el nosotros se piensa como la mejor manera de reforzar los valores democráticos. En el programa “Nosotros la gente de Ámsterdam”, el nosotros y la necesidad de unas normas de convivencia y tolerancia se presentan como conceptos indesligables: “todos los ciudadanos de Ámsterdam (...) están en contra de la violencia y aceptan las reglas básicas de nuestra sociedad. Por eso, el Ayuntamiento intenta reforzar el sentimiento local del nosotros en el contexto de la elección colectiva por las normas democráticas. Por ejemplo, mediante slogans como “no aceptamos el extremismo” o “Ámsterdam es intolerante con la intolerancia” (citado por Maussen, 2006a: 72). Para prevenir el radicalismo y la polarización, este programa promueve también la comunicación y el diálogo entre personas de culturas distintas y, en concreto, entre musulmanes y no musulmanes. Para ello se han organizado debates en centros culturales de la ciudad, se ha promovido la creación de centros sobre cultura árabe e Islam y, sobre todo, se ha animado a las mezquitas a organizar debates sobre el Islam donde los vecinos del barrio (musulmanes y no musulmanes) puedan expresar sus opiniones o dudas y, así, abrir un 186

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espacio para la discusión directa sobre estos temas.Además, para prevenir la discriminación y la exclusión, se han abierto oficinas para facilitar la denuncia de situaciones de discriminación. Por ejemplo, en 2005 se abrió en el barrio de De Baarjes un nuevo centro para la denuncia de casos de discriminación. Según los fundadores de este centro, los centros existentes no estaban suficientemente adaptados a aquellas personas que no están acostumbradas a denunciar casos de discriminación. Con argumentos similares, otros centros ya existentes han intentado desarrollar iniciativas para facilitar la denuncia de casos de discriminación y alentar a la gente a defender sus derechos. Finalmente, para prevenir la radicalización de ciertos grupos de jóvenes musulmanes, se han iniciado una serie de proyectos como, por ejemplo, la organización de conferencias para que los funcionarios públicos ampliaran sus conocimientos sobre el Islam; la producción de materiales educativos sobre los valores de las sociedades occidentales y el estado de derecho; la realización de una serie de estudios para identificar las causas y tendencias de los radicalismos y, con ello, señalar unas pautas básicas para la identificación de situaciones de riesgo; el desarrollo de un protocolo e infraestructura de gestión de situaciones susceptibles de llevar a la polarización y el conflicto; y, finalmente, la búsqueda de un “diálogo crítico” con las mezquitas y movimientos de tendencias más ortodoxas y/o extremistas. 8.2. El caso de Rotterdam Las políticas de Rotterdam siempre fueron dirigidas a promover la integración de los inmigrantes. Esto quiere decir que los inmigrantes o, en sus propios términos, “las minorías étnicas tenían que adaptarse en gran medida” a la sociedad y cultura holandesa. Desde esta perspectiva, integración significaría conocimiento de la lengua holandesa, participación en la sociedad y cultura holandesas, y aceptación de normas y valores comunes. Sin embargo, como se indicaba en varios textos oficiales de 1985 y 1992, “no hace falta que los inmigrantes se conviertan en holandeses medios”. Así, con el objetivo de facilitar la práctica del Islam, en la década de los ochenta el Ayuntamiento desarrolló una de las primeras políticas municipales en Europa para mejorar y regular el establecimiento de mezquitas (Demant, Maussen, Rath, 2007: 56). Además, desde 1988, el Ayuntamiento ha dado apoyo a la plataforma de organizaciones musulmanas SPIOR, creada con el objetivo de desarrollar proyectos para la población musulmana y funcionar como interlocutor con las autoridades municipales. Entre 2002 y 2006, después de décadas de gobierno socialdemócrata, el Ayuntamiento pasó en manos de una coalición de tres partidos: el partido de Pim Fortuyn, los cristianodemócratas y los liberales. Durante este periodo, las políticas de integración pasaron a ser uno de los temas clave. De hecho, el partido de Pim Fortuyn obtuvo muy buenos resultados en las elecciones municipales de 2002 gracias a sus críticas sobre las políticas de integración y, más en general, sobre la sociedad multicultural y la islamización de la cultura holandesa. El programa político que se desarrolló a partir de entonces pasó a centrarse en cuestiones como la seguridad, la ilegalidad, la cohesión social y la necesidad de limitar la presencia de ciudadanos sin recursos. Desde esta perspectiva, el Islam se mencionaba a menudo como obstáculo para la integración y como causa de todo tipo de problemas sociales.Así, por ejemplo, se presentaron propuestas para prohibir la construcción de mezquitas con un estilo arquitectónico “fuera de lo normal”. Con tal de promover la modernización del Islam, entre 2003 y 2005 se desarrolló un programa (con el nombre de “Islam e Integración”) para organizar encuentros entre expertos y promover el debate a nivel municipal y de distrito. En la misma dirección, se 187

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desarrolló un plan (“Islam en discusión”) para promover el debate en torno al Islam. Este plan tenía tres objetivos: primero, fomentar iniciativas que contribuyesen a la discusión interna entre musulmanes sobre cuestiones como la emancipación de la mujer, la integración y la radicalización; segundo, potenciar el entendimiento mutuo entre los ciudadanos de Rotterdam mediante la organización de debates a nivel de distrito y de barrio; y tercero, impulsar un debate público más amplio (incluyendo expertos) sobre el Islam. Analizando las discusiones internas entre musulmanes, Maussen (2006a: 117-118) observa una serie de constantes. En primer lugar, parece ser que muchos musulmanes compartían un importante sentimiento de “nosotros” y “los otros”. De estas discusiones se desprende también que muchos musulmanes se sentían cada vez más excluidos. Según los participantes, este sentimiento era consecuencia no de un cambio en la comunidad musulmana sino en la sociedad holandesa en general. Además, muchos de ellos denunciaron que demasiado a menudo se los percibía como un grupo homogéneo y cerrado. En contraste, muchos de los participantes hacían la distinción entre religión y cultura.Además, denunciaban el seguir siendo categorizados como inmigrantes (allochtoon), incluso tratándose de la segunda o tercera generación. Citando las palabras de uno de los participantes: “hemos vivido mucho tiempo con el sentimiento de ser inmigrantes. Tenemos que desprendernos de este sentimiento” (citado por Maussen, 2006a: 118). Los debates a nivel de distrito o barrio se centraron en cuestiones como el conflicto entre jóvenes marroquíes y holandeses de origen o las limitaciones lingüísticas de la primera generación. En la mayoría de debates, como señala Maussen (2006a: 120), se estableció la oposición musulmanes versus no musulmanes. En este sentido, un representante del Consejo de Rotterdam para la Acción Antidiscriminatoria (RADAR) observó:“me parecieron discusiones especialmente terribles (...) todos los problemas se atribuían al Islam. Se discutía sin dialogar, no se ponían las cosas en contexto” (citado en Maussen, 2006a: 120). Según Maussen (2006a: 120), los únicos debates que realmente lograron romper esta oposición entre musulmanes y no musulmanes y dejar de lado la cuestión del Islam fueron los debates que se centraron en cuestiones más concretas relacionadas con la vida cotidiana de barrio. En 2004 el Consejo de Rotterdam para la Acción Antidiscriminatoria (RADAR) propuso organizar unos encuentros para discutir la discriminación. Una de las cuestiones claves de la discusión fue cómo los medios de comunicación y el debate público sobre el Islam en Rotterdam contribuían a la polarización y exclusión. Por ejemplo, se discutió la discriminación de las mujeres musulmanas por llevar velo. En particular, se notó una doble dificultad para actuar en contra de esta discriminación: primero, la legislación holandesa hacía difícil denunciar estos casos; y segundo, los políticos de Rotterdam contribuían a esta discriminación proponiendo, por ejemplo, prohibir el uso del velo a los funcionarios. Analizando estas cuestiones, RADAR sugirió que una política antidiscriminación y para la inclusión social tenía que tomar en cuenta la manera como el Islam y la integración eran discutidos en los medios de comunicación y, en concreto, analizar y denunciar cómo estas cuestiones eran tratadas por la élite política. Tras el asesinato de Theo van Gogh, el Ayuntamiento de Rotterdam desarrolló un programa para evitar procesos de radicalismo islámico.Titulado “Participa o quédate al margen. Programa contra la radicalización y por las oportunidades para la gente de Rotterdam”, este programa tenía un triple objetivo: evitar, controlar y reprimir casos de radicalismo islámico. La dicotomía, esta vez, se construyó en términos de inclusión/exclusión. Esto queda claramente ilustrado en uno de los documentos oficiales del Ayuntamiento: “Rotterdam no da espacio a la radicalización y el extremismo y trabaja para la convivencia de todos los ciudadanos de Rotterdam. El principio de inclusión/exclusión es central. Esto significa que cada 188

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ciudadano de Rotterdam (independientemente de su nacionalidad y religión) que quiera participar activamente en la sociedad tiene que tener plenas oportunidades y recibir ayuda en caso necesario. Esto significa también que aquellos que elijan no participar se excluyen a si mismos y por ello serán tratados con mano dura” (citado en Maussen, 2006a: 146). Por un lado, este programa no se alejó mucho de las medidas desarrolladas en Ámsterdam tras la muerte de Theo van Gogh: incrementar las relaciones con las organizaciones musulmanas y mezquitas, estimular el debate entre los distintos grupos e insistir en las normas y valores comunes. Por otro lado, siguiendo el argumento de que aquellos que no quisieran participar “quedarían al margen”, se desarrollaron toda una serie de medidas de exclusión. Por ejemplo, el concejal Van den Anker promovió en noviembre de 2005 que aquellos musulmanes que forzaran a su hija a casarse con un musulmán tenían que ser excluidos, tanto desde el gobierno como por los ciudadanos. En sus propias palabras, se trataría “de una exclusión moral” para aclarar que “posiciones de otras culturas fuera de la holandesa aquí no son válidas” (citado en Maussen, 2006a: 148). En la misma dirección, en enero de 2006 se publicó una especie de código de conducta (el llamado Código de Rotterdam) donde se establecían los valores y normas de conducta de los habitantes de la ciudad. Aparte de rechazar la discriminación y estimular el uso del holandés en público, este código contenía puntos implícita y explícitamente dirigidos a la población musulmana. Por ejemplo, se establecía la obligación de avisar a la policía en casos de radicalismo y se prohibía el casamiento forzado o la violencia y presión psíquica sobre las mujeres en relación a su virginidad. Este tipo de medidas de exclusión han sido muy criticadas por fomentar una mayor radicalización. Mohamed Talbi, un portavoz del grupo de trabajo de las Organizaciones Marroquíes de Rotterdam, observó: “la exclusión de jóvenes de todo tipo de servicios cuando están a punto de radicalizarse es una medida contraproductiva. El Ayuntamiento no entiende que una medida así fomentaría precisamente la radicalización en lugar de combartirla” (citado por Maussen, 2006a: 148). 9. CONCLUSIONES El asesinato de Theo van Gogh y la discusión y actos violentos que le siguieron no pueden analizarse como acontecimientos aislados.Tal como se ha descrito a lo largo de este informe, estos acontecimientos forman parte de todo un proceso de polarización en torno al Islam que empezó a principios de los años noventa con el desarrollo de un discurso antiIslam. Al mismo tiempo, el asesinato de Theo van Gogh agudizó los términos de la discusión. En concreto, el asesinato de Theo van Gogh fue interpretado por muchos políticos e intelectuales como una confirmación del fracaso de la integración en los Países Bajos y como una prueba más del talante poco democrático del Islam. El resultado ha sido una mayor discriminación y sensación de exclusión por parte de la población musulmana. Ante esta situación, las respuestas de los ayuntamientos de Ámsterdam y Rotterdam han sido relativamente distintas. Desde el Ayuntamiento de Ámsterdam se siguió reclamando la diversidad cultural como algo propio y definitorio de la ciudad, y se promovió la identificación con la ciudad y el debate entre los ciudadanos como mejor manera de combatir el conflicto. Frases como “Todos somos distintos, todos somos de Ámsterdam” o “Ámsterdam es intolerante con la intolerancia” ilustran bien la estrategia seguida por el Ayuntamiento de Ámsterdam. En contraste, desde el Ayuntamiento de Rotterdam se optó por la exclusión “de lo que estuviera fuera de lo normal” o del que “quisiera quedarse al margen” o del que tuviera “otros valores que los de aquí”. Aunque también se promovió el debate y la discusión, se optó al mismo tiempo por definir un código de conducta (el 189

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llamado Código de Rotterdam) para excluir todo aquél que fuera distinto o fuera percibido como tal. Hasta el momento existe muy poca investigación sobre el efecto de estas políticas muncipales sobre los procesos de polarización y conflicto en torno al Islam. Sería preciso hacer una investigación empírica para evaluar sus efectos y ver hasta qué punto medidas distintas (como las de Ámsterdam y Rotterdam) han llevado a situaciones distintas. Lo que sí se puede decir, teniendo en cuenta los análisis hechos por Buijs, Demant y Hamdy (2006) y por Slootman y Tillie (2006), es que la percepción de discriminación y exclusión está en el centro de todo proceso de radicalización. Dicho en otras palabras, los discursos antiIslam o las políticas de exclusión de todo aquello considerado “fuera de lo normal” no pueden sino avivar el conflicto. En segundo lugar, siguiendo las conclusiones de algunos informes (AIVD, 2006; Witte, Brassé y Schram, 2005), también se puede concluir que la quema de mezquitas y escuelas islámicas tras el asesinato de Theo van Gogh no se puede atribuir a grupos aislados de jóvenes de extrema derecha, sino más bien a un creciente descontento y frustración hacia la sociedad multicultural. En consecuencia, una política orientada a prevenir la polarización y el conflicto en torno al Islam y la inmigración tendría que abordar dos cuestiones básicas. En primer lugar, tendría que invertir los términos de la discusión y acabar con el binomio nosotros/ellos, autóctonos/inmigrantes o no musulmanes/musulmanes tan presente en la opinión pública y, más grave todavía, tan propio de los discursos de los políticos en los Países Bajos. En segundo lugar, para evitar el descontento y la frustración hacia la sociedad multicultural, se tendrían que desarrollar toda una serie de medidas de tipo socioeconómico que permitieran mejorar la situación de la población de origen inmigrante pero también la de aquellos sectores más próximos que, precisamente por esta proximidad, pueden sentirse más “inquietos” o “amenazados” por su presencia. Este segundo tipo de medidas son de más difícil aplicación puesto que no se trata de políticas específicas de integración, sino más bien de políticas sociales más amplias en el contexto de un estado de bienestar que, para el caso de los Países Bajos, está en claro retroceso.

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7. INMIGRACIÓN, DELINCUENCIA Y DISCRIMINACIÓN EN BÉLGICA Fabienne Brion Universidad Universidad Católica de Lovaina Andrea Rea Universidad Libre de Bruselas

INMIGRACIÓN, DELINCUENCIA Y DISCRIMINACIÓN EN BÉLGICA

INTRODUCCIÓN La relación entre inmigración, delincuencia y discriminación se inscribe en la relación que ha construido el Estado, como forma histórica, entre el nacional y el extranjero. Bélgica ha conocido el mismo desarrollo que otros países europeos, en particular aquellos que nunca se han definido como Estados de inmigración. Así pues, la unificación nacional y la construcción de la identidad nacional, bastante difícil en Bélgica, han producido un nuevo código de la nacionalidad que inserta de modo duradero el rechazo del extranjero como “otro”. En efecto, el paso del Antiguo Régimen al Estado Nación ha ido acompañado de un cambio del fundamento de pertenencia a la nacionalidad: se ha pasado del derecho de suelo al derecho de sangre. La consanguinidad define las fronteras nacionales entre los individuos, la sangre se convierte en un límite social. La inmigración ha tenido que convertirse en Bélgica, como en otros países europeos (Países Bajos, Alemania), en un fenómeno definitivo y permanente para que se llevara a cabo, de nuevo, el cambio del jus sanguini al jus soli (Caestecker y Rea, 2002 ; Rea y Bietlot, 2007). La integración nacional condujo al desplazamiento de los antiguos límites sociales, los de clases sociales gracias a la generalización del sufragio universal, hacia los de la nacionalidad. En el origen de la cuestión de la relación entre delincuencia e inmigración, se encuentra el rechazo al extranjero indeseable. La figura de este último puede variar con el tiempo. En el momento de la independencia nacional se trata del invasor (el holandés y el francés en Bélgica) o del agitador político (el comunista); durante la guerra, es el espía (especialmente alemán) y con el desarrollo económico, es el inmigrante. Éste incluye diferentes caras de la amenaza. Se le puede percibir como amenaza para el orden social y económico, el orden público, la cultura o la sociedad. Sayad (1999) explicó que el modo en que concebimos la inmigración es fruto del pensamiento de Estado que refleja las estructura del Estado, tal y como han sido interiorizadas en el fuero más interno de cada individuo. Este proceso se adapta a los límites de la historia de las transformaciones del principio de división del “pueblo” (Kelsen, 1931) en un “pueblo-sujeto del poder” y un “pueblo-objeto del poder”. Esta distinción construye la oposición entre ciudadanos y no ciudadanos. El criterio para discriminar ha sido durante mucho tiempo la nacionalidad, hasta que la construcción europea vino a hacer más complejas las pertenencias. La integración de los inmigrantes y su transformación en nacionales añadió un fundamento a la discriminación. Al criterio jurídico de nacionalidad se añade el criterio social y simbólico del origen nacional y/o étnico. De este modo, la discriminación ha conducido a la creación de minorías étnicas y raciales, imaginadas y/o movilizadas.

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1. LA INMIGRACIÓN EN BÉLGICA La política de inmigración de Bélgica nace en el período comprendido entre las dos guerras. Los trabajadores extranjeros que proceden de los países limítrofes cumplen una función de adaptación coyuntural del mercado laboral (Martens, 1976). A diferencia de países como Estados Unidos o Canadá, Bélgica no se define como un Estado de inmigración. La primera legislación en materia de inmigración es de 1930. Esta política supone que los extranjeros que deseen trabajar en Bélgica deben obtener previamente la autorización de acceder al territorio, autorización que está subordinada a la obtención de un contrato de trabajo (Caestecker, 2000). Esta doble autorización previa establece el núcleo de la legislación de la inmigración con fines laborales, cuya filosofía no ha cambiado desde entonces. Después de la Segunda Guerra Mundial, Bélgica va a conocer dos ciclos migratorios diferentes; el primero se basa en un orden migratorio ordenado (1946-1974) y el segundo se basa en un orden migratorio sin control (1991-2007) (Rea, 2007). 1.1. El orden de las migraciones ordenadas : 1945-1974 Al final de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de mano de obra de apoyo es importante. Bélgica se encuentra en pleno período de reconstrucción nacional y la producción de carbón es insuficiente por falta de mineros. A pesar de las mejoras salariales, la población belga es menos proclive a trabajar en un sector que ostenta el récord de los accidentes laborales. Para ganar “la batalla del carbón”, Bélgica relanza la política de contratación de trabajadores inmigrantes, en base a la legislación de 1936. En 1946, esta orientación conduce a la firma de un protocolo con las autoridades italianas. La política de inmigración se caracteriza entonces por una contratación por contingentes.Tras la catástrofe de Marcinelle (1956), que provoca el cese de la emigración italiana hacia Bélgica, ésta recurre a otras fuentes de contratación para satisfacer sus necesidades de mano de obra en varios sectores de actividad (metalurgia, canteras, química, construcción, transportes, etc.). Bélgica firma diversos convenios bilaterales, en particular con España (1956), Grecia (1957), Marruecos (1964),Turquía (1964),Túnez (1969), Argelia (1970) y Yugoslavia (1970). A diferencia de otros países europeos, Bélgica no conoce ninguna inmigración colonial. Los congoleños llegarán a Bélgica bien en calidad de estudiantes, bien en la de solicitantes de asilo. En el transcurso de este primer ciclo migratorio, Bélgica adopta una política de inmigración bastante parecida a la de Francia,Alemania o Países Bajos, la del Guestworker. Esta fase de la política migratoria es ordenada. Se construye mediante convenios bilaterales, verdaderos canales migratorios que conducen a la llegada de un número limitado de nacionalidades diferentes de migrantes. Durante este periodo, llega un gran número de extranjeros a Bélgica, primero desde el sur de Europa y, posteriormente, desde Marruecos y Turquía. La migración se negocia entre la patronal, los sindicatos y el Estado. La mayoría de estos inmigrantes, principalmente hombres, trabajan en los sectores industriales. Las mujeres, menos numerosas, son menos visibles. No obstante, son numerosas las que trabajan en ciertos sectores industriales como el del textil y la confección, así como en la limpieza y el servicio doméstico. A principios de los años 60 la demanda de trabajadores inmigrantes es tan importante que el Estado decide dejar de aplicar la ley de 1936, incitando a los inmigrantes a venir a Bélgica con un visado de turista y a regular su situación cuando ya están en el país. El Estado organiza entonces la llegada irregular de los inmigrantes. Para atraer a los inmigrantes, Bélgica alaba, en los consulados de Marruecos y de Turquía, su sistema de prestaciones familiares y de seguridad social.Asimismo, insiste en el hecho de que Bélgica garantiza la libertad religiosa. Se contrata a los inmigrantes como trabajadores poco cualificados 196

INMIGRACIÓN, DELINCUENCIA Y DISCRIMINACIÓN EN BÉLGICA

Los principales grupos de extranjeros por país de nacionalidad

en la industria metalúrgica, la construcción, los transportes. En 1967, el Gobierno decide aplicar estrictamente la legislación debido a la inversión de la coyuntura. A principios de los años 70, Bélgica inicia una política restrictiva y el número de nuevos permisos de trabajo disminuye. Para hacer frente al incremento del desempleo en los sectores industriales que ocupan a mucha mano de obra extranjera, el 1 de agosto de 1974 el Gobierno decide el cese oficial de la inmigración con fines laborales. A la vez que se cierran las fronteras, el Gobierno emprende una campaña de regularización de los trabajadores inmigrantes en situación de residencia ilegal en Bélgica. Esta campaña, precedida en abril de 1974 por una huelga de hambre de clandestinos, conduce a la regularización de casi 9.000 personas. 1.2. El orden de las migraciones sin control: 1991-2007 El cese oficial de la inmigración en 1974 nunca ha significado un cierre hermético de las fronteras. Bélgica no ha dejado nunca de acoger a extranjeros. Progresivamente, las migraciones se fueron diferenciando de las que se habían desarrollado durante el período anterior, particularmente en lo que respecta a la formas de migración y a los orígenes nacionales de los migrantes. Se pueden distinguir cinco formas de migración. La primera forma de migración se debe al derecho a la reagrupación familiar, que afecta a casi 100.000 personas entre 1974 y 2000. Cada año, se acogen a este derecho unas 3.000 personas. La segunda forma se refiere a las migraciones por motivos laborales. Entre 1974 y 1984 se expiden casi 100.000 permisos de trabajo a extranjeros de países terceros, de los cuales 30.000 son expedidos a nuevos inmigrantes que llegan directamente del extranjero. Entre 1985 y 1995 se expiden de nuevo más de 40.000 permisos de trabajo a nuevos inmigrantes. Estos nuevos permisos de trabajo se conceden a menudo a extranjeros muy cualificados. Desde 2001, la escasez de profesionales en ciertas profesiones lleva a Bélgica a la reapertura de sus fronteras, eso sí, sin darle gran publicidad. La tercera forma de migración se refiere a los estudiantes extranjeros, aunque la legislación que les atañe es cada vez más restrictiva. Los estudiantes reciben un permiso de residencia válido para la duración de sus estudios. No obstante, algunos acaban por quedarse. La cuarta forma de migración es el asilo. Desde finales de los años 80, la solicitud de asilo ha constituido una puerta principal de acceso al territorio. El número de solicitantes de asilo ascendió de 12.897 personas en 1990 a 26.408 en 1993. Después de una disminución entre 1994 y 1997, se reanudó el aumento con 22.064 solicitudes presentadas en 1998, 35.778 en 1999 y casi 40.000 en 2000. Con relación a estas solicitudes, la tasa de concesión del estatuto de refugiado es del 197

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orden del 10%. Desde 1999, el asilo se percibe cada vez menos como una cuestión de derechos humanos; se considera como una forma disfrazada de inmigración económica. La armonización europea (Dublín I y II) viene a transformar los modos de control de los solicitantes de asilo y se implanta una política seguritaria. En este clima de recelo alimentado por los partidos de extrema derecha, los gobiernos adoptan, en el transcurso de los años 90, disposiciones restrictivas. La ley autoriza la posibilidad de mantener a un solicitante refugiado en un lugar situado en la frontera (1991), y se crean centros cerrados para extranjeros en situación de residencia ilegal (1993). Se organiza una política de readmisión y de expulsión del territorio para ciertos extranjeros ilegales. Desde entonces, la práctica de la expulsión forzosa que, a principios de los años 90 era difícilmente concebible y legítima, se convierte en corriente. No obstante, el número de extranjeros en situación ilegal pero residentes en Bélgica desde hacía muchos años llevó al Gobierno a decidir una regularización en 1999-2000. Esta legislación también se adopta a consecuencia de varias huelgas de hambre llevadas a cabo por personas sin papeles. Se acogen a esta regularización más de 50.000 personas. La quinta forma de migración se refiere a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Gracias a la libre circulación dentro de la Unión, numerosas personas vienen a vivir y a trabajar en Bélgica. Así es como el número de franceses y de holandeses que residen en Bélgica está en constante aumento desde hace diez años. La supresión del visado turístico, decidida en 1991 para Polonia y la adhesión de los doce nuevos miembros a la UE han contribuido a incrementar la parte de los “europeos” en las nuevas migraciones, aunque desde el punto de vista jurídico estos ciudadanos europeos no son inmigrantes. No obstante, algunos de ellos (polacos, rumanos y búlgaros) son considerados socialmente como inmigrantes. La migración de estos nuevos ciudadanos europeos se asemeja a la inmigración con fines laborales, aunque los discursos oficiales no lo reconozcan públicamente. Evolución de la población extranjera en Bélgica

En Bélgica, los extranjeros siempre han representado, más o menos un 9% de la población. Existe, no obstante, una gran distorsión regional: el porcentaje de extranjeros más elevado corresponde a Bruselas (27,1%), después a Valonia (9,1%) y a Flandes (5,3%). Este reparto también debe tener en cuenta los efectos de concentración importante en algunas ciudades flamencas y valonas (Amberes, Gante, Hasselt, Lieja, Charleroi, Mons). Los oríge198

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nes nacionales se hacen cada vez más variados desde 1990. No obstante, los grupos nacionales más representados siguen siendo aquellos que corresponden al período ordenado de la inmigración. Con la instalación definitiva de los extranjeros, se han planteado las cuestiones de integración, las cuales afectan cada vez más a las jóvenes generaciones con los tres problemas que se citan más a menudo: las dificultades escolares, el desempleo y la delincuencia. 2. LAS POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN Y DE INTEGRACIÓN DE Y CON LOS INMIGRANTES EN BÉLGICA 2.1. Las políticas de inmigración Históricamente, la igualdad total de derechos entre trabajadores belgas y trabajadores inmigrantes no figura en la política migratoria. No obstante, ésta tiende a la igualdad de trato debido al compromiso necesario entre los actores sociales. En materia de política de inmigración, a pesar de marcadas diferencias de fondo, los partidos políticos que participan en los gobiernos se ponen de acuerdo sobre una orientación de base. Hasta 1974, los gobiernos se hacen eco de las reivindicaciones de los empleadores y de los temores de los sindicatos, justificando la política de inmigración con imperativos económicos y demográficos. Desde siempre, los sindicatos están, por principio, contra el recurso a la inmigración y por la igualdad de trato entre trabajadores belgas e inmigrantes. Temen en particular que una nueva aportación de mano de obra ejerza una presión a la baja sobre los salarios. En el marco de una definición nacional de la inmigración, los derechos y los deberes de los trabajadores inmigrantes figuran en dos tipos de legislación; por una parte, la legislación sobre la ocupación de la mano de obra extranjera, por otra parte, la legislación relativa a la entrada y a la permanencia en el territorio.Tras la firma del Convenio de Ginebra relativo al estatuto del refugiado de 1951, el Gobierno reforma su legislación sobre la entrada y la residencia de los extranjeros, introduciendo en la misma la nueva categoría de “refugiado”. Con este fin, aprueba la Ley del 28 de marzo de 1952 sobre la Policía de Extranjeros, vigente hasta 1980. Esta legislación organiza la inseguridad jurídica de los extranjeros. Calificada como ley de mantenimiento del orden, confiere una potestad discrecional muy importante a la Administración. Según esta Ley, los extranjeros no son sujetos de derecho sino objetos de derecho, del derecho administrativo. De este modo, la Administración (la Policía de Extranjeros) ha podido proceder a expulsar a trabajadores inmigrantes, por ejemplo aquellos que son calificados de agitadores sindicales y políticos. Los derechos de los trabajadores inmigrantes figuran también en los convenios bilaterales. En este caso, éstos constituyen el instrumento jurídico esencial que determina los derechos de los trabajadores inmigrantes y de sus familias. De este modo, los convenios bilaterales establecen los derechos en materia de seguridad social (por ejemplo las condiciones de concesión de las prestaciones familiares), pero también las condiciones de reagrupación familiar, etc. El resultado de todo ello es una materia jurídica excesivamente fragmentada. No existe un derecho social de los trabajadores extranjeros uniforme, sino unas medidas específicas para cada nacionalidad y esto, para cada sector de la seguridad social. Bajo el efecto de las presiones sociales y políticas procedentes de arriba (la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de las Migraciones, la Comisión Europea) y de abajo (los movimientos sociales, cf. infra) durante los años 70 y 80, se votan diversas legislaciones cuyo fin es incrementar los derechos de los extranjeros. La Ley del 17 de febrero de 1971 suprime la discriminación vinculada a la nacionalidad para poder ser elegido en las elecciones sociales en las empresas. De este modo, los inmigran199

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tes acceden a la democracia a través de la empresa. Después de casi diez años de lucha intensa, se vota una nueva Ley sobre el Acceso al Territorio, la Residencia, el Establecimiento y la Expulsión de los Extranjeros, el 15 de diciembre de 1980. Esta ley, aprobada por unanimidad, permite que la sociedad civil responda a ciertas reivindicaciones que figuran en la agenda política y relativas a la seguridad de la residencia y a la concesión de ciertos derechos civiles. En particular, establece para los extranjeros procedimientos de recurso ante los tribunales para impugnar cualquier medida tomada contra la legalidad de su residencia. No obstante, desde 1980, la Ley sobre el Acceso al Territorio, la Residencia, el Establecimiento y la Expulsión de los Extranjeros, ha sido revisada en catorce ocasiones en un sentido restrictivo, en particular por los que respecta a los estudiantes y a los solicitantes de asilo. En 1981, se vota una Ley de Represión del Racismo. Finalmente, en 2004, después de 30 años de debates parlamentarios, una Ley otorga el derecho de voto a nivel local, aunque no el de elegibilidad, a los extranjeros no nacionales de un Estado miembro de la Unión europea. La política de inmigración nacional va a sufrir numerosas inflexiones bajo el efecto de la construcción europea. El principio de no discriminación en base a la nacionalidad conduce a reducir las diferencias de acceso a los derechos. La libre circulación de las personas, vinculada al establecimiento y al ejercicio de actividades económicas o por cuenta ajena dentro de la Comunidad Europea, inscrita en el Tratado de Roma de 1957, se convierte en una realidad con la aprobación del Reglamento 1612/68 y la Directiva 68/360 del 15 de octubre de 1968. Los nacionales de los Estados miembros ya no necesitan permiso de trabajo o documento profesional para entrar en el mercado laboral. En 1968, el estatuto jurídico de numerosos inmigrantes italianos se transforma y éstos, en lugar de trabajadores inmigrantes, pasan a ser nacionales de un Estado miembro de la Comunidad Europea. Lo mismo ocurrirá unos años más tarde con respecto a los inmigrantes españoles, griegos y portugueses, después de una fase transitoria de siete años. En cada ampliación, se aplica el mismo proceso. Lo mismo ocurre hoy con los polacos, los rumanos y los búlgaros. Después del Tratado de Maastricht, se conceden otros derechos como la libre circulación, el derecho de voto, etc. Finalmente, el incremento de los derechos de los extranjeros tiene menos que ver con la duración de instalación que con los acuerdos que se firman con los Estados de los cuales son nacionales. No obstante, según una lógica que opera en las reglamentaciones europeas, a los inmigrantes que siguen teniendo su nacionalidad de origen se les amplían, de paso, sus derechos, al menos parcialmente, aprovechando la ampliación de los derechos de los nacionales europeos, lo cual ocurre, por ejemplo, con la libre circulación. La construcción europea conduce a la diferenciación de los derechos de los inmigrantes en función de su nacionalidad de origen, destacándose diferencias sensibles entre “europeos” y “no europeos” en un país como Bélgica, que ha conocido una inmigración del sur de Europa así como marroquí y turca. De momento, Bélgica considera que no tiene una política de inmigración de trabajo. No obstante, esta no política es la forma misma de la política de inmigración. Se conceden permisos de trabajo para ciertas profesiones donde hay escasez de trabajadores (transporte por carretera, enfermeras, informáticos, etc.), a menudo con niveles altos de cualificación. Para los puestos de trabajo de baja cualificación, funciona más el laissez-faire. Se conceden permisos de trabajo temporal a solicitantes de asilo cuya solicitud está en trámite o a estudiantes. Asimismo, se encuentran trabajadores en situación irregular en los cuatro sectores tradicionales de alta intensidad de mano de obra: agricultura, construcción, hostelería y limpieza. 2.2. Filosofía y disposiciones de la política de integración en Bélgica La integración de los inmigrantes y de sus descendientes se ha planteado de modo bastante tardío en Bélgica, y ello por dos razones. Muchos inmigrantes han considerado su inmigración como un hecho temporal. El imaginario del regreso a su país ha estado muy 200

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presente en el seno de las familias inmigrantes. Por su parte, las autoridades públicas también han concebido la inmigración como un fenómeno provisional. Al no considerar la inmigración más que bajo su dimensión estrictamente económica, Bélgica no previó inicialmente unas políticas de acogida y de integración. Entre 1947 y 1974, la integración de los trabajadores inmigrantes se realizó principalmente por parte de la comunidad de trabajo y se tradujo, esencialmente, en su inclusión en la clase obrera y sus asociaciones. A principios de los años 80, la toma en consideración de la instalación definitiva de los inmigrantes en Bélgica llevó al Estado a elaborar una política de integración. Esta política pública debe tener en cuenta los efectos de desestructuración de la crisis del empleo en las poblaciones procedentes de la inmigración y de los efectos de las reformas del Estado (Rea, 1994). En el transcurso de este período, los centros de gravedad de lo que, comúnmente, se califica de “problema de los inmigrantes” se desplazan desde las zonas industriales de Valonia hacia ciudades como Bruselas y Amberes. Los destinatarios principales de este discurso sobre la integración son los mismos que más sufren los discursos xenófobos, a saber, los inmigrantes marroquíes y turcos. También se está gestando un discurso sobre la amenaza musulmana, tanto en el espacio político como en el mediático. (Dassetto y Bastenier, 1986). La política federal de integración de los inmigrantes se construye en torno a tres ejes: la flexibilización continua de los modos de adquisición de la nacionalidad belga, la lucha contra el racismo y la aplicación de políticas sociales. En las entidades federadas (región flamenca, región valona y región de Bruselas capital) se constituyen políticas aparentemente diferenciadas. El sentido atribuido a la integración en el marco de la elaboración de esta nueva política cambia con respecto al período anterior. Mientras que, a principios de los años 80, la oposición “inmigrantes integrables” e “inmigrantes no integrables” domina los discursos políticos, el primer informe del Comisionado Real para la Política de los Inmigrantes (1989) ofrece una definición compleja de la “inserción” adoptada por los parlamentarios. Esta definición, bastante amplia, une a la vez una visión asimiladora (asimilación allí donde se impone el orden), una atención para favorecer la integración social y un respeto de las diferencias culturales en el espacio privado. Aunque no guíe necesariamente las políticas públicas, va a convertirse en un referente de los discursos que se va a imponer con el tiempo (Martiniello, 1995; Rea 1997). No obstante, en el núcleo de esta política de integración figura un doble constreñimiento (double bind). En 1984, la política es a la vez integradora, cambio del código de la nacionalidad, y excluyente, política de incitación al retorno. Este doble constreñimiento se enuncia de la forma siguiente: “puede quedarse, pero todo estaría mejor si no estuviese aquí” (Rea, 1999). Los descendientes de los inmigrantes siguen teniendo un déficit de legitimidad. No se pone en tela de juicio su presencia, pero son sospechosos de querer sustraerse a las obligaciones de integración. En 1991, el despunte electoral de la extrema Número de adquisiciones de la derecha así como las revueltas urbanas (Rea, nacionalidad belga (1985-2005) 2001) contribuyen a acelerar la puesta en marcha de políticas sociales generalistas, Número de personas que pero tomando también a los jóvenes proceAño adquirieron la nacionalidad belga dentes de la inmigración como grupo de población objetivo. Estos dos aconteci1985 83.421 mientos influyen en la definición política 1986-1990 45.103 de la integración, asignándole una connotación seguritaria (luchar contra la inseguri1991-1995 123.117 dad y la delincuencia) y una connotación 1996-2000 176.478 social (luchar contra la exclusión social). 2001-2005

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209.274

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El primer eje de la política de integración se caracteriza por las modificaciones sucesivas de la Ley sobre la Nacionalidad (1984, 1991, 1995, 1998, 2000) que, por una parte, establecen definitivamente el principio del jus soli para los jóvenes nacidos en Bélgica y, por otra parte, flexibilizan las condiciones de naturalización. La última reforma de marzo de 2000 instaura, sin duda alguna, una de las legislaciones más liberales de los Estados de inmigración, permitiendo a cualquier extranjero convertirse en nacional con bastante facilidad. Esta flexibilización de la nacionalidad permitió a numerosos marroquíes y turcos hacerse belgas, lo cual ocurrió menos en el caso de los nacionales de países del sur de Europa. El segundo eje es el de la lucha contra el racismo y las discriminaciones raciales. En 1981, el Estado completa el arsenal penal tipificando ciertos comportamientos que incitan a la discriminación con respecto a una persona o grupo, con motivo de su raza, de su color, de su ascendencia o de su origen nacional o étnico. La Ley se revisa en 1994, se define el concepto de discriminación, se suprime el requisito de publicidad y se penalizan las discriminaciones en el ámbito de la vivienda y de las relaciones profesionales. El Centro para la Igualdad de Oportunidades y la Lucha contra el Racismo, creado el 15 de febrero de 1993, puede formular denuncias ante los tribunales penales. La escasa utilización de la ley de 1981 da fe de la debilidad de este instrumento para reprimir un racismo que, según los sondeos de opinión como el Eurobarómetro, al parecer es muy elevado en Bélgica y apunta prioritariamente a los más estigmatizados, aquéllos que están asociados a las figuras de los “subblancos” (Rea, 1998), los “no europeos”. El tercer eje de la política de integración no es ,propiamente dicho, específico. Para hacer frente a la degradación social, han sido aplicadas numerosas políticas sociales generalistas. No están específicamente destinadas a los inmigrantes y sus descendientes, sino más bien a las personas desfavorecidas, entre las cuales se encuentran muchos inmigrantes. Estas políticas sociales se refieren a la lucha contra el desempleo, la formación profesional, la alfabetización, la lucha contra el abandono escolar, etc. Aunque muchos extranjeros adoptan la nacionalidad belga, la discriminación no desaparece. Numerosos estudios han sacado a la luz la discriminación racial en el mercado laboral (Arrijn, Feld, Nayer, 1997;Verhoeven y Martens, 2000; Martens, 2000; Desmarez et al., 2004; Martens y Ouali, 2005). Esta problemática se incluye en la agenda política a finales de los años 90. Se convierte en uno de los ejes de preocupación de la política de integración, principalmente bajo el efecto de la acción europea. La Unión Europea ha llevado a los Estados miembros a completar su legislación de garantía del principio de igualdad de trato y a reforzar su política nacional contra la discriminación (Niessen y Chopin, 2004). El Tratado de Amsterdam brindó la ocasión de insertar una nueva base jurídica, el artículo 13 CE, que permite elaborar políticas europeas de lucha contra las discriminaciones basadas en el sexo, la orientación sexual, la minusvalía, así como en el origen racial o étnico, la religión y las convicciones. La Directiva 2000/43 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas, independientemente de su origen racial o étnico, así como la Directiva 2000/78 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (De Schutter, 2001), fueron rápidamente adoptadas y fueron incorporadas en 2003 al derecho belga. Los instrumentos de aplicación todavía no están adoptados (estadísticas étnicas, política de discriminación positiva, pruebas de discriminación, etc.). Varios trabajos ponen de relieve los desplazamientos de los objetos de las discriminaciones, en particular desde la nacionalidad hacia el origen étnico y, después, desde el origen étnico hacia la religión, en particular en el caso de los musulmanes (Dassetto, 1997; Manço, 2004; Bribosia y Rorive, 2004). Las reformas del Estado belga (las de 1988 y de 1993) tuvieron como consecuencia el que la política de integración se convirtiera en una política regional y dejara de ser federal (Blaise y Martens, 1992; Rea, 1994; Martiniello, 1995; Bousetta, 2001; Martiniello y Rea, 2004). Desde 1990, Flandes promueve una política de reconocimiento y de apoyo a las aso202

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ciaciones de inmigrantes. En 1996, la política de los inmigrantes se transforma en política de las minorías (Minderhedenbeleid). Esta política reconoce la existencia de grupos etnoculturales. Los descendientes de los migrantes son designados como alóctonos. Esta nueva orientación política se formaliza en el decreto relativo a las minorías étnicas de 1998, inspirándose muy ampliamente en el modelo holandés. El apoyo brindado a las asociaciones étnicas da fe de la convicción flamenca, según la cual el mantenimiento y el desarrollo de una identidad propia en los descendientes de los inmigrantes estimulan su emancipación en la sociedad de acogida. A esta política de apertura se ha añadido otra, más restrictiva, en 2000, que insiste menos en el reconocimiento multicultural de la sociedad que en “la integración nacional”. La política denominada de inburgering (ciudadanización) consiste en obligar a los nuevos migrantes a asistir a clases de lengua neerlandesa y a cursos de formación sobre las instituciones flamencas. En la parte francófona, el discurso relativo a los inmigrantes es idéntico en Valonia y en Bruselas. Las minorías étnicas no son reconocidas ni de hecho ni en los discursos. La política de integración se enmarca más en las políticas de selección indirecta (zonas de acción prioritaria, zonas de discriminación positiva, etc.) basadas en criterios sociales (porcentaje de parados, de arrendatarios, etc.) y demográficos (porcentaje de extranjeros). Por lo que respecta a la acción pública,Valonia y Bruselas adoptan mecanismos diferentes. En 1996, un decreto relativo a “la población extranjera o de origen extranjero” organiza la política pública. Se financian asociaciones de inmigrantes en el marco de esta política porque proponen actividades de inserción social (alfabetización, formación profesional, etc.) y no porque tengan una identidad étnica. En Bruselas, la política pública francófona inicia una nueva orientación con el decreto de 2004 relativo a la cohesión social. Los términos de inmigrante o persona extranjera están ausentes. Se supone que el concepto de cohesión social debe recubrir las fracturas socioeconómicas y culturales. La diferencia observada en los discursos políticos entre Flandes y la parte francófona se debe al menos a dos razones (Martiniello y Rea, 2004). Con motivo de la opresión cultural sufrida, los flamencos reconocen la legitimidad de las personas procedentes de la inmigración para mantener su cultura de origen. En cambio, los francófonos acaban por optar por una negación del origen cultural por razones de principios y de estrategia, movilizando el referente republicano a la francesa. En un Estado en el que ocupan una posición minoritaria defendiendo a la vez la identidad nacional, los francófonos adoptan una estrategia tendente a transformar a los nuevos belgas en francófonos y no en subminorías.Al “afrancesar” y “belgicisar” a estos recién llegados, refuerza su posición frente a los flamencos. La divergencia de paradigmas de las políticas públicas y de las acciones financiadas en Flandes, en Valonia y en Bruselas no debe ocultar una cierta convergencia. Las minorías étnicas no pueden tener existencia en el espacio público. No pueden constituirse en grupos autónomos que reivindican una legitimidad para existir como los demás pilares de la sociedad belga. Hay más semejanzas de lo que se piensa en cuanto a las prácticas y a los efectos de las políticas públicas (Martiniello, 1995; Bousetta, 2001; Rea, 2007). Se financian acciones similares pero se formulan de modo diferente. Por ejemplo, en materia de financiación de actividades culturales para los grupos minoritarios, Flandes opta por una política explícita en la que se hace lo que se dice, mientras que los francófonos adoptan una política más tácita en la cual se hace sin decirlo. 3. CONFLICTOS LIGADOS A LA INMIGRACIÓN EN BÉLGICA En Bélgica, los conflictos ligados a la inmigración han adoptado diversas formas, adaptándose a los desafíos del momento y movilizando a actores diferentes. En la mayoría de 203

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los casos, estos conflictos se han mostrado bajo la forma de la acción colectiva, movilizando un repertorio de la acción colectiva distinto según el objeto del conflicto. Es posible distinguir cuatro tipos de conflictos: 1) 2) 3) 4)

Los Los Los Los

conflictos conflictos conflictos conflictos

ligados a los estatutos de los inmigrantes en la empresa ligados al estatuto jurídico del extranjero de las jóvenes generaciones contra las discriminaciones de los sin papeles por su regularización

Estos cuatro conflictos se han desarrollado en momentos diferentes del ciclo migratorio belga. Los dos primeros tuvieron lugar prácticamente en la misma época, a principios de los años 70, los terceros se presentaron en el transcurso de los años 90 y los últimos ocurrieron en el transcurso de los dos ciclos migratorios. Proponemos separar estos conflictos según su cronología. Los conflictos sociales y por el estatuto de los extranjeros A finales de los años 60 estallan conflictos sociales, por una parte en el mundo laboral y por otra parte en el mundo universitario. Estos conflictos van a hacer surgir el “problema del inmigrante” y plantear con fuerza la cuestión del estatuto del extranjero. Hasta entonces, la cuestión de los trabajadores inmigrantes -seguridad social, norma salarial, así como la expulsión por desempleo, huelga o participación política- se resolvía principalmente en el marco de los acuerdos bilaterales.Así pues, los litigios relativos a los mineros italianos en los años 50 eran resueltos directamente entre los dos gobiernos que, por otra parte, participaban en la constitución de la CEE. En los años 70, el “problema del inmigrante” adopta otra forma. Se trata de que el Estado belga defina el lugar que pueden ocupar los extranjeros, y ya no solamente los trabajadores inmigrantes, independientemente de cualquier arreglo bilateral. En el mundo laboral, los conflictos estallan en sectores de actividad que ocupan esencialmente a trabajadores inmigrantes y, cosa nueva, éstos son los principales protagonistas de dichos conflictos. Se califica estas huelgas de salvajes porque no están amparadas por los sindicatos. Más allá de las reivindicaciones clásicas que motivan el inicio de las huelgas, estos movimientos ponen de relieve las debilidades de la protección de los trabajadores inmigrantes en este período de recesión económica y de control más estricto de la inmigración. Frente a la dureza de estos movimientos, la patronal reacciona fuertemente, especialmente intentando atizar las oposiciones entre trabajadores belgas e inmigrantes. En noviembre de 1969 estalla una huelga en la fábrica de montaje de Citroën en Forest en la cual un 70% de los trabajadores son extranjeros.Al principio, el motivo de la huelga es el de las cuestiones salariales y los ritmos de producción, pero la violencia de la reacción de la dirección, que despide a trabajadores en huelga, va a modificar las reivindicaciones. Los obreros exigen la readmisión de los trabajadores despedidos. Juzgando que la reacción de la patronal es racista, convierten la lucha contra el racismo en uno de los temas de la huelga. La policía toma la fábrica y 60 obreros son detenidos y despedidos por causa de huelga. Como resultado de un debate parlamentario, se reconoce a los trabajadores inmigrantes la legitimidad de hacer huelga, aunque no el derecho de huelga. En diciembre del mismo año, estalla una huelga en las minas de Limburgo. Las reivindicaciones se refieren a las normas salariales, las cadencias de trabajo, pero también a la reconversión profesional en un sector en crisis que emplea esencialmente a trabajadores inmigrantes. El 20 de enero de 1970, 20.000 mineros están realizando un paro laboral. En febrero, se concluye un acuerdo relativo principalmente a un estudio comparativo de las rentas de los mineros y de los obreros de los demás sectores. Este acuerdo responde al afán de evaluar la igualdad de trato entre los trabajadores inmigrantes, empleados en las minas, y los trabajadores belgas, con ocupación en 204

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otros sectores industriales. El 5 de febrero del mismo año,comienza una huelga en las fábricas de Michelin en Leeuw-Saint-Pierre. La dirección intenta romper el movimiento utilizando las divisiones entre trabajadores según su nacionalidad, y en la opinión pública algunos afirman la falta de legitimidad de los trabajadores inmigrantes para estar en huelga. Después de varios días de movilización, la huelga termina y 50 obreros son despedidos. Estos ejemplos muestran que durante estos movimiento de huelga, las reivindicaciones de los trabajadores rara vez han sido atendidas. No obstante, pusieron de manifiesto la precariedad de sus condiciones de trabajo y sobre todo la inseguridad permanente de su residencia que requería una revisión de la legislación. Estas acciones colectivas son obra de trabajadores politizados, procedentes de la inmigración española, italiana o turca. La cuestión de la inseguridad jurídica de la estancia adquiere una mayor importancia con el movimiento estudiantil durante el invierno de 1970. En 1970, al inicio del curso académico, la universidades están en ebullición. Los estudiantes reaccionan a la voluntad expresada por el ministro de Justicia de aplicar una disposición legal que nunca se había aplicado hasta entonces, con respecto a los estudiantes extranjeros. Como un hecho excepcional, unos sesenta estudiantes de Lovaina inician, en noviembre, una huelga de hambre oponiéndose a cualquier medida de expulsión como consecuencia de la aplicación de esta disposición legal. La intervención de la gendarmería encargada por el Rector de la UCL de evacuar los locales ocupados por los huelguistas da origen a un movimiento contestatario que une a estudiantes, investigadores, profesores, responsables sindicales, representantes de la Iglesia y políticos. Critican la inseguridad de la estancia de los extranjeros, reclaman la supresión de la Policía de Extranjeros y reivindican la elaboración de un estatuto jurídico de los extranjeros que defina también sus derechos civiles. En diciembre, después de las huelgas de hambre y de las manifestaciones en la calle, tienen lugar las interpelaciones políticas. A finales de mes, el ministro de Justicia retira su proyecto y encomienda a una Comisión la elaboración de un nuevo “código de extranjería”. En febrero de 1972 la Comisión presenta su informe al primer ministro, quien lo tramitará. El movimiento de defensa de los extranjeros que se constituye entonces recoge tres reivindicaciones esenciales: un estatuto de los extranjeros, una ley que reprima el racismo y el derecho de voto en las elecciones locales. Finalmente, se votará la ley el 15 de diciembre de 1980. Las revueltas urbanas de los jóvenes procedentes de la inmigración Bélgica fue escenario de varias revueltas urbanas cuyos principales protagonistas eran jóvenes procedentes de la inmigración. Las más importantes por su impacto, duración y por el número de personas movilizadas, incluyendo a las fuerzas del orden, se desarrollaron en tres municipios de la región bruselense. En mayo de 1991, durante más de tres días, en el municipio de Forest tienen lugar revueltas de jóvenes (Rea y Brion, 1992), al igual que en el Reino Unido y en Francia. El principio de la revuelta siempre sigue el mismo guión. Un control de identidad que acaba mal. Las revueltas dan lugar a concentraciones en las plazas, donde se encuentran jóvenes y padres. Frente a la ausencia de interlocutores, los responsables políticos belgas recurren a las autoridades consulares de Marruecos que no se ocupan de sus nacionales y cuya legitimidad no es reconocida por los jóvenes amotinados. Se constituyen grupos y se destacan líderes, sin ser elegidos, no obstante, en base a un procedimiento de delegación claro. Tanto los padres como los jóvenes realizan un mismo diagnóstico sobre las causas de las revueltas de Forest. Son la consecuencia de la discriminación racial. Si bien la discriminación en la escuela y en el empleo es designada por algunos de ellos, las prácticas discriminatorias de las fuerzas del orden y la criminalización de los inmigrantes, resultante de la etiqueta de “delincuente” que se aplica a todos los jóvenes de origen magrebí, constituyen las dos fuentes esenciales de los acontecimientos. No obstante, las prácticas de discriminación no se perciben únicamente como tratos ilegítimos; también consis205

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ten en la propia expresión de la ausencia de reconocimiento de la que los jóvenes se sienten víctimas. Otras revueltas tienen lugar en otros municipios, en abril de 1995 en Molenbeek y en noviembre de 1997 en Anderlecht. En ambos casos, los jóvenes reaccionan a la detención violenta, con una muerte en 1997, de jóvenes procedentes de la inmigración implicados en tráfico de estupefacientes. Una vez más, las revueltas duraron varios días. Batallas campales con la policía en las calles y en las plazas, juegos de guerrillas urbanas con lanzamiento de piedras. No obstante, las quemas de coches son muy escasas, aparecen más tarde, después de 2005. Se producen otros acontecimientos menores en Valonia (1996 y 1997) y en Flandes (1998 y 2000). Con ocasión de las revueltas francesas de 2005, por contaminación mediática, se queman unos cuantos coches en algunos municipios bruselenses, sin que estallen manifestaciones colectivas. La localización principal de las revueltas urbanas en Bruselas se debe principalmente a la concentración de las poblaciones precarizadas en algunos barrios y a la superposición de la nueva cuestión social y de la cuestión racial, que interrogan las transformaciones del Estado nacional-social (Balibar, 1992). Los jóvenes implicados en estos acontecimientos proceden esencialmente de la inmigración marroquí que representa una tercera parte de los extranjeros en Bruselas. Estas revueltas, como en Francia, en el Reino Unidos o en Estados Unidos, surgen sistemáticamente con ocasión de enfrentamientos entre jóvenes y policías, sobre todo cuando resultan en la muerte de un joven, lo cual sólo fue el caso en noviembre de 1997 y, en otras circunstancias, en noviembre de 2002. El conflicto entre los jóvenes y las fuerzas del orden constituye un riesgo potencial de revuelta. Lo arbitrario de las prácticas policiales se percibe como la mayor de las injusticias sociales, mucho más que el desempleo, por ejemplo (Rea, 2001). Las revueltas urbanas, con connotaciones étnicas, estallan en un contexto que se caracteriza por la racialización de las relaciones sociales y por la discriminación racial. La radicalización de las relaciones sociales es el resultado de una lectura de la sociedad, una visión y una división del mundo, que oponen a los individuos en función de su origen nacional y racial (Wieviorka, 1993). La racialización de las relaciones sociales consiste siempre en un relación de dominación (Solomos, 1988, 1989). En los discursos y las prácticas, el Estado y ciudadanos establecidos (aquellos que se sienten depositarios de la propiedad nacional) consideran como ilegítimos la presencia de los descendientes de los inmigrantes o la pretensión de estos outsiders (los descendientes de los inmigrantes y los miembros de las minorías visibles) de reivindicar derechos iguales (Elias y Scotson, 1965). La racialización se distingue de la etnización por el hecho de que la primera es el resultado de un proceso de identificación prescrita, los nacionales reducen la identidad de los inmigrantes a la de un grupo estigmatizado y discriminado, éstos están sometidos a un asentamiento obligado. La etnización de las relaciones sociales tiene más que ver con la identificación suscrita y con la autoimputación. Los contactos de los jóvenes con diversas instituciones son racializados, existe una discriminación racial sistemática de la cual uno de los efectos es la reproducción de la desigualdad. Una interpretación demasiado extendida niega las prácticas institucionales de discriminación racial o las deja en un segundo plano, cuando constituyen un operador eficaz de clasifcación social. El racismo cotidiano (Essed, 1991), como acto de racismo (De Rudder et al., 2000), vivido por los actores estigmatizados como un trato ilegítimo se emparenta con una negación de reconocimiento de las personas procedentes de la inmigración. Estos jóvenes son presentados y representados como ciudadanos aparte. Mientras que los discursos políticos dominantes decretan la existencia de la integración, numerosos jóvenes no ven que esto se concrete en sus experiencias cotidianas. No se sienten reconocidos como sujetos políticos. En su vida cotidiana, estos jóvenes se enfrentan a los modos de denegación de reconocimiento (Honneth, 1996).

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Las luchas de los sin papeles En marzo de 1974, unos inmigrantes clandestinos ocupan una iglesia y realizan una huelga de hambre para reivindicar la regularización de su situación jurídica y la de todos los trabajadores clandestinos. Aunque los protagonistas son expulsados, este acontecimiento anuncia el cese de la inmigración y la regularización de los clandestinos presentes en el territorio. Iniciada de manera muy espontánea, esta huelga de hambre de marzo de 1974 presenta una configuración de actores distinta a la de Lovaina de 1970. Los actores activos son los cristianos solidarios, los maoístas y el grupo de los trabajadores clandestinos. Los principales ausentes de esta acción son los sindicatos, por una parte, y las organizaciones de inmigrantes, por otra parte. La ausencia de apoyo de los sindicatos y de las organizaciones de inmigrantes no se refiere únicamente a cuestiones estratégicas. Se refiere también a una diferencia en cuanto a la cuestión misma de la inmigración. Los sindicatos buscan soluciones a los trabajadores inmigrantes clandestinos sin preconizar una apertura de las fronteras, contrariamente a los izquierdistas y, en cierto modo, a los cristianos solidarios. La ausencia de apoyo de los sindicatos engendra no sólo una débil movilización, sino también un déficit de poder simbólico, debido a su ausencia en la actualidad. No obstante, una vez obtenida la regularización el 1 de agosto de 1974, los sindicatos serán los principales actores que ayuden a los extranjeros a redactar su solicitud de regularización y que les acompañen en los trámites administrativos. Ocurre de un modo diferente con ocasión de las acciones colectivas de los años 90, en que las organizaciones sindicales y las antiguas asociaciones de inmigrantes se muestran más distantes con respecto a los nuevos migrantes. La cuestión de los sin papeles arranca de nuevo en 1996 (Bietlot, 2007). Diversas asociaciones han denunciado la ausencia de derechos, la precariedad y los callejones sin salida a los que se ve reducido un número creciente de extranjeros en situación de residencia irregular, principalmente los solicitantes de asilo desestimados. En 1996, la política restrictiva contenida en la reforma de la ley de extranjería va a ser la ocasión de varias manifestaciones. Las asociaciones denuncian las serias restricciones adicionales para el acceso al territorio, el refuerzo intensivo de la represión de los ilegales, especialmente a través del endurecimiento de las sanciones con respecto a los transportistas de extranjeros así como a cualquier otra persona que ayude a la entrada o a la estancia ilegal y la limitación de la ayuda social destinada a los ilegales. Se reúnen unas doscientas organizaciones que van a dar nacimiento al “Movimiento nacional para la regularización de los sin papeles y de los refugiados”. Las primeras ocupaciones de iglesias tuvieron lugar en octubre del mismo año en varias grandes ciudades (iglesia del Beguinaje de Bruselas, Gante, etc.), seguidas de huelgas de hambre y apoyadas por manifestaciones, conferencias de prensa y debates sobre la cuestión de los sin papeles. Muy rápidamente, el movimiento se divide entre activistas partidarios del mantenimiento de la radicalidad de las reivindicaciones y de la autogestión de los sin papeles, y asociaciones más institucionales que aceptan las negociaciones y los compromisos con el Ministerio del Interior. Entre los más radicales, el Colectivo contra las expulsiones realiza acciones directas de oposición a las expulsiones cuando la policía traslada a los sin papeles hacia el aeropuerto. El 22 de septiembre de 1998, el asesinato de Semira Adamu por la policía en el momento de su instalación en el avión en el que iba a ser repatriada, aumentó el apoyo a los sin papales más allá de los militantes asociativos tradicionales. El movimiento nacional de 1998 y, sobre todo, el “drama” de Semira llevaron al Gobierno a aprobar, el 22 de diciembre de 1999, una ley que organizaba una campaña de regularización. La realización de esta operación de regularización se extendió a lo largo de todo el año 2000. Esta cuestión regresó a la agenda política durante el verano de 2003. Se multiplicaron nuevas ocupaciones de iglesias y huelgas de hambre por toda Bélgica. Estas nuevas acciones permitieron la constitución de una organización autóno207

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ma de sin papeles, la UDEP (Unión de Defensa de los Sin Papeles) que logró estructurar un movimiento heteróclito, que a menudo se moviliza más por origen nacional (los iraníes, los afganos, los iraquíes, etc.) que en base a su ausencia de estatuto de residencia. La UDEP organizó varias manifestaciones en 2005, las cuales permitieron a actores tradicionales unirse a su causa, como los sindicatos, especialmente silenciosos hasta entonces. Las ocupaciones de iglesias se sucedieron, así como las huelgas de hambre, sin que el gobierno aportara respuestas colectivas. No obstante, accedió a la regularización de más de 18.000 personas evitando a la vez darle publicidad, por temor a avivar las cuestiones políticas de la extrema derecha. Estas regularizaciones individuales dependen de la acción discrecional del ministro del Interior, ya que ninguna lista de criterios objetivos garantiza un trato justo y equitativo. 3.1. Formas de expresión de los conflictos Para comprender los diferentes conflictos de los que se trata aquí, las interpretaciones basadas en la búsqueda del porqué son insuficientes con respecto a aquellas que insisten en cómo emergen estos conflictos. En este sentido, procede observar como las relaciones entre grupos de inmigrantes o de descendientes se posicionan en el seno de las estructuras sociales, no considerando a estas últimas como un contexto inactivo sino como una variable dependiente posible para comprender los acontecimientos. Para explicar las huelgas salvajes, las revueltas urbanas o las ocupaciones de iglesias, se proponen dos tipos de explicación. La primera, bastante clásica, insiste particularmente en la desorganización de los inmigrantes, la desestructuración de las clases populares, la ruptura creciente entre las familias inmigrantes con respecto a la sociedad nacional, la exclusión económica y social, la desesperanza social, la inseguridad jurídica. Estas interpretaciones hacen hincapié en las características de los migrantes. Este planteamiento, que desdeña el papel de las instituciones, finalmente acaba por adoptar implícitamente una perspectiva conductista de las acciones colectivas. Esta perspectiva que agrupa las teorías de la ruptura (breakdown theories), ha sido ampliamente puesta en tela de juicio por un planteamiento más político e institucional. Si bien las condiciones sociales de los trabajadores inmigrantes, de los jóvenes amotinados, de los sin papeles contribuyen a la explicación de su cólera, ésta también se debe a las condiciones políticas e institucionales en las cuales nacen y adquieren forma. Entre los numerosos trabajos americanos y europeos sobre los movimientos sociales, dos orientaciones analíticas proporcionan una perspectiva más enriquecedora. La primera procede del enfoque de la movilización de los recursos (McMarthy, Zald, 1977). Nos sugiere que la desorganización no constituye el motor de la protesta. Por el contrario, la densidad de la sociabilidad, la organización y la movilización de las redes sociales son condiciones de la acción colectiva. De este modo, los estudios relativos a la sociabilidad en el movimiento obrero, en las zonas urbanas de inmigrantes, en las asociaciones de inmigrantes y sin papeles demuestran que la desorganización no reina allí. Si bien las revueltas urbanas, como las huelgas salvajes, dependen en su génesis de una movilización espontánea (Piven, Cloward, 1971), se constituyen y se mantienen gracias a las prácticas de sociabilidad construidas cotidianamente en estos barrios. No obstante, la ausencia de desorganización no significa que las prácticas que se despliegan con ocasión de las huelgas salvajes, de las revueltas urbanas o de las ocupaciones de iglesias constituyan prácticas de organización políticamente orientadas. Oberschall (1973) mostró la necesidad de estudiar las acciones sociales en relación con las estructuras sociales. Las revueltas corresponden a los grupos sociales que están menos integrados con respecto a los lugares de poder y disponen de poca organización interna. En Francia, la movilización de organizaciones o de organizadores (Piven y Cloward, 1979) tras las revueltas parece menos presente que en otros lugares. 208

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Los conflictos deben ser aprehendidos como una forma del repertorio de la acción colectiva (Tilly, 1986), que emerge en un contexto en el que los trabajadores inmigrantes, los jóvenes de origen extranjero o los sin papeles son socialmente discriminados, simbólicamente estigmatizados y políticamente negados. Según este enfoque, estos tres registros diferentes de la acción colectiva (huelga salvaje, revuelta urbana y huelga de hambre) constituyen manifestaciones políticas que no pueden reducirse a la expresión de desórdenes públicos. Retomando la concepción de Lipsky( 1968), son los únicos medios de los que disponen estos actores desprovistos de recursos para hacer que se oigan sus reivindicaciones. Según esta interpretación, el enfrentamiento violento contra el prójimo (revuelta) o contra uno mismo (huelga de hambre) no es el último recurso en el marco de una relación de fuerza, incluso la manifestación para apoyar reivindicaciones que están siendo negociadas. Son acciones colectivas para poder entrar en el espacio político, encontrar interlocutores y, quizá, encontrar un espacio de negociación porque, hasta entonces, los protagonistas están fuera del espacio político. No se les considera nunca como sujetos políticos, son objetos de políticas públicas. La segunda orientación de los estudios de los movimientos sociales que hay que invocar para analizar los tres tipos de conflictos mencionados, tiene que ver con lo que Eisinger (1973) denominó la estructura de las oportunidades políticas. Estudiando la relación entre el grado de acceso institucional y las protestas en las ciudades americanas durante los años 60, invita a insertar las acciones colectivas en restructuraciones de las relaciones de poder. Tarrow (1998) y McAdam (1996) atribuyen a la estructura de las oportunidades políticas un papel de freno o de motor con respecto a la formación de las movilizaciones colectivas. McAdam (1996) recoge cuatro dimensiones principales: la apertura o el cierre del sistema político-institucional, la estabilidad o la inestabilidad de las alineaciones políticas, la presencia o la ausencia de aliados entre las élites políticas y la propensión del Estado a reprimir la protesta. Los movimientos sociales no adquieren una forma por dinámica propia. No son procesos sui generis. Nacen en un contexto político en que el Estado manifiesta sus capacidades de control y de represión así como su grado de apertura o de cierre con respecto a las movilizaciones. Esta concepción ha permitido la emergencia de un enfoque institucionalizado de las acciones colectivas. Investigadores europeos bajo la autoridad de Kriesi (1995) han puesto de relieve las especificidades nacionales de la estructura de las oportunidades políticas a partir de estudios comparativos. Así, pusieron de relieve elementos característicos de las acciones colectivas sociales en Europa. Aunque Bélgica no figure en la formalización de las acciones colectivas en Kriesi, se puede estimar que la sociedad belga está bastante más cercana en cuanto a los vínculos entre Estado y estructuras intermedias que los Países Bajos. El enfoque institucionalista de los movimientos sociales se puede asemejar a las investigaciones de los politólogos que han tratado de identificar las características nacionales del policy-making. Así es como Richardson (1982) elaboró el concepto de style de políticas públicas. Propuso una tipología para los estudios comparativos basada en dos criterios: el enfoque del gobierno (anticipativo o reactivo) y las relaciones con los actores no gubernamentales (consensuales o de imposición). En Bélgica, el enfoque del gobierno es más bien reactivo y las relaciones con los actores movilizados no gubernamentales más bien consensuales. Por lo tanto, el papel de los mediadores es considerable. En los tres tipos de conflictos que hemos enumerado, vemos que los actores principales son los inmigrantes o sus descendientes directos. En las situaciones contempladas, las estructuras intermediarias fuertes en Bélgica, como los sindicatos, no desempeñan el papel de aguijón o el de apoyo a las acciones colectivas. Intervienen en una segunda fase. Indudablemente, hay que establecer una diferencia considerable en función de la época. En efecto, durante los años 70, los sindicatos desempeñan un papel esencial en la organización 209

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de los inmigrantes. Con excepción de las huelgas salvajes, siempre han desempeñado un papel motor y de apoyo a los inmigrantes. Desde los años 80, su debilitamiento en general, la disminución de la inclinación a la solidaridad, el racismo que se instala en ciertos sectores han hecho que su movilización para la defensa de los extranjeros sea más difícil. Por lo que respecta a las revueltas urbanas, no intervienen y no apoyan más que tímidamente las peticiones para promover medidas de discriminación positivas en el mercado laboral. La defensa de los sin papeles es, sin duda alguna, el terreno en el que están más activos, pero siempre con un papel secundario y con el fin de crear una mediación con los partidos políticos y los gobiernos. No obstante, las manifestaciones callejeras a favor de los sin papeles sólo tienen una gran amplitud cuando se movilizan los sindicatos. Tabla : Comparación de los conflictos y del repertorio de la acción colectiva Conflictos

Repertorio de la acción colectiva

Conflictos sociales en las empresas (1970)

Huelgas Ocupación de empresas

Conflictos relativos al estatuto de los extranjeros (1970)

Manifestaciones Peticiones Interpelaciones políticas

Conflictos de los jóvenes : discriminación y racialización (1990)

Revueltas urbanas

Conflictos de los sin papeles (1970, 1990, 2000)

Manifestaciones Ocupación de iglesias Huelgas de hambre

Las manifestaciones callejeras son acciones clásicas de la modernidad y de la sociedad industrial. No obstante, en los tres ejemplos citados, más que la acción principal, constituyen más bien acciones de legitimación de un movimiento y de reivindicación. La ocupación de empresas como se ha visto en Citroën y en Michelin eran acciones colectivas clásicas de la sociedad industrial. Se trataba de una apropiación del lugar de trabajo y de los medios de producción. En la actualidad, se hacen más escasas por temor a las deslocalizaciones empresariales. Las otras dos acciones colectivas son más frecuentes y se encuentran en otros países. Las revueltas se refieren, en particular, a los jóvenes pertenecientes a minorías étnicas racializadas y la huelga de hambre es una acción clásica de los sin papeles. El recurso a la huelga de hambre siempre tiene lugar en un momento en el que es especialmente improbable que el conflicto se convierta en colectivo. La huelga de hambre es un modo de acción de las personas cuyo espacio de protesta es extremadamente reducido. Responde a una lógica de urgencia o de puesta en peligro. La huelga de hambre es una acción llevada a cabo por personas que tienen la impresión de haber agotado todos los medios y que, mediante su acción, cuentan con atraer el apoyo de terceros que puedan aportar una legitimidad a sus reivindicaciones (Siméant, 1998). La revuelta es una acción colectiva infrapolítica y no construida. Es una explosión en un terreno de acumulación de sufrimientos y de negaciones de reconocimiento. Es una acción colectiva espontánea pero no desorganizada y desocializada. A diferencia de la huelga de hambre, la revuelta está desprovista de programación política. No obstante, es también la expresión de la ausencia de alternativa. Estas dos acciones colectivas reclaman la implicación de otros actores que tienen papeles que no siempre son idénticos. 210

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3.2. Actores de los distintos conflictos Con ocasión de los conflictos recientes, es posible demostrar el declive del asociacionismo y de la fuerza de las estructuras intermediarias en Bélgica. Recientemente, han aparecido nuevos actores. Por lo que respecta a las revueltas, se trata de las asociaciones que trabajan en el ámbito de la ayuda social y de la lucha contra la marginalidad. Contrariamente a lo que ocurría en el pasado, no están vinculadas a los pilares belgas de los mundos asociativos católico o socialista, sino directamente relacionadas con sus autoridades locales. Desempeñan un importante papel de mediación. En relación con los sin papeles, emergen numerosos nuevos actores. El apoyo de los sin papeles está más bien constituido por el ethos compasivo de la gente corriente y de algunas asociaciones activistas.Algunas veces, están relacionados con el mundo católico, los curas de las iglesias o los arzobispados que aceptan las ocupaciones de los lugares de culto.También encontramos a habitantes de pequeños pueblos que defienden a “sus” sin papeles a los que conocen personalmente.Algunas veces, hay ediles que se movilizan contra las autoridades gubernamentales federales. Finalmente, los intelectuales desempeñan también un papel, de legitimación más que de movilización. Los intelectuales permiten también tener un discurso alternativo al del gobierno o de los partidos, haciendo valer sus conocimientos sobre el tema. En varias ocasiones, las universidades también sirvieron de lugar de acogida para los sin papeles. En cuanto a los líderes de estas acciones colectivas, a menudo son rápidamente captados por las responsabilidades políticas con el fin de neutralizar los movimientos de protesta. A menudo, los líderes de las revueltas obtienen puestos en las administraciones o cargos políticos mientras que los líderes de los movimientos de los sin papeles obtienen con bastante rapidez sus papeles, restando así legitimidad a su liderazgo en el seno mismo del movimiento. Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en estos conflictos, en la mayoría de los casos de amplificación de los movimientos existentes, especialmente en lo que respecta a los conflictos de los sin papeles. A este respecto, los reportajes televisivos ofrecen la posibilidad de movilización debido al sufrimiento que suscitan las condiciones de existencia de los sin papeles que muestran. Permiten la personalización del movimiento, condición de su apoyo mediático y popular.Tratándose de revueltas, su papel es más complejo (Body-Gendrot, 1993). Primero, porque los medios de comunicación pueden desempeñar una función desencadenante o de propagación del movimiento. Esto se ha observado con ocasión de las revueltas francesas de 2005. Las imágenes de coches quemados en la televisión permitieron una contaminación en Bélgica. Al dar publicidad a las revueltas, los medios de comunicación alimentan el debate público y ayudan a hacer entrar a estos manifestantes en el espacio público. La inclusión del “problema de los jóvenes inmigrantes”en la agenda depende de la posibilidad de los medios de realizar una publicidad de los acontecimientos, con el riesgo de la constitución de un tribunal de opinión (Champagne, 1991), y obligan a las autoridades políticas a tomar medidas de urgencia. No obstante, la representación mediática de las revueltas (el incendio de coches, de edificios públicos, etc.) constituye igualmente una ceremonia de degradación (Garfinkel, 1955) que conlleva una degradación pública de la identidad de los sublevados, reforzando su imagen negativa entre la población belga y restando legitimidad a las reivindicaciones. 4. ALGUNAS RESPUESTAS INSTITUCIONALES Entre los conflictos citados, Bélgica ya no ha conocido revueltas urbanas de gran envergadura desde 1997. Enunciaremos cuatro razones que recurren a la teoría de la estructura de las oportunidades políticas para explicar la ausencia de este tipo de acción colectiva a pesar de una discriminación racial persistente y de una segregación espacial constante. La 211

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primera causa tiene que ver con la esfera política. A pesar de los cambios de coalición en el poder, perdura una relativa estabilidad de las alineaciones políticas. Así, los partidos socialistas flamenco y francófono están en el poder de 1987 a 2007, garantizando cierta estabilidad del programa gubernamental y de las políticas públicas. Los cambios de socios, ya sean los socialcristianos o los liberales, no han provocado cambios profundos de las políticas públicas, tanto en el plano cognitivo como presupuestario. Durante los años 90, Bélgica aplica nuevas políticas sociales y urbanas (Cartuyvels y Heberrecht, 2001) con una fuerte connotación local.Aunque no están específicamente destinadas a las poblaciones procedentes de la inmigración, se concentran en los territorios urbanos en los que viven estos públicos. Estas políticas urbanas se estructuran en torno a dos polos: la prevención en materia de inseguridad y la compensación en materia de lucha contra las desventajas sociales. Dos principios estructuran el contenido social de estas políticas urbanas: la compensación y lo ocupacional. Interpretando la falta de integración como un déficit de recursos o una inadaptación, estas políticas públicas ofrecen a los públicos a los que van dirigidas unos servicios que les permiten compensar su retraso o su insuficiencia de recursos. Persiguen asimismo otra finalidad, la de prevenir los efectos de la ociosidad y la de sacar a los jóvenes de la calle. En este sentido, estas actividades tienen que ver con el ámbito ocupacional. El contenido de las actividades financiadas demuestra el afán de construir vínculos sociales y de buena convivencia. Estas políticas también contienen una dimensión seguritaria. Constituyen respuestas al sentimiento de abandono formulado por personas que viven en los barrios socialmente degradados. El planteamiento en el que se sustentan las actividades de tipo seguritario tiene que ver con la profilaxis: preservar un medio urbano contra gérmenes nocivos. Es la prevención la que más revela esta preocupación. Consiste en intervenir anticipadamente con respecto a personas que pertenecen a estos “grupos de riesgo” que se definen, particularmente, en base a los criterios de las estadísticas criminales (Mary, 2001). Estos dos ejes indican la concepción social-seguritaria de estas políticas urbanas: gestión de la prevención de riesgos y pacificación urbana, por una parte, y lucha contra la exclusión y por la ciudadanía del otro. Todos los partidos gubernamentales se adhieren a la aplicación de políticas urbanas caracterizadas por su parte social y su parte seguritaria, aunque unos insistan más en la prevención y otros en la represión, permitiendo que aparezca la constitución del compromiso social-seguritario. Esta estabilidad de las políticas públicas ha tenido efectos sobre el terreno. Siguiendo la argumentación de Gamson (1975), las revueltas han aportado beneficios sustantivos a los territorios y a las personas que trabajan en ellos (asociaciones, trabajadores sociales, etc.). Sin haber desaparecido completamente, como lo demuestran diversos informes oficiales, las prácticas discriminatorias de la policía son menos frecuentes que antaño. Aunque todavía sea escaso el ingreso en la policía de personas procedentes de la inmigración, los litigios entre los jóvenes y la policía han mermado. Los cambios de actitud de los policías se deben a un motivo más institucional: el papel desempeñado por los alcaldes. La policía local está bajo la autoridad de los alcaldes. Si bien la reforma de la policía ha impuesto una mayor concertación entre los alcaldes en territorios determinados, no por ello es menos cierto que los policías no pueden trabajar contra la población. Los policías deben estar al servicio de ésta, incluidos los grupos racializados. Cualquier práctica discriminatoria de la policía da rápidamente lugar a denuncias o protestas de los ciudadanos ante el alcalde quien debe tener en cuenta a estos nuevos electores. Las políticas urbanas constituyen una política de empleo para públicos discriminados en el mercado laboral. La multiplicación de los nuevos oficios de la ciudad (animadores, mediadores, educadores de calle, etc.) ha ofrecido oportunidades de empleo a jóvenes titulados superiores y, especialmente, a jóvenes procedentes de la inmigración, que se 212

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enfrentan a la discriminación racial para encontrar empleo. Lo social se ha convertido en una alternativa real al desempleo.Así es como estas políticas públicas han favorecido la aparición de una Welfare Class (Piven, Cloward, 1979), es decir un grupo social que vive directamente de las políticas públicas y que saca de ellas los principales beneficios. Permitiendo a ciertos jóvenes voluntarios, estudiantes, desempleados, a menudo muy dinámicos, encontrar un empleo como animadores o trabajadores sociales, las nuevas políticas urbanas construyen también relaciones de fidelidad movilizables en determinados momentos, especialmente en las elecciones locales. Mediante la proximidad que estos trabajadores sociales mantienen con las autoridades políticas, se forjan un capital social movilizable. Según sus propias expresiones, constituyen “tapones sociales” destinados a neutralizar a diario los riesgos de desórdenes urbanos. Según otro punto de vista, también constituyen espacios de mediación que hacen llegar a los ediles las demandas de la población local. Estos actores sociales también han desempeñado un papel considerable en los cambios de la representación política en Bélgica. Debido a las leyes electorales y a las movilizaciones políticas (Jacobs et al., 2002), está garantizado un reconocimiento de las minorías étnicas por su fuerte representación política. Aunque este factor no suprime el racismo cotidiano, sí garantiza simbólicamente la toma en consideración de estos grupos minorizados. Desde 1999, las personas pertenecientes a las minorías étnicas más estigmatizadas están políticamente representadas en todos los niveles de poder (local, regional y federal), tanto en las asambleas como en los ejecutivos. Este proceso está en curso en las tres regiones del país. Esta representación política demuestra tanto la voluntad de participación política de estas minorías como la apertura de los partidos políticos. La importancia de este factor se aprecia especialmente en Bruselas, donde más elevado es el porcentaje de extranjeros. En algunas localidades, la proporción de ediles de origen extranjero corresponde a la de la población procedente de la inmigración. En el Parlamento de la Región de Bruselas Capital, el primer partido, el Partido Socialista cuenta con 25 diputados, de los cuales 12 son de origen extranjero (Jacobs et al., 2006).Al haber adquirido una posición en varios espacios de poder, las personas procedentes de grupos minorizados tienen más posibilidades de negociar sus reivindicaciones aunque no todas se satisfagan. Es evidente que este reconocimiento se debe a una singularidad de la sociedad belga que protege a los grupos minoritarios, aunque la protección de los derechos de las dos principales componentes nacionales (los flamencos y los francófonos) sea más legítima que la de los grupos étnicos minorizados (Martiniello y Rea, 2004). Estos factores institucionales y políticos no son necesariamente suficientes para impedir el brote eventual de nuevas revueltas. No obstante, constituyen respuestas a la expresión política, y no social, que representan las revueltas. No por ello disminuye la racialización de la sociedad belga, aunque hay prácticas de reconocimiento que contribuyen a atenuar los efectos de las degradaciones de las identidades públicas de los grupos minorizados, que provoca el racismo cotidiano e institucional. 5. INMIGRACIÓN, DELINCUENCIA Y DISCRIMINACIÓN ¿Qué sabemos de las relaciones existentes entre delincuencia e inmigración? En primer lugar, sin duda, que el responder a esta pregunta es a la vez difícil y necesario. Difícil porque, para contestar, hay que liberarse no sólo de la ideología jurídico-penal, sino también de las exigencias contradictorias de la pasión democrática y de la pasión nacional (Brion, 1997b) que hacen de la delincuencia de los inmigrantes una “problemática impuesta” (Sayad, 1984). Necesario, porque la delincuencia es uno de estos arbitrarios culturales “implícitamente aceptados como evidentes o explícitamente justificados por siste213

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mas de ideas y de doctrinas” (Leca, 1991) que, en las sociedades que se definen como igualitarias, permiten conferir a las discriminaciones, ilegítimas, la apariencia de distinciones legítimas (Brion, 2003a). En su forma legal, la que deriva de la actividad de los tribunales, fija las representaciones del “delincuente normal” (Sudnow, 1965), que - y éste es el círculo vicioso de la delincuencia- condicionan la alimentación del sistema penal. En su forma de antecedentes judiciales, instrumento dúctil de opciones políticas que no se confiesan como tales, permite excluir del mercado laboral a ciertos inmigrantes o descendientes de inmigrantes; llegado el caso, motivan su expulsión del territorio nacional (Brion, 1995) o justifican que la nacionalidad belga se les retire o deniegue (Caestecker et al., 2001). La delincuencia se presta a transmutar cuestiones de lugar en cuestiones de falta; siempre que los procesos de criminalización primaria y secundaria se oculten, tiene la virtud, típicamente política, de marcar la salida de lo político y de marcarla debido al marginado. Si la delincuencia legitima la discriminación, la cárcel aísla, en el conjunto de los infractores, a la población que, en una formación social determinada, reúne las condiciones para encarnar la “delincuencia” (Foucault, 1975). En 2003, la tasa de encarcelamiento era de 6 presos por 10.000 habitantes entre los belgas y de 41 presos por 10.000 habitantes entre los extranjeros ; esta tasa era especialmente alta -123 presos por 10.000 habitantes- entre los marroquíes. Quisiéramos creer que es éste un efecto de la composición de las edades en la población extranjera y en la población marroquí; pero, en 1998, el cálculo de las tasas de encarcelamiento según la edad y la nacionalidad daba, en el grupo de jóvenes de 20 a 24 años de edad, tasas de un 2,60% para los marroquíes y un 0,15% para los belgas, y, en el grupo de jóvenes de 25 a 29 años de edad, las tasas eran de un 2,52% para los marroquíes y de un 0,18% para los belgas. En la población marroquí, la frecuencia carcelaria era tan alta que, día tras día, entre los jóvenes adultos de 20 a 29 años de edad, un individuo de cada cuarenta estaba preso, esto es aproximadamente uno de cada veinte entre los jóvenes adultos de sexo masculino (Brion, 2001a). La comparación de las tasas de encarcelamiento en las diferentes clases de edad excluía por otra parte la hipótesis de una delincuencia vinculada a la cultura de la sociedad de emigración: si la frecuencia carcelaria es el síntoma de una patología, de lo que se trata es de una patología de la sociedad de inmigración. Vista desde la cárcel, la cuestión de las relaciones existentes entre delincuencia e inmigración se plantea con una especial intensidad. El 14 de noviembre de 2003, la población reclusa en establecimientos penitenciarios era de 9.271 internos, entre éstos 3.917 extranjeros. Si bien estaban representadas 108 nacionalidades, los norteafricanos, que eran 1.344, y los europeos del Este, que eran 890, constituían respectivamente el 34,3 % y el 22,7% del grupo de reclusos extranjeros. En parte, la sobrerepresentación de los extranjeros encarcelados está directa o indirectamente causada por el hecho su propia extranjería. Directamente, cuando se trata de extranjeros encarcelados en relación con procedimientos administrativos porque su residencia no está autorizada o ha dejado de estarlo. No obstante, el número de extranjeros ha disminuido notablemente desde la creación, en 1993, de centros cerrados administrados por el Ministro del Interior y por la Oficina de Extranjeros: mientras que, a finales del año 1992, eran 284 y constituían el 10,4% de la población extranjera reclusa (Brion, 2001b), a finales del año 2003 ya no eran más que 74 y representaban el 1,9% de los reclusos extranjeros (Snacken et al., 2004). Indirectamente, cuando se trata de extranjeros presos en el marco de procedimientos penales, si no son titulares de un título de residencia válido, no tienen acceso a las modalidades de ejecución de las penas privativas de libertad como la vigilancia electrónica, la libertad vigilada y el régimen penitenciario abierto; una vez ejecutada su pena, se les retiene en el marco de procedimientos administrativos relativos a su residencia (Snacken et al., 2004). Si tienen permiso de residencia o están establecidos, el procedimiento con vistas a su eventual expulsión del territorio interfiere con el procedimiento de puesta en libertad anticipada. Esta interferencia aumenta la duración 214

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media de reclusión y, en consecuencia, la representación de los extranjeros en la cárcel (Brion et al., 1994). No obstante, la extranjería no basta para explicar la sobrerepresentación de los extranjeros en la cárcel, ni para dar cuenta de la constitución de la “delincuencia de los inmigrantes”; por lo demás, esta institución jurídica no es determinante en última instancia. Proponemos una síntesis de los resultados de las investigaciones científicas que tienen como objetivo estos problemas sociales. El texto se organiza en torno a cinco conjuntos de investigaciones: por una parte, las investigaciones de la criminología del paso al acto (I); por otra parte, las investigaciones de la criminología de la reacción social, repartidas según estudien los procesos informales (II) o formales-policiales (III), penales (IV) o proteccionales (V). 5.1. La "delincuencia de los inmigrantes": en busca de particularidades ¿Presenta alguna especificidad cuantitativa o cualitativa la delincuencia de los inmigrantes y de sus hijos ? No es fácil contestar esta pregunta, sin duda debido a su politización, y también porque la “delincuencia real” es una desconocida, contrariamente a la delincuencia registrada. Las estadísticas policiales, judiciales y penitenciarias no describen el conjunto de actos susceptibles de constituir infracciones; son los rastros del trabajo llevado a cabo por los agentes del sistema de administración de la justicia sobre esta materia prima. Frente a esta dificultad, la criminología recurre a diferentes paliativos; uno de ellos es la encuesta de delincuencia autorelatada. De 1996 a 1999, ha habido autores que han realizado una investigación basada, especialmente, en una encuesta realizada por medio de cuestionarios dirigidos a 4.496 jóvenes de escuelas bruselenses en los diversos sectores de enseñanza (Kesteloot et al., 2000). Recientemente, Spaey (2004) ha realizado una segunda encuesta; se refiere a 1.196 alumnos elegidos mediante sorteo aleatorio en los establecimientos de enseñanza secundaria de Forest y 46 adolescentes que habían tenido problemas con la justicia. ¿Es el efecto de los modos de constitución de las muestras? ¿De la operacionalización de las variables consideradas? ¿De las técnicas estadísticas empleadas? En diversos aspectos, las conclusiones de los autores son contradictorias. Según Spaey (2004 : 72), "cuanto más graves y violentos son los delitos, más probabilidades hay de que los autores sean de origen norteafricano en sentido amplio". Como prueba de este juicio relata las siguientes observaciones : hay relativamente más alumnos cuyos dos progenitores han nacido en África del norte (N=480) o en otro país de África (N=67) que alumnos cuyos progenitores han nacido en Bélgica (N=163) que mencionan degradaciones graves (10,63% y 8,96% versus 3,68%) y "lanzamientos de piedras" (9,79% y 5,97% versus 3,07%), hechos de extorsión (3,96% y 5,97% versus 2,45%) y robos graves (8,33% y 8,96% versus 3,68%), así como agresiones fuera de la familia (25,83% y 20,90% versus 16,56%). Inversamente, hay más alumnos cuyos padres han nacido en Bélgica que relatan hehos de consumo de cannabis (27,61% versus 11,04% y 14,93%), de drogas duras (3,68% versus 1,25% y 2,99%) o de alcohol (47,85% versus 3,55% y 31,34%); que venden cannabis (6,13% versus 4,17% y 2,99%) y que proceden a otras ventas ilegales (17,18% versus 15,63% y 16,42). Asimismo, son relativamente más numerosos que los alumnos cuyos padres han nacido en Marruecos en relatar hurtos (40,49% versus 37,50%) y tenencia de arma (9,20% versus 8,33%) ; no obstante, por lo que respecta a estos delitos, les superan, en cifras relativas, los alumnos cuyos padres han nacido en otro país de África (43,28% y 13,43%). A juicio de este autor, la “sobredelincuencia de los jóvenes descendientes de inmigrantes” no se explica por la posición socioeconómica de los padres, la degradación del entorno urbano, el tipo de vivienda, el sector de enseñanza, el nivel escolar subjetivo, la frustración escolar, la supervisión, el control parental, el número de 215

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descendientes ni la influencia de los pares delincuentes. Se ve favorecida por el absentismo escolar sin justificar, las expulsiones escolares temporales o definitivas y, en menor medida, el número de veces que el alumno repite curso. Mistiaen y Kesteloot ponen de relieve fuertes correspondencias entre el grado de integración económica de los padres y la trayectoria escolar de los hijos y entre este grado de integración y el tipo de delitos cometidos; por otra parte, muestran que cuanto más alto es el grado de exclusión, más disminuye el control de los padres, mientras que aumenta el de la policía. Es cierto que los “delitos de adolescencia” (graffitis y vandalismo) “se diferencian poco en función de la pertenencia social, aunque siguen siendo más frecuentes entre los jóvenes con un alto grado de exclusión” (Kesteloot et al., 2000: 217). Pero, al lado de éstos, “aparecen delitos de ricos” (hurtos en tiendas, consumo de drogas, tenencia de arma de fuego, amenazas, agresiones) cuya frecuencia aumenta regularmente en función del grado de exclusión. La combinación del factor socioeconómico y del factor espacial hace que la tipología sea más compleja: los hurtos en los comercios y la tenencia de armas blancas son los únicos “delitos de ricos”: el vandalismo y el consumo de droga son más o menos frecuentes según el barrio sea favorecido o desfavorecido, pero, en una misma zona espacial, son relatados con la misma frecuencia por los “jóvenes incluidos” que por los “jóvenes excluidos”; los graffitis, los hurtos de carteras, la venta de droga y las violencias callejeras son cometidos más a menudo por “jóvenes incluidos” en los barrios desfavorecidos y por “jóvenes excluidos” en los barrios favorecidos; la tenencia de arma de fuego, el robo de coches, las amenazas en la calle y, en menor medida, los robos con fractura, calificados como “delitos de confrontación” son relatados con más frecuencia por los “jóvenes excluidos” que por los “jóvenes incluidos”, y por los “jóvenes excluidos” de los barrios favorecidos que por los “jóvenes excluidos” de los barrios desfavorecidos”. El cálculo de los valores phi de los factores socioeconómico, espacial y étnico permite a los autores demostrar que, tratándose de “delitos de adolescencia” (fraude en los transportes colectivos, graffitis, tenencia de arma, consumo de droga, vandalismo, hurtos en comercios), “el factor étnico es predominante”, pero que “son los inmigrantes -los autores citan a los marroquíes y a los turcos, oponiéndolos a los belgas y a los demás extranjeros- “los que están en el bando de los no delincuentes” (Kesteloot et al., 2000 : 222). En cambio, los robos de bolsos y los robos de coches están vinculados al factor socioeconómico (sólo se explica mejor por el factor étnico el robo con fractura), y la violencia al factor espacial. A partir de un análisis discriminante de los mismos datos,Vercaigne y Walgrave demuestran que el factor étnico y el factor espacial no tienen impacto directo como tales en la delincuencia. El factor socioeconómico es, con mucho, el más importante y su importancia se ve reforzada si se tiene en cuenta el establecimiento escolar al que se asiste: algunas escuelas “acogen a una población difícil procedente de toda la región bruselense y los alumnos de estas escuelas “producen” más delitos, entre los cuales se encuentran delitos más graves”.Asimismo, según estos autores, simplemente no es “justo” decir que el origen marroquí “aumenta de modo directo el riesgo de delincuencia grave y frecuente” (Walgrave, Vercaigne, 2001 : 100). Proporcionalmente, los alumnos de origen o de nacionalidad marroquí son a la vez más numerosos que los belgas en haber cometido al menos cinco delitos diferentes (respectivamente el 20% y el 15% versus el 13%) y más numerosos en no haber cometido ninguno (43% y 49% versus 32%) (Kesteloot et al., 2000: 249). Por otra parte, un mismo grupo de variables -la precariedad de la situación socioeconómica de los padres y, de modo subordinado a esta primera variable, el hecho de proceder de la inmigración marroquí, el de vivir en un barrio desfavorecido y el de seguir una formación profesional- determinan, juntos, un aumento y una disminución estadísticamente anormales del número de delitos cometidos: los jóvenes que corresponden a este perfil están sobrerepresentados en el grupo de los que han cometido cinco delitos o más y en el 216

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grupo de los que nunca han cometido ninguno. En resumen, todo ocurre “como si estos jóvenes se dieran cuenta de su situación socialmente precaria y se esforzaran, más que los demás adolescentes, en no desviarse del camino recto. En cambio, si pierden la esperanza de una integración positiva, se controlan mucho menos” (Walgrave,Vercaigne, 2001 : 100). Y los autores mencionan la tesis de Van Welzenis (1995), la cual ha expuesto que “los jóvenes de alta vulnerabilidad societal, que fracasan en la escuela pero no se encuentran en un grupo de pares, cometen menos hechos delictivos” pero tienen “tendencia a caer en la depresión”. Dado que los jóvenes pertenecientes a los grupos socioeconómicos precarizados cometen, ya sea “muchos más”, ya sea “muchos menos” delitos que “el joven medio de la misma edad”, se impone un estudio más detallado “para analizar lo que influye precisamente en esta “elección” (Kestellot et al., 2000).Acerca de este punto específico, las investigaciones no nos enseñan nada. Si bien se interesa por las “condiciones de existencia y por las vivencias de los actores delincuentes”, Bastenier (2001: 126) utiliza para dar cuenta de ello la teoría de la anomia de Merton. Ahora bien, ésta explica porque las tasas de delincuencia varían en función de las posiciones ocupadas en la estructura social pero no explican por qué, en el seno de un grupo social determinado, hay individuos que pasan al acto y otros no. Mutatis mutandis, la misma observación es válida para las teorías de la exclusión social y de la vulnerabilidad societal. Los factores de riesgo puestos de relieve -problemas de disciplina en la escuela, absentismo escolar superior a un día, carencia de control de los padres,“vagabundeo” en la calle o en las salas de juegos- orientan la atención hacia los “fracasados de socialización” (Chamboredon, 1971 : 338) en los diferentes grupos, ya sea socioeconómica, espacial o étnica la definición de éstos. Por lo tanto, lo que convendría estudiar es a estos “fracasados de socialización”, más que la relación entre etnicidad y delincuencia. Si lo que interesa es este segundo objeto, entonces, habrá que ver, con Walgrave y Vercaigne (2001 : 111) que “no es hacia la cultura marroquí hacia la que hay que orientarse, pues el hecho de ser de origen marroquí no aumenta en si el riesgo de delincuencia, sino hacia la criminalización de los marroquíes por los aparatos de control”. 5.2. Los procesos informales de constitución de la “delincuencia de los inmigrantes” Si, según Walgrave yVercaigne, "la etnicidad" no aumenta el riesgo de delincuencia, van San et Leerkes (2001 : 18-19) sostienen, en cambio, que la frecuencia delictiva varía en los grupos "autóctonos" y "alóctonos": en 1997, entre los jóvenes de 14 a 24 años de edad que habitaban en Bruselas, Amberes, Gante, Lieja y Charleroi, la tasa de delincuencia habría sido del 1,2% entre los belgas, del 0,9% entre los nacionales de otro Estado miembro de la Unión Europea, del 2,5% entre los turcos, del 4,5% entre los marroquíes, del 5,1% entre los congoleños, del 5,7% entre los argelinos y del 11,5% entre los nacionales de los Estados europeos no miembros de la Unión. Según estos autores, las tasas calculadas a partir de las bases de datos policiales dan una buena idea del grado de participación de los jóvenes de los diferentes grupos en la delincuencia juvenil. La opinión es contestable, ya que los datos registrados lo eran en función de la visibilidad de las infracciones y de los infractores, por una parte, y de las prácticas de remisión, por otra parte. Ahora bien, diversas investigaciones indican que los grupos más representados en las estadísticas policiales, tales como los jóvenes de origen marroquí, se ven más, se miran más y se remiten más. Se ven más. En un artículo que se ha convertido en clásico, Chamboredon (1971 : 352) proponía distinguir “los comportamientos según el ámbito en el que tienen lugar y el tipo de agentes que pueden ser llamados a juzgarlos”, y de oponer a “los jóvenes de las clases medias y superiores a los jóvenes de las clases populares basándose en el número de “esce217

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narios” en los que pueden actuar y en las distancias de estos “escenarios” al “dominio público”. En parte, la visibilidad de los jóvenes de origen marroquí se explica por la falta de “regiones posteriores” en los barrios en los que residen: los escenarios en los que pueden actuar son escasos, por lo menos si se acepta esta institución de socialización obligatoria que es la escuela, y estas instituciones de invisibilización recomendada en lo que se han convertido algunas casas de juventud y asociaciones en el marco de los contratos de seguridad.“El espacio privado de la vivienda está sobredensificado, a menudo los jóvenes no tienen una habitación para ellos. Los equipamientos son escasos. La casa de la juventud dirigida por animadores sociales no se puede asimilar a los bastidores”, señala C. Schaut (2000a: 35). Por otra parte muchos jóvenes rechazan los papeles de “guardia-animador” (Moucheron, 2002 : 87) o de custodiado-animado” deseados por el Ministerio del Interior (Schaut, 2000a, 2001): se les proponen por malos motivos -molestan, deslucen, desentonan. Entonces, ni hablar, en su caso, de “larga serie de pantallas entre la familia y el “dominio público” de las cuales la “calle” resume, en el lenguaje corriente, todos los peligros”: “las tonterías” cometidas fuera de la familia están mucho más cercanas del juicio por la comunidad y por los agentes de represión” (Chamboredon, 1971: 353). A los efectos de la falta de « regiones posteriores », se añaden los de los usos particulares del espacio. Según Hubert, el “sentimiento de que ciertos grupos -de jóvenes especialmente- se apropian de los lugares públicos, es en realidad la percepción de un desfase entre una definición del espacio como región anterior, el escenario, y unas representaciones de comportamientos habitualmente reservados a las regiones posteriores, los bastidores” (2000a: 61). Este desfase tiene, sin duda, una dimensión cultural. En el “barrio”, aquello que guía las conductas es el honor, éste es ese “fundamento de la moral propia de un individuo que sabe que siempre está bajo la mirada de los otros” (Addi, 2002: 81); las calles y las plazas representan para los jóvenes que holgazanean en la calle una “región anterior”, el escenario en el que los hombres deben mostrarse (Belhaloumi, 2003). Esta representación se ajusta a las divisiones del espacio que se dan en la sociedad de emigración, en la cual lo que más importa es distinguir el espacio femenino del interior y el espacio masculino del exterior. En cambio, no corresponde a las que se dan en la sociedad de inmigración: las calles y las plazas se definen, de modo dominante, como lugares de paso que se utilizan para ir de un punto A a un punto B, y no como espacios destinados a la estancia o al deambular “ociosos”, a semejanza de los parques o de los centros comerciales. Esto no impide que la inserción problemática en el orden espacial atestigua una inserción problemática en el orden social; es el resultado de la posición de algunos hombres de origen marroquí en la sociedad de inmigración - una sociedad en la cual una parte de ellos no tiene verdadero lugar que ocupar legítimamente, ni en el interior ni en el exterior, exceptuando el café o la mezquita por lo que respecta a los de más edad, y la casa de la juventud o la cancha de fútbol-sala por lo que respecta a los más jóvenes. (Brion, 2003b). Más mirados y más remitidos. En los barrios bruselenses estudiados por Schaut (2001 : 148)), según la propia opinión de policías, los jóvenes presentes en el espacio público están constantemente bajo la mirada de habitantes “que se pasan el día telefoneando a la policía”. Ésta, bajo las órdenes de un alcalde con afán de responder a las expectativas de los habitantes o de algunos de ellos, intervendrá aunque sepa que no se ha cometido ningún acto que reprender. Para dar cuenta de la intensidad del conflicto que opone a jóvenes “amenazantes” y viejos “amenazados”, hay que mencionar, además de las normas de utilización del espacio público, las evoluciones macrosociales que generan para unos y otros el sentimiento de encontrarse “bloqueados espacial y socialmente”: internacionalización y terciarización de la economía, aumento importante de los precios en el mercado inmobiliario del alquiler y de la venta, empobrecimiento de una parte cada vez más importante de los habitantes de los barrios populares, desaceleración del movimiento de suburbanización y del proceso de inte218

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gración espacial (Schaut, 2000a: 28).Asimismo, hay que recordar que cohabitan “una población belga relativamente mayor y una población alóctona relativamente joven”, “muchas personas solas” y “familias numerosas de inmigrantes” (van San, Leerkes, 2001: 84). Estas condiciones morfológicas aumentan la inseguridad de los “amenazados”; también avivan sus celos con respecto a los “amenazantes” y a sus padres. A los primeros, que ocupan su “lugar en la renovación generacional”, les envidian la juventud y, quizás, un modo de asumir frente al mundo, sin esconderse, su posición de miseria. De los segundos, que se “sitúan en la palestra social y espacial”, envidian la solidaridad familiar, las redes de sociabilidad, incluso el hecho de que, durante las vacaciones, pueden abandonar el barrio (Schaut, 2000b: 81-82). La similitud de las posiciones ocupadas en el espacio físico y social induce a la etnización de las comparaciones y de las estrategias de distinción, que atañen a los temas de la barbarie y de la ausencia de integración (Schaut, 2000b: 32). La política de los contratos de seguridad “legitiman en exceso” los comportamientos de remisión , ocultando a la vez lo que un análisis más exhaustivo de estos comportamientos podría revelar: ausencia de procedimientos informales de resolución de conflictos, actitudes de rechazo frente a ciertos grupos, miedo al otro, impresión de aislamiento y de abandono (Schaut, 2001). Frente a la subida de la extrema derecha, en efecto, diversas formaciones políticas han intentado recuperar, a partir de 1991, el electorado del Vlaams Blok y de sus equivalentes francófonos privilegiando los temas de la seguridad y de los refugiados (Rea, 2001a). En consecuencia, importa poco que la investigación haya revelado la permeabilidad de la frontera entre “amenazados” y “amenazantes”, ya que éstos pueden sentirse amenazados por aquéllos así como aquéllos por éstos (Schaut, 2000a); asimismo, poco importa que el análisis estructural descubra, en el discurso sobre la delincuencia de los inmigrantes, la formula invertida de un deseo de muerte (Brion, 2000a): desde el punto de vista político, la estrategia adoptada no está destinada a tratar las causas de la inseguridad, sino a tomarse al pie de la letra la “novela nacional” en la que se enuncia el malestar de los “amenazados”. Este tratamiento literal de la queja de un grupo social tiene diversas consecuencias : validación de una lectura simplista de “la inseguridad”; territorialización del problema y de su supuesta solución, que se ve aumentada por una cosificación de los barrios; focalización de la atención en los viejos belgas y los jóvenes marroquíes que conduce a ignorar a los grupos de población menos visibles y audibles y a no tomar sus necesidades en consideración; confirmación de la identificación de los miembros de los grupos objetivo a “estatus maestros” (“amenazados”, “amenazantes”) estigmatizantes y ambiguos, lo cual conduce a algunos a exagerar el rol que les ha correspondido. Dos de estas consecuencias afectan especialmente la constitución de la “delincuencia de los inmigrantes”: la criminalización de la presencia de los jóvenes en la calle antes de cometer cualquier hecho delictivo; y la participación en la estigmatización de un grupo de población que nutre “el debate mediáticopolítico que vincula la inmigración a la delincuencia” y que proporciona “individuos criminalizables” al “sistema judicial” (Schaut, 2001: 136). A ello se añade el riesgo de revueltas repetidas: al menos si admitimos que “la revuelta contra la estigmatización empieza por la reivindicación pública del estigma, que se constituye así en emblema” (Sayad, 1999: 361). 5.3. Los procesos policiales de constitución de la "delincuencia de los inmigrantes" De hecho, Rea (2001b) ha demostrado que, para los jóvenes y sus padres, las revueltas son la consecuencia de la discriminación. “Si bien algunos de ellos, dice, señalan la discriminación en la escuela y en el empleo, las prácticas discriminatorias de las fuerzas del orden y la criminalización de los inmigrantes que resulta de la etiqueta de “delincuentes”, que se pone a todos los jóvenes de origen magrebí, constituyen las dos fuentes esenciales de los acontecimientos”. El autor indica que “el acoso policial provoca un sentimiento de persecución 219

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injustificada que conduce a un estado de guerra” (:51), sentimiento que, según demuestra la investigación, es justificado. Hace quince años, De Valkeneer realizó una observación participante en los servicios de policía de Bruselas, junto con una encuesta cuantitativa realizada en colaboración con la mayoría de los municipios bruselenses. Los datos recogidos, referidos a más de veinte mil intervenciones, ponían de relieve un doble fenómeno de selección de objetivos en el marco del trabajo policial proactivo. Selección de grupos objetivo: por una parte el 47% de los hombres aprehendidos eran jóvenes de origen magrebí menores de 25 años; más que otros, eran aprehendidos en ausencia de infracción flagrante o de acontecimiento sospechoso. Selección de barrios objetivo “con fuerte presencia policial”, por otra parte: el trabajo proactivo se centraba en prioridad en los barrios caracterizados por “una fuerte densidad de población y una proporción importante de inmigrantes” (1988: 169). Doce años más tarde, al término de una observación en una brigada de gendarmería bruselense, Francis (2001) repetía el diagnóstico: a pesar de la transformación de las estrategias policiales de control de la población -transformación que habría sustituido el “acoso indiscriminado a los jóvenes” por parte de las patrullas “de lucha contra la delincuencia y el terrorismo” por una “vigilancia discreta e identificación de los individuos susceptibles de ser cabecillas en caso de disturbios” (Chaumont, 2000: 240-241)- , seguía siendo manifiesta la focalización de las patrullas policiales en los jóvenes marroquíes y en los barrios en los cuales se concentra la población de origen marroquí. Según DeValkeneer (1988), esta selección de objetivos no es el producto de la experiencia profesional de los policías, definida como el hecho de haberse visto habitualmente confrontados a autores de infracciones en los grupos o en los barrios seleccionados. Para explicarla, menciona ciertas estrategias alentadas por los mandos, entre éstas, la valorización de las actividades proactivas; asimismo, menciona “la existencia de un racismo más o menos importante dentro del mundo policial”, que relaciona con la Weltanschauung policial descrita por J.-C. Monet (1984: 109). Ésta divide la sociedad en dos grupos: por una parte,“aquellos que admiten las definiciones de la policía sin ponerlas en tela de juicio, es decir la “gente honrada” pero también los “verdaderos truhanes”, y, por otra parte “aquellos que discuten estas definiciones: desviados, marginales, extranjeros cuyo “chapurreo” es inevitablemente portador de una protesta, ya que no cuenta con los mismos referentes que el policía (...)”. La explicación facilitada por Francis (2001: 190) es diferente. En Bruselas, los agentes de patrulla, grosso modo, no tienen más “que una cosa que hacer: patrullar según una hoja de ruta más o menos constrictiva”, actividad que se vuelve rápidamente tediosa, salvo que uno se permita algunas distracciones, entre éstas la “caza”. La apariencia y el comportamiento son, en este caso, los indicios que revelan a la presa. La apariencia debe corresponder al estereotipo del “delincuente normal”- un hombre joven de origen extranjero. El comportamiento debe ser sospechoso, pero puede consistir en una reacción impulsada por unas técnicas policiales bien experimentadas huida, miedo o pretextos falsos cuando la patrulla exacerba su propia visibilidad, pasa lentamente a la altura de una persona mirándola a los ojos, acelera o frena bruscamente a su altura, realiza una rápida marcha atrás en su dirección o pone brevemente en marcha la sirena. Para “aumentar sus probabilidades de éxito cuando realiza un control, la patrulla busca “las situaciones en las cuales se impone la doble selección” y toma “los territorios en los cuales las apariencias de la delincuencia son tan numerosas (...) que todavía hay que impulsar los comportamientos sospechosos.” Por consiguiente, se centra en los barrios en los que se concentran los inmigrantes y sus descendientes, zonas “dentro de las cuales se encuentran con más frecuencia los estereotipos buscados” (Francis, 2001: 194). Por otra parte, el conflicto tiene unas dimensiones espaciales y sociales. Espaciales: tres años antes de los “acontecimientos” de Forest, De Valkeneer ya señalaba que había “oído decir con demasiada frecuencia que había que “retomar” ciertos barrios, como si se tuviera que librar una batalla” (1988: 199); en cuanto a Chaumont (2000: 241), escribe que la polí220

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tica de la gendarmería fue, en un primer momento, la de “subir al frente, buscar, incluso provocar el combate con el fin de “reconquistar” el territorio, de eliminar las zonas “sin ley”. Sociales: si en los barrios seleccionados como objetivo por la policía el espacio público es el lugar y la apuesta de un conflicto entre “amenazantes” y “amenazados”, este conflicto se exacerba entre “cazadores” y “cazados”. Puede ser el efecto de la similitud de su condición: misma edad, mismo sexo, misma obligación de deambular en el espacio exterior, mismo tedio todo esto les convierte en los “mejores enemigos”, unidos por la rivalidad imaginaria y luchando “unos contra otros, por el honor y juntos, contra el tedio y la inacción” (Hubert, 2000a: 163). Pero también es el efecto de la diferencia objetiva entre sus posiciones: pues “los agentes de las fuerzas del orden (...) también son representantes del Estado, que les otorga el monopolio de la violencia física y simbólica” (Hubert, 2000a: 159). Controlar, poner cara a la pared, registrar, hacer un atestado, reseñar, detener, etc. los protagonistas no están en igualdad de condiciones. En estas circunstancias, la lucha por el honor es un engañabobos (Hubert, 2000a: 180) y la rivalidad imaginaria acaba en un juego de masacre. Lo mejor -el juego, tanto más divertido cuanto que los riesgos son altos- es para los “cazadores”; lo peor -la masacre-, es para los “cazados”. El conflicto tiene principalmente una dimensión política. Como escribe Rea (2001b: 52): “Al Estado policial que garantiza el control de la legalidad de la residencia de los extranjeros a nivel del Estado, se añade un Estado policial descentralizado en los barrios que garantiza la vigilancia de los extranjeros mediante una focalización policial algunas veces decretada por los ediles municipales”. En 1988, DeValkeneer escribía que la “política policial llevada (…) contra poblaciones inmigrantes en el seno de varios cuerpos de policía” entrañaba el riesgo “de transformar completamente algunos barrios, a medio o corto plazo, en verdaderos guetos y de imposibilitar por completo cualquier relación entre la policía y las poblaciones que componen estos barrios, si no es según la modalidad del enfrentamiento” (1988: 189). En este caso, el plazo resultó ser más bien corto: las primeras revueltas estallaron en mayo de 1991. Entretanto, otro estudio había confirmado que, para los policías, los “inmigrantes” eran generalmente sospechosos, que “los controles de identidad [tenían más que ver] con la táctica del hostigamiento que con la técnica de investigación”, que los “jóvenes inmigrantes” tenían la impresión de que los policías los “buscaban” y los autores del estudio tenían la sensación de que esta impresión estaba justificada (Casman et al., 1992: 26). Sin embargo, en el momento de las revueltas, los miembros de la clase política, con escasas excepciones, apoyaron la tesis de un “núcleo duro compuesto por jóvenes magrebíes imposibles de integrar y manipuladores” (Schaut, 2001: 154). Esta definición ha justificado la adopción de tres líneas de acción: la creación de dispositivos de integración; el refuerzo de los dispositivos de mantenimiento del orden por medio de los contratos de seguridad que incluye una parte sociopreventiva y una parte policial; y la introducción de dispositivos penales alternativos destinados a luchar contra el sentimiento de impunidad (Rea, Brion, 1992). Todas ellas han contribuido, por una parte, a acreditar la idea de que el problema social revelado por las revueltas era el rechazo o el fracaso de la integración y, por otra parte, a justificar la criminalización de los jóvenes procedentes de la inmigración. 5.4. Los procesos penales de constitución de la "delincuencia de los inmigrantes" Instituidos en 1994, el procedimiento abreviado y el procedimiento de mediación penal forman parte de las medidas anunciadas tras las revueltas de mayo de 1991. El primero está destinado a “luchar contra la delincuencia urbana, flagrante, reincidente, cuya gravedad intrínseca puede ser importante” (Toro, 2001: 204); el segundo debe poner fin a “la espiral de la delincuencia urbana”, confrontando rápidamente al autor de la infracción con las consecuencias penales de sus actos y luchando “contra el sentimiento de impunidad. El primero suele conducir a la cárcel; el segundo permite evitar la estigmatización vinculada a 221

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los antecedentes judiciales y al encarcelamiento. En Bruselas, el procedimiento abreviado fue descrito pronto como “un instrumento para discriminar, para prolongar las desigualdades sociales, para perpetuar un modo de funcionamiento social basado en la diferenciación y, cada vez más adelante, en la exclusión” (Dayez, 1998: 18). Lo que se cuestiona es la excesiva representación de hombres jóvenes, de nacionalidad o de origen extranjero, poco escolarizados, sin empleo y habitantes de los barrios pobres de la capital entre los justiciables cuya causa se tramita por la vía del procedimiento abreviado (Scohier, 2000: 12). En cambio, las personas de origen extranjero tienen una escasa representación entre los justiciables cuya causa se tramita en el marco de un procedimiento de mediación,“sobre todo si se trata de jóvenes” (Toro, 2001: 210). Entre los criterios cuya toma en consideración contribuye a producir este reparto, hay que mencionar diversas circunstancias que pueden ser recogidas como “elementos vinculados a la personalidad del inculpado” - ilegalidad de la residencia, ausencia de domicilio fijo, ausencia de inserción escolar o profesional, ausencia o insuficiencia de ingresos declarados. Es probable que a ello se añadan los efectos de las representaciones sociales de los magistrados y los de la actitud del justiciable durante su declaración. Finalmente, es posible que la orientación diferencial de las causas , que produce efectos de discriminación al final, tenga su origen en mecanismos y procesos del principio. La prisión preventiva es un segundo punto de bifurcación de los trámites y de las trayectorias penales: En Bruselas, De Pauw (1997) ha demostrado que “siendo igual todo lo demás”, a los autores de tenencia y venta de estupefacientes se les”aplica de un modo cuantitativamente diferente la prisión preventiva”, según sean de origen belga o magrebí; el resultado es que, con unos antecedentes y unos hechos equivalentes, los magrebíes se benefician menos que los belgas de la suspensión de la imposición de la pena y del aplazamiento de la ejecución, en cambio, se les condena a penas privativas de libertad más severas. Varios estudios han identificado los mecanismos que contribuyen a producir este resultado. El peligro de reincidencia, el temor a la fuga y el riesgo de desaparición de pruebas o de colusión con terceros constituyen condiciones particulares de la orden de detención cuando la gravedad de los hechos no es suficiente para justificar la absoluta necesidad para la seguridad pública; según la doctrina, el peligro de reincidencia y el temor a la huida deben apoyarse en elementos sacados de los hechos de la causa y de la personalidad del inculpado. Si la calidad de extranjero ya no basta para justificar el riesgo de sustracción a la acción de la justicia, algunas circunstancias recogidas por el magistrado como “elementos vinculados a la personalidad del inculpado” -ilegalidad de la residencia (Snacken et al., 1999), ausencia de domicilio fijo, de contrato de trabajo o de ingresos declarados (De Pauw, 1997)- aumentan la probabilidad de prisión preventiva para los inculpados extranjeros.A los efectos de discriminación vinculados a estas variables legales se añaden los que se derivan de las representaciones sociales de los magistrados: algunos jueces de instrucción contemplan la extranjería o el origen extranjero como circunstancias agravantes, añadiéndose a la infracción penal una infracción a las leyes de la hospitalidad; otros atribuyen formas de delincuencia o rasgos culturales específicos a determinados grupos “étnicos” - infracciones a la legislación relativa a estupefacientes en el caso de los inculpados de origen magrebí, “componendas” con la verdad en el caso de los inculpados de origen africano - que aumentan la probabilidad de que sus miembros sean encarcelados (Snacken et al. 1999: 48). Finalmente, el dominio de la situación de interacción jurídica no se distribuye de modo igual entre los inculpados; más allá del dominio individual de las actitudes y de los sistemas de defensa adecuados, la manera misma en que se introducen en los mismos es tributaria de la calidad de las relaciones que los grupos sociales a los que pertenecen mantienen con la policía y la justicia (Brion, 1997a). Aplicado a la población reclusa, el método demográfico permite detectar otros mecanismos de producción de la sobrerepresentación de los extranjeros y personas de origen 222

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extranjero en la población penitenciaria. Este método demuestra que el incremento diferencial del número de reclusos está ligado a la diferenciación de los modelos de crecimiento de la población carcelaria en función de la nacionalidad. De 1990 a 1997, el aumento del número de reclusos extranjeros es, en cifras relativas, del 34% para a los belgas; del 93% para los marroquíes; del 13,7% para los turcos y del 52% para los reclusos de otra nacionalidad. Resumiendo a grandes rasgos las tendencias puestas de relieve: este aumento está relacionado con el incremento de la duración media de la reclusión tratándose de los belgas, con el número de ingresos y con el incremento de la duración media de la reclusión tratándose de turcos y marroquíes, y con el incremento del número de ingresos tratándose de otros extranjeros. Dejando de lado las detenciones gubernativas, el incremento de la duración media de reclusión es más importante para los marroquíes que para los turcos, y para los turcos que para los belgas. Por lo que el análisis demográfico permite deducir, este incremento diferencial es el resultado de una doble evolución. Agravación diferencial de las penas pronunciadas o ejecutadas por una parte: de 1990 a 1997, el número de reclusos condenados a penas correccionales de entre 3 y 5 años se ha multiplicado por 2,3 por lo que respecta a los belgas, pero por 2,9 en cuanto a los turcos y a los marroquíes; el número de reclusos condenados a penas correccionales superiores a 5 años se ha multiplicado por 1,9 tratándose de belgas, 3,1 tratándose de turcos y 3,7 tratándose de marroquíes (Snacken et al., 2004: 24-25). Evolución diferencial de las prácticas de puesta en libertad anticipada: P or otra parte, para limitar la superpoblación generada por el alargamiento de las penas pronunciadas, el ministro de Justicia y su administración han hecho un uso profuso, durante el periodo de observación, de estos mecanismos de erosión que son la libertad provisional para los reclusos condenados a penas correccionales inferiores a 3 años y la libertad condicional para los reclusos condenados a penas criminales o a penas correccionales superiores a 3 años. En el caso de los belgas, esta política ha reducido la duración media de reclusión para todos los reclusos, ya se les haya aplicado la libertad provisional o la libertad condicional. Tratándose de los turcos y los marroquíes, se ha reducido la duración media de reclusión para aquellos a los que se ha podido aplicar la libertad provisional, pero se ha alargado para los reclusos a los que les era aplicable la libertad condicional. Siendo la infracción la unidad de medida, hay dos categorías que atraen especialmente la atención. Se trata de las amenazas y la rebelión: la duración media de reclusión se ha multiplicado por 1,6 en cuanto a los reclusos belgas, por 1,2 en cuanto a los reclusos turcos y por 2,3 para los reclusos marroquíes - esto es, según los casos, un alargamiento medio de 4 meses, 1 mes y 11 meses. Entre la población reclusa, el número de marroquíes enjuiciados o condenados por amenazas o rebelión se ha multiplicado por cuatro entre 1990 y 1997; en su caso, la duración media de reclusión se ha elevado de 9,2 meses a 21,3 meses. La de las infracciones a la legislación sobre estupefacientes: la duración media de la reclusión se ha multiplicado por 1,2 para los reclusos belgas, por 1,4 para los reclusos turcos y por 2,1 para los reclusos marroquíes - es decir un alargamiento medio de 2 meses, 4 meses y 8 meses. Consecuencia paradójica de este alargamiento diferencial: si el número de infracciones atribuidas a los belgas que ingresan en prisión se ha incrementado más que el número de infracciones atribuidas a los marroquíes que ingresan en prisión, el número de infracciones atribuidas a los reclusos marroquíes se ha incrementado más que el número de infracciones atribuidas a los reclusos belgas. Pongamos un caso ejemplar de producción de la sobredelincuencia aparente de los marroquíes: según la opinión común, el aumento de la masa de infracciones atribuidas a los reclusos belgas y marroquíes refleja el aumento de la delincuencia, marcando su diferenciación la inversión diferencial en este tipo de delincuencia: el análisis demográfico demuestra que sólo reflejan el aumento diferencial de la represividad (Brion, 2001b).

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5.5. Los procesos proteccionales de constitución de la « delincuencia de los inmigrantes » Según Toro (2001: 219), puede ser que, puesto que el pasado judicial « excluye de modo relativamente sistemático el recurso a la mediación penal”, la infrautilización del procedimiento de mediación penal, tratándose de jóvenes de origen extranjero se derive en parte del hecho de que, al parecer, tienen antecedentes ante una jurisdicción de menores con más frecuencia. De hecho, un estudio del Instituto nacional de criminalística y de criminología (Vanneste et al., 2001) establece la sobrerepresentación de los menores originarios del Magreb y de los Estados no miembros de la Unión Europea en las muestra representativas constituidas a nivel de la fiscalía (N=649) y de los juzgados de menores (N=476) de los distritos judiciales de Amberes, Bruselas, Charleroi, Gante, Malines, Namur, Nivelles y Termonde. El análisis pone de relieve la incidencia del origen extranjero en las prácticas decisionales de los fiscales y de los jueces. Esta incidencia, desde luego, aunque significativa, no es la más determinante: por lo que respecta a la fiscalía, las variables más decisivas son el carácter repetido y multiforme de la delincuencia; por lo que respecta a los jueces de menores, se trata de la dinámica familiar y de la escolaridad. Pero, como escribe Vanneste (2005 : 643), “lo que debe ser verdaderamente subrayado, es el hecho de que esta variable actúa de un modo fuertemente independiente de los demás factores, incluso en contradicción con la resolución favorable que cabía suponer por el conjunto de características positivas”. En la muestra “fiscalía”, el cálculo del odd-ratio revela que, siendo todo lo demás igual, la probabilidad de que el fiscal remita al menor ante el juez de menores es dos veces más alta si el menor es originario de un Estado no miembro de la Unión; lo mismo ocurre con la probabilidad de que proponga una medida alternativa antes que el sobreseimiento. No obstante, es posible que la frecuencia de las remisiones de menores de origen extranjero y de origen belga ante el juez de menores varíe en función del distrito judicial (Poulet, 1990). En la muestra “jueces”, el reparto de las medidas tomadas con respecto a menores originarios de países que no son miembros de la Unión y de menores “belgas de origen” muestra que los primeros son objeto más a menudo de una medida de internamiento (55% versus 51%) y, en particular, de una medida de internamiento en una de las instituciones públicas de protección de menores (29% versus 22%); cuando las medidas decretadas son medidas de régimen abierto, se trata con menos frecuencia de medidas de reprimenda (19% versus 25%) y de vigilancia simple (16% versus 21%), pero más a menudo de medidas de vigilancia combinadas con una prestación educativa y filantrópica (16% versus 9%). “La incidencia determinante del origen extranjero del menor, concluye Vanneste (2005: 645), funciona pues de modo acumulativo en las dos fases del procedimiento, favoreciendo en cada ocasión las decisiones de carácter más constrictivo”. El análisis estadístico manifiesta la desviación existente entre las “lógicas decisionales declaradas” por los magistrados y las lógicas que gobiernan sus prácticas inconscientemente. Tratándose de la fiscalía, los magistrados dicen que privilegian en la elaboración de sus decisiones la apreciación de los hechos, de las circunstancias y de los antecedentes judiciales. Sin embargo,“el menor de origen extranjero no presenta ninguna característica de delincuencia específica que justifique una remisión más frecuente al juez” (:643); por otra parte,“aquellos a los que la fiscalía orienta hacia el juez de menores no proceden, ni más ni menos que los belgas de origen, de familias precarias” (:644). Por lo que respecta a los jueces, la lógica declarada se refiere principalmente al modelo proteccional (: 21). Pero, en el análisis estadístico, no hay nada que indique que los jóvenes de origen extranjero que son objeto de una medida tengan una especial necesidad de ser protegidos. Con respecto a los síntomas, presentan algo menos que los otros una “delincuencia multiforme” y sus delitos son algo menos a menudo percibidos como graves por el juez de menores; si han sido algo más a menudo que los demás 224

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objeto de una intervención judicial anterior, “este indicador de vuelta al circuito judicial puede ser simplemente un artefacto del fenómeno de selectividad que se observa aquí” (: 643). En lo relativo a la etiología tienen, con algo menos de frecuencia, problemas escolares o familiares y son menos numerosos en consumir drogas; finalmente, su comportamiento es percibido con algo menos de frecuencia como problemático por el juez (: 644). Para explicar estos ilogismos, se pueden plantear dos hipótesis. La primera se refiere a la desviación puesta de manifiesto con respecto a la fiscalía: es posible que en algunos distritos, el “riesgo superior” de ser remitido al juez se explique en parte por el “riesgo superior” de ser detenido y presentado al juez -dicho de otro modo, por las practicas decisionales de los policías, y no por las de los magistrados de la fiscalía-. DeValkeneer (1988) y Francis (2001) han establecido que, en Bruselas, los jóvenes de origen marroquí son más objeto de controles policiales y de diligencias policiales; el análisis discriminante canónico realizado por Walgrave y Vercaigne (2001) de las diligencias policiales (N=2.580) transmitidas a la fiscalía de menores entre abril y octubre de 1998 por hechos susceptibles de ser cualificados como infracciones demuestra que, además, estos jóvenes tienen más riesgo que los demás jóvenes objeto de controles y diligencias policiales de ser detenidos y presentados al juez en vistas a una medida provisional inmediata. Según los autores, este riesgo “superior” no se explica por “el hecho de que los marroquíes cometan varios delitos” (: 108); salvo que se suponga que, a calificación idéntica, la gravedad de los hechos varíe sistemáticamente en función del origen nacional, tampoco se encuentra una explicación satisfactoria en el hecho de que, hipotéticamente, cometen delitos más graves. Quizá esté ligado este riesgo “al comportamiento de los jóvenes en el momento de la incoación de las diligencias”, pero, a este respecto, Walgrave y Vercaigne no disponen de información alguna. En cambio, está comprobado que los jóvenes detenidos y presentados al juez “entran (…) sin excepción en el circuito judicial”, mientras que los otros “tienen incluso una oportunidad real de que su delito sea objeto de sobreseimiento”. (: 105). La segunda se refiere a la desviación observada con respecto a la fiscalía y a los juzgados de menores. Es posible que las decisiones tomadas se vean afectadas por las representaciones de los jóvenes y de las familias originarias de África y de Turquía, que comparten muchos trabajadores sociales y magistrados que trabajan en los ámbitos de la ayuda a los menores o de la protección de menores. Spitz (2005: 454) observa, a partir de un análisis de expedientes de protección, que los padres de África central son “percibidos como educadores inadecuados” y “descalificados en su rol parental”, siendo sus métodos educativos “identificados como maltrato físico y psicológico”. Born (2005 : 40) relata los resultados de una encuesta realizada a trabajadores sociales convencidos de que las chicas de cultura musulmana son víctimas de violencias específicas -bodas forzosas, secuestro, denegación de actividad, vigilancia intensiva por parte de los hermanos, presiones para prevenir la pérdida de la virginidad, amenazas de regreso al país e incluso amenazas de muerte.Walgrave (2005 : 761) lamenta que la adecuación de las medidas judiciales destinadas a la rehabilitación y a la reparación sean puestas en duda cuando se trata de jóvenes y de familias norteafricanas, con los motivos falaces de que la tradición y la cultura musulmanas “no favorecen, supuestamente, el reconocimiento de la culpabilidad, las disculpas y el perdón” y “están supuestamente menos adaptadas a las prácticas de reparación”, y que la barrera de la lengua sea un obstáculo a la comunicación, que es fundamental en el proceso de reparación. La influencia de estas representaciones es tanto más importante cuanto que el modelo proteccional se basa en dos elementos esenciales (Brion, 1993). Por una parte, la autoridad parental se concibe como “un instrumento distribuido por el Estado y que el Estado, por lo tanto, puede retirar”,“no teniendo sus funciones los padres más que por delegación del Estado y no ejerciéndolas más que bajo su vigilancia” (Meyer, 1977 : 24-25). Por otra 225

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parte, la delincuencia es vista como el síntoma de un fallo parental y de una patología familiar; como tal, lo que requiere, no es ya el castigo del delincuente, sino la orientación de los padres o, en su defecto, su propio internamiento. Cierto que este dispositivo no se refiere solamente a los menores de origen extranjero; tratándose de menores de origen marroquí, no deja de ser uno de los elementos de la “dialéctica paradójica” (Brion, 1993) que aumenta la probabilidad del internamiento. Articulado a la noción de poder público, convulsiona el modelo tradicional al que ciertos padres siguen refiriéndose, el cual se articula a la de poder paterno. Sobre todo, imponiendo un marco de interpretación que atribuye a la delincuencia una etiología familiar más que social, lo descalifica, como descalifica al conjunto de padres de origen marroquí: descalificación al cuadrado ya que, en este caso, la ineptitud de los padres se presume, viniendo solamente a confirmarla la delincuencia de los hijos. Para algunos padres, la intervención del juez de menores, última destitución, lleva hasta la entidad familiar, que justificó la aventura y el sacrificio de la emigración, la destitución social que es el corolario de la inmigración. Si, para ellos, su violencia simbólica es extrema, es porque constituye e instituye una violación de “todo el ámbito de la intimidad” cuando el modelo tradicional impone que este ámbito esté velado, “no [debiendo] en ningún caso ser expuestos ante nadie ajeno al grupo las disensiones internas, los fracasos y las insuficiencias” (Bourdieu, 1972).También es porque entre el juez y el padre, establece una relación homóloga a la que establece el modelo tradicional entre el padre y la madre, colocando a aquél consciente o inconscientemente, en “situaciones de desvirilización” cuando, “en su grupo familiar, inmerso en una red de valores normativos que segregan a su nivel una necesidad de consideración social, va a tener que recuperar respeto y autoridad” (Selosse, 1978 : 11). De ahí que la intervención del juez pueda suscitar incomprensión, vergüenza y humillación (Brion, 1993), como las medidas de custodia y de educación que impone - significativamente, las cosas ocurren de modo distinto con las orientaciones que propone el servicio de auxilio a los menores (Delens-Ravier, 2001). De ahí también, si no se hace de forma debida, que la consulta del niño pueda ser sentida como un insulto y la de la madre como una torpeza. De ahí aun la reserva de los jóvenes de origen marroquí, que se niegan a hablar de su familia y del modo en que se siente la intervención judicial (Brion, 1993; Delens-Ravier, 2005). De ahí finalmente, frente a esta intervención, la “dimisión” de ciertos padres, que ven en su citación la señal de una revocación y prefieren, al menos al principio, dejar las cosas como están y aceptar el internamiento.A menudo, esta “dimisión” va seguida de la de los trabajadores sociales cuya implicación depende del sentimiento de ser útiles y pertinentes (Delens-Ravier, 2005). Sin que lo haya deseado ninguno de los que participan en el dispositivo de protección, la “dialéctica paradójica” precipita o suscita rupturas que el internamiento, cuya probabilidad incrementa, contribuye a perpetuar. Lejos de frenar los procesos de marginalización social, las medidas que induce tienen el efecto de privar a ciertos jóvenes de la solidaridad familiar, recurso que, sin embargo, es fundamental en las situaciones de gran vulnerabilidad societal. CONCLUSIÓN ¿Qué sabemos de las relaciones entre delincuencia, inmigración y discriminación? Resumiendo, sintéticamente, tres o cuatro cosas. En primer lugar, no existe particularidad alguna de la “delincuencia de los inmigrantes” más que la que se instituye; se trata de la problemática de la extranjería y de la ilegalidad, vinculada a la anterior o se constituye se trata de la de la penalidad, más velada. En segundo lugar, la constitución de la “delincuencia de los inmigrantes” es un fenómeno complejo que articula numerosos procesos informales y formales. Para dar cuenta de él, la criminología moviliza la sociología urbana, la sociología de las relaciones étnicas, la sociología de las organizaciones y la sociología de la 226

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administración de la justicia penal; las contribuciones de la antropología cultural y jurídica son útiles pero marginales. En tercer lugar, la discriminación procede, en el ámbito policial, de la selección como objetivos de determinados grupos y barrios así como de prácticas diferenciadas de realización de atestados y de detención que producen efectos en la fase posterior al proceso penal; en el terreno judicial, adopta la forma de la diferenciación de los trámites y de las trayectorias penales. En cuarto lugar, la “delincuencia de los inmigrantes” tiene que ver con las contradicciones estructurales propias de las sociedades que Balibar (1990 : 72) califica de “sociedades nacionalistas igualitarias”; se inserta en ellas tomando el relevo de la extranjería para constituir a los inmigrantes y a sus descendientes en sujetos desposeídos de la ley de la igualdad o legitimar que sean tratados de este modo (Brion, 1995, 1996). Con formas renovadas, las políticas de seguridad que la han utilizado como pretexto reproducen las políticas de expulsión del territorio; los diferentes contratos que se derivan de estas políticas contribuyen a “internalizar” la frontera”, la cual “deja de estar fijada dentro de los límites del Estado-Nación para situarse en el interior de las ciudades, en algunos barrios” (Schaut, 2000a: 155-156). ¿Y qué sabemos acerca de lo que no sabemos ? Por parte de la criminología del paso al acto, el estado actual de los conocimientos no permite explicar por qué, en los grupos más dominados, algunos “eligen” (Kesteloot et al., 2000) la delincuencia y otros no. Los factores de riesgo puestos de relieve orientan la atención hacia los “fracasados de la socialización” (Chamboredon, 1971: 338); por lo tanto, convendría estudiar a estos “fracasados” -sin olvidar, no obstante, que, estadísticamente, los “fracasados” no son la norma ni en los grupos dominados ni en los grupos dominantes-. En este nivel de análisis, las teorías de la anomia y de la vulnerabilidad societal no son pertinentes, pero las futuras investigaciones sociológicas se referirían, sin duda de modo útil, a la teoría de la asociación diferencial de Sutherland. Por parte de la criminología de la reacción social, en el punto de decisión entre reacción informal y reacción formal, se plantea especialmente la cuestión de saber si las jerarquías étnicas informan las prácticas de remisión; de un modo más general, convendría estudiar la influencia de la composición de los barrios sobre la delincuencia registrada. Entre las referencias teóricas útiles, hay que citar Social Pathology de Lermert, sociólogo que, ya en 1951, proponía ver en las estadísticas policiales un indicio de la tolerancia social y no de la delincuencia. Las investigaciones que estudian la reacción social formal han permitido descubrir ciertos mecanismos y procesos productores de efectos de discriminación. No obstante, debido a sus escasos cimientos teóricos, son poco satisfactorias; ninguna alcanza, incluso en la replicación, la calidad de los trabajos de etnometodólogos como Garfinkel (1949) y Cicourel (1976). Desde el punto de vista metodológico, las investigaciones relativas a los procesos formales de constitución de la “delincuencia de los inmigrantes” manifiestan, en su caso por defecto, la necesidad de triangular su estudio. La desviación entre lógicas decisionales “declaradas” y “efectivas” puesta de relieve en la investigación dirigida porVanneste (2001) demuestra bastante la insuficiencia de las investigaciones que, limitándose a los discursos de los agentes acerca de sus prácticas, se privan de contemplar lo que se da por supuesto y que informa al derecho y que lo tuerce (Brion, 1995, 2003a) y abandonan la ambición de la sociología de ser una socio-lógica. A la inversa, la dificultad que se experimenta para comprender las lógicas que gobiernan efectivamente las prácticas decisionales y para descubrir sus determinaciones etno-metodológicas demuestra que, más allá del análisis estadístico, instrumento privilegiado de la ruptura con las lógicas decisionales declaradas, son necesarios otros enfoques del trabajo judicial. Además de las entrevistas, hay que citar el método etnográfico y la investigación-acción; así utilizada, ésta puede recobrar una plena dignidad científica.Teóricamente, el mismo corpus ilustra la dificultad de concebir la discriminación en el campo de la justicia penal y de la protección de los menores, De nuevo, 227

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aquí puede ser útil la etnometodología. ¿No ha demostrado Garfinkel (1949), hace más de cincuenta años, que no son necesarias ni la intención ni la ilegitimidad de la distinción para que haya discriminación? Por una parte, los seres humanos son seres de razones tribales cuyas pertenencias gobiernan las percepciones: para ellos el significado social de una misma infracción varía según el autor y la víctima sean o no sean miembros del mismo grupo que ellos. Por otra parte, el trabajo judicial produce simultáneamente tanto la diferenciación del tratamiento judicial, como la diferenciación de las definiciones de situación que la legitiman: ahí reside a la vez su función y la condición de su eficacia social (Brion, 1995, 2003a). Ética y políticamente, la apuesta de las futuras investigaciones será trabajar por el cambio. Porque la “delincuencia de los inmigrantes” está judicialmente constituida, se tratará de analizar los mecanismos y procesos de la diferenciación social del tratamiento penal o proteccional. Porque el trabajo judicial sella las determinaciones sociales de los procesos formales de constitución de la “delincuencia de los inmigrantes”, se tratará de llevar a lo más alto la comprensión de los mecanismos y de los procesos que permiten este sello; se tratará en particular de comprender cómo se produce la justificación de la diferenciación a medida que se va realizando. Dado que la diferenciación y sellado se efectúan sin que lo sepan necesariamente los agentes de los sistemas de administración de la justicia penal y de la protección de menores, se tratará de hacerles ver, de forma que puedan recibirlo, aquello que por sí mismos ignoran y que, sin saberlo, determina la imagen de las situaciones que deben tratar. En muchos aspectos, el trabajo judicial es, como la alquimia, un arte de la transmutación: porque en este caso, ésta es quizás la forma propia del sellado, se estudiará cómo las variables sociales son transformadas en variables legales, y las discriminaciones ilegítimas en distinciones legítimas. Por lo demás, los procesos formales de constitución de la “delincuencia de los inmigrantes” no son determinantes en última instancia, como no lo es la extranjería: por ello, con una perspectiva de cambio, el esfuerzo de investigación deberá concentrarse prioritariamente en el estudio de las relaciones complejas de la estructura social y de la delincuencia. En criminología sociológica, existe una segunda hipótesis casi tan célebre como la que pretende explicar la delincuencia por la etnicidad: es aquella que la relaciona con la pobreza. Como escribía Merton en 1938, no halla materia para ser formulada más que en las sociedades cuya estructura cultural define la prosperidad como el bien soberano prometido a todos los que quieran, y cuya estructura social distribuye desigualmente los medios legítimos de realizar este deseo.

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8. EL RECORRIDO HACIA LA INTEGRACIÓN: INMIGRACIÓN Y CONFLICTO EN SUECIA Alina Müler

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1. INTRODUCCIÓN Desde un punto de vista histórico, en un período de tiempo muy corto Suecia ha pasado de ser un país relativamente homogéneo a convertirse en una sociedad multiétnica y multicultural. A partir de finales de la década de los cuarenta, cuando la inmigración en Suecia comenzó a alcanzar cantidades significativas, la transformación vino acompañada de tensiones sociales y la segregación étnica resultante se percibe hoy en día como una gran amenaza a la cohesión social y la estabilidad política (Westin 1999). El caso de Suecia en el contexto de conflicto social relacionado con la inmigración, es bastante similar al descrito en el informe sobre Alemania de Désirée Kleiner-Liebau en este volumen. Más allá de contar con una sola cuestión que domine el potencial de conflicto, como pueda ser el caso de los Países Bajos donde el Islam ha sido la cuestión que ha determinado el aumento de las tensiones, la inmigración en Suecia ha tenido diferentes impactos en distintas áreas desde los años cincuenta. La naturaleza cambiante de la inmigración (desde la inmigración laboral procedente de los países europeos a los refugiados, principalmente extracomunitarios, y más recientemente un incremento en la inmigración laboral) se ve reflejada en los diferentes marcos teóricos, que apuntalan la comprensión de los potenciales conflictos sociales relacionados con la inmigración. Además, durante mucho tiempo la inmigración como un fenómeno social no recibió una atención específica. Por tanto, los impactos sociales y políticos que conlleva no fueron previstos. Esta progresiva toma de conciencia de los impactos y la complejidad de la cuestión puede trazarse tanto en la formulación de políticas como en la naturaleza de los análisis académicos sobre el tema, que debaten la conexión entre inmigración, integración y el riesgo de conflicto. El estudio permitirá rastrear esta evolución mediante la literatura académica publicada relativa a la integración y la inmigración. La naturaleza de la tensión social como resultado de un aumento de la inmigración varía con las diferentes etapas, y se intensifica con la corriente de refugiados de finales de los ochenta y la década de los noventa. Las publicaciones académicas sobre este asunto reflejan tanto el aumento del impacto actual sobre la sociedad como el aumento de la percepción mediante el paso de enfoques cuantitativos, arraigados en análisis económicos comparados y nociones de desigualdad económica como las causas del conflicto, a un enfoque más crítico y cualitativo que demuestra un entendimiento del conflicto conectado a nociones de identidad y mecanismos de exclusión social y política. Este análisis se centra en dos fenómenos relacionados con la inmigración y que dieron lugar a situaciones de conflicto y agitación social en Suecia. El primero está representado por una serie de acontecimientos que tuvieron lugar a mediados de los años 80 y principios de los noventa, momento en el que la cuestión de la política de inmigración y refugiados condujo a tensiones sociales y actos de violencia cometidos por la población autóc237

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tona sueca contra los refugiados recién llegados y contra los inmigrantes ya asentados (Fryklund 2006). Este período es particularmente importante en la historia de Suecia como país de acogida, tanto por causa del conflicto social relacionado con la inmigración como de la profunda crisis económica que el país estaba experimentando en ese momento. En la literatura académica se le ha dado especial énfasis a la aparición de partidos y organizaciones de extrema derecha populistas durante esta época. Los resultados de los análisis, como veremos, han demostrado que los conflictos sociales relacionados con la inmigración se entienden mejor situándolos dentro de marcos analíticos que tomen en consideración el contexto político y social en el que se desarrollan. El segundo fenómeno tratado en este estudio ha dado lugar a lo que podría describirse como una forma de conflicto latente, según la definición de Charles Tilly tal y como lo cita en este volumen María Luz Morán (2007). Estudios gubernamentales recientes muestran que la Suecia multicultural es hoy en día un país profundamente segregado social y étnicamente. Esto se hace más patente en los suburbios de las grandes ciudades, donde la mayoría de la población es de origen extranjero y se caracterizan por un alto índice de desempleo, una mala reputación y una fuerte dependencia de la asistencia social (Molina 2006). Los estudios sobre el tema han tratado de explicar las causas de lo que se considera un fenómeno alarmante, en particular tras los disturbios de París de 2005 que dieron lugar a discusiones sobre la posibilidad de que sucesos del mismo tipo pudieran producirse en los suburbios de las grandes ciudades suecas. Los esfuerzos multidisciplinarios que se vienen empleando para identificar las causas de esta situación de exclusión económica, política y social de la población inmigrante ejemplifican la complejidad de las relaciones entre la inmigración y la posibilidad de conflicto social. En contraste con los estudios sobre el auge de los partidos y organizaciones populistas de derecha radical ya mencionados, los estudios más recientes sobre segregación y exclusión en el caso de Suecia muestran que es igualmente importante tratar de aislar los elementos y características específicos de una sociedad multicultural. Los sociólogos Masoud Kamali y Paulina de los Reyes (2005) han explorado cuestiones tales como el racismo y las prácticas discriminatorias basándose en la teoría poscolonial y han llegado a la conclusión de que la segregación es el resultado de mecanismos de discriminación estructural basada en una construcción de identidad y en prácticas de exclusión relacionadas con las estructuras de poder (Kamali & De los Reyes 2005 y Kamali 2006). Los estudios sobre la segregación y la discriminación también resaltan el papel de las políticas de integración e inmigración, el discurso político y los medios de comunicación en la reproducción de estos mecanismos y, finalmente, de su impacto en la posibilidad de conflicto social (Molina 2006). Este ensayo está dividido en dos partes. La primera presenta el desarrollo histórico de los cambios en la naturaleza de la inmigración ocurridos en Suecia, desde los tiempos de la inmigración de mano de obra hasta la inmigración de refugiados.También trata el desarrollo de la política de inmigración e integración, desde la asimilación hasta el surgimiento de lo que constituyó uno de los primeros modelos multiculturales europeos. La segunda parte de este estudio se ocupará de las distintas incidencias de conflicto social y su interpretación, de acuerdo a los distintos enfoques basados en la etnología, las ciencias políticas y sociales y la geografía. Los dos ejemplos (el nacimiento de los partidos populistas de derechas y el aumento de la segregación) de la experiencia sueca como país receptor de inmigración y los estudios de los impactos sociales, políticos y económicos que dieron lugar a la transformación del país en una sociedad multicultural, contribuyen a determinar la dirección a seguir para crear un marco comprensivo en lo que respecta al estudio de la relación entre conflicto e inmigración. Como conclusión de este trabajo, se presentará una breve discusión de las respuestas institucionales a situaciones de conflictos relacionados con la inmigración y se ofrecerán asimismo algunas sugerencias para guiar la investigación en el futuro.

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2. PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN SUECIA Tras haber sido un país caracterizado por la emigración masiva desde mediados del siglo XIX y hasta mediados de la década de 1930, período en el que más de 1,3 millones de suecos salieron de su país en busca de una vida mejor dirigiéndose, predominantemente, hacia los Estados Unidos pero también hacia Australia, Canadá y Sur América, Suecia se ha convertido en los últimos 50 años en un país de inmigración masiva. El rápido aumento de la inmigración tuvo lugar al acabar la Segunda Guerra Mundial, y puede dividirse en dos períodos caracterizados por diferencias en el tipo de inmigración debidas a una serie de circunstancias relacionadas con el desarrollo político y económico internacional (Bevelander 2004). Dentro de la literatura especializada en el tema, el primer período está datado en la época inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial y continúa hasta, aproximadamente, la primera parte de la década de 1970, y el segundo va desde mediados de los setenta hasta hoy. Durante el primer período, Suecia experimentó un gran resurgimiento económico gracias a que su industria no había sufrido grandes daños durante la guerra, y el país se hallaba ahora en posición de proveer a una Europa en fase de reconstrucción a gran escala. A medida que la economía continuaba expandiéndose, Suecia complementaba su escasez de mano de obra con trabajadores cualificados provenientes, sobre todo, de países nórdicos, como Finlandia y Noruega, y Alemania Occidental, pero también en menor proporción de países mediterráneos como Grecia, Yugoslavia y Turquía. Durante este período, Suecia carecía prácticamente de leyes que regularan la inmigración. La inmigración en Suecia alcanzó su máximo durante la década de los sesenta cuando, siendo entonces un país de menos de 8 millones de personas, recibía entre 30.000-60.000 personas al año (Migrationsverket 2007).A finales de los años sesenta, la preocupación causada por la cantidad de mano de obra que entraba en el país y la menor capacidad de la economía sueca para absorberla, trajo consigo la introducción de legislación que regulara la cantidad de inmigrantes según la demanda del mercado de trabajo. La nueva legislación, que será discutida en el próximo capítulo, llevó a una considerable reducción en la cantidad de inmigrantes procedentes de países no nórdicos y, con el tiempo, también a la reducción de inmigrantes nórdicos, sobre todo de finlandeses que habían constituido el grupo dominante desde los años cincuenta (Bevelander 2004). La reducción en la cantidad de inmigrantes de este último grupo fue también consecuencia de la estabilización de la economía y la mejora del nivel de vida en Finlandia. Durante el segundo período, desde la segunda mitad de la década de los setenta hasta ahora, la inmigración en Suecia ha estado dominada por refugiados y solicitantes de asilo. Una primera ola de refugiados a finales de los años setenta y principios de los ochenta hizo que el número de personas en busca de asilo político experimentara un aumento anual de entre 10.000 y 30.000 (Migrationsverket 2007). La corriente vino causada mayormente por revoluciones políticas tales como guerras, crisis y levantamientos políticos en varios países en distintas partes del mundo, durante lo que constituyó una época de grandes cambios en el orden político internacional. La ola más reciente de refugiados tuvo lugar entre 1992 y1994, cuando Suecia dio refugio a más de 170.000 personas que huían de la guerra en la antigua Yugoslavia (Bevelander 2004). Durante este mismo período, la inmigración se incrementó, asimismo, como consecuencia del aumento de la presencia en el país de extranjeros que habían entrado como obreros migratorios y de aquellos a los que se acababa de conceder asilo. El país recibió predominantemente refugiados de Chile, Polonia y Turquía durante la década de 1970; de Chile, Etiopía, Irán y otros países del Medio Este en los años 80; y en los 90 de Irak, la antiguaYugoslavia y los países de Europa 239

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del Este (Bevelander 2004). Suecia se hallaba en esa época entre los tres países europeos que recibían el mayor número de refugiados. El nivel de inmigración, consecuencia de la humanitaria política sueca, en cuestiones de asuntos extranjeros, resultó finalmente excesivo para la sociedad sueca tanto, en términos económicos como políticos y sociales (Andersson 1993). En los años noventa, la guerra en la antigua Yugoslavia contribuyó a aumentar aún más el número de solicitantes de asilo, que por otra parte se había esperado que disminuyera. La reunificación familiar también aumentó durante esta época. Casi el 50 por ciento de los inmigrantes no provenientes de países nórdicos que habían obtenido el permiso de residencia en Suecia entre 1980 y 2001 pertenecían a esta categoría. 400.000 personas buscaron asilo en Suecia entre 1984 y 2001, de las cuales casi dos tercios obtuvieron permiso de residencia. A mediados de los noventa, casi 950.000 de los 8.8 millones de habitantes de Suecia habían nacido en otro país. El número total de personas con “historial extranjero” (nacidos en el extranjero o con al menos un padre nacido en el extranjero) ascendía a 1,6 millones, casi una quinta parte de los habitantes de Suecia (Bevelander 2004). En poco más de una década había surgido en el país una nueva sociedad multicultural. 3. POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN Las corrientes migratorias habían traído consigo no sólo un aumento de población, sino también una diversidad religiosa, lingüística y cultural que había que incorporar a las estructuras de lo que había sido mayormente un estado sueco monoétnico. Según Charles Westin, el aumento de la inmigración y particularmente la naturaleza cambiante de su composición, tras pasar de estar constituida predominantemente por inmigrantes nórdicos a estar compuesta mayormente de inmigrantes procedentes de países no nórdicos y no europeos, se percibió como una fuente potencial de conflicto social y político que llevó al desarrollo de distintas medidas dirigidas a mantener la estabilidad y la cohesión social (Westin 1999). Sin embargo, inicialmente, en lugar de ocuparse del impacto producido en la sociedad en su totalidad y de la incorporación de lo que eran en ese momento minorías étnicas, las medidas políticas se centraron en el desarrollo de una política de inmigración que asegurara la regulación del flujo de entrada. Con el transcurso de los años, a medida que el impacto de la inmigración se ha hecho cada vez más patente y ha sido estudiado más detenidamente, Suecia ha pasado, siguiendo lo que parece un procedimiento de tanteo, de una política de inmigración a una de integración basada en lo que se ha considerado como el primer modelo de multiculturalismo europeo (Bevelander 2004). 3.1 Política de inmigración La política de inmigración sueca puede dividirse en tres fases distintas a partir de las primeras corrientes migratorias del final de la Segunda Guerra Mundial. De la primera fase, de 1945 a 1964, podría decirse que estuvo caracterizado por un modelo asimilacionista (Westin 2002: 2). En lugar de tener que proceder de un esfuerzo activo por parte de las autoridades oficiales para asimilar a los nuevos inmigrantes, la asimilación se consideraba un proceso espontáneo. La falta de un compromiso político activo con respecto a la incorporación de los inmigrantes en todas las áreas de la sociedad sueca, puede atribuirse a la naturaleza de la corriente migratoria de esa época. Como ya se bosquejaba en el capítulo anterior, en este período la mayoría de la inmigración recibida en Suecia consistía en extranjeros provenientes de los países nórdicos, que contribuían a paliar la escasez de mano de obra. Como tal, se consideraba que los inmigrantes tenían un determinado lugar en la sociedad sueca y, siguiendo la misma lógica liberal de mercado, se asumía que volverían a sus respectivos países una vez dejaran de requerirse sus servicios. Se esperaba por tanto que aquellos que rompieran la norma y eligieran quedarse se asimilarían por cuenta propia.

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Sin embargo, a mediados de la década de los sesenta, cuando la corriente migratoria alcanzó su máximo, la presencia de gran cantidad de mano de obra inmigrante no tardó en empezar a mostrar efectos negativos en la economía y el mercado de trabajo suecos. La reducción del nivel del salario mínimo se consideró particularmente preocupante y dio lugar a protestas por parte de los sindicatos de trabajadores que se hallaban a la sazón en proceso de grandes campañas políticas, con la intención de mejorar las condiciones de la clase obrera sueca. Lo que es más, se consideró que el sistema de trabajadores extranjeros perpetuaba un tipo de estructura industrial, frenando así la esperada transformación de una economía de industrial a una basada en el sector de servicios (Bevelander 2004). En respuesta a estas preocupaciones, se introdujo en 1968 una nueva normativa de acogida en Suecia que, por una parte, limitaba la entrada al país y, por otra, promovía un mayor compromiso político en relación con la incorporación de los inmigrantes a la sociedad sueca. Esta regulación de la inmigración de finales de los sesenta dio lugar a una nueva fase en la política de inmigración de Suecia, marcando la concienciación y la preocupación por el impacto social de la migración masiva. Según Westin, uno de los factores determinantes lo constituyó el aumento de la presencia de inmigrantes procedentes de países no nórdicos (Westin 2002). La nueva normativa requería que los ciudadanos de proveniencia no nórdica presentaran una solicitud previa a la entrada en el país y que hubieran obtenido de antemano tanto un contrato laboral como un alojamiento. La medida resultó altamente eficaz, haciendo que disminuyera drásticamente el nivel de inmigración laboral proveniente de países no nórdicos en las décadas posteriores (Andersson 1993). La normativa, por otra parte, no se aplicaba en casos de solicitantes de asilo y refugiados dado que ésta se consideraba una cuestión de principios humanitarios internacionales y era, por tanto, regulada por la política internacional. Como consecuencia de la naturaleza cambiante de la inmigración a principios de la década de los setenta, que había pasado de estar constituida predominantemente por mano de obra a estarlo por solicitantes de asilo y familiares de inmigrantes ya asentados, se llevo a cabo un tercer ajuste en el foco de la política de inmigración. Durante este período, la mayoría de los cambios en la política de inmigración se centraron en cuestiones de acogida de refugiados y su rápida incorporación a la sociedad sueca. Se fundó una institución pública, el Panel de Inmigración (Invandrarverket), que debería encargarse tanto de la acogida como de la integración de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Se podría decir que la política de inmigración sueca de los setenta y años consecutivos estuvo conformada en gran medida por la política de refugiados.A mediados de los ochenta tuvo lugar una reorganización del programa de acogida de refugiados, referida en la literatura como ‘política de dispersión obligatoria’ (Andersson 1993). El proceso pasó de ser la responsabilidad de la Dirección Nacional del Mercado de Trabajo (AMS Arbetsmarknadsstyrelsen) al Consejo Nacional de Inmigración (SIV-Statens Invandrarverk). Los refugiados debían ser distribuidos por diferentes municipios, los cuales a su vez desarrollarían sus propias medidas y políticas locales de integración. Antes de la reforma, la mayoría de los refugiados se dirigía directamente a uno de los municipios y solicitaba allí el asilo. Esto tuvo como resultado el que la mayoría llegara a las regiones de las tres principales áreas urbanas de Suecia: Estocolmo, Gotemburgo y Malmö (Uddman 1992). El objetivo de la reforma era no sólo repartir los recursos, sino también responder a la preocupación causada por las tensiones sociales que habían empezado a asomar a causa de la gran concentración de población inmigrante. Como veremos en el siguiente capítulo, las preocupaciones resultaron, durante la década de 1990, justificadas. Durante los años noventa, Suecia sufrió una crisis económica y un subsecuente período de recesión económica, a la vez que la corriente de refugiados aumentaba a nivel mundial.Todo lo cual condujo a una actitud más restrictiva con respecto a la política de refugiados.

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3. 2 Política de integración Las medidas que habían conformado la política de inmigración desde los años sesenta en Suecia habían tratado principalmente de aplicar alguna forma de regulación de la corriente migratoria con el objetivo de limitar en la medida de lo posible el flujo de inmigrantes y, si esto no fuera posible, de aliviar la tensión por medio de medidas de reparto de la carga entre varios municipios (Westin 2002). A medida que la actitud hacia los inmigrantes que llegaban y se asentaban en Suecia se fue haciendo progresivamente más negativa, la política de inmigración se complementó con medidas que debían facilitar la incorporación y adaptación de los inmigrantes a la sociedad sueca. Aunque llegaron a aplicarse algunas medidas, la mayor parte de la investigación acerca de la política de integración sueca coincide en que no se alcanzó en Suecia un claro objetivo político con respecto a la integración de inmigrantes y refugiados hasta mediados de los setenta. De hecho, el término ‘integración’ no se introdujo en los círculos políticos suecos hasta 1997, cuando el Gobierno presentó una nueva propuesta con el revelador título de: ‘Suecia, futuro y pluralismo: de la política de inmigración a la política de integración’ (Proposition 1997/98:16). Aunque el término política de integración en la literatura académica e informes públicos está por tanto referido a las normas y objetivos oficiales delineados en la propuesta de 1997, se puede aun así discernir el desarrollo político que tuvo lugar a partir de los años sesenta y que pretendió facilitar la incorporación de los inmigrantes en la sociedad sueca. La línea política general de los años sesenta y setenta tenía como fundamento objetivos igualitarios - la base del sistema de bienestar que estaba siendo instaurado por el Gobierno Socialdemócrata de la época. La incorporación de los inmigrantes a la sociedad sueca debía lograrse, simplemente, gracias a la mejora del nivel de vida del país en general. La única medida que consideraba a los inmigrantes como un grupo aparte de la mayoría de los suecos y se ocupaba por tanto de sus necesidades particulares, consistía en una norma que establecía que los inmigrantes tenían derecho a clases de idioma sueco y que debía proporcionárseles información sobre la sociedad y cultura suecas. La educación lingüística continuó siendo un foco de atención a principios de 1972, cuando se pasó una legislación que permitía al inmigrante absentarse del trabajo por 240 horas para aprender sueco (Bevelander 2004). La cuestión de la cultura no fue, por tanto, tenida en consideración y la asimilación continuó siendo la idea dominante desde mediados de los años sesenta. Según Lundh y Olsson (1995), las medidas destinadas a la adaptación y rápida introducción de los inmigrantes que se pusieron en práctica durante este período estaban más motivadas por la alta demanda de mano de obra que debía suplirse de una manera eficiente que por una noción coherente de integración. A pesar de que el marco general, suponiendo que uno trate de distinguir un modelo específico de integración, era aún uno de asimilación, las políticas iniciadas durante estos años podrían considerarse como preparación del enfoque multicultural que se introduciría en 1975. El dramático cambio que constituyó el paso de nociones de asimilación a un marco multicultural, estuvo motivado por una investigación financiada por el Gobierno que descubrió que la población inmigrante encontraba más dificultades a la hora de entrar en el mercado laboral sueco, y también con respecto al completo ejercicio de sus derechos de ciudadanos. La ley gubernamental de 1975 estableció nuevas directivas para una política de inmigración sueca. Los valores que debían constituir los pilares de esta política eran igualdad, libertad de elección y cooperación (Migrationsverket 2007). La noción de igualdad se refería a la necesidad de que los inmigrantes gozaran de los mismos derechos y oportunidades que el resto de la sociedad. No obstante, es importante mencionar que la noción de igualdad en este caso no se refería a la igualdad de los grupos culturales étnicos, es decir, al derecho de potenciar y desarrollar la cultura étnica propia (Hansen 2001: 55-60). Esta noción 242

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estaba, por el contrario, basada en el principio de igualdad democrática que cimentaba y continúa cimentando el modelo sueco del Estado de Bienestar (Westin 1999). La lógica que hay detrás de la propuesta puede atribuirse al considerable peso de la noción sueca del Estado del Bienestar, basado en el principio de universalidad por el que todos los individuos tienen derecho a los mismos servicios de asistencia social. La propuesta reforzaba, por tanto, el convencimiento de que la aplicación de medidas generales del Estado del Bienestar bastaría para rectificar las desigualdades sociales, económicas y políticas existentes entre la minoría inmigrante y la población nativa sueca y, asimismo, de prevenir su resurgimiento en el futuro (Magnuson 2001: 2). Ålund and Schierup describen esta nueva política como un ambicioso intento de crear igualdad social y económica entre todos los miembros de la sociedad sueca, sin abogar por homogeneidad cultural como previo requisito para obtener la ciudadanía total. Además, con el segundo pilar de la propuesta de 1975, la libertad de elección se dejaba en manos del inmigrante la decisión de hasta que punto adaptarse a la cultura de la sociedad huésped o mantener la identidad cultural original (Ålund & Shienrup 1991). No obstante, en contraste con las políticas previas de inmigración basadas en nociones de asimilación, con la nueva política se promovieron medidas que preservarían la nueva diversidad lingüística y cultural de Suecia, para asegurar que se mantuviese esta libertad de elección. En línea con la nueva política, el Parlamento decretó la puesta en práctica de una serie de reformas y medidas dirigidas a lo que se había considerado que eran las necesidades específicas de la población inmigrante. Las nuevas culturas minoritarias deberían ser reconocidas y apoyadas y debería dárseles un lugar en la sociedad sueca. La educación en la lengua materna se convirtió en un derecho. Los niños inmigrantes tenían la opción de recibir su educación en la lengua materna tanto en los cursos preescolares como en la educación primaria, desde los seis a los dieciséis años. Se destinó financiación oficial para apoyar a organizaciones de inmigrantes y se produjeron programas de radio y televisión en las nuevas lenguas minoritarias. Se puso un gran énfasis en campañas que informaran a la población inmigrante en un sueco simplificado sobre Suecia y las costumbres suecas, y que informaran a las familias suecas sobre las distintas culturas inmigrantes y su situación en Suecia (Migrationsverket 2007). La participación política fue otra de las cuestiones comprendidas en el objetivo de igualdad delineado en la propuesta gubernamental de 1975. En 1976 se decidió que se les concedería el derecho al voto en las elecciones municipales y en las elecciones para el consejo eclesiástico a todos ciudadanos extranjeros que llevaran residiendo en suelo sueco más de tres años. Se creía que esto aseguraría que las minorías inmigrantes se involucraran más con la sociedad huésped, logrando así la oportunidad de dar expresión política a sus necesidades e intereses. La concienciación y los estudios acerca de las dificultades a las que tenían que enfrentarse los inmigrantes en su entrada en la sociedad sueca, particularmente en lo que se refería a los mercados laborales, condujo al establecimiento en 1986 de la autoridad gubernamental denominada Ombudsman contra la Discriminación. La tarea del Ombudsman consistía en asistir a los inmigrantes en casos de discriminación basados en su origen étnico. Las medidas puestas en práctica dentro del marco político de la propuesta de 1975 convirtieron a Suecia en pionera del enfoque multicultural de integración en Europa, y en modelo para otros países europeos (Bevelander 2004). El enfoque multicultural siguió influenciando la política sueca de inmigración durante los años 80 y noventa. No obstante, en cuestión de medidas directas dirigidas a la integración de los inmigrantes, las minorías seguían sin atraer la atención política generalizada.A pesar de que se promovieron algunas medidas que tenían como objetivo a los inmigrantes como grupo, la filosofía principal de la política de inmigración del Gobierno continuaba estando inspirada por la ideología del Estado de bienestar. En general se consideraba que, para Suecia, la mejor manera de tratar la cuestión de la inmigración era mejorando las existentes políticas nacionales del Bienestar que incluirían a los inmigrantes como a cualquier otro ciudadano. 243

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Como resultado de las feroces críticas por parte de la población sueca en general y de los ya establecidos grupos inmigrantes de finales de los años 80, la política sueca de inmigración sufrió en 1997 un giro significativo con la introducción de la integración como foco central de la legislación relacionada con la inmigración y la cohesión social. La nueva política supuso una pronunciada ruptura con la anterior, que estaba centrada en los inmigrantes como grupo y preocupada mayormente con cuestiones de programas de acogida de solicitantes de asilo. La nueva política, por el contrario, se centraría en la integración teniendo en consideración al total de la población. La propuesta gubernamental titulada “De política de inmigración a política de integración” declaraba que la política de inmigración sería reemplazada por una política de integración holística y cohesiva que influiría en el resto de las áreas de legislación pública. El movimiento político se institucionalizó por medio de la división de la Directiva Sueca de Inmigración en dos organizaciones: la Directiva Sueca de Integración y el Panel Sueco de Inmigración1. En línea con la nueva propuesta gubernamental de una política de integración para el futuro, los objetivos de integración pasaban a ser los siguientes: los mismos derechos y oportunidades para todos independientemente de la etnicidad y de la cultura o religión, una sociedad basada en el reconocimiento del pluralismo y un desarrollo social caracterizado por el respeto y la tolerancia mutuas que habrían de ser practicadas por todos los ciudadanos. Para lograr estos objetivos, la política abogaba ciertas medidas que proveerían a los individuos con las condiciones necesarias para mantenerse a sí mismos y participar de lleno en la sociedad, conservar los valores democráticos fundamentales, intentar conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y prevenir y combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo. La nueva política, introducía en 1997, reconocía así que la inmigración había traído consigo una profunda transformación social, económica y política de la sociedad sueca y, al mismo tiempo, reestablecía y reiteraba los valores básicos de la sociedad sueca tales como democracia y la igualdad. El Gobierno también reconoció la crítica de las políticas anteriores y las consecuencias negativas que el enfoque de ‘distinción’ había tenido para los extranjeros (Bevelander 2004). Hoy en día, la política sueca dirigida a la cuestión de la inmigración está formulada dentro de un marco general de política de migración que aúna la política de refugiados, la de inmigración, la de integración y los programas de retorno voluntario. Habiendo definido la migración como el reasentamiento de gentes dentro de un país o entre países, el término comprendía, por tanto, el movimiento de salida (emigración) como el movimiento de entrada (inmigración) a un país. La actual política de migraciones suecas trata de desarrollar una política de migración que incluya todas las áreas legislativas que se considere que afectan o vienen afectadas por las corrientes de gente a través de fronteras nacionales, y constituye a su vez una dimensión más dentro de la política sueca de asuntos extranjeros, seguridad, comercio y ayuda (Migrationsverket 2007). Los objetivos generales de la política de integración y migración han permanecido inalterados desde 1997 y hasta el día de hoy. Sin embargo, a medida que los estudiosos y los políticos van resaltando más aspectos de las transformaciones que están teniendo lugar en la sociedad sueca, se van reevaluando distintas reformas y ajustes de los instrumentos y las medidas políticas que tratan las características de una sociedad pluralista. En 2006 se presentaron las conclusiones y consideraciones definitivas de la última investigación a gran escala financiada por el Gobierno, ”La investigación sobre el poder, la integración y la discriminación estructural” nominada en 2004 por el a la sazón Gobierno Socialdemócrata, en un informe titulado ‘El libro en blanco de la integración: una agenda para la igualdad y la cohesión social’ (Kamali 2006). La investigación, que revisó una multitud de factores sociales, políticos y económicos relacionados con la inmigración y la integración, concluía que la política 1.- El Panel de Inmigración ha pasado recientemente a ser el Panel de Migración.

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sueca de integración se había estancado y sólo servía para reproducir la división entre el ‘nosotros’ (la mayoría sueca) y el ‘ellos’ (los inmigrantes) (Kamali 2006). Esta distinción, presente en toda la legislación referente a los inmigrantes, había llevado a prácticas estructurales e institucionales de exclusión y discriminación a todos los niveles de la sociedad de gentes de otras etnias y con distintas culturas y religiones. Se recomendaba imprimir una dirección política nueva que tratara de disminuir las desigualdades económicas, combatir las prácticas de discriminación estructural e institucional basadas en la etnicidad y la religión, crear las mismas oportunidades para todos, independientemente de la etnia, y asegurar una justa compensación para todos de acuerdo con su esfuerzo (Kamali et al. 2006). También se estableció que, dado que la inmigración era un fenómeno internacional, cualquier política futura debería ser formulada partiendo de una perspectiva europea y, en definitiva, global. El modelo multicultural, con un enfoque cada vez mayor en mantener las lenguas y culturas minoritarias, ha sido muy criticado por prominentes investigadores y políticos suecos a través de los años. En su trabajo de 1995, Esping afirmaba que la política sueca de inmigración había pasado demasiado tiempo enfocada en el mantenimiento de las culturas étnicas y no el suficiente en tratar los problemas fundamentales de las áreas económica, política y social (Esping 1995). Westin resalta que el enfoque en el mantenimiento de las culturas también conducía a la expectativa por parte de las poblaciones inmigrantes de que se promoviera su cultura; expectativa que no llegó a cumplirse (Westin 2003). Tomando como punto de partida investigaciones cuantitativas, Westin también criticó otros aspectos de la política sobre la base de que los inmigrantes vinieron enfrentándose a dificultades cada vez mayores a su entrada en el mercado laboral sueco desde 1970, a la vez que carecían de la participación política. Como veremos en el próximo capítulo, se consideró que fueron algunos de los defectos de la política de integración e inmigración de de los años 40, 50 y 60, los responsables de las tensiones sociales y de la politización de la inmigración que han venido a convertirse en un rasgo permanente de la sociedad sueca desde mediados de los años 80. Hoy en día se percibe una creciente preocupación de que si no se corrigen los fallos anteriores y si no se desarrolla una política de integración, se pueda contribuir a la polarización de la sociedad y a un aumento del potencial de conflicto social y violencia. 4. INMIGRACIÓN Y CONFLICTO SOCIAL Como ya se describía en capítulos anteriores, Suecia se transformó en muy poco tiempo, pasando de ser un país relativamente homogéneo culturalmente a ser una sociedad multiétnica y multicultural. La inmigración trajo consigo una serie de cambios a todos los niveles de la sociedad sueca, algunos de los cuales han dado lugar periódicamente a agitación social y tensiones políticas, en incluso a actos violentos. Según Westin (2003: 2), la política sueca de inmigración siempre ha estado guiada por la preocupación de que los cambios causados por la presencia cada vez mayor de personas nacidas en el extranjero harían aumentar el riesgo de conflicto social y político al igual que de violencia. En los años 80, se hizo claro que las políticas de inmigración que se habían formulado hasta entonces no habían logrado combatir esta preocupación. La relación entre el aumento de inmigración y la tensión y conflicto sociales se hizo particularmente patente en el caso de Suecia a finales de los años 80 y principios de los noventa, cuando el país sufrió una gran recesión económica. En este mismo período, la presión causada por los refugiados que llegaban a las fronteras suecas fue mayor que nunca. Las cuestiones de la inmigración y la política de refugiados pasaron a ocupar un lugar prominente en el debate público, en discusiones políticas y en los medios de comunicación, empezó a expresarse el miedo a que se produjeran choques entre la población nativa y los inmigrantes. Como ya comentó 245

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Paula Uddman, una analista política sueca, ‘la cuestión de los refugiados se convirtió en la comidilla del pueblo’ (Uddman 1992). Una de las principales manifestaciones de esta situación de tensión y agitación social fue el resurgimiento de organizaciones y partidos xenófobos de extrema derecha. Otra manifestación fue un aumento en los actos directos de violencia cometidos contra inmigrantes y refugiados recién llegados. A principios de los años noventa el nivel de tensión y la frecuencia de incidentes violentos de carácter racista y xenófobo habían alcanzado tales proporciones, que un autor sueco caracterizó la situación como una de ‘guerra civil de grado menor’ y el primer ministro a la sazón dio un discurso público para calmar a la nación (Guillou 2002; Gellert 2002). A medida que Suecia se fue recuperando de la crisis económica y que la corriente de refugiados fue controlándose gracias a una política de inmigración más restrictiva, en años recientes la atención ha pasado a estar centrada en otro desarrollo potencialmente peligroso. Varios informes muestran que Suecia es un país muy segregado en el que un gran número de inmigrantes se halla excluido de la vida económica, política y social (Molina 2006). Esto es particularmente evidente en áreas urbanas, donde la exclusión social coincide con la segregación residencial. La prensa y los políticos ya empezaron a resaltar el fenómeno como preocupante en los años noventa, cuando se consideró que era un ejemplo de la política fallida de integración basada en el principio de igualdad. La cuestión, sin embargo, alcanzó una mayor importancia en las discusiones sobre conflicto e inmigración tras los sucesos ocurridos, en Francia en 2005 cuando la gente, principalmente jóvenes de barrios marginados de Paris, llevaron a cabo violentas protestas en las calles de París. La idea de que la separación en el espacio puede dar lugar a la polarización y al incremento de la probabilidad de conflicto violento ha pasado a ocupar un lugar preeminente en las discusiones acerca de la integración y la cohesión social (Díaz 2006: 90). El aumento de los sentimientos xenófobos, que ha dado lugar a una creciente popularidad de los partidos populistas de extrema derecha, y una mayor segregación y exclusión de la población inmigrante sobre todo en áreas urbanas, ha estimulado el debate tanto público como en círculos académicos sobre el posible vínculo entre el conflicto social y la inmigración e integración. Aunque, como ya hemos visto en capítulos anteriores, Suecia ha venido siendo un país inmigrante durante los últimos sesenta años, todavía no se observan marcos analíticos claros para el estudio del conflicto social relacionado con las peculiaridades de una sociedad que ha sido transformada por la inmigración. La investigación existente con respecto a la inmigración y la integración, por otra parte, sí demuestra que se ha llegado a estudiar con mayor profundidad el impacto de la inmigración y su relación con el aumento del riesgo de conflicto social. Gran parte de la investigación en este área ha tenido como objetivo el identificar los factores que dieron lugar al surgimiento de partidos populistas de derecha a finales de los años 80 y a la actual situación de segregación y exclusión, junto con los posibles efectos que estos fenómenos tienen en la cohesión social. En este capítulo se introducirán algunos de los enfoques más prominentes con respecto a estas cuestiones, con la intención de llegar a distinguir algunas de las relaciones que se han propuesto entre inmigración y conflicto, tanto en los círculos suecos de investigación académica como en el área de debate público. En primera instancia, en los años de mediados de la década de los ochenta y noventa se hizo uso de una serie de sucesos como estudios de caso para entender la naturaleza de las tensiones que surgieron, al igual que sus causas y el contexto en el que se produjeron. En la siguiente sección se describirán brevemente algunos de los principales sucesos para mejor situarnos en el análisis que sigue. En segunda instancia, la cuestión de la segregación urbana constituye un fenómeno complejo que ha llevado a un gran número de enfoques diferentes. En este capítulo, consideraremos en detalle los enfoques más prominentes para llegar a distinguir las nociones de conflicto social que cimentan las conexiones establecidas entre la inmigración y el aumento de potencial de conflicto social. 246

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4.1 El surgimiento de partidos xenófobos de derechas en los años 80 y 90 La insatisfacción, tanto por parte de la población sueca como de la inmigrante con respecto a la manera como se estaban tratando en Suecia la inmigración y la integración, empezó a salir a la superficie en los años 80 (Diaz et al. 2006). La ola de solicitantes de asilo estaba siendo durante esta época mayor que nunca. En la primera mitad de los años 80, grandes grupos de refugiados, llegaron de manera inesperada a dos ciudades del sur de Suecia, Trelleborg e Ystad. Esto resultó excesivo para las facilidades existentes de acogida de refugiados con lo que la situación vino a ser descrita en los medios de comunicación como ‘fuera de control’. La insatisfacción por parte de la población sueca, que influenciada por los medios de comunicación percibía la situación como peligrosa y intimidante, terminó ocasionando una ola de ataques a varios centros de refugiados de la región con bombas incendiarias y lanzamiento de piedras y amenazas dirigidas a los refugiados (Diaz et al. 2006: 63). En diciembre de 1988, el ministro delegado de Inmigración expresó en una conferencia de prensa, la preocupación del Gobierno por la naturaleza potencialmente explosiva de la situación en el país, a consecuencia del creciente flujo de refugiados:“la política sueca de Inmigración necesita reconsiderarse. Hay signos de que el público en general no le presta su apoyo. Esto podría dar lugar a un aumento de la animosidad contra los extranjeros” (Entrevista en Dagens Nyheter, 19 Nov. 1989, citada en Fryklund & Peterson 1992: 56). La situación en la segunda mitad de la década de los ochenta ha sido descrita por los investigadores como una atmósfera de desconfianza general contra los extraños y contra cualquier cosa que pudiera percibirse como extraña y distinta de ‘lo sueco’ (Fryklund 2004). La cuestión de los refugiados se convirtió en una de las más debatidas en los círculos políticos suecos, y los comentarios negativos y hostiles sobre los inmigrantes hechos en público empezaron a ser cada vez más aceptables (Díaz et al. 2006: 64). Fue en este clima que Suecia experimentó el surgimiento de partidos populistas de derechas y de organizaciones xenófobas. El acontecimiento citado como el desencadenante del conflicto político relacionado con el aumento en la presencia de inmigrantes y refugiados en Suecia lo constituyó un referéndum que tuvo lugar en el pequeño municipio agrario de Sjöbo, en la provincia de Skåne, en el sur de Suecia, donde una abrumadora mayoría de la población votó en contra de la acogida de refugiados en su comunidad. En muchos sentidos el ejemplo de Sjöbo fue la consecuencia directa de la política de descentralización de acogida de refugiados mencionada en el capítulo anterior, adoptada por el Parlamento sueco en 1985. Según está política, cada municipio sería responsable de acoger y acomodar a una cierta cantidad de refugiados para minimizar así el tiempo que los refugiados deberían pasar en un centro de refugiados. En 1986, la Directiva Sueca de Inmigración le pidió al municipio de Sjöbo que participara en el programa de acogida recibiendo de 25 a 35 refugiados al año entre 1987 y 1989 (Uddman 1992: 20). El ayuntamiento de Sjöbo puso la cuestión a votación y se negó a participar en el programa. Esto resultaba posible gracias a que la comunidad no estaba obligada legalmente a participar en el programa, ya que se consideraba que la cuestión era una de ‘obligación moral’ (Uddman 1992: 21).A causa de la insistencia de la Directiva Sueca de Inmigración de que Sjöbo participase en lo que estaba resultando ser un período particularmente difícil para la acogida de refugiados, el concejo de Sjöbo decidió en 1987 llevar a cabo un referéndum aprovechando la coyuntura de las elecciones nacionales de septiembre de 1988. El anuncio de la decisión en seguida se extendió por el país gracias a la intensiva cobertura de los medios de comunicación que ya habían empezado a ocuparse de (y posiblemente a exacerbar) la tensión social y política en torno a la cuestión de la migración dividiendo, al país entre los que consideraban a Sjöbo racista y xenófobo y los que compartían el antagonismo hacia la acogida de refugiados (Rystad 1992). 247

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Aunque el suceso en si no era particularmente remarcable dado que los referéndums, a pesar de no ser demasiado comúnes, son perfectamente legítimos en el sistema político sueco, la campaña se convirtió en representativa del acalorado debate nacional en torno a la política de inmigración y refugiados. El resultado negativo del referéndum, con una abrumadora mayoría de noes del 64,2% contra 31%, parecía indicar que Suecia era verdaderamente un país en el que reinaba y podía expresarse libremente la xenofobia y la hostilidad hacia los extranjeros (Fryklund&Peterson 1992: 85). Aunque el referéndum era de carácter local y era el resultado de la política local, se convirtió en uno de los primeros acontecimientos que polarizarían al país con respecto a la cuestión de los inmigrantes y la política sueca de inmigrantes y refugiados. El caso acabó siendo un símbolo de la creciente xenofobia de Suecia y del descontento general con el sistema de bienestar sueco (Uddman 1992: 13). Alsmark (1992) describe este período de tiempo en torno al referéndum en Suecia como ‘un período de conflicto y desacuerdo’. El caso de Sjöbo es también uno de los ejemplos más estudiados del éxito del populismo derechista, para el que la cuestión de la inmigración constituyó una gran plataforma para la movilización política que condujo a la polarización del país en dos frentes: por una parte estaba el conflicto entre la población inmigrante y la sueca y, por otra, como hicieron notar Fryklund y Peterson (1992), ‘entre la población y sus gobernantes’. El antagonismo hacia la política de inmigración y refugiados se hizo de nuevo patente ese mismo año con la fundación del partido anti-inmigración de extrema derecha Sverige Demokraterna (Demócratas Suecos), que estaba formado por diferentes fracciones de organizaciones xenófobas y de derechas. El partido ganó un considerable apoyo político en varios municipios del sur de Suecia. La cuestión de los inmigrantes y refugiados se debatió ampliamente durante la campaña electoral de 1988 y se podía notar cierto temor a que el partido tuviera alguna oportunidad en las próximas elecciones parlamentarias (SOU 2006:52: 42). La tensión se intensificó aún más a principios de la década de los noventa, momento en el que Suecia se hallaba en el punto álgido de la crisis económica, lo cual trajo consigo un alto índice de desempleo a la vez que la presión de la corriente de refugiados se hizo mayor de lo que lo había sido en ningún momento desde la Segunda Guerra Mundial; en el plazo de un año, entre 1991 y 1992, el número de solicitudes de asilo pasó de 27 000 a 84 000 (SOU 2006:52). En 1991 se fundó el partido populista, derechista Ny Demokrati que, seis meses más tarde, en las elecciones generales, obtuvo escaños en el Parlamento sueco gracias a una campaña electoral de carácter populista que abogaba por una política de asilo restrictiva y mostraba a los inmigrantes como criminales y abusadores de la asistencia social. El partido mantuvo representación en el Parlamento sueco hasta 1994, momento en el que se disolvió por culpa de luchas internas y pérdida de popularidad entre los votantes suecos (Fryklund 2006).Además del incremento de popularidad de los partidos populistas, también tuvo lugar un violento conflicto entre la población autóctona sueca y los inmigrantes dando lugar a que las diferencias culturales y al temor a la pérdida de identidad se expresaran por medio de actos de violencia por parte de miembros de la población autóctona sueca. El más sobresaliente fue el caso de “Lasermannen” (el Hombre del Láser) durante la segunda mitad de 1991. Desde agosto de 1991 hasta enero de 1992, John Ausonious, armado con un arma láser, disparó sobre once personas, todas ellas de piel y pelo oscuros.Antes de ser capturado, mató a una persona e hirió de gravedad a otras diez. Durante este tiempo, la tensión entre los inmigrantes y la población sueca alcanzó su punto máximo. Los medios de comunicación jugaron un papel importante en la perpetuación de esta situación (Gellert 2002 ). En relación con los incidentes del Hombre del Láser, la prensa publicó varios artículos expresando el temor de que el ataque constituyera el comienzo de una ‘guerra de razas’, como habían amenazado con hacer varias organizaciones neonazis, en concreto Vit Arisk Makt (VAM), cuya actividad se incrementó durante este tiempo (Gellert 2002). 248

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Los estudiosos han usado el caso de Sjöbo de finales de la década de los ochenta y el rápido éxito posterior del xenófobo partido populista de derechas Ny Demokrati, de principios de la década de los 90 como objetos de estudio con la intención de analizar la conexión entre el aumento de inmigración y el potencial de conflicto social. Dependiendo del método de análisis empleado y de los supuestos acerca de la naturaleza del conflicto que sirvió de base, se puede observar una gran diferencia entre los distintos participantes y sus objeciones. La mayoría de los investigadores, no obstante, coinciden en que la xenofobia y el racismo son condiciones necesarias pero no suficientes para explicar el surgimiento del populismo de extrema derecha y la violencia cometida contra refugiados e inmigrantes a finales de los años 80 y que continúa siendo un rasgo de la Suecia multicultural. La literatura académica sugiere, por el contrario, que es necesario desarrollar marcos que incorporen otros factores relacionados con el contexto social y político global. En el caso del surgimiento de organizaciones y partidos de extrema derecha, se han obtenido resultados interesantes gracias a la incorporación de marcos analíticos provenientes de las ciencias políticas usados en combinación con el estudio del populismo. Las investigaciones iniciales en cuestiones de inmigración y sus efectos en la sociedad sueca se centraron en las cuestiones relacionadas con el éxito de la integración y la asimilación de los refugiados, como factores explicativos de las tensiones que habrían de surgir (Rystad 1992: 11). Los análisis estructurales del mercado laboral, apoyados por estudios cuantitativos, han sido particularmente prominentes en este respecto2 (Rystad 1992: 11). También hay una extensa literatura centrada en las complicaciones surgidas al aumentar la presión de las corrientes de refugiados sin que el mercado laboral sueco fuera capaz de absorber el exceso. La agitación y las tensiones sociales observadas fueron interpretadas como el resultado de una situación caracterizada por una estructura de mercado laboral inflexible e incapaz de incorporar a la nueva población inmigrante (Bevelander 2004). Esto se percibió a su vez como relacionado con otros problemas sociales de mayor envergadura y con el subsiguiente aumento en el gasto público relacionado con la población extranjera. En época de recesión económica, esta situación podría fácilmente dar lugar al descontento y la animosidad por parte de la población sueca, que consideraba a los inmigrantes como una carga y una amenaza a su bienestar. En el caso de Sjöbo, en efecto, el argumento de que los refugiados y los inmigrantes constituían una carga para la sociedad sueca fue utilizado con frecuencia por la parte que abogaba por el voto negativo, con propósitos de movilización durante la campaña previa al referéndum. El mismo argumento ocupó un lugar primordial en la campaña del partido de derechas Ny Demokrati a principios de los 90 y sigue siendo un argumento frecuentemente empleado hoy en día por el partido nacionalista de extrema derecha Sverige Demokraterna (von Essen 2006). No obstante, la estructura del mercado laboral ha resultado insuficiente a la hora de describir y explicar los conflictos sociales que pueden surgir en relación con una cada vez mayor población inmigrante. En su trabajo ‘Encuentros con extraños: Los refugiados y el enfrentamiento cultural en Suecia’, el sociólogo Björn Fryklund y el analista político Tomas Peterson (1992) introdujeron un enfoque diferente. Partiendo del referéndum de Sjöbo como estudio de caso, Fryklund y Peterson desarrollaron el concepto de ‘desconfianza hacia los extranjeros’ como la base de la movilización política. El punto de partida en el análisis de Fryklund y Peterson es el comportamiento de la población nativa en el momento del encuentro con extraños. En el caso de Sjöbo, el marco de análisis trataba de explicar la dinámica del conflicto examinando el proceso que llevó a la polarización del

2.- Veasé, por ejemplo, el trabajo de Pieter Bevelaner, que ocupa una posición líder en el campo. En el capítulo siguiente volveré a tratar su trabajo en mayor profundidad.

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municipio de Sjöbo y a su rápida extensión por todo el país. Por medio del examen de la naturaleza de la campaña y los principales argumentos utilizados, Fryklund y Peterson notaron que ‘lo que tienen en común todos los términos es que expresan una distinción entre ‘nosotros’ y ‘ellos’. A través de esta simple dicotomía, continúan los autores, ‘se pueden reunir muchos tipos distintos de conflicto’ y, lo que es más importante, una vez creada la dicotomía puede ‘combinarse con otros temas políticos e ideológicos’ (Fryklund & Peterson 1992: 65). Utilizando este enfoque, en el caso de Sjöbo uno puede observar que el conflicto estaba teniendo lugar en dos frentes distintos: uno, el de la población de Sjöbo y los refugiados y, otro, el de los deseos de la población local y los de la elite política nacional. Este análisis ofrece una interpretación del caso de Sjöbo como un conflicto político, introduciendo tanto el gobierno local como el nacional como protagonistas3. Por ello, Fryklund y Peterson, en lugar de considerar el referéndum de Sjöbo como un conflicto relacionado con la inmigración y causado por la xenofobia y el racismo, lo describen como una ‘revuelta política’ contra el sistema de bienestar sueco y sus valores y prácticas democráticas. Lo que es más, el referéndum no sólo constituiría el medio para expresar la animadversión contra los inmigrantes y los refugiados, sino que se presenta de una manera demostrativa como un acto de protesta política en si mismo contra lo que se consideran canales de participación política inadecuados, ofrecidos por un sistema de democracia representativa. El argumento para el referéndum de Sjöbo se definió a menudo como una manera de ofrecer a la población la posibilidad de expresarse, como muestra de una democracia basada en el pueblo llano (Fryklund&Peterson 1992: 70). El concepto de ‘desconfianza de los extranjeros’ también describe un proceso de polarización, llevado a cabo por medio de la construcción de identidades que a la vez conforman y están conformadas por el conflicto. En el caso de Sjöbo, las diferencias entre los grupos se presentaron como si hubieran estado determinadas por la solidaridad contra el egoísmo, por la ética contra el racismo y por el pueblo contra sus gobernantes. La analista política Paula Uddman, en su análisis del caso de Sjöbo, resalta el papel de los medios de comunicación en este proceso. Esta autora acentúa también la importancia de tomar en consideración al estado de la ética y de la integridad de los medios de comunicación como un factor determinante del desarrollo del conflicto (Uddman 1992). A la hora de entender la naturaleza política de los conflictos relacionados con la inmigración y el ascenso de partidos radicales de extrema derecha en Suecia, se ha demostrado fructífero un enfoque a partir de los hallazgos de los estudios políticos del populismo. Fryklund explora la aplicabilidad de estos enfoques para la comprensión de la relación entre inmigración y sentimientos xenófobos en un trabajo más reciente que, además del caso de Sjöbo, se fija en la eclosión de los grandes partidos populistas de derechas de Suecia, tales como Ny Demokrati y Sverige Demokraterna. Basándose en la investigació del populismo, Fryklund identifica distintos factores en la sociedad sueca que pueden explicar la atmósfera conflictiva a finales de los ochenta y principios de los noventa, y que favorecerían a los partidos y organizaciones populistas y en contra de la inmigración que existe actualmente en Suecia. Se refiere a los estudios que han demostrado que en Suecia hay un amplio y difundido descontento y escepticismo político, y que los ciudadanos suecos se sienten cada vez más insatisfechos con los partidos e instituciones políticas esta3.- En este punto es conveniente recordar la definición de conflicto político de Tilly citada por Moran: ‘Para Tilly (1998) existirá un conflicto político en la medida en que: a) un grupo realice reivindicaciones colectivas públicas visibles sobre otros actores y b) al menos una de las partes afectadas por las reivindicaciones sea un gobierno. Así, dentro de la categoría de conflicto politico se incluyen fenómenos aparentamente tan dispares como las revoluciones, las rebeliones, las guerras, los conflictos étnicos, los movimientos sociales, el genocidio, las campañas electorales, las huelgas, los cierres patronales. (Moran 2007, p.14)

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blecidas (Fryklund 2006: 7). De este modo, Fryklund y Peterson argumentan que el ascenso de la derecha populista, que basa su propaganda en planteamientos xenófobos y antiinmigratorios, está conectado a partes iguales con el creciente descontento con el modelo sueco del Estado del Bienestar y con sus consecuencias sociales, políticas y económicas. En esta misma línea, la cuestión de los refugiados y de la inmigración contribuyó al surgimiento de los conflictos y tensiones en los años 80 y 90 proporcionando un nuevo factor para la movilización política de la población. Aunque aún hoy sigue siendo una cuestión que se politiza con facilidad, su politización entonces fue facilitada por la situación del flujo de los refugiados y la política inmigratoria de aquel momento. En el caso de Sjöbo, Fryklund y Peterson explican que este proceso de movilización fue orquestado por el político local Sven-Olle Olsson, quien “se convirtió en el líder populista capaz de agrupar las distintas corrientes del decontento existente en una crítica del sistema sueco en su conjunto, una crítica en la que la cuestión de los refugiados sirvió como plataforma para la organización de la rebelión popular”(Fryklund&Peterson 1992: 95). Posteriormente, concluyen el análisis de Sjöbo afirmando que la campaña tuvo éxito “debido a una combinación exclusiva de cambio socioeconómico y desconfianza hacia los extranjeros”. El mismo proceso se puede observar al estudiar el rápido ascenso a nivel nacional del partido NY Demokrati y la continua presencia de Sverige Demokraterna, hasta hoy. Un enfoque en la naturaleza política de las tensiones surgidas en relación con la inmigración, permite también prestar una mayor atención hacia el papel de la estrategia y la movilización en la conformación de los conflictos sociales. En el auge de los partidos xenófobos, este aspecto fue destacado por la historiadora Ulla Ekström von Essen, basándose en los marcos teóricos desarrollados por el sociólogo Jens Rydgren y el politólogo Anders Widfeldt, centrados alrededor del concepto ”Radical Right Wing Populism (RHP)” (Populismo Radical de Derecha). El término utilizado por Rydgren y Widfeldt incluye en el mismo grupo al Frente Nacional de Jean Marie Le Pen, el FPO de Jörg Haider, en Austria, el Dansk Folkeparti de Pia Kjaersgaard, en Dinamarca, la Lega Nord en Italia y la Lista Pim Fortuyn en Holanda (Ekström von Essen 2006: 16). En un estudio reciente sobre el éxito continuado del partido Demócratas de Suecia4,Von Essen identifica la presencia en Suecia de otros cambios sociales y políticos vinculados con el reciente ascenso de los partidos nacionalistas de extrema derecha, tales como “cambios en los modos de producción resultantes de una economía global, cambios en el marco de interpretación política y un incremento en el enfoque sobre la identidad, cultura y feminismo, la relación entre las clases trabajadoras y capitalistas, junto con una reducción del voto tradicional de clase” (von Essen 2006: 9). Paula Uddman también argumenta que para comprender la conexión entre inmigración y el caso de Sjöbo, en particular el tema de la política de refugiados que dio origen a un conflicto político, hay que considerar el clima político de la época, el estado de los valores políticos y el papel de los medios de comunicación. Consecuentemente, los actores de un conflicto de este tipo rara vez se limitan a ser las organizaciones xenófobas y los inmigrantes sino que normalmente se incluyen los medios de comunicación, los partidos políticos a nivel local y nacional y la población en general. Los estudios sobre el ascenso de los partidos nacionalistas de derecha radical y la situación explosiva en relación con la cuestión de los refugiados en los años 80 y principios de los noventa, indican que es complicado separar la relación entre inmigración y conflicto de otros factores de agravio presentes, que determinan las causas y la dinámica del conflicto. Sin embargo, es innegable que el asunto de los refugiados y la inmigración propor4.- Demócratas de Suecia obtuvo 49 escaños municipales en 29 de los 290 municipios en las elecciones generales de 2002 (Ekström von Essen 2006: 8).

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cionaron una base para la movilización de lo que puede ser percibido como un conflicto político en general. Esto muestra la importancia de situar el conflicto dentro del marco más amplio en el que tienen lugar los cambios políticos económicos y sociales del momento. La complejidad de las relaciones entre inmigración y potencial de conflicto social será aún más obvio en el caso de los conflictos latentes, provocados por la discriminación y la segregación, que serán esbozados en la siguiente sección. 4.2 Segregación étnica residencial, racismo y discriminación estructural e instucional La formación de una sociedad sueca multicultural se ha visto acompañada por un inquietante fenómeno crecientemente percibido por políticos y académicos como una gran amenaza a la cohesión social. Los estudios desarrollados desde los años 80 muestran como Suecia se está convirtiendo en una sociedad cada vez más segregada, caracterizada por una progresiva desigualdad -económica, social y política- entre la población mayoritaria nacida en Suecia y la minoría inmigrante. La marginación de la población inmigrante se refleja en todas las esferas de la sociedad. El geógrafo sueco Roger Andersson, en uno de sus múltiples estudios dirigido a trazar un mapa de las características de la desigualdad en 1997, demostró que casi tres cuartas partes de los ciudadanos suecos con edades comprendidas entre 20 y 64 años poseían un empleo remunerado, mientras que menos de la mitad de los ciudadanos extranjeros aparecían en los registros de empleo en 1995 (Andersson 1997: 397). A pesar de que la economía sueca experimenta actualmente una curva ascendente, los inmigrantes continúan con una elevada tasa de desempleo. Un estudio más reciente concluyó que la población inmigrante, en lugar de tener un mayor acceso al mercado de trabajo sigue siendo vista como mano de obra de “reserva” (SOU 2005: 112). Las mismas diferencias se pueden encontrar en la esfera política, donde la participación política de las personas de origen extranjero sigue siendo muy inferior a la de la población nacida en Suecia (SOU 1998:25, SOU 2000:41). Las divisiones e desigualdades se reflejan de una manera más llamativa en la segregación residencial en las grandes ciudades suecas como Estocolmo, Gotemburgo y Malmö. Según un informe de 2001 de la OCDE, en Suecia se encuentran las áreas de mayor segregación étnica de Europa Occidental, llegando a concentrar en algunas de ellas hasta un 80-90 por ciento de inmigrantes. Las áreas con gran densidad de población inmigrante se distinguen asimismo por el alto nivel de desempleo entre los residentes, las malas condiciones de vida y la fuerte dependencia de los servicios sociales. En palabras del sociólogo Masoud Kamali, la ciudad se ha convertido en el “rostro espacial y urbano de las divisiones socioeconómicas y étnicas” (Kamali 2006: 356). La progresiva segregación es un fenómeno inquietante, no sólo desde el punto de vista del Estado del Bienestar sueco en su conjunto sino también en relación con la seguridad y la estabilidad. La creciente división entre la población inmigrante y la mayoría sueca es quizás el aspecto más peligroso en términos de conflicto social (Dahlsted 1998). Sin embargo, aún es muy escasa la investigación sobre las consecuencias de la segregación, tal y como recuerda Andersson en su trabajo, pese a ser el aspecto que despierta un mayor interés, tanto en la opinión pública como entre la clase política (Andersson 1998: 11). Los sucesos acaecidos en Francia en 2005 aportaron un ejemplo de potenciales consecuencias violentas de la segregación y marginación de la población inmigrante. Esto colocó la marginación económica, política y social y la segregación espacial en el centro de la agenda política nacional, convirtiendo a los llamados barrios de alta densidad inmigrante en el gran foco de atención de políticos e investigadores. La prevención de conflictos sociales ha sido siempre una de las motivaciones principales de los investigadores sociales y de los políticos. Como hemos visto en los capítulos 252

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anteriores, las políticas de inmigración e integración basadas en el principio de igualdad que rige el sistema sueco del bienestar en ocasiones resultaron producir el efecto contrario. Como apunta Denvall en su estudio “Suburbs in focus”, en lugar de la utopía sueca del bienestar, las políticas y los fenómenos que tuvieron lugar han creado “un trauma político y social” (Devall et al. 1997: 187). Desde los años setenta los estudiosos tratan de averiguar los errores de las políticas iniciales. Los primeros estudios tratan de explicar las desigualdades y la subsecuente marginación de la población inmigrante, identificando las diferencias culturales, sociales y educativas entre la población sueca y la minoría inmigrante, que pudieran ser percibidas como causas del fracaso posterior de la integración. Se creía que las causas de la marginación de los inmigrantes radicaban en los factores de desviación del standard sueco, tales como un mal conocimiento del idioma o la carencia de ‘aptitudes suecas’ específicas (Kamali 2005: 351). Estas afirmaciones conformaron el discurso principal durante los años noventa y aún persiten hoy en día: los inmigrantes y sus culturas serían la explicación de su propria marginación (Molina 2006). Por otra parte, las diferencias en la exclusión documentada de la población inmigrante en el mercado de trabajo se utilizaron para explicar la profunda segregación étnica y residencial como resultado de las diferencias de clase. Otras teorías defendían la centralidad de la distancia cultural entre la población nativa y la inmigrante. En esta perspectiva culturalista, la segregación étnica se atribuía a la preferencia de los inmigrantes por vivir cerca de sus compatriotas (Andersson 1998). Estas aproximaciones, la estructuralista y la culturalista, tenían en común que ambas veían las singularidades de la población inmigrante como la causa de su propia marginación, excluyendo otros razonamientos como los mecanismos étnicos y racistas de exclusión (Kamali 2006: 355). Sin embargo, estudios más recientes han demostrado que el fracaso de la población inmigrante en los mercados de trabajo y de la vivienda no coincidió con una falta de educación o de conocimiento del idioma, tal y como las investigaciones previas habían argumentado. Por el contrario, un elevado número de inmigrantes desempleados resultó tener un nivel educativo superior al promedio entre la población nativa. Además, en el caso de la segregación residencial, Roger Andersson descubrió que ambas explicaciones estructuralista y culturalista eran inadecuadas. Vivir en un área de alta densidad inmigrante no siempre era consecuencia de la posición económica del residente (Andersson 1998). El argumento de la preferencia de los inmigrantes por vivir cerca de sus compatriotas fue desmontado mediante estudios empíricos que demostraban que la mayoría de las áreas de alta densidad emigrante tenían una población muy mezclada étnicamente, y que apenas existían enclaves étnicamente homogéneos como los que pueden encontrarse, por ejemplo, en las ciudades británicas (Andersson 1998). Además, Roger Andersson al estudiar el rol de la pertenencia étnica y del país de origen en los patrones residenciales/habitacionales, descubrió que la etnicidad es un factor central para la segregación y la marginación documentada de la población inmigrante en las ciudades suecas. Observando las principales áreas urbanas del país,Andersson (1998) concluye que “la segregación étnica es de carácter jerárquico, lo que significa que las diferencias entre los patrones residenciales/habitacionales de la población nacida en Suecia y los inmigrantes varían según la procedencia de estos últimos. Quienes viven más separados de la población nativa son las personas nacidas en África y Oriente Próximo (Etiopía, Somalia,Turquía, Irak, Siria, Líbano), mientras que las personas procedentes de Europa Occidental y América del Norte viven más próximos (muestran patrones similares) a la población sueca (Andersson 1998b: 16). Andersson (1998b) también alude a unos resultados estadísticos que demuestran que ”la jerarquía étnica en el mercado de la vivienda se refleja en la jerarquía en el mercado de trabajo”. Un reciente estudio del Gobierno apoya las conclusiones de Andersson, llegando a la conclusión de que “en la segregación se puede observar un elemento de jerarquía 253

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étnica”. Una vez más, esto rechaza la idea propugnada por la principal corriente de investigación de que factores tales como el tiempo invertido en el país, el nivel educativo y la situación del mercado de trabajo determinan los patrones residenciales (SOU 2005: 56). Ambos estudios dan así gran importancia a la noción de etnicidad, ignorada previamente en las explicaciones de la segregación y la relación de desigualdad entre los nativos suecos y aquellos con antecedentes de inmigración. Basándose en estos resultados estadísticos, Andersson argumenta que la segregación debe ser estudiada en un contexto más amplio y en relación con otras estructuras. Investigadores como Masoud Kamali, Paulina de los Reyes o Irene Molina se han esforzado en obras recientes por introducir el estudio de la integración en un marco analítico más crítico, arraigado en lo que a menudo se denomina estudios postestructuralistas. La introducción de una perspectiva más crítica viene motivada por una necesidad que Kamali y De Los Reyes explican: ir más allá de los enfoques cuantitativos que simplemente buscan “las diferencias étnicas y las desigualdades entre las personas con distintos antecedentes de inmigración”, y en su lugar “observar cómo esas diferencias en las condiciones de vida son creadas y reproducidas a través de la organización social, sus estructuras y sus prácticas institucionalizadas” (Kamali & De Los Reyes 2005: 11). Con el argumento de que ya existen numerosos estudios que demuestran que la población inmigrante es discriminada tanto en el mercado de trabajo como en el de vivienda, este planteamiento aboga contra un enfoque sobre los mecanismos estructurales e institucionales detrás de las “divisiones étnicas en la sociedad”. En la base de la obra de Kamali y De los Reyes yace una crítica de la comprensión esencialista de la identidad, que sostiene la investigación principal tanto sobre el tema de la inmigración como sobre las políticas de integración. De este modo, se argumenta que este marco esencialista es uno de los principales factores que contribuyen a reproducir la segregación y la percepción de los inmigrantes como “los otros”:“La falta de una perspectiva que problematice la relación entre las desigualdades y diferencias étnicas y las estructuras de poder en la sociedad, y su reproducción en y mediante las instituciones, normas y prácticas públicas, da a la integración una condición atemporal asociada en primer lugar con una perspectiva arraigada en la percepción de las mujeres y hombres inmigrantes y sus hijos como un problema. La construcción esencialista del problemático “otro” como un elemento extraño de la de otro modo homógenea sociedad sueca, constituye así una de las paradojas internas del pensamiento sobre integración (Kamali &De los Reyes 2005: 9). Kamali y De los Reyes acusan asimismo a los principales investigadores (mencionan en particular la obra de Franzen sobre “similaridad cultural” y “proximidad cultural”) de contribuir a la reproducción de estas desiguales y en última instancia opresivas estructuras sociales al fracasar en la problematización de temas como raza, género y racismo global por excluir estos factores en sus modelos explicativos de la segregación (Kamali & De los Reyes 2005: 10). En contraste, basándose en la obra de Michel Foucault, Kamali y De los Reyes explican la existencia de una jerarquía étnica producto de los discursos que reproducen y legitiman las estructuras de poder existente:“El poder y el conocimiento han creado a través de la interacción histórica un sólido sistema del ‘otro’(othering), donde algunos grupos son constituidos como ’el otro’ con inferiores cualidades y sometidos a un superior ’nosotros’. El resultado, según Kamali y De los Reyes, es “una jerarquía étnica donde diferentes grupos mantienen posiciones distintas en relación con cada uno de los demás” (Kamali&De los Reyes 2005: 10). Un marco más crítico que el propuesto por Kamali y De los Reyes, entre otros abre un campo de consulta dentro del cual las nociones de identidad y sobre todo de identidad étnica y cultural pueden ser problematizadas. En esta perspectiva, el racismo arraigado en experiencias históricas como las cruzadas, el colonialismo o la esclavitud se convierte en un factor central que, por medio de discursos de “el otro” apuntala y legitima los mecanis254

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mos estructurales e institucionales de exlusión y “othering5” o alterización que, según Kamali, caracterizan las sociedades europeas de hoy (Kamali 2006: 346). Citando informes e investigaciones oficiales, Kamali y De los Reyes muestran que las prácticas de discriminación y exclusión se manifiestan en el mercado de trabajo, el sistema educativo, el sistema judicial, los medios de comunicación y el sistema político. Según Kamali, en todos estos factores la discriminación es la causa principal de la segregación y del fracaso de la integración, por una continua exclusión de la población inmigrante en el acceso al poder y la influencia tanto en sus propias vidas como en la sociedad en general (Kamali 2005: 11). La geógrafa sueca Irene Molina desarrolla este análisis en su obra sobre segregación residencial “Den rasifierade staden” (La ciudad racializada), en la que la ciudad es presentada en términos raciales. Mediante un método deconstructivo, Molina argumenta que el imaginario colectivo que da significado a las cosas en términos de raza está profundamente enraizado en las prácticas institucionales y discursivas que reproducen la línea divisoria entre “nosotros” y “ellos”. A través de un proceso que Molina denomina “racialización”, compuesto por política de vivienda, estigmatización del suburbio, política de inmigración y cambios selectivos en el sistema del Estado del Bienestar, se construyen y reproducen las líneas divisorias ( Molina 2006: 219). La segregación urbana se convierte, en este caso, en un mecanismo de exclusión empleado por la clase hegemónica para garantizar la superioridad política, social y cultural de su propia identidad. El papel de los medios de comunicación a la hora de sostener este discurso es especialmente subrayado en la obra de Molina. En referencia a la imagen negativa de las áreas de alta densidad inmigrante, señala que no sólo la estigmatización del suburbio, como un área proclive a la criminalidad y llena de problemas, sino también la “exotización” de estos espacios reproduce la división entre “nosotros” y “ellos”, impidiendo así la cohesión social (Molina 2006: 220). Otros autores, como M. Alinia en su trabajo “Invandraren, förorten och maktens rumsliga förankring” (El inmigrante, el suburbio y la representación espacial del poder), también ponen de relieve la interacción entre estructuras de clase y étnicas en la consolidación de la exclusión y la marginación en la áreas urbanas. Alinia enfatiza la “separación mental”, que acompaña a la espacial: una separación espacial por medio de la marginación (social y económica) crea un caldo de cultivo para la separación mental. De este modo, ”los otros” son excluidos de la comunidad y expulsados a las afueras del espacio mental, sociopolítico y físico de la sociedad (Alinia 2006: 17). La investigación sobre segregación, y en especial segregación urbana, parece indicar que existen similitudes entre la situación en los suburbios de Suecia y los de Francia. La cuestión de si la violencia vivida en Francia en el otoño de 2005 pude llegar a reproducirse en Suecia se convierte ciertamente en un asunto relevante. Algunos investigadores como Sernhede argumentan que la existencia de procesos de estigmatización en los suburbios suecos, que afectan particularmente a los inmigrantes jóvenes, señala que aunque la situación no es tan problemática en Suecia sí se pueden extraer inquietantes paralelismos (Sernhede 2006: 94). Kamali también advierte el potencial de conflicto presente en la falta de un sentido de pertenencia a la sociedad en la que viven, una característica común entre muchos de los habitantes de los suburbios marginales, en especial entre los jóvenes con antecedentes de inmigración. Estos jóvenes, según Kamali,“son mucho más propensos que sus padres a reaccionar en contra de las injusticias étnicas”, de nuevo dibujando paralelismos con el caso francés (Kamali 2005). En conclusión, los estudios sobre el auge de los partidos populistas de derechas y los estudios sobre segregación urbana y marginación

5.- Prácticas de construcción y representación de las colectividades no occidentales como resultado de prácticas nítidamente imperiales.

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económica y social, ponen de manifiesto la dificultad para identificar claramente la relación entre conflicto e inmigración. El alarmante nivel de exclusión y la continua reducción de las condiciones de vida de un grupo significativo de la población sueca, representado por la minoría inmigrante, y -sus equivalentes en la mayoría de los países europeos en la actualidad- ponen de manifiesto la urgente necesidad de mantener un compromiso crítico con la discriminación y el racismo, y su impacto negativo sobre la cohesión y el desarrollo social. 5. RESPUESTAS INSTITUCIONALES Las respuestas institucionales a los problemas de cohesión social derivados del fenómeno de la inmigración han sido lentas. La respuesta más amplia a estos problemas no llegó hasta finales de los noventa; una medida nacional llamada “Storstadssatsningen” fue lanzada por el Gobierno en 1998 con el propósito de hacer frente a la segregación y la exclusión social en los barrios urbanos más afectados. La medida implicaba un paquete económico financiado por el Gobierno nacional y las administraciones locales que permitiría incrementar los recursos de los servicios de salud y de los centros educativos locales, además de incentivar las políticas de participación local en venticuatro barrios repartidos en siete comunidades diferentes. Se han publicado numerosas investigaciones que evalúan el impacto de esta iniciativa, criticada por no conseguir desarrollar medidas precisas para alcanzar sus objetivos. El fracaso a la hora de lograr aumentar la participación política ha sido especialmente remarcado. Kamali y Andersson atribuyen los defectos al hecho de que la causa de la segregación se asienta en prácticas de discriminación estructurales e institucionales externas a las propias áreas afectadas y, por consiguiente, los esfuerzos para mejorar la área marginada no conseguirán erradicar los problemas de marginación económica, política y social. En respuesta a estudios recientes que documentan la discriminación en los mercados de trabajo y de vivienda, así como en el sistema judicial, se ha puesto especial énfasis en promover medidas para abordar este problema. Así, han sido formuladas una serie de leyes contra la discriminación. En 1999 fue institucionalizada una ley relativa a la discriminación en el mercado de trabajo por motivos étnicos o religiosos. En 2002 se amplió a la igualdad de trato en las universidades y, desde julio de 2003, a las demás áreas de la sociedad. En abril de 2006 fue constituida una ley que abordaba la discriminación contra los niños y los estudiantes (Migrationsverket 2007). En la actualidad, está bajo revisión una proposición de ley integral contra la discriminación que pretende unificar las diferentes normas antidiscriminatorias existentes. La proposición incluye la unificación de las figuras del defensor de la igualdad de género, el defensor de los discapacitados, el defensor contra la discriminación étnica y el defensor contra la discriminación basada en la orientación sexual en una sola institución pública: el Ombudsman, para el combate de la discriminación. Tras recibir numerosas críticas por las ineficiencias de estas leyes, el Gobierno decidió en 2007 incrementar la financiación dedicada a este área. 6. CONCLUSIÓN Hay, en primer lugar, tres aspectos de la experiencia de Suecia en los últimos sesenta años como país de inmigración que considero pueden aportar valiosos indicadores para la investigación de las relaciones entre inmigración y conflicto. El primero apoya el argumento de Morán en este volumen, por el que efectivamente un marco que pretenda comprender la conexión entre la posibilidad de conflicto social y la inmigración debe incluir 256

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un análisis más amplio del contexto político, económico y social en el que se espera que tenga lugar el proceso de integración. Como hemos visto en los casos de violencia y conflicto a principios de los 90relacionados con un aumento de la xenofobia, y de los partidos y organizaciones de extrema derecha, en el caso de la segregación urbana, son numerosos los factores implicados que van desde fenómenos políticos y económicos hasta prácticas discriminatorias estructurales e institucionales. El segundo aspecto es el hecho probado de que el desarrollo de políticas simplemente dirigidas hacia temas generales del bienestar, aunque necesario, no es suficiente para crear una sociedad multicultural integrada. Como hemos visto en los capítulos previos, los esfuerzos para incorporar a los inmigrantes a la sociedad sueca se han guiado por los principios de igualdad y universalidad, en los que se basa el modelo sueco del bienestar, y han sido aplicados a través de las mismas medidas políticas dirigidas al resto de la población. Aparte de fracasar en la creación de cohesión social, este enfoque dio como resultado lo que Kamali denomina “el dilema de la integración”. Un dilema creado por el hecho de que el discurso oficial de equidad e igualdad de trato, en la práctica, es constantemente contrarrestado por la discriminación estructural/institucional que, día a día, divide a las personas en distintas categorías al atribuirles un valor diferente (Kamali 2005: 10). Hoy en día, el énfasis en la cohesión social según las condiciones establecidas por la mayoría de la población y apoyado por un discurso de igualdad, se ha convertido en una forma de encubrir prácticas de exclusión, discriminación y control (Kamali 2006: 358). El tercer y último aspecto está conectado con el segundo y enfatiza la importancia de destacar el elemento de etnicidad en el estudio de la integración y la inmigración.Tal y como apuntan Kamali y De los Reyes (2005), los marcos analíticos que problematizan las nociones de identidad y diferencia cultural y resaltan la relación entre poder y mecanismos de exclusión y discriminación, pueden aportar una profunda comprensión al respecto. Además, como hemos visto en la obra de Molina, una perspectiva crítica puede esclarecer la situación cada vez más preocupante en los barrios de alta densidad inmigrante, no sólo en Suecia sino también en otras ciudades europeas. Desarrollar una perspectiva más crítica puede ser beneficioso, tanto para el estudio académico del sujeto de la inmigración y la integración, como para la política que apunta a dirigir las particularidades de las sociedades con un elevado nivel de inmigración. Como señaló Kamali,“una sociedad que no es capaz de eliminar el racismo y la discriminación fracasa también con la integración y, consecuentemente, con la creación de cohesión social”(Kamali 2006: 19).Yo añadiría que un fracaso de este tipo, en última instancia, también fallaría en la prevención del conflicto social.

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EL RECORRIDO HACIA LA INTEGRACIÓN: INMIGRACIÓN Y CONFLICTO EN SUECIA

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9. LOS

DESAFÍOS DE UN “NUEVO” PAÍS DE INMIGRACIÓN: EL CASO ITALIANO

Claudia Finotelli Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset

LOS DESAFÍOS DE UN “NUEVO” PAÍS DE INMIGRACIÓN: EL CASO ITALIANO

INTRODUCCIÓN Italia es uno de los “nuevos” países de inmigración de la Europa del Sur que ha experimentado un mayor crecimiento de los flujos migratorios a partir de los años 90. Este crecimiento ha planteado problemas para los sistemas de control y constituye un desafío para la convivencia interétnica, como nos demuestra, por ejemplo, lo ocurrido recientemente en la ciudad de Padua1. El 9 de agosto 2006 el Ayuntamiento de esta ciudad soliviantó a buena parte de la opinión pública al decidir la construcción de una valla de 80 metros de largo para impedir el tránsito de “camellos” y prostitutas, la mayoría de ellos de origen extranjero, desde la conflictiva Via Anelli2 a la zona residencial de Via de Besi. La presencia de la valla, prevista hasta el completo desalojo de Via Anelli, respondía a las innumerables quejas y protestas de los vecinos, italianos y extranjeros que, cansados de los tráficos ilícitos al lado de sus casas y de las batallas callejeras, habían pedido medidas de protección al Ayuntamiento3. Lo que pasó a ser llamado el “muro di Padua” tuvo un impacto mediático enorme. Sin embargo, no era expresión de una alarma social nueva. Desde hace años la criminalidad extranjera, los campamentos abusivos de nómadas o simplemente las “incomodidades por compartir calles o casas con extranjeros” (Allasino 2000: 3), han generado protestas de los ciudadanos y conflictos entre ellos y los inmigrantes. De hecho, podemos afirmar que, desde la transformación de Italia en un país de inmigración, la presencia de inmigrantes ha sido siempre considerada más una amenaza para la seguridad ciudadana que un peligro para la homogeneidad cultural de la población. Las cosas cambiaron a principio del siglo XXI, cuando el complejo, y rara vez claro, concepto de identidad cultural empezó a ser parte del debate público y de las preocupaciones de los ciudadanos. Este cambio tuvo lugar, sobre todo, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y con el apoyo de algunos intelectuales y periodistas italianos (aunque residentes en Estados Unidos), como Giovanni Sartori u Oriana Fallaci, cuyos libros alertaron de los peligros de una sociedad multiétnica basada en la convivencia con comunidades étnicas de religión musulmana. Fue entonces cuando se inició la discusión sobre la presencia del crucifijo en los espacios públicos y aumentaron las manifestaciones en contra de la construcción de mezquitas y, sobre todo en el norte de Italia, comenzaron las agresiones físicas contra la comunidad musulmana y sus instituciones.

1.- Padua pertenece a la Región Veneto y tiene 209.696 habitantes, de los cuales el 7,72% es extranjero, procedente sobre todo de Rumania y Moldavia. 2.- En los años 70 en Via Anelli fueron construidos cinco edificios para estudiantes, que con el paso del tiempo fueron ocupadas, en parte irregularmente, por inmigrantes. 3.- Véase “La Repubblica”, 10 de agosto de 2006 y “La Stampa”, 10 de agosto de 2006.

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A la luz de estos eventos podemos afirmar que el binomio “conflicto e inmigración” en Italia se ha desarrollado sobre dos ejes principales. Primero, y durante los años 90, es la criminalidad extranjera que alimenta el miedo de los ciudadanos, provocando las llamadas “crisis urbanas” (Allasino 2000) y encendiendo el debate público. Segundo, a partir del siglo XXI, al más tradicional miedo al “criminal extranjero” se añaden las “incomodidades” del pluralismo religioso, creando nuevas formas de enfrentamiento e involucrando a nuevos actores como, por ejemplo, las asociaciones musulmanas, principales mediadoras entre el malestar de los inmigrantes musulmanes y la desconfianza en la sociedad de acogida. No sorprende entonces que buena parte del debate científico y de las publicaciones sobre el tema se hayan centrado en estos dos aspectos. Una serie de trabajos importantes se ocupan de los problemas de criminalidad y seguridad relacionados con las crisis urbanas, que han surgido a lo largo de los años en las principales ciudades del norte de Italia como Turín, Milán, Génova y Bolonia. Su objetivo no es sólo describir su desarrollo sino analizar también los fenómenos de auto-organización que se produjeron y la auto gestión de los conflictos por parte de las autoridades locales. Merece la pena recordar al respecto los trabajos de Petrillo (1995), Belluati (1998) o Alietti (1998). Otros trabajos analizan las dimensiones efectivas de la criminalidad en Italia y la relación entre criminalidad y las deficiencias del régimen migratorio italiano. Es el caso de las contribuciones de Barbagli (2002), Colombo (1998) y Palidda (2000). La cuestión del Islam en Italia como oportunidad y desafío determinó también un nuevo auge de producción científica en la cual destacan, entre otros, los trabajos de Silvio Ferrari (2000 y 2006) y Andrea Guazzarotti (2005) sobre aspectos jurídicos relacionados con la comunidad musulmana en Italia y en Europa y la convivencia de símbolos religiosos. A estos trabajos hay que añadir investigaciones de carácter sociológico sobre la interacción de la comunidad musulmana con la sociedad de acogida, entre los cuales destacamos los de Ottavia Schmidt di Friedberg, una de las más destacadas estudiosas de este aspecto. Todos los trabajos mencionados no reflejan una particular línea de pensamiento, sino más bien una serie de miradas aisladas sobre los conflictos relacionados con la inmigración. Sin embargo, en su conjunto pueden proporcionar una visión general de las causas, dimensiones y actores involucrados en este fenómeno tan complejo, constituyendo, por tanto, una base fundamental para el análisis el binomio “conflicto e inmigración”, prevista para el caso italiano. Este capítulo consta de tres partes. La primera se centrará en la descripción inicial de las etapas de transformación de Italia en un país de inmigración, destacando el marco legislativo del proceso, la importancia de las regularizaciones como medidas de inclusión económica y las fundamentales políticas de integración como medidas de inclusión social. El objetivo de esta primera parte es estudiar los mecanismos del régimen migratorio italiano que han podido influir en el desarrollo de determinados conflictos, y se dedicará una atención especial a las políticas determinantes de la irregularidad. En la segunda parte, el foco del análisis se centrará en las cuestiones de seguridad ciudadana y de pluralismo religioso. El objetivo de este capítulo es dar una visión general de estos dos aspectos, basándose en la literatura científica y en las fuentes periodísticas más recientes. Se tratará de evidenciar los mecanismos de generación de los distintos conflictos, manteniendo una distinción clara entre los mismos y los discursos públicos, a menudo alejados de la realidad. Después de esta segunda parte, más general, en la tercera se profundizará no sólo en las formas de conflicto sino también en el impacto de los diferentes actores, así como en las respuestas institucionales que se han producido. En este apartado se prestará una particular atención a las actuaciones de los gobiernos locales, ya que la ciudad es donde normalmente el conflicto estalla y donde, en consecuencia, la respuesta institucional es más urgente.

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1. LA INMIGRACIÓN EN ITALIA 1.1. Las características de la inmigración en Italia La inmigración en Italia no es un fenómeno reciente. Ya en los años 60 hicieron su ingreso en Italia mujeres procedentes de Cabo Verde para trabajar en los hogares de las familias italianas, mientras que había desde hacia tiempo tunecinos trabajando como temporeros en la agricultura de la Italia del Sur (Colombo/Sciortino 2003). Pero es sólo a partir de la segunda mitad de los años 70 cuando el saldo migratorio positivo supera por primera vez el negativo, transformando Italia de un país de emigración a un país de inmigración. Sin embargo, los flujos migratorios más importantes se produjeron a partir de los años 90, en medio de la “crisis migratoria” europea. Desde entonces los extranjeros con permisos de residencia han crecido continuamente, como puede verse en el gráfico 1: Gráfico 1: Evolución de los permisos de residencia en Italia (1992-2006)

Fuente: ISTAT 2007

A primeros de enero de 2006 los extranjeros residentes en Italia eran 2.670.514, de los cuales 2.286.024 poseían un permiso de residencia valido o en trámite4. Los datos más actuales del Instituto Nacional de Estadística (ISTAT) sobre los extranjeros con permiso de residencia en Italia, indican un importante cambio en la procedencia de la inmigración (tabla 1). La mayoría de los extranjeros residentes son europeos: en primer lugar rumanos, seguidos por albaneses y ucranianos. En un segundo puesto encontramos a los africanos, donde predominan los marroquíes, seguidos por los asiáticos, en particular chinos. Los latinoamericanos parecen, sin embargo, una comunidad pequeña si es comparada con la de los latinoamericanos que viven, por ejemplo, en España.

4.- La diferencia entre las dos cifras se debe a la presencia de menores o extranjeros comunitarios inscritos en los ayuntamientos que no necesariamente tienen que poseer un permiso de residencia. En este informe utilizaremos los datos de los permisos de residencia, que nos proporcionan informaciones detalladas de los motivos de la presencia, de la procedencia y del tiempo de estancia de los inmigrantes.

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LOS DESAFÍOS DE UN “NUEVO” PAÍS DE INMIGRACIÓN: EL CASO ITALIANO

Tabla 1: Extranjeros con permiso de residencia contabilizados al primero de enero 2006 Europa UE (15) Albania Rumania Moldavia Ucrania África Argel Egipto Marruecos Túnez Senegal Nigeria Somalia Asia Sri Lanka India Pakistán China Filipinas Bangladesh América Ecuador Perú Colombia Total

Trabajo 685.434 130.190 138.928 186.211 33.255 93.800 356.972 12.591 34.963 157.830 41.734 40.938 16.980 4.227 262.989 30.110 29.817 24.537 80.084 58.210 27.311 113.425 34.705 34.639 6.137 1.418.820

Familiar 332.009 58.936 104.617 70.460 10.191 18.356 149.605 3.562 11.175 77.864 18.906 5.670 6.970 2.632 104.784 11.460 16.065 9.215 31.603 11.984 9.526 94.857 8.873 12.005 6.555 681.255

Estudios 24.340 6.135 9.300 2.223 519 721 5.469 107 205 1.361 404 84 165 1.658 10.887 246 896 200 1.869 852 57 7.807 495 784 558 48.503

Asilo5 6.135 457 525 60 75 5.872 34 29 7 48 29 764 949 2.634 245 43 308 28 319 250 8 13 144 14.891

Otros6 67.481 38.606 3.614 12.072 981 2.135 18.012 111 462 2.666 448 364 1.837 1.832 14.314 463 5.011 279 581 3.941 168 20.112 1.075 1.276 1.518 122.555

Total 1.115.399 233.867 256.916 271.491 45.006 115.087 535.930 16.405 46.834 239.728 61.540 47.085 26.716 11.298 395.608 42.524 51.832 34.539 114.165 74.987 37.381 236.451 45.156 48.717 14.912 2.286.024

Fuente: ISTAT 2007

La mayoría de los extranjeros (1.419.285) residen en Italia por motivos de trabajo. Entre los sectores de ocupación predominan el servicio doméstico, en el caso de las mujeres, el de la industria y de la construcción, en el caso de los hombres. En lo que se refiere a la distribución territorial de la población extranjera, podemos observar que los trabajos de los inmigrantes reflejan la estructura económica del país, basada en un denso tejido industrial de medianas y pequeñas empresas en el norte del país, una demanda en el sector de la agricultura, fundamentalmente concentrada en el sur, y una demanda generalizada de servicios, sobre todo en el sector doméstico, en las grandes ciudades de toda la península. La misma tasa de paro refleja la diferente capacidad de absorción del mercado de trabajo para los inmigrantes (4% en el norte y alrededor del 20% en el sur).

5.- Comprenden refugiados y solicitantes de asilo. 6.- Comprenden, entre otros, permisos por motivos religiosos, turismo y residencia electiva.

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Tabla 2: Las ocupaciones de los extranjeros en Italia Tipo de trabajo Obrero industrial Obrero terciario Obrero esp. Construcción Agricultura Pesca Ejecutivos Ventas y servicios Comercio Gastronomía Artesanos Transportes Domésticos fijos Domésticos por horas Cura ancianos Baby sitting Asistente sociales Médicos Intelectuales Prostitución Otro

Centro Norte H 15.6 10.1 6.3 21.3 4.0 0.1 1.2 5.1 8.0 8.8 8.0 3.8 1.1 0.6 0.6 0.0 0.2 0.7 2.9 0.2 1.4

M 6.0 5.4 0.5 0.1 0.4 0.0 4.1 4.6 3.4 14.2 2.0 0.1 9.5 19.2 15.2 5.2 1.5 1.6 5.6 0.5 1.0

Sur

T 11.7 8.1 3.9 12.6 2.5 0.0 2.4 4.9 6.1 11.0 5.5 2.3 4.5 8.3 6.6 2.2 0.7 1.1 4.0 0.3 1.2

H 3.0 5.2 0.8 12.8 20.8 1.0 0.5 4.0 26.5 8.5 4.1 1.4 2.8 3.4 1.0 0.0 0.1 0.4 1.6 0.0 2.2

M 0.9 1.4 0.1 0.4 3.6 0.0 1.2 4.1 5.7 11.0 1.2 0.1 14.4 20.9 25.8 3.6 0.6 0.7 2.5 1.2 0.7

Italia T 2.2 3.6 0.5 7.7 13.8 0.6 0.8 4.0 18.0 9.5 2.9 0.9 7.6 10.6 11.1 1.5 0.3 0.5 2.0 0.5 1.6

H 14.3 9.6 5.6 20.4 5.9 0.2 1.0 5.0 10.1 8.7 7.6 3.6 1.3 0.9 0.6 0.0 0.2 0.7 2.6 0.2 1.5

M 5.5 5.0 0.4 0.2 0.7 0.0 3.8 4.5 3.7 13.5 1.8 0.1 10.1 19.6 16.5 4.9 1.4 1.5 5.2 0.6 1.0

T 10.6 7.7 3.5 12.0 3.8 0.1 2.2 4.8 7.4 10.7 5.3 2.1 4.9 8.6 7.2 2.0 0.7 1.0 3.7 0.3 1.3

Fuente: ISMU 2006

La presencia de trabajadores extranjeros en las ocupaciones de la tabla 2 responde a un profundo desajuste entre la necesidad de mano de obra en sectores poco atractivos (los denominados dirty, difficult and dangerous), y los trabajadores autóctonos poco dispuestos a trabajar en dichos sectores, lo que caracteriza el sistema productivo italiano (Reynieri/Baganha 2001)7. Sin embargo, hay diferencias por sexo. Las mujeres con permiso de residencia por motivos de trabajo son menos numerosas (515.769) que los hombres (903.516). Se trata sobre todo de mujeres ucranianas (79.510 de 96.238), moldavas (22.301 de 30.663), ecuatorianas (22.105 de 29.179) y filipinas (36.090 de 46.539). En el caso de otras nacionalidades, la presencia femenina está más ligada a la reagrupación familiar. Este canal de inmigración tiene una cierta importancia para las mujeres rumanas (56.592 de 144.973), pero sobre todo para las albanesas (80.754 de 108.710) y las mujeres marroquíes (60.690 de 84.730). Finalmente, hay que destacar que, como en otros países del área mediterránea, la inmigración en Italia es joven. La mayoría de los inmigrantes tiene entre 30-34 años (407.706), seguidos por los de 25-29 (374.883) y los de 35-39 (372.279). 7.- Después de la Ley Turco-Napolitano de 1998 se han introducido cuotas anuales de inmigración, que hasta ahora han quedado por debajo de la demanda real de mano de obra.Véase Barbagli / Colombo / Sciortino 2004.

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Buena parte de estos inmigrantes han estado algún tiempo como irregulares en su periodo de residencia, ya que la llegada de inmigrantes en Italia no estuvo apoyada por unas políticas de regulación adecuadas8. En los años 80 las únicas normas vigentes eran las del Código de Seguridad Pública de 1935, las cuales se limitaban a imponer controles policiales discrecionales a los extranjeros. A falta de leyes, y aprovechando la tolerancia generalizada del “trabajo en negro”, se fue consolidando una política basada en la entrada por la “puerta trasera” de la irregularidad. La actividad legislativa recibió un primer empuje a partir de la segunda mitad de los años 80, cuando los gobiernos italianos aprobaron las primeras de una larga serie de leyes sobre la inmigración, que resumiremos en el próximo apartado. 1.2. La “exclusión” de los inmigrantes: el marco legislativo La primera ley que reconocía la presencia de trabajadores extracomunitarios en Italia con el objetivo de regular su estatus jurídico y programar las entradas fue aprobada en 19869. Sin embargo, la ley no consideraba otros aspectos relacionados en las políticas de regulación de flujos, es decir en materia de visados, reunificación familiar o asilo. Las cosas cambiaron, sobre todo, a partir de los años 90, cuando en vista de un considerable aumento de los flujos así como de la necesidad de adaptarse al marco legislativo europeo, fue aprobada la Ley de Inmigración nº 39/1990, llamada legge Martelli, del nombre del entonces ministro de Justicia. La nueva ley regulaba la presencia de los solicitantes de asilo, introducía reglas para la concesión de visados y reglamentaba las expulsiones de extranjeros. Además de estas nuevas normas, mantenía las cuotas para la entrada de trabajadores extranjeros ya previstas por la Ley nº 943/1986. Sin embargo, tanto el sistema de cuotas previsto en la Ley nº 943/1986 como el previsto en la Ley nº 39/1990, se apoyaba en un modelo de tipo neocorporativo, completamente inadecuado para cubrir las necesidades de mano de obra de un mercado de trabajo que desde hacía tiempo ya no se basaba en la cadena de montaje (Colombo / Sciortino 2003). El sistema de las cuotas nunca terminó de convertirse en una programación racional de las entradas, sino que se limitó a ser utilizado para regularizar a los inmigrantes que ya trabajaban irregularmente en el país. La Ley nº 39/1990 reguló los asuntos migratorios en Italia durante casi toda la década de los años 90 sin resolver aquella contradicción entre “Estado” (políticas restrictivas) y mercado (demanda económica), destacada por varios autores a principios de los años 90 (Cornelius/Hollifield/Martin 1994). En 1998 se planteó la reforma de la legislación a través de la Ley nº 40/1998, también llamada Turco-Napolitano10, en referencia a los nombres de los ministros de Asuntos Sociales y de Interior del Gobierno de centroizquierda de la época, respectivamente. Esta ley orgánica tenía por primera vez como objetivo considerar todos los aspectos del fenómeno de la inmigración, desde la lucha contra la inmigración clandestina hasta la integración de los trabajadores extranjeros residentes en Italia desde hacía tiempo. Fundamentalmente, trataba de conciliar el sistema de sanciones contra el ingreso clandestino con una política de inmigración activa eficaz y basada tanto en una programación anual y como en unas medidas de integración social.Así, la ley reco-

8.- La única excepción eran aquellas circulares del Ministerio de Trabajo y Asuntos Exteriores que favorecieron la inserción de mujeres extranjeras en el trabajo doméstico en régimen interno (Andall 2000). 9.- La Ley nº 943/1986 tenía como principal objetivo proteger al trabajador extranjero y crear unos canales de inmigración regular por motivos de trabajo. Para ello se define al inmigrante como un sujeto de derecho, al que hay que asegurar el pleno acceso a la sanidad, los servicios sociales, la educación y la vivienda, así como la protección de su cultura e idioma de origen (arts. 1 y 9). 10.- Al respecto véase también Caponio / Finotelli 2003.

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nocía, explícitamente, una demanda de trabajo que se debía satisfacer mediante el sistema de un contingente fijado cada año por un decreto del Consejo de Ministros, el cual se basaba en un programa trienal del Gobierno y aprobado por el Parlamento. La Ley TurcoNapolitano pretendía una mayor eficacia del sistema de los cupos a través de la previsión de acuerdos bilaterales con los países de origen. Así, se garantizan cuotas de ingreso preferentes a cambio de una colaboración eficaz en los procedimientos de readmisión de los expulsados (art. 21). Además se instituyó la figura del patrocinador (sponsor), cuyo objetivo era facilitar el ingreso en Italia para buscar trabajo11. Finalmente, la ley preveía estabilizar la presencia de los trabajadores regulares a través de la carta di soggiorno, un permiso de residencia que permite al extranjero obtener un documento de carácter indefinido tras cinco años de residencia ininterrumpida en el país12. Al mismo tiempo se introdujeron normas para hacer más eficaces tanto el rechazo en la frontera como las expulsiones, a la vez que se instituyeron los Centros de Permanencia Temporal, con el fin de retener a los extranjeros el tiempo necesario hasta que no se finalizase el proceso de expulsión. La ley no preveía ninguna nueva disposición para los refugiados y los solicitantes de asilo, manteniendo en vigor el art. 1 de la Ley Martelli en espera de que se aprobara una ley orgánica sobre el asilo. Con el cambio de gobierno en 2001, la ley de inmigración fue modificada por la Ley 189/2002, llamada Ley Bossi-Fini, en referencia a los nombre de los dos miembros de la coalición que concibieron el texto. La nueva ley quería reforzar los controles fronterizos, el sistema de las expulsiones, y aumentar al mismo tiempo la permanencia en los Centros de Permanencia Temporal. También introducía la práctica de la toma de huellas digitales para todos aquellos extranjeros no comunitarios que pidieran un permiso de residencia en Italia. El nuevo texto eliminaba de la ley al patrocinador y reintroducía la verificación obligatoria de la ausencia de trabajadores italianos o comunitarios que pudieran ocupar el puesto de trabajo solicitado por un trabajador de un tercer país. A través del “contrato de estancia”, el empleador tenía que comprometerse en garantizar un alojamiento adecuado y el pago de los gastos de viaje de retorno al país de procedencia cuando finalizase el contrato. Finalmente, la nueva ley convertía los decretos anuales que fijaban el contingente de trabajadores necesario en actos facultativos del gobierno. De momento la Ley Bossi-Fini sigue vigente, aunque se ha presentado un nuevo proyecto de reforma de ley, la ley Amato-Ferrero, nombres de los ministros de Interior y de Asuntos Sociales respectivamente13, con el propósito de reintroducir el mecanismo del patrocinador y la programación trienal, facilitar la contratación de trabajadores extranjeros en el país de origen y mejorar la estructura de los Centros de Permanencia Temporal14. El nuevo proyecto de ley intenta resolver, una vez más, un defecto endémico de las leyes de inmigración aprobadas en Italia desde 1986 a 2002, las cuales no acabaron de permitir una contratación flexible de trabajadores extranjeros para satisfacer las necesidades estructurales de la economía. Como hemos visto hasta ahora, las leyes de inmigración en Italia han oscilado entre el propósito de estrechar los controles y la creación de canales de ingreso para responder tanto a la demanda de la economía como al envejecimiento de la población. Sin embargo, los canales de ingreso laboral no han sido suficientes. No es ninguna novedad, por ejemplo, que los cupos previstos por la Ley Turco-Napolitano no bastaron

11.- Podían patrocinar la entrada de los trabajadores extranjeros, ciudadanos italianos y extranjeros con residencia regular e incluso las regiones, entidades locales, asociaciones profesionales, sindicatos y organizaciones del tercer sector podían ser avalistas del ingreso del ciudadano extranjero. 12.- Sin embargo, una serie de circulares del Ministerio de Interior posteriores a la ley introdujeron condiciones que hicieron muy difícil la obtención de dicho permiso.Véase Colombo / Sciortino 2003. 13.- El diseño de ley ha sido aprobado el 24.4.2007. (http://www.asgi.it/content/documents/dl07031400.schema.ddl.amato.ferrero.13.3.2007.pdf). 14.- Para un análisis crítico del proyecto de ley véase Pastore 2007.

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para satisfacer la significativa demanda de mano de obra en algunos sectores. No sorprende entonces que las insuficientes posibilidades de ingreso regular junto con una poderosa economía informal, hayan determinado un continuo crecimiento de la inmigración irregular, a pesar de los legislativos para mejorar los controles en las fronteras exteriores italianas. Para resolver dicho problema y compensar los efectos de leyes demasiado orientadas hacia la “ortodoxia restrictiva” europea, los gobiernos italianos realizaron cinco grandes regularizaciones periódicas entre 1986 y 2002. A estas peculiares medidas y a sus efectos sobre la inclusión de la población residente en Italia dedicaremos el próximo apartado. 1.3. El papel de las regularizaciones Si observamos la política migratoria de los gobiernos italianos en los últimos diez años, veremos que la legislación ha sido modificada sistemáticamente por regularizaciones de inmigrantes irregulares de acuerdo con los dictámenes europeos. Sólo entre 1986 y 2002 han sido regularizados 1,4 millones de inmigrantes, que pudieron obtener el permiso de residencia a través de su situación laboral (la única excepción ha sido la regularización de 1990)15. Una hipótesis probable es, entonces, que la mayoría de los inmigrantes llegados a Italia a través de canales irregulares (ingreso clandestino) o semi-irregulares (ingreso con visado y sucesivo overstaying) hayan aprovechado una regularización para asentarse legalmente en el país. Tabla 3: Políticas migratorias en Italia y en la Unión Europea (1985-2002) 1985

1990

1995

1998

Entrada en vigor de Entrada en vigor de Schengen en la Schengen en Italia mayoría de los (01.04.98) miembros de la UE (excluida Italia)

Schengen I

Schengen II

Ley 943/86

Ley 39/90 (legge Martelli)

Decreto de ley 486/1995 (decreto Dini)

Primera regularización (105.000 inmigrantes)

Segunda regularización (217.000 inmigrantes)

Tercera regularización (244.000 inmigrantes)

2002

Summit de Sevilla (2002)

Ley 40/1998 (legge Ley 189/02 Turco-Napolitano) (legge Bossi-Fini) Cuarta regularización (217.000 inmigrantes)

Quinta regularización (634.000 inmigrantes)

Fuente: Elaboración propia.

Los datos de los regularizados y de los residentes en Italia muestran además una clara correspondencia. En la tabla 4 se puede observar que las nacionalidades de los inmigrantes regularizados en Italia hasta 2002 encabezan también las estadísticas de los extranjeros residentes a finales de 2003:

15.- En este caso el inmigrante no tenía que presentar un contrato laboral.

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Tabla 4: Inmigrantes regularizados y población extranjera en Italia16 Inmigrantes regularizados en Italia Primeros 16 países (1986-2002) Marruecos Rumania Albania Ucrania China Filipinas Senegal Túnez Ecuador Yugoslavia Perú Moldavia Nigeria Sri Lanka Pakistán India

Población extranjera Primeros 16 países (31.12.2003)

181.311 168.726 118.251 102.140 77.649 59.592 56.865 55.034 41.571 36.094 35.831 30.121 26.417 27.507 27.711 27.124

227.940 239.426 233.616 112.802 100.109 73.847 47.762 60.572 45.859 45.302 46.964 36.361 24.986 41.539 30.506 47.170

Fuentes: Ministerio del Interior italiano; ISTAT 2003; Caritas 2004

Los datos demuestran claramente que la mayoría de los extranjeros regularizados en Italia tienen todavía el permiso de residencia obtenido por primera vez a través de una regularización. Una investigación llevada a cabo en el año 2000 sobre la población de los regularizados en Italia demostraba que más del 50% de los extranjeros regulares, el 31.12.1999, habían obtenido su permiso de residencia a través de las regularizaciones que tuvieron lugar entre 1986 y 1998 (Carfagna 2002). No existe entonces evidencia empírica para aquellas críticas, procedentes sobre todo desde círculos del norte de Europa, que veían en las regularizaciones unas medidas poco adecuadas para resolver el problema de la irregularidad, en cuanto no podían impedir la vuelta de los extranjeros regularizados a una situación irregular, una vez caducado el permiso de residencia. (Brochmann 1993; Baldwin-Edwards 1999). En resumen, las regularizaciones han reparado los efectos de un régimen migratorio disfuncional a través de dos hechos fundamentales: 1) Han permitido a los gobiernos italianos el control periódico de los flujos, convirtiéndose en instrumento de “control interior” donde son escasas las medidas de control del mercado laboral (Sciortino 1999). 2) Han sustituido una política activa de programación de flujos, contribuyendo a mantener un cierto equilibrio entre el postulado europeo del control migratorio y la demanda interna de mano de obra barata.

16.- En este calculo no consideramos las dos regularizaciones realizadas entre 1977 y 1979, que tuvieron un alcance muy limitado.

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Desde el punto de vista de una política formalmente restrictiva, la regularizaciones italianas han podido transformar, utilizando las palabras de Aristide Zolberg,“inmigrantes necesarios pero políticamente no deseados” (Zolberg 1987) en inmigrantes deseados, reafirmando su necesidad para el sistema productivo. Pero más allá de las políticas de control, la inclusión legal de los inmigrantes a través de las regularizaciones ha jugado un papel fundamental para la adquisición de derechos, favoreciendo así su inclusión social. Uno de los efectos fundamentales ha sido, sin duda, el aumento de las reagrupaciones familiares, que ha tenido una importante función estabilizadora, sobre todo para algunas comunidades de inmigrantes como la marroquí. Sin embargo, las regularizaciones no reflejan una política de inmigración e integración racional, aunque hayan producido resultados deseables. Desde la aprobación de la Ley Turco-Napolitano sus efectos de las regularizaciones han sido apoyados por unas políticas de integración ad hoc, cuyas etapas y características serán resumidas en el próximo apartado. 1.4. Las políticas de integración para los inmigrantes Las primeras políticas sociales para inmigrantes en Italia estaban orientadas a medidas de primera acogida. La Ley 943/1986 preveía “centros de acogida y servicios” para el alojamiento temporal de inmigrantes pero, sin embargo, no sirvió para paliar los efectos de la llegada de los inmigrantes albaneses en 199117.A pesar de las fuertes críticas suscitadas con su actuación en relación a la “crisis albanesa” de 1991, el Gobierno italiano mantuvo el “espíritu de emergencia” de la legislación, aprobando en 1995 la llamada Ley Puglia (Ley 563/95), que otorgaba poderes especiales a las provincias italianas en caso de situaciones como catástrofes naturales o la llegada masiva de inmigrantes18. Sin embargo, todas estas medidas estaban lejos de reconocer y gestionar la necesitad de integración a largo plazo. De hecho, es sólo con la Ley 40/1998 cuando por primera vez se habla de políticas de integración. El artículo 42 de la ley establece que es competencia del Estado, regiones, provincias y ayuntamientos, cada uno dentro de sus competencias, y en colaboración con las asociaciones de inmigrantes y quienes trabajen en su favor, emprender iniciativas para la integración de los inmigrantes y para promover la enseñanza de la lengua italiana. Asimismo, estas iniciativas fomentarán la apreciación de las culturas de origen y la mediación cultural en los servicios, y organizarán cursos de formación para los funcionarios y los trabajadores en entidades privadas que tengan una relación habitual con los extranjeros. Estas medidas, así como las medidas extraordinarias de primera acogida (art. 20), promoción de la educación intercultural y vivienda, fueron financiadas por ley mediante un Fondo Nacional para las políticas migratorias que asigna a las regiones la financiación de programas anuales y plurianuales de integración de inmigrantes en su territorio. En el ámbito del asilo, la constitución de un Fondo Europeo para los Refugiados (2000) y una financiación especial del Ministerio del Interior permitieron la institución del Programa Nacional de Asilo, una red de acogida para solicitantes de asilo dirigida por la Asociación Nacional de los Ayuntamientos Italianos (ANCI). En esta red los ayuntamientos promueven la integración de los refugiados desde la primera acogida a la búsqueda de trabajo19.

17.- Como todos los flujos procedentes de la Europa del Este en aquel periodo, los primeros inmigrantes albaneses llegados en Italia eligieron la vía del asilo. Entre 1990 y 1991 en Italia se registraron 18.655 solicitudes de asilo por parte de albaneses, para cuya evaluación el sistema de asilo italiano no tenía ni el marco legal y administrativo necesario ni las estructuras adecuadas. 18.- Recordamos que en aquel periodo la región Puglia recibía la mayoría de los inmigrantes que llegaban a Italia clandestinamente, la mayoría de ellos procedentes de Albania. 19.-Aunque los solicitantes de asilo no puedan trabajar, muchos ayuntamientos han promovido la creación de bolsas de trabajo para refugiados desconfiando en la lentitud del sistema de asilo italiano y en las posibilidades de éxito de las solicitudes.

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La ley institucionalizaba así aquellas políticas de integración informales, que en determinadas regiones y ayuntamientos italianos se llevaron a cabo ya antes de su aprobación20. A pesar de su orientación decididamente restrictiva, la Ley Bossi-Fini no sólo mantuvo el Fondo para las políticas migratorias, sino permitió también la transformación del Programa Nacional de Asilo en un Sistema de Protección Nacional para Solicitantes de Asilo y Refugiados. Aprovechando estos fondos, algunas regiones italianas han aprobado sus propias leyes de integración, como Emilia-Romagna (2004), Friuli Venezia-Giulia (2005) y Liguria (2007). Los objetivos principales de estas leyes son la programación, coordinación y evaluación de políticas de integración a través de la creación de una Consulta Regional de Integración, de un Observatorio Regional para la Integración y de la aprobación de un Programa Trienal de Integración, este último con el fin de promover el acceso de los inmigrantes a los servicios sociales (principalmente educación y vivienda) y su participación en la vida social. Las mismas leyes también otorgan competencias a los gobiernos locales para la creación de centros de información de inmigrantes, servicios de mediación cultural y acceso a la vivienda. Finalmente, los inmigrantes extracomunitarios pueden participar en las consultas electivas de muchos ayuntamientos, aunque no formen parte del electorado pasivo ni activo y, en algunos casos, pueden participar en las reuniones del Consejo Comunal como consejeros adjuntos sin derecho a voto. Quedan todavía pasos importantes por dar, como la concesión del derecho de voto municipal a los inmigrantes (previsto, sin embargo, en la Ley Amato-Ferrero) así como una sustancial mejora del derecho de ciudadanía. Además, no hay que olvidar los problemas de implementación relacionados con las desigualdades territoriales y las debilidades estructurales del sistema administrativo italiano (Zanfrini 2004). Las medidas de integración previstas por la Ley Turco-Napolitano reflejan lo que Zincone (2000) ha llamado un “modelo de integración razonable”, basado en una garantía de seguridad compensada por la protección de los derechos fundamentales de los irregulares (escolarización y asistencia sanitaria), en la integración de los regulares y en el pluralismo. Sin embargo, este modelo de integración no niega la importancia de la inclusión económica del extranjero y favorece su aceptación en la sociedad. De hecho, los italianos que consideran a los inmigrantes como competidores a la hora de conseguir un puesto de trabajo, son muy pocos. Según los sondeos del IRP (Istituto di Ricerche sulla Popolazione), solo un 19% de los italianos estaba preocupado por la competencia extranjera en 1999.Y según las elaboraciones estadísticas de Asher Colombo (2007) sobre los datos del WorldValues Survey, el 38,5% de los italianos es partidario de una limitación estricta de la inmigración en comparación con más del 60% en Alemania, Países Bajos y Reino Unido. Sin embargo, la percepción de los trabajadores extranjeros como necesarios y la mayor apertura de la sociedad italiana a la inmigración laboral respecto a otros países, no han podido impedir la generación de conflictos entre extranjeros y la sociedad receptora.

20.- Veáse Finotelli / Hunger (2004). 21.- Veáse Caponio,Tiziana, Quale participazione politica degli stranieri in Italia? Il caso delle consulte elettive dei comuni dell’Emilia Romagna, Paper for the Conference; “La cittadinanza elettorale”, Florence 14.-15. diciembre 2006. (http://www.regione.toscana.it/elezioni/Documenti/IXConvegnoSISE/Caponio.pdf.). 22.- Las concesión de la ciudadanía es regulada por la Ley 5/1992, que prevé un tiempo mínimo de residencia legal de 10 años y ha recibido hasta ahora numerosas propuestas de modificación. Para una profundización en los temas relacionados con la ciudadanía veáse Codini / D’Odorico 2007. 23.- A partir de 2002, el IRP se ha convertido en IRPPS (Instituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali). 24.- Datos del www.worldvaluessurvey.org citados por Colombo 2007, p. 24.

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2. PRINCIPALES EJES DE CONFLICTO CON LA INMIGRACIÓN 2.1. Inmigración y criminalidad Los primeros focos de conflicto se registran en Italia a comienzo de los años 90. Se trata de manifestaciones de racismo, que van desde la injuria verbal al ataque físico y que, según algunos autores, muestran la preparación insuficiente de la sociedad italiana ante el nuevo desafío de la inmigración (Di Liegro / Pittau 1991). A esto hay que añadir que el aumento de los flujos migratorios recrudece el problema de la vivienda. La necesidad de reducir los elevados costes de alquiler crea hacinamiento en muchas viviendas de inmigrantes y, en consecuencia, los primeros conflictos con la administración local así como con la misma población nativa, preocupada por la concentración de los extranjeros en determinadas zonas de la ciudad y un posible aumento de su peligrosidad. El foco principal de los conflictos relacionados con la inmigración se centra en la cuestión de la criminalidad extranjera y la seguridad urbana. Según una investigación europea del año 2000, Italia es, después de Grecia, el país europeo donde más frecuentemente se asocia la inmigración a unas tasas de criminalidad elevadas (Colombo 2007).A finales de 2002 todavía había un 42% de italianos preocupados en primer lugar por la capacidad de los inmigrantes por generar criminalidad. En otras investigaciones recientes, los italianos que asocian la inmigración a un peligro para el orden público aparecen con un porcentaje superior al de la media europea (Colombo 2007)25. Finalmente, según el último informe “Città sicure” (Ciudades seguras) de la Región Emilia Romagna, la presencia de inmigrantes sigue siendo la segunda preocupación de los ciudadanos después del tráfico (Sacchini 2006). Sin embargo, la opinión respeto a la inmigración depende también de la edad, nivel cultural, procedencia de los entrevistados y del nivel económico de la región26. La preocupación de los ciudadanos por la criminalidad urbana se manifiesta desde 1990, cuando una ciudad tranquila como Florencia organizó una de las primeras manifestaciones de protesta en contra del aumento de la pequeña criminalidad. Cinco años más tarde estallaron las “crisis urbanas” en Turín, Génova y Milán, en cuyos barrios los inmigrantes implicados en la venta de droga y en la prostitución se habían convertidos en “las cabezas visibles” de la criminalidad extranjera y eran percibidos como amenazas permanentes para la seguridad ciudadana. En la época actual, al general miedo del “criminal desde fuera” se ha añadido una creciente preocupación por los crímenes de las “babygangs”, las bandas de menores extranjeros que desde unos años reciben mucha atención por la prensa creando un cierto alarmismo en la población (De Nicola 2007). En general, podemos afirmar que la relación entre “inmigración y criminalidad” tiene una posición dominante en la definición del binomio “conflicto e inmigración”. No sorprende entonces que una parte de la investigación haya intentado buscar evidencia empírica para dicha relación. Las preguntas más frecuentemente formuladas al respecto son: ¿son más criminales los extranjeros que los nativos? ¿Cuáles son los crímenes cometidos por extranjeros? ¿Y de donde proceden los inmigrantes involucrados? El análisis sobre inmigración y criminalidad de Marzio Barbagli ha sido una de las obras de mayor impacto sobre este tema. En ella el autor, uno de los sociólogos italianos de mayor prestigio, se pre25.- Ambos sondeos citados por Colombo han sido realizados por la Fondazione Nord-Est, respectivamente en 2000 y 2002. 26.- El número de italianos preocupados por inmigración e inseguridad es muy alto en el noreste de Italia (45%), para descender progresivamente en el noroeste (22%), en el centro (14,1%) y en el sur del país (13,5%). Son datos del Censis publicados en: Provincia Autonoma di Trento, Terzo Rapporto sulla Sicurezza nel Trentino, 2000/2001,Trento 2001.

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gunta cuales son las dimensiones efectivas y las características de la criminalidad entre los inmigrantes y su relación con la tasa de criminalidad de los nativos. Barbagli utiliza una rigurosa selección de datos basados en las denuncias y las condenas de extranjeros en Italia27. En su análisis, el autor destaca que el aumento de la criminalidad en Italia tuvo lugar antes de que Italia se convirtiera en un país de inmigración neta. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de los años 80 hubo un aumento constante de la tasa de los extranjeros denunciados y condenados en Italia. Al respecto, Barbagli hace notar que también en el mundo criminal los inmigrantes son empleados en aquellas actividades que requieren menos cualificación. Los crímenes más frecuentes cometidos por extranjeros son hurtos, tráfico de drogas y explotación de la prostitución, mientras que los grandes robos en bancos o joyerías, así como la criminalidad organizada siguen estando en mano de los italianos. Filipinos, indios, chinos y paquistaníes están poco presentes en las estadísticas criminales, mientras que es muy alta la presencia de rumanos y marroquíes en los robos y de marroquíes, tunecinos, albaneses y sudamericanos en el tráfico de drogas. Nigerianos y también albaneses están particularmente involucrados en el tráfico de la prostitución. En lo que se refiere a la distribución geográfica de la criminalidad extranjera, los crimines realizados por inmigrantes se concentran principalmente en las grandes ciudades del centro y del norte, de este modo las grandes ciudades del norte:Turín, Milano, Padua, Bolonia, Génova, se confirman como focos del conflicto urbano28. El libro de Barbagli fue acusado por algunos críticos de alimentar el miedo al criminal extranjero. Pero a pesar de las numerosas críticas recibidas, su análisis demuestra que el estatus legal de los inmigrantes juega un papel fundamental en el proceso de “desviación”, ya que los extranjeros irregulares denunciados y condenados representan, según los crímenes, entre el 65% y el 92% del total de los extranjeros denunciados y condenados29. Barbagli consigue así demostrar que la relación entre inmigración y criminalidad está arraigada en los mismos mecanismos del régimen migratorio italiano y en su capacidad de generar irregularidad para mucho tiempo. Cómplices de esta evolución habrían sido, según el autor, la poca eficacia en los controles internos, la falta de acuerdos de readmisión con países de origen hasta 1998, así como la excesiva tolerancia hacia la economía informal. De este modo, la criminalidad extranjera y la inseguridad urbana resultan estar entre las principales consecuencias del régimen migratorio italiano y de sus fallos (Barbagli 2002). Un informe muy reciente del Ministerio de Interior acaba de confirmar la estrecha relación entre irregularidad y criminalidad, demostrando que los inmigrantes irregulares siguen representando, según el tipo de crimen, más del 70% de todos los inmigrantes denunciados y condenados (Ministero dell’Interno 2007). El episodio del “muro” de Padua nos indica que la criminalidad extranjera y el miedo de los ciudadanos continúan

27.- Para su trabajo toma como punto de partida una serie de trabajos publicados en países de “vieja” inmigración como Alemania o Suecia, según los cuales se registra un aumento de los crímines cometidos por extranjeros entre 1975 y 1994. Según estos trabajos, este aumento depende de una serie de variables como el estatus jurídico de los inmigrantes (regular / irregular), la generación, la nacionalidad y el índice de discriminación en los distintos países de residencia. De esta manera, los índices de criminalidad son más altos entre extranjeros en la segunda que en la primera generación (con la excepción de Suecia) y se diferencian según los países de origen, dependiendo de la calidad de la integración económica de las distintas nacionalidades, así como de la eficiencia de las redes informales relacionadas con cada comunidad de inmigrantes. 28.- Este tipo de distribución territorial fue confirmada también por una investigación realizada por Transcrime sobre la estructura y las actividades de las “baby-gangs” en Italia, que parecen ser más frecuentes entre rumanos, sudamericanos (especialmente ecuatorianos) y Europeos del este y en las grandes ciudades del norte, sobre todo Génova y Milán (De Nicola 2007). 29.- Según el autor, los datos indican que en Italia no han llegado solo inmigrantes en búsqueda de trabajo, sino también personas con intenciones menos nobles, apoyadas por una serie de redes informales criminales, paralelas a las que intentan ayudar los inmigrantes en la búsqueda de trabajo.

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constituyendo un desafío para las instituciones. A esto hay que añadir los debates abiertos en los últimos años sobre la comunidad musulmana, que podrían convertirse en importantes focos de conflicto. 2.2. Inmigración y pluralismo religioso El debate sobre la homogeneidad cultural en Italia ha sido caracterizado durante mucho tiempo por un desinterés general, por lo cual los italianos aparecen como menos “asimilacionistas” que otros países. De hecho, según un sondeo realizado en Italia en 1999, menos de la mitad de lo italianos piensa que los extranjeros tengan que abandonar sus costumbres aunque éstas difieran de las del país de residencia. Y tan sólo dos de cada diez entrevistados cree que las prácticas religiosas de los inmigrantes perjudiquen las costumbres de los italianos (Colombo 2007). Sin embargo, no falta alguna “enfatización” de los peligros derivados de una sociedad multiétnica y multireligiosa por parte de cargos públicos o académicos (Valtolina 2007: 212). Una de las voces más altisonantes sobre el tema ha sido el cardenal de Bolonia Giacomo Biffi, que en su nota pastoral del año 2000 describía los musulmanes in toto como: un grupo caracterizado por una “visión integrista” de la vida publica basada en “la perfecta correspondencia entre religión y política, que es parte de su fe inquebrantable e irrenunciable” . Pero han sido Giovanni Sartori y Oriana Fallaci los dos intelectuales italianos que más han llamado la atención sobre el tema del Islam. En sintonía con el Clash of Civilizations de Samuel Huntington (1998), Sartori escribe que “el proyecto multicultural puede desembocar en un ‘sistema de tribu’, con separaciones culturales desintegrantes, no integrantes” (Sartori 2001: 104). La visión de Sartori encontró una aliada inesperada en la desde siempre laica Oriana Fallaci, que después del 11 de septiembre describió “ […]nuestra identidad cultural, justo porqué está definida desde hace siglos, no puede soportar una ola migratoria compuesta por personas que de una manera u otra quieren cambiar nuestro sistema de vida, nuestros principios, nuestro valores” (Fallaci 2001: 133). Las consideraciones de Sartori y Fallaci han encontrado muchos críticos en el mundo intelectual italiano. Al respecto, Giuseppe Sciortino afirma que los dos libros no están basados en ninguna evidencia empírica, destacando que Sartori y Fallaci “parecen más preocupados por ir a contracorriente que por producir un razonamiento profundo capaz de elevar el tono del debate” (Sciortino 2002: 121). El mismo autor lamenta la aproximación tan superficial a un problema importante, no sólo para la comunidad musulmana residente en Italia sino también para la sociedad entera. Según los últimos datos a nuestra disposición, los extranjeros musulmanes residentes estimados en 2005 eran alrededor de 1.233.000, es decir el 36,7% de los extranjeros presentes en el país (ISMU 2007)31. Entre ellos, los marroquíes constituyen la mayoría y son parte, junto con tunecinos y egipcios, de las primeras comunidades que llegaron a Italia. La comunidad musulmana en Italia se ha transformado en la “cabeza visible” de la comunidad extranjera y en el centro de numerosos debates sobre multiculturalismo y convivencia étnica, que después de los atentados del 11S han dominado parte del discurso público. Por esta razón, según Olivia Schmidt di Friedberg, el cambio de actitud de la población italiana hacia el mundo musulmán en los últimos años tiene más a que ver con el clima político que con los musulmanes mismos (Schmidt di Friedberg 2002: 146). Partidos de derecha como la Lega Nord (Liga Norte) y Alleanza Nazionale (Alianza Nacional), apoyado por la vis polemica de gente como Giacomo Biffi u Oriana Fallaci y el proceso de “segurización de la inmigración” (Triandafyllidou 2005) después del 11S, han conseguido crear un clima de

30.- Biffi 2000: 24, citado en Recchi / Allam 2002: 119-120. 31.- Este cálculo se basa sobre una estimación del ISMU según la cual la población residente en Italia oscila entre los 3.322.040 y 3.392.788 de personas en 2005 (considerando inmigrantes regulares e irregulares).

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desconfianza en parte de la población hacia el mundo musulmán. En este contexto se desarrolla el amplio debate alrededor de la construcción de mezquitas, vistas por ciertos italianos no como lugares de recogimiento espiritual sino como un peligro para la seguridad nacional. Si la cuestión de las mezquitas refleja el malestar de los ciudadanos, hay otras cuestiones que reflejan más bien el malestar de los musulmanes. Una de ellas es la llamada “cuestión del crucifijo”. En 2003, Adel Smith, ciudadano italiano de origen egipcio y presidente de la Unión Italiana de Musulmanes, inició un pleito con la escuela de sus hijos en Ofena (L’Aquila), donde pedía la remoción del crucifijo de las paredes del instituto, decidiendo recurrir a la máxima instancia judicial italiana: la Corte de Casación. Su petición tuvo una amplia repercusión a nivel nacional, obligando a las máximas instancias judiciales del país a intervenir en el asunto32. En 2007, la Corte de Casación rechazó su recurso33, después de que una sentencia del Consejo de Estado34 declarase que la presencia del crucifijo en edificios públicos como las escuelas no atenta contra los principios de laicidad del Estado italiano. Otro caso parecido, relacionado con el ámbito escolástico, fue la cuestión de la escuela árabe deViaVentura en Milán. La escuela fue constituida para responder a las peticiones por parte de un grupo de familias egipcias de educar a los hijos en el marco la cultura árabe. Después de largas negociaciones, la Oficina Escolástica Regional, contra las protestas de partidos como la Liga Norte o Alianza Nacional, aprobó la constitución en el marco de la legislación italiana de una escuela italoárabe bilingüe, abierta a todas las confesiones, con clases en árabe e italiano, profesores árabes e italianos y una directora de instituto italiana35. Sin embargo, la oposición del Ayuntamiento de Milán respecto a cuestiones formales provocó el cierre temporal de la escuela, que reanudó su actividad en noviembre de 2006. En general, los conflictos alrededor del pluralismo religioso en Italia han sido expresados durante mucho tiempo a través de peticiones, protestas y manifestaciones con una cierta mediación institucional. Desafortunadamente, en los últimos tiempos, el “nuevo” debate sobre el pluralismo religioso y la cohesión social ha ido acompañado de algunas actuaciones violentas. Este tipo de actuaciones muestran un cierto cambio en la forma de expresar los conflictos entre sociedad inmigrante y sociedad receptora en Italia. 3. EL DESARROLLO DE LOS CONFLICTOS 3.1. El camino hacia la confrontación violenta Los actos violentos o de alto riesgo para el orden público no han sido necesariamente la principal forma de expresión de los “nuevos conflictos metropolitanos” (Cotesta 1999: 326). De hecho, las formas de expresión han sido muy diferentes. Una de las primeras crisis afectó a Turín en 1995, en donde la degradación urbana a causa de la sobrepoblación, los tráficos ilícitos así como las luchas de bandas rivales, alimentaban diariamente la rabia de los ciudadanos en algunos barrios, dos de ellos muy céntricos. Los primeros focos del conflicto estallaron en el céntrico barrio de San Salvario y atrajeron toda la atención mediática, pero hubo más zonas involucradas: Porta Palazzo, Pellerina e I Murazzi. Sin embargo,

32.- La decisión de Smith, sin embargo, promueve quejas por parte de otros padres, no sólo musulmanes.Así, una ciudadana finlandesa pidió remover el mismo símbolo de las paredes de la escuela de sus hijos en la regiónVeneto y se apela por esto al Tribunal Administrativo Regional del Veneto. 33.- Ordenanza nº 15614 del 10.7.2006. 34.- Sentencia nº 556 del 13.2.2006. 35.- Véase http://www.scuolaarababilingue.it/progetto.htm y “La República”, 18 de julio de 2004.

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las protestas ciudadanas se expresaron a través de peticiones y manifestaciones36, sin buscar la confrontación violenta ni mostrase partidarios de la autodefensa. Diferente fue el caso de la crisis urbana de Génova en 1995, en donde los ciudadanos organizaron rondas nocturnas contra los inmigrantes, pidiendo al mismo tiempo más “pulizia” (limpieza) y más “polizia” (policía) para proteger el centro de la ciudad de los inmigrantes y la degradación urbana (Petrillo 2003). Finalmente, a más de 10 años de distancia de la crisis urbanas de Génova, un nuevo episodio de conflicto violento ha estallado en Roma. Unos ciudadanos enfurecidos han apaleado a un grupo de rumanos para vengar el homicidio de una mujer italiana por parte de un ciudadano rumano en la periferia de la ciudad37. A pesar de sus diferentes formas de expresión, las crisis urbanas de Turín y Génova, así como las más recientes de Padua y Roma, surgieron del malestar de los ciudadanos. Sin embargo, no faltaron conflictos provocados por el malestar de los inmigrantes afectados por políticas migratorias inadecuadas.A principio de los años 90, los inmigrantes empezaron a ocupar edificios como reacción a una catastrófica política de la vivienda. Si en ciudades como Milán, la ocupación provocó una reacción casi inmediata de la administración comunal, en otras, el nivel de conflicto aumentó con los años38. Es el caso de Bolonia, donde en 1998 más de cien marroquíes ocuparon la iglesia de San Petronio para pedir una vivienda más digna al Ayuntamiento de la ciudad. Como destaca Francesca Decimo, las protestas de 1998 representaron la conclusión natural de una serie de fallos de la administración local, que había tratado el problema de la vivienda de los inmigrantes mediante una política de emergencia sin una adecuada programación a largo plazo (Decimo 2003)39. La ocupación de edificios por parte de los inmigrantes representaba un acto de confrontación con cierta alteración del orden público, pero no llegó a generar episodios de violencia. Sin embargo, en los últimos tiempos las protestas han adquirido tintes más violentos en algunas ciudades italianas. Es el caso de las confrontaciones entre inmigrantes y policía ocurridos recientemente en el centro de Milán. En el llamado caso de “Chinatown”, la multa de una policía municipal a una mujer china produjo una batalla callejera entre miembros de la comunidad china y la policía municipal40. Según fuentes periodísticas, el resultado final fue de 14 heridos entre los policías, 5 heridos entre los manifestantes chinos y una serie de coches destrozados. Un episodio similar ocurrió en la misma ciudad en el mes de julio del mismo año entre la policía y un grupo de vendedores peruanos41 de zapatos. Otros episodios, muy violentos, han estallado recientemente en los centros de permanencia temporal de Bari, Módena y Gradisca. Los centros de permanencia temporal, instituidos por la Ley Turco-Napolitano son, desde hace años, objeto de las críticas de organizaciones no gubernamentales y de la misma policía. Una de las últimas revueltas, el 15 de septiembre de 2007, acabó con la huida de los inmigrantes internados y con

36.- Para una descripción del desarrollo de la crisis urbana de Turín, véase el reportaje de Italo Fontana, un ciudadano que vivió los acontecimientos en primera persona y decidió contarlos a un público más amplio (Fontana 2000). 37.- Véase “Corriere della Sera” de 3 de noviembre de 2007. 38.- En el caso de Milán, véase también Melotti 1993. 39.- Recordamos al respecto el caso de un grupo de senegaleses residentes en Casalborsetti, en la provincia de Ravenna, que rechazaron una petición de desalojo presentada por el propietario del edificio, creando un verdadero fenómeno mediático alrededor del asunto (Riccio 2002). Más reciente es el caso de unas viviendas de inmigrantes en Trento, cuyo desalojo por parte de la administración había sido ampliamente criticado, y que fueron abiertas de nuevo en 2006. 40.- Según la versión de la comunidad china, la policía habría hecho uso de la violencia contra la mujer china provocando la reacción violenta de los otros inmigrantes chinos residentes en el barrio, que se han sentido objeto de reacciones racistas. Según los representantes comunales, la policía estaba simplemente haciendo su trabajo y fue agredida injustamente. Véase “La Repubblica”, 12 de abril de 2007. 41.- Véase “Corriere della Sera”, 2 de julio de 2007.

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un inmigrante y un policía heridos42. En otros casos, los centros de permanencia temporal han causado las protestas de los vecinos, contrarios a su construcción cerca de las zonas residenciales de grandes ciudades. En relación al segundo eje de conflicto en Italia, es decir el pluralismo religioso, ya se registran con bastante frecuencia marchas contra de la institución de centros de cultura islámicos o la construcción de mezquitas. Recordamos aquí el caso de la mezquita de Lodi o de Via Meda en Milán43, así como la última y poco exitosa manifestación en contra de la construcción de una mezquita en Bolonia44. Las manifestaciones, organizadas por partidos políticos de derecha o extrema derecha como la Liga Norte y Alianza Nacional, no desembocaron en violencia pero provocaron un amplio debate público que involucró a políticos, intelectuales y asociaciones islámicas. Sin embargo, la intolerancia hacia la comunidad musulmana ha adquirido tintes más violentos en los últimos tiempos. En agosto de 2007 fue quemada una carnicería musulmana en la ciudad de Brescia. Dos días antes, en la misma ciudad, desconocidos habían lanzado dos cócteles molotov contra una mezquita en la zona sur de la misma ciudad. En el mismo mes, otro objeto incendiario fue lanzado en contra del Centro Islámico de la ciudad de Segrate, cerca de Milán, que con su mezquita es el único centro de culto musulmán autorizado por la Administración de Milán45. Estos últimos episodios, más frecuentes ahora que en los años 90, ocurren generalmente en el norte de Italia y muestran un cierto aumento de los conflictos de tipo violento relacionado con la cuestión de la convivencia interétnica (e interreligiosa). Sin embargo, no han tenido las dimensiones de otros episodios, como por ejemplo el incendio provocado en cinco campamentos de Roma en 1999, muestra del rechazo a la comunidad gitana (Sigona 2004). En resumen, los conflictos relacionados con la inmigración desde los años 90 no presenta una tendencia clara, sino que pueden considerarse más bien formas mixtas de confrontación donde siempre existe la posibilidad de actos de violencia contra objetos o personas. Hubo ciudades como Turín, Bolonia o, más recientemente, Padua donde las crisis urbanas se han resuelto con confrontaciones de riesgo elevado sin violencia contra las personas. Otras, como Génova o el reciente caso de Milán, han sido más violentas. Sin embargo, episodios como el de “Chinatown” en Milán aparecen, de momento, como casos bastante aislados. Por otra parte, las manifestaciones ciudadanas contra las instituciones musulmanas han sido principalmente confrontaciones de bajo riesgo, expresadas sobre todo a través de manifestaciones y adquiriendo sólo recientemente un tinte violento. En muchos casos, los inmigrantes han elegido la vía institucional para sus peticiones: pensemos en la cuestión del crucifijo o de la escuela italoárabe de Milán, ya mencionadas en este informe. En general, la posibilidad de que un conflicto desemboque en actos de violencia depende de una serie de factores, como el clima político del momento y, sobre todo, del nivel de autoridad y de la capacidad de prevención y mediación de los actores involucrados.

42.- Noticia de “Melting Pot”, 15 de septiembre de 2007. 43.- En Lodi el Gobierno de izquierda dio el permiso para construir una mezquita a las asociaciones musulmanas en un terreno del Ayuntamiento, provocando una serie de manifestaciones por parte de los partidos de derecha. En el caso de la mezquita deVia Meda, en Milán, las asociaciones musulmanas pidieron al Ayuntamiento transformar un edificio privado en una mezquita, provocando la oposición de los partidos de derecha, cuyas manifestaciones, sin embargo, no tuvieron mucho éxito. Para una reseña sobre este debate Olivia Schmidt di Friedberg hace referencia a la pagina web www.islamitalia.it/moschealodi/html. 44.- Véase “Corriere della Sera”, 30 de septiembre de 2007. 45.- Véase “Corriere della Sera”, 7 de agosto de 2007.

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3.2. Los principales actores de conflictos 3.2.1. Los partidos políticos A principios de los años 90, el problema de la inmigración como amenaza para la convivencia entra en el debate político, también gracias a la aparición de nuevos partidos políticos como la Lega Nord. El programa electoral de la Lega Nord, secesionista primero y federalista después, estaba basado en la construcción de la comunidad imaginaria de la Padania en el norte de Italia. La hostilidad hacia italianos del sur e inmigrantes eran una pieza básica de este programa (Cotesta 1999). La lucha contra la criminalidad extranjera y un riguroso control migratorio se convirtieron en los objetivos fundamentales de este partido, cuyos militantes llegaron incluso a organizar “Rondas de Seguridad” (o “Rondas Padanas”) para proteger los chalés de los empresarios en el norte contra los robos de los “criminales extranjeros” y afirmar, al mismo tiempo, la incapacidad del Gobierno central a la hora de proteger a sus ciudadanos. La Lega Nord consiguió muy rápidamente el monopolio del descontento local.Así, ya en 1993, durante la campaña electoral del candidato de la Lega Nord Formentini en Milán, el mensaje contra los inmigrantes y la degradación de los centros de acogida en la ciudad era claro. Desde entonces, la Lega Nord mantendrá un discurso contra la inmigración hasta el final de los años 90. En las elecciones regionales de 2000, la inmigración pasa a ser elemento central en el debate político, sobre todo tras la entrada de la Lega Nord en la alianza de centroderecha y la creación de la Casa delle Libertà (Casa de las Libertades), liderada por Silvio Berlusconi. El exagerado discurso anti-immigración, típico de un partido extremista, se convierte en un potente recurso para toda la coalición (Zincone 2000). Con él pretende dividir y crear dificultades a la ya precaria coalición de centroizquierda. La Casa delle Libertà muestra una gran habilidad para imponer el binomio inmigración-seguridad en la contienda electoral de las elecciones generales de mayo 2001, y no encuentra ninguna resistencia convincente por parte de la coalición adversaria.46 Además, parece que desde entonces el debate político únicamente gira en torno a la seguridad y el orden público, dando lugar sólo a enfrentamientos estériles sobre las posiciones anti-clandestinos y anti-islam. En 2007, la actual alcaldesa de Milán, Letizia Moratti de Forza Italia, propuso la organización de un “Security Day” para protestar contra la inseguridad ciudadana47. Mientras tanto, la Liga Norte sigue organizando las “Rondas Padanas” en algunas zonas del norte de Italia. Además, en los últimos años la cuestión anti-islam se ha convertido en parte integrante de las provocaciones políticas de la Liga Norte.Tristemente famosa es la actuación del ex ministro de Justicia Calderoli, que llevó al Parlamento una camiseta con una caricatura de Mahoma estampada poco después del escándalo de las caricaturas en Dinamarca. Además, hay que recordar el apoyo del partido a las manifestaciones y marchas en contra de la construcción de mezquitas que, sin embargo, no se ha limitado al territorio nacional. En el verano de 2007 un europarlamentario de la Lega Nord (Borghezio) fue retenido unas horas en el Palacio de Justicia de Bruselas por haber participado en una marcha “Anti-Islam” en la misma ciudad. Representantes de la Lega Nord utilizaron también su poder institucional para afirmar el ideario político del partido48. En 2004 el alcalde de la ciudad de Treviso, Gentilini, ordenó arrestar a las mujeres que llevaban burka en base al art. 5 de la ley 152/1975, que prohíbe hacer uso en un lugar público de cascos o cualquier elemento que

46.- Véase al respecto Caponio / Finotelli 2003. 47.- El “Security Day” en el partido no es una novedad, ya que una manifestación similar fue organizada por Silvio Berlusconi en 1999. Sin embargo, ninguna de las dos manifestaciones estaba centrada sobre el tema de la inmigración sino de la seguridad urbana en general. 48.- Véase “Corriere della Sera”, 11 de septiembre de 2007.

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pueda impedir el reconocimiento de la persona49. Está claro que las actuaciones de los partidos de derecha, y sobre todo de la Lega Nord, han intentado exacerbar el conflicto en lugar de debilitarlo. En lo que se refiere a los partidos de la izquierda y católicos moderados, podemos observar una doble actitud que refleja cierta contradicción entre su ideario social de solidariedad hacia los más débiles y la preocupación por la inseguridad urbana de los electores. El mismo “muro de Padua” ha sido constituido por voluntad de un gobierno local de centroizquierda, si bien la lucha contra la criminalidad y la inmigración es considerada generalmente un “caballo de batalla” de la derecha. Así, después de los episodios de violencia ocurridos en Roma a finales de octubre de 2007, el gobierno de centroizquierda no ha dudado en proponer al Parlamento la votación de un decreto ley (el denominado "paquete seguridad") para permitir la expulsión inmediata de extranjeros comunitarios considerados peligrosos para la seguridad pública. Además, ha sido ordenado el desmantelamiento completo del campamento de gitanos rumanos en la localidad de Tor de Quinto, donde fue cometido el homicidio. Según el vicepresidente del Gobierno, Francesco Rutelli (y ex alcalde de Roma), la actuación del gobierno está justificada por la obligación de las fuerzas políticas de garantizar una vida tranquila a los ciudadanos a través de "rigor y severidad50". Maria Leticia Zanier (2002), en su análisis sobre la relación entre las actitudes hacia la inmigración y la orientación política, confirma la existencia de esta contradicción, mostrando que en el caso de los denominados “prejuicios latentes”, los electores de izquierda pueden llegar a tomar posiciones similares a la derecha y que,“en determinadas condiciones, formas de discriminación moderna, ‘frías’, aceptables desde el punto de vista normativo, pueden superar los limites de las pertenencias ideológicas” (Zanier 2002: 315). En línea con estas argumentaciones, Stefania Campoamore (2004), en su análisis de las políticas de integración de tres ciudades italianas (Vicenza, Prato y Caserta) afirma que las retóricas de los programas electorales pueden ser muy diferentes de las políticas implementadas a diario en los distintos ayuntamientos. Pero, más allá de consideraciones teóricas sobre la discrepancia entre programa electoral y actuaciones de ciertos partidos políticos, hay que recordar que no siempre los partidos, ni los de izquierda ni los de derecha, han conseguido dar una respuesta a los miedos de los ciudadanos. De este vacío han surgido formas de auto-organización de ciudadanos, añadiendo un nuevo elemento al conjunto de los actores implicados en la prevención y mediación de conflictos. 3.2.2. Los comités de seguridad Los comités de seguridad representan, sin duda, la máxima expresión de la preocupación ciudadana por la seguridad pública “autogestionada”. Estos comités surgieron en varias ciudades del norte de Italia, convirtiéndose en un nexo fundamental entre el gobierno local y los barrios afectados por la criminalidad. Sin embargo, según Palidda (2000), la institución de los comités no se debe directamente a problemas relacionados con la seguridad sino a miedos y malestares relacionados con el mal funcionamiento de la administración comunal y la falta de servicios. En los años 90, los extranjeros sustituyen a la corrupción política como responsables oficiales de la degradación urbana, mientras empie-

49.- La decisión ha provocado la intervención del prefetto (delegado del Ministerio del Interior) en Treviso, que en consulta con las asociaciones musulmanas ha admitido la circulación de las mujeres con burka siempre y cuando estén dispuestas en descubrir la cara.Véase al respecto “Corriere della Sera”, 9 de octubre de 2007. 50.- Véase “Corriere della Sera”, 3 de noviembre de 2007.

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zan a aparecer los primeros brotes de racismo. Según describe Italo Fontana, el “Comitato Spontaneo Quadrilatero di San Salvario” en Turín nació de la necesidad de “hacer algo” y desde un “espíritu de tolerancia” por parte de ciudadanos que se sentían victimas de un racismo por parte de las instituciones (Fontana 2000). Los comités consiguieron como resultado añadir “una especie de contrapoder, una exhibición de fuerza” a “la indiferencia de las instituciones ante los delincuentes” (ibidem). En las entrevistas hechas por Palidda, los dirigentes de los comités hablan de su actividad como de una “resistencia civil”, que opera no sólo a través de la distribución de panfletos y organización de manifestaciones sino que en la misma los ciudadanos actúan como fuerza de auxilio a la policía, observando y monitorizando el territorio de manera “casera”, apuntando sucesos sospechosos en la calle o filmando la propia zona de residencia cada cierto tiempo. Durante todos los años 90 estos comités tienen éxito en muchas ciudades: en Milán pasan de ser 15, compuestos por entre 2 y 100 personas, a 35 en 1995. Al mismo tiempo, se afirma una nueva presencia: el “empresario de la seguridad” (Palidda 2000), que opera como mediador entre el gobierno local y la comunidad ciudadana al margen de todos los partidos. De este modo, según uno de los “empresarios”, los comités representan un fenómeno de modernización de la política, basada en el modelo de los grupos de presión y muy alejada de las estrategias de partido (Palidda 2000: 144). Por otra parte, los partidos no se mantienen indiferentes a la actividad de estos comités. Italo Fontana cuenta que partidos como la Liga Norte o Alianza Nacional apoyaron abiertamente las manifestaciones de los comités, incluyéndolas en su estrategia electoral. Parecido es el ejemplo actual de una pequeña ciudad como Ferrara, donde Alianza Nacional está apoyando las actividades del Comitato Millefirme (Comité Milfirmas) en contra de la degradación de algunos barrios de la ciudad51. Sin embargo, el apoyo de los partidos de derecha a los comités no nos dice todavía nada sobre la orientación de sus miembros. Como ha destacado Palidda, también los miembros moderados de los comités defienden una justificación “seguritarista” del racismo, pidiendo medidas de control más duras a nivel local y nacional y encontrando en esto un fuerte aliado en la policía. 3.2.3. La policía. En muchas ciudades italianas afectadas por los “nuevos conflictos metropolitanos” las fuerzas de policía no quedaron indiferentes a la actividad de los comités de seguridad. Sin embargo, Palidda pone de manifiesto las dificultades de la policía ante el fracaso de la mediación política tradicional y destaca la complejidad de sus funciones como único referente de los ciudadanos en determinadas ocasiones. Según un dirigente policial entrevistado,“la seguridad que antes otros ofrecían de formas diferentes se había convertido en una mercancía rara. […] Por esto quien la ofrece se convierte en una referencia.” (Palidda 2000: 147). Por esta razón, la policía de Florencia buscó desde el principio un punto de encuentro con los “empresarios de la seguridad”, organizando conferencias de barrio a las cuales eran invitados los dirigentes de los varios comités ciudadanos. El papel sustancialmente represivo de la policía como garante del orden público ha sido empleado fundamentalmente en la llamadas “campañas de saneamiento” (o “cazas del negro”, en jerga) que desde Nápoles a Milán han sido realizadas por unidades de policía contra el comercio ilegal, sobre todo en el centro de las ciudades. Al respecto, Palidda no destaca sólo la importancia de la cooperación entre los distintos cuerpos de policías (Nacional, Carabinieri y Municipal), sino la importancia del lobby de los comercios para estas operaciones. Sin embargo, las actuaciones de la policía pueden producir sensaciones de rechazo y persecución entre determinadas comunidades de inmigrantes y exacerbar los conflictos, como demuestran los acontecimientos en Milán entre policía y extranjeros ocurridos este año y ya mencionados en este informe. 51.- Entrevista con Roberto Cassoli, dirigente de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ferrara.

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La policía, como uno de los actores principales en la gestión de los conflictos, busca continuamente una estrategia de acción entre la represión y la mediación. Recordamos, por ejemplo, la actitud pragmática de la policía al aceptar fotos de mujeres musulmanas con “pañuelo” en la cabeza quitando así importancia a un asunto muy presente en el debate público (Schmidt di Friedberg 2002). Por otro lado, es digna de mención la intervención de la policía en relación a los Centros de Permanencia Temporal. Una comunicación de prensa del año 2000 del Sindacado Unitario dei Lavoratori di Polizia (SIULP). denunciaba el trato inhumano y la falta de una preparación adecuada por parte de la policía en los centros de permanencia temporánea52. Una mayor atención del policy maker a este tipo de observaciones habría quizás podido evitar lo ocurrido en algunos Centros de Permanencia en 2007. A la capacidad de mediación de la policía hay que añadir, por supuesto, las aportaciones de muchas asociaciones de inmigrantes, sobre todo musulmanas, que se han revelado mediadoras par excellence entre dos mundos cuya convivencia, según Fallaci y Sartori, sería poco deseable para el bienestar de nuestras sociedades occidentales. 3.2.4. Las asociaciones de inmigrantes. En Italia no hay todavía muchas investigaciones sobre el fenómeno de las asociaciones de inmigrantes. Sin embargo, las investigaciones hechas por el Cnel (2000) y Ambrosini (2003) sobre el tema apuntan a la existencia de dos tipos de asociaciones: a) las interesadas principalmente en constituir una red de solidaridad para sus miembros, b) las más interesadas en el dialogo social interétnico y en el dialogo con las instituciones. Los estudios realizados hasta ahora sobre casos específicos de asociacionismo, confirman la importancia de las asociaciones como actores del dialogo entre la comunidad inmigrante y la sociedad receptora. Según destacan Palidda y Consoli (2006) en su análisis de las asociaciones de inmigrantes en Catania, la actividad de las asociaciones de inmigrantes de la Isla de Mauricio contribuyó, por ejemplo, a la construcción de la “Casa de los pueblos” (Casa dei popoli), una oficina que se ha convertido en una importante referencia para los inmigrantes residentes en la ciudad. Sin embargo, si por una parte las asociaciones reconocen la importancia de trabajar en un contexto tolerante como el de la ciudad de Catania, por otra critican las dificultades a la hora de desarrollar un proceso de cooperación estable y directa con las instituciones. Según las autoras, esto se debe principalmente a los cambios políticos a nivel nacional y local, los cuales tienen un efecto “ralentizador”, no sólo sobre el dialogo con las instituciones sino también sobre la distribución de medios financieros. Diferente es el caso de Turín donde, sobre todo, las asociaciones musulmanas han jugado un papel fundamental en el proceso de interacción de las comunidades musulmanas con los gobiernos locales. Como escribe Ottavia Schmidt di Friedberg, las asociaciones de inmigrantes musulmanes tienen al mismo tiempo dos objetivos distintos: representar los intereses de los musulmanes y de los inmigrantes a la vez. Por esta razón, su actividad se ha centrado en el desarrollo de una densa red de contactos con los gobiernos locales, la policía y los sindicatos. Con ello pretenden obtener un papel público y ser reconocidas como mediadoras eficaces de intereses y atraer más miembros (Schmidt di Friedberg 2002). La misma investigadora destaca cómo este tipo de redes han sido muy favorables en la ciudad de Turín, donde la posibilidad de sacrificar animales según el rito islámico ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre los jefes de algunas asociaciones y el

52.- Veáse SIULP, comunicación de prensa de 19.1.2000. 53.- Los dos textos han sido citados en Palidda / Consoli 2006, p. 119.

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gobierno local. En la misma Turín, las asociaciones islámicas se habían revelado colaboradoras imprescindibles para reducir el potencial de conflicto étnico (Schmidt di Friedberg 2002 y 1998). Las asociaciones han demostrado, además, un nivel de sensibilidad para el clima político tal vez más sutil que la misma sociedad receptora. En la ciudad de Trieste, por ejemplo, han sido protagonistas de una actitud inusual, rechazando la oferta del entonces alcalde de la ciudad Riccardo Illy para construir una mezquita en las afueras de la ciudad. Las razones del rechazo fueron explicadas y tenían que ver con el miedo a que la construcción de la mezquita se convirtiera en un asunto mediático capaz de perturbar la convivencia pacifica de la pequeña comunidad musulmana con los triestinos (Schmidt di Friedberg 2002). La decisión de la comunidad de Trieste no es sólo llamativa en lo que se refiere a la percepción del clima político por parte de comunidades muchas veces tachadas de “perturbadoras”, sino que destaca una vez más el impacto que se atribuye a la opinión pública y a los medios de comunicación en el desarrollo del binomio “conflicto e inmigración”. 3.2.5. Los medios de comunicación y otros actores indirectos A menudo se atribuye a los medios de comunicación un papel fundamental en la exacerbación o la debilitación de conflictos relacionados con la inmigración. Los textos de Oriana Fallaci fueron difundidos por el “Corriere della Sera” antes de la publicación del libro; el mismo periódico ha dado espacio a Giovanni Sartori y a sus consideraciones sobre la sociedad multiétnica. En 1995, simultáneamente a las principales crisis urbanas, la revista italiana “L’Espresso” daba un empuje a la alarma social titulando su portaba de septiembre con las palabras “Bomba immigrati”. En aquel reportaje, todos los políticos entrevistados, tanto de derecha como de izquierda, se declaraban partidarios de liberar a los “barrios infestados por inmigrantes54”. Actualmente, sobre todo en los periódicos locales, se sigue dando espacio a noticias sobre la criminalidad extranjera o episodios de convivencia interétnica fallida. Según Palidda, han sido precisamente los medios de comunicación locales los que han percibido cómo la inseguridad de los ciudadanos podía ser una garantía de éxito de ventas (Palidda 2000: 152).Y ya autores como Dal Lago (2005) han puesto de manifiesto el papel de los medios de comunicación en el desarrollo de un “seguritarismo local” como base de racismo y de conflicto. Los dirigentes de la policía entrevistados por Palidda (2000) destacan el “papel fundamental” de la prensa en la producción o reducción de la sensación de inseguridad, atribuyéndole una “importancia de primera” en condicionar a la opinión pública (Palidda 2000: 153). Sin embargo, una comparación hecha por Asher Colombo (2007) entre la evolución de los artículos dedicados a la inmigración publicados por “La Repubblica” entre 1984 y 2002 y la evolución de la opinión pública sobre la inmigración en Italia llega a conclusiones diferentes, destacando que a partir de 1991 las dos variables experimentan evoluciones diferentes. Así, un aumento de los artículos sobre la inmigración no parece influir sobre la evolución de opinión pública. En una entrevista posterior con el mismo periódico Asher Colombo destaca, además, que las investigaciones hasta ahora no indican un incremento de la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos55. Si, por una parte, la observación de Colombo no nos permite todavía conclusiones generalizadas sobre el efecto de los mass media sobre la opinión pública (y sobre los conflictos relacionados que puedan surgir), por otra, nos indica que quizás el efecto es dema-

54.- Veáse “L’Espresso”, de septiembre 1995. 55.- Véase “La Repubblica”, 4 de octubre de 2006.

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siado complejo para poder ser explicado a través de una relación monocausal. Los medios de comunicación son, a fin de cuentas, sólo una parte de los actores involucrados en la gestión del binomio conflicto-inmigración. Aparte de los actores mencionados hasta ahora hay, sin embargo, otros actores menos presentes en la gestión y resolución de los conflictos. En el llamado “debate del crucifijo”, por ejemplo, ha sido fundamental el papel del Tribunal Constitucional y del Consejo de Estado a la hora de resolver un conflicto entre el inmigrante y la Administración pública, aunque la sentencia desfavorable del Consejo de Estado no signifique una reducción de conflicto a largo plazo. En contraste con las asociaciones de inmigrantes, las aportaciones de las asociaciones italianas a la gestión de conflictos han sido limitadas, estando más dedicadas a la asistencia de los inmigrantes y a la provisión de servicios (Palidda/Consoli 2006: 143). Así, las instituciones religiosas, como Caritas y el Jesuite Refugee Service, juegan un papel fundamental en las medidas de primera acogida, pero han sido menos relevantes en la mediación de conflictos. En lo que se refiere a los sindicatos y a las asociaciones empresariales, estas organizaciones generalmente no intervienen directamente en la resolución de conflictos relacionados con la inmigración. Su actividad está más bien centrada en un lobbying sobre cuestiones de regulación política, principalmente sobre regularizaciones. En resumen, en el presente capítulo han sido mencionados casi todos los actores que de manera más o menos intensa, están involucrados en conflictos relacionados con la inmigración. Faltan los gobiernos políticos a varios niveles territoriales. Su importancia para la gestión de los focos de conflicto a nivel nacional y local, así como su capacidad de dar respuestas al “miedo” de los ciudadanos y a las peticiones de los inmigrantes, será analizado en el próximo apartado. 4. LAS RESPUESTAS INSTITUCIONALES AL CONFLICTO Las medidas de prevención y mediación de conflictos entre inmigrantes y sociedad receptora son diferentes según los niveles territoriales implicados. A nivel nacional, el Gobierno Turco-Napolitano en 1998 reconoció la necesidad de un modelo de integración “razonable” para prevenir los conflictos, e instituyó el Fondo Nacional de las Políticas Migratorias para financiarlo. Considerados, además, los potenciales conflictos relacionados sobre todo con la presencia del Islam en Italia, el ex ministro del Interior Giuseppe Pisanu decidió, en 2005, instituir la Consulta Islámica de Italia56. El objetivo de la Consulta era favorecer el dialogo institucional con las comunidades musulmanas y encontrar las soluciones más adecuadas para su inserción en el tejido económico y social italiano57. Después de la constitución de la Consulta han sido firmadas cartas de entendimiento con otras Iglesias presentes en Italia. La Consulta empezaba a experimentar divergencias entre sus miembros, sobre todo entre la UCOII (Unión de las Comunidades y Organizaciones Islámicas Italianas), partidarios de medidas como la hora de religión para musulmanes en la escuela pública o la posibilidad de los musulmanes de ausentarse de la escuela durante sus festividades religiosas. Debido a estas divergencias en la misma Consulta, el nuevo ministro del Interior, Giuliano Amato, pidió la preparación de una Carta de Valores común, firmada por todos los miembros de la Consulta, como base de trabajo para el futuro. La Carta deValores fue presentada el 23 de abril de

56.- Decreto ministerial 10 de septiembre de 2005, in G.U. n. 250 del 16 de octubre de 2005. 57.- Comunicado de prensa del Ministerio de Interior de 10 de septiembre de 2005 citado en: Ferrari 2007.

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2007, y a pesar de no tener ningún valor jurídico, fue enseguida fuertemente criticada, o por ser poco convincente en su afirmación de los valores occidentales o por ser demasiado paternalista (Pastore 2007). Junto a la Carta de Valores, también la institución de la Consulta en Italia sigue siendo objeto de opiniones contrapuestas. Respecto a ellas, Silvio Ferrari, uno de los máximos expertos en Italia en derecho canónigo, afirma que la búsqueda de diálogo con las instituciones públicas tendría que orientarse en primer lugar a cuestiones relacionadas con la vida diaria de los musulmanes en Italia y no a cuestiones del Islam en general. Éste sería un primer paso para establecer su autoridad como asesora de las instituciones. Un punto de partida para realizar sus objetivos podrían ser los acuerdos que ya antes de su institución habían sido tomados entre los gobiernos locales y las asociaciones islámicas. Los acuerdos abarcan las ausencias de los alumnos durante el Ramadán, el respeto de las costumbres alimenticias de los musulmanes en los comedores o la concesión de tiempos para el rezo durante el horario de trabajo (Ferrari 2007). Estos acuerdos alcanzados entre las asociaciones y los gobiernos locales han demostrado así una nueva forma de “socialismo municipal”, centrada en los servicios para determinadas minorías a nivel comunal, que a menudo han sido negados en los discurso simbólicos del debate nacional59. Los gobiernos locales, junto a las asociaciones de inmigrantes, se perfilan así como actores fundamentales en la prevención y resolución de los “nuevos conflictos metropolitanos” relacionados con la gestión del pluralismo religioso. Pero la acción de los gobiernos locales no se para aquí. Marinella Belluati, en su análisis sobre las crisis urbanas de Turín, afirma que la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los desafíos fundamentales para los gobiernos locales (Belluati 1998).Y de hecho, como hemos visto hasta ahora en este informe, los gobiernos locales representan los interlocutores principales de asociaciones y comités de seguridad los cuales, después de las crisis urbanas, buscan soluciones para impedir la aparición de otros conflictos. Después de la crisis de 1995, el Gobierno de Turín eligió, por ejemplo, la estrategia de la obra pública para mejorar las zonas degradadas de la ciudad y sensibles al conflicto. Además, la modernización y renovación de los espacios urbanos incluyó la construcción de un hamman árabe en vez de baños públicos o un túnel para eliminar el tráfico. La velocidad inusual con la cual proceden las obras indica, según Allasino (2000), que la emergencia social puede tener un efecto benéfico sobre la obra pública. En algunos casos las medidas de recalificación están directamente relacionadas con la seguridad pública: la conversión de zonas periféricas de la ciudad en parking conlleva la necesidad de una red de controladores que ejercen también e indirectamente una función de vigilancia sobre el territorio. A estas medidas hay que añadir la instalación en puestos claves de cámara de TV directamente conectadas con la policía, así como un aumento considerable de las fuerzas de seguridad en la zona. Estas medidas de seguridad indican que las cuestiones de seguridad ya no son sólo competencia estatal, sino parte integrante de las policies locales, siempre en el marco de sus competencias y, sobre todo, gracias a la explotación del recurso de la policía municipal. Al respecto se han intensificado también la cooperación entre la administración comunal y el Ministerio del Interior en materia de seguridad pública. Las medidas de tutela del orden público han sido compensadas por servicios sociales para favorecer el dialogo y disminuir las probabilidades de conflicto. Los servicios son financiados a través de fondos europeos o del Ayuntamiento y son explícitamente orientados a la gestión de conflictos. Entre los más importantes mencionamos la oficina de “Espacios de entendimiento. Centro para la gestión 58.- Ferrari continúa afirmando que el principal objetivo de la Consulta tendría que centrarse en los problemas concretos de los musulmanes, en facilitar la aplicación de leyes que interesan a su comunidad y elaborar propuestas donde sea necesaria una modificación de ley existente. 59.- Este proceso de tipo bottom-up no es una novedad en Italia. El mismo Programma Nazionale Asilo-Sistema Nazionale di protezione di Richiedenti Asilo e Rifugiati nacía desde unas iniciativas locales orientadas a la acogida e integración de refugiados y solicitantes de asilo (Finotelli /Hunger 2004).

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de conflictos” o el proyecto piloto “The Gate - Living not leaving”, en el barrio de Porta Palazzo, en cuyo marco se financian diferentes iniciativas de tipo social, económico y cultural para acompañar los trabajo de recalificación de los antiguos mercados de la zona. A esto hay que añadir un plan especial de financiaciones para favorecer la inversión económica en las zonas desfavorecidas, como por ejemplo la constitución de una cooperativa para la gestión del mercado de las frutas. En resumen, Allasino, en su descripción de las medidas anticonflicto en la ciudad de Turín reconoce cuatro lineas de actuación en el contexto de las políticas locales: la seguridad, la recalificación urbana, los servicios sociales y las políticas para el desarrollo. Según el autor se trata de ejes fundamentales para la actuación de la administración comunal, que siempre se encuentra en el “ojo del huracán” de las crisis urbanas. En otro trabajo de investigación,Allasino destaca, además, la importancia de la Región como proveedora de medidas de prevención. Destacando la figura del mediador cultural, el autor lamenta que esta profesión todavía no tenga una función institucional plenamente legitimada, ya que estas figuras son contratados ad hoc por la administración comunal y financiados con fondos muy limitados.Al respecto,Allasino describe y analiza el proyecto pionero de la Región Piemonte, que a través de un acuerdo con el Ministerio de las Políticas Sociales ha contratado directamente mediadores culturales (Allasino 2006). Hasta ahora nos hemos centrado en el caso de Turín, ya que la crisis de San Salvario ha ido acompañada por una de las mayores producciones bibliográficas sobre el tema60. Sin embargo, podemos encontrar estrategias parecidas en otras ciudades, desde Génova al más reciente caso de Padua. En 2002, la ciudad de Génova recibió una financiación de 10,7 millones de euros, en el marco del proyecto europeo URBAN II, para la recalificación urbana del centro histórico, que comprendía no sólo la mejora de edificios sino también el desarrollo de actividades empresariales y medidas de medio ambiente (como el fomento del transporte público) en la zona61. Algunos años más tarde, en enero de 2007, el asesor a la construcción pública Massimo Giorgetti anunciaba un plan de recalificación urbanística para dar “un nuevo futuro a Via Anelli, que desde el simbolo de la degradación, se convertirá en expresión de un mañana nuevo y eficaz”62. El proyecto empezará después de la demolición de los cincos edificios en la zona de Via Anelli, actualmente vacíos después de las operaciones de traslado de los residentes regulares a viviendas en otra zona de la ciudad. También en ciudades más pequeñas como Ferrara la administración comunal está tomando medidas de recalificación para mediar en los primeros conflictos en un entorno local con tan solo el 5% de inmigración. Pero, como ha afirmado Roberto Cassoli en nuestra entrevista, uno de los errores que una administración comunal no se puede permitir es el “retraso en la mediación”. Por esta razón, la Administración comunal ha decidido abrir una oficina del Ayuntamiento en uno de los puntos más conflictivos de la ciudad, promover un plan de mejora de la iluminación pública y organizar actividades de tipo social, económico y cultural que contribuyan a mejorar las relaciones y el entendimiento entre los inmigrantes y la sociedad receptora en las zonas conflictivas.

60.-Vease Enrico Allasino et al. (2003),Tra partecipazione, protesta ed antipolitica: i comitati spontanei di Torino, Torino, IRES ; IRES (1995), Un caso al microscopio: conflitti e prospettive in un quartiere urbano, in: Relazione annuale sulla situazione socioeconomica del Piemonte,Torino, Rosenberg & Sellier, pp. 299-316. 61.- Vease IP/02/75 del 17.1.2002. 62.- “Un futuro nuovo per via Anelli, che da simbolo di degrado di una città diventerà espressione di un domani moderno ed efficiente”. Comunicado de prensa de la Región Veneto nº 168 del 31.1.07. (Traducción de la autora). 63.- Recordamos con Tiziana Caponio que el papel central de los gobiernos locales habían ya sido preparados a través de la reforma del Ordenamiento del Gobierno Local en los años 90 y el papel central que la Ley TurcoNapolitano atribuye a estas instituciones para el desarrollo de las políticas de integración.

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Otro aspecto donde hay que destacar la acción de los gobiernos locales63 es, sin duda, la cuestión de la vivienda que, comos hemos visto, ha sido una de las fuentes de malestar entre inmigrantes y nativos. Según Giovanna Zincone (2000), las iniciativas para promover el acceso de los inmigrantes a la vivienda pueden dividirse en iniciativas de mediación e intermediación, de creación de un patrimonio de viviendas para alquilar y, sobre todo en el centro norte, de recuperación y renovación de inmuebles ya existentes. Si en este informe no es posible resumir todas las iniciativas promovidas para favorecer el acceso a la vivienda, podemos afirmar que la renovación de viejos edificios representa una de las estrategias más frecuentes. Pionera en este tipo de políticas ha sido la ciudad de Venecia, cuya Administración comunal, ya en los años 90, favoreció el acceso a viviendas en las afueras de las grandes ciudades a inmigrantes, sobre todo procedentes de Kosovo64. La compra de la vivienda ha sido posible gracias a contratos de hipotecas con condiciones muy ventajosas para los inmigrantes. Otro problema relacionado con la vivienda es el de los nómadas. Una investigación llevadas a cabo en los años 90, en el marco del proyecto “Città sicure”, indicaba que uno de los mayores miedos de los ciudadanos en la zona de S. Lazzaro di Savena (provincia de Bolonia) era la presencia de nómadas en el campo llamado Ca’ de Mandorli y la ocupación abusiva de otros edificios. Considerada la preocupación de los ciudadanos, el Ayuntamiento de la ciudad decidió desarrollar políticas de intervención orientadas a mejorar las calidades del campamento y a impedir la ocupación abusivas de otros edificios (Selmini 1997). La planificación del Ayuntamiento de San Lazzaro es parte de un fenómeno de revisión de las políticas de vivienda más amplio para los nómadas, que durante treinta años en Italia ha sido limitada a la creación de “campos de descanso” en la periferia de las grandes ciudades, entre ellas Bolonia. Sin embargo, Sigona (2004) destaca que si por una parte las nuevas leyes regionales prevén fondos destinados a las políticas para Roma y Sinti, las administraciones comunales prefieren no utilizarlos para no ser vinculadas a los objetivos mismos de las leyes. Las políticas para nómadas no relacionadas con medidas de orden público son poco populares en Italia y podrían convertirse en el talón de Aquiles para cualquier administración comunal. En general, los gobiernos locales y regionales presentan una cierta variedad de respuestas que dependen del tipo de política migratoria (de emergencia o a largo plazo), de los marcos institucionales (la presencia de una ley de integración o no) y de los mismos recursos financieros (Zincone 2000).Al respecto,Tiziana Caponio (2002) ya ha destacado que las políticas de inmigración a nivel local, por ejemplo, no dependen necesariamente de un programa político, de izquierda o derecha, definido antes de la concepción de las políticas. En el proceso de policy-making juegan un papel fundamental los actores, en este caso los asesores responsables, y de una herencia política, como por ejemplo un network bien estructurado y de comprobada eficacia. Stefania Campoamore (2004), en línea con estas argumentaciones destaca que las diferencias y su mayor o menor eficacia dependen de la evolución de las instituciones a largo plazo así como de la eficacia de la administración pública y la organización misma de las policies actuadas. Se trata, en fin, de una serie de factores fundamentales que habría que tener en cuenta cada vez que se considera necesario evaluar la capacidad de los gobiernos locales para prevenir situaciones de malestar de ciudadanos e inmigrantes o intervenir en situaciones de conflicto presentes en el territorio.

64.- Entrevista con Rosanna Marcato, de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Venecia.

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5. CONCLUSIONES El binomio “conflicto e inmigración” en Italia parece responder a una compleja serie de factores interrelacionados. Según los trabajos analizados en este informe, el aumento de la criminalidad entre los inmigrantes irregulares, especialmente en determinados grupos nacionales, refleja una fundamental disfuncionalidad del régimen migratorio italiano y su tendencia a “reproducir” irregularidad. Al mismo tiempo, el binomio “inmigración y criminalidad” está caracterizado por las noticias alarmistas de la prensa y de partidos políticos conscientes de que “el miedo ya no es ni de izquierda ni de derecha”65, como nos demuestra el decreto ley de después de los últimos acontecimientos en Roma. La irregularidad y la falta de viviendas asequibles han jugado un papel fundamental en la estigmatización del irregular como criminal (similar a la estigmatización del solicitante de asilo en otros países)66 y en la segregación urbana de los inmigrantes, lo que ha conducido en ocasiones a “crisis urbanas” que han afectado a varias ciudades italianas en los años 90. Sin embargo, a pesar de las crisis urbanas de los años 90, de la presión mediática y de los episodios en Padua y Roma, la visión de la inmigración como beneficiosa para la sociedad sigue prevaleciendo sobre la percepción del inmigrante como criminal en buena parte de la sociedad italiana. El segundo eje de conflicto en Italia, el de la islamofobia, ha aumentado de intensidad en los últimos años. En este tipo de conflicto el discurso público ha tenido una importancia considerable. Los atentados del 11S, las actitudes de algún representante de la Iglesia, los discursos alarmistas de algún intelectual o periodista y la presencia de partidos antiinmigración han servido de detonante para crear una actitud de desconfianza hacia la comunidad musulmana en parte de la población. En este caso, sobre todo, los partidos políticos de derecha, apoyados por los medios de comunicación, han mostrado una clara tendencia a reproducir y ampliar el conflicto en lugar que desmitificarlo. Sin embargo, a falta todavía de investigaciones que evalúen de manera fiable la islamofobia de los italianos, los conflictos con la comunidad musulmana parecen todavía contenidos. Por una parte, los episodios de violencia quedan aislados, mientras que el apoyo de los ciudadanos a manifestaciones de rechazo parecen estar más ligadas a la afiliación política. Por otra, cuestiones relacionadas con los símbolos religiosos y promovidas por los inmigrantes mismos han podido ser mediadas por la vía institucional, sin desembocar en confrontaciones directas. La gestión de los conflictos ha involucrado una amplia gama de actores, entre los cuales queremos destacar el papel de los ayuntamientos. El hecho no sorprende si pensamos que la ciudad es el lugar en donde los inmigrantes conviven con la sociedad de acogida y en donde se proporcionan los servicios de un Estado de Bienestar moderno. Es entonces en la ciudad, donde se concentran la criminalidad e inseguridad de los ciudadanos, donde se forman los comités de seguridad y tienen lugar las manifestaciones en contra de las mezquitas, donde los inmigrantes se encierran para pedir una vivienda más digna o se rebelan porque se sienten objeto de un racismo oculto.Y es por esta razón que la ciudad se ha convertido en el primer lugar de gestión de conflictos. Para eso los ayuntamientos han podido aprovechar aquella civic tradition (Putnam/Leonardi/Nanetti1973), arraigada en el tejido urbano italiano, y aprovechar una densa red de contactos formales e informales que conectan las administraciones locales y la policía con las asociaciones de inmigrantes y de 65.- Agradezco esta expresión a Roberto Cassoli, dirigente a los Servicios Sociales de la ciudad de Ferrara. 66.- En el régimen migratorio italiano la “legitimación económica” de la inmigración prima sobre el “imperativo humanitario”. A falta de una ley de asilo y de ayudas sociales para refugiados, no se ha desarrollado la figura del solicitante de asilo como welfare scrounger y no se han producido episodios de recelo contra este grupo de inmigrantes (Finotelli 2007).

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ciudadanos. La recalificación urbana, el aumento de la presencia policial a través del fortalecimiento de la policía municipal y la búsqueda de dialogo con las asociaciones de inmigrantes han sido instrumentos fundamentales de gestión. A la actividad de mediación hay que añadir la actividad de prevención, a través de la mejora de las políticas de vivienda o la promoción de actividades empresariales en las zonas afectadas por la degradación urbana. Además, a nivel local han sido alcanzados acuerdos informales sobre asuntos religiosos que a nivel nacional siguen desatando fuertes discusiones simbólicas. Al respecto, recordamos la intensa colaboración entre las asociaciones musulmanas y los ayuntamientos de varias ciudades italianas. Es por este motivo que, en línea con las argumentaciones de Bade y Bommes (2000), podemos afirmar que también en el caso italiano hay una cierta rutina pragmática en los procesos de integración que va mucho más allá de los grandes discursos simbólicos a nivel nacional. Veinte años después de la transformación de Italia en un país de “nueva” inmigración, se puede decir que, a pesar de la existencia indudable de conflictos a varios niveles, las respuestas institucionales han impedido su extensión y exacerbación (si exceptuamos las revueltas violentas en los Centros de Permanencia Temporal, así como los episodios ocurridos en el “Chinatown” de Milán en verano de 2007 y los de Roma en otoño del mismo año). Sin embargo, queda mucho por hacer. Italia es todavía un país de inmigración joven en donde la segunda generación no ha llegado todavía a plantear problemas. Pero, según Laura Zanfrini, la convivencia interétnica en Italia se basa en un equilibrio precario donde serán las segundas generaciones las que pondrán en evidencia los límites del modelo italiano y los inestables equilibrios de la convivencia interétnica (Zanfrini 2004). Además, el dialogo con las instituciones musulmanas necesita un empeño constante sin polémicas estériles. Finalmente, no debemos olvidar que el empleo de los inmigrantes depende también de las fluctuaciones de la economía. Nuevos conflictos podrían surgir de un posible aumento del paro y de la criminalidad. Reducir la irregularidad, fomentar el dialogo con las asociaciones de inmigrantes y evitar la constitución de “guetos” en las ciudades, son algunos de los más importantes desafíos futuros. Además, hay que prestar más atención a un lento aumento de la competencia entre italianos y nativos para los recursos sociales públicos como, por ejemplo, el acceso a jardines de infancia, a plazas en institutos escolares públicos, becas escolares y pisos en viviendas protegidas67. En este caso serán una vez más los ayuntamientos, y en parte la administración regional, los que tendrían que hacerse cargo del desafío procedente de una parte de la población, que con el paso del tiempo se está convirtiendo de proveedora de servicios en beneficiaria de recursos.

67.- Asher Colombo (2007) destaca que en regiones con servicios sociales tradicionalmente eficaces como Emilia Romagna, hay indicios de que los nativos empiezan a considerar a los inmigrantes una categoría de la población particularmente dependiente del Estado del Bienestar y, por la tanto, una probable competencia en el acceso a los servicios.

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10. CONFLICTO

E INMIGRACIÓN EN ESPAÑA: LOS RETOS DE LA INTEGRACIÓN

Laura Fernández de Mosteyrín Marta Latorre Catalán María Claudia Medina Villegas Universidad Complutense de Madrid

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“Los conflictos son espejos en los que las sociedades se reflejan; puede que la imagen que ofrezcan no sea de su agrado, pero ellos forman parte, inevitablemente, de su realidad cotidiana, por lo que es mejor asumirlos, que negarlos sistemáticamente” (Moreras, 2004)

INTRODUCCIÓN El presente trabajo constituye un intento de abordar el complejo binomio inmigración y conflicto en el marco de la España contemporánea. Con ello, se persigue informar sobre algunos de los aspectos más destacados de dicha relación y apuntar algunas notas en torno a cuestiones vinculadas al modo en que se han gestionado los múltiples procesos sociales, políticos y culturales que de ella se derivan. El encuentro entre el inmigrante y la sociedad de destino se produce habitualmente en dos niveles estrechamente relacionados entre sí. Por un lado, se produce el encuentro con la inmigración como fenómeno social cotidianamente visible para la población nativa en las ciudades y en determinadas regiones del país. Esta realidad ha sido abordada reiteradamente en los medios de comunicación y, en ocasiones, en los discursos políticos, como un “grave problema social”. En este sentido, ha sido definida casi siempre desde la idea del conflicto y la inseguridad que eventualmente podría generar y, muy ocasionalmente, tratada en términos de oportunidad. Por otro lado, tiene lugar lo que podríamos llamar el encuentro con el inmigrante. Tal encuentro personal suele estar atravesado por el desconcierto y el temor y por ello se observa cierta tendencia a invisibilizar y a crear una barrera entre “ellos” y “nosotros”. En el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de marzo de 2007, la inmigración aparecía en el tercer lugar dentro de los problemas señalados por los españoles, por detrás del paro y el terrorismo; el 30% de los entrevistados situó la inmigración como el principal motivo de preocupación. No cabe duda de que uno los principales efectos sociales de la llegada de inmigrantes a la sociedad española estriba en la emergencia de un nuevo sujeto social. Dicha emergencia aparece traspasada por múltiples procesos sociales, políticos, económicos y culturales que afectan a la sociedad de acogida en el momento presente pero, además, contribuye en gran medida al propio proceso de cambio. Aproximarse a las características de la sociedad de acogida podría resultar útil, en primer lugar porque permite dar cuenta de las condiciones en que aparecen las fracturas sociales que alimentan los episodios de conflicto. A menudo, problemas estructurales de la sociedad receptora son asociados a la realidad migratoria, alimentando conflictos que se caracterizan como étnicos o culturales, pero en los cuales subyace una lógica excluyente propia de las estructuras ya existentes. En segundo lugar, ahondar en las características de la sociedad de acogida fortalecería nuestra perspectiva sobre el modo en que un sujeto social emergente se convierte en actor. 297

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Arrojaría luz sobre los procesos a través de los cuales se organizan, definen y operan los distintos actores que en un momento dado pueden establecer un conflicto frente a las autoridades o frente a otro actor para la consecución de un fin. Finalmente, estas dos cuestiones podrían informar de forma sólida políticas públicas, no sólo para la resolución y el manejo de conflictos, sino para suavizar o eliminar las fracturas sociales en el seno de las cuales surgen los conflictos. Este encuentro entre la población inmigrante y la autóctona ha ido configurando, a lo largo de los últimos años, una serie de prácticas de interacción social que en ocasiones aparecen determinadas por el conflicto. La propia naturaleza de la política migratoria y los procesos de asentamiento e integración de los inmigrantes, unido a las características de la sociedad española, en proceso de cambio, generan zonas de conflicto que pueden devenir en situaciones muy diversas. Por esta razón, las transformaciones que plantea la presencia de la población inmigrante en la sociedad española, representan sin ninguna duda uno de los mayores desafíos que enfrenta España en el siglo XXI. Puesto que el objetivo general de este informe consiste en presentar una breve síntesis de sucesos o episodios conflictivos asociados a la inmigración que han ocurrido en España desde el año 2000, procederemos a mencionar una variedad de fenómenos que han aparecido en el escenario contemporáneo y que ponen de manifiesto posibles líneas de fractura y cuestiones a analizar y que, eventualmente, requerirían de la intervención de los poderes públicos. Algunas aclaraciones previas parecen oportunas. En primer lugar, no se presentan sino sucesos conflictivos que han sido descritos por análisis académicos y cuyos resultados son públicos1. En segundo lugar, enfatizamos episodios acaecidos a partir del 2000, cuando podría decirse que la realidad migratoria se convierte en España en un fenómeno estructural y estructurado socialmente y, por tanto, deja de verse como algo transitorio. En otras palabras, desde el momento en que la inmigración pasa de ser considerada un asunto técnico y administrativo a ser un asunto político y social (Zapata, 2004). El asesinato de Lucrecia Pérez en Madrid el 13 de noviembre de 1992 por un ultraderechista, los sucesos de El Ejido en el 2000 y el accidente ferroviario de Lorca (Murcia) en el 2001 son tres de los sucesos que marcan profundamente la imagen y la presencia de la inmigración extracomunitaria en los medios, y por ende en la opinión pública. Es en torno al 2000, con la institucionalización de lo que se ha dado en llamar “la España inmigrante”, cuando comienzan a aparecer procesos relevantes de conflictos y luchas reivindicativas por mejores condiciones de trabajo y de vida y, sobre todo, por la obtención de papeles, por el reconocimiento de una situación legal que habilite a los inmigrantes para reclamar derechos ciudadanos. Desde entonces, se observan conflictos de éstos con las administraciones, conflictos entre autóctonos e inmigrantes y conflictos de competencia en el mercado laboral entre colectivos de inmigrantes (Cachón, 2002). En todo caso, sobresalen eventos conflictivos que, si bien aparecen asociados a la inmigración, responden a lógicas distintas y visibilizan realidades diferentes. Es más, al profundizar en el modo en que los artículos académicos enfocan el análisis de tales acontecimientos, es posible inferir que los grandes temas que suscitan están relacionados con derechos 1.- Es muy interesante destacar la escasez de literatura disponible y de estudios que profundicen en sucesos que evidencien el binomio “conflicto-inmigración” (a pesar de que muchos de ellos han sido ampliamente comentados a través de los medios de comunicación). Lo anterior podría obedecer, entre otras razones, a la novedad del fenómeno en el país y a su reciente conformación como un “hecho social” (Véase Capítulo 1).

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humanos y con lógicas socioeconómicas y culturales. Si hubiera que definir categorías que describan cómo se interpretan estos hechos sociales se incluirían, sin duda, como prioritarias en la lista las siguientes: exclusión social, racismo y xenofobia, segregación urbana, defensa y protección colectiva, desconfianza, explotación laboral, inseguridad y orden público, desigualdad socioeconómica, entre otras (Zapata, 2004). Lo que nos refiere a la idea de que frente a la relación inmigrante = problema, los investigadores plantean los problemas de exclusión y vulnerabilidad social que sufren los inmigrantes como resultado de las lógicas de funcionamiento de la sociedad receptora y del modo en que se gestiona el fenómeno. El problema se centra en las desigualdades y la precariedad que fomenta el modelo socioeconómico y no en la inmigración misma. Entre los objetivos específicos de este trabajo están el dar cuenta del modo en que estos episodios han sido recogidos en la literatura académica, así como el de recoger posibles enseñanzas que permitan fortalecer el desarrollo de políticas activas que favorezcan la integración de los inmigrantes y la prevención-gestión de conflictos. Para ello, se intentará situar el fenómeno migratorio en su contexto reciente así como establecer algunas líneas de fractura social en las que se pueden enmarcar los episodios analizados. La organización de la exposición se hace siguiendo un esquema razonado y partiendo de las características fundamentales de la inmigración en España, así como de la identificación de las distintas etapas recorridas en la configuración de dicho fenómeno social. El capítulo primero está dedicado a presentar una fotografía representativa de la inmigración en España. Trata asimismo de establecer el modo en que el fenómeno migratorio se ha institucionalizado en la sociedad española y profundiza en algunas particularidades de la relación entre inmigración-mercado de trabajo. A continuación se expone el marco legal en el que se sitúa la realidad migratoria así como los mecanismos de regulación vigentes para la entrada y gestión de los asentamientos de la población inmigrante. Se intenta, en todo caso, recoger las principales líneas de actuación en materia de integración por parte de las administraciones. El capítulo tercero establece algunas de las principales líneas de fractura social vinculadas al fenómeno migratorio, que asoman en el panorama contemporáneo. Se señalan aquéllas que han sido apuntadas por los expertos y que se han manifestado en distintos episodios y sucesos conflictivos en la última década. El capítulo cuarto constituye el análisis medular de este trabajo. En él se da cuenta de las dimensiones centrales de los episodios de conflicto haciendo referencia, en primer lugar, a la naturaleza de las demandas que están en la base de dichos episodios. En segundo lugar, se aborda el análisis de los distintos actores que aparecen implicados a la vez que se resalta el papel adoptado por cada uno de ellos en los episodios analizados. En tercer lugar, y de una forma más detallada, se ha llevado a cabo un análisis de los distintos modos de acción adoptados por parte de los actores; esto es, de los medios a través de los cuales distintos actores han manifestado y expresado la existencia de un conflicto, ya sea frente a las autoridades, o frente a otro actor. Finalmente, aparece referido el papel de las instituciones y agencias gubernamentales como actores implicados en todos estos episodios de conflicto. El análisis de estos episodios es oportuno en la medida en que parecen haber visibilizado algunas de las cuestiones que con más intensidad están presentes en la cuestión migratoria de la España contemporánea. 299

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1. INMIGRACIÓN EN ESPAÑA En este capítulo, que desglosamos en tres apartados, pretendemos ofrecer una visión general acerca de la inmigración en España, de modo que incluimos a continuación algunas consideraciones en torno al proceso de transformación de España en país de inmigración, en clara convergencia con otros países de Europa, como también una somera caracterización de los principales rasgos que la definen. De la misma manera, presentamos un breve apartado sobre inmigración y mercado de trabajo, dada la importancia que cobra dicho ámbito en los procesos de integración de los inmigrantes, así como por constituir un escenario privilegiado en el que se despliegan algunos de los conflictos asociados al fenómeno inmigratorio. 1. 1 La formación de la “España inmigrante” Las migraciones han sido determinantes en España, escenario de grandes desplazamientos de población. Durante las últimas décadas, de manera casi súbita, se cambia el signo de la corriente migratoria, pasando de ser un país de emigrantes a ser un destino de inmigrantes (Colectivo IOE, 1999; Izquierdo, 1996). En este proceso de transformación de España en materia migratoria, Cachón (2002) diferencia tres grandes etapas cuyo análisis y principales argumentos podemos reproducir como sigue: 1) hasta 1985; 2) desde 1986 a 1999; y 3) desde 1999 en adelante. Hasta 1985 los inmigrantes provenían principalmente de Europa y de América Latina. Como factores determinantes de estos flujos, Cachón señala, en el caso de los europeos, la incipiente residencia en las costas españolas de jubilados y personas mayores, así como los traslados laborales por parte de empresas de países europeos. En cuanto a los no europeos, los motivos de índole política de sus países de origen representan los principales factores explicativos de dichos flujos. Entre 1986 y 1999 se sitúa la segunda fase del proceso de conversión español y es durante este período cuando, por primera vez, se registra en España un saldo positivo en términos de flujo migratorio. En palabras del autor “algo cambia en España a mediados de los ochenta que hace aparecer una nueva inmigración” (Cachón, 2007: 68). Entre los rasgos inéditos que caracterizan a esta inmigración sobresalen, en primer lugar, la aparición de nuevos orígenes. Se trata de países en desarrollo, principalmente del continente africano y, en particular, de Marruecos. Asimismo, nuevas culturas y religiones no cristianas, como es el caso del Islam, irrumpen en el panorama inmigratorio español. Adicionalmente, los “nuevos inmigrantes” presentan rasgos fenotípicos que les distinguen fácilmente de la población autóctona (árabes, negros y asiáticos). Asimismo, se trata de una migración inicialmente individual de varones y mujeres. No obstante es durante esta etapa cuando se registran los primeros procesos de reagrupación familiar, así como una reducida presencia de segundas generaciones de inmigrantes. Finalmente, consiste en una inmigración bajo la cual subyacen, primordialmente, motivaciones de índole económica y en la que la reestructuración del mercado de trabajo español actúa como “efecto llamada”. En este sentido, dicho “factor de atracción” está sustentado en la lógica de la reestructuración del mercado de trabajo español, de cambios importantes en el nivel de deseabilidad de los trabajadores autóctonos y de un proceso acelerado de transformación social, en otras palabras, de un desajuste (creciente) entre una fuerza de trabajo autóctona que ha aumenta do paulatinamente su “nivel de aceptabilidad”2 y la demanda de trabajadores para ciertas ramas de

2.- Ese incremento del nivel de aceptabilidad aparece relacionado con varios factores: 1) ingreso de España en la Comunidad Económica Europea en 1986; 2) el crecimiento económico que se experimenta en el sexenio

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actividad de un mercado de trabajo secundario que los autóctonos parecen cada vez menos dispuestos a aceptar en tanto las condiciones de trabajo no satisfacen sus expectativas. Pero es sólo en los albores del siglo XXI cuando se consolida la “España inmigrante”, más precisamente en torno al año 2000 se sitúa el inicio de la tercera etapa. No consiste tan sólo en que el país haya alcanzado cifras importantes de extranjeros residiendo dentro de su territorio, ni tampoco del evidente proceso de ampliación y diversificación de los flujos3 sino, sobre todo, del cambio cualitativo que supone la institucionalización del fenómeno inmigratorio como un hecho social. La presencia de los inmigrantes transforma la cotidianidad de la población autóctona y el mercado de trabajo. Algunos autores han llegado a considerar que pocos cambios sociales pueden ser igualados con los suscitados por la inmigración, en cuanto a la importancia e implicaciones que supone (Arango, 2004). Así, surge un proceso de formulación pública de este “hecho” que se refleja en la aparición de procesos de “evocación” -la inmigración empieza a ocupar un lugar destacado en los medios de comunicación y en los discursos políticos-, de “imposición” -en los debates públicos, donde las agencias intermedias que trabajan con los inmigrantes juegan un papel fundamental- y de “legitimación”-con su reconocimiento por parte de instancias oficiales que se hace evidente, por ejemplo, en la creación de foros en diversos niveles administrativos, en el diseño y aprobación de planes de integración de los inmigrantes en distintas Comunidades Autónomas, en la creación de instancias administrativas especializadas y también en la aparición de numerosos estudios e investigaciones sobre el tema-. La culminación del proceso y el inicio de una “reproducción ampliada” de esta constitución de la inmigración como un “problema social” tiene lugar a lo largo de los últimos meses de 1999 y durante el año 2000: la discusión de dos Leyes de Extranjería (la 4/2000 y la 8/2000 de 2000 y 2001), la aparición de procesos relevantes de conflictos y luchas reivindicativas por la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los inmigrantes, las declaraciones de diferentes responsables políticos, sindicales y sociales, las reiteradas reclamaciones de mayores contingentes de trabajadores extranjeros por parte de organizaciones empresariales, la discusión en los medios sobre la “aportación” de los inmigrantes al Estado del Bienestar y su relación con los cambios demográficos, las noticias sobre las llegadas o los naufragios de pateras, entre otros, constituyen factores que facilitan el salto definitivo de la inmigración en España como “problema social”, como “hecho social”.A partir de 2000 y hasta la actualidad, el círculo “se reproduce, pero ya no hace sino reconsolidar lo que para entonces se había constituido: el desafío de la ciudadanía y la multiculturalidad desde la cuestión inmigratoria” (Cachón, 2002). 1.2 Perfil de la inmigración en España En este apartado se analiza la importancia numérica del fenómeno inmigratorio, su evolución a partir de 2000, continentes de procedencia, así como ciertas características de los principales colectivos. Conviene recordar que se exponen sólo datos de inmigrantes en situación regular (excepto los que detallamos en relación al Padrón municipal). 1986-1992; 3) el desarrollo del Estado del Bienestar en esos años; 4) el aumento del nivel educativo de la población activa; 5) el mantenimiento de las redes familiares; 6) el rápido aumento de la expectativa social; 7) una progresiva dualización social característica de las “ciudades globales”, donde una creciente concentración de rentas produce una fuerte demanda de servicios auxiliares de bajos salarios (Cachón, 2002). 3.- La composición sociodemográfica de los flujos representa una gran diversidad de perfiles en cuanto a edades, niveles educativos y lugares de origen. Este último aspecto, la diversidad de orígenes, implica una diversidad de prácticas religiosas, culturales y sociales (Arango, 2004).

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Tal como se aprecia en el gráfico 1, a partir del año 2000 y hasta junio de 2007 se constata una evolución ascendente en el número de extranjeros residentes en España. Mientras en el 2000 había en España 895.720 extranjeros con certificado o tarjeta de residencia en vigor, en junio de 2007 la cifra ascendía a 3.536.347, lo que supone que el número de extranjeros se ha multiplicado por cuatro durante los últimos siete años. Gráfico 1. Evolución de la población extranjera residente en España con tarjeta o permiso de residencia en vigor, 2000-2007

Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y elaboración propia

Si nos detenemos en los porcentajes de crecimiento de cada año (tabla 1), se observa que el mayor fue el producido en 2005, año de la última regularización. El crecimiento de residentes ese año corresponde a 761.641 extranjeros, mientras que en los años anteriores había sido de algo más de 300.000 por año. A 30 de junio de 2007 había en España 3.536.347 extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor, lo que implica un incremento del 17% respecto al 31 de diciembre de 2006. La cifra ha aumentado en el último semestre en 514.539 personas. Tabla 1. Crecimiento de los extranjeros residentes en España (2000- 2007) Fecha 31/12/00 31/12/01 31/12/02 31/12/03 31/12/04 31/12/05 31/12/06 30/06/07

% de crecimiento 23,8% 19,4% 24,4% 20,1% 38,5% 10,3% 17,0%

Número de residentes 895.720 1.109.060 1.324.001 1.647.011 1.977.291 2.738.932 3.021.808 3.536.347

Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

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Tal como se aprecia en el gráfico 2, en la actualidad los flujos migratorios a España proceden de todos los continentes. No obstante, algunos continentes y dentro de ellos ciertos países aportan un mayor número de inmigrantes. Según principales continentes de procedencia a finales de junio de 2007, los extranjeros residentes en España se distribuyen de la siguiente manera: el 35% corresponde a extranjeros de países comunitarios, 33% proviene de países de Iberoamérica, 22% de africanos, 6% asiáticos y 3% de países europeos no comunitarios. Gráfico 2. Continentes de procedencia de la población extranjera (30/06/2007)

Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y elaboración propia

Si tenemos en cuenta las ocho nacionalidades más numerosas, el colectivo mayoritario era el marroquí (603.686 personas), seguido por el rumano (404.604), que por primera vez se sitúa por delante del ecuatoriano (397.430). A continuación se encuentran el colectivo colombiano (246.610), británico (186.560), italiano (110.520), chino (109.378) y peruano (105.433). Dentro de estos colectivos los mayores incrementos numéricos entre diciembre de 2006 y junio de 2007 han correspondido a rumanos (193.279), marroquíes (59.965), ecuatorianos (21.197) y colombianos (21.106). Tabla 2. Residentes extranjeros en España según origen (se destacan los ocho países con mayor número de residentes), (30/06/2007) País Marruecos Rumanía Ecuador Colombia Reino Unido Italia China Perú Total (ocho países) Total extranjeros

Número de personas 603.686 404.604 397.430 246.610 186.560 110.520 109.378 105.433 2.164.221 3.536.347

Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y elaboración propia

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En términos porcentuales, los inmigrantes de estas ocho nacionalidades representan el 61% del total de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en España al finalizar el mes de junio de 2007. El rasgo demográfico más relevante que ofrece la inmigración no comunitaria en España es su edad, tanto para varones como para mujeres, y lo es tanto por la diferencia respecto a la población española y comunitaria como por las consecuencias y desafíos que esto supone. Así, mientras la edad media de los españoles se sitúa alrededor de los 40 años y la de los extranjeros de países de la Unión Europea corresponde a 37 años, la media de edad de los inmigrantes procedentes del resto de países del mundo es de 31 años. Esta notable juventud media de los extranjeros no comunitarios, que se repite tanto para varones como para mujeres, se refleja en una pirámide de población centrada en los grupos de edad más activos (desde el punto de vista económico) y más reproductivos (desde la perspectiva demográfica). Gráfico 3. Pirámide de población no comunitaria empadronada en España (1 de enero 2006)

Fuente: INE, Padrón municipal y elaboración propia

Como se observa en el gráfico 3 según grupo de edad, los tramos más numerosos tanto en varones como en mujeres de origen no comunitario corresponden al grupo de 25 a 29 años, seguidos por los grupos de 30 a 34 años y 35 a 39 años. Los varones son mayoritarios en todos los tramos de edad, exceptuando aquellos grupos con rangos de edad superiores a 50 años, donde las mujeres les superan. 1.3 Inmigración y mercado de trabajo en España Con la inmigración, y en particular con los inmigrantes de origen no comunitario, se está produciendo en España el “gran contraste” entre sus características demográficas, que nos permite recoger la expresión de Sayad de una “inmigración excelente”, y el trato que los inmigrantes no comunitarios reciben por parte de la sociedad de acogida, lo que sugiere la presencia de variadas formas de discriminación frente a ellos (Cachón, 2006). 304

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En cuanto al mercado de trabajo, es preciso señalar que, si bien la inmigración ha traído consigo notables aportaciones a la economía española y al bienestar social en su conjunto, se observa un tratamiento laboral diferencial hacia los inmigrantes no comunitarios que dista mucho del trato “igualitario” que proclaman las normas jurídicas. Se ha señalado (Cachón, 2003) que los inmigrantes sufren tres tipos de discriminación: en primer lugar, una discriminación institucional, es decir, aquélla que se origina a partir de las normas públicas vigentes y desde las prácticas administrativas restrictivas en la interpretación o aplicación de dichas normas; en segundo lugar, una discriminación estructural, que se plantea desde los dispositivos generales del mercado de trabajo y sugiere señales indirectas de discriminación a través de (cuasi) evidencias estadísticas; en tercer lugar, una discriminación en la empresa que resulta susceptible de reflejarse de diversas maneras. Si las dos primeras modalidades de discriminación pueden considerarse como formas de discriminación sin actores, la última constituye un tipo de discriminación individual, con frecuencia explícita, en la que participan diversos actores: empresarios, intermediarios laborales, formadores, trabajadores, clientes, etc. En la última década se ha producido un cambio fundamental en el mercado de trabajo ,que en términos de la oferta puede definirse por el notable incremento en cuanto al número de activos inmigrantes. Este hecho ha venido a sumarse a un aumento del nivel educativo de la población activa y a la creciente incorporación de las mujeres españolas a la vida laboral desde mediados de la década de los ochenta. Si estos dos cambios marcan las décadas de los ochenta y noventa, el incremento de los activos inmigrantes no comunitarios es un rasgo determinante de los últimos siete años.Así, de los 200.000 activos que detecta la Encuesta de Población Activa (EPA) para el primer trimestre de 1999, se ha pasado a 2.166.100 en el 2007 (primer trimestre). El descenso registrado en el número de activos para 2007 (2.166.100) con respecto al número en 2006 (2.321.800) obedece a que a partir del 1 de enero de 2007 Bulgaria y Rumanía se incorporan a la Unión Europea. En este sentido, podría decirse que se ha multiplicado cerca de once veces el número de extranjeros no comunitarios activos en España en un período de ocho años.Y esa multipliTabla 3. Evolución de la población activa extranjera no comunitaria en España y su peso sobre el total de activos (1996-2007) Población activa no comunitaria

Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ambos sexos

Proporción activos no comunitarios sobre total activos en España

Varones

Mujeres

115.500 124.000 157.600 213.300 315.800 518.100

71.100 82.000 104.100 131.800 172.800 313.800

44.400 41.900 53.600 81.600 143.000 204.400

0,7 0,7 0,9 1,2 1,8 2,9

0,7 0,8 1,0 1,3 1,6 2,9

0,7 0,7 0,8 1,2 2,0 2,9

772.000

428.700

343.500

4,2

3,8

4,7

648.500 518.600 899.300 631.400 1.078.600 826.300 1.281.300 1.040.500 1.216.900 939.200

6,1 7,7 9,3 10,9 9,9

5,6 7,6 8,9 10,3 9,6

6,7 7,8 9,7 11,7 10,1

1.167.200 1.530.600 1.904.900 2.321.800 2.166.100

Ambos sexos Varones

Mujeres

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (I trimestre 2007), Lorenzo Cachón (2006) y elaboración propia

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CONFLICTO E INMIGRACIÓN EN ESPAÑA: LOS RETOS DE LA INTEGRACIÓN

cación ha sido mayor en el caso de las mujeres que en el de los varones. Este aumento se sintetiza en el hecho que los inmigrantes pasan de representar el 1% de los activos en 1999 al 10% en 2007. Se trata de un cambio significativo que ha modificado profundamente las características de la oferta en el mercado laboral español (véase tabla 3). Pero el incremento de la población activa inmigrante no comunitaria no obedece solamente a la presencia de un alto volumen de estos extranjeros. Hay que tener en cuenta también que los inmigrantes tienen en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países del norte y centro de Europa, unas tasas de actividad notablemente superiores a las de los españoles. Si el volumen de la llegada de inmigrantes y su edad son ya dos elementos claves, éste resulta ser un fenómeno diferencial fundamental: los extranjeros registran en el año 2007 una tasa de actividad global del 76%, es decir, 20 puntos superior a la de los españoles (que se sitúa en el 56%); y esta diferencia en la incorporación al mercado de trabajo se produce tanto en los varones (con una tasas de actividad del 85% frente al 66% de los españoles: 19 puntos superior) como en las mujeres (con un 67% de activas frente al 46% de las españolas: 21 puntos superior) (véase tabla 4). Tabla 4. Tasas de actividad según regiones de origen 2007 Población

Ambos sexos Varones Mujeres

Españoles

Total extranjera

Unión Europea

Resto de Europa

América Latina

Resto del mundo

56,3

76,3

72,0

77,8

82,3

69,4

66,8

85,4

79,7

84,0

89,5

86,0

46,3

67,0

64,4

73,2

76,1

43,8

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (I trimestre 2007) y elaboración propia

La EPA nos permite comparar las tasas de actividad por sexo según las regiones de origen de los extranjeros. La tasa de actividad total más elevada la obtienen los inmigrantes provenientes de Iberoamérica con un 82%, seguidos por los extranjeros de países no comunitarios de Europa (78%). Del mismo modo, si se comparan las tasas de actividad según sexo, encontramos que los varones y mujeres originarios de países iberoamericanos registran las tasas más elevadas, 89% y 76% respectivamente, es decir, una diferencia cercana a 23 puntos para los varones y de 29 puntos entre las mujeres en comparación con las de los españoles. A pesar de las elevadas tasas de actividad que obtienen los inmigrantes no comunitarios, las tasas de paro alcanzan niveles superiores a las de los españoles. Mientras en el último trimestre de 2006 la tasa de paro para los españoles (para ambos sexos) era del 8%, para el total de los extranjeros dicha tasa ascendía al 12% y se elevaba aún más en el caso de los no comunitarios, con un 13%. Es decir, los inmigrantes no comunitarios obtienen una tasa de paro superior en cinco puntos porcentuales a la de los autóctonos. Si se toman en consideración, de manera independiente, las tasas de paro para los varones y mujeres españoles se observa un 6% para los primeros y un 10% para las mujeres. En el caso de los autóctonos, la tasa de paro femenina dobla la tasa de este indicador para los varones, pero un comportamiento similar se registra en la totalidad de la población 306

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extranjera, donde la tasa de paro de los varones alcanza el 9%, mientras que para las mujeres alcanza un 16%. La concentración sectorial de los inmigrantes puede ser considerada como otro indicador de segregación importante. Sobre este punto conviene recordar que el encuadramiento en uno u otro régimen de la Seguridad Social deriva de la actividad económica y la dependencia laboral de los trabajadores. En este sentido, el 73,58% de los trabajadores extranjeros dados de alta en enero de 2007 estaba incluido en el Régimen General (es decir, eran trabajadores por cuenta ajena de la industria o de los servicios), el 9% estaba en el Régimen de Empleados de Hogar, el 9% en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el 8% en el Régimen Especial Agrario, el 0,2% en el régimen Especial de Trabajadores del Mar. Tabla 5. Trabajadores extranjeros según régimen, 12-01-2006 - 11-01-2007 Variación Régimen de la Seguridad Social 11-01-2007

12-01-2006

Número

%

Total

1.930.266

1.757.081

173.185

9,86

Régimen General

1.420.371

1.193.987

226.384

18,96

R.E.Trabajadores Autónomos

164.210

144.096

20.114

13,96

R.E. Agrario

157.912

164.764

-6.852

-4,16

R.E. Empleados de Hogar

183.176

250.022

-66.846

-26,74

R.E.Trabajadores del Mar

3.780

3.536

244

6,90

817

676

141

20,86

R.E. Minería del Carbón

Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (2006).

2. POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN EN ESPAÑA Conviene detenerse en repasar, siquiera brevemente, el marco normativo principal sobre inmigración que ha regido (o rige) en España durante los últimos años, pues atender a algunos aspectos de dicha regulación nos puede ayudar a entender, precisamente, algunos fenómenos recientes -y también algunos conflictos- relacionados con la inmigración. En definitiva, el examen de ese marco jurídico y normativo es imprescindible porque, de un lado, habilita el escenario formal en el cual se despliegan políticas y medidas, se desenvuelven las relaciones y desarrollan posibles espacios de conflicto; y, de otro lado, por haberse comportado en ocasiones (como no podría ser de otra forma, probablemente) como caja de resonancia de las distintas transformaciones del fenómeno migratorio en España, convirtiéndose en terreno sensible a las nuevas demandas y realidades. 2.1 La normativa sobre extranjería Comenzaremos por lo que podemos considerar la columna vertebral normativa en materia de inmigración, las leyes y reglamentos de extranjería. La propia Constitución de 307

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1978 fijó en su articulado dos aspectos que habrían de convertirse en rasgos definitorios de la normativa española sobre extranjería, tal como apunta Díez Bueso (2006: 46):“la preeminencia de la regulación legal” (a partir del artículo 13 CE) y “el escaso espacio otorgado a la regulación autonómica” (el artículo 149.1.2 CE establece la competencia exclusiva del Estado en materia de extranjería). La autora añade una tercera característica a las ya mencionadas, que ya sin origen constitucional sí se ha ido conformando a lo largo de las últimas dos décadas: la “intensa actividad legislativa” en materia de extranjería, plasmada a través de sucesivas reformas legislativas y desarrollos reglamentarios. La Ley de 1985 (LO 7/1985) se caracterizó, como señala Díez Bueso, por “el carácter restrictivo en su reconocimiento de derechos y la perspectiva policial” (Ibid.: 47), muy probablemente motivado por su elaboración en momentos previos al ingreso de España en la Unión Europea (intentando demostrar la voluntad gubernamental de frenar la entrada de inmigrantes por la frontera del sur de España y, por tanto, el posible desembarco de inmigrantes en otros países de la Unión). La Ley establecía la inestabilidad-temporalidad de la inmigración, así como un “estricto y ambiguo sistema de infracciones y sanciones” que facilitaba la expulsión del país y no regulaba los derechos de los inmigrantes en situación irregular (tampoco reconocía otros derechos de los inmigrantes con permiso); razones por las cuales algunos elementos de su articulado fueron recurridos por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, que dictaminó que alguna cuestiones examinadas vulneraban el marco de derechos previsto en la Constitución. Además, el aumento de la inmigración, así como su concentración geográfica y la situación de irregularidad que afectaba sucesiva o alternativamente a buena parte de la población inmigrada, desvelaron las limitaciones de la Ley, lo que llevó al gobierno a aprobar en 1996 un nuevo Reglamento, más flexible, para sustituir totalmente al de 1986 (que desarrollaba la Ley). Sin embargo, y a pesar de las iniciales mejoras, el nuevo Reglamento hacía aguas ante la creciente irregularidad y los visos de estabilidad que parecía tener la población inmigrante. Así, en un contexto político delicado (el Gobierno tenía minoría parlamentaria, por lo que la iniciativa legislativa parte del resto de fuerzas políticas de la Cámara) se lleva a cabo la elaboración y aprobación de una nueva Ley de Extranjería, la Ley 4/2000, de derechos sociales y libertades de los extranjeros y de su integración social. Algunos rasgos definen de manera general la voluntad y el contenido integradores de la nueva Ley: el amplio reconocimiento de derechos a los inmigrantes irregulares; la casi equiparación de derechos de los extranjeros en situación regular con los nacionales; la creación de unos permisos de regularización ordinaria; y la regularización y mejora del sistema de infracciones y sanciones. Podemos considerar que la Ley 4/2000 representa un cambio definitivo respecto al marco normativo anterior. Sin embargo, ésta contó siempre con la frontal oposición del Gobierno (que acusaba a la nueva Ley de provocar un “efecto llamada” de la inmigración irregular), por lo que al conseguir la mayoría absoluta en las inminentes elecciones generales del año 2000, el Gobierno decidió emprender una nueva y profunda reforma. Así se aprueba, apenas unos meses después, la Ley 8/2000, de reforma de la Ley 4/2000, que tanto en su articulado como en su posterior desarrollo (principalmente a través del Reglamento de 2001) representa un retroceso en relación con el reconocimiento de derechos de los inmigrantes (regulares e irregulares). De tal manera, este Reglamento fue impugnado y una sentencia del Tribunal Supremo anuló varios preceptos del mismo. Al mismo tiempo, el Gobierno decide aprobar la Ley Orgánica 11/2003 para reformar algunos aspectos del régimen de extranjería ausentes en la Ley 8/2000 y en su desarrollo reglamentario. A partir de la manifestación del Tribunal Supremo, el Gobierno decide una nueva reforma legislativa, a través de la Ley Orgánica 14/2003, con la que, sin embargo, ahonda en el endurecimiento de las condiciones para la regularización ordinaria y en el establecimiento de un 308

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régimen administrativo especialmente gravoso para los extranjeros, lo que provocó nuevas denuncias de los expertos acerca de la constitucionalidad de algunos preceptos. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha venido a declarar inconstitucionales algunos artículos de la Ley 8/2000. El cambio de Gobierno en 2004 trae consigo una nueva reforma normativa, aprobando un nuevo Reglamento que sustituye totalmente al de 2001. El Reglamento de 2004 (Real Decreto 2393/2004) “supone un avance en la configuración de los procedimientos administrativos, en el control de la regularidad y, sobre todo, en las posibilidades de entrada legal” (Díez Bueso, 2006: 45), aunque mantiene algunas insuficiencias, como el carácter restrictivo de los permisos de regularización ordinaria. La gran apuesta de la normativa de 2004 es la búsqueda de acuerdos entre empresarios y sindicatos para la contratación de trabajadores, en un contexto de “patente laboralización” (Santolaya, 2005: 243) de la inmigración. La política de inmigración emprendida a partir de 2004 por el nuevo Gobierno “ha puesto el acento en la cuestión laboral, a diferencia de la etapa política anterior en la cual el centro de dicha política se ubicaba en el ámbito de Interior” (Rojo Torrecilla, 2006: 211). El cambio de orientación política, como señala el autor, se concreta en la atribución al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la política del gobierno en materia de inmigración, lo que sin duda representa un cambio significativo respecto al marco legal previo. También incluyó el Reglamento un nuevo proceso de regularización, que contemplaba el requisito de contar con un permiso de trabajo, y que se llevó a cabo en 2005. Los procesos de regularización, señala Díez Bueso (2006: 57), constituyen un “mecanismo que ya se ha conformado como otra constante en la normativa y la gestión de la inmigración en España”. El balance cuantitativo del proceso de 2005, como señala Rojo Torrecilla (2006: 211), “debe merecer una valoración positiva”, con más del 80% de autorizaciones positivas a las cerca de 700.000 solicitudes presentadas.También cualitativamente debemos estimar los efectos positivos del proceso de regularización, al significar el acceso de un número importante de trabajadores que se encontraban hasta entonces en situación irregular a los servicios y prestaciones públicas. Finalmente, a partir de la nueva reglamentación, se introduce “una serie de cambios en la determinación anual del contingente de inmigración legal y en la elaboración del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que intentan permitir una gestión más ágil de la inmigración legal” (Izquierdo y Jimeno, 2005: 41). Esta provisión ha significado un aumento significativo de la llegada de inmigrantes con contrato de trabajo (legales, por tanto) a España, que ha comenzado a hacerse visible fundamentalmente a partir de 2006; y que, previsiblemente, seguirá una tendencia creciente en años sucesivos4. En los próximos años, por lo tanto, “la circunstancia que abrirá o cerrará la puerta para la llegada de trabajadores inmigrantes [legales] a España será la situación nacional de empleo, que se someterá a una evaluación objetiva con catálogos de ocupaciones de difícil cobertura en un ámbito provincial” (Sacristán Romero, 2006: 3), actuando el sistema de contingentes como herramienta de la contratación programada, en un sistema que, además, puede revisarse a lo largo del año. 2.1 Los planes de integración Aunque durante las últimas décadas la política de inmigración española se ha reconducido

4.- Una noticia reciente situaba en 200.000 la cifra de inmigrantes que llegaron a España en 2006 con contrato de trabajo (El País, 29/08/2007), cifra que, según las estimaciones, se incrementará hasta en un 50% para este mismo año.

309

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sistemáticamente a la normativa de extranjería (Díez Bueso, 2006: 47), particularmente desde comienzos de los años noventa las políticas de integración empezaron a plasmarse también en otros instrumentos normativos. En este sentido, debemos referirnos específicamente a los planes de integración, pues tanto las características de dicho instrumento como del contexto (de descoordinación competencial, por ejemplo) invitan a pensar en su pertinencia como recurso integral y coordinado para abordar la cuestión migratoria. Durante los últimos años se ha reclamado la conveniencia y eficacia de dichos planes desde distintos foros institucionales y de expertos, como lo hacía el Defensor del PuebloVasco y para lo cual rescataba las palabras del reconocido administrativista García de Enterría:“sólo los planes, en cuanto actos complejos que incorporan un diagnóstico de la situación, un pronóstico de su evolución, un cuadro de prioridades y objetivos y un programa sistemático de acción en función de aquéllos, pueden asegurar globalmente la convergencia imprescindible de las distintas acciones, sin la cual no puede conseguirse el óptimo de eficacia en ningún sistema. Los planes, la planificación, constituye por ello la máxima expresión de la coordinación en su aspecto funcional” (citado en Defensor del Pueblo Vasco/Ararteko, 2002: 5). En el desarrollo de la Proposición no de Ley relativa a la situación de los extranjeros en España, aprobada por el Parlamento en 1991, en 1994 se aprobó el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes (PISI), que según expresa en su propio texto, “representa la primera iniciativa en nuestro país para afrontar el tratamiento de la extranjería y de la inmigración desde todas sus vertientes”. Es con el PISI con el que, por primera vez, se dirige la mirada de manera significativa hacia la integración de los inmigrantes. En resumen, y siguiendo el propio texto del (posterior) Plan Estratégico sobre Ciudadanía e Integración: “la importancia del PISI deriva de la introducción en España de algunos elementos conceptuales comunitarios respecto a la integración de los inmigrantes, del establecimiento de objetivos para la acción pública en este terreno y de la sistematización de una serie de medidas concretas. El PISI fue, en buena medida, el punto de partida para que otras administraciones comenzaran a elaborar planes de integración de los inmigrantes” (PECI, 2007: 125-131). Además, creó dos instrumentos que han desarrollado su labor desde entonces: el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y el Observatorio Permanente de Inmigración. En 2001 se aprueba el Programa Global de Regulación y Coordinación de Extranjería e Inmigración (Programa GRECO), que encontraba su fundamento en “la necesidad de contar con un plan que aborde desde una perspectiva global el tratamiento de la extranjería y la inmigración” para los años siguientes (Anuario de Migraciones 2002: 337), utilizando una formulación casi idéntica a la exposición de motivos del plan anterior. En cualquier caso, el GRECO no era un plan de integración en sentido estricto, sino más bien un catálogo de medidas del Ministerio del Interior en el que se incluían algunas secciones sobre la regulación y coordinación de la inmigración. Según recogió posteriormente el PECI en su texto:“El Programa GRECO puso de relieve las necesidades de inmigrantes que tiene la economía española, relacionó la política de integración de los inmigrantes con las políticas de inmigración y ordenó una serie de medidas que distintos Centros Directivos de la Administración General del Estado llevaban a cabo hasta entonces de forma dispersa”. El contenido del plan revelaba una vocación preferentemente policial del tratamiento de la inmigración, relegando las cuestiones relativas a la integración (social, económica, política, cultural) de los inmigrantes. Por estos caracteres y otros de singular importancia (elaboración apresurada, falta de participación en el proceso de las Comunidades Autónomas y de los agentes sociales y falta de acompañamiento presupuestario para su ejecución5), se consideró que el GRECO tenía un carácter fundamentalmente declarativo y tanto numerosos expertos como administraciones señalaron la ineficacia del mismo. 5.- Son las críticas principales que señaló el Defensor del Pueblo Vasco en su intervención de 2002.

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El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007-2010), aprobado en febrero de 2007, es uno de los puntos cardinales de una “subetapa” de la tercera etapa de la “España inmigrante”, junto con el nuevo Reglamento de extranjería (2004) y la regularización llevada a cabo en 2005. Un período marcado por cambios significativos de la población inmigrante y de los discursos políticos y mediático asociados a aquélla. Tanto a nivel político como estratégico, el PECI representa un punto de inflexión en las políticas españolas de integración. El enfoque participativo en el que está basado, la voluntad de establecer un marco político (integral e integrador) con el que abordar la cuestión de la inmigración en el futuro y el que esté dirigido al conjunto de la población (también a los autóctonos) reflejan esa evolución. El PECI introduce, además, la noción de gobernanza “como un elemento fundamental del proceso de adaptación mutua de las personas inmigrantes y autóctonas, en el cual la cooperación entre las distintas Administraciones Públicas es un factor fundamental pero no suficiente” (Cachón, 2007: 13), ahondando en esa voluntad de construir un modelo de integración de y con la población inmigrante basado en el diálogo y la participación. En este sentido, los principios que configuran la filosofía del PECI representan una novedad en las políticas de integración en España: (i) el principio de igualdad y de no discriminación, que equipara derechos y obligaciones para la población autóctona y la inmigrante; (ii) el principio de ciudadanía, que conlleva el reconocimiento de la plena participación de los inmigrantes en todos los ámbitos; y (iii) el principio de interculturalidad, como mecanismo de interacción entre personas de distintos orígenes en el marco del respeto a la diversidad cultural. El PECI recoge un diagnóstico sobre la población inmigrante en España y establece doce áreas de intervención para su integración (Acogida, Educación, Empleo,Vivienda, Servicios sociales, Salud, Infancia y Juventud, Igualdad de trato, Mujer, Participación, Sensibilización y Codesarrollo), que a su vez recogen numerosos programas y medidas de actuación, que casi en su totalidad van dirigidos no sólo a la población inmigrada sino a todos los ciudadanos que viven en España. El PECI no establece claramente cómo intervenir en escenarios de conflicto relacionados con la inmigración y la integración, aunque sí recoge en su primera parte el reconocimiento de la existencia de ciertas situaciones y espacios de conflicto. En todo caso, tal vez sea todavía temprano para examinar el desarrollo del Plan, aunque sí se han pronunciado ya algunas voces críticas sobre algunos aspectos de su contenido6 especialmente dirigidas hacia el reconocimiento de derechos políticos y la participación política de la población inmigrada, cuestión estrechamente vinculada a la concepción de ciudadanía sostenida en el Plan y que, al mismo tiempo, está siendo objeto de discusión pública actualmente. A lo largo de estos pasados años se han sucedido numerosas políticas y medidas transversales, puestas en marcha por distintas administraciones, que han paliado la carencia de un plan integral y coordinado de ámbito nacional. Por un lado, algunas Comunidades Autónomas y municipios han aprobado sus propios planes de integración. Pero, sobre todo, las políticas llevadas a cabo por las distintas administraciones en ámbitos como la educación, la salud o las prestaciones sociales (dirigidas a toda la población) han cumplido un papel fundamental en la integración de la inmigración en España, favoreciendo la

6.- Como los recogidos en el Dictamen del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (febrero 2007) (véase Cachón, 2007: 20-23).

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participación e inclusión de los inmigrantes y garantizando el acceso de éstos a derechos esenciales del Estado del Bienestar. Como también pone de relieve el propio texto del PECI, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos juegan un papel fundamental en la integración de los inmigrantes. Su actuación es crucial en relación con los servicios públicos básicos y, en los últimos años, han desempeñado una importante labor en ámbitos como la acogida de inmigrantes, cooperación y codesarrollo o en el terreno de la sensibilización y participación de los inmigrantes. De este modo, distintos gobiernos de las Comunidades Autónomas han emprendido durante este último período la labor de desarrollar políticas globales en materia de inmigración y han aprobado planes específicos, particularmente a partir de 2000-2001 (aunque Cataluña aprobara su primer plan en 1993). Hasta la fecha, además de Cataluña, que aprobó en 2005 el tercer plan de inmigración, cinco Comunidades Autónomas han elaborado, al menos, dos planes en la materia: Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Murcia, la Comunidad de Madrid y el País Vasco; además, las siguientes comunidades han aprobado al menos un plan sobre inmigración: Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Navarra y La Rioja. Del mismo modo, como decíamos, en el ámbito local se han desarrollado relevantes actuaciones, particularmente articulando las primeras (y necesarias) respuestas ante la llegada de la población inmigrante a los distintos municipios, a pesar de las limitaciones competenciales y presupuestarias de los ayuntamientos españoles. En algunos ayuntamientos dichas actuaciones se plasman en los planes de integración en los que se sistematiza la acción política local en materia de inmigración. Como recoge el PECI:“estos planes y actuaciones municipales, orientados a la integración de los inmigrantes, han visibilizado políticamente la inmigración, han generado en las administraciones y organizaciones un conocimiento práctico en este campo y han contribuido a la buena gobernanza de la gestión de la migraciones y de la integración de los inmigrantes cuando se han incorporado a la sociedad civil”, lo que ha supuesto una importante labor pedagógica para autóctonos e inmigrantes que sienta las bases para la convivencia en los municipios (PECI, 2007: 160). Significativamente, el PECI pretende impulsar el papel de las Corporaciones Locales y de las Comunidades Autónomas en la integración de los inmigrantes, a través de una serie específica de programas y recursos que potencien sus actuaciones. Por último, también es notable el papel ejercido en el terreno de la integración por parte de las asociaciones de inmigrantes o que trabajan con inmigrantes y los agentes sociales -sindicatos y organizaciones empresariales- en los últimos años, “[introduciendo] efectivamente a los inmigrantes en el ejercicio de derechos de ciudadanía en su nueva sociedad y [facilitando] de esta manera su integración” (Ibid.: 161). El PECI recoge la importancia de estas instancias y de las acciones que han llevado a cabo, destacando su participación en la formulación e implementación de distintas políticas de integración y su cooperación con las administraciones públicas. 3. PANORAMA DE CONFLICTOS ASOCIADOS A LA INMIGRACIÓN Este capítulo tiene como objetivo señalar algunos de los principales episodios de conflicto o sucesos que evidencian un conflicto social en el sentido conferido en el marco de esta investigación (véase el capítulo de María Luz Morán en este volumen). Se expondrán, pues, realidades y fenómenos con características diversas y que, a menudo, combinan varias dimensiones, por lo que no pueden ser comprendidos como fenómenos 312

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monocausales. No obstante, se incluyen aquí bajo el criterio de que todos ellos suponen alguna forma de reivindicación pública de demandas sobre otros actores que tienen que ver, a menudo, con la idea de pertenencia y pautas de inclusión a la comunidad. Aunque previo a la mayor parte de conflictos que recogemos, debemos destacar al menos brevemente el asesinato de la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez en Aravaca (Madrid) el 13 de noviembre de 1992 a manos de un grupo de ultraderechistas. Por su importancia y repercusión este suceso fue considerado el primer crimen racista de la Comunidad de Madrid. Para quienes se encargaron de estudiar lo sucedido, dicho asesinato tuvo lugar en un contexto de tensión interétnica creciente que, de alguna manera, sirvió de caldo de cultivo para el fatal desenlace (Calvo Buezas, 1993). Un contexto de tensión en el que algunos medios de comunicación (alarmando con cierta intensidad en las fechas previas ante la “avalancha de inmigrantes”) y la propaganda anti-inmigración difundida por grupos de extrema derecha tuvieron singular importancia. En los días que siguieron, se sucedieron en diferentes ciudades españolas las mayores manifestaciones contra el racismo que hasta entonces hubieran tenido lugar en el país. En términos igualmente racistas, pero con un trasfondo de conflicto industrial vinculado a las condiciones de producción, el municipio almeriense de El Ejido vivió en febrero del año 2000, un conflicto étnico de singular repercusión y que, con toda seguridad, quedó fijado en la memoria de buena parte de la sociedad española. Los asesinatos de una joven española por parte de un inmigrante marroquí y de dos empresarios agrícolas de la zona, sumados a la difusión de un discurso sobre los peligros de la invasión extranjera y el miedo consecuente, actuaron como desencadenantes de una serie de ataques a los inmigrantes, y a sus propiedades, que provocaron inmediatas reacciones de rechazo tanto a nivel nacional como internacional. El Ejido, localidad extraordinariamente enriquecida en las últimas décadas por el auge de la producción y el comercio hortofrutícolas y que había experimentado una llegada de trabajadores inmigrantes muy por encima de la media nacional, mostró el lado más oscuro de las condiciones de vida y de trabajo de los inmigrantes en España (discriminación, segregación espacial, explotación laboral) e hizo saltar las alarmas del racismo en nuestro país. Otros acontecimientos han puesto de relieve diversas líneas de fractura y conflicto vinculados al ámbito de la producción, tanto agrícola como industrial. Algunos de ellos se han tornado en reivindicaciones de naturaleza política ligados a una demanda por obtención de derechos y, finalmente, han tenido lugar tanto en el mundo rural como en el espacio urbano, poniendo de manifiesto que la realidad de la inmigración y las dimensiones sociales, políticas y culturales que de ella se derivan, permean todos los ámbitos de la vida social y, por lo tanto, se pueden hacer visibles en todos ellos. El 4 de enero del 2001 un tren arrolló en Lorca la furgoneta en la que viajaban 12 trabajadores agrícolas indocumentados de origen ecuatoriano. Este trágico accidente y su repercusión mediática dejaron al descubierto la existencia de un específico régimen de marginación, segregación y explotación de la población inmigrante en la agricultura mediterránea y condujeron, en su momento, a cambios significativos en la opinión pública en relación con la situación de vida de los inmigrantes, en particular de los denominados ilegales, los “sin papeles”. Por un lado, este suceso puso de manifiesto la existencia de un conflicto laboral en el marco de la producción agrícola, recogido en las investigaciones de Pedreño (2001a). Pero el suceso tuvo además otra consecuencia, y es que actuó como catalizador de un movimiento de reivindicación y protesta por parte de un gran número de inmigrantes que, apoyados por diversos sectores de la sociedad civil autóctona, quisieron denunciar e impugnar el régimen de precariedad laboral que 313

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les explotaba y el ordenamiento jurídico-político que les negaba derechos básicos de ciudadanía. Enero de 2001 representa un momento clave en la emergencia y consolidación en España de un movimiento social que reclama la regularización de todos los inmigrantes que vivían en ese momento en situación ilegal en el país (si bien, esta forma de protesta tenía algunos antecedentes7). El epicentro de dicho movimiento lo representó la región de Murcia, desde donde las manifestaciones, los encierros y las huelgas de hambre se extendieron a Barcelona, Madrid,Valencia, Almería, Lepe y Melilla en forma de “reacción en cadena” (Guillo, 2001). Las protestas se caracterizaron por ser movilizaciones de larga duración, por una amplia cobertura de los medios de comunicación y por la intervención de un gran número de actores. El final de estas protestas tuvo como consecuencia un proceso extraordinario de regularización, mediante el cual 24.089 inmigrantes, todos ellos ecuatorianos, obtuvieron “sus papeles” (Laubenthal, 2005). En un contexto bien distinto, en septiembre de 2004, una protesta de cerca de medio millar de personas contra la competencia del calzado chino acabó, tras diversos incidentes, con una nave industrial incendiada en el Polígono Industrial de El Carrús, en Elche. Los manifestantes protestaban contra la presencia de los almacenistas y empresarios asiáticos porque vendían sus productos, según expresaron, sin control alguno por parte de la Administración, lo que para aquéllos suponía una competencia desleal para el sector. Durante la protesta, se lanzaron piedras contra almacenes propiedad de ciudadanos chinos. Entre los manifestantes se encontraban empresarios, trabajadores y almacenistas. En las semanas posteriores se sucedieron distintas protestas frente a las autoridades municipales y regionales, denunciando las condiciones asimétricas de la producción y la situación crítica del sector del calzado. Dichas protestas implicaron a un gran número de actores cuyas reacciones suscitaron el debate público respecto a la crisis del sector y la necesidad de intervención en la misma. Empresarios, trabajadores, asociaciones chinas, trabajadores y sindicatos, autoridades y responsables de instituciones, partidos políticos, organizaciones de inmigrantes, etc. tomaron parte en el proceso, cuyo telón de fondo era la crisis industrial del sector del calzado. Como señala Zapata (2004: 103),“por ser un espacio físico y de interacción social y cultural más visible y frecuente, las ciudades y centros urbanos son el lugar donde los procesos de multiculturalidad tienen más repercusiones” y donde el eventual fracaso de una política es mucho más perceptible. Cataluña ha sido en los últimos años escenario de expresiones de xenofobia contra la población inmigrante marroquí (Moreras, 2004). Los sucesos de Manlleu (junio de 1999), Ca n´Anglada (julio de 1999) y Premià de Mar (2000-2001) son los casos más destacados y se interpretan como indicadores relevantes en la emergencia de un “racismo social” en Cataluña. El resultado electoral de las elecciones municipales de junio de 1999 en el l´Erm, un barrio de Manlleu, puede ser entendido como consecuencia de un prejuicio electoral en relación con la puesta en marcha de políticas públicas, específicamente respecto al colectivo marroquí. Lo que en un principio parecía un caso corriente de alternancia política fue interpretado -bajo la lógica de los partidos políticos- como el voto de “sanción” ante los rumores que afirmaban que los presupuestos para los servicios sociales se destinaban, casi en exclusiva, a los inmigrantes marroquíes. Por su parte, el conflicto en Ca n’Anglada parece sintetizarse en el peligro de la alteración del orden público y en cierto temor a la concentración espacial de los inmigrantes.

7.- Sobre el nacimiento del movimiento sin papeles en España, véase también Aierbe, 2001 y Guillo, 2001.

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En este barrio obrero de la ciudad de Tarrasa, una pelea durante la fiesta mayor en julio de 1999 entre jóvenes autóctonos y marroquíes derivó en un conjunto de manifestaciones de marcado carácter racista en contra de la presencia de marroquíes en el barrio. Durante las mismas se produjeron destrozos en una carnicería halal, en la fachada de la mezquita e incluso un joven marroquí fue apuñalado. Los medios de comunicación compararon estos sucesos con los acaecidos unos meses antes en El Ejido. El episodio ocurrido en la localidad de Premià de Mar (2000-2001) muestra el peligro de que el conflicto se revista de una simbología religiosa, (Moreras, 2004). La búsqueda de un lugar para trasladar la mezquita que la comunidad tenía desde 1983 se convirtió en un largo y complejo proceso (que se inició en 1997) ante la negativa de los propietarios para alquilar el espacio para ese uso. El Ayuntamiento aprobó los documentos presentados por la comunidad marroquí y otorgó los permisos necesarios para llevar a cabo las obras. Sin embargo, los vecinos del barrio protestaron airadamente, convocando movilizaciones contra su apertura. Se realizaron manifestaciones a favor y en contra del proyecto y se radicalizaron las posturas. Después de arduos procesos de negociación, el Ayuntamiento intento mediar en el conflicto ofreciendo una alternativa final: la permuta del local de propiedad de la comunidad musulmana por la utilización de un espacio dentro de una escuela en desuso. Tras ese acuerdo el conflicto parecía resuelto, no obstante las consecuencias de las soluciones adoptadas fueron visibles con posterioridad: la Alcaldesa perdió las elecciones y los partidarios de la línea doctrinal rigorista reemplazaron a los anteriores líderes al frente de la mezquita (Moreras, 2004). Más allá de los sucesos de Premià de Mar, la polémica por la creación y gestión de las mezquitas en España y por el manejo de cuestiones religiosas y culturales vinculadas al Islam evidencian una fuente de conflictos que, sin embargo, ha de ser abordada por la investigación a la luz de la escasez de trabajos disponibles. Dentro del marco del espacio urbano, en los últimos años ha aparecido un fenómeno novedoso directamente vinculado al proceso de asentamiento de los inmigrantes y en particular de los jóvenes inmigrantes. Aunque el fenómeno de las “tribus urbanas” y “bandas juveniles” y su repercusión en el espacio urbano ha sido conocido y ampliamente tratado en la investigación social, la aparición de las “bandas latinas” introduce un elemento nuevo a este tipo de fenómeno juvenil, en tanto quienes las constituyen están representados, en su gran mayoría, por jóvenes inmigrantes de origen latinoamericano que ocupan el espacio público de las grandes ciudades españolas. Este tipo específico de bandas juveniles se construye y se define bajo el prisma de una identidad étnica que es híbrida y “glocal” (Feixa y Canelles, 2007). Es ya entrado el XXI cuando los medios de comunicación dan a conocer a la opinión pública la existencia de estas nuevas tribus urbanas. A través de pequeños actos que se les imputaron (como peleas entre grupos latinoamericanos) pero sobre todo, tras el asesinato del joven inmigrante Ronny Tapias el 28 de octubre de 2003 en Barcelona, a la salida del instituto donde estudiaba8, se hizo cada vez más evidente la existencia de este fenómeno. Además, tales hechos sirvieron a los medios de comunicación para construir y presentar ante la opinión pública una imagen determinada de estas bandas, construyendo un estereotipo de los grupos de jóvenes latinoamericanos. Siguiendo el argumento de Feixa y Canelles (2007), estas bandas habitan la ciudad, ejercen poder territorial y nacen y se desarrollan en medio de la exclusión, las migraciones, el “racismo” y el “clasismo”. El fenómeno pone de manifiesto una presencia hasta 8.- Algunos miembros de una banda, los Ñetas, lo confundieron con un integrante de los Latin Kings, una banda rival.

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entonces ignorada, a la vez que saca a la luz nuevas formas de sociabilidad juvenil en el espacio urbano, que se caracterizan por su naturaleza global o “glocal” (ya que nacen, se definen y operan bajo la influencia de dimensiones globales y locales), por su frecuente aparición en los medios y, fundamentalmente, porque a menudo aparecen vinculadas a variadas formas de violencia urbana. Lo anterior las ha convertido en una fuente de preocupación para las autoridades y, recientemente, de interés entre los investigadores. Las iniciativas del Ayuntamiento de Barcelona junto con investigadores y organizaciones de las sociedad civil para “institucionalizar” las prácticas de sociabilidad de dichas bandas en asociaciones juveniles convencionales y legalizadas, ha sido una estrategia precursora e incluyente para abordar el fenómeno en términos de ciudadanía urbana juvenil. No obstante, los resultados de dicha iniciativa están aún por verse. A la luz de la diversidad y la complejidad en cuanto a la naturaleza y las causas de los episodios de conflicto relacionados con la inmigración durante los últimos años, proponemos a continuación una clasificación introductoria de lo que han sido las principales áreas de conflicto en España, así como apuntar aquéllas que, ya por tendencias observadas recientemente, ya por otras experiencias apreciadas en nuestro entorno podrían ser consideradas como áreas de tensión susceptibles de dar lugar a conflictos manifiestos. En primer lugar, podemos hablar de conflictos relacionados con el mercado de trabajo, de los que podríamos señalar diversas manifestaciones. Sin agotarlas, destacamos por su importancia las tensiones suscitadas por la competencia entre distintos colectivos de inmigrantes en relación con los procesos de contratación, fundamentalmente, en el sector agrícola y, en este sentido, la preferencia de los empresarios hacia trabajadores de nacionalidades concretas. Cuestión que ha provocado cambios sustantivos en la demanda de mano de obra, especialmente en algunas zonas del sur de España (diversos conflictos en Huelva, Almería o Murcia, como los mencionados, tienen como telón de fondo esta reorientación de la demanda) y que incluso recientemente ha originado un importante foco de tensión en relación a numerosos grupos de población inmigrante (por ejemplo, durante la campaña de la vendimia en Castilla La Mancha en 2007). Conviene señalar también la relevancia de situaciones de conflicto originadas en diversos sectores industriales, en ocasiones en crisis, en las que -como en el caso de Elche (2004)- las fronteras entre lo que podría presentarse como una situación de competencia industrial (en la producción, el comercio, etc.) y episodios y comportamientos de carácter racista se tornan difíciles de delimitar. Dentro de una -más bien difusa- categoría de ataques o violencia racista, podríamos agrupar algunos de los episodios recientes que hemos mencionado.Y es que quizás deberíamos hablar, en lugar de un tipo -aun impreciso- de conflicto, de una manifestación de éste, pues diversas manifestaciones de violencia racista y xenófoba suelen acompañar (o ser parte de) a conflictos de distinta naturaleza (por ejemplo, la “caza al moro”, tal y como se bautizó, que tuvo lugar en El Ejido o la intimidación y ataque a los comerciantes chinos en Elche) y en buena parte de éstos sería difícil, además, señalar una sola causa. Sin embargo, sí podemos destacar la especificidad de algunos sucesos que tienen como última e incluso única causa el ejercicio de violencia racista, en los que la extrema derecha juega y ha jugado un papel destacado, como en el caso del asesinato de Lucrecia Pérez en Aravaca (1992) o los últimos y recientes ataques a inmigrantes producidos en distintas localidades del Corredor del Henares y otros municipios de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, debemos referirnos a episodios de conflicto étnico-religioso durante los últimos años, en relación con la nueva pluralidad étnica y religiosa que la inmigración ha supuesto. Las repetidas tensiones con población autóctona por la apertura o ubicación de mezquitas en distintas localidades españolas (como el episodio acaecido en Premià de Mar) 316

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es un aspecto manifiesto de este conflicto. Atendiendo a acontecimientos recientes tanto en España como en otros países, incluidos aquellos que afectan internamente a las propias comunidades de musulmanes (por ejemplo, en relación con fenómenos de radicalización de algunos grupos o de violencia terrorista), podemos aventurar que la “islamofobia”, entendida como el temor, los prejuicios y la hostilidad hacia el Islam y hacia los musulmanes, puede convertirse en un foco notable de tensiones en España, como ocurre en otros de los casos nacionales que se abordan en esta investigación. Sería pertinente también hacer referencia a la violencia urbana y a los conflictos por el espacio público, con el fin de dar cuenta de la nueva configuración de un fenómeno ya existente, no sólo en España sino también en otras sociedades: las bandas juveniles, entendidas como organizaciones generadores de culturas y prácticas sociales específicas, que están sujetas a los cambios que sufre la sociedad. Las bandas urbanas, en tanto imágenes condensadas de tales cambios (Feixas, 2004) y de los conflictos sociales que generan, son en el presente reflejo de una juventud y un espacio urbano que está configurado por etnias y culturas diversas. La aparición de bandas conformadas por jóvenes inmigrantes de diferentes nacionalidades (como los Latin Kings o los Ñetas) pone de relieve el surgimiento de na nueva presencia enla escena urbana. Estas organizaciones han protagonizado acciones vistas con preocupación por parte de las instituciones sociales y los medios de comunicación. Sus prácticas y estrategias, a menudo violentas, y su expresa reivindicación en exclusiva del espacio público muestran el modo en que el uso del espacio juega un papel central, en tanto mecanismo de pertenencia/rechazo de la sociedad. Un área de conflicto que en los últimos años ha tenido un protagonismo creciente en España es la utilización compartida por parte de la población autóctona y la extranjera de los servicios públicos, en particular la sanidad y la educación. Por un lado, debemos referirnos a un cierto abandono de los servicios de carácter público por parte de la población autóctona. Los problemas de concentración, segregación y, en muchas ocasiones, devaluación de la calidad de estos servicios es percibido y evaluado negativamente por los autóctonos como resultado de la acogida de inmigrantes (“Desbandada en la escuela pública” titulaba de forma muy gráfica un diario recientemente para hablar de la pérdida de 20.000 alumnos de los centros públicos a favor de la escuela privada y concertada en la Comunidad de Madrid en una legislatura; El País, 25/06/2007). En esta misma línea hay que aludir a las tensiones provocadas por la competencia entre grupos de autóctonos e inmigrantes por el acceso a recursos públicos limitados (de carácter social y, en ocasiones, asistencial, como las becas y ayudas en etapas escolares), que en ocasiones promueven la difusión o generalización de cierto discurso xenófobo de favoritismo hacia determinados colectivos. No puede dejar de mencionarse aquí un tipo específico de conflicto que ha puesto de manifiesto, una vez más, la necesidad por parte de los poderes públicos de abordar cuestiones que tienen que ver con la inclusión en el marco de los derechos (la ciudadanía) o en alguna forma de pertenencia a la comunidad en la que residen. El “movimiento de los sin papeles”, organizado y movilizado después de los sucesos de Lorca en 2001, su impacto y difusión en otras zonas de la geografía española evidenció la reivindicación de individuos “invisibles” sobre la esfera política que, con medios no convencionales de expresión, exigían la inclusión y el tratamiento como ciudadanos de derecho. La exigencia del “derecho a reclamar derechos” a través de la toma de los espacios públicos en la primavera de 2001 (encierros en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en la Catedral de Barcelona, en los soportales del Ayuntamiento de Lepe, etc.) supuso una toma de conciencia por parte de determinados colectivos de inmigrantes de la posibilidad de establecer un conflicto frente a las autoridades. Por otro lado, la acción concertada de numerosas organizaciones dentro del movimiento de los “sin papeles” y su éxito en términos de publici317

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dad y apoyo de sus acciones y reivindicaciones evidenció el sólido soporte de sus aliados entre las elites (organizaciones de la sociedad civil, iglesias, partidos políticos y medios de comunicación). 4. DINÁMICAS DEL CONFLICTO 4.1 Naturaleza del conflicto y diverso tipo de demandas Antes de desglosar algunos de los elementos principales dentro de los procesos de conflicto, hemos de comenzar por preguntarnos, con el historiador Charles Tilly, ¿de qué se trata o cuál es el objeto del griterío? A lo largo de este capítulo intentaremos analizar algunos elementos de los conflictos vinculados a la inmigración que han aparecido en la realidad social y política española durante los últimos años. Por establecer algún tipo de orden y aunque se presentará en un apartado siguiente el papel específico de cada actor en los distintos conflictos, intentaremos agrupar las reivindicaciones en función del actor del cual provienen. De esta manera, podríamos apuntar dos tipos de reivindicaciones: por un lado, aquellas que se exponen públicamente contra la autoridad o contra otro actor (pero cuyo alcance incluye a la autoridad). Por el otro, las exigencias propuestas directamente desde la propia autoridad en respuesta a los actores contendientes. Estas últimas serán desarrolladas en el apartado dedicado a respuestas institucionales. Hablemos pues de la naturaleza de las reivindicaciones hechas públicas por los distintos actores en el marco de los episodios de conflicto examinados. Es posible establecer algunas generalidades respecto a la causa subyacente a dichos episodios y a la esencia de aquello por lo que se movilizan los distintos actores. En primer lugar, debemos reiterar la idea de que, más que con las características del proceso de recepción de inmigrantes o del modo en que se ha configurado la “España inmigrante”, muchos de estos conflictos responden a características propias de la sociedad de acogida y del proceso de cambio social que enfrenta en los últimos años. El conflicto permea todos los espacios de la vida social y por ello, se hace presente también en la novedad de un fenómeno como la inmigración. La segunda idea que sobresale en los episodios examinados pone de relieve que se trata, en muchos casos, de exigencias de ciudadanía que tienen que ver con alguna de las dimensiones constitutivas de ésta. Para ello, hemos de comprender el concepto de ciudadanía no sólo como estatuto legal sino, en un sentido más vigoroso, como un marco de distribución multidimensional de derechos individuales y colectivos y, en todo caso, como un eje ordenador de las relaciones de fuerza y dominación. La idea de pertenencia a una comunidad como miembro de pleno derecho está presente en los conflictos aquí presentados; tanto si se trata de reivindicar la inclusión al marco de tales derechos, como si se centra en la negación de la legitimidad de determinados colectivos para ostentarlos. En todo caso, debe quedar claro que casi ninguno de los episodios presentados responde a un único agravio (o percepción de agravio); más bien, en estos conflictos se conjugan múltiples dimensiones que, a menudo, incrementan la complejidad y dificultan su 318

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abordaje. No obstante podemos decir que, aun combinando percepciones de agravios y demandas de naturaleza diversa, todos ellos han de ser comprendidos en términos de ciudadanía, si por ello se entiende la inclusión en una comunidad política y social. De este modo encontramos, por un lado, demandas de distribución equitativa de los recursos económicos y sociales y demandas de regulación de dicho proceso por parte de las autoridades, siendo ésta una cuestión esencial de lo que se ha denominado la ciudadanía social. Algunos de los conflictos examinados evidencian las condiciones de precariedad en que se encuentran sectores de la población inmigrante que se manifiestan principalmente en el ámbito laboral. La reivindicación por la mejora de las condiciones del trabajo y la demanda de regulación del mercado por parte de los poderes públicos, aparece en la base de los episodios de protesta desencadenados como consecuencia del accidente de Lorca (2001). Un breve recorrido por los diferentes momentos de las relaciones de trabajo en el campo murciano ayuda a poner de manifiesto el conflicto en el que se enmarcan las relaciones laborales en dicha región. A la vez, muestra cómo la historia del exitoso crecimiento de las agriculturas mediterráneas, y en particular del complejo hortofrutícola de la región de Murcia, ha sido la historia de la búsqueda continua de una oferta de trabajo vulnerable y disponible: si años atrás eran gitanos, andaluces o manchegos, después fueron mujeres y, finalmente, son inmigrantes procedentes de países en desarrollo (Pedreño, 2001a). Este autor señala cambios significativos en la configuración de las condiciones de explotación agrícola (hacia una intensificación de los cultivos con el fin de asegurar la competitividad en el nivel internacional), así como una segmentación étnica del mercado de trabajo a lo largo de los años 70 y 80. A pesar de la existencia de las luchas laborales “clásicas” en este ámbito agrícola murciano y de determinados logros de los trabajadores en este contexto, la entrada masiva de inmigrantes marroquíes en los años 80 y el interés del empresariado en buscar ventajas derivadas de las condiciones de ilegalidad de la mayoría de estos inmigrantes, tienen como consecuencia una intensificación del tiempo de trabajo y una empobrecimiento de las condiciones salariales que no son consensuadas sino impuestas. Dos conflictos parecen confluir en el contexto murciano. Por un lado, hemos señalado la existencia del “clásico” conflicto capital-trabajo, que ha tenido sus manifestaciones de protesta típicas dentro de los marcos tradicionales del movimiento obrero. Por otro lado, encontramos una tendencia a la “etnicización” de dicho conflicto que, aunque difícilmente puede separarse, lleva a converger demandas añadidas. Para Pedreño, la atribución de actitudes laborales a individuos en función de su etnia o nacionalidad se inscribe dentro de prácticas o discursos racistas bajo los cuales subyace la necesidad de perpetuar una bolsa de trabajo barato y vulnerable y, por esta razón, resulta difícil independizarlos. Sin embargo, la aparición de discursos racistas hace que pueda ser abordado también desde otros puntos de vista. A lo largo de la década de los 90, la invisibilidad laboral del inmigrante comienza a disminuir gracias a tres factores fundamentales: la regularización y lucha por la ciudadanía, la reivindicación de vivienda y de otros derechos de protección social y la aparición de fenómenos de racismo y xenofobia popular. El análisis de los episodios de protesta desencadenados tras el accidente de Lorca pone de manifiesto la combinación de las dimensiones expuestas. También dentro del ámbito del mercado, algunos estudios han subrayado la importancia de coyunturas específicas de crisis de determinados sectores como catalizadores de “pánico 319

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moral” y “demonización” de determinados colectivos de inmigrantes a través de discursos racistas. Este aspecto ha sido apuntado en los casos de la crisis del sector del calzado en Elche (Cachón, 2005). La cuestión de las condiciones en las que ocurre la producción y los términos de dicho proceso no son nuevos, constituyen un “viejo” problema de la sociedad contemporánea: los efectos sociales excluyentes del mercado. Sin embargo, aparece un nuevo ingrediente que sirve de catalizador del conflicto, la inmigración. De esta manera, determinados actores construyen su programa reivindicativo en contra de determinados colectivos inmigrantes, negando su legitimidad para competir en el mercado de trabajo o para ser sujetos de derechos como trabajadores. Un segundo tipo de demandas que se ha hecho visibles en los episodios analizados tienen que ver con la dimensión política, con la inclusión de la población inmigrante en la comunidad política y la gestión de las distintas formas de pertenencia.Y, de nuevo, no tiene tanto que ver con las características de lo que hemos llamado la “España inmigrante” como con la propia estructura de la sociedad española en tanto sociedad de acogida. En este caso, determinados colectivos se han constituido como actores, estableciendo un conflicto con la autoridad para solicitar, por ejemplo, la regularización de su situación de ilegalidad. Unidos bajo la identidad de “inmigrantes”, han pasado de ser un grupo invisible a ser un actor con voz y apariencia. Por lo tanto,“inmigrantes” que piden la inclusión al marco de los derechos. Éste es claramente el caso del Movimiento de los sin papeles, difundido en la primavera de 2001 en buena parte del territorio español en el contexto de la entrada en vigor de la Ley 8/2000 de Extranjería. Hay aún un tercer tipo de reivindicaciones que están en la base de algunos de los conflictos mencionados y que han generado la construcción de discursos contrapuestos por parte de distintos actores. Se trata de cuestiones de índole cultural y/o étnica que aparecen de forma recurrente en muchos de los conflictos contemporáneos. La reivindicación que subyace a estos conflictos es la exigencia de reconocimiento de las diferencias en la agenda política y la implementación de medidas específicas para hacer efectivo dicho reconocimiento. En torno a esta posibilidad de gestionar la diversidad se construyen distintos discursos y modos de comprenderla, que van desde la demanda pacífica de reconocimiento y protección de las minorías culturales y religiosas hasta el rechazo y la construcción problemática del “otro” o la construcción de programas de acción racistas por parte de determinadas organizaciones ultraderechistas. Éste es el caso de los conflictos surgidos a propósito de la ubicación y gestión de las mezquitas en diversas localidades. Ca n’Anglada (julio de 1999) y Premià de Mar (2000-2001), en la provincia de Barcelona, son los ejemplos más significativos. También de episodios de violencia racista (el asesinato de Lucrecia Pérez en 1992 o El Ejido 2001). Finalmente, aparece una serie de demandas que se han hecho visibles en algunos de los conflictos señalados y que están vinculadas con el ámbito espacial en el que tienen lugar las relaciones ciudadanas: el espacio urbano. La reivindicación de dicho espacio se ha convertido en objeto de demandas o conflictos sobre la autoridad o sobre otros actores. El surgimiento de una nueva presencia juvenil, las bandas latinas (conformadas por jóvenes inmigrantes de diferentes nacionalidades), ha sido visto con preocupación por parte de las instituciones sociales y los medios de comunicación. Estas bandas no son más que el reflejo de transformaciones sociales que ocurren en el nivel global y en el nivel “doméstico”. Responden a realidades de exclusión y estigmatización social y se construyen bajo identidades híbridas en las que participa lo urbano, lo étnico, y lo global. 320

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Una de las cuestiones esenciales en este tipo de conflictos es la construcción pública de estereotipos y percepciones negativas que se atribuyen a las bandas en un discurso de “pánico moral”. El papel de los medios de comunicación para construir y presentar ante la opinión pública una imagen criminalizada de la juventud inmigrante latinoamericana, preferentemente masculina, que identificó a estos adolescentes con su pertenencia a “bandas juveniles” ha sido referido por Feixa y Canelles (2007). A pesar de que el fenómeno de las bandas latinas ha sido poco trabajado por la investigación en el ámbito académico español, el análisis de la ciudadanía cultural juvenil es un tema recurrente en buena parte de la sociología urbana. Una de las ideas que puede ayudar a ilustrar esta realidad está vinculada de nuevo al marco de la ciudadanía y, en concreto, al sentimiento de pertenencia e implicación en la ciudad, la ciudadanía urbana. Lo que algunos autores han planteado como la potencialidad de espacio urbano en tanto ámbito esencial en la construcción práctica de la ciudadanía (Holston, 1999) aparece también en algunos estudios sobre violencia juvenil urbana y su vinculación con la reivindicación del espacio. De esta manera, se aborda el fenómeno recurriendo a una explicación de la ciudadanía no entendida en términos de representación sino como presencia, como ocupación del espacio, como derecho a la ciudad (Ang, 2006). Por otro lado, estas organizaciones responden también a nuevas formas de sociabilidad que implican reconocimiento colectivo y ayuda mutua. En resumen, para comprender del todo la naturaleza de las reivindicaciones que están bajo los distintos episodios de conflicto mencionados debemos insistir en algunas ideas: Estas dimensiones vertebradoras de demandas aparecen combinadas entre sí en la mayoría de ellos. No hay ningún conflicto entre los mencionados que responda exclusivamente a una sola de estas dimensiones. No hay conflictos “monotemáticos”. Por esta razón, los programas de los distintos actores no pueden ser comprendidos completamente sin hacer mención del sujeto que los creó y del modo en que llevó a cabo el proceso de visibilización de su programa. No todas las demandas que subyacen a este tipo de conflictos son “antiguas”. Son distintas formas de concebir el marco de la ciudadanía. Los conflictos estás más vinculados a la estructura y características de la sociedad en que tienen lugar que al fenómeno migratorio en sí mismo. Éste sólo añade “un nuevo sujeto” de posibles inclusiones o exclusiones. 4.2. Principales actores de los conflictos vinculados a la inmigración Abordar el análisis de los conflictos más notables en torno a la inmigración en España durante los últimos años (como estamos exponiendo, a partir de este período que se viene denominando como tercera etapa de la “España inmigrante”) implica, necesariamente, detenerse en los actores que, de una manera u otra, se han erigido en protagonistas. Nos referimos aquí, por tanto, a aquellos actores clave que han tenido un papel relevante en el origen, desarrollo y/o desenlace-resolución de situaciones de conflicto. Algunos de éstos, debemos indicar, han aparecido de manera sucesiva, están presentes en buena parte de las dinámicas de conflicto que han surgido durante los últimos años; y, sin embargo, otros se han significado más bien por una actuación más puntual, en función de la propia naturaleza del conflicto. A continuación, examinaremos someramente algunos de los más destacados. Un actor de singular importancia a lo largo de estos años lo representan las asociaciones y organizaciones cívicas de inmigrantes o que trabajan con inmigrantes; se trata, 321

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además, de un actor de protagonismo y relevancia crecientes, por diversos motivos: por el propio crecimiento y estabilidad de la población inmigrante; por la consiguiente (y lógica, podríamos añadir) consolidación e institucionalización de la red asociativa de las distintas comunidades; y, también, porque como consecuencia de lo anterior, su papel como interlocutores con las distintas administraciones (y con los medios de comunicación, por otro lado) ha adquirido una significación notable. En aquellos espacios de conflicto en los que éste ha desencadenado acciones de protesta, normalmente estas organizaciones se han erigido en representantes y, en ocasiones, líderes de la misma: (i) promoviendo y organizando manifestaciones y concentraciones (en El Ejido, Murcia o las que sucedieron al asesinato de Lucrecia Pérez en 1992, de los ya referidos, pero también en numerosas localidades como respuesta a episodios puntuales de conflicto); (ii) exigiendo a las autoridades protección y apoyo para las comunidades que representan (en Elche o en El Ejido se lanzaron duras acusaciones de no haber velado en exceso por su seguridad); (iii) proporcionando el apoyo logístico y material para el desarrollo de diferentes acciones (como la cesión de locales para los encierros de los “sin papeles” en distintas ciudades, cesión que, por otro lado, también realizaron sindicatos, parroquias y universidades); (iv) demandando medidas que pongan fin -o eviten, según los casos- episodios de conflictos relacionados con la población inmigrante. Asimismo, en situaciones de conflicto en las que se ha desatado violencia contra la población inmigrante, también algunas asociaciones y organizaciones se han convertido en objetivo de estos ataques (agresiones verbales, con frecuencia, pero en ocasiones también materiales), como sucedió en El Ejido, donde tanto los representantes como las oficinas de dos organizaciones locales de defensa de los inmigrantes, Mujeres Progresistas y Almería Acoge, fueron atacadas en febrero de 2000, descargando sobre éstas el malestar creciente hacia la población inmigrante (Martínez Veiga, 2001). Agresiones que tienen un interés particular, pues de alguna manera representan el intento, como señala Martínez Veiga, de romper los puntos de unión entre la población inmigrante y la autóctona. Fundamentalmente en aquellos conflictos relacionados más directamente con el mercado de trabajo, distintos actores se han destacado como protagonistas. Por un lado, los empresarios y las organizaciones empresariales han tenido con frecuencia un papel relevante, tanto en el terreno de las demandas como en la visibilización de algunos conflictos. Los empresarios y las organizaciones que les representan (en este sentido, tienen singular importancia las de carácter agrícola) han actuado en ocasiones como instancias de presión al Gobierno para demandar políticas (o la modificación de las ya existentes) que velaran por sus intereses económicos, en relación con distintos aspectos. En primer lugar, han reclamado medidas relacionadas con la facilidad y flexibilidad en la contratación de trabajadores inmigrantes, tanto en origen (debemos señalar aquí los conflictos originados por la reorientación de la demanda de trabajadores en función de la nacionalidad que se ha producido en los últimos años en los trabajos agrícolas en Huelva, Murcia, Almería o Castilla La Mancha) como ya en España, estas últimas muy estrechamente vinculadas con las distintas vías de regularización de trabajadores inmigrantes puestas en práctica durante los últimos años (y, por tanto, con la mayor o menor penalización de la contratación de inmigrantes en situación irregular). Las críticas y demandas expresadas por las organizaciones de empresarios a partir del desarrollo de la Ley 8/2000, que representaba un modelo mucho más rígido, son parte de la expresión de ese conflicto (por ejemplo, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), amenazó en 2001 con realizar movilizaciones contra la política del Gobierno, a partir del conflicto abierto en Murcia y otras zonas de alta actividad agrícola por la contratación de mano de obra; Laubenthal, 2005). 322

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En segundo lugar, las organizaciones empresariales también se han mostrado activas en reclamar la protección estatal en torno a determinados conflictos, especialmente en aquellos casos en los que puedan existir -o, al menos, se presenta como tal- crisis o escenarios posibles de crisis para un sector en concreto.Así sucedió, por ejemplo, en el caso de las acciones derivadas de los sucesos de Elche en 2004, al exigir algunas organizaciones empresariales (también los sindicatos mayoritarios unieron su voz a estas demandas) medidas de apoyo a las distintas administraciones: por un lado, reclamando ayudas para un sector en crisis y, por otro, mayores controles de la producción y, sobre todo, la importación de productos con los que compiten (Cachón, 2005). Parecidas exigencias proteccionistas se escucharon de boca de algunas asociaciones de empresarios de El Ejido (unidas a representantes de partidos políticos, autoridades y medios de comunicación) con posterioridad a los ataques racistas del año 2000, que preocupados por la mala imagen ofrecida nacional e internacionalmente (y, sobre todo, las consecuencias que ésta pudiera tener en cuanto al posible boicot a los productos de la zona), instaron a distintas administraciones a promover acciones que recuperaran la imagen de la provincia (Martínez Veiga, 2001). En este sentido, hay que señalar por último el todavía pequeño papel (pero que, muy probablemente, se ampliará en un futuro cercano) desempeñado por algunos empresarios y organizaciones de empresarios no autóctonos en el desarrollo de algunos conflictos (como decimos, fundamentalmente económicos y laborales), del que el caso de Elche es un claro ejemplo: a partir de los ataques a algunos de sus almacenes, los empresarios chinos reclamaron la protección de la Administración y comenzaron a pensar en organizarse para defender colectivamente sus intereses (Cachón, 2005). Por otro lado, debemos detenernos en los trabajadores inmigrantes y autóctonos, así como los sindicatos y organizaciones que les representan. En algunos casos, los trabajadores autóctonos han puesto de manifiesto agravios que tenían que ver con el empeoramiento de sus condiciones laborales y económicas, como en el caso de Elche, donde se empezaron a producir despidos de trabajadores autóctonos por el cierre de empresas (de la industria zapatera local, de larga tradición en la zona), provocado (en sus palabras, mayoritariamente) por la competencia desleal de la producción e importación de calzado chino; de hecho, casi todos los detenidos por la quema de almacenes en Elche durante 2004 eran trabajadores autóctonos del sector. También los trabajadores inmigrantes han tenido un peso importante en el desarrollo de algunos conflictos durante los últimos años. Es el caso, por ejemplo, de los trabajadores marroquíes en El Ejido (2000) y ecuatorianos en Murcia (2001), que emprendieron en aquella ocasión distintas acciones, como huelgas y manifestaciones. En el primer caso, los sindicatos u organizaciones de marcado carácter laboral que representan a población extranjera (como el caso de ATIME -Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de España- o AEME -Asociación de Emigrantes Marroquíes en España-), tuvieron un singular protagonismo liderando y dando cobertura a dichas acciones. Por su parte, los sindicatos mayoritarios en España han desplegado su apoyo en diversos episodios de conflicto relacionados con la inmigración recientemente, por ejemplo y como ya apuntábamos, convocando y organizando movilizaciones o cediendo espacios de reunión, a veces en estrecha colaboración con organizaciones no gubernamentales y asociaciones de inmigrantes. Pero también han acogido en su seno, durante los últimos años, la discusión sobre las transformaciones que el nuevo y creciente fenómeno de la inmigración en España ha provocado en el mercado de trabajo (y potenciales conflictos derivados de esos cambios), con la consiguiente presentación de demandas a las distintas administraciones, sobre muy distintos aspectos como la contratación, las prestaciones o las condicio323

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nes de trabajo de la población inmigrante en España. Se han erigido, por último, en canal privilegiado de denuncia de situaciones desfavorables que afectan a los trabajadores autóctonos o inmigrantes. A la hora de analizar el papel desempeñado por los principales partidos políticos, por un lado, y de las diferentes instancias de gobierno (central, autonómico, municipal), por otro, ambos actores de crucial importancia, en primer lugar, las fronteras con las que delimitar las acciones de unos u otros se vuelven, en muchas ocasiones, muy difíciles de fijar (en los casos en los que se actúa como representante de un partido en concreto y de los ciudadanos al mismo tiempo). En segundo lugar, la inmigración ha vivido en los últimos años un proceso de politización creciente y se ha convertido en materia muy sensible, tanto para los medios de comunicación como para la opinión pública (el seguimiento del barómetro mensual del CIS sobre las preocupaciones de los ciudadanos es esclarecedor en ese sentido), lo que ha provocado, por ejemplo, que algunas actuaciones en conflictos recientes por parte de las administraciones y los partidos políticos puedan leerse más bien en clave electoralista. Por último, las posiciones de los partidos políticos en situaciones de conflicto recientes se han visto, con mucha frecuencia, determinadas si se encontraban éstos en posiciones ejecutivas, de gobierno, en alguna de las administraciones. Como muestra de esta relación compleja, en ocasiones, entre discursos y acción política, junto con otro elemento fundamental como es la diferente interpretación, la lectura que los actores hacen de un determinado conflicto, podemos ver la actuación de partidos y autoridades a partir del conflicto vivido y visibilizado en El Ejido. En aquella ocasión (como ha sido, por otra parte, lo habitual en situaciones similares) tanto las autoridades como los responsables de los partidos políticos se lanzaron rápidamente a denunciar lo sucedido (los ataques racistas, la violencia desatada contra personas y propiedades), pero algunos representantes del partido en el Gobierno pretendieron distanciarse de algunas interpretaciones mayoritarias, que de alguna manera les situaban en un posición delicada ya en el origen ya en la resolución del conflicto: tanto representantes municipales (el Alcalde) como del Gobierno central, intentaron quitar hierro a lo sucedido, calificándolos como hechos aislados, negando las acusaciones de racismo que se habían lanzado hacia la población autóctona del municipio y desmarcándose de las interpretaciones que les otorgaban parte de responsabilidad en el conflicto, en relación con las condiciones de vida y de trabajo de la población inmigrante (Martínez Veiga, 2001; SOS Racismo, 2001). Aunque no siempre encuadrada en organizaciones políticas formales, en partidos políticos (pero sí con frecuencia), sino también en torno a otra serie de organizaciones de distinto signo, debemos atender al papel jugado por los grupos de extrema derecha en los conflictos asociados con la inmigración en España durante los últimos años. Probablemente su actuación más destacada (y recordada) tiene que ver con el asesinato de la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez en 1992 y no tanto (o no sólo) porque los autores del mismo fueran simpatizantes o pertenecientes a organizaciones de la ultraderecha, sino por su responsabilidad en la creación de un contexto que de alguna manera desencadenó la acción criminal: durante los meses anteriores, distintos grupos de extrema derecha llenaron de pintadas y carteles en contra de la inmigración la localidad donde tuvo lugar el asesinato, Aravaca, lo que, unido a la actuación de algunos medios de comunicación (que contribuyeron de manera nefasta a la propagación de discurso de “la invasión del extranjero”, que la ultraderecha promovía), originó un innegable caldo de cultivo para las agresiones (Calvo Buezas, 1992). Los grupos y partidos de extrema derecha han enarbolado siempre la bandera del racismo, y tras un período (ya en democracia) en el que habían quedado relegados a una 324

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posición absolutamente marginal, el (rápido) crecimiento de la inmigración en España durante los últimos años se ha convertido en un excelente escenario de oportunidad para su (re)aparición, arrogándose en exclusiva la identidad nacional y articulando el discurso de la defensa de los intereses nacionales y la preferencia nacional. De un lado, aunque la ultraderecha no ha estado presente en el origen de la mayor parte de los episodios de conflicto que venimos analizando, sí debemos indicar que se ha sumado a posteriori a algunos de ellos, como sucedió en Ca n’Anglada (1999), El Ejido (2000) o Elche (2004). Como señala Cachón (2005: 275):“la extrema derecha, además de provocar actos racistas, acude donde se producen sucesos de los que puede sacar provecho o sobre los que puede actuar echando gasolina a un fuego ya iniciado”. De otro lado, durante los últimos años empezamos a constatar la progresiva representación que algunos partidos de extrema derecha han conseguido, fundamentalmente en distintos municipios, precisamente enarbolando la bandera del racismo y la xenofobia, como ya mencionábamos, o de forma más “vendible” al electorado, la de “lo primero, lo nuestro”. Nos referimos a viejos partidos, pero también a algunos otros de nuevo cuño, creados bajo el paraguas del crecimiento de la inmigración en España y que hacen de éste su principal (a veces único) programa, e incluso, por último, a la aparición de minúsculos grupos políticos, difíciles de encuadrar en el espectro político pero vinculados ideológicamente con la ultraderecha, que se presentan a algunas elecciones tratando de obtener los réditos que su participación, incluso protagonismo, en una situación de conflicto pasada en el municipio le pudiera granjear. ¿Son o han sido los medios de comunicación, podemos preguntarnos por último, actores relevantes en los escenarios de conflicto con la inmigración durante los últimos años? En sentido estricto, deberíamos decir que su labor ha sido primordialmente (y quizás podríamos afirmar, debería ser, entre otras) la de visibilizar situaciones de conflicto, la de servir de altavoz de las demandas de otros actores.Y, sin embargo, podemos considerarlos actores en la medida en que su intervención tiene consecuencias concretas en el desarrollo del conflicto. Su actuación les ha situado como protagonistas (¿involuntarios?) de algunos escenarios, como en el caso del asesinato de Lucrecia Pérez al que arriba nos referíamos: amplificando de alguna manera el “discurso de la invasión” difundido por la extrema derecha.Tampoco puede obviarse su responsabilidad en la extensión del discurso xenófobo por medio de diferentes elementos: la difusión de estereotipos relacionados con la inmigración; la “culturización” o “etnicización” de los contenidos de las noticias relacionadas con población inmigrante; la frecuente asociación entre delincuencia e inmigración (véase, en este sentido, Fernández Pacheco, 2004), entre otros. Los medios de comunicación, como señala Zapata (2004: 102),“son los principales canales de mediación entre el racismo institucional y el racismo social. Los medios simplemente retroalimentan los estereotipos. Fomentan no sólo su creación sino que contribuyen de forma directa a su consolidación y mantenimiento a lo largo del tiempo”. Es de interés señalar la forma y el grado en que los medios han contribuido a construir y transmitir discursos sobre la inmigración en España en estos últimos años de descubrimiento del fenómeno migratorio por parte de la sociedad española (véase Igartua y Muñiz, 2007; Lario Bastida, 2006). Los medios cumplen una labor importante de socializacion, tienen en este sentido una poderosa influencia, como señala Bañón (2002), pues intervienen en la educación emotiva y sentimental del público y al reparar fundamentalmente en las noticias negativas (o desligitimadoras) de la inmigración, contribuyen a promover reacciones de rechazo por parte de la sociedad. 325

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Finalmente, no podemos negar el papel que los medios de comunicación cumplen en cuanto creadores de conflictos (en el sentido de señalarlos, nombrarlos) “donde antes no los había”, su discutible labor como “bomberos incendiarios”, como los calificara Bourdieu (1997), en el origen y amplificación de ciertos debates sociales relacionados con la inmigración, en este caso, que promueven o acaban derivando en situaciones de conflicto. 4.3 Medios y acciones llevadas a cabo por los actores en el marco de los distintos conflictos Otro elemento que cobra especial relevancia en cualquier tipo de análisis sobre conflictos hace referencia a la necesidad de profundizar en las características de los medios9, a los que los actores recurren para hacer visible un conflicto o para expresar sus intereses, demandas o agravios. A tal efecto, a lo largo de este apartado se abordarán los medios y acciones empleados en los conflictos señalados, haciendo especial hincapié en las interpretaciones que hacen los expertos de éstos, así como en las relaciones que establecen entre las estrategias de actuación y los actores que las utilizan. Como señala Morán en la propuesta teórica incluida en este volumen, cuando se abordan las estrategias de actuación que los actores emplean, es preciso tomar en consideración que éstas aparecen estrechamente vinculadas a actores específicos. Del mismo modo, los actores se circunscriben en contextos históricos determinados y los medios a los que recurren están constreñidos por diversas dimensiones, tales como los recursos de los que disponen, su capacidad organizativa, los marcos con los que atribuyen significados a los distintos componentes del conflicto o las estrategias de represión llevadas a cabo por las autoridades (McAdam, Tarrow,Tilly, 2005) . De ahí que los medios de acción referidos sean abordados desde una doble mirada. Por un lado, nos centraremos en diversas acciones que evidencian la existencia de un conflicto en el que los actores mantienen distintos intereses, explícitos o latentes, o expresan demandas que son interpretadas como incompatibles y en el que, al menos, un actor está representado por inmigrantes. Por el otro, hemos considerado oportuno adoptar una perspectiva basada en ciertos planteamientos recientes propuestos por los estudios que enfocan el análisis de conflicto desde el punto de vista de los procesos de movilización, en particular, el análisis dinámico de la contienda política o “contentious action”10 . Dicha elección obedece a dos razones principales: en primer lugar, dado que en la mayoría de estos conflictos surgen formas de acción colectiva que los actores emplean a fin de establecer sus posiciones, o bien para contribuir a la realización de sus intereses y demandas, este elemento analítico resulta ciertamente útil. En segundo lugar, para Morán, cuando las acciones se hacen colectivas, como ocurre en estos casos, los conflictos se politizan provocando así que las autoridades políticas -gobiernos nacionales, regionales, municipales y partidos políticos, etc.- se impliquen directamente.

9.- La noción de repertorio de acción colectiva ha sido propuesta por la literatura especializada en el análisis de la movilización, con el fin de dar cuenta del conjunto de medios y acciones que un determinado actor colectivo es capaz de poner en marcha en el desarrollo de un conflicto. “Conjunto de medios disponibles a un grupo para plantear reivindicaciones. Medios a los que un grupo recurre una y otra vez” (Traugott, 1995: 45-46). 10.- El análisis dinámico de la contienda política o “contentious action” es la propuesta más reciente de los teóricos del denominado “modelo de proceso político” (McAdam,Tarrow,Tilly, 2005).

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Como mencionamos en un apartado anterior, algunos investigadores han llegado a considerar que el racismo violento y asesino contra los inmigrantes comenzó en 1992, con el asesinato de Lucrecia Pérez a manos de un joven guardia civil y de un grupo de simpatizantes de la extrema derecha. Dado que este suceso ha sido considerado por la literatura académica como uno de los puntos de inflexión en términos de actos racistas registrados en España durante los últimos años, hemos considerado oportuno referirlo en las siguientes líneas. Siguiendo el análisis de Calvo Buezas (1993), la Guardia Civil y el Delegado del Gobierno de Madrid atribuyeron desde el primer momento la autoría del crimen a grupos de la extrema derecha, vinculados de algún modo con miembros de las fuerzas de seguridad. Días antes del asesinato, las actitudes de los vecinos frente a las reuniones semanales de población dominicana, en su gran mayoría mujeres, en una plaza-parque de Aravaca (Madrid) se fueron convirtiendo en un comentario estereotipado colectivo y luego en una protesta social organizada por una asociación de vecinos. El asunto de las criadas dominicanas, como fue denominado en su momento -localizado espacial y étnicamente-, inició el traspaso de las barreras de clase, nacionalidad y etnia, y la tensión se convirtió en conflicto, participando grupos externos a favor y en contra del derecho de estos inmigrantes a reunirse. Asociaciones de inmigrantes, algunos pequeños grupos políticos, junto con los medios de comunicación, convirtieron en “noticia” y “cuestión pública” las reuniones en la plaza Corona Boreal de Aravaca. Simultáneamente, aparecieron pintadas como “Emigrantes, maleantes”, carteles con “Españoles, primero, Stop la inmigración” y se repartieron octavillas con mensajes promoviendo el ultranacionalismo y la movilización contra la inmigración y los inmigrantes. Bajo este “plebiscito permanente”, como lo ha llegado a denominar Calvo Buezas, se instaba a la ciudadanía a realizar (eso sí “con buenos modales y evitando siempre los insultos o amenazas”) acciones tales como:“Alarma epistolar”;“Voto; votar al partido que más se oponga a la invasión”,“Telefonear al invasor”,“Bocinazos al invasor gritando: ¡Moros fuera! o negros, indios... fuera”;“Aislamiento comercial a los invasores”“Boicot a los traidores, que benefician a los invasores”;“Rechazo a los esclavistas que emplean a invasores’’, etc. La tensión interétnica se transformó en alteración del orden público el domingo 1 de noviembre de 1992, cuando un choque entre agentes de la policía municipal y mujeres dominicanas inmigrantes provocó cinco heridos y ocho vehículos dañados. Entre tanto, aparecieron en la prensa noticias sobre sucesos racistas y reacciones sociales a nivel nacional e internacional, que de alguna manera actuaron como altavoz de la existencia de conflictos étnicos en otros lugares de Europa. Pronto, comenzaron a reunirse más inmigrantes y vecinos de Aravaca convocados bajo los lemas “Todos a la plaza —como decía un escrito—. Honremos a la plaza. ¡Colmemos la plaza de flores! Sábado y domingo. Haremos un jengibre (velada de duelo) por la mártir campesina. Lucrecia vive”. Allí permanecerían en continua velada, noche y día, hasta que el cuerpo de Lucrecia fue enterrado en su país de origen. Estas celebraciones de carácter ritual-simbólico fueron tomando mayor significación política. El Congreso, los gobiernos regional y local, la Iglesia, los partidos políticos, los sindicatos, las universidades y organizaciones no gubernamentales, hicieron comunicados y declaraciones, condenando sin paliativos tan execrable crimen. Por su parte, los medios de comunicación social, en especial la radio, la televisión y, sobre todo, la prensa jugaron un papel definitivo en atribuir significación y densidad simbólica sociopolítica a un hecho puntual como fue el de un asesinato. Informes especiales, reportajes, cartas al director, artículos de especialistas 327

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ocuparon importantes espacios en los periódicos y revistas de todo signo. Así, la arena política y el espacio social de un asesinato local se amplió hasta traspasar la frontera anecdótica barrial y convertirse en un problema nacional. Días después, se llevaron a cabo manifestaciones en varias ciudades de España: Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Córdoba, Sevilla, Zaragoza. Todas compartieron el lema contra el racismo y contaron con la participación de los partidos políticos, parlamentarios y extraparlamentarios, los sindicatos y las fuerzas sociales. Estas respuestas sociales tuvieron amplia difusión por parte de los medios de comunicación. En febrero de 2000 ocurrieron otros hechos xenófobos y racistas, en este caso contra los inmigrantes marroquíes en El Ejido (Almería), que según algunos análisis académicos marcan un antes y un después en la historia de los conflictos asociados a la inmigración en España. No sólo por ser considerado por ciertos expertos como la mayor explosión de racismo ocurrida en territorio español, sino también por las características de lo sucedido. En primer lugar, a diferencia del asesinato de Lucrecia Pérez, perpetrado por una persona de la ultraderecha, en El Ejido fueron grupos de la población autóctona quienes llevaron a cabo los ataques. Asimismo, mientras en Aravaca la violencia se ensañó contra un pequeño grupo de personas (Lucrecia entre ellas), en el poniente almeriense los ataques violentos se dirigieron de manera indiscriminada contra un colectivo más amplio de personas (inmigrantes y simpatizantes). En otras palabras, el conflicto de El Ejido ejemplifica la colectivización de la violencia racista, tanto en términos de víctimas como de victimarios (6000 o 7000 participantes en los disturbios fueron reportados). Finalmente, los actores emplearon una amplia variedad de acciones violentas que en el caso anterior, a la vez que aquéllas supusieron mayor alteración del orden público. De la misma manera que en el conflicto suscitado en torno al asesinato de la dominicana, los ataques en El Ejido no se dieron súbitamente, sino que existieron condiciones previas que facilitaron el desenlace. Como lo expresan los análisis de quienes han estudiado el conflicto de El Ejido, se trató de la crónica de un conflicto anunciado (Navas y Cuadrado, 2001). Para citar algunos factores que refieren los análisis académicos, meses atrás desde distintas esferas (medios de comunicación, autoridades locales y organizaciones empresariales) se venía difundiendo entre la población nativa un discurso sobre los peligros de la invasión extranjera y los miedos consecuentes. Las consignas “Inmigración igual a delincuencia” “Huelen mal”, “Comen carne podrida y no les pasa nada”, “Les gusta vivir así para mandar dinero a Marruecos”,“Quieren vivir mejor que nosotros, pretenden que les pongamos una casa que tenga hasta cuarto de baño”, etc. aparecieron antes del comienzo de las agresiones. Adicionalmente, algunas organizaciones de agricultores de la zona denunciaron los riesgos que enfrentaba la producción local, ante la presencia de productos marroquíes en el mercado hortofrutícola europeo. Los ataques racistas que protagonizaron grupos de población nativa escenificaron lo que algunos autores, como MartínezVeiga (2001), han llegado a calificar como un ritual de cierre y exclusión. Quizá nada resulte más visible para ilustrar lo dicho que el empleo que los actores hicieron de un medio de acción asociado a los repertorios de protesta: el corte de carreteras.A lo largo de esos días numerosos grupos cortaron la N-340 y la autovía cercana en una serie de acciones violentas que tuvieron consecuencias materiales (impedir la entrada en el municipio, imposibilitar la llegada de foráneos) y simbólicas innegables. Las respuestas a estas acciones racistas no se hicieron esperar. En el corto plazo, tuvo lugar una avalancha de reacciones de rechazo, nacionales e internacionales, que se concre328

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taron en manifestaciones y concentraciones en varias ciudades españolas durante los días y semanas siguientes. Además de una huelga indefinida que los trabajadores marroquíes protagonizaron “para protestar por los ataques racistas y denunciar su situación de desprotección” (SOS Racismo, 2001: 82).Y en el medio plazo, la aparición de informes oficiales que analizaron lo sucedido, así como la difusión de los hechos a través de una serie de programas de televisión y otros medios de comunicación (por ejemplo, numerosos artículos en diarios y revistas aparecieron durante ese período). Como hemos señalado, las víctimas de los ataques xenófobos fueron fundamentalmente ciudadanos de origen magrebí, lo que nos lleva a sugerir que, además de los factores condicionantes mencionados, prejuicios y recelos acumulados históricamente hacia este colectivo (“moros”) facilitaron la escalada de violencia (Martín Corrales, 2002). Otras múltiples y variadas expresiones de xenofobia, algunas de las cuales podrían considerarse como islamofobia -entendida como el rechazo social a las expresiones del culto islámico y a los miembros de esta comunidad religiosa-, aparecen de manera especialmente acentuada en España desde septiembre de 2001 (Moreras, 2005)11. Según refieren los análisis académicos, en l´Erm, un barrio de Manlleu (junio de 1999) las acciones adoptaron una forma pacífica como el “voto sanción”; sectores de la población autóctona se manifestaron públicamente ante la presencia de musulmanes en sus barrios de residencia, llegando a protagonizar acciones violentas para expresar su rechazo. El conflicto de Ca n´Anglada en Cataluña se sintetiza en el peligro de la alteración del orden público. En este barrio obrero de la ciudad de Tarrasa, una pelea durante la fiesta mayor en julio de 1999 entre jóvenes autóctonos y marroquíes se transformó en un conjunto de manifestaciones de marcado carácter racista en contra de la presencia de marroquíes. Durante las mismas, se produjeron destrozos a locales de musulmanes (carnicería halal y mezquita) e incluso un joven marroquí fue apuñalado. Los medios de comunicación llegaron a comparar estos sucesos con los acaecidos meses atrás en El Ejido, pero no alcanzaron su magnitud. Por su parte, Premià de Mar (2000-2001) ilustra cómo el conflicto llega a revestirse de simbología religiosa, más precisamente de rechazo hacia los miembros de la comunidad islámica. La búsqueda de un lugar para trasladar la mezquita y la negativa de los propietarios para alquilar sus locales desencadenó una serie de manifestaciones a favor y en contra.Y conflictos similares se han reproducido en otros rincones de España como, por ejemplo en Lleida (Moreras, 2005). Para autores como Moreras (2005), en los últimos años (de una manera especialmente acentuada desde septiembre de 2001), la islamofobia también ha adoptado una dimensión intelectual y mediática. En el caso de España, tras los atentados del 11 de marzo de 2004) en Madrid, se observa un cambio en la percepción social respecto al Islam y a los musulmanes. Si antes del atentado terrorista las imágenes ante la inmigración magrebí generaban ciertos prejuicios en torno al estereotipo del “moro” (Mateo, 1997; Martín Corrales, 2002), tras los atentados se recuperan y reactualizan algunas imágenes asociadas a un rigorismo doctrinal o la inclusión de la noción de la violencia explícita justificada en clave religiosa, que resultan ciertamente novedosas.“Si las primeras imágenes generaban recelo, un recelo acumulado his11.- La idiosincrasia de la islamofobia en España tiene su base en la “morofobia”, y se encuadra en el odio al “moro”. Ésta, para el historiador Eloy Martín, se hace patente desde el descubrimiento colonial de Marruecos, a fines del XIX y primeros del XX, pero sobre todo, durante el Protectorado español en Marruecos (1912-1956) hasta la independencia del Sáhara. Marruecos se orientalizó, y la imagen negativa del marroquí -del moro- apuntalada por las relaciones coloniales, se extendió al conjunto de la población arabemusulmana.

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tóricamente, las actuales provocan sospecha y temor respecto al futuro” (Moreras, 2005:228). Una importante producción literaria en torno a los mismos atentados y a sus repercusiones políticas, o respecto al llamado “peligro islamista”, sumadas a la presencia de ciertos discursos políticos que enfatizaron el carácter de alteralidad del Islam, entre otras, son señaladas por el autor como acciones que han contribuido a legitimar actitudes de rechazo frente a los miembros de esta comunidad religiosa. En lo que concierne a las acciones que aparecen asociadas al conflicto que se hizo evidente a partir del accidente de Lorca (2001), conviene recordar que, con anterioridad al surgimiento del Movimiento de los sin papeles, la región murciana había sido escenario de acciones reivindicativas que, en su momento, pretendieron hacer visible la existencia del régimen de explotación, marginación y segregación que ha caracterizado a algunos enclaves de la agricultura intensiva mediterránea (Pedreño, 2001b). Antes de adentrarnos de lleno en las particularidades de las acciones que se sucedieron en el marco del Movimiento de los sin papeles, resulta oportuno retomar algunos elementos que sugieren cómo la historia de las relaciones de trabajo en el campo murciano han estado caracterizadas por “luchas” persistentes -con mayores o menores logros- de los trabajadores del campo en su búsqueda por obtener mejores condiciones laborales. Desde fines de los 70 -con la llegada del trasvase Tajo-Segura y con la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (1986)-, se registra un primer momento de segmentación étnica del mercado de trabajo agrícola regional, con relación a las cuadrillas de población gitana. Entre 1987 y 1989, sucesivas huelgas de los obreros del campo murciano buscaron elevar los salarios, por un lado, y el reconocimiento de la figura contractual del fijo-discontinuo, por el otro. Sin embargo, los logros laborales alcanzados entonces fueron reducidos. Posteriormente, a fines de los 80, con la entrada masiva de marroquíes, el tejido empresarial induce a una profusa utilización de esta mano de obra en su intento por romper con las escasas reivindicaciones laborales del pasado (horarios de trabajo, condiciones salariales, etc.) buscando obtener ventajas de las condiciones de ilegalidad en que se encontraba la mayoría de estos inmigrantes. Simultáneamente, se produce una ordenación del territorio, de tal modo que el colectivo de inmigrantes se localiza alejado de los pueblos donde habita la población nativa y cerca de los campos donde trabajan, alojados en "infraviviendas" y en condiciones de chabolismo (García y Pedreño, 2002). A lo largo de los 90 no es casual, a efectos de funcionamiento y reproducción de los discursos sociales y las estrategias empresariales, que brotes de racismo y manifestaciones reivindicativas de los trabajadores inmigrantes ocurrieran durante este período. Con la llegada de inmigrantes subsaharianos, de países del este de Europa y, sobre todo, de trabajadores procedentes de Ecuador, remonta con notable intensidad un proceso de segmentación étnica de la fuerza de trabajo, reforzado con un discurso empresarial que connota elementos negativos hacia los magrebíes ("conflictivos", "improductivos", etc.) mientras enfatiza supuestos rasgos positivos de estos “nuevos” inmigrantes. Es en este contexto que el accidente de Lorca (enero de 2001) tiene lugar y logra hacer visibles las condiciones de vulnerabilidad y exclusión de los trabajadores inmigrantes en la región. En enero de 2001 surge en España y en Murcia como epicentro, un movimiento social que se caracterizó por protestas de larga duración, ampliamente difundidas por los medios de comunicación, en las que participaron un gran número de actores, pero que principalmente consistió en una movilización de personas con mínimos derechos de participación, con escasos recursos y que acusaban, al igual que otros grupos marginados, problemas de construcción de identidad colectiva (Laubenthal, 2005). Resulta interesante destacar 330

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cómo al confluir aquellas demandas tradicionalmente vinculadas al tradicional conflicto capital-trabajo con un nuevo tipo de demandas asociadas a la presencia de inmigrantes y a la diversidad étnica y cultural que comportan, aparece un cambio visible en las estrategias de la protesta que no sólo incluyen el viejo repertorio obrero de la huelga, sino que se combinan con nuevas e inéditas formas de acción, como veremos a continuación. Ciertamente, aunque los demás conflictos y, específicamente, las agresiones violentas en El Ejido (2000) contribuyeron a convertir el tema de la inmigración en una cuestión habitual de los medios de comunicación en España, la mayoría de las veces bajo augurios negativos, “(…) los medios de comunicación (...) ofrecen una imagen negativa y negativizada de la inmigración, centrada exclusivamente en sus aspectos económicos, como un flujo incontrolado de personas (..)” (Checa, 2002: 434), fue la muerte de los doce inmigrantes ecuatorianos el hecho que provocó, en un corto periodo de tiempo, un cambio importante en la representación de la inmigración (Laubenthal, 2005). A partir de ese momento se fue informando a la ciudadanía sobre los motivos de la inmigración y las precarias condiciones de vida y laborales de los inmigrantes. La categoría generalizada del “inmigrante ilegal” se convirtió en la representación individualizada del inmigrante como persona y víctima, elemento que facilitó el desarrollo del Movimiento de los sin papeles. Una opinión pública sensibilizada hacia la situación de los inmigrantes ilegales se hizo evidente en la encuesta realizada por la Cadena SER el 22 de enero de 2001, día de entrada en vigor de la nueva ley de inmigración, en la que el 67% de los encuestados se pronunció a favor de la regularización de los inmigrantes en Murcia (El País, 23/01/2001). Si bien el epicentro de dicho movimiento lo constituyó la región de Murcia, las manifestaciones, encierros y huelgas de hambre, entre otras acciones, se extendieron a Barcelona, Madrid,Valencia, Almería y Melilla en forma de “reacción en cadena” (Guillo, 2001: 1). El amplio repertorio de medios abarcó una combinación de acciones y estrategias de expresión contundentes e innovadoras, con un amplio impacto mediático que incluyó tanto elementos simbólicos como dramáticos. En términos de las acciones, y atendiendo al nivel de organización y alteración del orden público, el repertorio empleado puede ser entendido a la luz de la literatura especializada como formas contenidas y contenciosas de protesta12 (McAdam, Tarrow, Tilly, 2005). Sin embargo, otras acciones que corresponden a “acciones normalizadas” en el argot académico (Norris ,2002), como marchas, manifestaciones y publicaciones de manifiestos también fueron utilizadas. Los inmigrantes recurrieron de manera sistemática al “encierro”. En la mayoría de los escenarios optaron por la reclusión “indefinida” en lugares significativos de las ciudades o centros (iglesias, universidades, etc.) a modo de “toma del espacio” y bajo el cálculo de suscitar un fuerte impacto mediático (incluso hasta un posible desalojo forzado). En Murcia, por ejemplo, el colectivo marroquí recurrió a una huelga de hambre indefinida, mientras otros optaron por crucificarse para simbolizar la situación de sometimiento en relación a sus condiciones laborales (La Opinión, 8/4/2001). Bajo dichas acciones cargadas de simbolismo, los inmigrantes pretendieron llevar sus demandas a los siguientes términos: regularización igual a necesidad vital (Laubenthal, 2005). Por su parte, las manifestaciones y marchas, como acciones más convencionales y normalizadas de la protesta, se caracterizaron por una amplia variedad e innovación, así como

12.- Tras una asamblea convocada en Lorca el 8 de enero por parte de autoridades locales, organizaciones empresariales y agricultores, el martes 9 de enero se inició una primera “Marcha por la Vida”, que llegó al día

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por un marcado tinte cultural. En las marchas, los ecuatorianos emularon las procesiones de la Semana Santa exhibiendo imágenes de la Virgen María y evocando la existencia de lazos históricos y culturales con la “madre patria”. “En nuestras venas corre sangre española” fue una constante en sus argumentaciones. En este mismo sentido, y aduciendo vínculos de consanguinidad, se llevó a cabo una campaña colectiva de donación de sangre, ampliamente difundida, descrita como expresión de gratitud a la sociedad de acogida y muestra de la voluntad de integración de los inmigrantes, bajo el lema “Te doy mi sangre, ¿que más quieres?” (La Verdad, 22/1/2001). “Al final, todos los sectores sociales excepto el Delegado del Gobierno y el Partido Popular planteaban lo mismo. Empresarios, PSOE, sindicatos, ONGs, inmigrantes encerrados, la prensa, todos decían: los inmigrantes que están, que se queden” (Entrevista Asociación Pro Derechos Humanos de Murcia, 10/3/2004 citada por Laubenthal, 2005) Pero, ¿qué factores incidieron para que el origen del Movimiento de los sin papeles fuese no sólo posible sino incluso inevitable? Para Laubenthal, la condición sine qua non la representó la voluntad y la disposición de los inmigrantes afectados para protestar contra su situación de personas sin derechos. Pero el surgimiento, la duración y la intensidad de las protestas sólo pueden ser explicados en términos de la convergencia de factores externos, entre lo que pueden destacarse: las particularidades de la legislación y la política de inmigración en España; el apoyo brindado por actores colectivos (asociaciones, ONGs, etc); el papel de los medios de comunicación, los cuales contribuyeron de manera definitiva a una opinión pública favorable; y, por último, las características y necesidades del mercado laboral de la región de Murcia (Laubenthal, 2005). En septiembre de 2004, en la ciudad de Elche, los medios de comunicación, nacionales e internacionales, se hicieron eco de lo sucedido en el polígono industrial de El Carrús. El diario El País, bajo el titular “Manifestantes contra el calzado asiático incendian en Elche una nave industrial al grito de chinos fuera”, iniciaba la crónica de sucesos de este modo: “Una protesta de cerca de medio millar de personas contra la competencia del calzado chino acabó en la tarde de ayer, tras diversos incidentes, con una nave industrial incendiada en el Polígono Industrial del Carrús en Elche. Los manifestantes protestaban contra la presencia de industriales y almacenistas asiáticos porque entienden que suponen una competencia desleal para el sector, ya que, según sostienen, venden sus productos sin control alguno por parte de la Administración. Durante la protesta, de hecho, se lanzaron piedras contra los almacenes de propiedad de ciudadanos chinos. Entre los manifestantes se encontraban empresarios, trabajadores y almacenistas” Siguiendo el análisis de Cachón (2005), los sucesos acaecidos en Elche y los ataques racistas que tuvieron lugar en El Ejido (2000) no son comparables: en primer lugar, porque las causas que definen las acciones de protesta nos remiten a una crisis del sector del calzado, así como a las estrategias empleadas para afrontarla, y no a las precarias condiciones de vida y laborales de los trabajadores inmigrantes en el sector agroindustrial. En segundo lugar, tales ataques recibieron un rechazo generalizado por parte de la población

siguiente. En ella participaron más de mil inmigrantes de distintos pueblos de la región y se produjeron los primeros encierros y huelgas de hambre en Murcia (entre enero y abril de 2001, el centro de las movilizaciones lo constituyeron entre seis y siete encierros que tuvieron lugar en iglesias y salones parroquiales de la región), Barcelona (un grupo de inmigrantes ilegales decidió encerrarse en la Iglesia del Pi de Barcelona e iniciar una huelga de hambre con el objetivo de lograr “papeles para todos”); los encierros que se prolongaron desde finales de enero de 2001 a principios de marzo) en Valencia y Madrid. Importantes manifestaciones en Barcelona a principios de febrero, los ayunos del fin de semana del 2 al 4 de febrero, más manifestaciones el 11 de febrero en Valencia y Madrid son algunos de los eventos asociados al movimiento de los “sin papeles”.

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nativa, las autoridades, sindicatos y asociaciones, que con posterioridad a los sucesos, firmaron un pacto por el empleo en el municipio. Adicionalmente, los ataques violentos en Elche se llevaron a cabo contra las propiedades pero no contra las personas, como ocurrió en El Ejido, lo que sugiere un nivel de violencia significativamente menor. Por último, las políticas de integración y los acuerdos de cooperación con los países de origen de la población inmigrante que el Ayuntamiento de Elche había puesto en marcha, marcan una diferencia sustantiva con el caso en comparación. Pero de cualquier modo, este conflicto ha sido considerado como novedoso, no sólo por las particularidades señaladas, sino también por el eventual riesgo de réplica en otros lugares de España, en la medida en que la situación económica y las condiciones del mercado trabajo se deteriorasen súbitamente. Como en los casos anteriores, el trabajo de Cachón (2005) desvela y recoge lo que podríamos denominar antecedentes de la protesta. La reconstrucción de los sucesos a través de la prensa, así como las entrevistas llevadas a cabo con actores clave permiten extraer algunas conclusiones respecto a la intencionalidad y organización de la misma. De la misma manera, ponen de manifiesto cómo, desde junio de 2004, algunas personas, fundamentalmente empresarios-comercializadores del calzado, empezaron a convocar reuniones con el fin de lograr algún tipo de organización para manifestar sus intereses comunes ante la fuerte crisis que atravesaba el sector. Según el periódico La Verdad (22 septiembre 2004),“ya hubo intento de protestas violentas la primavera pasada, pero, al final, el asunto se quedó en suspenso. El verano calentó los ánimos y las vacaciones dieron tiempo para pensar (...)”. Una semana antes de la manifestación del 16 de septiembre se distribuyeron por la ciudad octavillas anónimas convocando a la manifestación con el título “Basta de lamentarse” y con el siguiente texto: “Ilicitanos tenemos que dejar de lamentarnos sobre el tema del calzado en Elche, hay que hacer algo, os invito a volcar y quemar contenedores de zapato asiático que entre en nuestra ciudad ya que ni alcalde ni nadie hace nada. Por el pan de nuestras familias. Porque en Elche vivimos del calzado. BASTA YA. Os invito a que vayáis el día 16 de septiembre. En la rotonda del tanatorio a las 19 horas para manifestaros en defensa de nuestro trabajo. Unámonos todos y recuperemos nuestra industria”. Además de las noticias de la prensa y los pasquines distribuidos en los polígonos industriales de Elche, el boca a boca funcionó en las fábricas (El País CV, 19 septiembre 2004). En este sentido, tales acciones previas actuaron como “caldo de cultivo” y facilitaron un ambiente propicio para que las acciones del 16 de septiembre tuvieran lugar.Aquel día, los aproximadamente 500 asistentes iniciales comenzaron por cortar el tráfico y proferir gritos de “¡chinos fuera!”, para luego apostillar “¡Elche se muere!”. La crispación aumentó y los participantes más exaltados fueron a la búsqueda de almacenes asiáticos abiertos. No eran muchas las opciones, ya que la mayoría de los encargados -más de 30 en toda la zonahabían cerrado en previsión de lo que se avecinaba. Naves incendiadas, contenedores de calzado quemados y el saqueo de la mercancía de un trailer que proveía a uno de los almacenes chinos provocaron la intervención policial. A finales de septiembre de 2004, la difusión de las protestas se tradujo en nuevas movilizaciones dirigidas por distintos actores con mensajes y reivindicaciones contrapuestas. A pesar de que algunos persistieron en convocatorias de carácter xenófobo, la intervención de actores “moderadores” de la radicalización contribuyó a centrar la protesta en la naturaleza socioeconómica de las demandas (la denuncia de la crisis), frente a aquellos colectivos que las planteaban en términos xenófobos. Para considerar ahora un fenómeno asociado a la inmigración cuyas particularidades 333

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veremos a continuación, nos remontaremos a octubre de 2003 en Barcelona. El asesinato de Ronny Tapias, un joven colombiano, atribuido a la versión local de los Latin Kings, supuso el “descubrimiento” mediático del fenómeno de las desde entonces denominadas “bandas latinas”, cuyas acciones han suscitado temor entre la población. Sin embargo, aunque se suele tomar como referente dicho asesinato, las primeras noticias relacionadas con las bandas son anteriores, aparecen a principios de 2003 en Madrid y Barcelona. En septiembre de aquel año, un mes antes del asesinato, los diferentes medios de comunicación dieron cuenta de la presencia de bandas latinas en Barcelona. Éstas provenían de fuentes policiales y ponían en preaviso a la sociedad: “Una peligrosa banda juvenil pone en alerta a la policía en Barcelona (El Periódico, 10/9/2003). Actos imputados a dichos colectivos, esencialmente peleas entre grupos de jóvenes latinoamericanos, sirvieron a los medios de comunicación para construir y presentar ante la opinión pública una imagen criminalizada de la juventud inmigrante latinoamericana (Feixa y Canelles, 2007). Paralelamente, proliferaron noticias sobre cómo eran: la estética fue (y sigue siéndolo) un elemento crucial en la creación mediática de las bandas, presentando a un joven ataviado con un pañuelo negro en la cabeza, vestimenta donde predominan los colores dorado, negro y azul, la música y estilo hip-hop y la corona tatuada (en el caso de los Latin Kings). De esta forma es posible reconocer fácilmente a los integrantes de estos grupos. Pero, más allá de la estética, se ha hecho hincapié en las cuestiones organizativas de tales agrupaciones (estructura piramidal y jerárquica) y en su carácter violento (hacia los propios miembros de la banda, hacia miembros de bandas rivales y hacia personas ajenas a ellas). Además, los medios de comunicación han enfatizado la imagen de jóvenes inadaptados y conflictivos, recién llegados a España que amedrentan a los jóvenes autóctonos y se apropian de sus espacios públicos (plazas, parques, discotecas, para citar algunos): “jóvenes con graves problemas de integración social, procedentes de familias desestructuradas y con elevado fracaso escolar que evidencian falta de control y ausencia de normas de conducta” (El Mundo, 16/7/2004). El modo en que operan las bandas latinas no consiste en episodios frecuentes, sino más bien en acciones esporádicas, que entrañan diversos niveles de violencia, siendo el mayor problema el miedo que genera la circulación de información entre la población autóctona. Adicionalmente, Feixa y Canelles (2007) señalan la pronta relación que los medios de comunicación establecen entre violencia y colectivos de jóvenes latinos, que ha llegado a derivar en que cualquier infracción o acto delictivo llevado a cabo por uno o más jóvenes de origen latinoamericano no sea interpretado como un “hecho aislado”, sino, por el contrario, se entienda como la actuación de cualquiera de estas bandas. Finalmente, es preciso considerar que, al margen de que se estén asociando comportamientos delictivos ligados a mafias con actos más o menos tradicionales de gamberrismo o la simple agrupación de estos menores en el espacio público, el fenómeno de las “bandas latinas” parece representar sólo la punta de un iceberg más profundo: el proceso de juvenilización de la migración latinoamericana en España. 4.4 Respuestas institucionales A modo de cierre del análisis del proceso político en el cual deben considerarse los conflictos, queda pendiente apuntar algunas consideraciones en torno al papel de las instituciones y agencias en las que reside la autoridad. Este apartado recoge de forma sucinta el modo en que dicha autoridad (descentralizada política y administrativamente en los tres 334

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niveles constitucionales de gobierno -local-autonómico-central) ha respondido ante la aparición de los diversos conflictos señalados. Antes de entrar en la explicación de las medidas gubernamentales proponemos algunas reflexiones iniciales: Como se ha planteado con anterioridad, el fenómeno de la inmigración y, específicamente, todos aquellos conflictos y episodios de conflicto vinculados a dicho fenómeno, han sido en los últimos años objeto de una notable politización y a la vez de una permanente presencia en los medios de comunicación y en el debate público. Esto se ha traducido en una cierta ansiedad y expectación por parte de los partidos políticos, de los actores implicados en los episodios de conflictos y de la opinión pública española, ante las respuestas del gobierno que, además, son permanentemente evaluadas de forma crítica, fundamentalmente cuando derivan en acciones de naturaleza policial (Río Ruiz, 2002). Pero además, dichas iniciativas suelen estar fuertemente influenciadas por la política partidista y el interés electoral. Por otro lado, es destacable el hecho de que, en general, resulta difícil encontrar iniciativas gubernamentales encaminadas a atajar las fracturas sociales que generan los conflictos. Por esta razón encontramos, bien medidas, ad hoc dirigidas a la solución de problemas en los contextos específicos en los que tiene lugar el episodio, bien iniciativas macro políticas de gestión de la inmigración en su conjunto como las señaladas en el capítulo segundo de este informe. A la luz de estas dos ideas podemos decir que sobresalen tres modos o vías de actuación a las que han recurrido los poderes públicos en el desarrollo de los episodios de conflicto. Un primer tipo de respuestas está vinculado a lo que en este informe hemos referido como el marco de la ciudadanía. Es competencia de los poderes públicos regular jurídicamente el estatuto y la situación de los individuos que residen en su jurisdicción. La emergencia de un nuevo sujeto social y su eventual constitución como actor requiere de las instituciones, en primer lugar, reconocimiento de su existencia. El conflicto en que esta realidad se ha hecho más visible es el relativo a la aparición del Movimiento de los sin papeles en España y su difusión a un gran número de ciudades en 2001, en respuesta a la LO 8/2000. Los distintos procesos de regularización han estado enfocados a este objetivo. Tras largos meses de conflicto, el final de las protestas consistió en un proceso extraordinario de regularización. Este proceso, si bien no puede considerarse exclusivamente como resultado directo de dicha política de protesta, si se ha visto una clara influencia de la misma. Uno de sus resultados más significativos ha sido hacer visible el reconocimiento por parte de las autoridades de: a) la existencia de un sujeto social y de su situación de exclusión, b) la capacidad de dicho sujeto de convertirse en actor social colectivo reivindicando públicamente sus demandas y c) el derecho de aquel actor a ser incluido en el marco jurídico a partir del cual poder extender sus reivindicaciones más allá del binomio legal-ilegal. Un segundo tipo de respuestas tiene que ver con la esfera de la seguridad y con el modo en que se ha intervenido policialmente en algunos de los episodios analizados. El mantenimiento del orden público y la presencia policial en la protesta ha sido una prioridad para las autoridades competentes en los distintos casos, tal y como ha sido recogido en los estudios disponibles. Este tipo de acción ha sido muy clara en aquellos casos de conflicto o movilizaciones que han devenido en situaciones de violencia. El episodio de violencia étnica colectiva en El Ejido es un claro ejemplo de dicha intervención. La presen335

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cia policial jugó un papel clave en el reestablecimiento del orden público tras los brotes de violencia racista, pero también en los meses sucesivos. Por otro lado, el incremento de fuerzas de seguridad permanentes en los municipios almerienses “afectados por la inmigración” ha sido apuntado como una de las iniciativas de la autoridad para afrontar la crisis (SOS Racismo, 2001). En este caso, una de las cuestiones más interesantes que han sido apuntadas tiene que ver con el modo en que incide la descentralización institucional a la hora de implementar medidas de seguridad y otras posibles medidas encaminadas a la resolución del conflicto. El análisis de Río Ruiz (2002) revela que las alcaldías, incluso aquéllas que no llegan a prestar facilidades a la celebración de actos que derivan en expresiones públicas de etnicismo, no resultan agencias suficientemente eficaces a la hora de la contención de la protesta. La razón que apunta está vinculada a la posición y cargo que ocupan las autoridades locales en los escenarios de los disturbios. Así, aunque en el momento del estallido no tengan alianzas con los protestantes, los alcaldes están invariablemente implicados en los antecedentes y agravios locales en los que se inscriben las movilizaciones contra minorías, lo cual constriñe las posibilidades de estos agentes de poder comunitario como efectivos mediadores, persuasores y disuasores de estas acciones colectivas. Claramente es el tercer modo de intervención el que ha resultado más visible. Ha tenido lugar en el ámbito de las políticas públicas y ha tratado del diseño e implementación de iniciativas que armonicen el manejo de los conflictos. Esta dimensión de la acción de los poderes públicos se ha organizado principalmente en torno a dos ejes, en función de las tareas: asesoría-mediación e intervención. Inmediatamente después de las crisis, todo tipo de mesas, gabinetes y observatorios han sido impulsados por las instituciones con el fin de adoptar medidas urgentes y específicas para cada contexto. En el caso de El Ejido, el Gobierno de Andalucía reaccionó con prontitud en la propuesta de medidas de actuación dirigidas a la población inmigrante, que tenían que ver básicamente con las condiciones de vivienda y de trabajo, los planes educativos y formativos y con la regularización y el empadronamiento de los inmigrantes. Todas éstas, así como las que en fechas posteriores intentarían impulsar otras instancias (gubernamentales y no gubernamentales: partidos políticos, sindicatos, organizaciones cívicas) se encontraron con la frontal oposición del Alcalde de la localidad (quien se negó a acudir a las reuniones colectivas y pretendió presentarse ante la opinión pública como el único que verdaderamente había emprendido acciones para solucionar los problemas de inmigración en la zona). Los gobiernos central y autonómico acordaron la puesta en marcha de una serie de medidas relacionadas con la vivienda, la situación legal de los inmigrantes, las condiciones de trabajo, entre otros aspectos, para las que cada administración destinó 400 millones de pesetas. Se incluían también en este paquete de ayudas algunas otras de carácter más inmediato, como dar cobijo a las personas que habían perdido su techo, la indemnización por los daños a comercios y viviendas, el envío de mediadores y sociólogos a la zona y el empadronamiento urgente de las personas que se encontraban en situación irregular (SOS Racismo, 2001). Tras los sucesos de Elche en 2004, la reacción institucional del Ayuntamiento fue la firma del “Pacto por el Empleo, la Competitividad y la Promoción Económica de Elche”, desde donde se han centralizado todas las medidas que se han llevado a cabo. La aplicación del Pacto fue delegada en el Consejo Social y Económico de la ciudad, quien trataría de desarrollar desde un primer momento el objetivo básico: consolidar una estructura 336

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económica más diversificada que permitiera crear empleo de calidad en la ciudad. El Consejo Social y Económico desarrolló un plan de acción para la promoción económica y el empleo en Elche, que ayudara a revitalizar el sector del calzado y tratar de superar la crisis. Con este fin se tomaba una importante decisión: refundir los documentos en que se venía trabajando desde hace años en el Plan Estratégico Futurelx para elaborar un nuevo Plan general que marcase el camino para trabajar dentro de un orden y método.También la Generalitat Valenciana y el Gobierno central adoptaron algunas medidas para paliar la crisis del sector del calzado. En el marco del conflicto que plantea la existencia de las “nuevas” bandas juveniles, como son las bandas latinas, el primer tipo de respuestas ha estado dirigido desde el ámbito de la seguridad. Los cuerpos de seguridad han llevado a cabo una labor de documentación y “aprendizaje” de distintas estrategias de represión de la violencia urbana de otros contextos, en los que dicho fenómeno se ha hecho presente (como, por ejemplo, EE.UU). Sin embargo, una de las iniciativas más novedosas ha sido la opción de la institucionalización, por parte del Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, de las prácticas de sociabilidad que subyacen a este tipo de organizaciones con el fin de establecer marcos de inserción social e inclusión en la comunidad de dichos grupos (Feixa y Canelles, 2007). La “legalización” de las bandas en tanto asociaciones permite a las mismas dotarse de una regulación pactada a la vez que actuar en colaboración con las instituciones locales. Las iniciativas gubernamentales diseñadas y puestas en práctica como consecuencia de estos episodios sólo podrán ser evaluadas en el largo plazo. Sin embargo, es importante insistir aquí en que, tal y como se ha puesto de manifiesto en las experiencias vividas en nuestro entorno europeo, los conflictos de la naturaleza expuesta en este informe deben ser atajados enfocando las raíces de los mismos, tratando de abordar sus múltiples dimensiones y, fundamentalmente, explorando las características contemporáneas de las sociedades de acogida. 5. CONCLUSIONES Desde mediados de los años 80 España pasó a ser un país de inmigración (es decir, a tener un saldo positivo en los flujos migratorios), tras décadas de ser un país caracterizado por la emigración.Y lo hace, además, de una manera que algunos expertos han calificado de inesperada (Izquierdo, 1996), lo que quizás explique en parte el desconcierto inicial con el que fue recibida por parte de expertos y administraciones, en términos de gestión y de análisis, para abordar una “realidad (in)migratoria” que no había sido promovida, buscada, institucionalmente. Es en este período cuando España comienza a acoger a una “nueva inmigración”, nueva por diferentes motivos: por las zonas de origen y su nivel de desarrollo, por sus culturas y rasgos fenotípicos, por las motivaciones económicas y por la existencia de un “efecto llamada” desde el mercado de trabajo español y por ser individual y de ambos sexos (Cachón, 2002). La sociedad española empieza a convivir con una diferencia desconocida hasta entonces. Este proceso de formación de la “España inmigrante” se intensifica y, podríamos decir, consolida durante los últimos años, a partir del año 2000. Es entonces cuando la inmigración empieza a transformarse en un “hecho social”, se institucionaliza, al tiempo que se aceleran los ritmos de entrada de población inmigrante (Cachón, 2006). Desde este 337

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momento la inmigración empieza a considerarse un asunto político y social (Zapata, 2004). Es en estos primeros años del siglo XXI cuando desde distintos ámbitos -administraciones, partidos políticos, expertos, opinión publica- se empieza a tomar conciencia de que la inmigración en España no es (y, podemos aventurar, ya no será) un fenómeno temporal, pasajero, sino parte de un proceso de cambio que ha transformado -y lo hará más en el futuro- la sociedad española contemporánea. Las cifras en las que nos hemos detenido páginas atrás dan cuenta de esa llegada y las características de la población inmigrante en España: poco más de un millón de personas extranjeras con certificado de registro o tarjeta de residencia residían en el país a comienzos de esta década, por los más de 3,5 millones de personas que lo hacen en junio de 2007, con una media de crecimiento anual de los residentes extranjeros en este período superior al 20%. Asimismo, los datos del Padrón nos ofrecían a comienzos de 2007 una cifra de más de 4,5 millones de extranjeros en España -de los que más del 60% son no comunitarios- lo que se acerca al 10% del total de la población del país. A juzgar por las cifras que hemos conocido durante los últimos años, no sería aventurado afirmar que la inmigración en España ha sido no sólo inesperada, sino también acelerada: en poco más de una década se ha situado en los porcentajes de población inmigrante de buena parte de sus vecinos europeos. Durante este período, el marco legal sobre inmigración que ha regido en España se ha caracterizado, entre otros rasgos, por su extremada inestabilidad: “ha sido, y es, una normativa provisional, lo que genera una gran inseguridad jurídica en una materia tan trascendental” (Santolaya, 2005: 242). La falta de acuerdo entre los partidos mayoritarios ha conducido a la sucesiva aprobación de la normativa vigente en inmigración y extranjería, en ocasiones de manera apresurada; la aprobación de las dos Leyes Orgánicas del año 2000 son en ejemplo de este rasgo de la legislación española sobre inmigración. El último eslabón significativo en este marco legal lo constituye el Real Decreto aprobado en 2004 por el que se reforman aspectos significativos de la LO 4/2000, dentro de una nueva política de inmigración emprendida en 2004, que incluyó también un proceso de regularización llevado a cabo en 2005. Del mismo modo, especialmente desde comienzos de los años noventa, las distintas administraciones empiezan a expresar la necesidad de tomar medidas que favorezcan la integración de y con la población inmigrante. En el ámbito nacional, el PISI y el GRECO son dos de las primeras muestras de esa voluntad de emprender políticas globales en el terreno de la integración. Como se ha detallado en estas páginas, en fechas recientes (febrero de 2007) se aprueba el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007-2010), que de alguna manera marca un punto de inflexión en las políticas españolas de integración. El PECI constata esa consolidación del fenómeno migratorio a la que antes aludíamos: “Las personas inmigrantes de distintos orígenes, culturas y características han pasado ya a formar parte del nosotros común de la sociedad española. Y este es un hecho social de importancia crucial, porque la presencia de estas personas inmigrantes transformará profundamente, está transformando ya, nuestra sociedad, tanto desde una perspectiva demográfica y económica como cultural y política” (PECI, 2007: 22). El Plan se define como un elemento impulsor del proceso de integración, basado en una adaptación mutua de las personas inmigrantes y autóctonas. El PECI, que significativamente fija como principios los de (i) igualdad y no discriminación, (ii) ciudadanía e (iii) interculturalidad, es, pues, el marco de referencia para el desarrollo de las políticas de integración en el futuro inmediato. También las administraciones autonómicas y locales han emprendido durante este período una acción política notable en materia de integración, tanto a través de sus propios planes como de políticas transversales. 338

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Durante estos últimos años se han hecho visibles algunos conflictos asociados con la inmigración en España, en cuyo análisis nos hemos detenido a lo largo de estas páginas. La aparición de esas zonas de tensión en la sociedad española ha contribuido también a visibilizar la transformación que ha representado la inmigración en el país, en el sentido de haber desvelado algunas líneas de fractura con la población inmigrada o entre ésta y la población autóctona a las que es preciso prestar especial atención de aquí en adelante. Como señala Zapata (2004: 87),“por la extensión y la fuerza de los conflictos acontecidos estos últimos años, por sus repercusiones sociales y políticas, podemos afirmar que la entrada de la inmigración en la agenda social también ha sido muy brusca y negativa”. Se han puesto de manifiesto en esta etapa, en primer lugar, diversos conflictos relacionados con el mercado de trabajo, tanto asociados a elementos de discriminación laboral (que se traducen, sin agotar los efectos, en mayores tasas de desempleo, de temporalidad y siniestralidad y en discriminación salarial) como a situaciones de competencia entre distintas nacionalidades de trabajadores inmigrantes o entre éstos y los autóctonos, entre los que podríamos hablar también de tensiones laborales y empresariales acerca de lo que se percibe como situaciones de competencia desleal (como en el caso de Elche). También se han señalado distintos episodios violentos que tienen como telón de fondo el racismo y la xenofobia. En distintos sucesos conflictivos en los que se han desatado tensiones entre la población inmigrante y la autóctona, éstas han acabado materializándose en ocasiones en violencia racista ejercida contra algunos colectivos de la población inmigrada (en El Ejido, por ejemplo, con el ataque a personas y propiedades durante el año 2000). El asesinato de Lucrecia Pérez es probablemente el primer crimen racista que afecta significativamente a una sociedad española que está empezando por entonces a acostumbrarse a convivir con la inmigración. Desde entonces, los medios de comunicación y algunas organizaciones han seguido proporcionando información sobre el incremento de agresiones de este tipo, por ejemplo en fechas cercanas en diversas localidad de la Comunidad de Madrid (en Madrid, Las Rozas u otras del Corredor del Henares). La violencia racista y la participación de grupos u organizaciones de extrema derecha han guardado durante los últimos años una estrecha relación, lo que debería despertar la -lógica- preocupación por el papel de estos grupos en el panorama de consolidación de la inmigración en España, al menos examinando las experiencias vividas por algunos países de su entorno. Por otro lado, ya hemos apuntado que esta nueva inmigración ha traído consigo una nueva pluralidad étnica, cultural y religiosa, que ha mostrado algunas líneas de fractura en la sociedad española. La España previa al año 2000 o a la década de los 90, podemos decir, estaba lejos de ser homogénea (era plural -y es- en términos lingüísticos o culturales, entre otros), pero la inmigración reciente ha venido a añadir una pluralidad desconocida hasta entonces, que especialmente en el ámbito religioso ha motivado algunos conflictos.Y, en particular, en torno al Islam, que parece haberse convertido en una importante línea de fractura en numerosos países europeos en las últimas décadas. La oposición de diversas poblaciones a la construcción de mezquitas en sus municipios (Premià de Mar, Reus) o el incipiente y artificial debate, en fechas recientes, sobre el derecho a llevar el velo en las escuelas por las alumnas musulmanas son muestras de ello. La segregación urbana y los conflictos por el espacio público, en ocasiones unidos a la violencia, se han hecho presentes también en la España contemporánea. La alta concentración de población inmigrante en algunos barrios ha originado en ocasiones el incremento de tensiones con la población autóctona o entre distintas nacionalidades, lo que, sin duda, contribuye a reforzar posiciones de desconfianza y, a veces, de rechazo mutuo. El fenómeno de las nuevas bandas juveniles formadas fundamentalmente por inmigrantes 339

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latinoamericanos, en el que nos hemos detenido, ha generado sentimientos de miedo e inseguridad -vinculado a veces al papel jugado por los medios de comunicación (Feixa y Canelles, 2007)- en buena parte de la población. Asimismo, se han desvelado algunas zonas de conflicto en torno a la competencia por los servicios públicos que vertebran el Estado de bienestar en España. En terrenos como la asistencia sanitaria o la educación (a los que toda la población extranjera inscrita en el Padrón tiene derecho, con independencia de su estatus legal), la demanda y uso creciente por parte de la población inmigrante de estos servicios -no siempre acompañados por una mayor provisión de recursos- ha generado tensiones en distintos sectores de la población. Uno de los efectos, por ejemplo, de la concentración de alumnos inmigrantes en las escuelas públicas ha sido una preferencia creciente de las familias autóctonas a escolarizar a sus hijos en la educación concertada (a la que se ha acusado en ocasiones de discriminar de facto a la población inmigrante).También el acceso a determinadas prestaciones sociales por parte de la población inmigrante ha provocado, en ocasiones, tensiones con la población autóctona, especialmente con los sectores más beneficiarios de las ayudas del Estado de bienestar, en torno a la cual han surgido discursos discriminatorios sobre el derecho a beneficiarse de ellas por parte de los residentes extranjeros. Finalmente, también se han señalado algunos episodios de conflicto que han puesto de manifiesto dimensiones relacionadas con la participación política y las demandas de inclusión de la población inmigrante. A través de distintos medios, como los encierros en iglesias y otros espacios públicos en 2001 o la participación en manifestaciones, la población inmigrante y muy particularmente las organizaciones que les representan, se han erigido en fechas recientes en un importante actor en la esfera pública que, sin duda, está llamado a desempeñar un papel relevante en el futuro. Desde distintos ámbitos se viene insistiendo -podríamos decir que cada vez con más fuerza- en la necesidad de abrir y desarrollar el debate público sobre la exclusión de la población inmigrante como pleno miembro de la comunidad política, en tanto carece del derecho al sufragio. En cuanto significa un obstáculo para la integración de y con los inmigrantes en España (véase de Lucas, 2006), la falta de integración política de los inmigrantes representa una fisura a la que debemos prestar atención. Son, pues, variados los conflictos que implican a la inmigración en España en este período y diversas convendría que fueran, por tanto, las medidas que las administraciones deberían emprender para la resolución y prevención de los mismos. A partir de las líneas principales de los conflictos que hemos señalado, podríamos extraer algunas reflexiones para la acción política en materia de inmigración. En primer lugar, la alta concentración de población inmigrante en algunos barrios debería hacer prestar atención a los riesgos de segregación de la población inmigrante y de conflictos por el espacio público y dirigir, por tanto, la acción a promover una política igualitaria de acceso a la vivienda, tanto pública como privada, así como de dotación de los equipamientos públicos necesarios para atender la demanda de una población en aumento. Asimismo, las administraciones competentes deben velar por la provisión de unos servicios y prestaciones públicas de calidad y suficientes para la población, autóctona e inmigrante, para prevenir tensiones por la demanda y para el efectivo cumplimiento de las necesidades de todos los destinatarios, no ahondando en posibles líneas de exclusión social. Correspondería que se emprendieran, de otro lado, medidas dirigidas a acabar con las situaciones de discriminación y explotación laboral que afectan de manera especial a la población inmigrante, entre otras la efectiva inspección de las condiciones salariales, las condiciones de trabajo y de seguridad y el cumplimiento legal de jornadas y contratos. Por otro lado, debemos atender a la necesidad de emprender una política de educación contra el racismo y la xenofobia que implique a 340

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administraciones y medios de comunicación, que tienen -y deberían cumplir- una importante función socializadora, en la dirección de prevenir la difusión de prejuicios y estereotipos asociados a la inmigración que puedan servir como caldo de cultivo de conflictos ulteriores. En estrecha relación con esto, resultaría oportuno evitar la amplificación y consolidación de prejuicios religiosos, en particular en relación con el Islam y en España íntimamente ligado a la extensión de la maurofobia, y vertebrar las medidas necesarias que permitan el desarrollo efectivo del pluralismo religioso en nuestro país. Es necesario, además, promover la participación política y cívica de los inmigrantes, tanto de manera individual como a través de las organizaciones que les representan (fomentando el asociacionismo), que redunde en un mejor integración de y con los inmigrantes en España

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11. DE

LA “AUSTRALIA BLANCA” A LA PLAYA DE CRONULLA: MULTICULTURALISMO Y CONFLICTO EN AUSTRALIA

Laura Fernández de Mosteyrín Universidad Complutense de Madrid

DE LA “AUSTRALIA BLANCA” A LA PLAYA DE CRONULLA: MULTICULTURALISMO Y CONFLICTO EN AUSTRALIA

INTRODUCCIÓN Los episodios de la playa de Cronulla (Sydney) en Diciembre de 2005 han puesto de manifiesto algunas de las cuestiones medulares que vertebran hoy el debate sobre la inmigración en Australia. A la vez, suponen todo un reto a la hora de abordar el análisis de los factores condicionantes de los episodios de violencia colectiva. Siendo Australia un país construido demográfica, económica, social y culturalmente a base de fuertes procesos migratorios y considerando su larga trayectoria y experiencia en la gestión de dichos procesos, resulta conveniente abordar aquí un somero estudio sobre las características de dicha realidad atendiendo, en la medida de lo posible, a las principales líneas de fractura sociopolítica que la han atravesado. Además, se tratará de aproximar un pequeño estudio sobre los acontecimientos de Cronulla tal y como han sido enfocados por la investigación reciente. Se insertarán en el contexto histórico y sociopolítico australiano, así como en el marco más inmediato en el que tuvieron lugar.También se plantearán algunas explicaciones posibles que han sido ofrecidas desde la investigación social, con el fin de extraer algunas conclusiones que puedan fortalecer el análisis del conflicto, así como del propio análisis de los procesos migratorios y de las consecuencias que puede comportar. La inmigración ha sido uno de los principales motores en la construcción histórica del Estado y la comunidad australiana. El amplio abanico de nacionalidades de las que ha sido receptora, al menos en los últimos treinta años, ha conformado una sociedad muy diversa, étnica y culturalmente. De este modo, la Australia contemporánea, esto es, si se considera el periodo posterior al fin de la política conocida por el nombre de la “White Australia policy”, ha sido caracterizada como multicultural en el sentido conferido por Kymlicka (1998). Es así no sólo porque responde a una realidad cultural heterogénea sino por el propio diseño de la gestión migratoria de las últimas décadas por parte de las instituciones y autoridades del Estado. Los primeros años del siglo XXI parecen, sin embargo, abrir un panorama distinto en lo que al modelo de sociedad en términos de inmigración se refiere. Esto es así debido a proceso sociopolíticos internos (transformaciones económicas, cambios políticos y culturales) propios de cada contexto doméstico, pero también considerando las propias dinámicas de transformación social global que modifican/afectan a las sociedades contemporáneas. Uno de los principales efectos de dichas transformaciones tiene que ver con el hecho de que el propio patrón multicultural de gestión de lo social esté hoy en el debate público y político australiano. Algunas razones de este “giro” han sido expuestas por buena parte de las investigaciones recientes, la mayoría de ellas en el ámbito anglosajón y específicamente entre la comuni347

DE LA “AUSTRALIA BLANCA” A LA PLAYA DE CRONULLA: MULTICULTURALISMO Y CONFLICTO EN AUSTRALIA

dad académica australiana (Poynting, 2006, Forrest & Dunn, 2007; Jupp, 2005). De todas, entre ellas cabe señalar tres: En primer lugar, el cambio en la procedencia de la inmigración, cada vez más vinculada con nacionalidades de religión musulmana. En segundo lugar el “pánico moral”, construido y difundido fundamentalmente por determinados medios de comunicación, conocimiento experto, organizaciones y partidos conservadores bajo un discurso de “miedo ante la amenaza del norte”. Finalmente, acontecimientos clave como la crisis de Tampa (2001), los actos terroristas del 11S en EEUU (2001), Bali (2002), la invasión de Irak (2001) y la guerra contra el terror después de 9/11, han alimentado este discurso del miedo ampliamente difundido en la sociedad, que conduce a la construcción pública de un “otro” conflictivo vinculado al Islam. El paradigma de la seguridad vinculado a la “guerra contra el terror” y su recepción entre las autoridades australianas ha servido de justificación para la aparición de determinados discursos y prácticas xenófobas y excluyentes frente a un determinado grupo de inmigrantes; aquellos de religión y cultura musulmanas. A pesar de que el panorama social australiano en términos de inmigración ha hecho aflorar numerosos conflictos de índole étnica, cultural, religiosa, lingüística, socioespacial, laboral etc. a lo largo de las últimas décadas, he decidido centrar este informe en los episodios de violencia que tuvieron lugar en la Playa de Cronulla en Diciembre de 2005. Esto es así porque de la revisión bibliográfica se desprende cómo dicho acontecimiento parece condensar algunas cuestiones que interesan a este proyecto en torno a la seguridad, el conflicto y la realidad migratoria en los espacios urbanos. Nota metodológica: la elaboración de este informe se ha llevado a cabo, en parte, favorecida por la vasta literatura disponible sobre el tema migratorio en Australia y, en parte, limitada por las escasas investigaciones recientes que vinculen el tema de la inmigración al análisis del conflicto. Por esta razón, el desarrollo del análisis sobre los episodios de Cronulla está atravesado tanto por los argumentos y explicaciones hallados a través de la investigación secundaria, como por mi propia experiencia en el estudio de escenarios de violencia colectiva. Por lo tanto, se encontrará en este texto un “sesgo” metodológico que se deriva de la perspectiva de la autora sobre el análisis de la violencia: las categorías teóricas y empíricas propuestas por los análisis de la acción colectiva. La organización de la exposición se hará siguiendo un esquema razonado y partiendo de las características fundamentales de la inmigración en Australia. A continuación se desglosarán las principales líneas de posible conflicto que atraviesan la realidad migratoria australiana y, finalmente, se propondrá el análisis de un episodio de violencia colectiva que parece haber visibilizado algunas de las cuestiones que con más intensidad están presentes en la cuestión migratoria de la Australia contemporánea. 1. INMIGRACIÓN EN AUSTRALIA 1.1 Etapas recorridas en la formación de la “Australia inmigrante” Los flujos migratorios han estado en la base de la construcción demográfica, económica y cultural de Australia desde que fuera una colonia penal del Imperio Británico en el siglo XVIII. Hoy, casi la mitad de su población tiene ascendencia inmigrante. A partir de 348

DE LA “AUSTRALIA BLANCA” A LA PLAYA DE CRONULLA: MULTICULTURALISMO Y CONFLICTO EN AUSTRALIA

los primeros asentamientos europeos en 1788, el caudal de inmigrantes continuó a paso constante, alcanzando los 50.000 por año durante la época de la fiebre del oro, en la década de los 50. Durante esos años, aunque la mayoría de los colonos eran de origen británico o irlandés, la población asiática se incrementó de forma masiva, sobre todo la procedente de China. La diversificación del flujo migratorio, pero también el miedo a la competencia asiática en el mercado laboral, generó algunas tensiones. Dichas tensiones, junto con cierto nacionalismo emergente, condujeron a la implementación de la Inmigration Restriction Act en 1901. Al federarse las colonias australianas en un único Estado, la Mancomunidad de Australia, en 1901, una de las primeras decisiones del Gobierno de la Commonwealth fue la ley para la restricción de la inmigración, con el fin de excluir de forma legal a los inmigrantes no europeos. Esta norma está en la base de lo que se dio en llamar la “Política Blanca Australiana” e implicó el desarrollo de todo un conjunto de medidas legales y administrativas para restringir la inmigración no anglosajona e impedir la inmigración no europea. En ese momento, la población extranjera era del 23%; después de la puesta en marcha de dicha política, de la Gran Depresión y de las dos guerras mundiales, descendió considerablemente hasta constituir tan sólo el 10% de la población. El resultado más visible de esta política es que la población no europea distinta de la aborigen era en 1947 de 0.25 % del total del censo y Australia se había convertido en uno de los países “más blancos del mundo”. En la Australia contemporánea es la Segunda Guerra Mundial el episodio que abre el proceso de recepción masiva de inmigrantes a través, fundamentalmente, de programas estatales. Después de la guerra, el slogan “Populate or perish” (poblarse o perecer) se convirtió en el eje de un discurso que postulaba la necesidad de dotar al país de población suficiente para hacerlo funcionar y defenderlo en tiempos de guerra1. La pérdida de población inmigrante, el descenso en la natalidad y una fuerte demanda en el mercado laboral condujeron a una política proactiva de asentamiento con el fin de fomentar la inmigración. En 1945 se creó un ministerio específico para la inmigración, el antecesor del actual Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales (DIMA). Aunque el foco seguía siendo, principalmente, el Reino Unido, se firmaron acuerdos formales de inmigración y marcos para el pasaje asistido con un amplio espectro de países europeos, la antiguaYugoslavia y Turquía. Además, en 1947, Australia concluyó un acuerdo con la Organización Internacional para los Refugiados (actual ACNUR) con el fin de seleccionar y admitir anualmente 12.000 personas desplazadas de los campos de refugiados de Europa del Este2. De esta manera, el Gobierno australiano introdujo un conjunto de programas destinados a atraer inmigrantes y a facilitar el asentamiento de refugiados y desplazados por la contienda. Como consecuencia de dichas medidas, millones de personas emigraron a Australia en los años posteriores a la guerra desde más de 200 países. La inmigración estimuló a los tradicionales emigrantes del Reino Unido junto a un gran número de europeos meridionales y orientales que, por primera vez, vieron Australia como un destino migratorio posible. La creciente economía australiana no se degradó a diferencia de la europea, que había sido devastada por la guerra. En Australia, los recién llegados inmigrantes encontraron empleo en programas asistidos por el gobierno así como 1.- Durante la guerra en el Pacífico, se había puesto de manifiesto la vulnerabilidad de Australia frente a los ataques japoneses y la escasa población para defenderla de dicho país. 2.- Aunque desde su fundación Australia siempre había admitido a los refugiados, este fue el primer acuerdo formal para la puesta en práctica de un programa en términos de la reciprocidad. A los acogidos se les requería que trabajasen al menos dos años, y a cambio recibían un determinado número de servicios encaminado a facilitar su asentamiento.

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DE LA “AUSTRALIA BLANCA” A LA PLAYA DE CRONULLA: MULTICULTURALISMO Y CONFLICTO EN AUSTRALIA

políticas públicas y programas destinados al acomodo de las necesidades de los inmigrantes. De esta manera, dos millones de personas llegaron a la pujante nación del sur entre 1948 y 1975. Gráfico 1. Características de la población inmigrante (en miles) desde 1947 El gráfico 1 muestra la procedencia de la población inmigrante considerando el periodo 1947-2001. Podemos corroborar la efectividad de la política activa de reclutamiento y asentamiento de inmigrantes a partir de la posguerra mundial (1947), así como el hecho de que grueso de este contingente fuera atribuible a países de fuera de la OCDE y de origen no anglófono cuyo porcentaje pasa del 20% a niveles superiores al 50% del total de los nacidos en el extranjero.

El impulso de la política de reclutamiento y asentamiento más activa desde 1947, tuvo un impacto fuerte sobre el crecimiento de la población inmigrante y sobre la composición de los países de origen. El flujo anual de entrada, rápidamente creció de 34.000 en 1947, a 184.000 en 1950, y el total de la población inmigrante creció de 744.000, en 1947, a cerca de 1,8 millones en 1961. El grueso de ese crecimiento se puede atribuir a inmigrantes de fuera del ámbito anglosajón (Reino Unido, Irlanda, USA y Nueva Zelanda) La década de los setenta marca un giro en el patrón migratorio australiano en términos de recepción. La abolición de la “Política Blanca” en 1973, declaró ilegal cualquier tipo de criterio étnico para la selección /exclusión de los inmigrantes, e impulsó la reforma de las instituciones tradicionalmente dedicadas a la gestión de los procesos de entrada y asentamiento de los inmigrantes. A finales de los años 60 la política de admisión de la “Australia Blanca” y su contraparte en términos de integración, la “política de asimilación”, se había tornado incompatible con la política exterior y comercial australiana, que implicaba una orientación creciente hacia el nuevo, independiente y emergente ámbito de los mercados asiáticos (Jupp, 1996). De hecho, en la medida en que se desarrollaba el comercio con Asia en los años 60, aparecía una preocupación por la carencia de conocimiento sobre la región y el escaso número de residentes que hablase lenguas asiáticas. 350

DE LA “AUSTRALIA BLANCA” A LA PLAYA DE CRONULLA: MULTICULTURALISMO Y CONFLICTO EN AUSTRALIA

A partir de esta fecha, numerosas iniciativas del Gobierno promovieron la armonía racial basada en una política multicultural. Gracias a estas iniciativas, la recepción de inmigración desde Asia y otras partes del mundo ha supuesto un cambio significativo de las características migratorias de la sociedad australiana y, como resultado, la demografía, la cultura y la imagen nacional se han transformado radicalmente. En términos de origen de los inmigrantes, los cambios en los últimos cuarenta años son más que significativos. En los años 60, el 46% de todos los inmigrantes eran nacidos en el Reino Unido o Irlanda. Hacia los años 90, tan sólo un 13% eran originarios de estos países. Se observó una creciente importancia en la cantidad de inmigrantes y visitantes de largo plazo, que provenían de los países vecinos a Australia. Según el Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales e Indígenas del Gobierno australiano, los cinco grupos más importantes que componen el 23,1% de los australianos nacidos en el extranjero en 2001 eran originarios del Reino Unido, Italia, Nueva Zelanda,Vietnam y China. Antes de avanzar una somera caracterización de la sociedad australiana en términos migratorios, es necesario poner de relieve un tipo específico de emigrantes, ya mencionado, del que ha sido receptora y que, por sus características específicas, resulta difícil abordar en los mismos términos que la anterior. Se trata de la población refugiada. Los refugiados no son, en rigor, emigrantes; sin embargo, la línea que los separa es difusa. La división tiene que ver, fundamentalmente, con la condición de legalidad que ostentan (el tipo de visado) y con las razones que motivan una y otra. Como país de gran tradición receptora de inmigración, Australia ha sido también objetivo de población refugiada así como de asilados de todo tipo a lo largo del siglo XX. Principalmente las dos guerras mundiales y, más avanzado el siglo, los numerosos conflictos que han jalonado las décadas de Guerra Fría, los procesos de descolonización, las guerras civiles y todo tipo de conflictos étnicos han motivado la emigración, a menudo masiva, de población. Entre 1947 y 1972, Australia aceptó como residentes permanentes 260.000 refugiados y desplazados, la mayoría de ellos huyendo de regímenes comunistas. En 1952 se completó la emigración masiva de 170.000 desplazados de los campos de Centro Europa (Jupp, 2003). Se aceptaba a estos emigrantes, dentro de los términos marcados por la Política Blanca, porque eran europeos y por la naturaleza de su asilo (porque escapaban del Comunismo).Tenían en general altos niveles de educación y cualificación profesional, y la gran mayoría se acomodó en una economía de pleno empleo y entre las clases medias australianas. Por esta razón, sus patrones de asentamiento fueron, en general, poco controvertidos dentro de la sociedad receptora, algo que, a partir de finales de los años 70, cambiaría radicalmente. Entre 1972 y el año 2000 alrededor de 400.000 personas llegaron a Australia bajo el amparo de diversos programas humanitarios y para refugiados con el fin de asentarse permanentemente. Junto con sus predecesores y su descendencia, esto supone un 5% de población australiana con experiencia directa de situaciones de refugio. La entrada de refugiados es “impredecible” y ha respondido, en general, a situaciones de conflicto o crisis humanitarias sobrevenidas. Entre 1987 y 2000, de las 136.000 personas que entraron amparadas por programas humanitarios, el 34% eran europeos (de Yugoslavia fundamentalmente), 31% de Asia, 20% de Oriente Medio (Iran e Iraq), 7% de África (de los países de “cuerno de África”) y 7% de América latina

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1.2 Algunos rasgos actuales de la inmigración en Australia. Las tablas que se muestran a continuación están recogidas del Censo australiano (Australian Bureau of Statistics) para 2006 y fotografían las características demográficas y migratorias básicas de la población en términos comparativos con los datos de 2001. CARACTERÍSTICAS PERSONALES Total (excluyendo visitantes extranjeros) Hombres Mujeres Población aborígen

Censo australiano 2006 19.855.288

% del total 2006 Censo -

Censo australiano 2001 18.769,249

9.799.252 10.056.036 455.031

49,4% 50,6% 2,3%

9.270.466 9.498.783 410.003

EDAD

Censo australiano 2006

% del total 2006 Censo

Censo australiano 2001

% del total 2001 Censo

1.260.405 2.676.807 2.704.276 8.376.751 2.192.675 2.644.374

6,3% 13,5% 13,6% 42,2% 11,0% 13,3%

1.243.969 2.668.506 2.566.346 8.159.808 1.759.742 2.370.878

6,6% 14,2% 13,7% 43,5% 9,4% 12,6%

NACIONALES/ Censo australiano EXTRANJEROS 2006 Ciudadanía australiana 17.095.569 Nacidos en el extranjero 4.416.037 Visitantes extranjeros 206.358

% del total 2006 Censo 86,1% 22,2% 1,0%

Censo australiano 2001 16.559.774 4.105.444 203.101

% del total 2001 Censo 88,2% 21,9% 1,1%

PAÍS DE NACIMIENTO Principales respuestas Australia Inglaterra Nueva Zealanda China (excluyendo SAR’s y Taiwán) Italia Vietnam

Censo australiano 2006

% del total 2006 Censo

Censo australiano 2001

% del total 2001 Censo

14.072.944 856.939 389.463

70,9% 4,3% 2,0%

13.629.481 847.365 355.765

72,6% 4,5% 1,9%

206.591 199.121 159.850

1,0% 1,0% 0,8%

142.780 218.718 154.831

0,8% 1,2% 0,8%

LENGUA HABLADA EN CASA Sólo inglés Italiano Griego Cantonés Árabe Mandarín

Censo australiano 2006 15.581.333 316.890 252.220 244.553 243.662 220.601

Grupos de Edad 0-4 años 5-14 años 15-24 años 25-54 años 55-64 años 65 años o más

% del total 2006 Censo 78,5% 1,6% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1%

352

Censo australiano 2001 15.013.965 353.605 263.717 225.307 209.372 139.286

% del total 2001 Censo 49,4% 50,6% 2,2%

% del total 2001 Censo 80,0% 1,9% 1,4% 1,2% 1,1% 0,7%

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FILIACIÓN RELIGIOSA Católica Anglicana Ninguna Iglesia Unitaria Presbiteriana y Reformada

Censo australiano 2006 5.126.882 3.718.248 3.706.557 1.135.422

% del total 2006 Censo 25,8% 18,7% 18,7% 5,7%

596.668

Censo australiano 2001 5.001.624 3.881.162 2.905.993 1.248.674

3,0%

FUERZA DE TRABAJO Censo australiano (Población mayor de 2006 15 años) Población activa (incluye empleados y desempleados) 9.607.987 Empleado a tiempo completo 5.827.432 Empleado a tiempo parcial 2.685.193 Desempleado 503.804 Otro 599.558 Población no activa 5.271.116

% del total 2006 Censo

637.530 Censo australiano 2001

% del total 2001 Censo 26,6% 20,7% 15,5% 6,7% 3,4% % del total 2001 Censo

-

8.959.315

-

60,7%

5.360.693

59.8%

27,9% 5,2% 6,1% -

2.364,862 660.709 573.571 5.265.426

26,4% 7,4% 6,4% -

Tabla 2. Principales países de origen (en miles) PAÍS/AÑO

1954 ´000

REINO UNIDO * 664,2 NUEVA ZELANDA 43,4 ITALIA 119,9 CHINA 10,3 VIETNAM No disponible INDIA 12,0 FILIPINAS 0,2 GRECIA 25,9 ALEMANIA 65,4 SUDÁFRICA 6,0 MALASIA 2,3 PAÍSES BAJOS 52,0 LÍBANO 3,9 HONG KONG 1,6 (REA de China) TOTAL 1.285,8 NACIDOS EN EL EXTRANJERO AUSTRALIA 7.700,1 POBLACIÓN TOTAL (b) 8.986,5

1961 ´000

1971 ´000

1981 ´000

1995 ´000

2005 ´000

755,4 47,0 228,3 14,5

1.081,3 74,1 288,3 17,1

No disponible

No disponible

14,2 0,4 77,3 109,3 7,9 5,8 102,1 7,3 3,5

28,7 2,3 159 110 12,2 14,4 98,6 23,9 5,4

1.075,8 160,7 275 25,2 40,7 41 14,8 145,8 109 26,5 30,5 95,1 49,4 15,3

1,220,9 304,2 261,6 107,2 157,8 80 98,3 142,3 120,1 58,8 82,8 96,1 77,1 76,6

1.137,4 455,1 224,3 191,2 177,7 138,7 129,4 127,2 115,2 113,8 100,3 87,7 85,3 76,2

1.778,3

2.545,9

2.950,9

4.164,1

4.829,5

8.729,4

10.173,1

11.388,8

13.907,7

15.499,1

10.508,2

12.719,5

14.516,9

18.071,8

20.328,6

Incluye Irlanda en 1954, 1961 y 1971 Incluye países de origen “no declarados”

353

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Tabla 3. Población por lugar pretendido de asentamiento.

New South Wales Victoria Queensland South Australia Western Australia Otro Australia

1996-97 % 43,7 21,7 15,8 3,8 11,6 2,3 100

2005-06 % 35,6 25,0 17,1 6.6 12.4 2,6 100

`000 64,0 45,0 30,7 11,9 22,3 4,7 179,8

A la luz de los datos comparativos podemos ver cómo, 7 de cada 10 residentes ha nacido en Australia y dentro de los nacidos en el extranjero, los principales países de origen de los inmigrantes son Reino Unido (4%), Nueva Zelanda (2%), China (1%) Italia (1%) y Vietnam (0.8%) La sociedad australiana, con independencia de su diversidad creciente, parece relativamente homogénea en torno a la cultura anglosajona. Considérese que el 78% de la población sólo habla inglés y que cerca del 45% declara filiación religiosa “occidental” (católica, anglicana, presbiteriana o reformada). La tradicional entrada de inmigrantes de procedencia anglosajona junto con los patrones asimilacionistas de gestión migratoria hasta mediados de los años 70, está en la base de esta cierta homogeneidad cultural. Esta misma idea puede ser contrastada a través de la tabla 2.Al considerar el periodo 1954-2005, los datos permiten dar cuenta del cambio en la configuración de la entrada de inmigrantes y de las características de los mismos. A pesar de que los dos principales países emisores de inmigrantes han seguido siendo Reino Unido y Nueva Zelanda, es más que perceptible el incremento de inmigrantes y de nacionalidades a partir de 1971. En concreto, países del Sudeste Asiático y Oriente Medio cuya presencia era casi imperceptible (por debajo de los 10.000) a mediados de los 50, están hoy muy por encima de los 100.000. La tabla 3 ayuda a ubicar espacialmente los potenciales asentamientos de quienes entran en Australia. Es la costa este australiana, los estados de NSW, Queensland yVictoria, el lugar más frecuentemente seleccionado como lugar de asentamiento debido al hecho de que en ella se encuentran las zonas más industrializadas y urbanizadas de Australia (Sydney, Brisbane y Melbourne respectivamente), y por tanto, de mayor potencial receptor de inmigrantes en términos de mercado de trabajo, vivienda y servicios. 2. POLÍTICA MIGRATORIA: DE LA ASIMILACIÓN AL MULTICULTURALISMO La australiana es una sociedad inmigrante. Sin los continuos procesos migratorios, la moderna y urbana Australia no habría sido posible. Por esta razón ha sido señalada como el producto consciente de la ingeniería social para crear un tipo concreto de sociedad (Jupp, 2003). Esto la distingue claramente de otras sociedades receptoras de inmigrantes en los que el papel del Estado no ha sido tan visible y donde la iniciativa privada tuvo una importancia mayor. Junto con el de Nueva Zelanda, el Gobierno australiano ha sentado históricamente las bases para crear un modelo de crecimiento basado en la llegada de inmigrantes, capital y tecnología del extranjero. A pesar de que la sociedad australiana es considerada como la “más multicultural del mundo”, Australia y Nueva Zelanda son, en realidad, las sociedades más británicas fuera 354

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del Reino Unido. Es ciertamente más multicultural que hace cincuenta años pero sigue siendo aún más británica incluso que Canadá o EEUU en términos de origen de la población. Sus élites sociales, políticas, intelectuales, económicas son primordialmente británicas; un cuarto de su población habla sólo inglés y una proporción similar suscribe, al menos nominalmente, la religión cristiana (Jupp, 2003). Para explicar cómo una sociedad llega a ser tan similar a otra que se encuentra en los antípodas, basta con comprender su construcción moderna en el contexto del Imperio Británico. La política de inmigración australiana de los últimos 150 años ha descansado sobre tres pilares básicos: a) el mantenimiento de la hegemonía y la dominación británica “blanca”; b) el fortalecimiento militar y económico de Australia y c) el control de estos dos procesos por parte del Estado. Este último proceso ha permanecido, incluso, cuando se transitaba de gobiernos con una concepción de la política y la economía en términos de planificación a otros basados en el libre mercado y la iniciativa privada. 2.1 La Australia Blanca (1901-1972) El mito de la “amenaza del Norte” y el miedo a la posible inmigración asiática (Indonesia y, sobre todo, China), junto con las teorías racistas decimonónicas, estuvieron en la base de la construcción histórica de lo que se denomina la Australia Blanca. La principal implicación de aquellos supuestos para la política de inmigración resultó, en la práctica, del rechazo y la segregación legal y espacial de los no caucásicos. Sin embargo, y a diferencia de otros estados en los que dicho racismo se ha tornado en violencia, “más que recurrir a las revueltas, los australianos han mirado al Estado para excluir a los inferiores de forma legal” (Jupp, 2003:9). De esta manera, el control sobre la inmigración por parte el Estado se constituyó en el centro de la Política Blanca Australiana vigente desde principios del siglo XX (Imigration restriction act, 1901) hasta la Migration Act de 1958. Tras los programas gubernamentales de posguerra para el fomento de la inmigración bajo el discurso ya mencionado de poblarse o desaparecer, y el consiguiente y significativo crecimiento de la población australiana descrito en el capítulo 1 de este informe, ha habido cambios en los paradigmas de población y asentamiento del país en lo que respecta a la inmigración. El primer cambio tiene que ver con la actitud activa por parte del Estado para la atracción de la inmigración. Hasta los años 80, la inmigración fue incentivada principalmente a través de la figura del “pasaje asistido”, la propaganda y la promoción de la contratación de mano de obra. Sin embargo, a partir de entonces no se ha estimulado activamente la inmigración y la entrada se ha vuelto bastante más difícil. La planificación y el control de la inmigración durante esta época estuvieron basados en algunas características fundamentales: - Aborígenes, nativos de Asia, África y el Pacífico fueron excluidos incluso a pesar de que nada sobre su origen era explicitado en la Inmigration Actual: los que llegaban eran devueltos a sus países, y a los que, por razones expresas se les permitía la entrada, se les denegada la elegibilidad para la naturalización y la capacidad de reagrupamiento familiar. - Todos los británicos “blancos” (incluyendo irlandeses) tenían libre acceso, y sólo eran controlados bajo sospecha de criminalidad o por razones de seguridad. - Los extranjeros “no británicos” eran admitidos pero podían ser sujetos a restricciones (sobre todo en términos de cupos).

355

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- Los refugiados eran aceptados siempre que fuera en situaciones específicas tipificadas y controladas por la Commonwealth (el mayor contingente de refugiados llegó a Australia entre 1947 y 1952). El “pasaje asistido” (abolido en 1982) fue el mecanismo de ingeniería social más efectivo para ajustar la demanda de mano de obra, lograr el balance en términos de género y mantener Australia Blanca. En segundo cambio en el enfoque de la inmigración, desde el punto de vista de la recepción, tiene que ver con el hecho de que, tras el abandono de la política blanca en 1972, la política de inmigración no ha hecho distinciones por razón de color, raza y credo. A partir de este momento, el principal problema de las autoridades australianas ha sido no sólo el control de los flujos migratorios de entrada y de salida, sino la propia gestión de los asentamientos y el modo en que los distintos colectivos de inmigrantes (cada vez más diversos) se ubicaban dentro de la sociedad australiana. Desde finales de los años 70 la política de inmigración ha ido progresivamente bifurcándose. Por un lado, más selectiva en términos de cualificación; por otro lado, se desarrolló la política de refugio ya existente, separándola claramente de la política migratoria propiamente dicha. La política respectiva a inmigración humanitaria está basada en un límite numérico anual que actualmente determina 13.000 por año, de los cuales 6.000 son atribuidos a refugiados. Tanto en términos absolutos como en términos per capita, el programa de asentamiento australiano está en los más grandes de la OCDE3. Los países emisores de flujo migratorio han cambiado significativamente con el tiempo. Desde la década de los 60, los emigrantes eran básicamente de Vietnam, Camboya, Líbano y Chile, siendo los primeros los de mayor número.A partir de mediados de los 90 comenzaron a ser prominentes los refugiados de la ex Yugoslavia, Iraq y Afganistán. Más recientemente, los sudaneses emergen como una categoría importante en términos de asentamiento anual. 2.2 Políticas de integración: de la asimilación al multiculturalismo El período de tiempo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1973 supuso el progresivo desmantelamiento de la Política Blanca y la transición hacia una política que fue gradualmente institucionalizándose en el marco de un modelo multicultural. El período de posguerra, hasta mediados de los 60, estuvo caracterizado por una política de “asimilación” en virtud de la cual se esperaba que los recién llegados se mimetizaran, hasta pasar desapercibidos, entre la población nativa (Jupp, 2003). Desde el año 60, en este marco de la asimilación, eran evaluados sobre la base de su capacidad de integrarse rápidamente. Junto con la política de la asimilación, la naturalización proactiva surgió como uno de los elementos definitorios de la política de integración australiana. Actualmente, Australia ofrece el mecanismo de naturalización más abierto en años de residencia exigidos de la 3.- Sin embargo, en muchos otros países de la OCDE hay una cantidad sustancial de inmigración humanitaria de otros tipos (por ejemplo, asilados). Esto contrasta con Australia, donde el número de asilados es relativamente bajo.

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OCDE (2006). La ciudadanía puede ser adquirida tras 2 años de asentamiento y es activamente promovida por las autoridades. La asimilación masiva de inmigrantes durante los años cincuenta y sesenta erosionó la composición celta-anglosajona de la población australiana. Si después de la Segunda guerra Mundial, el 90% de la población era de origen británico, a finales de los años 80 y, después de sucesivas oleadas migratorias, sólo el 47% de la población lo era. La inmigración británica y europea tocó su punto más alto en la década de los sesenta a través del “pasaje asistido”. A partir de entonces, se firmaron acuerdos de inmigración con casi todos los estado de Europa Occidental incluyendo a Turquía (1967) y Yugoslavia (1970), estableciendo las condiciones bajo las cuáles se produciría la recepción por parte del estado australiano. Hasta finales de los años sesenta, la asimilación fue el proceso de integración esperado y potenciado por parte de las autoridades a la hora de gestionar los asentamientos de los inmigrantes. Por “asimilación” se entendía que los recién llegado inmigrantes debían pasar desapercibidos en sus formas y asumir los patrones culturales básicos de la sociedad que los recibía. Tres cuestiones pueden ser subrayadas como los principales temas que vertebraron el diseño de las políticas públicas orientadas a la asimilación: la lengua, la religión y la cultura. Una vez que la raza ha sido abandonada como criterio de diferenciación oficial, la lengua se convierte en una cuestión central en el diseño de las políticas públicas. Aunque el inglés no es la lengua oficial del estado australiano, su uso está tan extendido que la cuestión del bilingüismo no ha constituido nunca un problema. A la vez, no existen lenguas que supongan una seria amenaza para el inglés4. Por esta razón, la presión para el abandono de las lenguas minoritarias es fuerte en esta etapa, y la resistencia a dicha presión muy escasa. Sin embargo, treinta y cinco años después de la oleada de inmigración de posguerra, se habían creado fuertes comunidades cuya lengua no era el inglés5. Estas lenguas, junto con el lugar de procedencia, eran vistas por las autoridades como las bases de los grupos étnicos. De modo que se diseñaron políticas públicas orientadas a la población de tradición lingüística no anglosajona enfocadas en términos de superación del “déficit” social de partida con el fin de lograr la total integración. Para 1976,Australia se había convertido en un país plurilingüe y se hacían necesarios servicios de traducción, interpretación, etc. La política oficial tuvo que reconocer que la variedad de lenguas se había convertido en un problema (distinto al de la variedad de culturas) y lo resuelve en el marco de la hegemonía del inglés (a través de enseñanza y sistemas de traducción). Por otro lado, la religión y la cultura se tornaron para las autoridades en elementos constitutivos de etnicidad (de potencial para la construcción de la identidad étnica). La pluralidad religiosa existe en Australia desde la propia colonización por parte del Imperio Británico en el siglo XVIII. Aunque la religión no ha sido considerada una cuestión cultural, si está en la base de la configuración de comunidades étnicas y del mantenimiento de la lengua. Las manifestaciones culturales eran permitidas dentro de los límites de las actividades que vulgarmente se conocen como “pasta y polka” y, por otro lado, manifestaciones culturales de otra naturaleza eran menos frecuentes.

4.- Ninguna de las lenguas indígenas tiene más de 5.000 hablantes y la mitad de las lenguas que se hablaban en 1788 han desaparecido (Jupp, 2003) 5.- A estas comunidades se las conoce bajo el acrónimo de LOTE´s (language other than English : de lengua distinta al inglés)

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Aunque casi todos los estudios realizados entonces y ahora muestran que los grupos de inmigrantes, incluidos los de Europa meridional, exhibían niveles más bajos de criminalidad que la media nacional (Jupp, 2003), el recelo a una posible etnicización de la sociedad generaba además temores constantes entre las autoridades sobre la posibilidad de que aparecieran problemas de “criminalidad étnica” y violencia. Una cuestión que atraía especial atención por parte de las autoridades eran las posibles expresiones de violencia política. De hecho, cualquier manifestación política era puesta bajo sospecha y las regulaciones sobre la prensa y la publicidad “étnica” eran, hasta mediados de los años 50, diseñadas para prevenir su uso por parte de extremistas. A pesar de las reticencias gubernamentales, la existencia de “comunidades” étnicas era un hecho a finales de los años sesenta. Casi todas las minorías étnicas, antes o después, constituyeron algún tipo de organización. De tal forma que a mediados de los años 70 había ya una extensa red de organizaciones y medios de comunicación propios de dichas comunidades. Cuando se institucionalizó el multiculturalismo, ya existía una estructura organizativa consolidada entre las comunidades étnicas. En tanto que las comunidades “existían” de verdad, también se expresaban a través de sus organizaciones. Este tipo de movilización estuvo en la base de del Movimiento de Comunidades Étnicas fundado en 1975, así como de la posterior institucionalización de la interlocución colectiva con las autoridades australianas. La necesidad de armonizar y gestionar la diversidad de comunidades que constituían la sociedad australiana a principios de los años setenta, condujo a las autoridades políticas al diseño de un marco institucional distinto y complejo que reconociese y fomentase la diversidad étnica facilitando la gobernabilidad. Es así como la política multicultural fue diseñada en 1973. La reforma de “viejas” instituciones y la creación de nuevos organismos y departamentos gubernamentales se llevaron a cabo con el fin de garantizar el derecho a la expresión de la identidad cultural de las comunidades. De este modo, y siguiendo las iniciativas pioneras del gobierno laborista Whitlam (1973), posteriores gobiernos también implementaron políticas multiculturales. Los desarrollos legislativos más importantes tuvieron lugar bajo los mandatos de Fraser, en 1978, Hawkes, a lo largo de los años 80 y Keating, hasta su derrota en 1996. 2.3 Política multicultural: Instrumentos institucionales y políticas del modelo Multiculturalismo es un neologismo, un término inventado recientemente para referirse a una realidad nueva. Fue acuñado y diseñado inicialmente en Canadá en respuesta a la presión ejercida por las minorías culturales sobre las instituciones para lograr algún tipo de reconocimiento colectivo. El enfoque australiano siguió al canadiense, cinco años después, aunque con algunas diferencias tanto en el diseño institucional como en los principios que lo inspiran. Mark López (2000), en su estudio sobre los orígenes del multiculturalismo en Australia, ha establecido claras diferencias con el canadiense, partiendo de la idea de que éste nunca fue tomado como referencia a la hora de crear e implementar las políticas en Australia. En rigor, y a diferencia del modelo canadiense, la política multicultural estuvo siempre orientada a la generación inmigrante y no sólo a las minorías de segunda y tercera generación (las minorías indígenas no fueron tenidas en cuenta inicialmente así como tampoco las religiosas). Se trató siempre de una cuestión de gestión de la inmigración y, en este sentido, la principal cuestión fue siempre la de cómo integrar a los inmigrantes no británicos en 358

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la sociedad australiana. No en vano, la institución medular dentro del esquema político de este modelo es el Departamento de Inmigración (después llamado también de Asuntos Étnicos). Este modelo fue inicialmente definido en un informe del Consejo Australiano de Asuntos Étnicos -Australia como sociedad multicultural- en 1977. Con amplios apoyos dentro del Partido Laborista australiano y, considerando que el descontento hacia las políticas migratorias había creado un movimiento social de comunidades étnicas se Sydney y Melbourne en 1975, esta propuesta fue considerada por élites políticas y desarrollada legislativa y administrativamente en las décadas posteriores. Es sin duda el Informe Galbally (1978) el documento medular que impulsó la reorientación de las políticas de inmigración con el fin de armonizar la diversidad cultural a finales de los años 70. Mientras que el informe del Consejo Australiano de Asuntos Étnicos lanzaba algunos principios generales para enfocar el asentamiento y la integración de los inmigrantes, principalmente en cuestiones de educación y lengua, el verdadero documento fundacional de la política multicultural australiana fue el informe presentado al primer ministro por Frank Galbally en 1978. Este informe trataba de establecer los términos en que debían funcionar los mecanismos de asentamiento e integración de los inmigrantes, tanto por parte del Gobierno como de las agencias no estatales. Los principios fundamentales del informe constituyeron la base para informar las políticas públicas vinculadas a la inmigración a lo largo de los años 80 y mitad de los noventa y pueden ser resumidos bajo los siguientes principios: - Los miembros de una sociedad deben tener igualdad de oportunidades e igual acceso a programas y servicios. - Los individuos deben poder mantener sus propias culturas sin prejuicio ni desventaja y deben ser apoyados y promovidos para hacerlo. - Las necesidades de los inmigrantes deben ser contempladas en los programas y servicios disponibles para toda la comunidad pero, además, se hace necesaria la implementación de programas específicos para asegurar la igualdad de acceso a recursos. La importancia del informe descansa en el reconocimiento explícito que hace de que, en último caso, son los propios grupos étnicos los que deben informar y aconsejar al Gobierno sobre las necesidades y prioridades de los inmigrantes con el fin de garantizar el reconocimiento de las distintas culturas. El papel del Departamento de Inmigración y de sus agencias y organismos subsidiarios fue esencial en la década siguiente en la construcción de toda una red de bienestar étnico (Jupp, 1996), que se tradujo principalmente en programas educativos y en la promoción de las culturas minoritarias6. Las tres líneas de intervención más significativas han sido, sin duda, la política de asentamiento y acomodo en la sociedad de acogida (programas de alojamiento, vivienda y enseñanza de la lengua inglesa), la política lingüística y de educación multicultural (a través de programas de fomento de capital humano, de mantenimiento de la competencia bilingüe lengua minoritaria-inglés, etc.) y política de igualdad de acceso a servicios públicos para hacer frente a las actitudes asimilacionistas.

6.- El servicio especial de recursos radiofónicos y televisivos SBS (Special Broadcast Service) fue una de las iniciativas más relevantes y exitosas de los instrumentos de la política multicultural, al considerar el papel de los medios en la promoción de las diversas culturas.

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La existencia de un ministerio del Gobierno específico y especializado en inmigración desde 1945 pone de manifiesto el papel organizativo-burocrático del Estado en la construcción y selección de la población. El Australian Bureau of Statistics ha asistido al Gobierno también en esta función (a través de numerosas investigaciones). Desde sus orígenes, el Departamento de Inmigración ha tenido dos funciones esenciales: En primer lugar, controlar la entrada en el país y, en segundo lugar, velar por el bienestar de quienes llegan (una auténtica preocupación política a lo largo de los años 80). En función de la importancia concedida a una de las dos funciones del departamento sobre la otra, algunos autores han establecido cronologías de la política migratoria (Bruer y Power, 1993). De esta manera, ha pasado por fases en las que se priorizaba el control migratorio, la entrada “asistida” o los procesos de asimilación mientras que, en otras épocas ha abordado con mayor interés aspectos como la salud y la educación de los recién llegados. En el marco de la institucionalización de la política multicultural, además del órgano del Gobierno dedicado en exclusiva a la dirección y ejecución de la política migratoria, se crearon numerosas agencias estatales para la implementación de dichas política y se reorientaron y modificaron algunos organismos existentes con el fin de incluir en los mismos el nuevo sentido que cobraba la política pública. Las Comisiones de Asuntos Étnicos o los Consejos de las Comunidades Étnicas son organismos cuya función esencial es dar voz de una forma directa a las distintas comunidades, con el fin de dotarles de capacidad para la demanda de sus intereses y necesidades. La política multicultural también se ha materializado en una estructura de asesoramiento para discutir y definir la política de asentamiento de los inmigrantes. Aunque es cierto que ésta ya existía, la transición de la política asimilacionista a la multicultural modificó también la composición y orientación de los Consejos de Asesoramiento, incluyendo de nuevo la voz de las comunidades étnicas y con ello su capacidad para informar las políticas públicas. Otro de los instrumentos más frecuentemente utilizados por los distintos gobiernos de gestión multicultural ha sido el recurso a investigaciones e informes específicos sobre cuestiones vinculadas con las comunidades étnicas. Como medio para informar políticas, y también como forma de consulta, fue uno de los elementos centrales en los gobiernos de Fraser, Hawke y Keating. El papel de las comunidades étnicas en la política multicultural y en la propia gestión de los asuntos que les afectan, debe también ser mencionada.Al menos 3 millones de australianos son “étnicos” si se considera que hablan, como lengua materna, una lengua distinta al inglés. Esta gran parte de la población no tiene mucha influencia en el gobierno a no ser que éste se la otorgue. No hay apenas parlamentarios de origen étnico, no se encuentran frecuentemente entre las élites y, a pesar de ser discutido por algunos sectores, hay apenas unos pocos lobbies étnicos organizados (comparables a los estadounidenses, por ejemplo) con acceso directo al Gobierno y con capacidad real de incidir en la definición de la agenda. La intervención del Estado a través de la financiación y la promoción de organizaciones étnicas ha facilitado la capacidad de insumo de dichas comunidades en el proceso político (Jupp, 2003). En lo que respecta a la dimensión económica del multiculturalismo y, concretamente en lo respectivo al mercado de trabajo, éste no ha estado sólo definido en términos de identidad cultural e igualdad de acceso y oportunidades, sino también en lo que respecta a la eficiencia económica. De hecho, desde entonces parece haber un énfasis creciente en el valor añadido de la estructura de la población multicultural sobre la economía. 360

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La Agenda Multicultural ha pasado por diversas etapas desde su institucionalización como política de integración. De la implementación extensiva de medidas claramente sugeridas por las propuestas de Galbally a lo largo de los años 80 y bajo los gobiernos laboristas de Fraser, Hawke y Keating, hasta la política exclusivamente “nominal”, pero escasamente implementada, bajo el mandato conservador de J. Howard a partir de 1996. Recientemente, desde finales de los años 90, el modelo multicultural ha sido fuertemente criticado desde distintos sectores de la sociedad y tras diversos ataques y procesos de crisis se puede decir que hoy está a debate. 2.5 El multiculturalismo a debate y el impacto de One Nation A finales de los años 80 diversos ataques fueron lanzados sobre el modelo multicultural de integración y sobre las políticas concretas implementadas en el marco de dicho modelo, abriendo un duro debate en torno a la cuestión de la inmigración. Desde los partidos conservadores, algunos académicos y también desde ciertos sectores de la propia familia socialdemócrata, se plantearon críticas al modo en que se gestionaba la integración de los inmigrantes y a los propios mecanismos de entrada en el país. Dichas críticas fueron planteadas en tres sentidos fundamentalmente que no pueden dejar de comprenderse en el marco de un contexto bien distinto al de 1978. En primer lugar y desde el punto de vista político, la política multicultural era considerada cercenadora del debate sobre la inmigración al imponer la corrección política en lo que respecta a las minorías. Por otro lado, era acusada de ser una estrategia generadora de “división” al fomentar las diferencias de las distintas comunidades. Finalmente, se criticaba duramente el modelo multicultural por considerarse un diseño impositivo de las élites políticas, sin tomar en consideración la opinión pública. En un segundo orden de cosas, motivos económicos están también en la base de las críticas al modelo.Además de las condiciones estructurales de crisis en las que se encontró la economía a finales de los años 80, se consideró que la inmigración masiva de los años 70 se había traducido en un aumento de la tasa de desempleo. Esto era visto como una amenaza a los intereses de los australianos. Por otro lado, el nivel de gasto público que suponía la puesta en práctica de las políticas multiculturales era considerado excesivo. Finalmente, el aumento de población inmigrante y, sobre todo, la diversidad de nacionalidades que entraban en Australia a finales de los ochenta y que habían modificado significativamente la realidad social, eran vistas con cierto recelo. Lo que se dio en llamar la asianización de Australia suponía una amenaza a la herencia cultural de la sociedad australiana. En este contexto de controversia política multicultural, y tras la victoria legislativa del conservador J. Howard (duro crítico de la misma) en 1996, tuvo lugar la creación del partido One Nation7. Su significativa presencia y apoyo electoral en el estado de Queensland puso de manifiesto el surgimiento de un discurso nacionalista y racista que programaba un ataque a los fundamentos de la política multicultural (con cierta nostalgia incluso

7.- Este partido, fundado por la diputada del Partido Liberal Pauline Hanson y otros en 1997, ganó el 22% del voto en las elecciones del Estado Australiano de Queensland en 1998, pasando de 11 a 89 diputados en la Asamblea unicameral de dicho Estado.

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de la “Australia Blanca”). De nuevo, se trataba de una crítica del coste económico de la implementación de las políticas y de la presión de los inmigrantes en el mercado de trabajo, aunque subyacía a todo el programa una narrativa racista que se enfocaba, principalmente, contra el temor a la asianización de la sociedad. Aunque de forma más matizada, este discurso junto con el de “protección de las fronteras”, triunfó de nuevo en las elecciones legislativas de 2001, revalidando en el poder al ya primer ministro John Howard. Varias ideas, todas ellas relacionadas, deben ser señaladas en relación a la Administración del Gobierno Howard. En primer lugar, sus duras críticas a lo que consideró una “obsesión” asiática de los gobiernos anteriores y sus reparos al excesivo aumento de la inmigración procedente de dicha región. En segundo lugar, el énfasis en el “patrón cualificado” de entrada de inmigrantes por encima de reagrupamiento familiar y otros criterios. En tercer lugar, una clara resistencia a la recepción de asilados ilegales, así como de inmigrantes ilegales que en Australia son conocidos como boat people8. Esta resistencia se ha traducido en la creación de centros de detención de “ilegales” y en la llamada “orden obligatoria de arresto” a los mismos, que han sido ampliamente contestada dentro y fuera del país9. Finalmente, el Gobierno Howard se ha alineado claramente con la política antiterrorista de los EEUU adhiriéndose al paradigma de la seguridad. Como consecuencia se ha convertido, en el exterior, en el “gendarme” de la región asiática (como se puso de manifiesto en la intervención en Timor Oriental en 1999) y, en el interior, en el promotor de una política se seguridad bastante limitadora de los derechos y libertades públicas (Wright-Neville, 2006). 3. ALGUNOS CONFLICTOS LIGADOS A LA INMIGRACIÓN. LA CONSTRUCCIÓN CONFLICTIVA DEL “OTRO” MUSULMÁN Brevemente expuestos algunos de los aspectos más destacados de lo que podemos llamar la “Australia inmigrante”, y el modo en que este fenómeno ha sido gestionado y manejado por las autoridades a lo largo del siglo XX, dedicaré este capítulo a señalar la aparición de algunos conflictos relevantes vinculados a la diversidad cultural en un contexto de cambio social global. Tal y como ha quedado de manifiesto a lo largo de los primeros capítulos respecto de la construcción histórica de la “Política Blanca” y, habiendo sido además señalado por algunos investigadores expertos y académicos (Giannacopolous, 2006; Forrest y Dunn, 2006ª; Markus, 2001) ), la sociedad australiana, a pesar de haber llevado a cabo una reforma institucional-legal con el fin de reconocer y acomodar su realidad de diversidad social, tiene una larga y consolidada trayectoria homogeneizadora y excluyente en términos étnicos y culturales.

8.- “Gente de los barcos”. Puede apreciarse una clara similitud con las pateras y cayucos que llegan a las costas españolas. 9.- El papel del gobierno Howard en la Crisis de Tampa es revelador a este respecto. En 2001, el carguero noruego Tampa rescató a 439 afganos que pretendían entrar en Australia como asilados, y cuyo barco se había hundido en aguas internacionales, generando un contencioso entre los gobiernos de Australia, Noruega e Indonesia. El gobierno Howard tensó los principios de derecho internacional hasta el límite modificando la política de asilo y forzando militarmente al barco a abandonar las aguas australianas con el fin de rechazar la entrada de quienes buscaban asilo político. Esta acción sin precedentes, tuvo buena aceptación en la sociedad australiana donde la desconfianza hacia los asilados de origen musulmán era ya alta y sólo hizo aumentar como consecuencia de los atentados del 11S días después.

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Además, de la propia descripción de la dinámica de gestión migratoria y de asentamientos descrita anteriormente, se han podido desprender algunas ideas que apuntan a la existencia, en determinados momentos históricos, de líneas de fractura social10. Este capítulo estará dedicado a mostrar la aparición de un tipo específico de conflicto en el sentido conferido en el marco teórico que sustenta este trabajo11. Se trata de conflictos vinculados, de algún modo, a la diversidad cultural. Su emergencia y desarrollo debe ser comprendido a la luz de los principales elementos que han estado en la base de la construcción histórica de la “Australia Inmigrante”, así como de algunas de las características contemporáneas de la sociedad australiana en tanto sociedad de acogida. Pero en todo caso, han de enmarcarse en un contexto específico; el de las dinámicas contemporáneas de transformación social y política global y el modo en que éstas inciden en las distintas sociedades. Algunos de los conflictos que se señalarán pueden presentar múltiples dimensiones (socioeconómicas, políticas, espaciales, internacionales, etc.) pero tienen en común un elemento esencial que los hace relevante en el contexto australiano. Son conflictos ligados a la diversidad cultural, a la existencia de minorías excluidas o a la construcción “problemática” de determinados grupos minoritarios en términos de “otro” ajeno.Además, muchos de ellos combinan intolerancia a la diversidad junto con una revitalización de la identidad nacional, concebida en términos de hegemonía anglosajona. En los últimos años, numerosas investigaciones, dentro y fuera del ámbito académico australiano, han recogido teórica y empíricamente actitudes y tendencias de conflicto cultural así como expresiones concretas de dichos conflictos en Australia (episodios racistas, revueltas urbanas, polémicos centros de detención de “ilegales”, contestada construcción de mezquitas, etc,). A pesar de la pluralidad de enfoques que muestra la literatura, algunos autores coinciden en señalar varios aspectos generales que parecen estar en la base de dichos fenómenos. En primer lugar, la persistente (y renovada) herencia de la hegemonía blanca anglosajona en la constitución de la identidad nacional australiana (Pettman 1992; Stokes 1997; Vasta y Castles 1996; Forrest y Dunn 2007; Poynting y Noble, 2004). En esta línea se explican episodios de racismo, rechazo y detención de refugiados o conflictos urbanos en términos de hegemonía cultural anglosajona sobre minorías étnicas excluidas y señaladas como “otro” problemático no “asimilable”12. A pesar del modelo de integración multicultural puesto en marcha desde los años 80 para afrontar de forma incluyente la diversidad, algunos autores insisten en señalar su coexistencia con ciertas formas de racismo, así como cierta “nostalgia” de la norma centrada en la cultura anglocéltica perceptible, sobre todo en el nivel más local (Dunn, 2005; Giannacopoulos, 2006). 10.- Es necesario aclarar que, aunque Australia es un país que recibe permanentemente inmigrantes, muchos de los conflictos que se comentan aquí no pueden ser señalados estrictamente como vinculados a población “inmigrante” sino que implican a minorías étnicas en las que, a menudo, aparecen individuos de segunda o tercera generación. 11.- Según dicha perspectiva de análisis es conveniente abordar los múltiples conflictos sociales enfatizando su dimensión “pública”. En este sentido, pueden ser incluidos todos aquellos en los cuales las demandas de los actores inciden en las pautas que conforman la pertenencia y la implicación en la comunidad o aquellos que se han traducido en una reivindicación del ejercicio de derechos y deberes en el marco de una comunidad política (Morán, 2007). 12.- Aunque no es el objeto de este trabajo, no debe olvidarse el hecho de que Australia cuenta con 455,031 individuos aborígenes, un total del 2,3% de la población total, en condiciones de exclusión social y política que es también víctima de expresiones de racismo que ha protagonizado protestas en algunas ocasiones.

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En segundo lugar, se ha subrayado la idea de ciudadanía como marco en el cual deben ser comprendidos muchos de estos conflictos. Quienes adoptan este enfoque entienden los conflictos en tanto resultado de procesos de exclusión y/o reivindicación de inclusión en la comunidad, enfatizando aspectos como derechos de pertenencia o presencia (Pettman, 1992; Du Gay et al. 2000; Giroux 1993; Ho, 2007; Ang, 2006). Una última idea que parece recurrente en la interpretación de conflictos como los que abordamos tiene que ver con el marco espacial/geográfico en el que ocurren (Ang, 2006; Forrest y Dunn, 2006). Generalmente son las ciudades los lugares que presentan una mayor diversidad cultural. Saskia Sassen (2003) habla de “ciudad global”, destacando su dimensión de emplazamiento medular en las redes del capitalismo global así como su capacidad para atraer una enorme diversidad cultural. Además se han señalado algunos otros factores más específicos de los conflictos que tratamos y que, en cierta medida, podrían ayudar a organizar la exposición. Se trata de algunas características y procesos de cambio de la sociedad de acogida en interacción con tendencias de cambio social global. Junto con el ya mencionado auge del nacionalismo anglocéltico a lo largo de los años noventa (Dunn, 2005)13, debemos comentar un fenómeno ciertamente vinculado con el cambio en el patrón migratorio y que se ha traducido, al menos, en cuatro factores-percepciones que alimentan conflictos: el histórico “temor al Norte”, la percepción de asianización, el paradigma de la seguridad (que algunos han dado en llamar “segurización”) y el desarrollo de procesos de “pánico moral”. El cambio en el patrón migratorio a lo largo de los años 80 y 90 como consecuencia de la abolición de la “Política Blanca” y del incremento de las relaciones comerciales y políticas con Asia promovido por los gobiernos laboristas (principalmente por el primer ministro Keating), supuso un notable aumento de la población asiática. Dicho cambio, junto con la continua llegada de refugiados/asilados procedentes de países de Oriente Medio, modificó sustancialmente la composición de la sociedad australiana hasta entonces mayoritariamente anglosajona y europea en términos culturales. Desde finales de los años 80, esta “apertura” a la región asiática ha tenido sus críticos e incluso ha generado discursos racistas frente al origen asiático. El término “asianización” se ha empleado de forma despectiva para evaluar el incremento de población de origen asiático en la sociedad australiana, que es percibido en términos de “invasión”. Esta idea está en la base de la ya comentada política del Gobierno liberal nacional de Howard, en el poder desde 1996. Por otro lado, pero vinculado a lo anterior, aparece, o se renueva, a lo largo de los años 90, una percepción de “amenaza del Norte” en el seno de la sociedad australiana. La lejanía de la metrópoli y del centro cultural de la tradición anglosajona han conducido a un histórico rechazo y recelo frente a la región asiática que, por otro lado, está en la base de la “Política Blanca” y del racismo institucional que dicho sistema establecía (Giannacoupolos, 2006), pero que parte de los primeros pobladores del país. Asimismo, como consecuencia de ese recelo, Australia se ha alineado tradicionalmente con las democracias occi-

13.- El ejemplo más claro que ilustra este renovado nacionalismo se pueden encontrar en la aparición y relativo éxito electoral del partido One Nation y, en menor medida, al triunfo del Gobierno liberal-nacional de J. Howard en 1996. Véase capítulo 2. Para un trabajo más extenso sobre el impacto de One Nation, véase Gibbson, R, Ian Macallister y Tami Swenson, 2002.

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dentales, en general de forma militante y, recientemente, en el contexto de la así llamada “guerra contra el terror”, de forma beligerante con la intención de convertirse en el “gendarme” de la región asiática14. Este temor ha sido descrito en relación a la diferencia cultural15 y la percepción de amenaza que esta conlleva (Jupp, 2003). Igualmente podemos mencionar como el impacto de acontecimientos internacionales como el 11S en EEUU o los atentados de Bali en 2002 y 2005, o de estrategias globales de represión del terrorismo como la posterior invasión de Irak en la que Australia tomó parte activa, han conducido a un cambio en el paradigma de seguridad que vincula lo global a lo local (o doméstico). En el caso de Australia, su participación en la campaña contra el terror “global” se ha traducido en dos cuestiones claramente significativas en el marco del conflicto. Por un lado, en la implementación de medidas legislativas y coercitivas específicas como la Australian Anti-Terrorist Act de 2005. Los diversos paquetes de reformas legislativas han llevado a un aumento progresivo de la capacidad del Estado australiano para inmiscuirse en la vida de los ciudadanos, detener y enjuiciar a individuos sospechosos de llevar a cabo actividades relacionadas con el terrorismo sin tener en cuenta las debidas garantías procesales. Por otro lado, en la construcción de un discurso promovido por el Gobierno de Howard, en el que el terrorismo se identifica prácticamente con el Islam. El resultado ha sido una erosión desigual de la democracia mediante la cual los costes sociales derivados de ese aumento de las competencias del Estado recaen de forma desproporcionada en determinados grupos étnicos y religiosos. Así, el enfoque dado por el Gobierno de Howard a la lucha contra el terrorismo está socavando los pilares del multiculturalismo y llevando a las comunidades musulmanas a adoptar una postura defensiva que amenaza con aislarlas de la comunidad (Wright-Neville, 2006). Finalmente cabe una consideración respecto a lo que la literatura ha denominado “pánico moral”16. Este término apunta a una idea que claramente puede desprenderse de los factores mencionados anteriormente: el proceso de construcción del “otro” diverso o distinto, de forma problemática y conflictiva. Se ha mencionado ya como el desarrollo de marcos legislativos multiculturales coexiste en Australia con determinados tipos de racismo y xenofobia. Pues bien, uno de los elementos que mejor ilustran esta idea es el proceso a partir del cuál se produce en Australia en la década de los 90 pero de forma especialmente acentuada tras el 11S, una construcción social del “otro” musulmán en términos especialmente conflictivos. Las reacciones de amplios grupos de la sociedad ante fenómenos como el terrorismo o la llegada de asilados ilegales de países como Afganistán e Irak son directamente identificadas en el imaginario social como sinónimos, generando un marco de comprensión de la inmigración en términos de Islam y éste en términos de imposibilidad para la asimilación y directamente como amenaza a la seguridad. El “pánico moral” por el cuál tiene lugar la atribución de un elemento de desviación a un determinado grupo social que se construye en oposición a otro grupo (en nuestro caso, los inmigrantes musulmanes versus la Australia blanca, anglosajona y protestante), es además alimentado por los medios de comunicación como tendremos ocasión de comprobar17,

14.- El papel del Gobierno Howard liderando intervención de las Naciones Unidas en la crisis de Timor Oriental en 1999 es significativo a este respecto. 15.- Aunque lo comentaremos más adelante, no puede dejar de mencionarse el hecho de que el país no anglosajón más cercano a Australia es también el país con mayor número de musulmanes del mundo, Indonesia, además del lugar en el que tuvieron lugar los atentados de Bali en 2002 y 2005 en los que murieron 89 y 4 turistas australianos respectivamente. 16.- Este término fue acuñado por Stanley Cohen en 1972 para referir reacciones colectivas basadas en percepciones exageradas y emprejuiciadas de comportamientos o minorías culturales que se consideran amenazas para la sociedad.

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generando un conflicto social que a menudo se manifiesta en episodios de protesta y, eventualmente, se torna en violencia. A la luz de estas ideas pueden comprenderse algunos conflictos vinculados a la cuestión étnica o cultural que han surgido en la Australia contemporánea y que están recogidos en la literatura especializada. Aunque de forma somera, los repasaremos con el fin de dar cuenta de sus características generales, considerando que casi todos ellos combinan múltiples dimensiones entre las que cabe destacar buena parte de las mencionadas. El conflicto que más eco ha tenido en dicha literatura en los últimos años tiene que ver con un tipo específico de sentimiento colectivo hostil a una minoría cultural, la musulmana; es lo que se ha dado en llamar islamofobia. Scott Poynting (2007) es uno de los investigadores que más a fondo se ha empleado en la tarea de reconstruir las bases y expresiones de este fenómeno, es decir, la percepción del Islam como amenaza en Australia. Esta cuestión ha sido abordada específicamente en aquellas áreas en las que es más sistemática18. Su explicación ofrece una reconstrucción histórica de lo que denomina una transición desde el racismo antiasiático, pasando por el racismo antiárabe hasta desembocar en un rechazo, estigmatización y criminalización antimusulmana, que refleja y responde a cambios en las identidades culturales y políticas de las comunidades minoritarias. Este racismo antimusulmán, se ha potenciado incuestionablemente a partir de los acontecimientos del 11S19, enfocándose fundamentalmente en los individuos de “aspecto árabe”20. Durante la Guerra del Golfo de 1991, Australia sufrió un estallido de violencia racista sobre la población de origen árabe y personas musulmanas. Dicho estallido llevó a que hicieran jirones del hijab21 a mujeres en lugares públicos, amenazas, insultos, intimidaciones y ataques más violentos como incendios, actos de vandalismo contra mezquitas y ataques a la propiedad. Tras el 11S, así como después de los atentados de Bali (2002), las autoridades hicieron un seguimiento de este tipo de actos con el fin de establecer posibles líneas de intervención. En ambos episodios hubo una intensificación de formas existentes de racismo que habían venido generándose a lo largo de los años 90 (Poynting, 2007). Uno de los patrones más recurrentes en este tipo de actos es el hecho de que se llevara a cabo principalmente contra mujeres, concretamente musulmanas que exhibían hijab. Además, los informes revelan un patrón de identificación entre “árabe” o “musulmán” con “terrorista” que se atribuye a los medios de comunicación; en concreto se señala la figura de las tertulias y la prensa como agentes principales. En la construcción de este discurso islamó-

17.- En todo caso, el papel de los medios de comunicación en la creación de marcos de interpretación social ,concretamente en las situaciones de conflicto, es un aspecto recurrente de los mismos y aparece referido otros episodios de conflicto de la naturaleza que analizamos. 18.- Por sus propias características socioeconómicas, los estados de New South Wales, Queensland y Victoria y sus respectivas capitales Sydney, Brisbane y Melbourne son los más diversos en términos étnicos. Por esta razón muchos de las manifestaciones directas de islamofobia y racismo (más allá del racismo en los medios o del racismo institucional) han tenido lugar en dichos estados. 19.- Esta tendencia es referida por el autor en algunos países del ámbito europeo, y de forma clara, apunta, en Gran Bretaña. 20.- La expresión inglesa “Middle Eastern appearance” es recurrente en los trabajos sobre racismo e Islamofobia. Se refiere a los inmigrantes y en buena parte refugiados, procedentes de los países en conflicto de Oriente Medio (Irak, Líbano, Afganistán, etc.). Estas comunidades constituyen en el momento presente el objetivo de la gran mayoría de ataques racistas y discursos xenófobos. En adelante lo traduciré por la expresión, igualmente despectiva, de “aspecto árabe”. 21.- Pañuelo con el que las mujeres musulmanas se cubren la cabeza. Nótese que, de nuevo, el problema aparece vinculado a las características étnicas de determinados grupos y a las representaciones y percepciones que se les asocia.

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fobo, las categorías “raza” (aspecto árabe), “etnia” (árabe), “nacionalidad” (libanés) y “religión” (musulmana) son unificadas e igualadas. (HREOC, 2004) Además del llamado “racismo institucional” por parte del Gobierno Howard, las actitudes de islamofobia se han traducido, principalmente, en oposición pública a la construcción de mezquitas, criminalización de la población juvenil en términos de “bandas”, y violencia directa contra las personas y las propiedades bajo determinadas condiciones. No existen apenas estudios empíricos sobre este tipo de episodios sino que, más bien, se encuentran investigaciones sobre actitudes, percepciones y estereotipos. Sin embargo, tal y como han sido recogido por la literatura reciente, este hecho, aun teniendo sus bases en el pasado, ha cobrado una especial relevancia desde los años noventa, siendo una de los principales problemas sociales que afronta la sociedad australiana, además de socavar los cimientos de la política multicultural. Un segundo aspecto que ha sido fuente de conflicto en los últimos años y que, de nuevo, está relacionado con las cuestiones anteriormente expuestas, tiene que ver con la cuestión de la entrada de asilados y refugiados. La recepción histórica de refugiados y asilados políticos a través de programas gubernamentales, en colaboración con las organizaciones internacionales, también ha sido objeto de controvertidos debates, sobre todo respecto de los términos en los que dicha recepción era gestionada. A partir de los años 70 y 80, como consecuencia de la llegada de refugiados procedentes de conflictos en sudeste asiático (Vietnam y Camboya, sobre todo), la gestión del asilo político se separó de la política de inmigración. Las oleadas de refugiados se han sucedido desde entonces, variando también los países de origen. A finales de los años 90 una nueva oleada de demandantes de asilo, procedentes fundamentalmente de Oriente Medio22 (Irak, Líbano, Afganistán, etc.), ha sido objeto de controversia pública y política dada también la naturaleza del contexto ya comentada. El tratamiento deseable de los refugiados ha sido siempre fruto de tensiones en la sociedad, a pesar de que aún hoy la mayoría de la sociedad apoya el control de fronteras y la política migratoria. Desde 198923, la política con los refugiados ha sido especialmente controvertida, dentro y fuera de Australia, por el trato intimidatorio y represivo dado a los demandantes de asilo. En concreto, la orden de detención obligatoria y la creación de centros de internamiento de “ilegales” ha estado en la base de algunas protestas (Jupp, 2007). Los refugiados que llegan en barco a las costas australianas con el fin de solicitar asilo sin ser portadores de visado, los conocidos comúnmente como boat people han sido demonizados y usados como cabeza de turco por parte de las autoridades para justificar el férreo control fronterizo y la política de seguridad nacional (McMaster, 2002). Las protestas en Port Hedland en los 90 y en el Centro de Detención de Woomera en 2002, alertaron al público australiano del tratamiento inhumano a grupos específicos de población, poniéndose en cuestión la validez de la política de detención. A la vez, acontecimientos como la crisis de Tampa (con amplia cobertura de la prensa internacional) y

22.- Nótese que, de nuevo, el problema aparece vinculado a las características étnicas de determinados grupos y a las representaciones y percepciones que se les asocia. 23.- Aunque la orden de detención obligatoria para demandantes de asilo no autorizado está contemplada en la legislación australiana desde 1901, sólo a partir de 1989 se hizo recurrente. Como reacción a la llegada masiva en barco de este tipo de personas a partir de los años 90, las autoridades invocaron el uso de esta medida que conlleva el internamiento de las mismas durante un periodo indefinido con el fin de tramitar su demanda.

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otras de carácter similar en las que barcos de diversa procedencia tratan de entrar en aguas australianas con el fin de acogerse al derecho de asilo, han puesto de manifiesto las características de una dudosa política en lo que respecta a la garantía de derechos humanos y patrones visibles de “racismo institucional”, por parte del Gobierno Howard. Sin embargo, la actitud favorable a esta política de una parte importante de la población y el consiguiente apoyo al Gobierno de Howard en este aspecto, pone de relieve de nuevo como, a pesar de estas protestas, el grueso de la opinión pública australiana continúa viendo a los solicitantes de asilo como una amenaza a la pureza de la sociedad y a la seguridad (McMaster, 2002). Un tercer tipo de conflictos vinculados a la construcción del musulmán como “otro” problemático, debe ser comprendido en el marco del espacio urbano, siendo las grandes ciudades como Sydney o Melbourne las principales áreas en las que este tipo de episodios han tenido lugar. La población de Sydney cuenta con un 43% de inmigrantes cuya lengua no es el inglés. En Melbourne, esto ocurre en un 41%.Además, entre 1996 y 2001 el 39% de los inmigrantes que entraron en Australia se asentaron en Sydney, el 22 % en Melbourne y el 15% en Perth. Dadas las características contemporáneas de las grandes ciudades o de las llamadas “ciudades globales” (Sassen, 2003) en tanto centro de transferencia de capital global, núcleos laborales, concentración de población y diversidad étnica son, además, lugares susceptibles de gran variedad de conflictos sociales generalmente vinculados a recursos escasos: vivienda, mercado de trabajo, presión sobre las infraestructuras y los servicios, espacio público, violencia juvenil, prácticas colectivas etc. Cuando un grupo social es enmarcado en el imaginario colectivo como no asimilable, potencial competidor de los recursos y amenaza sobre la seguridad, esta realidad se hace especialmente problemática en las ciudades en tanto que allí su presencia es más evidente, sus prácticas cotidianas menos tolerables y sus espacios más segregados. Las ciudades son, por otro lado, unidades políticas que, a diferencia del Estado, no “pueden cerrar sus fronteras”. La ciudad no tiene control sobre quién entra y quién sale. Simplemente se tiene que acomodar a la llegada de nuevos pobladores sin capacidad para tomar parte en el diseño de las políticas migratorias. Además, la ciudad tiene sus propias dinámicas de representación colectiva y, en gran medida, éstas están vinculadas al espacio (como se verá en el capítulo 4). Los episodios de violencia colectiva que tuvieron lugar en la Playa de Cronulla en diciembre de 2005, ponen de relieve esta significación del espacio en la configuración de la ciudadanía urbana y de los procesos de inclusión y exclusión que genera. Igualmente, este episodio combina muchos de los aspectos que han sido señalados a lo largo de este capítulo y, por esta razón, me detendré en su análisis con mayor profundidad.

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4. CRONULLA 2005: ISLAMOFOBIA, RACISMO Y VIOLENCIA COLECTIVA. UN CASO EJEMPLAR DEL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE CONFLICTOS. RESEÑA 1 El suceso y la movilización En diciembre de 2005, un grupo de jóvenes libaneses que jugaban al fútbol en la playa de Cronulla, tuvo un enfrentamiento con un grupo de socorristas después de que les llamaran la atención por la práctica de actividades que impedían otros usos de la playa. Como consecuencia del enfrentamiento, dos de los socorristas resultaron brutalmente golpeados. A lo largo de la siguiente semana, un proceso de movilización étnica tuvo lugar a través del envío masivo de mensajes SMS. La convocatoria iba destinada a jóvenes angloaustralianos para revindicar su espacio-la playa- en señal de protesta frente a quien se consideró como un invasor, los jóvenes libaneses supuestamente musulmanes. “Ven a la playa este fin de semana a vengarte. Este domingo, todo aussie en Cronulla a apoyar el día del linchamiento a los libaneses”. Este SMS no “cayó en saco roto”, sino que fue ampliamente difundido por determinados medios de comunicación. Algunos, incluso, como la tertulia de Alan Jones, en la emisora 2GB, incitando a la violencia. Los episodios vividos en la Playa de Cronulla y en los suburbios de Maroubra y Brighton le Sands (Sydney) en Diciembre de 2001, tuvieron un enorme impacto tanto en la sociedad como las autoridades australianas. Se trata de un fenómeno sin precedentes en Australia por sus características raciales y por el contexto en el que se insertan.Asimismo, su amplia cobertura informativa en los medios de comunicación internacional la han hecho objeto de numerosos debates políticos e investigaciones académicas por lo que consideraron ciertas “similitudes” con episodios de violencia urbana de características étnicas/raciales, ocurridos en Europa y EEUU. Por otro lado, este episodio parece condensar algunos de los factores que han sido mencionados en el capítulo tercero como base de conflictos. Aunque la definición exacta de lo ocurrido en Cronulla es discutida en la literatura y depende de los distintos enfoques, casi todos los estudios señalan la importancia de varios factores: tensiones racistas previas (concretamente centradas en un sentimiento antimusulmán), el papel de los medios de comunicación en el enmarque discursivo de dicho episodio, su relación al contexto de contra-terrorismo y nuevo paradigma de la seguridad posterior a 9/11, y las implicaciones para la política multicultural australiana. En este capítulo se llevará a cabo el análisis de algunas dimensiones significativas del episodio de Cronulla, tratando de enfatizar la dinámica en virtud de la cuál demandas, actores y estrategias de acción insertadas en un contexto específico, operan en interacción unas con otras A pesar de la relevancia de los acontecimientos de Cronulla, si bien hay un importante conjunto de trabajos que aportan información relevante respecto de las posibles causas y la naturaleza del conflicto a la que este episodio de violencia responde, hay que resaltar la escasez de trabajos empíricos sobre el proceso de movilización propiamente dicho. Por esta razón una parte importante del análisis de la acción colectiva, la voz de los actores, queda reducido a las posibles explicaciones contenidas en el primer tipo de trabajos. No 369

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obstante, el material disponible permite algún tipo de reconstrucción de las narrativas de los mismos con el fin de ilustrar este informe. Antes de adentrarnos el análisis concreto de los episodios de protesta en la playa de Cronulla, merece la pena introducir al lector, aunque sea de forma somera, en el contexto en el que tuvo lugar dicho fenómeno. La ciudad de Sydney, situada en la costa este de Australia, es la capital del Estado australiano de New South Wales (NSW) además de la ciudad más poblada de Australia. Cuenta con una población de 6.817.100 de habitantes ( el 62,9% de la población del Estado). De esta población, el 31.7% son nacidos en el extranjero siendo Inglaterra (3.5%), China (2,6%), Nueva Zelanda (2,0%), Vietnam (1,5%) y Líbano (1,3%) las principales nacionalidades de origen. La economía de Sydney representa el 8% del total de la economía australiana (en proporción, una economía mayor a la del Estado de NSW y el de Tasmania juntos) siendo la tasa de paro del 5% (Censo, 2006). Además, Sydney es una de las ciudades más cosmopolitas y “globales” del mundo, no sólo por su relación y su papel activo en el marco de la producción de la economía global sino por significativa diversidad étnica. Dentro de la tradición anglocéltica australiana, la playa constituye casi un emblema en la construcción de la identidad nacional. Los cientos de miles de kilómetros de costas australianas son sus fronteras, el límite de entrada y de salida.Además, buena parte de la población australiana está concentrada en las costas. Como espacio social, la playa es un lugar querido y muy frecuentado por los australianos siendo el surf uno de sus deportes nacionales. Las playas son lugares de ocio, de trabajo, de sociabilidad y gran variedad de prácticas sociales. Son consideradas un “tesoro” del placer y, dentro del dominio cultural un mito fundacional de la cultura australiana24. Los suburbios cercanos a las playas, como Manoubra y Brighton le Sands son surferos y eminentemente anglosajones (anglocélticos) en términos étnicos. La playa de Cronulla, está situada en la orilla sur de la ciudad de Sydney y constituye una de las zonas más anglocélticas y más distinguida de la ciudad. Sin embargo, la existencia de una estación de tren que une la playa con algunos suburbios del sur de Sydney hace que sea el lugar escogido por muchos inmigrantes para pasar los días de descanso. Los episodios de violencia en la playa de Cronulla son relevantes en la medida que ponen de relieve numerosas cuestiones vinculadas al modo en que se representan colectivamente determinados grupos en tanto “comunidades imaginadas” (Anderson, 1999). Pero también a la idea de etnicidad como identidad movilizadora, al uso del espacio urbano, al papel de las estrategias de enmaque discursivo en el contexto del conflicto, o a la politización de espacios públicos. 4.1 Naturaleza del conflicto y de las reivindicaciones. A pesar de la “novedad” del fenómeno, este episodio de conflicto ha sido abordado en numerosas ocasiones ya directamente para explorar sus causas y factores más relevantes, ya como estudio de caso para ilustrar cuestiones más amplias. 24.- Como distintivo, no lo es sólo en el terreno popular. Dentro de la comunidad científica constituye un verdadero “tema” de interés. Desde los años 80, ha habido una auténtica explosión dentro de la sociología australiana de estudios vinculados a la idea de playa y su vinculación con la identidad autraliana, sobre todo, dentro de la sociología urbana y de los estudios culturales (Harley y Green, 2006)

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Por esta razón, aunque habría que señalar puntos de convergencia entre los especialistas, existe cierta diversidad de criterio a la hora de determinar la propia “naturaleza” del conflicto al que responde la protesta de diciembre de 2005. A modo de síntesis, podemos encontrar, al menos, tres tipos de explicaciones: por un lado, aquellas que apuntan a motivaciones de tipo étnico-racial. Por otro lado, aparecen explicaciones centradas en los factores culturales e identitarios y, finalmente, consideraciones espaciales-urbanas, vinculadas a las características de la vida en la ciudad. Es interesante destacar, entre otras, la ausencia de explicaciones socioestructurales que atribuyan el origen de la protesta a elementos de fractura económica o percepciones de privación o agravio socioeconómico. Asimismo, es resulta revelador el hecho de que, dependiendo del enfoque, varía también la denominación del suceso.Así,“revueltas”,“disturbios”,“protestas” “pogromo”, son términos que señalan el mismo episodio pero que denotan cuestiones diferentes (tanto en términos de origen como en lo relativo a su legitimidad, legalidad e intensidad). El primer conjunto de trabajos ha abordado los episodios de Cronulla en tanto de “crimen de odio”. El elemento racial /étnico se supone en el origen de dichos episodios y el estallido de violencia sería el resultado de tensiones previas, alimentadas por un discurso público que produce un conflicto racial basado en la superioridad de la Australia “blanca” sobre la minoría no australiana de “aspecto árabe” (Giannacopopulos, 2006; Poynting, 2005; Moses, 2006). Este enfoque subraya el papel de la violencia y el racismo institucional tradicional en Australia, junto con factores del contexto sociopolítico específico como catalizadores del episodio que definen como “crimen de odio” y “pogromo”. Un segundo argumento, que ha sido apuntado a la hora de dar cuenta de los episodios de violencia en Cronulla pertenece al ámbito de lo cultural; al ámbito de las prácticas propias de determinadas comunidades.Aunque a menudo se “solapa” con el enfoque anterior, lo que se plantea es el modo en que determinadas prácticas se consideran “no asimiladas” y por lo tanto ilegítimas, para después vincularse con un grupo étnicamente definido en forma de conflicto. El modo en que la percepción de ilegitimidad de determinadas prácticas (ej. jugar al fútbol en la playa25) por parte de una comunidad mayoritaria es elaborada en forma conflictiva dentro de un contexto de tensión étnica, incita a una demanda de asimilación y a una protesta de rechazo (Mitropoulos, 2006). Finalmente, aparece un tipo de explicación vinculado al marco de la vida social urbana, al uso de los espacios y al modo en que estos espacios son vividos por los ciudadanos. La playa de Cronulla es un lugar frecuentado por inmigrantes (sobre todo en fines de semana) porque, dentro del conjunto de playas urbanas de Sydney, es la única que tiene una parada de tren que enlaza con los suburbios de la ciudad. A pesar de ser una zona de absoluta supremacía blanca anglocéltica es frecuentada por grupos de jóvenes de otras comunidades. La idea de otras presencias, otras prácticas, es apuntada como factor de rechazo de determinadas comunidades cuya presencia se considera ilegítima y, eventualmente, amenazante (Ang, 2006). La playa, como el espacio urbano, es un recurso escaso. La demanda de reconocimiento, de presencia, de “derecho a la ciudad” es subrayada en este tipo de trabajos como parte del conflicto (Forrest y Dunn, 2007).

25.- Dentro de la ya mencionada cultura “playera” australiana, el fútbol (de reglas anglosajonas) es una actividad común y apreciada. No así el llamado “soccer”, que se considera despectivamente deporte de europeos meridionales y “árabes”. Los jóvenes libaneses que asaltaron y golpearon a los socorristas tras sus increpaciones racistas, estaban jugando a este juego.

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Aunque estas explicaciones estén más o menos centradas en algún aspecto concreto del origen de las protestas, todas ellas mantienen líneas esenciales en común: La primera idea recurrente tiene que ver con el hecho que de todas ellas anclan la emergencia de la protesta violenta en Cronulla Beach a una tensión latente vinculada a la visión negativa, el “pánico moral”, la sensación de amenaza de una determinada comunidad, la musulmana26. Esta idea, mencionada en el capítulo tercero como islamofobia, ha sido señalada como una de las principales líneas de fractura social en la Australia contemporánea, y está vinculada a un contexto sociopolítico específico; el marco de lo que ha sido denominado como “guerra contra el terror”. (Poynting, 2006; Poynting y Noble, 2004; Poynting, Noble,Tabar y Collins, 2004). El segundo punto de convergencia estriba en que todos los trabajos consultados ubican el escenario del conflicto en el que se enmarcan las protestas, en el contexto sociopolítico de cambios en los paradigmas de la seguridad global tras el 9/11. (Poynting, 2006; Poynting y Noble, 2004; Poyintong, Noble,Tabar, Collins, 2004; Ho, 2007; Moses, 2006). Además, todos ellos se refieren al modo en que estos episodios ponen de relieve problemas de ciudadanía y nociones específicas de ciudadanos y de no ciudadanos. Comunidades concretas que son rechazadas por las instituciones y por la opinión pública como no “incluibles” en tanto “difícilmente integrables” (considérese siempre el marco de las políticas multiculturales australianas). Sin duda, no puede dejar de mencionarse el último de los factores que es común a todos los trabajos que han abordado los episodios de Cronulla beach. Se tata del papel de los medios en la producción y difusión de un discurso que ha sido señalado como racista e islamófobo que encuadró a lo largo de la semana previa a la violencia, una pelea juvenil en términos de conflicto cultural, quiebra del modelo multicultural, fracaso de la integración,etc. A partir de estos análisis, es necesario defender que no hay conflictos monocausales. La mayoría de los episodios de protestas y de eventual violencia, responden a conflictos multidimensionales y, a menudo, todas ellas determinan diferentes aspectos dentro de la “puesta en escena” de la protesta. El hecho de que no hay otras explicaciones disponibles no determina las múltiples causas que pudieran confluir en la protesta violenta de Cronulla beach. A pesar de la ausencia de trabajos que se hayan centrado en el proceso de movilización propiamente dicho, podemos hacer, a la luz de la literatura disponible, un ejercicio de reconstrucción y establecer el modo en que algunas de las cuestiones expuestas se constituyeron en “programas” reivindicativos y las estrategias a partir de las cuales distintos actores “pusieron en escena” sus discursos, intereses y demandas. 4.2 Mosaico de narrativas y actores En el nivel de los agentes implicados en los episodios de violencia debemos hacer mención de diverso tipo de actores en este contexto. 26.- Es importante insistir en la idea de que, dentro de esta construcción conflictiva de lo musulmán se mezclan elementos étnicos, culturales y religiosos. Esta combinación, confusión, se ve claramente en el modo en que, dentro del marco del conflicto, son referidos como “muslim” (musulmanes), “middle eastern appeareance” (aspecto árabe), “lebs” (libaneses).

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Participantes en los episodios de violencia Ante la ausencia de una descripción sistemática en la literatura sobre el tipo de organización bajo la cuál fueron movilizados quienes protestaban en la playa de Cronulla el domingo 11 de diciembre, así como de los grupos que respondieron con ataques a la propiedad en distintos suburbios cercanos en las noches posteriores, haré una mínima descripción de lo que sí está recogido.Todo tipo de consignas y mensajes que dan idea de las narrativas de ambas partes enfrentadas. De un lado, jóvenes australianos identificados con la cultura anglocéltica y, de otro lado, jóvenes australianos de origen libanés. Entre los mensajes portados por la multitud de 5000 jóvenes en la playa se pueden recoger los siguientes: “100% orgullo aussies” “limpieza étnica”, “zurremos a moros y libas”, “los asussies responden”. También se podían encontrar jóvenes envueltos y pintados con banderas nacionales australianas, cánticos simbólicos y tradicionales australianos como Waltzing Matilda. Independientemente del grado de organización de la multitud de jóvenes encontrados en la playa aquel día, todo ellos habían sido convocados a través de SMS y alimentados por el eco de los medios. La narrativa que se desprende de este tipo de mensajes no es otra que la del racismo más absoluto, la superioridad y hegemonía cultural y la defensa de estas dos cuestiones hasta el grado de la violencia. Por otro lado, jóvenes libaneses linchados en la playa de Cronulla el domingo, emprendieron protestas igualmente violentas en la forma de daño a la propiedad.Además de cierta venganza, su reivindicación era claramente la del derecho a la presencia y a la inclusión en la comunidad de la que de hecho son parte. “Nuestros padres vinieron y trabajaron duramente para sus familias. Nosotros ayudamos a construir este país y ahora estos racistas nos quieren fuera (…). es el momento de mostrarle a esa gente pegada a los 50 que los tiempos han cambiado. NOSOTROS somos Australia. Ellos son blancos ladrones que le robaron la tierra a los aborígenes y su tiempo se ha acabado”. Los medios de comunicación Uno de los actores más relevantes señalado por los trabajos disponibles ha estado constituido por los medios de comunicación. Su implicación activa en la “alimentación” de la protesta parece haber sido un aspecto clave del modo en que tuvo lugar la movilización del 11 de diciembre de 2005. Además del respaldo narrativo a la política de islamofobia y segurización del Gobierno Howard por parte de determinados medios27, el grupo de comunicación más poderoso de toda Australia, patrimonio del magnate de la comunicación Rupert Murdoch ejerció, a través de sus diarios The Daily Telegraph (Sydney) y The Australian (nacional) una auténtica campaña de movilización social contra lo que construyó como un enemigo público: “los asaltantes de aspecto árabe”. The Daily Telegraph 27.- Gran parte de los entrevistados en la investigación realizada por Scott Poynting para la Human Rights and Equal Opportunities Commission sobre racismo contra árabes y musulmanes en Australia, señaló la difamación y difusión de discursos islamófobos por parte de los mismos como causa de la violencia racial experimentada desde el 11 de septiembre. (Poyinting, 2004)

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anunciaba “la batalla de la playa” publicitando así la jornada de movilización convocada para el domingo 11 de diciembre. Este diario reprodujo incluso el SMS a través de cuál se convocaba la protesta “este domingo todos los aussies a la orilla norte de Cronulla para apoyar la jornada contra libaneses”28. La implicación activa de los medios supuso la creación de una imagen negativa de los jóvenes libaneses, cuyo comportamiento en la playa fue construido como antisocial, como no integrable ni asimilable. Bajo esta imagen se produjo una reivindicación de la playa como espacio anglo-céltico, propiedad y dominio de la cultura “tradicional” australiana. La violencia contra los socorristas fue concebida como un ataque a uno de los verdadero, iconos de la cultura australiana (los bronceados socorristas aussies y la playa, símbolos nacionales), desatando emociones públicas que fueron enmarcadas por los medios en términos de un conflicto irresoluble entre culturas resultado de la política multicultural. (Poynting, 2006; Ang, 2006). Una mención especial merece la emisora de radio 2GB, en la que uno de los directores de tertulia Alan Jones, ha sido señalado como el “máximo instigador” de la violencia. La expresión de este periodista “yo soy el que lidera la cacería” (I´m the one who´s leading the charge) ha pasado a la literatura sobre este episodio como la expresión que ilustra el papel fundamental de los medios en el enmarque de los episodios en términos de conflicto étnico y racial, así como en la incitación a la violencia frente a el “otro” musulmán. Extrema derecha australiana La extrema derecha australiana no es ni homogénea ni unificada. Sin embargo, el odio racial constituye el fundamento de la mayoría de las organizaciones que la componen (independientemente de su grado de institucionalización). Ben Moshe (2006) ha planteado el modo en que, a pesar de la insignificancia social de estas organizaciones, en determinadas condiciones aparecen en la escena pública capitalizando cuestiones como el descontento socioeconómico o, recientemente, el miedo extendido sobre la amenaza del terrorismo. La estrategia de estas organizaciones se ha basado en la presentación de un “chivo expiatorio” a la sociedad. La campaña de islamofobia racismo presentada por el partido One Nation (partido en el que gran parte de las organizaciones de ultraderecha estaban representadas), constituye el mejor ejemplo de esta idea (Ben Moshe, 2006). Las tres organizaciones que estuvieron presentes en los episodios de Cronulla son Australia First, Patriot Youth League y Blood and Honour. Quienes han dado cuenta de la implicación de estas organizaciones en la protesta. subrayan el modo en que dichas organizaciones aprovecharon la masiva convocatoria para hacer valer sus consignas y discursos entre la multitud. Sin embargo, muestran cierto escepticismo ante la idea de que fueran estas organizaciones las convocantes29. Más bien se trató, para estas organizaciones, de una oportunidad de reclutamiento, publicidad de sus reivindicaciones y fortalecimiento interno. Gobierno Howard, NSW e instituciones locales: El papel de las distintas instancias de Gobierno fue doble, como resultado de su propia naturaleza. Por un lado está la gestión policial de la protesta en tanto ésta se tornó violen-

28.- La traducción de titulares, noticias, slogans y contenido de pancartas, es propia. El SMS decía:“This Sunday every Aussie in the Shire get down to North Cronulla to help support Leb and wog bashing day . . .Bring your mates and let’s show them that this is our beach and they are never welcome . . . let’s kill these boys’. El término aussie se usa para referir en un contexto multicultural, australianos de un grupo étnico mayoritario (angloceltico). 29.- Convocatorias de las mismas organizaciones en otros puntos del país y en otros momentos históricos no han resultado efectivas a este respecto.

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ta. Por otro lado, podemos subrayar su papel en la definición del problema así como las iniciativas que se tomaron para la resolución del mismo. En este sentido podemos destacar como el modo en que se concibió el episodio determinó claramente el modo en que se gestionó. La lectura gubernamental de la protesta en Cronulla (y las distintas instancias de Gobierno parecieron coincidir en esto), fue de atenuación de la dimensión racial frente a una concepción más anómica del comportamiento colectivo en la playa. Si bien los acontecimientos desencadenantes (la pelea entre los jóvenes libaneses y los socorristas surfistas) fue contemplada en términos de conflicto cultural, en lo referente a la violencia colectiva tras la manifestación de 5.000 personas en la playa, se enfatizó mucho más el discurso de la desviación social y la criminalidad común (jóvenes exacerbados por el alcohol y el contexto de masificación), que la dimensión política de una protesta que, en definitiva, versaba sobre la exclusión de la comunidad de un colectivo concreto.Tampoco las jornadas de “represalias”, en las que grupos de jóvenes libaneses llevaron a cabo actos de violencia contra la propiedad, fueron concebidas como protesta. Más bien se recurrió al discurso de la etnicización del crimen en términos de “bandas”. Ningún tipo de responsabilidad frente al conflicto fue asumida por el Gobierno Federal ni Estatal vinculada a la asunción de que la retórica política de islamofobia estuvo en la base de la violencia en Cronulla. Lo que Scott Poynting (2006) ha denominado la institucionalización “permiso para odiar”30 por parte del Gobierno Howard a lo largo de la última década, fue revalidado a través de la actuación de las distintas instancias de Gobierno en los episodios de Cronulla. La conexión entre la producción del discurso racista-islamófobo y la violencia en Cronulla ha sido explicitado de forma elocuente por humoristas gráficos del Sydney Mourning Herald y del Australian después de la protesta del 11 de Diciembre: “Decidiremos quién entra en nuestro suburbio y el modo en que lo hace”31. Por otro lado, los órganos estatales vinculados a la política multicultural respondieron de forma crítica. El Consejo de Comunidades Étnicas del gobierno de NSW llamó a una urgente revisión de leyes racialmente difamadoras a la luz de lo disturbios. Cuerpos de policía Respecto al modo en que se gestionó la represión policial de la protesta, habría que resaltar, además de la intervención de cuerpos antidisturbios para aplacar las acciones violentas de los 5000 protestantes en la jornada del domingo 11 de diciembre, un enorme despliegue de medidas policiales en los días sucesivos, que fueron in crescendo en interacción con la acción de otros actores. En primer lugar, por las sucesivas protestas de violencia contra la propiedad en los suburbios cercanos a la playa en las noches siguientes por parte de jóvenes libaneses, y, sobre todo, la adopción de medidas legislativas ad hoc que fueron aprobadas por el gobierno estatal de NSW para hacer frente a la violencia. Estas medidas incluyeron el “cierre” de las zonas de conflicto y limitación de la vigencia de determinadas leyes por periodos de 48 horas, la limitaciones a la posibilidad de salir en libertad bajo fianza en caso de acusación de disturbio/revuelta, posibilidad de paradas y registros sin garantías o el seguimiento de teléfonos móviles y coches por periodos de una semana. (Mitropoulos, 2006) 30.- Recordemos como la construcción problemática del “otro” musulmán en Australia se ha llevado a cabo en términos de “subdesarrollado”, “incivilizado”, “irracional”, “violento”, “inclinado a la criminal”,“misógino” y “potencial terrorista”, que además se identifica étnicamente con las personas “de aspecto árabe” (Poynting, 2006). 31.- Esta expresión parafrasea la famosa intervención pública de J. Howard en plena crisis de Tampa en 2001 “nosotros decidiremos quién entra en Australia y el modo en que lo hace”. Los humoristas gráficos han sido una continua fuente de crítica a la “guerra contra el terror” global y doméstica en Australia.

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La respuesta policial incluyó corte de las principales arterias de la zona, numerosos efectivos policiales en las playas y en los suburbios cercanos, además de la creación, por parte del Gobierno estatal de NSW, de una brigada antidisturbios específica para la playa. 500 efectivos de policía a caballo patrullaron las playas en los meses siguientes. Por la extensión y la intensidad se puede decir que se trató de un estilo de represión policial altamente coercitiva, que ha sido definido como un estilo paramilitar de intervención (White, 2006). Este tipo de intervención, así como la ampliación de medidas legislativas específicas para afrontar la violencia en Cronulla, no puede dejar de comprenderse en el marco del proyecto legal antiterrorista vigente en Australia y que ya ha sido mencionado (Neville-Wright, 2006, Mitropoulos, 2006). Organizaciones de la sociedad civil El papel de las organizaciones de la sociedad civil tras los episodios de Cronulla fue de rechazo a la violencia racista y de apoyo a la política multicultural ha sido escasamente recogido por las investigaciones. El 16 de diciembre, una manifestación masiva tuvo lugar en Melbourne en señal de protesta contra los episodios de violencia en Cronulla, aunque también sirvió para protestar contra la “guerra contra el terror” y contra la orden y centros de detención. En Brisbane y Adelaida actos de protesta contra la violencia racista fueron también convocados a través de SMS. 4.3 Movilización: medios y repertorios de acción entre la radio y la playa. Debido a la propia naturaleza de los episodios de la playa de Cronulla y de las acciones de protesta que tuvieron lugar en las noches sucesivas, me centraré en un tipo repertorio. El repertorio de confrontación. De nuevo, debo insistir en que este análisis está limitado por el modo en que las distintas investigaciones sobre los episodios han recogido y elaborado la información. No obstante, muchos de estos trabajos han apuntado ciertas cuestiones relevantes que serán recogidas. A modo de advertencia y, debido a que algunos trabajos así lo han recogido, no se entenderá aquí, como han hecho algunos trabajos recientes, que la violencia es el resultado de un “estallido” anti-social fruto de las masas “enloquecidas” es decir, como el resultado irracional de una masa. Dentro del enfoque de inclusión del conflicto como parte esencial de la vida social propuesto en el marco teórico que sostiene esta investigación (Morán, 2007), y en la cuál este informe cobra sentido, se ha planteado también cómo los procesos de movilización que tienen lugar en el marco de conflictos sociales y políticos, son el resultado racional de actores racionales (con intereses y estrategias elaboradas). Por otro lado, la aparición de la violencia colectiva puede ser el resultado de un cálculo estratégico sin más (y en ese caso ocurrirá de forma “planificada”), o puede ser el resultado “no calculado” pero posible de una protesta fruto de la interacción de los actores en el curso de la acción (Tilly, 2003). Pero en todo caso, la violencia es un repertorio de acción racional. De este modo, se recogerán aquí algunos aspectos relacionados con la movilización de la protesta y determinados medios empleados allí y que parecen recurrentes en el repertorio contemporáneo. 376

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Para una mejor comprensión del modo en que tuvieron lugar los episodios de violencia en la playa de Cronulla, debería tomarse en consideración todo lo expuesto, sobre todo, a lo largo de los capítulos tercero y cuarto. Es por esto que deberá comprenderse que en el marco de un conflicto, el modo en que determinados actores operan para hacer visibles sus demandas debe ser entendido como resultado de múltiples procesos sociales entre los que hay que destacar al menos tres: 1) La naturaleza de los actores, su organización y sus demandas; 2) los marcos interpretativos en los que enfocan el conflicto y organizan su acción, el framing ; 3) el contexto sociopolítico en el que se inserta dicho conflicto y la estructura de oportunidades políticas que facilitan o reprimen la acción. RESEÑA 2 La protesta y la violencia El 11 de diciembre de 2005, como resultado de la convocatoria a través de SMS 5000 personas aproximadamente se reunieron para manifestarse en la playa de Cronulla, al sur de Sydney y para mostrar solidaridad con los dos socorristas brutalmente golpeados la semana anterior por unos jóvenes australianos de origen libanés. La primera parte del día tuvo aires carnavalescos y festivos. Era un “encuentro” de solidaridad angloaustraliana y en cierto sentido una protesta festiva contra la cada vez más frecuente presencia de libaneses, supuestamente musulmanes, en la “blanca” orilla. En un momento del día la protesta se tornó violenta resultando en gran número de linchamientos e intervención policial. Unas 2.000 personas, aproximadamente, se concentraron delante de algunas mezquitas de la ciudad para clamar desagravio. Las noches siguientes, grupos de jóvenes de origen libanés entraron en suburbios de residencia y hegemonía anglosajona aplastando coches, asaltando a personas y destrozando propiedades. El primer elemento que debemos destacar tiene que ver con el modo en que se lleva a cabo el proceso de movilización. Independientemente del convocante (que se desconoce), los dos recursos utilizados están claramente vinculados a la sociedad de la información. El uso de SMS se ha convertido en un verdadero medio de movilización de la protesta. Este recurso ha pasado a formar parte del repertorio contemporáneo y es capaz de adaptarse a contextos y situaciones diversas por múltiples actores reduciendo costes de coordinación. Por otro lado, el recurso a los medios de comunicación “clásicos” (prensa y radio) ha resultado, en el caso de Cronulla, tremendamente efectivo, no sólo en la creación de marcos en los que se define un determinado conflicto de una determinada manera; la ya mencionada construcción de la islamofobia.También en la producción de un discurso de legitimación de la acción (algo que, en el caso de la violencia, es esencial para que se produzca). Convocada la protesta, el siguiente aspecto a comentar es la propia forma que adopta la misma. Inicialmente, una manifestación, la ocupación “festiva” del espacio público. El recurso a los espacios públicos como lugares de expresión del conflicto es un medio recurrente de la protesta en las sociedades contemporáneas. La manifestación en un espacio implica una reivindicación de la presencia colectiva.Visibilidad, significado simbólico y probar la pertenencia a un grupo relevante (Tilly, 2000). En el caso de la playa de Cronulla, esta “toma” de la playa tiene un significado simbólico y un significado político. El primero está vinculado a la importancia simbólica de la playa como icono de la cultura angloaustraliana. Es además este espacio, dominio cultural de un determinado grupo, donde la presencia de otros “diferentes” resulta más evidente. El segundo tiene que ver con la demostración de fuerza a partir de la cual se pretende excluir a determinados individuos de derechos de ciudada377

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nía (en concreto, del uso de un espacio público que se reclama en exclusividad). Las demandas de quienes se manifiestan en la playa, de cumplirse, afectarían a los intereses de los jóvenes australianos-libaneses en tanto ciudadanos. Aunque la manifestación se ha convertido en un repertorio “normalizado” de protesta (Norris, 2002) en las sociedades democráticas, sigue siendo un repertorio de protesta que, como todos aquellos que implican la concurrencia de muchas personas en un espacio público, siempre implican riesgo de violencia. Este fue el resultado de la multitudinaria manifestación el 11de diciembre. Además del recurso a la manifestación y del modo en que ésta se convirtió en un episodio de violencia colectiva, los siguientes medios que cabe mencionar están más vinculados a la acción de confrontación propiamente dicha. Se trata de ataques deliberados contra las personas o contra la propiedad que tuvieron lugar en las noches sucesivas. Como respuesta a la violencia en la playa y en el marco de la “persecución” a la que son sometidos los individuos y grupos de “apariencia” árabe o de religión musulmana, se produjeron “asaltos” a barrios angloaustralianos a modo de invasión intencionada del espacio “privado”, con el fin de causar daños contra la propiedad de quien se consideraba el grupo causante de la situación de agravio y persecución percibida por los jóvenes australianos de origen libanés. Un elemento que es considerado fundamental dentro de la literatura especializada a la hora de abordar el análisis de episodios de violencia, está vinculado al modo en que dicha violencia es legitimada por los distintos actores (Apter,1997). La reconstrucción narrativa de la realidad por parte de los actores es pues fundamental para comprender la aparición de la violencia como estrategia de acción.Tal y como ha sido recogido en los trabajos recientes sobre los episodios de Cronulla, dos fuentes de discurso han sido esenciales en la alimentación de la violencia como medio. Por un lado recordemos de nuevo cómo lo que algunos autores han denominado racismo “institucional” y la campaña de islamofobia llevada a cabo en los últimos años por determinados sectores políticos, ha alimentado de forma significativa la emergencia y renovación de una identidad nacional construida en términos excluyentes y racistas en algunos sectores de la sociedad. La identidad angloaustraliana que fue exhibida y defendida en la playa de Cronulla contenía elementos narrativos que ya han sido mencionados a lo largo de este trabajo. Por otro lado, hay que insistir en el papel directo de algunos medios de comunicación en la producción de un enmarque concreto frente al asalto de los dos socorristas en la playa y la consiguiente campaña de movilización: el marco asimilacionista, excluyente y racista en virtud del cual todos los individuos y prácticas diferentes a lo anglosajón debe ser expulsados de un espacio que se considera legítimamente propio. 4,4 Repensando Cronulla: algunas respuestas institucionales y sociales Este breve apartado estará dedicado el modo en que se ha abordado el episodio de Cronulla en términos de intervención institucional y política. En coherencia con lo dicho anteriormente, la forma en que se han enfocado las respuestas institucionales a dichos episodios está claramente determinada por la forma en que han sido definidos y comprendidos por parte de las autoridades. A pesar del cuestionamiento de la política multicultural, que subyacía a los episodios de violencia colectiva y a la emergencia de un debate público sobre los límites y potencialidades de la política multicultural previo y posterior a Cronulla, es notable señalar la ausencia de referencias a iniciativas concretas de intervención dentro de los estudios analizados. 378

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Sin embargo, casi todos los trabajos coinciden en señalar cierta renuencia por parte de las autoridades a asumir responsabilidades respecto del cuestionamiento de la política multicultural presente en y tras los episodios de Cronulla, así como en la campaña de islamofobia promovida e institucionalizada por el Gobierno Howard. La respuesta del Gobierno de la Commonwealth a través de su primer ministro Howard fue evitar en todo momento emplear el término racista o algún tipo de connotación que implicase indagar en las causas subyacentes. Eso habría conducido a un posible debate sobre las políticas y prácticas de su propio Gobierno en los últimos diez años.“No hay racismo latente en este país” fue la expresión utilizada por Howard tras el conocimiento de las protestas. Este fue el tono de su discurso en los días sucesivos así como el del primer ministro del Gobierno de NSW, Morris Iemma “no puedo creer que Australia sea un país racista ni que los australianos sean racistas”. (Poynting, 2006; Ang, 2006) La principal consecuencia de abordar los episodios de Cronulla en estos términos resultó ser la elección de una estrategia puramente policial de ley y orden en virtud de la cuál se priorizó la represión policial, las estrategias coercitivas y las medidas legales para hacer frente a lo que se entendió como criminalidad común. La promesa de “tomar de nuevo las calles” y hacer frente a “hooligans y criminales”.Apenas cinco días después de los episodios de Cronulla, el Gobierno de NSW pasó una modificación de la aplicación de la legislación en material de seguridad (Law Enforcement Legislation Amendment (Public Safety) Act 2005) a través de la cuál se incrementaban los poderes de la policía para “cerrar” calles, declarar zonas de prohibición de alcohol, registros aleatorios de coches, etc... (Barbacan, 2007). En otro nivel de acción e intervención, comisiones de expertos y grupos de trabajo fueron organizadas por algunas instituciones de la política multicultural y dentro del ámbito de la sociedad civil, con el fin de abordar el análisis de las causas subyacentes de las protestas e informar políticas públicas de acomodación o dirigidas a atajar este tipo de manifestaciones del conflicto. En este marco, fueron desarrolladas una serie de investigaciones y publicaciones financiados por la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos y la Igualdad de Oportunidades, así como un simposium a nivel nacional para reunir a los principales expertos en la materia. Debido a los numerosos llamamientos a la reflexión sobre las causas racistas e islamófobas subyacentes a la playa de Cronulla, algunas cuestiones específicas fueron consideradas por las administraciones materia de intervención.Tal y como ha sido recogido en los trabajos consultados, dos temas en concreto han sido objeto de programas gubernamentales dirigidos y financiados por el Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales. Uno centrado y dirigido a las mujeres musulmanas y el segundo, más amplio, a abordar las relaciones entre las comunidades musulmanas y la policía. El objetivo está orientado a facilitar el diálogo entre las comunidades musulmanas y las agencias de aplicación de la Ley con el fin de mantener confianza mutua y mejorar la capacidad de la policía de responder a acciones de abuso, intimidación y discriminación racial y religiosa. En el nivel local es interesante destacar una iniciativa llevada a cabo en el propio terreno de las protestas, la playa. Como consecuencia del consenso entre numerosos partidos y organizaciones (incluyendo al Gobierno australiano, el Sutherland Shire Council, las organizaciones de salvamento de surfistas y algunos otros grupos representantes de la comunidad musulmana), se propuso en 2006 un programa para el reclutamiento y formación de jóvenes de distintas comunidades culturales y, específicamente musulmanes, como socorristas de la playa. 379

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Este programa fue lanzado por la organización Surf Life savings Australia y patrocinado por el Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales y el Ayuntamiento de Sydney. El objetivo es introducir en la cultura australiana de la playa a jóvenes de comunidades minorías e incorporar la diversidad en el cuerpo de salvamento de surfistas. A la vez, esta iniciativa ha tratado de retar los estereotipos en la opinión pública a cerca de lo que se considera un icono de la cultura australiana. Desde 2006, las jóvenes socorristas de práctica musulmana exhiben uniformes diseñados con el fin de mantener sus señas de identidad en combinación con las necesidades de su responsabilidad. Lo que ha pasado a llamarse el burquini32 (tratando de combinar la hijab con el traje de baño occidental,) se ha convertido en un símbolo de diversidad en las playas australianas y, al menos formalmente, en un espaldarazo a la política multicultural. 5. NOTAS FINALES A lo largo de este informe he tratado de poner de manifiesto algunas cuestiones que sobresalen en el panorama australiano en lo que respecta a los intereses de esta investigación: la seguridad, el conflicto, la inmigración en los espacios urbanos. A partir de una somera contextualización del fenómeno migratorio en Australia y del modo en que dicho fenómeno ha sido gestionado por parte de las autoridades, se ha puesto de manifiesto, en primer lugar, la importancia de la recepción de inmigrantes en la construcción histórica del país, tanto en términos demográficos y económicos como en términos culturales. En segundo lugar, la importancia de los marcos legislativos y normativos para la garantía de los asentamientos de la población inmigrante y de su integración social en términos inclusivos. Finalmente, la importancia de los marcos “interpretativos” y discursivos sobre el modo que se producen tanto la entrada al país como los asentamientos. Además, se ha desarrollado un breve panorama de cuestiones que aparecen en el escenario contemporáneo como conflictivas y que ponen de relieve algunas líneas de fractura social y política cuyos efectos se hacen visibles desde hace tiempo. En primer lugar, se ha mencionado la pervivencia, a pesar de que han transcurrido más de 30 años desde la institucionalización de la política multicultural, de determinadas formas de racismo social y político que además son fortalecidas como consecuencia de un cambio de contexto en el nivel sociopolítico. En segundo lugar, se ha señalado la progresiva construcción social de una comunidad como problemática, como no asimilable y potencial amenaza para la sociedad. Lo que se ha descrito como islamofobia (y algunas de las fobias derivadas de ella) supone uno de los principales problemas que afronta la sociedad australiana, en tanto que se ha traducido en significativos ataques racistas contra la población de esta comunidad o en un cambio en el discurso y en las medidas de entrada de inmigrantes de determinadas regiones. En tercer lugar, se ha subrayado la importancia del impacto de cambios en el escenario global vinculados al nuevo paradigma de la seguridad en el marco de la “guerra contra el terror” posterior al 11S sobre las políticas domésticas y el modo en que, la obsesión por la seguridad y la implementación de marcos legislativos extremadamente coercitivos ha afectado principalmente a una comunidad en particular, la musulmana. 32.- Esta pieza, uniforme oficial para las mujeres socorristas practicantes de religión musulmana en las playas de Sydney, es una propuesta exitosa de la diseñadora libanesa-australiana Aheda Zanetti.

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DE LA “AUSTRALIA BLANCA” A LA PLAYA DE CRONULLA: MULTICULTURALISMO Y CONFLICTO EN AUSTRALIA

A través de la presentación de los episodios de violencia colectiva ocurridas en la playa de Cronulla en diciembre de 2005, se ha puesto de manifiesto cómo determinados aspectos que revelan líneas de conflicto social y en concreto de conflicto étnico, han adoptado, bajo determinadas condiciones, una forma de expresión concreta. La protesta violenta. El presente informe constituye una pequeña parte de un trabajo más amplio cuya finalidad es obtener información relevante sobre conflictos en el marco de contextos de inmigración. El fin es obtener insumo para la producción de políticas públicas y, eventualmente, de políticas de acomodación. Si un informe sobre la gestión de la migración en el caso australiano y la emergencia de conflictos vinculados a dicha gestión es pertinente en este marco, lo es precisamente por el beneficio que otorga la larga experiencia de Australia, en tanto país receptor de inmigración y gestor de asentamientos de población diversa. Sin embargo, es posible que el mayor aprendizaje que se pueda obtener de este trabajo, y de la experiencia australiana en general sea, precisamente, que el conflicto social está directamente vinculado al cambio y que el modo en que la sociedad vive y se acomoda a los cambios sociales, económicos y políticos es fundamental para comprender conflictos latentes y manifiestos. Por esta razón, nada de lo dicho en relación a las líneas de fractura social en la Australia contemporánea tendría sentido sin mirar a las tensiones y relaciones entre lo global y lo local; es decir, sin tomar en consideración que lo que ocurren en el escenario global tiene un fuerte impacto sobre los múltiples procesos domésticos y el modo en que esto ocurre. Los episodios de Cronulla, comprendidos a la luz de esta idea, cobran un sentido del que algunos autores, y desde luego autoridades, lo han querido despojar recurriendo a explicaciones irracionales de comportamiento antisocial. Su impacto para la concepción de la propia política multicultural es de suma importancia y ha potenciado un amplio debate público (incipiente en los 90) sobre el sentido, los objetivos y los límites de la propia política. No abordar el conflicto como un proceso sociopolítico “normal” dentro de las dinámicas de producción política, sobre todo cuando se trata de aspectos relativos al marco de la ciudadanía y de las formas de pertenencia e implicación en la comunidad, supone correr el riesgo de volver al debate asimilacionismo-multiculturalismo y las posibles exclusiones que de ello se deriven.

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12. CONFLICTOS

E INMIGRACIÓN EN EUROPA: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN COMPARATIVA

Lorenzo Cachón Rodríguez Universidad Complutense de Madrid

CONFLICTOS E INMIGRACIÓN EN EUROPA: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN COMPARATIVA

1. INTRODUCCIÓN Como hemos señalado en “Integración, conflictos e inmigración en Europa: Nuevos desafíos desde la ciudadanía. Una introducción” (Cachón 2007), los informes nacionales han partido de un inicial esquema común que se ha ido adaptando a cada caso nacional. La idea directriz de esas variaciones ha sido la selección de una orientación para cada país, acentuando algún aspecto sobre el que la literatura académica de dicho país hubiera puesto especialmente el acento; en algunos casos incluso, centrándose en uno o varios conflictos de modo casi exclusivo. Este texto no pretende ser una “síntesis” de los nueve informes nacionales sino lo que se incida en el subtítulo “una primera aproximación comparativa”. La riqueza de las informaciones recogidas en los estudios de caso es tan notable que no sería posible ahora elaborar un texto que recoja todos los matices que esa síntesis merecería. Por ello, hemos optado por presentar unas reflexiones que permitan comprender algunos de los retos que plantean los conflictos que se han producido, se están produciendo o que se pueden producir en distintos países y en diferentes ámbitos, y que se ven afectados o afectan a los inmigrantes. Muchos de los argumentos que se citarán en este capítulo final están tomados de los informes nacionales (véase el final de la bibliografía) y, aunque se señala reiteradamente en el texto, conviene consultarlos para completar las referencias bibliográficas y documentales de los mismos. Comenzaremos con tres capítulos que sólo quieren tener un carácter introductorio para comprender las mutaciones del sistema migratorio europeo y las variaciones de los procesos nacionales dentro de éste sistema así como la evolución de las políticas de inmigración (Capítulo 2) y los contextos de los conflictos contemporáneos ligados a la inmigración, incluyendo la dispersión de los “modelos” en Europa en el campo de las políticas de integración (Capítulo 3) El Capítulo 4 entra en la discusión sobre el carácter de los conflictos que se relacionan con la inmigración. El Capítulo 5 expone algunos de los conflictos más frecuentes que se han producido en Europa ligados a la inmigración: las llamadas “revueltas urbanas”, el binomio “inmigración y delincuencia” y los procesos de “criminalización” de la inmigración, los conflictos polarizados en torno al Islam, los conflictos ligados a la competencia en el mercado de trabajo y en el acceso a servicios públicos y los que se han producido en algunos países como rechazo social de los asilados. El Capítulo 6 ofrece un rápido panorama de los actores más significativos que aparecen en estos conflictos: los jóvenes; las organizaciones de inmigrantes; los vecinos y la sociedad civil; los medios de comunicación; los grupos radicales; la policía; los partidos políticos; los “actores singulares” y el gobierno (nacional) y las instituciones. 387

CONFLICTOS E INMIGRACIÓN EN EUROPA: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN COMPARATIVA

El Capítulo 7 muestra algunas de las respuestas institucionales que se han producido ante aquellos conflictos y el texto concluye con una breve conclusión. 2. MUTACIONES DEL SISTEMA MIGRATORIO EUROPEO Y REALIDADES NACIONALES En línea con planteamientos clásicos en el análisis de las migraciones internacionales, podemos definir un “sistema migratorio” como “la asociación, dotada de cierta vocación de permanencia y acompañada de un denso tejido de interrelaciones de diversos órdenes, que se establece entre una región receptora de inmigración y un conjunto de países emisores de emigración” (Arango 1993). Según esta concepción, desde la Segunda Guerra Mundial se han ido constituyendo los cuatro grandes sistemas migratorios existentes en la actualidad a nivel mundial: el norteamericano, el de la región Asia-Pacífico, el del Golfo Arábigo y el europeo. La Segunda Guerra Mundial ocasionó, además de grandes pérdidas humanas, importantes transferencias de población en Europa. La posguerra también produjo movimientos muy importantes de población dentro del continente y recomenzó con fuerza la emigración transoceánica, sobre todo en algunos países del sur de Europa (como fue especialmente el caso de Italia). En esos años todavía no existía el “sistema migratorio europeo” (a pesar de que algunos países como Francia fueran ya zonas de inmigración), porque Europa seguía siendo el polo de emisión de emigrantes en el sistema americano. Pero en los años siguientes se van a producir varias mutaciones en la situación de esta Europa históricamente emigrante desde la configuración del norte de Europa como polo de inmigración en los años 50 del siglo XX hasta la transformación de los países del sur y del este de Europa como zonas de inmigración. En el proceso de formación de esa Europa inmigrante juegan un papel clave los déficits de mano de obra y los desajustes del mercado de trabajo (en algunos momentos, zonas y sectores) y el proceso de envejecimiento de las poblaciones europeas. Las políticas de inmigración de los diversos países (y el cambio, a veces, radical, de las mismas) han jugado también un papel relevante en la potenciación y canalización de los flujos o en los reflujos migratorios. Incluso han tenido el efecto paradójico de asentar poblaciones cuando querían reducir los flujos. Los procesos de descolonización han jugado siempre un papel relevante en las migraciones porque son la causa de importantes desplazamientos de población de las excolonias hacia las metrópolis. En algunos casos, las crisis políticas en algunas zonas del mundo han producido importantes llegadas de refugiados y asilados o de ciudadanos a los que se les ha reconocido la nacionalidad de otro país por razones de ius sanguinis (como es el caso de los Aussiedler alemanes o los pontianos griegos). Todos estos factores han jugado un papel relevante en las mutaciones que ha ido teniendo el sistema migratorio europeo.Y, como su incidencia ha sido muy distinta en diferentes Estados, su sistematización en las páginas siguientes tiene variaciones significativas, según ámbitos nacionales. La constitución del sistema migratorio europeo La primera mutación es la que va a constituir el “sistema migratorio europeo”, con un 388

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polo emisor en los países del sur de Europa y del Mediterráneo y un polo receptor en el centro y norte de Europa. Simultáneamente, va perdiendo peso la emigración transoceánica, es decir, se debilitan los flujos europeos hacia el sistema migratorio americano. Antes de la Segunda Guerra Mundial, algunos países europeos (como Francia) ya recibían flujos de inmigrantes. El viejo país de inmigración que es Francia, en comparación con el resto de países europeos, ya había comenzado procesos de reclutamiento de trabajadores en el siglo XIX entre los países limítrofes (belgas, italianos y españoles, pero también polacos) y los acentúa tras la primera gran guerra para compensar la pérdida de más de un 10% de la población en el conflicto. En otros, como el Reino Unido, son los procesos de descolonización que arrancan en 1948, la vuelta de ciudadanos “repatriados” desde las colonias, unidos a políticas de “puertas abiertas” a los provenientes de países de la Commonwealth y a las necesidades de una economía en plena expansión, los que hacen que comiencen a recibir flujos importantes de las antiguas colonias: antillanos, indios, pakistaníes y bangladeshíes. En los Países Bajos, a los repatriados desde Indonesia y Nueva Guinea (antiguas Indias Orientales Holandesas), se unieron luego los provenientes de las Molucas, Surinam y las Antillas Holandesas. Pero es a partir de los años 50 cuando algunos Estados centroeuropeos (como Alemania, Holanda, Bélgica o Suiza) se convierten en regiones de inmigración masiva de trabajadores extranjeros “temporales”. Esta emigración económica, masiva, temporal y fundamentalmente masculina desde el sur hacia el centro de Europa es un fenómeno nuevo: entre 1955 y 1974 alrededor de 3,8 millones de italianos, 2 millones de españoles, 1 millón de portugueses, 1 millón de yugoslavos y 780.000 griegos emigran hacia el centro y norte de Europa. Además, algunas zonas no europeas comienzan en estos años a incorporarse a este sistema migratorio como países emisores. Entre ellas destacan los países del Magreb (que se dirigen fundamentalmente hacia Francia, Bélgica y Holanda) y Turquía (cuyo destino es Alemania). Establecidos los primeros eslabones de esta “cadena migratoria”, la presencia de inmigrantes árabes y turcos irá aumentando rápidamente, de tal manera que en 1987 había en Europa en torno a 2 millones de magrebíes (el 40% en Francia, el 22% en Bélgica y el 17% en Holanda) y unos 2 millones de turcos (el 80% en Alemania, el 10% en Holanda y el 7% en Francia) (véase Münz 2003). El cuadro 1 muestra cómo 9 de los 15 Estados miembros de la UE (hasta la ampliación de 2004) tenían flujos migratorios positivos en los primeros años sesenta: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido y Suecia. Finlandia comenzará a tener flujos positivos en los primeros años 70. Sólo cinco países comunitarios tenían un saldo migratorio negativo a primeros de los años 70: Italia (que ya estaba en la UE), Irlanda (que entraría en 1973), Grecia (que lo haría en 1981) y Portugal y España (que lo harían en 1986). Esta primera mutación se produce como consecuencia del rápido crecimiento económico industrial de los países centroeuropeos y de las necesidades de mano de obra poco cualificada. Con frecuencia, los estados organizan los desplazamientos temporales (o estacionales) de los trabajadores migrantes en la lógica del “trabajador invitado” (Gastarbeiter) y mediante acuerdos con los países de origen (como el firmado por la República Federal Alemana con Italia en 1955 o con España en 1960 o como los que la antigua RDA firmó con otros países comunistas). Esta política de gestión de flujos migratorios de mano de obra, que no reconocía a los trabajadores como inmigrantes (permanentes) sino como mano de obra temporal, permitía cierta fluidez y los trabajadores se comportaban con frecuencia como “aves migratorias” que iban y venían de un lugar a otro. Esto no quiere decir que todas las migraciones se produjeran de modo regular, como ha mostrado Sanz (2004) 389

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para las migraciones irregulares de españoles a la República Federal Alemana en este período. Cuadro 1. Migraciones netas en los Estados miembros de la Unión Europea (1960-2003) Tasa de inmigración neta (promedio anual por 1000 habitantes)

Migraciones netas por 1000 hab. acumulado 2003 1992-2003

1960-64

1970-74

1980-84

1990-94

0,6 0,6

0,6 0,2

0,1 0,1

2,8 2,1

5,4 4,6

33,4 29,0

2,2 0,1 1,5 0,2 -3,5 -2,5 6,5 -4,9 0,4 -7,4 -1,8 6,6 -8,7 1,1 1,4

2,2 2,5 0,9 1,3 -0,9 0,3 2,2 -2,8 2,0 3,4 -0,8 11,2 -5,2 -0,6 0,9

0,0 0,4 -0,7 0,2 0,0 0,8 1,0 1,8 1,0 -1,9 -0,5 1,0 0,5 -0,2 0,6

7,0 6,2 1,9 2,0 0,5 1,8 0,4 5,6 2,7 -0,4 1,9 10,5 0,7 1,3 3,8

1,7 4,7 3,4 1,3 17,6 1,1 0,9 3,2 0,4 7,8 10,4 4,7 6,1 4,4 3,2

41,5 31,8 23,6 28,6 69,3 12,2 4,5 64,3 25,9 54,0 39,6 102,5 40,9 25,1 29,8

-1,7

-2,2 -48,1 -2,1 1,8 5,9 -0,2 4,9 2,7

-0,6 -0,6 2,5 -3,4 15,8 17,2 -1,1 -1,4 0,3 1,2 -1,4 1,8 3,5 -14,3 0,0 -1,1 1,8 1,5 2,5 -8,6 -0,4 2,0 -5,0 -1,8 -2,4 3,3 4,5 -0,6 -0,4 -0,4 debido a la inmigración neta 4,5 68,3 80,5 3,6 58,3 84,8

11,1 122,3 3,4 2,3 -91,0 18,1 -65,3 -60,0 53,5 -4,6

EU15 EU25 Estados miembros EU15 Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia Estados miembros EU10 Chequia Chipre Eslovaquia Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Proporción de incremento EU15 EU25

5,2 -1,2 0,1 8,1 1,0

-0,2 -2,2 de la población 7,0 12,0 6,8 3,8

Fuente: Eurostat y elaboración propia

Wieviorka (1992) describe al inmigrante en Francia en este período (y su caracterización es válida, en gran parte, para el resto de los países europeos receptores):“era en general un trabajador (varón) que había llegado solo, que estaba alojado en un albergue o era sobreexplotado por un 'comerciante del sueño', que residía cerca del lugar de trabajo y que ocupaba una categoría obrera definida por la posición inferior más baja en las relaciones de producción”. Como señala Kleiner-Liebau (2007) para Alemania, “con los llamados 390

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‘trabajadores invitados’ se formó en los años sesenta un subproletariado de gente poco cualificada que ocupaba puestos de trabajo para los cuales no hacía falta ninguna cualificación específica. En su mayoría substituían a los trabajadores autóctonos, quienes experimentaban un ascenso social masivo”. Durante esta etapa los flujos migratorios fueron muy sensibles al ciclo económico y a sus fases de expansión y recesión, de tal manera que “hasta finales de los años 70, los flujos migratorios evolucionaron paralelamente a los indicadores coyunturales en Alemania, Países Bajos, Suecia y Reino Unido” (OCDE 2002). En esta época, los refugiados y solicitantes de asilo provenían en su mayor parte de los, países de la Europa del Este, sobre todo en fases de crisis como las revueltas de Hungria (1956) o Checoslovaquia (1968). Esta fase se corresponde con el primer momento del ciclo migratorio que describe Dassetto (1990) porque “la inscripción en la relación salarial es el modo de entrada principal en el espacio de llegada de la población masculina adulta que efectúa el desplazamiento migratorio”. Los inmigrantes son “trabajadores extranjeros”. Pero “si la relación salarial inscribe plenamente a estas poblaciones en las relaciones de producción de la sociedad de llegada, su inserción en el espacio institucional y político no puede ser caracterizado sino por la marginalidad”, aunque esta marginalidad no sea necesariamente vivida como tal por el “trabajador extranjero”. La crisis de los setenta y el asentamiento de los inmigrantes La segunda mutación se produce con la crisis económica que comienza a mediados de los 70. El aumento del paro en Europa va a producir un cambio notable de las políticas y de las realidades migratorias Las políticas restrictivas que se adoptan en muchos países pueden tener (y de hecho tienen) como efecto -aparentemente- paradójico el que los inmigrantes temporales se resistan a salir del país por el miedo a no poder volver a entrar y, de ese modo, hacen permanente lo que estaba concebido como temporal. Aunque se produce un volumen importante de retornos (semivoluntarios o forzosos) en algunos países, otros inmigrantes optan por asentarse y establecerse en el país de acogida. Fenece así, al menos por el momento, el proyecto político-económico que hay detrás del “Gastarbeiter” (Castles 1986). En esta fase se acelera la reagrupación familiar porque, como señala Garcés (2007) para los Países Bajos, esa reagrupación “se entendía como un derecho y como un requisito básico para la integración de la población de origen inmigrante en el país”. Con ello, se inicia un proceso de sedentarización de los inmigrantes que llegan “a ser una parte renovada y estable de la población que introduce problemas inéditos y nuevas imágenes” (Wieviorka 1992). Las “aves migratorias mano de obra” se transforman así en seres humanos o, por decirlo con palabras de Max Frisch “queríamos mano de obra y vinieron personas”. Y plantean nuevos desafíos a las sociedades de acogida, desafíos que en gran medida se habían podido obviar en la etapa anterior. La reagrupación familiar y los nacimientos de hijos de extranjeros compensaron el descenso de inmigración laboral, aunque las naturalizaciones venían a reducir el número de personas residentes catalogadas como extranjeros. Cambia notablemente la composición de la población extranjera porque aumentan la proporción de mujeres, de niños y de adolescentes. Esta etapa coincide con el segundo momento del ciclo migratorio de Dassetto (1990) y “la sociedad de llegada puede percibir como particularmente problemático este 391

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momento si se confronta a cambios en la vida colectiva, que parecen negados por la conducta de los recién llegados” porque emergen como problemáticas la entrada de los niños de inmigrantes en el sistema escolar, la presencia de inmigrantes en el sistema sanitario o la cuestión de la vivienda.Y “progresivamente las poblaciones inmigradas transforman el espacio en el que viven en territorio. Se trata de un momento estratégico en su implantación. Entonces aparece como un reto mayor la cuestión de la cohabitación y de las interrelaciones entre poblaciones”. También comienza otro fenómeno, que antes tenía menor relevancia: la inmigración irregular porque “fronteras más cerradas llevan a aumentar el número de inmigrantes ilegales. El control de la oferta de trabajo extranjera por medios administrativos (permisos de trabajo y de residencia, etc.) sólo tiene un éxito limitado. La existencia de redes étnicas informales y la oportunidad de entrar en la sociedad de acogida como ‘turista’ se convierte en una base esencial para la inmigración ilegal” (Fassmann y Münz 1994). En la primera parte de los 80, el flujo migratorio neto sigue siendo positivo en los Estados miembros que ya lo tenían, con la excepción de Bélgica y del Reino Unido que presentan saldos migratorios negativos. Pero en todos los demás el saldo migratorio es notablemente menor que en las décadas anteriores. Sólo los nuevos países de inmigración ofrecen un panorama distinto: Grecia y Portugal tienen por primera vez saldos positivos, España ofrece un saldo cero e Italia aminora su saldo negativo. En los cuatro hay un componente importante de retorno de emigrantes en este balance. Estos cambios están apuntando ya la siguiente etapa del sistema migratorio europeo (véase Cuadro 1). La Europa del Sur se hace inmigrante La tercera mutación en el “sistema migratorio europeo” comienza a producirse en los años 80. En los 70, los cuatro países comunitarios del sur de Europa asisten al retorno de una parte de sus emigrantes que se habían desplazado en las dos décadas anteriores al centro del continente ante la falta de empleo en sus países de origen. Pero en los 80 comienzan fenómenos nuevos: retornan a Grecia un número significativo de “pontianos” (griegos de origen), con la crisis de la URSS y de otras zonas del este del mediterráneo; en Portugal el “retorno de las carabelas” se produce en gran medida tras la Revolución de los Claveles y la independencia de las antiguas colonias (Baganha 2003). En Italia y España son transformaciones en los mercados de trabajo interiores que producen un notable desajuste en el mismo (Cachón 2002), junto con problemas económicos y sociales de países próximos geográficamente (como Marruecos) o histórica y culturalmente (como Ecuador u otros países latinoamericanos), los que están en la base del notable incremento de las migraciones hacia ellos. En esos años estos cuatro países comienzan a tener saldos migratorios positivos (véase cuadro 1). Así, en plena crisis económica y a pesar de sufrir elevadas tasas de paro, los países del sur de Europa se transforman en países receptores de inmigrantes; de ser “lugares de paso” o “salas de espera” para los inmigrantes norteafricanos que querían dirigirse a otros países centroeuropeos, Grecia, Italia, Portugal y España se han transformado en destino de numerosos inmigrantes del norte de África y de países más lejanos geográficamente, como consecuencia de su propio desarrollo económico y social, del cierre de los destinos tradicionales, de la proximidad a los países emisores y de los lazos históricos y económicos intensos entre las dos laderas del Mediterráneo. Estos nuevos flujos migratorios no son sorprendentes; lo sorprendente es que no se hubieran producido con anterioridad, dada la importancia histórica que han tenido los flujos de diferentes grupos de personas y objetos y en diferentes direcciones a través del Mediterráneo desde que en las vísperas del capitalismo dejara de ser aquel 392

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“desierto de olas” de que hablara Focillon. Por otra parte, no debe extrañarnos que la inmigración en estos países se produzca con frecuencia de forma de irregular dadas las características de sus mercados laborales, la importancia que en los cuatro países tiene la economía oculta (independientemente de la presencia de los inmigrantes) y el momento/contexto en que se van a comenzar a producir estos flujos. En el caso de España y de Italia, y este argumento es también válido unos años después para Grecia y Portugal, el factor desencadenante del saldo migratorio positivo es el “factor atracción”, que produce un “efecto llamada”, desde la lógica de la reestructuración del mercado de trabajo que se produce esos años, de un cambio notable en el nivel de deseabilidad de los trabajadores autóctonos y de un proceso acelerado de transformación social: el desajuste (creciente) entre una fuerza de trabajo autóctona que ha ido aumentando paulatinamente su “nivel de aceptabilidad” y la demanda de trabajadores para ciertas ramas de actividad de un mercado de trabajo secundario, que los autóctonos estaban cada vez menos dispuestos a aceptar porque las condiciones de trabajo no estaban a la altura de lo que consideraban aceptable. O, dicho de otra manera: a mediados de los 80, comienza un fuerte y rápido proceso de aumento del “nivel de aceptabilidad” de los autóctonos en España e Italia que va a producir una demanda (repentina y fuerte) de trabajadores extranjeros para cubrir puestos fundamentalmente (pero no exclusivamente) en algunas ramas de actividad (y en ciertos ámbitos geográficos) que se pueden calificar como del mercado de trabajo secundario. Aquel incremento del nivel de aceptabilidad está relacionado con la entrada de Grecia, Portugal y España en la Comunidad Europea, con el crecimiento económico que se experimenta en el sexenio 1986-1992, con el desarrollo del Estado del Bienestar en esos años, con el aumento del nivel educativo de la población activa, con el mantenimiento de las redes familiares y con el rápido aumento de las expectativas sociales (Cachón 2002). Está relacionado también con una progresiva dualización social característica de las “ciudades globales”, donde una creciente concentración de rentas produce una fuerte demanda de servicios auxiliares de salarios bajos. Buena parte de estas migraciones hacia el sur de Europa se producen de modo irregular y bajo el “efecto llamada” de una consolidada y tradicional economía irregular, como ha sido puesto de relieve por numerosos autores (véase, por todos, Reyneri 2003). Como señala Finotelli (2007) para el caso italiano pero con validez para España y otros países del sur de Europa, gran parte de los inmigrantes han tenido algún tiempo de irregularidad en su periodo de residencia, ya que su llegada no estaba apoyada por unas políticas de regulación adecuadas. En Italia, las únicas normas vigentes los años 80 eran las del Código de Seguridad Pública de 1935, que se limitaban a imponer controles policiales discrecionales a los extranjeros.A falta de leyes, y aprovechando la tolerancia generalizada del “trabajo en negro”, se fue consolidando una política basada en la entrada por la “puerta trasera” de la irregularidad. La actividad legislativa recibió un primer empuje a partir de la segunda mitad de los años 80, cuando gobiernos del sur de Europa aprobaron las primeras de una larga serie de leyes sobre la inmigración, que han cambiado con frecuencia desde entonces. Esta falta de dispositivos adecuados para organizar las entradas al territorio, ha llevado a que estos países pongan en marcha, casi periódicamente, procesos de regularización, vía ésta que se ha convertido, hasta recientemente, en el cauce más común de pasar a ser residentes regulares. Los dos más importantes han tenido lugar en Grecia en 1998 y 2001, Portugal en 2001, Italia en 1995, 1998 y sobre todo 2002 y España en 2000-2001 y 2005. Finotelli (2007) señala (de nuevo para Italia, pero el argumento vale para el resto de los países del sur de Europa) que “las regularizaciones han reparado los efectos de un régimen migratorio disfuncional a través de dos hechos fundamentales: 393

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1. Han permitido a los gobiernos (italianos) el control periódico de los flujos, convirtiéndose en instrumento de “control interior” donde son escasas las medidas de control del mercado laboral (Sciortino 1999). 2. Han sustituido una política activa de programación de flujos, contribuyendo a mantener un cierto equilibrio entre el postulado europeo del control migratorio y la demanda interna de mano de obra barata” Y concluye señalando que “desde el punto de vista de una política formalmente restrictiva, la regularizaciones italianas han podido transformar, utilizando las palabras de Zolberg (1987), ‘inmigrantes necesarios pero políticamente no deseados’ en inmigrantes deseados, reafirmando su necesidad para el sistema productivo. Pero más allá de las políticas de control, la inclusión legal de los inmigrantes a través de las regularizaciones ha jugado un papel fundamental para la adquisición de derechos, favoreciendo así su inclusión social. Uno de los efectos fundamentales ha sido, sin duda, el aumento de las reagrupaciones familiares (…)”. Y también la Europa del Este La caída del muro de Berlín (1989), el derrumbe de la URSS (1991) y la guerra civil y étnica de en la antigua Yugoslavia (1991-1995) forman el telón de fondo de cambios geopolíticos que marcan el final del “siglo XX corto” como la ha calificado Hobsbawm (1995). Ese proceso da un paso fundamental con la entrada de 10 nuevos Estados en la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 y de Bulgaria y Rumania el 1 de enero de 2007. Transformaciones políticas, económicas y sociales muy importantes se producen en esos Estados, transformaciones que han llevado a que cinco de ellos hayan sido países de inmigración en la última década (1993-2003): Chipre, Malta, Hungría, Eslovaquia y la República Checa (ésta última con la excepción de 2000-2001); que dos países que venían siendo países de emigración hayan comenzado a tener flujos migratorios positivos: Eslovenia (desde 1999) y Estonia (desde 2000); y que sólo los cinco restantes (Polonia, Letonia y Lituania, además de Bulgaria y Rumania) siguen teniendo en 2003 saldos negativos (véase Cuadro 1). Tras estos saldos migratorios se esconden movimientos importantes de población en dos direcciones porque “Europa central y oriental es a la vez región de acogida y de origen de trabajadores. De allí emigran a Occidente (...) Pero también recibe trabajadores que cruzan las fronteras orientales: rusos, bielorrusos, ucranianos, etc. trabajan en Chequia, Polonia o Hungría, donde ocupan empleos similares a los que ejercen los emigrantes que se desplazan a Europa oriental” (Viruela 2003). Esta conversión de muchos de los países comunitarios del este de Europa en zonas de inmigración marca, por el momento, la última parte de la cuarta mutación del sistema migratorio europeo. Porque previamente se habían ido produciendo otros fenómenos de gran relevancia con origen en Europa del Este. Fenómenos con especial impacto en Alemania. A finales de los 80 comienza la venida de los llamados “Aussiedler”, los descendientes de alemanes que vivían en Europa del Este y en los Estados de la antigua Unión Soviética. No eran inmigrantes en el sentido estricto, porque se les reconoció inmediatamente la nacionalidad alemana y extensas ayudas, mostraron dificultades de acomodación similares a los de los inmigrantes no nacionales. Entre 1950 y 1987 llegaron 1,4 millones, sobre todo de Polonia y de Rumania. Pero la cifra más alta se alcanzó en 1990 con 397.000 al año. Entre los años 1988 y 2005 vinieron en total 3 millones de “(Spät)Aussiedler” a Alemania. Desde la mitad de los 90 las cifras anuales han bajado por la introducción de una nueva norma 394

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legal que restringió la inmigración de los “Aussiedler” a un cierto contingente anual y fijó la condición de conocimientos básicos de la lengua alemana (Kleiner-Liebau 2007.) Otro fenómeno de gran importancia es el incremento de refugiados que se produce en la primera parte de los años 90, sobre todo como consecuencia de la guerra de la antigua Yugoslavia. En Alemania “suben las cifras tanto, que el interés público se traslada de los trabajadores invitados a los asilados y a los solicitantes de asilo” (Kleiner-Liebau 2007). Alemania es el país que recibe más refugiados en cifras absolutas, pero otros países como Suiza o Países Bajos lo hacen en cifras relativas (en comparación con su población).También en otros países, como Suecia u Holanda, la cuestión de los refugiados ha sido una de los temas más calientes de las migraciones que han recibido. En estos años se producen cambios muy notables en las políticas de inmigración, en las políticas de nacionalidad y en las políticas de integración de los Estados de la UE que no van siempre en la misma dirección en distintos estados y con diferentes gobiernos. Es en esta época cuando comienzan a darse los primeros pasos para la construcción de una política común de inmigración y asilo en la EU con la aprobación (1997) y entrada en vigor (1999) del Tratado de Ámsterdam y con la ampliación de la UE a 12 nuevos Estados del este de Europa y la libre circulación de sus ciudadanos en la UE (aunque con restricciones temporales para algunos de ellos en ciertos Estados miembros). A pesar de la práctica desaparición de trabas formales para la libre circulación en la UE (excepto los ciudadanos de algunos de los nuevos Estados miembros), las migraciones intracomunitarias son, con carácter general, poco importantes y éste es también un rasgo de este cuarto momento del sistema migratorio europeo. Se ha señalado que “esta situación de atonía en los flujos de trabajadores entre los países comunitarios se sitúa como un motivo de preocupación dentro de la Unión Europea, dado que se cuestiona la constitución de un verdadero mercado único de trabajo” (Cereijo y Velázquez 2004). Para explicar esta baja movilidad se han dado diversas razones que estos autores sintetizan en cuatro: 1) Las migraciones laborales no parecen haberse producido atendiendo al potencial incremento de renta que puede conseguirse en el país de destino, sino a la renta absoluta de la que se dispone en el de origen, por lo que al superarse un determinado umbral de renta en el país emisor se limita la probabilidad de emigrar, como han defendido Faini y Venturini; 2) Para otros autores como Razin y Sadka la clave está en la generalización del Estado del Bienestar en la UE, que al aumentar la protección por desempleo aumenta el salario de reserva y frena la emigración; 3) Zimmerman destaca que el alto nivel de paro ha hecho decrecer las posibilidades percibidas por los potenciales emigrantes para encontrar un puesto de trabajo en el destino; y 4) La existencia de diferencias culturales, sobre todo idiomáticas, entre los distintos Estados miembros y por eso ha seguido habiendo flujos donde había colonias asentadas de emigrantes, como señalan Daviri y Faini (véase Cereijo y Velázquez 2004). Algunas de estas razones son útiles para explicar también la poca movilidad de los trabajadores dentro de cada Estado miembro, lo que ocurre especialmente en algunos de ellos como es el caso de España. Por lo que respecta a los desplazamientos intracomunitarios de los ciudadanos y trabajadores de los nuevos Estados miembros desde el 1 de mayo de 2004, hay que señalar que, como ha ocurrido con otras ampliaciones de la UE con anterioridad, por temor a importantes desplazamientos de población se estableció un período transitorio para ocho de los nuevos Estados miembros (todos, excepto Chipre y Malta) que podría prolongarse hasta 2011 (en tres fases distintas: 2004-2006; 2006-2009 y 2009-2011). Suecia ha aplicado directamente la libertad de circulación completa sin período transitorio; Reino Unido e Irlanda lo han hecho para el acceso al mercado de trabajo pero no para otros beneficios 395

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sociales; Austria, Italia, Holanda y Portugal han establecido cuotas especiales para los nuevos Estados miembros; y el resto les aplica el régimen de los no comunitarios en el período 2004-2006.Y, como en ampliaciones anteriores (por ejemplo la de España y Portugal en 1986), se puede decir que la movilidad ha sido limitada, que ha sido relativamente estable antes y después de la ampliación y que los flujos han tenido efectos positivos en la economía y en el mercado de trabajo de la UE (Comisión Europea 2006). Situación actual: sistema migratorio común a pesar de rasgos diferenciales relevantes Como se aprecia en la lectura de los informes nacionales recogidos en este estudio para ocho países europeos, el proceso de constitución como país de inmigración de cada uno de ellos ha seguido vías diferentes, pero agrupables dentro de algunas pautas más o menos compartidas. Por eso algunos observadores han planteado que el sistema migratorio europeo está compuesto de distintos subsistemas. Así, por ejemplo, Zlotnik (1992) identifica cuatro subsistemas relacionados con cuatro diferentes regímenes de política migratoria: el régimen semiperiférico mediterráneo; el régimen central continental; el régimen escandinavo y el régimen del Reino Unido-Irlanda. A estos subsistemas se podría añadir en la actualidad un quinto: los países comunitarios del Este de Europa. Pero, a pesar de las diferencias que existen entre ellos, “hay suficientes similitudes entre los países de Europa Occidental para considerarla como un sistema migratorio internacional organizado en el Tratado de Roma y unido por un orden económico y político” (Massey, Arango y otros 1998) En la mayoría de los países europeos, la transformaciones y demandas del mercado de trabajo han jugado un papel clave en ese proceso (véase Fassmann y Münz 1994 y Cachón 2007). En contraste con Estados Unidos, se puede señalar como hacen Massey, Arango y otros (1998), que “la iniciación de la inmigración a Europa estuvo conectada muy directa y vigorosamente a los programas de reclutamiento, que comenzaron en los años 50 y que continuaron hasta 1973, y que las fluctuaciones en el volumen de inmigración continúa estando fuertemente conectado con las variaciones de la demanda de trabajo”. La situación de los inmigrantes en el mercado de trabajo es muy distinta en diversos países (de la UE-15) en las tres magnitudes básicas para el análisis de la situación del mercado de trabajo: la actividad, el empleo y el paro (Cachón 2007a). La tasa de actividad (proporción de activos sobre la población de 15-64 años) en el conjunto de la Unión Europea es del 73,5% para los comunitarios y del 68,4% para los ciudadanos no comunitarios. Esta pauta de mayor actividad de los comunitarios se repite en casi todos los Estados miembros. La diferencia es especialmente pronunciada en Dinamarca, Suecia y Holanda probablemente ligado al hecho de tener una mayor proporción de asilados a los que no siempre se les permite trabajar (véase notas del Cuadro 2). Por el contrario, los países comunitarios del sur de Europa, España, Grecia y Portugal (aunque no se conozcan los datos de paro), además de Austria (y probablemente esta pauta se repita también en Italia), los inmigrantes tienen tasas de actividad superiores a las de lo autóctonos: una diferencia que supera los 10 puntos en los dos primeros países. Hay dos elementos que contribuyen a este hecho: en primer lugar, la estructura de edad, porque los inmigrantes de los cuatro países del sur de Europa tienen estructuras de edades mucho más jóvenes que los autóctonos; y, en segundo lugar, la mayor tasa de actividad que tienen todos los grupos de edad de ambos sexos. En España, por ejemplo, esto ocurre además entre los europeos no comunitarios y los latinoamericanos, tanto en varones como en mujeres, mientras que en los extranjeros del resto del mundo (que son fundamentalmente marroquíes) las mayores tasas de actividad de los extranjeros sólo se dan entre los varones. Esta diferencia de los países del sur de Europa en relación al resto es un factor diferencia de 396

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gran relevancia y que se produce en la fases iniciales de los procesos migratorios donde prima las migraciones laborales. Cuadro 2. Tasas de actividad, empleo y paro por nacionalidad en los Estados miembros en 2002 TASAS DE ACTIVIDAD TASAS DE EMPLEO Nacionales No UE Nacionales No UE UE Nacionales UE Nacionales

EU15 (disponible) Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia

73,5 74,6 72,7 66.9 81,4 69,3 79,6 72,0 66,2 77,8 69,4 Nd 66,3 73,2 77,0 79,7

68,4 67,4 77,4 64,2 62,8 82,7 76,5 68,1 78,0 54,3 Nd Nd Nd Nd 67,3 64,9

66,4 66,5 68,2 60,6 77,2 58,3 69,2 63,9 56,3 75,3 65,1 Nd 64,0 68,5 72,1 74,9

52,6 51,2 67,4 30,7 49,8 67,1 54,4 43,2 68,4 48,6 58,2 Nd 57,1 76,1 57,3 49,9

TASAS DE PARO Nacionales No UE UE Nacionales

7,1 8,1 4,5 6,3 4,2 11,0 10,4 8,1 9,9 2,5 4,3 Nd 2,3 4,7 4,9 4,8

15,8 16,2 10,0 33,5 13,0 15,6 22,1 24,9 9,6 5,7 Nd Nd Nd Nd 10,0 15,0

Fuente: Eurostat (LFS), Comisión Europea 2003 y elaboración propia Tasa de empleo: ocupados de 15-64 años en relación a la población en edad de trabajar de 15-64 años Tasa de paro: parados de 15-64 años en relación a la población activa de 15-64 años Tasa de actividad: dado que Eurostat no publica datos de población activa y de población potencialmente activa por nacionalidad, la tasa de actividad se ha estimado sumando la tasa de empleo y la tasa de paro (con lo cual se hace una ligera sobreestimación de la misma).

Si 66,4 de cada 100 comunitarios tienen un empleo, esa es la situación de 52,6 de cada 100 no comunitarios en 2002. Las tasas de empleo reproducen la pauta ya señalada con las tasas de actividad: en todos los Estados miembros se produce esa mayor tasa de empleo de los comunitarios, excepto en los países del sur de Europa: en Portugal, Grecia y España (y también en Italia, según datos publicados hace unos meses por el Gobierno Italiano) las tasas de empleo de los inmigrantes es mayor que la de los comunitarios, con diferencias que rondan los 10 puntos (véase Cuadro 2). En el caso de las mujeres se repiten estas pautas: las tasas de empleo de las comunitarias son mayores que las de los inmigrantes (en el conjunto de la UE las primeras tienen una tasas de empleo del 58,8% y las segundas del 41,2%). Las excepciones a esta pauta son los países del sur de Europa, siendo Portugal el país donde las mujeres inmigrantes tienen una mayor tasa de empleo (63,2%). Por el contrario, los dos países donde las mujeres tienen menores tasas de empleo son Bélgica (con el 18,1%) y Francia (29,1%), probablemente ligado al peso de las mujeres árabe/musulmanas. La tasa de paro de los no comunitarios duplican las de los comunitarios: el 15,8% de los activos no comunitarios están en paro, frente al 7,1% de los segundos. En todos los 397

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Estados miembros los no comunitarios tienen tasas de paro superiores a los comunitarios (con la excepción de Grecia, donde tienen tasas similares). Esas diferencias son muy notables en Bélgica, donde las tasas de paro de los inmigrantes son cinco veces superiores a las de los comunitarios; en Francia, Dinamarca y Suecia son tres veces superiores; en Alemania, Austria, Finlandia, Holanda y Reino Unido las tasas de paro de los inmigrantes duplican las de los comunitarios y en España son 1,4 veces mayores. Estos datos tan diferentes de la situación de los inmigrantes en el mercado de trabajo son de gran importancia porque están detrás de consideraciones que contrastan la “inmigración deseada” (la muy activa y muy ocupada) con la “inmigración padecida” (la no activa y la parada). Otra cuestión que conviene recordar en este apartado es la situación de la inmigración irregular. La economía sumergida precede a la inmigración y no es el resultado de la inmigración irregular sino su causa fundamental, el auténtico “efecto llamada” de la inmigración irregular. En el mercado de trabajo hay colectivos frágiles o desaventajados que son más proclives a tener que verse sometidos a la economía sumergida. Señalan Castells y Portes (1990) que la economía sumergida “evoluciona en las fronteras de las luchas sociales incorporando a los que son demasiado débiles para defenderse, rechazando a los que provocan conflictos y propulsando a quienes tienen la vitalidad y los recursos para convertirse en empresarios”.Y es ahí donde entran los inmigrantes, especialmente si están en una situación de irregularidad, que no crean la economía sumergida, pero sí la recrean porque “los inmigrantes sí tienen buena predisposición para aceptar trabajos no registrados, contribuyendo a su continuación” (Baganha y Reyneri 2001). En otro lugar (Cachón 2007b) hemos estimado la inmigración en situación irregular en España en los últimos años desde 2001 (véase Gráfico 1). Pero no es ésta una situación exclusiva de los países del sur de Europa, aunque en ellos la economía sumergida y la presencia de inmigrantes sea mayor que en otras zonas de Europa. Para Alemania, las estimaciones varían entre 150.000 y 1 millón de inmigrantes sin papeles a finales de los 90 trabajando, sobre todo, en la construcción, el servicio doméstico y en el sector informal (Bade y Oltmer, 2004). Grafico 1: Inmigrantes en situación regular e “irregulares” estimados 2001-2006

Fuente: Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, para la población extranjera residente; estimación propia para los irregulares (1 enero de cada año) (Cachón 2007b, revisado con datos definitivos Padrón 2006)

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El Cuadro 3 recoge la población de los 27 Estados miembros de la UE el 1 de enero de 2007, el volumen de población extranjera en 2006, el saldo de las migraciones netas en el trienio 2004-2006 y el flujo de demandas de asilo aceptadas en el mismo trienio. Un somero repaso de estos datos ofrece algunas imágenes de la inmigración en la UE que pueden resultar sorprendentes. Es normal que sean los grandes países los que concentren la mayor parte de los extranjeros en la UE: el 26% del total de extranjeros en la UE residen en Alemania. Pero el segundo país que con más extranjeros en su territorio es España (con el 14,3% del total de la UE), seguido de Francia (12,6%), Reino Unido (12,3%) e Italia (9,6). Sin embargo, la proporción de extranjeros sobre la población total nos permite comparar el peso que los extranjeros tienen en la población de los distintos Estados miembros. En ese ranking Luxemburgo ocupa, con diferencia, el primer lugar con el 38%, seguido a distancia por Letonia (29%), Estonia (18%) (en ambos casos por el peso de la población rusa en su territorio) y Chipre (13%).Tras estos cuatro pequeños Estados, se sitúan Austria (con el 9,8%), España (9%), Alemania (8,9%) y Bélgica (8,5%), los cuatro muy por encima de los otros grandes Estados de la UE como Reino Unido y Francia (ambos en el 6%) e Italia (en el 5%), y del resto de los países europeos estudiados en este informe se sitúan entre el 5% de Suecia y el 4% de Holanda. El estudio de los saldos migratorios del último trienio ofrece también informaciones muy relevantes para comprender cómo está cambiando el sistema migratorio europeo: los Estados miembros de la UE-27 han tenido en conjunto un saldo migratorio neto de algo más de 4 millones de inmigrantes en los últimos tres años (2004-2006). De ellos, el 36% corresponden a España y el 24% a Italia. Siguen a mucha distancia Reino Unido (con el 11%) y Francia (8%). Si se analiza la proporción del saldo en relación a la población, se aprecia que en sólo cuatro Estados (Chipre, Irlanda, España y Luxemburgo) ese saldo ha supuesto más del 4% de la población de 2007 y en Italia más del 2%. En el resto de los países analizados el saldo ha supuesto más del 1% en Suecia y Reino Unido y es positivo pero inferior al 1% en Bélgica, Francia y Alemania. Por el contrario, el saldo migratorio ha sido negativo (en un -0,4%) en los Países Bajos, lo que hace de este país el único que ha cambiado el signo migratorio en el último trienio y pasa a formar parte del grupo de cinco Estados miembros de la UE que pierde población en términos migratorios (junto con Rumania, Polonia, Letonia, Lituania y, probablemente, Bulgaria). Los países que más asilados han aceptado en el último trienio han sido Francia, (20% del total de la UE-27), Alemania (18%) y Reino Unido (17%), seguidos por los Países Bajos (55). España sólo acoge al 2% de los asilados en la UE.

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Cuadro 3. Extranjeros, migraciones netas y asilados en el último trienio en la UE total población

Población extranjera 2006 Total

1.1.2007

Alemania 82.314.906 7.289.149 Austria 8.298.923 814.065 Bélgica 10.584.534 900.500 Bulgaria 7.679.290 26.000 Chipre 778.684 98.000 Dinamarca 5.447.084 270.051 Eslovaquia 5.393.637 25.563 Eslovenia 2.010.377 48.968 España 44.474.631 4.002.509 Estonia 1.342.409 242.000 Finlandia 5.276.955 113.852 Francia 63.392.140 3.510.000 Grecia 11.171.740 884.000 Hungría 10.066.158 156.160 Irlanda 4.319.425 314.100 Italia 59.131.287 2.670.514 Letonia 2.281.305 456.758 Lituania 3.384.879 32.862 Luxemburgo 476.187 181.800 Malta 407.810 12.000 Países Bajos 16.357.992 691.357 Polonia 38.125.479 700.000 Portugal 10.599.095 276.000 Reino Unido 60.852.828 3.425.000 Rep. Checa 10.287.189 258.360 Rumania 21.565.119 25.993 Suecia 9.113.257 479.899 UE 27 495.133.320 27.905.460 UE 25 465.888.911 27.853.467 UE 15 391.810.984 25.822.796

Migraciones netas 2004-2006

% sobre T. población

8,9 9,8 8,5 0,3 12,6 5,0 0,5 2,4 9,0 18,0 2,2 5,5 7,9 1,6 7,3 4,5 20,0 1,0 38,2 2,9 4,2 1,8 2,6 5,6 2,5 0,1 5,3 5,6 6,0 6,6

Total

185.308 147.505 86.768 ND 38.659 21.814 10.131 14.422 1.857.781 438 26.473 403.671 120.574 56.739 187.513 1.259.858 -4.094 -23.251 19.215 3.877 -58.687 -58.394 111.790 579.846 89.584 -23.812 102.819 5.156.547 5.180.359 5.052.248

Asilados aceptados 2004-2006

% sobre T. población

Total

0,2 1,8 0,8

61.960 25.425 15435 ND 5.335 2.155 13.390 1.035 6.670 10 4.730 68.120 3.865 0 6.890 0 10 560 0 880 15.655 5.895 75 58.915 7.880 555 35.260 340.705 340.150 305.155

5,0 0,4 0,2 0,7 4,2 0,0 0,5 0,6 1,1 0,6 4,3 2,1 -0,2 -0,7 4,0 1,0 -0,4 -0,2 1,1 1,0 0,9 -0,1 1,1 1,0 1,1 1,0

% sobre T. población

0,08 0,31 0,15 0,69 0,04 0,25 0,05 0,01 0,00 0,09 0,11 0,03 0,00 0,16 0,00 0,00 0,02 0,00 0,22 0,10 0,02 0,00 0,10 0,08 0,00 0,39 0,07 0,07 0,08

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT

3. POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN: LA UNIÓN EUROPEA Y LA DISPERSIÓN DE LOS “MODELOS” EN EUROPA Que Europa, como hemos visto, se haya convertido, en términos absolutos, en la primera región de inmigración del mundo, no quiere decir que haya logrado encauzar los flujos migratorios ni asentar unas políticas adecuadas de inmigración y de integración de y con los inmigrantes. Al contrario, cabe recordar la “relación difícil” (Arango 2006) que mantiene con la cuestión migratoria y el difícil proceso de gestación en que siguen las políticas comunes de inmigración y asilo que debían haberse puesto en marcha antes de 2005, como pide el Tratado de Ámsterdam desde 1999.Y, sin embargo, puede decirse que se “ha pasado de la prehistoria al comienzo de la historia” (Arango 2005), fundamental400

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mente gracias a los esfuerzos institucionales desarrollados por la Comisión Europea.Y ello, a pesar de que el Comité Económico y Social Europeo (2002) hayan puesto de relieve, con razón, que “se ha progresado insuficientemente en la integración social de los inmigrantes y refugiados. Persiste una discriminación evidente; estos grupos de la población continúan estando claramente en desventaja en términos de empleo; igualmente clara es la segregación física de facto en algunas ciudades; las ciudades de Europa continúan asistiendo al estallido de violencia cuando la convivencia se quiebra; y el racismo continúa siendo patente (y se incrementa, incluso) tanto en las relaciones sociales cotidianas como en los resultados electorales obtenidos por la extrema derecha”. Europa atraviesa una encrucijada llena de paradojas, entre ellas la que nos ofrece la Europa multicultural “que separa (…) el afán reaccionario de mantener a toda costa una vieja concepción de la política y de sus agentes, los ciudadanos; y por otro, la oportunidad de reformular el vínculo social y político, y con ellos la ciudadanía, para alcanzar una concepción en la que estos otros no sean sólo el negativo exigido para afirmar al ciudadano” (Lucas 2003: 56). El escaso desarrollo de las políticas de inmigración comunitarias, especialmente de las políticas de integración, puede explicarse por la concurrencia de algunas circunstancias que señala López Pietsch (2007): la primera es la limitada base jurídica de la que se parte; la segunda es la peculiar naturaleza de las políticas de integración que se desarrollan en los diversos niveles de las administraciones: europeo, nacional, regional y local; la tercera circunstancia que condiciona la adopción de una política europea común es la peculiar historia y situación migratoria de cada uno de los Estados miembros (véase Arango 2006). Por último, señala López Pietsch, “si los avances registrados se miden no tanto por comparación con el ideal de los mundos, como por las resistencias que ha habido que vencer para su consecución, entonces tal vez haya que concluir que el trecho recorrido no es tan escaso como a primera vista pudiera parecer”. El primer e importante paso se dio, tras la entrada en vigor del Trato de Ámsterdam, en el Consejo Europeo de Tampere (Finlandia) en 1999, al poner el acento en la necesidad de introducir “un enfoque global de la migración que trate los problemas políticos, de derechos humanos y de desarrollo de los países y regiones de origen y tránsito” y de “garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de sus Estados miembros. Una política de integración más decidida debería encaminarse a concederles derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión, así como a fomentar la ausencia de discriminación en la vida económica, social y cultural y a desarrollar medidas contra el racismo y la xenofobia” A partir de esas orientaciones políticas emanadas del Consejo Europeo, la Comisión envió una Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una política comunitaria de migración [COM (2000) 757], de 22 de noviembre de 2000, que perseguía estimular el debate sobre las políticas que se debían poner en marcha en la dirección marcada en Tampere. Luego han seguido distintas directivas y proyectos pero, como ha señalado el Consejo Económico y Social Europeo en el Informe sobre Inmigración, Asilo e Integración social de 2002, “se ha progresado poco en la integración social de los inmigrantes y refugiados” en las políticas europeas. Además de las directivas antidiscriminación (véase Cachón 2003), se han aprobado las directivas sobre el derecho a la reagrupación familiar y la relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (véase Carrera 2005 y López Pietsch 2007).Y dos Comunicaciones de la Comisión han tenido particular relevancia: la Comunicación sobre “Inmigración, integración y empleo” [COM (2003) 336] y la Comunicación “Programa Común para la Integración. Marco para la integración 401

CONFLICTOS E INMIGRACIÓN EN EUROPA: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN COMPARATIVA

de los nacionales de terceros países en la Unión Europea” [COM (2005) 389]. Entre ambas se han aprobado el Programa de La Haya (2004) y los “Principios Comunes Básicos sobre Integración” (19 de noviembre de 2004). En los considerandos previos a estos Principios, el Consejo señala que “el éxito de la integración de los inmigrantes que residen legalmente y de sus descendientes constituye un aspecto esencial de la gestión de las migraciones.Al mismo tiempo, la política de inmigración puede contribuir al éxito de la política de integración. Resulta crucial que los Estados miembros mantengan y sigan desarrollando unas sociedades en las que los recién llegados se sientan bienvenidos, que se definan por un espíritu de entendimiento y ajuste mutuos, en las que todos los residentes -nuevos y viejos- tengan unas expectativas claras” y que “la integración tiene lugar simultáneamente a escala de los individuos, de las familias, de la comunidad en general y del Estado, y se plasma en todas las facetas de la vida: de hecho, la integración puede abarcar fácilmente una generación o más. Por consiguiente, para tener éxito, la política de integración debe comprometer a las instituciones locales, regionales y nacionales con las que interactúan los inmigrantes, tanto en el ámbito privado como en el público. El desarrollo y la aplicación de la política de integración es, por consiguiente, responsabilidad primordial de los Estados miembros en concreto, más que de la Unión como conjunto”. Los once principios básicos comunes para una política de integración de los inmigrantes en la Unión Europea señalan, en primer lugar, una definición de la integración: 1. La integración es un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de todos los inmigrantes y residentes de los Estados miembros. Recogen derechos (PBC 3. 5, 6, y 8.1) y responsabilidades de los inmigrantes (PBC2, 4.1, 5 y 82) y de la sociedad receptora (PBC 4.2): 2. La integración implica el respeto de los valores básicos de la Unión Europea. 3. El empleo constituye una parte fundamental del proceso de integración y es esencial para la participación de los inmigrantes, para las contribuciones que los inmigrantes aportan a la sociedad de acogida y para hacer visibles tales contribuciones. 4. Un conocimiento básico del idioma, la historia y las instituciones de la sociedad de acogida es indispensable para la integración; permitir a los inmigrantes adquirir ese conocimiento básico es esencial para que la integración tenga éxito. 5. Los esfuerzos realizados en la educación son fundamentales para preparar a los inmigrantes, y en particular a sus descendientes, a participar con más éxito y de manera más activa en la sociedad. 6. El acceso de los inmigrantes a las instituciones y a los bienes y servicios tanto públicos como privados, en las mismas condiciones que los ciudadanos nacionales y sin discriminaciones es un requisito esencial para una mejor integración. 7. Una interacción frecuente entre inmigrantes y ciudadanos de los Estados miembros es un mecanismo fundamental para la integración. Los foros compartidos, el diálogo intercultural, la educación relativa a los inmigrantes y sus culturas y unas condiciones de vida estimulantes en entornos urbanos mejoran las interacciones entre inmigrantes y ciudadanos de los Estados miembros. 402

CONFLICTOS E INMIGRACIÓN EN EUROPA: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN COMPARATIVA

8. La práctica de diversas culturas y religiones está garantizada por la Carta de los Derechos Fundamentales y debe quedar salvaguardada, a menos que dichas prácticas entren en conflicto con otros derechos europeos inviolables o con la legislación nacional. 9. La participación de los inmigrantes en el proceso democrático y en la formulación de las políticas y medidas de integración, especialmente a nivel local, favorece su integración. Y terminan con dos principios que abordan la necesidad de establecer indicadores y dispositivos de evaluación (PBC 10 y 11): 10. Las políticas y medidas tendentes a incluir la cuestión de la integración en todas las pertinentes competencias políticas y niveles de gobierno y servicios públicos, deben tomarse debidamente en cuenta en la elaboración y puesta en práctica de medidas públicas. 11. Es necesario establecer objetivos, indicadores y mecanismos de evaluación claros para ajustar las políticas, evaluar los avances en la integración y hacer más eficaz el intercambio de información. Se va consolidando así un “enfoque de derecho suave” (como señala Carrera) que no es jurídicamente vinculante y que tiene dudosos efectos jurídicos, pero que puede tener influencia en los ámbitos nacionales, regionales o locales en Europa. Su influencia es notable, por ejemplo, sobre el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, aprobado por el Gobierno español en febrero de 2007. Lentamente, con algunas contradicciones, con movimientos paradójicos y a veces opuestos en distintas instancias comunitarias (Parlamento, Comisión y CESE, con frecuencia proponiendo posiciones avanzadas y el Consejo caminando a ratos como las tortugas y a ratos como una serpiente que da bandazos), pero puede decirse que las políticas de integración han llegado, por fin, casi, a la Unión Europea. Spencer (2006) ha señalado, quizás con cierto optimismo, que “la integración es hoy una cuestión central en la agenda de la Unión Europea”. Es seguro que debería serlo porque la Unión debe encontrar el camino para dar una respuesta democrática que incorpore a los ciudadanos inmigrantes que viven en Europa a las políticas de redistribución y a las políticas de reconocimiento siguiendo los cuatro objetivos del Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos (2007) - Hacia una sociedad justa (Decisión 771/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006): a) Derechos: Todas las personas tienen derecho al mismo trato, sin distinción de sexo, origen étnico o racial, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. b) Representación: Estimular un debate sobre las formas de aumentar la participación en la sociedad de los grupos víctimas de discriminación. c) Reconocimiento: Facilitar y celebrar la diversidad y la igualdad, subrayando la aportación positiva que las personas, poniendo el acento en las ventajas de la diversidad. d) Respeto: Promover una sociedad con más cohesión, concienciando sobre la importancia de suprimir los estereotipos, los prejuicios y la violencia y de impulsar y propagar los valores en que se basa la lucha contra la discriminación. 403

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Pero, como señala la Comisión Europea, en su Comunicación “Programa Común para la Integración. Marco para la integración de los nacionales de terceros países en la Unión Europea” [COM (2005) 389],“como reflejo de las distintas historias, tradiciones y medidas institucionales, son muchos y diversos los enfoques adoptados (a nivel nacional dentro de la UE) para dar solución a los problemas que se han ido planteando” en el campo de la inmigración y de la integración de los inmigrantes. Esta específica historia de cada uno de los Estados miembros ha llevado a la construcción normativa y social de distintos tipos de intervención en este campo que, referidos sobre todo a cuestiones culturales/nacionales, son con frecuencia esquematizados como “modelos” que oscilan entre el “multicultural” y el “asimilacionista”. En el primero habría que situar a Suecia (primer país europeo en adoptar estas políticas en 1975), Países Bajos o Reino Unido. En el segundo, típicamente, a Francia. Sin entrar ahora en la definición ni en la discusión de estos “modelos”, sí hay que señalar que a los elementos de la “gestión de la diversidad cultural” habría que añadir las del acceso a la nacionalidad (con la dicotomía entre ius sanguinis y ius soli, el primero tradicional en Alemania y Grecia, el segundo en Francia) y la existencia o no de otras formas de incorporación a la ciudadanía (véase López Sala, 2005). Para esta síntesis importa poner de relieve dos aspectos: en primer ligar, la notable “dispersión” de los “modelos” prácticos de integración resultados de las específicas historias institucionales de cada Estado miembro, y de las políticas puestas en marcha en diversos campos que confluyen en la integración de los inmigrantes.Y, en segundo lugar, el hecho de que en los países europeos se están llevando a cabo modificaciones, a veces profundas, en su sistema institucional y en sus políticas en este campo; cambios que unas veces parecen apuntar una convergencia europea, pero no así en otras iniciativas. Sí que hay una creciente enunciación (a veces una reenunciación) explícita de políticas de integración que, en algunos casos, se presentan formalmente como desarrollos de los Principios Básicos Comunes de Integración de la UE. Es importante comprender que algunos de los cambios que se han producido en los modos de gestión de la integración de y con los inmigrantes en los países europeos en los últimos años tienen que ver, precisamente, con distintos conflictos que se han planteado en este campo y que son respuestas más o menos reactivas o proactivas a diversos desafíos y discusiones públicas, que se han planteado en algunos países en torno a cuestiones que se han abordado en los distintos informes nacionales de este volumen. 4. CONTEXTOS DE LOS CONFLICTOS CONTEMPORÁNEOS LIGADOS A LA INMIGRACIÓN La inmigración, sobre todo en ese momento del ciclo migratorio en que se abordan cuestiones de “ciudadanía” superando una fase (básicamente) de “mercado”, actúa como un tornasol que sirve de reactivo para comprender los rasgos de las sociedades de acogida, para conocer y diagnosticar mejor “nuestros” problemas que, bajo el impacto de la inmigración, adquieren dimensiones nuevas, no sólo en un sentido cuantitativo sino, a veces, también cualitativo porque pueden cambiar las características y las pautas normativas. El “hecho migratorio” es un poderoso factor de cambio social, económico, cultural y político. Lo hemos señalado para España, pero es válido para los otros Estados miembros de la UE (y para todo país que reciba un flujo importante de inmigrantes que se estabilicen en su territorio), aunque en el caso español la rapidez e intensidad con que se ha producido el fenómeno lo dotan de una mayor potencia social: “la inmigración y los inmigrantes están siendo uno de los grandes factores, si no el mayor, de transformación de la 404

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sociedad española en esta primera década del siglo XXI. Más de lo que fueron las migraciones interiores en los años sesenta y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y a la vida social en condiciones (formales) de igualdad desde los años 80.Y es más, no sólo por las dimensiones que está adquiriendo sino por algunas de sus características y por los retos y desafíos que plantea. Se puede decir que con la inmigración se está formando una “nueva sociedad española”, que tendrá algunos rasgos muy distintos de lo que ha sido nuestra sociedad en las últimas décadas. Si España ha llamado la atención de los estudiosos por la velocidad en que se han producido los cambios sociales desde el inicio de la transición democrática, especialmente desde mediados de la década de los 80, en esas fechas pasó casi desapercibido el inicio de nuestra conversión en un país de inmigración. Pero desde finales del siglo XX aquel suave despegue, aquella “inmigración inesperada” (Izquierdo 1996), ha dado paso a un crecimiento del fenómeno con una rapidez no conocida en nuestro entorno” (Cachón 2007b). Cómo se produzca ese cambio social y qué modificaciones institucionales produzca depende de los contextos en que tiene lugar, de los rasgos del proceso migratorio y de las características de la migraciones, de la percepción social que se tenga del “hecho migratorio”, de las respuestas políticas que se adopten ante los desafíos que se plantean y de las estrategias de los diferentes actores relevantes, entre ellos, sin duda en lugar destacado, los inmigrantes mismos. No podemos abordar aquí todos estos aspectos, pero conviene poder de relieve, siquiera brevemente, la importancia de algunos “contextos” en los que se está produciendo la inmigración hoy en la Unión Europea (y otros países liberales capitalistas avanzados), contextos que tienen algunos rasgos comunes en los países europeos y algunos específicos en cada país. Hablamos de “contextos” en plural, cuando ya el singular “contexto” admite una visión plural de los entornos en los que se producen los hechos sociales, para resaltar que hay dimensiones distintas relevantes que conviene especificar: dimensiones sociales y económicas, urbanas, institucionales, culturales, políticas y dimensiones coyunturales. Pero salvo algún caso aislado, la capacidad del “contexto” para explicar la causalidad, pongamos por caso, de los conflictos ligados a la inmigración, no puede hacerse de modo aislado, separando estas distintas dimensiones porque están interrelacionadas. A ninguna le es aplicable en sí misma la “causalidad” (última) del conflicto, porque exige la concurrencia de una combinación (específica en cada caso) de distintos elementos para formar el “contexto” específico en que se produce un conflicto determinado. Sólo señalaremos aquí algunos rasgos de esos “contextos”. La “crisis” social y económica, como un rasgo estructural de nuestras sociedades, debe ser puesta en primer lugar. Puede simbolizarse en el incremento del paro que ha pasado a ser un “hecho social” en todas nuestras sociedades, a pesar de que puede variar (y varía con el ciclo económico) coyunturalmente. Pero no es el único rasgo de las trasformaciones sociales ligadas a los cambios económicos y sociales de las tres últimas décadas. Habría que hablar de las profundas trasformaciones cuantitativas y cualitativas del empleo y de los trabajadores para mostrar como ni la oferta ni la demanda en el mercado laboral son ya como eran hace treinta años, de la precarización del empleo y de las condiciones de trabajo, de las pérdidas de puestos de trabajo en sectores industriales concentrados en torno a algunas grandes ciudades, de las dificultades de adaptación a estas nuevas realidades por parte de los trabajadores, especialmente, de las clases populares.Todo esto se refleja en la crisis de la relación salarial y de la ciudadanía construida en torno al campo laboral, en la desestructuración de las relaciones sociales de la era industrial, en el incremento de procesos de dualización y de exclusión social. Estos procesos afectan de manera doble a los inmigrantes: por una parte, dificultan su inserción en el mercado de trabajo más de lo que lo hacen con 405

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los trabajadores autóctonos o comunitarios (véase Cuadro 2), y esto ocurre, sobre todo, con los hijos de los inmigrantes, con los jóvenes llamados de segunda o tercera generación, lo que produce una seria fractura social porque les distancia de sus pares (autóctonos), con los que han compartido escuelas y barrios. Pero les afecta también porque aquellos cambios económicos y sociales pueden contribuir a fomentar un cambio de la percepción de los inmigrantes y de la inmigración. Aunque este cambio de percepción no se produce sin ciertas mediaciones discursivas, que son resultado sobre todo de cambios en la consideración política del fenómeno de la inmigración que ha sido muchas veces ambigua cuando no directamente negativa. La concentración de los inmigrantes en determinadas zonas, fruto de la “corriente internacional de la inversión y del trabajo” por utilizar la plástica expresión de Sassen (1993), que ha dado lugar a las “ciudades globales”, que señala la misma autora, ha ido a la par con otro fenómeno característico de todos los procesos migratorios, pero que adquiere en nuestro tiempo una dimensión más relevante: es la concentración de la inmigración en determinadas áreas de las grandes ciudades o, si se quiere, su segregación espacial (y social). Segregación que tiene una doble dimensión. Por una parte, puede proporcionar a los inmigrantes unas redes sociales de apoyo que pueden facilitar su inserción en la sociedad de acogida y que puede dotarles, como comunidad, de mayores posibilidades de movilización y presión; por otra, puede actuar como cierre social y circunscribir sus espacios vitales dentro de los límites del barrio (y de la comunidad). Esta ambivalencia, que reproduce la que se da con la clase obrera en esos mismos barrios de las ciudades industriales, puede hacer que si predomina la segunda, se produzcan procesos de güetización y de exclusión social, con la peculiaridad en el caso de los inmigrantes o hijos de inmigrantes de la dimensión cultural/étnica que puede llevar a “repliegues identitarios”.Y esto será así, sobre todo, en condiciones de crisis económica y de deterioro de las condiciones de vida en los barrios obreros y de inmigrantes de las ciudades. Algunas de las transformaciones que se han producido en estos barrios (por ejemplo, en muchas ciudades de Francia) son, paradójicamente, el resultado de respuestas institucionales a situaciones de conflictos anteriores. La crisis de las instituciones que deberían garantizar la socialización de los individuos como son la escuela pública y los servicios públicos, es otra línea del contexto que hay que tener presente. La primera “por todas partes, en Europa (...) parece penar por cumplir su misión y, a menudo, sus dificultades son imputadas, una vez más, a la inmigración” (Wieviorka 1998, 99).A veces se (re)vuelve este argumento para “acusar a las principales víctimas de esta crisis de ser responsables de la misma, hacer a los inmigrantes la causa del mal funcionamiento de la escuela”. La crisis también afecta a las instituciones responsables de la Seguridad Social y de la solidaridad del Estado del Bienestar, construido, sobre todo, tras la Segunda Guerra Mundial, que tienen que abordar realidades nuevas y diversas con políticas restrictivas (o insuficientemente proactivas) y en medio de escasez de personal y de recursos y sin la preparación adecuada responder a los nuevos desafíos (cuantitativos y cualitativos) que plantea la inmigración (y otros cambios sociales). Otro aspecto a tener en cuenta para enmarcar adecuadamente los conflictos ligados a la inmigración, es lo que Castells (1997) ha llamado “el poder de la identidad”. Pero éste es un argumento multiforme. Por una parte, habría que señalar que una de las manifestaciones de la creciente importancia de las identidades culturales es el incremento de los nacionalismos, “indisociable del incremento de las corrientes xenófobas, racistas y antisemitas” (Wieviorka 1998: 103). Por otra, las identidades culturales se multiplican en todos los órdenes: religioso, étnico, etc. Estas identidades se pueden manifestar como reproducción pero pueden ser también “importadas”, por ejemplo a través de los inmigrantes. Pueden tener una larga tradición detrás o pueden ser invenciones recientes pero que en poco tiempo se nos presentan 406

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como algo “de toda la vida”. Pueden resultar también de cambios en la concepción de una misma “identidad” a lo largo del tiempo como resultado de cambios en otros contextos. Por ejemplo, en el informe sobre los Países Bajos, Garcés (2007), a partir de numerosos trabajos académicos, muestra como difiere la experiencia del Islam entre la primera y segunda generación de inmigrantes. En términos generales -señala- “estos estudios concluyen que la segunda generación se identifica fuertemente con el Islam pero de forma individual y plural. Es lo que algunos autores han venido en llamar “Islam a la holandesa”. Individual porque muchos jóvenes viven el Islam como algo personal. Plural por la posibilidad de debate y de opiniones distintas así como por el reconocimiento de que el Islam es una religión entre otras. Estos estudios también observan que, en contraste con la primera generación, la segunda generación prioriza la identidad étnico-religiosa sobre la étnico-nacional. Es decir, en comparación con la generación precedente, se identifican más con el hecho de ser musulmanes que con el hecho de ser marroquíes o turcos” (véase Garcés 2007). Estos distintos (y en varias direcciones) procesos “identitarios” cambian los procesos tradicionales de construcción (de producción) del “otro” y “contribuyen al reforzamiento o a la renovación del racismo.A la renovación en la medida en que las identidades culturales son susceptibles de provocar en todas partes tensiones culturales o intercomunitarias que derivan fácilmente en racismo de tipo diferencialista. A su reforzamiento en la medida en que cada una de estas identidades puede ser tentada de naturalizarse y de naturalizar a otros actores, contribuyendo así a una etnización de la vida colectiva que puede abrir la vía a la racialización de las relaciones sociales y políticas” (Wieviorka 1998: 104). Especial relevancia tiene en este sentido el cambio de mirada sobre el Islam y los musulmanes que se está produciendo en Europa. Como señala sintéticamente Garcés (2007) para Holanda, pero es válido para otros países y áreas de Europa, “el Islam y los musulmanes en general han pasado a estar sistemáticamente bajo sospecha. Bajo sospecha de no integrarse a la sociedad y valores holandeses, bajo sospecha de tener una cultura y religión incompatibles con el sistema democrático holandés o bajo sospecha de permitir o alimentar el radicalismo islámico”. Muchos de estos cambios en el campo “identitario” han tenido lugar tras los ataques a las Torres Gemelas de NuevaYork el 11 de septiembre de 2001, en ese arranque brutal del siglo XXI, aunque el siglo XX “corto” “terminara” con otra y diferente caída: la del muro de Berlín en 1989 y la URSS en 1991 (Hobsbawm 1995). No hizo falta esperar al atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid para que Europa incorporara una extrema preocupación por la seguridad ante los ataques yihadistas. Finotelli (2007) lo explica en su informe para Italia: “Las cosas cambiaron a principio del siglo XXI, cuando el complejo, y rara vez claro, concepto de identidad cultural empezó a ser parte del debate público y de las preocupaciones de los ciudadanos. Este cambio tuvo lugar, sobre todo, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y con el apoyo de algunos intelectuales y periodistas italianos (aunque residentes en Estados Unidos), como Giovanni Sartori u Oriana Fallaci, cuyos libros alertaron de los peligros de una sociedad multiétnica basada en la convivencia con comunidades étnicas de religión musulmana”. El incremento de la desconfianza, del “miedo líquido” (Bauman 2007) y un cierto “pánico moral”, están en la base del crecimiento de la islamofobia, que ha sido denunciada desde distintos organismos europeos (cono el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia deViena: véase EUMC 2006) e internacionales (como el ECRI, del Consejo de Europa). La situación del campo político, sobre todo en lo que tiene que ver con la “ciudadanía” no puede ser ajeno a esos elementos contextuales en que se pueden producir los conflic407

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tos ligados a la inmigración.Ya hemos señalado que un “momento” propicio para que esos conflictos se hagan manifiestos es, precisamente, cuando se procede a un reconocimiento formal de derechos, pero que no se ven implementados en las prácticas sociales. El campo de la “ciudadanía” vive desde los años 90 del pasado siglo “una verdadera explosión” (Kymlicka y Norman 1997) entre los teóricos políticos y ha producido “uno de los debates más apasionantes y fértiles en ciencias sociales” (Suárez 2005). Pero hoy en día, “responder a la pregunta ‘¿quién es ciudadano?’ es cada vez más difícil” (Castles y Davidson 2000) porque el concepto de ciudadanía está en plena transformación (Solé y Cachón 2006), entre otros, pero fundamentalmente, por el impacto y los desafíos que plantea la “cuestión migratoria”. No se trata aquí de discutir si se está produciendo o no (o si se debe producir o no) una ampliación de derechos de los ciudadanos, como plantean algunos autores y discuten otros o si, más bien, hay tensiones internas entre distintas dimensiones de la ciudadanía democrática. Pero hoy la “ciudadanía” tiene ante sí el reto de la progresiva inclusión de sujetos antes excluidos (o nuevos excluidos) del conjunto de derechos y reconocimiento que se incluyen bajo el concepto de paraguas, especialmente los inmigrantes.Y dentro de esos derechos y reconocimiento entran las políticas de inmigración y de integración y las políticas de asilo. Pero esas son, como en gran parte todo el campo político, una de las áreas contextuales específicas de cada Estado. A las que habría que añadir, como puede verse en los informes nacionales recogidos en este volumen, otros aspectos que derivan de la situación histórica concreta de cada país (por ejemplo, la reunificación alemana a partir de 1991); el tipo de inmigración que ha recibido o recibe (por contraste y grosso modo: latinoamericanos en España frente a magrebíes en Francia, turcos en Alemania o rumanos en Italia); la importancia de los asilados y la evolución de las políticas de asilo (importantes en Alemania, Suecia y Países Bajos); la situación geográfica de los países (como Italia y España, como frontera sur de la UE).Y, además, el modo concreto como se van produciendo y transformando en cada país y momento histórico los distintos aspectos contextuales que hemos señalado.Todo ello configura un mapa contextual específico y concreto en cada país que es necesario tener en cuenta en el estudio de los conflictos ligados a la inmigración, más allá de una serie de tendencias comunes generales en los países europeos. Conviene señalar que esta insistencia en los contextos no quiere decir que ellos nos proporcionen la “explicación” de los hechos sociales que enmarcan. Quiere decir que cualquier análisis que pretenda ayudar a la comprensión de hechos como los conflictos ligados a la inmigración ha de tenerlos en cuenta. Pero se pueden desarrollar planteamientos teóricos diversos que acentúen la desorganización/reorganización de los inmigrantes, la “movilización de recursos” por parte de los actores o la “estructura de las oportunidades políticas” (u otros) para explicarlos. 5. DIVERSIDAD DE LOS CONFLICTOS LIGADOS A LA INMIGRACIÓN: ¿CONFLICTOS ÉTNICOS, CONFLICTOS DE CLASE, CONFLICTOS CULTURALES, CONFLICTOS IDENTITARIOS? Se podría hacer una clasificación “típica ideal” de los conflictos que se asocian con la inmigración a partir de los dos ejes que Wieviorka (1998) utiliza para construir los cuatro espacios del racismo en la modernidad. El primer eje opone la participación individual a la pertenencia a una identidad colectiva. El segundo eje contrapone el universalismo al diferencialismo.Y así, de modo esquemático, se podría decir que aparecen cuatro tipos de espacios del conflicto ligados (o que pueden ser asociados) a la inmigración: los de carácter “étnico” (racial), los “de clase” (sociales o conflictos de interés, en un sentido más amplio), los identitarios, y los culturales (comprendiendo los religiosos) tal como se recoge en el gráfico siguiente: 408

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Los espacios de los conflictos ligados a la inmigración Universalismo Étnicos (racionales)

De clase (sociales de intereses)

Modernidad individualista

Identidad comunitaria

Identitarios

Culturales (religiosos) Diferencialismo

En la realidad social, será difícil encontrar estos tipos de conflicto en su forma pura, sin elementos que pueden ser característicos de otras motivaciones (típicas) del conflicto. Lo más normal es que en la causalidad de los conflictos ligados a la inmigración encontremos elementos de todos los tipos, en combinaciones variables que cambian en cada uno de ellos según los países, el momento histórico-social y los colectivos en relación. Pero uno de los rasgos de los conflictos ligados a la inmigración es el efecto multiplicador que tiene, tanto en términos de consecuencias y acciones como en su impacto en la opinión pública, la mezcla de estos diferentes factores: étnicos, culturales, identitarios y de clase. Si se observa en la literatura y en la opinión pública una creciente etnización y culturización de los conflictos ligados a la inmigración en detrimento del análisis de las bases sociales (estructurales y de clase) de los mismos. Una Encuesta Europea sobre Calidad de Vida, llevada a cabo por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones deVida y de Trabajo de la Comisión Europea en 2003 en los 25 Estados miembros de la UE y en tres países candidatos, muestra contundentemente la conciencia de este renacer de la “etnicidad” como un factor de tensiones y conflictos. Los resultados de la encuesta señalan que el campo de las relaciones sociales, donde las tensiones son percibidas como más fuertes, es el de los “distintos grupos raciales o étnicos” (señalado como “mucha tensión” por el 45% de los encuestados en la UE), por encima de las tensiones entre “dirección y trabajadores” (36%), “pobres y ricos” (35%), “ancianos y jóvenes” (16%) o “varones y mujeres” (11%). En los 15 Estados miembros de la UE hasta mayo de 2003 la diferencia de la importancia dada a las tensiones étnicas sobre todas las demás es todavía mayor (Fundación Europea 2004, 71). Según lo perciben los ciudadanos de la UE, las tensiones étnicas son más importantes en Europa que las tensiones tradicionales de “clase”, y que las desigualdades sociales, generacionales o de género. Según la misma encuesta esto ocurre también en España: frente al 42% que señalan que hay “mucha tensión” entre diferentes grupos étnicos, un 37% lo creen para las tensiones de “clase”, un 32% para las derivadas de desigualdades sociales, un 20% en las relaciones de género y un 14% entre generaciones. Este proceso de “etnización” de los conflictos en la opinión pública se produce, por distintas razones, tanto entre los autóctonos como entre los inmigrantes. Entre algunos 409

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grupos de inmigrantes se produce un proceso de repliegue identitario o, como señala Kleiner-Liebau (2007), un proceso de reidentificación etnocultural, especialmente en la segunda y tercera generación, entre los hijos y nietos de los inmigrantes porque, en lugar de seguir en el camino de la secularización típica de las sociedades occidentales, redescubren la lengua, la cultura y la religión de sus padres y abuelos. Algunas organizaciones fundamentalistas han sabido canalizar esta búsqueda identitaria y beneficiarse de ello. Pero la atribución de un fundamento (exclusivamente) étnico a los conflictos se produce también, por otras razones, en las opiniones públicas autóctonas, bien representadas en este campo por sus políticos que argumentan la causalidad de los problemas y los conflictos sociales que se producen en torno a la inmigración y cada vez más, en términos étnicos, culturales y religiosos. Pero este “etnización” de la cuestión inmigrante hay que entenderla como un campo etnico-cultural.-identitario, es decir, los tres tipos que se separan de la dimensión social tradicional. Algunos informes nacionales ponen de relieve la progresiva “etnización” en los análisis académicos de los conflictos sociales, una “etnicización de las relaciones y los problemas sociales” (Mucchielli, 2005) que hace borrosa la realidad y nubla otros elementos, que son claves en el análisis, entre ellos las bases sociales del conflicto y su necesaria incardinación, “incrustación” por utilizar la expresión de Polanyi (1994), en los procesos de transformación y de crisis de las sociedades contemporáneas. Kleiner-Liebau (2007) señala cómo desde la segunda mitad de los años 80 se constata en Alemania una tendencia de enfatizar las diferencias etnoculturales con los inmigrantes en el discurso político, mediático y académico y cómo van perdiendo importancia en las explicaciones de los conflictos las categorías que habitualmente se habían usado en la sociología para describir tensiones en la sociedad y conflictos sociales como desigualdad, injusticia, clase y grupo social, poder, ideología e intereses (Griese, 2002). Conflictos (antes) sociales quedan (ahora) acotados como conflictos ligados a la inmigración. Pero esta tendencia va teniendo una reversión en los últimos años, al menos desde ciertos planteamientos académicos. Hay un redescubrimiento de las “bases sociales” de los conflictos y así una reconducción de la causalidad de los mismos. Por ejemplo, en Alemania se comienza a diferenciar entre conflictos etnoculturales y conflictos de interés (Schulte, 1998). Los segundos son los que versan sobre la desigual distribución de bienes: de poder, de ingresos o de propiedad. Los conflictos etnoculturales tienen que ver con la religión, la lengua, la ideología, los valores o las identidades. Pero más allá de la utilidad de esta dicotomía, es necesario señalar que los dos tipos de conflictos sociales están estrechamente interrelacionados y que los análisis, si quieren ser capaces de formular interpretaciones que ayudan a comprender la realidad social, deberán explicar la articulación específica de distintos elementos sociales, étnicos, identitarios y culturales en cada uno de los conflictos sociales que aborden. Al analizar el caso francés, Eseverri (2007) muestra cómo diversas interpretaciones de las “revueltas urbanas” van rompiendo con la tendencia de entender los fenómenos sociales en términos étnicos y cómo, de esa manera, desmitifican los discursos y representaciones dominantes. Y distingue tres enfoques dentro del amplio abanico de interpretaciones sobre la “revuelta urbana”. En primer lugar, encontramos un visión que considera las nuevas formas de “violencia urbana” como un síntoma de la profunda crisis que atraviesa el sistema institucional francés de integración. La pérdida de los mecanismos de transmisión de valores y la ausencia de referencias genera un vacío normativo y moral que aparece con fuerza en las zonas más pobres y marginadas de las ciudades. La mezcla cultural hace más problemática la integración. La pertenencia a dos culturas distintas puede llevar a un sentimiento de no pertenencia, y lleva a los jóvenes “a la calle” y a una búsqueda de la “la integración a través del 410

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territorio”, porque las pandillas juveniles proporcionan a los jóvenes reglas y valores y el sentimiento de pertenencia a un territorio. Otros autores (Wieviorka, 2000) plantean su análisis considerando a los jóvenes no como simples víctimas del sistema o como culpables de la inestabilidad de los suburbios, sino como sujetos,“capaces de actuar y definirse como actores”. La violencia no es únicamente el producto de un vacío normativo y moral, sino que tiene que ver con las profundas transformaciones de la sociedad. Uno de los colectivos más perjudicados por estos cambios son los jóvenes de origen inmigrante que viven en los barrios pobres. Sin empleo y desprovistos de los recursos necesarios para adaptarse a las nuevas condiciones laborales, cayeron en una nueva marginalidad social. En este momento apareció la primera “revuelta urbana” en Lyon, en 1990, en el momento en que “se agotan las formas de acción política que habían funcionado durante el periodo industrial” (Dubet, 1987). Al encontrarse cerrados todos los canales de expresión política y ser completamente ignorados a nivel social, los “jóvenes de los suburbios” recurren a la violencia como única forma de demostrar su descontento. Una tercera perspectiva pone el acento en las contradicciones del “modelo republicano de integración” por las discriminaciones que padecen los jóvenes de origen inmigrante, que son víctimas de un racismo y una discriminación cotidiana que entraña importantes consecuencias en el desarrollo de su personalidad y su identidad. En el caso de los “jóvenes excluidos” la situación se agrava, ya que éstos, además de ser víctimas de una discriminación de tipo social y étnica, lo son por el hecho de representar a los “jeunes de banlieue”, las nuevas “clases peligrosas”, temidas y repudiadas socialmente. Ante esta situación, muchos jóvenes reaccionan reproduciendo el estigma que se les adjudica, proyectándolo hacia las personas que les rodean. Por eso, los comportamientos provocativos y agresivos de los jóvenes han sido interpretados como un “reclamación de reconocimiento” (Bouamama, 2000). Al sintetizar las explicaciones sobre el conflicto de la playa de Cronulla (Sydney) de diciembre de 2005, Fernández (2007) expone los tres tipos de interpretaciones que se han dado del mismo: unas apuntan motivaciones de tipo étnico-racial, otras se centran en factores culturales e identitarios y un tercer grupo argumentan consideraciones espacialesurbanas vinculadas a las características de la vida en la ciudad. El primer conjunto de trabajos ha abordado los episodios de Cronulla resultado de tensiones previas alimentadas por un discurso público que produce un conflicto racial basado en la superioridad de la Australia “blanca” sobre la minoría no australiana de “aspecto árabe”. Este enfoque viene a subrayar el papel de la violencia y el racismo institucional tradicional en Australia junto con factores del contexto sociopolítico específico. Un segundo tipo de argumentos se ha centrado en lo cultural: determinadas prácticas se consideran “no asimiladas” y, por tanto, ilegítimas; y luego se vinculan con un grupo étnicamente definido en forma de conflicto. Es el contraste en la cultura “playera” australiana entre el “fútbol” (de reglas anglosajonas), que es una actividad común y apreciada y el “soccer” que se considera despectivamente deporte de europeos meridionales y “árabes” y que era lo que jugaban los jóvenes de origen libanés que golpearon a los socorristas tras las increpaciones racistas de aquellos. Un tercer tipo de explicación vincula los sucesos al marco de la vida social urbana y al uso compartido de los espacios públicos. La playa, como el espacio urbano, es un recurso escaso. La demanda de reconocimiento, de “derecho a la ciudad”, es subrayada en este tipo de trabajos como parte del conflicto. En otros casos aparecen conflictos que responden, al menos en apariencia, a un tipo más puro de conflicto. Por ejemplo, el “caso Rushdie” representó para Gran Bretaña (véase Latorre 2007) la primera movilización de un conflicto relacionado con el Islam en el ámbito público a raíz de la publicación de Los Versos Satánicos en 1988. Algunos líderes 411

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musulmanes consideraron determinados pasajes del libro como una blasfemia contra el Islam y “algunos jóvenes pakistaníes de Bradford lo consideraron una ofensa personal y quemaron públicamente ejemplares del libro”. Lo significativo “es que no se presentaron como pakistaníes, sino como musulmanes. De esta manera, los miembros más jóvenes, civilizados y cultos de esta comunidad se afirmaban en su identidad religiosa. Es un caso claro en el cual esta afirmación no fue forzada por los líderes tradicionales de una comunidad, sino que surgió como respuestas a un conflicto del momento” (Rex, 1995). Leído hasta aquí se podría pensar en una interpretación puramente cultural/religiosa, pero el mismo Rex recuerda que estos jóvenes pakistaníes eran víctimas de ataques y abusos raciales y contaban con altas tasas de desempleo. En otra parte (Cachón 2005) hemos analizado los sucesos racistas que tuvieron lugar en Elche en septiembre de 2004, analizándolo como un “racismo de la caída y de la exclusión social” (Wieviorka) y poniendo de relieve, precisamente, las bases sociales de tal comportamiento: la brutal y repentina crisis del sector del calzado, la profunda transformación a que se ve sometido el “distrito industrial” de Elche y la quiebra de las redes culturales y sociales que articulaban ese distrito. Pero esta explicación ha de completarse con la búsqueda de un “chivo expiatorio” sobre el que descargar simbólicamente la culpa de la situación en que se encuentra la sociedad ilicitana: y así aparece el componente étnico, porque va a ser sobre los chinos (a los que se les incendian dos almacenes, sobre los que se hace caer esa culpa. En el informe sobre Alemania se señala el interesante debate sobre las llamadas Parallelgesellschaften, “sociedades paralelas”, que aparece en el discurso político y mediático alemán a mediados de los 90 Según Meyer, (2002) esas “sociedades paralelas” son comunidades que se caracterizan porque son homogéneas desde el punto de vista étnico-cultural o culturalreligioso, porque duplican casi todas las instituciones de la sociedad mayoritaria, por la completa segregación en la vida diaria y económica, por la segregación territorial y social y por la voluntariedad de la segregación. Dejando de lado otras dimensiones de este debate, hay que poner de relieve que estaba centrado en la población de origen turco (y al mismo tiempo musulmana) y en ciertos barrios desfavorecidos. Como Kleiner-Liebau (2007) pone de relieve, en el discurso político se apreciaba una tendencia de estigmatizar estos barrios (como Kreuzberg en Berlin) y centrarse únicamente, en los aspectos étnico-culturales. Pero otros autores han puesto de relieve los procesos de segregación y de marginación en que viven muchos inmigrantes, especialmente los de origen turco: los inmigrantes todavía viven en peores condiciones que el promedio de la población alemana; se concentran en los barrios más desfavorecidos en las grandes ciudades de la Alemania Occidental. Aunque la mayoría de los anteriores Gastarbeiter todavía están integrados en el mercado de trabajo, hay una parte de la población extranjera que está marginada porque el mercado de trabajo no demanda tantos trabajadores poco cualificados, y esto hace que un creciente número de extranjeros estén en paro; esta situación afecta, especialmente, a la segunda y tercera generación, a pesar de que tienen mejores cualificaciones respecto al conocimiento de lengua y de la educación que sus padres. Por ello, muchos inmigrantes pertenecen al grupo de los desfavorecidos con bajos ingresos y viven en barrios “problemáticos”, con malas infraestructuras y malas viviendas, junto a personas en paro, pobres y otros grupos desfavorecidos. Ejemplo paradigmático de esta situación alemana (y de otras ciudades de europeas) puede ser el barrio de Duisburg-Marxloh (Renania Norte-Westfalia). Marxloh fue construido para los trabajadores de las grandes fábricas de acero cercanas y es un barrio de alta polución y de edificios viejos y caducos. Su población está especialmente afectada por la pérdida de empleo en la industria siderúrgica y el empobrecimiento. Hay una fuerte segregación social y étnica. Según una encuesta sobre los problemas más importantes, los autóctonos se centran primero en los extranjeros y la convivencia intercultural y segundo en el paro; por su parte, 412

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los extranjeros mencionan primero el paro y segundo la polución. Esto apunta a conflictos sociales “etnizados” (como se ve, sobre todo por parte de la población autóctona) y latentes entre la población autóctona e inmigrante en el barrio, pero con una “fundamentación” social manifiesta. 6. REPERTORIO DE CONFLICTOS LIGADOS A LA INMIGRACIÓN No tratamos en este capítulo de sintetizar los diferentes (tipos de) conflictos que se han presentado en los informes nacionales. El diseño de este trabajo (véase Cachón 2007) no tenía esa intención ni en los informes nacionales ni en esta síntesis. Nos limitamos a exponer cinco tipos de conflictos que aparecen en varios países y que evidencia dinámicas distintas con una presencia de actores también diferente. Son los cinco siguientes: 1.“Revueltas urbanas” e inmigración 2. Inmigración y delincuencia: la “criminalización” de la inmigración 3. Conflictos polarizados en torno al Islam 4. Conflictos ligados a la competencia en el mercado de trabajo y en el acceso a servicios públicos 5. El rechazo social de los asilados. La selección podía habar continuado por otros conflictos como las luchas de y con los “sin papeles” que han tenido lugar sobre todo en Francia y en Bélgica (y también en España), los conflictos sociales protagonizados por inmigrantes en las empresas (sobre todo en los años setenta), los conflictos por mejorar las normas que regulan la inmigración en diferentes estados o los generados a raíz de algún acto delictivo de algún inmigrante. Pero los cinco seleccionados ofrecen una panorámica que muestra la diversidad de campo donde se pueden producir (y se producen) conflictos y que pasan de un estado latente a un conflicto abierto y explícito. Estos conflictos tienen que ver con distintas dimensiones de la ciudadanía: con los derechos civiles (como la lucha de los “sin papeles”, los que tienen que ver con los asilados o la protesta contra acontecimientos violentos contra los inmigrantes); socioeconómicos o en el campo de la redistribución (como pueden ser, en buena parte, las revueltas urbanas, los ligados a la competencia en el mercado de trabajo y en acceso a servicios públicos o los conflictos protagonizados por inmigrantes en empresas); culturales o en el campo del reconocimiento (como los que se polarizan en torno al Islam y los musulmanes); o políticos, que se producen en luchas por la representación (como las demandas del derecho de voto). Con frecuencia, distintas dimensiones de la ciudadanía están en diversos conflictos. El “repertorio” lo quiere ser sólo a título de ejemplo de algunos de los tipos de conflictos más relevantes que se han reflejado en los informes nacionales recogidos en este volumen. 6.1. Segregación de los inmigrantes y “revueltas urbanas” La película de Gangs of NewYork de Martin Scorsese (2002), proyectada a partir del libro del mismo título de Herbert Asbury, cuenta la historia de los conflictos y las luchas de los irlandeses (y católicos), recién llegados a la ciudad norteamericana huyendo de la hambruna que se había desatado en Irlanda, con los neoyorquinos de origen protestante, que ya 413

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llevan un tiempo establecidos en el lugar y se autodenominan “nativos”. La trama de la película permite seguir un trasfondo histórico que Scorsese interpreta en clave ideológica con su tesis de que “América está construida sobre la violencia” y en ella se superponen los conflictos étnicos (en los que origen y religión se convierten en señas de identidad: tres conceptos “clave” interrelacionados en la interpretación de estos conflictos) y sociales (porque, al estallar la Guerra de Secesión, los pobres no tienen más remedio que alistarse por el reclutamiento forzoso que los ricos evitan pagando una alta suma de dinero). Los barrios de Nueva York aparecen como escenarios (cinematográficos) de un conflicto (étnico a la vez que social) ligado a los nuevos migrantes (los recién llegados frente a los llegados antes y ya asentados que definen el territorio como suyo). En los años 90, una serie de conflictos urbanos acontecidos en diversas partes del mundo vino a cuestionar la imagen de sociedades pacíficas y cohesionadas que los países capitalistas occidentales habían ido construyendo de si mismos desde la Segunda Guerra Mundial: su imagen como sociedades “civilizadas” en el sentido que Elias (1993) da a la expresión. Las revueltas urbanas en Lyon (Francia) en octubre de 1990, en Los Ángeles en abril de 1992 o en Bristol y otras ciudades industriales británicas en julio del mismo año (que habían tenido antecedentes relevantes a finales de los años 50 en Notting Hill y Nottingham), presentadas con frecuencia como “revueltas raciales o étnicas”, ponen de manifiesto que no se había logrado la disolución de las diferencias étnicas que pregonaban los planteamientos conservadores desde unas posturas y los progresistas desde otras. Se pone de manifiesto una “marginalidad avanzada”, un “nuevo régimen de la marginalidad urbana”, una “nueva pobreza” que es capaz de producir violencia “desde abajo” en forma de revueltas urbanas y que responde a una violencia “desde arriba”, en forma de relegación social y de estigmatización étnica (Wacquant 2007). Pero los sucesos fueron interpretadas rápidamente por los responsables políticos, por los medios de comunicación y por gran parte de la opinión pública como “revueltas étnicas”. Estas revueltas, y otras descritas en los diferentes informes nacionales recogidos en este volumen, en las que han participado jóvenes provenientes de clases populares de diferentes rasgos étnicos, combinan en proporciones diferentes “dos lógicas que haríamos mal en oponer entre si porque están ligadas en la realidad: de una parte una lógica de protesta contra la injusticia étnica, enraizada en la lógica de la discriminación (…) y una lógica de clase que lleva a las fracciones pauperizadas de la clase obrera a rebelarse contra las privaciones económicas y las desigualdades sociales crecientes con el arma más eficaz del que disponen, a saber, enfrentarse a las autoridades y hacer descarrilar por la fuerza el desarrollo normal de la actividad social” (Wacquant 2007: 27). Sería un error calificar de étnicas estas revueltas porque “las reivindicaciones de los medios populares son las mismas en todas partes y no tienen nada de específicamente ‘étnico’: empleos decentes, escuelas correctas, alojamiento abordable o mejorado, acceso a los servicios públicos y trato equitativo por parte de la policía y otros servicios del Estado” (ibid., 28).Y “lejos de ser la expresión irracional de una incivilidad impenitente o de un atavismo patológico, estos desórdenes constituyen una reacción (socio)lógica a una violencia estructural masiva puesta en marcha por un conjunto de transformaciones económicas y sociopolíticas que se van reforzando mutuamente. Estos cambios se han traducido en una polarización de la estructura de clases que, combinada con una segregación étnica, ha conducido a una dualización de las metrópolis que golpea a amplias capas de mano de obra descualificada por la obsolescencia económica y por la marginalidad social” (ibid., 29). Esta violencia “desde arriba” tiene, al menos, tres componentes principales: el desempleo masivo y persistente que “desproletariza” a un grupo importante de la clase obrera; la concentración de inmigrantes y las capas más bajas de la clase obrera en los barrios con menos recursos sociales, por los que tienen que competir; y la estigmatización creciente en la vida cotidiana y en el discurso público, tanto del 414

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origen social y étnico como del hecho de habitar en barrios degradados (que así se convierten en degradantes). Cuatro lógicas alimentan esta “nueva pobreza”, esta “marginalidad urbana” según Wacquant (2007: 270-279): una dinámica macroestructural que lleva a la dualización socioprofesional y al renacimiento de las desigualdades; una dinámica económica que lleva a la fragmentación del salariado; una dinámica política que conduce a la reconfiguración del Estado del Bienestar; y una dinámica espacial que lleva a la concentración y la estigmatización. Las “revueltas urbanas” francesas del otoño de 2005 volvieron a poner ésta entre las cuestiones problemáticas que afectan a la inmigración. Cuando, paradójicamente, la mayor parte de los jóvenes participantes eran franceses y, por tanto, no inmigrantes. Pero sí eran descendientes de inmigrantes, muchos de ellos eran “árabes” en Francia, eran musulmanes en un país laico y eran, sobre todo, parte de las “(nuevas) clases peligrosas” que aparecen en los contextos descritos en el párrafo anterior. Eseverri (2007) comienza su informe sobre Francia enunciando con claridad la cuestión: “Francia vive desde hace más de veinticinco años un conflicto social y urbano. A partir de los años 80, sus ciudades, y en concreto sus suburbios, se convierten en escenario de un nuevo tipo de violencia colectiva, protagonizada en su mayoría por jóvenes descendientes de la inmigración colonial. El incendio de vehículos, la destrucción de bienes públicos y privados y el enfrentamiento entre los jóvenes y la policía, se convierten en hechos habituales en los barrios periféricos de las ciudades. La recurrencia y regularidad del fenómeno hace que, a día de hoy, sea considerado un “hecho social”, en el sentido durkheimiano del término” Este “hecho social” ha marcado profundamente la visión de la inmigración y las respuestas institucionales que se vienen dando en Francia a la “cuestión migratoria”. En el arranque de esta dinámica del conflicto manifiesto hay que situar lo que Dubet ha llamado “la galère”: “La galère es no hacer nada con los días, es no tener trabajo pero tampoco buscarlo, es ser dependiente del Estado y cometer pequeños delitos, sin ser realmente un delincuente. Es no tener futuro” (Dubet, 1987). En este “buscarse de la vida” que se instaura entre los jóvenes de los barrios desfavorecidos de las grandes ciudades, entran conductas provocativas e “incivilidades” (como provocar, escupir, insultar, orinar en la calle, etc.), que generan inseguridad en las calles y alimentan la tensión entre los grupos de jóvenes y la policía. Las condiciones están puestas para que comiencen conflictos más graves y violentos. Como señala Eseverri, nace el miedo a una amenaza interna y el discurso público se construye en base a dos representaciones. Por un lado, los barrios periféricos comienzan a retratarse como los nuevos “barrios del exilio” (Layperonie y Dubet, 1992), donde viven familias desestructuradas y se acumulan los principales males de la época: altas tasas de desempleo, inseguridad, marginalidad juvenil, fracaso escolar, delincuencia, escasez de servicios públicos, deterioro de la vivienda, etc. Por otro lado, se fija la atención en una nueva categoría social: los “jeunes de banlieue” (“jóvenes de los suburbios”), hijos de inmigrantes, en situación de fracaso escolar y sin trabajo. Estos jóvenes en dificultad pasan a ser vistos como “inasimilables”, individuos que no pueden o no quieren integrarse y exhiben su inutilidad social por las calles de los suburbios.Además, “se produce una tendencia a ligar las dificultades de integración social de estos jóvenes con su origen o pertenencia a una cultura diferente a la francesa. La falta de integración y el desarrollo de un comportamiento violento nacerían de una ‘crisis identitaria’ que afecta a la adaptación cultural. La revuelta deja de considerarse un problema social para ser identificado como una ‘cuestión cultural’, es decir, un fenómeno que se entiende a través de las características específicas de un grupo cultural o étnico. Indirectamente, este planteamiento señala a la inmigración y al asentamiento definitivo de las poblaciones extranjeras como el origen del conflicto” (Eseverri 2007). Las “revueltas urbanas” son fenómenos multidimensionales: porque se plantean en distintos ámbitos de estudio (los espacios públicos, la educación, la familia, etc.), porque 415

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engloba distintos tipos de conflicto y porque tienen un discurrir temporal/histórico lleno de enseñanzas: el tiempo previo al estallido del conflicto está impregnado de una serie de tensiones sociales y conflictos latentes que se perciben en las calles de los suburbios y toman como principales protagonistas a los jóvenes, la policía y la población adulta residente en estos barrios; la revuelta propiamente dicha es un conflicto manifiesto y visible que implica una alteración del orden público y una utilización de la violencia; esta violencia “inaugura” el nacimiento de movilizaciones sociales, que ponen también en evidencia relaciones conflictivas entre la Administración y los grupos y colectividades sociales que viven o trabajan en suburbios (véase Eseverri 2007). Pero antes incluso que en Francia, en Gran Bretaña han tenido lugar importantes disturbios “raciales” en ciudades industriales, comenzando por los que tuvieron lugar en Notting Hill y Nottingham en 1958 y que “provocaron que la inmigración se politizara y empezara a entenderse en clave nacional” (Latorre 2007). Es también -sigue el informe sobre Gran Bretaña en este volumen- la primera vez en que la sociedad británica se da cuenta, de manera visible, de las transformaciones que la nueva inmigración está provocando en las ciudades británicas y se empieza a hablar de tensiones y focos de conflicto entre la población inmigrante y la autóctona. En el verano del 58 un altercado en un pub desató la expresión de una tensión creciente que existía en algunos barrios de Londres y Nottingham entre población autóctona de bajos recursos y los nuevos residentes antillanos: grupos de jóvenes autóctonos (blancos) y numerosos grupos de extrema derecha salieron a las calles de ambas ciudades para las “cazas de negros” y durante una semana atacaron a la población de origen antillano y atemorizaron a quienes se refugiaron en sus casas. Ante la imposibilidad policial de frenar las acciones, algunos grupos de población inmigrante comenzaron a defenderse, extendiendo así el alcance e impacto de unos disturbios que llegaron a implicar a varios miles de personas entre ambas ciudades. A diferencia de Francia, se produce aquí el enfrentamiento directo entre grupos de jóvenes autóctonos (blancos y de bajos recursos) y grupos de extrema derecha por una parte con los residentes antillanos. En los años 80 se vuelven a vivir algunos episodios de conflicto violentos que implican a población inmigrante en algunos barrios de Londres, Birmingham y Liverpool con grupos de jóvenes autóctonos e inmigrantes que se enfrentaron entre si y ambos juntos contra la policía. En el verano de 2001, los disturbios se producen en Bradford y otras ciudades: se producen violentos enfrentamientos entre grupos de jóvenes de origen asiático (sobre todo, pakistaní y bangladeshí) y la policía, así como -de nuevo- con grupos de jóvenes autóctonos y simpatizantes de la extrema derecha.Aunque las bases sociales de estos conflictos sean en gran medida similares a las de Francia, hay al menos tres elementos nuevos que se deben poner de relieve: los enfrentamientos entre grupos de jóvenes (autóctonos frente a inmigrantes), la aparición en los conflictos de la extrema derecha y un componente específicamente cultural, sobre todo tras los incidentes de 1988 en torno a Los Versos Satánicos de Rushdie (y otros precedentes descritos en el informe sobre Gran Bretaña). Brion y Rea (2007) muestran cómo Bélgica también ha sido escenario de varias revueltas urbanas cuyos principales protagonistas son jóvenes procedentes de la inmigración. Las más importantes por su impacto, duración y por el número de personas movilizadas, incluyendo a las fuerzas del orden, se desarrollaron en tres municipios de la región bruselense: Forest (mayo 1991), Molenbeek (abril 1995) y Anderlecht (noviembre 1997). En estos municipios se produce una concentración de poblaciones precarizadas (muy concentradas en algunos barrios) y la superposición de la nueva cuestión social y de la cuestión “racial”, porque los jóvenes implicados en estos acontecimientos proceden, sobre todo, de la inmigración marroquí, que representa una tercera parte de los extranjeros en Bruselas. Estas revueltas surgen sistemáticamente con ocasión de enfrentamientos entre 416

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jóvenes y policías, sobre todo cuando resultan en la muerte de un joven (como en noviembre de 1997). Pero por parte de los jóvenes,“lo arbitrario de las prácticas policiales se percibe como la mayor de las injusticias sociales, mucho más que el desempleo por ejemplo” (Rea, 2001). La revuelta de Forest (1991) tiene rasgos paradigmáticos que los autores describen así: “El principio de la revuelta siempre sigue el mismo guión. Un control de identidad que acaba mal. Las revueltas dan lugar a concentraciones en las plazas, donde se encuentran jóvenes y padres. Frente a la ausencia de interlocutores, los responsables políticos belgas recurren a las autoridades consulares de Marruecos que no se ocupan de sus nacionales y cuya legitimidad no es reconocida por los jóvenes amotinados. Se constituyen grupos y se destacan líderes, sin ser elegidos, no obstante, en base a un procedimiento de delegación claro. Tanto los padres como los jóvenes realizan un mismo diagnóstico sobre las causas de las revueltas de Forest. Son la consecuencia de la discriminación racial. Si bien la discriminación en la escuela y en el empleo es designada por algunos de ellos, las prácticas discriminatorias de las fuerzas del orden y la criminalización de los inmigrantes resultante de la etiqueta de “delincuente” que se aplica a todos los jóvenes de origen magrebí, constituyen las dos fuentes esenciales de los acontecimientos. No obstante, las prácticas de discriminación no se perciben únicamente como tratos ilegítimos; también consisten en la propia expresión de la ausencia de reconocimiento de la que los jóvenes se sienten víctimas” (Brion y Rea 2007). Aunque menos conocidas, también se han producido “revueltas urbanas” en los Países Bajos que Garcés (2007) recuerda en su informe. En los años 60 y 70 se dieron luchas callejeras entre holandeses y “trabajadores invitados” recién llegados. A mediados de los 70, una serie de atentados violentos y secuestros perpetuados por jóvenes de origen molucano pusieron en evidencia la situación de marginación y olvido en la que vivían. A lo largo de los 80, la progresiva institucionalización del Islam levantó también resistencias y conflictos en algunos barrios de las grandes ciudades. El informe italiano (Finotelli 2007) da cuenta de otro tipo de “revuelta urbana”: la de los ciudadanos contra la degradación de las condiciones de seguridad de sus barrios.Tuvo mucho eco en Europa el llamado “muro de Padua”, cuando en el verano del 2006 el Ayuntamiento decidió la construcción de una valla para impedir el tránsito de “camellos” y prostitutas por una zona residencial de la ciudad. Esta decisión respondía a las protestas de los vecinos, italianos y extranjeros, que habían pedido medidas de protección contra los tráficos ilícitos y las batallas callejeras al lado de sus casas. Esta decisión municipal tuvo un impacto mediático enorme. Pero, como señala Finotelli, no era expresión de una alarma social nueva. Desde hace años la criminalidad extranjera, los campamentos abusivos de nómadas o simplemente las “incomodidades por compartir calles o casas con extranjeros” (Allasino 2000) habían generado protestas de los ciudadanos y conflictos entre ellos y los inmigrantes. En 1990 una ciudad tranquila como Florencia organizó una de las primeras manifestaciones de protesta en contra del aumento de la pequeña criminalidad. Le siguieron años después Turín y Génova (1995). La degradación urbana, los tráficos ilícitos y las luchas de bandas rivales alimentaban diariamente la rabia de los ciudadanos en algunos barrios de Turín. Las protestas ciudadanas se expresaron a través de peticiones y manifestaciones, sin buscar la confrontación violenta ni mostrase partidarios de la autodefensa. Diferente fue el caso de la crisis urbana de Génova ese mismo año, porque ciudadanos genoveses organizaron rondas nocturnas contra los inmigrantes, pidiendo más pulizia (limpieza) y más “polizia” (policía) para proteger el centro de la ciudad de los inmigrantes que delinquían y de la 417

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degradación urbana. Esta otra revuelta urbana ha tenido recientemente (otoño 2007) una manifestación más violenta en Roma, cuando unos ciudadanos enfurecidos han apaleado a un grupo de rumanos para vengar el homicidio de una mujer italiana por parte de un ciudadano rumano en la periferia de la ciudad. En Suecia y Alemania no se han producido conflictos como los del Reino Unido o Francia. Pero Müller (2007) pone de relieve la preocupación que se produjo en el país nórdico tras las revueltas francesas de 2005, porque estudios gubernamentales recientes muestran que la Suecia multicultural es un país muy segregado social y étnicamente. Esto se hace más patente en los suburbios de las grandes ciudades, donde la mayoría de la población es de origen extranjero y se caracterizan por un alto índice de desempleo, una mala reputación y una fuerte dependencia de la asistencia social. Las desigualdades se reflejan de una manera más llamativa en la segregación residencial en las grandes ciudades suecas como Estocolmo, Gotemburgo y Malmö. Según un informe de 2001 de la OCDE, en Suecia se encuentran las áreas de mayor segregación étnica de Europa Occidental, llegando a concentrar en algunas de ellas hasta un 80-90 por ciento de inmigrantes. Las áreas con gran densidad de población inmigrante se distinguen asimismo por el alto nivel de desempleo entre los residentes, las malas condiciones de vida y la fuerte dependencia de los servicios sociales. A ello vienen a añadirse la existencia de procesos de estigmatización en los suburbios suecos, que afectan, particularmente, a los inmigrantes jóvenes (señalados por Sernhede) y el potencial de conflicto presente por la falta de un sentido de pertenencia a la sociedad en la que viven de modo especial entre los jóvenes con orígenes inmigrantes. Estos jóvenes “son mucho más propensos que sus padres a reaccionar en contra de las injusticias étnicas” (Kamali 2005). Estudios recientes que cita Müller (2007), han mostrado que el fracaso de la población inmigrante en los mercados de trabajo y de la vivienda no es fruto de falta de educación o de conocimiento del idioma, como algunos habían argumentado. La “etnicidad” es un factor central para explicar la segregación y la marginación de la población inmigrante en las ciudades suecas. Andersson (1998) ha señalado que “la segregación étnica es de carácter jerárquico, lo que significa que las diferencias entre los patrones residenciales/habitacionales de la población nacida en Suecia y los inmigrantes varían según la procedencia de estos últimos. Quienes viven más separados de la población nativa son las personas nacidas en África y Oriente Próximo (Etiopía, Somalia, Turquía, Irak, Siria, Líbano), mientras que las personas procedentes de Europa Occidental y América del Norte viven más próximos (muestran patrones similares) a la población sueca. Un reciente estudio del Gobierno apoya las conclusiones de Andersson, llegando a la conclusión de que “en la segregación se puede observar un elemento de jerarquía étnica”. Kleiner-Liebau (2007), señala en el informe sobre Alemania que no se han producido confrontaciones como las que han tenido lugar en Francia o el Reino Unido; pero que son muchas las actitudes xenófobas contra los vecinos de origen inmigrante que se manifiestan en conflictos vecinales en los barrios donde se acumulan los problemas sociales, porque se siente a diario la competencia por escasos recursos. Y no se han producido porque, según Loch (1998), la segregación no ha alcanzado ni con mucho las dimensiones francesas y porque en Alemania la mayor parte de la población no se concentra en unas pocas grandes ciudades sino en que hay muchas ciudades medianas y pequeñas y la cifra de jóvenes en paro es aún más alta en Francia que en Alemania. Sin embargo, es entre los jóvenes, los más afectados por tener muy pocas perspectivas para su futuro, donde se muestra la conflictividad que conlleva la segregación y la marginalización de inmigrantes en ciertos sectores de las ciudades grandes y medianas. La formación de bandas, el aumento de la delincuencia y la creciente violencia en las escuelas señala la 418

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existencia de conflictos latentes que tienen mucho potencial para agravarse en el futuro cercano. En España tampoco se han producido “revueltas urbanas” comparables a las de Francia. Pero en los últimos años han comenzado a producirse problemas ligados a la inmigración en algunos barrios de las grandes ciudades y, sobre todo, el fenómeno de las “bandas juveniles” y más en concreto a las “bandas latinas”. El asesinato de un joven colombiano en Barcelona en octubre de 2003, atribuido a la versión local de los Latin Kings, supuso el “descubrimiento” mediático de estos grupos de jóvenes latinos, aunque las primeras noticias relacionadas con estas bandas habían aparecido a principios de año tanto en Madrid como Barcelona. Entendidas como organizaciones generadores de culturas y prácticas sociales específicas, están sujetas a los cambios que sufre la sociedad española y son imágenes condensadas de cambios en la sociedad (Feixas, 2004) y de los conflictos sociales que dichos cambios generan, entre ellos, la presencia en el espacio urbano de grupos étnicos y nacionales con culturas en parte diferentes de las dominantes. Los Latin Kings o los Ñetas surgen en este nuevo paisaje urbano. Conformadas por jóvenes inmigrantes de diferentes nacionalidades, estas organizaciones han protagonizado acciones vistas con preocupación por parte de las instituciones sociales y los medios de comunicación. Sus prácticas y estrategias, a menudo violentas, y su expresa reivindicación del espacio público muestran el modo en que el uso del espacio juega un papel central en tanto mecanismo de pertenencia/ rechazo de la sociedad (véase Fernández, Latorre y Medina 2007). La investigación sobre tres distritos en Madrid (véase Cachón 2007c), Convivencia, inmigración y conflictos: tres distritos madrileños desde las voces de sus líderes de opinión, realizada en paralelo a esta comparación internacional, muestra numerosas líneas de fractura social que pueden ser la base de conflictos manifiestos como la segregación urbana, el deterioro de las condiciones de vida y de los servicios públicos (como en el caso francés) y el incremento de la sensación de inseguridad (como en el caso italiano). 6.2. Inmigración y delincuencia: la “criminalización” de la inmigración Thomas y Znaniecki (2004), en su fundacional El campesino polaco en Europa y en América, examinan “el asesinato” (cometido por un inmigrante polaco sobre otro ciudadano polaco) dentro de los procesos de desorganización social del inmigrante, y defienden que la reacción homicida “implica en el inmigrante una predisposición diferente de la que encontramos en cualquier sociedad organizada”, porque el inmigrante “no se siente respaldado por ningún grupo social fuerte suyo y no es consciente de ser miembro de una sociedad organizada y estable”. Su familia es demasiado débil o está dispersa, la nueva comunidad polacoestadounidense no es un árbitro adecuado para las peleas personales, los sistemas legal y policial (estadounidense) son muy distintos de los referentes que él tiene de lo que es el “orden social”.Y, aplicando la argumentación de Thomas sobre la desorganización y reorganización social, explican que “dispersos y aislados dentro de una sociedad prácticamente desconocida, normalmente indiferente, con frecuencia insolente y a veces incluso hostil, en condiciones económicas inseguras y míseras, con un liderazgo muy insuficiente y con unos ideales que ese liderazgo formula en términos nacionalistas, egoístas y en parte presuntuosos, esos pequeños grupos de personas, cuyos máximos interesas estaban indisolublemente unidos a su viejo entorno social y quienes, separados de su entorno, han perdido el único y real fundamento de su vida cultural, casi han logrado unirse en un cuerpo cultural y crear instituciones, que indudablemente son un factor de progreso. (Pero) Estas instituciones no han podido impedir una rápida desmoralización de los que permanecen fuera de su influencia, porque el nuevo sistema no es tan rico ni tan eficiente para controlar al individuo como la antigua organización, condenada a decaer en 419

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las nuevas condiciones” (Thomas y Znaniecki 2004: 403). La turbulenta situación que viven los inmigrantes (campesinos) en su fase inicial de incorporación a una sociedad nueva (y urbana), que les deja sin sentido de “pertenencia a algo”, debe ser corregida por instituciones que permitan su “reorganización” social y así sentirse “miembros valorados y culturalmente productivos de la sociedad estadounidense”. Traigo a colación este texto clásico para mostrar cómo la preocupación por explicar delitos que pueden cometer los inmigrantes, y que pueden llegar al crimen, han sido tenidos en cuenta ya en los primeros pasos de la sociología de las migraciones y cómo, desde ese primer estudio los hechos sociales, querían ser explicados en términos sociales. Pero, además, hay otro aspecto sobre el que se debe llamar la atención: en la relación inmigración y delincuencia hay que tomar en cuanta la situación activa (los inmigrantes que delinquen, que suele ser los que la opinión pública toma en consideración para alimentar sus estereotipos) y la situación pasiva en una doble dirección: los inmigrantes como víctimas de la delincuencia (sea quien sea el actor) y el proceso de “criminalización” de la inmigración. Es éste un capítulo de interés en un breve trabajo sobre los conflictos ligados a la inmigración porque en torno a él, y a los bulos que multiplican los sucesos, se produce la construcción del “miedo cotidiano”, que puede tener efectos sociales importantes. No importan en este contexto si estos “miedos cotidianos” tienen o no un fundamento objetivo porque se debe recordar la “profecía autocumplida” de que hablaba Merton, partiendo del teorema de Thomas:“Si los individuos definan las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias”. Pero Merton (1970: 433) señala que “la profecía que se cumple a si misma, por la cual los temores se traducen en realidades, funciona sólo en ausencia de controles institucionales deliberados”. Elias (1993: 528) ya apuntó que los miedos que movilizan a los hombres son creación de hombres.“pero la intensidad, el tipo y la estructura de los miedos que laten o arden en el individuo, jamás dependen de su naturaleza (…) sino que aparecen determinados siempre por la estructura real de sus relaciones con otros seres humanos, por la estructura de su sociedad y se transforma con ésta”. El miedo en las sociedades contemporáneas es un “miedo líquido”, como dice Bauman. Un miedo que “es más temible cuando es difuso, disperso, poco claro; cuando flota libre, sin vínculos, sin andas, sin hogar ni causas nítidas; cuando nos ronda sin ton ni son; cuando la amenaza que deberíamos temer puede ser entrevista en todas partes, pero resulta imposible de ver en ningún lugar concreto. ‘Miedo’ es el nombre que damos a nuestra incertidumbre; a nuestra ignorancia con respecto a la amenaza y lo que hay que hacer -a lo que puede y no puede hacerse- para detenerla en seco, o para combatirla” (Bauman 2007: 10).Y ese miedo a la incertidumbre es el miedo de nuestro tiempo en las sociedades occidentales avanzadas.“Miedo derivativo”, un fotograma fijo de la mente que podemos describir como el sentimiento de ser susceptible al peligro; una sensación de inseguridad y de vulnerabilidad, como decía Lagrange en su estudio sobre el miedo (La civilité à l’épreuve. Crime et sentiment d’insecurité, París, PUF, 1996). Por paradójico que parezca, R. Castel (L’insecurité sociale. Qu’est-ce qu’être protegé, París, Seuil, 2003) apunta muy acertadamente que “nosotros en los países desarrollados, al menos vivimos sin duda en algunas de las sociedades más seguras que jamás hayan existido”.Y, sin embargo, como recuerda Bauman tras citar a Castel,“ha sido precisamente en esa parte del mundo en la que se goza de una seguridad y una comodidad sin precedentes (…) donde la adición al miedo y la obsesión ‘securitaria’ han realizado los progresos más espectaculares en los últimos años. Contra toda prueba objetiva, las personas que viven en la mayor comodidad registrada en la historia se sienten amenazadas, inseguras, atemorizadas, más 420

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inclinadas al pánico y más apasionadas por todo lo relacionado con la seguridad y la protección que las personas de casi todas las demás sociedades, anteriores y actuales”. Tres son las clases de peligros más relevantes que se temen hoy en nuestras sociedades (Bauman 2007): 1. los que amenazan el cuerpo y las propiedades de las personas 2. los que amenazan la duración y la fiabilidad del orden social, del que depende la seguridad del modo de vida o la supervivencia 3. los que amenazan el lugar de la persona en el mundo: su posición en la jerarquía social, su identidad (de clase, de género, étnica, religiosa) y su inmunidad a la degradación y la exclusión sociales Y la inmigración y los inmigrantes pueden jugar un papel en la producción de esos miedos en las tres clases de “peligros”.Y, sin embargo, como señala Bauman (2007: 193), “se ha demostrado más allá de toda duda razonable que la especial atención recientemente centrada en la delincuencia y en los peligros que amenazan la seguridad física de los individuos y de sus propiedades está estrechamente relacionada con la creciente ‘sensación de vulnerabilidad [social]’, y que sigue muy de cerca el ritmo de desregulación económica y de la sustitución (paralela a dicha desregulación) de la solidaridad social por la independencia individual”. Algunos de estos aspectos que pueden relacionar a los inmigrantes con la delincuencia y con la generación de “miedo líquido” han sido abordados especialmente en los informes de Bélgica e Italia. El informe italiano señala que “el foco principal de los conflictos relacionados con la inmigración se centra en la cuestión de la criminalidad extranjera y la seguridad urbana. Según una investigación europea del año 2000, Italia es, después de Grecia, el país europeo donde más frecuentemente se asocia la inmigración a unas tasas de criminalidad elevadas. A finales de 2002 todavía había un 42% de italianos preocupados, en primer lugar, por la capacidad de los inmigrantes por generar criminalidad. En otras investigaciones recientes los italianos que asocian la inmigración a un peligro para el orden público aparecen con un porcentaje superior al de la media europea (Colombo 2007)”.Ya hemos visto que la inseguridad fomentada por esta delincuencia de los inmigrantes está en la base de las “revueltas urbanas” de Florencia, Turín, Génova o Roma. A ello ha venido a añadirse recientemente el fenómeno de las “baby-gangs”, las bandas de menores extranjeros que desde unos años reciben mucha atención por la prensa creando un cierto alarmismo en la población (De Nicola 2007). En Italia ha tenido un gran impacto el estudio de Barbagli (2002) sobre el binomio “inmigración y criminalidad”. Este sociólogo destaca que el aumento de la criminalidad en Italia tuvo lugar antes de que Italia se convirtiera en un país de inmigración neta; sin embargo, a partir de la segunda mitad de los años 80 hubo un aumento constante de la tasa de los extranjeros denunciados y condenados en Italia. Los crímenes más frecuentes cometidos por extranjeros son hurtos, trafico de drogas y explotación de la prostitución, mientras que los grandes robos en bancos o joyerías, así como la criminalidad organizada siguen estando en mano de los italianos: es decir, como pone de relieve Barbagli, también en el mundo de la delincuencia los inmigrantes son empleados en aquellas actividades que requieren menos cualificación. Este estudio demuestra que el estatus legal de los inmigrantes juega un papel fundamental en el proceso de “desviación”, ya que los extranjeros irregulares denunciados y condenados representan, según los crímenes, entre el 65% y el 421

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92% del total de los extranjeros denunciados y condenados. Barbagli consigue así demostrar que la relación entre inmigración y criminalidad está arraigada en los mismos mecanismos del régimen migratorio italiano y en su capacidad de generar irregularidad para mucho tiempo. De este modo, la criminalidad extranjera y la inseguridad urbana resultan ser entre las principales consecuencias del régimen migratorio italiano y de sus fallos. Un informe muy reciente del Ministerio de Interior acaba de confirmar la estrecha relación entre irregularidad y criminalidad, demostrando que los inmigrantes irregulares siguen representando, según el tipo de crimen, más del 70% de todos los inmigrantes denunciados y condenados (Ministero dell’Interno 2007) (véase Finotelli 2007). Bélgica es unos de los países donde más y con más profundidad se ha examinado la relación entre inmigración y delincuencia y donde mejor está descrito en la literatura académica el proceso de “criminalización” de la inmigración. Por eso, el informe sobre Bélgica dedica un segundo bloque a examinar específicamente ese proceso (véase Brion y Rea (2007). El punto de partida del análisis del informe belga puede ser estos datos: en 2003, la tasa de encarcelamiento era de 6 presos por 10.000 habitantes entre los belgas y de 41 presos por 10.000 habitantes entre los extranjeros ; esta tasa era especialmente alta -123 presos por 10.000 habitantes- entre los marroquíes. Y, como recuerdan los autores siguiendo a Foucault, la cárcel acoge a la población que reúne las (mejores) condiciones para encarnar la “delincuencia”. Y no es posible buscar la explicación en la diferente composición de edad y no es suficiente el distinto tipo de delitos y las condenas de los mismos para explicar estas diferencias. A partir de una investigación de Vercaigne y Walgrave (2001), muestran que el factor étnico y el factor espacial no tienen impacto directo como tales en la delincuencia y que el factor socioeconómico es, con mucho, el más importante y su importancia se ve reforzada si se tiene en cuenta el establecimiento escolar al que se asiste: algunas escuelas “acogen a una población difícil procedente de toda la región bruselense y los alumnos de estas escuelas “producen” más delitos, entre los cuales se encuentran delitos más graves”.Asimismo, segúnVercaigne y Walgrave, simplemente no es “justo” decir que el origen marroquí “aumenta de modo directo el riesgo de delincuencia grave y frecuente” porque proporcionalmente, los alumnos de origen o de nacionalidad marroquí son a la vez más numerosos que los belgas en haber cometido al menos cinco delitos diferentes y más numerosos en no haber cometido ninguno. En resumen, todo ocurre “como si estos jóvenes se dieran cuenta de su situación socialmente precaria y se esforzaran, más que los demás adolescentes, en no desviarse del camino recto. En cambio, si pierden la esperanza de una integración positiva, se controlan mucho menos” (: 100). Dado que los jóvenes pertenecientes a los grupos socioeconómicos, precarizados cometen, ya sea “muchos más”, ya sea “muchos menos” delitos que “el joven medio de la misma edad”, se impone un estudio más detallado “para analizar lo que influye precisamente en esta “elección” (Kestellot et al., 2000):Y, sin embargo, como señalan Brion y Rea, acerca de este punto específico, las investigaciones no nos enseñan nada. Por lo tanto, lo que convendría estudiar es a estos “fracasados de socialización”, más que la relación entre etnicidad y delincuencia. Si lo que interesa es este segundo objeto, entonces, habrá que ver, con Walgrave y Vercaigne (2001: 111) que “no es hacia la cultura marroquí hacia la que hay que orientarse, pues el hecho de ser de origen marroquí no aumenta en sí el riesgo de delincuencia, sino hacia la criminalización de los marroquíes por los aparatos de control”. Y esto es lo que Brion y Rea (2007) hacen en la parte final de su informe: cómo se producen procesos informales de creación de la “delincuencia de los inmigrantes” (porque los jóvenes de origen marroquí, “se ven más, se miran más y se remiten más”), cómo se producen estos procesos en las actuaciones de la policía (que focalizan su actuación en los 422

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jóvenes marroquíes y en los barrios donde se concentran), qué papel cumplen los procesos penales en este proceso (por la concentración de jóvenes inmigrantes en los procedimientos abreviados de justicia y su escasa presencia en los de mediación penal; o por la aplicación de la prisión preventiva a los extranjeros), y qué papel cumplen los procedimientos de protección de menores en esta estigmatización de los inmigrantes (sobre todo magrebíes). Las conclusiones más relevante es que numerosos procedimientos formales e informales contribuyen a una acumulativa “criminalización” de la inmigración, especialmente de algunos grupos de inmigrantes (especialmente jóvenes de origen magrebí) y que es necesario una exploración más profunda de la relación de la estructura social (y la posición que los individuos y grupos ocupan en ella) y la delincuencia, para comprender adecuadamente las dimensiones y características del fenómeno. 6.3. Conflictos polarizados en torno al Islam La construcción de un “Islam europeo” parecía marchar sin discusiones públicas hasta los años 80. Desde entonces, el Islam (es decir, las discusiones respecto a una amalgama de cuestiones que se identifican, con frecuencia de modo erróneo o cuanto menos excesivo, con la religión musulmana) ha comenzado a estar cada vez más presente en los debates políticos sobre la inmigración e sobre la integración de los inmigrantes. Incluso podría decirse, que en gran medida, las discusiones sobre el “fracaso” (o no) de los modelos de integración de los distintos países europeos giran, expresa o implícitamente en torno al Islam. Después de los ataques del 11S 2001 en Estados Unidos, del 11M 2004 en Madrid, de los ataques terroristas en Londres, del asesinato de T. van Gogh, de la polémica sobre las caricaturas de Mahoma y de algunos hechos anteriores y posteriores, todo lo relacionadoscon el Islam, sea en sentido estricto, como religión, sea en un sentido más amplio (donde se produce su mezcla de “lo árabe” y con “lo magrabí” o “lo turco”), se ha vuelto una materia enormemente sensible.Tanto que cuando la EUCM (European Monotoring Center on Racism and Xenophobia) publica en 2006 su informe Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia se ve obligado a incluir una (insólita) “History of the report”, donde aclara cómo se ha elaborado y las razones que llevaron a retrasar su publicación. Todos los informes nacionales que abordan específicamente los conflictos que se producen en torno al Islam, señalan esta ruptura de la consideración del tema en la opinión pública y en los medios políticos después del 11S. “La hasta entonces prevalente indiferencia entre la mayoría de tradición cristiana y una minoría musulmana se ve desplazada por un clima de desconfianza y sospechas generalizadas. El debate público está dominado por la opinión de que la distancia resulta particularmente de la falta de voluntad de integrarse por parte de los musulmanes”. Esta indicación del informe alemán es válida, a grandes rasgos, para el resto de países. Con ello tiende a olvidarse algunas de las conclusiones del documento del UEMC (2006) citado más arriba que señalan, por ejemplo, lo siguiente: - Con independencia de su origen étnico o su manera de enfocar la religión, muchos musulmanes europeos sufren discriminación en el empleo, la educación y la vivienda. - La discriminación contra los musulmanes puede atribuirse a actitudes islamófobas, así como a resentimientos racistas y xenófobos, elementos que suelen ir unidos. Por 423

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tanto, la hostilidad contra los musulmanes tiene que situarse en el contexto más general de la xenofobia y el racismo contra emigrantes y minorías. - Es evidente que los musulmanes están sufriendo actos islamófobos que van desde amenazas verbales hasta agresiones físicas, a pesar de la poca información que se recaba sobre los incidentes agravados por motivos religiosos. - Los datos disponibles sobre las víctimas de la discriminación indican que los musulmanes europeos suelen estar desproporcionadamente representados en zonas con peores condiciones de vivienda, mientras que sus logros académicos están por debajo de la media y sus tasas de desempleo por encima de la media. Los musulmanes suelen ocupar puestos de trabajo que requieren una menor cualificación. Como grupo, están desproporcionadamente representados en los sectores menos remunerados de la economía. - Muchos musulmanes europeos, sobre todos los jóvenes, se encuentran con barreras que les impiden avanzar en la escala social, lo cual puede generarles un sentimiento de desesperanza y exclusión social. - El racismo, la discriminación y la marginación social son amenazas serias para la integración y la cohesión de la comunidad. Kleiner-Liebau (2007) señala para Alemania que “en el análisis de conflictos sobre valores y conducta étnico-cultural y religiosa es importante considerar que en muchos casos las causas se encuentran en la competencia por recursos y no en la diferencia religiosa (…) la concentración de determinados grupos de inmigrantes en ciertos barrios que implica automáticamente la concentración de ciertas comunidades religiosas conlleva un alto potencial de conflictos sociales. Sin embargo, para explicar la diferencia de la población de origen turco en Alemania, el factor religión, en este caso el Islam, es el argumento predominante en el discurso político y público. Para todo tipo de controversias y conflictos sirve el argumento de la diferencia de la cultura, especialmente de la religión como explicación simplificadora”. Es decir, se produce una interpretación “culturalista” de un conflicto mucho más complejo donde cuentan otros elementos, entre ellos los sociales. En todo este proceso de problematización del Islam (en su conjunto) han jugado un papel muy importantes algunos “actores singulares” por el impacto que han tenido sus opiniones o reacciones. En Holanda es el caso de la ministra Verdonk, la diputada Hirsi Ali o el “los amigos de Theo” frente al alcalde de Ámsterdam o su concejal para la Diversidad. Los “amigos de Theo”, un grupo de escritores, periodistas y directores de cine, culparon de inmediato a los políticos de tradición multiculturalista de haber ignorado “los lados oscuros del Islam”, y en sus comentarios y acusaciones se hacía especial referencia (a veces implícita, otras explícita) al alcalde de Ámsterdam, John Cohen y a su conocido discurso sobre la diversidad cultural (véase Garcés 2007). En Italia, las figuras de Giovanni Sartori y Oriana Fallaci, los dos intelectuales italianos que más han llamado la atención contra el Islam y cuyas voces ha tenido ecos en numerosos países. En Alemania la postura del superviviente del Holocausto Ralph Giordano en contra de la construcción de una gran mezquita en Colonia. En los últimos años han dominado el debate público tres grandes tipos de cuestiones en este campo: 1) el tema del fundamentalismo y del terrorismo islamista; 2) los conflictos acerca de la construcción de mezquitas en diferentes ciudades y 3) la disputa sobre el velo de las mujeres musulmanas. 424

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1) Después de los ataques del 11-S, del 11M y los atentados de Londres, el debate sobre el Islam en muchos países europeos se centró fuertemente en los aspectos de seguridad, de fundamentalismo religioso y de terrorismo. Por ejemplo, desde entonces las políticas migratorias están, en buena medida, presididas por la consideración de las migraciones internacionales, en última instancia, como un asunto de seguridad (Triandafyllidou 2005). Y desde en el campo de la integración, esto ha llevado a revisar algunos de las políticas, multiculturalistas y asimilacionistas, sobre las que hasta entonces se habían mantenido ciertos consensos nacionales. Muchos estudios se han volcado en la radicalización religiosa de jóvenes musulmanes. 2) Se han producido numerosos conflictos en torno a las mezquitas o escuelas musulmanas o en torno a su construcción. En Holanda se produjeron 174 sucesos violentos en noviembre de 2004 tras el asesinato de T. van Gogh. El 61% de estos sucesos fue contra instituciones o símbolos islámicos y el 19% contra instituciones católicas o protestantes, algunos extremadamente graves como bombas en escuelas musulmanas de enseñanza primaria (en Eindhoven y en Uden) (véase Garcés, 2007). En Alemania se ha podido evitar una escalada del conflicto con la construcción de la mezquita en Duisburg-Marxloh, pero sigue habiendo una gran polémica en trono a la construcción de una mezquita en Colonia-Ehrenfeld (véase Kleiner-Liebau, 2007). En Italia se han registrado marchas contra de la institución de centros de cultura islámicos o la construcción de mezquitas (como en Lodi, Milán o Bolonia), organizadas con frecuencia por partidos políticos de derecha o extrema derecha como la Liga Norte y Alianza Nacional.También se han producido ataques a una mezquita y una carnicería musulmana (en Brescia) y una mezquita en Milán; y se han puesto muchos obstáculos para el funcionamiento de una escuela árabe en Milán (véase Finotelli, 2007). En España el fenómeno de rechazo se ha traducido, sobre todo, en la oposición a la apertura de mezquitas en distintos municipios, sobre todo catalanes (como Premià de Mar o Badalona). La respuesta de los musulmanes es abrir numerosos oratorios (más modestos que una mezquita). Por ejemplo, en Cataluña se estima que hay unos 170 oratorios en garajes o domicilios particulares. 3) La cuestión del “velo” de las mujeres musulmanas ha sido otro de los temas de polémica y conflicto. Esta cuestión, que ha recibido a veces, como es el caso en España, una dimensión mediática absolutamente desproporcionada, se ha resuelto de distinta manera en diferentes países, pero sólo Francia ha adoptado una norma que prohibe su uso en las escuelas no universitarias. Siguiendo la argumentación que hace Finotelli (2007) para Italia, se puede decir que la comunidad musulmana en Europa se ha transformado en la “cabeza visible” de la comunidad extranjera y en el centro de numerosos debates sobre multiculturalismo y convivencia étnica, que después de los atentados del 11S han dominado parte del discurso público. Es válido para los distintos países de la UE la opinión de Schmidt di Friedberg de que el cambio de actitud de la población (europea) hacia el mundo musulmán en los últimos años tiene más a que ver con el clima político que con los musulmanes mismos. Moreras (2005) señala que en los últimos años la islamofobia también ha adoptado una dimensión intelectual y mediática. En el caso de España, tras los atentados del 11M se observa un cambio en la percepción social respecto al Islam y a los musulmanes, aunque, a diferencia de otros países, no han ocasionado ataques (al menos conocidos) contra los musulmanes. Si antes del atentado terrorista, las imágenes ante la inmigración magrebí generaban ciertos prejuicios en torno al estereotipo del “moro”, tras los atentados se recu425

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peran y reactualizan algunas imágenes asociadas a un rigorismo doctrinal o la inclusión de la noción de la violencia explícita justificada en clave religiosa. “Si las primeras imágenes generaban recelo, un recelo acumulado históricamente, las actuales provocan sospecha y temor respecto al futuro” (Moreras, 2005).Y, sin embargo, una encuesta de Metroscopia (2006) para el Ministerio del Interior español ofrece un panorama muy optimista respecto a la comparación de las opiniones, actitudes y valores básicos de los musulmanes de España respecto al conjunto de los españoles. Los principales resultados son los siguientes: a) Por un lado, la comunidad musulmana española declara sentirse a gusto en España, se considera razonablemente adaptada a la vida española y no se siente especialmente obstaculizada para la práctica de su religión. b) Además, la comunidad musulmana residente en España valora de forma positiva tanto a la sociedad como al sistema político español, y expresa un notable grado de confianza institucional (que tiende incluso a ser superior al del conjunto de la población española). c) Los musulmanes de España expresan una imagen claramente positiva de los países occidentales y de sus valores y principios. d) En el terreno religioso las diferencias, en principio, parecen importantes: los musulmanes de España se declaran religiosos y practicantes de su religión en clara mayor proporción que los españoles actuales de la suya (pero en la misma medida en que éstos lo hacían hace tres decenios), y consideran que la religión es muy importante en su vida. Pero esta mayor religiosidad declarada no se presenta asociada con posicionamientos rígidos, excluyentes o fundamentalistas: los musulmanes de España, por el contrario, parecen entender y practicar un Islam tolerante y abierto: no creen que ninguna religión sea superior a otra, ni que nadie tenga la autoridad para decir a los demás cómo vivir o actuar, consideran que los no creyentes tienen el mismo valor y dignidad como personas que los creyentes y asimismo consideran absolutamente inaceptable la violencia como forma de defender o difundir las creencias religiosas. e) Los musulmanes de España se muestran, además, partidarios de un Estado laico, que no otorgue trato especial alguno a ninguna religión. 6.4. Conflictos ligados a la competencia en el mercado de trabajo y en el acceso a servicios públicos Hay muchos análisis sobre la relación de los inmigrantes y el mercado de trabajo. Pero los conflictos ligados al mercado de trabajo y los que se producen en torno a los servicios públicos han sido poco estudiados en la perspectiva académica del “conflicto”, aunque son una de las cuestiones claves de conflicto potencial y uno de los campos de producción de estereotipos y prejuicios en materia de inmigración. Los informes nacionales reflejan también esta situación. Los informes sueco, belga y español abordan algunos conflictos ligados al mercado laboral. En el caso sueco se pone de relieve cómo a mediados de los 60, cuando la corriente migratoria alcanzó su máximo, la presencia de gran cantidad de mano de obra inmigrante mostró efectos negativos en la economía y el mercado de trabajo suecos y la reducción del nivel del salario mínimo se consideró particularmente preocupante. Esto dio lugar a protestas por parte de los sindicatos de trabajadores que se hallaban, a la sazón, en proceso de grandes campañas políticas con la intención de mejorar las condiciones de la clase 426

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obrera sueca. Esta discusión sobre el efecto de la inmigración sobre los salarios del conjunto de la población y sobre el de los autóctonos es una de las cuestiones muy debatidas en la literatura económica. También en España ha suscitado un fuerte debate en el interior de una organización sindical en el último año. En Suecia se planteó expresamente una de las discusiones más relevantes en este mismo campo ya formulado por Piore (1983): hasta qué punto la presencia de un alto volumen de trabajadores extranjeros (sobre todo los de baja cualificación) perpetuaba un tipo de estructura industrial, frenando así la esperada transformación de una economía industrial a una basada en el sector de servicios (Bevelander 2004).También esta cuestión comienza a ser objeto de reflexión práctica en otros países. Una respuesta típica a esta situación en la que se considera que el número de inmigrantes no responde a la demanda del mercado de trabajo ha sido la implementación de políticas de inmigración restrictivas. Prácticamente en todos los países centroeuropeos las aplicaron tras la crisis de mediados de los 70, cerrando los flujos de “trabajadores invitados” y estimulando, de distintas maneras, el retorno a los países de origen. En Bélgica se produjeron importantes conflictos laborales protagonizados por trabajadores inmigrantes en 1969 y 1970: una huelga en la fábrica de montaje de Citroën en Forest en la cual un 70% de los trabajadores son extranjeros, que pasa de iniciales reivindicaciones laborales tradicionales a hacer de la lucha contra el racismo (por la reacción inicial de la patronal) uno de los temas de la huelga. Una huelga de mineros en Limburgo va a reivindicar, entre otras cosas, la igualdad de trato entre los trabajadores inmigrantes empleados en las minas y los trabajadores belgas en otros sectores industriales. Otra huelga similar fue la de las fábricas de Michelin en Leeuw-Saint-Pierre. Estas acciones colectivas son obra de trabajadores politizados procedentes de la inmigración española, italiana o turca. El informe español recoge diversas manifestaciones del conflicto en el campo del mercado de trabajo: las tensiones suscitadas por la competencia entre distintos colectivos de inmigrantes en relación con los procesos de contratación en el sector agrícola, conflictos donde el papel de las estrategias empresariales en relación a la gestión de la mano de obra ha sido fundamental, como en Murcia (Pedreño y Castellanos 2001) y otros donde, además, el papel de las administraciones ha sido necesario para cambiar los colectivos de trabajadores llamados a determinadas tareas, como la recogida de la fresa en Huelva. Una de las respuestas de las luchas de competencia (entre trabajadores) y de poder social (entre empresarios y trabajadores) en el mercado de trabajo ha sido su reconfiguración en términos jerárquicos. Así el informe sueco señala los planteamientos de Kamali y De los Reyes que explican la existencia de una jerarquía étnica producto de los discursos que reproducen y legitiman las estructuras de poder existente, y cuyo resultado es “una jerarquía étnica donde diferentes grupos mantienen posiciones distintas en relación con cada uno de los demás”. También en España se han señalado procesos “etnoestratificación” e incluso de una “división étnica del trabajo”. Otro tipo muy distinto de conflicto que tiene que ver con la economía, más que con el mercado de trabajo, son los sucesos de Elche de septiembre de 2004, en que unos manifestantes contra la crisis del calzado y contra la presencia de almacenistas chinos quemaron dos almacenes de propietarios chinos en el polígono comercial de El Carrús. En el marco de la globalización actual hay que poner de relieve el rasgo de “modernidad” que tienen estos ataques contra propiedades chinas en Elche. Porque frente a otras violencias 427

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racistas que tienen su origen en conflictos identitarios, los sucesos de Elche reflejan un conflicto racista típico de sociedades industriales avanzadas y muestra los desafíos que plantea la presencia significativa de inmigrantes que va ligado al antagonismo, a la confrontación en el mercado de trabajo y en el mundo económico. Si aquella presencia viene unida a una crisis que ocasione altos niveles de desempleo, las violencias racistas sobre los inmigrantes tenderán a multiplicarse. De ahí la “modernidad” de los ataques de Elche como un tipo de manifestación racista que puede repetirse, sobre todo, si la situación económica o las condiciones del mercado de trabajo en otras comarcas o sectores de actividad económica empeoran gravemente y, de modo especial, si lo hacen de una manera súbita (Cachón 2005). Pero hay otros ámbitos de conflicto en el acceso a bienes como la vivienda o la educación. En todos los países plantean retos de gran importancia (aunque no hayan sido muy estudiados por la sociología del conflicto). El informe italiano pone de relieve cómo el aumento de los flujos migratorios ha recrudecido el problema de la vivienda en el país transalpino y cómo la necesidad de reducir los elevados costes de alquiler crea hacinamiento en muchas viviendas de inmigrantes y, en consecuencia, los primeros conflictos con la administración local así como con la misma población nativa, preocupada por la concentración de los extranjeros en determinadas zonas de la ciudad y un posible aumento de su peligrosidad. La escasez de vivienda era tan notable que a principio de los años 90 los inmigrantes empezaron a ocupar edificios como reacción a una catastrófica política de la vivienda. Si en ciudades como Milán, la ocupación provocó una reacción casi inmediata de la administración comunal, en otras el nivel de conflicto aumentó con los años, como en Bolonia, donde en 1998 más de cien marroquíes ocuparon la iglesia de San Petronio para pedir una vivienda más digna al Ayuntamiento de la ciudad. El informe español señala que un área de conflicto que en los últimos años ha tenido un protagonismo creciente en España es el de la utilización compartida por parte de la población autóctona y la extranjera de los servicios públicos, en particular en la sanidad y la educación. Una de las consecuencias de ese “encuentro” de inmigrantes y autóctonos ha sido un cierto “abandono” de los servicios de carácter público por parte de la población autóctona. Los problemas de concentración, segregación y, en muchas ocasiones, devaluación de la calidad de estos servicios es percibido y evaluado negativamente por los autóctonos como resultado de la acogida de inmigrantes. En esta misma línea hay que aludir a las tensiones provocadas por la competencia entre grupos de autóctonos e inmigrantes por el acceso a recursos públicos limitados (de carácter social y, en ocasiones, asistencial, como las becas y ayudas en etapas escolares), que en ocasiones promueven la difusión o generalización de cierto discurso xenófobo sobre la “preferencia” (no fundamentada) hacia los inmigrantes. Otras cuestiones conflictivas en el sistema educativo han sido señaladas en el informe alemán. Las escuelas en los barrios desfavorecidos reflejan la situación de segregación y marginalización.Y en 2006, por ejemplo, se han producido dos hechos que han sido analizados por la literatura académica: uno es el de una escuela de enseñanza general básica de Berlín-Neukölln. Los profesores escribieron una carta a las autoridades quejándose del clima agresivo, de la falta de respeto y de la intolerancia entre los alumnos que hacía imposible cualquier tipo de enseñanza efectiva. Los niños de esta escuela vienen en su gran mayoría de familias desfavorecidas y el 83% de ellos tienen origen inmigrante. La carta de los profesores llevó a un debate público sobre la seguridad en las escuelas. El otro caso que llamó la atención mediática es el de dos escuelas de Berlín en las cuales se había introducido la obligación de hablar en las aulas y en la escuela únicamente en alemán, medida introducida de común acuerdo entre profesores, alumnos y padres. 428

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6.5. El rechazo social de los asilados Una de los campos donde se han producido conflictos violentos en el campo de la inmigración, ha sido en torno a los refugiados que han sido objeto de ataques xenófobos en distintos lugares de Europa que acogen la mayor parte o la mayor proporción de asilados. Con ello se ha suscitado también debates muy duros en trono al derecho de asilo. Dos informes nacionales dan cuenta de este tipo de hechos, los de Suecia y Alemania. El informe sueco da cuenta de una serie de acontecimientos que tuvieron lugar a mediados de los años 80 y principios de los 90, momento en el que la cuestión de la política de inmigración y refugiados condujo a tensiones sociales y actos de violencia cometidos por la población autóctona sueca contra los refugiados recién llegados y contra los inmigrantes ya asentados. Este periodo es particularmente importante en la historia de Suecia como país de acogida, tanto por causa del conflicto social relacionado con la inmigración como de la profunda crisis económica que el país estaba experimentando en ese momento. Las cuestiones de la inmigración y la política de refugiados pasaron a ocupar un lugar prominente en el debate público y, en discusiones políticas y en los medios de comunicación, empezó a expresarse el miedo a que se produjeran choques entre la población nativa y los inmigrantes.”La cuestión de los refugiados se convirtió en la comidilla del pueblo’ (Uddman). Una de las principales manifestaciones de esta situación de tensión y agitación social fue el resurgimiento de organizaciones y partidos y xenófobos de extrema derecha. La otra manifestación fue un aumento en los actos directos de violencia cometidos contra inmigrantes y refugiados recién llegados. A principios de los años 90 el nivel de tensión y la frecuencia de incidentes violentos de carácter racista y xenófobo habían alcanzado tales proporciones que un autor sueco caracterizó la situación como una “guerra civil de grado menor” y el primer ministro a la sazón dio un discurso público para calmar a la nación. Müller (2007) analiza lo ocurrido en el un pequeño pueblo al sur de Suecia. El acontecimiento que actuó como el desencadenante del conflicto político relacionado con el aumento en la presencia de inmigrantes y refugiados en Suecia lo constituyó un referendum que tuvo lugar en el pequeño municipio agrario de Sjöbo, donde una abrumadora mayoría de la población votó en contra de la acogida de refugiados en su comunidad. El ejemplo de Sjöbo fue la consecuencia directa de la política de descentralización de acogida de refugiados adoptada por el Parlamento sueco en 1985. Según está política, cada municipio sería responsable de acoger y acomodar a una cierta cantidad de refugiados para minimizar así el tiempo que los refugiados deberían pasar en un centro de refugiados. En 1986, la Dirección Sueca de Inmigración le pidió al municipio de Sjöbo que participara en el programa de acogida recibiendo de 25 a 35 refugiados al año entre 1987 y 1989. El concejo de Sjöbo puso la cuestión a votación, se negó a participar en el programa y celebró un referéndum aprovechando la coyuntura de las elecciones nacionales de septiembre de 1988. El anuncio de la decisión en seguida se extendió por el país gracias a la intensiva cobertura de los medios de comunicación que ya habían empezado a ocuparse de (y posiblemente a exacerbar) la tensión social y política en torno a la cuestión de la migración, dividiendo al país entre los que consideraban a Sjöbo racista y xenófobo y los que compartían el antagonismo hacia la acogida de refugiados. Otro país donde se han planteado graves conflictos en torno a los refugiados con importantes brotes racistas ha sido Alemania. Kleiner-Liebau (2007) explica detalladamente la dinámica “ejemplar” de este conflicto que se desarrolló en el marco de una situación de prolongada crisis económica en la Alemania Occidental, en pleno proceso de reunificación de los dos estados alemanes, en una fase de gran aumento de los refugiados que 429

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solicitaban asilo y durante el proceso de redefinición de las políticas de inmigración y de integración de los inmigrantes. En los años 80 se produjeron las primeras señales de una confrontación política y de un cambio en la opinión pública con un crescendo significativo: las discusiones sobre la reagrupación familiar con vistas a restringir este derecho, la entrada de los Republikaner (extrema derecha) en el Senado de Berlín después de haber hecho una campaña electoral marcada por la polémica racista, la utilización en las elecciones de 1986 por parte de algunos partidos políticos, por primera vez a nivel nacional, de polémicos argumentos contra el asilo, el debate entre el CDU y el SPD sobre el derecho del asilo y su restricción terminaron por desembocar en un debate muy cargado emocionalmente en que se combinaba frases como Das Boot ist voll (El barco está lleno) con los imágenes del barco que llegó a Italia con miles de refugiados en agosto 1991. En este contexto de este clima agitado respecto al tema de los inmigrantes, particularmente respecto a los asilados, se produce la reunificación de los dos estados alemanes en 1990. En los primeros años de los 90 se produjeron tensiones entre varios grupos de “autóctonos” (del este y oeste) y de “otros” (inmigrantes y asilados). En el oeste de Alemania se veía a la gente del este con mucho escepticismo, y viceversa, y en ambas partes se escuchaban términos despectivos para denominar a los extranjeros (Bade, 1994). Una encuesta hecha en los primeros años de los 90 entre la población alemana mostró que las actitudes generales e indeterminadas de rechazo respecto a extranjeros estaban aumentando. El conflicto sobre el asilo se agravó en los nuevos Länder cuando se empezaron a distribuir (diciembre 1990) los solicitantes de asilo entre todos los Länder y municipios por igual, a pesar de que muchos de ellos no estaban preparados para la acogida de inmigrantes. Esto provocó fuerte rechazo hasta en algunas autoridades municipales e intentos de evitar de cualquier manera que se les mandasen más solicitantes de asilo. En la compleja situación de cambios económicos y sociales en que se encontraba Alemania después de la reunificación, el fuerte conflicto político sobre el asilo contribuyó a desencadenar un proceso de desinhibición por parte de las autoridades.Y en ese contexto comienza un aumento muy notable de los actos xenófobos y racistas hasta superar los 6.000 casos denunciados en 1993 entre ataques violentos contra personas e incendios intencionados. El primer brote xenófobo tras la reunificación, que atrajo atención internacional por su gravedad y por arrancar aplausos entre la muchedumbre mirando el “espéctaculo”, tuvo lugar en Hoyerswerda en septiembre 1991, cuando un grupo de jóvenes atacaron el alojamiento de unos 220 solicitantes de asilo con cócteles Molotov y con bolas de acero.Al final, las autoridades tuvieron que desalojar la vivienda. Pero fue un año más tarde, en agosto de 1992, cuando estallaron los ataques contra un centro de acogida y de reparto de solicitantes de asilo en Rostock-Lichtenhagen, un barrio marginal de Rostock. Los tres días violentos de Rostock se han convertido en un símbolo de racismo en Alemania, de una mezcla fatal de cálculo político, de amplias actitudes xenófobas en la población y de un estilo provocador por parte de los medios de comunicación (Winter, 2004) (váese Kleiner-Liebau, 2007). Unos meses después murieron tres mujeres turcas por un incendio intencionado en su casa en Mölln, lo que provocó una gran conmoción pública porque por primera vez la violencia se dirigía contra los anteriores Gastarbeiter y sus familias. Los dos grandes partidos lograron en diciembre del mismo año, después de un largo y agudo debate, un acuerdo sobre la restricción del derecho de asilo. Se introdujo la regla del “tercer estado seguro”. Los números de solicitantes de asilo bajaron drásticamente después de entrar en vigencia la nueva norma en mayo 1993. Pero la violencia xenófoba no ha cesado: el mismo mes murieron cinco miembros de una familia turca cuando se prendió 430

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fuego a su casa en Solingen. A pesar de que se formaron movimientos y iniciativas en contra del racismo y de la xenofobia, y a pesar de que muchos ciudadanos alemanes mostraron su solidaridad con las victimas, los ataques a edificios religiosos, a la población de origen inmigrante por estos motivos han seguido, aunque no con la misma intensidad que en los primeros años de los 90. Estos hechos xenófobos han sido las manifestaciones más graves del conflicto ligado a la inmigración en Alemania y han sido muy analizados por parte de científicos sociales alemanes (véase Leiner-Liebau 2007). 7. ACTORES DE LOS CONFLICTOS LIGADOS A LA INMIGRACIÓN Los conflictos son protagonizados por actores que juegan distintos papeles en diferentes momentos del desarrollo del mismo. Los informes nacionales rinden cuenta de los numerosos actores que los protagonizan, de modo más o menos activo (o pasivo: como víctimas, por ejemplo). Entre esa diversidad de actores vamos repasar el papel desempañado en diferentes conflictos por los jóvenes (autóctonos, a veces en relación con los jóvenes inmigrantes), los inmigrantes (y sus asociaciones), los vecinos y la sociedad civil (organizada), los medios de comunicación, los grupos radicales (tanto terroristas como la extrema derecha), la policía, los partidos políticos, algunos “actores singulares” y, por último, el Gobierno nacional y las instituciones. 7. 1. Los jóvenes Los jóvenes son actores muy destacados en conflictos ligados a la inmigración.Y lo son en combinaciones distintas: en las “revueltas urbanas” enfrentados a las administraciones y a la policía; en algunos casos enfrentados con jóvenes de origen inmigrante; en otros atacando a inmigrantes y asilados, etc. Pero no se puede decir que sean “los jóvenes” en su conjunto los que son actores en estos conflictos. Conviene recordar la argumentación de Bourdieu (1984) que declaraba, con radicalidad en la forma y en fondo, que la “juventud no es más que una palabra”. Porque los jóvenes que tienen presencia en estos conflictos tienen unas características sociales concretas a partir de las cuales le podemos definir como “grupo” y esas características hay que estudiarlas en cada caso concreto. La presencia juvenil es muy notable en muchos conflictos narrados en los informes nacionales.Y aquí no haremos sino poner algunos ejemplos. En Francia y otros países los jóvenes que participan en las “revueltas urbanas” son hijos de “la galère” (Dubet), de la necesidad de “buscarse la vida” que tienen buena parte de los jóvenes de los barrios desfavorecidos de las grandes ciudades, de los “barrios del exilio” (Layperonie y Dubet), con familias desestructuradas y altas tasas de desempleo, inseguridad, marginalidad juvenil, fracaso escolar, delincuencia, escasez de servicios públicos, deterioro de la vivienda, etc. Son los “jeunes de banlieue” (“jóvenes de los suburbios”), hijos de inmigrantes, en situación de fracaso escolar y sin trabajo Pero, como señala Eseverri (2007), las características de los jóvenes que participan en las revueltas han ido cambiando a lo largo de los años. En los años 80 eran “jóvenes, de sexo masculino, de unos veinte años, sin cualificación, o que habían experimentado un fracaso escolar, generalmente en situación de paro, de origen inmigrante y residentes en los barrios desfavorecidos” (Dubet, 1987), con una presencia importante de jóvenes de origen francés, con lo cual los grupos juveniles que participaban en las revueltas se caracterizaban 431

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por ser mixtos. En los años 90, los chicos son cada vez más jóvenes (entre 15 y 26 años) y la presencia de los franceses de origen disminuye por el aumento de la concentración de la población inmigrante en estos barrios. Los grupos de jóvenes tienden una mayor afinidad étnica; y este fenómeno se agudiza el año 2005. Pero, aunque las violencias sean protagonizadas por jóvenes en situación de exclusión, en los momentos en los que la violencia adquiere una mayor intensidad, una parte de la juventud del barrio, perfectamente integrada socialmente, se une a los jóvenes rebeldes y se identifica con sus sentimientos. Este fenómeno resulta interesante porque revela el significado compartido de una población juvenil del barrio que se siente relegada y discriminada (Beaud y Pialloux, 2003). En los disturbios en Francia, estos grupos de jóvenes tiene en frente constantemente a otro actor: la policía (casi siempre los “antidisturbios”). Como señala Eseverri (2007), el contacto constante, directo o indirecto, en el espacio urbano, a través de los controles de identificación, las detenciones, los avisos, etc. provoca el desarrollo de una relación de tensión entre determinados jóvenes y la policía, que en muchas ocasiones se conocen incluso personalmente. Esta tirantez hace que cada grupo construya un discurso negativo sobre el ‘otro’ y lo sitúe como su adversario. Los jóvenes que participan en las revueltas comparten una idea más o menos común sobre la policía. Para muchos, simboliza la injusticia y el abuso de poder. Los controles incesantes y discriminatorios, las detenciones sin causas delictivas claras, las actuaciones abusivas y los maltratos en comisaría, alimentan el sentimiento de rechazo hacia la policía. Además, para estos jóvenes la policía cumple un papel completamente diferente del que cumple para el resto de la población francesa. Mientras que para la mayoría de los ciudadanos la policía significa seguridad y defensa, para los jóvenes de los suburbios se convierte en una amenaza. En muchas ocasiones, no pueden contar con su protección y su primera reacción, en la mayoría de los casos, es la de protegerse de ellos (Beaud y Pialloux 2003)”. En el Reino Unido la presencia de jóvenes como actores está muy ligada a la movilización de los jóvenes musulmanes de la segunda generación que se manifestó de modo especial en los disturbios de 2001 en diversas ciudades británicas (Bradford, Oldham y Burnley). Se vivieron violentos enfrentamientos en los que aparecen cuatro grupos de actores: jóvenes de origen asiático (sobre todo, pakistaníes y bangladeshíes) y la policía; pero aparecen también otros dos actores (que no tienen presencia en las revueltas francesas): grupos de jóvenes autóctonos y grupos de extrema derecha. Los protagonistas más directamente involucrados en los conflictos fueron los jóvenes, mayoritariamente musulmanes y varones, que forman la segunda y tercera generación de inmigrantes originarios de Pakistán y Bangladesh. Son, como pone de manifiesto Latorre (2007), un grupo generacional numeroso que ha sido definido por altos niveles de desempleo y exclusión social y que se encuentra concentrada en unos pocos barrios de la ciudad alrededor del centro (a diferencia, por ejemplo, de la población de origen indio o afrocaribeño, cuyas nuevas generaciones han protagonizado una mayor movilidad a otras zonas de la ciudad). Estos jóvenes comenzaron a intervenir en distintos episodios de conflicto a finales de los 80. Pero “en los años 90, una nueva generación de jóvenes asiáticos, nacidos y criados en Gran Bretaña, comenzaba a llegar a la mayoría de edad en las ciudades del norte, no dispuestos a aceptar el estatus de segunda clase asignado a sus mayores” (Kundnani, 2001). Es esta “nueva generación” nacida y criada en el Reino Unido, la que no acepta las humillaciones y ataques de que son víctimas y que están, por ejemplo, en el origen de los disturbios de Bradford en 2001. En varios de estos disturbios, los jóvenes autóctonos han actuado como agentes provocadores con sus acciones que ha sido respondidas con violencia por jóvenes de origen inmigrante en enfrentamiento con aquellos y 432

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con la policía y con la significativa presencia de la extrema derecha con la intención de agudizar el conflicto (véase Latorre 2007). En los Países Bajos algunos grupos de jóvenes han participado en ataques a mezquitas, escuelas u otras instituciones o símbolos islámicos. Son los “jóvenes lonsdale”. Este término es usado popularmente para referirse a jóvenes vestidos con chaquetas bomber (de la marca inglesa Lonsdale) y de extrema derecha. En la mayoría de casos, sin embargo, se trata de jóvenes interesados en la música hardcore, vestidos sí con chaquetas bomber pero sin un particular interés en la política o la ideología de extrema derecha. Garcés (2007) señala que en los últimos años, la confrontación entre jóvenes de origen holandés (lonsdale o no) y jóvenes de origen inmigrante parece haber ido en aumento, en un proceso de acción y reacción entre los distintos grupos. Según han indicado distintos informes, esta confrontación sería resultado no tanto de una ideología de extrema derecha sino más bien de sentimientos xenófobos, nacionalistas y de frustración respecto a la sociedad multicultural, lo que dota al fenómeno de unas dimensiones e implicaciones mayores que si se tratara de un grupo aislado de extrema derecha. En Australia, los sucesos de la playa de Cronulla de 2005 fueron una movilización de jóvenes “blancos” contra jóvenes “árabes/musulmanes”, es decir, de jóvenes australianos identificados con la cultura anglocéltica contra jóvenes australianos de origen libanés. Aquellos, convocados por SMS con mensajes de claro contenido racista, atacan a los jóvenes “libaneses”, que responden con ataques violentos contra propiedades y reivindicando también su presencia y su inclusión en la comunidad que ellos y sus padres contribuyen a construir (véase Fernández 2007). Los sucesos racistas de Hoyerswerda o de Rostock fueron protagonizados sobre todo por hombres jóvenes menores de veinte años, muchos de ellos todavía en la escuela o en el sistema de aprendizaje. La mayoría no eran, como tal vez se esperaría, jóvenes víctimas de fracaso escolar, aunque la proporción de los que estaban en paro era algo mayor que la media de los jóvenes. Eran acciones en grupo: en su mayoría los autores pertenecían a grupos informales, inestables y autónomos y sólo en pocos casos a grupos organizados de la extrema derecha. La mayoría de los autores habían sido hasta entonces jóvenes “normales”, inadvertidos, pero también había autores ya implicados en actos de delincuencia y algunas bandas de delincuentes encontraron en los ataques xenófobos un nuevo campo de acción. Una novedad es la presencia de otros actores (no tan pasivos): una muchedumbre de padres y vecinos aplaudían los actos de los jóvenes (Kleiner-Liebau 2007). Otros jóvenes que participan en conflictos son, a veces, jóvenes inmigrantes. De ellos nos ocupamos en el siguiente apartado. 7. 2. Las organizaciones de inmigrantes Ya hemos visto aparecer a los inmigrantes como actores al describir la participación de los jóvenes porque responden a agresiones de grupos de jóvenes “autóctonos”. Pero los inmigrantes, y sus asociaciones o grupos, juegan también otros papeles dentro de los conflictos ligados a la inmigración. En el Reino Unido, Latorre (2007) señala que las organizaciones de inmigrantes tienen un papel destacable, al menos en relación con dos aspectos distintos: en primer lugar, diversas organizaciones “comunitarias” venían expresando durante los años previos a los disturbios la escasez de medidas tomadas para paliar los problemas que sufrían los inmigrantes y que estaban en el origen de los disturbios de 1995 en Bradford. Latorre señala que esta rei433

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vindicaciones guardan una estrecha relación con las críticas que se lanzaron a los análisis oficiales que se hicieron después de dichos disturbios, que apenas indagaron en la causas de los mismos y los definieron más bien como un problema de delincuencia, sin atender a cuestiones socioeconómicas o culturales. Por otro lado, algunos autores han indicado que uno de los elementos “que agravó la desafección” de estos jóvenes “fue el sentimiento de no tener voz”: sentían que las organizaciones que decían representarles no habrían sabido entender y atender a las necesidades, demandas y características específicas de las “segundas generaciones”, sino que estarían más preocupadas por mantener una posición consolidada como aliados gubernamentales. “Percibieron una especie de colusión entre las administraciones municipales y los líderes de sus comunidades (personas mayores de la primera generación) y esto les privó del derecho a la representación” (Joly 2005). Hay aún otra cuestión muy relevante que señala el informe sobre el Reino Unido. Son las relaciones que se establecen entre distintas comunidades y entre sus organizaciones en competencias por recursos y relaciones con los poderes públicos. Latorre señala que la mayor parte de estos análisis abordan el escenario de competencia existente entre distintos grupos de población de origen inmigrante y que la población musulmana de origen pakistaní tiene una sobrerrepresentación muy significativa en relación con otras minorías en distintas ciudades del norte de Inglaterra. El tamaño y concentración de la población de origen pakistaní en ciudades como Bradford le habría permitido ejercer una presión y movilización política mucho mayores que los de otros grupos. En un contexto en el que “las ‘comunidades’ tienen que competir entre si para conseguir unos recursos escasos, se asume que los pakistaníes especialmente ‘consiguen todo’”, percepción que, indudablemente, contribuye a incrementar la hostilidad entre distintos grupos. Además, se ha señalado con relación a ese “predominio pakistaní-musulmán” lo que algunos autores señalan como “islamización” del centro de Bradford (la zona donde residen mayoritariamente), que algunos sectores de la población autóctona, así como otros grupos minoritarios con menor presencia en la ciudad (hindúes, sijs o afro-caribeños), se sentirían “abandonados en la ciudad por lo que perciben como un ‘dominio musulmán’” (McLoughlin, 2005). En Alemania, en los conflictos sobre valores, símbolos y prácticas religiosas, los actores principales son, por un lado, los musulmanes inmigrantes y sus representantes y, por otro, las instituciones estatales. Por ejemplo, en relación con los conflictos acerca de la construcción de mezquitas se enfrentan las comunidades o asociaciones musulmanas, los vecinos e iniciativas en contra y las administraciones municipales. La comunidad musulmana en Alemania es muy heterogénea y hay muchas asociaciones y organizaciones representando diferentes variantes del Islam y, por lo tanto, diferentes valores y prácticas religiosas. En un intento de crear un órgano de contacto para las autoridades estatales cuatro grandes asociaciones (entre ellas la DITIB) formaron, en abril 2007, un consejo de coordinación de musulmanes en Alemania. Sin embargo, a nivel local los actores y representantes de los intereses musulmanes siguen siendo muy diversos; por ejemplo, en el conflicto sobre la construcción de la mezquita en Colonia es la DITIB misma la que planea y financia el proyecto (véase KleinerLiebau 2007). En Italia y en España no hay todavía muchas investigaciones sobre el fenómeno de las asociaciones de inmigrantes. En Italia diversas investigaciones apuntan a la existencia de dos tipos de asociaciones: las interesadas principalmente en constituir una red de solidaridad para sus miembros y las más interesadas en el dialogo social interétnico y en el dialogo con las instituciones (Finotelli, 2007). Los estudios realizados hasta ahora sobre casos específicos de asociacionismo, confirman la importancia de las asociaciones como actores del dialogo entre la comunidad inmigrante y la sociedad receptora. Como en muchos lugares de España, juegan un doble papel reivindicativo/movilizador por una parte y de cooperación con las 434

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instituciones mediante contactos directos o mediante la participación en distintos organismos de consulta a nivel local, regional o nacional. También es relevante el papel que cumplen en ambos países, a veces como puente hacia organizaciones de carácter general (empresariales, sindicales, de acción social, etc.) a veces complementarias o en competencia con ellas. Para España, y esto es válido para otros países, se señala que las asociaciones y organizaciones cívicas de inmigrantes son un actor de protagonismo y relevancia crecientes, por diversos motivos: por el propio crecimiento y estabilidad de la población inmigrante; por la consolidación e institucionalización de la red asociativa de las distintas comunidades; y porque, como consecuencia de lo anterior, su papel como interlocutores con las distintas administraciones ha adquirido una significación notable (Fernández, Latorre y Medina 2007). 7. 3. Los vecinos y la sociedad civil La sociedad civil organizada, sea en forma de organizaciones patronales o sindicales, en asociaciones de carácter horizontal, como asociaciones de vecinos, de padres, culturales o deportivas, sean en ONGs y organizaciones que trabajan con (y para) los inmigrantes, muchas de ellas de carácter confesional, juegan un papel fundamental en la gestión de los conflictos que se pueden producir en cualquier campo de la vida social y también en relación con la inmigración y la integración de los inmigrantes. Los ataques racistas han provocado el despertar de muchas y activas organizaciones antirracistas no siempre coincidentes en sus planteamientos.También, algunos de los conflictos han llevado a reacciones internacionales, sobre todo de los países de origen de los inmigrantes agredidos. Pero más allá de esta situación bien aceptada en la literatura y en las prácticas sociales, los “vecinos” y la sociedad civil han jugado y juegan otros papeles en los conflictos que tienen que ver o se presentan como ligados a la inmigración. Aunque sólo fuera porque los conflictos se producen a la puerta de sus casas, es sus calles, en sus barrios, la reacción (o la falta de) hace de los vecinos de pueblos y ciudades actores, cuanto menos pasivos como testigos, de esos conflictos.Y algunas de esas reacciones (o falta de las mismas) han sido puestas de relieve en algunos informes nacionales a partir de la literatura académica. En el caso de las revueltas urbanas en Francia, el espacio público donde se desarrolla la violencia entre jóvenes y policía viene marcado por la participación de otro actor en el conflicto: la población adulta que reside en el barrio. Eseverri (2007) señala que algunos autores dicen que la manera en que los adultos ignoran o, en ocasiones, desprecian a estos colectivos de jóvenes genera una tensión entre ambos grupos. Los jóvenes tratan de provocar a los adultos, como una manera de llamar su atención y generar una confrontación (a veces un diálogo u otro tipo de contacto que puede implicar, dependiendo de las circunstancias, distintos grados de agresividad). La ausencia de respuesta por parte de muchos adultos, generalmente movida por el miedo, y la agresividad de los jóvenes, provoca un distanciamiento cada vez mayor entre las generaciones, lo que lleva al desconocimiento y a la generación de mayor inseguridad en la calle (Bouamama 1993). En Alemania se ha señalado el apoyo difuso de los vecinos a los jóvenes mientras asaltaban el centro de refugiados de Rostock. El informe alemán lo describe así: unos 200 jóvenes lanzaron cócteles Molotov y piedras “acompañados por cientos de padres y vecinos aplaudiendo y animándoles” y al día siguiente unas 500 personas intentaron asaltar el centro de acogida de refugiados “observados por una muchedumbre de más de 3000 personas”. 435

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El informe de Italia reporta la creación de numerosos “comités de seguridad” en varias ciudades del norte del país creados por los vecinos como expresión de la preocupación ciudadana por la seguridad que, si no es garantizada por el sector público, ellos la construyen “auto-gestionada”. Sin embargo, según Palidda (2000) la institución de los comités no se debe directamente a problemas relacionados con la seguridad sino a miedos y malestares relacionados con el mal funcionamiento de la Administración comunal y la falta de servicios. En algunos municipios españoles también se han creado en algunos momentos comités de seguridad que rememoraban los históricos “somatenes” catalanes. 7. 4. Los medios de comunicación El papel de los medios de comunicación en el desarrollo de los conflictos es fundamental, y así lo ponen de relieve todos los informes nacionales. Los medios de comunicación, como señala Zapata (2004), “son los principales canales de mediación entre el racismo institucional y el racismo social. Los medios simplemente retroalimentan los estereotipos. Fomentan no sólo su creación sino que contribuyen de forma directa a su consolidación y mantenimiento a lo largo del tiempo”. Pero es cuestionable como incide en la opinión pública los mensajes (las noticias) que perciben en los medios. Finotelli (2007) cita un estudio de Colombo (2007) sobre la evolución de los artículos dedicados a la inmigración publicados por La Repubblica entre 1984 y 2002 y la evolución de la opinión pública sobre la inmigración en Italia, mostrando que a partir de 1991 las dos variables experimentan evoluciones diferentes: un aumento de los artículos sobre la inmigración no parece influir sobre la evolución de opinión pública.“Si, por una parte, la observación de Colombo no nos permite todavía conclusiones generalizadas sobre el efecto de los ‘mass media’ sobre la opinión pública (y sobre los conflictos relacionados que puedan surgir), por otra, nos indica que quizás el efecto es demasiado complejo para poder ser explicado a través de una relación monocausal. Los medios de comunicación son, a fin de cuentas, solo una parte de los actores involucrados en la gestión del binomio conflicto-inmigración” (Finotelli 2007). Por esa razón, en lugar de hacer declaraciones generales sobre el papel de agitación que parecen tener algunos medios en el desarrollo de los conflictos ligados a la inmigración, podemos repasar algunas de las experiencias más significativas. El informe sobre Holanda describe bien este importante papel de los medios después del asesinato de Theo van Gogh (Garcés 2007: ver algunas referencias bibliográficas en su texto): “En los días siguientes al asesinato, la mayoría de políticos y amigos de Theo van Gogh pasaron por el programa televisivo de discusión Barend & Van Dorp y los periódicos se dedicaron no sólo a analizar sino también a evaluar las distintas respuestas. Este protagonismo de los medios de comunicación tuvo efectos importantes sobre los términos y contenido de la discusión. En este sentido, los medios de comunicación no sólo fueron un espacio de debate e información sino que se convirtieron en creadores y transformadores de discurso. En concreto, los medios de comunicación transformaron las posiciones de los distintos actores en una única y a menudo impactante línea argumental. Por ejemplo, Aboutaleb se identificó con una sola frase: “si no os gusta lo de aquí, marcharos” o, más efectista aún, “coged las maletas”.A partir de estas palabras, acompañadas siempre de imágenes donde Aboutaleb aparecía rodeado de guardaespaldas, los medios de comunicación construyeron la imagen de un político valiente, que habla bien alto y con una posición firme. Esta necesidad de argumentos únicos e impactantes tuvo un doble efecto. En primer lugar, hizo que los medios de comunicación se centraran sobre todo en aquellos políticos con una retórica más emotiva y efectista. En este sentido, no es de extrañar que Aboutaleb apareciera en la televisión en 26 436

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ocasiones en comparación con las 15 ocasiones de Cohen, con un discurso más institucional y siempre apelando a la calma. En segundo lugar, el énfasis en los mensajes únicos y sin matices fue acompañado por la necesidad de establecer alianzas y oposiciones entre los distintos actores. Por ejemplo, mientras que Cohen y Aboutaleb fueron siempre presentados de la mano, los amigos de Theo van Gogh fueron repetidamente invitados por su papel de antagonistas en el drama. Frases como la de Heleen van Rooyen en uno de los principales noticiarios del país (“No escucho rabia en Cohen quiero escuchar rabia!”) fueron no sólo dichas en los medios de comunicación sino buscadas y amplificadas por ellos” En Suecia se ha analizado especialmente el papel que han desempeñado en el caso del “Lasermannen” y en la “revuelta política” de Sjöbo. En el caso de “Lasermannen” (el Hombre del Láser) (desde agosto de 1991 hasta enero de 1992, John Ausonious, armado con un arma láser, disparó sobre once personas, todas ellas de piel y pelo oscuros.Antes de ser capturado, mató a una persona e hirió de gravedad a otras diez), los medios de comunicación jugaron un papel importante en la prolongación de esta situación (Gellert 2002). La prensa publicó varios artículos expresando el temor de que el ataque constituyera el comienzo de una ‘guerra de razas’ como habían amenazado con hacer varias organizaciones neonazis, y la tensión entre los inmigrantes y la población sueca alcanzó su punto máximo. En su análisis de la “revuelta política” de Sjöbo, la analista política Paula Uddman (1992) resalta el papel de los medios de comunicación en este proceso. Esta autora acentúa también la importancia de tomar en consideración al estado de la ética y de la integridad de los medios de comunicación como un factor determinante del desarrollo del conflicto (véase Müller 2007). Para el Reino Unido, Latorre (2007) apunta que los medios de comunicación han avivado en ocasiones la amenaza del racismo y la discriminación. En cierto modo, durante los disturbios de 2001, los medios de comunicación (locales, fundamentalmente) colaboraron a crear un contexto de miedo y amenaza entre las distintas comunidades, lo que incitó a la violencia de numerosos grupos de jóvenes, particularmente amplificando algunas noticias relacionadas con la población de origen inmigrante (agresiones, por ejemplo). En Alemania “algunos medios de comunicación (primordialmente Bild, pero también Der Spiegel y otros diarios y revistas serios), como la opinión pública, son responsabilizados de haber contribuido al clima agresivo con su manera de informar sobre el asilo y el correspondiente debate político. Por ejemplo, se interpretó por parte de los medios de comunicación el pogromo de Rostock como un grito por una solución restrictiva del problema de los solicitantes de asilo. Según Winter (2004), los discursos en los medios de comunicación sobre el brote en Rostock-Lichtenhagen eran poco adecuados y hasta reprodujeron ciertos esterotipos racistas” (Kleiner-Liebau 2007). En Italia, según Finotelli (2007),“a menudo se atribuye a los medios de comunicación un papel fundamental en la exacerbación o la debilitación de conflictos relacionados con la inmigración. Los textos de Oriana Fallaci fueron difundidos por el Corriere della Sera antes de la publicación del libro; el mismo periódico ha dado espacio a Giovanni Sartori y a sus consideraciones sobre la sociedad multiétnica. En 1995, simultáneamente a las principales crisis urbanas, la revista italiana L’Espresso daba un empuje a la alarma social titulando su portaba de septiembre con las palabras Bomba immigrati. En aquel reportaje, todos los políticos entrevistados, tanto de derecha como de izquierda, se declaraban partidarios de liberar a los “barrios infestados por inmigrantes”. Actualmente, sobre todo en los periódicos locales, se sigue dando espacio a noticias sobre la criminalidad extranjera o episodios de convivencia interétnica fallida. Según Palidda (2000), han sido precisamente los medios de comunicación locales los que han percibido cómo la inseguridad de los ciudadanos podía ser una 437

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garantía de éxito de ventas.Y ya autores como Dal Lago (2005) han puesto de manifiesto el papel de los medios de comunicación en el desarrollo de un “seguritarismo local” como base de racismo y de conflicto. Los dirigentes de la policía entrevistados por Palidda (2000) destacan el “papel fundamental” de la prensa en la producción o reducción de la sensación de inseguridad, atribuyéndole una “importancia de primera” en condicionar la opinión pública”. La incidencia de los medios sobre los sucesos de la playa de Cronulla ha sido puesta de relieve por Fernández (2007): “Uno de los actores más relevantes señalado por los trabajos disponibles ha estado constituido por los medios de comunicación. Su implicación activa en la ‘alimentación’ de la protesta parece haber sido un aspecto clave del modo en que tuvo lugar la movilización del 11 de diciembre de 2005. Además del respaldo narrativo a la política de islamofobia y segurización del Gobierno Howard por parte de determinados medios, el grupo de comunicación más poderoso de toda Australia, patrimonio del magnate de la comunicación Rupert Murdoch, ejerció a través de sus diarios The Daily Telegraph (Sydney) y The Australian (nacional) una auténtica campaña de movilización social contra lo que construyó como un enemigo público:“los asaltantes de ‘aspecto árabe’. The Daily Telegraph anunciaba “la batalla de la playa” (…) Este diario reprodujo incluso el SMS a través de cuál se convocaba la protesta “este domingo todos los aussies a la orilla norte de Cronulla para apoyar la jornada contra libaneses”. La implicación activa de los medios supuso la creación de una imagen negativa de los jóvenes libaneses cuyo comportamiento en la playa fue construido como antisocial, como no integrable ni asimilable (…) Una mención especial merece la emisora de radio 2GB, en la que unos de los directores de tertulia Alan Jones, ha sido señalado como el “máximo instigador” de la violencia. La expresión de este periodista ‘yo soy el que lidera la cacería’ (I´m the one who´s leading the charge) ha pasado a la literatura sobre este episodio como la expresión que ilustra el papel fundamental de los medios en el enmarque de los episodios en términos de conflicto étnico y racial así como en la incitación a la violencia frente a el ‘otro’ musulmán”. 7. 5. Los grupos radicales Entre los actores de los conflicto había que incluir, por una parte, los actores de actos criminales, sean individualidades o grupos organizados y, por otra parte, los grupos de extrema derecha que no suelen provocar los conflictos pero los exacerban y alimentan el incendio una vez se han producido las primeras llamas. Sobre el primero de estos aspectos no nos detendremos en este trabajo porque no ha sido objeto de análisis en los informes nacionales. Pero conviene recordar el preciso “retrato” personal y social que Garcés (2007) hace del Mohammed Bouyeri, el asesino de Theo van Gogh. En un reciente artículo titulado “¿Cómo se hace un 'yihadista'?”, publicado en El País (el 25 de noviembre de 2007), Irujo (2007) exponía los resultados de un estudio confidencial elaborado por Europol (la organización que agrupa a las policías europeas), titulado “Estudio sobre perfiles yihadistas”. El estudio de Europol asegura que el aislamiento y la frustración laboral, social y política de estos jóvenes es el caldo de cultivo para ser reclutado. Uno de los investigadores señala que “utilizan los recursos del país en el que viven. Parecen integrados, pero no se sienten integrados. No es la integración que ellos quieren.Y en esas condiciones son captados con mayor facilidad por los reclutadores”. Internet es la herramienta principal de captación, propaganda y proselitismo del yihadismo en Europa. El informe de Europol destaca la importancia del grupo (célula) en la vida de estos jóvenes. Sólo dentro del grupo pueden desarrollar su personalidad. El grupo se convierte en parte de su nueva identidad. 438

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Fuera del grupo no son nadie.Ahí encuentran la reafirmación a sus ideas, según se desprende de los testimonios obtenidos por los agentes en las operaciones policiales más importantes contra Al Qaeda en Europa.Y es en el grupo donde se produce el salto de radical a terrorista. “La entrada en el grupo es clave para decidirse a atacar”. El estudio sobre perfiles yihadistas analiza con preocupación los casos de jóvenes terroristas que pertenecen a la segunda generación de inmigrantes y asegura que el aislamiento y la frustración de estas personas es, a veces, superior a la de sus padres. Por el contrario, varios informes nacionales han puesto de relieve el papel de los grupos de extrema derecha en los conflictos ligados a la inmigración.Algunos incluso narran el surgimiento de los partidos políticos de extrema derecha en los años 80 y 90 a partir de la idea central de la xenofobia, como el caso sueco (véase Müller 2007). Pero debemos recordar aquí la importancia que el rechazo a la inmigración ha jugado (y sigue jugando) en el desarrollo y el crecimiento de su presencia e influencia en distintos Estados europeos. “La extrema derecha, además de provocar actos racistas, acude donde se producen sucesos de los que puede sacar provecho o sobre los que puede actuar echando gasolina a un fuego ya iniciado” (Cachón (2005). Este último parece ser un comportamiento muy común como la literatura documenta en España en casos como Ca n’Anglada (en 1999), El Ejido (en 2000) o Elche (en 2004). Pero también ha cometido crímenes de clara inspiración racista como fue el asesinato de la joven inmigrante dominicana Lucrecia Pérez en Aravaca en 1992. Este crimen es destacable en este contexto no sólo porque su autor fuera de ultraderecha, sino por la responsabilidad de esos grupos en la creación de un clima que desencadenó la acción criminal: durante los meses anteriores, distintos grupos de extrema derecha llenaron de pintadas y carteles en contra de la inmigración el pueblo de Aravaca, lo que unido a la actuación de algunos medios de comunicación (que contribuyeron de manera nefasta a la propagación de discurso de “la invasión del extranjero” que la ultraderecha promovía), originó un innegable caldo de cultivo para las agresiones (Calvo Buezas, 1992). Latorre (2007) explica en el informe sobre Gran Bretaña que “la aparición de la extrema derecha en torno a los conflictos ligados con la inmigración no es una novedad en la historia reciente de Gran Bretaña: partidos como el National Front fueron particularmente activos desde los años 60 demandando una política restrictiva de inmigración y, por ejemplo, el movimiento antiracista de los años 70 desarrolló algunas de sus más exitosas campañas en respuesta a las amenazas de algunos grupos de extrema derecha de concurrir a las elecciones generales. En los últimos años, la extrema derecha británica (ante la realidad de una Gran Bretaña multiracial) ha abanderado, además del discurso del control de la inmigración, también otro basado en la identidad nacional, asociando “identidad británica” a “identidad blanca”, que han intentado extender y movilizar en determinados sectores de la población; también durante los últimos años han enarbolado una “identidad cristiana”, en oposición al Islam: el BNP “utilizó recurrentemente [durante los disturbios ] el término “musulmán” como un insulto racista, poniendo énfasis en este “marcado” religioso y burlando por cierto de ese modo la Ley de Relaciones Raciales de 1976, que no nombraba la religión” (Joly, 2005)”. También aparecen las organizaciones de extrema derecha en el conflicto de Cronulla en Australia. Una “extrema derecha australiana (que) no es ni homogénea ni unificada. Sin embargo, el odio racial constituye el fundamento de la mayoría de las organizaciones que la componen (independientemente de su grado de institucionalización). Moshe ha planteado el modo en que, a pesar de la insignificancia social de estas organizaciones, en determinadas condiciones aparecen en la escena pública capitalizando cuestiones como el descontento socioeconómico o, recientemente, el miedo extendido sobre la amenaza del 439

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terrorismo. La estrategia de estas organizaciones se ha basado en la presentación de un “chivo expiatorio” a la sociedad. La campaña de islamofobia racismo presentada por el partido One Nation (partido en el que gran parte de las organizaciones de ultraderecha estaban representadas), constituye el mejor ejemplo de esta idea. Las tres organizaciones que estuvieron presentes en los episodios de Cronulla son Australia First, Patriot Youth League y Blood and Honour. Quienes han dado cuenta de la implicación de estas organizaciones en la protesta subrayan el modo en que dichas organizaciones aprovecharon la masiva convocatoria para hacer valer sus consignas y discursos entre la multitud” (Fernández 2007). 7. 6. La policía La policía ha de jugar un papel en los conflictos cuando éstos suponen una alteración del orden público o cuando lo ponen en peligro. Pero no sólo. Porque la policía puede mezclar estrategias de acción entre la represión y la mediación en numerosos conflictos. Ya hemos visto aparecer a la policía como actor en las “revueltas urbanas” en Francia, frente a los grupos de jóvenes.Y hemos señalado la imagen que los jóvenes tienen de ella por culpa de controles incesantes y discriminatorios, detenciones sin causas delictivas claras y actuaciones abusivas. Pero, como señala Eseverri (2007),“la policía, por su parte, tiene la sensación de no poder llevar a cabo su trabajo y se siente amenazada por la hostilidad y la agresividad de estos grupos juveniles. La resistencia y la falta de respeto a la autoridad que emana de algunas conductas juveniles, lleva a las fuerzas del orden a aumentar el grado de agresividad en sus actuaciones y a desarrollar un trato especial hacia determinados jóvenes en función de sus características físicas. Los ‘jóvenes de los suburbios’, hijos de inmigrantes (de origen magrebí o del África Negra) que llevan una estética similar: ropa deportiva, pelo muy corto, zapatillas de marca muy llamativas y una gorra, colocada en la cabeza con la visera ligeramente inclinada hacia arriba, se convierten en potenciales delincuentes. Esta generalización es lo que provoca, muchas veces, la multiplicación de los errores policiales y abuso de la violencia en la práctica”. El texto de Eseverri recuerda que el último informe de la Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad francés (2004) señala ciertas derivas de la policía, que van de simples abusos de poder a actos violentos. Un estudio dirigido por Wihtol de Wenden sobre policía y discriminación, demuestra que en una gran mayoría de los casos estos abusos se deben a la falta de deontología y formación de los agentes. Entre sus razonamientos, localizan una clara relación de causalidad entre la delincuencia y la inmigración. Estos prejuicios les llevan a desarrollar sus intervenciones como si fueran situaciones de crisis frente a delincuentes peligrosos. Un 95% de los agentes vienen de provincias, no conocen los códigos de lenguaje y el comportamiento de los jóvenes de los barrios, por lo que muchas veces se ven desorientados y sin recursos para actuar (Wihtol de Wenden y Body-Gendrot, 2004) En el caso italiano, Finotelli (2007), siguiendo la argumentación de Palidda pone de manifiesto las dificultades que tiene que afrontar la policía ante el fracaso de la mediación política tradicional y destaca la complejidad de sus funciones como único referente de los ciudadanos en determinadas ocasiones. Según un dirigente policial entrevistado,“la seguridad que antes otros ofrecían de formas diferentes se había convertido en una mercancía rara. Por esto quien la ofrece se convierte en una referencia.” (Palidda 2000). Por esta razón, la policía de Florencia buscó desde el principio un punto de encuentro con los “empresarios de la seguridad”, organizando conferencias de barrio a las cuales eran invitados los dirigentes de los varios comités ciudadanos. El papel sustancialmente represivo de la policía como garante del 440

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orden público ha sido empleado fundamentalmente en la llamadas “campañas de saneamiento” (o “cazas del negro” en jerga) que desde Nápoles a Milán han sido realizadas por unidades de policía contra el comercio ilegal, sobre todo en el centro de las ciudades. Sin embargo, las actuaciones de la policía pueden producir sensaciones de rechazo y persecución entre determinadas comunidades de inmigrantes y exacerbar los conflictos, como demuestran los acontecimientos en Milán entre policía y extranjeros ocurridos este año y ya mencionados en este informe. 7. 7. Los partidos políticos Todos los partidos políticos adoptan posiciones, generalmente en forma de declaraciones, ante los diversos conflictos (manifiestos) ligados a la inmigración. El análisis de sus discursos es un objeto de estudio relevante. No todos los informes nacionales han analizado el papel de los partidos políticos (fuera de la extrema derecha, ya comentada). El informe italiano pone de relieve, tras una larga recapitulación de posiciones y actos, “que las actuaciones de los partidos de derecha, y sobre todo de la Lega Nord, han intentado exacerbar el conflicto en vez que debilitarlo” y en “los partidos de la izquierda y católicos moderados, podemos observar una doble actitud que refleja cierta contradicción entre su ideario social de solidariedad hacia los más débiles y la preocupación por la inseguridad urbana de los electores” (Finotelli 2007). Pero Finotelli (2007) presenta una información referida a Italia que puede tener validez para otros países. Recuerda la argumentación de Zanier, que en su análisis sobre la relación entre las actitudes hacia la inmigración y la orientación política, confirma la existencia de esta contradicción, mostrando que en el caso de los denominados “prejuicios latentes” los electores de izquierda pueden llegar a tomar posiciones similares a la derecha, y que “en determinadas condiciones, formas de discriminación moderna, ‘frías’, aceptables desde el punto de vista normativo, pueden superar los limites de las pertenencias ideológicas” (Zanier 2002).Y que “las retóricas de los programas electorales pueden ser muy diferentes de las políticas implementadas a diario en los distintos ayuntamientos. Pero, más allá de consideraciones teóricas sobre la discrepancia entre programa electoral y actuaciones de ciertos partidos políticos, hay que recordar que no siempre los partidos, ni los de izquierda ni los de derecha, han conseguido dar una respuesta a los miedos de los ciudadanos. De este vacío han surgido formas de auto-organización de ciudadanos, añadiendo un nuevo elemento al conjunto de los actores implicados en la prevención y mediación de conflictos” (Finotelli 2007). Los conflictos pueden incorporar el tema de la inmigración y de la integración de los inmigrantes en la agenda partidista y en la polémica del discurso político, como ocurrió en el Reino Unido tras los sucesos de 2000 y 2001 en que la inmigración adquirió un protagonismo desconocido desde hacía décadas. Latorre (2007) señala como el Partido Conservador acudió a las distintas convocatorias electorales durante este período con un discurso en el que la inmigración y la “identidad nacional” tenían una presencia destacada. En las elecciones locales de 2000, los conservadores consiguieron hacer del enfrentamiento por la política de asilo (sobre la que el Gobierno Laborista había legislado recientemente) uno de los temas de la contienda electoral. En marzo de 2001, en plena campaña de las elecciones generales y en los albores de los disturbios de 2001, el líder conservador, William Hague, pronunció un vehemente discurso ante los simpatizantes de su partido que todos los medios de comunicación y análisis posteriores denominaron como “el discurso de la ‘nación extranjera’” (“foreign land”), haciendo referencia a lo que implicaría una nueva legislatura laborista: el camino hacia una Gran Bretaña extranjera, “el que los británicos se sintieran extranjeros en su propio país” (Kundnani 2001). Frente a este discurso, el Partido Laborista “intentó pre441

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sentarse a si mismo como el partido de la gestión ‘firme pero justa’” en materia de asilo, intentando contrarrestar los aspectos en los que su política de asilo encontraba mayores debilidades. Las elecciones generales de 2001 dieron una abrumadora mayoría al Partido Laborista. El discurso alarmista de los conservadores fracasó en su intento de recibir un extenso apoyo popular, pero este hecho no resta importancia al significativo retorno del discurso nacionalista y anti-inmigración al primer plano de la arena política (Latorre 2007) También el informe alemán hace alusión a la instrumentalización electoral del tema del asilo por parte de los conservadores del CDU/CSU sin hacer caso al riesgo de promover las actitudes xenófobas y racistas en la sociedad alemana (Thränhardt, 2000). El debate prosiguió incluso cuando aumentaron los ataques con motivo racista y xenófobo. Bajo la presión de la CDU/CSU, de los medios de comunicación (especialmente del diario sensacionalista BILD), y de su propia base, el SPD consintió la restricción del derecho de asilo el día de los ataques en Rostock (Kleiner-Liebau, 2007). 7. 8. Los actores “singulares” En los procesos agudos de conflicto, con frecuencia parecen actores que ocupan una posición singular por la influencia (social y/o política) que tienen sus posiciones. Actores que desbordan los partidos o grupos en que se encuadran para tener una relevancia singular. En los informes nacionales aparecen algunos cuyas posiciones, con frecuencia, desbordan las fronteras nacionales. En Italia fue relevante la posición del cardenal de Bolonia Giacomo Biffi, que en su nota pastoral del año 2000 describía los musulmanes in toto como un grupo caracterizado por una “visión integrista” de la vida publica Su postura tuvo cierto eco en otros países europeos (por ejemplo, en España). Pero han sido dos intelectuales italianos los que más eco han tenido: Giovanni Sartori y Oriana Fallaci. Sus posiciones y escritos han tenido un gran eco en muchos países. Los Países Bajos proporcionaron numerosos actores singulares tras el asesinato de Theo van Gogh (bien descritos en Garcés 2007). Unos con posturas muy duras contra los musulmanes como un todo y las políticas multiculturales como la ministra de Inmigración e Integración Rita Verdonk, el grupo de “amigos de Theo” o la diputada de origen somalí Hirsi Ali.Todos reproducían el discurso anti-Islam iniciado por Pim Fortuyn años atrás. Frente a ellos aparecieron personalidades como Job Cohen, el alcalde de Ámsterdam, y Ahmed Aboutaleb, concejal de Ámsterdam para la Diversidad. Todas las posiciones que tomaban estos actores tuvieron mucho eco no sólo en los Países Bajos sino en toda Europa. En Suecia cobró gran relevancia la figura de Sven-Olle Olsson, político local de Sjöbo que orquestó todo el proceso de movilización contra los refugiados y “se convirtió en el líder populista capaz de agrupar las distintas corrientes del descontento existente en una crítica del sistema sueco en su conjunto, una crítica en la que la cuestión de los refugiados sirvió como plataforma para la organización de la rebelión popular” (Müller 2007). En Alemania ha cobrado mucha relevancia la posición en contra de la construcción de la mezquita de Colonia del autor y superviviente del Holocausto Ralph Giordano que ha dado alas a los movimientos de extrema derecha que más se oponen a esa construcción. 7. 9. El Gobierno y las instituciones locales Tanto el Gobierno nacional como las autoridades regionales y locales son actores rele442

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vantes en todos los conflictos que se plantean en su territorio, sean del tipo que sean. A veces pueden ser actores, paradójicamente, por su falta de presencia que puede ser por inacción, por una acción no (suficientemente) visible o eficaz. Pero, más allá de la acción de la policía (que forma parte y depende de estos gobiernos), la presencia más relevante de los poderes públicos son las respuestas institucionales que se dan a los conflictos, sea para cambiar (mejorar) las condiciones sociales que los condicionan y el clima previo a los mismos, sea para aliviar los procesos conflictivos manifiestos ya iniciados, sea para paliar sus consecuencias. Por eso este epígrafe podría suprimirse y pasar directamente al capítulo siguiente de este informe: “Respuestas institucionales ante los conflictos ligados a la inmigración”. Pero hay dos cuestiones que es relevante estudiar aquí porque constituyen “pre-respuestas institucionales”, en el sentido de que no son respuestas a los conflictos pero condicionan las respuestas que se van a dar a continuación y, a veces, pueden ser incluso uno de los elementos que producen, aceleran o agravan el conflicto. Nos referimos a la interpretación que pueden hacer las autoridades públicas sobre las causas de los mismos y la falta de reacción o una acción insuficiente (o mal orientada) en los primeros pasos del conflicto. Al inicio de las “revueltas urbanas” de Francia en 2005, el entonces ministro del Interior Nicolas Sarkozy calificó a los jóvenes que participaban en los disturbios de “racaille de la société” (“escoria de la sociedad”) y prometió restablecer el orden y “limpiar con mangueras a presión los barrios periféricos” (“nettoyer les cités au Kärker”). La juventud se sintió insultada y respondió con más violencia. Si dejamos aparcada una posible interpretación sobre la intencionalidad de agudizar el conflicto por parte del ministro del Interior (que sí habría conseguido su objetivo), y se piensa que el ministro debe contribuir a amortiguar el conflicto, es evidente que sus palabras fueron una provocación y que no hizo sino agudizarlo. Otra situación se produjo en Australia en los sucesos de la playa de Cronulla. Como pone de relieve Fernández (2007), “el modo en que se concibió el episodio determinó claramente el modo en que se gestionó”. La lectura gubernamental de la protesta en Cronulla fue de atenuación de la dimensión racial frente a una concepción más anómica del comportamiento colectivo en la playa. Si bien los acontecimientos desencadenantes (la pelea entre los jóvenes libaneses y los socorristas -surfistas) fue contemplada en términos de conflicto cultural, en la violencia colectiva posterior se enfatizó mucho más el discurso de la desviación social y la criminalidad común que la dimensión política de una protesta que versaba sobre la exclusión de la comunidad de un colectivo concreto.Tampoco las jornadas de “represalias” en las que grupos de jóvenes libaneses llevaron a cabo actos de violencia contra la propiedad, fueron concebidas como protesta, sino que se elaboró un discurso de la etnicización del crimen en términos de “bandas”. El informe sobre Gran Bretaña recuerda como en algunas ocasiones se ha acusado a las administraciones, especialmente a las locales, de tener cierta responsabilidad en el origen de los disturbios de 2001 por la falta de acción para afrontar los problemas que padecen las nuevas generaciones de población de origen inmigrante y, por tanto, la ausencia de una política proactiva y preventiva en la gestión de los conflictos. Porque, como señala Latorre (2007),“de alguna manera, los gobiernos local y nacional han sido los principales destinatarios de las demandas que los jóvenes británico-musulmanes en su expresión del conflicto: demandas de políticas públicas que aborden sus necesidades educativas y de ocio y su discriminación en el mercado laboral, pero también de reconocimiento pleno de su condición de ciudadanos británicos en un marco que respete sus opciones culturales y religiosas”. 443

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Otro tanto se ha señalado para en algunos sucesos en Alemania. Kleiner-Liebau (2007) señala que las autoridades regionales de los Länder, las autoridades locales y la policía reaccionaron de modo insuficiente. Por ejemplo, en Rostock el Ministerio responsable del Land no actuó cuando el alcalde pidió solucionar el problema del centro de acogida. La Administración misma podría haber hecho algo para amortiguar el conflicto porque se hubiera podido alojar en otros edificios a los solicitantes de asilo que estaban acampados. Las autoridades regionales y locales no reaccionaron cuando tres días antes del brote xenófobo recibieron amenazas anónimas y cuando empezaron los ataques al edificio no se movilizó a suficientes fuerzas de seguridad y después de desalojar el Centro se les retiró por completo, a pesar de que los atacantes se dirigían a una casa cercana donde vivían más de cien vietnamitas. 8. ALGUNAS RESPUESTAS INSTITUCIONALES ANTE LOS CONFLICTOS LIGADOS A LA INMIGRACIÓN Las respuestas instituciones ante los conflictos ligados a la inmigración han sido muy variadas, como muestran los informes nacionales. Esa variedad depende, entre otros, del carácter del conflicto que pretender abordar o prevenir, de los marcos institucionales (establecidos, sobre todo, a nivel nacional) y del ámbito de actuación (nacional, regional o local; a veces sólo son tomadas por una administración, a veces son actuaciones coordinadas). Los informes nacionales no han pretendido ordenar las respuestas conforme a un patrón clasificatorio fijado de antemano, con lo cual los investigadores que los firman han puesto el acento en algunas de las respuestas que se han dado en cada país, pero no excluye que haya otras. Por ejemplo, sólo tres informes hablan de la implementación de políticas antidiscriminatorias derivadas de la Directiva 2000/43 de la UE.Y, sin embargo, esas políticas se han desarrollado, eso sí con mayor o menor impulso político y con mayor o menor retraso en el calendario, en todos los Estados miembros porque el plazo de transposición de esa Directiva venció el 19 de julio de 2003. Por tanto, en este capítulo se ordenarán las medidas, sin afán de exhaustividad, en cuatro grandes bloques: actuaciones de mejora de las condiciones de vida de los barrios; respuestas antidiscriminatorias y de lucha contra el racismo; planes de integración de los inmigrantes; y, por último, actuaciones en el campo de la representación, del diálogo intercultural y de “revisión del modelo” de gestión de la diversidad dominante. Con ello dejamos fuera actuaciones significativas como las comisiones de estudio (que señalan, por ejemplo, los informes británico o australiano) o las reformas en el campo del asilo, que ponen de relieve los informes de Suecia y Alemania, aunque ha habido reformas de las normas de refugio y asilo en muchos Estados miembros y hay en marcha una nueva norma comunitaria que derivará del proceso de consulta que ha abierto la Comisión Europea con el Libro Verde sobre el futuro sistema europeo común de asilo (COM 2007 301). 8.1. Actuaciones de mejora de las condiciones de vida de los barrios Las actuaciones específicas más relevantes que se han emprendido como respuesta a algunos conflictos ligados a la inmigración han sido diversos planes y medidas para mejorar las condiciones de vida de los barrios de las ciudades. En esas actuaciones se pueden diferenciar planes nacionales (que se han producido, sobre todo, en Francia) e intervenciones locales protagonizadas por los municipios (a veces con apoyo regional, nacional o europeo, en este último caso a través de programas como el URBAN). La experiencia de Francia es de especial interés por las dimensiones que ha tenido, por 444

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los cambios (a veces radicales) en las políticas y por el impacto mediático que han tenido en todo Europa las revueltas de los barrios franceses desde hace años (hasta producir “réplicas” en otros países).Y analizar estas respuestas es relevante porque, como señala Eseverri (2007) en el informe sobre Francia,“dependiendo de la actuación del Estado y de la eficacia las reformas emprendidas (políticas sociales, apertura de espacios de participación, etc.), el conflicto tiene la posibilidad de atenuarse o agravarse. La relación entre la actuación de las instituciones y permanencia o desaparición del conflicto no es una relación de causa y efecto, pero, como pudo apreciarse durante los años 80 con la atenuación de la violencia en el momento de desarrollo del Movimiento Beur, la postura del Estado influye de manera muy significativa en la evolución de conflicto”. Aunque no pueden ser considerados los conflictos como el indicador clave del éxito o fracaso de determinados planes de actuación, conviene repasar brevemente las distintas etapas de estas políticas en Francia. Para atajar la crisis de los barrios periféricos de las ciudades, los gobiernos socialistas en los años noventa pusieron en marcha los Fondos de Acción para la Integración y dos medidas de especial relevancia: los “empleos para jóvenes” y la “policía de proximidad”; el Gobierno Raffarin (2002-2005) congeló ambos dispositivos y adoptó la represión como respuesta fundamental; se dotó a la policía de nuevas estructuras de intervención en los barrios que Eseverri enumera así: la brigada anticriminalidad (BAC), las unidades móviles especializadas (UMS), las compañías departamentales de intervención (CDI), las brigadas de investigación y de coordinación (BREC), la reforma de la policía de proximidad, etc. El Ministerio de la Justicia desarrolla igualmente nuevas estructuras específicas: agrupaciones locales para el tratamiento de la delincuencia (GLTD), corresponsales o delegados de los procuradores, casas de justicia (MJD), así como la puesta en marcha de procedimientos particulares; lo que permite un tratamiento en tiempo real de la delincuencia (TTR), con salas de interrogatorio inmediatas, etc.Todos estos nuevos dispositivos (y la “impresión formal” que producen de sus acrónimos) se potencia con reformas del Código Penal y con una nueva Ley de la Seguridad Interior (Loi Sarkozy) que da mayores competencias a la policía en materia de control y seguridad. De esa manera “la prevención y el tratamiento de las cuestiones sociales desaparece en beneficio de la lucha contra la delincuencia. Las formas más graves de delincuencia son abandonadas en detrimento de la lucha contra las más ‘visibles’, que son las que provocan miedo y angustia social y, por tanto, son las más urgentes” (Eseverri 2007). Pero la preocupación por la seguridad desemboca en las revueltas de otoño de 2005, que marcan un antes y un después en la política del Gobierno. En este momento, el “modelo de integración a la francesa” se pone en cuestión a la vista de los resultados obtenidos. Se aprueba un paquete de medidas que, por primera vez, ponen el acento en la lucha contra la discriminación. El presidente Chicac promete “extraer todas las consecuencias de la crisis” y anuncia que todos los dispositivos -la Zonas Francas, el plan de renovación urbana, el plan de cohesión social y lucha contra las discriminacione- están preparados para actuar” (Le Monde, 11 noviembre 2005).Y así en 2006 se lanza un nuevo “contrato urbano de cohesión social”, que sucede a los “contrat ville” de los años 80 y 90. Con duración de 2007 a 2012, asegura la intervención del Estado en cinco áreas muy ligadas la las problemáticas específicas de los barrios más desfavorecidos: el empleo, el hábitat urbano, el éxito escolar, la prevención de la delincuencia y la ciudadanía; el Plan tiene más de 50 medidas y en él se recuperan algunas de los instrumentos de intervención social de los gobiernos socialistas de los años 90. Además, se crea una Alta Autoridad para la lucha contra las discriminaciones y la igualdad de oportunidades (HALTE). Los recientes sucesos (noviembre 2007) que han tenido lugar al norte de París tras la muerte de dos adolescentes en un choque de su motocicleta con una coche de la policía, 445

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además de suscitar el temor al renacimiento de las revueltas de 2005, han llevado al anuncio de nuevas medidas por parte del Gobierno francés. En Suecia “las respuestas institucionales a los problemas de cohesión social derivados del fenómeno de la inmigración han sido lentas” (Müller 2007), pero en 1998 el Gobierno aprobó un plan nacional llamado Storstadssatsningen para hacer frente a la segregación y la exclusión social en los barrios urbanos más afectados. La medida implicaba un paquete económico financiado por el Gobierno nacional y las administraciones locales que permitiría incrementar los recursos de los servicios de salud y de los centros educativos locales, además de incentivar las políticas de participación local en 24 barrios de siete comunidades diferentes. Algunos autores han señalado que el poco éxito de este plan se debe a que la segregación se asienta en prácticas de discriminación estructurales e institucionales externas a las propias áreas afectadas y, por consiguiente, los esfuerzos para mejorar la zona no conseguirán erradicar los problemas de marginación económica, política y social. En otros países no se ha respondido con planes nacionales como en Francia (o Suecia), pero se han producido respuestas locales a los conflictos que han tenido lugar en distintas ciudades. En unos casos son respuestas a una crisis “social” vivida como tal en las ciudades y en otros, especialmente en el caso holandés, a una crisis que, simplificadamente y por contraste, podemos calificar de “cultural”. En Italia es de especial interés, como Finotelli (2007) pone de relieve, la experiencia de Turín: tras la crisis de 1995, el gobierno de Turín eligió una estrategia de obra pública para mejorar las zonas degradadas de la ciudad y sensibles al conflicto. Además, la modernización y renovación de los espacios urbanos incluyó la construcción de un hamman árabe en vez de baños públicos. En algunos casos las medidas de recalificación están directamente relacionadas con la seguridad pública: la conversión de zonas periféricas de la ciudad en parkings conlleva la necesidad de una red de controladores que ejercen indirectamente una función de vigilancia sobre el territorio. A estas medidas hay que añadir la instalación en puestos claves de cámaras de TV conectadas con la policía, así como un aumento considerable de las fuerzas de seguridad en la zona. Estas medidas han sido compensadas con la potenciación de servicios sociales para favorecer el diálogo y disminuir las probabilidades de conflicto. Los servicios son financiados a través de fondos europeos o del Ayuntamiento y son explícitamente orientados a la gestión de conflictos. Entre los más importantes, Finotelli menciona la oficina de “Espacios de entendimiento. Centro para la gestión de conflictos” o el proyecto piloto “The Gate - Living not leaving” en el Barrio de Porta Palazzo, en cuyo marco se financian diferentes iniciativas de tipo social, económico y cultural para acompañar los trabajos de recalificación de los antiguos mercados de la zona. Finotelli cita las investigaciones de Allasino que señala cuatro líneas de actuación de las políticas locales para luchar o prevenir los conflictos: la seguridad, la recalificación urbana, los servicios sociales y las políticas para el desarrollo. Según ese autor se trata de ejes fundamentales para la actuación de la administración comunal, que siempre se encuentra en el “ojo del huracán” de las crisis urbanas. Otras ciudades italianas como Génova, Pádua o Ferrara Roma han puesto en marcha también proyectos de actuación, algunos de ellos dentro del marco de proyectos europeos URBAN (véase Finotelli 2007). En Alemania tiene especial interés el caso del barrio Duisburg-Marxloh, que es uno de los mejor estudiados y evaluados por su planeamiento urbano tendente a la mejora de la calidad de vida en un barrio desfavorecido dentro de una gran ciudad y dirigido, al mismo 446

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tiempo, a la integración de los inmigrantes en la sociedad de acogida. Frente a una situación de masivas pérdidas de empleo, malas inversiones, fuerte marginalización social y conflictos interculturales que se agravaron cada vez más, a mediados de los 80 el municipio se vio forzado a actuar. Además, se presentaron en los principios de los años 90 nuevas posibilidades de apoyo por parte de Renania del Norte-Westfalia y de los proyectos europeos URBAN. Kleiner-Liebau (2007) señala que, entre las medidas y programas de fomento del Gobierno regional, se encuentran programas de mercado laboral, especialmente orientados a la inserción de los jóvenes de origen inmigrante, programas para luchar contra la xenofobia y el racismo y un programa para fomentar de una manera integral el desarrollo socioeconómico de barrios desfavorecidos, del que se ha beneficiado el barrio de Marxloh. El “Programa de acción Marxloh” identifica seis ámbitos de acción: 1) renovación urbana, 2) empleo y formación, 3) estructura e infraestructura social, 4) trabajo cultural e intercultural, 5) economía local, y 6) vivienda y entorno de las viviendas. La participación de los empresarios y negociantes inmigrantes (turcos sobre todo) ha sido fundamental en todo el proceso, en el que las iniciativas de dinamización social y cultural del barrio han jugado también un papel relevante y es considerado por los expertos un buen ejemplo de cómo mejorar la convivencia intercultural fomentando la cohesión social y económica de un barrio, de una ciudad (véase Kleiner-Liebau 2007). En Bélgica también se han adoptado durante los años 90 nuevas políticas sociales y urbanas con una fuerte connotación local (véase Brion y Rea 2007). Aunque no están específicamente destinadas a las poblaciones procedentes de la inmigración, se concentran en los territorios urbanos en los que vive sobre todo la inmigración. Estas políticas urbanas se estructuran en torno a dos polos: la prevención en materia de inseguridad y la compensación en materia de lucha contra las desventajas sociales. El informe belga señala que todos los partidos gubernamentales se adhieren a la aplicación de políticas urbanas con este compromiso socialseguritario, lo que las dota de gran estabilidad, aunque unos insistan más en la prevención y otros en la represión. Esta estabilidad de las políticas públicas ha tenido efectos sobre el terreno, y por ello, se ha señalado que las revueltas han aportado beneficios sustantivos a los territorios y a las personas que trabajan en ellos (asociaciones, trabajadores sociales, etc.). Brion y Rea (2007) señalan como “las políticas urbanas constituyen una política de empleo para públicos discriminados en el mercado laboral. La multiplicación de los nuevos oficios de la ciudad (animadores, mediadores, educadores de calle, etc.) ha ofrecido oportunidades de empleo a jóvenes titulados superiores y, especialmente, a jóvenes procedentes de la inmigración, que se enfrentan a la discriminación racial para encontrar empleo. Lo social se ha convertido en una alternativa real al desempleo. Así es como estas políticas públicas han favorecido la aparición de una Welfare Class (Piven y Cloward), es decir un grupo social que vive directamente de las políticas públicas y que saca de ellas los principales beneficios. Permitiendo a ciertos jóvenes voluntarios, estudiantes, desempleados, a menudo muy dinámicos, encontrar un empleo como animadores o trabajadores sociales, las nuevas políticas urbanas construyen también relaciones de fidelidad movilizables en determinados momentos, especialmente en las elecciones locales”. Pero, además, estos trabajadores sociales que trabajan tan pegados al terreno y, a la vez, mantienen constante relación con las autoridades son un “capital social movilizable” en casos de conflictos, porque tienen capacidad para construir “espacios de mediación”. El informe de Garcés (2007) analiza a fondo el contraste entre las respuestas a la crisis “cultural” en torno al Islam que se activan en Ámsterdam y en Rotterdam. Este ejemplo 447

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muestra dos salidas distintas ante un mismo conflicto porque ponen el acento en diferentes políticas y está lleno de enseñanzas. Como señala Garcés, a la que sigo in extenso, el Ayuntamiento de Ámsterdam siempre se ha presentado la inmigración y la diversidad cultural como un rasgo característico y definitorio de la ciudad, lo que se plasma bien en el slogan: “todos somos distintos, todos somos de Ámsterdam”. Por eso no es de extrañar que las políticas que siguieron el asesinato de Theo van Gogh enfatizaran precisamente el diálogo y la comprensión mutua desde la diferencia como mejor forma para combatir el terrorismo, resistir el radicalismo y prevenir la polarización. El programa más significativo ha sido el llamado “Nosotros la gente de Ámsterdam”, que persigue desarrollar un sentimiento común de identificación con la ciudad, fomentar el diálogo ente los ciudadanos, estimular el conocimiento y debate en torno al Islam dentro y fuera de la comunidad musulmana y promover la igualdad de trato y la inclusión social de todos los ciudadanos de Ámsterdam. La necesidad de desarrollar este sentimiento común de identificación en torno a la ciudad parte de un doble supuesto: por una parte, porque se asume que la identidad local es más inclusiva que la nacional y, por otra, porque asume que el énfasis en el “nosotros” es la mejor manera de reforzar los valores democráticos. Para prevenir el radicalismo y la polarización, el programa “Nosotros la gente de Ámsterdam” promueve la comunicación y el diálogo entre personas de culturas distintas y, en concreto, entre musulmanes y no musulmanes. Para ello se han organizado debates en centros culturales de la ciudad, se ha promovido la creación de centros sobre cultura árabe e Islam y, sobre todo, se ha animado a las mezquitas a organizar debates sobre el Islam donde los vecinos del barrio (musulmanes y no musulmanes) puedan expresar sus opiniones o dudas y, así, abrir un espacio para la discusión directa sobre estos temas. Además, para prevenir la discriminación y la exclusión, se han abierto oficinas para facilitar la denuncia de situaciones de discriminación. Frente a Ámsterdam, Garcés muestra cómo las políticas de Rotterdam siempre fueron dirigidas a promover la integración de los inmigrantes. Esto quiere decir que los inmigrantes o, en sus propios términos, “las minorías étnicas tenían que adaptarse en gran medida” a la sociedad y cultura holandesa. Esta visión se acentúa entre 2002 y 2006 cuando el Ayuntamiento pasó en manos de una coalición de tres partidos: el partido de Pim Fortuyn, los cristiano-demócratas y los liberales. Durante este periodo, las políticas de integración pasaron a ser uno de los temas clave. De hecho, el partido de Fortuyn obtuvo muy buenos resultados en las elecciones municipales de 2002 gracias a sus críticas sobre las políticas de integración y, más en general, sobre la sociedad multicultural y la islamización de la cultura holandesa. El programa político que se desarrolló a partir de entonces pasó a centrarse en cuestiones como la seguridad, la ilegalidad, la cohesión social y la necesidad de limitar la presencia de ciudadanos sin recursos. Desde esta perspectiva, el Islam se mencionaba a menudo como obstáculo para la integración y como causa de todo tipo de problemas sociales. Así, por ejemplo, se presentaron propuestas para prohibir la construcción de mezquitas con un estilo arquitectónico “fuera de lo normal”. Tras el asesinato de Theo van Gogh, el Ayuntamiento de Rotterdam desarrolló un programa para evitar procesos de radicalismo islámico. Titulado “Participa o quédate al margen. Programa contra la radicalización y por las oportunidades para la gente de Rotterdam”, este programa tenía un triple objetivo: evitar, controlar y reprimir casos de radicalismo islámico. La dicotomía, esta vez, se construyó en términos de inclusión/exclusión. Esto queda claramente ilustrado en uno de los documentos oficiales del Ayuntamiento: “Rotterdam no da espacio a la radicalización y el extremismo y trabaja para la convivencia de todos los ciudadanos de Rotterdam. El principio de inclusión/exclusión es central. Esto significa que cada ciudadano de Rotterdam (independientemente de su nacionalidad 448

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y religión) que quiera participar activamente en la sociedad tiene que tener plenas oportunidades y recibir ayuda en caso necesario. Esto significa también que aquellos que elijan no participar se excluyen a si mismos y por ello serán tratados con mano dura”. Por un lado, este programa no se alejó mucho de las medidas desarrolladas en Ámsterdam tras la muerte de van Gogh: incrementar las relaciones con las organizaciones musulmanas y mezquitas, estimular el debate entre los distintos grupos e insistir en las normas y valores comunes. Por otro lado, siguiendo el argumento que aquellos que no quisieran participar “quedarían al margen”, se desarrollaron toda una serie de medidas de exclusión. En la misma dirección se publicó (enero 2006) una especie de código de conducta (el llamado Código de Rotterdam) donde se establecían los valores y normas de conducta de los habitantes de la ciudad. Aparte de rechazar la discriminación y estimular el uso del holandés en público, este código contenía puntos implícita y explícitamente dirigidos a la población musulmana. Por ejemplo, se establecía la obligación de avisar a la policía en casos de radicalismo y se prohibía el casamiento forzado o la violencia y presión psíquica sobre las mujeres en relación a su virginidad. Este tipo de medidas de exclusión han sido muy criticadas por fomentar una mayor radicalización. 8.2. Respuestas antidiscriminatorias y de lucha contra el racismo Una reacción bastante común entre la clase política ante actos que pueden ser señalados con, al menos, cierto componente racista es la negación de ese posible carácter racista. Queda bien ejemplificado en el informe australiano por la reacción del gobierno tras los episodios de Cronulla: el primer ministro conservador Howard afirmó “No hay racismo latente en este país” y con ello evita un debate sobre las políticas y prácticas de su propio gobierno en los últimos diez años. Ese fue también el tono del discurso del primer ministro del Gobierno de regional:“No puedo creer que Australia sea un país racista ni que los australianos sean racistas”. Esta negación permite abordar los episodios de Cronulla desde una estrategia puramente policial de ley y orden. En Alemania, el Gobierno socialdemócrata-verde aprobó en el año 2001 un programa de acción para la prevención y la lucha contra la xenofobia y la extrema derecha. Hasta finales de 2006 se ha dotado los tres partes del programa “Civitas”,“Entimon”, y “Xenos” con 192 millones de Euros. El objetivo del programa ha sido fortalecer la actitud democrática y el compromiso civil de los jóvenes y promover la tolerancia y el cosmopolitismo. Por un lado, pretende apoyar a jóvenes que luchan contra la xenofobia y el racismo y, por otro, intenta recuperar los jóvenes que están en peligro o ya muestran actitudes xenófobas y racistas. A través de las tres partes del programa se han financiado aproximadamente 4.500 proyectos. El tipo de medidas más importante puestas en marcha en todos los Estados miembros de la UE-27 ha sido la transposición de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su origen racial o étnico (DOCE, L180, 19.7.2000). Conviene recordar como ha hecho en otro lugar (Cachón 2004) que, paradójicamente, fue la llegada al gobierno de la ultraderecha austriaca la que aceleró la aprobación de las dos directivas de 2000. Recordemos que en octubre de 1999 el ultraconvervador Partido Liberal (FPÖ) de Haider consigue el 27% de los votos y se situó como segunda fuerza política en Austria, lo que le llevó a formar gobierno con los conservadores en febrero del 2000. Las reacciones en Europa fueron de gran preocupación y dos directivas de talante muy avanzado fueron adoptadas por el Consejo con gran rapidez (además de la 2000/43, se aprobó la 2000/78, de 27 de noviembre de 2001, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación). Estas directivas suponen una trans449

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formación notable de los instrumentos jurídicos en la lucha por la igualdad de trato en toda la Unión Europea. El proceso de aprobación de estas directivas es de enorme interés. Desde los primeros años 90 más de 400 actores no gubernamentales se organizaron en el Starting Line Group y, junto con otras ONGs europeas, presionaron sobre las instituciones comunitarias para que se aprobaran medidas contra la discriminación y el racismo. Para promover el debate en este campo elaboraron una propuesta de directiva, conocida como la Starting Line, que recibió el apoyo de muchas organizaciones y que influenció las reformas del Tratado en 1997 y las directivas aprobadas en el año 2000. La importancia de la dinámica generada con este movimiento y la aprobación de la directivas debería culminar con la inclusión de la lucha contra el racismo y la discriminación en las agendas políticas de los Estados miembros (y de los países en proceso de adhesión) y con una amplia participación de los interlocutores sociales y de las ONGs en dicho proceso y no en un rutinario y burocrático proceso de transposición de las directivas al derecho nacional. La Directiva 2000/43 contra la discriminación racial o étnica incluye en su ámbito de aplicación, tanto en el sector público como privado, en el ámbito del empleo, la formación profesional, las condiciones de trabajo, la participación en organizaciones sindicales o empresariales, la protección y seguridad social, la asistencia sanitaria, las ventajas sociales, la educación y el acceso a bienes y servicios públicos, incluida la vivienda. Resalta la importancia del diálogo, tanto con los interlocutores sociales como con las organizaciones no gubernamentales y no impiden acciones positivas en favor de un grupo de personas determinado ni adoptar disposiciones más favorables que las que en ellas se definen. Además, los Estados miembros deben designar uno o varios organismos independientes como “responsables de la promoción de la igualdad de trato entre las personas sin discriminación por motivo de su origen racial o étnico”. Entre las competencias de estos organismos deben figurar las tres siguientes: prestar asistencia independiente a las víctimas de discriminación a la hora de tramitar sus reclamaciones; realizar estudios independientes sobre discriminación; y publicar informes independientes y formular recomendaciones. Estos organismos aparecen como dispositivos clave para la aplicación futura del principio de igualdad de trato (Para un análisis más detallado de su contenido, véase Cachón 2003 y 2004). Todos los Estados miembros han transpuesto esta Directiva a sus sistemas jurídicos nacionales. Con lo cual todos los Estados miembros se han dotado de instrumentos jurídicos muy fuertes en la lucha contra la discriminación étnica. Pero esa transposición formal ni garantiza su conocimiento ni, sobre todo, implica la desaparición de prácticas discriminatorias que son fuente de conflictos ligados a la inmigración, tanto en un plano personal como colectivo.Y esto último es especialmente relevante porque la Directiva 2000/43 introduce el concepto de discriminación indirecta, que se produce “cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúe a personas de un origen racial o étnico concreto en desventaja particular con respecto a otras personas, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios” (art. 2) (el subrayado es nuestro). El uso del plural (personas) que hace posible interpretar esta norma en un sentido de protección contra la discriminación de un “grupo” racial o étnico y, por tanto, dota de un instrumento de lucha por la igualdad de trato no sólo en el plano individual sino también de grupos sociales. No podemos entrar aquí en el análisis y crítica de cómo se han llevado a cabo las transposiciones de la Directiva en los diferentes Estados miembros (varios de los cuales están demandados antes el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea por la Comisión 450

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Europea). Sólo vamos a poner de relieve lo ocurrido en Francia, un país renuente a aplicar esta Directiva y cualquier norma que introduzca diferenciaciones entre los ciudadanos de la República por motivos de origen racial o étnico, aunque fuera para protegerlos. Pues bien, cuando han cambiado esa política se han dotado, como pone de relieve el informe francés (véase Eseverri 2007) de un potente organismo antidiscriminación: de la Haute Autorité pour la luttes des discriminations et l’egalité de chances (HALTE) (Alta Autoridad para la lucha contra las discriminaciones y la igualdad de oportunidades), que ha abierto la puerta por primera vez al tratamiento un conjunto de conductas discriminatorias existentes en la sociedad francesa en diversos ámbitos (como el laboral y el educativo), cuyas víctimas son los jóvenes de los suburbios, por pertenecer a una clase social más humilde y tener un origen étnico diferente al de la mayoría. Desde el HALTE se han llevado a cabo acciones y estudios que contribuyen a sensibilizar a la opinión pública francesa contra la discriminación que antes se ignoraba bajo el manto “igualitario” de la República. Otros países ya contaban con sólidos organismos antidiscriminación, como el Reino Unido, Suecia, Países Bajos o Bélgica. Fruto de la acción de estas instituciones es que, por ejemplo, en este último país las prácticas discriminatorias de la policía sean menos frecuentes que antaño. El informe belga señala que, aunque todavía sea escaso el ingreso en la policía de personas procedentes de la inmigración, los litigios entre los jóvenes y la policía han mermado.Y pone de relieve otro aspecto: el papel desempeñado por los alcaldes en estos cambios de actitud de los policías locales. Suecia ha ido construyendo una potente legislación antidiscriminatoria: en 1999 se aprueba una ley contra la discriminación en el mercado de trabajo por motivos étnicos o religiosos; en 2002 se amplió a la igualdad de trato en las universidades y, desde julio de 2003, a las demás áreas de la sociedad; en 2006 fue aprobada una ley que abordaba la discriminación contra los niños y los estudiantes. En la actualidad está bajo revisión una proposición de ley integral contra la discriminación que pretende unificar las diferentes normas antidiscriminatorias existentes. La proposición incluye la unificación de las figuras del defensor de la igualdad de género, el defensor de los discapacitados, el defensor contra la discriminación étnica y el defensor contra la discriminación basada en la orientación sexual en una sola institución pública: el Ombudsman para el combate de la discriminación (Müller 2007). 8.3. Planes de integración de los inmigrantes Otro tipo de respuestas son políticas más generales que buscan adecuar las estructuras del Estado de Bienestar a los nuevos retos, cuantitativos y cualitativos, que plantea la presencia de inmigrantes. En línea, por ejemplo, con lo señalado en los Principios Básicos Comunes para la Integración en la UE. Esas políticas pueden adoptar la forma de planes o medidas de carácter general o bien en algunos campos del Estado de Bienestar que son más sensibles con la incorporación de inmigrantes. El primer país que ha adoptado un Plan en esa dirección tras la aprobación de esos principios a finales de 2004 ha sido España, cuyo Gobierno aprobó el 16 de febrero de 2007 el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 (PECI). La introducción del PECI es muy clarificadora de la percepción de la situación por parte del Gobierno español. Comienza señalando que la inmigración es una oportunidad y un reto para nuestra sociedad porque “la incorporación a nuestra sociedad de un número considerable de personas inmigrantes, sobre todo cuando la misma se ha producido en un plazo muy breve de tiempo, plantea retos que hay que afrontar. Las dimensiones y características específicas de estos retos que aparecen ligados a la inmigración dependen de los contextos sociales, económicos y políticos en los que se asientan las personas inmigrantes”. Señala a 451

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continuación que “en algunos campos la llegada de inmigrantes ha actuado como un reactivo que ha hecho aflorar algunas de las insuficiencias cuantitativas y cualitativas de los servicios de nuestro Estado del bienestar, como ocurre en el sistema educativo o en el sanitario, en la vivienda o en los servicios sociales”. Además se pone de relieve un hecho que está en la base de distintas percepciones de la inmigración: “los beneficios y costes de la inmigración aparecen desigualmente repartidos entre distintos grupos sociales, porque, aunque la inmigración sea un factor positivo para el conjunto de la sociedad española, unos grupos sociales se benefician más de ella, mientras que otros comparten problemas e insuficiencias en el funcionamiento de servicios públicos con la propia población inmigrada”. Y, por tanto, que en los mismos pueden aparecer conflictos ligados a las limitaciones de algunos de esos servicios en España. Además, señala que la presencia de inmigrantes puede producir la aparición de actos discriminatorios que los tienen como víctimas y en algunos casos problemas de convivencia. Sobre los primeros dice que han surgido en distintos campos de la vida social, como el empleo, la educación, o la vivienda, problemas de discriminación por el origen racial o étnico que es preciso combatir como un primer paso para garantizar la igualdad de oportunidades. Sobre el segundo apunta que “en algunos casos se han registrado problemas de convivencia entre vecinos, especialmente jóvenes, en los barrios de algunas ciudades o en algunos pueblos, conflictos que, con frecuencia, tienen que ver con la concentración residencial de los inmigrantes, con la insuficiencia de recursos sociales a disposición de la población residente, sea española o inmigrada, con la situación de paro o los problemas de exclusión que padecen algunos españoles y extranjeros, o con diferentes prácticas y usos sociales entre distintos colectivos de población. En algunas ocasiones estos conflictos han desembocado en actos de racismo y xenofobia”. Entre las seis premisas sobre las que se ha construido el PECI, se incluye la definición de la integración como un “proceso bidireccional, de adaptación mutua”.Y los tres principios sobre los que fundamenta el conjunto de medidas y programas contenidos en el Plan tendentes a contribuir y fomentar una sociedad cohesionada son los siguientes: 1. El principio de igualdad y no discriminación, que implica la equiparación de derechos y obligaciones de la población inmigrante y autóctona, dentro del marco de los valores constitucionales básicos; 2. El principio de ciudadanía, que implica el reconocimiento de la plena participación cívica, social, económica, cultural y política de los ciudadanos y ciudadanas inmigrantes; y 3. El principio de interculturalidad, como mecanismo de interacción entre las personas de distintos orígenes y culturas, dentro de la valoración y el respeto de la diversidad cultural. No podemos entrar aquí en la exposición de los 115 programas (con 369 medidas) en 12 áreas que contiene el PECI. Pero cabe decir que intenta ser un instrumento proactivo para trabajar en la gestión de conflictos ligados a la inmigración y a favor de la integración de y con los inmigrantes en España. En el verano de 2007 Alemania ha aprobado, por primera vez, un “Plan Nacional de Integración”. Hasta ahora la integración de los inmigrantes ha sido, sobre todo, una cuestión abordada a nivel municipal y es en ese ámbito donde se ha tenido que enfrentar el dilema de tener que manejar un creciente número de extranjeros y de ocuparse de su integración a largo plazo y, sin embargo, de no tener competencias formales para definir los principios generales de la política de inmigración e integración y contar con escasos recursos. Para ello los municipios han venido creando diversos instrumentos de acción: como Frankfurt con su “Amt für Multikulturelle Angelegenheiten” (Oficina para asuntos multiculturales), Berlín con su “Beauftragter für Integration und Migration” (Mandatorio para la integración y migración) o Stuttgart con su proyecto “Stuttgart 2030”. La implementación 452

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de los programas y proyectos se delegó en muchos casos a las redes del trabajo social ya establecidas. Los ayuntamientos vienen ofreciendo a través de ONGs una gran variedad de proyectos y programas como, por ejemplo, promoción del conocimiento de lengua para niños, trabajo con padres, apoyo a jóvenes, prevención del uso de drogas y de delincuencia, formación profesional, promoción de niñas y mujeres, etc. (véase Kleiner-Liebau 2007). En Italia la Ley Turco-Napolitano en 1998 reconoció la necesidad de un modelo de integración “razonable” para prevenir los conflictos e instituyó el Fondo Nacional de las Políticas Migratorias para financiarlo y puso en marcha una serie de medidas a nivel nacional (véase Finotelli 2007). Un ámbito especial donde ha actuado con especial énfasis en Italia ha sido el de la vivienda, donde hay que destacar las acciones de los gobiernos locales. Según Zincone (citada por Finotelli), las iniciativas para promover el acceso de los inmigrantes a la vivienda pueden dividirse en iniciativas de mediación e intermediación, de creación de un patrimonio de viviendas para alquilar y, sobre todo en el Centro Norte, de recuperación y renovación de inmuebles ya existentes. Una de las estrategias más frecuentes ha sido la renovación de viejos edificios, con un papel pionero de Venecia. En muchos países se han adoptado medidas de refuerzo del sistema educativo. En Francia, por ejemplo, se están poniendo en marcha un conjunto de medidas a favor de los centros escolares prioritarios (ZEP), entre las que se incluyen mil profesores suplementarios (cinco por colegio), una enfermera por centro, tres mil asistentes pedagógicos y nuevos dispositivos de apoyo para los alumnos más problemáticos (véase Eseverri 2007). 8.4. Actuaciones en el campo de la representación, del diálogo intercultural y de “revisión del modelo” dominante de gestión de la diversidad Otro (heterogéneo) conjunto de medidas se pueden agrupar en torno a cuestiones de representación, de diálogo intercultural y de gestión de la diversidad. En Bélgica se ha logrado un reconocimiento muy importante de las minorías étnicas por la fuerte representación política que han conseguido.Y, aunque -como señalan Brion y Rea (2007)- este factor no suprime el racismo cotidiano, sí garantiza simbólicamente la toma en consideración de estos grupos minorizados. Desde 1999, las personas pertenecientes a las minorías étnicas más estigmatizadas están políticamente representadas en todos los niveles de poder político (local, regional y federal), tanto en las asambleas parlamentarias como en los gobiernos. Esta representación política demuestra tanto la voluntad de participación política de estas minorías como la apertura de los partidos políticos. Este hecho se produce especialmente en Bruselas.“Estos factores institucionales y políticos no son necesariamente suficientes para impedir el brote eventual de nuevas revueltas. No obstante, constituyen respuestas a la expresión política, y no social, que representan las revueltas. No por ello disminuye la racialización de la sociedad belga, aunque hay prácticas de reconocimiento que contribuyen a atenuar los efectos de las degradaciones de las identidades públicas de los grupos minorizados que provoca el racismo cotidiano e institucional” (Brion y Rea 2007). Algunos países (como España) ya tenían institucionalizado un sistema de diálogo del Estado con el Islam (y con otras religiones) y otros países (como Francia e Italia) los han creado en los últimos años. En Italia, por ejemplo, el Ministerio del Interior ha instituido en 2005 la Consulta Islámica de Italia con el objetivo de favorecer el dialogo institucional con las comunidades musulmanas y encontrar las soluciones más adecuadas para su inserción en el tejido económico y social italiano.Y después de la constitución de la Consulta 453

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han sido firmadas cartas de entendimiento con otras Iglesias presentes en Italia. En abril del 2007 se adoptó la “Carta de Valores”, firmada por todos los miembros de la Consulta, como base de trabajo para el futuro que ha sido criticada en diferentes direcciones (véase Finotelli 2007). Pero lo significativo es que se pongan en marcha un espacio de diálogo intercultural/interreligioso donde se pueden abordar algunas cuestiones de interés mutuo que resultan espinosas. También en Australia se pusieron en marcha dispositivos de diálogo entre las comunidades musulmanas y las agencias de aplicación de la ley con el fin de mantener confianza mutua y mejorar la capacidad de la policía de responder a acciones de abuso, intimidación y discriminación racial y religiosa (Fernández 2007) En algunos países, como Holanda, Suecia o el Reino Unido, los conflictos ligados a los inmigrantes han provocado distintas reacciones que plantean la revisión del modelo “multicultural”. Por ejemplo, en el Gran Bretaña, algunos informes elaborados tras los conflictos de las ciudades (que cita Latorre 2007) ponen de relieve que la construcción de cohesión comunitaria exige el desarrollo de una concepción inclusiva de ciudadanía, común para toda la población, poniendo el énfasis en que se debe conseguir “la unidad, en la diversidad” “encontrar compromisos compartidos, fortaleciendo los vínculos que unen ‘nuestra’ cultura común en sociedades caracterizadas por la diversidad” (McGhee). Se parte ahora del supuesto de que hay que “tender puentes” entre las comunidades, que hay que alejarse de “la retórica multicultural que celebra las diferencias entre comunidades abandonando los elementos comunes que todos comparten” (ibid.) y de que “es más probable que la gente que actúa con un objetivo común interactúe, comprenda y valore las diferencias de manera positiva” (Cantle); porque “el problema del multiculturalismo está en que se interpone en el camino de lo que queremos hacer juntos, porque se basa en el pasado más que en un futuro compartido” (Alibhai-Brown) y por eso “en la Gran Bretaña del siglo XXI necesitamos reimaginar nuestra cultura colectiva con vínculos que unan, mientras que el viejo debate sobre el multiculturalismo sigue mirándose el ombligo, erigiendo nuevas barreras entre grupos en nuestra sociedad, en lugar de permitirnos beneficiarnos colectivamente de nuestra diversidad” (ibid). 9. REFLEXIONES FINALES Comprender para actuar es una vocación, que a veces se oculta o se ignora, de la sociología. Esta intención normativa está detrás del conjunto de trabajos recogidos en este volumen, aunque por las características del proyecto y por sus plazos de realización no se pueda desplegar esa vocación hasta sus últimas consecuencias. Otras posibilidades se abrirán que permitan avanzar por el camino que hemos abierto. No hemos tratado de predecir el futuro pero sí de ver las tendencias que se apuntan desde un presente donde aquel ya está anunciado.Y desde ese mirador se puede señalar que lo que pase mañana con la inmigración y con los inmigrantes en las sociedades europeas depende, fundamentalmente, de lo que, entre todos, hagamos hoy, de las políticas que se desarrollen, de los recursos que se pongan para implementarlas y de las prácticas sociales. La “cuestión migratoria” hay que abordarla alejándose tanto del rechazo (teorizado o práctico, que es irreal o mal intencionado) como del “buenismo” (que es inútil e ineficaz), huyendo de los discursos “implacables” y también de los “impecables”. Sobre la “cuestión migratoria” se debe actuar con eficacia: eficacia en la gestión de la inmigración (de los flujos) y eficacia en la gestión de los conflictos ligados a la inmigración, porque sin eficacia se deses454

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tabiliza la democracia; pero a la par se debe actuar desde la perspectiva de los derechos: derechos bajo el impulso de la igualdad, derechos en igualdad porque sin derechos se deslegitima la democracia. Entramos en una fase de conflictos ligados a la inmigración porque entramos en el momento en que la “cuestión migratoria” y la “cuestión de la ciudadanía” confluyen. En que aquella no se entiende sin ésta y ésta viene problematizada por aquella. Pero en que el reconocimiento formal de derechos puede chocar con su no aplicación en la vida cotidiana y ese contraste se convierte en una fuente de tensión social. En todos los grupos humanos que interactúan, que tienen contactos, hay conflictos.Y sólo en ellos,“los moradores de Sirio no son ‘extraños’ porque son como si no existieran para nosotros, están más allá de la proximidad y de la lejanía” (Simmel 1977). Sólo cuando los otros pasan a formar parte del “nosotros”, es decir, cuando hay en marcha un proceso de integración, de coinclusión social, pueden aparecer los conflictos sociales.Y entablado ese proceso, los momentos de crisis y de transformaciones sociales son el humus donde es más fácil que germinen los conflictos. La comprensión de los conflictos exige analizar las bases sociales de los mismos y enmarcarlos en los procesos de cambio social en curso, estudiar sus condiciones de producción y reproducción, analizar las estrategias de los actores previas a las manifestaciones explícitas de los conflictos y, finalmente, describir su desarrollo y las reacciones que suscitan y volver a analizar las estrategias de los actores. Se trata, a través del análisis, de una “lucha por la interpretación” del hecho social que son los procesos migratorios. Esta lucha no es puramente académica. Se trata luego, y este es otro afán “normativo”, de lograr trasladarlos a la opinión pública, de “imponerlos” en el discurso público, de cambiar el “marco” en el que se produce habitualmente la discusión pública y política de la “cuestión migratoria”. Ya hemos señalado como la inmigración actúa como tornasol que permite diagnosticar algunos de los problemas y limitaciones que tiene, por ejemplo, el Estado de Bienestar en los diferentes Estados miembros.Y, sin embargo, un peligro común es que en lugar del papel de tornasol se les tome como “cabeza de turco” o como “chivo expiatorio” de nuestros problemas haciendo caer sobre ellos las culpas de las crisis de nuestras sociedades y, en ocasiones, haciéndoles víctimas de ataques xenófobos. Lo que se necesita en este campo es la potenciación de los dispositivos tradicionales del Estado de Bienestar para que pueda cumplir con los objetivos de las “viejas” políticas de redistribución y se eviten las tensiones que derivan de las luchas por recursos que se han convertido en escasos, sobre todo, con las políticas de recortes sociales que se han implementado en algunos países y áreas en los últimos años. Lo que ha de lograrse en este campo lo expresan bien los tres primeros objetivos del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 20072010, aprobado por el Gobierno de España: 1. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles, sociales, económicos, culturales y políticos a las personas inmigrantes. 2. Adecuar las políticas públicas, especialmente la educación, el empleo, los servicios sociales, la salud y la vivienda, a las nuevas necesidades que se plantean con la presencia de población inmigrante. Esta adecuación ha de ser tanto cuantitativa, para responder al incremento de los nuevos ciudadanos y usuarios a los que han de atender los servicios públicos, como cualitativa, para gestionar la diversidad de las nuevas demandas, e incorporar los elementos interculturales necesarios. 455

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3. Garantizar el acceso de la población inmigrante a los servicios públicos, especialmente a la educación, el empleo, los servicios sociales, la salud y la vivienda, en igualdad de condiciones con la población autóctona. No hay que olvidar que la urgencia de adecuar las políticas públicas a las nuevas realidades es más acuciante donde siempre lo ha sido: en aquellos servicios que han de atender a las clases populares y a los sectores y áreas que están en una situación desfavorecida socialmente. Esto incluye, naturalmente, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los barrios desfavorecidos de las ciudades. Es ahí donde confluye la nueva problemática que plantea la inmigración con los viejos problemas de la “cuestión social” que es la razón de ser del Estado de Bienestar y, en definitiva, lo que legitima las democracias.Ya lo decía Alexis de Tocqueville (1990), en La democracia en América: creo que los pueblos democráticos tienen un gusto natural por la libertad (...) Pero tienen por la igualdad una pasión ardiente, insaciable, eterna, invencible. Quieren la igualdad en la libertad (...). En nuestros días, la libertad no puede establecerse sin su apoyo”. Pero además de un argumento doctrinal como el del liberal (decimonónico) Tocqueville, cabe recordar, en el caso español, otro (fundamental) de carácter constitucional, porque el art. 9.2 de la Constitución Española de 1978 reza así: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Pero no basta con desarrollar esas políticas universales, que son propias de los Estados del Bienestar, aunque se lleven a cabo desde una estricta igualdad formal de derechos. Son políticas necesarias para fomentar una sociedad cohesionada, pero no son suficientes porque subsisten muchas prácticas discriminatorias que pueden impedir que “la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” como pide la Constitución Española. La lucha contra la discriminación y por la igualdad de trato es un pilar fundamental para conseguir hacer efectivas la libertad y la igualdad de individuos y grupos. Desde la perspectiva de la investigación recogida en este volumen, la lucha contra la discriminación es un aspecto clave en las políticas proactivas de prevención de los conflictos ligados a la inmigración, porque la percepción de la discriminación, el sentimiento de “ser discriminados”, es decir de estar sometidos a prácticas discriminatorias en distintas campos sociales de modo permanente y sistemático, está en la base de la radicalización de algunos colectivos. Esto es especialmente importante con los árabes/musulmanes (EUMC 2006) y, sobre todo, con los jóvenes árabes y/o musulmanes que se concentran en los barrios periféricos de las grandes ciudades europeas. A las políticas de redistribución y de luchas contra la discriminación hay que unir las políticas (y prácticas) de “reconocimiento” de la diversidad cultural o, podríamos decir, las políticas interculturales.Vivimos en sociedades multiculturales en las que conviven diversas culturas, lenguas, étnias y religiones; una multiculturalidad creciente porque las sociedades europeas son cada vez más permeables como consecuencia de las migraciones y de la globalización (cultural).Y esta es una realidad que hay que gestionar para “aprender a vivir juntos en armonía”, como dicen el Parlamento Europeo y el Consejo en la Decisión 1983/2006/CE de 18 de diciembre de 2006, por la que se declara el año 2008 como el Año Europeo del Diálogo Intercultural. En esa Decisión se señala que el diálogo intercultural que contribuye a respetar y promover la diversidad cultural de Europa, mejorar la 456

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cohabitación y fomentar una ciudadanía europea activa abierta al mundo y basada en los valores comunes de la Unión Europea. De esa manera “los ciudadanos europeos, y todos los que viven en la Unión Europea de forma temporal o permanente, deben tener la oportunidad de participar en el diálogo intercultural y desarrollar plenamente sus posibilidades en una sociedad variada, pluralista, solidaria y dinámica, no sólo en Europa, sino también en el resto del mundo”. Como se vaya desarrollando la relación entre el binomio inmigración y conflicto depende, sobre todo, de si los Estados de Bienestar son capaces de mejorar sus dispositivos de intervención social en diversos campos, y de si son capaces de garantizar que estos dispositivos llegan a todos los ciudadanos y grupos en su territorio en igualdad de condiciones y que todos tienen igualdad de oportunidades; depende, de si las administraciones públicas, especialmente los ayuntamientos, son capaces de consolidar dispositivos de mediación y de diálogo que estimulen la participación de todos los miembros de la sociedad y garanticen una gestión preventiva de los conflictos; depende de si las prácticas sociales se adecuan al principio de igualdad de trato y de valoración de la diversidad; depende de si hay un reconocimiento pleno como ciudadanos de los inmigrantes; depende de si hemos puesto las condiciones para que puedan sentarse a nuestra mesa y no estar aquí sólo para servirla. En definitiva, el futuro en este campo depende de si se han hecho realidad las cuatro R (en inglés) que presiden el “Año Europeo de la Igualdad para Todos” que se celebra este 2007: Derechos (Rights), Representación, Reconocimiento y Respeto.

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