COMUNIDADES AFECTADAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DENUNCIAMOS CORRUPCIÓN Y ABUSOS DE EMPRESAS EN REUNIÓN CON REPRESENTES DE LA ONU

05 de septiembre de 2016 

Comunidades y organizaciones sociales señalan a empresas que afectan territorios en la región centro del país

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Empresas incumplen Principios Rectores de Naciones Unidas; empresas como Higa son muestra de ello

El día de ayer, 4 de septiembre, el Grupo de Trabajo Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos acudió a San Francisco Xochicuautla para para reunirse con más de 28 organizaciones, comunidades y movimientos procedentes del Estado de México, así como de Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Chiapas entre otros, cuyos derechos humanos han sido violados por las actividades empresariales, legales e ilegales, apoyadas por instituciones del Estado1. Así como para observar de primera mano las afectaciones que Grupo Higa ha realizado en esta comunidad otomí por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. Esta fue la última reunión del Grupo con comunidades, movimientos y organizaciones sociales, y ahora esperamos las conclusiones preliminares de esta Visita Oficial el próximo 7 de septiembre, luego de haberse reunido en seis ocasiones en lugares diferentes de la república con diversos actores sociales. Confiamos en que el Grupo de Trabajo escuchó a las personas afectadas de 1

Los grupos que participaron e informamos a los medios de comunicación sobre esta reunión somos: representantes de las comunidades de Tlacotepec, Huitzizilapan, Ayotuxco, San Francisco Xochicuautla, Apaxco, San Francisco Magú, Frente Popular 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales de Coyotepec, Administración Autónoma de Agua de Coyotepec, Frente del Pueblo en Defensa del Agua y la Tierra de Temascalapa, Comisión de Aguas del Deshielo de los Volcanes de Amecameca y Pueblos Vecinos A.C., Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, Santiago Tilapa, todas ubicadas en el Estado de México; asimismo, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Guerrero (Cecop), Consejo Shangu Yamuy de Puebla, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos. También acudieron representantes de Procesos Organizativos Comunitarios SocioAmbiental, del Consejo Directivo del sistema comunitario de agua potable del pueblo de Tecámac; de la Ciudad de México, estuvieron también presentes Vecinos Unidos del Poniente de la Cdmx, de los Pedregales ubicados en la delegación Coyoacán, y el Frente Amplio en Defensa de Cuajimalpa; también, hubo presencia de la Comunidad de Chicomuselo y del Comité de Derechos Humanos Chicoasén II, ambas de Chiapas. Durante el acto también expresaron sus preocupaciones sobre las empresas y las actividades económicas realizadas en territorio mexicano, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, la Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanxs “México Mejor Sin TPP”, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A. C., la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red Juvenil en defensa de los Pueblos de Tlaxcala, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, así como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

manera sensible, conociendo en su camino por México la grave realidad a la que se enfrentan personas y comunidades en la conformación e implementación de la política económica del Estado mexicano. Confiamos en que este contexto será valorado con seriedad y completo compromiso con los derechos humanos individuales y colectivos reconocidos en instrumentos jurídicos internacionales del propio Sistema de Naciones Unidas y que el mismo Estado Mexicano ha ratificado, como en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Durante la reunión, se expresó y detalló, de voz de las comunidades afectadas, así como de diversas articulaciones de movimientos sociales y organizaciones, las formas por las que corporaciones transnacionales o nacionales afectan derechos humanos, de pueblos y comunidades indígenas y campesinas a través de proyectos económicos, extractivos, energéticos, industriales o de infraestructura . Asimismo, se ahondó en las falta transparencia en negociaciones de Tratados Comerciales como el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), a pesar de los riesgos que este tipo de acuerdos implican para la sociedad. A su vez, se expresó a detalle los obstáculos que las comunidades y personas violentadas en sus derechos enfrentan en los procesos de acceso a la justicia y defensa de sus derechos, durante la jornada fue evidente que existen criminalización y ataques del Estado o de terceros particulares que enfrentan comunidades y personas defensoras de sus derechos humanos, de sus territorios y bienes comunes. Las principales peticiones al Grupo de Empresas y Derechos Humanos recayeron en la necesidad de que la ONU recomiende al Estado mexicano el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos de pueblos y comunidades tanto indígenas como campesinas, urbanas y rurales, especialmente los pueblos originarios y barrios de grandes ciudades como los que se ubican en la Ciudad de México, cuya identidad debe ser reconocida. Una de las empresas señaladas por las comunidades como responsable del incumplimiento de los Principios de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos fue Grupo Higa, la misma que ha estado relacionado con las afectaciones a la comunidad de San Francisco Xochicuautla y vinculada con casos de corrupción como el de la Casa Blanca y los “Panama Papers”. A su vez, otra denuncia constante es la falta de acceso a la justicia y la impunidad, por lo que durante el diálogo con el Grupo de Trabajo, solicitamos que se recomiende al Estado Mexicano adecuar los mecanismos de acceso a la justicia para que sea posible sancionar los actos y omisiones derivados de las actividades empresariales, que vulneran derechos humanos individuales y colectivos, para combatir la impunidad y garantizar el acceso de víctimas y afectados a mecanismos de reparación integral.