COMPROMISOS PARA EL CHILE QUE QUEREMOS Un nuevo ciclo se inicia en Chile en el que los esfuerzos deben estar en la construcción de una convivencia plenamente democrática para una sociedad más igualitaria. El país ha conseguido logros y progresos de gran significación y, a la vez, hay tantas cosas que resta enfrentar y resolver. Así lo muestra la creciente movilización y demanda ciudadana, a lo largo y ancho del país, que exige respuestas y mayor participación en las decisiones que afectan a nuestra convivencia. Son profundos los cambios que debemos realizar para que podamos, todos y todas, vivir mejor. El principal dolor de Chile y la principal tarea de futuro es resolver la brecha de las desigualdades. En el pasado se intentaron respuestas que no afectaron las ideas individualistas y de mercado que producen y reproducen la desigualdad. Hoy se impone otra lógica y otra responsabilidad: la de los derechos de las personas y los trabajadores/as. Romper la cadena de la desigualdad económica, social, étnica, de género, territorial es la primera tarea para construir la sociedad moderna, democrática y desarrollada que buscamos para Chile. Nuestro propósito es aportar a una estrategia para el buen vivir para las personas y las comunidades, donde impere la justicia y la convivencia plenamente democrática, donde no se imponga la ley del más poderoso, donde no resulte decisiva la cuna de nacimiento y donde las personas puedan construir su propio destino. Aspiramos a una sociedad más democrática, a una economía al servicio del bienestar social, más dinámica e innovadora y a una convivencia respetuosa e inclusiva. Buscamos avanzar con paso seguro y responsable para fortalecer el desarrollo social y el crecimiento económico en el marco de una sociedad de derechos individuales y colectivos y de libertades de las personas para poder organizar y decidir su propia vida. Nuestra incansable búsqueda es por una sociedad justa y participativa, igualitaria, abierta y donde los derechos de las personas se protegen. Creemos que este es un anhelo de país que cruza a las personas y las organizaciones que abogan por nuevas instituciones, donde todos y todas están llamados a participar con una cuota de creatividad, sentido de lo público, responsabilidad social y voluntad transformadora. Nos motiva la idea de recrear la participación, abrir espacios de diálogo, compromiso y deliberación con la causa de una sociedad mejor en todos los sectores y territorios. A la vez, no vemos a nuestro país replegado sobre sí mismo, sino abierto al mundo, formando parte de una vibrante comunidad internacional, jugando un papel 1
relevante en América Latina y participando de los frutos de la integración, la diplomacia, el comercio y el progreso científico del sistema global. Nuestro compromiso es trabajar por el bienestar de la sociedad, potenciando una economía ambientalmente sustentable, resolviendo temas de innovación, ciencia, tecnología y energía. Abogamos por una economía competitiva y capaz de abrir mayores canales de participación, en el marco de un Estado más incidente, tanto para generar el crecimiento económico, como para disfrutar de los beneficios del progreso y el bienestar. Nuestro compromiso se sostiene en el respeto y fortalecimiento de los derechos ciudadanos. Esta es la medida que nos inspira para actuar con responsabilidad y empeño para generar políticas públicas basadas en la dignidad de las personas. Llegó la hora de avanzar en lo sustantivo para hacer de Chile un país de todas y todos. Para llevar adelante este ideario, daremos forma a un programa de gobierno que responda a las necesidades urgentes del presente y a las necesidades fundamentales del futuro. Lo haremos, garantizando la participación y asumiendo compromisos. Pondremos por delante nuestros acuerdos sin por ello evitar el debate de ideas y el diálogo. Este será un proceso, no un acuerdo previo o una verdad revelada, y vamos a construirlo entre todas y todos a lo largo y ancho del país. 2
CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUERDOS PROGRAMÁTICOS La construcción de los ejes programáticos de la oposición unida debe ser coherente con el esfuerzo de hacer posible una convivencia plenamente democrática. Por tanto, su base política se cimenta en el diálogo con los actores sociales en la perspectiva de arribar a una síntesis que interprete a la mayor cantidad de actores sociales y políticos. Por ello, nos proponemos un intenso diálogo en el que la sociedad civil y los partidos políticos, en un proceso de co‐construcción y en base a nuevas y transformadoras ideas, tracemos los desafíos para el Chile que emerge. La propuesta de un diálogo amplio y extendido entre los partidos políticos de la oposición y los actores sociales se sustenta en los siguientes criterios: . El diálogo resguarda los planteamientos de los partidos políticos y los actores sociales. . El diálogo se desarrolla sobre la base de la buena fe y tiene como propósito común la vida con dignidad y plenitud. . El diálogo contribuye a la elaboración del programa de gobierno. . El diálogo se define inclusivo en lo nacional, regional, territorial, sectorial y cultural en todas sus expresiones. Los partidos políticos unidos en este proceso se comprometen a que se produzca en todas las regiones del país, y a poner a disposición de la diversidad de organizaciones ciudadanas y de las personas en general las herramientas que faciliten su participación. . El diálogo busca la mayor representatividad de la diversidad social y política existente en el país. . En el diálogo tienen cabida todos los asuntos de importancia e interés para el movimiento social, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos. Los actores del diálogo Proponemos un diálogo sin exclusiones, abierto a la diversidad de organizaciones de carácter político y social del país. La riqueza de la comunidad organizada cruza todas las esferas de la sociedad civil. 3
Materiales para el intercambio y la formulación de ideas . Acuerdos ya logrados por el conjunto de la oposición ‐como los planteamientos en torno a educación, reforma tributaria y plataforma municipal, entre otros‐ y de los aportes programáticos de cada partido; . Planteamientos programáticos de cada partido; . Planteamientos y propuestas elaborados por los distintos actores sociales y los que han resultado de sus espacios de confluencia. Instrumentos para el desarrollo del diálogo .‐ Técnicas comunicacionales de información y difusión de los diálogos. .‐ Facilitación del diálogo propuesto utilizando herramientas y mecanismos tradicionales – como reuniones y encuentros‐, y virtuales. .‐ Elaboración de una propuesta metodológica de desarrollo de los diálogos (presentaciones, tiempos de debate, relatorías). . Difusión de los planteamientos y resultados de los diálogos desarrollados con los actores sociales a nivel nacional y en las regiones por medios virtuales. .‐ Aseguramiento de recursos económicos para financiar el desarrollo de los encuentros de diálogo. Línea del tiempo La metodología de construcción del programa se asienta en una línea del tiempo que comienza en enero de 2013 y finaliza en julio del mismo año. En términos gruesos, son hitos del proceso: 1. Elaboración de un documento base a partir de la sistematización de objetivos y lineamientos programáticos comunes de los partidos políticos (presente documento, enero). 2. Preparación de los diálogos, considerando: ‐ Conformación de equipos, nacional y territoriales, multipartidarios. ‐ Producción de metodologías e instrumentos comunicacionales. ‐ Acuerdos y programación de diálogos (lugares, fechas) con actores sociales y propuesta de cronograma. ‐ Diseño de diálogos con actores sociales (última semana de febrero y primera de marzo). 4
3. Desarrollo del diálogo con actores sociales y diversos centros de estudios a efectos de precisar y relevar las demandas y propuestas del movimiento social. Participan en este esfuerzo los partidos y sus estructuras territoriales, apoyadas con una estrategia comunicacional que informe sobre el desarrollo del diálogo y las formas de participar (Marzo y abril). 4. Producción de un estudio comparado de las propuestas, en que se establezcan coincidencias y diferencias. Participan en este esfuerzo representantes de los partidos políticos y de sus centros de estudios. (Marzo). 5. Redacción final de Carta de Ejes Programáticos que recoge los objetivos generales, lineamientos principales de acción y medidas prioritarias para un futuro gobierno (Primera quincena de abril). 6. Firma de la Carta de Ejes Programáticos de los precandidatos/as presidenciales a las primarias del 30 de junio (Fines de abril). 7. Especificación técnica de Carta de Ejes Programáticos por parte del conjunto de los equipos profesionales de los diferentes partidos políticos. (Mayo y junio). 8. Entrega de Documento Programático‐Técnico a la candidatura presidencial y firma del conjunto de los candidatos/as a parlamentarios/as (Julio).
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EJES PROGRAMÁTICOS A continuación se presenta el conjunto de ejes programáticos de la oposición, cuyo propósito, junto con identificar los principales nudos de la discusión nacional para el fortalecimiento de la convivencia democrática y la justicia social, es ordenar las medidas prioritarias para un futuro gobierno de la actual convergencia opositora. Las temáticas particulares que constituyen cada eje representan el punto de partida para el diálogo programático abierto, sin restricciones, en la oposición y de ésta con el conjunto de la ciudadanía. Nos disponemos con decisión a dicho propósito. 1. Cambios constitucionales y políticos para profundizar la democracia. Chile necesita una Nueva Constitución y un nuevo marco político y constitucional, que supere el origen ilegitimo del actual Constitución, dotando a las instituciones del país de una nueva normativa que recree y fortalezca el vínculo democrático entre los/as ciudadanos/as, el Estado y sus instituciones. Especialmente, re‐caracterizando constitucionalmente un Estado alternativo a la subsidiariedad, dotándonos de un sistema electoral proporcional, de derechos a voto de los chilenos en el extranjero, de gobiernos regionales electos por votación universal, de iniciativa de ley ciudadana y plebiscitos vinculantes. Abordando problemáticas como igualdad de género, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y derechos y libertades ciudadanas y personales. 2. Consagración de los Derechos Sociales y la necesidad de una efectiva Reforma Tributaria. La sociedad chilena ha explicitado su deseo de contar con el resguardo, seguridad y dignidad en la satisfacción de sus derechos fundamentales. Por ello, es prioritario asegurar, la existencia y fortalecimiento de una educación pública, en todos los niveles, gratuita y de calidad que no discrimine según el origen social de los estudiantes, en concordancia con los documentos de educación aprobados por el conjunto de la oposición. De una salud pública universal con acceso oportuno y de calidad, garantizada en todos los niveles (ampliación efectiva de atención primaria, servicios de urgencia y AUGE) y con un sistema de financiamiento solidario suficiente de copago. De una pensión mínima garantizada al término de la vida laboral, lo que conlleva una profunda revisión del Sistema de Pensiones (AFP), visualizando un sistema de capitalización de carácter solidario y mixto (individual, empleador y Estado). De una política de vivienda social con 6
estándares de habitabilidad garantizados, poniendo énfasis en el incremento de los controles y la fiscalización del uso del suelo y de las empresas inmobiliarias. Con especial atención en el diseño e integración de la ciudad y con criterios de equidad territorial. El aseguramiento de los derechos sociales contribuye a alcanzar una integral calidad de vida, siendo garantía para dicho propósito la reconstrucción y fortalecimiento del sistema público, haciendo posible que el crecimiento económico y sus beneficios sean una meta con impacto equitativo para todos los chilenos y chilenas. Lo anterior, hace indispensable la realización de una Reforma Tributaria real y efectiva, teniendo como base el acuerdo de la oposición en Documento de Reforma Tributaria, de abril del año 2012. Dicha reforma debe sustentarse en el principio que quienes tienen más o perciben mayores ingresos, aporten más a los recursos fiscales necesarios para solventar el gasto social. 3. Reformas Laborales para un Chile más justo e igualitario. Chile necesita un Nuevo Código del Trabajo y una revisión profunda de la actual legislación laboral. El principal origen de la desigualdad social se encuentra en los bajos salarios y el empleo precario, consecuencia directa de los débiles recursos y herramientas con que cuentan los trabajadores/as y las organizaciones sindicales para incrementar la participación de los primeros en la distribución de la riqueza nacional. Por ello, es importante desplegar esfuerzos para fortalecer las organizaciones y la sindicalización de los/as trabajadores/as, fortalecer la negociación colectiva y el derecho a huelga, el fin al multi‐rut y determinar un nuevo método y criterios para el reajuste y fijación en el tiempo del sueldo mínimo. Abordando constitucionalmente la igualdad de remuneración de mujeres y hombres que desempeñan igual cargo o función y otorgando reconocimiento al trabajo no remunerado; revisando la situación y los derechos laborales de los funcionarios /as públicos/as y, asegurando el cumplimento de la normativa laboral por parte del Estado. 4. Un nuevo Estado para un nuevo modelo de desarrollo económico y social. La organización del Estado de Chile debe pensarse desde la responsabilidad social y la solidaridad colectiva, buscando mediante el incremento de sus atribuciones y competencias, favorecer la superación del abuso, de la desigualdad, la disminución de las injusticias y de un desarrollo productivo con tecnologías avanzadas, valor agregado, productividad y empleo de calidad.
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Se trata de proponer y construir un nuevo modelo de desarrollo que considere una nueva estrategia, orientada a la industrialización y productividad con valor agregado, a dotar al Estado de la capacidad de emprendimiento productivo, de producción de servicios y a la creación de una empresa nacional de energía. Considerando para ello, una nueva definición del rol del Estado en la economía y en la redistribución de los ingresos nacionales, fortaleciendo las empresas estatales y mixtas y caracterizando el Estado solidario y responsable como alternativa a la subsidiariedad. El nuevo modelo de desarrollo nos obliga revisar las trabas que impiden al Estado resolver conflictos productivos o participar en asuntos que están mal regulados, fortaleciendo su capacidad regulatoria. Exige una política pública orientada al desarrollo nacional de las ciencias, la investigación, el conocimiento y la innovación, a la protección y estímulo de MIPYME, a la aplicación de medidas contra la concentración económica, a la regulación del mercado y a la fiscalización y protección de los derechos de los trabajadores/as y los consumidores. Al ejercicio pleno de la soberanía económica sobre sus recursos renovables y no renovables, tales como recursos mineros, pesqueros, hídricos, forestales y energéticos. Y a una política que dando continuidad a la apertura económica y comercial a todos los países del mundo, fortalezca las relaciones económicas, sociales y políticas con los países de América Latina y el Caribe. 5. Políticas para el desarrollo regional, la equidad territorial, la sustentabilidad y la protección medioambiental. Es necesario que la nueva estrategia de desarrollo para el país sea depositaria de las expectativas ciudadanas de desarrollo colectivo e individual para todas las regiones y comunas del país, velando por un crecimiento y productividad sustentable, respeto por el medio ambiente y el fortalecimiento de la identidad local. Considerando una modernización del Estado que apunte a una estrategia de desarrollo económico y social para las regiones del país, junto a un pacto de cohesión territorial entre el nivel central del Estado, las regiones y comunas, orientado a cautelar que todos los territorios de Chile puedan desarrollarse en el máximo de su potencialidad y que ninguno se vea marginalizado. Es prioritario abordar un proceso de descentralización y estímulo a la capacidad productiva en regiones y municipios, con especial atención en regiones extremas. Buscando el traspaso de competencias desde el nivel central al nivel regional en materias de fomento productivo para el desarrollo territorial y propiciando una producción y explotación sustentable de los recursos naturales y del medio ambiente. 8
El nuevo modelo de desarrollo en el plano regional y local conlleva un desarrollo económico con equidad territorial y resguardo del patrimonio y las identidades locales, junto a la generación de energías e integración energética sostenible en el tiempo y armónica con el medio ambiente. Asimismo, en el ámbito regional asumimos como prioritario fortalecer los gobiernos regionales y municipales, avanzando desde la descentralización en la elección de autoridades y administración de presupuestos, junto a una nueva ley de rentas municipales. Comisión Programa Convergencia Opositora
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