OPINIÓN | 23

| Martes 19 de novieMbre de 2013

voluntad política. Los juzgados y cárceles del país se llenan

de mulas y pequeños dealers, pero no se persigue el lavado de dinero vinculado al narcotráfico

Combatir al narco de más arriba Romina Manguel —PARA LA NACION—

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ulas, cigarrillos de marihuana, ravioles de cocaína, menudeo, papeles para armar, glasé o celofán, pocas balanzas, contadas cocinas, elementos de corte, quemadores o algunos procedimientos importantes que registran los medios como excepcionales: estas piezas del rompecabezas de lo que se encuentra, lo que se juzga y lo que se condena dejan en evidencia dónde concentró el Estado hasta ahora todos sus esfuerzos en la lucha contra la droga. Hay una gran voluntad paraa perseguir los últimos eslabones de la cadena de consumo y comercio. Voluntad que flaquea de manera grotesca mientras avanza en la escala de responsabilidades. Para muestra, sobran estadísticas. En los últimos 15 años, las causas judiciales abiertas en el país por tenencia para consumo se cuentan de a cientos de miles. Los jueces siguen condenando por tenencia simple y las cárceles se llenan de mulas y vendedores de pequeñas cantidades. Mientras, las condenas de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico son sólo dos en todo el país. Una, en Córdoba. Otra, en Corrientes. ¿Consumen muchos, comercian menos, producen pocos y sólo un par capitalizan los activos y logran hacer circular el dinero negro en el mercado legal? La abismal diferencia de causas entre quien consume o facilita y quien se enriquece con el producido por la venta de drogas revela que hablar de combate al narcotráfico parece exagerado. O al menos ambicioso, si se entiende como una organización criminal. La composición demográfica de las cárceles esconde una respuesta fácil. Las causas acumuladas en los despachos de los defensores oficiales, también. La política criminal antidrogas que imperó en el país no abarrotó de clien-

tes los grandes estudios ni enriqueció las cuentas de los más importantes penalistas: no son los clientes que pueden pagar los que están en problemas. Para comprobarlo, sobra con recorrer el quinto piso y preguntar al azar en cualquiera de las fiscalías federales de Comodoro Py 2002, por ejemplo. Sólo en una fiscalía ingresaron, en los últimos quince días, 255 causas por infracción a la ley 2737, la ley de drogas. ¿Mucho, poco? Depende de cómo se lean estas cifras. Y las carátulas de cada expediente: del total, 243 fueron de tenencia para consumo; cinco, por tenencia simple, y sólo siete, de tenencia para comercialización. La gran mayoría de estas causas no va a llegar siquiera a juicio por razones de sentido común que la Corte esgrimió en el fallo Arriola: la tenencia para consumo que no afecte a terceros ni a la salud pública pertenece a la esfera de lo privado. Del resto, sin el secuestro de los elementos ni decomiso ni detenidos, probablemente quede en la nada. Sin embargo, todas y cada una de esas carpetas de cartulina motorizaron el aparato de Estado como si se tratase de la lucha contra el narcotráfico, que no lo es. Recursos dilapidados, que abarrotan juzgados, fiscalías y comisarías distrayendo a todos y cada uno lo suficiente como para no poder avanzar más. O no querer hacerlo, según sea más o menos ingenua la mirada. Porque la policía tiene que arrestar a la persona que encuentra con tres cigarrillos de marihuana, usar un reactivo para ver de qué se trata, mandar una prueba al laboratorio, comunicarse con el fiscal y el juez que están de turno, sumar a la parodia abogados y peritos para, al final del camino, terminar con un sobreseimiento seguro. Pasan meses, se malgastan recursos y prácticamente ninguno de los judicializados aporta nada que permita llegar a los cerebros de las organizaciones criminales. ¿Entonces? Las legislaciones, incluida la nuestra, tienen una lógica de ascenso: las figuras que se fueron incorporando a la ley de drogas fueron pensadas para penetrar las organi-

zaciones y llegar a sus centros neurálgicos. Un imputado que pretende acogerse a la figura del arrepentido sólo obtendrá la reducción de la pena si aporta información que permita comprometer a un superior. Cuando se infiltra un agente encubierto en una organización es para llegar a sus cabecillas. Pero el país fue a contramano de la lógica elemental: descendió una y otra vez en la escala de responsabilidades. Se busca, se persigue y se condena a los consumidores, a las mulas, a los que comercian al menudeo. En una escalera que permite subir y bajar, por una o múltiples razones parecen estar clausurados los peldaños que permitirían llegar a lo más alto. En la última reforma de la ley de drogas se agregaron figuras procesales como herramientas específicas para combatir el narcotráfico, asumiendo que se trataba de una forma de delincuencia que no se puede reprimir con los métodos tradiciona-

les. Así, en 1989, de la mano de Carlos Saúl Menem y a instancias de Estados Unidos, llegaron al país figuras que sólo conocíamos a través de películas hollywoodenses: el agente encubierto, el arrepentido, el denunciante anónimo, la entrega controlada, la prórroga de la jurisdicción. Se entendieron mal, se usaron peor y pasaron a la historia en el papelón jurídico conocido como el caso Coppola: el ex juez federal de Dolores Hernán Bernasconi las utilizó para encarcelar inocentes; dos policías caricaturescos fueron los agentes encubiertos; ¿el obligado a arrepentirse?, una estrella del Mundial 78, el Conejo Tarantini, y las denunciantes anónimas Samantha Farjat y Natalia de Negri, que rompieron su anonimato hablando de la denuncia en todos los programas de televisión del momento. El ex juez, destituido y detenido, aprovechó la prórroga de jurisdicción para actuar en la Capital Federal y llevarse el famoso jarrón

del departamento de Coppola. Ése fue el gran debut. Otros países del mundo tuvieron más suerte, si de suerte se trata. Italia, con herramientas parecidas, sentó en el banquillo de los acusados al segundo de la Cossa Nostra que declaró como arrepentido contra el propio Silvio Berlusconi. Otra vez, no es el cuchillo sino cómo se lo utiliza. Los recursos están, podrían mejorarse, debatirse nuevas reformas, leyes de derribo o la creación de una DEA Nac & pop, pero sin voluntad política son como los billetes de la droga en negro: no sirven para nada. Las balas en la casa del gobernador Antonio Bonfatti sonaron como un despertador: respondieron todos. La Corte Suprema, los obispos, la procuradora general, el gobernador bonaerense. Y los pocos distraídos que quedaron no pudieron desatender el grito de los jueces del norte del país. Todos parecen tener claro que si no miran hacia arriba no van a encontrar nada. En el último eslabón de la cadena están los que ingresan al mercado legal dinero sucio. Los que lavan. Porque sin esa posibilidad, si los miles de millones se vieran inutilizados, no valdrían nada. Las dos condenas que hay por este delito permiten entender a dónde se llegaría en caso de querer llegar en serio. Incautación de autos de alta gama, propiedades, barcos, campos; en el caso de Corrientes se decomisó hasta una escuela secundaria de 150 alumnos que se había construido con dinero negro. Su directora era la esposa de uno de los narcos, que terminó condenado junto a un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Plata, poder, recursos y la complicidad de quienes tenían que combatirlos y terminaron uniéndose. La de Córdoba fue la primera condena en el país por el delito de lavado vinculado al narcotráfico. La voluntad política determinará si la de Corrientes de este año fue la segunda. O la última. Córdoba y Santa Fe descabezaron sus cúpulas policiales viciadas al servicio de los narcos. La escalera está. Hasta ahora siempre se eligió, en vez de subir, sólo bajar. © LA NACION

Muestras graves de intolerancia Daniel Muchnik —PARA LA NACION—

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ue la conmemoración de la Kristallnacht en la Catedral de Buenos Aires, la semana pasada, como una demostración de respeto que impone el diálogo interreligoso –por el que viene bregando admirablemente desde hace años Jorge Bergoglio– haya sido interrumpida por un grupo de tozudos integristas trae a la superficie dos problemas graves. Primero, el malestar contra el judío para algunos subsiste; por otro lado, se busca desprestigiar la brillante iniciativa del hoy papa Francisco. La Noche de los Cristales Rotos es uno de los momentos más tenebrosos en la historia de la primera mitad del siglo XX. Durante las noches del 9 y 10 de noviembre de 1938, todo el equipo de poder que rodeaba a Hitler organizó y ordenó a sus tropas, a la policía, a las juventudes nazis y a todos los ciudadanos llevar adelante la aniquilación de la propiedad de los judíos en Alemania y en Austria. Fue la respuesta de Hitler, de Goebbels y de Himmler a la muerte de un funcionario de tercera en la embajada alemana en París en manos de un desesperado joven judío

polaco. Unas 300 sinagogas y muchas casas particulares fueron incendiadas, 7500 tiendas terminaron destruidas, cerca de 100 ciudadanos cayeron asesinados y a 20.000 judíos que intentaban huir se los detuvo y se los envió a los campos de concentración de Dachau, Sachsenhausen y Buchenwald. Hay historiadores que elevan esas cifras. Y el mundo no cuestionó esa destrucción con el vigor que era necesario. ¿Cual es, históricamente, el significado de la Kristallnacht? En los hechos, es un eslabón importante de una cadena que tuvo por objetivo eliminar a 600.000 judíos en el seno de la sociedad alemana, acusados de tener el mismo origen que los funcionarios traidores que firmaron el Tratado de Versalles en 1918 (que los obligó a pagar importantes indemnizaciones a los vencedores de la Primera Guerra), de ser los causantes de la inflación, los responsables de la depresión económica que asoló a Europa después del crac de 1929. Algo así como los “judíos culpables de todos nuestros males”. El antisemitismo como ideología no era un fenómeno nuevo. Venía en crecimien-

to desde comienzos del siglo XIX. Muchos odiaron al judío, lo consideraron nocivo para el bienestar de las sociedades. Lo demostraron Karl Marx con su conocido ensayo La cuestión judía y las piezas de oratoria de Mijail Bakunin, el dirigente anarquista que lideró la revuelta de la Comuna de París en 1871. En el otro polo ideológico, sobresalió Karl Lueger, fundador del Partido Social Cristiano en el Imperio Austro-Húngaro. Lueger fue el que propuso, por primera vez, la expulsión de los judíos donde estuvieren, o bien su aniquilación lisa y llana. En su paso juvenil por Viena, Hitler admiró a Lueger. El resto de Europa y Estados Unidos dejaron actuar al dictador germano. Nadie se decidió a detenerlo. Ni Inglaterra ni Francia querían una nueva guerra. En la de 1914, la metralla había terminado con millones. Un enfrentamiento sin rumbo, sólo para demostrar cuál de los contendientes mandaba en el viejo continente. Estados Unidos en los años 30, golpeado por la recesión, mantenía una neutralidad que impedía al presidente Franklin D. Roosevelt abrir la boca y pro-

testar. La nobleza británica y muchos de sus líderes, así como importantes políticos franceses, consideraban que los nazis se encargarían de terminar con los bolcheviques y el desorden social. Las leyes raciales de 1933 y las específicas de Nuremberg en 1935 no habían sido suficientes para que 600.000 judíos alemanes se fueran del país, como deseaba Hitler. Algunos, que avizoraron el futuro, como Hannah Arendt y los profesores de la Escuela de Fráncfort, partieron en el primer momento. Centenares de miles comenzaron a pedir visas en el exterior, con poquísima suerte. Algunos cónsules cobraron millonarias coimas para otorgarlas. O las fraguaron. Entre el 6 y el 15 de junio de 1938, por pedido del presidente Roosevelt, se reunieron en la idílica ciudad de Evian, a orillas del largo Leman, en la frontera con Suiza, embajadores de 36 países para tratar de buscar una solución conjunta a los emigrados judíos. Las declaraciones de los presentes fueron altisonantes, pero el mundo les cerró las puertas, por muy diferentes motivos, a los judíos que huían. Las

cancillerías prohibieron la cesión de visas. Los nazis idearon primero el proyecto Madagascar, un gueto francés en el Índico, para ubicar a los indeseados. No fue posible. No había suficientes barcos para el traslado ni buena voluntad de París. Entonces comienzan a crearse los guetos en tierra firme, que se incrementan con la invasión alemana a Polonia. En enero de 1942, a pocos meses de la invasión alemana a la Unión Soviética, en una mansión de Wansee se reúnen los principales jerarcas nazis, quienes diseñan, tras recibir órdenes superiores, la “solución final”, la masacre definitiva, la industrialización de la muerte en masa. El final ya se sabe; la cantidad de víctimas, también. Es importante recapitular sobre eso que Viviane Forrester llama “la culpa de Occidente”, el ignominioso silencio del mundo, que estuvo informado desde un principio sobre aquel horror. Hoy no falta quien niegue el Holocausto. Y en Europa resurgen los movimientos nazis y los partidos que odian al foráneo, al “distinto”, al “otro”. Pero también aquí, parece, hay muestras preocupantes de intolerancia. © LA NACION

claves americanas

Golpe a la paz en Colombia Andrés Oppenheimer —PARA LA NACION—

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MIAMI

ras entrevistar al ex presidente colombiano Álvaro Uribe poco después de que el gobierno de Colombia anunció que había desarticulado un plan guerrillero de las FARC para asesinarlo, salí más pesimista que antes sobre las posibilidades de éxito de las actuales conversaciones de paz con los rebeldes. El plan de las FARC para matar a Uribe –el líder más popular de la oposición y candidato a senador en las elecciones del año próximo– plantea grandes interrogantes sobre la buena fe de los rebeldes y sobre su capacidad de implementar un posible acuerdo de paz. Según el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos, el autor intelectual del plan de asesinar a Uribe fue “el Paisa”, un ex miembro del Cartel de Medellín que ahora encabeza el Frente Teófilo

Forero de las FARC. Pero la pregunta clave es si el Frente Teófilo Forero actuó aisladamente o con el conocimiento del comando general de las FARC que está negociando la paz en Cuba con el gobierno de Santos. Si se comprobara esto último, aumentarían las presiones para que el gobierno colombiano cancele las conversaciones de paz. Cuando le pregunté eso a Uribe, un duro crítico de las conversaciones de paz, sugirió que el liderazgo de las FARC tenía que estar al tanto del plan para asesinarlo. Las FARC son una organización “articulada” y “jerárquica”, me dijo. Uribe citó otras razones por las que se opone a las negociaciones de paz con los rebeldes, que, según dijo, son responsables de más de 30.000 secuestros y miles de asesinatos. “Mire, las FARC llenan titulares de la prensa internacional hablando de paz, pero en el último fin de semana

secuestraron a los pasajeros de 200 vehículos y asesinaron a cuatro policías. ¿Qué ciudadanía del mundo acepta que su gobierno negocie con el terrorismo y en el curso de esas negociaciones el terrorismo asesine a sus soldados y policías?”, preguntó. Uribe atacó lo que describió como una oferta del gobierno colombiano para que los dirigentes de las FARC no vayan a la cárcel y puedan presentarse como candidatos para el Congreso. “La impunidad es la madre de nuevas violencias –me dijo Uribe–. La historia de Colombia lo ha demostrado.” Pero ¿acaso los procesos de paz no acaban todos con algún tipo de perdón?, le pregunté. ¿No es eso lo que ocurrió en Sudáfrica, Nicaragua o El Salvador? “No se puede comparar el terrorismo de las FARC en Colombia con lo ocurrido en Sudáfrica o en América Central”, respondió Uribe.

Mientras en Sudáfrica el ex líder de la oposición Nelson Mandela combatía contra el régimen del apartheid y los rebeldes de América Central luchaban contra dictaduras o casi dictaduras, en Colombia los terroristas de las FARC “han estado luchando contra una democracia respetable”, argumentó. Pero acaso él mismo, cuando era presidente, ¿no había ofrecido a los rebeldes de las FARC clemencia y representación política?, le pregunté. “Yo nunca ofrecí impunidad”, respondió. “Este gobierno ha ofrecido impunidad y ha permitido la legitimidad política de personas que incurrieron en atrocidades. Hay una gran diferencia”, agregó. Mi opinión: aunque no comparto la oposición absoluta de Uribe a las actuales conversaciones de paz de Colombia, el nuevo plan de las FARC para matar a Uribe me genera un cada vez mayor escepticismo de que

se logre un acuerdo de paz significativo. Si Uribe está en lo cierto y el Frente Teófilo Forero actuaba con conocimiento del comando general de las FARC, eso implica que los rebeldes no están negociando de buena fe, sino siguiendo una estrategia de “combate en todos los frentes”. Y si Uribe está equivocado y el Frente Teófilo Forero actuaba sin conocimiento del liderazgo de las FARC, la situación es igualmente mala. ¿Qué sentido tiene negociar con la dirigencia de las FARC, si no puede controlar a sus combatientes? Lo más probable es que Santos firme con las FARC un papel que ambas partes denominarán “acuerdo de paz”. Pero –y ojalá me equivoque– es muy improbable que ese documento termine con la violencia narcoterrorista de Colombia. © LA NACION Twitter: @oppenheimera