Ciudadana: María León Ministra del Poder Popular del Ministerio de la Mujer de la República Bolivariana de Venezuela. Presente.MANIFIESTO I.- PREÁMBULO 1.- Nosotras, jóvenes, mujeres y madres venezolanas acudimos ante el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, en ejercicio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 51: Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo. Así mismo, amparándonos en el articulo 3 CRBV: El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. II.- REIVINDICAMOS: 1.- Todos los logros históricos que las mujeres hemos conseguido desde los inicios del movimiento feminista a principios del siglo XX, pero exigimos que el Estado cumpla su misión de tutelarlos y protegerlos, así como de generar un espacio social, económico y político profundamente democrático en el que estos derechos se puedan ejercer plenamente. 2.- Que las mujeres hemos avanzado en el ejercicio de nuestros derechos humanos, (políticos y civiles) en el campo laboral se ha conquistado igualdad y respeto como profesionales. Sin embargo, queremos expresar que se trata de un desarrollo asimétrico y siempre precario: el disfrute de estos derechos civiles está limitado por nuestras condiciones socioeconómicas, y si ocurre que la mujer está marginada, no puede estudiar y no tiene una fuente estable de ingresos y a la vez debe criar y mantener sola a sus hijos, es víctima de la violencia, toda la buena intención de estos derechos se convierte en una ilusión utópica, en letra muerta. 3.- Que el disfrute de los derechos políticos de las mujeres está limitado por las condiciones políticas del país. Reconocemos y declaramos que los derechos políticos de las mujeres constituyen un hito en el avance de las democracias en todo el mundo: esos derechos fueron producto de largas luchas democráticas, y si son efectivos y se respetan entonces se convierten en indicadores de la salud democrática de una nación. Sin embargo, si la democracia de una nación está en peligro, el disfrute de esos derechos también está severamente limitado. 4.- Los derechos humanos que consagra la Constitución: pero exigimos que el Estado cumpla su misión de garantizar la seguridad pública y ciudadana, así como el debido proceso y la justicia, para que el derecho a la vida no sea violado 15.000 veces cada año como ocurre en Venezuela. 5.- La cultura de la vida, en vez de una cultura de la muerte, una cultura de la solidaridad, en vez de una cultura del odio, una cultura de la paz, en vez de una cultura para la guerra. III.- RECHAZAMOS QUE: 6.- Las mujeres somos las principales víctimas de la violencia en el país, debemos vivir con el dolor de haber perdido hijos, esposos, compañeros y familiares producto de la inseguridad que está acosando a la sociedad venezolana. 7.- No hay Estado de Derecho, que jueces y policías se burlan de nuestro reclamo de justicia, no es posible que sólo el 1% de las muertes violentas son investigadas y juzgadas.

8.- Lo nefasto e inhumano que es que miles de mujeres venezolanas vivan penurias (en cuanto horas de angustia) para que sus seres queridos que han fallecido víctimas de la violencia o de accidentes les sean entregados en las morgues del país. Que adicionalmente deban rogar y humillarse para les entreguen sus cuerpos y proceder así a darle santa sepultura. 9.- El 60% de los discapacitados son víctimas de la delincuencia, de robos, hurtos y secuestros, sin contar con el apoyo del Estado para las víctimas y sus familiares afectados. V.- PROPONEMOS QUE: 10.- El Estado venezolano reconozca que está en deuda política y moral con las familias de las víctimas de la violencia y del hampa, así como se reconoció ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Costa Rica la responsabilidad directa del Estado por los asesinados durante los sucesos de Febrero de 1989. 11.- El Estado venezolano reconozca que los 15.000 asesinatos ocurridos en el país durante el año 2009 representan una amenaza a la paz de la nación, y que por ello se declare una emergencia contra la violencia, para coordinar políticas públicas positivas para prevenir, combatir y castigar la violencia y el crimen. En tales políticas se promueva la participación de todas las entidades estadales; el poder judicial, el ministerio público, el ejecutivo nacional, las alcaldías y gobernaciones, consejos comunales, parroquias, así como todas las instituciones vinculadas con este problema. 12.- En todas las instancias, nacionales, regionales y locales, se creen y fortalezcan programas de prevención del delito, planes de desarme y pacificación, re-educación en los centros de detención, que contribuyan a ofrecer caminos de corrección para quienes han encontrado en el delito su forma de vida. 13.- El Estado diseñe una seria política de reinserción social para quienes salen de los internados judiciales, que incluya empleo, cultura, música, orientación psicológica y deporte, para que estos compatriotas sientan que pueden volver a ser ciudadanos libres y sanos como todos los demás. 14.- El Estado promueva un discurso de valores por la paz y la no violencia; porque si desde las instancias de poder se incentiva la muerte, la violencia, la guerra, si se les dice que están en el derecho de robar y matar a los otros, los ciudadanos y nosotras, madres y mujeres venezolanas, no podremos hacerlo, porque es el Estado quien tiene el monopolio legítimo de las armas y la violencia. 15.- El Estado y todas las instancias públicas (medios de comunicación, organizaciones sociales y políticas) promuevan un decálogo mínimo de valores que incluyan al menos dos de los que hemos heredado culturalmente de la cultura judeo-cristiana, pero que también están presentes en muchas otras culturas puesto que constituyen delitos: “No robarás” y “No matarás”.