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POLITICA

I

Sábado 20 de diciembre de 2008

FALLO POLEMICO Y LAS REACCIONES POLITICAS OPINION

Una queja de Fayt sacudió el Congreso

La ausencia de una estrategia

Los legisladores oficialistas rechazan las críticas a la falta de leyes que agilicen los procesos

RICARDO GIL LAVEDRA PARA LA NACION

LAURA SERRA LA NACION La demora en el trámite de más de 800 causas judiciales por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar desató ayer una fuerte polémica entre el oficialismo legislativo y el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt, que responsabilizó al Congreso de no haber sancionado leyes que permitieran agilizar los juicios contra represores. “Hay 800 juicios parados y eso no es culpa nuestra. Es culpa del Congreso”, advirtió el juez Fayt en relación con la decisión de la sala II de la Cámara de Casación de ordenar, anteayer, la liberación de unos 20 represores, medida que fue apelada. Y la reacción del oficialismo no se hizo esperar. “El reclamo de Fayt es inexacto”, respondió el jefe del bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi (Santa Fe). “Este año, el Congreso sancionó un paquete de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con el objetivo de agilizar la totalidad de los juicios penales y, fundamentalmente, las causas en trámite por violaciones de los derechos humanos y el terrorismo de Estado.” La vicepresidenta primera de la Cámara baja, Patricia Vaca Narvaja (Córdoba), también cuestionó a Fayt: “Sorprende la ligereza con que un miembro de la Corte Suprema se refiere al Congreso, atribuyéndole culpas que no corresponden, en vez de referirse a las argucias con las que distintos estamentos judiciales demo-

Las leyes votadas Recursos Se modificó el Código Procesal para establecer que la existencia de recursos pendientes de resolución ante la Cámara de Casación Penal, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal o la Corte Suprema en ningún caso impedirá la elevación a juicio de las actuaciones. Nuevas instancias Se creó la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital, para descomprimir la sobrecarga de Casación.

ran los juicios contra represores”. “Los jueces pueden y deben resolver las causas de violaciones por los derechos humanos sobre la base de la legislación en vigor –enfatizó la senadora oficialista Marita Perceval (Mendoza)–. Esta les otorga atribuciones que les permiten claramente arribar a un fallo rápido.” Las leyes a las que se refiere el oficialismo establecen modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación con el propósito de agilizar las causas pendientes, así como disponen la creación de la nueva Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. Sin embargo, estas iniciativas –aprobadas con el apoyo de oficialistas y opositores– no han resultado suficientes, según la opinión de destacados juristas.

La posición opositora El radicalismo había presentado el año pasado un proyecto de Ricardo Gil Lavedra y Andrés D’Alessio con el que esperaban agilizar las causas contra represores, pero ni siquiera se llegó a debatir en las comisiones. “Porque lleva la firma de la UCR, la soberbia kirchnerista no quiso nunca debatir este proyecto. Hoy lo estamos lamentando”, enfatizó el presidente del radicalismo y senador Gerardo Morales (Jujuy). A esas críticas por la falta de medidas procesales adecuadas se sumó el bloque de Pro. El diputado Federico Pinedo dijo que le parece “insólito” que las causas no tengan aún sentencia y consideró “indispensable” modificar el procedimiento.

Proyecto radical La reforma que nunca se debatió La UCR propuso un proyecto de Gil Lavedra y D’Alessio, que propone que la etapa de instrucción de la causa se aboque a certificar el delito y la individualización de sus posibles autores. La parte sustancial del proceso es la etapa de juicio. Unificación Propone unificar las causas por centro de detención, y deja en manos del juez la opción de desdoblar el trámite y la concentración del dictado de las medidas de prueba.

DYN

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, ayer, durante la presentación de la mesa de Diálogo Social

Carrió: “Hacen demagogia con los derechos humanos” Atribuyó a la Presidenta la lentitud de los juicios contra represores JAIME ROSEMBERG LA NACION “Se dicen defensores de los derechos humanos y no hicieron nada. Esto demuestra su indiferencia y falta de compromiso con el tema”, dijo ayer Elisa Carrió, en referencia a la presidenta Cristina Kirchner y su esposo. El día después de la decisión de la Justicia que ordenó liberar a una veintena de represores de la última dictadura militar, la líder de la Coalición Cívica pegó dónde más le duele al kirchnerismo. Calificó de “demagógica” la actitud del Gobierno con respecto al juzgamiento de la represión ilegal y afirmó que la Presidenta “no hizo nada” mientras era senadora para impulsar proyectos que agilizaran las causas contra los delitos de lesa humanidad que la UCR presentó en la Cámara alta a mediados del año pasado. “Nunca impulsaron la ley, se resistieron siempre, tenían mayoría en ambas cámaras y podrían haber cam-

biado la legislación”, afirmó Carrió en el instituto Hannah Arendt, donde presentó la mesa de diálogo social de la CC junto al diputado y ex piquetero Héctor “Toti” Flores.

Antecedente Se refería al proyecto ideado por los constitucionalistas Ricardo Gil Lavedra y Andrés D’Alessio, que proponía una serie de medidas para unificar y acelerar distintas causas contra militares acusados de violaciones de los derechos humanos. Carrió, que dialogó con Gil Lavedra y otros dirigentes radicales durante la jornada, tenía muy en mente el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que suspendió las prisiones preventivas de los ex capitanes de la Armada Alfredo Astiz y Jorge Acosta (“El Tigre”), aunque ambos seguirán presos. “El fallo es legal, aunque no nos guste. ¿Qué hacía, señora Presidenta, mientras la ley dormía? Seguramente haciendo fotos en el exterior”, atacó Carrió.

La líder de la Coalición Cívica aprovechó el encuentro para festejar la marcha atrás del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri en sus acuerdos con el empresario cercano al kirchnerismo Cristóbal López por el juego en la ciudad. “Son días de victoria para la Coalición Cívica”, se ufanó, y prometió “dar batalla” para que el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli siga el mismo camino. Preocupada por la “dramática” realidad social del país, Elisa Carrió dijo estar “con el espíritu navideño” y defendió al vicepresidente Julio Cobos, “que es atacado por un dictador y jefe de la asociación ilícita”, en referencia al ex presidente Néstor Kirchner. De campaña, y “en operaciones” presidirá hoy un acto con peronistas de la coalición en Lanús.

Más información. Entrevista a Ragmar Hagelin, por Lucrecia Bullrich. www.lanacion.com.ar

Aniversario

Y FONDOS RESERVADOS

La Corte Suprema de Justicia al resolver los casos “Arancibia Clavell”, “Simón” y “Mazzeo” siguió la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual se encuentra en vigor, desde mediados del siglo pasado, una norma consuetudinaria del derecho internacional que prescribe que los delitos de lesa humanidad no pueden ser amnistiados ni prescriptibles ni indultados, sino que siempre deben ser juzgados. El mismo tribunal internacional ha sostenido que cualquiera fuera la gravedad o naturaleza del crimen su persecución debe darse en el marco del pleno respeto de los derechos humanos de los imputados y, muy recientemente, ha condenado a la Argentina por no haber respetado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad. La prisión preventiva está destinada a asegurar el juicio, no a castigar, por lo que no resulta admisible su extensión más allá del plazo que estableció el legislador argentino. La resolución de la Cámara de Casación de no prorrogar la prisión preventiva de sujetos imputados de delitos de lesa humanidad, luego de permanecer en prisión durante siete años sin juicio, parece adecuarse a los estándares internacionales de interpretación de las reglas constitucionales del debido proceso legal. La destemplada reacción del Gobierno contra los jueces violenta la independencia de los magistrados, ignora que los derechos humanos tienen vigencia aun para los autores de los delitos más horrendos y encubre la ausencia de una estrategia estatal para que los bárbaros crímenes de la dictadura sean juzgados en un plazo razonable. Este episodio debe hacernos reflexionar acerca de que el cumplimiento de la obligación estatal de investigar y juzgar delitos gravísimos requiere de medidas útiles a ese fin, no de gritos, exabruptos o denuestos a terceros, que sólo evidencian incapacidad de gestión e ignorancia del carácter universal de los derechos humanos.

El autor es ex camarista federal.

Por NIK

Acusan a Ruckauf de haber sustraído plata del Senado ADAM JOHN ELEOD y MONICA PÉREZ ARIAS agradecen a sus familiares y amigos el cariño y apoyo recibido con motivo de su casamiento

El Dr. Julio César Millán y familia agradecen a los Dres. Prof. José Navia y Jorge Alberto Bilbao y demás personal médico, de enfermería y administrativo del Hospital Universitario Austral, por la excelente profesionalidad y atenta atención brindada durante su internación, deseándoles muy felices fiestas

ARNOLFO y SUSY CALVO. En sus bodas de oro, sus hijos, hijos políticos y nietos los felicitan por tanto amor compartido

El doctor CÉSAR ARIAS participa el casamiento de su hijo PABLO CAMILO con la señorita EVELINA PIERUCCI, en la iglesia San Pedro Telmo, hoy, 21 hs.

Dr. RAÚL BARTOLOME CÚNEO. - A 25 años de su fallecimiento su familia lo recuerda con inmenso amor y cariño

Son 2,5 millones de pesos; el ex vicepresidente rechazó los cargos PAZ RODRIGUEZ NIELL LA NACION El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer la indagatoria y el procesamiento del ex vicepresidente Carlos Ruckauf por la presunta sustracción de más de 2,5 millones de pesos de fondos reservados del Senado. De acuerdo con la investigación, Ruckauf no rindió cuentas del destino del dinero porque la ley secreta que regía su manejo no lo obligaba a hacerlo. En teoría, eran fondos que sólo podían destinarse a “seguridad e inteligencia”. En diálogo con LA NACION, Ruckauf rechazó los cargos. “Nunca nadie me comunicó que existiera esa causa. Estoy muy tranquilo porque nunca me he quedado con dinero del Estado. Nunca saqué dinero para mí y jamás nadie me ha acusado por un hecho de corrupción”, dijo. Y explicó: “No recuerdo específicamente de qué se trata, es difícil acordarse, pero si está documentado es porque era dinero que tenía un destino específico. Cualquier pregunta que quiera hacer el juez, estaré disponible para responderla”. De acuerdo con el requerimiento presentado por Pollicita al juez Norberto Oyarbide, Ruckauf montó “un mecanismo irregular y sin respaldo legal que, ante la inexistencia de sistemas de control financiero o contable, le permitió, en el período de tiempo comprendido entre agosto de 1995 y noviembre de 1999, apropiarse periódicamente de sumas de dinero que debían ser aplicadas por ley a seguridad e inteligencia del Estado hasta alcanzar el monto total de $ 2.605.579,88”. Según el fiscal, Ruckauf hizo 58 retiros, la mayoría de 50.000 pesos: “A partir de 1995 y mientras Ruckauf ejerció la presidencia del Senado, se implementó en relación con el manejo de los fondos reservados un mecanismo irregular a través del cual el nombrado, a diferencia de sus predecesores en el cargo, se apropió de una parte importante del dinero en cuestión”.

Y AMENAZAS

Indagan en La Pampa al ex ministro Matzkin ARCHIVO

Según el fiscal, Ruckauf hizo 58 retiros de dinero

Investigado Fondos reservados: el fiscal acusa a Carlos Ruckauf de sustraer fondos reservados del Senado, cuando era vicepresidente de la Nación. Sin rendición: desde el gobierno de Alfonsín, los vicepresidentes tenían la facultad de retirar fondos sin rendir cuentas para cubrir gastos de la Cámara. La diferencia: pero el fiscal de la causa acusa a Ruckauf de haberse quedado con más de 2,6 millones de pesos/dólares. La réplica: Ruckauf dijo que desconocía la causa y negó haberse quedado con esos fondos públicos. “Nunca saqué dinero para mí”, dijo el ex funcionario a LA NACION.

El fiscal explicó que otros vicepresidentes habían utilizado esos fondos para el mantenimiento de los bloques parlamentarios y para el pago de aguinaldos y sostuvo que Ruckauf, en cambio, se habría quedado con el dinero: “Hizo abuso de su facultad de administración para apoderarse a título personal y en forma sistemática de una importante parte de los mismos sin que exista algún tipo de legislación, acto administrativo o reglamentación interna que justifique dicho proceder o que permita vislumbrar que ese dinero se utilizó con una finalidad legal”. Con estos argumentos, Pollicita le pidió a Oyarbide que citara a Ruckauf y a su secretaria de entonces, Matilde del Valle Guerrero, a declarar como acusados, y que dictara luego sus procesamientos. El delito que les imputa es el de peculado, cuya pena es la “reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua” como funcionario.

SANTA ROSA.– El ex ministro del Interior Jorge Matzkin enfrentó ayer a la mañana, por primera vez en su vida, una declaración indagatoria por haber, presuntamente, amenazado de muerte a un empleado rural. Durante una hora de declaración ante la jueza Laura Armagno, el ex funcionario nacional negó haber amenazado al encargado de la estancia La Guitarra, Hugo Ponce, según dijeron fuentes cercanas a la investigación. Las supuestas amenazas las efectuó al empleado de Eduardo Tobal, el productor rural que ocupaba el campo que el ex funcionario adquirió recientemente, en medio de un escándalo. Los incidentes se produjeron el pasado 26 de noviembre, cuando Matzkin fue al campo La Guitarra –a 14 kilómetros de Santa Rosa, en el cruce de las rutas nacional 35 y provincial 14– e intentó desalojar por la fuerza a sus ocupantes. Matzkin llegó al campo a las 8 y le dijo al encargado Hugo Ponce

que se tenía que ir del predio. Ponce, entonces, le dijo que no lo comprometiera y que se fuera, porque el dueño era su patrón, Eduardo Tobal. Frente a la resistencia del encargado del peón, Matzkin habría dicho: “Los voy a limpiar a todos”, según expresó Ponce en su denuncia. Matzkin adquirió el campo La Guitarra en 2,4 millones de dólares, a Rodolfo Requejo, el mismo que había iniciado la venta a Tobal. Estos dos últimos tuvieron diferencias luego de la firma del boleto de compraventa y la cuestión se dirime en un juzgado civil de Capital Federal. Más tarde, una resolución de la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal resolvió desalojar a Tobal, en favor de Rodolfo Requejo, a pesar de que éste vendió. Matzkin, ministro en la gestión de Eduardo Duhalde (2002-2003) y hoy sin ningún cargo, fue presidente del bloque de diputados nacionales del PJ en la década de los 90 y viceministro del Interior de Carlos Menem.