AÑO 14 N.º 151 MAYO de 2013
agroDATA AGROdata
Notas 1
2
2
Término utilizado en las teorías del comercio internacional. Se dice que una balanza muestra un superávit (o es superavitaria) cuando el resultado de restar las exportaciones menos las importaciones es positivo; en caso contrario, cuando el resultado es negativo, la balanza muestra un déficit (o es deficitaria). Del inglés free on board (libre a bordo). El valor FOB es el valor de mercado de las exportaciones en las fronteras aduaneras de un país.
103
950 850
370
650
Expor. Tradicionales
253
Fe
En
3
3 e1
c1
Importaciones
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2
2
2
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t1
2
2
2
16
314 -2
-39
Di
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12
2
ar
2 e1
b1
384
356
-10
-106
Expor. No tradicionales
308 32
290
231
p1
-75
315
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-30
281
2
-8
-150
227
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203
-50
273
40
18
84
123
158
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28 247
352 348
157
Ag
50
47 231
2
279
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Ju
150
81
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250
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84
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350
374
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M
450
325
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418 391
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328
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550
116
24
29
35
104
20
No
750
Fe
Balanza
Fuente: Minag, Sunat. Elaboración: Cepes.
Gráfico 2. Evolución de las exportaciones agrarias, 2011-2013 Miles de t
Precio FOB*
300.0
2.9
250.0
2.7
200.0
2.5 2.3
150.0
2.1 100.0
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En 2012, según el Minag, las exportaciones agrarias ascendieron a US$4,390 millones, cifra que sustentó un superávit1 de US$202 millones en el intercambio comercial. Los productos no tradicionales son una parte importantísima en la composición de estas exportaciones (ver gráfico 1): uvas frescas, espárragos, mangos, bananas, entre otros, que vienen liderando este rubro. En promedio, el valor de los productos no tradicionales representa el 80% del total agroexportado, destacando febrero del 2013 con la participación más alta: US$253 millones (94%), de un total de US$269 millones. De los catorce meses analizados, la mitad de ellos correspondieron a una balanza comercial agraria superavitaria, mientras que la otra mitad se caracterizó por una balanza deficitaria. La mayoría de las balanzas negativas se registran en los primeros meses del año, mientras que las positivas se concentran en el segundo semestre (2012); es decir, un factor clave parece estar detrás: la estacionalidad. Probablemente, esta sea una de las razones por las cuales el primer bimestre de este año presenta balanzas negativas. La respuesta a estos indicios la podemos encontrar en el gráfico 2. Empecemos por desagregar el valor FOB2 de las exportaciones agrarias, en sus volúmenes y precios, para explicar de manera exhaustiva el factor de la estacionalidad. Dos características son evidentes a partir de la comparación mes a mes durante 2011 y 2012. Primero, la trayectoria de los volúmenes parecen tener un mismo comportamiento: las curvas azul y naranja intensas siguen una trayectoria similar, hasta el punto de que en algunos meses parecen superponerse. Segundo, la trayectoria de los precios no siguen comportamientos similares: las curvas azul y naranja tenues presentan un curso totalmente aleatorio y, en algunos meses, hasta contracíclico. La razón de ello es que los volúmenes dependen y se determinan en su mayor parte por la oferta doméstica, la cual está supeditada a las condiciones climáticas, el calendario agrícola, etc., mientras que los precios se determinan en libre mercado (externo), por las variaciones del tipo de cambio, etc. En este sentido, la estacionalidad observada debe ser explicada sobre todo por el volumen exportado, antes que por los precios. Para completar el análisis es importante evaluar un factor de demanda: los principales destinos de las agroexportaciones (ver cuadro 1). Lidera la lista EE.UU., que con su alta participación en el valor FOB siempre mantuvo el primer puesto. En general, Holanda ocupó el segundo lugar, mientras que España, Ecuador y el Reino Unido representaron el tercer, cuarto y quinto puesto, respectivamente. En conjunto, estos países son el destino de alrededor del 50% de las agroexportaciones; por tanto, estas últimas serán sensibles ante los cambios en la demanda de dichos países. En los quince meses analizados, la demanda fue muy volátil, ya que se alternan variaciones positivas y negativas, sin ningún patrón determinado, probablemente asociadas a condiciones internas, estacionalidad, etc. En conclusión, para evaluar la evolución de nuestras agroexportaciones no solo basta con observar los cambios en el valor FOB, sino también es importante considerar los cambios en los precios, los volúmenes y en los destinos de nuestras exportaciones.
Millones de US$ FOB
Fe
Miguel Ángel Pintado
Gráfico 1. Balanza comercial agraria, 2012-2013
En
analizando su volatilidad
precios internacionales
En e
Exportaciones agrarias:
Volumen, 2011
Volumen, 2012
Volumen, 2013
Precio FOB, 2011
Precio FOB, 2012
Precio FOB, 2013
Fuente: Minag, Sunat. Elaboración: Cepes. *Nota: Está en millones de US$ FOB por cada mil toneladas.
Cuadro 1. Destinos de las agroexportaciones, 2012-2013 Periodo
Países líderes (valor FOB en millones de US$)
Mes/año
EE.UU.
Ene12
68.4
Holanda
Feb12
45.7 (-)
36.5 (-)
Mar12
48.9 (+)
38.3 (+)
Abr12
42.3 (-)
28.2 (-)
17.8 (-)
38.0
España 16.5
Ecuador
Reino Unido
10.7
8.9
13.9 (-)
12.3 (+)
5.1 (-)
18.5 (+)
14.5 (+)
7.7 (+)
13.9 (-)
7.2 (-)
May12
62.8 (+)
19.8 (-)
22.5 (+)
16.3 (+)
7.9 (+)
Jun12
75.5 (+)
26.5 (+)
26.0 (+)
19.3 (+)
9.3 (+)
Jul12
75.5 (-)
32.6 (+)
21.1 (-)
23.5 (+)
15.7 (+)
Ago12
81.3 (+)
29.6 (-)
24.4 (+)
20.9 (-)
13.7(-)
Sep12
78.4 (-)
17.8 (-)
18.9 (-)
17.7 (-)
7.5 (-)
Oct12
102.0 (+)
25.5 (+)
23.3 (+)
17.3 (-)
9.9 (+)
Nov12
109.5 (+)
34.6 (+)
33.8 (+)
20.9 (+)
20.4 (+)
Dic12
117.6 (+)
44.8 (+)
31.1 (-)
15.9 (-)
14.1 (-)
Ene13
96.4 (-)
38.2 (-)
15.2 (-)
15.3 (-)
10.4 (-)
Feb13
59.9 (-)
38.7 (+)
13.6 (-)
13.1 (-)
9.9 (-)
Mar13
44.5 (-)
31.1 (-)
16.1 (+)
10.4 (-)
10.5 (+)
(-): variaciones negativas; (+): var. positivas. Fuente: Promperustat. Elaboración: Cepes.
LA REVISTA AGRARIA / 151
contenido contenido 4
El Perú y los acuerdos comerciales internacionales Es necesaria una mayor transparencia en el TPP
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Mesa redonda Seguridad alimentaria: más allá de la comida chatarra
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Más tierras, menos esperanzas
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La roya: devastación del sector cafetalero
Publicación del Centro Peruano de Estudios Sociales
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MAYO de 2013
editorial
E
sta revista quiere destacar dos hechos ocurridos este mes de mayo: la promulgación de la Ley sobre Alimentación Saludable y las negociaciones en Lima del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Y uno tercero, el más sentido, la muerte de Javier Diez Canseco. El pasado 10 de mayo, el presidente Humala promulgó la Ley 30021, «Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes», norma que promueve la educación nutricional y regula la publicidad de alimentos no saludables dirigida a esos sectores poblacionales. La reacción negativa y bullanguera de los empresarios limeños y de los medios de comunicación a su servicio, aun cuando no sorprende, sí llama la atención, pues deja en evidencia hasta dónde están dispuestos a distorsionar la realidad, a mentir abiertamente o a hacer demagogia («esta ley impedirá que veamos el mundial de fútbol del Brasil»), en un asunto tan delicado como el de la nutrición infantil, con tal de no reducir sus ganancias. Pero también muestra que no están dispuestos a aceptar que el gobierno asuma sus responsabilidades como garante del bien común —en este caso, de la salud pública— en todo espacio o dimensión que pueda significar una oportunidad de lucrar. La beligerancia de los empresarios contrasta con la pasividad de la sociedad civil, que ha recibido la norma con una inexplicable tibieza. Por otro lado, el gobierno muestra una vez más que no tiene portavoces políticos capaces de defender sus decisiones con solvencia y contundencia. Y esta ley merece una defensa con estas cualidades. Se inician ahora las presiones por el contenido del reglamento. Es muy importante que los ciudadanos intervengan en las discusiones que se avecinan, pues, con seguridad, los empresarios —al menos aquellos que se sienten afectados— tratarán de que el reglamento le quite el filo a la ley. Entre el 15 y el 24 de mayo se desarrolló en Lima la decimosétima ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (más conocido por sus siglas: TPP). Con el TPP, que involucra a once países, el Perú amplía sus compromisos comerciales y de inversión con más de una cincuentena de naciones de América, Asia, Europa y Oceanía, sumando todos los acuerdos comerciales anteriores, tanto bilaterales como regionales. Esta abundancia de acuerdos, casi todos negociados en los últimos diez años —con una mínima participación de la sociedad civil y con escasa información y transparencia—, tampoco ha pasado por el Congreso (a excepción del TLC con Estados Unidos, que entró en vigencia en 2009). Los efectos de estos acuerdos sobre la economía y sociedad peruanas, que pueden ser tanto positivos como negativos, son suficientemente importantes como para que merezcan un mayor debate público y pasen por la aprobación del Congreso. La sociedad civil debe asumir parte de la responsabilidad de que esto sea así, por su pasividad y escaso interés. El 4 de mayo falleció Javier Diez Canseco. Los multitudinarios homenajes realizados por personajes e instituciones de diferentes orientaciones políticas dejan claro que era bastante más que una figura política: reunía en su pensamiento y en su actividad pública y privada un conjunto de valores reconocidos como necesarios para una sociedad más justa, humana y solidaria, más allá de las diferencias ideológicas. Debe ser un motivo para que la izquierda se revise a sí misma, tanto en sus aportes como en sus errores, en busca de la sociedad a la que Javier, y tantos otros como él, aspiramos. Fernando Eguren Director
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Foto internet
19 de mayo. Organizaciones de la sociedad civil protestan contra el TPP frente al Hotel Marriott, en Lima, donde se efectuaron las negociaciones del acuerdo comercial.
El Perú y los acuerdos comerciales internacionales
Es necesaria una mayor transparencia Fernando Eguren
Entre el 15 y el 24 de mayo se realizó en Lima la 17.a ronda del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)1. El TPP es un tratado de libre comercio regional que incluye diez países, además del Perú: Estados Unidos, Canadá, México, Singapur, Australia, Malasia, Vietnam, Chile, Nueva Zelanda y Brunei. Con este acuerdo, el Perú continúa consolidando la apertura económica a los mercados internacionales a través de acuerdos bilaterales o regionales, en un proceso casi vertiginoso iniciado por el expresidente Alejandro Toledo, mediante el TLC con Estados Unidos, y continuado por los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala. Hasta el momento, estos acuerdos comprometen al Perú —algunos lo harán próximamente— con 56 países de todos los continentes, menos de África (tabla 1); entre ellos están todos los más poderosos, salvo Rusia e India.
¿Cómo se negocia? ¿Cómo se ha negociado con esos paí-
ses? En todos los casos, los procesos de negociación se han caracterizado por la escasa transparencia. El Ministerio de Economía y el de Comercio Exterior y Turismo conducen las negociaciones, más atentos a los intereses de grandes grupos económicos que al de los de empresarios pequeños y medianos, agricultores y campesinos, trabajadores y otros actores económicos con menor poder. Todos estos acuerdos (salvo el del Pacto Andino, que dio lugar a la Comunidad Andina de Naciones —CAN—, suscrito en 1969) han sido firmados por gobiernos elegidos democráticamente. Sin embargo, solo uno de ellos, el TLC con Estados Unidos, ha sido aprobado por el Congreso peruano (aunque en tiempo récord y prácticamente sin discusión). Todos los demás, en particular aquellos acordados en los últimos tres gobiernos, han sido negociados por el Ejecutivo, con escasa o nula difusión de los planteamientos que fueron negociados; en breves palabras: a espaldas de la
Tabla 1. Países con los que el Perú tiene acuerdos comerciales (bilaterales o regionales)
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América (16) Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela
Europa (31) Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suiza, Suecia
Asia (7) Brunei, China, Malasia, Japón, Singapur, Tailandia, Vietnam
Oceanía (2) Australia, Nueva Zelanda
ciudadanía, sin intervención de los representantes elegidos por ella. El Ejecutivo considera que los acuerdos comerciales son de su exclusiva competencia.
No son solo acuerdos comerciales Pero resulta que estos acuerdos afectan intensamente, de una manera o de otra, la vida de todos los peruanos. Atan la economía peruana a la economía global, de manera firme pero condicionada. Tienen un inmenso peso en las orientaciones de nuestra economía (por ejemplo, consolidan un fuerte sesgo primario exportador y descuidan el mercado interno y el desarrollo de una economía de alto valor agregado); en el acceso y uso de los recursos (las industrias que extraen recursos naturales son las que más se fortalecen, y promueven la concentración de la propiedad de las tierras agrícolas), y en sus condiciones de desarrollo (enclaves modernos, territorios estancados). Es decir, estos acuerdos determinan, en buena medida, qué se produce, cómo, para quién y qué regiones serán dinamizadas (y cuáles continuarán estancadas). Además, tienen una importante influencia en las relaciones laborales (hay legislaciones laborales especiales para las industrias exportadoras y la agroexportación, que rebajan los derechos de los trabajadores). También influyen en cómo se distribuyen los ingresos, cómo se usan los recursos naturales (agua, tierras agrícolas, bosques, biodiversidad) y qué impactos tienen en el medio amLA REVISTA AGRARIA / 151
biente (contaminación del aire, de ríos y lagunas, deforestación, reducción de la flora y fauna terrestre y marítima). Asimismo, a través del control de patentes y precios de medicamentos ejercido por los oligopolios de la salud favorecidos por estos acuerdos, determinan el costo de la salud, discriminando entre quiénes pueden asumirlos y quiénes no pueden hacerlo (la mayoría de la población). Lejos están estos acuerdos, pues, de ser puramente comerciales o de limitar su influencia a las transacciones de compraventa o exportaciones-importaciones. Los gobiernos se pliegan a los grandes grupos de interés económico internacionales y estimulan a los empresarios e inversionistas nacionales a identificar sus intereses con ellos y no con los del país. Dado que los acuerdos tienen fuerza de ley y, en principio, no pueden ser modificados unilateralmente por los gobiernos, puede afirmarse que el modelo primario exportador está blindado y protegido de aquellas políticas que, alternativamente, privilegien el desarrollo del mercado interno y una mayor autonomía del Estado en materia económica, ambiental y alimentaria. La ciudadanía peruana y sus instituciones no tienen la oportunidad de influir sobre estas decisiones.
La Alianza del Pacífico y el TPP Actualmente hay dos procesos en marcha, que, a pesar de su importancia, ocupan solo marginalmente la atención de los medios de comunicación y de los políticos, absorbidos por temas menores. Uno es el de la Alianza del Pacífico. A mediados de mayo se realizó una negociación de sus países miembros en la ciudad de Cali, Colombia, y no se difundió información sobre los planteamientos llevados por el gobierno peruano. El segundo es el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), cuya 17.a ronda se negoció en Lima entre el 15 y el 24 de mayo. Aquí también la información se ha dado a cuentagotas. La importancia del TPP reside en que involucra a una región de gran dinamismo económico, que representa cerca de un tercio del PBI mundial y el 10% de la población del planeta. La cuarta parte de nuestras exportaciones van a esos países (US$12 mil millones), y de ellos adquirimos el 27% de lo que importamos. Los acuerdos en el seno del TPP tendrán efectos en todos los sectores, y cierMAYO de 2013
Javier Diez Canseco (1948-2013) El 4 de mayo, Javier Diez Canseco falleció. Su compromiso con los pobres, los explotados, los obreros, los campesinos, los pueblos indígenas, los enfermos, las personas con discapacidad, las víctimas, fue constante e intenso. Fue implacable su lucha contra la sensualidad del poder, la corrupción, la violencia familiar, la desigualdad, la discriminación de todo tipo. Fue valiente para afrontar las amenazas, las calumnias, la represión y para enfrentar el abuso de los poderosos. Fue solidario, colaborador, cariñoso con su familia y sus amigos, preocupado por el dolor ajeno. Fue soñador y realista, duro y tierno. Javier fue un ejemplo como ciudadano, político, compañero, padre, abuelo. Te vamos a extrañar, Javier. tamente sobre el sector agropecuario nacional. Con varios de los países mencionados el Perú tiene una balanza comercial agraria deficitaria. En 2009, esta fue de –US$150 millones con EE.UU., la economía más importante del grupo. Con Nueva Zelanda el déficit fue de –US$19 millones; con Australia, –US$10 millones; y con Chile, –US$95 millones.
El Congreso debe intervenir Debido al hecho de que los acuerdos comerciales son mucho más que eso, es necesario que sean debatidos y votados por el Congreso de la República, instancia que finalmente representa a los ciudadanos. Según el artículo 56 de la Constitución Política de 1993, «los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: 1. Derechos humanos; 2. Soberanía, dominio o integridad del Estado; 3. Defensa nacional; 4. Obligaciones financieras del Estado. También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modi-
fican o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución». Dada la diversidad de temas abordados por los acuerdos comerciales y los impactos que tienen sobre toda la sociedad —como ya hemos visto—, es imposible que no tengan efectos sobre los derechos humanos, las obligaciones financieras del Estado, los tributos o la legislación existente, a los que se refiere el artículo constitucional citado. Respecto a esto último, no hay que olvidar que el gobierno de García dio un centenar de decretos legislativos para «adecuar» la legislación vigente al TLC con EE.UU. Es ineludible, pues, la intervención del Congreso y, por consiguiente —y como corolario a lo dicho—, el dictamen del Tribunal Constitucional, de febrero de 2010, que rechazó la intervención del Congreso a propósito del acuerdo comercial firmado con Chile, debería ser revisado.
Nota 1
Trans-Pacific Partnership (TPP).
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Foto Ricardo Marapi
Mesa redonda
Seguridad alimentaria: más allá de la comida chatarra Fernando Eguren / Ricardo Marapi
E
l reciente debate político que se ha vivido en el Perú luego de la aprobación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable de los Niños, Niñas y Adolescentes, ha puesto en relevancia los problemas de inseguridad alimentaria que enfrentamos. Ahora que tanto el Poder Ejecutivo y el Congreso están elaborando diversas políticas y estrategias sobre el tema1, La Revista Agraria realizó una mesa redonda para analizar la situación de la seguridad alimentaria en el país y cuál es su verdadera importancia. En ella participaron el economista Guillermo Rebosio Arana, especialista en políticas públicas y desarrollo rural y actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura; el doctor Alberto García de Romaña, especialista en temas de seguridad alimentaria y consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); el médico Enrique Jacoby Martínez, exviceministro de Salud del actual gobierno, especialista en temas de nutrición y salud pública y actual asesor regional en la Organización Panamericana de la Salud; y Eduardo Zegarra Mén-
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dez, doctor en economía e investigador principal de la ONG Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade).
IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ¿Cómo entienden la «seguridad alimentaria» en un país como el nuestro? ¿Es o no es importante el tema? Enrique Jacoby: El aspecto de la seguridad alimentaria es definitivamente importante. La FAO la ha definido como el acceso social, económico y nutricional a alimentos de calidad que aseguren el desarrollo, producción y crecimiento de las personas. También es la capacidad de un país de producir y alimentar a su población sin las alteraciones que vemos en los últimos tiempos: me refiero a las crisis relacionadas con el cambio climático, a la disminución de acuíferos en muchísimos países y al impacto de los commodities2 de ciertos granos, que provocan una distorsión de precios. Entre estos dos polos, el de la capacidad de producir alimentos diversos y de alta calidad, y el de la capacidad de los
seres humanos de acceder a esos alimentos, están los dos pilares centrales que nos preocupan en seguridad alimentaria. Actualmente, la producción de alimentos atraviesa un proceso de transición acelerado y creo que esto es grave porque se da una industrialización de la producción agraria a costa de un notable sacrificio de la calidad nutricional y biológica de los alimentos. Y están siendo reemplazados por productos que son, básicamente, almidones de poco valor y que vienen acompañados de los tres nutrientes sobre los que la Organización Mundial de la Salud advierte que producen la mayoría de enfermedades: azúcar, grasa y sal. Creo que el tema es vital: tenemos que defender la producción de alimentos de alta calidad y su acceso por parte de la población. Este aspecto es, en esencia, económico, ambiental y cultural. Debería estar entre uno de los tres primeros temas de la política nacional del país. Guillermo Rebosio: El cambio climático que amenaza a países como el Perú y nuestra condición de país importador neto de alimentos nos exponen a fenómenos como la variabilidad de los precios mundiales, LA REVISTA AGRARIA / 151
que sufrimos en los años 2008 y 2009, y que puso en evidencia que, sin una adecuada política de seguridad alimentaria, nuestra población puede ser afectada por fenómenos totalmente exógenos. La seguridad alimentaria es estratégica en el país y coincido en que es uno de los tres temas principales que deberían ser enfocados por las políticas públicas. Pero todavía tenemos que enfocar integralmente el tema de la seguridad alimentaria y trabajarlo de una manera transversal; es decir, no solo en el aspecto multisectorial —a través de la comisión creada a fines del año pasado—, sino también en los tres niveles de gobierno. Prácticamente dos tercios de los recursos públicos destinados a la función agropecuaria están en los niveles subnacionales. Si no involucramos de una manera coherente a los tres niveles de gobierno en una política de seguridad alimentaria, nuestro país va a tener políticas muy buenas en
Guillermo Rebosio
Alberto García
el papel, pero que no son aplicadas local o regionalmente y que se quedan solo en el ámbito del gobierno nacional. Esto resta totalmente eficacia a las políticas. La seguridad alimentaria requiere de una política nacional coherente y sostenible. Aquí se presenta un posible problema: la continuidad de las políticas sobre el tema. La seguridad alimentaria, tan vinculada a la agricultura, requiere de políticas sostenibles, continuas, que son generalmente de lenta maduración. Los cambios profundos en el sistema productivo y en la educación de la gente sobre la alimentación saludable, requieren de políticas sostenidas en el tiempo si se quiere obtener resultados. Eduardo Zegarra: En una familia con seguridad alimentaria, las personas tienen la capacidad de poder consumir alimentos MAYO de 2013
saludables en forma continua y que les van a permitir llevar una vida saludable. Es muy importante destacar la palabra capacidades; en la definición de la seguridad alimentaria es central el desarrollo de las capacidades de las personas y las familias. En el caso del Perú, la inseguridad alimentaria no es igual en zonas urbanas y rurales; hay diferencias enormes. En las zonas urbanas se empieza a observar el fenómeno de los niveles de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en hogares en pobreza: ya se percibe la combinación de los problemas de desnutrición y sobrepeso. En las zonas rurales es el clima el que afecta a sectores importantes; por ejemplo, las heladas tienen impactos inmediatos en todo el ciclo productivo y alimentario de las familias. En todos los casos, se requieren diseños de políticas distintos. Uno de los problemas que veo en el país es que aplicamos modelos urbanos de ayu-
Enrique Jacoby
da alimentaria a zonas rurales, donde hay ciclos totalmente diferentes. Creo que el tema es crucial; sin embargo, se ha hecho muy poco en términos de políticas específicas y de institucionalidad para la seguridad alimentaria en el Perú. Se ha avanzado bien en el diagnóstico, pero ha faltado voluntad política para implementar estrategias y armar una institucionalidad que vele por la seguridad alimentaria de la población, en su conjunto, pero también de los más vulnerables, especialmente en algunas zonas rurales y en zonas urbanas, que es lo que se debería atacar. Alberto García: La seguridad alimentaria es un concepto sumamente importante, crucial y pertinente. El Perú tiene como fortaleza —y no ahora, sino desde hace cinco mil años— que es un país excepcionalmente diverso: produce todo tipo de alimentos
y es multiestacional. Además, el Perú, a diferencia de otros países de la región, todavía tiene un porcentaje de producción de alimentos frescos y esa es una de las fortalezas que deben dar pie a políticas específicas para promoverlas. Naturalmente, también hay muchísimas debilidades y limitaciones. Por ejemplo, problemas enormes con la precariedad de los sistemas de comercialización de alimentos y la falta de asociatividad de los productores. En nuestro país se abandonó el modelo cooperativo, mientras que en otras partes del mundo las cooperativas son clave para poder abastecer a las ciudades. Eso se perdió y es parte de las políticas que se deben restablecer. En cuanto a las amenazas, una es la sustitución de los alimentos originarios (los tubérculos, los granos andinos, etc.) por los productos que vienen de afuera. Los cambios en los patrones de consumo igualmente son una amenaza y, por cierto, el estrés hídrico —como consecuencia del
Eduardo Zegarra
cambio climático— será un problema en los próximos años. También la instalación de los biocombustibles y la creciente expansión del mercado de tierras y su concentración a costa de la producción de alimentos son amenazas para la seguridad alimentaria. Pero también hay oportunidades: por ejemplo, el alza de precio de los alimentos es, de alguna manera, una oportunidad para la agricultura familiar, que puede llevar a incentivar la producción de alimentos nacionales.
LEY PARA LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Hace pocos días el Congreso de la República aprobó esta ley. ¿Qué opinan de
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ella y de la importancia de la inocuidad, factor importante en la seguridad alimentaria? G. Rebosio: Esta norma es legítima. Todos se han centrado en el tema de la publicidad y en la supuesta exclusión de algunos tipos de alimentos, pero la norma tiene un fuerte componente educativo y de seguimiento a fenómenos vinculados con la obesidad. Hay que evitar que el debate sobre esta ley se sesgue solo en el tema de la publicidad y la venta de alimentos en los quioscos. Hay que darle mucha más importancia a cómo educamos a la población en el uso adecuado de los alimentos. No es solo un problema de obesidad —que es un fenómeno del primer mundo, donde hay un incremento gigantesco de jóvenes obesos—, sino también de advertir que las personas que no son obesas se están alimentando mal. Tenemos que trabajar profundamente con los colegios y los padres de familia para que en el hogar la calidad de la alimentación mejore; hay que hacer un trabajo educativo para que, a pesar de las limitaciones monetarias, las familias utilicen con mayor inteligencia los recursos a fin de nutrirse mejor. Esta ley debería servirnos para promover una adecuada educación de las familias, que es donde se decide el consumo alimentario. Las campañas publicitarias influyen en el consumo, pero al final el que decide es la mamá o el papá; y si ellos no lo tienen claro, vamos a seguir con el problema. Aunque no compren alimentos procesados, igual van a alimentarse mal. Debemos poner más atención en los elementos educativos de esta norma. A. García: En general, la ley me parece positiva. No solo es un elemento de modernización, sino que además nos pone al mismo nivel de muchos países, sobre todo del primer mundo, que han entrado a regular estos temas. Lo que se viene va a ser una batalla complicada porque, de alguna manera, el proyecto de ley original ya ha cedido algunas cosas. Hay temas pendientes; por ejemplo: se prohíbe la publicidad para el consumo desmedido de productos dañinos, y el reglamento tendrá que explicar qué significa «lo medido» y «lo desmedido». Ahí habrá un debate. En el Perú siempre hay un riesgo: las leyes salen y, como no se reglamentan, no se aplican. La sociedad civil se tiene que movilizar detrás de esta ley para que sea reglamentada y pueda entrar en vi-
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Los participantes de la mesa redonda saludaron la reciente ley aprobada en el Congreso sobre Jacoby participó desde la ciudad de Washington, vía conexión Skype.
gencia. Por otro lado, discrepo con Guillermo en relación con el fenómeno emergente de la obesidad, sobre todo en niños y madres, y que ya se observa entre nosotros. Las cifras de la Enaho3 hablan de casi 55% de madres en edad fértil con problemas de obesidad o sobrepeso, problemas que también sufre casi el 20% de los menores de 16 años. Este es un fenómeno reciente y una tendencia que, si la proyectamos, en muy poco tiempo nos va a llevar a la misma configuración de los países del primer mundo. A ello se debe que este tipo de normas tienen que ser apoyadas. Quiero saludar el trabajo pionero de Enrique Jacoby, quien desde el Viceministerio de Salud promovió la generación de políticas públicas destinadas a combatir estos fenómenos y garantizar una alimentación saludable para la población, especialmente la más vulnerable. E. Zegarra: Es interesante que esta ley haya hecho lo que es un sacrilegio en el actual ambiente liberal de la política peruana: pretender regular los contenidos de la publicidad. Eso ha desatado una histeria y una gritería de todo el sector de anunciantes que, además, tienen relaciones carnales con los medios de comunicación. Estamos viendo una reacción totalmente desmedida y desproporcionada frente a un tipo de regulación que muchos países han empezado adoptar hace mucho tiempo y que tiene un sentido relacionado con la salud pública. Existen numerosísimos estudios y evidencias que demuestran que la publici-
dad orientada hacia los niños y los adolescentes es realmente perjudicial y es un problema grave de salud pública. Cuando vivía en Estados Unidos, la principal autoridad de Salud decía: «¿Cómo puedo enfrentar el tema de la obesidad si mi presupuesto anual equivale a lo que Mac Donalds gasta en un día en publicidad?». La desproporción entre los recursos que tiene la industria alimentaria y lo que puede hacer el Estado es enorme. Evidentemente, esta regulación es un primer paso que hay que profundizar y también se deben hacer otras cosas. Creo que se trata de una norma equilibrada y de un paso inicial, aunque algo que me preocupa es que le encargue al Indecopi4 el aspecto de la regulación, pues sabemos que esta entidad sufre la contradicción de que supuestamente defiende la libre competencia y, al mismo tiempo, defiende al consumidor. Ahí hay que estar muy atentos al reglamento. En el Perú, cuando ciertos intereses no pueden lograr todo lo que querían a través de la ley, lo consiguen con el reglamento. Ya hemos visto lo que pasó con el reglamento de la Ley de Consulta Previa: al final, es en el reglamento donde se decide todo. Como decía Alberto, es una primera batalla, pero la guerra está lejísimos de ser ganada. E. Jacoby: Yo coincido en que se trata de una muy buena ley. Pongo como ejemplo el caso de México, que en veinte años ha desmantelado setecientos años de cultura alimentaria. Es enorme y triste comprobarlo. Y esto se ha hecho con las LA REVISTA AGRARIA / 151
alimentación saludable y, junto con el director de LRA, Fernando Eguren, analizaron el tema. Enrique
banderas del libre comercio y del progreso de la globalización. Hoy día, en salud pública utilizamos con mucha frecuencia el término error o fallas de mercado. El sistema de mercado capitalista tiene algo intrínsecamente problemático: es capaz de erosionar las propias bases sociales que le dan existencia, es decir, tiene capacidad de autodestrucción. Por eso, la necesidad de regulación es absolutamente central para una marcha equilibrada de los mercados. Por ejemplo, en el caso de Francia, hace algunos años, frente a las nuevas reglas de liberalización de los mercados mundiales, los franceses encontraron un término: la excepcionalidad cultural; entonces dijeron: «Nuestros productos culturales como la culinaria no están sujetos a ningún comercio». Algunos pueden decir que esto es una barbaridad o una exageración, pero los franceses lo vieron venir: la globalización puede beneficiar a muchos, pero al mismo tiempo nos licua a todos dentro de un mismo marasmo que nos hace perder los grandes valores de la diversidad. Creo que es legítimo ejercer esta regulación y que es juicioso que un gobierno lo haga. En salud pública, esto es pan de todos los días. Celebro la ley, aunque miro con la misma preocupación no solo el rol del Indecopi, sino también la presencia de los representantes de la industria alimentaria, que han sido invitados a establecer el reglamento de esta ley. Ahí ya no tengo la certeza de que la buena intención de la norma quede finalmente reflejada. MAYO de 2013
ENTRE LA SEGURIDAD Y LA SOBERANÍA En la actualidad existe un debate entre dos conceptos: seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. El primero se ubica en una estrategia que reposa en el funcionamiento de los mercados internos y externos para acceder a los alimentos, mientras que el segundo reposa esencialmente en la producción nacional. ¿Cuál es su opinión sobre estos dos enfoques diferentes? A. García: En este momento, en el Perú hay un debate en el ámbito legislativo, pues se está formulando una ley de seguridad y soberanía alimentaria, y este último término ha despertado la preocupación y el veto del Poder Ejecutivo. Además, esto tiene como antecedente que el gobierno peruano, de manera consistente en los últimos años, ha objetado el uso de este término en todos los foros internacionales. Las razones de la objeción no son muy claras. Lo que explica el Ministerio de Relaciones Exteriores es que el asunto es más de tipo formal. El uso de términos como soberanía alimentaria podría, sostienen, dar la impresión de que el Perú está alineado con aquellos países que utilizan el término y que tienen una opción de comercio exterior distinta de la nuestra, donde tenemos tratados de libre comercio con otros países. Esa es la explicación oficial. La soberanía alimentaria es todavía un concepto en proceso de consenso global, a diferencia del término seguridad alimentaria, que se usa desde hace muchos años
y que ha sido aceptado por consenso por una gran cantidad de países. Eso no ocurre con el término soberanía alimentaria, aunque probablemente en algunos años se llegue a un consenso en torno a él. Sin embargo, los elementos que se asocian a la soberanía alimentaria son perfectamente aceptables, incluso por las políticas de gobierno. Por ejemplo: la promoción y la defensa de los recursos naturales asociados a la producción de alimentos; la revalorización de los productos originarios y ancestrales frente a esta invasión de productos procesados que vienen de afuera; la importancia de defender el uso de la tierra para la producción agrícola frente a tendencias como el uso para biocombustibles o transgénicos. G. Rebosio: Debo recalcar que hablo a título personal y que no represento la posición oficial del ministerio. Creo que la sensibilidad va por el lado de que el concepto se utilice como pretexto para desconocer compromisos internacionales. Es decir, que a partir de la aprobación de una ley de soberanía alimentaria se la podría utilizar como argumento para desconocer compromisos previos y plantear acuerdos diferentes. Por ahí va la sensibilidad de algunos actores políticos y por eso se debe aclarar el tema. No es lo mismo plantear soberanía alimentaria en un país poco integrado al comercio mundial, que hacerlo en un país tan integrado como el Perú, que tiene acuerdos comerciales y un sector exportador muy dinámico. Creo que esa sensibilidad está llevando a un entrampamiento del debate acerca del concepto de soberanía alimentaria. Ahora, en lugar de pensar si estos acuerdos restan o no autonomía en materia de seguridad alimentaria, creo que, más bien, deberíamos utilizar los acuerdos comerciales como un elemento para el diseño de las políticas. Ingresar a un debate sobre si un acuerdo comercial establece condiciones mejores o peores, o si fueron buenos o malos, a estas alturas es poco productivo. En el trabajo de seguridad alimentaria tenemos que tratar de convertir estos acuerdos en oportunidades para potenciar algunos sectores. E. Jacoby: Coincido con buena parte de la conversación y entiendo los temores que han existido acera del uso del término soberanía alimentaria. Creo que en estos temas hay que articular de manera apropiada a los productores. Si podemos tener una industria de exportación en el agro que sea
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Continuación de Mesa redonda...
compatible y no invasiva de las posibilidades de la producción local y de los pequeños productores, sería magnífico. Va a ser muy significativo el estímulo de los mercados locales que el propio Estado pueda generar a través de su capacidad de compra para diversas instituciones que utilizan alimentos de una manera regular. Bien usada, podría convertirse en un instrumento muy poderoso. Creo que esto va a necesitar alguna forma de regulación y no hay que tenerle ningún temor. Hay que defender lo bueno porque es muy difícil que se defienda solo; es casi imposible. E. Zegarra: Pienso que el término soberanía alimentaria introduce algunas complejidades. Hay casos extremos, donde alguien puede decir que soberanía alimentaria significa autarquía5 del país. Es el caso gravísimo de Corea del Norte, donde hay hambrunas que no se publicitan. Incluso, es el caso de las dificultades que vemos en Venezuela, que arrastra una enfermedad holandesa6, donde la agricultura ha sido absolutamente dejada de lado debido a que existe una industria de petróleo que permi-
te, en teoría, tener todos los recursos. Y son países que enfrentan un problema estructural y es ahí donde pueden servir estos discursos de la soberanía alimentaria. En mi opinión, no ganamos mucho al enredar más los términos. Ya la definición de seguridad alimentaria es muy complicada y compleja, y esto se acrecienta cuando se le agrega esta definición de soberanía alimentaria. En realidad, cuando los Estados tienen que afirmar su soberanía, lo hacen porque tienen algún problema estructural. Más bien, dentro de la misma concepción de la seguridad alimentaria se deberían fortalecer algunos aspectos que están descuidados y que tienen que ver con la capacidad de tomar decisiones sin la perversa influencia de intereses transnacionales. Hay que debatir sobre el tremendo y gigantesco poder que tiene la industria alimentaria y publicitaria en el mundo. ¿Qué políticas pueden permitir que esos intereses no predominen? Porque ya está demostrado que esos intereses hacen daño a la salud y a la expectativa de vida de la gente. Creo que el debate hay que llevarlo
por ese lado, antes que entrar en una cuestión bizantina respecto a si introducimos o no el término soberanía alimentaria, que, en general, no tiene una definición clara y no ayuda a ingresar a definir las políticas para el caso peruano.
Notas 1
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En la actualidad, se está discutiendo en el Congreso un proyecto de ley al respecto, y la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Poder Ejecutivo (creada en octubre del 2012) elaborará una nueva Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria. Bienes primarios que se producen masivamente y se comercian internacionalmente en las bolsas de productos, como Nueva York, Londres y Chicago. Encuesta Nacional de Hogares. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Sistema económico que le permite a un Estado ser autosuficiente y bastarse con sus propios recursos. Término usado para identificar las consecuencias negativas que sufre un país cuando experimenta un crecimiento inesperado en sus ingresos.
Nueva directiva en Conveagro La productora y dirigente de la Junta Nacional del Café, Lucila Quintana, fue reelegida como presidenta de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) por las instituciones y gremios agrarios que integran este foro agrario, el más importante del país. Esta elección democrática significa, sin duda, un nuevo avance en el fortalecimiento de la institucionalidad rural en el Perú. Lucila Quintana, quien asume la presidencia para el periodo 20132015, anunció que los principales objetivos de su nueva gestión estarán centrados en fortalecer el clima de diálogo propositivo con el Ministerio de Agricultura, el Congreso de la República, los gobiernos regionales y otros actores políticos y económicos vinculados al desarrollo del sector agropecuario. El nuevo vicepresidente de Conveagro es Héctor Guevara, representante de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep). Fernando Gamero, delegado de la Asociación Nacional de Productores de Carne Bovina (Fondgicarv), fue elegido como secretario; mientras que Honorio Espejo, delegado de la Confederación Nacional de Palmicultores y Empresas de Palma Aceitera (Conapal), desempeñará el cargo de tesorero. Como vocales fueron elegidos Fernando Eguren, del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes); Ricardo Chuquín, de la Coordinadora Rural; y Luis Gomero, de la Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA).
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Condecoran a La Revista Agraria Al cumplir su 25 aniversario, LRA recibió la condecoración «Medalla Ministerio de Agricultura» por su «impecable labor de difusión especializada, contribuyendo al desarrollo del agro nacional» y porque es «un medio de expresión de los pequeños agricultores y productores del campo». De esta manera, LRA, publicación del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), que se distribuye en el territorio nacional como suplemento del diario La República, obtiene un reconocimiento por su larga trayectoria (anteriormente fue Alerta Agraria). En una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, el pasado jueves 9 de mayo, el director de LRA, Fernando Eguren López, presidente del Cepes, recibió la medalla de manos del presidente de la República, Ollanta Humala, y del ministro de Agricultura, Milton von Hesse. LRA agradece la deferencia y se compromete a seguir contribuyendo al desarrollo del agro a fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres y hombres del campo, con información veraz y oportuna y con análisis profundos sobre la situación del sector rural peruano.
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Olmos: desalojos que vulneran los derechos humanos Carla Pimentel
destinadas a subastarse para el Proyecto Hidroenergético y de Irrigación Olmos, en el año 2009, el Proyecto Especial Olmos-Tinajones (PEOT) creó el Plan de Compensación y Relocalización Involuntaria (PCRI), buscando minimizar los impactos sociales y económicos que sufrirían las familias agricultoras que serían desalojadas de la zona destinada al proyecto. Estos casos de «relocalización involuntaria» fueron ejecutados en las zonas de Huabal, La Misteriosa y en la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos. Este último tuvo lugar a fines de 2011 e incluyó el desalojo de decenas de familias de los sectores Pan de Azúcar, Vinguar Grande y Abrigos de Pañalá. Esta situación ha sido recogida por la ONG Amnistía Internacional (AI), que ha denunciado que el PEOT actuó vulnerando los derechos de los afectados e incumpliendo con los criterios internacionales para desalojos y desplazamientos.
Irregularidades y violencia Según las declaraciones de los comuneros afectados y los representantes de AI, los funcionarios del PEOT y un grupo de personas contratadas por ellos amenazaron a la población, quemaron sus viviendas y corrales —lo que produjo la pérdida de muchos de sus animales— y clausuraron las norias que la proveían de agua. El PEOT obligó a las familias comuneras a migrar a La Algodonera, centro poblado construido para reubicar a las familias afectadas. Félix More, presidente de la Junta de Administración Local de La Algodonera (JAL) —organización comunal de los afectados—, ha afirmado que los comuneros fueron amedrentados y coaccionados para firmar documentos irregulares de indemnización que contemplaron solo pagos por sus bienes, como viviendas y norias, pero no por sus terrenos, a pesar de contar con certificados de posesión y de haberlos habitado por más de sesenta años. MAYO de 2013
Foto Amnistía Internacional
Con la finalidad de sanear las tierras
Las familias que fueron desalojadas en Olmos denunciaron una serie de amenazas y la quema de sus viviendas y corrales
Problemas en La Algodonera Veintisiete familias desalojadas de la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos fueron reubicadas en La Algodonera, un centro poblado que se encuentra en una zona no habitable y diseñado sin tomar en cuenta las características de la zona ni las necesidades de sus habitantes1. En diciembre de 2011, la JAL realizó varias negociaciones con los funcionarios del PEOT, quienes se comprometieron a mejorar las condiciones de vida de los comuneros y adoptaron distintos acuerdos. Según Félix More, la mayoría de estos aún no han sido cumplidos, como la adjudicación de títulos de propiedad. «Nosotros no contamos con títulos de propiedad, sino solo con resoluciones que el PEOT nos ha dado, y nos preocupa que en cualquier momento nos saquen de ahí», declaró More. AI, por su parte, viene realizando una campaña de recolección de firmas para solicitar al gobierno peruano que realice los desalojos forzosos respetando los criterios internacionales y que, además, elabore un plan de reubicación adecuado para la población de La Algodonera.
Silvia Toledo, coordinadora de Incidencia en Derechos Humanos y Políticas de AI, afirmó que «el gobierno peruano no ha tomado las medidas necesarias en este desalojo, a pesar de haber firmado las normativas internacionales de la ONU». Han pasado casi dos años desde el violento desalojo forzoso que sufrieron las familias de la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos y el Estado sigue sin responder las demandas de la población. Mientras tanto, el PEOT continúa con el saneamiento de miles de hectáreas para el proyecto Olmos-Tinajones, por lo que se avecinan nuevos desalojos y desplazamientos forzosos que afectarán a muchas familias2. ¿Qué medidas tomará el Estado en los próximos desalojos?
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El terreno se encuentra en una hondonada que se inunda en épocas de lluvia; además, no cuentan con un suministro de agua adecuado, ni drenaje, ni electricidad. En 1999, 111 mil 656 hectáreas eriazas de propiedad de la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos fueron adjudicadas al PEOT.
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Más tierras, menos esperanzas
El ministro de Agricultura, Milton von Hesse, ha anunciado que en los próximos dos o tres años se ampliará significativamente la frontera agrícola del país gracias a la ejecución de megaproyectos de irrigación en la costa. De acuerdo con el ministro, la cifra bordea las 120 mil hectáreas1, pero esa cantidad podría incrementarse hasta 181 mil si se ejecuta la actual cartera de proyectos (ver cuadro 1). En cualquier caso, se trataría de decenas de miles de hectáreas de la nación, cuya gestión y destino nos preocupan seriamente a raíz de los antecedentes de Chavimochic y Olmos.
Chavimochic y Olmos: grandes razones para preocuparse
Cuadro 1. Actual cartera de proyectos de irrigación en la costa
Proyecto
Nuevas hectáreas
Ubicación
Chavimochic III
53,000
La Libertad
Majes-Siguas II
39,500
Arequipa
Alto Piura
19,000
Piura
Chinecas
33,053
Áncash
Puyango-Tumbes
18,500
Tumbes
Margen Derecha del Río Tumbes
18,600
Tumbes
Total
181,653 Fuente: Minag, Proinversión, MEF, PEIMD. Elaboración propia.
tos como paradigmas de lo que para ellos significa una «política pública exitosa».
Solo los grandes participan e invierten Parece que, a ojos del gobierno de Ollanta Humala, solo las grandes empresas o grupos económicos como Camposol o Gloria participan en el mercado agropecuario. Solo ellos invierten y, por ende, «merecen» acaparar las tierras que se incorporan a la producción con fondos públicos. El gobierno sigue sin tomar en cuenta a los pequeños y medianos productores, menos aún a las cooperativas, como si ellos no participaran activamente en el crecimiento real promedio de 4% que registra el sector agropecuario en los últimos diez años. Foto Prensa Palacio de Gobierno
En las últimas dos décadas solo se han ejecutado dos megaproyectos de riego en la costa del Perú: Chavimochic y Olmos. Ambos fueron diseñados y conducidos por el Estado, bajo el modelo de claro corte neoliberal de la Constitución Política de 1993 y de la Ley de Tierras de 1995. En el caso de Chavimochic, entre 1994 y 2008 se vendieron el 95% de las 46 mil hectáreas que incorporó a la producción. Como señalamos en LRA 138, solo cinco empresas llegan a dominar más del 60% (28,000 hectáreas) de estas nuevas tierras. Olmos, emprendido por el gobierno tras nueve décadas de demandas de campesinos y pequeños agricultores locales, subastó hace poco 38 mil hectáreas. En menos de un año (2012), y tras una serie de cambios discutibles en las bases de la subasta, más del 80% (31,130 hectáreas) de las tierras del proyecto quedaron en poder de tres empresas (LRA 139)2. Entonces, es lógico que algunos gremios empresariales destaquen ambos proyec-
Jaime Escobedo
Lo cierto es que en el país operan 214 empresas agropecuarias, de las cuales un 60% poseen en promedio 65 hectáreas: hablamos de 129 pequeñas y medianas empresas que en conjunto dominan 8,300 hectáreas, es decir, un 10% de lo que en la actualidad tiene el Grupo Gloria3. En el caso de las cooperativas, solo para mencionar a las cafetaleras —responsables de casi el 30% del valor de las exportaciones agrarias totales—, están integradas en su inmensa mayoría por pequeños agricultores. El 62.5% del total son productores con posesiones menores a 10 hectáreas, el 30% cuenta con posesiones entre 10 y 30 hectáreas y el 7.5% tienen posesiones superiores a las 30 hectáreas4. Pese a esta mayoritaria y activa participación de pequeños y medianos productores en el sector agropecuario, ellos no son incluidos en los procesos de adjudicación o subasta de las tierras de los megaproyectos de irrigación. Ese hecho configura un comportamiento discriminatorio y, más aún, atenta contra un principio que los ideólogos del neoliberalismo solían defender: la igualdad y el libre acceso al mercado de los actores económicos.
El juego de las barreras de acceso al mercado
Cuando en setiembre del 2011, el presidente Humala visitó las obras del Proyecto Olmos, pocos imaginaban que más del 80% de las tierras subastadas terminarían en poder de solo tres empresas.
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Los antecedentes de la política de adjudicación de tierras de los proyectos de irrigación indican que solo pueden participar neolatifundistas. Olmos —que a LA REVISTA AGRARIA / 151
Foto internet
Existe el peligro que los pequeños y medianos productores sigan siendo marginados de los nuevos procesos de adjudicación o subasta de las tierras de los megaproyectos de irrigación que realizará el gobierno.
todas luces es el paradigma de esta política— ofertó 30 lotes de mil hectáreas, 10 de 500, una de 300, una de 270, 8 de 250 y una de 230. Obviamente, ningún pequeño o mediano productor pudo participar en la subasta de tierras.
¿Cuál es la razón para adjudicar lotes de cientos o miles de hectáreas? El Cepes tuvo la oportunidad de acompañar el proceso de concesión y adjudicación de las tierras del proyecto Olmos, y en ningún momento las autoridades presentaron un estudio técnico que respaldara la decisión de establecer lotes de extraordinarias dimensiones. Fue tal la arbitrariedad, que basta recordar que los ocho lotes de 250 hectáreas y el único de 230 hectáreas no formaban, en un principio, parte de la subasta original de Olmos, sino que fueron incorporados a raíz de una serie de reclamos de autoridades, gremios y actores nacionales y locales. Si agregamos a ello que todos los postores de Olmos podían adquirir más de un lote del proyecto, lo lógico es concluir que al gobierno (central y regional) le resultaba indiferente entregar 250 hectáreas o 15 mil, que son finalmente las que adquirió el Grupo Gloria.
Todo esto, sumado, en términos jurídicos constituye una barrera de acceso al mercado5. En este caso, los afectados fueron los pequeños y medianos empresarios agrarios, que en su inmensa mayoría gestionan fundos productivos de unas cuantas hectáreas o, a lo mucho, de decenas de ellas. Pudo intervenir el Indecopi, para sancionar al Estado, al amparo del Decreto Legislativo 1033, pero ello finalmente no ocurrió6.
En prospectiva Como mencionamos al inicio de este artículo, nos preocupa la gestión y el destino de las decenas de miles de hectáreas que se incorporarán a la producción en los próximos años debido a la ejecución de megaproyectos de irrigación en la costa. Los dos antecedentes que tenemos, tanto Chavimochic como Olmos, fueron gestionados con una abierta vulneración de los derechos y expectativas de pequeños y medianos empresarios agrarios. Nadie sancionó a las autoridades nacionales y regionales por este hecho. Por otra parte, el gobierno de Humala no da señales de querer reconducir su política de adjudicación de tierras a fin de
permitir la incorporación del sector mayoritario de pequeños y medianos productores que hoy participan e invierten de manera activa en el sector agropecuario7. Parece que, en nuestro país, el principal interesado en que continúen concentrándose las tierras es el propio gobierno.
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Agencia Andina, 28 de abril del 2013. «¿Es Olmos u Odebrecht?». Diario La Primera, 6 de junio del 2012. Minag/Direcciones regionales agrarias. Registro de Empresas Agropecuarias. Información del Minag. Concepto que abarca a todos los actos del Estado que tienen por efecto impedir u obstaculizar el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado. El Decreto Legislativo 1033, que aprueba la Ley de organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), establece en el artículo 2 que corresponde a esta institución vigilar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa mediante el control posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales e irracionales que afectan a los ciudadanos y empresas. Hace casi un año, el gobierno de Ollanta Humala ofreció presentar un proyecto de ley de límites máximos a la propiedad rural, cuyo nivel de avance se desconoce.
Visite: http://www.obser vatoriotier ras.info MAYO de 2013
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Foto internet
El hongo Hemileia vastatrix origina la terrible enfermedad de la roya amarilla que hasta el momento ha afectado más de 200 mil hectáreas de café en el Perú.
Los productores cafetaleros peruanos enfrentan tiempos difíciles. A la caída en el precio de su producto y al tipo de cambio desfavorable del dólar, ahora se ha sumado la plaga de la roya amarilla. Según cálculos del Ministerio de Agricultura, hasta el momento la roya ha afectado a 200 mil de las 400 mil hectáreas de cafetales instalados1, lo que ha provocado una disminución de 20% en la producción de café, equivalente a una pérdida económica de S/.200 millones. Las regiones de Cajamarca, San Martín, Amazonas, Junín y Cusco son las más golpeadas. La economía familiar de los pequeños productores cafetaleros ha sido afectada, especialmente aquella cuya campaña fue financiada con préstamos bancarios. Por ejemplo, en las provincias de Chanchamayo y Satipo, en Junín, el promedio de inversión por cada hectárea bordea los S/.2,000. «Con estas pérdidas, tenemos serios problemas. No podremos pagar», advierte Isaac Meza, dirigente de la Federación Agraria de Pangoa2.
Conociendo a la roya ¿Qué es la roya amarilla y por qué ha aumentado tanto su incidencia? La enfermedad la origina el hongo Hemileia
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La roya: devastación del sector cafetalero Beatriz Salazar y Nelly Rivera vastatrix, que provoca la caída prematura de las hojas de la planta. Si a esta enfermedad se suma una mala fertilización y una poda deficiente, se produce un desbalance en la planta y el rendimiento puede caer hasta 50%. La roya amarilla no afecta solo a los cultivos de café en el Perú. Desde hace varios años, viene extendiéndose por Centroamérica y Sudamérica, debido, entre otros factores, a los cambios en el clima (aumento de las lluvias, cambios en la temperatura del aire, menor brillo solar y alta humedad). Esto ha creado ambientes favorables para su propagación en aquellos cafetales que no tienen resistencia genética al hongo, como los que predominan en nuestro país. A estas condiciones climáticas se sumó el descuido en la fertilización en la campaña pasada, así como la antigüedad de la mayoría de cafetales. Lu-
cila Quintana, productora de café en Amazonas, presidenta de Conveagro y dirigente de la Junta Nacional del Café (JNC), explica que el año pasado se presentaron lluvias excesivas fuera de época en su región. Además, revela que muchos productores habían descuidado el abonamiento de sus plantaciones, que ya de por sí estaban débiles debido a su antigüedad. Todos estos factores facilitaron que la infestación por la roya se extendiera en forma rápida. Estudios recientes han confirmado que el cambio climático es un factor en la propagación de la roya debido al incremento de la temperatura en invierno y a la mayor concentración de carbono en la atmósfera3.
Faltaron medidas de prevención Dado que ya se conocía la expansión de la roya en países vecinos, como Colombia y Ecuador, cabe preguntarse por LA REVISTA AGRARIA / 151
nuestras estaciones están en zonas bajas. Necesitamos instalar estaciones donde están los cafetales», explica Rosas.
Combatiendo a la roya: ¿se llegará a tiempo? Para aminorar el daño causado por la roya y evitar que se siga propagando, el Ministerio de Agricultura (Minag) anunció la aplicación de un plan de mitigación, con una inversión de S/.100 millones, con lo que espera reducir la infestación en 50,000 hectáreas hasta el mes de noviembre de 2013. Para lograrlo, el 77% de los fondos se destinarán a poner a disposición de los agricultores cuatro tipos de kits para combatir la roya —dos para cafés convencionales y dos para cafés orgánicos—, que incluirán fertilizantes y fungicidas. El 30% del fondo restante se invertirá en el fortalecimiento del Senasa, para que sus técnicos puedan apoyar eficazmente a los productores, y en actividades de comunicación y difusión. Este plan de emergencia de corto plazo será liderado por la Dirección de Competitividad Agraria (DGCA) del Minag y está siendo coordinado con las organizaciones de productores y los gobiernos regionales y locales, según explicó Jorge Figueroa, especialista en café de la DGCA. Foto Junta Nacional del Café
qué en el nuestro no se tomaron medidas preventivas con suficiente anticipación, más aún para defender al primer cultivo de agroexportación del país y que genera miles de empleos en el ámbito nacional. Hace unos años, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) había desarrollado un sistema de monitoreo fenológico y de seguimiento de plagas y enfermedades para enfrentar una plaga de langostas que afectó el norte peruano tras el fenómeno de El Niño de 1998. Sin embargo, este sistema de monitoreo, que hubiera sido de suma utilidad para prevenir la infestación por roya, fue desactivado una vez que la emergencia de 1998 fue superada. Víctor Rosas, director del área de Agrometeorología Operativa del Senamhi, explica que para un adecuado monitoreo se requiere el acompañamiento de las estaciones meteorológicas, y la institución no cuenta con los recursos para aumentar su número, que en la selva es mínimo. «Por ejemplo, en Chanchamayo hay cuatro estaciones para toda la zona de la selva central: en Satipo, Pichanaki y Villa Rica. Pero estas estaciones fueron instaladas para recoger información hidrometeorológica y no agronómica. Además, los cafetales están en altura y
La dirigente Lucila Quintana advierte que las medidas para combatir la roya amarilla deben ir más allá de controlar la emergencia. También es necesario emprender un plan de mediano plazo, que contemple la renovación de cafetales con variedades resistentes a la roya. En ese sentido, la JNC ha presentado una propuesta para implementar un programa para renovar cafetales que incluiría un fondo de S/. 600 millones para créditos blandos por un plazo de ocho años; un servicio de soporte técnico que incluya capacitación y materiales de difusión; y un plan de innovación que contemple normas de calidad para la producción de semillas y plantones de café. Esta propuesta ha sido puesta a consideración del gobierno y su aceptación nos acercaría a los niveles de ayuda que están recibiendo los cafetaleros de Ecuador y Colombia que enfrentan el mismo problema. Por ejemplo, en Ecuador el gobierno tiene un plan de 10 años para renovar 135 mil hectáreas de café4. En Colombia ya se ha logrado que cuatro zonas cafetaleras sean declaradas libres de la roya, gracias al trabajo del instituto de investigación Cenicafe, que ha desarrollado variedades resistentes5. Ademas de atender la emergencia se requiere un plan de mediano y largo plazo que contemple invertir en la renovación de cafetales, investigación agropecuaria y tomar en serio los planes de prevención para evitar que se repitan nuevamente los graves daños de esta enfermedad, que ha devastado las economías de las familias agricultoras dedicadas al primer cultivo de agroexportación del país.
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Para evitar los graves daños de la roya, se necesita no solo fertilización y fungicidas sino también un plan para renovar los cafetales con variedades resistentes.
Ministerio de Agricultura. Plan Nacional de Mitigación de la Roya Amarilla del Cafeto Hemileia vastatrix en el Perú. Inforregión. «Empadronarán a productores cafetaleros afectados por la roya en San Martín», 19 de mayo del 2013. Ghini. R (2011). «Diseases in tropical and plantation crops as affected by climate changes: current knowledge and perspectives». Plant Pathology (2011) 60, 122-132. Ver . Ver .
Sepa más sobre este tema en: www.observatoriocambioclimatico.org MAYO de 2013
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onespublicacionespublicacionespublicacionespublicacionespublicaciones Nugkui; inspiración de las mujeres awajún en el manejo de la biodiversidad para su seguridad alimentaria en el Alto Marañón. Torres Guevara, Fidel. Lima: Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica (Saipe), 2013. Análisis basado en la nutrición que provee la agrobiodiversidad de las chacras inspiradas en Nugkui (Madre Tierra), donde se puede afirmar que las familias awajún logran su seguridad alimentaria, ya que representan una cultura ancestral que ha existido y se ha desarrollado en la Amazonía viviendo sana y activamente a través de su alimentación. La publicación, además, muestra el rol estratégico de las mujeres awajún, inspirado en el mito Nugkui, desde el cual se construyen los valores y motivaciones para el conocimiento y acción de manejo, conservación y utilización sostenible de la biodiversidad representada en la chacra familiar. El libro puede descargarse de . El cambio climático y los recursos hídricos en los Andes tropicales. Vuille, Mathias. Banco Interamericano de Desarrollo, 2013. En esta publicación se describen los desafíos que plantea el uso
actual y futuro del agua en los Andes tropicales, comenzando por un análisis del ciclo hidrológico proyectado para el presente y el futuro, así como de los efectos previstos sobre los servicios ambientales que suministran los glaciares y la vegetación de los humedales. También se tocan en detalle los actuales conflictos en relación con el uso del agua desde una perspectiva socioeconómica. El texto puede descargarse de .
Innovaciones de impacto: lecciones de la agricultura familiar en América Latina y el Caribe. Henríquez, Priscila y Hugo Li Pun (eds.). San José (Costa Rica): Banco Interamericano de Desarrollo (BID)/ Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2013. Resumen de quince experiencias diversas, en varios países latinoamericanos, sobre condiciones ecológicas y tipos de innovaciones, las cuales han beneficiado a miles de familias de limitados recursos. La publicación es un tributo a la inventiva y trabajo arduo de miles de pequeños productores, procesadores y comercializadores en América Latina y el Caribe. Resaltan las experiencias peruanas de la Arpac, con el mercado de productores de Huancaro del Cusco, y del programa Papa Andina/INCOPA del CIP. Se trata de un trabajo de utilidad para los que diseñan políticas de desarrollo agropecuario, y se espera que fomente una mayor inversión en la investigación e innovación agrícola. El texto puede descargarse de .
Normas legales Normas legales Normas legales Normas legales Congreso de la República • Se promulga la Ley 30021 (17 may.), Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. • Se promulga la Ley 30025. (22 may.), Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición de bienes inmuebles afectados para la ejecución de diversas obras de infraestructura. Presidencia del Consejo de Ministros • Por D.S. 048-2013-PCM (4 may.) se declara el estado de emergencia en las zonas cafetaleras de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco,
Puno, San Martín y Ucayali, incluidos los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social • Mediante R.M. 087-2013-MIDIS (3 may.) se aprueba el Manual de Operaciones del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (Fonie). Ministerio de Agricultura • A través de la R.M. 173-2013-AG (22 may.) se aprueba el Plan anual de transferencia de competencias sectoriales a los gobiernos regionales y locales - 2013, sector Agricultura. Defensoría del Pueblo • Por Resolución 006-2013/DP (4 may.)
se aprueba el Informe Defensorial 160, «Gestión del Estado frente a la minería informal e ilegal en el Perú. Supervisión a la implementación de los decretos legislativos promulgados al amparo de la Ley 29815». Autoridad Nacional del Agua • Mediante R.Jef. 192-2013-ANA (9 may.) se modifica el Reglamento de Procedimientos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua. Gobierno Regional de Amazonas • La Ordenanza 002-GRA/CR (18 may.) reconoce e implementa el derecho a la consulta previa e informada a los pueblos indígenas en el ámbito y competencias del Gobierno Regional de Amazonas.
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LA REVISTA AGRARIA / 151
