8 Propuestas para una Argentina sostenible

DIAGNÓSTICO La población mundial consume un 60% más de los recursos que el planeta es capaz de sostener a largo plazo (Footprint Network, 2015). Se estima que, para mediados de 2030, ese porcentaje alcanzará el 100%. Problemas como el cambio climático, el acceso al agua y la alimentación tienen una vinculación directa con esta situación. Así, los productos primarios y los bienes y servicios que proveen los ecosistemas (provisión de agua, fijación de carbono, ciclo de nutrientes, protección de cuencas, etc.) tendrán un valor creciente para el comercio mundial. En este contexto, América Latina cobra un rol central al poseer recursos naturales de importancia global. Pero esta situación no fue hasta ahora adecuadamente abordada en la agenda regional ni en los tratados y acuerdos multilaterales/bilaterales (MERCOSUR, UNASUR, CARU, COREBE). El reciente acuerdo mundial por el clima, alcanzado en la COP 21 en París es una oportunidad para que nuestro país, a partir del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable asuma el liderazgo regional en este tema. La economía argentina se basa en la riqueza y productividad de sus recursos naturales, que posibilita y sostiene la producción de commodities. Sin embargo, los ingresos no compensan la degradación del capital natural, generada por la falta de un modelo de desarrollo sustentable y de un plan de ordenamiento territorial que contemple estos escenarios futuros. Así, la desertificación y degradación afecta a las tierras productivas en un 75% del territorio nacional, con un saldo de más de 60 millones de hectáreas sujetas a procesos erosivos moderados y/o graves. Esto impulsa una caída de la productividad, con el consiguiente empobrecimiento de las condiciones de vida y perspectivas de desarrollo de más de 9 millones de habitantes. Los acuerdos internacionales que suscribió la Argentina (Convenio sobre Diversidad Biológica, ONU) prevén proteger, al menos, un 17% de la superficie de cada región terrestre y el 10% de cada región marina para 2020. Pese a esto, menos de 10% del territorio terrestre y cerca del 3% del mar se encuentran protegidos a través de Parques Nacionales, Reservas provinciales, Reservas privadas y áreas marinas protegidas. Aun sin una política que las promueva activamente, existen en el país más de 200 reservas naturales privadas, muchas de ellas sin reconocimiento oficial, dado que sólo 12 de las 23 provincias consideran a este tipo de reserva en su legislación, y muy pocas efectivamente las promueven.

A su vez, la situación de los principales recursos pesqueros no puede conocerse por la falta de investigación, que hace que las recomendaciones de explotación estén basadas en demasiados supuestos. En términos económicos, esta situación es preocupante, ya que la explotación de estos recursos representa un ingreso de más de US$ 1.000 millones solo por exportaciones y alrededor de 20.000 puestos de trabajo. Por otra parte, la forma en la que la explotación de los recursos pesqueros se realiza en la Argentina es destructiva para el hábitat y las especies marinas que interactúan en estas operaciones. Por otra parte, el 86% de la matriz energética de la Argentina depende de los combustibles fósiles (gas y petróleo), cuyas reservas se están agotando rápidamente, y la incorporación de las energías renovables sólo alcanzarán una participación cercana al 3% (una vez implementado el programa GENREN de la ex-Secretaría de Energía), cuando la tendencia mundial es de una fuerte inversión en este sector. Esto ocurre en el marco de una débil articulación federal de las políticas ambientales y de una dispersión entre distintas carteras que impidió la consolidación de una política de Estado. La poca relevancia política asignada se evidenciaba, hasta diciembre de 2015, en el bajo rango de la cartera ambiental (Secretaría, dependiente de la Jefatura de Gabinete) y en un escaso presupuesto (menos de un sexto del asignado por los países desarrollados en relación a su PBI). La reciente creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, viene a dar respuesta a fuertes reclamos de la sociedad civil preocupada por la temática y abre una ventana de oportunidades para consolidar una política de estado a través de la articulación federal, en el ámbito público y privado. Bajo este marco el valor de los bienes y servicios ambientales no ha estado incluido en las cuentas públicas ni en los proyectos de inversión. A pesar de ser el sustento de muchas actividades económicas no son evaluados ni valorados, y entonces es toda la sociedad la que “subsidia” su degradación. En definitiva, la falta de conciencia sobre la problemática ambiental en la sociedad posibilita respuestas políticas superficiales, que atienden cuestiones de coyuntura con visiones parciales de la problemática o surgen en respuesta a conflictos sociales (Glaciares, Papeleras, Deforestación, Represas, Minería).

POLÍTICAS EN MARCHA La legislación argentina marca el rumbo hacia un desarrollo sustentable. Por lo cual, la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable es el puntapié inicial para el desarrollo e implementación de una política de Estado. Esta política puede apoyarse en iniciativas destacables que se promovieron en los últimos años:

Creación de un marco institucional. Nuestro país incorporó el derecho a un ambiente sano en la Constitución nacional (1994), y sancionó la Ley General del Ambiente (2002) y varias leyes de presupuestos mínimos (bosques, gestión y eliminación de los PCB, y residuos sólidos urbanos). En particular, la Ley de Bosques (2007) fue un gran paso para el ordenamiento territorial y para otorgar valor a los servicios ambientales que brindan los bosques, a través de la constitución del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. No obstante, algunas importantes leyes de Presupuestos Mínimos, cómo la de Protección de Humedales y la de Áreas Protegidas están pendientes de ser discutidas, analizadas y aprobadas.

Creación del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP). En un país federal, donde el manejo de los recursos naturales es potestad de las provincias, la creación de órganos de coordinación de políticas ambientales entre la Nación y las provincias fue un paso significativo para comenzar a delinear una política ambiental uniforme para todo el territorio. La promoción de la participación formal de representantes de organizaciones de la Sociedad Civil en estos espacios es una asignatura pendiente.

Impulso a la creación de áreas marinas protegidas. En los últimos

10 años se crearon las primeras áreas que cubren cerca del 3% de la superficie de nuestras aguas jurisdiccionales (frente a un 6% existente a nivel global). Aún falta un largo camino para llegar al 10% asumido por la Argentina en la Convención de Diversidad Biológica (Nagoya, 2010), y para la implementación de un sistema representativo de Áreas Marinas Protegidas en los océanos australes, comprometido para 2012. La iniciativa “Pampa Azul”, ha generado expectativas al respecto, ya que facilita la interacción de organismos públicos y privados con el fin de promover investigaciones científicas en el Mar Argentino que incluyen actividades de exploración y conservación; de innovación tecnológica para los sectores productivos vinculados al mar; y de divulgación científica dirigida al público en general.

Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE) y Licitación de Generación Eléctrica a partir de Fuentes Renovables (GENREN). Este último habilitó el camino para incorporar 895 MW de energías renovables, lo que representa aproximadamente el 3% de la capacidad de generación instalada (España, por ejemplo, contó en 2009 con un 28% de su energía eléctrica proveniente de fuentes renovables). Además, la nueva Ley de Energías Renovables (Ley 27.191) propone que 8% al 2017 y del 20% al 2025 del consumo eléctrico sea abastecido por fuentes renovables. En cuanto al PRONUREE, su aplicación incipiente comenzó a mostrar resultados alentadores en los diferentes sectores.

Política pesquera con base ambiental. La Ley Federal de Pesca (1999), surgida de la última crisis importante del sector, brinda el marco para el desarrollo de una política pesquera sólida y de largo plazo que asegure la sostenibilidad de la actividad y las fuentes de trabajo.

GRANDES DILEMAS Frente a demandas sociales acuciantes, ¿es prioritaria la agenda ambiental? La realidad demuestra que la problemática ambiental eleva su perfil cuando escala en estallidos sociales de solución compleja, donde las relaciones de causalidad “ambiente-comunidad” son abordadas tangencialmente. El caso Riachuelo es un claro ejemplo: una cuenca que concentra más del 10% de la población del país, con problemas de marginación, pobreza y salud de gran envergadura, es una de las 10 cuencas más contaminadas a nivel global. El desafío de esta nueva gestión presidencial y, en particular, del nuevo Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es generar puntos de encuentro entre la problemática ambiental y las demandas sociales. Hay sin duda espacio para que ambas agendas se complementen y potencien. ¿Crecimiento económico o desarrollo sustentable? Desde diferentes ámbitos se plantea la falsa antinomia de que el cuidado de los recursos naturales es incompatible con el desarrollo. Sin embargo, es cada vez más frecuente encontrar casos en los que ambos aspectos logran un equilibrio, basado en la aplicación de nuevas y mejores tecnologías, en la planificación del desarrollo y en el hallazgo de soluciones viables para los

problemas ambientales que no afectan significativamente el desarrollo económico y el crecimiento. Desde muchos sectores de la producción, este discurso es fuerte y sostenido, desconociendo que la implementación de políticas de desarrollo sustentable son las que asegurarán el mantenimiento de la capacidad productiva, y por ello, del crecimiento económico y social sostenido. En este aspecto uno de los mayores retos de esta nueva gestión presidencial y ministerial consiste en mostrar con hechos concretos que el capital natural de la Argentina y su manejo sustentable es parte de una estrategia de desarrollo de largo plazo, que incluye el posicionamiento de nuestro país (al igual que el de otros países de la región) como proveedor global de bienes y servicios ambientales claves. Una Nación sustentada históricamente en sus recursos naturales, en el recorrido hacia un mayor nivel de industrialización debe planificar su economía en base a la dinámica de sus ambientes y a la inversión en tecnologías limpias. Nación y provincias, ¿quién tiene jurisdicción sobre el ambiente? Desde la última reforma constitucional, el ambiente es un derecho constitucional. Y por lo tanto, debería ser un tema fundamental de la agenda política de la Nación. Sin embargo, muchas provincias cuestionan el rol del Estado nacional como garante de la salud del ambiente, basadas en su dominio originario sobre los recursos naturales. En este sentido, las provincias son dueñas de los recursos naturales dentro de sus límites territoriales. Pero, al mismo tiempo, la Nación tiene la potestad de dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos para protegerlos (art. 41). El tratamiento en el Congreso de las leyes de presupuestos mínimos (Ley de Bosques -2007- y Ley de Glaciares -2010- la Ley de Humedales que perdió estado parlamentario en 2015) resultó en profundos debates que demostraron la supremacía temática que el ambiente demanda en la agenda política. La discusión relativa a la jurisdicción sobre el ambiente es un tema presente, que exige capacidad de negociación política para lograr el apoyo de las provincias en cuestiones delicadas como, por ejemplo, la distribución de la coparticipación orientada a la temática ambiental.

PROPUESTAS 1- Profundizar la jerarquización de la temática ambiental en la agenda de gobierno: dotar al nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de presupuesto y concentrar en éste el control de las actividades productivas con incidencia directa sobre recursos naturales renovables. Como primer paso, recomendamos dotar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), de los recursos y apoyos necesarios para su adecuado funcionamiento. Esto implica dotarlo de un presupuesto no menor al 1,5% del Presupuesto nacional entre 2016 y 2020 . En segundo término, sugerimos concentrar en el MAyDS los diversos organismos del Estado con incumbencia ambiental, actualmente dispersos en varias carteras. La meta es, en este caso, lograr diferenciar los roles de promoción (que seguirían en las Secretarías específicas –Minería, Energía, etc.–) y de control ambiental (que solicitamos pasar al MAyDS). Así, se fortalecería su actuación en la definición de políticas de Estado con incidencia sobre los recursos naturales (minería, planificación de obras de infraestructura, manejo integrado del agua, etc.). Y, a su vez, se evitaría la duplicación de normas y se simplificarían los procesos, con impactos en la reducción de costos, y en la transparencia y la gestión del Estado. En una tercera etapa, es prioritario perfeccionar y potenciar los espacios y los mecanismos recíprocos de comunicación y coordinación en materia ambiental entre la Nación y las provincias. Por ello, sugerimos que el Gobierno nacional trabaje para fortalecer el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP), entre otros, para atender las necesidades de las provincias sin perder su liderazgo.

2- Incluir los costos ambientales en las cuentas nacionales: una estrategia para integrar el capital natural como variable macroeconómica, y un paso hacia la internalización de los costos ambientales en el sector privado. El deterioro ambiental nos afecta como sociedad en el largo plazo. Los servicios ambientales que aporta nuestro capital natural son cada vez más escasos y menos valorados, y esto genera altas externalidades negativas.

Para ello, proponemos desarrollar un análisis sobre los bienes y servicios que los sistemas naturales de nuestro país aportan a la economía nacional. El Ministerio de Ciencia y Técnica, con la información y los recursos humanos existentes en el ámbito científico local, podría liderar esta iniciativa. Estimamos que en un año se podrían producir resultados concretos a ser incorporados como insumos para la toma de decisiones. En Perú, un análisis de estas características determinó que el aporte de las áreas protegidas a la economía nacional –si se considera la producción de agua para consumo humano, hidroenergía, agricultura, turismo, protección de cuencas, captación y fijación de carbono– será de no menos de US$ 10 mil millones en los próximos diez años (aproximadamente tres veces la inversión nacional en el área de ambiente). En una segunda instancia, habría que incorporar los costos ambientales en las cuentas nacionales de la Argentina, es decir, “coparticipar los servicios ambientales”. Existen antecedentes significativos en México, Colombia y Guatemala donde se aplicó el Sistema de Contabilidad Económica Ambiental (SEEA) que desarrolló la ONU, una metodología estandarizada y concreta para lograr una cuantificación. En una tercera etapa, la aplicación de esta metodología de medición debería ampliarse al sector privado para iniciar una política que apunte a la internalización de los costos ambientales en las actividades productivas. A partir de este avance podrían diseñarse e implementarse mecanismos de promoción e incentivos fiscales para la reducción de los costos ambientales a partir de la implementación de buenas prácticas.

3- Diversificar la matriz energética a través de la inversión en energías limpias, cumpliendo con las metas de la nueva Ley de Energías Renovables (Ley 27.191), incorporando fundamentalmente las fuentes más importantes como la eólica, biomasa y solar, para alcanzar una meta del 8% al 2017 y del 20% al 2025; y aplicar políticas de uso racional y eficiente de la energía que apunten a reducir el consumo innecesario en, al menos, un 25% para 2030. La disponibilidad de energía es estratégica en un mundo afectado por el cambio climático y la escasez previsible de los combustibles convencionales. Así, la promoción de eficiencia en el uso de la energía en los sectores público, residencial, comercial, transporte e industrial es clave. Ya se tomaron algunas medidas para promover la eficiencia energética pero aún

resultan parciales e insuficientes. Una política integral que incluya la definición de estándares de eficiencia mínima (MEPS, por su sigla en inglés), impulse e incentive la aplicación de buenas prácticas en los sectores industrial, comercial y público, y lleve adelante campañas de concientización es la estrategia más efectiva en el corto y mediano plazo para disminuir el consumo energético. El potencial de ahorro estimado a 2030 se encuentra entre el 20% y 30% en relación con la demanda estimada, de continuarse con las prácticas actuales. Todos los sectores pueden disminuir su consumo de energía. Esto le permitiría al Estado ahorrar, al menos, US$ 2.500 millones hasta 2020, a partir de una reducción de la demanda futura de combustibles para generación y de una disminución en el costo de inversión en centrales eléctricas (FVSA, 2013). En paralelo, recomendamos desarrollar un plan de inversión orientado al incremento sustancial de energías renovables (eólica, solar, micro-hidro, biomasa). Apostar a la conversión gradual de la matriz energética para minimizar la dependencia de los combustibles fósiles deberá ser una estrategia central en este período de gobierno. Es posible aspirar a que un 20% de la matriz provenga de energías renovables en 2025, en línea con las tasas de crecimiento en otros países en desarrollo, y lo establecido por la Ley 27.191. Por último, se propone revisar, en función de los estudios de Impacto Ambiental y de las posibilidades que ofrecen el Uso Racional y Eficiente de la Energía y las Energías Renovables, la necesidad de construir las centrales hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz, que implicaría una mala propuesta en términos energéticos, económicos, ambientales y sociales.

4- Promover una política de Estado que planifique estratégicamente el uso del territorio: implementar la Ley de Bosques (26.331) e impulsar procesos similares en otras regiones, dos pasos para un plan de desarrollo territorial integral. Sin una planificación del uso del territorio, éste queda definido por las demandas del mercado y el Estado debe afrontar las externalidades (pérdida de bienes y servicios ambientales) que los distintos tipos de uso puedan generar, y financiar inversiones millonarias para compensar las pérdidas. Por eso, es esencial que este nuevo gobierno impulse una nueva política de Estado orientada a planificar estratégicamente, a mediano y largo plazo, el uso del territorio argentino, tanto terrestre cómo marino.

El primer paso es consolidar la implementación efectiva de la Ley de Bosques (26.331), que es la primera en plantear, a nivel nacional, el ordenamiento territorial y la creación de un fondo para el pago de servicios ambientales. Este fondo, que no debería ser inferior al 0,3% del Presupuesto nacional, y que debe constituirse a partir del 2% de las retenciones a las exportaciones de los productos agrícolas, ganaderos y forestales (según dispone la ley), es la medida que permitirá completar el proceso de implementación. En una segunda instancia, sugerimos promover el ordenamiento ambiental de otras regiones naturales (Mar Argentino, Humedales, Pastizales, Áreas cordilleranas) a través de la sanción de una Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bienes y Servicios Ambientales, que se nutra de la implementación de la Ley de Bosques. Este proceso debería brindar el marco para discutir el perfil de desarrollo para cada región y la conveniencia de impulsar distintas actividades productivas (minería, por ejemplo) en cada una de ellas. Avanzar hacia una planificación espacial marina nos permitirá como país fortalecer el rol internacional en la gestión estratégica del territorio marino y en la consolidación de los derechos soberanos. Finalmente, en una tercera etapa, se debería trabajar para alinear las políticas y la legislación existentes, y para generar otras que promuevan los mejores usos del territorio. Alinear los mecanismos ya existentes de promoción de diferentes actividades productivas con los resultados del ordenamiento territorial aportaría un mecanismo de financiamiento adecuado cuya implementación no requeriría un significativo incremento de la inversión pública. Estas medidas pueden ser complementadas con incentivos económicos directos, así como a partir de mejoras en materia de infraestructura que acompañen el proceso. Las nuevas fuentes de financiamiento orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático pueden ser centrales para la Planificacion Ambiental del Territorio argentino.

5- Proteger el 17% de la superficie terrestre y el10% de la marina a partir de la consolidación del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP) y de la promoción de una ley que fije estándares mínimos y políticas comunes entre diferentes jurisdicciones. Las áreas naturales protegidas son las mejores herramientas de política pública para conservar a largo plazo -y para el disfrute de las futuras generaciones- muestras representativas de nuestra diversidad biológica, terrestre y marina. También son la forma de encontrar otros modelos de

desarrollo, basados en la conservación de los bienes y servicios de los ecosistemas, y en la promoción de actividades económicas como el turismo. A su vez, contar con una red de áreas protegidas facilitará el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos (Convenio de Diversidad Biológica, ONU; Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, 2012). En una primera etapa, consideramos necesario impulsar la sanción de una Ley de Presupuestos Mínimos para las áreas protegidas, con el objetivo de conservar al menos un 17% de la superficie de cada región natural terrestre y el 10% del Mar Argentino. La ley debería fortalecer la coordinación entre los sistemas Nacional (APN) y provinciales de AP, a través del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP). Lo que hoy es un convenio (APNMAYDS-COFEMA), debería ser reemplazado por la ley, que regularía los mecanismos de articulación y dotaría al SIFAP de una estructura y recursos necesarios para coordinar entre las diferentes jurisdicciones las políticas y estrategias vinculadas a las áreas protegidas. La Administración de Parques Nacionales podría así lograr un fuerte liderazgo dentro del SIFAP. La Ley deberá establecer principalmente: a) estándares mínimos de inversión, manejo, planificación, gestión de áreas protegidas; b) el reconocimiento formal de la figura de reservas naturales privadas en todo el país, c) un marco regulatorio para áreas protegidas comunitarias; d) la jerarquización de los sistemas de áreas protegidas dentro de las estructuras orgánicas de las provincias y e) el régimen de financiamiento del sistema. Luego, hay que dotar a la norma del financiamiento necesario para lograr su aplicación. Para ello, sugerimos crear un fondo específico, constituido por fondos de compensación de grandes obras de infraestructura, un porcentaje de los impuestos/retenciones a las exportaciones de hidrocarburos y productos de la minería (actividades extractivas de alto impacto ambiental), y por recursos derivados de la actividad turística que se desarrolla en torno a las áreas protegidas. Esta sería una forma práctica de incluir los costos ambientales en las cuentas nacionales y provinciales.

6- Promover el desarrollo de buenas prácticas ambientales: adoptar los criterios del Pacto Global (PNUD) e incentivar la adopción de mecanismos de certificación específicos en los sectores de agricultura, ganadería, actividad forestal e industrial a lo largo de todas las cadenas de producción claves de bienes y servicios.

Las economías del mundo están invirtiendo en el desarrollo de economías limpias. En la Argentina, este esfuerzo tiene que enfocarse en las actividades primarias y secundarias: agricultura, ganadería, actividad forestal e industrial. De acuerdo a los resultados de la Tercera Comunicación Nacional de la República Argentina sobre Cambio Climático, los sectores ‘Agricultura y Ganadería’, y ‘Procesos Industriales’ concentran en conjunto, el 31% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) . Por otro lado, estos sectores carecen de un marco regulatorio que resguarde el criterio de sustentabilidad en su ciclo productivo. En este sentido, sugerimos adoptar un marco de referencia de buenas prácticas en cada uno de los sectores prioritarios. Además de los criterios del Pacto Global (PNUD), existen actualmente mecanismos de certificación de sustentabilidad para actividades específicas, surgidos de procesos multiparte, reconocidos mundialmente por su independencia y nivel de rigurosidad, que podrían tomarse en consideración. Entre ellos, Forest Stewardship Council (FSC), para la actividad forestal; Marine Stewardship Council (MSC), para las pesquerías, y Roundtable of Responsible Soy (RTRS), para la soja. El siguiente paso sería generar los incentivos y regulaciones necesarias para promover su aplicación. Un régimen de incentivos impositivos o el acceso a facilidades de financiamiento, junto con un marco regulatorio adecuado, permitirá que el sector privado los adopte. La financiación de los procesos de cambio resulta fundamental, y los bancos estatales pueden jugar un rol central en este aspecto, mostrando el camino al resto del sector financiero. Esto mejorará el desempeño ambiental de las diferentes ramas de la industria y la producción, y facilitará a la industria nacional el acceso a mercados cada vez más exigentes.

7- Impulsar un manejo pesquero sustentable a través de un Manejo Basado en Ecosistemas y la inversión en investigación y monitoreo de las pesquerías del Mar Argentino. La industria pesquera argentina es uno de los pilares de la economía de las provincias patagónicas y de ciudades relevantes de la región bonaerense como Mar del Plata. La crisis del sector pesquero requiere de medidas urgentes, pero también de una política de mediano plazo que apunte a asegurar la sustentabilidad del recurso y su capacidad productiva, aportar transparencia al sector y plantear planes integrales de desarrollo de una actividad pesquera sustentable que pueda acceder a los mercados más exigentes. Por otra parte, la sobre explotación de los recursos pesqueros ha generado un consenso mundial acerca de que el Manejo Basado en Ecosistemas es el la forma más apropiada para lograr un balance entre la

actividad económica, generadora de empleos, y la conservación de la biodiversidad y la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, disminuyendo el impacto de las prácticas pesqueras sobre las especies marinas y el hábitat. Así, es imprescindible profundizar la implementación del Modelo Basado en Ecosistemas para el manejo de los recursos pesqueros, tal como recomienda la FAO. En este tipo de manejo, no solo el recurso per se es tomado en cuenta, sino también todas las especies que se capturan y afectan durante las prácticas pesqueras como así también el hábitat. También, es fundamental disminuir la captura incidental de especies no buscadas así como su descarte. Esto se logra mediante la devolución con vida de las especies no buscadas y la implementación de dispositivos de selectividad y medidas de mitigación de captura incidental que ya han sido desarrollados exitosamente por los institutos de investigación y organizaciones no gubernamentales de nuestro país. El uso de estos dispositivos y medidas de mitigación debe ser obligatorio. La investigación marina y pesquera es un elemento central en el desarrollo del Manejo Basado en el Ecosistema. Por esta razón, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) debería desarrollar y ampliar al máximo su potencial para cumplir sus misiones y funciones. Esto incluye poder utilizar sus buques de investigación para recuperar las campañas de investigación que no se realizan desde hace más de dos años. Estas campañas, junto a otras fuentes de información, permiten evaluar, entre otras cosas, el estado de los recursos de nuestro Mar Argentino. A su vez, la efectiva articulación y coordinación de las actividades del INIDEP con el Programa Pampa Azul del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica proporcionará insumos fundamentales para el ámbito de la investigación marina y pesquera. Recomendamos que desde el MAyDS se trabaje en asegurar ecosistemas marinos sanos y productivos que sostengan actividades sustentables para beneficio de las generaciones presentes y futuras. Para ellos, hace falta abordar las siguientes temáticas: a) Mejoramiento de la investigación marina y pesquera, fortaleciendo –entre otras áreas- la iniciativa Pampa Azul ; b) desarrollo de un nuevo modelo de gestión pesquera basado en el ecosistema que promueva el desarrollo sustentable, c) Diseño e implementación de un Plan de recuperación de la merluza y otros recursos sobreexplotados; d) Promoción de un Plan de emergencia de consolidación de todo el sector pesquero; e) Realización de controles eficientes, transparencia, acceso público a la información, participación ciudadana en estos procesos.

8. Desarrollar e implementar una Ley de Presupuestos Mínimos de Educación Ambiental que pueda organizar y sistematizar una propuesta pedagógica y didáctica nacional, definiendo consensos básicos, pero sosteniendo y encuadrando las especificidades propias de cada jurisdicción. La educación ambiental es nuestra principal herramienta para promover un cambio en la forma en que nos relacionamos con el ambiente. Los planes vigentes de educación formal han avanzado integrando contenidos de educación ambiental a las planificaciones y proyectos áulicos. Si bien, desde los documentos estos conocimientos son una realidad, aún hay desafíos pendientes en su implementación, en la formación docente y en su nuevo rol de educadores ambientales y en la posibilidad de que cada escuela, desde el rol que ocupa en la sociedad, pueda vincularse más y mejor con el medio en el cual se encuentra inserta. A nivel nacional hay dos Leyes, una de ambiente y otra de educación que, de diferente modo nombran e incluyen la Educación Ambiental, traduciendo en sus prescripciones el mandato constitucional de que hay que vivir en un ambiente sano. Sin embrago ninguna de esas leyes es explícita en cuanto al modo de llevar a cabo la tarea. Mantienen un esquema sintético y genérico, lo cual las convierte en instrumentos que no son útiles para orientar la gestión escolar. Actualmente hay diversas acciones desarrolladas en las provincias a través de experiencias escolares, a nivel aula y a nivel institucional, tales como: eventos especiales, acciones conjuntas con organizaciones de la sociedad civil o con el resto de la comunidad educativa, celebración de efemérides, desarrollo de proyectos locales y provinciales, y olimpíadas de educación ambiental. Todas acciones que si bien han arrojado resultados muy diversos y ricos, son acciones que se realizan en forma aislada, con escasa interacción y retroalimentación entre ellas. De esta manera, una Ley de Educación Ambiental nacional basada en un enfoque transversal y multidisciplinar, promotora de la participación de los estudiantes y de la comunidad, y que contribuya a valorizar y construir una mirada crítica de la realidad socioambiental local y regional, unificaría los lineamientos de una política de educación ambiental. Y, sería un punto de partida para luego producir los anexos curriculares sobre temas prioritarios que reoriente a los docentes en sus prácticas.