EN BUSCA DEL TRABAJO DECENTE

Luis F. Linares López. Guatemala, julio 2015

Editor Asociación de Investigación y Estudios Sociales © 2015 10a. Calle 7-48, Zona 9, Apdo. Postal 1005-A. PBX: 2201-6300; FAX: 2360-2259 www.asies.org.gt, [email protected] Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.

Coordinación general Luis Felipe Linares López - [email protected] Consultores: Carmen Ortíz - [email protected] Carlos Vega - [email protected] Julio Prado - [email protected] Asistente técnica administrativo Evelyn Gómez - [email protected] Revisión de estilo Ana María de Specher Diagramación Cesia Calderón Impresión Centro de impresiones gráficas CIMGRA El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de ASIES. En ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea. Se permite la reproducción total o parcial de este documento, siempre que se cite la fuente.

Este documento es una de las propuestas de ASIES para la Agenda Nacional, período 2016-2019, denominada Guatemala Camina: Pasos firmes para cambiar.

ÍNDICE

Siglas y acrónimos.......................................................................................................... v Presentación..................................................................................................................... vii Justificación...................................................................................................................... viii 1. 2.

3. 4.

La centralidad del trabajo humano y el concepto de trabajo decente...................................................................... 1 Diagnóstico de situación.................................................................................. 3 2.1 Caracterización de la población laboral......................................... 3 2.2 Condiciones necesarias para la creación de empleo................ 3 Conclusiones......................................................................................................... 13 Propuestas para la creación de trabajo decente.................................... 25 4.1 Propuesta 1: Los motores de la creación de empleo – agricultura, turismo, vivienda y manufactura ligera.......... 28 4.2 Propuesta 2: La obra pública como generadora de trabajo decente................................................................................... 31 4.3 Propuesta 3: Fortalecer la integración económica centroamericana...................................................................................... 33 4.4 Propuesta 4: Promover el empleo rural......................................... 34 4.4 Propuesta 4: Promover el empleo rural........................................ 35 4.6 Propuesta 6: Trabajo doméstico......................................................... 36 4.7 Propuesta 7: Ampliación de la cobertura de la seguridad social............................................................................. 37 4.8 Propuesta 8: Capacitación para el trabajo..................................... 39 4.9 Propuesta 9: Cumplimiento de la legislación laboral............... 40 4.10 Propuesta 10: Fortalecimiento institucional............................... 40

Bibliografía........................................................................................................................ 42 Anexo estadístico........................................................................................................... 46

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SIGLAS Y ACRÓNIMOS ASIES AGEXPORT AMSA BANGUAT BID CACIF CEPAL CONADUR COPREDEH EMA ENCOVI ENEI EE.UU. FAO FEPYME FHA FOB FONPETROL FUNDESA GCI GETCO IARNA ICEFI IED IGSS IGT IMF INAB INB INE INTECAP

Asociación de Investigación y Estudios Sociales Asociación Guatemalteca de Exportadores Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán Banco de Guatemala Banco Interamericano de Desarrollo Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras Comisión Económica para América Latina y el Caribe Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos Enfermedad, Maternidad y Accidentes Encuesta Nacional de Condiciones de Vida Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Estados Unidos de América Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Federación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas Free On Board Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación Fundación para el Desarrollo de Guatemala Índice de Competitividad Global (Global Competitiveness Index) Generación de Empleo Temporal Comunitario Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales Inversión Extranjera Directa Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Inspección General de Trabajo Instituciones de Microfinanzas Instituto Nacional de Bosques Ingreso Nacional Bruto Instituto Nacional de Estadística Instituto Técnico de Capacitación y Productividad

- vi - PROYECTO DIÁLOGO SOCIAL PARA EL TRABAJO DECENTE

IVA IVA-PAZ IVS MAGA MARN MGRNEA MINTRAB OIT ONG PACIT PAFFEC PEA PEF PIB PNDRI PO SEGEPLAN SICA SICOIN SIECA SNER UA URL VISAR

Impuesto al Valor Agregado Impuesto al Valor Agregado para la Paz y el Desarrollo. Invalidez, Vejez y Sobrevivencia Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural Mahatma Gandhi (Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Act) Ministerio de Trabajo y Previsión Social Organización Internacional del Trabajo Organización No Gubernamental Programa de Agregados Comerciales, de Inversión y Turismo Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina Población Económicamente Activa Programa de Entrega de Fertilizantes Producto Interno Bruto Política Nacional de Desarrollo Rural Integral Población Ocupada Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Sistema de Integración Centroamericana Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Secretaría de Integración Económica Centroamericana Sistema Nacional de Extensión Rural Unión Aduanera Universidad Rafael Landívar Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones

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PRESENTACIÓN

El proyecto “Diálogo social para el trabajo decente” ejecutado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) con el apoyo de la Unión Europea, ha elaborado este estudio sobre empleo, derechos laborales y competitividad, que contiene propuestas orientadas a la creación de puestos de trabajo decente, a manera de conciliar los derechos fundamentales de los trabajadores con los desafíos que, en materia de competitividad, se plantean a la economía guatemalteca, ante la necesidad de reducir la informalidad y la precariedad laboral, así como la pobreza y la desigualdad. Al mismo tiempo constituye un aporte al conjunto de propuestas que conforman la “Agenda Nacional de ASIES 2016-2019”. La Agenda tiene el propósito de contribuir a la discusión informada de los problemas nacionales y a la formulación de políticas públicas orientadas al bien común de la población guatemalteca. Específicamente, el presente estudio se somete a la consideración de los interlocutores sociales en materia laboral, dado que contiene propuestas de políticas públicas sobre temas clave para el desarrollo del país, relacionados con los principios que inspiran a la Asociación.

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JUSTIFICACIÓN

Conseguir un trabajo que garantice la satisfacción de las necesidades fundamentales del trabajador y de su familia, y sostenerlo, constituye una de las principales preocupaciones de las personas. En la encuesta de Prensa Libre publicada en mayo de 2015, un 38% de personas identifican la falta de dinero y de oportunidades económicas como el principal problema que afecta al país, tanto a nivel nacional como en los diferentes segmentos (área de residencia, edad, sexo, nivel socioeconómico). El trabajo es, por otra parte, uno de los temas más invocados por los partidos políticos que participan en el actual proceso electoral, indudablemente porque se trata de una cuestión fundamental para la población guatemalteca. A este respecto, los logros alcanzados tanto por el actual gobierno como por los gobiernos anteriores, han sido escasos e insuficientes para satisfacer las necesidades y expectativas de los guatemaltecos. El contenido de este documento tiene como propósito contribuir a la formulación de una política laboral que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 40, inciso a) de la Ley del Organismo Ejecutivo, corresponde formular al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Las propuestas parten del supuesto de que la creación de los puestos de trabajo decente que requiere la sociedad guatemalteca no puede ser producto de una receta única, pues la generación de empleo depende de múltiples factores que deben ser atendidos en conjunto, sin perjuicio de que se establezcan prioridades. Por ende, es necesario el establecimiento de medidas que atiendan las especificidades de los diversos segmentos de la población laboral y las potencialidades de la economía, entre otros aspectos. Por ello, la creación de empleo debe ser uno de los propósitos centrales de la política general de un gobierno. Los diversos sectores involucrados: económico, comercial, fiscal, educativo, de infraestructura, entre otros, deben coadyuvar a la creación de más y mejores puestos de trabajo y a propiciar las condiciones que permitan dicha creación.

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1. LA CENTRALIDAD DEL TRABAJO HUMANO Y EL CONCEPTO DE TRABAJO DECENTE 1. El trabajo es definido como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que permite a las personas obtener los medios necesarios para subsistir. Empleo, por su parte, se refiere al trabajo efectuado a cambio de pago o ingreso, por lo que incluye tanto el trabajo asalariado como el realizado por cuenta propia o autoempleo. El trabajo, como señala Juan Pablo II en la encíclica sobre el trabajo humano (Laborem exercens), es la dimensión fundamental de la persona humana. Antes de llegar a la edad adulta las personas se preparan para tener una inserción favorable en el mundo del trabajo y, luego de concluida la vida laboral, esperan que esta les haya permitido, sea a través de un sistema de seguridad social o bien gracias al capital o ahorro acumulado, tener una vejez decorosa y saludable. Por otra parte los ingresos generados por el trabajo son los más importantes para la mayoría de las personas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 2-2014), presentada el 17 de abril de 2015 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los salarios representan el 70% del ingreso total de la población asalariada (69% en el caso de las mujeres y 71% para los hombres). Las intervenciones de ASIES en la temática laboral, al igual que estas propuestas, tienen como eje articulador el concepto de trabajo decente, presentado en 1999 por el entonces Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavia, en la primera memoria que sometió a la Conferencia Internacional del Trabajo, titulada precisamente Trabajo Decente. Según dicho enunciado, todos los hombres y las mujeres deben tener oportunidades para “conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana” (OIT, 1999:4). Esto combina dos aspectos fundamentales de todo trabajo: la calidad, que se relaciona con el trabajador, y la productividad, que se relaciona con la empresa, que debe ser exitosa para estar en capacidad de ofrecer condiciones dignas a sus trabajadores. La noción del trabajo decente se inspira en uno de los postulados contenidos en la Declaración relativa a los fines y objetivos de la OIT de 1944, conocida como Declaración de Filadelfia, e

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incorporada a la Constitución de la OIT, la cual proclama que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho al bienestar material y desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades, y que alcanzar ese resultado debe constituir el propósito central de la política nacional e internacional. El citado concepto tiene cuatro dimensiones fundamentales: trabajo dignamente remunerado, ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, protección por la seguridad social y diálogo social. En consecuencia, al hablar de crear puestos de trabajo decente, no se trata de cualquier tipo de trabajo. Así lo indica Somavia en la memoria antes mencionada: los puestos de trabajo “han de ser de una calidad aceptable”, pues “no cabe disociar la cantidad del empleo de su calidad” (OIT, 1999:4). Es también importante mencionar, como antecedentes de los aportes de ASIES en el tema, la “Propuesta de Agenda Nacional de Trabajo Decente” (julio de 2012),1 que constituye un insumo para la formulación de un programa nacional de trabajo decente, a fin de cumplir con los mandatos constitucionales relativos al régimen laboral y los compromisos internacionales, particularmente en Brasilia (2006), cuando se adoptó la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente; y el documento “Insumos para la elaboración de políticas laborales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social” (julio de 2008).2

1



2

Proyecto Diálogo estratégico sobre trabajo decente y economía informal(apoyado por la Unión Europea). Proyecto [título en cursivas, sin comillas]Apoyo a la elaboración de la política laboral de Guatemala, que contó con el aporte financiero de la Fundación Soros.

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2. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN

2.1 Caracterización de la población laboral De acuerdo con la ENEI 2-2014 de octubre de ese año, la Población Económicamente Activa (PEA) equivale al 38% de la población total, estimada en 15.8 millones para 2014 (INE, 2004). En el cuadro siguiente se muestran algunas de sus variables más relevantes. Cuadro 1 Composición de la PEA según sexo, dominios y etnicidad PEA Hombres Mujeres Urbano metropolitano3 Resto urbano Rural Indígena No indígena

6,316,005 65% 35% 21% 33% 46% 36% 64%

Fuente: ENEI 2-2014

La población ocupada (PO) asciende, según la ENEI 2-2014, a 6,131,995, lo que da una tasa de desempleo de 2.9%. El subempleo visible4 afecta al 12% de los ocupados, con mayor incidencia en el dominio rural (14%) y entre las mujeres rurales (15%). Por grupo étnico, los indígenas son más afectados por esta situación (13%) que los no indígenas. El 39% de los subempleados se ubican en la agricultura, actividad a la que sigue la administración pública con el 21%. Por categoría ocupacional el 24% de los subempleados son empleados privados, 21% trabajadores por cuenta propia no agrícola y 20% jornaleros o peones.



3

4

Departamento de Guatemala. El subempleo visible incluye a las personas que, aunque están ocupadas, laboran menos de la jornada ordinaria de trabajo y desean trabajar más.

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2.1.1 Participación laboral según sexo, edad y etnia Entre las principales características de la población laboral, cuyo detalle se presenta en los cuadros y gráficos del Anexo estadístico, destaca que el 65% de la PO la integran hombres y el 35% mujeres, lo que refleja una menor tasa de participación con respecto al porcentaje de mujeres en la población total del país, estimado en 51.1% (Cuadro 1). Entre las mujeres ocupadas, el 40% reside en el resto de centros urbanos, 35% en el rural y 25% en el urbano metropolitano. En 2013 (Prado, 2014) el 38% de las mujeres ocupadas pertenecía al grupo étnico indígena; el 70% estaba en la informalidad, que entre los hombres alcanzaba el 68%. De las mujeres informales el 46% son indígenas y el 54% son no indígenas. De las mujeres ocupadas rurales, el 80% labora en la economía informal, y de ellas 56% son indígenas. Respecto a los rangos de edad, los jóvenes entre 15 y 24 años constituyen el 26%, los adultos de 25 años y más, el 74%. Por dominio de estudio, los jóvenes entre 15 y 24 años equivalen al 22% en el urbano metropolitano y al 31% en las áreas rurales, lo que está vinculado indudablemente a las mayores oportunidades de continuar estudios de que disponen los jóvenes residentes en el área metropolitana. Por grupo étnico, los indígenas representan el 36% de la población ocupada. Su presencia es mayor en el área rural, donde se concentra el 57% ; en el resto de centros urbanos reside el 38%. Si bien el 51.5% de la población de Guatemala reside en las zonas rurales, la participación de los habitantes rurales en la población ocupada es del 46%, y del total de mujeres ocupadas el 35% reside en las áreas rurales. 2.1.2 Población ocupada y nivel educativo Cuadro 2 Población ocupada según nivel educativo Ninguno 16% Primaria (completa o incompleta) 42% Básico 12% Diversificado o superior 30% Fuente: ENEI 2-2014

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En el dominio rural el 76% no tiene ningún estudio o solamente primaria y en el urbano metropolitano el 36% de los ocupados se encuentra en esa condición. De las mujeres ocupadas (Prado, 2013) el 56% no tiene ningún estudio o solamente primaria, pero en diversificado y superior se equiparan, con 30.7%, al promedio de la población ocupada. Comparando los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI 2000 con la ENCOVI 2011, el promedio de escolaridad de los hombres de 15 años y más era de 4.8 años en 2000 y de 5.8 en 2011. Entre las mujeres el promedio pasó de 3.8 años en 2000 a 4.9 en 2011; y en las mujeres indígenas de 1.7 años en 2000 a 2.9 en 2011. Cuadro 3 Media de años de escolaridad – 2012 Costa Rica 8.4 años El Salvador 6.5 Guatemala 5.6 Honduras 5.5 Nicaragua 5.8 Panamá 9.4 Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2014

2.1.3 La informalidad laboral Una de las principales características de la población laboral es la elevada informalidad5, que está asociada a precariedad de ingresos y falta de protección por la seguridad social. De acuerdo con la ENEI 2- 2014 el 65.8% de la PO se ubica en la informalidad. En el cuadro siguiente se presentan datos desagregados del trabajo informal.

5



El INE considera que forman parte del sector económico informal los ocupados (empleadores o trabajadores) en empresas de menos de 6 personas; los trabajadores por cuenta propia (excluyendo los profesionales y técnicos); los familiares no remunerados; y los ocupados en servicio doméstico.

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Cuadro 4 Trabajo informal 2014, características seleccionadas Categoría

Población ocupada En millones

Hombres

67%

Mujeres

67%

Urbano metropolitano

46%

Resto urbano

57%

Rural

82%

15 a 24 años

73%

25 años y más

64%

Indígena

82%

No indígena

59%

Fuente: ENEI 2-2014

Otro criterio para medir la formalidad es la cobertura por la seguridad social que, según la ENEI 2-2014 alcanza al 29% (1,768,075 ocupados) y al 46% de los asalariados (que son actualmente los elegibles para efectos de afiliación). Sin embargo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) reporta 1,231,020 cotizantes a noviembre de 2014 (32% de la PO asalariada y 20% del total de la PO). Cuadro 5 Principales características de la población afiliada al IGSS -2013 Trabajadores cotizantes activos

1,222,300

Hombres

67%

Mujeres

33%

Menores de 25 años

17%

Trabajadores cotizantes por rama de actividad Servicios

49%

Comercio

20%

Industria

12.4%

Agricultura

11.7%

Fuente: Boletín Estadístico. Afiliación 2013 - IGSS

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Destaca en estos datos que la participación de los trabajadores agrícolas dentro de la población afiliada es muy inferior a la que tienen dentro de la PO. Por área geográfica, en el departamento de Guatemala residen dos de cada tres afiliados, y el segundo departamento con mayor número de cotizantes es Escuintla, con el 8%. La ENEI 2-2014 reporta 418,652 empleados públicos, y para 2013 el IGSS solamente registra 165,529 afiliados que laboran en el sector público, lo que significa que alrededor del 60% de los ocupados en dicho sector se encuentran en situación de informalidad desde el punto de vista de cobertura de la seguridad social. La tenencia de contrato es otro rasgo de la relación formal de trabajo. De los 3.8 millones de asalariados, 39.8% tiene contrato de trabajo (33.7% por tiempo indefinido y 6.1 % a plazo fijo o temporal). De las mujeres asalariadas, el 50% cuenta con contrato de trabajo y entre los hombres el 35%. A lo anterior se agrega el goce de prestaciones laborales: el 37% de los asalariados recibe aguinaldo y el 39% recibe Bono 14. 2.1.4 La ocupación por rama de actividad Respecto a la ocupación por rama actividad económica (Cuadro 2 del Anexo) se presenta a continuación un resumen con los datos más relevantes que comparados con los de la ENEI de 2004, permiten observar la evolución del empleo en las diferentes ramas, destacando la creciente importancia de los servicios. Cuadro 6 Composición de la población laboral por rama de actividad económica Rama de actividad Agricultura Industria Comercio Servicios

PEA 2004 39% 14% 23% 19%

PO 2014 31% 14% 26% 23%

Fuente: ENEI 2-2014 y ENEI 2004

Según dominios, en el urbano metropolitano la rama que concentra el mayor número de ocupados es el comercio, con el 36%, seguida de la industria con el 22%. De las mujeres ocupadas en el metropolitano, el 38% labora en el comercio y el 20% en la industria. En el resto urbano, el comercio es también la rama de actividad que tiene mayor participación, con el 35% de los ocupados, seguida de la administración pública con el 18% y el comercio y la agricultura con 15%. Este último dato pone de manifiesto la importancia que la actividad agrícola mantiene para muchos residentes urbanos.

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En cuanto a la variable de género, el 35% de las mujeres ocupadas labora en el comercio, el 17% en la administración pública - categoría en la cual las mujeres superan a los hombres en presencia, con poco más de 71,000 mujeres con respecto a los hombres - seguida del comercio con el 16.7%. La actividad que ocupa más mujeres en el urbano metropolitano y resto urbano es el comercio. En el área rural, el 56% de los ocupados labora en la agricultura, pero es notable el porcentaje que corresponde a otras ramas, lo que demuestra el peso creciente del empleo no agrícola entre la población rural. La segunda actividad en importancia es el comercio, con el 16%, seguida de la industria con 10%. La rama de actividad que absorbe mayor número de mujeres ocupadas rurales es también la agricultura, pero con el 30%, seguida del comercio con el 28% y la industria con el 17%. El 43% de los indígenas ocupados labora en la agricultura. El porcentaje se eleva al 61% entre los indígenas rurales. La segunda actividad en importancia es el comercio con el 23%. Entre los no indígenas el 28% se ocupa en el comercio, el 25% en la agricultura y el 15% en la industria. Los indígenas en el dominio urbano metropolitano representan el 8% de la PO y, de ellos, el 45% labora en el comercio. En el resto de centros urbanos, el 36% de los ocupados indígenas se dedica al comercio. Gráfico 1 Población ocupada por rama de actividad 6.6% Otras 10.7% Administración Pública 31.2% Agrícola 3.2% Profesionales 0.2% Inmobiliarias 1.1% Financieras 1.2% Comunicaciones

26.4% Comercio

14.4% Industria 5.0% Construcción

Fuente: ENEI 2-2014

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Es importante resaltar que en la agricultura se ocupa casi una tercera parte de la fuerza de trabajo, contribuye solamente con el 14% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que evidencia una baja productividad. Como puede observarse en el gráfico siguiente, su participación se redujo en casi 4% en los últimos 14 años y las ramas restantes no registran mayores cambios, incluyendo los servicios que, como ya se indicó, es la actividad de crecimiento en cuanto a participación de la fuerza de trabajo. Gráfico 2 Participación en el PIB. Ramas de actividad económica seleccionadas

17.7

17.7

15.8 11.5

10.0

Comerio al por mayor y al por menor

4.3

2009

5.4

2005

5.4

2.6

2001

3.5

Intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares

5.0

0.0

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Industrias manufactureras

13.6 11.5

11.6

13.6

15.9

15.9 13.6

15.3

18.0

19.3 12.5

14.1

15.5 12.9

15.0

13.9

20.0

19.7

25.0

2013

2014

Servicios privados

Fuente: Departamento de Investigación y Consultoría Economía de ASIES

2.1.5 El empleo por categoría ocupacional Por categoría ocupacional, el 62% de la PO se distribuye entre las cuatro subcategorías de asalariados o trabajadores en relación de dependencia: empleado de gobierno, empleado privado, jornalero o peón y trabajador doméstico (empleado de casa particular). En 2004, el 46% de la PEA se encontraba dentro de estas cuatro subcategorías.

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Cuadro 7 Distribución de los asalariados según subcategoría Empleado privado 60% Empleado del gobierno (sector público) 11% Jornalero o peón 24% Trabajador doméstico 5% Fuente: ENEI 2-2014

El Gráfico 3 presenta la distribución de la PO por categoría ocupacional. Los trabajadores no remunerados son, generalmente, familiares que trabajan, sin pago en efectivo, como auxiliares de trabajadores por cuenta propia. En 2004 los trabajadores por cuenta propia eran el 32% de la PEA, los no remunerados el 18% y los empleadores el 4.4%. Gráfico 3 Ocupados por categoría ocupacional

0.4% Empleador agrícola

9.2% Trabajador no remunerado

6.8% Empleado de gobierno

9.4% Trabajador cuenta propia agrícola 2.4% Empleador no agrícola 37.5% Empleado privado 16.4% Trabajador cuenta propia no agrícola 2.7% Empleado casa particular Fuente: ENEI 2-2014



15.1% Jornalero

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De los 2.2 millones de asalariados del sector privado, el 32% reside en el urbano metropolitano, 38% en el resto urbano y 30% en el rural, mientras que el 79% de los jornaleros son residentes rurales. En el área rural reside el 32% de los trabajadores por cuenta propia no agrícola y el 85% de los trabajadores por cuenta propia agrícola. El 56% de los ocupados rurales se dedica a la agricultura, actividad que absorbe al 66% de los hombres residentes en ese dominio y al 30% de las mujeres, para quienes la segunda actividad en importancia es el comercio con el 28% (Cuadro 3 del Anexo). Para los indígenas la principal actividad económica es también la agricultura, con el 42% y en los indígenas rurales se eleva al 61% (Cuadro 3 del Anexo). Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2012, con datos de la ENCOVI 2011, refiere que de 1.3 millones de hogares agropecuarios, el 60% carece de tierra o se encuentra en situaciones de infrasubsistencia y subsistencia, el 13% es excedentario, y el 26% pequeño o gran comercial (Gabinete de Desarrollo Rural Integral, 2014). Las categorías ocupacionales con mayor presencia de mujeres son empleada privada, con 35%, y trabajadora por cuenta propia no agrícola con 27%. En el trabajo doméstico las mujeres representan el 93%. Para las mujeres de los dominios urbanos la categoría que ofrece más ocupación es la de empleada privada, mientras que en el rural es la de trabajadora por cuenta propia agrícola. Por etnia, los indígenas tienen mayor presencia en la categoría de empleado privado, donde se ubica el 27%, a la que sigue la de jornalero o peón, con el 19% (Cuadros 4 y 5 del Anexo). 2.1.6 Los ingresos de la población ocupada El ingreso promedio de la PO (Cuadros 6, 7 y 8 del Anexo) es de Q 2,206.84 mensuales, con montos más altos en el urbano metropolitano y menores en el rural. Los hombres que trabajan por cuenta propia no agrícola tienen los ingresos más altos (aparte de los empleadores) y las mujeres rurales que trabajan por cuenta propia son las que tienen menores ingresos. En el caso de los asalariados (hombres o mujeres), quienes tienen el ingreso promedio más alto son los del urbano metropolitano y los de ingresos más bajos son los rurales (hombres y mujeres). Los ingresos de los ocupados formales son superiores en todas las categorías ocupacionales. En el Cuadro 9 del Anexo destaca que solamente el 19% de los ocupados tiene un ingreso superior al salario mínimo y que, en la categoría de asalariados, el 29% devenga por arriba de dicho salario. El gráfico siguiente muestra los ingresos promedio mensual de los ocupados, según sexo.

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Gráfico 4 Ingreso promedio mensual de ocupados por categoría de ocupación 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00

Hombre

2,000.00

Mujer

1,000.00 0.0

Total

Asalariados

Cuenta Empleador propia no no agrícola agrícola

Cuenta propia agrícola

Empleador agrícola

Fuente: ENEI 2-2014

2.1.7 Desigualdad de género y medición de algunos indicadores de trabajo decente En el cuadro que sigue se observa la brecha salarial de género y etnia estimada de acuerdo con los datos de la ENEI 2012 y la ENEI 2-2013. Cuadro 9 Desigualdad étnica y de género (comparación 2012-2013)

Brecha salarial de género y etnia

2012 Total mujeres 19.9%

2013 2013 Total Mujeres Mujeres no mujeres indígenas indígenas 16.3% 45.5% 4.8%

Fuente: Proyecto Diálogo social para el trabajo decente

En mayo de 2013 ASIES desarrolló, con el proyecto “Diálogo estratégico sobre trabajo decente y economía informal”, un sistema de indicadores de trabajo decente (Coyoy, 2013) que permite medir, de acuerdo con los estándares sugeridos por la OIT, el grado de avance hacia el logro del objetivo de trabajo decente.

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Cuadro 10 Indicadores de trabajo decente Indicador

2012

2014

Tasa de desempleo

2.9%

2.9%

Jóvenes que no trabajan ni estudian entre 15 y 24 años

23.7%

27.8%

Empleo informal

74.5%

65.8%

Proporción de trabajadores por cuenta propia y de trabajadores familiares auxiliares (empleo vulnerable)

44.5%

35.1%

54%

54%

Tasa de remuneración baja (menor a 2/3 de la mediana)

35.1%

46.0%

Ingreso medio de trabajadores técnicos y profesionales de nivel medio (por hora)

Q 19.28

Q 20.24

Trabajadores oficiales, operarios y artesanos (por hora)

Q 5.32

Q 10.72

Ingreso medio de trabajadores en ocupaciones elementales (por hora)

Q 4.69

Q 7.29

Salario mínimo como porcentaje del salario mediano

154.9%

172.0%

Ocupados que trabajan más de 48 horas semanales

27.4%

29.5%

Tasa de subempleo por insuficiencia de horas

18.4%

12.0%

Niños entre 7 y 14 años que trabajan

19.2%

12.0%

Brecha salarial de género

6.3%

11.7%

Proporción de mujeres asalariadas en el empleo no agrícola

46.6%

36.4%

Proporción de población de 65 años y más, que recibe pensión6

48.4%

42.7%

Cobertura de la seguridad social

19%

19.5%

Tasa de sindicación

1.4%

1.8%

Q 35,332 (de 2001)

Q 34,893 (de 2001)

6.6 veces

Veces

Población en situación de pobreza (ENCOVI 2011)

Productividad media del trabajo Desigualdad de ingresos (ingreso promedio del primer decil comparado con el promedio del décimo decil) Fuente: Coyoy, 2012 y actualización de Julio Prado.

2.2 Condiciones necesarias para la creación de empleo La creación de empleo depende de la presencia o combinación de múltiples factores, que generan las condiciones propicias para el aumento de la inversión productiva y de la demanda 6



Este grupo están integrado principalmente por los pensionados del IGSS y del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado y los beneficiarios del programa del Adulto Mayor del MTPS.

- 14 - PROYECTO DIÁLOGO SOCIAL PARA EL TRABAJO DECENTE

de bienes y servicios. Se detallan a continuación algunas de las condiciones más relevantes, a partir de las señaladas en el estudio realizado por ASIES en 2009, titulado “Generación de una política de empleo”, el cual formó parte de los “Insumos para la elaboración de políticas laborales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social” (González, 2008). 2.2.1 Situación macroeconómica Las variables que tienen mayor influencia en la generación de empleo son las siguientes: a) Crecimiento económico En el ámbito macroeconómico el primer factor condicionante es lograr una tasa adecuada de crecimiento del PIB. En su disertación con motivo de los 35 años de ASIES, Gert Rosenthal señaló “el relativamente pobre desempeño de Guatemala en los últimos tiempos en materia económica, social, e incluso de gobernabilidad”. Agregó, a título de ejemplo del desempeño insatisfactorio, “la tasa promedio de crecimiento anual del ingreso nacional bruto (INB) que desde 2008 apenas rebasa la expansión demográfica; aun en la década pretérita a 2008 solo alcanzó un 3.7% anual en promedio,7 muy insuficiente para generar los puestos de trabajo que podrían absorber el aumento anual de la población económicamente activa”, a lo que se agrega la tasa de fecundidad, una de las más elevadas de América Latina (Rosenthal, 2014). En un análisis del Banco Mundial (2014) sobre la economía guatemalteca se indica que el crecimiento económico de 2013 estuvo impulsado por el consumo interno, que representa más del 80% del PIB. El consumo creció 3.9% en 2013, impulsado por el aumento de los ingresos, de las remesas, y la expansión del crédito al consumo, en tanto, se debilitaron la inversión pública y privada. La privada se redujo de 8.8% en 2012 a 3.6% en 2013; y la pública 11.9% en 2012 y 4.7% en 2013. El gráfico siguiente evidencia que solamente en 2007, con el 6.3%, se superó la meta establecida en los Acuerdos de Paz, de un crecimiento sostenido anual de 6%.



7

En “Guatemaltecos mejoremos Guatemala” se indica que entre 1990 y 2011 el crecimiento promedio fue de 3.72%.

EN BUSCA DEL TRABAJO DECENTE

- 15 -

Gráfico 5 Producto Interno Bruto. 7.0 6.3

6.0 5.4

5.0

3.0 2.0

4.2

3.9

4.0

2.5 2.4

2.5

3.7

3.3

2.5

2.9

1.0 0.0

4.0 3.0

%

0.5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tasas de Variación Fuente: Departamento de Investigación y Consultoría Económica de ASIES

El “Plan Nacional de Desarrollo K’atun: nuestra Guatemala 2032”, en el eje “Riqueza para todos y todas”, reconoce que para crear empleo es necesario acelerar el ritmo del crecimiento económico, planteando la meta de un crecimiento sostenido del PIB. Para 2015-2020 se propone una meta de entre 3.4% y 4.4%, y para 2021 a 2025 entre 4.4% y 5.4% (CONADUR/Segeplan, 2014:226), pero no indica el motivo para fijarla en un nivel tan modesto. El presidente del Banco de Guatemala, en febrero de 2015, indicó que las expectativas de crecimiento para 2015 (máximo de 4.1%) son positivas y permitirán que la economía crezca muy cerca de su potencial (BANGUAT, 2015). Por otra parte, la propuesta “Guatemaltecos mejoremos Guatemala” (abril de 2012), de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), plantea un crecimiento promedio de 5.5% durante 10 años -3.05% a 6.04% anual- (FUNDESA/CACIF, 2012:8-12). Para la Fundación Libertad y Desarrollo, el ideal de crecimiento económico es 6% arriba del crecimiento de la población, por lo que Guatemala debe lograr una tasa del 8.4% anual8. Agrega que en los últimos 50 años solamente en dos se registró un crecimiento de esa magnitud: 9.5% en 1963 y 8.8% en 1968, que forman parte de la denominada “época dorada” del Mercado Común Centroamericano.

8



“Guatemala necesitaría crecer sostenidamente a tasas por encima de 7% anual en su economía, para contener la fuerte presión que el crecimiento de la fuerza de trabajo ejerce sobre el mercado laboral” (Hakim, 2011).

- 16 - PROYECTO DIÁLOGO SOCIAL PARA EL TRABAJO DECENTE

b) Sector financiero González (2008), señala que “un sistema financiero sólido, eficiente y confiable es una condición necesaria para el crecimiento económico. La intermediación financiera provee recursos para capital de trabajo, para la creación de nuevas empresas, la ampliación y consolidación de las existentes; demás el buen funcionamiento del sistema de pagos repercute positivamente en el flujo de bienes y servicios”. Esta condición se mantiene. El sistema financiero del país cumple actualmente con las características arriba indicadas. En el estudio de 2008 se hacía referencia a una situación que persiste: “la participación del crédito destinado a actividades productivas disminuyó consecutivamente en el período 20002004”. Como puede observarse en el Gráfico 6, la tendencia se mantiene, pues entre 2005 y 2014, solamente en 2006, el porcentaje destinado a crédito para el consumo de las personas y sus familias, transferencias y otros propósitos similares, disminuyó con respecto al año anterior. Gráfico 6 Proporción de Créditos por grupo de Actividad Económica 100% 90% 80% 70%

44.83%

60% 50%

5.79%

40%

17.62%

40.81%

5.73%

21.74%

43.48%

44.97%

45.51%

46.31%

46.86%

48.67%

50.74%

52.19%

4.67%

4.10%

4.23%

4.51%

4.96%

5.23%

4.96%

3.97%

19.45%

19.50%

19.34%

18.49%

18.16%

18.08%

21.56%

19.90%

30% 20%

24.88%

25.23%

24.90%

25.77%

25.61%

24.54%

22.87%

21.73%

20.36%

19.83%

6.87%

6.49%

5.40%

5.25%

5.19%

5.14%

5.97%

5.87%

5.78%

5.94%

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

2013

10% 0%

2010

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca Industria y construcción (incluye minería) Comercio Transporte y servicios Consumo, transferencias y otros Fuente: Departamento de Investigación y Consultoría Económica de ASIES

2014

EN BUSCA DEL TRABAJO DECENTE

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El monto total de créditos concedidos en 2014 alcanzó los Q 137,150 millones, de los cuales Q 35,300 millones (26%) fueron destinados para actividades productivas y Q 101,815 millones (74%) correspondieron al consumo. El costo del crédito es también una variable importante. Entre 1996 y 2014, la tasa activa promedio bajó del 22.66% al 12.76% en 2006. A partir de ese año experimenta un repunte leve pero sostenido, y en 2014 se situó en 13.77%. La tasa pasiva promedio también se redujo, pasando de 11.20% en 1996 a 4.4% en 2004 e, igualmente, con un crecimiento sostenido hasta llegar a 5.41% en 2014. El margen de intermediación pasó del 11.46% en 1996 a 8.28% en 2014. Sin embargo, para el usuario del microcrédito los costos son más elevados. En 2012 el promedio de la tasa de interés para los otorgados por cooperativas de ahorro y crédito era de 16%, bancos 22% e instituciones de microfinanzas 26% (González y Prado, 2013). Otro elemento determinante para el crecimiento y la inversión – de acuerdo con la Fundación Libertad y Desarrollo – es la tasa de ahorro, que en los últimos 10 años tiene un promedio de 14% con respecto al PIB (20% de promedio en América Latina). En los dos últimos años la tasa fue del 11.5% en 2013 y 11.7% en 2014. La baja tasa de ahorro interno aumenta la importancia de la inversión extranjera directa (IED), que en los últimos cuatro años creció de manera modesta, pasando de US$ 1,016 millones en 2011 a los US$ 1,500 millones para 2015 (BANGUAT, 2015). En 2012 la IED captada por los seis países centroamericanos ascendió a US$ 8,886 millones, que representa el 5% de la recibida por América Latina (US$ 174,546 millones). Cuadro 11 IED en Centroamérica (en millones de US$)9 País Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Fuente: CEPAL, 2013

9



Datos de 2014 corresponden al primer semestre.

2012 2,265 516 1,207 1,059 819 3,020

2013 -224 1,316 1,064 1,004 4,613

20149 1,075 25 713 542 412 2,275

- 18 - PROYECTO DIÁLOGO SOCIAL PARA EL TRABAJO DECENTE

De la IED recibida en 2014 el 33% se dedicó a agricultura, minas y canteras; 21% al comercio; 14% a la industria manufacturera; 14% a bancos; y 17% a energía y telecomunicaciones (El Periódico, 2/10/14). Esto coincide con lo indicado en un estudio de CEPAL sobre la IED en América Latina y el Caribe, en el sentido de que la mayor parte de esta “no habría creado nuevas actividades productivas que fomentaran la expansión del empleo, sino que estaría ligada a la reestructuración de las empresas, la cual se tradujo en racionalizaciones y despidos”, y que una parte sustantiva se dedicó a servicios en los que se tendieron a utilizar activos existentes (CEPAL, 2013: 114). Es importante tener presente el saldo neto de la IED, pues esta no constituye únicamente ingresos, sino genera utilidades que, al menos en parte, se envían a la casa matriz. Entre 2007 y 2011 el promedio de ingreso de IED en Centroamérica fue de US$ 6,819 millones. Costa Rica, el mayor receptor, registró un promedio de US$ 1,788 y Guatemala US$ 786 millones. En el mismo período, los egresos por rentas de IED representaron el 64.3% de lo invertido, teniendo Guatemala el saldo más desfavorable con un promedio de 127.2% de egresos (ICEFI, 2013: 2-3). En el K’atun 2032 se enumeran los factores condicionantes negativos de la IED: inseguridad, falta de infraestructura, baja productividad del trabajo, y un limitado mercado interno, mientras que los factores que inciden positivamente son: la posición geoestratégica del país, dada su cercanía con el principal mercado mundial (EE.UU.); y la disponibilidad de recursos minerales y petroleros (CONADUR/Segeplan, 2014:210). A los anteriores hay que agregar la existencia del Mercado Común Centroamericano y la diversidad de ecosistemas que tiene el país. Los cinco factores más importantes que los inversionistas toman en cuenta para instalarse en determinada nación, en orden de mayor a menor son (ICEFI 2014:1): • • • •

El acceso a consumidores (países con poca pobreza e indigencia). Ambiente político y social estable. Facilidad para hacer negocios. Calidad y confiabilidad de la infraestructura y los servicios básicos (educación, salud, seguridad, justicia). • Facilidad para contratar profesionales técnicos y ejecutivos. Agrega el citado documento que, “contrario al mito generalizado en muchos discursos, acerca de que el cobro de impuestos desincentiva la atracción de IED, el pago de impuestos ocupa el puesto 11 en el ranking de los 20 factores críticos que las empresas transnacionales consideran para seleccionar un país”, pero “logran ayudar a motivar inversiones en sectores económicos vitales para el plan de desarrollo, relacionados con la transformación productiva y la mejora del empleo, o en territorios con carencias en infraestructura económica y poco desarrollo

EN BUSCA DEL TRABAJO DECENTE

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social en donde los incentivos buscarán compensar posibles costos más altos de operación” (ICEFI, 2014: 2). Para Centroamérica es fundamental la adopción de una política regional basada en tres pilares: la diferenciación (nichos de mercado distintos en cada país que permite promover la especialización territorial); la cooperación, que evitará la competencia intrarregional; y la negociación en bloque, que permite lograr la localización de diferentes partes de procesos productivos, en los distintos países, según su especialización (ICEFI, 2014: 3). Esto es vital para evitar daños irreparables al proceso de integración centroamericana – una meta no solamente deseable sino que indispensable para los países del istmo – si se entra en una carrera hacia el fondo en materia de costos laborales e incentivos fiscales (ICEFI, 2013:1). Respecto a la IED es importante subrayar la limitada capacidad de generación de puestos de trabajo, en tanto se mantengan los escasos niveles logrados en los últimos años. Según un estudio de CEPAL, cada millón de dólares en IED genera 1.3 puestos de trabajo en las actividades extractivas, 2.1 en industrias intensivas en recursos naturales, 3.8 en industria automotriz, 4.2 en alimentos y bebidas, 7.2 en industrias intensivas en mano de obra y 7.4 en industrias intensivas en ingeniería. Dos de las actividades con mayor capacidad de generación son el turismo con 7.8 puestos, y el comercio con 7.1 (CEPAL, 2014: 134). En cuanto a los centros de llamadas, uno de los sectores de mayor crecimiento de empleo para jóvenes bilingües en los últimos años, se estima la generación de 73 puestos de trabajo por cada millón de dólares invertido (ICEFI, 2013:3). Finalmente, cabe agregar lo que señala otro documento de CEPAL, sobre que en “los países especializados en inversiones con elevado contenido de empleo, los mercados de trabajo locales tienen más posibilidades de incidir en la distribución primaria del ingreso, en la medida en que las instituciones laborales apoyen este proceso y el desequilibrio entre el tamaño de los inversores y los sindicatos locales lo permitan” (CEPAL, 2014: 133). c) Sector externo El intercambio comercial de Guatemala se diversificó en el último cuarto de siglo, con el incremento de los productos no tradicionales de los cuales los más importantes son, en su orden: artículos de vestuario, productos químicos, productos alimenticios, minerales, frutas y sus preparados, caucho natural, tejidos, hilos e hilazas, materiales de construcción, verduras y legumbres, y artículos plásticos (Linares, Prado y Zelaya, 2012). En 1990 los productos tradicionales (café, azúcar, banano y cardamomo) representaban el 52% del total de las exportaciones, descendiendo al 16% en 2006. Con algunos altibajos, para 2014 se sitúan en el 23.2%, como se observa en el gráfico siguiente.

- 20 - PROYECTO DIÁLOGO SOCIAL PARA EL TRABAJO DECENTE

Gráfico 7 Exportaciones no tradicionales como porcentaje del total de exportaciones 86 84 82

83.72 81.24

82.32 80.10

80

79.98

Porcentaje

78

75.39

76 74 72

74.92

75.16 75.05 74.83

2009

2010

76.75

Linear (porcentaje)

70 68

2004 2005

2006

2007

2008

2011

2012

2013

2014

Fuente: Departamento de Investigación y Consultoría Económica de ASIES

El intercambio comercial de Guatemala es deficitario, pues el ritmo de crecimiento de las exportaciones no logra compensar el mayor incremento de las importaciones, de lo que resulta un déficit estimado en US$ 7,800 millones para 2015, pues de acuerdo con datos del Banco de Guatemala (Gráficos 1 y 2 del Anexo) se proyectan US$ 11,400 millones de exportaciones y US$ 19,200 millones de importaciones. Según estadísticas de AGEXPORT10 el destino principal de las exportaciones son los Estados Unidos de América con 35% (en 1986 representaban el 46%), Centroamérica con 31% (en 1986 el 17.5%), la Unión Europea 7%, Asia 9%, México 4%, el Caribe 3%, Sudamérica 3% y el resto del mundo 8%. Las exportaciones intrarregionales de Centroamérica ascendieron en 2013 a US$ 8,586.2 millones, de los cuales correspondieron a Guatemala US$ 2,784.9 millones, equivalentes al 32.4%. En el caso de Nicaragua, el país menos favorecido por el comercio intrarregional, sus exportaciones ascendieron a US$ 529.9 millones (6%). Las importaciones intrarregionales alcanzaron en el mismo año US$ 9,673 millones, correspondiendo a Guatemala US$ 2,197.9 (22.7%). El superávit comercial de Guatemala con sus socios centroamericanos ascendió a US$ 587 millones (SIECA, 2014). En 2009 el consorcio ASIES-Enrique Lacs elaboró una propuesta de modelo de apertura de nuevas oficinas del Programa de Agregados Comerciales, de Inversión y Turismo (PACIT). En el estudio se determinó que, respecto a los tres principales destinos de las exportaciones: Estados Unidos de América, Europa Occidental y Centroamérica, los 20 principales productos 10



http://export.com.gt/estadisticas-de-exportacion/

EN BUSCA DEL TRABAJO DECENTE

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concentran, respectivamente, el 73%, 92% y 41%; que en el caso de Estados Unidos el 59% de las exportaciones son textiles; para Europa el 92% es de productos agrícolas; y para Centroamérica los productos agrícolas representan el 3% y no hay exportación de textiles, por lo que se trata del destino más diversificado; que en los años 80 eran 6 países los principales destinos de exportación y que en 2009 el 80% se destina a 11 mercados; (Fuentes, 2009). En la tabla siguiente se presenta un resumen de las potencialidades de crecimiento, según la clasificación desarrollada por el estudio: Cuadro 12 Portafolio de mercados de exportación – resumen Caracterización Estrellas Nacientes Estrellas Nova

Países Chile, China, Corea del Sur, Taiwán y Brasil México y Centroamérica

Mercados “Vaca Lechera”

Japón, Holanda y Canadá, Estados Unidos y Alemania

Mercados Incógnita

Rusia, India e Israel

Estrellas Enanas

Participación y crecimiento Baja participación actual – alto potencial Mediana participación actual – crecimiento mediano Crecimiento medio alto – a consolidar Moderado crecimiento – Requieren diversificar productos Alto crecimiento – deben estudiarse a fondo

Fuente: Fuentes, 2009.

En el análisis de la competitividad sectorial para los productos guatemaltecos, los que tienen mayor potencial de crecimiento en las exportaciones son: maquila de ropa, textiles, comida fresca, productos de cuero, productos de madera y comida procesada; y los países con mayor potencial son los centroamericanos, seguidos de República Dominicana, Chile, Japón, Perú, Arabia Saudita, Jordania y España. Para Perú y Jordania es donde aparece mayor número de productos, en tanto que en países como Chile y España solamente figura un producto (Fuentes, 2009). Finalmente, el déficit en cuenta corriente, estimado 2.2% del PIB para 2015, se viene reduciendo desde un máximo de 6.5% en 2001, debido fundamentalmente a las remesas familiares, que ascendieron a US$ 5,500 millones en 2014 y se proyecta alcancen US$ 5,900 millones en 2015 (BANGUAT, 2015).

- 22 - PROYECTO DIÁLOGO SOCIAL PARA EL TRABAJO DECENTE

2.2.2 El entorno empresarial Según el Informe de Competitividad Global 2014-2015, elaborado por el Foro Económico Mundial, la posición de los países centroamericanos en el Índice de Competitividad Global (GCI por sus siglas en inglés), entre 144 países, es la siguiente: Cuadro 13 Centroamérica: Índice de Competitividad Global (GCI) 2014-2015 País

Posición GCI

Requerimientos básicos

Potenciadores de eficiencia

Factores de innovación y sofisticación

Costa Rica

51

62

56

35

El Salvador

84

80

96

45

Guatemala

78

84

76

62

Nicaragua

99

96

118

125

Honduras

100

107

99

70

Panamá

48

35

55

46

Fuente: Global Competitiveness Report 2014-2015

Los tres subíndices comprenden 12 categorías, denominadas pilares de la competitividad. A continuación se presenta la comparación ente las posiciones de Costa Rica y Guatemala. No se compara con Panamá, el país centroamericano mejor posicionado, dadas las características muy particulares de la economía panameña. Cuadro 14 Índice de Competitividad Global – subíndices y categorías Subíndice y categorías

Gua

CR

Requerimientos básicos Instituciones públicas y privadas Infraestructura Entorno macroeconómico Salud y educación primaria

84 109 67 64 100

62 46 73 93 48

62 52

35 32

95

34

Factores de innovación y sofisticación Sofisticación de los negocios Innovación en investigación y desarrollo Fuente: Global Competitiveness Report 2014-2015

Subíndice y categorías Potenciadores de la eficiencia Educación superior y capacitación Eficiencia del mercado de bienes Eficiencia del mercado laboral Desarrollo del mercado financiero Preparación tecnológica Tamaño del mercado

Gua

CR

76

56

103

37

45 85

52 57

45 88 78

92 40 82

EN BUSCA DEL TRABAJO DECENTE

- 23 -

De acuerdo con la Encuesta Empresarial de ASIES No. 58, sobre percepción de los empresarios, la situación económica de julio de 2014 era peor para el 60% en comparación con julio de 2013, igual para el 26% y mejor para el 14%; las expectativas a futuro eran peores para el 25%, iguales para el 48% y mejores para el 27%. La corrupción y la violencia criminal tienen un fuerte impacto sobre el entorno empresarial, especialmente sobre las micro y pequeñas empresas. Balsells (2006) calculó que el costo de la violencia ascendía a Q 17,299 millones, equivalentes al 7.3% del PIB; en Q 349.2 millones el costo en inversión privada no realizada; y en Q 2,677 millones de pérdida global de ingresos de divisas por turismo. Señala también que el gasto en seguridad privada solamente es superado por el gasto en salud. El sector empleador plantea desde hace varios años que para la creación de empleos de calidad son condiciones necesarias las siguientes: una reforma de la legislación laboral que permita rescatar la autonomía de las partes; facilitar los procedimientos de contratación; identificar y eliminar los abusos de la inamovilidad; regular nuevas formas de empleo, como el trabajo a tiempo parcial, el trabajo polivalente o el teletrabajo; pactar la remuneración sobre bases de productividad; la posibilidad de horarios más flexibles y otras prácticas gerenciales asociadas a esquemas flexibles de producción (CACIF, 2000). En el II Congreso Laboral de CACIF (29 de abril de 2015), la organización dio a conocer la “Propuesta Laboral: Empleo formal con oportunidad para todos”, que tiene como objetivo “desarrollar una política para aumentar el empleo formal, con mayor oportunidad para más personas, por medio de nuevos mecanismos de flexibilización laboral y definición de remuneraciones por productividad”. Uno de los tres objetivos específicos es “desarrollar una política de flexibilización del mercado laboral, que permita a más personas acceder a empleo formal con las prestaciones de ley”. Los empresarios entrevistados con ocasión de la 35ª Encuesta Empresarial de ASIES (noviembre de 2007), comparten la demanda de flexibilización del mercado de trabajo. Al pedirles que calificaran siete factores para la generación de empleo, con una nota de 10 para muy importante, las que recibieron puntuaciones entre 8.8 y 7.9 (sin diferencias estadísticamente significativas) fueron, en su orden: apoyo a la microempresa, personas más capacitadas, atraer IED, facilitar nuevas empresas, acceso a crédito, información de mercados y flexibilizar las relaciones laborales. 2.2.3 Pobreza y desigualdad La pobreza, en los últimos 24 años disminuyó de 62.8% a 53.7% (lejos de la meta trazada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio)11. Y entre 2006 y 2011 aumentó 2.71%, pues en el primer 11



Las metas eran reducir la pobreza extrema a 9.1% y la pobreza general a 31.4% para 2015.

- 24 - PROYECTO DIÁLOGO SOCIAL PARA EL TRABAJO DECENTE

año se había llegado al 51%. La pobreza extrema disminuyó en el mismo período de 18.1% a 13.3% (Conadur/Segeplan, 2014:225). Cada vez hay un consenso más amplio sobre que la elevada desigualdad es una de las causas que más contribuye a la pobreza, y que es un freno para el crecimiento y el desarrollo económico. Un estudio del Banco Mundial afirma que la desigualdad “es un aspecto predominante de las sociedades latinoamericanas” (la región más desigual del mundo), y que su atributo más sobresaliente “es la concentración inusualmente alta del ingreso en el extremo superior de la escala” (Ferranti et al., 2003). La igualdad total tampoco es posible ni deseable pues, como señala el antes citado estudio, “una sociedad necesita de cierto nivel de desigualdad para proporcionar incentivos para el trabajo y la inversión” y, puede agregarse, para la propia superación personal, pero la desigualdad extrema es inaceptable desde el punto de vista ético. Los niveles de desigualdad de América Latina, continúa el estudio, tienen un alto costo para el bienestar, citando tres motivos para preocuparse por el tema: la elevada inequidad, ya sea en el ingreso u otras dimensiones, significa más pobreza; la desigualdad puede desacelerar el proceso general de desarrollo; y, de acuerdo con las encuestas de Latinobarómetro, hay un amplio rechazo para la desigualdad, pues entre el 80% y 90%, los ciudadanos consideran que las tasas imperantes son injustas o muy injustas (Ferranti et al., 2003:6). Díaz y Mayorga (2009:58) concluyen en un documento sobre crecimiento y desigualdad en América Latina, que “la literatura empírica no parece encontrar una evidencia concreta y definitiva para afirmar que el crecimiento afecte de manera importante la desigualdad, pero sí existen resultados teóricos que conllevan a afirmar que la existencia de desigualdad afecta negativamente el crecimiento”. En el caso de Guatemala la participación del quintil más alto en el ingreso total es del 60.3% y la del más bajo del 2.9%; y la remuneración de los asalariados se redujo del 31.9% al 30% entre 2005 y 2011 y, por el contrario, el excedente bruto de explotación (remuneración del capital) pasó del 39.1% al 41.4%. El coeficiente de Gini disminuyó en forma mínima entre 2000 y 2006, pasando de 0.562 a 0.570 (Conadur/Segeplan, 2014:225). El Banco Mundial, en el Informe de Desarrollo Mundial de 2006 “postula que la equidad es un objetivo de desarrollo por derecho propio, pero, más importante aún que un intercambio amplio de oportunidades económicas y políticas es también fundamental para el crecimiento económico”.

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3. CONCLUSIONES • El desempleo es una variable secundaria en el mercado de trabajo de Guatemala. Es más importante el subempleo que afecta al 12% de los ocupados y, en mayor grado, a los ocupados rurales y a las mujeres rurales. • En todas las variables del mercado de trabajo la población rural es la que padece mayores niveles de precariedad y, dentro de esta, las mujeres y los indígenas. Las condiciones laborales de la población rural impactan fuertemente, de manera negativa, en los promedios de la población ocupada a nivel nacional, por lo que debe ser el grupo objetivo prioritario de las políticas de empleo y, en general de las políticas sociales y económicas. • Más de la mitad de la población ocupada carece de estudios o tiene, como máximo, primaria completa. Entre los ocupados rurales esta situación afecta a tres de cada cuatro ocupados. • La informalidad laboral afecta a casi dos tercios de la población ocupada, y lo hace por igual con hombres y mujeres. Tiene menos incidencia en el urbano metropolitano y entre los hombres de 25 años y más, y mayor entre los jóvenes y entre los trabajadores indígenas. • Medida por la falta de cobertura de la seguridad social, siete de cada diez ocupados se ubican en la informalidad. Es enorme la diferencia entre los ocupados protegidos por la seguridad social resultantes de la ENEI (1.7 millones) respecto a los cotizantes activos (1.2 millones) que reporta el IGSS. Puede suponerse que hay un elevado nivel de evasión en el pago de contribuciones por parte de gran número de empleadores. • La actividad económica que genera más empleo es la agricultura, seguida de los servicios, pero contribuye solamente con el 14% del PIB, lo que evidencia bajos niveles de productividad. Más de la mitad de los hogares agropecuarios carece de tierra o se encuentra en situación de infrasubsistencia o de subsistencia. • El ingreso promedio de la PO es inferior al salario mínimo vigente en 2014 para las actividades agrícolas y no agrícolas. Menos de un tercio de los asalariados tiene un ingreso que supera el salario mínimo.

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• El alto nivel de incumplimiento del salario mínimo, según la experiencia de otros países de América Latina, se relaciona con la debilidad de la institucionalidad laboral y la ausencia de un eficaz régimen de sanciones (OIT, 2014). • Las ventajas del empleo formal, aparte de la cobertura por la seguridad social, se evidencian en el ingreso, pues los ocupados formales tienen ingresos superiores a los informales en todas las categorías de ocupación. • La comparación entre los “Indicadores de trabajo decente” calculados para 2012 con los de 2014, muestra avances en cuanto a la reducción del empleo informal, de los ocupados que tienen empleo vulnerable, del subempleo visible, y del trabajo infantil. Aumentó, aunque levemente, la tasa de sindicación. • Por el lado contrario se incrementó el porcentaje de ocupados que trabajan más de la jornada de trabajo decente (48 horas semanales) y la brecha salarial de género. Disminuyó la proporción de mujeres asalariadas en el empleo no agrícola; la proporción de personas mayores de 65 años que recibe pensión; y la productividad media del trabajo. El dato más preocupante es el aumento de la desigualdad en materia de ingresos. • El crecimiento económico de Guatemala en los últimos 15 años es bajo e insuficiente para las necesidades de desarrollo económico. Son modestas las metas previstas para los próximos años, que pueden deberse a que no se plantean medidas concretas para remover los obstáculos estructurales que frenan el proceso de desarrollo. • El crecimiento económico es fundamentalmente impulsado por el mercado interno y, sin embargo, persiste el marcado sesgo hacia la exportación, que caracteriza a la economía guatemalteca desde el último tercio del siglo XIX. • La tasa de ahorro nacional y la inversión extranjera directa son insuficientes para lograr un ritmo de crecimiento más acelerado. La inversión pública debe llenar parte del vacío, al tiempo que se promueven mayores flujos de inversión socialmente responsable. • Los factores que condicionan el aumento de la IED y de la inversión nacional se relacionan con la capacidad del mercado interno y el entorno sociopolítico, la facilidad para hacer negocios, la calidad de la infraestructura y de las instituciones, y la disponibilidad de personal calificado. • Las exenciones impositivas no constituyen un elemento esencial para definir la colocación de inversiones. Un grupo de asesores empresariales señaló que “los inversionistas no

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buscan una carga tributaria baja ni exoneraciones fiscales sino “seguridad; es decir, lugares donde hay menos violencia y más certeza jurídica” (MGI, Siglo21 29/8/14). • Es indispensable adoptar una política centroamericana común en materia de inversiones, para evitar una competencia ruinosa entre los países del istmo. • Guatemala tiene un importante déficit en el intercambio comercial – únicamente tiene superávit con los países centroamericanos – que es compensado por las remesas de los guatemaltecos residentes en Estados Unidos, desplazados por la falta de oportunidades de trabajo dignamente remunerado. Las potencialidades del intercambio intrarregional debe llevar a la conclusión de que no es conveniente para los países centroamericanos caer en una competencia por atraer inversiones, especialmente si la atracción se sustenta en los bajos salarios. • Los mayores rezagos en el Índice de Competitividad Global se refieren, en los requerimientos básicos para la inversión, a la calidad de las instituciones públicas y privadas y a la salud y educación primaria; entre los potenciadores de eficiencia en educación superior y capacitación, preparación tecnológica y eficiencia del mercado laboral. La experiencia de Estonia en la década pasada (Linares, 2015:30) demuestra que pueden obtenerse avances en materia de competitividad sin sacrificar la protección de los trabajadores. • El sector empresarial insiste desde hace varios años en la flexibilización de la legislación laboral como condición necesaria para crear puestos de trabajo formal. La experiencia latinoamericana demuestra que la flexibilización no crea más empleo, pero deteriora la calidad del existente. • La competitividad del país no puede fundamentarse en la reducción de los derechos laborales y en salarios bajos, pues solamente profundizan la pobreza y la desigualdad. • Los elevados niveles de desigualdad existentes en Guatemala se constituyen en el mayor freno para el crecimiento económico y para la cohesión social. Por tal motivo, las políticas de empleo deben evitar aumentarlos. Más bien, la reducción de la misma debe ser uno de sus objetivos prioritarios.

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4. PROPUESTAS PARA LA CREACIÓN DE TRABAJO DECENTE

A continuación se presenta un conjunto de 10 propuestas para la creación de trabajo decente. Se parte de la premisa que la creación de empleo involucra tanto la cantidad como la calidad, por lo que algunas van dirigidas a la creación de empleos propiamente dicha, y otras a la generación de condiciones que permitan calificarlos como trabajos decentes. También es necesario tomar en consideración que el proceso de desarrollo y, en particular, la creación de empleo, depende de la presencia y combinación de numerosos factores, por lo que no puede lograrse a partir de soluciones unilaterales y aisladas. Se requieren intervenciones integrales, que busquen aprovechar las ventajas competitivas del país e impulsar el desarrollo empresarial, a la par que promuevan la reducción de la desigualdad y el logro de mayores niveles cohesión social y bienestar. 4.1 Propuesta 1: Los motores de la creación de empleo – agricultura, turismo, vivienda y manufactura ligera En la iniciativa “Guatemaltecos mejoremos Guatemala” de FUNDESA y CACIF, antes citada, se plantean dos líneas de acción para el desarrollo y la reducción de la pobreza: generación de más ingresos mediante empleos formales y la incursión en negocios producidos por cuenta propia; y el acceso a servicios públicos. Está construida sobre tres pilares de los cuales, para efectos de este documento, el de mayor interés es el denominado “una Guatemala más próspera”, que propone un despegue económico enfocado en el empleo, indicando que es necesario introducir mejoras en tres grandes áreas generadoras de ingresos: el sector productivo empresarial, la actividad de las PYMES y el autoempleo rural. Para el período 2011 – 2021 consideran la posibilidad de crear un millón de empleos, distribuidos en la forma siguiente: • Agricultura: 350,000 empleos, principalmente en los sectores: forestal, muebles, papel y hule. • Manufactura: 320,000 empleos, principalmente en los sectores de alimentos procesados, textil, confección y calzado, y manufactura ligera.

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• Servicios: 210,000 empleos, principalmente en los sectores de turismo y servicios de salud, tecnologías de información y servicios logísticos. • Otros: Con 140,000 empleos, especialmente en la construcción (FUNDESA/CACIF, 2012:20). En atención al anterior planteamiento, ASIES sugiere que el énfasis se ponga, en el corto plazo y sin descuidar otros ámbitos, en cuatro actividades: • Agricultura y forestal. Combinar la promoción de pequeñas y medianas empresas dedicadas a producir para el mercado interno y la exportación (incluso el impulso a las cadenas de valor) con el fortalecimiento de la economía campesina, dentro del ámbito de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI). En cuanto a las cadenas de valor es importante velar que los pequeños productores se incorporen en condiciones favorables, evitando que las utilidades se concentren, desproporcionadamente, en intermediarios y exportadores. Para alcanzar mayores niveles de productividad y reducir el uso de agroquímicos y, como resultado de esto, el costo de producción, debe apoyarse el cultivo de hortalizas en ambientes controlados y de frutas de gran demanda12 en el mercado centroamericano, como durazno, melocotón, fresa y manzana; así como la continuidad y fortalecimiento del Sistema Nacional de Extensión Rural (SNER) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y la ampliación de la agricultura bajo riego, por la incidencia directa que tiene en el incremento de la producción y el empleo (Juárez, 2013:54). Por la vocación forestal de la mayor parte de los suelos (55%) y su potencial económico13, como desde la perspectiva ambiental, el sector forestal tiene una importancia crucial. Por ello deben enfrentarse la pérdida de la cobertura forestal (promedio de 132,138 hectáreas entre 2001 y 2008); las talas ilegales (en 2006 el 95% de los aprovechamientos, estimados en 29 millones de m3, fueron ilegales)14; y el elevado consumo de leña (en 2009 el 47% de la energía consumida en el país provenía de leña).15 • Industria alimentaria y manufactura ligera: En el estudio del consorcio ASIES-Enrique Lacs de 2009 se determinó que los sectores de mayor potencial son vestuario y textil, comida fresca, productos de cuero (calzado) y comida procesada (Fuentes, 2009). Respecto al vestuario y textil debe considerarse un régimen fiscal temporal, que facilite la consolidación del paquete completo y la transición - que en la experiencia de otros países fue el primer peldaño de la industrialización - hacia procesos de manufactura ligera que incorporen 14 15 12 13

Entrevista con Ing. Jaime Carrera – Universidad Rafael Landívar. ftp://ftp.fao.org/tc/tca/ESP/pdf/urquijo/BloqueII.3.pdf IARNA, 2012 INAB, IARNA y FAO, 2012

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materias primas nacionales y mayor valor agregado; así como alcanzar acuerdos que permitan conciliar la competitividad con el mantenimiento o generación de puestos de trabajo dignamente remunerados. • Turismo: Genera actualmente el 2.9% del total de empleos (ASIES, 2015). Guatemala recibió 2.2 millones de turistas en 2014. En 2013 el 52% provino de Centroamérica —que en este sector es también un mercado clave— y el 33% de Estados Unidos (Gobierno de Guatemala: 2015:36). Adicionalmente, hay que atender el enorme potencial de Europa, Sudamérica y Asia. ASIES colaboró en la formulación de la Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala 2012-2012, que constituye un referente para promover el desarrollo del sector, especialmente en el eje relativo a consolidación y diversificación de la oferta turística. Prevé un crecimiento del 8% anual de 2016 a 2020. Entre 2013 y 2014 creció 10.6% (Gobierno de Guatemala, 2015:36), por lo que es posible lograr incrementos promedio del 12%16. La consolidación de la oferta debe incluir un mejor aprovechamiento de sitios como Tikal y otras ciudades mayas. Tikal recibió 150,000 visitantes extranjeros en 2013, en tanto que Machu Picchu, en Perú, recibió 1.1 millones. Así también, entre los temas abordados por la Agenda Nacional 2016-2019 de ASIES, se encuentra el “Impulso a la competitividad para viajes y turismo mediante la promoción de las micro y pequeñas empresas”, con propuestas para aumentar la calidad de los productos turísticos, desconcentrar la actividad turística y promover estancias más largas, entre otras. Es además imperativo mejorar en los tres aspectos peor evaluados en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo —sostenibilidad ambiental, protección y seguridad, e infraestructura de transporte terrestre— (ASIES, 2015) y, para el turismo de cruceros, asegurar la fluidez del tránsito en las carreteras, afectado por bloqueos y los puntos críticos de congestionamiento, dentro y fuera de la capital. • Construcción: Es reconocido el efecto dinamizador que tiene la construcción, especialmente la relacionada con la vivienda, y su impacto en la creación inmediata de puestos de trabajo. Según el K’atun 2032 hay un déficit cuantitativo de vivienda de 266,000 unidades, y cualitativo de 1.1 millones. El Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) reporta que en los tres últimos años se aseguraron 11,500 viviendas y proyecta 4,600 para 2015 (Prensa Libre, 20/5/15), por lo que es evidente que el mercado solamente satisface las necesidades de un segmento reducido de la demanda. Para el resto de la población metropolitana y demás centros urbanos, es obligado contar con respuestas que vengan desde el Estado. Una solución habitacional básica (entre 40 y 60 m2 cuadrados) tiene un 16



Entrevista con Dra. Lucía de Hurtado, PRODETUR.

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costo de entre Q 35,000 y Q 90,00017, por lo que la asignación de alrededor Q 1,000 millones, podría generar no menos de 15,000 viviendas anuales. Un elemento importante, también señalado en la propuesta de FUNDESA y CACIF es el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME). Datos de la Federación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FEPYME) dan cuenta que el 93% de las empresas del país son pequeñas y medianas empresas, las cuales generan el 40% del PIB y el 85% del empleo. También cita otro informe (Estado de la Región, 2008) donde se indica que las micro y pequeñas empresas (de menos de 25 trabajadores) generan el 80% del empleo (FUNDESA/ CACIF, 2012:21)18. La Política Nacional para el Desarrollo de las MIPYME (adoptada entre 2004-2008), identifica las tres necesidades principales de estas empresas: acceso eficiente a financiamiento, acceso a servicios de desarrollo empresarial e información (inteligencia) de mercados. El sistema financiero formal cuenta con recursos suficientes para atender la demanda de crédito del país, pero las MIPYME tienen dificultades de ofrecer una garantía aceptable para los bancos, sea de carácter hipotecario o fiduciario. Funcionan alrededor de 300 instituciones de microfinanzas (IMF) de diversa magnitud, cuyo crédito es más caro, debido a que sus fondos provienen principalmente de préstamos bancarios. Tanto el crédito de las cooperativas como de las IMF tiene como destino principal el comercio y la vivienda. En el caso de las IMF el 21% está dedicado a la pequeña industria, actividad agropecuaria y servicios (González, 2013). Por ello, es necesario establecer un fondo de garantía para los créditos bancarios y apoyar, especialmente a las microempresarios, para que sean sujetos de crédito del sistema bancario, además de emitir la ley de entidades de microfinanzas, de la cual existe un proyecto que cuenta con dictamen favorable de la Junta Monetaria19. 4.2. Propuesta 2: La obra pública como generadora de trabajo decente La 101ª Conferencia Internacional del Trabajo (2012) en su resolución “La crisis del empleo juvenil: un llamado a la acción”, señala que “la inversión pública intensiva en empleo en infraestructuras a gran escala y los programas públicos de empleo pueden generar nuevas oportunidades de trabajo decente y, al mismo tiempo, responder a las necesidades sociales y mejorar la infraestructura”.



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Entrevista con Arq. José Luis Gándara, experto en vivienda. La Política Nacional para el Fomento de las MIPYMES clasifica como microempresa a la que tiene un máximo de 10 trabajadores, pequeña con un máximo de 25 y mediana con un máximo de 60 trabajadores. Entrevista con Carlos González Arévalo.

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Para 2015, el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado asciende a Q 70,600 millones, de los cuales el 20% (Q 13,918.9 millones) corresponde al rubro de inversión, que incluye aportes señalados por la Constitución de la República. En el cuadro siguiente se presentan varios programas y proyectos que, en buena parte, no atienden necesidades prioritarias del país y,o son el principal objetivo de la corrupción, pues los recursos son generalmente adjudicados mediante procesos no competitivos o tienen un carácter marcadamente clientelar, a lo que se agrega el costo de la corrupción20, por lo que se les debe orientar hacia la inversión en infraestructura y servicios básicos, administrándolos con la máxima probidad, transparencia y racionalidad. De esa manera cumplirán un doble papel: dotación de servicios y bienes públicos; y creación de puestos de trabajo decente. Pueden además multiplicarse si se formalizan alianzas público-privadas, garantizando una adecuada relación entre el beneficio social y la utilidad de las empresas. Cuadro 15 Presupuesto General 2015 – Programas seleccionados Programa o actividad

Monto en Q (millones)

Mantenimiento red vial

1,181.0

Construcción y mejoramiento carreteras primarias

2,384.0

Subsidio para vivienda popular

459.4

Reconstrucción terremoto 7/11/12

98.7

Otros aportes Ministerio de Comunicaciones

1,965.0

Fondo de desarrollo social

138.0

Comedores seguros

40.1

Bolsa Segura

91.3

Fertilizantes (MAGA)

431.0

Bosques y agua para la concordia

50.0

MARN – planta de tratamiento de agua

25.0

Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y Lago de Amatitlán (AMSA)

55.7

Fomento de salud y medicina preventiva

1,053.0

COPREDEH

141.7

FONPETROL

169.0

Aporte a los Consejos de Desarrollo

1,877.0

IVA – PAZ Municipalidades

3,040.7

Total

Q13,260.6

Fuente: Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, 2015.

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Se estima entre el 15% y el 25% (alrededor de Q 2,000 millones al año) de los recursos presupuestarios destinados a inversión. Estrategia & Negocios 1/10/12.

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Al monto que aparece en el cuadro anterior hay que agregar el disponible en fideicomisos públicos, manejados de forma opaca. Al 31 de diciembre de 2011 el Ministerio de Finanzas reportó 75 fideicomisos (49 vigentes) que habían administrado Q 43,478 millones. En 2013 el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN) reportaba fondos por Q 2,358 millones en 9 fideicomisos21. Una nota de El Periódico (24/10/14) refiere que la CEPAL recomienda un gasto en infraestructura equivalente al 6.2% del PIB, contra un promedio de 2.7% para América Latina entre 2002 y 2012. En 2012, incluyendo la inversión pública y privada, Guatemala alcanzó el 1.55% del PIB y en 2011 el 0.77%. 4.3. Propuesta 3: Fortalecer la integración económica centroamericana La integración regional en general, y en particular la económica, constituyen una tarea ineludible para los países centroamericanos, por ser esencial para la viabilidad de las sociedades del istmo y la reducción de su vulnerabilidad ante situaciones de carácter económico, social, ambiental y de seguridad. Un paso fundamental para la integración es la Unión Aduanera (UA), “aspiración de larga data” como la denomina Edgar Chamorro. En el tratado general de 1960 los cinco países fundadores del proceso se comprometieron a lograrla en el plazo de un quinquenio, la ratificaron en 1993 y 2004. En 2000 El Salvador y Guatemala suscribieron un convenio marco para la UA bilateral; en 2009 firmaron un protocolo adicional, ratificado por Guatemala y pendiente por El Salvador22; y el 26 de febrero de 2015, Guatemala y Honduras firmaron un marco general para la UA entre sus dos territorios, que debe concretarse el 1 de diciembre de 2015, luego de que los respectivos congresos aprueben el protocolo de habilitación. La UA permitirá superar muchos de los obstáculos que afectan al comercio regional: largas filas y excesivos tiempos de espera, deterioro de productos, caídas de los sistemas informáticos, exigencias de permisos, documentos, copias, escaneos, revisiones exhaustivas, y horarios incompatibles entre uno y otro país, entre otros. La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) considera que la UA permitiría duplicar el intercambio (US$ 7,000 millones anuales en la actualidad). En el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) estimaron un incremento entre el 30% y el 35% en los primeros cinco años23. Mayores oportunidades de intercambio regional para Guatemala incidirán en la creación de nuevos puestos de trabajo.

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Fideicomisos públicos en Guatemala – Licda. Nineth Montenegro http://es.slideshare.net/encuentroguate/fideicomisos-2013 Al parecer el azúcar es la causa del retraso, por lo que se piensa que una forma de salir del impasse es la exclusión de dicho producto. Entrevista con Edgar Chamorro, ex Director Ejecutivo del SICA Ibidem.

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4.4 Propuesta 4: Promover el empleo rural La población laboral rural, especialmente los trabajadores agrícolas y, dentro de estos los jornaleros o peones, que son campesinos sin tierra o productores de infrasubsistencia y de subsistencia, son quienes padecen condiciones laborales más precarias. La atención de la agricultura campesina y de los asalariados agrícolas debe ser el foco de atención de la política de desarrollo rural. Esta requiere medidas de diversa naturaleza y de carácter complementario, entre las cuales debe considerarse la generación de empleo por parte de la empresa privada. Por ello se proponen dos grandes líneas de acción: • Apoyo al trabajador agrícola por cuenta propia: El marco orientador debe continuar siendo la PNDRI. Para ello se debe transformar el MAGA en Ministerio de Desarrollo Rural, sin por ello desatender varias funciones relevantes24. Para la implementación de la PNDRI se considera adecuada la opción de las mancomunidades, por ser un instrumento ya existente, que facilita la coordinación institucional en un determinado territorio25. El diseño del Programa de Agricultura Familiar para el Fomento de la Economía Campesina (PAFFEC) y su papel como programa insignia del MAGA y, obviamente del Ministerio de Desarrollo Rural, se considera igualmente pertinente. Pero, en los hechos, el PAFFEC está reducido a la entrega de fertilizantes (71% de los Q 603.4 millones asignados en 2015)26. Para la ejecución del PAFFEC es indispensable la consolidación del SNER, y superar el problema que se dio en el curso del actual gobierno, al designar al personal de extensión con un criterio eminentemente político. • Trabajo temporal comunitario: tomando en consideración la ya señalada precariedad laboral que prevalece en el sector rural y las dificultades para generar empleo masivo e inmediato desde el sector privado, se propone la creación de un programa de trabajo temporal comunitario. Una referencia exitosa es el establecido en 2005 en India, mediante la Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural Mahatma Gandhi (MGNREA por sus siglas en inglés), que garantiza por lo menos 100 días de empleo seguro y remunerado a cada hogar. Persigue dos objetivos: generar empleo y mejorar el poder adquisitivo de la población rural; y crear bienes públicos, como carreteras, depósitos de agua y otros. Tiene preferencia por las mujeres (al menos 30% de la mano de obra deben serlo), pero en la práctica estas constituyen el 80%

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Entre ellas se encuentran algunas derivadas de compromisos internacionales, como las que corresponden al Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR). Entrevista con Ing. Juan Carlos Méndez, Experto en desarrollo rural. El Programa de Entrega de Fertilizantes (PEF) consumió Q 2,848 millones entre 2000 y 2013, con escasos resultados (Rayo, 2013).

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de sus beneficiarios; y ayuda “a los pobres económicos no únicamente poniéndoles dinero entre las manos sino ayudándoles a crear bienes sostenibles”. La implementación del programa, que se ejecuta con la participación de los gobiernos estatales y locales ha enfrentado diversos problemas que incluyen la influencia de los distintos actores, las estructuras del poder local y los procesos burocráticos, con retrasos de hasta tres o cuatro meses para el pago de salarios. Un aspecto importante es la auditoría social, realizada por ONG que hacen evaluaciones externas y presentan sus recomendaciones directamente a las comunidades. Un programa similar27, que garantice empleo temporal a 50,000 trabajadores por tres meses en el primer año, especialmente entre marzo a junio, que son los más críticos para las familias campesinas28 y pague el salario mínimo para actividades no agrícolas más la bonificación incentivo y la parte proporcional de aguinaldo y Bono 14, tendría un costo, solamente en el pago directo de salarios, de Q 450.7 millones. Esta cantidad, a la luz de los datos sobre recursos presupuestarios mencionados en la Propuesta 2, no debe parecer inalcanzable y tendría un impacto mayor que el actualmente denominado “Bono Seguro”. 4.5. Propuesta 5: Política de salario mínimo La política de salario mínimo es indispensable para que los beneficios del crecimiento económico y del aumento del empleo contribuyan a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Una de las razones que lo vuelven imperativo es la virtual ausencia de negociación colectiva en el sector privado, la cual permitiría que empleadores y trabajadores, en pie de igualdad, acuerden el monto de los salarios y otras condiciones de trabajo, ejerciendo el principio de autonomía de las partes. El objetivo primordial y originario del salario mínimo es “el establecimiento de un piso en la estructura salarial del sector privado, de forma tal que los trabajadores de menores ingresos puedan mejorar sus salarios al menos en la misma proporción que los trabajadores de ingresos más altos” (Marinakis, 2006:8). El artículo 2 del Convenio 131 de la OIT sobre la fijación de salarios mínimos indica que, para ello, deben tomarse en cuenta elementos como las necesidades de los trabajadores y sus familias, las prestaciones de la seguridad social y el nivel relativo de otros grupos; y los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de un alto nivel de empleo. 27

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En 2013 se incluyó en el Plan del Pacto Hambre Cero la estrategia “Generación de Empleo Temporal Comunitario” (GETCO) que no llegó a ser ejecutada, pues los recursos fueron asignados al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Entrevista con Ing. Jaime Carrera, URL.

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Esos criterios, de acuerdo con Klein (2010:24) se agrupan en las dos dimensiones del salario mínimo: fuente de satisfacción de las necesidades básicas del trabajador, y componente del costo de producción y de la competitividad de las empresas. Y la productividad es el factor que permite conciliarlos. En un estudio sobre los salarios mínimos diferenciados, elaborado por el proyecto “Diálogo social para el trabajo decente” se hacen consideraciones sobre la importancia que en la realidad latinoamericana ha tenido la institución del salario mínimo para reducir la pobreza; la inexistencia de conflicto entre el derecho al trabajo y los derechos en el trabajo; y la heterogeneidad del mercado de trabajo. En las conclusiones se afirma que el marco legal vigente sobre el salario mínimo es suficientemente desarrollado y congruente con los convenios ratificados por Guatemala; que el cumplimiento del salario mínimo depende fundamentalmente de la calidad de la institucionalidad laboral, en particular la Inspección General de Trabajo (IGT) y de la existencia de un apropiado régimen de sanciones; que ante las dificultades que se afrontan en materia de seguridad, infraestructura, costo de la energía eléctrica y otros factores que afectan la creación de empleo, no se puede pretender que la competitividad y la atracción de inversiones se logren ofreciendo mano de obra barata; y que el Código de Trabajo permite fijar salarios mínimos por actividad económica, tipo de ocupación, circunscripciones geográficas o tamaño de empresa, siempre que estos no sean inferiores a los vigentes con anterioridad (Linares, 2015). La política en materia de salarios mínimos debe atender los siguientes propósitos: • Elevar progresivamente el ingreso real de los trabajadores (Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria). • Cerrar, igualmente de forma gradual, la brecha entre el monto del salario mínimo y el costo de la Canasta Básica de Alimentos. • Reducir la exposición al riesgo de las empresas y de los puestos de trabajo, mediante la moderación de los incrementos anuales que se fijen. • Lograr acuerdos entre organizaciones de empleadores y trabajadores para alcanzar incrementos sostenidos de la productividad, mediante programas de capacitación en el puesto de trabajo y modernización de la gestión empresarial. • Alcanzar acuerdos multianuales que permitan a las empresas un mayor grado de certeza en materia de costos salariales. 4.6. Propuesta 6: Trabajo doméstico La ENEI 2-2014 registra 167,657 personas en la categoría de empleado de casa particular (trabajador doméstico), de las cuales el 93% son mujeres. En la Conferencia Regional sobre

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la Mujer en América Latina los países de la región asumieron el compromiso de “igualar el trabajo doméstico a los demás trabajos remunerados, de conformidad con los Convenios de la OIT ratificados y las normas internacionales en materia de derechos de las mujeres y erradicar todas las formas de explotación del trabajo doméstico de las niñas y niños” (Espinosa, sf). En el estudio sobre “Trabajo doméstico en Guatemala” de ASIES se afirma que el objetivo de trabajo decente tiene que abarcar a las trabajadoras domésticas; que el trabajo doméstico debe ser valorado por la sociedad y el Estado, tanto por la dignidad de que está revestido todo trabajador, como por el aporte que dicha actividad hace para el bienestar de las personas y las familias, así como para facilitar la incorporación de otras personas, especialmente mujeres al mundo del trabajo (Linares, 2014). Para mejorar las condiciones en las que desarrolla el trabajo doméstico y proteger los derechos de las trabajadoras domésticas se propone: • Ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. • Reformar el capítulo relativo al trabajo doméstico del Código de Trabajo (artículos 161 a 166) para armonizar sus disposiciones con el Convenio 189. • Determinar la proporción del salario que puede revestir la forma de pago en especie (alimentación y habitación), que podría situarse en el 50% del salario acordado. • Garantizar a las trabajadoras domésticas, de conformidad con lo que establece el Convenio 189, que el acceso a la seguridad social sea en condiciones similares a las que rigen para los trabajadores en general. • Establecer una comisión paritaria de salario mínimo para el trabajo doméstico, a efecto que en la fijación de dicho salario se atiendan sus particularidades. 4.7. Propuesta 7: Ampliación de la cobertura de la seguridad social La cobertura por la seguridad social es una de las dimensiones del trabajo decente y un rasgo fundamental de la formalidad laboral. En el estudio elaborado por ASIES en 2013, “Seguridad Social para trabajadores de la economía informal”, se plantea que el mayor desafío es la ampliación de su cobertura a los trabajadores de la economía informal, tanto hacia los asalariados no protegidos, como a los trabajadores por cuenta propia (Linares, 2013) que ascienden a 3.9 millones (Cuadro 4 del Anexo estadístico). El estudio señala que la ampliación masiva de la cobertura tiene como prerrequisito el mejoramiento y ampliación del programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA), pues la combinación de dicho programa – con prestaciones inmediatas – y el de Invalidez,

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Vejez y Sobrevivencia (IVS) – con prestaciones a futuro – permite superar la preferencia por el presente de muchos trabajadores que reduce la valoración del futuro, que es el principal motivo para contribuir a un régimen de pensiones. Agrega que la ampliación de cobertura tiene un impacto favorable en la sostenibilidad del IVS, que la incorporación de los trabajadores informales debe hacerse en forma gradual, y que un primer grupo pueden ser los asalariados y trabajadores por cuenta propia del área metropolitana. Las principales propuestas para ampliar la cobertura de la seguridad social, contenidas en el citado documento se refieren a: • Información y sensibilización: Sobre los requisitos para la incorporación y las ventajas para la vida presente y futura de los trabajadores y sus familias. • Empresas proveedoras del Estado: El Convenio 94 de la OIT sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas) obliga que en los contratos se garantice a los trabajadores las condiciones de empleo establecidas en la legislación nacional, lo que incluye la cobertura de la seguridad social. • Inscripción de empresas con menos de tres trabajadores: La obligación de afiliarse al IGSS debe extenderse a todos los empleadores, independientemente del número de trabajadores que tengan a su servicio. • Cobertura de microempresarios: Modificar el reglamento de inscripción de patronos, para que los microempresarios puedan inscribirse como afiliados y gozar de los beneficios del régimen. • Afiliación voluntaria de profesionales independientes y trabajadores por cuenta propia: Suprimir las limitaciones existentes para facilitar su afiliación, mediante una declaración jurada de ingresos, fijando un mínimo para los mismos. • Trabajadores agrícolas temporales: Requieren un programa especial, pues laboran en relación de dependencia durante una parte del año, por lo que deben cotizar durante un periodo muy largo para optar a una pensión. • Programas flexibles de protección: Establecer pagos trimestrales o anuales de las cotizaciones; obligar a las empresas que contratan trabajadores independientes a retener sus cotizaciones; y estimular la formación de cooperativas, sindicatos y asociaciones de trabajadores informales, para actuar como intermediarios en el cobro de las cotizaciones. • Formalizar a los servidores públicos: El Estado promueve la informalidad al disfrazar la relación de trabajo mediante la modalidad de contrato O29 y renglones similares. La brecha entre los empleados públicos que reportan la ENEI y el IGSS es de alrededor de 250,000 personas. También en el sector privado existe un gran número de casos donde se elude la relación laboral. • Formalizar trabajadores del transporte y la construcción: En estos dos sectores la población afiliada podría aumentar en alrededor de 130,000 personas. Según la ENEI hay 111,017 trabajadores en las empresas constructoras que tienen seis o más trabajadores, y el IGSS

EN BUSCA DEL TRABAJO DECENTE

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reporta 15,139 afiliados para 2014. Por su parte, las empresas de transporte de seis o más trabajadores tienen 68,558 laborantes y el IGSS registra 34,470. Una eficaz acción conjunta de la IGT y el IGSS en los dos sectores incrementaría el total de cotizantes activos en un 10%. 4.8. Propuesta 8: Capacitación para el trabajo En la “Propuesta para una Agenda Nacional de Trabajo Decente” con relación a la capacitación para el trabajo se plantean las siguientes acciones: • El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) debe diseñar y adoptar la política sobre capacitación técnica y profesional de los trabajadores, de conformidad con lo que indica el inciso h) del artículo 42 de la Ley del Organismo Ejecutivo. • Cumplimiento por parte del Estado del aporte presupuestario al Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) previsto en la ley orgánica de esa institución. En un estudio realizado por el proyecto “Diálogo estratégico sobre trabajo decente y economía informal”, se planteó que en 2014 se asignara una partida en el presupuesto del MINTRAB, que ascendería a Q 30 millones anuales, que aumentaría a Q 40 millones en 2015 y Q 50 millones en 2016 (Coyoy, 2013). Este aporte permitirá que el gobierno, a través del MINTRAB, pueda orientar programas de INTECAP para la atención de grupos de trabajadores que actualmente no tiene acceso a la capacitación para el trabajo, especialmente los que residen en las áreas rurales. • La ampliación de la oferta de capacitación, por parte de entidades públicas y privadas. La implementación de programas de capacitación dirigidos a trabajadores del sector informal y grupos vulnerables, como los jóvenes rurales y en situación de riesgo, ampliando la oferta de la actual programa de jóvenes aprendices. La propuesta elaborada en el marco de la Agenda Nacional de ASIES, titulada “Educación extraescolar: vía rápida para el empleo”, se relaciona directamente con este tema y con el anterior. • Generación de capacidades para el seguimiento y evaluación para el seguimiento y evaluación de planes y programas de capacitación. Para la implementación de estas propuestas, y lograr una efectiva coordinación entre las entidades que atienden la capacitación para el trabajo, que actualmente funcionan como subsistemas separados, es necesario implementar y poner en funcionamiento un Sistema Nacional de Capacitación para el Trabajo. A este respecto, en el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, el gobierno se comprometió a normar la formación profesional a nivel nacional.

- 40 - PROYECTO DIÁLOGO SOCIAL PARA EL TRABAJO DECENTE

4.9. Propuesta 9: Cumplimiento de la legislación laboral Para el cumplimiento de la legislación laboral, en especial la relacionada con los derechos fundamentales de los trabajadores, es necesario fortalecer y mejorar el desempeño de la inspección del trabajo. Sobre el particular la “Propuesta para una Agenda Nacional de Trabajo Decente” plantea las siguientes acciones: • Hacer efectivo el mandato constitucional relativo a que el Estado debe fomentar y proteger la negociación colectiva, lo que tiene como requisito previo la garantía del ejercicio efectivo de la libertad sindical. • Realizar, por parte de la IGT, una labor de carácter preventivo y promocional, facilitando información y asesorando a empleadores y trabajadores, a efecto de cimentar una efectiva cultura de cumplimiento. • Establecer – fortaleciendo los ya existentes – eficaces procedimientos de coordinación y cooperación entre los diversos servicios públicos de inspección, particularmente el IGSS y la Superintendencia de Administración Tributaria, tal como lo contemplan los Convenios 81 y 129 sobre la inspección del trabajo. • Establecer un efectivo sistema de sanciones por violaciones de la normativa laboral. Para ello es necesario que el Congreso de la República conozca la iniciativa 4703, presentada en julio de 2013 por el Organismo Ejecutivo, que contiene propuestas de reformas al Código de Trabajo, poner a prueba los procedimientos propuestos y, en su caso, promover los cambios pertinentes. • Capacitación permanente dirigida a personal de la IGT y de otras unidades que apoyan la labor de inspección, como el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional. 4.10. Propuesta 10: Fortalecimiento institucional En el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria el gobierno se comprometió a “fortalecer y modernizar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, garantizando su papel rector en las políticas gubernamentales relacionadas con el sector del trabajo y su eficaz desempeño en la promoción del empleo y la concertación laboral”. La “Propuesta de Agenda Nacional de Trabajo Decente” contiene sugerencias relacionadas con el fortalecimiento del MINTRAB, señala de manera particular la necesidad de aumentar el presupuesto de dicho ministerio en las funciones sustantivas relacionadas con los servicios de control e inspección laboral, capacitación para el trabajo, seguridad y salud ocupacional, y trabajo infantil, entre otros. En 2012 el presupuesto de la IGT aumentó de Q 19.8 a Q 25.8

EN BUSCA DEL TRABAJO DECENTE

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millones (30%), pero entre 2014 y 2015, el presupuesto se redujo de Q 29.2 millones a Q 26.4 millones. Las dependencias del MINTRAB que deben ser fortalecidas son la IGT, la Dirección General de Empleo, la Unidad de Planificación y Cooperación Internacional, el Departamento de Estadística Laboral y la Dirección General de Previsión Social y sus unidades o departamentos de la mujer trabajadora, adolescente trabajador, seguridad y salud ocupacional, y pueblos indígenas. El fortalecimiento del MINTRAB es condición necesaria, como se señala en la propuesta de agenda, para que pueda establecer “una permanente coordinación con las entidades públicas vinculadas con la temática laboral, y una fructífera interlocución con las organizaciones de empleadores y de trabajadores y expresiones de la sociedad civil” (ASIES, 2012).

- 42 - PROYECTO DIÁLOGO SOCIAL PARA EL TRABAJO DECENTE

5. REFERENCIAS

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Coyoy, Erick, 2012. Desarrollo del sistema de indicadores de trabajo decente para Guatemala. Proyecto Diálogo estratégico sobre trabajo decente y economía informal. Guatemala: Asociación de Investigación y Estudios Sociales. --- , 2013. Estudio de factibilidad sobre recursos públicos para la implementación de la Agenda Nacional de Trabajo Decente. Proyecto Diálogo estratégico sobre trabajo decente y economía informal. Guatemala: Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Díaz y Mayorga, 2009. Crecimiento y desigualdad en América Latina: un análisis empírico. Criterio Libre No. 10. Bogotá: Universidad Libre Colombia. Espinosa, Guadalupe, sf. El trabajo doméstico: una de las formas más desprotegidas del empleo informal que concentra una gran mayoría de mujeres. El caso de Guatemala. Cuadernos de trabajo Guatemala. Número 1. México: ONU Mujeres. Ferranti et al., 2003. Desigualdad en América Latina y el Caribe ¿ruptura con la historia? Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe. Fuentes, Juan Luis, 2009. Propuesta de modelo de apertura nuevas oficinas PACIT. Consorcio ASIES-Enrique Lacs. Guatemala: Proyecto Fortalecimiento de la posición de Guatemala en los mercados internacionales (FOGUAMI). FUNDESA,CACIF, 2012. “Guatemaltecos mejoremos Guatemala”. Guatemala: Fundación para el Desarrollo de Guatemala y CACIF. Gabinete de Desarrollo Rural Integral, 2014. Plan para implementar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral. Guatemala: Gobierno de Guatemala. Gobierno de Guatemala, 2015. Informe Tercer Año de Gobierno – 2014. Guatemala. González, Carlos, 2008. Generación de una política de empleo. En: Insumos para la elaboración de políticas laborales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Programa Acceso a Justicia, Fundación Soros. Guatemala: Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Prado, Pedro, 2013. Propuesta para el fortalecimiento institucional de las microfinanzas en Guatemala. Guatemala: ASIES. Hakim, Luis (2011). Entre la penuria y la urgencia de oportunidades. El empleo juvenil en Guatemala. Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Juventud de la Unión Europea en Guatemala.

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- 46 - PROYECTO DIÁLOGO SOCIAL PARA EL TRABAJO DECENTE

6. ANEXOS ESTADÍSTICO

Cuadro 1 Principales características de la población ocupada, por dominio de estudio (Población de 15 o más años de edad) Características seleccionadas

Total nacional Número

Metropolitano

%

Resto urbano

Rural nacional

Sexo Hombres Mujeres

3,995,886 65.2% 2,136,109 34.8%

733,144 547,869

1,210,873 836,779

2,051,869 751,461

Grupos de edad 15 a 24 años 25 y más

1,568,422 25.6% 4,563,573 74.4%

277,294 1,003,719

867,174 1,936,156

867,174 1,936,156

Grupo étnico Indígena No indígena

2,192,143 35.7% 3,939,852 64.3%

104,401 1,176,612

833,014 1,214,638

1,254,728 1,548,602

Nivel educativo Ninguno Primaria Básico Diversificado Superior

986,766 16.1% 2,558,569 41.7% 733,619 12.0% 1,277,450 20.8% 552,500 9.0%

75,940 385,307 187,392 448,042 176,934

220,790 782,719 266,635 514,747 310,156

690,036 1,444,543 279,592 314,661 65,460

Contrato de asalariados No tiene Por tiempo indefinido Temporal o término fijo

2,295,506 60.3% 1,282,655 33.7% 231,216 6.1%

367,286 506,796 48,904

710,466 513,400 103,863

1,217,754 262,459 78,449

Fuente: ENEI 2-2014

EN BUSCA DEL TRABAJO DECENTE

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Cuadro 2 Población ocupada por rama de actividad, según dominio de estudio y sexo ACTIVIDAD ECONÓMICA

Urbano Metropolitano Hombre

Resto Urbano Nacional

Mujer

Hombre

Rural Nacional

Mujer

Hombre

Total

Mujer

Hombre

TOTAL Mujer

Agrícola

17,204

1,219

284,543

29,553

1,353,957

224,821

1,655,704

255,593

1,911,297

Industria

163,477

107,502

191,697

119,500

173,624

129,733

528,798

356,735

885,533

73,235

9,453

85,076

2,299

136,291

2,370

294,602

14,122

308,724

254,272

205,346

382,207

337,010

230,227

207,347

866,706

749,703

1,616,409

Construcción Comercio Comunicaciones

25,524

9,417

3,843

25,289

5,564

2,072

34,931

36,778

71,709

Financieras

21,898

17,558

4,103

6,955

15,046

2,336

41,047

26,849

67,896

Inmobiliarias

4,123

878

4,574

0

925

0

9,622

878

10,500

Profesionales

61,746

32,984

45,011

17,650

28,239

10,992

134,996

61,626

196,622

Admón. Pública

63,412

88,096

157,520

210,102

71,254

65,776

292,186

363,974

656,160

Otras

46,937

74,100

51,438

88,421

36,742

106,014

135,117

268,535

403,652

Total

731,828

546,553

1,210,012

836,779

2,051,869

751,461

3,993,709

2,134,793

6,128,502

Fuente: ENEI 2-2014 Agrícola: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Industria: Manufactura, minas y canteras y otras actividades industriales. Construcción. Comercio: Comercio por mayor y menor, transporte y almacenamiento, alojamiento y comidas. Comunicaciones: Información y comunicaciones. Financieras: Actividades financieras y de seguros. Inmobiliarias: Actividades inmobiliarias. Profesionales: Actividades profesionales, científicas, técnicas, y de servicios administrativos y de apoyo. Admón. Pública: Actividades de administración pública y defensa, atención en salud. Otras: Otras actividades de servicios

Cuadro 3 Población ocupada por rama de actividad, según dominio y grupo étnico ACTIVIDAD ECONÓMICA

Urbano Metropolitano Indígena

No indígena

Resto Urbano Nacional Indígena

No indígena

Rural Nacional

Total

No indígena

Indígena

No indígena

Indígena

Agrícola

1,997

16,426

173,594

140,502

766,114

812,664

941,705

969,592

Industria

28,722

242,257

130,147

181,050

124,423

178,934

283,292

602,241

6,210

76,478

29,904

57,471

66,104

72,557

102,218

206,506

47,333

412,285

296,157

423,060

164,194

273,380

507,684

1,108,725

Comunicaciones

772

34,169

23,969

5,163

2,614

5,022

27,355

44,354

Financieras

215

39,241

2,677

8,381

4,385

12,997

7,277

60,619

Construcción Comercio

Inmobiliarias

0

5,001

0

4,574

0

925

0

10,500

Profesionales

2,135

92,595

23,650

39,011

8,455

30,776

34,240

162,382

Admón. Pública

7,721

143,787

103,172

264,450

51,573

85,457

162,466

493,694

Otras

9,296

111,741

48,883

90,976

66,866

75,890

125,045

278,607

Total

104,401

1,173,980

832,153

1,214,638

1,254,728

1,548,602

2,191,282

3,937,220

Fuente: ENEI 2-2014

- 48 - PROYECTO DIÁLOGO SOCIAL PARA EL TRABAJO DECENTE

Cuadro 4 Población ocupada por categoría ocupacional, según dominio y sexo Categoría ocupacional Empleado(a) del gobierno?

Urbano Metropolitano Hombre

Resto Urbano Nacional

Mujer

Hombre

Rural Nacional

Mujer

Hombre

Total

Mujer

Hombre

TOTAL Mujer

49,445

47,369

124,718

113,043

49,236

34,841

223,399

195,253

418,652

Empleado(a) privado(a)?

466,154

285,929

570,303

299,079

519,956

158,018

1,556,413

743,026

2,299,439

Jornalero(a) o peón(a)?

34,109

1,165

140,409

19,735

655,111

73,700

829,629

94,600

924,229

2,819

35,996

5,768

54,674

2,709

65,091

11,296

155,761

167,057

Cta Propia No agrícola

125,853

121,381

187,876

247,461

116,009

208,191

429,738

577,033

1,006,771

Empleador No agrícola

35,297

13,000

40,693

25,825

29,875

5,234

105,865

44,059

149,924

Cta Propia Agrícola

4,699

286

78,629

4,854

432,009

56,490

515,337

61,630

576,967

Empleador agrícola

2,399

458

1,696

1,904

12,809

2,508

16,904

4,870

21,774

12,369

42,285

60,781

70,204

234,155

147,388

307,305

259,877

567,182

733,144

547,869

1,210,873

836,779

2,051,869

751,461

3,995,886

2,136,109

6,131,995

Empleado(a) en casa particular?

No remunerado Total Fuente: ENEI 2-2014

Cuadro 5 Población ocupada por categoría ocupacional, según dominio y grupo étnico Urbano Metropolitano

Resto Urbano Nacional

Indígena

No indígena

Indígena

No indígena

Indígena

No indígena

3,910

92,904

51,740

186,021

38,297

45,780

93,947

324,705

40,121

711,962

339,879

529,503

219,264

458,710

599,264

1,700,175

Jornalero(a) o peón(a)?

3,856

31,418

82,872

77,272

339,346

389,465

426,074

498,155

Empleado(a) en casa particular?

5,466

33,349

20,960

39,482

19,269

48,531

45,695

121,362

29,762

217,472

176,157

259,180

156,558

167,642

362,477

644,294

6,249

42,048

20,099

46,419

14,372

20,737

40,720

109,204

702

4,283

56,935

26,548

252,874

235,625

310,511

266,456

Categoría ocupacional Empleado(a) del gobierno? Empleado(a) privado(a)?

Cta Propia No agrícola Empleador No agrícola Cta Propia Agrícola Empleador agrícola No remunerado Total Fuente: ENEI 2-2014

Rural Nacional

Total Indígena

No indígena

458

2,399

2,412

1,188

3,011

12,306

5,881

15,893

13,877

40,777

81,960

49,025

211,737

169,806

307,574

259,608

104,401

1,176,612

833,014

1,214,638

1,254,728

1,548,602

2,192,143

3,939,852

EN BUSCA DEL TRABAJO DECENTE

- 49 -

Cuadro 6 Población ocupada según rango de ingresos Ingreso mensual promedio de ocupados por dominio, según tipo de ingreso  

Urbano Metropolitano

Total

Resto Urbano Nacional

Rural Nacional

Total

2,206.84

2,930.43

2,671.22

1,470.50

Asalariados

2,229.29

2,962.24

2,484.71

1,576.69

Cta. propia No agrícola

2,220.11

2,361.35

2,568.88

1,633.37

Empleador No agrícola

5,856.30

5,436.79

6,959.88

4,310.03

Cta. propia agrícola

1,087.93

1,399.62

2,830.08

787.02

Empleador agrícola

2,326.51

2,213.65

593.43

2,754.89

Fuente: ENEI 2-2014

Cuadro 7 Ingreso mensual promedio de ocupados por dominio y sexo, según ocupación    

Urbano Metropolitano Hombre

Mujer

Resto Urbano Nacional Hombre

Mujer

Rural Nacional Hombre

Mujer

Total

3,198.15

2,548.32

2,978.05

2,207.89

1,506.48

1,362.15

Asalariados

3,123.53

2,721.28

2,640.68

2,213.31

1,586.64

1,539.94

Cta. propia No agrícola

2,853.01

1,851.57

3,326.64

1,989.03

2,277.08

1,282.61

Empleador No agrícola

5,876.99

4,241.56

8,488.09

4,551.84

4,361.73

4,022.23

Cta. propia agrícola

1,451.16

552.73

2,958.80

744.99

836.76

406.69

Empleador agrícola

2,493.08

750.00

144.00

993.76

3,220.38

377.52

Fuente: ENEI 2-2014

- 50 - PROYECTO DIÁLOGO SOCIAL PARA EL TRABAJO DECENTE

Cuadro 8 Ingreso mensual promedio de ocupados por dominio, según ocupación y sector de formalidad  

 

Total Asalariados Cta. propia No agrícola Empleador No agrícola

Total

Metropolitano

Nacional

Nacional

1,574.87

2,241.22

2,002.79

1,156.34

FORMAL

3,246.63

3,400.53

3,519.45

2,596.31

INFORMAL

1,231.80

1,776.24

1,245.65

1,109.89

FORMAL

3,123.60

3,334.36

3,316.83

2,533.12

INFORMAL

2,147.60

2,192.76

2,534.85

1,620.23

FORMAL

3,368.58

4,483.34

2,948.83

2,387.22

INFORMAL

4,376.60

5,198.85

4,450.35

3,097.37

11,986.34

6,554.61

15,772.95

10,296.06

1,095.04

1,399.62

2,830.08

792.86

104.33

 

 

104.33

INFORMAL

2,362.35

2,213.65

593.43

2,825.81

FORMAL

1,180.00

 

 

1,180.00

INFORMAL FORMAL

Empleador agrícola

Rural

Urbano

INFORMAL

FORMAL Cta. propia agrícola

Resto

Urbano

Fuente: ENEI 2-2014

Cuadro 9 Ingreso promedio de ocupados por ocupación según rango de ingresos

Asalariados

Cta. propia No agrícola

Q1,000 o menos

19.1%

7.3%

0.3%

8.8%

0.2%

35.6%

Q1,001 a Q2,000

19.8%

5.0%

0.5%

0.7%

0.1%

26.1%

Q2,001 a Q2,530

11.2%

1.3%

0.2%

0.1%

0.0%

12.9%

Q2531 a Q5,000

14.6%

3.0%

0.7%

0.5%

0.1%

18.9%

Q5,001 a Q7,500

1.8%

0.7%

0.5%

0.1%

0.0%

3.0%

más de Q7,500

2.1%

0.8%

0.5%

0.2%

0.0%

3.6%

68.5%

18.0%

2.7%

10.4%

0.4%

100.0%

 

Total Fuente: ENEI 2-2014

Empleador No agrícola

Cta. propia agrícola

Empleador agrícola

Total

EN BUSCA DEL TRABAJO DECENTE

Gráfico 1 Exportaciones FOB Monto y variación interanual Monto en miles de millones de US$ 14.0

Porcentaje 30.0

22.9

20.0

17.3 12.2

10.0

7.7

10.14

Proyección

10.0

8.5

7.2

0.0 -10.0

10.0

-4.1

-6.8

10.8 7.7

11.4

6.8 4.2

0.5

12.0 10.0 8.0 6.0 4.0

-20.0

2.0

-30.0

2008

2009

2010

*Estimación de cierre. **Proyección

2011 Monto

2012

2013

2014*

2015**

0.0

Variación interanual

Fuente: Departamento de Investigación y Consultoría Económica de ASIES

Gráfico 2 Importaciones CIF Monto y variación interanual Monto en miles de millones de US$

Porcentaje

Proyección

30.0 20.0 10.0

20.0

7.7 7.2

13.8

16.6

17.0

17.5

18.1

19.2

16.0

20.1 7.3

7.2

0.0

2.3

3.1

3.3

4.7

12.0 8.0

-10.0

4.0

-20.0 -30.0

20.0

-20.7 2008

2009

*Estimación de cierre. **Proyección

2010

2011 Monto

2012

2013

2014*

Variación interanual

Fuente: Departamento de Investigación y Consultoría Económica de ASIES

2015**

0.0

- 51 -

- 52 - PROYECTO DIÁLOGO SOCIAL PARA EL TRABAJO DECENTE